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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 143, de 28/06/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 143
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ
Sesión núm. 8
celebrada el jueves,
28 de junio de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Ullora Rubio), para informar sobre:
- Las líneas generales de actuación del departamento en el ámbito de sus competencias. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000421) ... (Página2)
- Los planes y actuaciones que van a llevar a cabo al frente de su Secretaría de Estado. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000044) ... (Página2)
- El alcance de la medida anunciada sobre el pago de la seguridad por parte de los equipos de fútbol. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000385) . ... (Página2)
Página
- Los acuerdos alcanzados en la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI), celebrada en Luxemburgo, para avanzar en la gobernanza política y reforzar la cooperación del espacio
Schengen. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000412) ... (Página2)
- Los motivos que justifican el informe político y social de la Policía Nacional sobre el movimiento 15M y la influencia de IU u otras organizaciones sociales en el mismo. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000371) ... (Página2)
- Los motivos que justifican el seguimiento e investigación de la participación y actividad de organizaciones políticas y sociales en movilizaciones ciudadanas, entre ellas, las del movimiento 15M. A petición del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000372) ... (Página2)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión, cuyo único punto del orden del día es la tramitación de la comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad a petición propia, acumulada con peticiones de comparecencia
formuladas por los grupos Socialista y La Izquierda Plural, para informar sobre las líneas generales de actuación del departamento en el ámbito de sus competencias, planes y actuaciones de la secretaría de Estado, alcance de la medida anunciada
sobre el pago de la seguridad por parte de equipos de fútbol, acuerdos alcanzados en la última reunión de la JAI en Luxemburgo, motivos que justifican el informe policial del 15M y motivos que justifican el seguimiento e investigación de
organizaciones políticas y sociales en movilizaciones ciudadanas.
Al coincidir la petición propia del señor secretario de Estado con las peticiones preexistentes de otros grupos, el debate se desarrollará de la siguiente forma: en primer lugar, intervendrá el señor secretario de Estado, sin límite de
tiempo -estoy seguro de que sabrá ejercer esta prerrogativa-; a continuación intervendrán los grupos que hayan solicitado las comparecencias por su orden y, finalmente, los grupos que no hayan solicitado comparecencia pero deseen intervenir, de
menor a mayor, cerrando el Grupo Popular.
Dicho esto, cedo la palabra al señor secretario de Estado de Seguridad, don Ignacio Ulloa Rubio, a quien damos la bienvenida en esta su primera comparecencia y le deseamos, por el bien de todos, éxito en el desempeño de sus funciones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): Señor presidente, señores portavoces de los grupos parlamentarios, señoras y señores diputados, gracias por su presencia en esta Comisión de Interior del Congreso de los Diputados
ante la que tengo hoy el honor de comparecer para exponerles las principales líneas de trabajo de la secretaría de Estado durante esta legislatura.
En primer lugar, señorías, quisiera trasladarles mi firme convencimiento de que es un honor para todos los que integramos la Secretaría de Estado de Seguridad trabajar en pos de la consecución de un marco de seguridad y convivencia en el que
todos los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos y libertades que la Constitución y las leyes les reconocen. Como ustedes saben, puesto que así lo explicó el ministro del Interior en su comparecencia del 31 enero en esta Cámara, el objetivo y
el reto que todos compartimos es hacer de España un país más seguro, generador de confianza y, con ello, de bienestar. En esto se sustenta la acción del Ministerio del Interior para esta X Legislatura, que se concreta en las diez líneas
estratégicas de actuación que marcó el ministro. En el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, dichas líneas de actuación se articulan en dos grandes bloques, que podríamos sistematizar a efectos expositivos como medidas de carácter
operativo y medidas de carácter normativo. Estas últimas, junto con las primeras, conforman la simbiosis mediante la cual se persigue amparar el delicado equilibrio sobre el que descansa la convivencia de una sociedad tan rica y compleja como es la
española.
En lo que se refiere a las medidas de carácter normativo, por las que comenzaré, quiero destacar en primer lugar la preparación del borrador de la ley orgánica de protección de seguridad ciudadana, que responde al largo periodo de tiempo
transcurrido y a la transformación social producida en España desde la Ley de 1992, a la creciente demanda colectiva de seguridad y tranquilidad y a la necesidad de compatibilizar el recto uso del espacio publico por todos. Esta ley se sustenta en
una triple premisa esencial: primero, que la protección de la
seguridad exige adoptar una ambiciosa política de lucha progresiva contra todas las modalidades de ilícitos de forma escalada; segundo, que se debe alcanzar el respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales concurrentes, y
tercero, que debemos hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia y reiteración de ilícitos, que causa una enorme alarma social e inquietud entre nuestros conciudadanos.
Señorías, la seguridad es un bien que el Estado tiene la obligación de garantizar, con respeto a los derechos constitucionales y por los medios que se estimen más oportunos, y cuyo disfrute, sea como individuos o como colectividad, se basa
en la responsabilidad y en la cooperación y complementariedad entre todos los actores involucrados. En este sentido, la futura ley orgánica de seguridad privada tiene por objeto regular la prestación por personas privadas de actividades y servicios
para la protección de personas y bienes, así como de investigaciones privadas que se efectúen sobre aquellas y estos. A dichas actividades privadas se les otorga la consideración de complementarias y subordinadas respecto de las de la seguridad
pública. Asimismo, en esta ley de seguridad privada, que igualmente está en borrador como proyecto en el seno del ministerio, el beneficio de la seguridad pública establece un marco más eficiente para la coordinación de los servicios de seguridad
privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma que se haga efectivo el principio de complementariedad.
En línea con la referida lucha progresiva contra cualquier forma de ilícito, como tercera medida legislativa, hemos instado al Ministerio de Justicia a la que estimamos pertinente reforma del Código Penal, en primer lugar, para que el
sistema punitivo del Estado resulte coherente y cohesionado de forma progresiva, sancionando también los supuestos de multirreincidencia, con el pernicioso efecto de entrada y salida que genera la mencionada alarma social, y en segundo lugar, por la
necesidad de adaptar y mejorar el régimen de los delitos contra el orden público, al haber aparecido nuevas formas de actuación que la propia jurisprudencia menor de los tribunales duda en calificar adecuadamente, sin perjuicio del profundo
trastorno que en determinados supuestos se produce para los derechos y libertades fundamentales del resto de los ciudadanos.
Como tercera medida legislativa, deseo mencionar el futuro reglamento que regula el régimen de organización y funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros, mediante la incorporación de fórmulas racionales de gestión, que
mejoran las condiciones de funcionamiento de los mismos en línea con las recomendaciones planteadas por el Defensor del Pueblo y por los diversos organismos internacionales. El reglamento define un modelo de gestión en el que posibilita a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplir con la tarea de velar por la seguridad, mientras que aquellas funciones que no se circunscriben al referido ámbito podrían ser asumidas por otro personal especializado, al tiempo que pensamos incluir
fórmulas para mejorar el servicio asistencial y sanitario de los centros y dedicar el espacio adecuado a las actividades comunes y al recreo.
Por otra parte, está el proyecto de reglamento de desarrollo y de ejecución de la Ley 12/2003, de prevención y blanqueo de la financiación del terrorismo, que se enmarca en las líneas básicas de actuación del Ministerio del Interior, cara a
la deslegitimación de la violencia y de aquellas ideologías que la favorecen. No ignoran sus señorías que la amenaza del terrorismo de carácter yihadista y la expansión del islamismo radical, como base ideológica y social previa a la integración de
grupos terroristas o para la comisión de actos de terrorismo, exige que el Gobierno, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, adopte esta estrategia integral contra la financiación del terrorismo internacional.
Asimismo, quiero destacar, entre otros, los dos convenios de colaboración firmados el pasado 19 junio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Secretaría de Estado de Seguridad. El primero de ellos tiene por objeto establecer la
oficina de presentaciones Apud Acta, que se constituirá en una oficina de identificación de imputados y acusados, de localización de inmediato mediante requisitorias y averiguaciones de domicilio que penden sobre el compareciente, y que, a su vez,
favorecerá la comunicación y el conocimiento por los órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los datos y de las condenas de los imputados, especialmente en el campo de las faltas, haciendo así efectiva la Ley Penal y
evitando disfunciones en la actuación coordinada entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados y tribunales. El segundo convenio de los firmados crea el servicio de gestión de ruedas de reconocimiento del imputado, que
posibilita que los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad puedan voluntariamente participar en estas ruedas de reconocimiento.
Por otra parte, procederemos a una revisión consolidada de la normativa penitenciaria, tratando de aportar claridad y seguridad jurídica, ordenando y sistematizando las disposiciones y circulares, especialmente las de 2011. Igualmente,
hemos publicado la Circular 1/2012, de permisos y salidas programadas, y la Circular 2/2012, sobre intervención en el ámbito penitenciario de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades colaboradoras. En materia de personal,
igualmente, procederemos a la refundición de las disposiciones y normas que existen, especialmente las preconstitucionales, con la intención de potenciar la cualificación de los profesionales que actúan en el ámbito penitenciario.
Respecto del proyecto de ley orgánica de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, que actualmente se encuentra en borrador en el seno del ministerio, debemos poner en valor la regulación del régimen de derechos y deberes, que
busca, entre otros objetivos, la conciliación de la vida personal y familiar, especialmente
en materia de permisos y licencias; la adaptación de las funciones policiales a las condiciones psicofísicas de los agentes, especialmente a partir de los cincuenta y ocho años; la eliminación del requisito de la edad máxima en el ingreso
en la escala básica y en la escala ejecutiva; la posibilidad de acceso por promoción interna, incluso en la categoría de comisario principal, en lo que se denomina antigüedad selectiva, y el reconocimiento de los grupos y subgrupos de clasificación
profesional. También introduce la protección a la mujer policía víctima de la violencia de género y un nuevo análisis de la incapacidad temporal y su evaluación, y potencia los sistemas de representación y participación, especialmente a través del
Consejo de la Policía, que decidirá sobre materias profesionales como la mitigación del deber de residencia o la evaluación del desempeño.
Respecto de la Orden ministerial de estructura del Cuerpo Nacional de Policía, que ya se encuentra perfilada, igualmente debo destacar la importancia que adquieren la cooperación policial, la inteligencia criminal y la innovación y la lucha
contra el crimen. Ello se concreta en la creación de las unidades de planificación estratégica y coordinación; del área de seguimiento y control de la violencia doméstica; de la unidad de inteligencia tecnológica, con la brigada central de
investigación tecnológica y la brigada central de seguridad informática; del Centro de altos estudios policiales; de la división de coordinación internacional y documentación y de la unidad de costes.
Respecto de las reformas en el ámbito de la Guardia Civil, está gestándose el anteproyecto de ley de personal, que está muy perfilado, creando una escala de oficiales única, introduciendo la exigencia del título de grado para la consecución
de la misma y potenciando los principios de mérito y capacidad frente al clásico de antigüedad en el ejercicio. También se encuentra en la secretaría general técnica la orden para la aplicación a la Guardia Civil de las ordenanzas de las Fuerzas
Armadas sobre la acción de mando, muestras exteriores de disciplina y actos de régimen interior.
Finalizando este capítulo del marco normativo, quiero hacer mención a los trabajos sobre la ley de policías locales, en cuyas disposiciones generales se establecería la misión constitucional de la Policía local, los principios de
coordinación y cooperación y la modulación de la normativa en función de las poblaciones y habitantes. Entre los órganos e instrumentos de coordinación, se recogen las juntas locales de seguridad y la comisión estatal de seguridad. Igualmente, se
delimita el ámbito territorial de aplicación y el ámbito material, circunscribiéndose a las funciones de seguridad privada, policía judicial, policía científica, tráfico y seguridad vial, información recíproca y otros ámbitos como la delincuencia
juvenil y la violencia de género. Asimismo, se trata de equiparar la formación y sentar las bases de una carrera que resulte homologable. Esto en cuanto al marco normativo.
En el marco operativo, señorías, permítanme recordarles una verdad que no resulta de Perogrullo. Los ciudadanos demócratas de este país deseamos vivir libres de la amenaza terrorista. La fortaleza de nuestro Estado de derecho, la unidad de
todos los demócratas, el trabajo eficaz y sacrificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los jueces y fiscales y la cooperación internacional han propiciado que la banda terrorista ETA se haya visto obligada a declarar el cese
definitivo de su actividad terrorista. Durante todos estos años, además, la rectitud, la generosidad, el sacrificio y la clarividencia de las víctimas, que no queriendo aceptar espacios de impunidad para nadie han elegido confiar en los
instrumentos del Estado de derecho frente a cualquier deseo personal de revancha, nos han trazado el final del camino del terrorismo. Sepan, señorías, que ese es el referente en el que la actuación de la secretaría de Estado se apoya y de ahí que
el propio Ministerio del Interior haya decidido mantener el apoyo a las víctimas, al menos en lo que se refiere a subvenciones, durante este ejercicio 2012.
Por lo que respecta al terrorismo nacional, ETA todavía no ha declarado su desaparición, a pesar de este cese definitivo de la actividad, y esto hace absolutamente necesario mantener la presión policial sobre ella hasta su total disolución.
Nuestros esfuerzos para conseguir detenciones de terroristas dentro y fuera de España van a continuar. Vamos a seguir impulsando el funcionamiento de la justicia penal, instando la incoación de diligencias previas o actos judiciales que enerven las
prescripciones de los hechos terroristas. Vamos a seguir vigilando el cumplimiento legal de las penas, de acuerdo con el sentir y finalidad que constitucionalmente señala el artículo 25.2 de la Constitución del año 1978, mediante la Administración
penitenciaria. Vamos a seguir supervisando el recto y estricto cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. En definitiva, cumpliremos y haremos cumplir la legalidad constitucional
proveniente de la soberanía del pueblo reflejada en las cámaras.
Respecto al terrorismo internacional, la estrategia del Gobierno engloba especialmente el terrorismo de corte yihadista. La secretaria de Estado, por medio del Centro nacional de coordinación antiterrorista, ha completado ya la estrategia
integral contra el terrorismo internacional y la radicalización, que recoge los principios de actuación y objetivos a alcanzar -prevenir, proteger, perseguir y reparar-, así como el planteamiento multidisciplinar necesario para ello. Con el fin de
dar una difusión adecuada a los organismos implicados y a la sociedad en general, destinataria y agente activo de la lucha contra el terrorismo, se está elaborando un documento público que dé a conocer la puesta en marcha e implicaciones de la
referida estrategia. En vinculación con la estrategia, se está trabajando en la confección de un informe periódico sobre el fenómeno de la radicalización en España, que posibilite su conocimiento preciso, facilite una visión integral y gráfica de
su desarrollo y evolución y
permita dotarse de una herramienta informativa útil para abordar desde el ámbito de la prevención la amenaza del terrorismo de carácter yihadista.
Directamente relacionadas con el objetivo de la prevención del riesgo de radicalización, hemos celebrado unas Jornadas sobre integración de la comunidad musulmana en la sociedad española, en el seno del Ministerio del Interior, el día 22
junio, que han reunido a representantes de todos los ministerios con responsabilidades en este área, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a representantes de las policías autonómica de Cataluña, País Vasco y Navarra y a
miembros de la comunidad musulmana.
Por otra parte, la lucha contra el terrorismo internacional se basa hoy más que nunca en una estrecha y eficaz cooperación en el ámbito multilateral. Aquí me gustaría mencionar que la secretaría de Estado está participando activamente en
foros como la Iniciativa global contra el terrorismo nuclear, en el Foro global contra el terrorismo -en el marco del cual se va a celebrar en Madrid los próximos días 9 y 10 julio una conferencia de alto nivel sobre víctimas del terrorismo-, en los
ficheros temáticos del terrorismo de Interpol en diferentes áreas geográficas, en los subgrupos de trabajo sobre el terrorismo en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, en el Comité de Terrorismo del Consejo de la Unión
Europea así como en la Oficina Europea de Policía (Europol).
Respecto a la protección de infraestructuras críticas, me gustaría mencionar que durante el mes de mayo el Centro nacional para la protección de las infraestructuras críticas de la secretaría de Estado publicó las guías de buenas prácticas
de ayuda a los operadores críticos, para la elaboración de los contenidos mínimos de los planes de seguridad del operador y de los planes de protección específicos. Asimismo, en el marco del acuerdo de colaboración del Ministerio del Interior con
el Consejo de Seguridad Nuclear de 2007, se ha creado un grupo de trabajo para la seguridad física en instalaciones nucleares. Otro campo de trabajo fundamental es el de las actuaciones relacionadas con las tecnologías de la información y de la
comunicación. En este sentido, el Centro nacional de protección de las infraestructuras críticas tiene encomendada la posición del Ministerio del Interior en el proceso de elaboración de la estrategia española de ciberseguridad que lidera la
Presidencia del Gobierno. En este campo, estamos trabajando para potenciar el Centro nacional de protección de infraestructuras críticas mediante la creación en su seno de la oficina de coordinación cibernética, que tendrá como principal objetivo
mejorar la seguridad en la gestión de las infraestructuras y los sistemas tecnológicos catalogados como críticos y garantizar una adecuada comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con responsabilidad en materia de ciberseguridad o
ciberterrorismo. Este esfuerzo va acompañado de una ampliación de la estructura operativa del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil frente al delito que utiliza el ciberespacio como medio de actuación. Se está invirtiendo en formación
especializada y en recursos tecnológicos, tratando de generar unas estructuras orgánicas específicas que den una respuesta adecuada al uso criminal y terrorista del ciberespacio.
Por lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado, señorías, precisamente el formidable desarrollo tecnológico de las comunicaciones es uno de los vehículos de los que el crimen organizado se sirve para alcanzar sus fines. La
secretaría de Estado es bien consciente de ello y está llevando a cabo un esfuerzo para optimizar las herramientas y los medios operativos y estratégicos de los que dispone, a fin de hacer frente de manera eficaz a los nuevos retos que se nos
plantean. Así, el Centro de investigación contra la criminalidad organizada (CICO) está poniendo en funcionamiento actualmente el sistema de registro de investigaciones SRI-2, para permitir una mejora en la recepción, integración, análisis y
coordinación de las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y permitir la elaboración de informes de situación sobre investigaciones y operaciones por tráfico de estupefacientes y crimen organizado de cara a la localización
de activos financieros. Quiero destacar también el proyecto de interconexión automatizada del fichero SRI, sistema de registro de información de CICO, con el sistema Sicoa de operaciones antiterroristas del Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista, que permitirá detectar cruces o coincidencias de datos entre investigaciones por crimen organizado y terrorismo. Precisamente la integración de toda la información policial existente en las bases de datos que acabo de mencionar nos
va a permitir la elaboración de una inteligencia estratégica más veraz y objetiva sobre la criminalidad organizada en España.
Por lo que respecta a la lucha contra el tráfico de estupefacientes, como ya les señalaba, la seguridad es un bien del que todos nos beneficiamos y del que, en mayor o menor medida, todos debemos ser responsables. Conscientes de ello, el
pasado 26 enero pusimos en marcha una iniciativa de participación ciudadana en materia de tráfico de estupefacientes, dirigida a posibilitar las denuncias a través de la red social Twitter, a fin de dar una respuesta inmediata y más cercana, que se
ha centralizado en la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. En el marco de la colaboración de la Secretaría de Estado de Seguridad con la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, en materia de
destrucción de las sustancias estupefacientes intervenidas en el territorio nacional, estamos trabajando, primero, para que se agilicen las actuaciones de eliminación material de la droga, una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones
judiciales, con el fin de evitar la acumulación de grandes cantidades de estas sustancias en almacenes distribuidos por el territorio nacional; segundo, en diversificar la destrucción de la droga en dos o tres centros situados en las zonas norte,
centro y sur de España; tercero, en tratar de reducir las partidas económicas que en la actualidad aplicamos al
transporte y eliminación de la droga. Por otra parte, estamos impulsando activamente mejoras en los procedimientos de eliminación y destrucción de otros efectos delictivos decomisados, como los medios de transporte intervenidos, los
elementos informáticos o de comunicaciones y otros de idéntica naturaleza, teniendo en cuenta los graves problemas medioambientales y económicos que genera su almacenamiento. Para ello vamos a potenciar los procedimientos de enajenación y que sean
susceptibles de ser adjudicados temporal o definitivamente a las unidades policiales encargadas de la represión e investigación del tráfico de drogas.
La presencia en los centros penitenciarios de un contingente significativo de terroristas y miembros de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada, cuya capacidad criminal se ve amplificada
mediante la organización en la que se integran, exige que nos dotemos de instrumentos que impidan espacios de impunidad que les permitan mantener su cooperación, integración o afinidad con las organizaciones de referencia mientras están en los
establecimientos penitenciarios. Si la capacidad para delinquir no se detiene en los muros de la prisión, nuestros esfuerzos tampoco pueden cesar por el mero hecho de que sus protagonistas estén confinados en un centro penitenciario. Por ello,
vamos a mantener las iniciativas que impidan a las organizaciones criminales conservar su control y contacto sobre las actividades de esos presos como fórmula para limitar su capacidad criminal y, obviamente, dentro del más escrupuloso respeto al
Estado de derecho.
Como campañas específicas respecto a la defensa del patrimonio cultural, en febrero de 2012 pusimos en marcha el Plan para la defensa del patrimonio histórico español mediante la catalogación del inventario del mismo, intensificando el
servicio de protección de nuestro patrimonio. Hemos elaborado un catálogo de obras de arte sustraídas y obras de arte recuperadas pero no identificadas, que se encuentra actualmente en la web de la Guardia Civil y que tenemos la intención de migrar
a la página web del ministerio. Hemos incluido en la aplicación del sistema integrado de vigilancia de las fronteras las coordenadas de aquellos lugares de interés arqueológico y subacuático. Igualmente, hemos establecido dispositivos específicos
de la policía y de la Guardián Civil para la lucha contra la sustracción o hurtos en el patrimonio histórico español. Estamos coordinando a todas las instituciones involucradas en la defensa y protección del patrimonio cultural. Por otra parte,
hemos implantado el denominado libro de registro informatizado en el campo de las obras de arte, que incluye tanto el libro de policía como el libro blanco, y donde se recogerán los movimientos de los bienes culturales. Estamos tratando de impulsar
las tareas de detección de la importación y exportación de obras de arte mediante el seguimiento de este tipo de operaciones aduaneras y vamos a impulsar la mejora del control de las prospecciones arqueológicas.
En materia de seguridad ciudadana, los espacios comunes de convivencia en los que los ciudadanos se encuentran deben ser respetados y protegidos. El abuso de los derechos y libertades consagrados en la Constitución puede llegar a constituir
en ocasiones un atentado contra la seguridad ciudadana. Es un firme propósito de la Secretaría de Estado de Seguridad el preservar y defender también la seguridad ciudadana. Para ello, estamos diseñando un procedimiento operativo de videograbación
y toma de fotografías, siempre en el marco de la Ley Orgánica 4/1997, de utilización de videocámaras, que permita la grabación de los eventos en los que participen grupos antisistema o colectivos violentos. También estamos estudiando nuevos medios
de intervención susceptibles de ser incorporados a las unidades de intervención policial, a fin de permitir la discriminación de aquellas personas que se enfrentan o resisten de forma violenta a las fuerzas del orden de aquellas que hacen un recto
uso de los derechos fundamentales y del derecho de reunión.
En cuanto a la protección de colectivos vulnerables, la calidad moral de una sociedad, señorías, se manifiesta también en la protección que se otorga a esos colectivos. Desde la secretaría de Estado se están impulsando diversas mejoras en
el sistema de vigilancia de la violencia de género, como la implantación de nuevos formularios de valoración del riesgo; la consolidación de las notificaciones automatizadas mediante avisos, alertas y alarmas; la integración de los diversos
sistemas de los diferentes cuerpos de policía autonómicos y locales y el sistema de envío de forma automatizada de mensajes SMS a las víctimas dándoles aviso de situaciones de riesgo o peligro inminente. Asimismo, somos muy conscientes de la
especial necesidad de protección de las personas con discapacidad sensorial y física. La Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando un proyecto modelo de asistencia a las víctimas de abuso sexual con la Fundación Carmen
Pardo Valcárce. Por otra parte, el pasado día 23 de mayo, con ocasión de la celebración del Día Internacional del Niño Desaparecido, el ministro del Interior anunció públicamente la próxima puesta en marcha de un sistema de alerta temprana por
desaparición de menores. En este momento, la Secretaría de Estado de Seguridad está preparando una instrucción que regula aspectos relativos a la solicitud de activación y funcionamiento de este sistema que tiene por objeto emitir alertas o avisos
con el fin de recabar la colaboración de la población en los casos de desapariciones, para lo cual se solicita la cooperación de los medios de comunicación y de aquellas instituciones, empresas u organismos con capacidad tecnológica suficiente.
Asimismo, estamos negociando activamente la firma de los correspondientes convenios de colaboración.
En materia de inmigración, que constituye otra de las grandes líneas de actuación del departamento de Interior, debemos discriminar la lucha contra la inmigración clandestina allende nuestras fronteras. En este sentido, estamos llevando a
cabo una política de colaboración en
origen con países como Marruecos, Argelia, Senegal, Mauritania, Nigeria y Mali, con una considerable inversión de más de 12 millones de euros. Debemos destacar la inauguración, el pasado día 28 mayo, de los centros de cooperación policial
de Tánger y Algeciras, en los que trabajarán conjuntamente agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con la Gendarmería marroquí y la Policía de Marruecos. He de poner de relieve el mantenimiento de la operatividad del sistema
integrado de vigilancia exterior, SIVE, introduciendo los avances de última tecnología. Está previsto, asimismo, implementar durante el segundo semestre de 2012 la integración operativa con el sistema portugués gemelo al SIVE. Igualmente debemos
recordar que sigue manteniéndose en funcionamiento el sistema de detección de embarcaciones por satélite SeaHorse, operativo en Guinea Bissau, Senegal y Canarias. Entre otras medidas que merecen especial mención hay que hacer referencia, cómo no,
al sistema de información Schengen de segunda generación, SIS II, y al sistema de información de visados. No podemos tampoco dejar de mencionar los acuerdos alcanzados últimamente con las autoridades migratorias de los países de Brasil y México,
que manteniendo el sistema de control Schengen lo adecua, mediante el intercambio de información previa, a las particularidades de los nacionales de aquellos países. En el ámbito de la Unión Europea está impulsando la negociación de acuerdos de
readmisión comunitarios. Esta es una línea de actuación que apoyamos, puesto que se ha revelado como un instrumento de máxima eficacia para la lucha contra la inmigración irregular. La inmigración también tiene otra vertiente que afecta más a
nivel interno, donde hemos de poner de relieve la inversión en vuelos de retorno, por importe de más de 25 millones de euros, y la matización de la política de expulsiones de la Ley de Extranjería, circunscribiendo el internamiento en los centros de
extranjeros para los supuestos de expulsiones cualificadas por comisión de infracciones penales o administrativas muy graves. Hemos procedido a clarificar la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras sobre identificación de
inmigrantes mediante la circular 2/2012, eliminando cualquier atisbo de cuotas o cupos de detención.
Racionalización del gasto. Como sus señorías saben, la racionalización y optimización de los medios disponibles es un compromiso ineludible del Gobierno para esta legislatura de ostensible reducción del déficit. Este propósito está siendo
puesto en práctica activamente por la secretaría de Estado que dirijo. Se está llevando a cabo un análisis global del gasto de contratación de obras, suministros y servicios y de los procedimientos de contratación; también la revisión de los
pliegos de prescripciones técnicas para actuaciones de futuro con criterios de homogeneidad, simplificando el número de contrataciones y procediendo a la tramitación centralizada de expedientes conjuntos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Igualmente, estamos desarrollando el Plan estratégico de gestión integral de infraestructuras de seguridad, que persigue disponer de información adecuada integrada sobre el estado de las
infraestructuras para establecer planes y programas conjuntos de actuación y mejorar la eficiencia en la gestión y explotación de las infraestructuras y su mantenimiento, así como diseñar la tipificación y normalización de las especificaciones en
materia de seguridad. Un primer diagnóstico nos ha arrojado que hemos marcado unos objetivos estratégicos, derivados de la elaboración del inventario patrimonial y de la realización de una priorización de necesidades, para proceder posteriormente a
la elaboración de un programa de inversión y, finalmente, a la tipificación de nuevas infraestructuras, de modo que se ajusten a las necesidades operativas actuales y permitan economías de escala y eficiencia de la gestión.
Constituye una prioridad de la secretaría de Estado la eficaz gestión de los programas financiados con fondos europeos. En primer lugar, estamos trabajando para conseguir que el retorno forzoso sea considerado como un gasto elegible. En
segundo lugar, estamos participando en la discusión de normas como el reglamento horizontal de gestión de todos los fondos, el reglamento del Fondo de asilo y migraciones; el reglamento del Fondo de seguridad interior, relativo a policía, y el
reglamento del Fondo de seguridad interior, relativo a fronteras y visados. En tercer lugar, estamos participando en la discusión del proyecto de presupuestos de la Unión Europea para asuntos de Interior para el periodo 2014-2020, procurando que
los incrementos que se planteen produzcan retornos con saldo positivo para España.
En el ámbito de las tecnologías de la información está previsto realizar un Plan global de modernización y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que incluye los siguientes programas o planes específicos. El Plan
estratégico para la interceptación legal de telecomunicaciones y conservación de datos de llamadas efectuadas, que persigue la mejora de las garantías jurídicas de las evidencias electrónicas obtenidas. El programa de mejora y abaratamiento de las
comunicaciones de emergencia del Estado, el sistema Sirdee, que se llevará a cabo especialmente en el primer trimestre de 2013. La estandarización de los sistemas policiales en todo el territorio nacional para mejorar los actuales sistemas de
información y de intercambio en materia de antecedentes, DNI, armas, vehículos y embarcaciones, usando unos códigos estandarizados que permiten el intercambio. El Plan de modernización del puesto de trabajo policial, considerando que los cuerpos
policiales disponen de una red de más de 50.000 puestos de trabajo; se trata de definir un conjunto común de herramientas accesibles a través de dichos puestos para reducir el coste del despliegue y el mantenimiento. El Plan de reducción de costes
en tecnologías a través de la utilización de servicios horizontales comunes por parte de la subsecretaría de nuestro ministerio o de proyectos globales de la Administración General del Estado.
Quiero referirme a los esfuerzos de modernización y racionalización que se están llevando a cabo en el ámbito penitenciario. Para ello es preciso hacer una breve referencia al estado actual de las infraestructuras puestas en marcha durante
la anterior etapa, en la que se procedió a un aumento de la superficie de las celdas y espacios comunes, a una incorporación de elementos suntuosos, como pueden ser piscinas cubiertas y televisores, o a una modificación del diseño de los centros.
Señorías, para poner en funcionamiento los centros que actualmente están en ejecución precisaríamos de 1.863 funcionarios en los cuerpos de Instituciones Penitenciarias, a pesar de que tienen congelada la oferta de empleo público. Por estas
circunstancias que acabo de exponer, la secretaría de Estado va a proceder a revisar el Plan de infraestructuras penitenciarias, mediante la que se va a reconsiderar la necesidad de llevar a cabo muchas de las infraestructuras pendientes de
ejecución. Asimismo, procederemos a la eliminación de aquellos elementos y equipamientos que incrementen el coste de la edificación y su posterior mantenimiento y que no resulten claramente justificados por su eficacia arquitectónica.
También en el ámbito penitenciario, vamos a desarrollar un sistema más transparente y accesible, incentivando mecanismos rehabilitadores, como la mejora educativa, la formación y la actividad laboral. Vamos a potenciar aquellos programas de
tratamiento que hayan acreditado mayor eficacia rehabilitadora, como pueden ser los programas para agresores sexuales, los de violencia de género o los de educación vial. Vamos a impulsar los programas educativos del organismo autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo que mejoren las carencias de la población reclusa y les permita incrementar sus capacidades para su futura integración social. Potenciaremos las actividades que favorezcan la capacitación laboral, con la
finalidad de conseguir incrementar el empleo de la población penitenciaria que se encuentra en disposición de trabajar, a través de empresas con responsabilidad social corporativa. Por último, vamos a apostar decididamente por el desarrollo en el
ámbito penitenciario de la ejecución de las medidas alternativas a la prisión sobre la delincuencia de menor intensidad, a fin de garantizar el castigo evitando los efectos negativos del ingreso en prisión.
En el ámbito de la racionalización y gestión, me gustaría hacer una referencia al Plan de reducción de los servicios de protección. Como ustedes sabrán, durante el mes de marzo de 2012 se ha llevado a cabo una reducción de los escoltas en
el País Vasco y Navarra. Estos servicios eran prestados hasta entonces por empresas de seguridad privada. Esta medida ha supuesto la supresión de la protección a 252 personas sobre un total de 558, un 45,16%, con la consiguiente retirada de 424
escoltas sobre los 789 existentes y 141 vehículos en relación a 200. Todo ello ha originado un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales en el presupuesto de la secretaría de Estado. Durante el mes de mayo hemos procedido a llevar un
análisis de riesgo y a replantear las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Resultado del mismo ha sido la retirada de la protección a 70 personas de un total de 80, con la consiguiente reducción de 427
efectivos sobre los 793 existentes; esto es, un 53,85%. En lo que a la reducción de escoltas dinámicas se refiere, recientemente hemos procedido a revalorar el análisis de riesgo a todas las personas protegidas, que se ha estructurado mediante
colectivos: miembros del Gobierno, altos cargos, Cuerpo Diplomático, jueces y fiscales, ex altos cargos, miembros de las comunidades autónomas y otras personalidades. Así, se ha llevado a cabo un análisis de riesgo individualizado de los
integrantes de estos colectivos, procediendo durante esta semana a retirar progresivamente los servicios de protección personal que resultaban desfasados o prescindibles y manteniendo, en todo caso, las contravigilancias, habiendo recuperado más de
1.000 efectivos tras la adecuada restructuración que pretendemos que se dediquen a la seguridad ciudadana.
En cuanto al régimen profesional del Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil, ya les he anticipado que en el Cuerpo Nacional de Policía se ha procedido a la reordenación del catálogo de puestos de trabajo para la ejecución de las
sentencias judiciales, procediendo a la notable disminución del uso de la libre designación en cuanto a la provisión de puestos. Hemos establecido mesas de trabajo para negociar con las organizaciones sindicales, como la mesa de personal o la mesa
de condecoraciones policiales; hemos regulado la exención del servicio para los representantes de las organizaciones sindicales para un adecuado ejercicio de su acción sindical; hemos creado el Centro de altos estudios policiales; hemos
potenciado la formación on line y hemos procedido al traslado de los cursos de ascenso de subinspector y oficial de policía al Centro de formación de Ávila.
Respecto de la Guardia Civil, las principales medidas que hemos adoptado son las siguientes. Promoción del desarrollo de la carrera profesional de los guardias civiles, potenciando los destinos por concurso de méritos en detrimento de la
libre designación. Hemos procedido a reorientar los recursos humanos de la institución con el propósito de mantener un grado de cobertura homogéneo en las diferentes unidades de la Guardia Civil. Hemos mejorado las condiciones de vida y de trabajo
de los guardias civiles aprobando el manual para la prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, creando en el seno del Consejo de la Guardia Civil la comisión específica en materia de riesgos laborales y elaborando, publicando y
actualizando los distintos manuales de información sobre prevención de riesgos laborales.
En materia de transparencia, es mi firme intención que todos estos esfuerzos lleguen a la ciudadanía y que no exista atisbo de opacidad sobre el ministerio. Para ello, señorías, es esencial una política veraz de transmisión de la
información y acceso a la misma. En la secretaría de Estado estamos llevando a cabo un trabajo desde el
comienzo de la legislatura para hacer esto realidad. Así, materializando los compromisos que ya enunció el ministro del Interior en su comparecencia del día 31 enero, hemos procedido unificar para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado el sistema estadístico criminal con claridad y conforme a la ley; hemos introducido un sistema de control técnico e informático y que evite duplicación, pérdida o incorrecta contabilización, so capa de ficciones jurídicas, y hemos
procedido publicar con carácter trimestral en la página web del ministerio los datos de criminalidad descendiendo al nivel de comunidad autónoma y de provincia. Asimismo, hemos publicado el balance de criminalidad correspondiente al primer
trimestre del año con datos globales y disgregados por comunidades autónomas y provincias, utilizando los indicadores de criminalidad de la agencia europea Eurostat y hemos recogido por primera vez datos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y de las comunidades autónomas.
Señorías, de poco valdría todo lo que acabo de exponerles si las personas sobre las que recae la responsabilidad de velar por la seguridad de todos y a las que la ley confiere poderes y facultades en el ejercicio de sus funciones, tan
importantes como el uso de la fuerza, no fueran merecedoras de la confianza y del crédito en ellas depositadas. Esta confianza no puede existir sin más certidumbre de que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son instituciones
integras, cuyos miembros actúan con rectitud y honestidad, cumpliendo con los deberes de respeto y consideración para con los ciudadanos; compañerismo para con sus colegas y obediencia, lealtad y probidad respecto de sus superiores y del servicio
público. Señorías, tienen ustedes mi firme compromiso de que velaré porque así continúe siendo, y de que adoptaré las medidas de orden administrativo, disciplinario o de cualquier otro orden que sean necesarias para ello.
A continuación, y para finalizar, me gustaría contestar algunas de las cuestiones planteadas específicamente como preguntas por sus señorías. En primer lugar, respecto del alcance de la medida anunciada sobre el pago de la seguridad por
parte de los equipos de fútbol, partiendo de que el presupuesto de un partido de fútbol de alto riesgo entraña un coste adicional en dietas para el Cuerpo Nacional de Policía y para la Guardia Civil ostensible, de que en el campo del derecho
administrativo del servicio público está universalmente aceptado el principio de contribución a subvenir a los costes de servicio en proporción al uso intensivo del mismo -con límite lógicamente del importe de la realización del servicio o la
prestación- y dada la situación de crisis económica, y conforme al principio de equidad, nos hemos planteado la posibilidad de que se proceda al pago de seguridad en determinadas actividades lucrativas. En el borrador de la futura ley orgánica para
la protección de la seguridad ciudadana hemos fijado que se podría articular mediante una tasa cuyo objeto sería la prestación de un servicio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con ocasión de la realización de actividades lucrativas
de carácter deportivo que requieran el establecimiento de un dispositivo intensivo de seguridad pública dirigido al mantenimiento o al restablecimiento de la seguridad preexistentes. Evidentemente esta disposición tiene implicaciones
financiero-tributarias que estamos estudiando con la Secretaría de Estado de Hacienda. El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinaría a financiar los gastos del organismo autónomo de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Seguridad del Estado, así como los costes derivados de la prestación intensiva del servicio de seguridad pública, ingresándose el excedente, en su caso, en el tesoro público en la proporción y cuantía que se determinen mediante la resolución
conjunta de las secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Seguridad.
En segundo lugar, los acuerdos alcanzados en la última reunión del Consejo de ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, JAI, celebrada en Luxemburgo. Como ustedes sabrán, señorías, en el Consejo Europeo de 23 y 24 de
junio de 2011 se alcanzaron las siguientes conclusiones: una, reforzar el sistema de evaluación de Schengen y, segunda, establecer un mecanismo que, en circunstancias excepcionales, pudiera llevar al restablecimiento de controles en las fronteras
interiores. Atendiendo a este mandato, en septiembre de 2011 la Comisión presentó sendas iniciativas legislativas. El último episodio de este iter normativo tuvo lugar en el Consejo JAI de 7 de junio de 2012, al que tuve el honor de asistir.
Respecto de la iniciativa para reforzar el mecanismo de evaluación, se apoyó la propuesta de la Presidencia danesa porque se consideraba que, tal y como España defendió en las conclusiones del Consejo Europeo del 7 junio de 2011, se mejoraba
o reforzaba el mecanismo de evaluación, reforzando también su carácter europeo al involucrar más a la Comisión. En lo que respecta a la base jurídica, en línea con la posición mantenida durante las negociaciones, España apoyó la propuesta de la
Presidencia danesa de sustituir la base jurídica escogida por la Comisión, el artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por la base jurídica específica del artículo 70 del Tratado de Funcionamiento. Por último, España se
manifestó a favor de la propuesta de la Presidencia de involucrar al Parlamento Europeo en la reforma del mecanismo de evaluación por lo que este será consultado, aunque no de forma vinculante.
Respecto de la iniciativa para el restablecimiento de los controles de fronteras interiores en circunstancias excepcionales, España también apoyó la propuesta de la Presidencia ya que considera que logra reforzar el espacio Shengen sin
desvirtuarlo. Ello porque, en línea con la posición que hemos defendido durante las negociaciones, el restablecimiento temporal se limita a casos de extraordinaria gravedad que pongan en riesgo el funcionamiento del espacio Shengen. Además, este
restablecimiento solo se posibilita como último recurso,
tras aplicarse de forma gradual y coordinada medidas para asistir al Estado miembro que padezca dificultades. Por último, el compromiso de la Presidencia no recoge la pretensión inicial de la Comisión de decidir el restablecimiento
unilateral de las fronteras y establece un mecanismo que puede recomendar de forma colegiada el restablecimiento de fronteras por parte de un único Estado miembro.
Respecto de la tercera cuestión planteada como pregunta, los motivos que justifican un informe político y social de la Policía Nacional sobre el movimiento 15M y la influencia de Izquierda Unida y otras organizaciones sociales en el mismo,
señorías, la sombra de sospecha de restauración de la brigada político social del franquismo, que algunos interesadamente están tratando de proyectar sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no son de recibo para los demócratas. Los
servicios de información trabajan con pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, especialmente la intimidad, sin preestablecer ningún género de discriminación apriorística de grupos o ideologías en materias de orden público sobre
personas. Ahora bien, si sus señorías se están refiriendo a las actuaciones violentas de grupos antisistema que revientan el legítimo ejercicio del derecho de reunión de los demás, como sucedió en Barcelona durante la huelga del 29 de Marzo, o a
las ramas del anarquismo violento que participaron en manifestaciones en Madrid o a las conocidas como brigadas vecinales de derechos humanos de Madrid, que desde hace dos años aproximadamente se dedican, en grupos de seis, a hostigar y a entorpecer
la labor de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, deseo manifestar que dichas actuaciones sí que podrían ser constitutivas de ilícitos penales -amenazas, coacciones, atentados, desobediencias y resistencias- y por ello las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado han procedido -y procederán- a instruir las correspondientes diligencias, como exige el cumplimiento de la ley y el funcionamiento del Estado de derecho.
Respecto a la pregunta que solicitan los motivos que justifican un seguimiento e investigación de la participación o actividad de organizaciones políticas y sociales en movilizaciones ciudadanas, entre ellas, las del movimiento 15M,
permítanme indicarles que no ha existido ningún seguimiento del movimiento 15M, más allá del que se ha exteriorizado por sus participantes en la calle, en los medios de comunicación y en las fuentes abiertas, al cual evidentemente se le dio el
debido seguimiento por la policía con la finalidad de preservar los derechos y libertades de los demás ciudadanos y el recto uso del espacio público. Ver u oír lo que los propios ciudadanos dicen abiertamente del espacio público o lo que algún
partido político -que se arroga la representación del movimiento- dice o hace en los medios de comunicación, no constituye ni una irregularidad ni una anormalidad y no puede ser reprochado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al
contrario, ello constituye una evidencia del carácter abierto de nuestra democracia y del carácter garantista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, precisamente, cuando tienen que ir más allá, siempre acuden a las autoridades
judiciales.
Señorías, espero que con esta exposición haya sabido transmitir unas ideas de cuáles son las principales líneas de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad y de las medidas más importantes en las que se está plasmando esta
actuación, así como dar respuesta a las restantes peticiones de información que se me han solicitado. Por razones de economía procesal he llevado a cabo un necesario esfuerzo de síntesis. No obstante, quedo enteramente a su disposición para
exponer con mayor precisión todas aquellas cuestiones que sus señorías estimen oportuno.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir el turno correspondiente a los grupos. Intervendrán, en primer lugar, quienes habían solicitado previamente las comparecencias, en este caso, el Grupo Socialista y a continuación el Grupo de La Izquierda
Plural. A continuación intervendrán el resto de grupos parlamentarios, los no solicitantes, de menor a mayor, cerrando el Grupo Parlamentario Popular. La previsión de tiempo -y les ruego que sean cuidadosos con la misma- sería de diez minutos como
máximo en la primera intervención, estando previstas réplicas que no excederían, en su caso, de cinco minutos. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Muñoz por parte del Grupo Socialista.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia hoy, en esta su casa, en esta Comisión de Interior del Congreso y apelando desde el principio a la benevolencia de la Presidencia, garantizo que intentaré
hacer un esfuerzo de síntesis en relación con el tiempo que se nos ha otorgado.
Señor secretario de Estado, ha venido a indicarnos aquellas líneas de actuación que ya se trasladaron, como no podía ser de otra forma, por el señor ministro en la comparecencia para fijar las líneas generales de la política de su
departamento que realizó a principios de este año. Por seguir un poco algunas de las más importantes, y en relación con la violencia terrorista, indicar que nuestro grupo comienza felicitándose por las detenciones realizadas durante esta semana de
miembros de ETA y felicitando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración del Gobierno francés. En este tema coincidimos con ustedes, para nosotros esto es una política de Estado, pero quisiera hacerles dos
comentarios. No nos parece muy adecuadas sendas como la que se desencadenaba ayer de alguna respuesta del ministro de Justicia. En esto hay que tener una cierta contención verbal. No utilicemos en estos temas el ventajismo político, porque es un
camino que a veces, desgraciadamente, ustedes han recorrido y nosotros apelamos al recorrido del camino de la unidad de los demócratas. En segundo término, se está evaluando este formato que por parte del ministerio se está
haciendo de encuentros con las víctimas, porque a veces creemos que hay una sobreexposición mediática que puede afectar al contenido, y deberíamos de darle alguna vuelta.
En relación con la estrategia integral contra el terrorismo, hay algunas indicaciones que ha hecho en su comparecencia, quisiéramos algún detalle más en relación con la estrategia nacional de ciberseguridad. También que amplíe la acción que
ha dicho usted en relación con impedir procesos de radicalización, qué actuaciones concretas se están llevando a cabo en relación con aquello que pueda provenir del área del Magreb y del Sahel. Nos interesaría también un mayor grado de detalle en
relación con todo esto que tiene que ver con los peligros emergentes. Nos parece que hay algunas cuestiones que debemos dejarle claras. Para hacer esto hace falta medios y esta es la segunda vez que comparece, la primera lo fue con la presentación
del proyecto de presupuestos, y ya hablaba usted de lo exiguo que tenía que ver con el capítulo de las inversiones. El ministro decía aquello de medios para una realidad y unos instrumentos del siglo XXI. Con el presupuesto con el que va a
desarrollar su actuación en el ministerio, apelamos solamente a la buena actuación de los profesionales, puesto que han sacado ustedes poco de la lucha que han tenido que tener con el Ministerio de Hacienda, porque el exiguo presupuesto va a dar
para poco más. En todo caso, las revisiones de la estrategia para una mejor disposición, no son buenas las noticias que se nos están dando. Por ejemplo, dispersión a lo largo del territorio, a lo largo de toda España, de grupos ECO y Greco, nos
parece que las decisiones que se han tomado de retirarlos en el despliegue territorial son profundamente desafortunadas en lo que tienen de lucha contra la delincuencia organizada y la criminalidad unida a la corrupción.
En cuanto a multirreincidencia y reincidencia delictiva, voy a intentar avanzar, pero han hecho ustedes un papel que nos parece profundamente desafortunado. Cuando se modificó el Código Penal se fijó en una disposición adicional que había
un año para crear el sistema electrónico de registro para faltas y constatando que ustedes no han sido capaces de cumplir con esa previsión de poner en marcha ese registro, lo único que se les ha ocurrido es enviar oficiales de enlace para pasar la
multirreincidencia a los decanatos de los juzgados. Lo que tendrían que hacer es crear el registro y no dedicar aquellos que estaban dedicados a funciones de escolta, que ahora se sienten en una oficina burocrática de un decanato, porque lo que
tiene que hacer la Policía y la Guardia Civil es estar en la calle. Si dedicamos los esfuerzos de la Policía y de la Guardia Civil a estar sentados en relación con esto que se resolvería si se crease el sistema informático, a lo mejor no era
necesario avanzar en aquello que nos vienen diciendo de dedicar la seguridad privada a las prisiones y dejaríamos la seguridad en las prisiones a los agentes de la autoridad, que son los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil. Cambien aquello, no firmen dos convenios -ha dicho que han firmado dos-, sino que firme uno con el Ministerio de Justicia para que de una vez el ministro de Justicia ponga en marcha el registro y así nos evitamos dedicar policías a labores
burocráticas.
Respecto a los grupos vulnerables, le vuelvo a decir lo mismo, la Cámara aprobó una iniciativa defendida brillantemente por el portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el 13 de marzo. En el año 2002 se aprueba
una proposición no de ley sobre seguridad de menores en redes sociales. Se habla de acuerdos para la protección de menores con diferentes redes sociales, ¿cuántos acuerdos han firmado ustedes? Reforzar las unidades policiales, especialmente en la
red, ciberbullying, ¿cuántos acuerdos han firmado ustedes en relación con esto? ¿Cuántos efectivos hay más desde que se aprobó? No sea que estemos trabajando simplemente con brindis al sol.
En cuanto a la violencia de género, algo nos ha dicho usted, pero nos preocupa, puesto que en los últimos 16 casos ni uno mereció el dictamen forense y solo la mitad tuvo el policial. Algo está fallando en la lucha contra la violencia
contra la mujer y pedimos aquí una implementación de medios y un compromiso mayor del que se está produciendo. En relación con la inmigración irregular, algo nos ha dicho con respecto a Brasil y México, pero hasta donde conozco no hay ningún nuevo
convenio, en este tiempo que ustedes llevan, en relación con la actuación de la inmigración, que debe de ser en el origen, y con la que ya tenemos en España. Les agradecemos el esfuerzo que han hecho y esta mañana les hemos entregado las
alegaciones que nuestro grupo ha tenido que elaborar después de escuchar a muchos colectivos en relación con el nuevo reglamento de los CIE.
Ha indicado al final uno de los motivos de nuestra comparecencia que era aquello que tiene que ver con los últimos JAI celebrados, nosotros no lo vemos así, nos parece que siendo como somos frontera exterior de la Unió Europea, cuidado con
esto de andar jugando en la modificación de la regla general que es la eliminación de las fronteras interiores, no sea que esa eliminación de las fronteras interiores vuelva a ser una eliminación simplemente parcial, y no sea que al final esto nos
obligue a tener un problema mucho mayor del que podemos tener aquí.
Otro de los objetivos que ha fijado usted, la lucha contra el expolio en el patrimonio, no tienen ustedes el beneficio de la duda, puesto que la compañera del Grupo Popular que forma parte de la Mesa defendió una iniciativa parlamentaria en
relación con esto, pero circunscrita solo al arte sacro. Nosotros no entendimos nunca bien por qué no aceptó nuestra enmienda que prefería que, además del arte sacro, pudiera dedicarse al resto de las cuestiones que tienen que ver con el
patrimonio. Si usted nos dice que se va a extender a todo, nos deja más satisfechos o con algún nivel menor de inseguridad.
Habla usted también de una ley de coordinación con las policías locales, le quisiera plantear que para hacer
eso usted tiene que ser consciente que tendrá que modificar el artículo 39 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las competencias que tienen las comunidades autónomas en esta materia. En cuanto a la reforma
de la Ley de Seguridad Privada, llegamos a un acuerdo en la proposición no de ley del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Estamos dispuestos a trabajar en relación con esta modificación, pero ya dejábamos claro en esa iniciativa cuáles son los
límites respecto a la seguridad privada.
Hay alguna cuestión que le quiero plantear, porque no me parece muy apropiado, hoy ha sido más contenido, pero sacan algunas notas que son excesivamente exuberantes en cuanto a lo copioso de la información que contienen. El otro día salió
una nota suya -no sé si era suya, al menos era del ministerio-: Interior recupera más de 1.000 escoltas para labores de seguridad. Enumeraban ustedes quienes dejaban de tener protección. No hay que enumerar quien deja de tener o no protección, en
esto un principio de prudencia y contención es mucho mejor, porque al final si acabamos diciendo en notas de prensa oficiales del ministerio que en la Audiencia Nacional nadie necesita protección, tenga usted en cuenta que habrá alguien que acabe
diciendo que entonces para qué está la Audiencia Nacional. Tenga cuidado con estas cosas y tengamos en esto una mayor contención verbal.
Si los vamos a retirar de escoltas y los vamos a sentar en las oficinas de los decanatos, le vuelvo a decir que esa no es nuestra política. De estos escoltas que se retiran, ¿está en disposición de afirmar que a fecha de hoy no hay alguno
que todavía no tiene asignación ninguna y que a lo mejor no está realizando ninguna labor? Es importante que nos diese alguna información. Ha hablado de una nueva estructura como algo que va a ser beneficioso, sabe usted que también corre algún
rumor que dice que esa nueva estructura tiene un origen bastante más pedestre, que es simplemente de algún problema de desencuentro personal entre el D.A.O. y algún comisario general, por eso ha habido que hacer este subterfugio de una nueva
estructura. Era mejor que si ese rumor es cierto, hubiera sido más fácil que restableciera una relación y así no tendríamos que andar haciendo nuevas estructuras.
Para ir terminando, porque el tiempo ha avanzado, quedamos satisfechos con la información que usted nos ha dado en relación con los acontecimientos deportivos, a expensas del desarrollo que venga en la reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana, pero aquí hay que ser cauto, porque al final este es un campo que es difícil de acabar perfilando, porque ha mencionado usted algo que es la capacidad lucrativa o no del acontecimiento, pero en esto hay mucho que avanzar, aunque nosotros
en principio no somos contrarios a esta situación, pero creemos que la crisis afecta a aquellos que son los sujetos de los espectáculos deportivos.
Ante una interpelación que se produjo ayer del ministro del Interior en relación con la multirreincidencia, es una interpelación clásica del Grupo de Convergència i Unió, se detallaron algunas iniciativas legislativas que a nosotros nos
producen cierta reserva, porque pensamos que no se debe cambiar el Código Penal de forma constante y mucho menos a golpe de telediario. Es un Código Penal que necesita su reposo en la aplicación. El avance que hizo el ministro de tres campos, uno
de ellos nos preocupó sustancialmente, que es aquello de dejar sin efecto por esa vía alguna de las faltas por la de hacer un nuevo catálogo de convertir en infracciones administrativas algo que ahora tiene una condición de falta. Porque al final
se producirá una superpenalización y será disuasorio en relación con un concepto que nosotros entendemos y que no compartimos con lo que dijo ayer el ministro cuando habló de un nuevo corpus de valores. Los corpus de valores es la Constitución, su
artículo 10, en relación con la traslación que hace de los principios que inspiran y aquellos que hemos suscrito como país.
Por último, señor secretario de Estado, viene siendo reiterada en sus comparecencias aquella información que tiene un cierto tufo demagógico en relación con los centros penitenciarios. Ustedes antes de gobernar ahora han estado gobernando
ocho años y en esos ocho años han hecho ustedes centros tipo y no reformaron el modelo del centro tipo, que tiene lo mismo que tienen los que hicimos, antes de gobernar ustedes, nosotros y, después de gobernar ustedes, nosotros también. No dejemos
caer esa suerte de que todo esto tiene al final que ver con un tufillo que nos parece muy demagógico y luchemos por aquello que nuestra buena Ley General Penitenciaria establece que es que aquellas personas que han cometido delitos se les privará de
libertad, pero el fin de la actuación en materia penitenciaria todos sabemos que es y no puede ser otro que aquel que tiene que ver con los que fija nuestra Constitución. He intentado ser breve, señor presidente, le agradezco su benevolencia y, en
todo caso, en la segunda intervención haremos alguna otra precisión.
El señor PRESIDENTE: Estaba agotando la cuota de benevolencia, pero no la ha excedido.
Tiene la palabra, por parte del Grupo de La Izquierda Plural, el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, quiero reconocer la magnífica labor que desarrolla la inmensa
mayoría de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su actividad diaria en la lucha contra el delito y en la ayuda al ciudadano. Pero no me voy a detener en las cuestiones positivas que realiza la mayoría de los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un ministerio que no ha padecido prácticamente recortes en este presupuesto y que, a pesar de ello, no sabemos si va a privatizar algunos servicios, como la seguridad exterior en prisiones. No es de
las cuestiones positivas de las que
quisiera pedirle explicaciones aquí al señor secretario de Estado, sino de otros asuntos, de algunos de los cuales a hablado y de otros, no.
Empezaré hablando de la actualidad. Hoy es el Día del Orgullo Gay y en unos cuantos ayuntamientos valencianos ha ondeado la bandera multicolor. Nos hemos llevado la sorpresa de que la Guardia Civil ha estado haciendo fotografías de los
balcones de los ayuntamientos valencianos por orden de la superioridad, lo cual nos ha dejado bastante pasmados, ya que vemos que la Guardia Civil en determinados municipios valencianos no tiene otra cosa mejor que hacer que fotografiar los balcones
municipales porque cuelgan banderas reivindicativas en un día como el de hoy.
Dicho esto sobre la actualidad, señor secretario de Estado, ha hecho algunas aseveraciones que me han llamado poderosamente la atención, y le voy a remarcar unas pocas. Primero ha hablado usted -y lo he apuntado creo que textualmente- de
atentado contra la seguridad ciudadana en el ejercicio de derechos, refiriéndose a una pretendida situación de violencia en las calles, en las manifestaciones y demás. Lo que quiero trasladarle es que resulta muy preocupante que desde la
responsabilidad política de la seguridad del Estado se trate de popularizar una suerte de imagen violenta de las reivindicaciones ciudadanas. La inmensa mayoría de las reivindicaciones ciudadanas en nuestro país son absolutamente pacíficas, tengan
o no tengan permiso para hacerse son absolutamente pacíficas y los problemas de violencia son mínimos. Creo que desde la responsabilidad del ministerio no se puede agrandar un problema que en realidad no existe; se pretende usar como excusa para
otras cuestiones.
Otra cuestión que me ha llamado poderosamente la atención es el tema de las piscinas en las prisiones, que ha sido comentado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Me parece tremendo utilizar esta imagen de que las prisiones
son paraísos idílicos donde los presos están maravillosamente y tienen piscinas cubiertas. Yo no sé si lo que ustedes quieren es ponerles pinchos en los colchones para que no puedan dormir; ni una cosa ni otra, seguramente ni una cosa ni otra. Lo
que sí le plantearé con respecto a la política penitenciaria es algo que preocupa a muchos profesionales y también a nosotros, y es la problemática de la enfermedad mental en los centros penitenciarios. Es una partida que además ha sufrido un
recorte en los presupuestos de este año y es un problema muy importante en nuestros centros penitenciarios sobre el que sí nos gustaría que dijeran algo y saber qué tipo de solución están planteando al respecto. Y aprovechando que hablo de política
penitenciaria, quisiera preguntarle cómo evoluciona el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya sé que esto no entraba en el tema, pero este convenio y la colaboración con los ayuntamientos son fundamentales para el
cumplimiento de las penas en los establecimientos municipales, en los ayuntamientos.
Me ha preocupado también su calificación como delincuentes -he creído oírselo decir, si no es así, rectificaré- de las brigadas de derechos humanos de Madrid. Entiendo que las brigadas ciudadanas son una tipología complicada, que tampoco
son de nuestro gusto porque pueden tener caracteres muy diferentes. Esta problemática está fundamentalmente ligada a la de las identificaciones en las calles, a las identificaciones relacionadas con tipos raciales, una problemática reiteradamente
negada por el ministerio a reiteradas preguntas de este grupo político y que, sin embargo, ha sido objeto no hace mucho de una circular que instaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que no realizaran ese tipo de identificaciones en
función de la raza o de la procedencia y origen étnico de la persona. No obstante, las identificaciones siguen siendo un problema importante para nosotros de los muchos que nos gustaría poner hoy sobre la mesa.
Otro problema sobre el que nos gustaría que dijese algo y hubiese un compromiso por parte del ministerio es el de no abundar en las multas a las personas que se manifiestan y que son simplemente identificadas un día en una protesta en un
sitio, en una zona peatonal, sin ninguna pega. Esto se está repitiendo en Madrid, en Valencia y en otros sitios. La gente participa un día en una protesta, la persona no tiene por qué saber si hay permiso o no hay permiso, se la identifica y,
después de ser identificada, al cabo de unos días, recibe una carta en la que se le avisa de que tiene una sanción administrativa por 300 o 400 euros por haber participado en una protesta. La protesta es un derecho constitucional, sabemos que
tenemos la vía del recurso e instrumentaremos lo que sea necesario para recurrir esas sanciones, pero nos gustaría un compromiso por parte del ministerio de que se diese una orden a las delegaciones de Gobierno para no seguir por esa vía, porque esa
vía no conduce a nada más que a soliviantar a la ciudadanía cada vez que se le impone una multa por manifestarse en la calle y participar en una protesta.
Con respecto al tema de los CIE y de su reglamento, consideramos acertada la medida de pedirnos a los grupos parlamentarios que hagamos alguna aportación al respecto. Anunciamos que desde este grupo parlamentario, igual que desde otros, se
ha hecho llegar una petición, prácticamente la misma que la de profesionales y miembros de ONG que están trabajando en el CIE de Madrid, y lo que transmiten -quiero insistir en ello para que desde el ministerio se tenga un especial cuidado en este
tema a la hora de elaborar el reglamento definitivo- es que la experiencia que se está teniendo en el CIE de Madrid se traslade al reglamento para que se aplique en el resto de centros de internamiento de extranjeros y pueda servir de guía a los
responsables, a la policía, que son quienes están en estos momentos gestionando estos centros de internamiento. Desde nuestra óptica política es un elemento que se debería ir eliminando, pero dentro de la legalidad vigente y de las consideraciones
del Ministerio del Interior entendemos que las experiencias
positivas que puedan extraerse deberían trasladarse a través del reglamento al resto del Estado.
Le trasladamos nuestra preocupación por algunas actuaciones policiales específicas con respecto a las cuales hemos pedido comparecencias, como las primeras reivindicaciones en el Metro de Madrid; unas reivindicaciones que no fueron las de
la detención de los trenes, sino unas actuaciones previas en el mes de enero y que llevaron a que la policía actuase con excesiva contundencia en el Metro de Madrid. Reiteramos la problemática de la falta de identificación de la policía nacional en
determinadas manifestaciones y en determinados sitios.
Le queremos transmitir otra preocupación. Ayer hubo una interpelación en el Pleno del Congreso y se ligaron dos ideas, lo que para nosotros es peligrosísimo: una es la multirreincidencia y otra es la violencia en las calles. El señor
ministro habló de la futura reforma del Código Penal, que ya se ha adelantado en otras declaraciones en prensa, y es algo que nosotros observamos con suma preocupación porque vemos una voluntad determinada desde el ministerio de proceder a una
criminalización de la protesta ciudadana en unos momentos en los que esa protesta, dada la situación de desempleo, de crisis, de injusticia social flagrante, solo puede ir a más.
Hemos pedido también una comparecencia -y ya me centro en el motivo fundamental de las cuestiones que usted ha contestado a sugerencia de nuestro grupo- del director general de la Guardia Civil sobre el tema de la base de datos SIS, donde
parece ser que se van volcando datos de las personas a las cuales se identifica sin el suficiente control, un control que se debería dar en sede parlamentaria.
Para terminar, el informe policial sobre los colectivos sociales y demás. Usted ha dicho que no ha existido un seguimiento más allá del propio de la calle. Ni en el 15-M ni en muchos otros sitios ni en el seno de nuestras organizaciones
hay absolutamente nada que ocultar, no tenemos nada que ocultar. No hay ningún inconveniente en que cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado venga, participe, aporte, pregunte o diga. Incluso en las redes sociales saltó
que en Sevilla uno de los miembros de la policía parece ser que estuvo infiltrado y participando, y si se hubiese identificado tampoco habría pasado absolutamente nada. Pero este informe policial existe. El ABC sacó un artículo, Los diez grupos
que agitan la calle, y no es un informe de lo que se dice en la calle, sino de la Brigada Provincial de Información de Madrid, de la Policía Nacional, al que tuvo acceso este periódico, en el cual vienen una serie de aseveraciones y valoraciones.
Son diferentes opiniones, más o menos ajustadas. Sobre el 15-M y los movimientos ciudadanos hay miles y miles de páginas escritas. Lo preocupante es que en un informe de la Brigada Provincial de Información de Madrid figuren aseveraciones como que
se pretende arrastrar a la policía a una espiral de acción-represión-acción favorable a sus intereses, buscando siempre la explotación de cualquier exceso policial real o imaginario. Esta paranoia no ayuda a nadie. No es interés -se lo aseguro- de
quienes participamos en muchísimas movilizaciones la violencia ni el enfrentamiento con la policía, para nada. Nuestra prioridad es la manifestación pacífica y la protesta pacífica y democrática. Lo que no se puede hacer es poner a la policía a
investigar los movimientos sociales que protestan pacíficamente en la calle en su inmensa mayoría y no perseguir algo que es preocupante, que atenta contra la democracia en nuestro país y contra los representantes políticos, como son las amenazas de
la extrema derecha que últimamente estamos viendo -concluyo ya, señor presidente- con respecto a algunos miembros de Izquierda Unida, incluso contra una representante en la Asamblea de Madrid. Ahí la policía sí que debería hacer algún tipo de
actuación con respecto a estos colectivos fascistas. No es de recibo esta paranoia policial hacia quienes protestamos pacíficamente en la calle.
El señor PRESIDENTE: No habiendo representantes del Grupo Mixto, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de UPyD, el señor Cantó.
EL señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intentaré ser telegráfico, teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos.
En primer lugar, le agradezco su pronta comparecencia. En segundo lugar, quiero manifestar, como no puede ser de otra forma, que desde Unión Progreso y Democracia nos sentimos legítimamente orgullosos del trabajo profesional, la dedicación
y la entrega a la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, así como de los Mossos d'esquadra y de la Policía autónoma vasca.
Dicho lo cual, voy a desgranar someramente todas las preocupaciones de cada uno de los bloques que usted ha citado. En primer lugar, en lo que al aspecto presupuestario se refiere, sabemos que en el Ministerio del Interior se arrastra una
deuda de más de 217 millones. El presupuesto está prorrogado en el equivalente que correspondía a 2007. Nos gustaría saber cuál es su valoración al respecto, si cree que tiene las herramientas necesarias para garantizar la seguridad y, por tanto,
para que siga existiendo la democracia.
En segundo lugar, seguridad ciudadana. Tenemos la experiencia de que el Gobierno asuma los compromisos que manifestó en su comparecencia el ministro del Interior. Él dijo que quería cambiar a un sistema de elaboración de estadísticas más
acorde con la Unión Europea, referenciado al Eurostat, más acorde con la realidad y teniendo en cuenta las resultantes de las policías transferidas. Entonces veremos si los datos que se manejan son los justos o no lo son. Así sabremos si hay un
aumento o una disminución constante de los delitos. Nosotros apoyaremos iniciativas del Gobierno tendentes a garantizar y mejorar la seguridad, pero también instaremos al Gobierno a que tome medidas. En este sentido,
desde aquí le queremos manifestar una preocupación que tiene que ver con el catálogo de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nosotros creemos que es un objetivo prioritario adecuar y completar el catálogo de
puestos de trabajo. Mayor relevancia, si cabe, tiene el problema del personal con respecto a la Administración penitenciaria. Luego me referiré más concretamente a este problema.
Terrorismo de ETA. En primer lugar, para nosotros es importante que la sociedad escuche una y otra vez lo que nosotros creemos que es el mensaje fundamental. Solo hay un camino: la derrota. Gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado lo estamos consiguiendo. El propio ministro del Interior dijo unas frases que me parece importante reproducir: 'Señorías, además vamos a luchar contra la impunidad. No podemos permitir que queden asesinatos sin esclarecer cuando ETA,
como esperamos y deseamos, desaparezca. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir trabajando para esclarecer todos los asesinatos, para que ningún familiar de esas víctimas quede sin saber lo que ocurrió'. A propósito de esta
frase, me gustaría saber cuál es su valoración sobre si existe o no una petición y una obligación, en esta política que parece ser que hay ahora con alguno de los presos, de ayudar al esclarecimiento de los centenares de crímenes que todavía hay sin
esclarecer; de crímenes no, de asesinatos más concretamente. Al respecto querríamos hacer las siguientes preguntas: ¿se van a mantener las intenciones manifestadas por el Ministerio del Interior en este asunto? Porque, claro, después de
enterarnos por la prensa de que existen 40 o 60 militantes de ETA dispuestos a organizarse para seguir cometiendo crímenes; después de enterarnos de que varios terroristas han estado ni más ni menos que dos meses en Oslo esperando respuestas del
Gobierno y no han sido detenidos; después de saber que se prepara un desembarco de etarras cuyos delitos han prescrito y que piensan volver; después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional legalizando el brazo político de los
terroristas, la situación que nos podemos encontrar es que terroristas paseen libremente por nuestras calles sin haber depurado responsabilidades penales o incluso estén en las instituciones de forma totalmente impune. Más concretamente: ¿existe,
sea por escrito, de forma verbal o de la forma que sea, algún tipo de acuerdo o conducta bilateral entre la banda terrorista ETA y el Gobierno que impida a este último actuar contra los terroristas mientras se encuentren en territorio que podríamos
denominar neutral, y en este caso me refiero a Noruega? Porque nos parece extraño que hayan estado allí tanto tiempo esperando a una supuesta entrevista con ustedes. ¿Por qué no se actuó? ¿Por qué no se ha producido una reclamación internacional?
Porque si no se actuó, también me parece importante saber por qué esta reclamación no se produjo.
En cuanto al terrorismo internacional, nos preocupa, como no puede ser de otra forma, la creciente actuación y presencia de Al Qaeda en el norte de África, es evidente. Por la proximidad, es una amenaza directa en nuestro país.
Consideramos fundamental -y usted se ha referido a ello- dar un impulso, en primer lugar, para acotar la presencia de las redes terroristas en Internet. Pero también hay otro ámbito de trabajo que nos parece muy importante: los terroristas
extremistas islámicos en prisión. Se están organizando, están encontrando un caldo de cultivo para el reclutamiento y adiestramiento, me refiero al ideológico, claro está, y están ganando terreno dentro de las prisiones. No hace falta que le
recuerde lo que ha ocurrido hace poquito en la prisión de Topas, en Salamanca, y en otras en las que han sido detectadas células terroristas que actuaban dentro de la prisión. Nos gustaría conocer su valoración al respecto.
Crimen organizado. Parece que hay una cierta opinión, por lo menos es lo que dicen los medios, de que somos un país donde se refugian a menudo bandas del crimen organizado a nivel mundial. Simplemente hay una cosa que nos preocupa al
respecto. Cuando se detiene a algún representante o a algún miembro de estos grupos organizados solemos ver que tienen una gran sofisticación de elementos, de tecnología, tienen mucho dinero a su disposición. Entran en todo tipo de modalidades,
desde tráfico de estupefacientes, tráfico humano, secuestros, extorsión, atracos, etcétera. Nos parece importante remarcar que es necesaria una policía bien pertrechada en lo que a elementos y dispositivos se refiere. Es necesario, es mucho más
eficaz, mucho más productiva la adquisición de este tipo de materiales. Creemos que, como muchas otras cosas, debe ser considerada como una inversión y no como un gasto.
Inmigración. Somos uno de los países del mundo con más inmigración ilegal. Lo que me preocupa al respecto es todo lo que tiene que ver con los CIE, en concreto, con las últimas noticias que ha habido en el CIE de Málaga. Estuvimos de
visita con el señor ministro hace poco en uno de ellos. Se nos dio lo que va a ser el nuevo reglamento. Pretendemos colaborar y queríamos ahondar un poquito en esto. Es obvio que esto necesita actuaciones internacionales y trabajo a nivel europeo
y también en los países de donde sale la gente que realmente sale porque tiene una necesidad perentoria.
Violencia doméstica. No conseguimos atajar esta lacra. Creo que hay otras comisiones y otros ámbitos donde debemos y donde de hecho hablamos de cuáles son las causas de que esto no se ataje, pero en lo que tiene que ver con usted y con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos gustaría saber si va a ser posible dedicar más policías a defender, a proteger a las mujeres que ya han sido objeto de amenazas o que ya han denunciado. Parece increíble a veces que, a pesar de haberlo
hecho, sigamos encontrándonos con este tipo de problemas.
Seguridad privada. Se ha puesto de manifiesto la intención de elaborar un nuevo ordenamiento legal. Lo que nos preocupa es que se utilice esto para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desprendan de ciertas
responsabilidades que son específicas
de la seguridad ciudadana pública en detrimento de la privada. Nos preocupa que elementos esenciales de la seguridad del Estado contemplados en la Constitución y en las legislaciones vigentes se deleguen en empresas privadas. Esto nos
parece muy peligroso. En lo que realmente deberíamos poner énfasis es en la formación de esos profesionales de la seguridad privada.
Instituciones penitenciarias. Perdón por la velocidad que llevo, pero son muchos los temas. Creo que el mayor problema que existe hoy en día es la falta de personal. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. Las políticas aplicadas en
las dos últimas legislaturas han sido, sobre todo, abrir nuevos centros. Nos preocupamos mucho de los continentes y ahora tenemos problemas con el contenido. Lo que se ha hecho es pasar personal de un lugar a otro, vestir a un santo desvistiendo a
otro. Nos gustaría saber su opinión al respecto. Según su exposición, la Administración penitenciaria es un elemento más en la lucha contra el terrorismo, por lo tanto, este punto es especialmente relevante. ¿Considera usted que las instituciones
penitenciarias no tienen carácter de servicio esencial o prioritario a efectos de conseguir una oferta de empleo público que palie las deficiencias existentes en materia de personal en instituciones penitenciarias? Esta es la pregunta.
Paso a un tema que creía que era más que nada un globo sonda, pero escuchándole me preocupo un poco más. Es la medida anunciada sobre el pago de seguridad por parte de los equipos de fútbol. Nos parece preocupante. Para concretar, ¿sería
solo en el fútbol, sería en cualquier otro fenómeno deportivo, musical, etcétera? ¿Significaría que ante una multitud de gente se va a tener que pagar una cuota de seguridad? ¿A quién se debe abonar? Aunque usted ha dicho algo del coste
producido, puesto que la seguridad pública es un concepto en el que interviene la propia seguridad del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Todo esto me lleva a plantearme un problema que tiene un poco más de calado. Creo que la
seguridad pública no debe ser objeto de debate en lo que significa garantizar el orden democrático establecido, y que el hecho de la realización de eventos propios de una sociedad no puede sustraerse de la seguridad pública que por mandamiento
constitucional tiene la obligación de mantener el propio Estado. Esto me parece evidente. Existen otras alternativas que se pueden estudiar. Debería contemplarse en la próxima modificación de la Ley Seguridad Privada y debería vigilarse el
cumplimiento de las mismas. A los organizadores de esos eventos se les debería exigir la adopción de medidas que pongan a su disposición contratación de empresas de seguridad privada para recintos cerrados, como contempla la actual Ley de Seguridad
Privada, o que el director de seguridad se coordine con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En fin, creemos que este es el tipo de cosas que se deberían hacer y no las que ustedes han anunciado. No hay que dejar que exista mercadeo.
Para finalizar, creemos que hay que ser conscientes, y además hacerlo ver al resto de países, de que la inmigración es un problema global. Tenemos cinco puntos que mencionaré rápidamente. Involucración por parte de todos los países de la
Unión Europea, que todos seamos conscientes de que el problema de la inmigración no afecta exclusivamente a unos países concretos. Establecimiento de políticas comunes que emanen de la propia Unión Europea. Creación de directivas-marco de obligado
cumplimiento para todos los países con efectos sancionadores. Fortalecimiento de fronteras con ayudas económicas de la Unión Europea en los puntos más conflictivos, obviamente somos uno de ellos. Y dos puntos para terminar: establecimiento de
contactos con terceros países o países de origen donde está la inmigración ilegal para trabajar juntos, lucha seria y decidida contra las mafias de tráfico de personas intensificando la vigilancia y dotación internacional en aguas internacionales
con ayuda logística.
Gracias por su generosidad, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Cantó, la generosidad se está ejerciendo de una manera muy equitativa hasta ahora. Gracias también por la colaboración de los señores intervinientes.
Tiene la palabra a continuación, por parte del Grupo Vasco, el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Le agradezco al señor secretario de Estado su comparecencia.
Quería plantearle un asunto que creo que es capital a la hora de hablar de seguridad, me refiero a la coordinación policial entre policías. Aunque voy a hablarle de otros aspectos de este tema que también me preocupan, recientemente ha
habido en la comunidad autónoma de la que procedo una polémica -que todavía sigue viva- sobre las competencias de la Policía vasca y las competencias de los Cuerpos de Seguridad del Estado en diversos ámbitos, pero hay uno en concreto en materia de
seguridad y de tráfico con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España en próximas fechas en dos etapas por esa comunidad autónoma. Personalmente entiendo que, siendo como es la Ertzaintza una policía integral en cuyas manos está la seguridad
pero también clarísimamente el tráfico, le corresponde durante el paso de la Vuelta Ciclista por el País Vasco la seguridad y todo lo relativo a ella. No se trata de una policía local sino de una policía integral. A mí, desde luego, en todos estos
temas no me caben dudas, y no me valen tampoco afirmaciones como las que el delegado del Gobierno central en el País Vasco, señor Urquijo, hizo recientemente justificando que les correspondía a las Fuerzas de Seguridad del Estado la seguridad en
dicha prueba porque se trata de una prueba nacional. Yo creo que jurídicamente hablando eso no hay por dónde cogerlo; así de claro.
Seguramente usted y yo discreparemos, es posible. Yo tengo mi forma de ver las cosas y puede que usted tenga otra. Me gustaría saber si usted cree o no que la Ert
zaintza es una policía integral. Pero aquí hay algo que me preocupa enormemente y son las declaraciones del consejero de Interior del Gobierno vasco, del señor Ares, porque el señor Ares ha salido haciendo manifestaciones de invasiones
competenciales pero, al mismo tiempo, nos hemos encontrado en la prensa conque parece que hay un acuerdo entre la Consejería de Interior del Gobierno vasco y el Ministerio del Interior con respecto a cómo se tiene que desarrollar la seguridad en la
Vuelta Ciclista, cosa que el señor Ares desmiente ahora. Me gustaría que me aclarara si existe o no ese acuerdo porque a mí, sinceramente, me parece muy preocupante. Si el acuerdo se ha dado y lo ha hecho en los términos en los que según fuentes
de Interior se ha producido, es muy preocupante que desde el propio Gobierno vasco, desde la propia Consejería de Interior se haya renunciado a competencias propias. A mí solo se me ocurren dos razones para que pueda suceder esto: una, que desde
la Consejería de Interior se actúa de manera diferente según sea el color que tiene el partido que esté en el Gobierno central y lo que antes parece que era todo coordinación ahora resulta que también, pero no. Y dos, se está intentando en una
época preelectoral convertirse ahora en los medios de comunicación -después de haber llegado al parecer, insisto, y quiero que usted me lo aclare, a un acuerdo con el Ministerio del Interior- en el adalid de la defensa de las competencias
estatutarias en materia de seguridad. A mí me preocupa mucho este asunto, señor secretario de Estado, y me gustaría que usted lo aclarase, porque entre otras informaciones también se dice que se llegó al acuerdo en su propio despacho. Por lo
tanto, acláreme usted si existe o no ese acuerdo, en qué términos y dónde están las discrepancias. Además, se habla también de menoscabo evidente en otras materias de coordinación. Retomando ese hilo, el de la coordinación, quisiera recordarle que
la Ertzaintza es una policía integral y que la Unión Europea fijó -todos los sabemos bien- como cuarto pilar la seguridad en el espacio europeo.
Para ello se diseña una policía europea no nueva. No se trata de crear una policía europea en sí con nuevo personal, nuevos medios y nuevos mandos, sino de crear una policía europea a través de las redes ya existentes, a través de las
policías ya existentes, no de unas policías y otras, sino de las policías integrales que existan en los Estados. Evidentemente en el Estado español hay varias, aparte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la Ertzaintza y los Mossos. En la
República Federal de Alemania las policías de los Länder también tienen esa concepción de policía integral. El espacio Schengen es pues una suma de policías. ¿Por qué entonces la Ertzaintza todavía y después de los años que han transcurrido no
puede estar integrada en ese espacio? Me refiero por ejemplo a participar en las reuniones europeas, a participar en la red de formación, directamente quiero decir, a poder formar equipos conjuntos con otras policías extranjeras, a poder participar
directamente en los comités de seguridad, en el K4, en el K5, que le van a dar las directrices y trasladar lo que se piensa al comisario europeo correspondiente. Me refiero en definitiva a formar parte directamente de la política de seguridad
europea.
La sentencia del Tribunal Constitucional 165/1994 ya decía claramente que las políticas europeas no son un ejercicio de política internacional por parte del Estado, sino que se trata de políticas internas. Por lo tanto, no cabe argumentar
que se trata de un ámbito internacional y que únicamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son quienes pueden tomar parte directa ahí, sino que se trata de políticas internas, y hay que ver qué fuerzas policiales tienen una
característica de integrales. Por tanto, no solo está en el Estatuto de Gernika, sino en la propia jurisprudencia constitucional, no es solo que se configure la Ertzaintza como una policía integral en el Estatuto de Gernika, sino también -insisto-
en lo marcado por la jurisprudencia del Estado. Yo le animaría a que se pudieran dar pasos adelante en ese sentido, más allá de que pueda haber un ertzaina en la oficina que está en Behobia, en esa supuesta comisaría conjunta, pero ahí ni se decide
nada, ni hay información, ni hay equipos conjuntos, ni nada de nada, no hay información, ni trabajo conjunto que hacer.
En tercer lugar, quería hacerle una reflexión y es que usted ha hablado de la reducción en el número de escoltas. Gracias a Dios, parece que definitivamente -espero que definitivamente- la lacra de ETA ha terminado. El propio ministerio
está observándolo así al retirar determinadas escoltas. Es un asunto que se ha movido. La situación es diferente a la de hace un año y, por lo tanto, esta reducción permitirá proveer de nuevos servicios. Pero también hay que hacer una reflexión
que va más allá. Ya que la situación política del País Vasco va en curso hacia una normalización, entiendo que sería conveniente e interesante que pudiera hacerse una adecuación razonable a las funciones y servicios que el Estatuto de Autonomía
asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del número de efectivos. Así como hay alrededor de 8.500, más o menos, ertzainas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son 4.500, más de la mitad. Hay tantas dependencias de la
Guardia Civil como comisarías de la Ertzaintza en el País Vasco.
Le quiero recordar lo que decía una de las conclusiones de la subcomisión para el establecimiento del nuevo modelo policial el 29 de diciembre de 1999. Decía que en el caso catalán y en el vasco, en ambos casos, es imprescindible completar
el proceso, de forma que, una vez alcanzada una situación de normalidad, los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estas dos comunidades sean los exclusivamente necesarios para cumplir en ellas las funciones privativas que
les corresponden a tenor del ordenamiento vigente. El ordenamiento vigente, como usted bien sabe, lo que les asigna son los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, como vigilancia de puertos, aeropuertos, costas,
fronteras, aduanas; control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y
extranjeros; régimen general de extranjería; extradición y expulsión; emigración e inmigración; pasaportes, documento nacional de identidad; armas y explosivos; resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado. A
todas luces, el número de 4.500 es absolutamente excesivo para estas funciones. Se lo digo con un sentido constructivo porque hay que ir pensando en el futuro y, además, eso beneficiará a la seguridad del Estado y a un mejor reparto de los medios
con los que se cuenta.
Dos asuntos más, señor presidente. También quería hablar sobre México y Brasil. ¿Nos puede dar más información sobre los acuerdos a los que se ha llegado? Hace tres semanas, para ser exactos, seguía teniendo información de las grandes
retenciones de un buen número de ciudadanos que se estaban produciendo en los aeropuertos, muchas de ellas acabando en devoluciones a esos países en circunstancias -en el caso de algunas personas que conozco- que me llenan de asombro. Me gustaría
que nos dijera la relación de países con los que se tienen firmados acuerdos de devolución o expulsión de extranjeros, cuáles son esos países en concreto.
Por último, ha mencionado la seguridad en los eventos deportivos, la posible creación de tasas, etcétera. Quisiera plantearle un asunto con espíritu constructivo a raíz de la experiencia de la última final de la Copa del Rey. Los medios
que se pusieron -se lo tengo que agradecer, lo iba a hacer ahora- quizá fueron excesivos a la hora del control en los accesos a Madrid. Sabe que en Burgos se produjeron retenciones enormes y también en los accesos a Madrid. Quiero agradecer
expresamente al Ministerio del Interior la rapidez con la que reaccionó para que esas retenciones fueran aliviadas y se retiraran determinados controles, empezando por el ministro, usted como secretario de Estado y el director de la Guardia Civil.
Pero lo cierto es que esto se produjo. Luego se desarrollaron con bastante normalidad, pero estaba claro que iba a haber una gran afluencia de gente en esas carreteras, así que no tenía mucho sentido poner controles. En algunos se produjeron
circunstancias curiosas como la imposición de multas. No entro en si esto está de acuerdo o no con el ordenamiento jurídico, probablemente sí había que poner multas porque se llevaban banderas en el exterior de los vehículos, pero me parece un
exceso. Como me lo parecería -que supongo que no lo estarán haciendo- que se multara a los coches que ahora, con los éxitos de la Selección Española en la Eurocopa, están llevando banderas por Madrid -lo vemos todos los días-. Espero que no se
esté haciendo, porque es un exceso, hay que entenderlo todo y no suscita un peligro.
Lo que sí me preocupó mucho -y con esto concluyo, señor presidente, pero quiero contarlo porque, sinceramente, me preocupó- fue la seguridad en los alrededores del estadio y dentro del estadio. Se lo digo de verdad. No es la primera vez
que sucede en acontecimientos de este tipo, en la final de la Copa del Rey. Algo parecido pero de menor entidad sucedió en Valencia. Parte del círculo que rodea el estadio estaba cortado, supongo que sería por motivos de seguridad a causa de las
personalidades que asistían, pero había un caos terrible de gente moviéndose para buscar el acceso al campo, campo que no conocían, y hubo -se lo aseguro porque yo lo viví- tapones y aglomeraciones en los que había personas mayores y niños que lo
pasaron verdaderamente mal. Allí no había ninguna organización y la policía estaba cerca. No había ningún tipo de organización y dentro del estadio tampoco había organización interna que dijera por dónde tenían que ir, absolutamente nada. No pasó
nada porque la gente al final se comportó de manera razonable -acabo, señor presidente, un minuto-, pero le aseguro que hubo situaciones perfectamente evitables y que deberíamos controlar. No sé si fue exactamente por esto, pero todo empeoró porque
se cortó -era imposible dar la vuelta completa al estadio- en la zona de personalidades. Es que quizá hay que decirle la gente que tiene que acudir una hora antes...
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, ha excedido en un 50% el tiempo el tiempo de intervención.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, presidente.
Desde luego, lo que posteriormente se produjo fue verdaderamente preocupante y creo que a eso sí que habría que darle una vuelta. Se lo digo absolutamente con un espíritu constructivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra por parte del Grupo de Convergència i Unió el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al secretario de Estado de Seguridad, don Ignacio Ulloa, su presencia hoy aquí, en la Comisión de Interior, Comisión que va a realizar durante esta legislatura el control a
su actuación desde el ministerio y el control a la actuación de los distintos cargos públicos que irán compareciendo. Agradecemos la información exhaustiva que ha dado en su intervención inicial y queríamos referirnos a algunos aspectos que afectan
directamente a lo que ha expuesto el secretario de Estado y a algunas inquietudes que también desde Convergència i Unió le queríamos trasladar en materia de seguridad. (La señora vicepresidenta, Vázquez Blanco, ocupa la Presidencia).
En primer lugar, el secretario de Estado se ha referido en su comparecencia a un conjunto de futuras reformas normativas. Entre ellas ha citado la Ley de Seguridad Privada, ley que va a ser objeto de una reforma por parte de esta Cámara a
partir del proyecto de ley que el propio Gobierno tiene intención de presentar. Yo le quería recordar en este primer capítulo de reformas normativas y en lo relativo a seguridad privada que tenga presente los propios compromisos que el Gobierno ha
asumido ya ante esta Comisión de Interior, primero, en la com
parecencia inicial del propio ministro del Interior cuando a instancias de Convergència i Unió se le pidió que la futura normativa posibilitara de alguna manera que agentes de seguridad privada pudieran realizar el control perimetral de los
establecimientos penitenciarios, liberando así a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que pueden realizar otros cometidos, estando siempre ese personal de seguridad privada bajo la dependencia del cuerpo policial que tenga asumidas las competencias
dentro del interior de ese centro penitenciario. Por tanto, habría una dependencia clara de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero evidentemente ese control perimetral podría realizarse por parte de agentes de la seguridad privada.
Ese aspecto fue considerado favorablemente cuando se le pidió al ministro, y me acompaña aquí el diputado Feliu Guillaumes, portavoz adjunto de esta Comisión, fue defendido ante la Comisión de Interior y finalmente se aprobó un texto el
pasado 29 de mayo, que nos hubiera gustado que hubiera sido más rotundo, pero que de manera clara sí que instaba al Gobierno a tener en cuenta este aspecto en esa futura modificación normativa de la Ley de Seguridad Privada. Por tanto, primer
aspecto normativo, Ley de Seguridad Privada.
Segundo aspecto normativo. Ha hecho usted también referencia a una futura reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Ahí hay mucho camino por recorrer y nosotros tenemos una intención clara desde Convergència i Unió de
involucrarnos a fondo en lo que debe ser una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que sea útil también ante los retos de seguridad que se nos plantean en el siglo XXI hacia esas nuevas formas de violencia urbana. Una nueva ley de seguridad
ciudadana debe ofrecer una mejor respuesta a los supuestos de violencia urbana que se producen con ocasión del legítimo derecho de reunión y de manifestación, que revelan en ocasiones una especial peligrosidad por parte de determinados grupos
organizados que saben a lo que van y que nada tienen que ver con quienes organizan las manifestaciones y menos aún con quienes participan en el derecho constitucional de manifestarse, pero que, en cambio, utilizan nuevas técnicas, ocultación de
identidad, posesión de material de alto riesgo, instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales. Todo ello tenemos que contemplarlo de alguna manera en esa nueva ley orgánica de seguridad ciudadana, como también tenemos que
actualizar el catálogo de infracciones y sanciones y debemos adaptarlo a nuevas conductas que debemos claramente sancionar, como esa ocultación de rostro, como esa posesión de determinados instrumentos; o bien actuaciones que padecen también
nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando existe resistencia pasiva, desobediencia a la autoridad o a sus agentes; o bien la propia obstaculización de la vía pública. Además, entendemos desde Convergència i Unió que en esa futura reforma de
la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana deberíamos facilitar la aplicación de nuevos mecanismos que mejoren la prevención de la violencia urbana, especialmente en la práctica de las identificaciones, registros o decomisos. Por tanto, hay aquí, señor
secretario de Estado, un camino importante que deberemos recorrer.
Ha hecho usted también referencia -entendemos que ello va más ligado a las competencias del Ministerio de Justicia, pero evidentemente tiene una repercusión directa en el ámbito del Ministerio del Interior- a la reforma del Código Penal, de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atender a todo aquello que es ese fenómeno de la multirreincidencia. Ayer mismo tuve la oportunidad de interpelar al ministro del Interior en el Pleno sobre este aspecto y no voy a incidir más en ello, pero sí
quiero mostrarle nuestra predisposición absoluta al acuerdo en este ámbito. Es necesario dar una respuesta penal distinta ante esa reiteración delictiva que lo que hace es causar una mayor sensación de impunidad y de inseguridad a la ciudadanía.
Por tanto, aquí tenemos un camino a recorrer y le adelanto que Convergència i Unió lo hará también a través de la moción que esta misma tarde vamos a presentar, consecuencia de la interpelación que ayer se sustentó ante el Pleno, para intentar que
el propio Congreso de los Diputados en el Pleno fije una hoja de ruta a seguir ante ese aspecto necesario.
También deberemos tipificar de otra manera esos actos de violencia callejera, en lugar de, con cierto buenismo en ocasiones, decir que estamos ante actos incívicos. No son meros actos incívicos. Son actos organizados que llevan unas
consecuencias y causan una alarma social, como se pudo ver durante el transcurso de la huelga general en la ciudad de Barcelona. Eso no era una improvisación. Y utilizan también nuevas formas de agresión a comercios, con impactos contra el
mobiliario urbano, todo lo cual tiene unas consecuencias, y desde Convergència i Unió entendemos que en este momento no está bien resuelta nuestra normativa en todos estos aspectos; por tanto, ocasión tendremos.
Nos ha sorprendido, señor secretario de Estado -ya nos sorprendió ayer el señor ministro-, que hoy usted reitere lo que puede ser una información pero no debe ser una solución. Usted hoy ha reiterado como un activo de su ministerio -y no le
niego que lo sea- la firma de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial que ha permitido, a través de una actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en determinadas unidades, de alguna manera poner en marcha una oficina de
presentaciones y comparecencias apud acta con el fin de contribuir a la comunicación entre órganos judiciales y policiales, evitando posibles disfunciones. En cada uno de los 400 decanatos judiciales se han puesto estos oficiales de enlace y se
dice: con esto ya comunicaremos mucho mejor las faltas que se van cometiendo. Pues no, sí pero no. Sí lo va a comunicar mejor que ahora, pero eso no es el registro de faltas que teníamos comprometido, que está en el Código Penal que se aprobó
hace ya dos años, en junio del año 2010, que el Gobierno tiene la obligación de poner en funcionamiento, que lo ha comprometido el ministro del Interior hace ya seis
meses, que lo ha comprometido el ministro de Justicia hace ya seis meses, y el movimiento se demuestra andando. Por tanto, le pedimos que se ponga en marcha cuanto antes ese registro de faltas, porque entre otros aspectos este sistema apud
acta que han implementado y que seguro tiene muy buenas intenciones ni es la solución definitiva ni puede de ninguna manera venir a sustituir el registro, porque, por ejemplo, en este sistema no intervienen los Mossos d'Esquadra. ¿Es que los Mossos
d'Esquadra no necesitan saber el historial delictivo de una persona que a lo mejor acaba de cometer dos faltas y saber si también cometió unas en Murcia, otras en Galicia y otras en Extremadura? De ahí esa necesidad del registro central que
seguimos reivindicando.
Hay otro aspecto, señor Ulloa, que desde Convergència i Unió queremos trasladarle. Lo decía también el señor Esteban por parte del Grupo Vasco refiriéndose a la Ertzaintza. Yo se lo diré en relación con la Policía de Cataluña, los Mossos
d'Esquadra. Es una policía integral y las funciones de policía integral exigen una consideración distinta en determinados ámbitos. Entendemos que en la última Cumbre del Banco Central Europeo, celebrada en Barcelona, en algún momento tampoco se
partió del hecho de contar con una policía propia en el territorio, que eran los Mossos d'Esquadra, y crear diversos centros directivos creo que no fue la mejor solución ante ese reto de seguridad, que además salió muy bien y debemos felicitarnos de
ello entre todos y hacerlo a todos los que colaboraron, también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que colaboraron, pero creo que deberíamos mejorar esa organización en futuros eventos importantes. Los Mossos d'Esquadra, la Policía
catalana evidentemente debe poder participar en Europol y en Interpol. Es una policía integral y debe poder estar ahí, debe poder estar incluida también en los acuerdos de Schengen y la Policía de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, deben poder,
en su actuación como policía integral, tener acceso a las bases de datos y compartir información, uno de los grandes retos que tenemos, y esto no funciona y no nos lo podemos permitir porque la ciudadanía no quiere que nos pase que un cuerpo
policial tenga datos de una determinada actuación delictiva que un grupo organizado va a realizar en un futuro, que está planificada, y que no lo comunique a la policía más próxima, cuando la policía más próxima, si lo supiera, actuaría de manera
distinta, y esto no se da.
Termino ya, señora presidenta, con una última reflexión, la reflexión competencial. Nos queda mucho camino por recorrer en los traspasos de competencias, tanto en el ámbito del salvamento marítimo, como en el ámbito de la seguridad vial,
como en todo el ámbito de lo que son las emergencias, que pueden realizar, en el caso de Cataluña, la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, y que nosotros entendemos que es también una asignatura pendiente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Termino ya. Le agradezco una vez más la comparecencia. En su relato de proyectos de ley no me ha parecido que aludiera al de protección civil. Sé que hay intención de su ministerio de traer a esta Cámara un proyecto de ley de protección
civil. Cuidado con las competencias autonómicas en este ámbito, porque sabe el señor secretario de Estado, que es un buen jurista, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña -y en esos aspectos no está declarado inconstitucional- tiene competencias
exclusivas en determinados ámbitos de protección civil importantes y, por tanto, le pedimos ya que ese proyecto de ley que está elaborando el Gobierno sea respetuoso con el marco competencial de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Escobar.
El señor ESCOBAR DE LAS HERAS: Lo primero que quiero hacer desde el Grupo Popular es felicitar al secretario de Estado por su comparecencia, por el tono, por la forma y por lo completo de su contenido.
A continuación, quiero empezar los diez minutos -a los que me voy a acoger de manera inflexible, señor presidente- recogiendo las palabras que ayer decía el ministro del Interior precisamente en este Congreso de los Diputados. Decía ayer el
ministro que no hay libertad sin seguridad o, dicho de otra manera, que la seguridad está al servicio de la libertad. Pues bien, sus explicaciones, todo lo que acabamos de escuchar, no dejan de ser sino un ejercicio valiente de compromiso
precisamente por la libertad a través de una mayor seguridad. En ese sentido, expresamos nuestro reconocimiento. La seguridad empieza, como aquí se ha apuntado, precisamente por la norma. En sintonía con lo expuesto por el propio ministro del
Interior en su comparecencia y por usted en la comparecencia de presupuestos, le queda claro a este grupo que ya se han iniciado profundas reformas legislativas que, o bien en forma de revisión o bien en forma de nueva norma, nos van a permitir
mejorar nuestra convivencia. Además, le puedo decir que lo que usted ha expuesto son, modestamente, compromisos de legislatura del Partido Popular, lo cual también es para nosotros desde luego motivo de satisfacción.
Ha mencionado una reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Creo que es necesaria para mejorar la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para responder proporcionadamente a las presuntas infracciones que se
puedan cometer, para facilitar una justicia más ágil y severa cuando sea necesario y también para poder ajustar o por lo menos estudiar el sufragar el coste de los servicios públicos cuando obedezcan a eventos públicos de naturaleza privada, como
usted ha expuesto.
La segunda iniciativa legislativa tiene que ver con algo que nos resulta familiar en esta Cámara. Me estoy refiriendo a la Ley Orgánica de Seguridad Privada. Señor secretario de Estado, tenga la tranquilidad de que se lleva
el respaldo de esta Comisión de forma mayoritaria, puesto que, como ya se ha comentado aquí, nos hemos pronunciado recientemente a favor de una revisión en profundidad de esa actual ley, luego en ese sentido cuenta con un respaldo
parlamentario sólido. ¿Por qué? Porque creemos que la colaboración entre lo público y lo privado en pos de una seguridad siempre es positivo, siempre bajo la premisa de la complementariedad y de la subordinación. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado desde luego tienen que ser el agente principal en lo que afecta a la seguridad.
La tercera cuestión que comparte con el Ministerio de Justicia, según se expuso ya por parte del propio ministro, es la más que aconsejable reforma del Código Penal, eso sí, con el debido rigor y sosiego. Por eso nosotros nos felicitamos de
que esa reforma se lleve a cabo mediante una comisión bilateral entre los dos ministerios de forma concienzuda, de forma exhaustiva, como tienen que hacerse las reformas de nuestro Código Penal, porque no olvidemos, señorías, que el Código Penal no
es sino el reflejo del reproche social a una conducta determinada. Ese reproche social puede ir sufriendo modificaciones por el contexto y es bueno que efectivamente el Código Penal refleje efectivamente ese reproche social a una conducta
determinada. Por eso insistimos en que damos la bienvenida a que esa figura, por ejemplo, de la multirreincidencia exija una mejor respuesta en el ámbito de nuestro Código Penal, una mayor severidad punitiva, porque esa severidad punitiva es
reflejo de la necesidad de seguridad y de la necesidad del reproche social al respecto.
Ha mencionado otra cuestión que también nos es familiar en esta Comisión de Interior. Ccreo que pocos ministerios habrá que convivan prácticamente con el Parlamento en el mejor de los sentidos para explicar toda la actualidad y todos los
proyectos que marcan la agenda de su departamento. Me estoy refiriendo al reglamento regulador de los centros de internamiento de extranjeros, cuya confección efectivamente constituye un ejercicio valiente de transparencia y acertado. Por eso,
desde la visita que se organizó precisamente desde la Presidencia de esta Comisión, hasta el tiempo que se ha dado a los grupos para formalizar alegaciones, hasta el contacto que esto nos ha permitido mantener con organizaciones, al final va a
suponer que tengamos un buen reglamento, que es de lo que se trataba en definitiva.
Se trabaja también en una futura ley de policías locales. Yo creo que en esto de la seguridad el ciudadano no entiende de uniformes ni de competencias. Aquí lo que la gente quiere es sentirse más segura. Un uniforme -da igual que sea
verde, sea azul o del color que sea- lo que hace es ofrecer una garantía y una sensación de seguridad. Por eso, esos 60.000 efectivos de los cuerpos de Policía local que hoy existen en España son un gran contingente que podemos aprovechar en
beneficio de nuestros pueblos y de nuestras ciudades.
La normativa penitenciaria, que también ha mencionado, es importante asegurar que tenga una dosis de claridad y de sistematización que precisamente contribuya a permitir el mejor desarrollo de su función, la función de nuestros centros
penitenciarios. El reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, ejemplifica y ejecuta una línea firme, rotunda de todos los demócratas, que es contribuir a la deslegitimación, a
la prevención y al combate del terrorismo etarra y de su entorno en el plano policial, en el plano material, en el legal y por supuesto en el ético, señorías. Las víctimas son para nuestro grupo, siguen siendo por supuesto y lo serán referente y
guía.
Finalmente, en la intensa agenda normativa queremos destacar el anteproyecto de ley de personal de la Guardia Civil y el proyecto de ley orgánica de personal del Cuerpo Nacional de Policía, que van a mejorar las condiciones de los verdaderos
protagonistas de nuestra seguridad: los policías y los guardias civiles. Se ha detenido, y lo ha hecho profusamente, en algunos otros aspectos que van a ver de qué manera mejoran el día de los protagonistas de nuestra seguridad.
Hasta aquí las reformas legales, pero brevemente quiero felicitar algunas líneas que usted ha anunciado en consonancia con lo que ya se hiciera. En primer lugar, el tema del combate del terrorismo etarra. Ayer mismo este Congreso rendía un
año más un merecido homenaje a las víctimas del terrorismo. La decencia, la libertad, la seguridad, y por extensión y definición también la ley, nos afianzan en ese empeño expresado hoy por el secretario de Estado en cuanto a mantener la firme
persecución policial y penal contra los miembros de ETA, bien en España, bien en el exterior. Coincidimos en que no caben espacios para la impunidad y que ETA únicamente tiene un camino, que es su definitiva disolución. Pero el combate del
terrorismo hoy adquiere también inevitablemente otra dimensión; me refiero al fenómeno de la radicalización de ciertos movimientos, en especial el de carácter yihadista. Conocer y prevenir es compatible con la saludable integración de la comunidad
musulmana en la sociedad española, pero también hay que defender y proteger los derechos humanos, la convivencia democrática, y es sencillamente indispensable y tarea de todos erradicar cualquier atisbo de violencia que tenga que ver con este
asunto. Hoy por hoy -y también nos felicitamos por esta línea de trabajo- el mundo es más abierto, está más interconectado en lo económico, pero desgraciadamente también en el ámbito de la delincuencia. Hoy más que nunca la amenaza viene
frecuentemente por la red, en Internet; las amenazas ya no son solamente físicas, ya no son solamente regionales, son virales, son tecnológicas, son combinadas, y la persecución lógicamente tiene que dar respuesta proporcionada, tiene que ser
multilateral y coordinada. Por eso nos felicitamos por esa guía y esas menciones que hacen a los operadores críticos en la guía de ayuda para formalizar una estrategia de ciberseguridad. La lucha contra el crimen organizado pasa por la máxima
integración de la información policial de las bases de datos y el control
máximo sobre los activistas que efectivamente estén detenidos. Yo creo que la seguridad tampoco entiende de muros y que alguien que esté cumpliendo una pena y posiblemente perpetrando o planificando otra acción delictiva también tiene que
ser objeto de atención y de persecución.
Existe -y voy a ir acabando- un conjunto de medidas que, según lo que he entendido, yo definiría de seguridad cotidiana. Es decir, medidas que van muy unidas a la sensación de tranquilidad a la que aspiramos todos los ciudadanos, a la
sensación de bienestar, de convivencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las cuestiones que tienen que ver con atajar el tráfico de estupefacientes en su modalidad de menudeo -ahí está esa iniciativa en Twitter que, por cierto, me parece que su
ministerio ya alcanza 200.000 seguidores; corríjame si me equivoco- o también la persecución de la droga a gran escala, por supuesto, y la destrucción de delictivos decomisados. Asimismo la defensa del patrimonio cultural -la vicepresidenta de la
Comisión hizo una encendida defensa de esta cuestión- contribuye a dar la sensación de tranquilidad; la violencia de grupos incontrolados y de violencia callejera en grandes eventos; la convivencia; la libre circulación; aquel que quiera abrir
el comercio; el que circule en su coche y el autobús ciudadano, también tienen que ser protegidos. ¿Y quién los tiene que proteger? Los tiene que proteger ni más ni menos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; son un bien jurídico a
proteger. La convivencia diaria, haya o no haya legítimo derecho de manifestación, tiene que ser compatible con ese derecho ciudadano. Por eso felicitamos también la iniciativa del ministerio al respecto. Y finalmente -y con ello acabo- esa
especial dedicación a los grupos más vulnerables. Me estoy refiriendo a todo aquello que tenga que ver, como ha mencionado, con un sistema de violencia de género. Felicitamos la sensibilidad para con las personas con discapacidad física en esa
iniciativa que ha planteado o el sistema de alerta temprana por desaparición de menores, presentado por el propio ministro.
Acabo ya, diciendo que todo esto se ha hecho desde la coordinación, desde la eficiencia y desde la transparencia, y que, en materia de personal, se ha pasado de un sistema basado en la discrecionalidad, cuando no en la arbitrariedad, a un
sistema basado en el diálogo, en el mérito y en la capacidad. Por eso, le damos nuestro más entusiasta apoyo en las líneas de trabajo y cuenta con nuestra colaboración para las tareas parlamentarias que tan exhaustivamente acaba de exponer.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para el turno de réplica el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): Señor presidente, señorías, en primer lugar quiero agradecer a los portavoces de los grupos parlamentarios el tono no solo cercano sino benigno con respecto al desarrollo de las
políticas de la Secretaría de Estado de Seguridad. Tengo la firme convicción de que solo partiendo de una política consensuada en materia de seguridad y de interior podemos progresar como Estado. El futuro y el bienestar de los ciudadanos nos está
requiriendo que alcancemos grandes consensos en esta materia. Mala situación sería si existieran discrepancias frontales no ya entre los dos partidos mayoritarios sino con carácter general en la Cámara respecto a asuntos que son política de Estado,
como son las cuestiones relativas a interior.
Voy a tratar de dar respuesta a los temas que se han ido planteando sin ánimo de aburrir ni de ser redundante en cuestiones que ya han sido tratadas. En cuanto al tema de la violencia terrorista, como ya he dicho, la lacra del terrorismo
parece que puede estar en un momento crítico, final, y a ello debemos contribuir desde el Ministerio del Interior y desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con lo que nos corresponde, que es el cumplimiento estricto de la ley. Por eso
no he dicho otra cosa que lo que es el estricto cumplimiento de la ley, incluida la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional recientemente en materia de Sortu. Ahí se traza, en el fundamento jurídico 15, un decálogo, respecto del cual no
podemos hacer otra cosa que cumplirlo, no podemos ignorarlo, y si ese decálogo dice que hacer apología de los verdugos o que el tratamiento equidistante de las víctimas de un lado y de otro es una conducta que puede motivar, si es infracción grave y
reiterada con arreglo al artículo 9.1, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, la declaración de ilegalidad bien sea en trámite de ejecución o bien sea por un procedimiento específico, no nos queda más remedio que cumplirlo. En
este sentido, creo que hay que contextualizar las manifestaciones que se han producido tanto del ministro del Interior como del ministro de Justicia. Nosotros tenemos que tomar nota de qué es lo que va sucediendo. Lo que no podemos hacer es
ignorarlo, porque eso es omitir el deber de perseguir delitos o, en este caso, omitir el deber del cumplimiento de la ley, que es lo que nos vincula a todos porque es manifestación de lo que ustedes, señorías, han aprobado. Si la ley cambia,
nosotros no hacemos otra cosa que sujetarnos al cumplimiento estricto de la misma.
Por lo que se refiere a los encuentros entre víctimas, no ha sido el ministerio el que los ha publicitado, más allá de lo que sería estricta o escrupulosamente parte de una política de transparencia mediática, sino que las víctimas han sido
las que en muchos casos han acudido a determinados medios de comunicación a transmitir su sentir y su forma de afrontar esto. Frente a ello, el ministerio no puede coaccionar o no puede condicionar esas actuaciones. Lo que sí quiero, respondiendo
ya a otras preguntas, es manifestar nuestro planteamiento porque creo que conviene arrojar un poco de luz acerca de estos encuentros. Estos encuentros forman parte de una concepción que a lo mejor no es la de nuestra justicia retributiva -tanto
haces, tanto te doy- sino de una justicia restaurativa, reparadora, más propia del mundo anglo
sajón, donde lo importante es la satisfacción de la víctima, y es así como se configuraron en su día esta serie de encuentros. La posibilidad de que si la víctima se ve satisfecha, aunque solo sea por el momento de catarsis que implica el
encuentro con el agresor y de poder llegar a recibir la petición de perdón por parte del mismo, puede resultar positivo. Ello no excluye que sigamos estando circunscritos al cumplimiento de la ley. Es decir, ese perdón hay que encuadrarlo dentro
del cumplimiento del resto de requisitos que se establecen tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica General Penitenciaria para poder progresar dentro de lo que es el régimen penitenciario. Por eso me permito esta explicación.
En cuanto a la estrategia contra el terrorismo internacional y la radicalización, es cierto que aparecía perfilada ya en la anterior legislatura, pero no acabamos de entender por qué no se llevó a cabo y no se materializó con lo
relativamente sencillo -entre comillas- que era llevar a cabo esta aproximación multidisciplinar al problema de la radicalización, que tiene como consecuencia ulterior el terrorismo. Nosotros, como no puede ser de otra manera, como entendemos que
este es un compromiso de política de Estado y que favorece a todos, vamos a hacer y vamos a poner en marcha este resultado o producto final que es el documento público en el cual se divulgan y se ponen de manifiesto las diversas causas de la
radicalización, que pueden ser causas culturales, causas educativas, causas religiosas e incluso causas de seguridad, y vamos a tratar de afrontar con una política multidisciplinar esas causas para mitigarlas, eliminarlas y, si es posible, hacer que
dentro de esta sociedad pluricultural que tenemos en nuestro país se pueda vivir sin que haya factores que sean catalizadores de una radicalización y de lucha contra los propios valores que son los presupuestos de nuestra convivencia: la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Que esa aproximación generalizada a un carácter abierto y tolerante que tiene nuestra sociedad no se vea desvirtuado por ideologías que, aunque puedan convivir dentro del seno del espectro de la
libertad ideológica de opinión o incluso de la libertad de expresión, la socaven o menoscaben, y acaben dándose cuenta de que debe prevalecer el valor de los principios de la multiculturalidad frente a los principios de un entendimiento monolítico,
autoritario o autocrático de la sociedad.
No ha existido ninguna modificación con respecto a la reducción de las unidades de Greco y de ECO. No existe previsión alguna de suprimir los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco). Al contrario, los planes existentes
contemplan potenciar e incrementar las unidades territoriales dedicadas a combatirlo. Tampoco está previsto recorte presupuestario alguno que afecte al funcionamiento de estos grupos. Lo digo porque muchas veces estamos dejándonos llevar por lo
que se está diciendo, pero oficialmente ni a nivel presupuestario ni a nivel organizativo existe reducción al respecto.
En el tema de la lucha contra el terrorismo internacional, se refería usted a la paradoja, señor Muñoz, de que ante esta insuficiencia de medios, cómo vamos a hacer para luchar mejor contra los focos de radicalización, como podría ser el
Sahel y zonas que están lejos. Pues haciendo uso de lo que de verdad tenemos en este país, que es un potencial humano extraordinario. Por eso hemos presentado un candidato, y probablemente vayamos a conseguir a nivel del Consejo de la Unión
Europea en materia de política exterior y de seguridad el liderazgo de la misión PESD, de Política Europea de Seguridad y Defensa, para la lucha contra la radicalización en el Sahel. No hay nada que sea a título gratuito, pero al ocupar esa plaza
en el seno de la Unión Europea será esta la que costeará el sueldo y las comisiones de servicio de ese funcionario. Probablemente luego tengamos que designar otros funcionarios que a lo mejor habrá que comisionar, pero de momento ya consiguiendo la
jefatura podríamos llevar el liderazgo y ahorrarnos una cantidad de dinero. Así es como yo entiendo que se obtendría un caudal abundante de información que facilitaría que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no solo de nuestro país sino de otros
servicios a nivel europeo, puedan tener mejor conocimiento de qué es lo que se está gestando y produciendo en el ámbito de Al Qaeda, en el Magreb islámico, en la relación con grupos como Boko Haram, etcétera.
En cuanto al tema de la multirreincidencia, decía usted, señor Muñoz -y con ello contesto a otras cuestiones- que ha pasado ya más de un año y no se ha ejecutado el registro de faltas. Yo llevo seis meses en mi posición al frente de la
secretaría de Estado y creo que ya bastante he hecho intentando promover que el Ministerio de Justicia proceda a la puesta en marcha de ese registro de faltas, que está en ello mediante la Dirección General de Modernización, y no quiero generar
agravios comparativos, pero pregunte usted los dineros que se gastaron en la legislatura anterior en este campo y los pocos resultados obtenidos. Creo que ya bastante he hecho impulsándolo mediante un mecanismo que puede parecer simplista pero que
no lo es y que ya estaba siendo efectivo, y con ello aprovecho para contestar a algunas cuestiones que se han planteado respecto a los convenios con el Consejo General del Poder Judicial. Este mecanismo de la oficina de comparecencias apud acta en
definitiva lo que trata de poner por obra no es una solución definitiva, pero sí una solución inmediata, trata de poner por obra el cumplimiento de la ley. Es decir, individuos que cometían la tercera falta de hurto por valor superior a 400 euros
en menos de un año, en la anterior legislatura se les volvía a incoar atestados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la cuarta, en la quinta y en la sexta falta de hurto; sin embargo, ahora se leS va a incoar por procedimiento o por
delito merced a este mecanismo que puede parece sencillo pero que es el mecanismo más inmediato en tanto en cuanto no se produzca la reforma del Código Penal ni la puesta en marcha de ese registro electrónico
de faltas en el ámbito de justicia para poder paliarlo ahora. En cuanto se produzca o bien la puesta en marcha de ese registro de faltas o bien la modificación del Código Penal donde se está barajando incluso la posible descriminalización
de las conductas lenitivas, de las infracciones penales lenitivas constitutivas de falta, entonces y solo entonces será cuando esta oficina de presentaciones la podremos emplear para lo que constituye una utilidad respecto a la Administración de
Justicia. Ahora, que subsidiariamente esta oficina cumpla esa misión creo que no es algo criticable, sino al revés, de lo que da muestras es de la búsqueda de fórmulas ingeniosas a coste económico muy reducido para producir efectividad en el
cumplimiento de la ley. Si ustedes consideran que no es así, estoy abierto a que sugieran cualquier otra fórmula que tenga un coste similar, dentro del ámbito de las competencias del Ministerio del Interior, que sea más efectiva.
En cuanto al tema de la seguridad en las prisiones, creo que ya lo he explicado. Las insuficiencias que padece el régimen penitenciario no son solo producto de las carencias propias de los cuerpos de instituciones penitenciarias sino en
concreto de que ahora se abren nuevos centros que hay que proveer y para los cuales no tenemos funcionarios. El secretario general de Instituciones Penitenciarias y yo bien que luchamos para que se considerara sector preferente también al ámbito de
Instituciones Penitenciarias. Ahora estamos en el contexto y la coyuntura económica en la que estamos ¿y qué es lo que podemos hacer? Únicamente tratar de no abrir nada más que las infraestructuras que sean absolutamente imprescindibles. Por
descontado, no nos vamos a poner a construir grandes centros de internamiento cuando tenemos establecimientos suficientes como para cubrir las necesidades penitenciarias que existen de momento e incluso tendríamos un poco de margen. Si no recuerdo
mal, creo que la población penitenciara ronda los 67.000 reclusos y nuestras capacidades alcanzarían casi 80.000. Hablo de memoria, en cualquier caso, si desea los datos escrupulosos yo se los suministraría por escrito. Insisto en que, en
definitiva, lo único que hacemos es poner ingenio. En este sentido también quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de sus señorías, de los que me han formulado preguntas, pero también haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar
alternativas, la alternativa de la seguridad privada. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta qué punto participa del imperium, de la potestas y del ius puniendi del Estado el funcionario de instituciones penitenciarias que está mirando un monitor dentro
de una cárcel. No sé si eso pudiera o no formar parte del núcleo esencial de las funciones de la ejecución de la pena y de la seguridad del ámbito penitenciario o a lo mejor lo puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser
contratado y libera un efectivo para reubicarlo en un establecimiento penitenciario en otro lugar. Simplemente dejo la cuestión en el aire. Esto no quiere decir que se vaya a adoptar esa posición, pero sí son cuestiones en las que agradecería que
ustedes, señorías, que tienen más conocimiento y experiencia y que son a quienes les corresponde la reflexión al respecto, sugieran fórmulas. Evidentemente, si necesitamos 1.800 funcionarios de instituciones penitenciarias y no vamos a tener
convocatorias, no sé cómo podemos entonces abrir nuevos centros, y si no abrimos nuevos centros, también se nos reprocha. Además, como el marco presupuestario va para largo plazo hay que poner mucho ingenio entre todos para poder paliar estas
deficiencias, sin que se nos pueda acusar de que estamos privatizando las cárceles, que creo que es una crítica fácil o en otros casos un tanto ruda.
Con respecto al tema de la protección a los grupos vulnerables, nosotros lo que hemos tratado de poner por obra es lo que ciertamente en la legislatura anterior se había iniciado con respecto al programa o proyecto de menores desaparecidos.
Ahora lo hemos puesto en obra; es una iniciativa que comenzaron ustedes y que nosotros la hemos materializado y entre todos deberíamos reconocer que es algo positivo porque, en definitiva, es la puesta de mecanismos de forma inmediata para tratar
de evitar que se consumen estas sustracciones de menores. Respecto a otros grupos vulnerables, el tema de la violencia de género es sangrante. También debe llevarnos a la reflexión de hasta qué punto las medidas normativas que en su día se
adoptaron han resultado óptimas o si no tenían profundas carencias. Sí le voy a dar algunos datos respecto a la estadística de violencia de género, que son los más importantes que tenemos y que estamos prestando y dando plena utilidad a estas
estadísticas de violencia de género al compartirlas con la delegación del Gobierno contra la violencia de género, al compartirlas con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al compartirlas con las autoridades judiciales y al
compartirlas con el observatorio contra la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial. El año pasado, grosso modo, entre denegación de suspensiones, archivos y sobreseimientos y sentencias absolutorias se dieron de baja 2.394
medidas en supuestos de peligro mínimo, peligro ordinario o peligro extremo; sin embargo, este año sólo llevamos 267. No se nos podrá tachar de ser laxos o de tomarnos este tema frívolamente. Estamos haciendo que se cumpla la ley que, como dije
en mi comparecencia de presupuestos e insisto ahora igualmente, es el leitmotiv, la máxima de este ministerio es el cumplimiento estricto y escrupuloso de la ley. En la medida que cada supuesto de violencia de género, como cualquier otra muerte,
pero a mayor abundamiento por el escarnio que representa en cuanto que encarna esa preterición que padece la mujer y esa relación de sometimiento, es una prioridad para nuestro departamento. Y, repito, de 2.394 bajas que hubo el año pasado, este
año solo ha habido 267.
En cuanto al Consejo JAI, la evaluación de las políticas migratorias y el restablecimiento de fronteras, los acuerdos previos fueron adoptados en octubre de 2011. Nosotros a lo único que hemos ido al JAI del 7 de junio es a votar. Lo que
sí les digo es que en ese JAI fuimos a
votar con plena conciencia, siguiendo lo que es el criterio de la presidencia que estaba dirigida, como usted sabe, por el ministro de Justicia de Dinamarca, que además es socialista. El criterio que seguimos es el mismo que ellos marcaron,
que esto es una cuestión de Estados, no de Comisión ni de Parlamento, lo cual no implica que la Comisión excluya al Parlamento. Respecto al mecanismo de evaluación, lo que dijimos es que se siga el procedimiento establecido en el artículo 70, que
dice que son los Estados los que deciden cuál es el procedimiento de evaluación, pero también hay que dar audiencia a la Comisión, como no podía ser de otro modo, e incluir al Parlamento Europeo en la medida de lo posible para que mediante un
procedimiento de consultas esté al tanto en cuanto que tenemos muy en cuenta que también son los representantes de los pueblos europeos. En cuanto al mecanismo de restablecimiento de fronteras, no quedaba más remedio que, dado el carácter
extraordinario que tiene este establecimiento de fronteras, mantener el criterio que se ha mantenido hasta ahora en Schengen, que es que cuando existen situaciones extraordinarias, en este caso se han pasado a incluir como situaciones
extraordinarias las crisis migratorias. Esto no va tanto por países de nuestro entorno, como podríamos pensar respecto de las relaciones entre España, Francia o países latinos, como la gran crisis migratoria que se está produciendo en el
Mediterráneo oriental y que es la que preocupa a la Unión Europea. Lo que hice en este Consejo JAI, aparte de votar, fue poner de manifiesto que no se podía olvidar que existe el Mediterráneo oriental pero también el Mediterráneo occidental, y que
no se podía dejar de dar el reconocimiento debido a los países que estaban cumpliendo sus deberes, porque en España han bajado los flujos migratorios merced a la buena política migratoria que se hizo en la anterior legislatura, merced a los buenos
acuerdos a los que se ha llegado con determinados países y merced al gran control que se ha establecido en el Estrecho mediante el sistema integral de vigilancia del mismo, cofinanciado con fondos de la Unión Europea. No obstante -le he reconocido
los buenos acuerdos en materia migratoria-, también le tengo que decir que hay algunas herencias en materia migratoria que hemos tratado de mejorar porque los compromisos con determinados países la verdad es que eran insostenibles, sobre todo con la
progresión de las cantidades de ayuda que se venían llevando a cabo, que se daban por asumidas y que eran algo más que un porcentaje mínimo porque se consideraba que cada año tenían que venirse incrementando. Nosotros hemos tenido que decir a
nuestros países asociados, que son los que en origen tienen los flujos migratorios, que la situación de España no permitía seguir incrementando exponencialmente esas cantidades -es decir, 4, 8, 12, etcétera-, que las cantidades de las que disponemos
eran limitadas y en consecuencia igualmente había que buscar fórmulas más ingeniosas para tratar de limitarlo. Así, en determinados supuestos hemos conseguido identificar que la ayuda tenía que ir focalizada no ya al país en general sino a una
determinada región del país. En eso hemos llegado a diferentes acuerdos en donde hemos conseguido un ahorro relativo, un cierto equilibrio, porque en materia de inmigración no se puede hablar simplemente de dinero ya que los ahorros en temas
humanitarios están evidentemente en la medida en que se evitan tragedias.
En cuanto al expolio del patrimonio, las medidas -para la tranquilidad de sus señorías- van a ser adoptadas ya no solo en el ámbito del patrimonio eclesiástico sino también en el del patrimonio histórico español, que es muy rico y que
desgraciadamente se ve muchas veces mermado. La modificación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como consecuencia de la eventual elaboración de una ley de policías locales, iría más en la línea de modificación de la
Ley de Bases del Régimen Local y algunas cuestiones autonómicas que tendríamos que concertar caso a caso con las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de coordinación de policías locales. En ese sentido es en el que queremos
trabajar.
Hablaba usted de la seguridad privada. Por descontado que la modificación de la Ley de Seguridad Privada la vamos a intentar hacer también con el máximo consenso y con la máxima audiencia posible, pero partiendo de determinados postulados
-tengo que ser honesto y no puedo decirlo de otra manera y menos aquí en sede parlamentaria- con arreglo a lo que consideramos que son los principios básicos: el principio de subsidiariedad, el principio de cooperación y el principio de
complementariedad. Estas son las tres ideas fuertes de las que vamos a partir. Entendemos que hay una demanda; no es que nosotros nos hayamos sacado de la chistera la necesidad de modificación de la Ley de Seguridad Privada sino que ya han pasado
unos años y las necesidades son distintas. También se nos habla por parte del sector privado de la necesidad de optimización de las inversiones que se están haciendo. En determinados ámbitos la seguridad privada no puede estar dentro del espacio
público y creo que hay que hacer una reflexión porque igual se pueden buscar sinergias y que los medios de seguridad privada que existen en determinados ámbitos públicos puedan ser optimizados. Es decir, si en una misma calle hay cinco joyerías
contiguas ¿por qué cada uno de los joyeros tiene que contratar un guardia de seguridad distinto y no se puede proveer el servicio de seguridad por un mismo agente? Son cuestiones sobre las que tenemos que reflexionar y tratar de establecer normas
que satisfagan las necesidades sociales siempre y cuando partamos de unos postulados básicos que hay que respetar y que son los que compartimos dentro del orden constitucional y dentro del concepto propio de servicio público, pero también
flexibilizándolos porque no estamos en épocas para exigir costes adicionales y menos a los pequeños o medianos empresarios.
En cuanto a la nota del ministerio sobre la recuperación de las escoltas, le recuerdo que nosotros no hemos dado nada más que una cifra, grosso modo, de lo que se
podía recuperar. Aquí me gustaría insistir, primero, en que esto lo afrontamos con máximo tacto y máxima delicadeza porque los temas de seguridad no son cuestiones con las cuales se deba hacer impacto mediático sino que de lo que se trata
es de resolver problemas. Aquí se había producido durante mucho tiempo una cierta tendencia a la indolencia. Se iban acumulando servicios de seguridad y nadie se planteaba revisar esa cuestión porque como eran temas delicados o de extremada
complicación desde el punto de vista de gestión, incluso política, nadie lo hacía. Pero nosotros nos hemos encontrado la casa manga por hombro y tenemos que adoptar algún tipo de medida porque la situación de seguridad estamos todos de acuerdo en
que ha mejorado, sobre todo en cuanto a las amenazas que se podían percibir como más inmediatas respecto de estos servidores públicos -y en general con respecto a las personalidades públicas- y porque la situación presupuestaria es muy limitada. Yo
no le estoy diciendo que los 1.000 efectivos que vamos a ahorrar los estemos ahorrando en dinero o que los vayamos a destinar a seguridad pública, pero lo que sí que estoy diciendo es que va a tener un impacto inmediato porque un gran número de
todos estos efectivos que antes dependían de la DAO, de la Dirección Adjunta Operativa, para prestar seguridad a determinadas personalidades y cargos públicos e incluso judiciales va a pasar a depender un gran número de la comisaría de seguridad
ciudadana, con lo cual algún impacto tendrá. Ese es el sentido que nosotros le damos a la frase de que pasan a estar a disposición de la seguridad pública. Quiero recordar también que la labor de un funcionario de policía no es única y
exclusivamente otorgar una protección, ni su preparación tiene que estar exclusivamente centrada o focalizada hacia la protección de personalidades. Ese es uno de los aspectos que puede afectar a la seguridad y son los propios funcionarios los que
en muchos casos reconocen que resulta un cambio y que todo cambio es poco cómodo, pero que va a resultar productivo y positivo para su propio ejercicio profesional.
En cuanto a la nueva estructura del Cuerpo Nacional de Policía, decía usted, la polémica entre la DAO y la Comisaría General de Información, pues quedó zanjada, porque ya se encargó el secretario de Estado de que no existiera polémica.
Ahora, esa nueva estructura cuando crea esa estructura superior es para permitir que existan pasarelas de información entre las comisarías generales que antes no existían. Era sorprendente que la información que estaba manejando la Comisaría
General de Policía Judicial pudiera ser que no se manejara por la Comisaría General de Información y mucho menos por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras o por Seguridad Ciudadana. Se refiere únicamente a efectos de pasarelas de
información, porque existiendo la situación de crisis económica que existe, al secretario de Estado no se le puede ocurrir una medida de crear una nueva entidad o una nueva estructura que implica nuevos puestos trabajo y que, en consecuencia, la
Cecir no lo habría autorizado bajo ningún concepto. Significa simplemente que va a existir esa posibilidad de que el director adjunto operativo tenga un cierto conocimiento de qué es lo que está sucediendo respecto a las comisarías generales que
existen bajo su autoridad o supervisión y que exista esa posibilidad de transferencia de información de un lado a otro.
En cuanto a los acontecimientos deportivos. Ustedes nos prestan el apoyo incondicional e incondicionado, cosa que agradecemos. La cuestión, insisto, no está cerrada, tiene que ser objeto de mucho estudio porque la idea parece sencilla pero
tiene muchas complicaciones tanto presupuestarias como financieras. Hay que analizar si se trata de una tasa o de un precio público, cómo se va a articular, necesitamos evidentemente la aprobación y el consentimiento tanto de la Secretaría de
Estado de Hacienda como de la Secretaría de Estado de Presupuestos, se está negociando también con Administraciones Públicas y simplemente les quiero decir que estamos en esa fase de génesis. Toda ayuda o toda idea acerca de si tenemos que hacerlo
sobre espectáculos lucrativos o espectáculos de todo orden, si tiene que circunscribirse exclusivamente a espectáculos deportivos y, en concreto, al fútbol o si tiene que ampliarse, ahí estamos abiertos a sugerencias y a cualquier tipo de
consideraciones que resulten más idóneas. Insisto, esto no es privatizar la actividad de seguridad pública. Dentro del concepto de servicio público, igual que cualquiera entiende que el uso del dominio público intensivo -y esto es derecho
administrativo puro- implica el pago de una licencia, y pongo un ejemplo, el que quiere montar un chiringuito sobre la acera o el que quiere montar una terraza sobre una acera tiene que pagar una licencia o un canon al ayuntamiento, me parece que
pertenece al sentido común y además a la dogmática del derecho administrativo que el uso intensivo del servicio público puede implicar una contribución a los costes de ese servicio público por razón de la intensidad con la que se lleva a cabo. Por
ejemplo, el que utiliza el servicio público de transportes paga un billete y nadie lo discute. Puede haber transporte gratuito, sí; pero lo que estoy diciendo es que esto, que está igualmente en periodo de maduración, no es totalmente antitético
ni opuesto a lo que es el concepto básico de servicio público y casa dentro de la propia concepción que compartimos todos acerca de lo que debe ser el servicio público. En otras épocas no nos lo habríamos planteado, pero lo cierto es que, en
definitiva, estamos buscando mecanismos para descargar el coste extraordinario o adicional que implican determinados eventos o acontecimientos públicos, en concreto, respecto de -y es lo que llama la atención a los medios de comunicación y a la
ciudadanía- determinadas actividades deportivas, que producen muchos beneficios, de los cuales todos somos conscientes y que deberán contribuir en la medida de lo posible a las cargas que implica y, en definitiva, al sostenimiento del servicio. No
se habla en ningún caso de privatización. Me gustaría dejar clara esa idea.
Respecto a la multirreincidencia -enlazando con la situación en la que estamos-, si no somos conscientes de que hay una realidad que causa profunda alarma social -lo vemos todos los días en los noticiarios-, que hay determinadas personas que
han hecho del pequeño crimen un modo de vida -esto ya sucedió en Europa hace tiempo, lo que pasa es que en España lo estamos viviendo ahora-, y no somos capaces de reaccionar no ya de forma represora, sino preventiva ante esta realidad, habremos
fracasado y estaremos dando a las personas que viven infringiendo la ley un premio, lo cual es un motivo de escándalo y de alarma social para los ciudadanos. Ante esa realidad, ¿qué nos planteamos? Pues lo que he tratado de explicarles en mi
comparecencia, medidas de primer orden, siempre acudir al derecho penal como último mecanismo y la posibilidad de que por vía incluso de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana se pudiera eventualmente analizar la posibilidad de atacar no tanto los
delitos contra el patrimonio como las conductas incívicas o las conductas contrarias al mantenimiento de los servicios públicos o las conductas perturbadoras del normal funcionamiento de los servicios públicos o, incluso, evidentemente, las
perturbadoras de los derechos y libertades de los demás. Pero estos mecanismos deben ir acompañados también de una adecuada normativa penal o una adecuada respuesta penal; además, esto se reconoce en la reforma del Código Penal de 2010, que al
recoger estos tipos de multirreincidencia, en definitiva se está diciendo que hay que dar una respuesta penal. ¿Qué pretendemos? Una doble alternativa. Ahí dependerá del criterio del legislador -que, en definitiva, son todos ustedes, señorías- y
del criterio del Ministerio de Justicia. Lo que hemos dicho es que, frente a esa multirreincidencia, tiene que haber una respuesta penal adecuada y efectiva. Si se opta por la ampliación del catálogo de infracciones producto de la
multirreincidencia, lo aceptaremos; si se opta por destipificar y descriminalizar todas esas conductas y que pasen a la Ley de Seguridad Ciudadana, lo aceptaremos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no hacen otra cosa que cumplir la
ley. Las opciones las tiene el legislador, no el Ejecutivo. No cambiamos el Código Penal a golpe de telediario, al contrario. Prueba de ello es que, como consecuencia de estar con este tempus deliberandi, tiempo de deliberación y de reflexión en
las comisiones que existen en el Ministerio de Justicia, lo que hemos buscado son mecanismos para tratar de paliar este tiempo de reflexión que requiere la elaboración de una norma tan importante para nuestro sistema como es el Código Penal.
Insisto, el Código Penal no es la respuesta primaria o la respuesta inmediata.
En cuanto a otras cuestiones que ha planteado el señor Sixto, como la bandera del orgullo gay, señor Sixto, la Ley de Banderas dice lo que dice. En los organismos públicos uno no puede colgar la primera bandera que considere oportuna,
aunque se sienta identificado con ella. En la línea que le estoy diciendo, si el compromiso del ministerio es el cumplimiento de la ley y alguien cuelga una bandera que no está prevista en la ley, entiendo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
hagan algo. Usted puede considerar que, a lo mejor, tendrían mejores cosas que hacer, pero lo cortés no quita lo valiente. Probablemente, conociendo el celo, la competencia y el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -también a nivel
local, no solo la Guardia Civil, sino el Cuerpo Nacional de Policía, incluso las policías locales-, estoy convencido de que no se dedican única y exclusivamente a multar porque se haya colgado la bandera del orgullo gay. Multarán cualquier tipo de
conductas ilícitas. Multarán o sacarán fotografías, porque forma parte de sus obligaciones. La documentación tanto videográfica como fotográfica es uno de los medios de prueba que sirve a todos los efectos en los expedientes administrativos. No
sienta usted que hay algún tipo de hostigamiento hacia lo que simboliza esa bandera; lo que se está intentando es tratar de hacer cumplir la ley. Es lo oportuno, si no, al final, los locales y establecimientos públicos acabarían siendo el sitio
donde el concejal de turno iría colgando la insignia, bandera o símbolo que le conviniera. Es la ley la que marca cuáles son los símbolos que se pueden colgar.
Ni al Gobierno ni al Ministerio del Interior -y aquí reitero lo que dije en mi comparecencia- le preocupan las manifestaciones de ciudadanía, no les preocupa el recto ejercicio de los derechos y libertades. En eso estamos con usted. El
derecho de reunión y la libertad de expresión no nos preocupan. Lo que nos preocupa es que haya gente que, con excusa del ejercicio de los derechos y libertades, se dedique a reventar manifestaciones, a ejercer actos violentos, lo que tanto le
preocupa al diputado señor Jané. Lo que sucedió el 29 de marzo en la huelga en Barcelona, eso es lo que nos preocupa. A nosotros que incluso pueda haber situaciones frontera o situaciones límite respecto del ejercicio de derechos y libertades no
nos preocupa, lo que tiene que haber es un criterio de proporcionalidad, al igual que se les exige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No hay ningún derecho fundamental que sea absoluto. Por lo tanto, los ejercientes de esos derechos y
libertades tienen que ser muy conscientes de que su derecho tiene como límite los derechos de los demás, y que cuando se empieza a emplear la violencia, bien sea vis física o vis moral, es decir, cuando alguien trata de doblegar mi voluntad porque
soy un viandante y me dice que yo no puedo pasar por allí porque él tiene el derecho de reunión o manifestación cuando no está autorizada -porque si está autorizada, evidentemente se prioriza el derecho del que ha obtenido autorización-, cuando el
espacio público es algo abierto y alguien trata de doblegarme y me dice que por ahí no puedo pasar, creo que estamos en un supuesto de conflicto de derechos y libertades, y entonces hay que tener en cuenta que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado les corresponde no solo garantizar el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación, sino también tratar de preservar el resto de los derechos y libertades en juego. Esa es la tarea que
nos compete; una tarea extremadamente delicada, pero es en ese umbral donde se mueven las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No se mueven en absoluto ni contra el libre ejercicio de los derechos y libertades ni contra las manifestaciones de
ciudadanía. Reuniones pacíficas, todas, y nos encontrará en ellas a muchos; ahora, reuniones violentas, ni una.
En cuanto al tema de los centros penitenciarios, usted manifestaba que tratamos de presentar los centros penitenciarios como paraísos idílicos. Eso creo que es tratar de decir lo que no hemos dicho, de tergiversar nuestras palabras.
Nosotros sabemos lo que son los centros penitenciarios -yo, por mi experiencia profesional, lo sé- y ya bastante tienen las personas que están en régimen de privación de libertad aunque no sea en régimen cerrado con estar allí. Nosotros no queremos
decir que toda piscina que se construya pueda ser contraria a un concepto o a una política rehabilitadora, o incluso al derecho al ocio que pueden tener los internos, lo que decimos es que es inasequible para nosotros el que se hayan construido toda
una serie de centros con determinadas piscinas y ahora tengamos que buscar un uso alternativo a esas instalaciones porque ni siquiera en muchos casos tenemos la capacidad de tener un monitor para dar la clase de natación, ni tenemos la capacidad de
permitir a los reclusos que se bañen porque quizá en determinados lugares hay que pagar un sistema de calefacción o un sistema de depuradoras que no tenemos dinero para mantener. ¿Entiende lo que le quiero decir? Ese es el contexto. Yo no quiero
decir que no se establezcan las condiciones mínimas de seguridad e higiene, las condiciones mínimas de salubridad, las condiciones mínimas de alimentación o las condiciones para una vida incluso mejor en el ámbito de los centros penitenciaros. Lo
que yo no acabo de entender es por qué se han construido determinados centros penitenciarios con unas instalaciones que eran inviables e insostenibles, y en ese sentido no nos queda más remedio que tratar de adaptarnos a los tiempos que nos vienen.
En cuanto a las brigadas vecinales por las que usted se ha interesado, insisto, en que en las brigadas vecinales todo lo que sea manifestación de ciudadanía, de comunidad, perfecto; ahora, brigadas vecinales cuando hay una estrategia en que
la policía dice: Oiga, mucho ojo porque hay dos que vienen a por nosotros, otros dos que se dedican a soliviantar a las personas que asisten alrededor y otros dos que se dedican a grabar con móviles y con otros mecanismos y, luego, cuando hay algún
problema encima tienen el servicio de asesoría jurídica, aquí hay algo que cualquier persona se cuestionaría. Es decir, si son movimientos espontáneos o estamos ante movimientos que lo que tratan es de restringir o constreñir a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, bien sea en función de ese ámbito de extranjería o bien sea en función de un ámbito de orden público. Por eso le quiero decir que todo lo que sea expresión de ciudadanía, muy bien, pero no
equivoquemos o tratemos de vestir las cosas de lo que no son.
En cuanto a las multas a manifestantes inocentes -yo tenía un profesor de filosofía del derecho que decía: Esto es como en el caso del aborto, que la gente pone ejemplos extremos, o la mujer violada menor de edad o la abuelita que es muy
mayor-, yo no he encontrado todavía en ninguno de los supuestos sancionadores que me ha correspondido revisar -porque muchas de las sanciones en materia de orden público también le correspondían a la secretaría de Estado-, el caso del viandante que
dice que iba por allí y le pilló una manifestación y de repente le multaron. El que va a una manifestación lo hace porque va convocado o porque va a identificarse o porque va a ejercer su adhesión a determinado pensamiento o reivindicación que se
efectúa en ese ámbito, y lo que tiene que tener muy en cuenta es que si él hace un recto ejercicio de su derecho y libertad, un ejercicio proporcionad, muy bien; ahora, en la medida en que se emplea la violencia lo que tiene que hacer es
desmarcarse de los violentos. Nadie puede decir que es que de repente me pillaron con un cóctel molotov en la mano (Risas). Ha pasado en Barcelona, cuando de repente se encontraron a unos señores con una mochila con cócteles molotov y te cuentan
que ellos eran estudiantes de muy buenas notas. Es que no hay que engañar a la opinión pública, porque no es cierto. (Rumores). Se lo digo simplemente a título anecdótico, no quiero tampoco extrapolar ni generar la polémica. Pero seamos honestos
todos, las cosas son las que son y a los que se les multa por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito del orden público es porque hay indicios de que han cometido una infracción. Ellos tienen la posibilidad de alegación, de descargo y de
prueba, tanto en vía administrativa como en vía ante los tribunales. Si no están de acuerdo con la sanción administrativa la pueden recurrir a los tribunales, pero normalmente cuando en vía administrativa se presentan evidencias de que no se ha
participado en esos actos violentos, la autoridad gubernativa y el Ministerio del Interior no sancionan. Eso, simplemente se lo digo para que lo tenga usted en cuenta.
En cuanto a la falta de identificación de policías en determinados supuestos, nosotros frente a las conductas en concreto se trataba de un supuesto de penumbra jurídica por una mala interpretación del artículo 15 del Real Decreto 1484/1987,
sobre uniformes distintivos y armamento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Existe una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 13/2007, en la que se exige el uso del número de identificación personal. Nosotros hemos
recordado esta última normativa. Hemos recordado también que la forma de proceder respecto de los interrogatorios está claramente delimitada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hemos rectificado esa conducta. En cualquier caso, si se ha
procedido así ha sido por ignorancia que no por malicia, e incluso por una posible zona de penumbra jurídica que ha quedado ya clarificada, igual que ha quedado clarificado el tema de la circular 1/2010. En esta circular se señalaba cómo se tenían
que efectuar las identificaciones con respecto a extranjeros. Eso por
una mala praxis o simplemente por dejación ha producido determinados resultados. Nosotros los hemos rectificado con una nueva circular, la 2/2012, y eso no tiene que ser considerado objeto de menosprecio por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, cuanta más clarificación se arroje respecto de la norma mejor para ellos.
No sé si me estoy extendiendo en el tiempo, señor presidente, porque oigo por aquí algunos carraspeos. (El señor Márquez de la Rubia: No, es por el aire acondicionado).
El señor PRESIDENTE: No, la garganta se ve afectada por el aire acondicionado. Creo que el señor secretario de Estado puede llevar la exhaustividad hasta donde considere oportuno, pero también todo ejercicio de síntesis será bienvenido.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): En cuanto a las cuestiones que ha planteado el señor Esteban desde el punto de vista de la coordinación policial con la Vuelta Ciclista, es cierto que recibí al consejero Ares en mi
despacho, igual que recibo a toda persona que lo solicita; he recibido también a los sindicalistas de la minería, a Amnistía Internacional; recibo normalmente a toda persona que lo solicita y más siendo representantes institucionales de
comunidades autónomas y además creo que es mi obligación tratar de llegar a acuerdos. En este sentido, es cierto que el día 5 de junio de 2012 tuve una reunión a las 6 de la tarde con el consejero Ares, el viceconsejero y el jefe de la Ertzaintza
para intentar llegar a un acuerdo con respecto al tema de la Vuelta Ciclista. En ese momento alcanzamos un principio de acuerdo, pero también hablamos de otros problemas y aquí tengo la lista de asuntos que me dejó el consejero Ares, que están
siendo objeto de estudio por parte del gabinete técnico de coordinación para ver si podemos llegar a un acuerdo. También le digo que en ese momento llegamos a un principio de acuerdo sobre la forma en la que se iban a desarrollar las dos etapas que
son Oion-Arrate y Barakaldo-Valdezcaray. La de Oion-Arrate en principio es la que discurriría íntegramente por la Comunidad Autónoma vasca y la de Barakaldo-Valdezcaray sería una etapa que es de más de una comunidad autónoma. Y aquí también trato
de arrojar un poco de luz, cuando se trata -y esto es lo que discutí desde el punto de vista conceptual con el consejero Ares- de eventos que transcurren por más de una comunidad autónoma y son eventos de carácter supracomunitario, pero no solo eso,
sino eventos de carácter nacional que entrañan complejidad y donde intervienen varias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la famosa sentencia en la que Cataluña recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Espectáculos Deportivos del
Estado, se dejó muy claro que la dirección correspondía al Estado. Esta es una polémica que se me abre con muchas comunidades autónomas y es que se olvida que la coordinación superior, tanto por el artículo 42 de la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado como por parte de la jurisprudencia constitucional, corresponde al Estado. Así también se ha recordado en la sentencia del Estatut -y aprovecho para recordarlo-; en el fundamento jurídico 68 de la Sentencia 31/2010
se recordó que la dirección superior, cuando se trata de eventos de complejidad organizativa de ámbito supracomunitario y de carácter nacional, corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, nosotros tenemos que llegar a
acuerdos y tenemos que coordinarnos y, en ese sentido, nos coordinamos buenamente, como pudimos, en la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona; nos hubiera gustado que el centro de coordinación hubiese sido único, pero evidentemente las
instalaciones -aquí hago honor a la verdad- del centro de coordinación de Mossos d'Esquadra y la Consellería de Interior eran notablemente mejores que las nuestras, que las del Estado y por eso se llegó al acuerdo de que hubiera dos centros de
coordinación y una sola dirección por parte del consejero y del secretario de Estado. En la Vuelta Ciclista, igual. Nosotros estamos dispuestos a llegar a cualquier acuerdo. Hubo ese principio de acuerdo, pero lo que no entiendo es lo de después.
Es más, el acuerdo se matizó luego, porque el 19 de junio de 2012 el consejero Ares me llamó por teléfono y me dijo que había algunos problemas o reticencias porque la Vuelta no pasaba por Vitoria y, sin embargo, acababa en no sé qué puerto. Yo
incluso estuve dispuesto a ceder y cedí en determinadas cosas con tal de que se materializara el acuerdo, pero finalmente, el 22 de junio, se ha remitido una carta al ministro en la que se ha dicho que el acuerdo no es posible. No sé si esto tiene
que ser interpretado en el contexto de la precampaña o en el contexto de un desacuerdo generalizado en materia de seguridad, pero lo que sí quiero decir es que los ciudadanos -en este sentido coincido con el diputado señor Escobar- lo que quieren es
que se preste un servicio público; casi las camisetas les da lo mismo, lo que les importa es que se preste el servicio público. En materia de la Vuelta Ciclista lo que esperan es que lleguemos a un acuerdo. Yo sigo abierto a ese acuerdo, cuando
el consejero Ares lo quiera lo alcanzaremos; para entenderse solo hay que querer entenderse. Existió un principio de acuerdo el 5 de junio, se pusieron reparos o enmiendas desde el punto de vista técnico, en la llamada del 19 de junio volvimos a
cerrar el acuerdo y el día 22 es cuando se ha roto definitivamente ese acuerdo y estamos a la espera de lo que se nos diga. También es cierto que se nos ha convocado a una junta de seguridad donde se nos pone un calendario y, honestamente, no tengo
capacidad, con la agenda que manejo, de ajustar mi agenda a ese calendario. Voy a intentar llegar a un acuerdo con el consejero Ares para que, si se tiene que celebrar la junta, no sea en esos días porque esos días no tengo disponibilidad.
Se hablaba también de los acuerdos con México y Brasil. Aquí tengo la nota sobre la problemática del control de ciudadanos brasileños. Tanto con México
como con Brasil hemos hecho un esfuerzo muy grande, a sabiendas de que lo exigían las circunstancias. El total de ciudadanos brasileños rechazados que llevamos este año es de 380 y hemos llegado al acuerdo, con carácter generalizado, no
solo con México o Brasil, de que, en el caso de aquellos ciudadanos que vienen por más de noventa días y que, por tanto, requieren la carta de invitación, vamos a tratar de adaptar los requisitos de dicha carta a las circunstancias concretas en el
sentido de no ser escrupulosamente rigurosos como se estaba siendo hasta ahora, porque en la normativa de esa carta de invitación se decía que se podían exigir cualesquiera otros requisitos que sirvieran en derecho para acreditar el grado de arraigo
y la capacidad económica del receptor. Creemos que a lo mejor con un contrato de arrendamiento y una cuenta corriente puede ser suficiente e incluso se está planteando si con una tarjeta de crédito, en determinados supuestos, puede ser suficiente
como para acreditar solvencia o medios suficientes para la subsistencia en España. Vamos a tratar de no precipitarnos para evitar picarescas, pero sí hemos alcanzado un acuerdo con Brasil y con México para tratar de que sus ciudadanos no tengan que
padecer este enojoso trámite del rechazo en frontera que, como le digo, este año han sido únicamente 380 y en casi todos los supuestos por carecer de documento válido de viaje, por estar en posesión de documento falso, carecer de visado o permiso de
residencia, estar en posesión de visado o permiso caducado, haber permanecido más de tres meses en un periodo de seis en territorio de la Unión Europea o estar inscrito como no admisible en la base SIS de registro nacional.
No me quedan más cosas, salvo contestar al señor Jané.
El señor ESTEBAN BRAVO: Queda Schengen.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): ¿La final de fútbol?
El señor ESTEBAN BRAVO: No, no, Schengen. La final también. Quiere coger el avión. (Risas).
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): No sé si es que no me he expresado bien, pero en definitiva lo que nosotros tratamos de defender cuando votamos, tanto por la posición del Consejo respecto del mecanismo de
evaluación Schengen como por la posición de los Estados miembros respecto del restablecimiento de fronteras Schengen por crisis migratorias, era lo que entendemos que es competencia de los países y tratamos de ser respetuosos con los intereses de
las instituciones comunitarias, pero no podíamos acceder a lo que considerábamos que era un intento por parte de la Comisión de aumentar sus competencias; también siempre siendo respetuosos y no terciando en un conflicto que, en definitiva, es un
conflicto institucional que existe en el seno de la Unión Europea.
He tratado de englobar, a lo mejor no he contestado pormenorizadamente...
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado, aparte de que no tiene limitación de tiempo, tiene un último turno de cierre de la comparecencia, con lo cual si hay alguna cuestión de especial relevancia por parte de los portavoces
estoy seguro de que se lo harán notar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): Pues no sé si ceder la palabra a los portavoces y que me sugieran qué es lo que se ha quedado en el tintero. Yo tengo todavía las notas del señor Escobar; lo siento, señor Escobar,
no se sienta usted preterido, pero son las únicas que no he conseguido contestar.
En cuanto a la Ley de Protección Civil, sobre la que había preguntado el señor Jané, primero, es una competencia de la subsecretaría y, segundo, seremos muy cuidadosos y celosos del respeto de las competencias autonómicas que existen en la
materia a la hora de elaborar un proyecto normativo al respecto.
Por lo que se refiere a la seguridad en el estadio de fútbol del Athletic, por el que también ha preguntado el señor Esteban, sí le digo que algunas de las acumulaciones de tráfico fueron producto del propio funcionamiento, de la dinámica;
se trató de poner remedio lo más rápido posible, no todo el mundo estaba apercibido de que iba a haber un gran flujo de tráfico en concreto por la A-1. Y en cuanto a las multas por las banderas fuera de los vehículos, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no pueden más que multar, porque su compromiso es con el cumplimiento de la ley, y puede parecer una cuestión baladí, pero cuando se produce el desafortunado accidente de que alguna de esas banderas sale a otro vehículo y este
vehículo padece un accidente, es una circunstancia que incrementa el riesgo de accidentes y por eso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto la Guardia Civil de Tráfico, tiene la obligación de multar. Respecto al dispositivo en el
partido, hay un precedente, la muerte del aficionado Aitor Zabaleta, de la Real Sociedad, en concreto en los aledaños del Vicente Calderón, que es siempre un hecho luctuoso que tenemos muchos madrileños en la memoria y, por eso, el dispositivo se
adoptó con todas las cautelas y tratando de preservar la seguridad. Si en algún momento ha llegado a ser agobiante o no tuvo la suficiente divulgación la organización, yo lo único que puedo hacer es pedirle perdón, intentaremos la próxima vez
hacerlo mejor.
El señor PRESIDENTE: Tal y como anunciaba, el turno de réplica de los señores portavoces sería por un tiempo máximo -conozco la tendencia a confundir el concepto mínimo con máximo que existe en la utilización del Reglamento- de cinco
minutos, con los márgenes de tolerancia proporcionados. En primer lugar, tiene la palabra el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor secretario de Estado, por las aclaraciones que ha hecho a las peticiones que le he formulado. También quiero trasladarle que hasta donde nosotros sabemos en relación con este tema de la Vuelta
Ciclista, lo que hay es una disposición absoluta del consejero a llegar a un acuerdo, pero también es cierto que en su entendimiento no ha existido un acuerdo definitivo hasta ahora. Sí ha habido conversaciones, sí espera que en la junta de
seguridad se pueda llegar a él, pero dentro de la defensa de las competencias de la Policía autónoma vasca, indicando que ya ha habido precedentes en otras ocasiones de llegar a acuerdos, y con ese ánimo y ese espíritu se está por parte del
consejero de Interior del Gobierno vasco.
Dicho esto, le traslado algunas cuestiones. Ha empezado usted hablando del Greco. En relación con la supresión de este tipo de unidades, me remito a dos informaciones periodísticas, que es por lo que yo traigo aquí esto: 5 de febrero de
2012, Diario de Ibiza, y 21 de enero de 2012: El Ministerio estudia aplicar recortes en el Greco en zonas conflictivas, como estamos hablando, de la costa mediterránea y Baleares. Por tanto, ahí tiene algunas informaciones que dan lugar a la
petición que nosotros le hacemos.
En cuanto a la transparencia, le señalaría una cuestión: bien en las cosas que se están haciendo bien. Por cierto, a ver si en el próximo periodo de sesiones no tenemos que convertir en orales preguntas escritas porque no se contestan en
plazo, esto también aumenta la transparencia. Quiero hacerle también otra pregunta -esto no se lo dije antes pero se lo digo ahora-: usted, como responsable que es de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿cómo valora que haya una amnistía
fiscal por su Gobierno? ¿Cree que anima a los que luchan contra el blanqueo de dinero o a los que luchan contra la criminalidad organizada que se produzcan actuaciones de amnistía fiscal? Yo creo que eso no anima mucho, pero a lo mejor usted, que
está en contacto con las unidades, puede darnos una respuesta distinta. Yo creo que desmotiva.
Quisiera también trasladarle algunas peticiones concretas. ¿Está en disposición de comprometerse a decirnos cuándo van a estar en las Cortes o cuándo va a estar el anteproyecto en relación con la Ley de Régimen de Personal del Cuerpo
Nacional de Policía y la Ley Orgánica de Derechos y Deberes del Cuerpo Nacional de Policía, así como la que ha anunciado usted en relación con la Guardia Civil?
Privatización de las cárceles. Nosotros hablábamos de la privatización del perímetro exterior de la seguridad de las cárceles, que es en lo que devino el acuerdo en relación con la proposición de ley que trajo aquí a la Comisión
Convergència i Unió. Nosotros sí entendemos que este puede ser un ejemplo paradigmático de lo que se tiene que entender como una función clásica de la seguridad encomendada a los funcionarios públicos y, por lo tanto, ahí sí que para nosotros
existe un choque. No entenderíamos bien que el quebrantamiento de la condena en el primer anillo tuviera que ver con la Policía o con la Guardia Civil y en el segundo anillo sí pudieran llevar a cabo la eliminación de ese quebrantamiento unos
vigilantes de seguridad privada.
Sobre el tema de la demagogia o no, yo consultaba ahora una información que aparecía en julio de 2003, y decía: La cárcel de Estremera será una pequeña ciudad vallada y vigilada. Daba cuenta de esta información en el año 2003 alguien que a
usted le sonará. Era la subsecretaria del Ministerio de Interior, doña María Dolores de Cospedal, y mire lo que decía, es curioso: Para llevar a cabo todas estas actividades el centro cuenta con un pabellón polideportivo y sociocultural. En él se
halla ubicado un salón de actos con capacidad para 234 personas, dos gimnasios, una piscina y un polideportivo; eso lo decía la señora De Cospedal haciendo propaganda de lo que iba a hacer en un centro penitenciario. Por tanto, yo creo que en la
realidad cuando se llega otra vez al Gobierno hay que tener siempre cuidado con estas cosas porque a veces las carga el diablo.
Le indicaría también alguna otra cuestión que tiene que ver con algo que usted también ha dicho: modificar la Ley de Seguridad Privada. Sí, es aquello que se acordó, pero los límites están en nuestra proposición no de ley, ahí están los
límites que nosotros indicamos en relación con ello. Además, el posible cobro o, en alguna forma, la tasa-precio público habrá que perfilarlo, pero por ejemplo en relación con los espectáculos deportivos nosotros tenemos una predisposición a
estudiarlo con ustedes, porque creemos que lo que ustedes dicen tiene un punto de razón; ahora, estamos a expensas de que eso se concrete más. A veces la percepción es la que recogen los medios que genera la opinión pública, y en relación con el
Consejo de Ministros de Justicia e Interior, mire la visión que daba un editorial de un medio de comunicación. Dice: La Comisión Europea intentaba mantener el control sobre el mecanismo de suspensión del tratado pero los gobiernos nacionales le
han dado un bofetón, no menor del que cree haber recibido el Parlamento Europeo, cuyo presidente, Martin Schulz, protesta contra el cuestionamiento de un pilar de la Unión Europea.
Señor secretario de Estado, le agradezco en este último turno sus respuestas, y le emplazo, si le parece, a que pueda venir a contestar las preguntas orales que hay, porque desde luego hemos quedado muy satisfechos de las informaciones que
nos ha trasladado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz, por su colaboración también a la hora de permitir que algunos de los señores diputados que tienen mayores problemas de tiempo puedan verlos resueltos.
Señor Sixto, cuando guste.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo telegráficamente y pidiendo disculpas por la terrible descortesía de ausentarme inmediatamente acabe mi intervención. Simplemente quiero puntualizar unas poquitas cosas.
Primero, respecto a la polémica de la bandera, no se ha eliminado ninguna bandera oficial colgada en ningún ayuntamiento; simplemente se ha colgado otra bandera, como se puede colgar la bandera de un equipo de fútbol o cualquier otra cosa.
Faltaría más que se limitase la libertad de expresión de los ayuntamientos. Esperamos que desde el ministerio no se continúe con ese tema.
Quiero hacer una apreciación muy concreta respecto a las intervenciones policiales en manifestaciones. Su intervención ha quedado casi limitada al derecho de paso en las manifestaciones. El derecho de paso en manifestaciones, procesiones y
actividades en la vía pública es algo mucho más complicado. Espero un tratamiento mucho más acurado, más delicado por parte del ministerio en este tema.
Respecto a las multas por actividades en manifestaciones, no se trata de ningún hecho punible y le pongo un ejemplo muy claro: el día del juicio al juez Garzón ante el Tribunal Supremo. Es un espacio donde no se circula, es un espacio
peatonal, no se impidió el acceso a nadie, no se alteró el orden público, no hubo ningún problema; sin embargo, se sancionó a personas que estaban allí, manifestándose tranquilamente, protestando sin alterar el orden público ni dañar el derecho de
paso de nadie. Además, cuando este grupo parlamentario dirigió una carta a la delegada del Gobierno rogándole que eliminase esas multas, nos contestó de una forma un tanto peculiar que no voy a repetir.
Para terminar, respecto a las tasas por las actuaciones policiales en el futbol, la privatización de actividades penitenciarias o la vigilancia exterior en centros penitenciarios, le anuncio que nuestro grupo no se va a posicionar
favorablemente a ese tipo de iniciativas porque nos parece un camino, una pendiente muy peligrosa, dado que hoy se cobraría a los equipos de fútbol por la actuación de la policía y mañana se acabaría cobrándonos una tasa por el hecho de descolgar el
teléfono para llamar a la policía. Es un camino muy complicado. Entendemos que con los impuestos se tiene que pagar eso, y el que más tiene más tiene que pagar.
El señor PRESIDENTE: No se encuentra presente ninguno de los representantes del Grupo Mixto y veo que tampoco el señor Cantó nos acompaña en este momento, con lo cual tendría la palabra, si desea hacer uso de la misma, el señor Esteban por
parte del Grupo Vasco.
El señor ESTEBAN BRAVO: Utilizaré medio minuto, simplemente para agradecer las explicaciones al señor Ulloa. Hemos tenido confirmación de que efectivamente se había alcanzado entre el Gobierno vasco y el ministerio un acuerdo el día 5 de
junio. Personalmente, no veo, para la aplicación de la sentencia 31/2010, qué complejidad organizativa tiene el evento concreto sobre el que estábamos debatiendo. En cualquier caso, de este tema y de otros ya habrá ocasiones, momentos y comisiones
como para hablar, debatir, discutir e incluso acordar.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Convergència i Unió, el señor Guillaumes tiene la palabra.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, secretario, por sus respuestas. Intervengo muy brevemente porque algunos de los temas que ha sacado el señor Jané luego han sido debatidos.
En cuanto al tema de la seguridad privada en prisiones, no intentaré establecer diálogo con otros grupos porque no es ni la hora ni la manera ni el lugar, pero sí comentaré alguna de las apreciaciones que ha hecho el secretario. Parece que
su principal preocupación es la presunción de veracidad de todo lo que corresponde a funcionario público, que efectivamente no está dentro de las competencias de un agente de seguridad. En todo lo que es control de perímetro, en la práctica no hay
problema, porque se graba todo; por tanto, no habría un problema de presunción de veracidad de funcionario público por motivos puramente físicos. Además, en Cataluña los profesores, los maestros han sido declarados, como debe de saber, agentes de
la autoridad, precisamente para que tengan presunción de veracidad cuando hay problemas. En el mismo sentido -no sé si es matar mosquitos a cañonazos- y le insisto en que seguramente no hace falta porque los perímetros exteriores ahora están todos
controlados por cámaras que lo graban absolutamente todo, pero, llegado el caso, también tendría sentido declarar agente de la autoridad al personal que ejerciera esta función. Si se rompe el primer anillo, ¿qué pasa? Si se rompe el primer anillo,
continúa siendo el interior de un establecimiento público una prisión. Se entiende que dentro de una zona que no sea dominio público sino un establecimiento privado o algo que pueda ser contratado, es perfectamente posible el ejercicio de la
vigilancia privada, ya que no se está ejerciendo en el exterior, por decirlo de alguna manera, en sitios de dominio público, sino en el interior de un establecimiento.
En el tema de las policías locales, lo mismo que le ha dicho el señor Jané en cuanto a la protección civil. Hay una fuerte tradición en muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, de ejercer fuertemente la competencia de
coordinación de policías locales a todos los niveles -formación, uniformes, material, información-, de manera que aquí tendríamos una cierta prevención competencial, atendiendo a que además es una de las llamadas -y con esto termino- competencias
bocadillo: por debajo están los ayuntamientos, por arriba la Administración del Estado, y es muy fácil laminarla hasta que quede en la medida del jamón en dulce de este que venden ahora súper. Eso sería un cierto problema, sobre todo cuando hay
una tradición, repito, de que es una competencia que se ha ejercido. Puestos a explicarlo, yo soy funcionario de carrera de coordinación de policías locales en Cataluña y es una función que las comuni
dades autónomas ejercen y que va bien. Cualquier aparición legislativa en este aspecto tendría que ser muy cuidadosa con las competencias de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Finalmente tiene la palabra el señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muy rápidamente, señor presidente. Lo primero es agradecer al secretario de Estado lo minucioso, detallado y extenso de las explicaciones. Por parte del Grupo Popular -no sé si como preterido, como preferido o
en todo caso como modesto portavoz del Grupo Popular- le felicito por la labor que está haciendo y sobre todo por la interesante y apasionante tarea que tiene por delante, en la que, insisto, cuenta con el respaldo de nuestro grupo.
Respecto a lo que aquí se ha dicho, cuatro pinceladas rápidamente. Primero, en lo tocante al derecho de manifestación, a la convivencia ciudadana, yo simplemente quiero poner de manifiesto en esta Comisión tres ejemplos en los que la
postura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido absolutamente ejemplar de cara al interés que estaba en juego, que era el de la convivencia y garantizar el derecho de manifestación. Me estoy refiriendo a los episodios en torno al
15-M, a los acontecimientos con ocasión de la celebración de la reunión del Fondo Monetario Internacional en Barcelona y a las manifestaciones que jalonaron la pasada huelga general. En todos ellos hubo manifestaciones que se celebraron
pacíficamente y que convivieron pacíficamente con la libertad de circulación del resto de los ciudadanos. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo administrar adecuadamente la pretendida colisión de los bienes jurídicos en juego. Luego manifestación
sí, violencia no. Ese es el mensaje.
En tercer lugar, se ha comentado aquí -y yo no quisiera pasarlo por alto para defender una vez más la excelente profesionalidad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil- que aquí no hay paranoias policiales, lo que hay es una ejemplar
labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están, dicho sea de paso, excelentemente dirigidas, y lo destaco, por el director de la Policía Nacional y por el director de la Guardia Civil.
Una última referencia al juego de las competencias que ha ocupado gran parte del debate. Aquí cada uno tiene que hacer lo que le toca. Cada Administración tiene que hacer bien lo que le toca. La pertenencia a la Unión Europea, que yo
sepa, le corresponde a un país, en este caso a España. Corríjame si no es así. Yo creo que esto es el abecé del derecho internacional y del derecho constitucional. En segundo lugar, hay competencias que, como usted muy bien ha explicado, le
corresponden inequívoca y casi exclusivamente, me atrevería a decir, al Estado -usted ha puesto un ejemplo palmario-, y hay una serie de competencias que pueden tener una vocación compartida pero que recaen -y algo sé del tema- en el ámbito de la
comunidad autónoma. Es decir, todo lo que afecta a la protección civil, por ejemplo, recae en las comunidades autónomas. Luego aquí, con que cada uno hagamos bien el papel, la función y la competencia que nos corresponde todo irá mejor. Si lo
hacemos además en estrecha colaboración y en cooperación, de acuerdo con la buena disposición que usted acaba de expresar en esta Comisión, creo que la seguridad ciudadana se a ver beneficiada.
Una última referencia a mi siempre admirado portavoz socialista, en esto de los gastos y de los gastos suntuarios no sé si el Partido Socialista es el más indicado para reiterar episodios anteriores ni para dar lecciones, con todos mis
respetos. Creo que el secretario de Estado ha expuesto, además con una forma absolutamente exquisita, que no parece razonable que tengamos prisiones de esa magnitud y que además tengamos, desafortunadamente, la incapacidad, porque no se previó en
su momento por parte de la gestión anterior, de poder atender con funcionarios públicos esas prisiones. Luego, la lógica, la eficacia, sin merma de la función natural que le corresponde al sistema penitenciario, aconseja lo que usted acaba de
exponer con muy bien criterio. A partir de ahí, ningún otro elemento más para la polémica o para la fricción, sino expresar una vez más nuestra buena disposición a trabajar en las tareas parlamentarias que, por lo que aquí ha expuesto, van a ser
suficientemente intensas.
El señor PRESIDENTE: Tiene finalmente la palabra para cumplir con este trámite.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): Solamente a efectos de contestar al señor Escobar, que antes ha quedado preterido.
En el tema del gasto suntuario, y así también contesto al señor Muñoz, aquí el problema no es solo proveer, sino que hay cosas que no casan. Si la tasa de criminalidad estaba bajando, ¿por qué se hacían más centros penitenciarios? ¿No se
planificó o no se controlaba la planificación? Cuando se hacían los centros penitenciarios, igual que ahora nosotros tenemos que hacer modificados a la baja, ¿por qué no se hicieron anteriormente, cuando se hacían incluso al alza y se mejoraban los
elementos del establecimiento penitenciario? Esa es la gran cuestión que también al ser una política de Estado la construcción de prisiones nos tenemos que plantear. La próxima vez que esto se haga con previsión, pero más allá de por qué ha
sucedido ahora, nosotros lo que tenemos clarísimo es que cara a la planificación de futuros centros de momento vamos a dejar los proyectos que hay, los que están licitados así quedan porque no hay compromiso de ejecución, los que se están ejecutando
intentaremos buscar la articulación jurídico-legal para tratar de ir cumpliendo, en la medida que sean asumibles. Desde luego, no vamos a hacer más proyectos porque si no se está incrementando la población penitenciaria, y toco madera para que así
continúe -bueno, no toco madera, confío en el buen funcionamiento de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y los funcionarios de Instituciones Penitenciarias- esto hay que hacerlo con concierto y con sentido, porque si no es un dislate. El tema de los funcionarios y el tema de las piscinas son ya casi lo
anecdótico, lo que es ingobernable y difícil de gestionar son unas infraestructuras muy grandes que no las puedes cubrir. En el caso de Pamplona sí vamos poder porque la cárcel anterior estaba muy deteriorada, pero hay determinadas cosas que
también tenemos que hacer de mutuo acuerdo y tiene que ser una política de Estado porque no se pueden construir prisiones sin una planificación o una justificación de los motivos que llevan a esa planificación en un sentido magnánimo.
No puedo estar tampoco más de acuerdo con la máxima de cada uno a lo suyo en el ámbito competencial. En cuanto a la Unión Europea, también así enlazo con un tema que he dejado en el tintero con respecto a los planteamientos tanto del señor
Esteban como del Guillaumes y antes el señor Jané, la representación ante la Unión Europea le corresponde a España, a Euskadi le corresponderá en el Comité de las Regiones. Nosotros podemos llevar a representantes de las comunidades autónomas
acompañando al representante español porque nos hemos comprometido en el Estatut de Cataluña. (El señor Esteban Bravo: ¿Por qué va Baviera representando a Alemania?) Pero es un modelo federal, no tiene nada que ver el modelo federal de Alemania
no es el modelo de la Constitución. (El señor Esteban Bravo: Sería un gesto).
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, conduzca el debate a través de la Presidencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): Insisto, son modelos distintos al modelo constitucional de la Constitución de 1978. Ahora, si reformamos la Constitución para atribuir a las comunidades autónomas representación
como sujeto de derecho internacional -como decía bien el señor Escobar- encantados. Creo que hemos llegado bastante lejos dándoles las conexiones que tienen y la transmisión de información por razón de la eficacia en la coordinación y en la
efectividad. Ahora, pretender hacer un alarde y que al final vaya el representante autonómico en lugar del representante estatal a las reuniones de los consejos de la Unión Europea no es viable con el ordenamiento jurídico actual.
En la actuación ejemplar con el tema de la libertad de manifestación, me gustaría volver a insistir, sin ánimo de ser reiterativo. Todo lo que sea el libre ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
ideológicos, de reunión, de manifestación, de asociación, libertad de expresión, perfecto, pero con una clara delimitación: el respeto a los derechos de los demás, el respeto a las personas y a los bienes ajenos y la utilización de esos derechos
por vía pacífica. Todo lo que sea violento, es el compromiso y el sentido del constituyente, la violencia no se puede tolerar.
En cuanto al señor Guillaumes, sobre la seguridad privada no dude que somos muy conscientes de que la Generalitat tiene competencias, está atribuido el carácter de agente de la autoridad a los vigilantes de seguridad en ferrocarriles de la
Generalitat. Sin embargo, tampoco hay que tratar de extralimitar porque el concepto de agentes de autoridad es por la delegación del poder que se ejerce. Este es un criterio que tenemos que tener claro. En cuanto a los establecimientos
penitenciarios, estamos analizando cuáles son los ámbitos en los que se podría prestar ese servicio de seguridad privada sin que afecten a la seguridad ni al ejercicio de las potestades del Estado. En las policías locales somos muy conscientes de
esa competencia bocadillo que decía usted.
En cuanto al tema de la vuelta, contestando al señor Esteban, usted no ve la complejidad organizativa. Sí que la hay, aunque solo sea que si se extrapola el paradigma que quiere hacer Euskadi de que ellos gestionan toda la vuelta cuando
pasa por Euskadi, pues cuando pasa por Móstoles, lo gestionaría la policía local y por Parla, también. (El señor Esteban Bravo: No compare a la Ertzantza con una policía local).
El señor PRESIDENTE: Permítame que no dude de los altos conocimientos de derecho constitucional de todos los miembros de esta comisión, pero ese no es el objeto del debate.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Ulloa Rubio): Lo que quiero decir es que también tenemos el mismo problema con Mossos. En definitiva, trasladamos un problema al organizador de la vuelta. Los ciudadanos, y esto el consejero
Ares lo comparte, lo que están esperando de nosotros es que gestionemos esto con sentido común.
Al señor Sixto, insistir en el tema de las banderas que se pueden colgar. La libertad de expresión está por un lado, pero las banderas que se pueden colgar son las que marca la ley. El derecho de paso es uno de los derechos en juego, pero
hay otros derechos como el riesgo para las personas o los bienes que se han visto afectados en muchas de las manifestaciones. Ahí es donde les corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado defender esos derechos concurrentes y no han
sido considerados. En cuanto a las multas, una manifestación ante el Tribunal Supremo podría ser constitutiva de delito. Igual que una manifestación delante de la sede de las Cortes cuando están reunidas. La libertad de expresión tiene un límite
que viene marcado por la ley y ulteriormente por el Código Penal, con lo cual las multas vienen como consecuencia del traspaso de esos límites. En cuanto al tema del fútbol no esperaba tampoco un gran apoyo, pero la colectividad lo va a agradecer
en la medida en que se van a bajar los costes del servicio. En definitiva, esto repercute en los ciudadanos porque tienen que contribuir también en menor medida y lo van agradecer.
Volviendo al señor Muñoz, sobre el tema de espectáculos deportivos veo que tenemos un principio de acuerdo y que podemos llegar a formular una buena tasa, si es que la articulamos como tasa. Incluso nos pondremos en contacto para ver cómo
podemos poner el cascabel al gato. En cuanto al tema de las cárceles, la manifestación que hizo usted a la subsecretaria de Interior en el año 2003, ese era el paradigma de un centro tipo. Nosotros, dada la coyuntura, nos vamos a tener que
replantear, y enlazo con lo que ya le he dicho, determinados elementos, no sobre la planificación sino sobre los contenidos de los centros tipos, siempre con respeto a la ley. En cuanto a la Ley de personal y la Ley orgánica del Cuerpo Nacional de
Policía y la Ley de la Guardia Civil están ya en la Secretaría General Técnica del Ministerio. Por lo tanto el proyecto de ley estará confeccionado en próximas fechas.
Me preguntaba usted qué piensan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la amnistía fiscal. Se preocupan cuando hay delitos pero no cuando son infracciones administrativas que me parece que es hacia lo que va encauzada la
amnistía fiscal. Si hubiera delito no hay posible facultad por parte del poder público de conceder la amnistía fiscal. Es decir, no es propiamente una amnistía penal sino una amnistía administrativa.
En cuanto a la transparencia, aquí me tendrán ustedes siempre que me lo requieran porque creo que es el deber de cualquier cargo público que asume unas responsabilidades públicas y más como las que yo tengo el honor y el placer de estar
ejerciendo ahora. Siempre que ustedes me lo requieran yo vendré aquí porque creo que es mi obligación para dar cuenta a los representantes de la soberanía del pueblo.
En cualquier caso deseo no haberles aburrido en demasía. Espero tener otra ocasión para volvernos a ver y les agradezco que esta tarde me hayan soportado con paciencia.
El señor PRESIDENTE: Quiero informar también a los portavoces de que se han recogido por parte de la letrada las observaciones formuladas al reglamento de centros de estancia temporal. Se abre un periodo de gracia hasta...
El señor ESTEBAN BRAVO: Era hasta final de junio, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Hasta San Pedro. La fecha es inequívoca, era San Pedro que son las fiestas de Burgos, no tengo ninguna duda.
El señor ESTEBAN BRAVO: Mañana llegarán.
El señor PRESIDENTE: No tengo ninguna duda. No obstante, estoy seguro de que la señora letrada sabrá armonizar esto.
Naturalmente no quiero despedirme sin antes agradecer el trabajo de todas las personas que nos auxilian, especialmente de taquígrafos y estenotipistas y las personas que llevan el control de sonido, así como los ujieres. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.