CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 126

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK

Sesión núm. 5

celebrada el martes,

19 de junio de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Administraciones Públicas (Beteta Barreda), para:


- Explicar las líneas generales de actuación del departamento, a lo largo de la legislatura, en el ámbito de sus responsabilidades. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000391). ... (Página2)


- Informar sobre los planes de actuación y objetivos de las políticas del área de su competencia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000011). ... (Página2)

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- Que informe sobre el cumplimiento de las previsiones de los reales decretos-leyes 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para
el pago a los proveedores de las entidades locales y 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000340). ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Informar sobre las líneas generales de la política del ministerio, en el ámbito de sus competencias. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000413). ... (Página2)


Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene por objeto dar curso a la comparecencia del secretario de Estado de Administraciones Públicas. Les recuerdo a todos los
miembros de esta Comisión que acumulamos en esta comparecencia cuatro peticiones: la que había pedido el Gobierno así como las que había pedido el Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre los planes de actuación y objetivos de políticas
de esta área, y otra específicamente para hablar de las previsiones de los Reales Decretos-leyes 4/2012 y 7/2012 de pagos a proveedores, y una última del Partido Popular sobre las líneas generales de la política del ministerio. Tratamos
acumuladamente estas cuatro comparecencias.


En cuanto al orden del debate, como es natural, en primer lugar hablará el secretario de Estado el tiempo que considere oportuno, y luego intervendrán los grupos parlamentarios de mayor a menor, cerrando el Grupo Parlamentario Popular en
último lugar, por un tiempo de diez minutos cada uno como máximo. Algún grupo ha planteado la posibilidad de repartir tiempos entre dos portavoces, dada la amplitud de las materias que trata esta secretaría de Estado, y por supuesto aquellos grupos
que así lo deseen, siempre que no excedan del tiempo total asignado a cada una de las intervenciones, podrán distribuirlo entre dos portavoces.


Tiene la palabra el compareciente, agradeciéndole su presencia hoy ante esta Comisión.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Muchas gracias, señor presidente, señorías. Comparezco ante esta Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas a petición propia y también a petición de los
grupos parlamentarios, como ha indicado antes el señor presidente, con el objetivo de desgranar las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de la que soy titular, Administraciones Públicas.


Hace ya casi seis meses desde que fui nombrado secretario de Estado y creo que es un buen momento para hacer un doble ejercicio: un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran nuestras administraciones públicas y un breve balance
de las políticas que, pese al corto lapso de tiempo transcurrido, ya hemos puesto en marcha. Como saben, consecuencia del reiterado compromiso expresado por el presidente del Gobierno, se procedió a una acusada reducción en la estructura
gubernamental consecuencia de la cual la anterior vicepresidencia del Gobierno para Política Territorial y Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, con sus dos Secretarías de Estado, Función Pública y Cooperación Territorial,
pasaron a conformar la actual Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. De la lectura del real decreto de estructura del departamento ministerial habrán podido observar no obstante que las competencias de la secretaría de Estado se amplían
al integrar a las subdirecciones generales que con anterioridad dependían de la Secretaría de Estados de Presupuestos y Hacienda, relativas a la financiación autonómica y local, por lo que con una estructura administrativa mucho más reducida pasamos
a desarrollar más competencias, y competencias que resultan ser esencialmente trascendentes en la actual situación. Pese a ello, o más bien gracias ello, hemos sido capaces de demostrar que podemos hacer más con menos; en suma, ganar eficiencia.
En este sentido, como bien saben, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas es competente sobre un completo y complejo abanico de materias, como la Función pública, dentro de la cual están los importantes aspectos de la formación de los
empleados públicos, el INAP, y su protección a través de la Muface; la financiación y el seguimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas y las entidades locales; los aspectos competenciales de las relaciones
de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas y las entidades

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locales; pero también la racionalización y modernización de las estructuras administrativas de la Administración General del Estado; la Administración electrónica; la reducción y simplificación de cargas administrativas y la
Administración periférica. Además somos conpetentes en lo referente al impulso y coordinación de la Conferencia de Presidentes, cuando proceda, y también del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local,
competencias que -creo que sus señorías coincidirán conmigo- son todas de amplísimo y gran calado.


Señorías, en lo referente a esta comparecencia y su contenido me centraré no solo en los problemas de las áreas de mi competencia, sino sobre todo y por encima en las soluciones que pretendo llevar a cabo para resolverlos. Señorías,
necesitamos transmitir mensajes que generen ilusiones, pero ilusiones reales, ilusiones que vayan en la dirección de prestar a nuestros ciudadanos futuro y prosperidad, no solo simples esperanzas, proyectos tangibles que afecten a la vida cotidiana
de los trabajadores y de sus familias, ya que de la eficacia y de la eficiencia de las administraciones públicas, que con los impuestos pagamos todos los ciudadanos, mucho podemos hacer para conseguirlo. Señorías, entrando en materia -como señalaba
al inicio de mi intervención-, hay dos ejes fundamentales y un breve balance. En cuanto a las líneas generales el objetivo fundamental que sirve de soporte intelectual y construcción normativa del amplio abanico de medidas es la reforma de la
Administración pública española. La reforma se ha convertido en una necesidad inexcusable y en un elemento fundamental del proceso de reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno, como así señalaron tanto el presidente del Gobierno
en su discurso de investidura como el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en su comparecencia ante esta Comisión.


Esta reforma parte de un doble análisis: uno de oportunidad y otro de convicción. El primero, por la gravísima coyuntura económica en la que nos encontramos inmersos, y el segundo, por la convicción de que una administración nueva,
cimentada sobre lo mejor de la preexistente pero remozada conforme al siglo XXI, servirá de auténtico catalizador de las reformas que se van a emprender en nuestro país. Necesitamos una Administración nueva para afrontar nuevos retos; los desafíos
del futuro no se resuelven con soluciones del pasado. Hemos de partir de una premisa que, lejos de ser un hándicap, nos va a permitir afrontar el reto de la reforma administrativa desde una perspectiva, si me permiten, más imaginativa; la premisa
es la austeridad.


Si queremos ser de verdad competitivos uno de los elementos para tal fin es disponer de unas administraciones públicas austeras, unas administraciones públicas centradas en la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos, unas
administraciones públicas transparentes, unas administraciones públicas racionales, y en definitiva unas administraciones públicas eficaces. Se trata, señorías, de no gastar más de lo que se tiene; se trata, señorías, de pagar lo que se debe, y se
trata, señorías, de priorizar para atender lo esencial; principios que aplican nuestras familias y nuestras empresas, principios que lo son también -y lo han de ser aún más- de todas nuestras administraciones públicas ya que debemos dar ejemplo al
conjunto de la sociedad. Por eso una de las primeras medidas del Gobierno consistió en un descenso sustancial del número de altos cargos y personal directivo, que ha tenido como resultado la reducción de 43 altos cargos, el 18,22%, con un ahorro de
casi 5 millones de euros, en concreto 4.889.554,25 euros, habiendo pasado el número de altos cargos de 236 personas a 193, siendo el mayor recorte en el número de directores generales, que desciende un 22,8%, 34 directores generales y asimilados
menos.


En lo que respecta al personal directivo se han reducido 45 subdirecciones generales, el 5,81%, con un ahorro total de 618.876,95 euros. Hay que tener en cuenta que este personal es única y exclusivamente funcionario, por lo cual la
reducción vía supresión de subdirecciones generales conlleva solo el ahorro del complemento específico de subdirector general, no la totalidad del sueldo que obviamente se les sigue abonando. En consecuencia hasta el momento se han reducido 88
altos cargos y subdirecciones generales, con ese ahorro total de 5.508.431,2 euros, una cantidad significativa y reveladora de otra forma de hacer las cosas, que es posible y al mismo tiempo necesaria. Pero sobre todo supone un mensaje para los
ciudadanos: si queremos pedir austeridad, tenemos que ser los primeros en aplicarla. Además, señorías, se puso en marcha el Plan de racionalización el sector público empresarial y fundacional, que ha afectado a casi un tercio de las sociedades
mercantiles estatales, siendo 80 el número de sociedades en las que se producirá la supresión, desinversión o agilización en la liquidación, lo que conlleva entre otras medidas la eliminación de 154 puestos de consejero, con un ahorro de más de un
millón de euros, en concreto 1.083.998 euros al año. Importantes medidas, señorías, en suma, que han sido y seguirán siendo complementadas con otras para hacer de la austeridad no una necesidad, sino algo lógico y consustancial en la acción
política en la gestión administrativa.


Señorías, las administraciones son sin ningún género de duda las garantes del actual nivel de bienestar que disfrutamos los españoles. Sin embargo el buen funcionamiento de las mismas sigue siendo un reto de un país como España, por dos
motivos: por una parte, el hecho de que vivimos en un país fuertemente descentralizado, lo que sin duda nos permite un mayor acercamiento de la gestión de los servicios públicos a los ciudadanos y un mejor encaje de todas las sensibilidades, pero
que requiere al tiempo un esfuerzo adicional en materia de coordinación y cooperación para asegurar que el modelo funcione, tal y como desean los ciudadanos. Por otro lado, ya desde hace unos años las administraciones públicas sufren en primera
línea la situación de crisis económica que atraviesa el país, puesto que deben

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prestar servicios a los ciudadanos, y servicios de calidad, y a la vez se están enfrentando con severas restricciones presupuestarias. Esto supone que hacer más con menos pase de considerarse una buena intención a convertirse en una
necesidad acuciante para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar. Pues bien, para hacer frente a estos retos el Gobierno está dispuesto a emprender una serie de cambios en el ámbito de las administraciones públicas, para que
estas sean capaces de jugar un papel protagonista en la salida de la crisis, pero siempre desde el diálogo y la plena colaboración interadministrativa y política. El objetivo, que no puede verse pervertido por la gravedad de las circunstancias,
sino que estas aún más tienen que consistir en un impulso, no nos tiene que hacer caer como otras tantas veces en aquel axioma lampedusiano: cambiar todo para que todo siga igual. Lo he dicho algunas veces y así lo seguiré diciendo: nada será
como antes, porque es cierto que el mundo ha dado un giro de 360º y no podemos pretender seguir utilizando los paradigmas de antes.


Esta gran reforma pues se tiene que articular en torno a dos objetivos: en primer lugar y dada la actual coyuntura económica y presupuestaria, el objetivo del departamento es garantizar la sostenibilidad y suficiencia financiera de las
administraciones públicas, asegurando el cumplimiento por todas del principio de estabilidad presupuestaria; y en segundo lugar, es nuestra intención llevar a cabo las reformas que sean precisas para mejorar nuestro modelo de administraciones
públicas, de modo que estas dentro de un esquema territorial racional presenten y presten sus servicios de manera transparente y eficaz, con una eficiente gestión del gasto público. Para conseguirlo, señorías, se debe actuar, en primer lugar, desde
la perspectiva económico-financiera, el objetivo es garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Para ello, señorías, como bien conocen, está la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera, la primera ley promovida por este Gobierno y me atrevo a decir que por su trascendencia será la más importante de la legislatura y va a contribuir de forma capital, ya que contiene tres objetivos básicos: primero,
garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones públicas; segundo, fortalecer la confianza y la estabilidad en la economía española, y tercero, reforzar los compromisos de España con la Unión Europea. Una ley orgánica, señorías que como
saben da cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 135 de nuestra Constitución, reformado en agosto pasado, con el amplísimo consenso de las dos fuerzas políticas mayoritarias, y que impone el principio de estabilidad
presupuestaria y la sostenibilidad financiera como ejes de actuación primordial para todas las administraciones públicas. En desarrollo de tal principio la ley establece el objetivo de equilibrio presupuestario o superávit y el tope del 60% del PIB
como límite de deuda, salvo situaciones excepcionales para todas las administraciones públicas. Pues bien, para coadyuvar a lo anterior se establece un techo de gasto a aprobar por cada Administración, pero con una regla de gasto común conforme al
derecho comunitario. En el caso de incumplimiento de estos objetivos: límites y techo de gasto, se establecen las pertinentes actuaciones con la gradualidad precisa, y en todo caso, señorías, se tendrán en cuenta las valoraciones de la deuda
alcanzada por cada Administración en el periodo anterior. Por eso resulta primordial que el sistema de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria sea acorde con la realidad de la economía española y su evolución, empleando cuadros
macroeconómicos ciertos que eviten desviaciones injustificadas del déficit que, de seguir así, resultarían inasumibles para el correcto funcionamiento en nuestro Estado complejo. Pero ello no obsta para que se introduzcan al tiempo incentivos que
mejoren la situación de las comunidades autónomas, incentivos que mejoren la situación de nuestras entidades locales, incentivos que contribuyan y faciliten el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.


Señorías, los resultados de la ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional del primer trimestre han sido altamente positivos; vamos en la dirección correcta para lograr el cumplimiento de los objetivos fijados en el último
e importantísimo Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas. Es imprescindible pues adoptar todas las medidas para garantizar el cumplimiento del déficit del 1,5% acordado con las comunidades autónomas. Pediremos a todas
ellas no solo los datos numéricos de dicho compromiso, sino también las proyecciones de cierre y la adopción de medidas extraordinarias en su caso para garantizarlo. No obstante lo cual el pulso reformista en el ámbito autonómico no puede ceder, y
la ampliación en su integridad de todas las medidas contenidas en las reformas de la sanidad y la educación serán elementos imprescindibles para poder contar con el apoyo financiero extraordinario que la Administración General del Estado ha venido
prestando a las comunidades autónomas.


En segundo lugar, señorías, en lo que respecta a las reformas a adoptar para mejorar nuestro modelo de administraciones públicas, la máxima de este Gobierno -ya la señaló nuestro presidente en el discurso de investidura- pasa por crear una
administración absolutamente eficiente, una competencia sin duplicidades y sin solapamientos. En este sentido, señorías, debo anunciarles que el proyecto de reforma de la Ley reguladora de la ley de bases de régimen local, de próxima remisión al
Congreso, contribuirá de forma decidida a clarificar nuestro marco competencial, subsanando una de las lacras que amenazaba la salud financiera de nuestros ayuntamientos: las denominadas competencias impropias. La reforma que se pretende,
señorías, tan ambiciosa como realista, se conecta claramente con la recientemente aprobada Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, puesto que necesariamente la normativa reguladora de las bases de régimen local se
sujetará a los requerimientos fijados en esta ley orgánica. En este contexto, señorías, es esencial la distinción

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entre servicios obligatorios y servicios facultativos porque el objetivo es que solo cuando esté garantizada la prestación de servicios obligatorios se puedan prestar los servicios no obligatorios. Así la base de la propuesta de reforma
consistirá en la actualización y clarificación del mapa de las competencias municipales, que claramente a partir de ahora se separan de las estatales o autonómicas en su correcta financiación. Los municipios vincularán su derecho a intervenir en su
margen competencial al respeto del principio de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, analizando el impacto financiero de las disposiciones que adopten en relación con el resto de las administraciones públicas.


Además, por si fuera poco, la reforma de la Ley de Bases va a potenciar una institución de capital importancia para la prestación de los servicios públicos municipales: las diputaciones provinciales, que son instituciones de relevancia
constitucional. La reforma, consciente de su importancia, potencia este papel en las diputaciones para que gestionen servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a 20.000 habitantes, garantizando que los ciudadanos de los municipios
pequeños no vean mermados, por vivir en esas pequeñas localidades, sus derechos y sus servicios públicos básicos. Además, con el objeto de garantizar la equidad y de potenciar la responsabilidad y también la austeridad, se establecerán estándares
de servicios obligatorios con cobertura a través de sus respectivas necesidades financieras. Los estándares de servicios homogeneizarán los servicios públicos prestados, evitando gastos innecesarios e ineficiencias, siguiendo en este sentido las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas.


Por último, como consecuencia del proceso de gobernanza y evaluación, en el periodo transitorio de un año se someterá a los servicios públicos municipales y a los servicios mínimos que prestan las mancomunidades a un proceso de evaluación;
pasado este horizonte temporal, en el caso de una evaluación negativa que afecte a los servicios mínimos, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes entendemos que debería ser causa determinante para encomendar la prestación de
esos servicios a las diputaciones provinciales, junto con ese otro principio que a partir de ahora se ha de cumplir siempre: el principio de la estabilidad presupuestaria. En cambio para los municipios con población superior a los 20.000
habitantes se acordaría una fórmula supramunicipal para la prestación de servicios de carácter voluntario, sin perjuicio de su incorporación al ámbito provincial. Así pues, señorías, se trata de aprovechar la evaluación no solo para resolver el
problema de la situación financiera local, sino también para impulsar las medidas de reordenación local, y sobre todo el papel de las diputaciones provinciales que tiene que ser esencial en la prestación de los servicios mínimos para los pequeños
municipios. Esta reforma que pretendemos aprobar sin duda de forma consensuada está siendo ya objeto de negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias, también con el Grupo Socialista, conociéndola también Convergència i Unió, y
próximamente el resto de los grupos parlamentarios y comunidades autónomas que cuentan en sus estatutos de autonomía con competencia sobre la materia.


Como consecuencia de esta ley presentaremos también un proyecto de reforma del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para definir un nuevo modelo de financiación de nuestros municipios que asegure el mantenimiento y sostenibilidad
de los servicios públicos esenciales, y de nuestro Estado del bienestar. Como pueden observar, señorías, las entidades locales constituyen una auténtica prioridad de este Gobierno, a la que dedica gran parte de su escalada reformista y de su
proyecto de futuro, ya que hasta el momento se ha incrementado su financiación potenciando el impuesto sobre bienes inmuebles por un periodo de dos años; se ha aprobado el Plan de proveedores, habiendo cobrado ya más de 100.000 proveedores locales,
que tenían pendientes más de 1.715.000 facturas, por un importe total de 9.263 millones de euros; se ha aprobado también la ampliación a diez años de las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los años 2008 y
2009, y se ha incrementado el monto global de su financiación en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio en un 8%, pero eso sí, se les exige el estricto cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.


Señorías, hablando de Función pública y de modernización administrativa, debo decirles que nuestras administraciones públicas no serían absolutamente nada sin el papel central que ocupan sus empleados. Por eso la potenciación de la figura
de los empleados públicos constituye el eje central de la preocupación del Gobierno en su apuesta por la reforma de nuestra Administración. En este sentido decidimos en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, pese a la gravedad
de la coyuntura y la difícil herencia recibida, congelar las retribuciones en vez de reducirlas un 5% de media, como hizo el Gobierno anterior, eso sí incrementando en dos horas y media la jornada laboral semanal, que ya se aplicaba en la
Administración General del Estado, aunque no en las administraciones territoriales: cualquier medida antes que la reducción de salarios. En este sentido somos conscientes del notable esfuerzo que están haciendo y de la muy importante pérdida de
poder adquisitivo que acumulan nuestros trabajadores públicos. No es fácil pedir sacrificios, pero los empleados públicos, garantía de independencia, profesionalidad y rigor, ayudan al Gobierno y son motor del Estado. Han estado siempre ahí para
responder cuando las difíciles circunstancias por las que atravesaba nuestro país lo requerían. Sin embargo, señorías, es obvio que la Función pública también necesita reformarse, y sobre todo redimensionarse para adaptarse y modelar su estructura
a una sociedad con necesidades distintas, incluyendo nuevas herramientas y tecnificación aún mayor para todo el personal.

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Lo he señalado algunas veces, pero los datos son tozudos: muestran que en algo nos hemos equivocado y es hora de rectificar desde los poderes públicos con rigor y sin estridencias. Así, desde el año 2001, mientras la Administración General
del Estado reducía su personal en un 22%, en 163.880 personas, las comunidades autónomas lo incrementaron en un 44%, en 409.569 personas, y las entidades locales en un 39%, en 181.031 personas. La consecuencia de todo ello, señorías, es que en tan
solo diez años se ha incrementado el personal al servicio de las administraciones públicas en más de 440.000 personas, es decir, en diez años un 20% más, y creo, señorías, que la población en ese período no ha crecido un 20%, y que las necesidades
en ese periodo tampoco han crecido un 20%; pero las cosas empiezan a cambiar. En estos momentos, señorías, con los últimos datos disponibles, el número de empleados públicos se sitúa en 2.530.956, con un descenso de casi 160.000 personas, en
concreto 159.143, un 5,92% menos frente a las anteriores cifras del pasado mes de junio. Señorías, es un descenso importante, que muestra que las administraciones públicas están siendo consecuentes y racionalizan su personal, adaptando su
estructura sin merma en los servicios públicos esenciales y en las necesidades reales de los ciudadanos.


El dato más revelador de la necesidad de modernización se muestra en la tipología de los empleados públicos. Señorías, tan solo el 61% de los empleados públicos es funcionario -en total 1.653.498 personas-, el 26% es laboral -690.278
personas- y el 13% restante incluye fundamentalmente personal interino y eventual. En este sentido, señorías, las prioridades del Gobierno se concretan en iniciativas legislativas para que la Administración pública española entre definitivamente en
el siglo XXI, dotándola de un nuevo y definitivo marco de Función pública y de sus empleados. Para ello, señorías, la Ley de la Función pública de la Administración del Estado, como consecuencia del Estatuto básico del empleado público del año
2007, recogerá algunos de los principales elementos del sistema de función pública, tales como los instrumentos de ordenación y planificación, la estructura de la carrera administrativa, la regulación de los grandes capítulos del régimen jurídico
del personal, y cuestiones competenciales y organizativas de mejora en los procedimientos. Por tanto, como ven sus señorías, se trata de un proyecto ambicioso, pero muy necesario para dar soporte jurídico definitivo a los funcionarios en la
Administración del Estado.


La segunda ley que nos proponemos impulsar es la del estatuto del directivo público, más específico y focalizado a los gestores y altos funcionarios en la Administración, pero igualmente necesario y que pretende acabar con ese vacío legal
que había situado en un extraño limbo las importantes funciones que realiza este colectivo, auténtica materia gris de nuestra Administración y soporte técnico de primerísimo nivel de la gestión pública. La importancia de esta iniciativa reside en
que la participación y profesionalización de la función directiva es un requisito de toda administración pública moderna. Pues bien, en esta norma pretendemos establecer las reglas que precisen cuál será la vinculación entre el personal directivo y
la Administración, desarrollando los procesos de selección y de valoración de su rendimiento vía evaluación del desempeño, redefiniendo los procesos de identificación de candidatos y los procesos de selección, y en suma configurando el régimen
jurídico aplicable. Por otro lado, y como entiendo que este es un asunto importante, será preciso proceder a una reasignación de efectivos del personal al servicio de las administraciones públicas. Si no, la Administración es como un muelle; es
decir, en épocas de bonanza se estira y crece exponencialmente para en épocas de crisis ser constreñida fruto de las circunstancias. Pero esas circunstancias no tienen necesariamente un criterio claro de eficacia y eficiencia. Para subvertir esa
situación necesitamos proceder a un sistema de reasignación de efectivos con el objetivo de detectar las necesidades de personal -sus déficits y los excedentes-, y reajustar así la estructura y los medios humanos a las necesidades de cada momento.
Por último, por lo que respecta a la Administración electrónica y a la modernización administrativa, se aprobó recientemente el plan estratégico en este sentido con un amplio paquete de medidas que adecuarán nuestro marco legislativo a la nueva
coyuntura y redundarán en la reducción de uno de los grandes objetivos de este Gobierno, cual es la reducción significativa en las cargas administrativas.


En relación con las comunidades autónomas, señorías, sin duda todos los aquí presentes compartimos un planteamiento: el Estado autonómico ha sido y es un modelo de convivencia y de adecuada organización territorial que ha permitido a
nuestro país profundizar en nuestro sistema democrático. Nos permite modernizarnos y generar una estructura institucional que acerca las administraciones públicas a los ciudadanos, y que constituye un eficaz modelo de integración. Sin embargo
también tenemos que ser conscientes de que nuestro modelo territorial adolece de una serie de debilidades. Entre estas debilidades encontramos la existencia de solapamientos y duplicidades entre las administraciones que pueden generar
ineficiencias, exceso de estructuras burocráticas, y obstáculos injustificados para los ciudadanos y para las empresas; y todo ello puede lastrar el crecimiento económico y en consecuencia la creación de empleo. Por otro lado, señorías, se observa
una falta de operatividad en los principios de coordinación, colaboración y lealtad institucional que deben presidir las relaciones entre las distintas administraciones públicas. Su correcto y pleno ejercicio debe suponer una gestión mejor de los
recursos públicos y de los servicios prestados a la ciudadanía. A todo ello se le une, tal y como adelantaba al principio de mi intervención, la crisis económica que hace inaplazable la necesidad de racionalizar el modelo territorial y de
Administración pública para que este sea viable económicamente y, como todos deseamos, perdurable en el tiempo. Por todo lo anterior se impone, y este

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Gobierno sin duda está dispuesto a hacerlo, proceder a este proceso de racionalización de estructuras con un ajuste ordenado en los gastos y en la modernización de las administraciones públicas, con el objetivo de que todas las
administraciones seamos transparentes, racionales, eficaces y eficientes.


En consecuencia, el Estado y las administraciones territoriales han de limitar con precisión su acción y sus competencias, con el objetivo de evitar esas duplicidades en el gasto y en la acción administrativa, prestando en consecuencia el
mejor servicio posible a los ciudadanos. Ahora bien, todas estas medidas se tienen que enmarcar dentro de un ámbito de diálogo y cooperación entre los tres niveles de Administración pública, estatal, autonómica y local, por lo que resulta
imprescindible reforzar el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el de la Comisión Nacional de Administración Local como foros de debate y consenso para una más adecuada y eficaz gestión en las competencias y en los recursos. También,
señorías, resulta imprescindible seguir impulsando y potenciando las relaciones de colaboración entre las administraciones estatal y autonómica, tanto en el marco de las conferencias sectoriales establecidas como también en su caso en las
conferencias de presidentes, y fomentando la vía de aplicación de prevención de conflictos en las correspondientes comisiones bilaterales.


Señorías, como dije al comienzo de mi intervención, junto con esta exposición que ya he hecho de las líneas generales de la actuación de la secretaría de Estado, lo que procede hacer es un balance de lo que han sido estos meses. En este
sentido, yo mismo, todo el ministerio en su conjunto y todo el Gobierno de la nación en su conjunto se sienten especialmente orgullosos del mecanismo de financiación del pago a proveedores. Como saben, señorías, una de las grandes lacras que
soportaba nuestro principal tejido productivo, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, eran las deudas y facturas impagadas a sus proveedores por una gran parte de nuestras administraciones públicas; una lacra, señorías, que estaba
destruyendo millares de empresas ante la ausencia de liquidez de las administraciones para afrontar sus deudas. Por ello, señorías, como bien conocen, se decidió habilitar un instrumento que sirviera a un doble objetivo: pagar las facturas
pendientes y establecer un riguroso Plan de saneamiento y ajuste tanto en comunidades autónomas como en entidades locales. El mecanismo, señorías -una operación sin precedentes aprobada a través del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, que se
complementó mediante el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, que creó el Fondo para la financiación de los pagos-, que es la mayor operación de financiación en la historia de España, cuenta con una dotación de 35.000 millones de euros, que
equivale al 3% de nuestro producto interior bruto, y estudios solventes -destaco entre ellos el último del BBVA- estiman que provocará un crecimiento del 0,4% entre los años 2012 y 2013. Es un instrumento, señorías, que tiene una directa incidencia
sobre el empleo al crear y mantener entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo dinamizando la economía y contribuyendo sin duda a potenciar nuestra credibilidad internacional.


Este mecanismo, no cubierto en su totalidad todavía, ha permitido que se hayan beneficiado, en las catorce comunidades autónomas que se han adherido al plan de pagos, 29.108 proveedores, que sumaban un total de 3.794.537 facturas, por un
importe de 17.718.553.729,1 euros en deudas impagadas que finalmente serán abonadas antes de terminar este mes de junio. Para las entidades locales, como ya he indicado con anterioridad, en el pasado mes de mayo se han pagado ya 1.715.121 facturas
a más de casi 100.000 proveedores de 3.774 corporaciones locales, por un importe total de 9.263 millones de euros. La operación entiende el Gobierno que ha sido un rotundo éxito que cumplió con ese especial cometido, inyectar liquidez al pequeño
tejido industrial español, ya que dos de cada tres facturas pendientes correspondían a pymes, y el 93% de las facturas, señorías, eran de un importe inferior a los 10.000 euros.


Como ya anuncié en el Senado, para las entidades locales habría una segunda vuelta para la presentación del plan de ajuste y que se aprobara con el objetivo de que el mayor número posible de entidades locales pudiera financiar esta operación
mediante créditos de diez años de duración con dos de carencia en vez del mecanismo de retención de la PIE. Para ello se habilitó un plazo adicional para aquellas corporaciones locales que por distintos motivos no pudieron obtener de sus órganos de
gobierno la aprobación de sus correspondientes planes de ajuste. Sin embargo, señorías conviene recalcar y reiterar que nada es gratis. La adhesión al mecanismo conlleva la exigencia de una fuerte disciplina fiscal de las administraciones
territoriales, que pasa por la posibilidad de retención en la participación en los tributos del Estado en las entidades locales; que pasa también por la posibilidad de retención mensual de hasta un 25% de los recursos del sistema de financiación en
el caso de las comunidades autónomas; que pasa sin duda por el seguimiento de los planes de ajuste para ambos niveles de gobierno; que pasa también por la aplicación, en su caso, de las medidas coercitivas establecidas en la Ley orgánica de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en caso de incumplimiento, con las alertas previas correspondientes.


Otra de las importantes medidas que adoptó la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en estos meses junto con la Secretaría de Estado de Economía y el Instituto de Crédito Oficial fue la línea de financiación directa ICO
comunidades autónomas 2012, dotada en principio con 10.000 millones de euros, ampliables a otros 15.000, con el objetivo de facilitar a las comunidades autónomas financiación para la cancelación de obligaciones pendientes de pago asociadas al
vencimiento de deuda financiera autonómica, apoyos extraordinarios, sin duda, sí, que para su próxima utilización requerirán la demostración previa de haber intentado al máximo el uso de todas las posibilidades que las formativas

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de reformas de todos los servicios públicos ponen a su disposición como condición imprescindible para su utilización. Además, señorías, otra gran medida de calado fue la ampliación del periodo de reintegro al Estado de los saldos
correspondientes a las liquidaciones de los años 2008 y 2009, de sesenta a ciento veinte mensualidades. Eso, señorías, incrementó las disponibilidades líquidas en 2012 en 3.156 millones de euros para el conjunto de las administraciones
territoriales. Por último, señorías, hay que recordar que se han concedido anticipos por un importe del 50% en la liquidación estimada del sistema de financiación correspondiente al año 2010 tanto a comunidades autónomas como a entes locales.


Termino, señorías. No se puede olvidar que en el contexto del presupuesto estatal para 2012, que es muy restrictivo y en el cual la rebaja media en los créditos ministeriales alcanza el 16%, los créditos en la sección 36, responsabilidad de
esta secretaría de Estado y que sustentan los sistemas de financiación local y autonómico, experimentaron un crecimiento del 8% en el caso de las corporaciones locales y un leve crecimiento en el caso de las comunidades autónomas. En suma, el
balance de estos meses con mecanismos de alta complejidad se va a completar -esperemos- en los próximos con el desarrollo de las iniciativas que les he anunciado y que están sirviendo y servirán para modernizar más nuestras administraciones
públicas.


Las administraciones públicas, señorías, constituyen el soporte de cualquier Estado moderno y son la garantía de su solidez y de su estabilidad. Por tanto, desde el máximo consenso, debemos asumir que una nueva época llama a la puerta para
reclamar ese cambio que demanda modernidad a nuestras administraciones públicas. Tenemos que ser receptivos a su cambio y, siendo receptivos, conseguiremos asumirlo como oportunidad y, al tiempo, como fortaleza y, siendo receptivos, lo
conseguiremos adoptar como un nuevo impulso hacia el progreso y hacia la competitividad. La reforma de las administraciones públicas es necesaria, no solo inevitable, porque no podemos seguir con los mismos paradigmas de hace años. Decía John
Fitzgerald Kennedy que el cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro. Nosotros vamos a por el futuro, pero desde el presente, un presente donde la reforma de las administraciones públicas ocupa,
como creo haber podido indicarles, un lugar fundamental. Solo así, desde el conocimiento del presente, ganaremos la batalla a la crisis, a la desilusión y a la falta de confianza. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Como antes hemos convenido, en primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Batet, por un tiempo de diez minutos, recuerdo.


La señora BATET LAMAÑA: Entiendo que son diez minutos por comparecencia y se han acumulado las dos.


El señor PRESIDENTE: No, no lo entiende correctamente. Son diez minutos por el total de las intervenciones de cada grupo parlamentario.


La señora BATET LAMAÑA: Señor presidente, creo que esta Comisión tiene como objetivo el control al Gobierno y espero que ejerza la Presidencia con generosidad, dada la amplitud de los temas tratados en la comparecencia.


Señor secretario de Estado de Administraciones Públicas, señor Beteta, bienvenido a su Comisión en esta primera comparecencia que realiza en esta legislatura. El Grupo Parlamentario Socialista quiere empezar trasladándole una preocupación,
porque seguramente una de las cosas que compartimos todos los grupos parlamentarios de esta Cámara es la necesidad que tiene España de generar confianza frente a la Unión Europea y frente a los agentes económicos. Precisamente, uno de los
parámetros fundamentales para la credibilidad de un país es el grado de fiabilidad de sus administraciones públicas que lo sostienen. Como usted decía, son la garantía de su solidez y de su estabilidad. En cambio, contrasta con lo que su Gobierno
hace desde los cargos que ocupan, proyectando sombras de duda constantemente en todos los ámbitos que representan y que significan estas administraciones públicas.


Los funcionarios y los empleados públicos hacen más cosas, además de trabajar, y me refiero a comentarios que usted mismo hizo aunque después matizó. La Administración está sobredimensionada, hay demasiada estructura, hay demasiado
personal, es ineficaz e ineficiente. En su comparecencia ha dicho literalmente que el buen funcionamiento sigue siendo un reto. Las comunidades autónomas serán intervenidas y no nos temblará la mano -en palabras suyas-, dando por hecho su mal
hacer. Supongo que pensaba en el trabajo que usted hizo como consejero de Economía en la Comunidad de Madrid, porque extraviar 2.000 millones parece que no es muy fácil. Las entidades locales también sobran o tienen que fusionarse o son inviables
o tienen que desaparecer o mermar su autonomía local, porque, al fin y al cabo, no son de fiar. Nos parece que este enfoque que afecta -como decía- a todos los ámbitos de su competencia no es un buen inicio en su trabajo en la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas y precisamente porque solo llevamos seis meses de legislatura, desde el Grupo Parlamentario Socialista le pediríamos que cambiara esta actitud y que redireccionara un enfoque completamente distinto.


Vamos por partes. En mi intervención quiero hacer referencia a todos los temas que usted ha comentado, a la Función pública y a los empleados públicos, a la organización propiamente de la Administración pública, a la relación con las
comunidades autónomas y a la relación con las entidades locales, y veamos que hay alternativas, que hay otra manera de hacer las cosas y que hay otros enfoques posibles.

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Sobre la Función pública, la verdadera mejora que se incluye en el Estatuto básico del empleado público es precisamente establecer y desarrollar un sistema de evaluación del desempeño. Usted solo ha hecho mención a ello cuando hablaba del
estatuto del directivo, pero es que esta evaluación del desempeño precisamente lo que hace es asegurar una retribución variable asociada al mismo, al desempeño, algo que, sin proyectar sombras sobre el sistema actual, mejora la productividad, pues
asocia directamente el gasto público con el cumplimiento de objetivos. Por ello el anterior Gobierno impulsó pruebas piloto y aplicación de esta evaluación del desempeño en distintos ámbitos. Nos gustaría saber cómo está este tema, porque después
de las pruebas piloto lo que cabría esperar es que el Gobierno hubiera empezado a implantar de manera mucho más generalizada o al menos en determinados sectores esta evaluación del desempeño.


Por el contrario, el Gobierno exige -supuestamente- aumentar la presencia y los horarios -esa es su máxima obsesión-, pero sin proyectos en políticas públicas y sin ideas, lo cual a efectos de productividad parece un despropósito. Lo único
que consigue esta medida, desde nuestro punto de vista, es precisamente la estigmatización del empleado público. Es pura y llanamente una medida punitiva que ahonda en su desprestigio; es trasladar a la ciudadanía que no trabajan lo suficiente.
Tanto es así que una de las primeras medidas que su Gobierno aprobó fue un decreto-ley de diciembre de 2011 en el que establecía que el horario en la Administración General del Estado tenía que pasar de treinta y cinco a treinta y siete horas y
media, ignorando por tanto totalmente que el horario en la Administración General del Estado ya era de treinta y siete horas y media. Pero no solo no hay rastro de la evaluación del desempeño, tampoco de un sistema de evaluación del cumplimiento de
objetivos y una motivación de los recursos humanos para cumplir estos objetivos. Además ya previeron en los Presupuestos Generales del Estado la eliminación de la acción social y la disminución sustancial de las partidas para su formación. Usted
ha hablado hoy de una mayor tecnificación. ¿Qué quiere decir? Porque si elimina la formación continúa que necesitan los empleados públicos, me parece que la tecnificación es difícil que se vaya a alcanzar. En definitiva, quiero trasladarle, señor
Beteta, si de verdad se creen que así se conseguirá más eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. Me gustaría saber cuál es la ganancia real de todas estas medidas impulsadas. Y por cierto, ¿van a recortar los sueldos de los
funcionarios, como les recomienda el FMI, antes de fin de año? ¿Qué medidas va a tomar para la reducción de gastos de personal para 2013?


A todo esto le sumamos la regulación de una reforma laboral sobre despidos, a la que no quiero volver a hacer referencia porque se ha debatido en esta Cámara en otras ocasiones. La guinda ha sido la propuesta de resolución sobre ordenación
del tiempo de trabajo personal al servicio de la Administración General del Estado. En esta resolución -que ciertamente no ha sido aprobada todavía- se establece un código de buenas prácticas de los directivos públicos, que en realidad se resume
simplemente al control del cumplimiento de los horarios, nuevamente haciendo que la gente sospeche sobre el cumplimiento de los horarios de los empleados públicos. Recoge el código de conducta que ya está establecido en el Estatuto básico del
empleado público -por tanto en una ley, no entiendo por qué una resolución lo tiene que reproducir-. Afecta de plano a la conciliación. Se llenan la boca de ayuda a la natalidad, a los padres y madres que quieran tener hijos, pero hacen todo lo
contrario cada vez que tienen ocasión aprobando alguna norma. Pretenden modificar extremos regulados por ley mediante esta resolución, como por ejemplo los días de antigüedad previstos en el artículo 51 de la Ley 53/2002. Señor secretario de
Estado, no quiero ahondar en ello porque me imagino que está recibiendo un alud de sugerencias o de observaciones de todos los ministerios y que por tanto todo ello, y de manera mucho más extensa, ya se lo estarán trasladando.


En definitiva, en toda la secuencia de propuestas normativas que han impulsado hay una gran coherencia, que es el desprestigio de lo público, el estrangulamiento y la asfixia de las administraciones públicas, la devaluación del trabajo de
los funcionarios y de los empleados públicos, promover el despido de los trabajadores, buscando por tanto una final privatización de los servicios públicos. El enfrentamiento que generan constantemente entre trabajadores del sector público y
trabajadores del sector privado desde nuestro de vista es inadmisible, ya que merma la convivencia ciudadana y la visión positiva que las instituciones democráticas de nuestro país necesitan más que nunca.


Respecto al tema de las administraciones públicas también usted ha hecho referencia al incremento de personal, pero nunca especifica dónde ni en qué sectores se ha producido este incremento de personal. En todo caso, señor secretario de
Estado, desde el Grupo Parlamentario Socialista no pensamos que las administraciones públicas de nuestro país estén sobredimensionadas o que sobren empleados públicos o que sobren administraciones públicas. (La señora Madrazo Díaz: Así estamos y
así nos va). En absoluto, no lo están en comparación con Estados de nuestro entorno, según las estadísticas de la OCDE, pero tampoco lo están por las necesidades reales que los ciudadanos nos reclaman y necesitan cada día, máxime en una crisis
económica, de servicios públicos a la altura para cubrir sus necesidades.


El anterior Gobierno implantó un cambio de modelo aprobando unas buenas bases que requieren desarrollo -y usted también ha hecho referencia a ello-, un Estatuto básico del empleado público. Ha hablado sobre una futura ley de empleados
públicos o de una ley de Función pública de la Administración General del Estado y del estatuto del directivo. Nos ha hablado muy someramente de su contenido, por lo que, si puede ampliarlo,

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se lo agradeceríamos, y sobre todo nos gustaría que trasladase a la Cámara la previsión del calendario para estas normas.


Aprobamos también una Ley de Agencias que implicaba un cambio de paradigma de la evaluación del trabajo en el sector público, poniendo el énfasis en la obtención de resultados y en la rendición de cuentas. ¿Qué tienen previsto en esta
materia? ¿Van a desarrollar esta Ley de Agencias? ¿Van a crear más? ¿Van a modificarla? ¿Van a optar por otra estrategia? También creamos la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos -ha hecho referencia a ello-, que
ha permitido el desarrollo de un nuevo derecho, la agilización administrativa en muchos ámbitos y el mejor acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, gracias a una inversión continuada y muy fuerte que se hizo durante los primeros años de su
desarrollo. Usted nos ha hablado de un plan estratégico aprobado, pero nos gustaría conocer en qué consiste este plan estratégico y qué tienen previsto para culminar el desarrollo y la aplicación definitiva de esta Ley de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.


Había asimismo en la anterior etapa un Plan de reducción de cargas administrativas y simplificación administrativa, que de hecho venía ligado a un acuerdo del Consejo Europeo de primavera de 2007, en el que se decidió convertir la
simplificación administrativa en una de las líneas de acción prioritarias en la política económica europea. En concreto, se acordó reducir estas cargas administrativas en un 25% para 2012, lo que suponía para España más o menos 15.000 millones de
euros. En diciembre de 2011, tras seis acuerdos de Consejo de Ministros y varias medidas más, habíamos alcanzado ya los 11.000 millones de reducción. Nos gustaría saber qué están haciendo para alcanzar ese objetivo marcado del 25%, que imagino que
es uno de los elementos que más les preocupa, porque medidas como esta suponen realmente una reducción del coste de manera nítida, facilitan la vida al ciudadano, respetan acuerdos europeos -por tanto, aumento de confianza y de credibilidad ante
Europa- y modernizan y mejoran el funcionamiento de nuestra Administración pública, que es el objetivo que tenemos todos.


El señor PRESIDENTE: Señora portavoz, en este momento ha consumido usted los diez minutos de intervención. La generosidad del presidente se extiende a cinco minutos más, pero procure ajustarse, por favor.


La señora BATET LAMAÑA: Muchas gracias, presidente.


Respecto a las comunidades autónomas, es verdad que usted aquí ha hecho una soflama en favor de las mismas, pero es verdad que siempre que se habla de ellas exclusivamente hablamos de duplicidades en la representación, duplicidades
administrativas, duplicidades en las competencias. Ha vuelto a repetir lo de una Administración, una competencia. Señor Beteta, desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos encarecidamente que dejen la brocha gorda. ¿Qué quiere decir esto
de una Administración, una competencia? Empecemos a concretar las cosas porque no sabemos de qué estamos hablando y por tanto el debate es imposible en esos términos. ¿Que un ayuntamiento, una comunidad autónoma y eventualmente el Estado hicieran
una guardería es una duplicidad, es un solapamiento? Porque no hay guarderías suficientes para todos los niños que hay en estos momentos en España. ¿Que las tres administraciones desarrollen acciones culturales es una duplicidad, es un
solapamiento? ¿Que ejerzan y presten servicios sociales es una duplicidad o es un solapamiento? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando habla de una Administración, una competencia? Por no recordarle que la inmensa mayoría de las competencias
tienen distintas funciones ejercidas por distintas administraciones y esa es la esencia medular de nuestro Estado autonómico. Por tanto, ¿de que estamos hablando cuando decimos una Administración, una competencia? La frase, el eslogan, el titular
está muy bien, pero es que llevan seis meses con el titular. Empecemos a concretar, por favor, señor secretario de Estado.


Respecto a las entidades locales, de manera muy somera nos ha anunciado una nueva ley reguladora de bases de régimen local ambiciosa, pero en realidad lo único que hacen es aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque su ambición
empieza y se agota con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Más allá de la sostenibilidad presupuestaria, la austeridad, la reducción del déficit y la reducción del gasto, no tienen ningún otro proyecto; de hecho, hasta incluso nos ha vuelto a
explicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su intervención, cosa que no habría hecho falta porque creo que todos nos la hemos leído reiteradamente.


Con los entes locales pasa exactamente igual, señor Beteta. La reclamación de fondo del mundo local, el consenso unánime que existe en la Federación Española de Municipios y Provincias va mucho más allá de lo que usted está planteando.
¿Para cuándo vamos a abordar los grandes retos del siglo XXI de la Administración local, señor Beteta? Porque lo que usted ha anunciado aquí no representa ni da respuesta a las necesidades, a los problemas de fondo y al diagnóstico que desde hace
años se ha hecho ya en el mundo local.


Respecto del pago a proveedores, no le voy a decir gran cosa. Sabe que compartíamos la medida, aunque pensamos que ha estado mal gestionada, mal diseñada y que finalmente ha sido muy cara, por lo que ustedes se habían comprometido con las
entidades locales, pero le quiero decir que este grupo parlamentario ha trasladado al Gobierno más de quince preguntas parlamentarias, solicitudes de información en aplicación del artículo 7 del Reglamento, y las respuestas que ha obtenido del
Gobierno -se lo digo en esta Cámara y con toda claridad- son vergonzosas. Hay más información en el Plan nacional de reformas de la que ustedes han trasladado al Parlamento español y creo que un diputado de

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esta Cámara no tiene que recibir más información vía un plan nacional de reformas enviado a Bruselas que mediante las preguntas que, en este caso, esta diputada ha formulado al Gobierno.


En definitiva -y con esto acabo, señor presidente-, la confianza que queremos recuperar precisamente en Europa y de los agentes económicos no vendrá de la confianza en el Gobierno sino de la confianza en el país, y por eso denigrar
instituciones, denigrar a los empleados públicos no genera confianza en nuestro país. Todas las reformas que han propuesto hasta ahora y las que ha expuesto en su intervención tienen, como le decía, un único objetivo, un objetivo economicista, pero
-como usted también ha dicho en otras ocasiones- hay que hacer las cosas por convicción no por necesidad. Por tanto, entiendo que su única convicción es la austeridad, es la reducción del gasto y la reducción del déficit, pero no tienen más
proyecto. Este Parlamento esperaba más de su Gobierno, esperaba un auténtico plan nacional de reformas en profundidad, de reformas que no tuvieran el único objetivo de reducir gastos, sino también el de abordar los retos que necesitan nuestras
administraciones públicas del siglo XXI. Su horizonte reformista, para entendernos, se agota en los ajustes, desde nuestro punto de vista. Es un momento de crisis económica -es verdad- y esos ajustes son necesarios, pero precisamente porque
estamos en un momento de crisis económica hay más miedos, hay más incertidumbres, hay más desigualdad, más marginación, menos cohesión social y más necesidades. Desde nuestro punto de vista, solo hay un camino para afrontar esto, que es más
política, más diálogo, más debate, más acuerdos, más visión de futuro, más tiro de largo alcance y más reformas en profundidad que vayan a los orígenes de los problemas, no a parchear la realidad. No ser capaces de trascender la coyuntura, de ser
conscientes de las necesidades de fondo de nuestro país, hacer caso omiso a los ofrecimientos de consenso y de trabajo conjunto con las fuerzas políticas, que este grupo parlamentario ha mantenido y seguirá manteniendo con su Gobierno, no dialogar
con los funcionarios, con los sindicatos, con todo el sector, en definitiva, pensamos que es debilitar la política, es debilitar el sector público y debilitar el servicio público, y eso, nítidamente, es una opción ideológica que usted toma por
convicción, como le gusta decir. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Carles Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor presidente.


Su intervención, señor secretario de Estado, la hemos entendido, más que como política, como una intervención sobre administración y gestión de una situación que nos encontramos producto de años de un Gobierno no demasiado exigente, por
decirlo en palabras suaves. En todo caso, iré haciendo algunas puntualizaciones al balance que ha hecho en su intervención.


Ha hablado de las medidas para habilitar pagos pendientes a las comunidades autónomas y también, y sobre todo, a las entidades locales, a los ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Convengo con usted, señor secretario de Estado, en que esa
inyección ha sido una operación importante, efectiva y que de una manera u otra forma parte de la reactivación que esperamos de nuestra economía.


Otro punto que se ha tocado es la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos recordar que le dimos nuestro apoyo en la convicción de que había llegado
un momento en que hacía falta poner rigor en todo lo que es público, porque el pueblo, la ciudadanía ya lo ha puesto en lo que es privado, por obligación. Damos un toque de alerta -que también transmití a personas altamente cualificadas de su
departamento- sobre esta ley, la Ley de estabilidad presupuestaria, en el sentido de que contiene una cierta injusticia en aquello de intentar arreglar lo de todos, porque generalizando que todas las administraciones son malas -y me refiero
básicamente a los ayuntamientos- se está castigando a aquellos ayuntamientos que han observado adecuadamente una gestión económica y que tienen lo que en términos de tesorería sería superávit o excedentes de tesorería. Según esta ley, se obliga a
estos ayuntamientos a coger estos excedentes y amortizar deuda, estando como están por debajo de los límites que la ley marca. Con eso estamos sustrayendo dinero, fondos, financiación para posibles inversiones y servicios que se prestarían desde
estos ayuntamientos, que -recalco la situación- han demostrado ser buenos administradores de sus ingresos. Por lo tanto, pedimos desde nuestro grupo que se revise esta situación para poner en vereda a los no cumplidores y no castigar a los que sí
lo son.


En su intervención ha hecho varias referencias. Una, al proyecto de ley de reforma de la Ley de bases de régimen local, a la que me referiré un poco más adelante. Nuestro grupo pide que no nos olvidemos de la modificación del sistema
electoral, sobre todo en las poblaciones pequeñas; pedimos la concurrencia en listas abiertas o la elección directa de los alcaldes. En la modificación de la ley de bases también se está hablando de evaluar la eficacia y la eficiencia de los
servicios, lo que nos parece correcto, siempre y cuando se especifiquen cuáles son los parámetros o los sistemas con los que se debe evaluar. Esto hace referencia también a la eficacia y a la eficiencia de la Administración, y nosotros en este
punto pedimos que no olviden la Administración electrónica, que aprovechemos las nuevas tecnologías. Hagamos que nuestra Administración, en los tres niveles que usted ha comentado -Estado, comunidades autónomas y la Administración local-, sea
puntera en ese sistema de servicio a la ciudadanía. Un punto en el que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hará hincapié continuamente es la transferencia inmediata de la titularidad de los equipamientos, en el caso

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de que el ejercicio sea exclusivo de la comunidad. Me estoy refiriendo concretamente a aquellos inmuebles de la Seguridad Social que se traspasaron al Estado en pago a unos préstamos y cuya titularidad debería pasar a las comunidades
autónomas.


También se ha referido a la Función pública. Sí, señor secretario de Estado, hace falta revisar los parámetros. Usted ha hecho referencia a una frase de Kennedy, y es verdad. Miramos el pasado, miramos el presente, pero el cambio nos
obliga a mirar la realidad. También nos obliga a otra situación. Actualmente, en momentos de penuria, el pueblo, la ciudadanía, está muy pendiente de los privilegios, está pendiente de los privilegios irracionales. No se puede decir que los
funcionarios tengan privilegios, pero solamente hace falta fijarse en el sistema para ver que mucha gente se siente agraviada por el número de horas que hacen los funcionarios, los días de vacaciones que tienen, y no me referiré a sus emolumentos
porque no toca y no hace falta, pero sí a ciertos privilegios. La gente dice: para sacar adelante mi empresa necesito dedicar horas y horas y me gustaría que aquellas personas en cuyo empleo contribuyo con mis impuestos dedicaran más tiempo a la
Función pública.


Otro de los temas -y ahora me refiero al nivel de los ayuntamientos- es la preocupación enorme, incluso de alarma social, por la prostitución en las vías públicas, en calles y carreteras, y por otro fenómeno que crea un agravio comparativo y
un gran deterioro de la imagen, el de los top manta. Son problemas considerados actualmente administrativos que creemos que deberían pasar a ser problemas penales, porque, repito, la situación crea alarma social y un gran disgusto entre la
ciudadanía, que atribuyen al mal funcionamiento de la Función pública, de los funcionarios públicos y, lógicamente, de los políticos. Nos apuntamos al principio al que se ha referido el anterior interviniente de una Administración, una competencia.
Hay muchas competencias que deberían haberse traspasado por el Estado hace tiempo y pedimos que cuando se hable de redimensionar nuestra Administración pública se piense sobre todo en este apartado.


Finalmente, y aprovechando esta oportunidad, he sido y soy alcalde de una población turística, he tenido responsabilidades en la diputación y también en consorcios, concretamente en el Consorcio de la Costa Brava. No olvidemos en esta
revisión de la Ley de bases de régimen local que actualmente uno de los sectores, por no decir casi el más estable, en cuanto a la generación de riqueza para nuestro país es el sector turístico. El sector turístico, que viene de la mano de
inversiones privadas que proporcionan servicios y riqueza, se desarrolla en el marco de los municipios, la mayoría de los cuales son costeros y que están asumiendo costes elevadísimos de mantenimiento, balizamiento, salvamento y limpieza de playas;
pero esto sirve tanto para la Costa del Sol, para Canarias, para Baleares como para Sanxenxo, en Galicia. Se tienen que mantener unas plantillas de policía, porque así está establecido, dimensionadas para situaciones punta y extremas, porque los
municipios turísticos asumen la responsabilidad de ser imagen no del propio municipio sino de toda España y, lógicamente, los catalanes de Cataluña y los gallegos de Galicia pedimos -y con esto recojo las intervenciones de muchos alcaldes colegas
nuestros en la Federación Española de Municipios- que se tengan en cuenta estas situaciones.


Otro tema muy importante es de qué manera el Ministerio de Medio Ambiente debería hacer un plan de actuaciones en la costa para ayudar. Porque, lógicamente, un paseo marítimo no es un capricho del alcalde o del concejal o de aquel
ciudadano, un paseo marítimo es una fuente de riqueza para el conjunto del país. Nadie duda de que los quesos manchegos, los vinos de La Rioja y el cava catalán se consumen gracias a la cantidad de millones de extranjeros que residen por unos días
en nuestro país. Por tanto, háganse cargo; interioricen todos ustedes, señor Beteta, el fenómeno del municipio turístico, pero no ya como un capricho de algunas personas o como aquella visión folclórica del turismo sino como un verdadero sector
generador de riqueza y, repito, quizá de los más estables. En los últimos cincuenta años prácticamente todos los sectores han subido y bajado y en cambio el del turismo se ha ido estabilizando y aumentando.


Esto es lo que teníamos que decir en nuestra intervención, señor Beteta. Usted ha hablado del diálogo necesario entre los tres niveles y también nosotros deseamos un diálogo estable aquí, en el Parlamento. Quiero formular una queja con
respecto al diálogo. Circula la propuesta de modificación del articulado de la Ley 7/1985, reguladora de bases de régimen local. Este diputado la ha tenido que buscar sabiendo que existía y que corría por muchas administraciones. Lamento que
siendo yo, a la vista de mis ciudadanos, referente dentro del Legislativo de este país, haya tenido que acudir a mis ciudadanos para que por favor me prestaran este documento porque ni mí ni a mi grupo nos ha llegado.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, en nombre de La Izquierda Plural, la señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Me sumo a los agradecimientos al secretario de Estado por esta comparecencia aunque tengo que decirle que salimos un poco decepcionados; esperemos que en el segundo turno pueda aclarar un poco más. Muchos de los
planteamientos se han dedicado a decir buenas palabras, a hablar de racionalización, de transparencia, de sostenibilidad, pero no ha entrado en profundidad en muchos de los temas que nos gustaría que nos aclarase. El compañero de Convergència
hablaba de este texto que va circulando y poco ha entrado usted en materia para darnos los detalles de este texto que hemos conocido por los medios de comunicación y al que hemos podido tener acceso porque ha circulado, pero no ha venido aquí a
explicarlo en detalle. Usted ha dado muy buenas palabras pero a nuestro grupo parlamentario nos alarman los hechos, lo que nos han demostrado hasta ahora en lo que llevan de

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legislatura. Se han caracterizado sobre todo por una falta de diálogo constante con el resto de administraciones públicas y también con los propios trabajadores públicos. Podríamos resumir en que se han caracterizado por una gran
deslealtad institucional, por un ánimo recentralizador en todos los proyectos de ley, no solo en los que vienen de su ministerio, prácticamente en los veinte decretos-leyes podemos ver tics recentralizadotes que se han aplicado sin tener ni un
trámite de diálogo con las administraciones afectadas y casi ningún diálogo en esta Cámara, porque prácticamente ninguno se ha podido tramitar como proyecto de ley. Además, en muchos de ellos tenemos dudas sobre su constitucionalidad, por la falta
de respeto precisamente a ese reparto competencial y sobre todo por un claro menosprecio en el discurso tanto del ministro como de altos cargos de su ministerio a la descentralización, al Estado autonómico. También hay un menosprecio a los
municipios; un menosprecio a los trabajadores públicos e incluso a la sociedad civil como agente de participación en la Administración pública. Eso es lo que hemos visto, porque al fin y al cabo responde a una ideología del propio Gobierno que es
un menosprecio a lo público: cuanta menos cosa pública, mejor le va al país. Nosotros, evidentemente, no lo compartimos. Pero sí que hay ese ánimo de menosprecio, de criminalización de las administraciones públicas y también un ánimo privatizador
como la gran solución a los problemas que tiene el país.


Usted ha dicho que la gran palabra que había detrás de todas las reformas que van a emprender es la austeridad. Sí, llevamos cuatro años inmersos en ese concepto de la austeridad que, a nuestro entender, es recortes de los servicios
públicos, recortes de los derechos de la ciudadanía. No lo compartimos. Creo que después de cuatro años de estar sumidos en ese dogma de la austeridad lo único que encontramos hoy es que es la Administración pública la que está generando también
más paro, más exclusión, más pobreza y personas que están cayendo en el último eslabón de la sociedad porque la Administración no está dando respuesta y nos está llevando a ese bucle de más recorte, más déficit, más pobreza y más paro. No
compartimos esa reforma constitucional que se hizo ni esa Ley de Estabilidad que, por lo visto, es lo que guía toda su actuación. Porque no ha hablado de ningún otro principio. Ha hablado de austeridad, de sostenibilidad y de Ley de Estabilidad.
Es lo único que dicta todas sus reformas porque es lo que ha ido repitiendo en todos los puntos del orden del día que hoy tratamos. Usted no hablaba de dar respuesta a las necesidades que se multiplican por parte de la ciudadanía en un contexto de
crisis, a las necesidades que se multiplican también por parte de ayuntamientos y de comunidades autónomas para dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía que necesitan de la Administración. Usted no ha hablado de necesidades de las personas
que hay detrás y que están exigiendo a las administraciones que les den respuestas, alguna expectativa o alguna esperanza.


Ha hablado mucho de recortes, de sostenibilidad, como le decía. Para nosotros ese no es un buen diagnóstico de lo que está pasando. Ustedes llegaron al Gobierno diciendo -y también lo decía el Gobierno anterior- que el gran problema era el
exceso de gasto público. Creo que hoy se demuestra que el problema no es un exceso de peso de la Administración pública sino que el Estado está asumiendo el exceso y los abusos de la deuda privada y se está socializando esa deuda. Y si el
diagnóstico es que el problema es la Administración pública, seguramente así no encontraremos las soluciones. Antes la diputada del Grupo Socialista lo decía: España está por debajo de la media en el peso de la Administración pública sobre el PIB;
España está por debajo de la media en número de funcionarios, de trabajadores públicos por población. Está por debajo de la media de la Unión Europea, y ya no le digo Cataluña, que está por debajo de la media de España en trabajadores públicos por
población. Por tanto, decir que el diagnóstico es un exceso de Administración creo que es erróneo y no es la manera de abordar el problema. Lo que sí compartimos es que la Administración pública puede ser mejor, puede dar mejor respuesta a los
ciudadanos y puede claramente mejorar su eficiencia. Pero esta no es una cuestión de recortes ni de disminuir, sino de mejorar el funcionamiento interno.


Usted hablaba mucho de racionalidad y eficacia, sobre todo que no hubiera solapamiento. Lo compartimos, no debemos solapar competencias, pero nos preguntamos si el Estado está dispuesto a retirarse del ejercicio de algunas competencias que
no son suyas. Por ejemplo, ¿por qué la Generalitat de Catalunya no puede asumir que la Generalitat es Estado y que el Estado se retire de allí? Nosotros compartimos el discurso de no solapar. Ahora, que jerárquicamente el Estado dicte cómo se
distribuyen las competencias, creemos que va directamente en contra de la propia Constitución y en contra de los Estatutos. ¿Por qué no clarificamos y el Estado también se retira de aquellas competencias que no debe ejercer y, por tanto, mejoramos
claramente la eficiencia?


Además, hay una cuestión clara, que para ser eficientes, para ser racionales, necesitamos tener una buena financiación. Y ya que usted ha hablado mucho de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, quiero hablarle de dos cuestiones. En primer
lugar, no compartimos su filosofía de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el objetivo de déficit final. Pero no entrando en ello, lo que le quiero plantear es el injusto reparto de esos objetivos de déficit entre administraciones públicas. El
Estado tiene ese objetivo del 4%, las comunidades autónomas el 1,5 y los ayuntamientos el 0,3, que no tiene nada que ver con la distribución de gasto real por las competencias que tienen las administraciones públicas. Esto tiene un impacto directo
en la cohesión social porque los recortes más amplios los sufren ayuntamientos y comunidades autónomas, que son las administraciones que tienen las competencias en educación, en servicios sociales, en orientación a personas desempleadas, en todos
los

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servicios más básicos. Ese reparto de la Ley de Estabilidad es inasumible. Por eso le quiero pedir que se replantee y se haga de acuerdo con el gasto efectivo y el peso del gasto de cada una de las administraciones. Pero cuando hablan de
sostenibilidad de la Administración pública usted solo plantea recortes y qué bien se han hecho los deberes porque se han recortado tantos trabajadores públicos. Yo le hablaría de buscar la financiación. El problema de los ayuntamientos no es un
exceso competencial sino, por un lado, que tienen que asumir lo que no hacen otras administraciones públicas porque son las administraciones de proximidad las que ven los problemas de los ciudadanos y quieren dar respuesta. Eso es responsabilidad
de una administración. Y, por otro lado, el gran problema de los ayuntamientos es el ahogo financiero porque no hay una buena financiación de los ayuntamientos. Usted no ha hablado para nada de cómo vamos a mejorar la financiación de los entes
locales. De la misma manera, le hablo también de cómo mejorar la financiación de los servicios que prestan las administraciones públicas. No voy a entrar -porque creo que daría para otra comparecencia- en el pacto fiscal en la Generalitat o la
necesidad de financiar de acuerdo con las necesidades y a cómo están repartidas las competencias.


En cuanto al tema de los proveedores, nosotros no votamos a favor de ese decreto porque ya preveíamos los problemas que podría generar. Usted decía: Es una operación sin precedentes. Efectivamente, a nuestro entender es un gran atentado a
la autonomía local, un negocio redondo para los bancos y una amnistía a las malas prácticas de algunos ayuntamientos porque se metieron todos en el mismo saco, los que habían cometido ilegalidades con los que no. A nuestro modo de entender, esa no
es la manera. Pero nos gustaría preguntarle si está al corriente de cómo se está aplicando, porque usted lo ha alabado y ha dicho que está funcionando muy bien. Ustedes dijeron que se aplicaría un tipo de un 5%. Muchas entidades financieras están
aplicando hasta un 7% y más, nos lo están diciendo los ayuntamientos, que nos llaman alarmados de cómo están aplicando este decreto las entidades financieras. Piensen que hay entidades financieras que están planteando a algunos ayuntamientos que
firmen planes financieros que están en blanco y que se sometan a las condiciones que están diciendo las entidades financieras. Incluso, aunque el decreto prevé que esos planes financieros son para diez años, las entidades toman eso como la norma
habitual y por menos de diez años no se está firmando nada, aunque el propio ayuntamiento en su pleno haya adoptado por mayoría absoluta que el plazo tiene que ser menor. Y eso es un problema porque ponemos a los municipios sometidos a entidades
financieras y eso supone un ahogo y un atentado democrático a la autonomía local.


Nosotros compartimos que queremos una mejor Administración pública, pero a nuestro entender para ello se debe creer más en sus trabajadores, en los servicios públicos y también saber ceder poder. Sobre la cuestión de los trabajadores
públicos -creo que ya no me queda mucho tiempo- me gustaría saber cuál va a ser el horizonte, no solo el horizonte económico de las retribuciones de los trabajadores públicos. Nos gustaría saber el horizonte de aplicación de ese decreto del 30 de
diciembre que está ahogando y está generando un claro déficit de atención en los servicios públicos a la ciudadanía. La tasa de reposición en los servicios públicos básicos es claramente insuficiente, en el caso de educación, en el caso de sanidad
y también en la Agencia Tributaria. Pero el drama que se está generando, por ejemplo, en las universidades es clamoroso. La huida de personas que ya han tenido sus estancias en el extranjero, que están en las universidades y que no tienen una
plaza cuando hemos invertido en ello y deberían tener una plaza en las administraciones. Les pedimos que precisamente flexibilicen ese decreto para que las administraciones puedan dar respuesta a las necesidades. Creo que el objetivo meramente
económico o matemático de cuántos trabajadores hemos dejado de tener en la Administración pública es un claro despropósito porque estamos generando huida de cerebros y una clara desatención en un momento muy difícil para gran parte de la ciudadanía.
Nosotros creemos que se está demostrando que esa obsesión y ese dogma del recorte es un fracaso. Hoy la Administración pública es la que está contribuyendo también a la reducción del consumo pero también al aumento del desempleo. Creo que en un
momento en que las necesidades se multiplican la responsabilidad que tiene hoy el Estado es hacer frente a esas necesidades y creo que para eso se necesita creer en lo público, creer también en sus trabajadores y ceder y compartir desde la
horizontalidad y no desde la jerarquía el poder de las distintas administraciones implicadas.


Finalmente, usted hablaba de las diputaciones como la gran panacea y qué va a pasar con los ayuntamientos. Nos preocupa que usted prive a los ayuntamientos de ciertas competencias y le pregunto si quiere decir que ahora los ayuntamientos no
podrán ejercer competencias en juventud, en cooperación, por ejemplo. ¿No podrán ejercer esas competencias si así lo deciden, o en educación o en sanidad?


Por otro lado, usted habla de que la gran solución son las diputaciones. Usted sabe que en Cataluña tenemos una Ley de Veguerías que está diseñada precisamente de acuerdo con las necesidades municipales y de las administraciones locales, de
acuerdo con un diseño y un tamaño que precisamente prevé dar esos servicios mancomunados a aquellos municipios pequeños -tenemos muchos en Cataluña- que no pueden prestar esos servicios, pero de acuerdo con cómo funciona tanto cultural como
administrativa o económicamente Cataluña. El hecho de plantear que las diputaciones son la gran solución, sinceramente, creo que es un acto de centralismo puro y duro porque no responde para nada a las necesidades del territorio, no solo de
Cataluña, diría que en gran parte de España no es la que puede dar respuesta. Nos gustaría saber si usted tiene en cuenta esa ley que

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existe en Cataluña y si en esa reforma va a tener en cuenta la capacidad que tenemos también de aplicar las veguerías como la mejor manera y, por tanto, eliminar las diputaciones que no tienen razón de ser en el siglo XXI en nuestro
territorio.


El señor PRESIDENTE: Parece que no hay ningún miembro del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Por lo tanto, en representación del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quisiera agradecer al señor Beteta las explicaciones que nos ha dado, unas explicaciones que, como se ha dicho anteriormente, a mi grupo parlamentario y a mí personalmente me han producido cierta
decepción. Sinceramente, esperaba algo nuevo y me ha dado la impresión de que usted ha empleado lenguajes antiguos para problemas de futuro. He echado en falta que se hable de cuál es el marco en el que las reformas administrativas se deben llevar
a cabo. Es decir, el panorama de la Administración pública y de las cuestiones competenciales en el futuro está cambiando ya y va a cambiar radicalmente y creo que esta es una cuestión clave a tener en cuenta de cara a abordar las reformas que nos
ha planteado. Es verdad que la crisis económica ha sido el desencadenante de la reforma, la crisis ha obligado a que las administraciones públicas cuenten con menos recursos y de ahí que tengan la obligación de adaptarse a esta nueva realidad de la
crisis económica y de los recursos. Pero, desde luego, el marco en el que van a desarrollar las competencias los diferentes niveles de la Administración va a ir cambiando también. En el futuro todos sospechamos -y esperemos que sea así- va a haber
una Europa diferente, una Europa más fuerte, una Europa en la que la unión bancaria, política y fiscal va a ser algo que va a ir avanzando en el esquema clásico de las competencias en detrimento de muchas competencias que hoy tiene la Administración
central del Estado. Creemos que esta es una cuestión que se debe tener en cuenta y tener muy presente a la hora de elaborar no solo el diagnóstico y el discurso, sino en las medidas que se vayan a tomar en materia de reforma de la Administración.
Eso por una parte.


Por otra parte, también es cierto que la mayor parte de las competencias del ámbito social, como educación, sanidad y políticas sociales, están básicamente en manos de las comunidades autónomas y en manos de las corporaciones locales,
básicamente de las comunidades autónomas. Son políticas básicas a las que los ciudadanos no están dispuestos a renunciar, al menos de salida, y que en este ámbito de lo autonómico es donde se pueden desarrollar con mayor eficacia y eficiencia. Con
lo cual, creo que la Administración del Estado en estas cuestiones no debe intervenir como actor sino, en todo caso, como observador. Y me ha dado la sensación de que las reformas se están planteando desde el protagonismo de la Administración
central, queriendo mantener aquellos resortes de poder y aquellas competencias que intuitivamente ve que se le van de las manos hacia Europa y de alguna manera las ha dejado también en las comunidades autónomas, y se arrepiente seguramente y quiere
plantear la recentralización de estas políticas. Creo que hay que tratar a las comunidades autónomas como entes mayores, han tenido un montón de años durante los que han evolucionado, es verdad que en muchas de las comunidades autónomas se han
generado problemas de despilfarros, etcétera, que en todo caso hay que corregir; pero no podemos echarnos atrás en un modelo descentralizado de Administración que debe cumplir con los cometidos que tiene y que es la mejor manera de cumplir en
aquellos ámbitos que le competen, insisto, en materia de educación, sanidad y políticas sociales. Y digo lo del esquema antiguo porque usted nos ha planteado que la Administración central del Estado ha hecho una serie de reformas de reducciones de
funcionarios y de altos cargos. Habla de cuarenta y tres altos cargos, 5 millones de euros,. Bien, sin más. Y habla de ciento cincuenta y cuatro consejeros, de 1,2 millones. Esas son las dos medidas concretas que ha hecho, de momento, la
Administración, que son 6 millones de euros, y nos ha hablado de que en los últimos años han reducido 160.000 funcionarios en la Administración del Estado mientras que han aumentado en las comunidades autónomas en una cuantía muy importante. Me
imagino que también dependerá del proceso de transferencias, porque sino ¿cómo se han esfumado 160.000 funcionarios de la Administración central? Eso es lo que me gustaría que usted me explicara. Seguramente algunos de los funcionarios que han
creado las comunidades autónomas habrán sido un exceso pero muchos habrán ido vinculados a la prestación de servicios públicos como los que le he comentado anteriormente. De ahí que me gustaría que usted me aclarara esa cuestión. Ha dicho 160.000
funcionarios, el 5,92% del total de los funcionarios del Estado, pues el Estado ¿qué tiene, 2,5 millones? No puede ser, será el conjunto de las comunidades autónomas (Asentimiento). Por eso, como ha hablado de la cifra de 160.000, que suponen el
5,90% pero, por otra parte, como usted ha dicho que 160.000 se han reducido en el Estado mientras que en las comunidades autónomas han aumentado, al comparar la reducción solo en el Estado con el total de funcionaros, digamos que ese porcentaje está
un poco desvirtuado en contra de lo que usted seguramente pretendía, que era decir que la Administración del Estado ha tenido un descenso mayor del número de funcionarios.


Al margen de estas cuestiones que me pueda aclarar, digo esquemas viejos porque se hace hincapié en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se piensa que las comunidades autónomas son despilfarradoras, son malas gestoras y que hay que hacerles
un control exhaustivo desde la Administración central. Yo no estoy en contra de la colaboración, de la coordinación y de todo lo que haga falta en beneficio de la eficacia, de la eficiencia,

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del buen funcionamiento, porque los dineros públicos hay que gestionarlos desde luego con absoluta seriedad y pensando en sacarle el mayor rendimiento posible, pero este esquema de la Ley de Estabilidad -como ya lo hemos dicho en otros
debates- busca hacer un seguimiento casi policial de las comunidades autónomas, esperando ver dónde está la desviación para castigarlas. En ese sentido, creemos que es un esquema antiguo en el funcionamiento y antiguo en la manera de abordar la
reforma de la Administración. Está planteando modificaciones legales -nos ha planteado la reforma de la Ley de la Función Pública, nos ha comentado el nuevo marco de la Función pública, el Estatuto del directivo público así como la Ley de Bases de
Régimen Local- y sinceramente yo creo que las leyes se han de utilizar pero que no solucionan los problemas; los problemas de eficacia y de funcionamiento no son solo cuestión de leyes, no digo que no se hagan leyes, pero no solo es una cuestión de
leyes. A veces, cuando una ley está en vigor, se piensa que se ha hecho todo y que la cosa va a funcionar por sí sola. Es un campo en el que hay que trabajar mucho, pero de una forma enfocada, no se puede desenfocar el tema. En ese sentido, en el
nuevo marco que se deriva seguramente de la crisis económica, de la evolución previsible de las competencias hacia Europa y hacia las comunidades autónomas es preciso tenerlo en cuenta a la hora de plantear cualquier reforma desde la Administración
del Estado.


El señor PRESIDENTE: En último lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Matarí.


El señor MATARÍ SÁEZ: Voy a compartir este turno con el señor Martín-Toledano, que hablará sobre Función pública. Intentaremos ajustarnos al tiempo que se ha dado a los grupos de la oposición.


Intentaré muy brevemente referirme, si puedo, al resto de cuestiones que ha planteado el secretario de Estado, que no han sido pocas ciertamente. Señor Beteta, muchas gracias, en primer lugar, por su comparecencia, que a nuestro juicio se
produce en un momento muy oportuno porque permite conocer, por un lado, con mucho detalle, los trabajos ya realizados y, por otro lado, los proyectos que impulsa la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas. Empezaré por el final de su
intervención, si me lo permite, por el balance. Quiero darle, señor Beteta, la enhorabuena; a nuestro juicio, no se puede hacer más en menos tiempo y con más eficacia. Le ruego sinceramente que traslade la felicitación del Grupo Popular al
conjunto de su equipo en el departamento porque sin duda la eficacia está más que justificada, como explicaré a continuación. Señorías, se ha producido algo muy importante y es un cambio sustancial en las relaciones del Gobierno con las comunidades
autónomas y con las corporaciones locales. Es la primera vez en muchos años que el Gobierno de España se ocupa y atiende a todas las comunidades autónomas y a las corporaciones locales con medidas eficaces que coinciden además con las demandadas
por las administraciones territoriales. Atendiendo al principio de lealtad institucional, se han tomado medidas que las comunidades autónomas y las corporaciones locales, insisto, reclamaban insistentemente. Lo ha explicado usted muy bien:
medidas para garantizar la viabilidad y la liquidez, medidas para que puedan cumplirse los objetivos de déficit, medidas para sanear las cuentas públicas y para poder atender las deudas pendientes; ahí está efectivamente el Plan de pago a
proveedores, que es el mejor ejemplo de esa eficacia que yo comentaba. No era fácil hacer lo que se ha hecho en cuatro meses para que efectivamente 106.000 proveedores hayan cobrado ya 9.200 millones que les debían las entidades locales y para que
en quince días cobren otros 29.000 proveedores más de 17.000 millones de euros que les deben las comunidades autónomas. Efectivamente, estamos ante una operación muy compleja de un plan que empezó a diseñar el Gobierno en el mes de enero, que ha
necesitado dos decretos-leyes, la reforma de una ley orgánica, poner de acuerdo a veintisiete entidades financieras, ponerse de acuerdo con comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las corporaciones locales en la
Comisión Nacional de Administración Local, y revisar y autorizar los planes de ajuste. Señorías, el Plan de pago a proveedores es una de las mayores demostraciones de que el Gobierno no ha perdido el tiempo en estos cinco meses y una de las mayores
muestras de lo que no se hizo por el Gobierno socialista y lo que sí está haciendo ahora el Gobierno del Partido Popular.


Permítanme que les recuerde muy brevemente -porque al hilo de la intervención de la señora Batet tengo que hacerlo- algunas perlas del Gobierno anterior sobre este asunto. Vicepresidenta Salgado, 8 de septiembre de 2010, en el Pleno del
Congreso: Hasta que el ICO o el Ministerio de Economía y Hacienda no encontremos, seguro que con su ayuda -decía-, una manera de que no repercuta en el déficit, no será posible por parte del ICO poner esa línea en marcha. Señora Salgado, el 22 de
septiembre en el Pleno del Congreso: En el momento en que encontremos una forma de que esa línea no contribuya al déficit, no tenga ninguna duda de que la pondremos en marcha. Señor Chaves, 15 de junio de 2011, en el Congreso también: La ley
impide, prohíbe al Gobierno, al Estado asumir obligaciones de otras administraciones. Usted no plantea -me decía a mí- ninguna solución, proponen soluciones falsas y soluciones contradictorias, etcétera, etcétera. Esto es lo que decían ustedes en
el Gobierno, señora Batet, que no se podía hacer lo que ahora se ha hecho, que seguramente habría evitado el cierre de cientos de empresas y la pérdida de algunos miles de puestos de trabajo. ¿Y ahora dice usted que está mal diseñado y que está mal
gestionado? Yo entiendo que usted no felicite al Gobierno, pero alégrese por lo menos por los cientos de miles de empresas que han visto cobradas sus facturas y por algunos miles de puestos de trabajo que este Plan de

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pago a proveedores está garantizando con toda seguridad. Señor Beteta, enhorabuena porque sabemos además que usted tiene mucho que ver en que este plan haya sido posible y se haya puesto en marcha.


Ha comenzado su intervención, señor secretario de Estado, con algo muy importante para el Grupo Popular, que el señor Merino, nuestro portavoz en la pasada legislatura, propuso muchas veces y lo insultaron muchas más. Efectivamente, señor
Beteta, con una estructura mucho más reducida se pasa a desarrollar más competencias. Estaba claro que no era necesaria ninguna vicepresidencia de Política Territorial y que se justificaba solo por la necesidad política de darle el rango de
vicepresidente a quien ostentaba ese ministerio. Este es un buen ejemplo, sin duda, del cumplimiento de los compromisos de austeridad anunciados por el presidente que usted ha explicado aquí esta mañana. Señorías, lealtad institucional, diálogo,
colaboración y responsabilidad son los principios que inspiran las nuevas relaciones del Gobierno, y particularmente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. El Gobierno
del Partido Popular ha dado un giro de 180º en el trato a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales y además -y esto es muy importante- ejerce sus responsabilidades. ¿Le parece que hemos concretado poco en seis meses, señora Batet?
Será que lo compara con lo que concretaron los Gobiernos socialistas en los últimos siete años. Señora Batet, exigen mucho ustedes teniendo en cuenta sus antecedentes.


También ha destacado el secretario de Estado la gran importancia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Con ella España se convierte, efectivamente, en uno de los primeros países que incorpora los requerimientos de la gobernanza
económica europea en su ordenamiento jurídico. La ley hace una apuesta decidida por la transparencia en las administraciones públicas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria ha contado también con el apoyo de comunidades autónomas y entidades
locales y ha sido refrendada por ellos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local, y lamentablemente no contó con el apoyo del Grupo Socialista, incumpliendo un acuerdo que posibilitó hace menos
de un año una reforma constitucional acordada entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con el importante acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas para comprometer el cumplimiento de los
objetivos de déficit para 2012, hemos avanzado sin duda en la credibilidad que tiene que recuperar España como requisito imprescindible para que llegue la confianza, para que vuelva el crecimiento y con ello la creación de empleo. Y le digo una
cosa, señora Batet, ha hecho usted una referencia personal al secretario de Estado que ha sido muy desafortunada. El señor Beteta y el Gobierno del Partido Popular lo que han hecho ha sido hacer transparentes las cuentas públicas y gracias a la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, que, por cierto, hemos aprobado -insisto- con el voto en contra de su grupo, nunca más va a haber déficit oculto. El Gobierno del Partido Popular ha hecho transparentes -insisto- las cuentas de las comunidades
autónomas, acordando planes económicos y financieros para poner freno a las desviaciones presupuestarias, para alcanzar el equilibrio presupuestario y para garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit, justamente todo lo contrario de lo
que durante los últimos años hicieron Rodríguez Zapatero y el señor Rubalcaba. El desprestigio de las cuentas públicas españolas tiene un responsable que se llama Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y Rubalcaba. Señorías, hay una gran
diferencia entre lo que pasaba con el Gobierno socialista y lo que pasa ahora con el Gobierno del Partido Popular. Antes supimos de una desviación de 2,5 puntos, 25.000 millones extraviados, como dice usted, señora Batet, a pesar de que el Gobierno
socialista lo ocultó a Europa y engañó a los españoles y ahora, sin embargo, hemos conocido una desviación de 4 décimas gracias al Gobierno del Partido Popular, a la operación de pago a proveedores, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a la Ley
de Transparencia, señora Batet.


El señor secretario de Estado ha avanzado también algunas cuestiones relacionadas con la reforma en el ámbito de las corporaciones locales. El municipalismo español viene reclamando desde hace muchos años la distribución efectiva de
competencias y recursos financieros entre las tres administraciones -Estado, comunidades autónomas y gobiernos locales-, basada en los principios de autonomía, centralización, lealtad institucional, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia
financiera. Es necesario, por supuesto, señora Batet, superar los incumplimientos y los fracasos con las administraciones locales que marcaron la última etapa de los sucesivos gobiernos socialistas en las dos legislaturas anteriores y es necesario,
efectivamente, como ha dicho el secretario de Estado, desarrollar una nueva ley de gobiernos locales y con ella un nuevo sistema de financiación, elaborado desde el diálogo y el consenso, para poder dar respuesta a los principios de autonomía y
suficiencia financiera que consagra nuestra Constitución para las entidades locales.


Termino, señor presidente. Señorías, los desafíos a los que se está enfrentando España exigen la implicación de todos. La salida de la crisis es cosa de todos y, en primer lugar, de los poderes públicos, del conjunto de las
administraciones públicas, de todas las administraciones públicas. El problema de España no son las comunidades autónomas o las corporaciones locales; tanto unas como otras tienen problemas, pero al igual que los tiene también la Administración
General del Estado. Lo que hace falta -lo ha dicho también el señor Beteta- es una reforma en profundidad del sector público. Sí, señora Batet, hace falta una reforma basada en la austeridad para lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades entre
las administraciones. Son necesarias fórmulas para hacer más eficiente la coordinación y el reparto de las competencias

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e insisto en que hay que eliminar las duplicidades, que son innecesarias y costosas. Hay que lograr la supresión definitiva de entidades y organismos innecesarios. Sin duda, son necesarias medidas para reducir costes y mejorar el
funcionamiento del conjunto de la Administración y se están poniendo en marcha por el Gobierno, como muy bien ha explicado en su primera intervención el secretario de Estado.


Señor Beteta, muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero para hablar de la Función pública.


El señor PRESIDENTE: Señor Martín-Toledano, tiene usted la palabra, por supuesto. Solo le recuerdo, aplicando el criterio generoso, o sea incluida ya la generosidad, que tiene usted cinco minutos para intervenir.


El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señor secretario de Estado, señorías, como ha explicado mi compañero, tomo la palabra para ejercer como portavoz del Grupo Popular en la importante materia de la Función pública, una materia en relación con
la cual el Grupo Socialista y el Grupo de La Izquierda Plural han hecho o han intentado hacer las mayores críticas y la mayor demagogia respecto de las medidas tomadas por el Partido Popular en el Gobierno


En primer lugar, quiero decir que agradezco su presencia, como no puede ser de otra manera, y sus explicaciones. Con ellas se acredita que el Gobierno da una importancia sustancial a la reforma de las administraciones públicas, a la reforma
de su funcionamiento, en aras de mejorar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Compartimos con usted y con el Gobierno la necesidad de reformar este funcionamiento y organización de las administraciones públicas españolas y que
la reforma de esta organización no puede llevarse a cabo sin la colaboración y sin la potenciación de los empleados públicos de estas administraciones para que se recobren, a nuestro entender, los valores fundacionales que se han perdido en la
Función pública. La Función pública debe ser ante todo un cuerpo de empleados profesionales altamente cualificados, independientes, garantes de la legalidad, de la correcta prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, fiscalizadores de
cómo se gasta el dinero en las administraciones y protagonistas del sistema de control que toda sociedad democrática debe implantar en el funcionamiento de sus estructuras. La relajación en la aplicación de estos principios durante los últimos años
ha constituido sin duda un caldo de cultivo propicio para que se alimentaran los vicios administrativos, aumentara la ineficacia de la prestación de servicios, surgieran casos de corrupción, se generara descontrol en el gasto y se produjeran abusos
frente a los ciudadanos. Los responsables de estos ataques a los principios esenciales de la Función pública han surgido de la aplicación de ideas políticas erróneas, que han considerado que la división de poderes era una antigualla del pasado y
que por tanto debía darse por muerta y enterrada. A los que creían que imponer al poder político un sistema de controles es intolerable y un ataque a la soberanía popular, quiero decirles que, muy al contrario, es la garantía de la prestación de
servicios democráticos a los ciudadanos. Los datos son demoledores y acreditan el daño causado. La sistemática eliminación de funcionarios y su sustitución por personal laboral, gran parte de él contratado en fraude de ley por la carencia en el
proceso selectivo al margen de los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad, es el más claro exponente de la politización y pérdida de independencia de los empleados de las administraciones públicas. En el conjunto de todas las
administraciones solo el 61% de los empleados son funcionarios, pero en la Administración local solo el 34% de los empleados son funcionarios. Es desolador comprobar cómo se ha ido eliminando lo que significa el funcionario independiente, el
funcionario profesional en las administraciones públicas. El PSOE, que hoy se quejaba y quería dar lecciones de protección al empleado público, ha tenido claramente una estrategia recurrente durante los últimos años, la de ocupar las
administraciones que gobernaba como un sistema de permanencia en el poder. Contrataba a amigos, a afiliados y a parientes bien directamente en la Administración, a dedo, o externamente en empresas paralelas, sociedades, fundaciones, organismos
autónomos, etcétera.


A pesar de esta degradación de la Función pública, hay que manifestar con claridad que la mayoría de los empleados públicos de las administraciones son buenos profesionales que desean que se les trate con respeto y que quieren mejorar su
formación para poder cumplir su función con eficacia. Por eso coincidimos con usted en la necesidad de recobrar el prestigio de la Función pública y reconocemos el esfuerzo y el sacrificio de los empleados de las administraciones, que han sufrido
pérdida de su poder adquisitivo durante los últimos años -hay que recordar que el Gobierno socialista recortó de media un 5%- y sin embargo siguen prestando con estándares de calidad y de forma profesional los servicios públicos al ciudadanos.
Ahora podemos decir con claridad a los que nos llaman recortadores de derechos que, cuando ellos tienen la posibilidad de no recortar, entre el PSOE, Izquierda Unida y su alianza en Andalucía recortan derechos a los trabajadores públicos, les bajan
el sueldo y generan una problemática social con encierros de médicos, protestas callejeras, etcétera. Así que, señores del PSOE y de La Izquierda Plural, aplíquense el cuento y no acusen al Gobierno de la nación de los recortes que ustedes hacen
donde gobiernan.


Desde el Grupo Popular del Congreso le animamos, señor Beteta, a acometer estas reformas que hoy se han anunciado para que se mejore la Función pública y el funcionamiento de las administraciones públicas. Para el desarrollo de estas
reformas, le quiero decir y pedir que cuente con la participación del Grupo Popular del Congreso. Entre los diputados de este grupo existen excelentes cargos públicos que han desempeñado con mucha corrección y mucho conocimiento la gestión de

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las administraciones y que, por tanto, nuestras aportaciones en el desarrollo de estas reformas pueden ser del máximo interés para el Gobierno y para toda la nación. En este sentido, el Grupo Popular ya ha presentado una proposición no de
ley, que esperemos que se tramite en breve, donde se solicita el desarrollo del Estatuto básico del empleado público que usted también hoy ha anunciado mediante reforma legal. Quiero decir a la señora portavoz del Grupo Socialista que este
desarrollo del estatuto básico estaba previsto en el propio estatuto y que al Gobierno de su partido se le olvidó desarrollarlo. Por tanto, estamos a tiempo para poder realizarlo. Por último, quiero animarle en la labor que esta realizando y
felicitarle por su gestión. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Beteta. Les indico que, dado que ha habido algunas referencias cruzadas, abriremos luego un breve turno de réplica tanto para completar la información del señor secretario de Estado, que
es lo que hoy nos reúne, como por si alguno quiere hacer referencia a las recíprocas alusiones.


Señor Beteta, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Señorías, yo creo que todos somos conscientes de dos realidades que nos afectan en este momento; y una realidad es la situación de crisis económica que vivimos,
la cual tenemos la obligación de combatir entre todos en defensa de los intereses de los ciudadanos, con el objetivo de generar empleo y calidad de vida para todos. Esa debe ser una labor común y conjunta de todos los que nos dedicamos a la cosa
pública y, en este sentido, seguro que hoy comparten la alegría de que el Tesoro ha conseguido colocar los 3.040 millones de euros con una fuerte demanda, el triple de la que tenía previsto solicitar, que ha habido una reducción pequeña de la prima
de riesgo hasta los 557, pasando de los 575 puntos básicos, y que afortunadamente el Ibex también está teniendo una ligera subida. Creo que estos son buenos datos que deben enmarcar siempre el trabajo de los que nos dedicamos a la cosa pública.
Debemos saber la realidad en la que nos estamos moviendo, y la realidad es compleja, la realidad es plural, nunca se puede mirar desde una única óptica, y lo hemos visto aquí. Nos encontramos con que el Gobierno de la nación tiene una idea y una
conciencia clara, que es la profundización en el Estado de las autonomías. Sin embargo, se indica aquí que el Gobierno de la nación tiene una visión recentralista, lo cual no deja de provocar estupor en este secretario de Estado y, sin duda, mi
compañera, la secretaria de Estado de Presupuestos, diría lo mismo, porque llevamos los dos trabajando años, años y años en el mundo autonómico.


Creemos profunda y personalmente en el Estado de las autonomías, y el Gobierno de la nación también. El ministro de Hacienda nos impulsa a trabajar en este orden de cosas. Es cierto que tenemos una obligación ya constitucional, que es
cuadrar las cuentas, no gastar más de lo que se ingresa; una obligación que debía ser de antiguo y que se olvidó; una obligación que traía como causa el incumplimiento los dos años anteriores, con déficit excesivo del 2,94%, casualmente; una
circunstancia a corregir, una circunstancia incompatible con la actual situación. Pero a la hora de analizar la realidad, a ustedes esos datos les son irrelevantes. Ustedes miran solo la óptica del servicio que se presta, se olvidan de que quien
lo presta tiene que cobrar y no ha cobrado, y decenas de miles de pequeñas empresas han muerto por no tener en cuenta esa filosofía y miles de trabajadores han perdido su empleo por no tener en cuenta esta filosofía. Porque es cierto que hay que
prestar los servicios, pero también hay que pagarlos, señorías; es cierto que tiene que haber trabajadores públicos, pero también tienen que cobrar las nóminas, señorías, no trabajar sin cobrar. Esa es una realidad que hoy está afectando a muchas
administraciones públicas españolas, y no solo locales. Es una realidad que está pasando y, nosotros, como representantes de la Administración General del Estado, que no somos tuteladores de nada, tenemos la obligación de coordinar, porque
respondemos como única voz ante el conjunto de las instituciones europeas y damos cuenta de que efectivamente España es un país serio y un país solvente, y lo es cuando paga lo que gasta y cuando sabe priorizar aquello que tiene que gastar y, en
consecuencia, tendrá que reducir todos aquellos gastos que no pueda pagar. ¿Cómo? Priorizando, y fácil no es.


Sus señorías parten de un desconocimiento de la realidad. Dicen que el Plan de proveedores no les gusta, y la señora portavoz del Grupo Socialista ha pormenorizado lo imposible que era el plan. Parece que la realidad demuestra que era
posible. Su señoría dice que el Gobierno engañó a las corporaciones locales y no es verdad. En todas las reuniones en la Comisión Nacional de Administración Local se dijo claramente, porque estaba en un proceso lógicamente de consulta con el mundo
financiero, que es quien nos tenía que dar el dinero -dicho sea de paso-, cuál era el tipo aplicable sobre la materia, y siempre se dijo que entre el 5% y el 6%. Para las entidades locales lo que se acordó fue Euríbor más 525 puntos básicos, el
5,939, es decir, inferior al 6%, y para las comunidades autónomas Euríbor a tres meses más 525 puntos básicos, el 5,919%, es decir, en ambos casos en los rangos muy cercanos al máximo, es verdad, pero dentro del rango que indicó cuando se habló de
esta coyuntura y de esta circunstancia. Así pues, una operación a diez años con dos años de carencia, en la cual en los dos primeros solo se pagan intereses, señorías, es una gran operación financiera. Eso sí, es una operación financiera para el
que quiere pagar, no para el que pensaba no pagar, no para el que piensa decir que si los proveedores no cobran, esos puestos de trabajo que desaparecen no importan, porque para este Gobierno sí importaban. Por eso se ha hecho esa operación, que
ustedes dicen que atenta a la autonomía local, pero no,

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defiende los intereses de los trabajadores, ese es el eje que nosotros nos hemos hecho. Cuando una Administración local o autonómica se ha olvidado de defender a los trabajadores de las empresas que han prestado sus servicios y nosotros
pagamos, estamos defendiendo a los trabajadores, y parece que eso debería hacerlo también el Partido Socialista, que parece que se olvida de esta circunstancia y de esta coyuntura. Los españoles lo saben y los trabajadores también, y unos y otros
saben cómo se ha defendido a las pequeñas y medianas empresas, que van a poder sobrevivir gracias a esta inyección de dinero y a los puestos de trabajo, más de 100.000, como decía el informe del BBVA, que se van a poder mantener o incrementar en
este periodo. Yo creo que esto es algo muy importante, porque pone de manifiesto cuál es la óptica, la visión que ustedes tienen. Ustedes tienen una visión voluntarista de la vida. Creen que por el hecho de que es necesario prestar un servicio,
ya se presta. Pues no, señorías, hay que financiarlo, hay que financiarlo correctamente, y ustedes han caído en enormes excesos de gasto injustificado, enormes excesos de gasto injustificado que hay que corregir. Y ustedes dicen aquí que están en
desacuerdo con todo lo que nosotros hemos hecho y que están en desacuerdo con las distintas medidas que se han adoptado por parte de las administraciones públicas en materia de gasto público.


Señorías, solo por ver lo que ustedes han hecho -que yo no les voy a criticar por ello- y para que ustedes tengan alguna noción, desde el año 2004 las entidades públicas empresariales, veintinueve en total, han tenido importantes reducciones
de personal, pero eso cuando lo hace el Partido Socialista no se llaman despidos -lo digo para ilustrar a sus señorías-. Asimismo, se han producido 24.352 bajas, pero eso no se llaman despidos porque lo hace el Partido Socialista. Cuando Renfe
reduce su personal en 16.916 personas no son despidos, lo hace el Partido Socialista; y cuando AENA reduce su personal en 5.790 personas, por cierto, el 55,8%, no se llama en absoluto despido, pero si eso lo ajusta una administración del Partido
Popular se está en contra de lo público y se produce un despido a los trabajadores. La realidad es la misma, pero su valoración es distinta. Conste que yo no les critico. En el mismo periodo de tiempo ustedes incrementaron Puertos del Estado el
11%, seiscientas doce personas; en el mismo periodo de tiempo ustedes incrementaron el Instituto Cervantes en cuatrocientas setenta y cuatro personas, un 71,5%; en el mismo periodo de tiempo ustedes incrementaron el personal del Museo del Prado en
doscientas veinticinco personas, un 73,7%. Es decir, ustedes han hecho el trabajo que han querido en su periodo de Gobierno con altas o reducciones según han considerado más pertinente. Esto me parece bien, pero si después critican al resto de las
administraciones públicas que llevan a cabo esas decisiones de incremento de plantilla, en algunos casos, o reducción, en otros, no me parecen justificados los epítetos que ustedes dedican. En fin, es su responsabilidad y cada cual respondemos de
la nuestra.


Quiero decir también que nuestro Gobierno tiene un objetivo claro y es que hay que potenciar la figura del empleado público. Es un elemento decisivo, esencial en la Administración, una Administración pública profesional, porque una
Administración pública profesional es garantía del buen funcionamiento del Gobierno. Nada mejor que una intervención seria a la hora de fiscalizar el gasto público; da seguridad a quien gestiona y da seguridad al administrado, que es el que nos
paga todo porque tenemos y usamos el dinero de los ciudadanos que sí son los dueños de todo el dinero que, simplemente, administra el Estado para cubrir de la mejor manera los servicios públicos. Por eso estamos trabajando en esa línea, cumpliendo
el objetivo de reducción de las cargas administrativas, no en el 25% sino en el 30% en este año 2012, cuyo apoyo se evalúa en 15.000 millones de euros gracias a la reducción y supresión de las cargas, tal como se puede observar en cada uno de los
acuerdos que adopta el Consejo de Gobierno y simplificando a través de políticas públicas y concretas, en especial en el Plan español para el estímulo de la economía y del empleo que traspone la Directiva 2006/123 CE. Igualmente, para su mejor
concreción, se han llevado a cabo los correspondientes convenios y acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias así como con la CEOE, la Cepyme y el Consejo Superior de Cámaras Oficiales.


Trabajamos por el impulso de la Administración electrónica. ¿Cómo se hace esto, señoría? La base del cambio es ofrecer, a través de una nube de servicios denominada Sara con el modelo cloud computing, aplicaciones y servicios comunes para
el conjunto de la Administración pública de manera centralizada. Es decir, se liberan organismos de la necesidad de prestar los servicios generales pudiendo centrarse en los sectores verticales. ¿Todo esto cómo se lleva a cabo? Con la prestación
de servicios para toda la Administración como la @firma, la red Sara, la supresión de certificados en soporte de papel, determinadas cuestiones adicionales que se van poniendo en práctica a través de las comisiones sectoriales correspondientes sobre
la materia.


Su señoría quiere saber más cuestiones sobre el documento en relación con la reforma de entidades locales que yo, personalmente, entregué al señor Zarrías para su conocimiento y su estudio como delegado del Partido Socialista, que así me fue
enviado por su partido con el objetivo de conocerlo. No tengo ningún inconveniente en volver a darle a usted un documento que ya obra en poder del Grupo Parlamentario Socialista, porque es interés de este Gobierno que sea acordado con todos los
grupos políticos con el objetivo de tener el más amplio consenso junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, así como con las comunidades autónomas que tienen competencia sobre la materia. Me consta que el ministro de Hacienda -al
que saludé a la salida- informó de todas estas cuestiones a la vicepresidenta del Gobierno catalán, y no tengo duda de que inmediatamente se hará seguir al señor portavoz del

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Grupo Parlamentario de CiU para que lo conozca porque -como antes indiqué- tenemos el mayor interés en que todo el mundo sea consciente y lo conozca en relación con esta materia y con todas las demás.


En relación con la Función pública, la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dice que estamos trabajando en el desprestigio de lo público porque nosotros pretendemos avanzar hacia la privatización. Es lo que he entendido como
conclusión de sus palabras, lo cual no deja de ser un ritornello conocido que el Partido Socialista tiene siempre. Pero el que desprestigia lo público, desde mi punto de vista, es quien primero congela y luego reduce los salarios de los empleados
públicos un 5%. Yo creo que eso causa un auténtico desprestigio de lo público y, en consecuencia, lo que trata de hacer este Gobierno es garantizar las retribuciones de nuestros empleados públicos. ¿Con mucho esfuerzo? Sí. ¿Reduciendo de otras
partidas? También; entendiendo que a lo largo de todos los periodos anteriores en los cuales ustedes han tenido sus responsabilidades de gobierno no han tenido más que palabras bonitas para ese colectivo, pero unos actos que dejaban mucho que
desear.


En cuanto a otras cuestiones también de interés, quiero decir que difiero de la valoración que su señoría ha hecho en relación con mi comparecencia. Ha indicado que nuestro objetivo es debilitar la política a través de un objetivo
economicista. No, señorías, es que no se entiende la política sin economía, no se entiende. La política no es solo hacer, como usted dice, aquello que entienda que tiene que hacer. Se trata de hacer posible lo necesario; y para hacer posible lo
necesario es preciso ajustar las prioridades, hoy desajustadas. Hay que eliminar muchas cuestiones que se están haciendo volviendo a lo básico, esa vuelta a lo esencial que corresponde a las esencias, delimitando muchas de las exageraciones que en
nuestro Estado a lo largo de todos estos años -fruto de una situación económica reiteradamente positiva- hemos cometido desde todas y cada una de las administraciones públicas.


Señorías, abrazar el principio de la austeridad es política, no es necesidad. Es que ustedes no creen en la austeridad. Ustedes no creen en el equilibrio presupuestario; ustedes no creen en la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Cuando se pasó de las musas al teatro, es decir, de la Constitución a una ley, ustedes votaron en contra, porque ustedes no creen en la estabilidad presupuestaria. Cuando se trata de aplicar la normativa que tiene que hacer posible que comunidades
autónomas y corporaciones locales cumplan ese principio de austeridad presupuestaria, ustedes no están de acuerdo. Ustedes, punto a punto, dicen no a todo. En consecuencia, no a la suma total que implica no gastar lo que no se tiene. (El señor
Elorza González: ¡Qué barbaridad!) Esa es su política y no es la nuestra. Cada uno tiene su política y cada uno responde a los ciudadanos. (Rumores.-Aplausos). El horizonte reformista es lo que plantea este Gobierno. Ustedes lo limitan
simplemente a ajustes, cuando detrás del incremento de deuda pública de las comunidades que ustedes han gobernado; cuando detrás del incremento de la deuda con proveedores, de la deuda de las comunidades que ustedes han gobernado; tras el
incremento de la deuda con los proveedores en los ayuntamientos que ustedes han gobernado; tras el incremento de la deuda pública en comunidades y ayuntamientos donde ustedes han gobernado, sí hay políticas, señorías. ¡Claro que hay política! Pero
su política no se llama austeridad; no se llama austeridad. Califíquenla ustedes como quieran porque yo no quiero calificarla. Creo que los ciudadanos ya lo han calificado.


Quiero decirle al señor portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que, en líneas generales, coincido con el planteamiento que ha hecho en relación con la materia. Le agradezco profundamente el apoyo a este Plan de pagos
a los proveedores que se ha hecho para intentar ayudar, con respeto siempre, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Tan respetuoso es que las comunidades autónomas han tenido que llevar a cabo unos acuerdos por sus Consejos de
Gobierno para incluirse dentro del plan, y tres de ellas no lo han querido. La Comunidad Autónoma de Euskadi, la Comunidad Foral de Navarra y Galicia dijeron que no, que no les hacía falta; no han querido. Fíjense si es respetuoso el plan que se
ofrece a la colaboración de las comunidades autónomas, tres no han querido, catorce sí -catorce están incluidas- y el resto se supone que están pagando de modo razonable a sus proveedores según la responsabilidad que tengan en ese sentido.


Quiero decirle al señor diputado que trabajaremos desde la Comisión bilateral sobre los inmuebles de la Seguridad Social a los cuales ha hecho referencia, que son titularidad del Estado, y de cuya afectación a las comunidades autónomas
efectivamente se ha informado reiteradamente en este Congreso de los Diputados.


Coincido con sus señorías en algo muy esencial, y es que la Función pública no es un privilegio, en absoluto, y lo que tenemos que evitar es que los ciudadanos vean a nuestros trabajadores públicos como privilegiados. La Función pública
supone que se está trabajando para el conjunto de la sociedad, y eso es un orgullo; da igual el nivel que se tenga al servicio de los ciudadanos, es un orgullo poder servirlos. El hecho de haber superado las correspondientes pruebas de acceso que
dan estabilidad al puesto no quiere decir que aquellas personas que estamos trabajando no demos todas el cien por cien de lo que tenemos, en época de crisis y en todo lugar, porque es un honor poder servir a los ciudadanos, y no se debe pensar que
por ello existen privilegios más allá de ese honor para llevarlo a cabo.


Su señoría decía, y con razón, que tenemos que trabajar en relación con los municipios turísticos. Se va a examinar por el Consejo de Ministros previsiblemente esta misma semana un plan que afecta al desarrollo del sector turístico español,
donde sin duda se empezará a trabajar con la Federación Española de Municipios y Provincias para afrontar la financiación de los municipios

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turísticos. El turismo es una gran industria, no es algo folclórico; es algo muy serio que supone hoy en día la mayor industria de este país y que además tiene un nivel de estabilidad muy serio. Detrás de ella hay inversión, detrás de
ella hay empleo, detrás de ella hay crecimiento económico y detrás de ella también hay muchos millones de personas que vienen aquí y después quieren comprar productos españoles y, por tanto, tienen un enorme efecto demostración cuando aquí se vive
lo que aquí se produce. Trabajar por el turismo, por tanto, es desarrollar todos los sectores de nuestra economía y en ese sentido va el informe que se presenta en el Consejo de Ministros con medidas concretas para avanzar en su desarrollo.


Estudiaremos la propuesta que nos ha indicado en relación con los ayuntamientos que tuvieron un buen comportamiento financiero. También alcaldes de mi grupo político se han dirigido a nosotros diciendo que la normativa es muy estricta en la
materia, y es verdad; se ha puesto el eje de actuación en el control del conjunto del gasto público porque al final el conjunto de las cuentas del sector se cuadra corrigiendo unos con otros y entre todos tenemos que procurar que esto no pase.
Posiblemente podamos avanzar en la solución de este tema una vez que el compromiso de aquellas entidades locales que hasta este momento no estaban suficientemente comprometidas con el control del gasto y del déficit público sea firme, y podamos en
consecuencia avanzar en relación con esta materia.


El trabajo realizado en el Plan de pago a proveedores sin duda va a aliviar a muchas corporaciones locales para poder trabajar con más seriedad en este campo económico-financiero y, en consecuencia, esto podrá ser así prontamente. Debo
agradecer muy especialmente las palabras del Grupo Popular en relación con este Plan de pago a proveedores, que me ruega haga extensivas a mi equipo que está aquí presente, y lo hago en la persona del secretario general de Coordinación, don Enrique
Ossorio, que ha hecho muchísimo para la puesta en funcionamiento de este plan, junto con sus colaboradores y que merece el reconocimiento de todas aquellas personas que han percibido, al ser autónomos, esa retribución que merecían por su trabajo.
Asimismo han podido evitar que a los responsables de todas aquellas entidades locales, cuando van por la calle o reciben al ciudadano, les tengan que decir: Alcalde, ¿cuándo me vas a pagar?, porque ya han cobrado. Este hecho, de sobra conocido
por todos -porque muchos alcaldes que también son diputados y amigos míos me lo han dicho muchas veces-, supone un punto de normalidad democrática y por tanto es importante que se conozca que en la persona de Enrique Ossorio y en su equipo ha
pivotado el mayor esfuerzo para la consecución de este objetivo. Lo que salga mal es responsabilidad mía, porque siempre la responsabilidad es del titular del cargo, y los éxitos son de quienes han contribuido a sacar las cosas adelante.
(Aplausos).


Para contestar a la señora portavoz del Grupo de La Izquierda Plural, como han coincidido en la misma filosofía, pueden servir de referencia las palabras dirigidas al Grupo Parlamentario Socialista. ¿Falta de diálogo? Jamás se ha dialogado
tanto con las comunidades autónomas. La cantidad de sesiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera que llevamos ya en los escasos meses de gobierno, y las que nos esperan a lo largo de todo este ejercicio, así como los grupos de trabajo que
se han generado y todas y cada una de las medidas que se han llevado a cabo, que han sido pedidos por escrito por una gran mayoría de las comunidades autónomas demuestran que las comunidades autónomas eran, son y serán conscientes de la necesidad
-que para ustedes parece menos importante- de cuadrar las cuentas, es decir, de gastar lo que se necesita.


Con las corporaciones locales pasa lo mismo. Desde la Comisión Nacional de Administración Local supimos y acordamos aquello que parecía imposible: ampliar a 120 días las liquidaciones negativas, tantas veces pedido por la Federación
Española de Municipios y Provincias, que parecía imposible para el Gobierno anterior y que, sin embargo, ha sido rápidamente posible para el actual Gobierno. Claro que eso no se llama dialogar, eso se llama acordar, que es un fenómeno distinto al
que aquí ocurre y que es el que se está sucediendo en estos momentos. Se dice, y con razón, que el gasto social -es decir, educación, sanidad y servicios sociales- se gestiona muy sustancialmente a través de las comunidades autónomas, es verdad, y
eso es lo que están diciendo los presupuestos. Los presupuestos indican: menos dinero, el gasto ministerial se reduce una media del 16% y el gasto autonómico no baja. Luego hay un reconocimiento claro y expreso a esas políticas sociales que
ampara el Gobierno de la nación manteniendo su financiación, además con esas otras líneas de apoyo que antes conté. En el caso de las corporaciones locales, incrementando un 8% en un año de importantísima reducción del déficit público.


Cuando se habla de los objetivos de déficit, hay que recordar que las comunidades autónomas en el año 2012 no tenían el objetivo del 1,5, que es el que estamos diciendo que hay que cumplir; el objetivo fijado era de 1,3. Se incrementó en
aras a facilitar a las comunidades autónomas un tránsito, complejo, desde el 2,94 anterior para poder llegar al 1,5; el 1,3 habría sido aún más difícil. Por eso, desde el día cero empezamos a trabajar con las comunidades autónomas para el ajuste
presupuestario; desde el día cero empezamos a ver los primeros ajustes; en el mes de enero las comunidades autónomas ya nos habían ofrecido planes de ajuste por importe de 10.000 millones de euros, que se han trabajado y potenciado a lo largo del
tiempo hasta llegar a la concreción en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas. Incluso allí mismo, in situ, se acordó con la comunidad andaluza ese déficit público; solamente quedó Asturias, que no podía hacerlo
debido al período electoral, que le impedía poder con

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cretar y llevar a cabo esa adopción. Sin duda su plan de ajuste será aprobado en la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar en los primeros días del mes de julio.


Señoría, el trabajo que nosotros pretendemos llevar a cabo no es de privatización, en absoluto; es de racionalización. Un servicio, por ser público, no tiene por qué ser mejor que privado. Lo importante es que se cubra el servicio a los
ciudadanos del modo más eficaz, eficiente y con la máxima calidad. Presumir que algo es mejor por ser público es tan malo como presumir que algo es mejor por ser privado. Ambas afirmaciones son un error. Habrá servicios públicos mejores y habrá
servicios privados mejores. En todo caso, el servicio mejor es el que, manteniendo la calidad, resulte más barato para el conjunto de los ciudadanos; además, teniendo menos recursos, los presupuestos tienen que abordar con priorización el conjunto
de los servicios públicos. Por lo tanto, estamos abiertos, como no puede ser de otra manera, a defender el trabajo de lo público y a defender el trabajo de lo privado, porque, público y privado, todos son trabajadores españoles y, en consecuencia,
en la prestación más eficaz y eficiente de los servicios públicos es en lo que está este Gobierno.


De entre las palabras del señor portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, del señor Azpiazu, hay algo esencial en lo que coincido. Vamos hacia una Europa diferente, vamos a una Europa más fuerte, vamos a una Europa distinta, vamos a una
Europa donde habrá una armonización fiscal superior y donde muchas de las competencias que tenemos hoy los distintos niveles de Gobierno en el tema fiscal, en el amplio sentido de la palabra -no solo el tributario-, van a enmarcarse dentro de una
amplia política global, que creo que es necesaria para poder dar soporte financiero a esa moneda única que es el euro y de la que estoy convencido que sin duda es garantía de progreso.


Decía su señoría que es un esquema antiguo hablar de la reducción de altos cargos. Es que tras la reducción de altos cargos y de las empresas públicas está la reducción del presupuesto. Ya le conté a su señoría que hay un 16% de reducción
del gasto ministerial. No se trata solo de comentar aquí los Presupuestos Generales del Estado, en tramitación -todavía en el Senado pero que habrán de volver presumiblemente a esta Cámara y aceptarse las correspondientes enmiendas con el objetivo
de su aprobación final-, sino también las estructuras que soportan ese gasto público, que es menor, y le puse un ejemplo, como podía ser otro cualquiera. Me refiero a ese trabajo que se lleva a cabo desde mi secretaría de Estado, que engloba una
labor que antes se desarrollaba por un ministro con rango de vicepresidente acompañado de dos secretarías de Estado y además con parte de las funciones que se realizaban en la Secretaría de Estado de Hacienda. Todo eso es lo que corresponde a
quienes hoy en día estamos trabajando en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y, por lo tanto, esperamos hacerlo lo mejor posible en este orden de cosas.


Termino dando las gracias a los dos portavoces del Grupo Popular, al señor Martín-Toledano y al señor Matarí. Este Gobierno ha pretendido dar un giro de 180 grados en relación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Por qué?
Porque lo decía el programa electoral del Partido Popular y, en consecuencia, este Gobierno, siguiendo el programa del Partido Popular, que hablaba de profundizar en el Estado de las autonomías, de trabajar de la mano con los entes territoriales,
está tomando todas estas medidas. Este Gobierno desarrolla la Ley de Estabilidad Presupuestaria -sí-, que ya formaba parte de nuestra Constitución y que se lleva haciendo desde el final de la anterior legislatura. En consecuencia, el ajuste de los
gastos a los ingresos, ese principio de austeridad también formaba parte del programa electoral; entiendo que no de todos los programas electorales, pero sí del programa del Partido Popular y, por tanto, es normal que se plasme en la gestión del
Gobierno que han votado los diputados del Grupo Parlamentario Popular, mayoritarios en esta Cámara.


Pretendemos seguir trabajando en medidas eficaces y que sean demandadas por el conjunto del sector local con el objetivo de tener unas administraciones locales mejores. Que nadie piense que es voluntad de este Gobierno la eliminación de
municipios. En absoluto, en ningún momento; quiero que quede claro. Pretendemos tener una Administración local más ágil, más eficaz, que cumpla con los principios de autonomía y al mismo tiempo que preste los mejores servicios a los ciudadanos.
Para eso no hace falta en absoluto proceder a la supresión de municipios. Sabemos que hay miles de concejales en dichos ayuntamientos; miles de concejales que no cobran un euro, miles de concejales que están trabajando en representación de sus
vecinos, miles de concejales que representan una voluntad popular y que saben llevar ante otras administraciones públicas esas necesidades. El hecho de que se busque el ámbito más eficaz para la prestación de los servicios no quiere decir en ningún
caso que tengamos que reducir la representación democrática; en absoluto. (El señor López-Amor García: ¡Muy bien!) Compatibilizar democracia con eficacia y eficiencia es el objetivo de la reforma que pretendemos llevar a cabo en el sector local.
Igualmente en relación con la Función pública, porque creemos en la colaboración y en la potenciación de los empleados públicos, como su señoría ha indicado; porque creemos en el sistema de controles, que es garantía para los ciudadanos, como su
señoría ha indicado; porque somos contrarios a la politización de la Función pública, porque creemos en una Función pública independiente, como su señoría ha indicado. Así pues, revisaremos todos los aspectos que se han indicado de la normativa de
la Función pública.


Espero que con esto, señor presidente, señorías, haya dado una breve contestación a la mayoría o al menos a algunas de las cuestiones más importantes que han planteado. He intentado no rehuir el debate en ninguno de los aspectos que
entiendo son esenciales, pero sepan que

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quedo a su disposición para dar cualquier dato que, por mor de tiempo, no haya podido facilitar en estos momentos.


El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir un breve turno final para aquellos portavoces de los grupos parlamentarios que lo deseen, siguiendo el mismo orden que hemos tenido antes. Por lo tanto, si lo desea, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora BATET LAMAÑA: Señor secretario de Estado, siento decirle que no me ha contestado a nada, absolutamente a nada de lo que le he planteado, y creo que con ocurrencias no se construyen el consenso ni el futuro. En cualquier caso, me
alegro de que haya recogido que efectivamente la Función pública, el hecho de ser un funcionario o un empleado público no es un privilegio y por eso precisamente le planteábamos la necesidad de impulsar medidas que incentiven un buen trabajo, una
evaluación del desempeño, una evaluación del cumplimiento de objetivos, un desarrollo de la Ley de Acceso Electrónico y la disminución efectiva de estas trabas administrativas. Me alegro de que haya hecho suya la Red Sara, que nosotros impulsamos;
me alegro también de que haya anunciado la ley del empleado público de la Administración General del Estado y el estatuto del directivo. Esa es la línea, no generar sospechas e intentar aprobar resoluciones o incorporar cláusulas en decretos-leyes
que lo único que hacen es estigmatizar a los empleados públicos.


Respecto al tema del gobierno local, se ha confundido con el portavoz de Convergència i Unió porque yo no le he solicitado el documento de borrador de modificación de la Ley de bases reguladora del régimen local, ya que desgraciadamente lo
conozco y he tenido ocasión de trabajar en él en profundidad. Imagino que si durante ocho años de Gobierno socialista paralizaron un buen proyecto de ley de gobierno local -con el que aparentemente parecía que estaban de acuerdo y estaba
consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias- porque en paralelo no estábamos presentando una ley de haciendas locales, espero que su proyecto de ley de haciendas locales también llegue en paralelo a esta Cámara con el proyecto
de ley de modificación de la Ley reguladora de bases de régimen local. Sobre este borrador, al que no me quería referir por una cuestión de respeto al Gobierno, a los grupos y a los partidos que están trabajando en él todavía, le voy a decir dos o
tres cosas simplemente. En primer lugar, en él no se acomete ninguna de las reformas que están previstas en su propio programa electoral; en segundo lugar, aclaran el mapa competencial en la ley, pero -y eso puede ser positivo en algunos casos y
muy negativo en otros, tal y como lo plantean- eso no tiene nada que ver ni con duplicidades ni con solapamientos. En tercer lugar, fortalecen las diputaciones, pero usted sabe perfectamente, y no creo que se haga trampas al solitario, que en estos
momentos las estructuras organizativas de las diputaciones no son suficientes para abordar todos los servicios públicos que prevé que tengan que asumir porque los ayuntamientos no los van a poder realizar. Ya me dirá usted, si no es con
privatizaciones, cómo se van a prestar esos servicios públicos. Señor Beteta, no intente engañar a la Cámara, porque cualquiera que se haya leído el anteproyecto o el borrador de proyecto de ley llega exactamente a la misma conclusión.


Acabo con una petición, con la misma que terminaba mi primera intervención. Trasciendan la coyuntura, no nos digan que no estamos de acuerdo con la austeridad y que para ustedes la austeridad es su leitmotiv, su signo de identidad. ¿De qué
austeridad me está hablando? ¿De los déficits de las comunidades autónomas de Valencia o de Madrid o del ayuntamiento más endeudado de España, que es el Ayuntamiento de Madrid? El único momento en que en este país ha habido un superávit en los
Presupuestos Generales del Estado por tres años consecutivos ha sido con un Gobierno socialista. Por tanto, no hace falta que nos demos lecciones mutuamente sobre austeridad o sobre reducción del déficit -esos son objetivos compartidos-. Lo único
que les estamos diciendo desde el Grupo Parlamentario Socialista es que eso no es lo único que necesitan nuestras administraciones públicas. Por tanto, trasciendan la coyuntura y planteen cuestiones que aborden los problemas reales, más allá de la
austeridad, que también tiene que estar incluida, pero profundicen y aborden los problemas reales que tienen las administraciones locales, los Gobiernos locales, las comunidades autónomas, el propio Estado, la propia Administración y la propia
Función pública. Hablemos de políticas de estímulo al buen trabajo, de mejora de la productividad, de modernización, más allá de la austeridad, y allí es donde nos vamos a encontrar, seguro.


El señor PRESIDENTE: Si así lo desea, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, señor Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor secretario de Estado, hemos considerado su primera intervención, y se lo hemos manifestado así, enmarcada en la gestión y en la administración y poco es la política; la segunda parte ha sido más política.
Soy nuevo en este oficio, pero hay una continuidad entre los dos grandes grupos, Grupo Popular y Grupo Socialista, en mirar al pasado y ambos hablan de lo que hace el otro. Creo que es tiempo de olvidar tanto pasado, conducir el vehículo
lógicamente mirando el retrovisor, pero siempre pendientes de lo que tenemos por delante, del futuro.


Ha dicho usted que cree profundamente en el Estado autonómico, en el Estado de las autonomías. Nos felicitamos, con el tiempo lo veremos; será así, porque, con su experiencia, seguro que es un firme defensor del Estado de las autonomías.
Ha hablado de cuadrar las cuentas. Lo comprendo perfectamente. El Grupo Parlamentario

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Catalán de Convergència i Unió lo comprende perfectamente. De hecho, cuando debatimos en el Pleno del Congreso el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre la declaración de la cuenta general del
Estado del ejercicio de 2009, manifesté públicamente que en dicho año había habido 90.000 millones de euros de déficit por una desviación de un 9% en negativo; que el 85% de este déficit lo generó el Estado y que solamente el 15% correspondía a
autonomías y a Administración local. Por tanto, en su papel hoy día, señor Beteta, usted está actuando como aquel médico que atiende a un enfermo que durante años ha cometido excesos en la comida, en fumar, lo que sea, ahora le está aplicando una
medicina y el enfermo se queja de que el médico le esté aplicando aquellas medicinas que intentan salvarle. Por tanto, le comprendo.


Déjeme que le diga que lógicamente Convergència i Unió estamos en las administraciones, sobre todo del Gobierno de Cataluña, de las diputaciones, de los ayuntamientos y contamos, y doy fe, con grandes profesionales en el mundo de la Función
pública. Este país no estaría donde está si no fuera por la labor, la dedicación, el coraje, incluso la visión y el sentido de responsabilidad de estos grandes profesionales. Estos grandes funcionarios, estos grandes profesionales de todos los
niveles -A, B, C, D, E- piden también que se dignifique la imagen de la Función pública. En relación con esto hay que afrontar la situación, coger el toro por los cuernos y decir que vamos a poner las cosas en su sitio. Es necesario racionalizar
la Función pública. Ellos, los buenos trabajadores, son los primeros interesados, saben que hay que esforzarse y en eso están.


Le agradezco la sensibilidad por todas las sugerencias que le he ido manifestando. Acogemos con esperanza, pero nos gustaría tener más información y seguirlo más de cerca, el anuncio de este documento, de este estudio que propone una
financiación especial para los ayuntamientos turísticos. Le agradezco que interiorice y que transmita de manera tan clara como lo ha hecho aquí la transversalidad del fenómeno turístico y que lógicamente este fenómeno turístico se ejerce en el
marco de un municipio concreto. Esperanzado ante todo lo que nos ha dicho, le agradezco su comparecencia aquí y sabe que cuenta con nosotros en positivo para que usted recoja las sensibilidades que le podemos aportar -yo soy representante por
Girona- desde Girona, desde Tarragona, desde Lleida y desde Barcelona.


El señor PRESIDENTE: Si así lo desea, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, la señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Usted ha dedicado gran parte de su intervención a defender su modelo ideológico tanto de Administración, como incluso diría de política económica. No voy a entrar en ello porque creo que eso nos llevaría bastante
tiempo. Desde La Izquierda Plural, desde Iniciativa per Catalunya-Verds, desde Izquierda Unida, tenemos un modelo completamente distinto al suyo, en eso estaremos de acuerdo, pero cuando usted nos llama a nosotros voluntaristas y dice que ustedes
son los que tienen la racionalidad y el sentido común, sinceramente creo que esto no se ampara tampoco en los hechos. Llevamos cuatro años de recortes, no de austeridad, de recortes que nos han llevado al desastre actual y a volver a decrecer. Yo
no le hablo de despilfarro. A mi entender el despilfarro es la amnistía fiscal, a mi entender son los últimos quince años de regalos fiscales a las rentas altas, para mí eso es despilfarro, o la recentralización o el solapamiento competencial,
porque el Estado también decide mantener competencias allí donde no le toca. Para mí eso es despilfarro. Por lo tanto, su percepción de lo que es voluntarismo o despilfarro, es verdad, es distinta a la nuestra. Más allá de este debate ideológico
que seguramente a lo largo de la legislatura nos volveremos a encontrar, y espero que los hechos, a base de repetirse, también les hagan rectificar, me gustaría que nos respondiera brevemente a algunas cosas que se han quedado en el tintero porque
nos las ha respondido.


Me gustaría que nos dijera algo sobre las veguerías, lo que le planteaba. Usted ha hablado de las diputaciones. Me gustaría saber si el Estado tiene en mente tener en cuenta la legislación que ha aprobado el Parlamento de Cataluña en este
sentido y la necesidad de administrarnos de una manera acorde a las necesidades reales del territorio y de los municipios. Usted ha hablado de la necesidad de mantener y que ya se relajaron los objetivos de déficit para las comunidades autónomas.
A mí no me parece razonable que el Estado, que tiene el 44% del peso en el gasto, pueda tener un déficit del 4% y las comunidades autónomas, que tienen el 39, un 1,5%, precisamente cuando usted ha reconocido que es verdad que son las comunidades
autónomas las que tienen el peso de los servicios sociales básicos y, por tanto, tutelan derechos básicos de la ciudadanía. A mí no me parece razonable, creo que las cifras son evidentes.


Hablaba de la necesidad de que los municipios no gasten más de lo que tienen. Efectivamente, pero es que usted no nos ha hablado de ninguna modificación en la financiación municipal. Teníamos municipios que se han financiado creo que de
una manera poco razonable o, como mínimo, con unos ingresos basados en un modelo que se ha agotado y que no volverá y por lo tanto tenemos que ver cómo participan los ayuntamientos de la financiación, de los ingresos del Estado y cómo mejoramos esa
financiación. Recortando no vamos ni a mejorar el crecimiento ni a mejorar la economía y en este caso los ayuntamientos necesitan mejorar sus ingresos. Lo dejo aquí.


También me gustaría que en esta mejora de los ingresos se planteara desde su ministerio -ya sé que no es su competencia directa- una mejora clara de la fiscalidad pero de manera integral. En este sentido, incluso los ayuntamientos podrían
participar también de una

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reforma fiscal verde como hemos exigido y planteado de manera reiterada. El ministro ha respondido con evasivas y nos gustaría que esa pudiera ser una vía de mejora de la financiación de los municipios.


El señor PRESIDENTE: Si así lo desea, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario, PNV, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente, señor Beteta, usted ha empezado su intervención en la réplica diciendo que cuando oye la palabra recentralizacion le produce estupor y que el que algunos la podamos decir en algunas ocasiones puede
ser más fruto del desconocimiento que de otras cuestiones. Mire, si analiza la legislación -y creo que es bastante la que se ha producido a lo largo de estos últimos meses-, podrá ver que no es simplemente un capricho de este portavoz el que en
algunos casos se hable de recentralización, porque creo que esta es la realidad de muchas de las leyes. Ahora, me alegro de que usted sea defensor de la descentralización y de las comunidades autónomas y desde luego bienvenida sea esa postura. Si
esa es la posición de verdad y efectivamente se concreta en hechos, podrá encontrar el apoyo del Partido Nacionalista Vasco.


Usted ha comentado con relación al tema de proveedores, al que yo no he hecho ninguna referencia, que Euskadi, Navarra y Galicia no habían solicitado este recurso. Como usted bien sabe, Euskadi y Navarra no pueden, o en todo caso
instrumentarían ellos este recurso, debido a la tutela financiera que está en manos de las diputaciones forales. Precisamente, si el modelo que han instrumentado ustedes para el resto del Estado funciona, es porque hay un aval que se deriva de las
participaciones que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas en los recursos del Estado. Simplemente es una aclaración: dado que la tutela financiera está en las diputaciones forales, no habría ningún impedimento en que las
diputaciones montaran un instrumento de similares características, pero serían ellas las que en todo caso tendría que avalarlo. Así está también contemplado en la legislación y nos parece correcto. No creo que no sea porque algunos ayuntamientos
no necesitan recursos, sino porque tienen que montar en todo caso su propio sistema al efecto.


El señor PRESIDENTE: Si así lo desea, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Matarí.


El señor MATARÍ SÁEZ: Intervengo muy brevemente porque no vamos a reiterar cuestiones que ya han sido debatidas y además tendrá ocasión el secretario de Estado ahora de cerrar la comparecencia y precisar o matizar alguna de las cuestiones
planteadas.


Dos cosas muy rápidas. Decía la señora Batet que en algunos años del comienzo de la etapa de Gobierno socialista hubo superávit. Efectivamente, hubo superávit en las cuentas públicas mientras duró la herencia que dejó el Partido Popular en
2004. Se encontraron la caja llena y la han dejado vacía; se encontraron las cuentas en equilibrio presupuestario y nos han dejado unas cuentas con un 9% de déficit. En fin, esa es la situación.


Habla usted también del tema local. Ha dicho algo así como que nosotros paralizamos... No sé que es lo que paralizamos. Yo no conozco ninguna propuesta que se haya presentado en esta Cámara durante la legislatura pasada ni la anterior.
Ustedes incumplieron todos los acuerdos del Congreso y del Senado, que fueron muchísimos, pidiendo y solicitando esa reforma y no la presentaron. Por tanto, mal podríamos paralizar algo que ustedes no llegaron a concretar. Creo que ahora va a
llegar ese momento por fin en que nuestra legislación normativa básica local se va a modernizar y se va a solucionar el problema de su financiación y con ello el tema tan importante de las competencias impropias que todavía siguen ejerciendo los
ayuntamientos y que es uno de los principales problemas que tiene su financiación. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para concluir esta comparecencia, tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Señoras y señores diputados, lejos desde luego de mi ánimo haber pretendido ser ocurrente, espero que no lo haya sido y si alguien ha pensado que era mi intención,
en ningún caso lo ha sido, porque yo pretendía afrontar con seriedad la serie de problemas, que son muy importantes, del conjunto de las administraciones públicas y de nuestros empleados públicos y, por lo tanto, lejos de toda ocurrencia, partiendo,
eso sí, del análisis de una realidad no fácil, no sencilla, que es la crisis económica. Y frente a la crisis, austeridad, y austeridad por la reforma. Eso se puede entender o no, se puede estar de acuerdo o no, pero es lo que nosotros estamos
pretendiendo.


En mi ánimo tampoco está demonizar el trabajo del Gobierno anterior. Ha habido muchas cuestiones que se han llevado a cabo que han sido seguidas por el equipo que tengo el honor de dirigir en mi secretaría de Estado, ¿por qué no?, en
absoluto. La lógica continuidad en aquello en lo que se está de acuerdo es bueno para el conjunto de los ciudadanos, al igual que cambiar aquello en lo que no se está conforme, y trabajar sobre algo que estaba bien construido -como es el caso por
ejemplo de la Red SARA, de la que hemos hablado hace unos momentos- me parece un ejemplo lógico y natural de lo que hay que hacer y no tengo ningún inconveniente en reconocer el gran trabajo que en todos esos aspectos se hizo por el anterior
Gobierno en la secretaría de Estado. En otros aspectos no estoy de acuerdo y por eso es por lo que queremos cambiar.


En relación con el tema local, señoría, desde nuestro punto de vista lo esencial de este documento es que

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efectivamente se aclara el marco competencial -a usted eso le parecerá poco, a nosotros nos parece mucho-, porque además está visto que el conjunto de aquellas funciones que la ley establece como obligatorias y básicas de las corporaciones
locales se financia adecuada y suficientemente con los recursos que hoy tienen ya establecidas las corporaciones locales. ¿Para qué no hay recursos? Para las competencias impropias, para eso no hay recursos; para eso no da el conjunto de la
financiación establecida tributaria local. Estoy haciendo un estudio muy pormenorizado del conjunto de las funciones que se llevan a cabo por parte de cada uno de los ayuntamientos, atendiendo a los distintos rangos poblacionales, que demuestra
este hecho y esta circunstancia. En consecuencia, dividir las competencias básicas obligatorias, que tienen que cubrirse siempre y dentro de la estabilidad presupuestaria, con otra serie de actuaciones de carácter potestativo, que son competencia
de las comunidades autónomas, que a través de un convenio de gestión lo llevarán a cabo los ayuntamientos, ¿cómo?, con financiación cien por cien de la comunidad autónoma, no cabe; no cabe que desde una administración autonómica se impongan
obligaciones financieras a las corporaciones locales como se está haciendo hasta ahora. No cabe que una comunidad autónoma encargue una determinada función a una entidad local y luego no la pague; no cabe.


La lealtad institucional es algo que debe de regir entre los distintos niveles de gobierno y esos aspectos, que son claves y esenciales en nuestro proyecto, suponen una alteración sustancial en la materia de financiación de competencias. No
hace falta hacer mil artículos; solo con dos supone un auténtico cambio conceptual en la relación financiera entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Entendemos que una corporación local puede llevar y debe de llevar a cabo
trabajos que son competencia estatutaria y, por lo tanto, no disponible ni siquiera por ley orgánica, y que tiene que tenerse el acuerdo de la comunidad autónoma en cuestión para poder establecerlo así, por lo tanto, vía y acuerdo entre ente local y
comunidad autónoma para el ejercicio de esa función en materia de cercanía y servicios de proximidad al ciudadano. Yo entiendo que sí, pero es que eso quien lo tiene que entender es la comunidad autónoma y lo tiene que entender la entidad local.
Lo que nosotros vamos a pedir es que esto no produzca déficit a la entidad local porque sea lo que la comunidad autónoma está gastando en la materia; que la transferencia sea eficaz y eficiente para la prestación del recurso y que se pague en
tiempo para que la entidad local preste el servicio y a su vez pueda pagar a tiempo. Entenderán que quizá tenga una cierta obsesión con lo de pagar, pero es que forma parte de mi modo de ser: cuando se debe, se paga. Me repito mucho y ruego me
disculpen sus señorías, pero es que eso para mí no es coyuntural, es estructural en mi forma de ser.


En cuanto a la evolución del endeudamiento, señoría, coja el informe del Banco de España y vea la evolución de las comunidades autónomas, vea la evolución de la Comunidad de Madrid y verá como es en la que menos ha crecido su endeudamiento.
Si a usted le parece que ha crecido mucho, a mí también, pero, entonces, califique usted cómo han crecido las demás, que lo han hecho mucho más que esa, mucho más. Usted la calificará y yo quedaré a lo que usted califique. Si dice que es justo y
necesario, será que es justo y necesario y, entonces, respecto a la de Madrid, ya me dirán.


En cuanto a las políticas de estímulo, estoy con su señoría. ¿Qué mayor política de estímulo que poner 35.000 millones pagando a los proveedores? ¡Qué mayor política de estímulo! Mucho más que abrir o cerrar zanjas, señoría (El señor
Merino López: ¡Muy bien!), es pagar lo que se debe, y eso es lo que ha hecho este Gobierno y eso es lo que, según los informes independientes, el último, vuelvo a decirlo, que he conocido es del BBVA, se pone de manifiesto.


Al señor portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiero agradecerle esa colaboración que nos ofrece y que nosotros encantados aceptamos. Queremos recoger esa sensibilidad. Somos autonomistas. Creemos que estamos en un
Estado que no es uniforme, que tiene sus peculiaridades, que tiene sus estatutos de autonomía y que hay que respetar cada uno. Cuando se refería a las veguerías la señora portavoz del Grupo de La Izquierda Plural, en Aragón se llaman comarcas.¡Pues
claro! Hay un eje constitucional que son las diputaciones provinciales. Tenemos que trabajar y enmarcar entre todos aquello que la Constitución nos marca, respetando las peculiaridades que cada una de las legislaciones entiende en cada una de las
comunidades autónomas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. La Constitución indica qué es una diputación provincial, lo dice claramente y, en consecuencia, usted, que respetará la Constitución como yo, tendremos que trabajar con ese orden
constitucional mientras sea el que es y, mientras sea el que es, este proyecto en el cual estamos trabajando es en desarrollo de esta Constitución española tal y como está, porque queremos hacer una reforma que sea urgente, necesaria, imprescindible
y no que sea motivada o traiga como causa también una modificación constitucional en la cual además no creemos, porque también personalmente este Gobierno y el partido político que le sustenta creen en las diputaciones provinciales, como así figura
en el programa de Gobierno del mismo.


En la primera parte decían que fui muy pragmático, en la segunda que he sido muy ideológico. Espero que el mix de las dos les pueda dar una idea del trabajo que está haciendo esta secretaría de Estado, el conjunto de personas que colaboran
conmigo y el conjunto de los empleados públicos que nos soportan, con la segunda parte, que es la razón de por qué estamos haciendo aquello que antes hemos dicho que estamos haciendo. Creía que la primera parte era para dar cuenta de hechos, datos,
cifras, de proyectos concretos y circunstancias y que la segunda, como sus señorías así lo querían o así lo

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entendía este secretario de Estado, era para explicar por qué se pretenden llevar a cabo todas esas actuaciones.


La señora portavoz del Grupo de La Izquierda Plural me decía que no estaba de acuerdo con el reparto del déficit de Estado y comunidades autónomas en función de los volúmenes de gasto público y gasto social que se lleva a cabo. Señoría, yo
se lo he intentado explicar antes, pero vuelvo a decírselo otra vez. El conjunto del gasto ministerial baja un 16%, el gasto autonómico no baja. ¿Es que acaso tener más déficit es algo positivo? No, señoría. Es más positivo tener recursos para
su financiación, que se les mantiene en un momento de reducción general del gasto público, que no decirles: pueden ustedes tener más déficit. ¿Y ahora qué? Porque con ese déficit hay que salir al mercado y el mercado, ese mercado que analiza a
quienes gastan solo lo que deben, que son los que prestan dinero, te lo tiene que prestar porque, si no, no podrás pagar. Por tanto, nuestra obsesión fue garantizar la financiación de la sanidad, garantizar la financiación de la educación,
garantizar la financiación de los servicios sociales. ¿Cómo? Garantizando su financiación presupuestaria. Incrementar, sí, un poco, en función de ese paso del 1,3% al 1,5% del déficit público, pero a costa de garantizar la financiación por parte
de nuestra competencia. Se podrá estar de acuerdo o no con la filosofía, pero pretendimos que era mejor garantizar la financiación a incrementar el endeudamiento.


En relación con las entidades locales, lo ya indicado reiteradamente. Estamos y seguimos trabajando en esta materia. Nosotros creemos que las entidades locales son una pieza clave y esencial en el sistema democrático, porque recogen los
intereses de los vecinos muy a pie de calle, pero también la demanda de esos servicios al resto de las entidades. Quizá muchas de ellas no sean el ámbito más adecuado para la prestación de los servicios que hoy prestan y tenemos que acompasar la
necesaria representación democrática e institucional con la más eficaz y eficiente prestación del conjunto de los servicios públicos. Su señoría nos dice que eso nos lleva a la privatización en las diputaciones provinciales y le digo que no, no
necesariamente. Y si alguna quiere hacerlo, ¿por qué no? Es que no es labor de este Gobierno tener que definir cuál es el método de gestión que tenga que tener cada una de las diputaciones provinciales. Lo que este Gobierno quiere es mejores
servicios públicos y de calidad para todos y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y que con toda esa labor que realicemos el conjunto de los empleados públicos y el conjunto de las administraciones públicas, devengan en mayor calidad de
vida para nuestras familias, en la recuperación de empleo y en la recuperación de la economía española. Eso es lo que pretendemos. En cuanto a si viene del ámbito de lo público o de lo privado, será lo que sea mejor para todos los españoles.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Solo recuerdo a los miembros de la Mesa y portavoces que en cuanto despidamos al secretario de Estado tendremos una brevísima reunión.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta minutos de la tarde.