CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 117

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ

Sesión núm. 3

celebrada el martes,

5 de junio de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad Social (Burgos Gallego), para informar sobre:


- La evolución del Fondo de reserva de la Seguridad Social en el año 2011. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000377) ... (Página2)


- La situación financiera de la Seguridad Social en relación con la viabilidad del sistema. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000002) ... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.


El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión.


Sin más preámbulos, doy la bienvenida a don Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social. Quiero recordar que fue diputado de este Congreso y además miembro de esta Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo, por lo
que conoce muy bien su dinámica de trabajo. Estoy convencido de que lo que nos va a decir va a ser muy interesante para todos.


Aunque los miembros de la Comisión ya lo saben, vamos a acumular las dos iniciativas: la comparecencia, a petición del Gobierno, sobre la evolución del Fondo de reserva de la Seguridad Social en el año 2011, y la comparecencia pedida por
Izquierda Unida, sobre la situación financiera de la Seguridad Social en relación con la viabilidad del sistema. Ese fue el acuerdo de la Mesa de la Comisión, acuerdo que ponemos en práctica en esta reunión.


Señor secretario de Estado, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Señorías, es para mí una enorme satisfacción poder comparecer por primera vez en esta Comisión para el análisis y seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo. Tiene
razón el presidente, yo he pertenecido a esta Comisión en varias legislaturas y, en mi condición ahora de secretario de Estado, quiero comenzar mi exposición poniéndome a disposición de todas sus señorías para cuantos elementos de cooperación, de
diálogo y de acuerdos sean posibles en una materia de enorme sensibilidad para los ciudadanos españoles, como es nuestro sistema de Seguridad Social; sistema de Seguridad Social potente, solvente, completo, que goza de una enorme legitimación
social y política en nuestro país y que es valorado positivamente no solo dentro de nuestras fronteras sino también fuera.


En virtud del mandato legal, el Gobierno ha presentado a las Cortes Generales el informe anual sobre la evaluación y la composición del Fondo de reserva de la Seguridad Social -lo hizo el pasado 11 de abril-, y fruto de esa presentación se
produce hoy esta comparecencia del secretario de Estado, recuperando la tradición que se había venido manteniendo hasta el año pasado, el año 2011, en el que no se produjo tal comparecencia ni tal explicación sobre la situación del Fondo de reserva;
Fondo de reserva de la Seguridad Social, constituido en la Tesorería General y que da cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo de 1995, de contar con reservas en el nivel contributivo, para atenuar los efectos de los ciclos económicos, en
concreto, las desviaciones entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social y las consiguientes necesidades que se pudieran producir en materia de prestaciones contributivas. Esta finalidad de protección ante las situaciones de dificultad se
estableció en la Ley de 1997, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, que institucionaliza el Fondo de reserva en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, al regular los remanentes y las insuficiencias
presupuestarias.


En relación con este informe, a 31 de diciembre de 2011 el Fondo de reserva alcanzó un volumen económico de 66.815 millones de euros, lo que equivale a un 6,22% del producto interior bruto de nuestro país calculado en 2011. El primer
componente del fondo son las dotaciones aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros, con cargo a los excedentes presupuestarios de las entidades gestoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social. Estas dotaciones comenzaron en el año
2000, con excedentes procedentes del año 1999 y del propio año 2000, y, siguiendo la tendencia de esos excedentes, se observan aportaciones crecientes hasta el año 2008, en el que se destinan al Fondo de reserva hasta 9.400 millones de euros. Las
dotaciones quedaron suspendidas en los años posteriores a 2008, exceptuándose la aportación que se produjo en el año 2010, en el que se acordó una dotación de 1.740 millones, pero procedentes del excedente del año 2008.


En la siguiente proyección, elaborada a efectos de esta comparecencia, las dotaciones por año aprobadas en Consejo de Ministros se han puesto en relación con los excedentes presupuestarios de las entidades del año anterior. Esto es así,
porque es el fruto de esos excedentes presupuestarios en el que legalmente ha de ser incorporado de forma relevante en su máxima cuantía posible al propio Fondo de reserva. Especial atención nos merece el periodo 2008-2011. Pese a que las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social cerraron el ejercicio 2008 con unos excedentes presupuestarios de 10.357 millones de euros, puede apreciarse que en el año 2009 la dotación aprobada por el Consejo de Ministros fue de
cero euros y pese a que las entidades gestoras y servicios comunes cerraron el ejercicio 2009 con unos excedentes presupuestarios de 4.073 millones de euros, la parte de los mismos destinada al Fondo de reserva por el Consejo de Ministros fue de
cero euros otra vez. Si consideramos ese periodo 2008-2009, que registra, como he dicho, excedentes de 10.357 y 4.073 millones, lo que sumaría un total de 14.430 millones, la única dotación que se realizó con ellos fue la que se produjo en 2010,
con excedentes -insisto- de 2008, por un importe reducido a 1.740 millones de euros. Esta dotación equivale al 12% de los excedentes presupuestarios de las entidades, de manera que el 88% de los excedentes no se destinó al Fondo de reserva. En el
año 2010 y en el año 2011, la liquidación presupuestaria de las entidades gestoras y servicios comunes arrojó resultados negativos, por lo que no se cumplen las condiciones ni en el año 2010 ni en el año 2011 para acordar dotación alguna con cargo
al Fondo de reserva.


Otro componente de la hucha de nuestro sistema de pensiones es el exceso de resultados derivado de la gestión

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de las mutuas de la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes. Por lo que respecta a su evolución, en el año 2004 se ingresan 20 millones por los siete ejercicios que integran el periodo 1997-2003 y a partir de entonces
las dotaciones anuales se observan crecientes hasta 2008 y descienden en 2009 y 2010, para aumentar de nuevo notablemente en 2011 con una aportación de 223 millones de euros. De hecho, presentaron mayor exceso de resultados en 2010, principalmente
porque 16 mutuas fueron autorizadas ese año a la aplicación de un coeficiente de aumento de la parte de las cuotas que la Tesorería General de la Seguridad Social debe ingresarles precisamente para la gestión de esa incapacidad temporal por
contingencias comunes. Si el coeficiente de recaudación general era del 0,060, el autorizado en 2010 fue del 0,062, el mayor del período que se analiza. En suma, a 31 de diciembre de 2011, las aportaciones de las mutuas al Fondo de reserva
totalizan 669 millones de euros.


Los rendimientos netos generados en el 2011, que serían la tercera gran aportación al fondo, se han situado en 2.217 millones el año pasado, con lo que el importe acumulado al cierre de 2011 de todos los rendimientos generados por las
inversiones del propio Fondo de reserva ascienden a 14.033,22 millones de euros. Estos rendimientos estarían integrados por los cupones, intereses de la cuenta corriente, rendimientos implícitos netos, ajustes por amortización o enajenación de los
activos y resultados de las operaciones de enajenación. A partir del ejercicio 2010, su tendencia alcista se quiebra al descender desde el montante de 2.719 millones obtenidos en 2009, como se puede observar en la proyección. Permanecen no
obstante por encima de los rendimientos netos obtenidos en los ejercicios 2008 y anteriores.


En el siguiente cuadro se expone con detalle el incremento que el Fondo de reserva ha ido experimentando y acumulando en el año 2005 y en los años posteriores hasta alcanzar a 31 diciembre 66.815 millones. La tabla recapitula los datos
rendidos, que concluyen con 52.782 millones procedentes de las dotaciones acordadas por Consejo de Ministros, 669 de las mutuas y 14.033 millones que tienen su origen en los rendimientos netos generados.


Si nos fijamos en la evolución de los activos financieros que forman la cartera, constatamos que su importe en el año 2011 se eleva a 65.830,04 millones de euros, lo que equivale al 98,5% del volumen del Fondo de reserva. El 1,5 restante,
equivalente a 984 millones de euros, permanece en la cuenta especial de la Tesorería General a cierre de 2011, por corresponder a ingresos de las mutuas realizados en el mes de diciembre y previo acuerdo del comité de gestión.


Respecto a las actuaciones en el ejercicio 2011, el Comité de gestión del Fondo de reserva de la Seguridad Social, como órgano superior de la gestión de este fondo, aprobó la adquisición en ese año de deuda pública española por importe total
de 11.145,38 millones de euros. El 58,90% de la adquisición tuvo lugar en el mercado secundario y el 41,1 restante, es decir 4.850 millones, en el mercado primario, mediante subastas del Tesoro. Las adquisiciones fueron aprobadas el 6 abril, por
valor de 4.359,21 millones; el 20 julio, por valor de 4.608,69 millones, y el 23 noviembre, por 2.177,48 millones.


A continuación se observa la distribución en valores absolutos y en valores relativos porcentuales del total de las adquisiciones del año 2011, en función del vencimiento de los títulos que se clasifican en el corto plazo, es decir, a un
año, a tres años, a cinco años y a diez años o más. Comprobamos que la mayor inversión aprobada en 2011 tuvo como objeto valores reembolsables a diez o más años, porque son aquellos que presentan normalmente una rentabilidad más alta. El gráfico
detalla la tasa interna de retorno media ponderada (TIR) de las inversiones agrupadas por zonas de vencimiento y señala un 4,884% de ese interés para el conjunto de las adquisiciones del año. En relación con las magnitudes más representativas del
fondo, hay que decir que la rentabilidad del 4,88 para las adquisiciones de 2011 que hemos apuntado resulta superior a la rentabilidad general que presentó el fondo a 31 de diciembre de 2011, situada en el 4,14%, y en el 3,94 para los activos de
renta fija. El interés nominal medio que remunera la cuenta corriente especial de la tesorería vinculada al Fondo de reserva y que he citado anteriormente es el tipo Eonia, día a día, menos 7 puntos básicos, aplicado a los saldos diarios. Frente a
un 10,24% del grado de concentración en el año 2010, la cartera del Fondo de reserva representó en el año 2011 el 9,84% del total de la deuda en circulación del Tesoro público en nuestro país. Este descenso se ha debido obviamente, como todos
conocen, a que el Tesoro público ha aumentado sus emisiones, pasando de una deuda en circulación de 545.000 millones de euros en el año 2010, a 600.529 millones de euros en el año 2011. En cuanto al peso de la deuda extranjera sobre el total de la
cartera, desciende de un 12,32%, en el año 2010, a un 10,31% en el año 2011, debido obviamente a que se amortizó deuda extranjera y no se adquirió otra en su lugar.


De la evolución de las rentabilidades, en porcentaje, se concluye que son bastante más estables que el tipo medio que retribuye la cuenta especial del Fondo de reserva. La TIR de adquisición de los valores depende de la rentabilidad de la
deuda de los mercados y la rentabilidad acumulada del Fondo de reserva a precios de mercado, calculada según el precio de mercado de los títulos, aplicando métodos de valoración similar al de los fondos de pensiones, nos ofrece un resultado que,
desde mi punto de vista, es muy significativo y conviene señalar. En comparación con la rentabilidad de otros fondos de pensiones de similar composición u otros fondos internacionales, nuestro Fondo de reserva presenta una evolución muy favorable y
refleja un buen comportamiento en momentos de crisis internacional. El Fondo de reserva, según estudios realizados por la propia Tesorería General de la Seguridad Social, no solo sale

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muy bien parado en términos de rentabilidad cuando lo comparamos con el conjunto de fondos de pensiones y con los de su categoría de inversión, sino que sale aún más favorecido cuando tenemos en cuenta los diferentes perfiles de riesgo. Eso
es algo que conviene tener muy en cuenta y poner en valor, porque es la política de gestión de este fondo, una política compartida básicamente por todas las fuerzas políticas y los representantes en el Comité de gestión y en la Comisión de
seguimiento, la que ha permitido mantener una continuidad y lo sigue haciendo en estos momentos en relación con los intereses generales que han de ser respaldados con cualquiera de las actuaciones que tengan que ver con este Fondo de reserva.


La proyección sobre distribución del Fondo de reserva compara en 2010 y en 2011 la composición de la cartera de valores por zonas de vencimiento, importe de adquisición y rentabilidad. Prácticamente, salvo la zona superior, a diez años, que
ha sufrido un cierto incremento, el resto ha permanecido en órdenes muy similares. En función del país emisor, podemos apreciar la composición de la deuda extranjera que forma parte del Fondo de reserva. De un reparto bastante homogéneo en el año
2010 entre la deuda de Francia, Países Bajos y, en menor grado, Alemania, puede apreciarse en el año 2011 la amortización de deuda de los Países Bajos, adquiriendo la deuda pública francesa un peso de 44,30%, según el precio de adquisición, y un
peso de 45,46%, si atendemos a su valor nominal en lugar de a su precio de adquisición.


Es evidente que aunque la comparecencia se realiza con motivo de la presentación del informe anual, no tendría mucho sentido que no hiciéramos referencia a cuál es la situación del Fondo de reserva a 31 mayo, que es el cierre más próximo en
términos mensuales. Insisto, aunque no es obviamente parte de la comparecencia formal, entiendo que sus señorías gustarían conocer cuál es exactamente a día de hoy la situación más aproximada del Fondo de reserva. Por eso quiero decirles que a 31
de mayo de 2012 el Fondo de reserva ha alcanzado un volumen económico de 67.948 millones, lo que equivale ya al 6,33% de nuestro producto interior bruto. El incremento que se ha producido, observado en 1.133 millones de euros, se debe claramente a
los rendimientos producidos en los primeros meses del año 2012; para todo el año 2011, fueron 2.217, es decir, existe una importante incorporación de rendimientos. En el presupuesto del Gobierno para la Seguridad Social para el año 2012 no se ha
previsto dotación del fondo; no podría hacerse, puesto que no se configuran excedentes presupuestarios a la vista de la situación económica y financiera de la Seguridad Social, pero sí se estiman unos rendimientos del propio fondo en la totalidad
del año 2012, que se aproximaran a los 2.687 millones de euros, y un incremento adicional de más de 10 millones por excedentes en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de las mutuas. Considerando los datos a 25 de mayo de
2012, la rentabilidad acumulada a precio de mercado ha descendido al 3,82%. Se sitúa por debajo de la TIR de adquisición, debido a la alta volatilidad que los mercados tienen en estos momentos, que hace por otra parte, como sus señorías entenderán
perfectamente, que el valor pueda cambiar cada día en función del precio de cierre de los activos; de hecho, no es que pueda cambiar día a día, es lo hace con enorme intensidad. Por tanto, no solo conviene poner en valor la institucionalización
que en su día se realizó de este Fondo de reserva o fondo de equilibrio, que atenúa los efectos de los ciclos económicos para que no tengamos que acudir ni a incrementos de cotizaciones ni a descenso en las prestaciones ante situaciones económicas
complejas, sino también poner el acento en la razonable, prudente y, a mi juicio, compartida política de gestión del fondo. Los criterios de gestión de 2012 son similares a los de 2011. Quiero en estos momentos recordar que afortunadamente no
cundió en su día la propuesta de invertir el Fondo de reserva en activos de empresas o de cajas. Imagínense la situación en la que podríamos estar ahora si estuviéramos hablando de su rendimiento sobre los propios fondos existentes en las reservas
del sistema. Son criterios de máxima prudencia, que el Comité de gestión del fondo aplica en este año 2012 y que son compartidos -insisto- por la mayoría de las fuerzas políticas y de los agentes sociales. En momentos delicados y comprometidos,
disponer de unas reservas que no solamente tienen una magnitud muy relevante, sino que además están gestionadas con criterios razonables y de prudencia asegura al sistema de Seguridad Social una capacidad de respuesta muy significativa ante
cualquier elemento de perturbación que se pudiera producir en el escenario en el que nos encontramos.


Obviamente, hablar del Fondo de reserva es hablar de la viabilidad financiera del sistema, por lo que está perfectamente justificada la acumulación de ambas comparecencias. Hablar de viabilidad financiera del sistema no debe entenderse en
ningún momento -y creo que el grupo que pide la comparecencia no lo hace- como duda o incertidumbre sobre la capacidad de sostén del propio sistema de pensiones en nuestro país. Eso está absolutamente fuera de duda. Tenemos una situación
comprometida desde el punto de vista de nuestros recursos económicos, de nuestra estructura económica. No podría ser de otra manera después de cuatro años de intensa crisis, en los que el sistema ha resistido embates muy importantes, pero -como no
puede ser de otra manera- ha reflejado la intensidad y la dimensión de esa crisis. El sistema tiene hoy 16.996.510 cotizantes ocupados, en media de este último mes de mayo. Hemos perdido por tanto, desde el punto álgido de afiliación ocupada, que
se produjo en julio del año 2007, más de 2.496.540 afiliados ocupados, es decir, el 12,80% del total de cotizantes ocupados. Es verdad que hay una parte significativa de cotizantes que lo son desde el desempleo y que de alguna manera amortiguan la
caída que en algunos momentos se produce en relación con la afiliación ocupada. Aunque, obviamente, no podemos estar

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satisfechos con ello, no deja de ser relevante desde el punto de vista económico la aportación que hacen 2.771.631 afiliados cotizantes desde el desempleo, que suponen el 14,09% del total de afiliados cotizantes. La relación entre afiliados
y pensionistas se ha situado en mayo en el 2,43%. Es una tasa similar a la de diciembre del año 2003, lo cual pone en evidencia la intensidad de la crisis que se está padeciendo en nuestro país y que a efectos de afiliación y de relación entre
afiliados y pensionistas ha supuesto un retroceso prácticamente de una década. Sin embargo, el número de pensionistas se incrementa de forma constante. En el ámbito contributivo, en el periodo 2000-2011, ha sido de 1.044.552, es decir, la media de
los últimos 11 años, con cierre a 31 de diciembre de 2011, supone la incorporación a nuestro sistema de pensiones contributivas de 94.959 pensionistas al año de media. En estos momentos hay 8.089.367 pensionistas en el sistema y esto, obviamente,
tiene un impacto importante en las cuentas de nuestro sistema de Seguridad Social. La nómina mensual, el importe bruto percibido por los pensionistas españoles, ha evolucionado desde algo más de 3.839 millones de euros/mes en el año 2000, hasta
7.189 millones de euros a diciembre de 2011, es decir el 87,2% en estos once años.


De esta crisis se deduce una situación, insisto, complicada para el sistema de Seguridad Social, que tomó carta de naturaleza precisamente con el cierre del año 2011, entrando el sistema en déficit, por primera vez, desde hacía más de quince
años. Los indicadores respecto a esa situación de déficit deben movernos, no a la preocupación, pero sí a la constatación de que nuestro sistema, que tiene indudables fortalezas, también tiene que estar muy atento a la evolución del empleo en
nuestro país, de los ingresos por cotizaciones y también de cualquier otro elemento que pueda influir en la marcha de las previsiones de ingresos y de las expectativas de gastos de nuestro sistema. Le recuerdo que la Seguridad Social presentó en el
año 2011 un déficit equivalente al 0,24% del PIB, excluyendo Fogasa y Servicio Público de Empleo, incluyéndolos sería del 0,09% del producto interior bruto. Esta cifra revela un desequilibrio financiero en el sistema que el actual Gobierno tratará
de ir corrigiendo en la presente legislatura.


Cuando hablamos de la viabilidad del sistema tenemos que poner el acento en los componentes fundamentales de su gasto y es precisamente la existencia de una caja única de la Seguridad Social y, por tanto, la existencia de flujos financieros
que proceden, no solamente del ámbito de las presiones contributivas, sino de otros elementos del sistema e incluso de otras instituciones, de otros organismos, que utilizan la caja única del sistema como elemento común de ingresos y pagos, es lo
que nos lleva a considerar de alguna manera los riesgos asociados a algunos de los componentes que en este momento son significativos en el sistema. Me estoy refiriendo básicamente a la financiación del ámbito no contributivo.


Antes de entrar en esta consideración, me gustaría hacerles una evaluación, porque es importante en relación con esa viabilidad del sistema, de cuál ha sido el seguimiento o cuál ha sido la conducción de nuestras cuentas en términos
monetarios especialmente los últimos tres años. En el año 2009, a pesar de existir un resultado presupuestario positivo, en el año 2008, a efectos del Fondo de reserva, en concreto había un resultado positivo de 10.357 millones de euros, ya se
empezaban a producir desfases importantes en la cuenta de relación con el Servicio Público de Empleo. De hecho el año se inicia con un saldo de 1.863 millones de euros a favor de la Tesorería General, es decir, una deuda del SEPE con la Tesorería
General, llegando incluso en mayo de 2009 a superar los 8.000 millones de euros a favor de la Tesorería. Hubo que suavizar esa situación a final de año presentando finalmente un saldo a favor de la Tesorería de 1.415 millones. El presupuesto
monetario definitivo del año 2009 se inicia con 10.920 millones de euros, pero a final de ese mismo año el presupuesto monetario, el saldo final, era tan solo de 5.774, y, a 31 de diciembre del 2011, el presupuesto monetario ya era tan solo de 1.120
millones de euros. De los datos anteriores se deduce el importante impacto de la situación económica en las cuentas de la Seguridad Social y el importante deterioro financiero que da lugar a la difícil situación que debemos afrontar en el año 2012
y que nos obliga a estar muy atentos a esas evoluciones de nuestros saldos en relación, no solo con el Servicio Público de Empleo y con otros organismos o entidades, sino en relación también con aquellos pagos que ha de efectuar el sistema para el
ámbito no contributivo.


Aunque la Seguridad Social presente una situación estable, o al menos pretenda conseguirla en este año 2012, su situación financiera, sin duda, puede provocar tensiones importantes de liquidez en los próximos meses por la concurrencia de
diferentes factores que se han venido produciendo, en mayor o en menor medida, a lo largo de los últimos años. Pueden producirse desajustes en los flujos financieros relacionados con el nivel contributivo, porque la Seguridad Social paga las
prestaciones puntualmente, mes a mes, pero no cobra todos los meses por igual los recursos que se le devengan y, por ejemplo, la voluntad de seguir concediendo aplazamientos a las empresas, que es una voluntad compartida por esta Cámara y desde
luego por nuestro Gobierno, también introduce un elemento de cierto desajuste a la hora de establecer un flujo continuado de ingresos y gastos que permita la absoluta estabilidad del sistema.


En segundo lugar, todos los años se han venido produciendo, con especial intensidad en los últimos años, las ya conocidas insuficiencias de financiación del nivel no contributivo que, al menos en teoría, debería asumir el Estado. Estas
insuficiencias han crecido de forma muy importante en los últimos años. Hablar de viabilidad financiera del sistema a futuro es claramente apostar por

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la separación financiera de la Seguridad Social, que es una medida inspirada en las recomendaciones del Pacto de Toledo e introducida por la Ley 24/1997 como una medida imprescindible para el equilibrio financiero del sistema. Antes del año
2000 las prestaciones netamente contributivas deberían financiarse con cotizaciones sociales y las prestaciones de naturaleza no contributiva y de extensión universal se financiarían con aportaciones del Estado. Este fue el criterio que se
estableció, insisto, antes del año 2000. En 2012 todavía hay una parte importante de esas prestaciones no contributivas que han vuelto, en los últimos años, a ser financiadas en gran medida por las cotizaciones sociales. A esta decisión de
carácter general, se producía una excepción en el caso de los complementos a mínimos de las pensiones cuya aplicación se demoró hasta el establecimiento definitivo de su naturaleza y fue el Gobierno del Partido Popular el que fijó, a partir del
2002, un plazo legal de doce años para una financiación estatal plena; financiación que todavía estamos muy lejos de haber conseguido y que el Gobierno, en su primera decisión presupuestaria en este año 2012, ha tratado de impulsar decisivamente
con la aportación de 1.000 millones de euros adicionales para la financiación de estos complementos a mínimos. Además de estas cuestiones que he citado, hay otros conceptos que también son financiados con transferencias del Estado de acuerdo con
disposiciones específicas no incluidas en ese texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Además, en concepto de cotizaciones por los cuidadores no profesionales de personas en situaciones de dependencia, debería haberse financiado,
antes del año en curso, más de 788,6 millones de euros que todavía no se han traducido en cobros efectivos.


El tercer factor que incide en la situación financiera del sistema es la falta de financiación que eventualmente pudieran sufrir otros organismos ya citados, por cuenta de los que la Tesorería General, la Seguridad Social, efectúa los pagos
puntualmente, pero cobra cuando las circunstancias lo permiten. Atendiendo a estas especificidades de nuestro sistema de Seguridad Social, atendiendo a esos flujos de tesorería y atendiendo a las relaciones de financiación que todavía se siguen
produciendo indebidamente en nuestro sistema, es algo natural que se puedan producir desfases de tesorería en momentos puntuales a lo largo de una anualidad.


Confundir una punta problemática de tesorería, insisto coyuntural o puntual, con un riesgo serio para la viabilidad del sistema es confundir, permítame la expresión, churras con merinas. Nuestro sistema está absolutamente consolidado y su
viabilidad financiera no está en riesgo, pero obviamente depende básicamente de lo que hagamos con él, de lo que hagamos en un momento de crisis económica, como la que todavía tenemos, y depende de lo que hagamos en los próximos años en los que
vamos a estar sometidos a importantes desafíos de índole económica y también de índole demográfica. En todo caso, un sistema de pensiones de Seguridad Social como el español no se sostiene con voluntarismo y mucho menos con improvisación y con
decisiones inadecuadas. Desde luego, no se sostiene exigiendo lo que no puede dar ni adoptando medidas sobre la base de conveniencias coyunturales, sin afrontar las consecuencias de no atender al coste efectivo de esas medidas. Hay que recordar
que cuando hablamos de coste en prestaciones, no es como en otros ámbitos un gasto puntual o coyuntural, aquí ese coste en prestaciones se consolida y se acumula hacia el futuro, proyectando el gasto a veces de forma extraordinariamente importante.
En un momento de déficit del sistema, y antes de que consigamos encauzarlo de forma adecuada, se exige especial prudencia y especial visión a medio y a largo plazo. No hay prestaciones que puedan incorporarse al sistema sin coste creciente y ese
coste o es asumible o es aceptable en términos de sostenibilidad o acabará suponiendo una situación de colapso o inviabilidad cierta de nuestro sistema. Por tanto, atender a la sostenibilidad es el primer requisito y la primera condición de un
sistema de prestaciones sólido, seguro y viable, como el que tenemos y como el que pretendemos seguir teniendo, y desde luego es una exigencia de la solidaridad, porque la solidaridad bien entendida y bien configurada no puede ser ni coyuntural ni
puntual, debe ser capaz de perdurar y ello conlleva adoptar decisiones con criterios responsables. Por eso no hemos querido introducir más elementos de presión económica sobre el sistema y hemos adoptado algunas decisiones de cara, no a eliminar,
sino a suspender algunos compromisos adquiridos por la normativa en vigor.


Es un principio de responsabilidad que en tanto en cuanto la Seguridad Social no recupere su senda, al menos de estabilidad presupuestaria, al menos de equilibrio entre sus ingresos y sus gastos, que este Gobierno -y espero de sus señorías
su colaboración en este sentido- no introduzca más presión sobre ese gasto en pensiones, en Seguridad Social, en las actuales circunstancias. Que el sistema perdure con calidad depende de que se haga lo que se puede y lo que se debe hacer en cada
momento. No encontrarán en este Gobierno y en esta Administración concesiones en esta materia al oportunismo, a la superficialidad o al aplauso fácil de personas o colectivos. No podemos hacer en estos momentos gestos que no lleven aparejada una
financiación que garantice que el sistema será viable y será sostenible y lo será si en esta crisis no aumentamos la presión sobre sus cuentas, si adoptamos decisiones valorando los efectos económicos a medio y a largo plazo y profundizando siempre
en la equidad y en la contributividad de nuestro sistema, si financiamos los espacios de solidaridad que tienen que existir en nuestro ámbito de protección social, pero de la manera adecuada y pertinente, si incorporamos más recursos al ámbito no
contributivo y si adecuación y sostenibilidad, que son los dos grandes ejes de las reformas que orientan los grandes postulados de la Unión Europea en esta materia, se complementan en el ámbito de lo posible y no se consumen entre sí.

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Hace muy pocos días la Unión Europea, el Ecofin, nos ha trasladado un nuevo informe sobre la progresión esperada de los gastos en materia de pensiones en los próximos cincuenta años, proyecciones al 2060. Este informe sobre el
envejecimiento es de alguna manera el hito más actual en materia de pensiones, de sostenibilidad de nuestras cuentas públicas en materia de pensiones, y de viabilidad del sistema. El hito al que tenemos que atender y en el que tenemos que
establecer si las decisiones que se toman, que se han tomado y que se siguen tomando son las más adecuadas para progresar en ese futuro próximo con plenas garantías de sostenibilidad. La estimación de crecimiento del producto interior bruto en el
conjunto de la Unión se ha situado por debajo del 1,5% en términos reales a largo plazo y, por tanto, es menor que el estimado en el último informe sobre el envejecimiento que se realizó en el año 2009. Obviamente la crisis económica ha afectado
también a las presiones de crecimiento de la Unión Europea a Veintisiete y ha provocado que estas previsiones de crecimiento del PIB sean inferiores. La crisis también empuja el gasto público sobre envejecimiento, según estas previsiones, que
crecerá en el entorno de la Unión en 4,1 puntos entre el 2010 y el 2060. El gasto público del conjunto del sistema de pensiones aumentará 1,5 puntos también en el conjunto de la Unión. El gasto en cuidados de salud y larga duración crecerá en 2,7
puntos. Si esto es algo que tenemos que valorar adecuadamente, en el capítulo específico sobre España, el informe nos traslada que el gasto bruto en pensiones subirá en 3,6 puntos entre el 2010 y el 2060, es decir lo hará del 10,1% al 13,7% del
PIB. El incremento en la Unión Europea a Veintisiete será de 1,5 puntos, muy inferior al de España, pasa del 11,3 al 12,9, pero en la zona euro el incremento es de 2 puntos y pasa del 12,4 al 14,1. Es decir, si comparamos la proyección del gasto
bruto en pensiones de España respecto al conjunto de la zona euro, nuestro gasto en pensiones estaría por debajo de la media de esa zona euro. El incremento en jubilación, y en jubilaciones anticipadas específicamente, es el mayor foco de presión
sobre nuestro sistema de pensiones. Por eso alguna de las decisiones que está tomando el Gobierno en relación con frenar o incluso impedir determinados procesos de jubilaciones anticipadas están claramente orientados a minimizar estos gastos
previsibles. No solamente son adecuados en términos sociales, hay que abogar porque los ciudadanos puedan mantenerse en sus puestos de trabajo el mayor tiempo posible cuando ello responda a sus libres decisiones y a sus libres voluntades, sino que
en términos económicos también es una necesidad para nuestro país. El peso de la discapacidad y de las pensiones por muerte y supervivencia es ligeramente negativo. Se establecen dos momentos de mayor gasto que el informe sitúa, entre el 2030 y el
2040, es decir, un aumento en esta franja de tiempo de 1,7 puntos, y luego, entre el 2040 y el 2050, 1,6 puntos. El promedio de años cotizados se estima que aumentará en España en 3,3 en ese mismo periodo del 2010 al 2060 hasta llegar a 38,7 años.
En la zona euro y en la Unión Europea a Veintisiete aumentará menos que en España y se incorporarán 3,1 años adicionales.


Si algo tenemos que interpretar de los contenidos de este informe es que España no tiene tanta presión en relación con sus cuentas públicas en materia de pensiones como tenía en el año 2009, eso es algo que nos permite ver, no diría con
optimismo, pero con un cierto mejor gesto alguna de esas previsiones que eran realmente muy importantes hace tan solo tres años. Los que hemos discutido mucho en el Pacto de Toledo sobre el valor de las proyecciones a medio y a largo plazo tendemos
a ver reflejados esos debates y esas opiniones en estos informes que van modificándose en muy poco tiempo en algunos casos de formas extraordinariamente relevante. Pero la proyección de incremento que el informe de envejecimiento del Ecofin, de la
Unión Europea, daba para España en el año 2009 era una previsión de incremento de 6,2 puntos del producto interior bruto. En estos momentos la proyección sería de 3,6. Se ha estabilizado bastante, fruto de nuevas previsiones demográficas, fruto de
nuevas valoraciones económicas, fruto también de previsiones de desarrollos normativos y de desarrollos legales de las decisiones que se han tomado, pero sitúan nuestra perspectiva de sostenibilidad de cuentas públicas en materia de Seguridad Social
en un escenario similar y en algunos puntos incluso mejor que el de otros países de nuestro entorno, que el de otros países de la Unión Europea.


Sin querer entrar en más consideraciones sobre cifras o sobre datos, la viabilidad financiera del sistema puede estar asegurada si actuamos de forma adecuada y de forma precisa. Para eso el consenso político es clave. He diseñado, al menos
desde el punto de vista de la aproximación del discurso, cuáles son los escenarios de presión de los que nos tenemos que ir liberando progresivamente en los próximos años, básicamente la financiación no contributiva. De esa forma, y apelando
también a una pronta recuperación económica que devuelva, en nuestro nivel de cotizaciones y en nuestro nivel de afiliación, a la senda de creación de empleo precisa, entiendo que podemos mirar hacia ese futuro de sostenibilidad con prudencia, pero
con la satisfacción de saber que gozamos de un sistema que puede recuperar con cierta facilidad el desgaste que ha sufrido en esta crisis económica, que todavía después de cuatro años presenta razonables fortalezas, que con ese Fondo de reserva y
con otras reservas del sistema, si fuera necesario, tiene garantizada la cobertura plena del nivel de prestaciones actual y quiero poner en valor que este Fondo de reserva, que era el motivo fundamental de mi comparecencia hoy, se desarrolla y se
implementa en su momento con un objetivo muy claro y muy diáfano, y es que ante cualquier situación de ciclos económicos adversos no se produzcan incrementos de cotizaciones sociales ni reducción de prestaciones para atender los objetivos del
sistema. Esto no ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero es la esencia de nuestro fondo, la esencia de los recursos que tenemos

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a disposición del sistema. Gestionar bien el ámbito contributivo o gestionar lo que podemos incorporar en materia de protección, disponer de unas reservas, si son necesarias, para los objetivos que la legalidad establece y adecuar nuestro
sistema progresivamente a esos desafíos, fundamentalmente de índole demográfica, que tenemos por delante, afortunadamente parece que hoy con un poco menos de presión de lo que teníamos hace nueve años.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora al debate a través del turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. Vamos a seguir el mismo procedimiento que tuvimos en la reunión anterior. Vamos a dar diez minutos
a cada portavoz. No voy a tener tanta flexibilidad como en la reunión anterior, así que se lo advierto a todos los portavoces. En primer lugar, va a intervenir el señor Coscubiela Conesa, porque ha sido el que ha presentado la iniciativa de
comparecencia del señor secretario de Estado. A continuación intervendrán los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y cerrará la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señor Coscubiela, tiene usted la palabra por diez minutos.


El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, quiero pedir disculpas por no haber podido estar al inicio de la reunión, aunque he escuchado la inmensa mayoría de su intervención. Pido disculpas porque hoy desgraciadamente la Mesa del
Congreso ha alargado su reunión más de lo habitual, había temas complicados y conflictivos y eso ha supuesto también la afectación a la reunión de la Junta de Portavoces en la que estaba. Quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia,
sobre todo porque nos permite abordar de manera simultánea un trámite establecido reglamentariamente, que es dar cuenta de la gestión del Fondo de reserva, con otro que era una petición de comparecencia hecha por nuestro grupo.


En relación con la información sobre el Fondo de reserva, quiero constatar algo que desafortunadamente se olvida muy rápido y es que su constitución no solo fue un acierto, sino que en general han sido un acierto las grandes decisiones
adoptadas en relación con el Fondo de reserva que, sin duda, le da al sistema una solidez importante. Ello obedece a algo que está detrás del sistema público de Seguridad Social y es que dentro de las dificultades ha mantenido en lo fundamental un
fuerte nivel de acuerdo político y, si me permite la expresión, casi más importante que el acuerdo político, el acuerdo social, que incluso ha mantenido ciertos niveles de consenso cuando el acuerdo político, por razones de oportunismo y de
coyuntura, ha fallado.


En segundo lugar, quiero decirle al secretario de Estado que ha acertado usted en su intuición. No pedimos la comparecencia para poner en duda la viabilidad del sistema de Seguridad Social, sino justamente para lo contrario, para que de una
vez por todas se pueda explicar con detalles que, a pesar de las dificultades y las incertidumbres que siempre tiene el futuro, hoy estamos ante un sistema de Seguridad Social que tiene suficientes elementos de seguridad en cuanto a su viabilidad
como para que nadie quiera jugar de manera oportunista con él ni política ni, lo que es más grave, económicamente. Estamos hablando de una parte importante de la riqueza de este país. Es un bocado muy apetecible y desgraciadamente hay demasiada
gente que quiere aprovechar esta crisis económica de manera oportunista para darle un bocado a algo tan sabroso como son los importantes recursos que gestiona el sistema público de Seguridad Social.


Le agradecemos la afirmación muy clara que ha hecho el secretario de Estado, aportando las últimas previsiones del Ecofin, que tienen el valor que tienen, son previsiones para el año 2060 cuando no sabemos lo que va a pasar la semana que
viene. Hay que hacerlas, pero que no se conviertan en dogma y, sobre todo, sabiendo que en muchas ocasiones han sido instrumentalizadas, no por quien las ha hecho, pero sí por quien, insisto, ve un buen bocado en el sistema público de Seguridad
Social. Creo que de una vez por todas deberíamos dejar claro al conjunto de la ciudadanía que los riesgos del sistema de la Seguridad Social en nuestro país no vienen de dentro sino de fuera. En estos momentos, el principal riesgo es la evolución
del empleo, la evolución negativa que tiene tanto la cantidad como la calidad del mismo. En ese aspecto, permítame que le diga, señor secretario de Estado, que detecto una fuerte incongruencia en la política del Gobierno. No se puede plantear que
las políticas económicas van orientadas a reducir la calidad del empleo y el salario, como especifica el Plan nacional de reformas, y pretender luego que eso no tenga consecuencias en los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social; y no me
refiero solo a las motivadas por las cotizaciones de los trabajadores en situación de subsidio asistencial sino a la caída significativa del nivel medio de cotizaciones de los activos como resultado del deterioro de los salarios, como mínimo de la
reducción del ritmo de crecimiento. Quiero decir claramente que esos riesgos provienen de fuera, de aquellos que están intentando aprovechar la crisis para provocar reformas que no tienen lógica en la situación del sistema y que en cambio la pueden
tener por sus intereses.


Me parece que sería muy positivo que profundizara un poco más en algunos aspectos clave que han sido objeto de debate público, suscitado incluso en algún momento por algún miembro del Gobierno con planteamientos contradictorios. Llega el
momento de que en nombre del Gobierno alguien concrete qué va a suceder con el anuncio de la reducción de las cotizaciones sociales. Nuestro grupo va a estar radicalmente en contra de ese planteamiento, pero queremos saber si lo que vale es lo que
dice el señor Montoro, doña Fátima Báñez o el señor De Guindos, porque han dicho cosas distintas en el mismo día. No nos interesa entrar en polémica sino que se diga, de una vez por todas, que en este contexto

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no hay nada que justifique una reducción de las cotizaciones. Si hay voluntad de reducirlas, que se expliquen las razones y si va a estar a cargo de las cotizaciones de contingencias comunes o de contingencias por desempleo o del Fondo de
garantía salarial, porque, sin duda, su impacto es distinto.


Sería bueno que tuviéramos encima de la mesa un cálculo lo más adecuado posible de lo que supone en estos momentos la no aportación por parte del Estado de los ingresos que debería haber hecho como consecuencia de la separación de fuentes,
no solo de ese cumplimiento a 31 de diciembre de 2012 de la separación de fuentes en las pensiones no contributivas sino de todo aquello, que usted conoce perfectamente porque lo ha explicado en alguna ocasión, que debería ser financiado con
recursos fiscales y continúa financiándose a cargo de cotizaciones. Creo que no es justo que el sistema soporte eso y sería bueno que tuviéramos una cuantificación total -usted ha dado hoy unos datos- y un calendario para resolver esa profunda
anomalía.


Creo que es importante que se pueda garantizar que la relación de tesorería y, por tanto, de liquidez del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, no va a ocasionar problemas al sistema público de Seguridad Social. Nos gustaría que
adelantara si tiene voluntad o no -algo apareció en el debate de los presupuestos- de plantear la utilización del Fondo de reserva de las partidas de prevención de las mutuas de accidentes de trabajo como elemento para resolver algunos de los
problemas de liquidez que coyunturalmente pudiera tener el sistema. Si es así, creo que todos los grupos de la Cámara deberíamos estar predispuestos a discutir sobre esa cuestión, porque puede evitar que se planteen como estructurales problemas que
no lo son, que son, en todo caso, de pura punta de tesorería y así hay que enfocarlos.


Nos ha satisfecho profundamente que haya dado los datos del Ecofin, no porque consideremos que van a misa, que son un dogma, sino porque se pone de manifiesto hasta qué punto con el simple paso de doce meses las previsiones a sesenta años y
a bastante menos son muy discutibles. Creo que el sistema de Seguridad Social no se puede estar meneando permanentemente. Ya tenemos el escenario del acuerdo social de 2010, estuvimos de acuerdo con una reforma significativa en el año 2011, las
leyes 27 y 28 del año 2011, y no sería ni deseable ni aconsejable que se movieran los aspectos básicos de esas cuestiones, y eso lo dice alguien que forma parte de un grupo que en su momento votó en contra de esa ley. La cuestión que más nos
importa en estos momentos es que creemos que es una buena oportunidad para que usted, en nombre del Gobierno, desmienta a quienes están empezando a plantear que el Consejo Europeo del próximo mes de junio va a comportar que las ayudas europeas a los
bancos españoles se compensarán por el Gobierno español con un compromiso de reducción de las pensiones o, dicho de otra manera, con una rediscusión de los compromisos de la Ley 28/2011 y, sobre todo, con una ampliación de los periodos de cálculo o
con un cambio en los sistemas de acceso a la pensión de jubilación. Nuestro grupo ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno ante la Cámara y lo veremos en la próxima Junta de Portavoces. Creemos que previamente al Consejo Europeo
el presidente del Gobierno debe pasar por la Cámara para dar explicaciones de lo que piensa hacer y no darlas a posteriori de lo que ha hecho. Tenemos un mal recuerdo del Consejo Europeo del 9 de mayo de 2010 y no nos gustaría que se volviera a
repetir ese escenario con un nuevo Gobierno. Repito que nos gustaría que usted desmintiera que una posible ayuda europea a los bancos españoles se va a compensar con un ajuste en las pensiones de nuestro país. Espero que lo diga con total
contundencia.


El señor PRESIDENTE: Debería ir terminando, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, señor presidente.


No me lo estoy inventando, usted sabe que en estos momentos están apareciendo globos sonda; pero es que las declaraciones que acaba de hacer el ministro de Finanzas alemán no son un globo sonda sino las de alguien con mucho peso y acaban de
ser reflejadas en la prensa de su país. Espero que usted lo desmienta con toda contundencia.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista va a compartir el turno entre dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra don Antonio Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado.


Voy a ir al grano porque el tiempo apremia. Son seis las cuestiones que quiero plantear al secretario de Estado. La primera es justamente la misma con la que ha concluido el representante de La Izquierda Plural. Hace una semana, la
Comisión Europea hizo una serie de recomendaciones al Reino de España, entre las cuales se incluye una que afecta a la Seguridad Social, relativa a la aceleración de la implantación de la reforma, de la ampliación a los sesenta y siete años de la
edad de jubilación. Me gustaría conocer su opinión sobre esa recomendación. Me gustaría saber si el Gobierno mantiene la misma posición que cuando se aprobó la reforma de las pensiones y la edad de jubilación a los sesenta y siete años, que fue un
acuerdo bastante oportuno y necesario entre sindicatos y Gobierno, y a las pruebas me remito. Quisiera saber si han cambiado de opinión y ahora están de acuerdo con que la edad de jubilación sea a los sesenta y siete años, incluso si están
dispuestos a aceptar esas recomendaciones de acelerar la implantación de esta reforma, que por lo que se ve ha sido muy bien valorada por parte de Bruselas.

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El segundo tema que quiero tratar se refiere a la opinión que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a la poca credibilidad y confianza que tienen los presupuestos de la Seguridad Social de este año, porque consideramos que
están infravalorados los gastos y sobrevalorados los ingresos. Hay unos datos muy significativos que dicen que las cotizaciones disminuyen solo un 3,7%, cuando lo previsto es que se incremente este año el paro en 630.000 personas -es una cifra que
difícilmente se puede ir conjugando-, o que las pensiones contributivas, en cuanto a gastos, aumenten un 2,9%, cuando ahí incluimos el efecto sustitución, la ampliación, los nuevos beneficiarios y el complemento a mínimos, entre otros. También nos
preocupa que la mayor reducción que ha habido en estos presupuestos haya sido justamente en la gestión de la Seguridad Social, ya que los créditos han bajado un 62,7%, porque puede afectar a una gestión que ha sido ejemplar. Con estos datos, que
para nosotros tienen poca credibilidad, el objetivo es conseguir un equilibrio presupuestario, un déficit cero. Le quiero hacer una pregunta directa y espero que su respuesta sea concreta. ¿Es posible que ustedes estén pensando aplicar parte del
Fondo de reserva para cubrir el posible déficit que se pueda producir con estos datos?


El tercer tema que quiero tratar es el relativo a la buena gestión del Fondo de reserva. Creo que los datos hablan por sí mismos. Usted ha dicho que durante 2011 ha habido muy buena gestión. Voy a repetir alguna de las cifras que usted ha
expuesto. Aumento del fondo en un 3,79%, que ha ascendido a 64.000 millones de euros -y acaba de dar otro dato que dice que en el mes de marzo se han superado los 67.000 millones de euros-; una rentabilidad del fondo que ha mejorado durante el año
2011 en un 0,18%, es decir, ha pasado del 3,96 al 4,14% de rentabilidad; una bajada del 12 al 10% del valor nominal de la deuda extranjera; una bajada del grado de concentración del Tesoro español, puesto que, como consecuencia de que ha aumentado
la emisión de deuda pública española, lo hemos disminuido hasta el 9,84%. Me quedo con sus palabras. Ha dicho que ha habido una buena gestión del fondo, pero, ¿considera que es suficiente la reivindicación que se ha producido de que este montante
tan sustancioso requeriría una mejora de medios humanos y técnicos para poder rentabilizar aún más esta cuantía económica que supera las previsiones iniciales?


El cuarto tema se refiere a las reuniones del comité de gestión del fondo.


El señor PRESIDENTE: Debería ir terminando.


El señor HURTADO ZURERA: Mi compañera me ha dicho que va a utilizar menos tiempo. Ella me avisará cuando tenga que acabar del todo.


Durante 2011 ha habido tres reuniones y en la primera se fijaron los criterios, uno de los cuales era que había que invertir en deuda pública española, y luego había otros que no voy a repetir por falta de tiempo. ¿Va a haber cambios en
cuanto a los criterios establecidos o los van a mantener?


La quinta cuestión es sobre los flujos durante los años 2012, 2013 y 2014. Las previsiones son alcanzar en 2012 aproximadamente 12.000 millones de euros, en 2013 más de 10.000 millones de euros y en 2014 cerca de 9.000, concretamente 8.664
millones. ¿Qué tipo de gestión tienen previsto para este fondo? ¿Mantendrá el que hemos tenido nosotros, sobre todo en los últimos años, de apostar por deuda pública española? Ustedes fueron muy críticos cuando nosotros pusimos de manifiesto,
estando en el Gobierno, la necesidad de ir canjeando o transfiriendo lo que es deuda pública extranjera, principalmente de Alemania, Francia y Países Bajos, a deuda pública española. ¿Van a mantener este criterio? ¿Creen que es adecuado?


En cuanto a las dotaciones -y concluyo-, en 2009 no las hubo por un criterio de prudencia, sobre todo para los fraccionamientos de pago a las empresas y a las sociedades mercantiles. ¿Cambiará el Gobierno esa política de fraccionamiento a
las empresas? ¿Tienen prevista la modificación de la Ley que regula el Fondo de reserva? ¿Considera necesario un mayor control de este fondo por parte del Parlamento?


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero reiterarle la bienvenida a esta Comisión que usted conoce como la palma de su mano; son muchos años de discusión ya que, si mal no recuerdo, ha participado y ha sido usted ponente en todas
las leyes desde el año 1996 hasta ahora. Por tanto, está usted en su casa y en su Comisión.


La verdad es que comparto bastante su intervención en cuanto al futuro y a los objetivos de viabilidad del sistema, aunque siempre hay matizaciones. Creo que hay que poner en valor que tenemos la herramienta del Pacto de Toledo, lo que nos
permite hablar, discutir y proponer, pero al final siempre tenemos que llegar a un acuerdo. Desde el año 1995, todas las discusiones y recomendaciones del Pacto de Toledo, que es lo que corresponde a la Comisión, se han llevado a cabo con el
consenso de la mayoría de los grupos, especialmente de los mayoritarios de la Cámara. Otra cuestión es cuándo se desarrollan las leyes después de que esas recomendaciones se hayan puesto en marcha. Ahí ha habido momentos de todo tipo, de acuerdos
y de desacuerdos. Dicen que a veces en el pecado está la penitencia y yo creo que es lo que le va a pasar a usted con respecto a la edad legal de los sesenta y siete años. Mantenemos un consenso con los agentes sociales, con la patronal, los
sindicatos y demás. Fue especialmente significativo que en momentos como los que estábamos pasando se pudiera alcanzar un acuerdo con todas las partes, porque los Gobiernos anteriores, tanto el popular como el socialista, a veces lo

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habían alcanzado únicamente con los sindicatos o con un sindicato y una patronal, pero en la última ley hay que mencionar que ha sido con los sindicatos y con la patronal. Creo que debemos mantener ese mismo consenso en cualquier discusión
que tengamos, en cualquier cosa que haya que hablar.


Es verdad que la crisis hace variar las previsiones con respecto a 2060, pero también es cierto, como decía un gran amigo mío, gran compañero y conocedor de este tema, José Antonio Griñán, que la ventaja que tiene quien hace las previsiones
a tan largo plazo es que cuando llega el momento está criando malvas. Lo que quiero decir es que hay que contar con ellas, hay que trabajar con ellas, pero no pueden ser dogma de fe. Como usted bien ha dicho, aún con las nuevas previsiones, en el
año 2060 en gasto en pensiones estaremos por debajo de la media de la zona euro. Lo que le quiero pedir es que pongamos en práctica la Ley 27/2011, vayamos viendo cómo se desarrolla y qué es lo que la propia ley mandata al Gobierno, aparte de que
haga estudios y redacte nuevas recomendaciones, pero que mantenga el consenso social y político.


Cuando un ministro como el de Economía dice que pretende bajar las cotizaciones sociales, me preocupa, porque en un momento como este sería una barbaridad hacerlo. Actualmente, nuestro sistema público de pensiones y de reparto, que tiene un
gran futuro, es el sostén de la sociedad española, porque no podemos olvidar que muchas familias están llegando a fin de mes gracias a la pensión del padre o del abuelo. No me resisto a decir que me alegro enormemente...


El señor PRESIDENTE: Debería ir terminando.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Acabo ya, señor presidente.


...de los grandes aumentos realizados durante el periodo 2007-2011, sobre todo en las pensiones mínimas, porque hoy están ayudando a parar los palos de esta crisis.


Termino diciéndole que va a contar con la colaboración de este grupo para discutir, para hablar, como siempre lo hemos hecho, pero espero que las decisiones importantes se tomen en esta Comisión. Ustedes han dicho hasta la saciedad que el
Partido Socialista se fue del Pacto de Toledo porque adoptó la medida del no incremento de las pensiones en 2011. Un solo tema en siete años. Ustedes en seis meses han hecho lo mismo, una sola cosa, que es dejar en suspenso parte de los artículos
que tendrían que estar en vigor, como el aumento de las pensiones de viudedad. Estamos en paz, porque la gestión es una cosa y lo que se dice es otra. Repito, hablemos de consenso, demos garantías a los futuros pensionistas y tranquilidad a los
actuales explicándoles el gran sistema público de pensiones que tenemos y el gran personal que trabaja en la Seguridad Social, que creo que es uno de los mejores, lo que se pone en evidencia por la rentabilidad del coste de gestión. Seguiremos
discutiendo y hablando.


El señor PRESIDENTE: En el Grupo Mixto creo que también van a compartir el turno dos portavoces.


En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, ¿cuál es el régimen de turnos que está utilizando su señoría? No terminamos de comprenderlo muy bien.


El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún problema por parte del Grupo Mixto? (Denegaciones). Ninguno.


Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No estaba reivindicando mi intervención, es que no termino de entenderlo.


El señor PRESIDENTE: Simplemente es el orden que me ha pasado el letrado. No sé si será erróneo o correcto.


Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Mis primeras palabras son de felicitación a nuestro secretario de Estado de la Seguridad Social, el señor Burgos, porque hemos compartido con él esta Comisión durante muchos años y en muchas ocasiones. Le
deseamos toda la suerte del mundo, que será la de la Seguridad Social, sobre todo si nos dice cosas como las que ha expuesto en su intervención en la mañana de hoy -seguramente por el gran conocimiento que tiene-, es decir, que el sistema es
solvente, sólido y viable. Creo que la conclusión de esta primera reunión de la Comisión del Pacto de Toledo para hablar de la viabilidad del sistema sería que hay que hacer una recomendación al Gobierno para que no tenga la tentación de hacer
nuevas reformas que vayan encaminadas a la reducción de las prestaciones existentes en nuestro Sistema de la Seguridad Social o a profundizar en la ampliación de la edad de jubilación; lo digo porque estos últimos días se han escuchado voces desde
el Gobierno, cuya justificación en alguna ocasión ha sido que es mandato de la Unión Europea o no sé si de Alemania, diciendo que el Estado español tiene que ajustar aún más el Sistema de la Seguridad Social. Por tanto, señor Burgos, después de lo
que usted ha dicho, no solo con sus palabras sino con los datos que ha aportado, la conclusión es que no hay otra justificación para hacer una nueva reforma en el sistema o ampliar la edad de jubilación, como dijimos en otras ocasiones, que la de
deteriorar nuestro Estado del bienestar procurando que los ciudadanos acudan a los planes privados de pensiones, entre otras cosas, porque en el Estado español se sigue manteniendo un bajo nivel de pensiones complementarias a la pensión pública.
Esa es mi primera conclusión.

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Otra cuestión que avala la misma conclusión son los datos que usted nos aportó, y que le agradezco muchísimo, del nuevo informe del Ecofin que con toda claridad contradice informes anteriores. No es pequeña la desviación del 6%, que decía
el anterior informe en relación con la proyección del envejecimiento de la población, al 3,6%. El error en esta cifra es suficiente como para que consideremos que estos informes hay que tenerlos en cuenta, pero que no nos dicen absolutamente nada
en relación con la realidad. Por otro lado, esto demuestra también que no podemos estar pendientes continuamente de la evolución del envejecimiento para hacer las reformas en nuestro sistema de pensiones y de la Seguridad Social, porque la equidad
y la contributividad que usted dice que es necesario garantizar para mantener esa viabilidad futura no está tan relacionada -y ya lo hemos comentado en otras ocasiones- con el número de personas que vayan a requerir el cobro de una pensión y
aquellas que estén en edad de trabajar como con que las personas en edad de trabajar realmente lo hagan y podamos hablar del pleno empleo y no de un 25% de paro. Lo que va a hacer posible que en el futuro se puedan pagar las pensiones va a ser que
trabajemos en políticas que incrementen el empleo y reduzcan el paro. De hecho, así lo indica el dato que usted nos acaba de aportar en relación con el incremento de las pensiones entre los años 2000 y 2011; es decir, con ese incremento de
pensiones en un 87%, y a pesar de ese 25% de paro, el sistema seguía siendo viable. Lo fundamental para el futuro es el pleno empleo, porque es la forma de garantizar nuestro sistema público de pensiones y de Seguridad Social.


Señor ministro, perdón, señor secretario de Estado -bueno, de momento señor secretario de Estado- (Risas), le quiero decir que el Gobierno no está trabajando en esa misma dirección, porque la propia reforma laboral va en detrimento de la
garantía de esta posibilidad de equidad del sistema, en la medida en que es una reforma que, como está demostrando, no crea empleo sino que aumenta el desempleo, pero, sobre todo, que va a precarizar la contribución a la Seguridad Social, por el
estancamiento en el mejor de los casos o por la reducción salarial en el peor de los casos, que la propia reforma plantea. Habrá que hacer recomendaciones al Gobierno para que no continúe con esta política que va en detrimento de la creación de
empleo.


Quiero hacerle una pregunta en relación con algo que usted dijo que no se debería permitir, que es una reducción de cuotas al Sistema de la Seguridad Social. Sabe que en este momento en importantes sectores de la patronal hay una
reivindicación -que desde diferentes ámbitos del Gobierno se recoge con, diría, no sé si satisfacción pero sí con connivencia- para que se realice una modificación en el Sistema de la Seguridad Social relativa a una reducción de la cuota
empresarial, pero, como ha dicho el portavoz de La Izquierda Plural, no sé en qué aspectos de las contribuciones.


Jubilaciones anticipadas. Parte del incremento del número de pensionistas no se debe a que estén en la edad legal de jubilación -no los sesenta y siete sino los sesenta y cinco años- sino a la barbaridad de prejubilaciones anticipadas que
ha habido, puesto que en estos últimos años los problemas empresariales se han resuelto de esta forma. En la última reforma de la Seguridad Social se hizo hincapié en esta cuestión y se está a la espera de que el Gobierno haga el reglamento
correspondiente para resolver este problema.


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando. Tenga en cuenta la distribución del tiempo.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Termino, señor presidente.


¿Se va a resolver este problema o las empresas van a seguir sin aportar absolutamente nada en relación con este asunto? Tenía más preguntas, pero ya tendremos otras ocasiones para hablar.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Como ya se ha puesto de manifiesto en la exposición y en las intervenciones de distintos compañeros y compañeras, es evidente que el tema que estamos discutiendo guarda una estrechísima relación con la grave
situación de crisis que estamos viviendo, con los problemas de recesión para este año y para los siguientes y con todos los hechos que se producen a su alrededor: aumento de desigualdades, pobreza y desempleo con unas cotas que superan todos los
techos europeos. Esta es la base objetiva, pero la base subjetiva que condiciona lo que aquí estamos discutiendo, desde nuestro punto de vista, es una política global del Gobierno que es bastante reaccionaria. Es una política regresiva en lo
económico, en lo fiscal y en lo social, que en modo alguno favorece que el tema que estamos discutiendo tenga unos firmes soportes de cara a aportar las mejores soluciones, las soluciones más sociales y las más beneficiosas para la población. Los
distintos recortes que está realizando el Gobierno en todo tipo de prestaciones sociales, en sanidad y en educación, la precariedad que se vive en el mundo laboral y el aumento del desempleo están redundando evidentemente en un deterioro del tema
del que nos estamos ocupando.


Junto a ello, perdone que se lo comente, existe, no por mí ni por los demás grupos de este Congreso sino por parte de los medios de comunicación y de la población en general, una gran falta de confianza en las palabras del Gobierno, que ha
cambiado, ha contradicho lo que ha venido anunciando en su programa electoral y sus propias palabras desde el mismo día en que tomó posesión. Cada viernes nos despertamos con un sobresalto en el que una supuesta situación muy grave de crisis hace
que lo que el Gobierno dijo anteayer hoy ya no sirva. Me refiero al copago y a los recortes de todo tipo que se han

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ido implantando después de una tramitación presupuestaria; me refiero a que el discurso del Gobierno es completamente contradictorio según se oiga al ministro de Economía o a usted en esta Comisión. En cualquier caso, nos encontramos por
desgracia ante un Gobierno franquicia de lo que marca Alemania y desde allí se ha dicho bastante claro -como ha dicho el compañero de La Izquierda Plural- que una de las posibles contrapartidas exigidas a cualquier ayuda a la situación crítica que
se vive en la banca española ha de ser recortar aún más el sistema de pensiones y de prestaciones. Usted ha hecho un juego de palabras. Ha dicho que el sistema es viable, sí, pero que la sostenibilidad tenía problemas importantes y que ya
veríamos. Ha hecho referencia también al informe del Ecofin, y aquí quería hacerle una pregunta. El anterior informe del Ecofin sirvió para que se justificara y razonara el anterior recorte de pensiones. Pues bien, si las previsiones del Ecofin
ahora han cambiado en una dirección completamente contraria, ¿por qué no nos anuncia usted una reforma del sistema de pensiones a la contra de la anterior, dejando los años de cotización y las propias cotizaciones tal como estaban? Esto es lo que
habría que hacer hoy en día, retrayéndose de las medidas tomadas en su día sobre la base de unos datos completamente alegres.


El segundo tema que quería comentar, porque me parece muy importante -ya se ha señalado también-, es que se quiera o no -y esto guarda mucha relación con un debate que hemos tenido en el Congreso en relación con la reforma sanitaria- los
planes del capital hoy en día en relación con el régimen de pensiones y de Seguridad Social son muy parecidos a los que existen en relación con la sanidad pública. Se trata de que un capital que ha hecho sus negocios sobre la base del cemento, de
la economía hueca y especulativa y del pelotazo, una vez que esta ha hecho crisis, está buscando nuevos e importantísimos nichos de negocios en los que obtener beneficios. La industria no favorece nada de esto y se quieren abrir importantes brechas
en el servicio público de la salud y en el servicio público de las pensiones, para favorecer sistemas duales en los cuales lo público quede descapitalizado y muy deteriorado y esto favorezca la entrada en los sectores públicos de estos capitales
especulativos, a los cuales les importa cualquier cosa menos la salud de las personas y la situación de los pensionistas.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Termino.


Tenía más puntos para plantear, pero no puedo menos que reivindicar una vez más, como siempre lo hacemos, porque nos parece de justicia y de utilidad social, un marco para nuestro pueblo, un marco para Euskalerría; un marco soberano en
materia económica y social, un marco propio de relaciones laborales -que inciden en lo que estamos comentando- y de protección social para tener con qué hacer frente allí a todos estos problemas desde unos criterios bastante más solidarios y de
justicia social que los que este Gobierno y este ministerio en concreto están empleando frente al tema que nos ocupa.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, no siempre tiene la excusa de pasarle las culpas al letrado o a la letrada. Estamos siguiendo el mismo procedimiento que en la anterior reunión de la Comisión, es decir, abre el grupo parlamentario
mayoritario de la oposición, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, y después intervienen todos los grupos de menor a mayor, cerrando el grupo que apoya al Gobierno, en este caso el Grupo Parlamentario Popular.


Tiene la palabra, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad, señor presidente, es que no deja de sorprenderme el procedimiento. Pertenezco a diez comisiones en esta Cámara -mis compañeros me han honrado con una obligación de trabajo que raya en lo estajanovista-
y, desde esa perspectiva, tengo que comentarle que en todas menos en esta o se empieza de menor a mayor o se empieza por el mayor y se termina por el menor, salvo que se pretenda simbólicamente buscar otro tipo de interlocuciones, unas de mayor
cuantía y otras de cuantía inferior.


El señor PRESIDENTE: A usted siempre le considero de mayor cuantía, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco lo que de aprecio personal tienen sus palabras, pero usted sabe simbólicamente a lo que me estoy refiriendo. Esta no es la forma de proceder, porque en el Reglamento de la Cámara no consta la
existencia de un grupo parlamentario mayoritario de la oposición. Todos los grupos de la oposición gozan de igual condición y poseen la misma naturaleza jurídica, y las previsiones en materia de ordenación de los debates tienen que ser una u otra
sin excepciones, señor presidente, salvo que estas excepciones pretendan proyectar mecanismos simbólicos de partido gobernante y partido mayoritario de la oposición, desde una posición que nosotros no estamos en condiciones de validar.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, el procedimiento que estamos siguiendo ha sido acordado entre todos los grupos parlamentarios en la primera reunión de la Comisión. Por supuesto, el presidente de esta Comisión no tiene ningún
inconveniente en que para la próxima reunión, si la Mesa de la Comisión así lo decide, podamos cambiarlo, pero este es el procedimiento que hemos seguido.


Tiene la palabra, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy agradecido, señor presidente. Vamos a obviar las cuestiones de orden, porque esta materia tiene la suficiente relevancia como

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para dedicarnos a la misma prescindiendo de cuestiones preambulares o colaterales.


Señor secretario de Estado, mi buen amigo, Tomás Burgos, tengo que decirle que a mi grupo le ha tranquilizado relativamente su exposición. Usted ha hecho una invocación -está en obligación de hacerla- relativa a la potencia, a la
coherencia, a la solvencia en términos económicos del sistema público de pensiones español, pero luego se ha encargado de relativizar esas invocaciones con alusiones a tensiones y fluctuaciones en materia de liquidez y a que es el primer año en el
que tenemos que asumir un déficit estructural que ha impedido las consignaciones presupuestarias al Fondo de reserva. Esto ya es preocupante en sí mismo. Usted ha dado una dimensión coyuntural a esta circunstancia y la ha endosado a un problema
coyuntural de crisis, como si esta crisis fuera meramente coyuntural. Cuándo vamos a salir de esta crisis es muy difícil decirlo. No creo que en las previsiones del Ecofin haya ninguna referencia a este momento temporal. ¿Cuándo va a empezar a
crecer la economía con ratios suficientes como para crear empleo? Los informes de los que disponemos, en especial uno particularmente preocupante del Fondo Monetario Internacional, están utilizando fechas como el año 2017, en el que la economía
española crecería previsiblemente en porcentajes superiores al 2%. El carácter coyuntural de la crisis no puede ser una coartada para minusvalorar los problemas que afectan a su sostenibilidad financiera. Sé que usted está de acuerdo con estas
previsiones, porque a ellas se unen las demográficas. ¿Son mejores las previsiones del Ecofin ahora que en 2009? ¿Por qué son mejores ahora? ¿Es que la tasa de natalidad en el Estado español se ha modificado? ¿Es que hay más hijos? ¿Se
incorporan más extranjeros al mercado de trabajo? ¿Disminuye o aumenta la población activa? Estas son las cuestiones relevantes. Yo tenía muchas dudas respecto al carácter casi apocalíptico del anterior informe del Ecofin del año 2009 y otros de
Eurostat que usted y yo hemos valorado y que daban para el año 2050 una perspectiva verdaderamente dramática: dos personas y media en activo por cada pensionista, por cada persona en situación pasiva o perceptora de alguna de las contingencias
protegidas por el sistema de pensiones. Así es manifiestamente inaguantable un sistema de reparto. Sin embargo no sé hasta qué punto estas previsiones están basadas en datos razonables -debería fundamentarlo en su réplica o podríamos hablarlo en
otro momento más detenidamente, porque esta Comisión está ya muy comprimida, señor presidente- y si esos datos son razonables en relación con el Estado español. Tengo muchas dudas de que una reducción prácticamente a la mitad de la incidencia en
producto interior bruto de la tasa de envejecimiento se pueda fundar en nada razonable, porque las tasas y las prospectivas demográficas de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística, señor secretario de Estado -también le iba a llamar
ministro, no sé si es que tiene un aspecto ya áulico de ministro- son las que son y no han modificado las de 2009.


Me preocupa también la propia configuración del Fondo de reserva, que ha constituido la primera parte de su intervención. Aquí estamos hablando de una cuenta tesorera del Banco de España, por excepción. El Banco de España no acepta
habitualmente ubicar dentro de su seno cuentas o fondos de las administraciones públicas. Esta es una de las pocas excepciones. El Banco de España retribuye este fondo, pero lo hace de forma coherente con sus propias caídas de rentabilidad.
Acuérdese de lo que pasó en el año 2005; recuerde lo que pasó en el año 2009. La enorme caída producida en el tipo medio al que el Banco de España retribuía este fondo provocó problemas en él, pero no solo eso, sino que el indicador Eonia cayó
espectacularmente en el año 2009. El indicador Eonia es el que sirve para la financiación como cuenta tesorera del Banco de España de este Fondo de reserva y en este momento no sé en qué situación está. Si estamos utilizando todavía este
indicador, minorándolo en 7 centésimas a lo que se asumió en la retribución del Banco de España a esta especial cuenta tesorera que se llama Fondo de reserva obligatorio del Pacto de Toledo, tenemos un problema.


Discrepo de las opiniones manifestadas por el portavoz del Grupo Socialista respecto a la bondad de concentrar en deuda pública española las inversiones del Fondo de reserva obligatorio, sobre todo cuando el Spread respecto a otras deudas
públicas extranjeras es favorable a las mismas y no a la deuda pública española. ¿A qué viene tanta concentración -una concentración de riesgo, señor secretario de Estado, en las inversiones del Fondo de reserva obligatorio- cuando hay otras
deudas, sobre todo la que le voy a comentar, con una mayor ratio de solvencia respecto a la deuda pública española? Le pediría una reflexión ex post. Espero no que no hagamos patriotismo, pero sí que no utilicemos el Fondo de reserva. Ha habido
una cierta contradicción en la intervención del portavoz del Grupo Socialista alabando las bondades de invertir fundamentalmente en bonos españoles de deuda pública, tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, pero indicando también
que este fondo -y lo ha dicho expresamente- no puede utilizarse para acabar con los problemas de déficit o de liquidez que afectan al sistema financiero español o a las estructuras financieras del Estado español. Vamos a buscar puntos de
equilibrio. Le vuelvo a pedir, como he pedido a otros compareciente anteriores, su colaboración, porque usted ha pedido lo mismo, y que cuando el Spread de deudas extranjeras sea más favorable, invirtamos en deudas extranjeras o intercambiemos
deuda española por deuda extranjera, porque este Fondo de reserva obligatorio no se creó en el Pacto de Toledo para resolver los problemas financieros del Estado, se creó, como usted sabe, para resolver los problemas de los pensionistas, y si
empezamos a utilizarlo para resolver los problemas financieros del Estado, es

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probable que al final tampoco podamos resolver tampoco los problemas de los pensionistas.


Dicho esto, ha hecho usted una serie de reflexiones, unas más positivas y otras menos positivas. Hay que agradecerle, como siempre, el valor de la sinceridad y de la honestidad de sus reflexiones. El incremento del desempleo lleva como
corolario inevitable, a pesar de los incrementos recientes de la afiliación, la disminución de cotizantes a la Seguridad Social. Son líneas que van en paralelo, aunque de forma inarmónica. Las previsiones de desempleo -ya se lo han dicho algunos
de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- no pueden ser peores a corto plazo, incluso una reforma laboral a la que se atribuyeron casi taumatúrgicamente grandes capacidades para la creación de empleo fue presentada por señor
Rajoy diciendo que su primer efecto iba a ser la destrucción de 630.000 puestos de trabajo. Se podría hacer una extrapolación fina de los cálculos econométricos que utilizan los funcionarios del sistema de Seguridad Social para ver en cuántos no
cotizantes o desafiliados al sistema público de pensiones se van a transformar 630.000 desempleados nuevos. Seguramente usted tiene este dato o puede conseguirlo. Este es un problema para los equilibrios financieros que tiene la sostenibilidad del
sistema de pensiones y que no debe dejar de valorarse suficientemente.


Por otro lado, hay algo que usted ha dicho con un tono más o menos neutro en su exposición, pero cuyo análisis e interpretación resultan dramáticos. El sistema contributivo ha crecido en los últimos once años en 95.000 pensionistas -es un
nivel de crecimiento de pensionistas muy alto, señor secretario de Estado, y que afecta a los equilibrios financieros que pueden sostener un sistema público de pensiones de reparto puro, como es el sistema español, en virtud de los requerimientos
del artículo 41 de la Constitución-, pero la nómina en materia de pensiones ha pasado de 3.839.000 euros a 7.189.000 euros, es decir, se ha multiplicado por más de dos. ¿A qué se debe esto? Al incremento del desempleo y a la pérdida de cotizantes,
a los desafiliados, porque las cotizaciones no se han tocado. Me congratulo de que usted haya dicho que no se van a tocar las cotizaciones. Me parece muy bien que no se toquen. Sé que hay personas que intentan reducir las cotizaciones y están
lanzando mensajes relativos a dicha reducción. Usted ha dicho que no las va a reducir. (El señor secretario de Estado de Seguridad Social, Gallego Burgos: Ni a aumentar). Ha dicho que no las va a reducir y que no las va a aumentar. Yo ya me
conformo, como compromiso por parte de su Gobierno, con que no se incrementen las cotizaciones. Este ya me parecería un compromiso suficiente. Lo de la reducción es una cuestión a debatir más detenidamente y en un debate más sosegado. Estamos
hablando de problemas que, desde una perspectiva cuantitativa, no dejan de imprimir cierto dramatismo o, mejor, cierta preocupación; no vamos a utilizar expresiones que generen pánico, que no deja de ser otro elemento que gravita negativamente
sobre la propia sostenibilidad financiera del sistema.


En definitiva, no voy ponerle la trampa que le han puesto otros preguntándole si sigue usted manteniendo su oposición a la reforma del año 2011 en relación con los dos problemas fundamentales: el retraso de la edad de jubilación y los
incrementos de los periodos de carencia y de cotización para causar derecho a las pensiones. En la situación en la que está el sistema este debate no es ni tan siquiera pertinente y no es cuestión de recuperar debates del pasado. En este momento
casi me conformo, igual que en materia de cotizaciones, señor secretario de Estado, con que me diga que durante su mandato no va a volver a alargar la edad de jubilación o no va a incrementar los periodos de carencia y cotización para causar derecho
a las pensiones en el futuro. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo en la restricción al máximo de las prejubilaciones y de las jubilaciones a tiempo parcial. Y le hago encarecidamente una recomendación: En la medida que pueda, señor
secretario de Estado, haga desaparecer de una vez de nuestro ordenamiento jurídico el contrato de relevo. Que esto siga gravitando sobre el sistema público de pensiones, sobre sus finanzas, y que no hayamos logrado todavía la separación de fuentes
-usted ha citado que el compromiso era el año 2014; no, el compromiso es ya- en materia de complementos de mínimos son dos fracasos del Gobierno y también de esta institución, de la institución parlamentaria. Vamos a hacer todo lo que podamos por
esto. En todo caso, señor secretario de Estado, con estos datos que le he dado y, sobre todo, viendo que el real decreto-ley que acabamos de aprobar sobre la reforma del sistema sanitario -ya acabo, señor presidente, que veo que ya me está mirando
de forma semióticamente indudable- va direccionalmente en el sentido opuesto a la separación de fuentes, puesto que vincula la condición de asegurado al sistema de sanidad a la condición de afiliado a la Seguridad Social, cosa que antes no ocurría,
no me queda más que desearle mucha suerte, porque la suerte que usted tenga en este caso es la suerte que vamos a tener todos nosotros y la que van a tener nuestros hijos, sobre todo a efectos de poder percibir lo que nuestro ordenamiento jurídico
en materia de Seguridad Social establece en cuanto a las contingencias protegidas en este momento. ¿Será posible esto? Veremos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Obviando las cuestiones de orden que el señor Olabarría ya ha manifestado, queremos dar la bienvenida al secretario de Estado a esta Comisión, que es su Comisión. Como no puede ser de otro modo, nos alegramos de que
haya expresado su compromiso con la necesidad de abordar las políticas en relación con las pensiones desde el consenso en esta sede, en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de

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los Acuerdos del Pacto de Toledo. Las grandes orientaciones de la política de pensiones deben ser compartidas -como ha dicho la señora Chamosa-, no deben verse alteradas por cambios de orientación política y debemos atenernos a sus
resultados a medio plazo. Por ello, debe exigirse una estabilidad política. Compartimos su convencimiento de la solvencia, la viabilidad y la fortaleza del sistema de pensiones, más cuando muchas familias viven de la pensión de los mayores y es el
único ingreso del que disponen. El sistema de pensiones es, entre otros, el que permite que la crisis social no se agrave.


Seré breve en mi intervención, aunque espero que las respuestas no lo sean tanto. En relación con el informe remitido por la secretaría de Estado sobre la evolución del Fondo de reserva de la Seguridad Social en el año 2011, creemos que su
cuantía es importante -hablamos de una suma superior al 6% del producto interior bruto- no solo por su importe sino por su objeto. En ese sentido, hemos escuchado sus explicaciones sobre el estado del fondo, sobre su composición y sus resultados en
el año 2011. Agradezco también el avance parcial de 2012. Nos gustaría saber si cree que la composición de la cartera de activos es la adecuada y qué gestión piensan hacer de la misma. El dato más relevante para mí en ese sentido -como decía el
señor Olabarría- es que más del 89 por ciento de la misma se encuentre invertida en deuda pública española y el resto en extranjera.


Por otro lado, habiendo cerrado el sistema de pensiones el año anterior en una situación de casi equilibrio y ante una realidad de destrucción de empleo, como apuntan las previsiones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para este año, y de desequilibrio, como ha apuntado el secretario de Estado, la disposición del fondo, como se regula en la ley de su creación y en el reglamento de su desarrollo, no es posible en estos momentos para afrontar ese desequilibrio del
sistema. Querríamos saber si, para corregir este desequilibrio, el Gobierno contempla la posibilidad de modificar los criterios de activación del fondo, que por su intervención entiendo que no, o bien de aplicar otros mecanismos alternativos y, en
ese caso, en qué consistirían esos mecanismos alternativos para evitar el desequilibrio.


Otro aspecto que queríamos comentar es el enorme trabajo que tiene su secretaría de Estado por las disposiciones de la Ley 27/2011. Si la ministra en su primera comparecencia en esta Comisión ya nos hizo entrega de algunos estudios al
respecto que se derivaban de la Ley 27/2011, por ejemplo, sobre la evolución del poder adquisitivo de las pensiones o sobre la autorización de los importes según baremo de las lesiones permanentes no invalidantes, y nos anunció también que trabajaba
en otros, como el de la siniestralidad, el de la penosidad o los estudios actuariales en relación con los coeficientes reductores en la jubilación anticipada, la ley contiene otras muchas disposiciones que creemos que deben desarrollarse y sobre las
que deben realizarse los estudios pertinentes. Entre otros, creemos muy importantes el estudio que se refiere al sistema para compensar la interrupción de las carreras de cotización por el periodo de tiempo dedicado al servicio militar o a la
prestación social sustitutoria; el estudio de la fórmula de acceso a la jubilación anticipada y parcial para aquellos autónomos que traspasen el negocio; el estudio sobre las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en relación con las
prestaciones que reciben del sistema o el estudio de cómo afecta a las carreras de cotización de las mujeres el cuidado de las personas con discapacidad o dependencia para tomar las medidas oportunas. Por último, recalcaría, porque es muy
importante en ese sentido, una propuesta de reordenación integral de las pensiones no contributivas basada en un estudio sobre la pobreza, más en el momento en el que nos encontramos. Nos gustaría que el secretario de Estado nos pudiera especificar
cuáles de estos estudios e informes van a ser prioritarios para su secretaría de Estado y qué calendarios prevé para su realización. Fíjese que hablo de prioritarios, porque hay muchos más que se derivan de la Ley 27/2011. Muy posiblemente la
realización de los informes lleve su tiempo, no lo dudamos y entendemos que son muchos y variados, pero todos son necesarios para conocer la situación del sistema y adoptar las medidas que sean pertinentes.


Si le pido concreción en este punto, aún más se la pido para la concreción del compromiso asumido por su Gobierno de aumento de la base reguladora de la pensión de viudedad, así como de la mejora del trato fiscal de aquellas personas activas
que la perciben. La ministra, en su comparecencia en la Comisión, no nos especificó mucho al respecto y esperamos que usted pueda hacerlo un poco más.


Finalmente, voy a hacer unos breves comentarios en relación con las recomendaciones del Consejo sobre el programa de reformas. Usted se ha referido más a las proyecciones que a las recomendaciones del Consejo. Las constataciones no hace
falta que se las lea, porque las conoce perfectamente, pero sí le voy a leer literalmente las recomendaciones en relación con los temas que a usted le competen: Acelerar el aumento de la edad preceptiva de jubilación y la introducción del factor de
sostenibilidad previsto en la reciente reforma del sistema de pensiones y respaldar la estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad con medidas concretas, encaminadas a desarrollar más el aprendizaje
permanente, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo. De este simple párrafo se derivan muchas cosas. Nos gustaría saber cómo lo ve la secretaría de Estado, cómo va a posicionarse el
Gobierno ante estas recomendaciones del Consejo y qué posibles alternativas puede desarrollar el Gobierno a la vista de las mismas.


Por último, me gustaría hacerle más que una pregunta una recomendación por parte de nuestro grupo. En la actual situación de altas cotas de desempleo, es necesario desarrollar con más intensidad y decisión la estrategia global para el
empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad, más cuando se quiere avanzar en la compatibilización entre pensión y trabajo y promover la prolongación voluntaria de la vida activa, como ha manifestado

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su Gobierno y nuestro grupo parlamentario comparte plenamente.


Le he dicho que sería breve. Espero que sus explicaciones no sean tan breves como mi intervención. Le deseo el mayor éxito en su cometido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero dar la bienvenida al secretario de Estado. Estamos agradecidos de que esté aquí con nosotros, en primer lugar, porque todos sabemos que usted no es responsable de
las decisiones que se adoptaron en el año 2011 y, en segundo lugar, porque el anterior secretario de Estado no pudo o no quiso comparecer para explicar en esta Comisión a todos los grupos políticos la situación del Fondo de reserva.


Ya se ha dicho aquí y todos lo sabemos que la ley establece que los rendimientos del Fondo de reserva deben ser automáticamente incorporados al mismo, y así ha venido ocurriendo siempre, cuando ha gobernado el Partido Socialista y cuando ha
gobernado el Partido Popular. Lo que no ha ocurrido siempre ha sido que los excedentes del fondo que generaba el propio sistema se incorporaran por acuerdo del Consejo de Ministros al fondo para incrementarlo. Hemos visto que hay cerca de 67.000
millones, pero también es verdad que debería haber más de 80.000 millones de euros si se hubiera cumplido el compromiso que establece la ley, que es que la parte fundamental de los excedentes vaya prioritariamente al Fondo de reserva. Ya se ha
visto aquí claramente que de los 14.430 millones de euros de los excedentes de los años 2008 y 2009 únicamente se destinaron al fondo 1.740. Este año no se podrá dotar cantidades al fondo, porque nos hemos encontrado con déficit en el sistema, pero
el comportamiento de los últimos años sí ha hurtado al fondo de una parte muy importante.


Con respecto al fondo le querría hacer algunas preguntas que ya han surgido aquí por parte de algunos portavoces de otros grupos políticos, en cuanto a su posible utilización o la posibilidad de modificar la ley reguladora. Nosotros
entendemos que estos fondos están a disposición del sistema por si el propio sistema tiene problemas puntuales. Afortunadamente disponemos de esa reserva y si en algún futuro hay que recurrir a ella, disponemos de garantías suficientes, no solo
para que no suponga un problema de credibilidad del propio sistema de pensiones, sino que también se reconozca de alguna forma la capacidad de previsión que hubo hace algunos años por aquel grupo político que diseñó el sistema de reservas, que fue
el Partido Popular.


En cuanto a la sostenibilidad del sistema, me quedo con sus palabras, señor secretario de Estado, respecto del sistema solvente, potente, sólido y viable. Este grupo es defensor de este sistema público de pensiones de -Seguridad Social del
cual nos sentimos orgullosos, que está construido con el esfuerzo de muchas generaciones, de muchos ciudadanos españoles que en momentos difíciles como el actual siguen confiando en la estabilidad y en la tranquilidad que da por su solvencia y su
solidez.


También quiero resaltar algo que es fundamental, y es que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 el Gobierno actual ha hecho un esfuerzo importantísimo para avanzar en la separación de las fuentes de financiación. Hay que
reconocer que esa aportación adicional de más de 1.000 millones de euros para la financiación de los complementos a mínimos es una apuesta absolutamente clara por la separación de las fuentes de financiación y entendemos que es una de las claves de
la sostenibilidad del sistema de pensiones. También ha dicho usted que una de las mayores presiones que tiene el propio sistema es la insuficiencia de financiación del ámbito no contributivo. Una insuficiencia de financiación que, por desgracia,
no se ha ido minorando en los años anteriores, sino todo lo contrario, ha sufrido una auténtica explosión, especialmente en los últimos presupuestos.


Con respecto a la aportación de esos 1.000 millones de euros adicionales, quiero aclarar para que conste en el 'Diario de Sesiones' que el Estado ha elevado un 35% la aportación con respecto al año 2011, es el mayor incremento en
aportaciones del Estado para la financiación de los complementos a mínimos y ahora se financia en cualquier caso el 50% del gasto frente al 37% que se financiaba el año anterior. Complementos a mínimos que, ya se ha dicho aquí -eso de hablar la
última sucede que se han repetido las ideas, pero no quiero dejar de comentarlas-, tendrían que estar completamente asumidos por el Estado el 31 de diciembre del año 2013, pero todos sabemos que es algo absolutamente imposible al ritmo de aportación
que se ha venido desarrollando en los últimos años. Les recuerdo que significa tan solo 300 millones de euros adicionales al año y, en el año 2011, solo se incorporó una partida adicional de 100 millones de euros.


Hablaba también el portavoz del Grupo Socialista de la poca credibilidad de los presupuestos del año 2012. La verdad es que ya es la tercera vez que escucho esta expresión. La escuchamos en la Comisión de Presupuestos y la escuchamos
también en la comparecencia de la ministra en esta misma Comisión, donde quedó muy claro cómo estaban valorados los ingresos y cómo estaban valorados los gastos. Humildemente le digo que no creo que estén ustedes en condiciones de dar lecciones en
cuanto a cuadrar presupuestos por el grado de desviación que ha habido en el del año 2011. Le recuerdo que tenía una previsión de superávit de 3.927 millones de euros y acabó con una liquidación provisional negativa de 1.152 millones de euros, una
desviación en el año 2011, justo el año en el que el Partido Socialista congela las pensiones, de más de 5.000 millones de euros.


El señor Coscubiela, de La Izquierda Plural, hablaba de cómo afectaba la bajada de salarios y siempre aludía al Gobierno central como el último responsable de ello. Ya se lo dije el día que debatimos la reforma laboral. No siempre la culpa
de todo la tiene el Gobierno central, ustedes, que cogobiernan en Andalucía con el Partido

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Socialista, les han bajado el salario a los funcionarios. Hay que tener en cuenta también estas cuestiones. No se puede vincular automáticamente la valoración de las aportaciones a las cotizaciones sociales con la evolución del paro o el
nivel de desempleo. Lo ha dicho muy bien el señor secretario de Estado: el número de cotizantes no sigue la misma evolución directa del mercado de trabajo, ya que es un sistema en el que las cotizaciones se depositan no solo sobre los trabajadores
afiliados que están ocupados, sino también en gran medida sobre los desempleados, que siguen cotizando, incluso hay cotizantes que lo hacen a través de convenios especiales.


En situaciones de crisis nuestro sistema tiene mecanismos de protección importantes. Por eso este sistema ha aguantado razonablemente más de cuatro años de crisis y no ha entrado en una situación delicada, como han entrado claramente otros
sistemas de pensiones de nuestro entorno. Me gustaría quedarme con esas palabras del secretario de Estado en el sentido de que no se puede confundir una situación puntual con tensiones de liquidez o con problemas en la viabilidad del sistema.


Me gustaría plantearle una cuestión, que también ha formulado el señor Coscubiela, en cuanto a cómo se encuentra la situación de la deuda del Estado frente a la Seguridad Social, si se ha incrementado o se ha reducido. Sin más, termino como
empecé, dándole las gracias por su comparecencia, señor secretario de Estado. Es un placer tenerle aquí y le felicito por haber aceptado la misma.


El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, a continuación tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Muchas gracias a todos los portavoces por sus buenos deseos, por sus palabras, por el tono de sus intervenciones que, no les quepa duda, ha marcado siempre a esta Comisión
y constituye un ejemplo de colaboración política e institucional que hay que mantener. Es uno de los activos fundamentales de nuestra sociedad, el Pacto de Toledo y su expresión más nítida es esta Comisión parlamentaria. Quiero reconocer todas sus
aportaciones, su estilo y su tono que me parecen absolutamente constructivos.


En relación con la intervención del señor Coscubiela, hay un fortísimo nivel de acuerdo político y social en torno a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Este es uno de los elementos que hace que estemos en condiciones de ponerlo
sistemáticamente en valor, dentro y fuera de España. Es uno de los ejemplos de construcción política y de construcción social más importantes de nuestro país. Convendría que todos tuviéramos eso muy claro para que cualquier elemento que tenga la
posibilidad de poner mínimamente en riesgo ese acuerdo social y ese acuerdo político sea limitado o reconducido, porque sinceramente es muy importante para el sistema disponer de este instrumento. Las proyecciones siempre han sido elementos a
considerar. Nunca he sacralizado las proyecciones de ningún organismo nacional ni internacional, como no hemos sacralizado en esta Comisión la de muchos expertos, aunque solo sea por el nivel de contradicciones que habitualmente se estableció en
las mismas y que intelectualmente podrían ser de enorme interés, pero que en su aplicación práctica nos podría llevar en algunos casos a callejones sin salida. Sin duda hay que estar muy atentos a las proyecciones que la Unión Europea traslada de
forma habitual en relación con la evolución de los sistemas de pensiones y la sostenibilidad de las cuentas públicas asociados, no solamente a las pensiones, sino a todo lo que significa protección social, incluida la sanidad y los cuidados a los
mayores. Sin sacralizar, pero sí hay que estar muy atentos a estos instrumentos que nos son muy útiles aunque solo sea para comparar nuestra evolución con la de los países de nuestro entorno.


No puedo aceptar que el sistema se resienta en estos momentos fruto de una caída de los salarios. No es eso lo que nosotros constatamos día a día. Las bases de cotización están subiendo, van a subir en el año 2012, y son expresión de los
acuerdos o convenios que se han firmado en momentos anteriores y que todavía se están firmando en estos momentos. No parece deducirse de esos datos sobre la evolución de las bases de cotización del sistema, no sobre la recaudación, que es distinta,
sino sobre la base media de cotización, que se haya producido ese elemento. Me tengo que felicitar porque son ingresos o aportaciones que en su día generarán prestaciones, pero que hoy por hoy son elementos que le dan al sistema recursos que
conviene valorar.


Sobre el Fondo de prevención y rehabilitación, he dicho que precisamente porque el sistema es potente y dispone de reservas y de recursos suficientes, no tiene ningún sentido que utilicemos instrumentos ajenos al propio sistema de Seguridad
Social para poder cubrir esas distorsiones de tesorería en algunos momentos si eventualmente se produjeran. El Fondo de prevención es un instrumento que forma parte del sistema de Seguridad Social, a todos los efectos, y desde luego también para su
eventual utilización en el caso de que fuera necesario. Ha generado excedentes de forma significativa en los últimos años, sus objetivos están plenamente garantizados en la medida en que se han venido utilizando recursos del mismo para labores de
prevención de riesgos y eso se va a mantener, por lo que si eventualmente tuviera que utilizarse es una medida oportuna, es un acto de previsión por parte del Gobierno tener la posibilidad de utilizar esos recursos en beneficio del sistema y con las
garantías máximas de legalidad, de temporalidad y de evolución en su caso si fuera, insisto, necesario recurrir al mismo.


No tenemos que desmentir ruidos ante el Consejo Europeo. Hemos recibido unas recomendaciones, hemos recibido unas propuestas de la Comisión Europea y estamos inmersos en la mecánica habitual de este tipo

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de discusiones. El Gobierno ofrecerá sus objeciones o sus argumentos en relación con esas propuestas y veremos si se mantienen, si se modifican o si son objeto de un tratamiento diferente a partir de escuchar los requerimientos del Gobierno
español y, en este caso, de la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Es verdad que no es habitual que haya recomendaciones tan concretas como acortar el periodo de tránsito hacia una nueva edad legal de jubilación. Tendrá que ser la Comisión
Europea la que nos explique -y para eso presentaremos las preguntas técnicas adecuadas- por qué ha centrado el foco ahí. Pero ponernos la venda antes de la herida es precipitarnos. Hay que someter esto a discusión en el ámbito pertinente, en el
Consejo Europeo de Protección Social y en el Ecofin y sin mayores dramatismos. Entendemos, y así lo hemos manifestado, que hay otras posibilidades en el sistema, si se pretende conseguir algún elemento de mejora adicional, sin necesidad de recurrir
a este acortamiento y esa es la posición que vamos a mantener. Como esta es una discusión abierta, habrá que esperar a la finalización de la misma para ver cuál es el grado de compromiso que se adquiere, si los argumentos de la Comisión son sólidos
en ese sentido. Trato de argumentar en el sentido de que la presión sobre nuestro país no es tan importante como en ocasiones anteriores y no deja de ser significativo que los periodos de tránsito hacia esas nuevas edades de jubilación, en el caso
español, estén bastante ajustados si los ponemos en relación con otros periodos de tránsito. En Alemania, el periodo transitorio para llegar a sesenta y siete años va desde el 2012 al 2029, y no parece que lo vayan a someter a revisión. En Austria
se pasa a los sesenta y cinco años en un periodo transitorio que va desde el 2024 al 2033. En Dinamarca se aumentará a los sesenta y siete años entre el 2024 y el 2027. En Francia iba a pasar de una edad de jubilación de sesenta a sesenta y cinco
años, según fuesen mujeres u hombres, a otra de sesenta y dos y a sesenta y cinco, también de forma gradual hasta el 2023. Veremos lo que hace ahora el nuevo Gobierno. El Reino Unido ha decidido aumentar la edad de jubilación de las mujeres a los
sesenta y cinco años, no lo es así en este momento, entre el año 2010 y el año 2020 y de ambos sexos hasta los sesenta y ocho años hasta el 2046. Hay muchos periodos transitorios en estos momentos en marcha, no es el nuestro el más exigente, aunque
obviamente si puede ser en un determinado momento mejorado, tendrá que haber fundamentos suficientes para ello. Desde luego, no es el planteamiento del Gobierno, al menos en el inicio de esta discusión y así se lo quiero trasladar.


Tampoco existe tal discrepancia en materia de cotizaciones sociales. Este Gobierno y el partido que lo sustenta siempre han defendido que se pueden hacer avances en materia del tratamiento fiscal del trabajo y de la presión fiscal sobre el
trabajo, esto en un momento de crisis también es importante considerarlo. Se ha producido en otros momentos en la historia de este país y no lo ha hecho el Partido Popular. Se han reducido los tipos de cotización por contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y el sistema no se ha resentido. Bien es verdad que tampoco se ha visto una activación especial en materia de empleo por esas reducciones, pero no se ha resentido en absoluto. Si en el conjunto de una
reconsideración fiscal, ese puede ser uno de los aspectos, les pediría a todos ustedes que no lo confronten de inicio, sino que atendamos a ver si los posibles efectos beneficiosos están suficientemente acreditados. En relación con este debate
quiero poner de forma muy clara encima de la mesa que para la Seguridad Social lo importante es que se garanticen los recursos. Si los recursos están plenamente garantizados, preferimos que sea por la vía de las cotizaciones sociales, aunque sea
porque sus ingresos son más previsibles que si proceden de otros tipos impositivos. Lo decimos con toda claridad. Nos parece que los ingresos por cotizaciones sociales son menos sensibles a la volatilidad de otros recursos fiscales, pero ese no
puede ser el único argumento, si sobre todo tenemos en cuenta que existe esa presión sobre el factor trabajo muy importante y que las cotizaciones sociales en España son de las más altas también de nuestro entorno. Conciliar ambos elementos es algo
que nos puede ayudar a adecuar mejor el debate a los intereses de nuestro país y del conjunto del mercado laboral y también del sistema de pensiones. En todo caso, la reducción o no de cotizaciones no está en estos momentos encima de la mesa,
porque el requisito que ha puesto el Gobierno es que ha de situarse en todo caso en un contexto de recuperación económica clara y, por tanto, no es esa la cuestión en estos momentos.


Al señor Hurtado, del Grupo Parlamentario Socialista, ya le he contestado en relación con el acortamiento del proceso de la edad de jubilación. Nunca hemos estado en contra de que los ciudadanos prolonguen su actividad, es más nos parece un
objetivo perseguible, necesario e imprescindible. No nos gustó el instrumento que se utilizó en su momento, porque a veces incluso buscando objetivos compartidos, los instrumentos pueden ser causa de desviación y de confrontación. No es ese el
elemento que nos gustaría que presidiera las posibles reformas del sistema de pensiones. Porque nosotros no renunciamos a seguir reformando el sistema de pensiones. Uno de los elementos que caracteriza nuestro sistema de Seguridad Social es que ha
sido objeto de renovación permanente y de reformas permanentes, unas de mayor calado, otras de menor calado, pero su adecuación es permanente y pretendemos que así siga siendo. Si tenemos capacidad de interlocución social y política para ir
adaptando estos procesos, no tenemos que renunciar a ello, porque el sistema, como se ha venido poniendo de manifiesto en algunas intervenciones, se ha beneficiado de ello. Si podemos pagar hoy una nómina mensual de pensiones que es el doble de la
de hace una década es porque el sistema se ha ido adaptando progresiva y paulatinamente. Los ciudadanos han visto mejoradas sus pensiones en muchos casos, han visto ampliado su nivel de cobertura y se ha hecho porque el sistema se ha ido adaptando.

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Ciudadanos que en un determinado momento podían ver con hostilidad que se ampliara el periodo de cálculo, si se hace prudentemente y de conformidad con las necesidades del sistema, es asumible y resuelve problemas de equidad y de
contributividad, que son muy importantes para un sistema de reparto esencialmente contributivo y que se basa en la legitimación social de que lo que los ciudadanos esperan de él es en gran medida fruto de sus aportaciones. Todo lo que sea
desviarnos de eso introduce elementos de crítica y de deslegitimación social. No voy a reproducir el debate de presupuestos, porque ya lo ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero francamente en los últimos años hemos asistido a
desviaciones de naturaleza presupuestaria muy significativas, enormemente significativas. Es una evidencia que en contextos de restricciones del pago de pensiones y de su nivel de cobertura y la congelación de las pensiones, incluso en un contexto
de restricción máxima del gasto, la desviación fue la más espectacular de la historia reciente de la Seguridad Social. Los presupuestos se hacen con unas previsiones que se pueden ir modificando sobre la marcha y que eventualmente pueden dar lugar
a alguna desviación, pero seamos prudentes porque a veces para efectuar una crítica fundamentada hay que tener una acreditada experiencia en que uno hace las cosas de otra manera, porque, si no, no entenderemos muy bien dónde nos lleva este debate.


Respecto al Fondo de reserva quiero decir que no se puede aplicar al déficit. En todo caso, se puede utilizar eventualmente para alguna desviación de tesorería, pero no se puede aplicar para reducir el déficit, no es un elemento que la
legalidad ni la contabilidad nacional ni la contabilidad del sistema europeo permitan. En ningún caso se aplicará el Fondo de reserva para la corrección de un déficit presupuestario. El problema del Fondo de reserva, por su naturaleza, nos puede
llevar a utilizarlo si tenemos una desviación desde el punto de vista de la tesorería, desde el punto de vista de la liquidez del sistema, pero no desde el punto de vista del déficit o el superávit o el equilibrio presupuestario, al que no se puede
aplicar. No es ni puede ser una medida correctora de un pretendido supuesto o existente déficit. Conviene dejarlo claro para que todos sepamos de qué estamos hablando, porque en este debate pueden mezclarse ámbitos que no son los mismos. Una cosa
es el debate presupuestario y otra cosa es la evolución de tesorería puntual, circunstancial o coyuntural que se puede producir y que he tratado de explicarles que se ha producido siempre. Por eso, cuando gobernaron no incorporaron los excedentes
al Fondo de reserva, porque tenían tensiones de liquidez manifiestas. No lo hicieron -no quisiera entrar en este debate- para conceder aplazamientos a las empresas y a las instituciones. No es cierto que no se plantearan incorporar los excedentes
porque había que conceder aplazamientos. ¿Cómo puede decir eso si hemos puesto de manifiesto que entre los años 2008 y 2009 se produjeron excedentes por valor de más de 14.000 millones, de los cuales solo se incorporó al sistema el 12%, 1.724
millones?. Se concedieron aplazamientos en el año 2008 por valor de 1.027 millones, no 14.000, y en el año 2009 por valor de 1.433. Esa es la deuda aplazada en esos dos años. No tiene nada que ver con el montante global de excedentes que no se
incorporaron al Fondo de reserva. No se incorporaron -y la señora López i Chamosa lo sabe perfectamente, aunque no haya hecho referencia a ello en este momento-, porque había problemas de tesorería y había que manejar esos flujos de tesorería
existentes de manera que no se perjudicara el pago de las prestaciones. No achaquemos a una política que es positiva, y más en una situación de crisis como la que se produce en estos momentos, no achaquemos a conceder aplazamientos de pago, que es
un instrumento para favorecer la continuidad empresarial y la continuidad de muchos puestos de trabajo, las decisiones que le corresponden a un Gobierno en el ámbito de sus competencias, que no puede residenciar irresponsablemente justificándose,
amparándose o colocándose detrás de un burladero diciendo no he ingresado en el Fondo de reserva porque he sido muy generoso dando aplazamientos. Ni el 10% de los excedentes que no se ingresaron en el Fondo de reserva se trasladaron como
aplazamientos. Habría que preguntarse qué ocurrió con el otro 90%. Ocurrió que ustedes gestionaron la tesorería como les pareció conveniente. Pero eso lo podían y deberían haber dicho en su momento, como nosotros lo diremos si tenemos que
recurrir, no a esos excedentes que ya no existen, sino, circunstancialmente, a las reservas del sistema.


No hay cambios en el tipo de gestión. He empezado diciendo que gran parte de la buena gestión del fondo tiene que ver con una política prudente y compartida entre la mayor parte de las fuerzas políticas. Política con la que hemos decidido
continuar, porque en estos momentos no tendría sentido que nuestros recursos -y fundamentalmente los recursos del Fondo de reserva- contribuyeran al crecimiento económico de los Países Bajos, de Alemania o de Francia en mayor medida que al nuestro
propio. En estos momentos no se trata de hacer patriotismo, se trata de utilizar los recursos propios en beneficio de nuestro propio crecimiento y de la superación más rápida de la crisis. Eso no es poner el Fondo de reserva a disposición de
objetivos de naturaleza macroeconómica ajenos al sistema, porque esto es un elemento que se retroalimenta a sí mismo. Si el tejido económico se rehace y la creación de empleo vuelve a su situación normal, el sistema se verá favorecido
inmediatamente. Por tanto, todo lo que sea apoyar esas políticas de recuperación del crecimiento, también a través de la compra de deuda pública española, será importante.


Señora López i Chamosa, en cuanto a la apelación al consenso, al Pacto de Toledo y a las leyes compartidas, sabe usted que cuenta con todo mi aprecio y todo mi respaldo. A veces no es posible, también cuando nosotros gobernamos ustedes no
apoyaron alguna disposición legal en materia de pensiones. Hay muchos más elementos que hemos compartido y estoy seguro de que vamos a compartir en el futuro que probablemente harán de la Seguridad Social un espacio común entre las diferentes
fuerzas políticas y no un espacio de confrontación. Si eso lo hemos dicho en otros

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momentos, en este desde luego es especialmente significativo. Usted reclama para su grupo y para su partido la subida de pensiones mínimas producida en este país. No tengo nada en contra de la subida de pensiones mínimas, todo lo
contrario. Hemos discrepado profundamente de que esa subida de pensiones mínimas la pagaran otros cotizantes, muchos de ellos, recuérdelo usted, en situación de desempleo y a quienes se les ha negado mantener su poder adquisitivo, mientras a otros
ciudadanos se les subían sus pensiones mínimas. El debate de las pensiones mínimas es un debate a veces equívoco, porque no todo el que recibe una pensión mínima del sistema es porque no ha tenido posibilidades de cotizar más. En muchos casos es
fruto de decisiones personales, bien estudiadas, bien planificadas, que ustedes han estimulado y compensado en mayor medida que a otros, que no pudiendo elegir, estaban sujetos a unas cotizaciones que no les daban derecho a esas pensiones mínimas.
Cuidado con estas generalizaciones, porque no es un debate entre subir las pensiones mínimas o no. Es un debate sobre que no todas las pensiones mínimas se merecen una revalorización por encima de las que han tenido aquellos que sí han hecho
aportaciones en función de sus salarios y sabe usted perfectamente de quién estoy hablando.


En relación con la congelación y la suspensión del incremento del porcentaje de la base reguladora de la pensión de viudedad, tengo que decir que fue una decisión tomada en un contexto en el que el sistema tenía superávit, al menos así se
nos quería trasladar, tenía potentes reservas que, entre otras cosas, como he citado hoy, están ahí para evitar recurrir a los descensos o a la restricciones de las prestaciones. Se decidió no utilizar las reservas y congelar las pensiones. Es una
decisión política que nosotros no compartimos en su momento y que no se puede poner en el mismo plano de una suspensión temporal de ampliación de la base reguladora. Cuando llegamos al Gobierno, la última semana de diciembre, nos encontramos con
una situación de déficit y hubiera sido una irresponsabilidad aumentar algunas prestaciones sin saber cuál era su impacto económico y las posibilidades del sistema de sostenerlas. Eso es lo responsable. Desgraciadamente no es lo que se hace en
muchos momentos. Un sistema de pensiones debe estar sujeto a escrutinio permanente para que cualquier incremento de prestaciones no solo sea asumible en la anualidad en la que se produce sino sostenible en el tiempo, porque el efecto acumulativo de
los incrementos adicionales de pensiones a medio y largo plazo en muchos casos tiene un efecto enormemente potente en contra de la sostenibilidad del sistema.


A la señora Fernández Davila le diré que el sistema es viable, pero eso no quiere decir que permanezcamos pasivos ante los problemas que se pueden generar, que se están generando en este momento. Lo que debe presidir la defensa de un
sistema público de pensiones de naturaleza contributiva, de reparto y de solidaridad inter e intrageneracional como este, es el deseo que deberíamos compartir todos de impulsar reformas permanentes, porque eso no va en detrimento de la potencialidad
del sistema ni de su cobertura sino en respaldo del principio elemental de solidaridad, que es con los de ahora, pero también con los que vengan. Un sistema solamente será sostenible si se adoptan decisiones desde la prudencia, pero también desde
la perseverancia en que las reformas no se agotan. Por eso no nos ha gustado nunca que alguien pretenda aparecer como el salvador del sistema haciendo reformas que lo hacen sostenible para los siglos de los siglos. Ese es un planteamiento
absolutamente infantil. Este sistema será sostenible si somos capaces de hacer reformas permanentes, pero las que necesita el sistema y no las que alguien dicte que tenemos que tomar. Hay que ser sensible a que igual que no hay que hacer reformas
improvisadas tampoco podemos negarnos a la conveniencia y a la importancia que tiene que se hagan de manera permanente. Nosotros les vamos a plantear en esta legislatura algunas reformas que precisamente van en la línea de hacer el sistema más
equitativo y más potente. Vamos a desarrollar aquellos elementos de la Ley 27/2011 que nos parecen razonables y oportunos. En los próximos días vamos a poner en circulación nuestra propuesta de real decreto en materia de desarrollo de algunas de
las iniciativas que aparecen en esa ley, como es, por ejemplo, el beneficio por cuidado de hijos. Escalonadamente hay que ir dando aplicación a las numerosísimas disposiciones que la Ley 27/2011 plantea para su desarrollo, aunque es verdad que hay
que establecer algunas prioridades, y ya hemos dicho que es una prioridad para nosotros modificar el sistema de integración de lagunas, porque no parece razonable que se haga en mejores condiciones para quien está en situación de inactividad que
para quien sigue cotizando; no parece razonable que el sistema trate mejor a quien no cotiza que a quien lo hace a efectos de rellenar algunas lagunas de su cotización. Una cosa es la solidaridad y otra cosa es que esta acabe convirtiéndose en un
elemento de perversión tal que realmente se beneficia a quien no está en activo antes que a quien lo está.


Hay que hacer algunas cosas, lo diga el Ecofin o quien lo diga, porque son de sentido común. Es de sentido común que un país que en comparación con otros tiene todavía una tasa muy reducida de actividad de sus trabajadores mayores haga un
esfuerzo en ese sentido. Ustedes discrepan de una reforma laboral que creo que entre alguna de sus virtualidades tiene precisamente la de permitir que trabajadores mayores puedan seguir en activo, porque introduce flexibilidad en las empresas, cosa
que hasta ahora no se producía; la flexibilidad ampara la continuidad de los trabajadores mayores, porque si no son el principal objetivo para la expulsión del mercado de trabajo por razones que ustedes conocen perfectamente. También ha sido muy
importante para nosotros que algunas de las primeras decisiones que se hayan tomado hayan ido en la línea de eliminar esas jubilaciones obligatorias en contra de la voluntad de los trabajadores por disposición del convenio colectivo. Ese fue un
elemento que restauró el anterior Gobierno y que consideramos absolutamente improcedente en la situación actual. Estará aprobado en muy pocos días el real decreto

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de desarrollo que precisará las condiciones en las que hay que incorporar al Tesoro público esos recursos si se producen expulsiones colectivas de trabajadores mayores, porque ese es un objetivo muy preciso. La Unión Europea, el Ecofin, las
instancias comunitarias nos dicen que las jubilaciones anticipadas son uno de los elementos que van a meter más presión al gasto público en pensiones en nuestro país. Estas dos actuaciones van claramente en esa dirección, como también el hecho de
permitir una mayor flexibilidad en la situación de jubilación y de actividad y una mayor compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación y, si es posible, revisar algunas compatibilidades que quizá no tengan tanta justificación en un
momento como el que estamos viviendo. Repito que la línea de actuación es la de dotarnos de instrumentos que permitan la continuidad en el mercado laboral de nuestros trabajadores mayores -esto lo he dicho en muchas ocasiones-, pero no porque sea
una opción para España sino porque es una exigencia en una sociedad, afortunadamente, con las expectativas de esperanza de vida que tiene la sociedad española. Tenemos que rentabilizar mucho mejor a nuestros trabajadores mayores, pero para eso
tenemos que empezar por intentar evitar expulsarlos anticipadamente. Desde luego, todo lo que se haga en este país en materia de lucha contra la discriminación por edad, en relación con la continuidad en el mercado laboral, será impulsado por este
Gobierno a todos los niveles.


El señor Olabarría -al que en ningún caso tacharía de estajanovista- dice que yo empecé dando tranquilidad y luego maticé algunos aspectos. Podía haber hecho lo contrario. Podía haber empezado diciendo que estamos en una situación de
déficit del sistema de Seguridad Social por primera vez en muchos años y que esto nos obliga a tomar decisiones claras o contundentes. Creo que es muy importante sobrevolar la situación concreta en la que nos encontramos, dotarnos de instrumentos
para superarla lo antes posible, pero no recurrir en ningún caso al alarmismo. No es el primer año que a efectos de cálculo del excedente presupuestario tenemos un impacto negativo. Ya en los años 2010 y 2011, a efectos del cálculo del excedente
presupuestario, por ejemplo, para incorporar recursos al Fondo de reserva, los datos eran negativos para el sistema. Por tanto, en ese momento alguien tendría que haber alertado ya de que se estaba produciendo ese problema serio de financiación del
sistema y quizá haber explicado con mayor claridad por qué había que tomar algunas decisiones.


La cuenta del Banco de España tiene la rentabilidad que le he explicado al principio, pero todos los recursos del Fondo de reserva, en su práctica totalidad, están invertidos en deuda pública. No se retribuyen por este sistema sino que se
retribuye solamente la parte líquida, que es una mínima parte, un uno y pico por ciento, creo recordar, de todo el conjunto de los activos de los recursos del Fondo de reserva. Lo que me preocupa es la retribución de nuestras inversiones, de
nuestros activos en deuda pública. Desgraciadamente, otro de los argumentos para invertir en deuda pública española es que esta ha venido siendo bastante bien retribuida en comparación con las de otros países de nuestro entorno. Es el único
elemento positivo de todo este escenario. Creo que también conviene reforzar ese criterio que no es, ni mucho menos, patrioterismo sino una aplicación adecuada y conveniente de nuestros propios recursos. ¿Deuda extranjera o española? Española.
Nosotros confiamos en España, en nuestra capacidad no solo de retribuir la deuda sino de que en su momento la situación económica dé la razón a los que apuestan por España y confían en España.


En relación con la evolución del desempleo, de las cotizaciones y de las afiliaciones, lo ha comentado la portavoz del Grupo Popular, y usted mismo ha dicho que esa evolución es inarmónica. Es verdad. Esa evolución del desempleo no va
paralela a la evolución de las afiliaciones y de las cotizaciones al sistema, lo vimos ayer mismo cuando hicimos públicos los datos de empleo y de afiliación del mes de mayo. El empleo ha subido en 33.000 personas, creo recordar, y las afiliaciones
en 77.000. Yo no voy a discutir si es mejor tener empleo o afiliados a la Seguridad Social; en todo caso, es un claro ejemplo de que las afiliaciones a la Seguridad Social muchas veces aportan recursos y afiliados en mayor medida que la existencia
de empleo registrado en los servicios públicos de empleo. Para mí el dato de afiliación -y no es porque yo ahora tenga la responsabilidad de la Seguridad Social- es muy fiable, para bien y para mal, de cómo van las cosas y de cómo evolucionan los
acontecimientos, quizá es el más fiable de todos los que se utilizan habitualmente para valorar esta cuestión.


Desde luego, comparto con usted la conveniencia de restringir al máximo las prejubilaciones, las jubilaciones anticipadas. Creemos que esos dos instrumentos que hemos puesto encima de la mesa van en esa dirección. ¿Qué sentido tiene decir
a los ciudadanos que amplíen su edad legal de jubilación mientras hay otros que quieren seguir en activo y se les obliga a marcharse de sus puestos de trabajo en contra de su propia voluntad? Quizá un país mejor organizado empezaría por hacer lo
contrario, es decir, remover cualquier elemento de jubilación obligatoria que pueda existir e impulsar la continuidad laboral por todos los medios posibles. En este esfuerzo de acuerdo y de consenso, les invito a que trabajemos en la dirección de
buscar las mejores fórmulas, y algunas hay en el ámbito europeo, para favorecer esa continuidad laboral, incluso con instrumentos de compatibilidad de salario y pensión, con nuevas fórmulas contractuales, etcétera. Hay muchas posibilidades que
conviene que cotejemos en los próximos meses para dotarnos de los instrumentos que hagan que remontemos ese problema, que es esa escasa tasa de actividad de nuestros trabajadores mayores de cincuenta y cinco años.


Al señor Picó le devuelvo su ofrecimiento de acuerdo y de consenso. Creo que es importante hacer un llamamiento a la solvencia, a la viabilidad y a la estabilidad del sistema pero, insisto, siempre y cuando digamos que para eso hay que
moverse, que no basta con permanecer pasivo ante situaciones que a veces nos desbordan en otros ámbitos. Sobre la importancia del Fondo de reserva y la composición

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de la cartera de activos, creo que ya le he contestado. Tenemos que seguir invirtiendo en deuda española en estos momentos y hacerlo, si es posible, en mayor medida todavía; si es posible. No vamos a alterar de forma brusca la cartera de
activos sino que, en función de los vencimientos que se vayan produciendo de forma natural, se irán tomando las mejores decisiones de gestión, como se ha hecho hasta ahora, optando por la máxima prudencia, por la máxima cautela y por criterios de
máxima seguridad. Reconozco al señor Olabarría su tesis de que este es un instrumento para los pensionistas de hoy y de mañana, no para otros objetivos, aunque también pueda servir colateralmente para otros objetivos. Repito que es un instrumento
básico para los pensionistas actuales y futuros, y por eso hemos defendido siempre que sus inversiones se hicieran con la máxima cautela y nos hemos negado a hacer experimentos u otro tipo de cuestiones que podían plantearnos serias dudas sobre esa
seguridad y esa cautela.


En cuanto al desarrollo de la Ley 27/2011, ya he dicho que algunos aspectos están en marcha, por ejemplo, el real decreto sobre los convenios especiales en materia de discapacidad, que conlleva un proceso de discusión con otros ámbitos
ministeriales, pero esperamos que esté lo más rápidamente posible; también los desarrollos en materia de complementos a mínimos, de beneficio por cuidado de hijos, así como otros aspectos que ha citado. Iremos enviando a esta Comisión esos
estudios que creo que son importantes para ir dotándola, por supuesto, de contenido, pero también para cumplir con los mandatos de la ley. Desde luego, esa estrategia global en apoyo de los mayores tiene mucho que ver con lo que le he dicho. En
cuanto al factor de sostenibilidad, que es un elemento que también citan esas recomendaciones, ya lo planteó la ministra en su comparecencia y quiero reiterarlo aquí. Quizá esta Comisión tiene que trabajar seriamente para dar contenido a ese factor
de sostenibilidad que está por precisar, por definir, porque más allá de una declaración genérica sobre su vinculación con la esperanza de vida hay muchos modelos de factores de sostenibilidad, incluso hay que decidir si se quiere tener un factor de
sostenibilidad como lo tienen el resto de los países, es decir, para entendernos, una fórmula que se aplica de forma automática cuando entran en juego aquellos factores por los que está establecido. Hay quien piensa que el factor de sostenibilidad
que existe en España, fruto de la Ley 27/2011, es simplemente que cada cinco años se vea cómo están las cosas. Ese no es el factor de sostenibilidad tal y como está definido en las normas europeas y en las legislaciones de los países que lo han
implantado. Lo que hemos ofrecido es reflexionar juntos, pensar juntos en cuál es la aplicación práctica de este factor de sostenibilidad incluso antes de pensar en su eventual momento de aplicación y no poner el carro delante de los bueyes.
Quizás si yo preguntara a los portavoces parlamentarios qué opinan sobre el factor de sostenibilidad y cuál es su contenido preciso, casi ninguno coincidiría en qué tiene en mente en relación con el mismo. Creemos que es un elemento que está en la
ley, en las orientaciones comunitarias y que sería práctico poder ir avanzando en una mayor definición.


En cuanto a las aportaciones de la portavoz del Grupo Popular, le agradezco, por supuesto, su apoyo, su respaldo y sus consideraciones, que creo que son extremadamente acertadas. Es verdad que hemos hecho un esfuerzo por financiar los
complementos a mínimos, y creo que ese es un aspecto básico. Como comentaba el otro día en la Comisión de Presupuestos del Senado, creo que más allá de discutir si las cuentas son creíbles o no lo son, los presupuestos son fundamentalmente
exponentes de un compromiso, de unos objetivos y de unas pretensiones políticas. Estos presupuestos son, sobre todo, el compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por eso hemos recuperado la revalorización de las
pensiones en el peor momento posible, porque es un signo político de compromiso con el sistema que intentaremos mantener cueste lo que cueste. Por eso hemos trasladado también presupuestariamente un signo inequívoco de compromiso con la separación
de fuentes de financiación, porque ahí es donde está el problema fundamental de nuestro sistema, en la liberación de gastos que no son propios del mismo y que hemos venido acumulando a lo largo de estos últimos años de forma impropia.


Para finalizar, señor presidente, simplemente quiero decir que de la comparecencia de hoy, de la valoración de la existencia de este Fondo de reserva se pone en evidencia que el sistema tiene indudables fortalezas. Estamos atravesando un
desierto, una situación que roza lo desértico en muchos casos, pero tenemos las cantimploras llenas. Cuando uno atraviesa un desierto y tiene las cantimploras llenas, lo más probable es que, aunque sea sudando, llegue al final del desierto y supere
la situación transitoria por la que estamos pasando. Tenemos esas cantimploras llenas a rebosar y ese es un aspecto importante, decisivo y clave a la hora de afrontar los desafíos que tiene por delante el sistema (La señora López i Chamosa pide la
palabra).


El señor PRESIDENTE: Señora López.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Quisiera que me diera un minuto, porque hay dos cosas que están dichas con muy mala intención.


El señor PRESIDENTE: En los debates políticos no hay mala intención. ¡Qué va!


¿Hay más portavoces que quieran intervenir? (Pausa). Tiene la palabra la señora López por dos minutos.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Dos cosas. En primer lugar, quiero decirle a la señora España que si el anterior secretario de Estado no ha venido a informar sobre el Fondo de reserva es porque la ley establece que se informe durante el primer
semestre del año siguiente y en ese momento ya no era secretario de Estado. Creo que don Octavio Granado,

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a la espera de ver lo que haga don Tomás Burgos, tiene el récord de comparecencias ante esta Comisión.


En segundo lugar, haciendo referencia a lo que se ha ingresado o no se ha ingresado en el Fondo de reserva, tengo que decir que hemos sido escrupulosos con el artículo 1 de la Ley del Fondo de reserva, que les ruego que lean porque habla de
que los excedentes que resulten de la consignación presupuestaria o de cada ejercicio o liquidación presupuestaria del mismo, se destinarán prioritariamente al Fondo de reserva si la situación lo permite.


En tercer lugar, señor secretario de Estado, no me haga aquí juegos malabares. Usted sabe que solo hubo un año de suspensión de la revisión del IPC para los pensionistas. En el año 2012 se volvería, como era normal, a lo que ustedes han
hecho, al aumento del 1% del Fondo de reserva.


Termino diciéndole, señora España, que ni ustedes ni nadie nos van a callar. Tenemos el derecho que nos dan los ciudadanos y les puedo asegurar que lo vamos a ejercer en su totalidad.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: No necesito tanto, señor presidente.


Lo único que he dicho ha sido que lo lógico hubiera sido que el informe de reserva a 31 de diciembre del año 2010 se hubiera presentado posteriormente. Usted ha hablado de seis meses después, pero me da exactamente igual, porque en el año
2011 no lo presentó nadie y gobernaba su partido. Repito que es lo único que he dicho, pero eso no le debe molestar. Yo he pronunciado la palabra prioritariamente, pero a lo mejor usted no la ha escuchado. He dicho que los excedentes vayan
prioritariamente al Fondo de reserva; lo que pasa es que en los años 2008 y 2009 esto no se ha producido.


Tenía aquí apuntado lo del consenso social y político que usted ha citado y no le he dicho nada. No he entiendo lo de la réplica. No voy a callar a nadie porque nunca lo he hecho.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Señora López i Chamosa, a usted no le calla absolutamente nadie. Pero es que, además, estamos encantados de oírla, porque sabe que comparto con usted su interés, su
preocupación y su devoción por el sistema público de pensiones. Más allá de los rifirrafes o de las desavenencias puntuales, entiendo que quiera dar una larga cambiada a algunos de los aspectos que se han planteado aquí. Es evidente que
prioritariamente no significa dedicar el 12% de los excedentes al Fondo de reserva en dos anualidades. A cualquiera que se le plantee nunca podrá entender que con ese 12% ustedes cumplían la disposición legal de dedicar prioritariamente los
excedentes al Fondo de reserva. Lo podríamos discutir si los excedentes se hubieran dedicado prioritariamente en un 70 o un 75%, pero el 12% no admite discusión alguna. No se dedicaron prioritariamente al Fondo de reserva sino a otras cosas.


¿Que ustedes hubieran modificado de nuevo la ley en el año 2012? Eso es una hipótesis. El problema de las hipótesis es que algunas nunca se confirmarán. Lo que sí les podemos decir es que ustedes congelaron las pensiones en un año en el
que había superávit, y lo anunciaron hasta el último momento, y nosotros las hemos revalorizado en un año en el que hay déficit. Con la congelación de pensiones en el año 2012 habríamos mantenido la Seguridad Social en superávit, pero habría sido a
costa de incumplir una de las recomendaciones básicas del Pacto de Toledo. Quizá en algunos momentos congelar las pensiones pueda ser una decisión dura que hay que tomar, pero cuando hay otras posibilidades no me parece acertado, justo ni
razonable. Cuando hay otras posibilidades hay que recurrir a ellas y la más evidente de nuestro sistema es el Fondo de reserva que, insisto, en su configuración legal establece que sus recursos servirán para situaciones coyunturales complicadas,
para no recurrir ni al incremento de cotizaciones ni a la disminución de prestaciones. Quizá ustedes deberían haber recurrido al Fondo de reserva si eventualmente tenían un problema serio en esta situación económica, pero optaron por otra decisión,
y esa decisión política probablemente les perseguirá durante mucho tiempo. Pero no pasa nada, porque todos somos rehenes de nuestras decisiones y seguro que nosotros tendremos que tomar alguna que será impopular, estoy convencido. No conozco a
nadie en la política activa que no haya tenido que tomar alguna decisión que no le guste, lo que pasa es que a veces la decisión que no te gusta es la última que puedes tomar; el problema viene cuando la que no te gusta es la primera que adoptas.


El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.


Eran las tres y treinta minutos de la tarde.