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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 107, de 29/05/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 107
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIO MINGO ZAPATERO
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
29 de mayo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria general de Sanidad y Consumo (Farjas Abadía), para:
- Informar sobre los planes de actuación y objetivos de las políticas del área de su competencia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000021) ... (Página2)
- Informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia sanitaria y farmacéutica. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000027) ...
- Explicar la aplicación y evaluación de los modelos de gestión sanitaria de la Ley 15/1997. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000033) ...
Página
- Explicar la posible introducción de fórmulas de copago por parte de los usuarios del SNS y sobre el cumplimiento de la universalización de la asistencia sanitaria. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural. (Número de expediente 212/000068) ... (Página2)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Sanidad para recibir y dar la bienvenida a la secretaria general de Sanidad y Consumo, doña Pilar Farjas, que va a responder en un solo turno a la petición de comparecencia
de los distintos grupos: el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y dos comparecencias solicitadas por el Grupo de La Izquierda Plural. Los grupos que han pedido la comparencia intervendrán en primer lugar,
de mayor a menor. Después daré la palabra a los grupos que no han pedido la comparecencia, de menor a mayor, finalizando el Grupo Parlamentario Popular. Sin más preámbulos, doy la palabra a la secretaria general, doña Pilar Farjas.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Señorías, en primer lugar, presidente, quiero agradecer de nuevo la oportunidad que se me brinda de comparecer como secretaria general de Sanidad y Consumo en esta Cámara.
Como saben, vengo a dar respuesta a las peticiones de comparecencia entre las cuales también se encuentra la solicitud de comparecencia a petición propia, si bien no está clasificada por la Mesa. Desde el primer momento trasladé el interés y el
compromiso de esta secretaría general para ofrecer todas y las mayores facilidades a todos los grupos parlamentarios, con el fin de cumplir con los compromisos prioritarios de este fuero de participación; un compromiso de diálogo entre todas las
fuerzas políticas y el Gobierno que nos sirva para avanzar en la protección del Estado de bienestar, salvaguardándolo del momento económico que nos ha tocado vivir; un compromiso que nos permita conjuntamente avanzar para blindar nuestro sistema
sanitario público. Me parece que debería ser nuestro gran objetivo, poniendo por delante este aspecto antes que otros, como la rentabilidad política o cualquier otro objetivo personal. Por ello, quiero que sepan que pueden contar con mi compromiso
explícito y firme de diálogo, de predisposición al acuerdo. La ciudadanía nos ha hecho un gran encargo, y esto es lo que esperan de nosotros.
Tenemos un objetivo inequívoco por encima de todos los demás, garantizar la sostenibilidad y solvencia del sistema de sanidad pública en España. Creemos que es la mejor manera de asegurar que los pacientes españoles seguirán teniendo una
asistencia sanitaria de calidad y de excelencia, en especial los que más la necesitan. Creemos y confiamos en el trabajo conjunto con los profesionales para modernizar la organización, su modo de funcionamiento, con un claro objetivo: todos y cada
uno de nuestros esfuerzos deben ir encaminados hacia el paciente, eje de nuestro sistema sanitario. El contexto en el que nos encontramos nos ha generado un nivel de exigencia nunca antes conocido en la gestión pública, porque era preciso hacer
estimaciones realistas basadas en la eficiencia en la gestión, en la contención del gasto, que es lo que nos va a permitir seguir avanzando en la modernización de nuestro Sistema Nacional de Salud y adaptarlo a las necesidades actuales y futuras.
Este Gobierno ha adquirido un compromiso firme con las políticas sociales y, mientras se ha realizado un ajuste general de los Presupuestos Generales del Estado, en el entorno de un 15%, el área sanitaria ha sido la gran beneficiaria de este
esfuerzo, quedando en un 13%, casi dos puntos porcentuales de ventaja en los presupuestos más austeros de la democracia. Podemos afirmar con rotundidad que este Gobierno está comprometido con la sanidad pública universal, de calidad y gratuita.
Queremos blindar la sanidad pública de la crisis económica porque queremos que la salud pública, la asistencia sanitaria pública, siga siendo el pilar del Estado de bienestar, porque sabemos que es el servicio público más valorado por nuestros
ciudadanos y porque sabemos que tenemos en España uno de los mejores sistemas de salud y, queremos mantenerlo y sobre todo, asegurar su futuro.
Otros posicionamientos de gestión hubiesen sido más cómodos, mucho más agradables, pero también más irresponsables y lesivos para nuestro sistema sanitario y para nuestros pacientes. Sin duda, en estos tiempos de dificultad es cuando los
ciudadanos esperan de los Gobiernos movimiento y toma de decisiones, buscando el consenso permanente pero con coraje, rigor y responsabilidad, porque creemos que no se puede mirar hacia otro lado, ignorando la situación y esperar. Por ello, en este
contexto de dificultades y tensiones económicofinancieras el peor favor que le podemos hacer a la sanidad pública española es mirar para otro lado, obviando los problemas de sostenibilidad. Sabemos que solo la deuda sanitaria, según los últimos
datos, superaba a comienzos de esta legislatura los 16.000 millones de euros; una
deuda que continuaría creciendo si no se hubieran planteado estrategias para controlarla. No se trata de un problema nuevo, se ha generado de forma recurrente en los últimos años, durante la crisis y antes de la crisis. Las comunidades
autónomas han venido solicitando reiteradamente la articulación de un sistema de financiación que otorgue estabilidad a nuestra sanidad. Tenemos un reto, que es abordar entre todos un sistema viable para la financiación sanitaria y que eso no
suponga en ningún caso ninguna merma para la calidad de la prestación de los servicios. Tenemos un buen sistema sanitario, al que hay que seguir dotando de eficacia. Probablemente el reto está en que con los mismos recursos lo hagamos mucho mejor,
y para eso el rigor y la austeridad serán buenos compañeros de viaje.
Creo también en la cohesión, en la cohesión del Sistema Nacional de Salud, y para eso necesitamos tener en cuenta la equidad necesaria en la prestación de los servicios sanitarios. Es una deuda superada por una decisión de Gobierno que está
en marcha y que durante este mes de junio pondrá el contador a cero a los proveedores del Sistema Nacional de Salud; una decisión de Gobierno mediante la cual se destierra la idea de que España es un país que no paga sus facturas, porque este
proceso está en marcha. Paralelamente todos los Gobiernos, autonómicos y central, estamos comprometidos en la ejecución de los planes de estabilidad. Con la Ley de Estabilidad el Parlamento nacional se comprometió a que esta situación de deuda no
vuelva a repetirse. Con los acuerdos de la Comisión de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas se obligan a su cumplimiento. El Gobierno tiene entre sus prioridades conseguir el equilibrio presupuestario, y es necesario reducir la
deuda sanitaria sin mermar el derecho de los ciudadanos a una sanidad pública de calidad. Ese debe ser nuestro reto. Por ello, quiero aprovechar este momento para transmitir, como decía, mi claro compromiso para trabajar con rigor, con honestidad
y en el marco de austeridad que el presente y el futuro nos exigen. Este es nuestro compromiso con la sanidad pública que queremos hacer realidad contando con todos los agentes protagonistas del sistema: los trabajadores, las organizaciones
sociales y profesionales, las instituciones y grupos políticos y por supuesto los ciudadanos, usuarios y pacientes. El rigor y la austeridad deben ser nuestros principios básicos que sirvan de eje a todas las acciones en la gestión del Sistema
Nacional de Salud; rigor respecto a los criterios clínicos y técnicos en las decisiones organizativas, en la ordenación asistencial y en la gestión económica, y austeridad en la gestión económica, en la gestión de los servicios y en la definición
de nuestras estructuras organizativas. Rigor y austeridad es lo que deseamos hacer trascender a toda la organización como principios propios de una legislatura que asumimos para ayudar a mejorar la asistencia sanitaria pública en este contexto de
difíciles y graves dificultades económicas.
En primer lugar, hemos abordado un ambicioso plan de reformas que garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo para crear confianza en nuestros pacientes. En segundo lugar, hemos abordado definir la cartera básica de servicios
común. Para nosotros, la equidad en el acceso a las prestaciones es el principio rector de la cartera básica de servicios. Por ello, resulta imprescindible que utilicemos metodología fundamentada, técnica y científicamente, para la toma de
decisiones. Se trata de establecer claramente los criterios de calidad asistenciales y también de priorización de procesos según la gravedad, el tiempo de respuesta máximo y los derechos y deberes de los pacientes. Queremos garantizar de este modo
el acceso a la sanidad pública a todos los españoles en igualdad de condiciones, independientemente de la situación social y lugar de residencia. En tercer lugar, seguiremos insistiendo en el avance hacia un calendario único de vacunaciones porque
merece la pena y porque merece toda nuestra especial atención unificar el calendario de vacunaciones, único como principio y garantía de equidad. Por eso, una vez superadas y acordado el calendario único de aquellas vacunas con dosis y pautas ya
unificadas, avanzaremos para que este año se apruebe un calendario único también respecto a aquellos antígenos que eran distintos, y porque tenemos que seguir avanzando. Si no existen diferencias epidemiológicas entre comunidades autónomas, no
deberían existir diferencias en las pautas de prevención. En cuarto lugar, avanzamos en un nuevo modelo de prestación farmacéutica. Señorías, es evidente que desde hace tiempo nuestro Sistema Nacional de Salud carece de una estrategia definida en
farmacia, y ello a pesar de que el gasto farmacéutico representa más del 22% del gasto total sanitario. Por ello, creíamos indispensable y urgente avanzar hacia un nuevo modelo de prestación farmacéutica que garantice el acceso a todos los
medicamentos necesarios para hacer frente a las distintas patologías con criterios de eficiencia en la prestación farmacéutica, garantizando el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores, a todos aquellos medicamentos que aporten valor
terapéutico añadido. Seguiremos trabajando para alcanzar una prescripción de genéricos que supere el 40% para aproximarnos a los promedios de prescripción de genéricos de la Unión Europea. En quinto lugar, buscamos una nueva gestión de la
asistencia sanitaria que mejore la organización entre primaria y hospitalaria, para eliminar compartimentos estancos y posibilitar un sistema integrado y continuado de atención que esté siempre centrado en nuestros pacientes. Deseamos un modelo
basado en la gestión clínica que avance y garantice la continuidad asistencial en pacientes crónicos y la integración entre primaria y especializada evitando interrupciones, eliminando tiempos de espera y también pruebas innecesarias; un modelo de
gestión más flexible que proporcione mayor autonomía a los profesionales y les otorgue un papel más relevante. Debemos atender antes lo prioritario y a los pacientes más graves, promover la atención sanitaria basada en la gestión por procesos. En
sexto lugar, trabajamos por una gestión más eficiente. Estamos trabajando para constituir una plataforma de compras centralizadas con la participación de todas las comunidades autónomas que genere economías de escala e incorpore criterios
de homogeneidad en todo el Sistema Nacional de Salud en la gestión de compras y adquisiciones de productos y servicios. En séptimo lugar, trabajaremos por aid health, por e-Salud -se trata de recuperar el tiempo perdido-, para que tengamos una
tarjeta sanitaria válida en todo el Sistema Nacional de Salud. Con la e-Salud conseguiremos que todos los españoles cuenten con una tarjeta interoperable que les permita acceder al sistema sanitario o a la prestación farmacéutica en cualquier punto
de la geografía nacional. Además, la e-Salud hará posible la generalización de la historia clínica digital y el uso de la receta electrónica, así como la utilización intensiva de telemedicina y la incorporación de mejores garantías de continuidad
asistencial. En octavo lugar, deseamos la igualdad de todos los españoles en la asistencia sanitaria, independientemente del lugar de residencia. Los pacientes se merecen que hagamos todo el esfuerzo posible para garantizar la calidad del sistema
en cualquier punto de la geografía de nuestro país, tarea en la que trabajamos en colaboración con los servicios de salud.
En lo que respecta a los recursos humanos, como en cualquier organización de servicios, soy consciente de que no nos será posible avanzar en una sanidad de excelencia sin contar con los profesionales, cara y artífices de la misma.
Desempeñan su labor con vocación, profesionalidad y dedicación, por eso merecen nuestro mayor reconocimiento. Solo con su aportación lograremos una sanidad más humana. Es fundamental promover un sistema sanitario de mayor flexibilidad con un
sistema de desarrollo profesional homologado en toda España y con la formación como su valor estratégico. Para ello, un instrumento imprescindible es contar con un catálogo de equivalencias de categorías profesionales en los servicios de salud.
Por eso en esta legislatura estamos abordando tanto la ordenación de profesiones sanitarias, títulos, especialidades y formación, como el diseño y acuerdo con las comunidades autónomas en lo que respecta a modelos organizativos funcionales y
retributivos. Vamos a dar el adecuado impulso a la Ley de ordenación de profesionales sanitarios, aprobada en 2003 con un amplio respaldo parlamentario y que está casi inédita. Hemos creado el registro estatal de profesionales sanitarios como
herramienta de planificación imprescindible de las necesidades de profesionales en el Sistema Nacional de Salud. Además, avanzaremos en la implantación de la troncalidad de las áreas de capacitación específica ya reguladas, la reorientación del
grado y del MIR, las nuevas especialidades y un mayor nivel competencial. En último lugar, queremos situar al paciente en el centro del sistema, nuestro principal objetivo, porque es nuestro principal foco de atención para la toma de decisiones.
Todas nuestras decisiones tendrán siempre como punto de referencia el interés de nuestros pacientes.
En investigación e innovación, la estrategia futura debe conseguir unir todos los esfuerzos y trasladar los resultados de la investigación científica y de la innovación a la terapia en el menor tiempo posible. Queremos que los paciente se
beneficien de la investigación lo antes posible, con especial sensibilidad hacia las personas que padecen enfermedades raras o poco frecuentes, que cuentan con un instituto propio de investigación, el Instituto de Salud Carlos III, funcionalmente
dependiente del Ministerio de Sanidad. Tenemos todos los mimbres profesionales necesarios, un sistema sanitario que integra a todos los niveles y una voluntad política de llevarlo a cabo. Por eso, crearemos la plataforma de innovación sanitaria
que identifique y promueva la incorporación de las mejores prácticas de innovación diagnóstica, terapéutica y de gestión clínica a la asistencia sanitaria, atención integral en el aspecto sanitario y sinergias en el funcionamiento de la
administración sanitaria. De este modo, hemos hecho una apuesta por reforzar el papel de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Estamos ya trabajando en la integración de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
con el Instituto Nacional de Consumo. Es necesario aunar esfuerzos y fomentar sinergias en dos materias que tienen tantas cosas en común y competencias cruzadas en muchos campos, una decisión que recientemente ha sido avalada en la Unión Europea y
que sigue una política similar en la dirección general de Aesan. Creemos en las sinergias en la Administración, como les decía previamente, y las estamos potenciando específicamente en la coordinación entre la Aesan y el Instituto Nacional de
Consumo para crear la agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición, Acosan. Juntos trabajaremos para promover el consumo de alimentos seguros y de dietas y estilos de vida saludables, planificando, coordinando y desarrollando
estrategias y actuaciones que fomenten la información, la educación y la promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y, en especial, en la prevención de la obesidad, sobre todo en la prevención de la obesidad infantil. Debemos ser capaces de
promover la utilización de pautas nutricionales adecuadas conjuntamente con las de incremento de actividad física y de hábitos de vida saludables como alternativa preventiva. El objetivo debe ser dar un verdadero impulso a la estrategia NAOS para
la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad, porque se ha convertido en imperiosa la necesidad de mejorar hábitos alimentarios, impulsar la actividad física regular, sabiendo qué debemos de comer, cuánto debemos de comer y cómo
y con quién debemos de comer. Después de la entrada en vigor del Reglamento 1924/2006, de 1 de julio de 2007, podemos decir sin lugar a dudas que la normativa ha entrado en una etapa de madurez. Es muy importante, y desde la Administración
sanitaria así lo defendemos, para que la valoración de alimentos se realice siempre de forma conjunta, nunca de forma aislada, porque sabemos y seguiremos insistiendo y defendiendo que no hay alimentos buenos ni malos. Además, y en relación
con el Instituto Nacional de Consumo, y atendiendo a la trasposición de la normativa europea, que será de obligado cumplimiento, estamos trabajando en tres asuntos: el anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley
general de defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias aprobadas en el Real Decreto Legislativo de 2007; la directiva europea que exige a los Estados miembros la creación de órganos extrajudiciales que cumplan ciertos
requisitos y cubran todos los sectores económicos, y que establece para empresarios y comerciantes la obligación de informar sobre los ADR a los que están adheridos. Fija un plazo de resolución máximo de noventa días, salvo casos de especial
complejidad, respetando los procedimientos propios de cada órgano. Crea en cada Estado un punto de contacto para información y apoyo a los consumidores. Ya se ha elaborado el primer borrador de anteproyecto de trasposición, que está siendo
consensuado con el Ministerio de Justicia como departamento cooperante en la trasposición de la directiva. También ha sido informado por comunidades autónomas a través del grupo de trabajo de la Comisión de Cooperación para el Consumo e iniciará su
tramitación en las próximas semanas. También hay otra propuesta; estamos trabajando en el ámbito europeo de una directiva de Parlamento Europeo y de Consejo relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la que se
modifican los reglamentos 2006 y 2004 y la Directiva 2009/22. El reglamento permitirá la creación de una plataforma electrónica de ámbito europeo a través de la cual los consumidores podrán plantear las reclamaciones que serán trasladadas al órgano
extrajudicial competente constituido de acuerdo con la propuesta de directiva con objeto de que sean resueltos. Toda esta plataforma contará con financiación de la Unión Europea. Los textos serán examinados para orientación general por el Consejo
de Competitividad, que está teniendo lugar entre ayer y hoy para continuar su tramitación. Como saben, el Instituto Nacional de Consumo tiene una participación muy activa en todos estos procesos. Recientemente también hemos tenido una reunión con
la Dirección General de Justicia, implicada en todo este proceso de la Unión Europea. La tercera de las líneas de trabajo en el ámbito de consumo es la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa común de
compraventa europea, con un objetivo, mejorar el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, facilitando la expansión del comercio trasfronterizo para empresarios y sobre todo las compras trasfronterizas para los consumidores. Se
aplicará tanto a contratos entre profesionales como a contratos entre consumidor y comerciante.
En relación con el Ingesa, el Instituto de Gestión Sanitaria, como saben, realiza la gestión de las prestaciones sanitarias en Ceuta y Melilla a través de los centros sanitarios, así como el control de radiaciones ionizantes para todos los
profesionales del Sistema Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Dosimetría. Estamos trabajando para potenciar su papel. Además del compromiso de financiación de las obras puestas en marcha en el nuevo Hospital Universitario de Melilla
o la realización de las obras de mejora y reforma integral y ampliación del centro de salud El Tarajal, de Ceuta, impulsaremos la consolidación del Hospital Universitario de Ceuta a través de la mejora de calidad de los procesos asistenciales y de
la responsabilidad social corporativa. El Ingesa jugará además un papel primordial en la implantación de proyectos del Sistema Nacional de Salud, como es la historia clínica digital y la receta electrónica y pilotará la plataforma de compras
centralizadas en colaboración con las comunidades autónomas.
En relación con la actividad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, estamos desarrollando la consolidación de un modelo de agencia estatal que no puede esperar más tiempo porque se hace necesario incrementar su
eficiencia, su previsibilidad y mejorar los servicios que ofrece. En este sentido, vamos a garantizar la seguridad, implantando la Directiva europea de farmacovigilancia con nuevos requisitos. Nos estamos preparando también para asumir la
Directiva de productos falsificados a partir de enero de 2013. No hay duda de que queremos estar entre las cinco primeras agencias de Europa para dar respuesta a la industria tanto a nivel nacional como internacional, ya que esto nos permitirá
incrementar el prestigio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y también los ingresos al sistema por actividad desarrollada a terceros. Sirva como ejemplo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está
trabajando con China e India, compitiendo con otros países de la Unión Europea que pretenden objetivos similares. Paralelamente, desde la agencia estamos trabajando en farmacovigilancia veterinaria para facilitar que nuestros medicamentos
veterinarios producidos en España sigan administrándose en nuestro país y se exporten con el mayor prestigio. En cuanto a productos sanitarios, se va a incrementar el desarrollo de la nueva normativa europea para aumentar la garantía de estos
productos, de manera específica en el registro de prótesis mamaria, desfibriladores y marcapasos. La agencia española va a continuar apoyando la investigación mediante la autorización de ensayos clínicos con criterios de eficiencia y efectividad
con el fin de fortalecer y complementar el real decreto de ensayos clínicos que elaborará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Todas estas líneas estratégicas encuentran un marco de cobertura para su realización a través del
Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Señorías, la situación actual de crisis económica que atraviesa España ha puesto al descubierto con toda la crudeza las debilidades del Sistema Nacional de Salud, y prueba de ello son esos 16.000 millones de euros de deuda que, como
mencionaba, arrastraba nuestro sistema sanitario público nacional. El objetivo fundamental de
la reforma sanitaria es garantizar la sostenibilidad del sistema y al mismo tiempo preservar el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud. Saben que hemos recibido propuestas desde todos los ámbitos. Hemos recibido propuestas
de copago en asistencia sanitaria, que el Gobierno ha descartado; hemos recibido propuestas de cobro por receta, que el Gobierno ha descartado; hemos recibido propuestas de pago por día de internamiento hospitalario, que el Gobierno ha descartado.
Teníamos un objetivo inequívoco con el que ha cumplido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: garantizar que la sanidad pública, la asistencia sanitaria pública es y seguirá siendo universal, pública, gratuita y de máxima calidad.
Somos el único país de la Unión Europea que, a pesar de la crisis, mantiene gratuita una cartera asistencial tan amplia.
Este Gobierno está velando por el interés de todos los ciudadanos, pero muy en especial de aquellos que más están sufriendo la crisis, como son los parados de larga duración, los pensionistas, los enfermos crónicos y en general las personas
que carecen de recursos, en un gran acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas que garantiza que el Sistema Nacional de Salud seguirá vigilando y trabajando para nuestros pacientes, un acuerdo plasmado en este real decreto-ley que garantiza
la viabilidad del Sistema Nacional de Salud y que se enmarca en el pacto por la sanidad y servicios sociales que ha propuesto y sigue proponiendo el ministerio.
Hemos aprobado una reforma del Sistema Nacional de Salud que garantiza el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud haciendo efectivo el principio de universalidad, mejora la equidad en el acceso a las prestaciones de la cartera
de servicios común, preserva la calidad asistencial, garantiza la igualdad y la gratuidad de los derechos de los pacientes entre todas las comunidades autónomas, promueve la integración asistencial entre primaria y especializada, incrementa la
eficiencia en la gestión, aumenta la cohesión del Sistema Nacional de Salud, promueve la sostenibilidad, avanza en la convergencia con Europa en la regulación de los derechos de asistencia sanitaria y promueve el desarrollo profesional de nuestros
trabajadores. Con esta reforma configuramos un modelo mucho más solidario en el que todos participamos y colaboramos, evitando duplicidades y garantizando la calidad y solvencia del Sistema Nacional de Salud, que, como decía, sigue y seguirá siendo
universal, público, gratuito y de calidad.
Gratuita. Porque la reforma garantiza que la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita. No se va a cobrar por la asistencia sanitaria. Seguirán siendo gratuitos los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente.
Es una reforma justa, que protege a los más desfavorecidos, especialmente a los parados de larga duración, a los pensionistas, a los enfermos crónicos y en general a aquellos que carecen de recursos. Los parados sin prestación, que antes
pagaban el 40% en la prestación farmacéutica, no van a pagar a partir del 1 de julio. Los perceptores de rentas mínimas de inserción, de pensiones no contributivas y situaciones análogas no van a pagar en la prestación farmacéutica o de cartera
suplementaria. Los pacientes de enfermedades graves y aquellos medicamentos de tratamientos crónicos tienen una aportación reducida de un 10%. Asimismo los productos sanitarios tendrán un límite máximo de aportación actualizado al IPC. Además es
una reforma solidaria, porque aportan más aquellos que tienen rentas superiores. Los valores o grados de aportación para el pago de medicamentos se establecen en función de tres criterios: la renta, la edad y el grado de enfermedad. Se mantiene
la diferencia entre activos y pensionistas, se establecen tramos en función de renta -de cero al 60% de aportación en cartera suplementaria- y se establecen para los pensionistas límites máximos de aportación al mes en función de la renta, que no
superarán los 8 y 18 euros mensuales y, en rentas superiores a los 100.000, los 60 euros mensuales.
Además es una reforma que apuesta y busca la sostenibilidad. Se sientan las bases para garantizar la sostenibilidad de este gran servicio público. La reforma hace un Sistema Nacional de Salud económicamente sostenible, con unas cuentas que
buscan estar saneadas. Se establecen criterios para lograr el equilibrio presupuestario y acabar con la deuda de 16.000 millones de euros que lastra el sistema. Este plan de reforma de la sanidad, con medidas de eficacia, de eficiencia, de calidad
y de ahorro y sin menoscabo de las prestaciones, permitirá alcanzar un marco de eficiencia del entorno del 10% del gasto público sanitario que, como saben, en el año 2010 alcanzó los 70.000 millones de euros; por tanto, hablamos de unos 7.000
millones de euros de ahorro con estas políticas de eficiencia.
Es además una reforma equitativa, porque todos los españoles son iguales ante la sanidad pública. Mediante las medidas que incorpora, avanzamos en la equidad. Se establece una cartera común básica de asistencia sanitaria para que todos los
ciudadanos reciban las mismas prestaciones en el conjunto del territorio nacional, dada la constatación de las diferencias existentes. Se configura además una cartera de servicios común suplementaria que incluye todas las prestaciones cuya
provisión se hace mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación de usuarios. También se crea una cartera común de servicios accesorios que incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas que, no siendo netamente prestación
sanitaria, se consideran imprescindibles en determinadas enfermedades. Además, damos un paso definitivo en la garantía de cohesión y equidad en el Sistema Nacional de Salud con la creación del Fondo de garantía asistencial, que permitirá compensar
los servicios prestados por las comunidades autónomas a pacientes de otras comunidades autónomas.
Es una reforma que garantiza la universalidad y evita el turismo sanitario. Ninguna persona que lo necesite va a quedar desatendida, sea española o de otra nacionalidad, pero se evita que haya personas de otras naciona
lidades con solvencia económica que mediante lagunas administrativas puedan beneficiarse de forma gratuita de los servicios sanitarios españoles. Esto no pasa en ningún país del mundo y España no debería ser una excepción. Por tanto,
buscamos y se evitará el uso fraudulento de prestación de servicios por personas no aseguradas y permitirá el control del turismo sanitario. España va a poder facturar de manera rápida y directa a los países de origen cuando personas de otra
nacionalidad sean atendidas en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Es una reforma que promueve la calidad porque preserva la máxima calidad asistencial en todas las prestaciones. La reforma se estructura a través de ámbitos y medidas basadas fundamentalmente en criterios de ordenación y de priorización de
prestaciones sanitarias y farmacéuticas aplicando rigurosamente criterios de calidad. Para ello, la red de agencias de tecnologías y prestaciones sanitarias será la encargada de pilotar y evaluar la ordenación prevista de forma imparcial y
objetiva.
Es además una reforma que apuesta por la eficiencia, que incorpora todas aquellas medidas que permiten mejorar en los entornos de eficiencia en la gestión sanitaria. Se hará una implantación intensiva de nuevas tecnologías, avanzando
decididamente en la implantación de tarjeta sanitaria común, compatible y de historia clínica digital. Se pondrá en marcha, como decía, la plataforma centralizada de compras, que permitirá ahorrar, subiendo en la escalera de la eficiencia, en el
conjunto del Sistema Nacional de Salud entre un 15% y un 50% del gasto actual realizado, dependiendo del tipo de productos y servicios. Se complementará con la política de eficiencia. Por primera vez aparece en una normativa nacional la apuesta
decidida por políticas de eficiencia en el entorno sanitario, lo que además permitirá disminuir el impacto medioambiental de emisiones. Se adecuarán los envases a pautas y duración de los tratamientos habituales, con el fin de introducir criterios
de racionalidad y evitar y frenar el despilfarro y el mal uso de medicamentos.
Es además una reforma que apuesta por la eficacia, que busca mejorar la atención al paciente generando ahorros en el sistema, impulsa el uso de genéricos, establece un nuevo sistema de actualización del nomenclator, apuesta por el pacto
sociosanitario, mejora el desarrollo profesional, establece iniciativas de ordenación adecuada de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, facilita la movilidad de los profesionales entre los servicios de salud y promueve y recoge la
elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establecerán las equivalencias entre los distintos servicios de salud. Se regulan las áreas de capacitación específica para hacer realidad la superespecialización de nuestros
profesionales, promoviendo la excelencia y los centros de unidades de referencia. Por tanto, entendemos que este real decreto-ley es una apuesta decidida por avanzar en el plan de reformas, una reforma para el futuro del Sistema Nacional de Salud;
una reforma del Sistema Nacional de Salud que garantice que, a pesar de la crisis económica, la sanidad en España sigue siendo pública, universal, gratuita y de calidad. De esta manera, la Secretaría General de Sanidad y Consumo, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cumple con el compromiso de que la asistencia sanitaria en España sea universal, gratuita y de calidad. La reforma garantiza la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud buscando el entorno de
eficiencia, hasta un 10% de ahorro del gasto sanitario público en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Todas estas medidas lo hacen más solidario, más equitativo y más justo; un modelo que tiene en cuenta la renta, es decir, que aporten más
los que más tienen para que aporten menos o nada los que menos tienen, y que tiene en cuenta la edad, y tiene en cuenta la situación de nuestros mayores y pensionistas, y tiene en cuenta la atención a enfermedades crónicas y más graves. Por tanto,
un modelo que protege a los que más lo necesitan. Por primera vez los parados de larga duración sin prestaciones ni rentas no van a aportar en la cartera de servicios suplementaria.
Pero además mantenemos el sistema de aseguramiento que ya teníamos, y en este apartado me gustaría hacer una puntualización porque hay quien está más interesado en confundir que en evitar la confusión. Mantenemos el sistema de aseguramiento
que ya teníamos, y además nos adelantamos a los dictámenes de la Unión Europea y garantizamos que todo aquel que tenga derecho a la asistencia sanitaria gratuita la va a tener en condiciones de igualdad y de calidad. Las características
primordiales de un sistema nacional de salud son la cobertura de todos los ciudadanos nacionales y la financiación vía impuestos. El cambio en el modelo de financiación de cuotas de Seguridad Social a financiación vía presupuestos del Sistema
Nacional de Salud tuvo lugar tras finalizar el proceso de transferencias del Insalud. No así la garantía de cobertura de asistencia sanitaria a todos los españoles. De hecho, fue la Ley de Salud Pública de 2011 la que en una disposición adicional
extendía la atención sanitaria a parados de larga duración y establecía un nuevo plazo para generalizarla a todos los españoles. No entendemos por qué los Gobiernos anteriores mantuvieron pasividad en la adecuación de la normativa española a los
reglamentos y a las directivas europeas que formalizaron, firmaron y negociaron en Europa. No habían regulado los requisitos de aseguramiento en el Sistema Nacional de Salud en que se basa Europa para exigir igualdad de trato en la asistencia que
se presta a los ciudadanos del propio país y del resto de Estados con facturación posterior, como sí han hecho todos los países de la Unión Europea y del espacio común europeo. Es decir, aun sabiendo cuáles serían las exigencias de Europa en este
sentido, España no había hecho su tarea. En todos los casos es y era la Seguridad Social la que realizaba el procedimiento administrativo para el reconocimiento de este derecho a cobertura asistencial, con múltiples y diversas normas, algunas de
ellas
de los años setenta y que ahora se unifican en un procedimiento único. A este acto administrativo de reconocimiento se le denomina en todos los sistemas y servicios de salud aseguramiento. Nuestro Sistema Nacional de Salud asegura la
asistencia sanitaria de todos los españoles. En el Real Decreto-ley 16/2012 se mantiene el sistema de aseguramiento que teníamos y, al mismo tiempo, se unifica el concepto de asegurado y se definen todas las posibles situaciones en las que un
español puede encontrarse en el momento en que se realiza el trámite administrativo, de oficio o por solicitud del ciudadano, y que determina el nivel de aportación en la cartera de servicios suplementaria.
Este mismo procedimiento administrativo se aplicará a ciudadanos de otras nacionalidades que lo soliciten, a los que, además, se aplican las normas europeas ya traspuestas, los convenios bilaterales o las exigencias de extranjería, según el
caso. Por tanto, es falso que haya algún retroceso. De hecho, hay un paso adelante decidido con la definición de concepto y procedimiento único. Por fin, hay garantía de reconocimiento en el derecho a todos los españoles. Además, blindamos el
Sistema Nacional de Salud del uso fraudulento que produce la disparidad de criterios. Ha sido precisamente la indefinición legal de quiénes tienen derecho a la asistencia sanitaria y en qué condiciones lo que ha provocado el uso fraudulento
denunciado por el Tribunal de Cuentas en su informe del año 2012. Y sepan que ningún ciudadano de otras nacionalidades que no tenga derecho a tarjeta sanitaria va a quedar sin asistencia sanitaria. Los ciudadanos de otras nacionalidades que no
tengan residencia en España, ya sea porque son turistas, ya sea porque residen de forma irregular, no van a quedar desasistidos. La nueva normativa asegura que recibirán siempre asistencia sanitaria en casos de urgencia, por enfermedad o accidente,
hasta la situación de alta médica. Además, recibirán los cuidados en casos de embarazo, de parto y posparto, y también garantizamos de forma mucho más generosa que el marco normativo de atención de ninguno de los países de la Unión Europea la
asistencia a todos los menores de edad en todos los casos y en igualdad de condiciones que los menores de edad españoles.
En cuanto a los turistas, haremos lo que tendrían que haber hecho los gobiernos anteriores si se hubiesen preocupado de no poner en riesgo las cuentas públicas. Es decir, si los turistas son comunitarios, se facturará la asistencia a su
país a través de la tarjeta sanitaria europea, como nos hacen a los españoles cuando vamos a cualquier país europeo. Y si no la tienen o son extracomunitarios, se hará a través de sus seguros de viaje o aplicando lo que establecen los convenios
bilaterales suscritos por España con esos países. Además, se atenderán los casos de ayuda humanitaria con convenios similares a los que ya se utilizan, por ejemplo, para traer a España a niños enfermos de países en desarrollo para que sean tratados
en nuestro Sistema Nacional de Salud, y los ciudadanos de otras nacionalidades en situación no regularizada tendrán plazo hasta el 31 de agosto para cumplimentar los trámites legales que les permitirán obtener la tarjeta sanitaria. A estos efectos,
a partir de ahora, además del padrón, se pedirá la residencia legal. Todos tenemos la obligación de cumplir la ley, y eso también se nos exige a los españoles cuando viajamos fuera de España.
Señorías, más allá de discursos buenistas, no parecía justo ni razonable seguir promoviendo abusos en el sistema sanitario público español. Se trata de buscar una solución que evite los abusos que se venían produciendo sin dejar de prestar
la debida asistencia sanitaria básica. Abusos debidos en buena medida a la negligente trasposición que hizo el Gobierno socialista de la correspondiente directiva comunitaria, trasposición que omitió el artículo 7 de dicha directiva que establece
el derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión y que prohibía explícitamente desplazarse a otro país en busca de asistencia sanitaria. Casi 700.000 europeos obtuvieron la tarjeta sanitaria en España, como denuncia y pone
de manifiesto y categoriza el informe del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo se puede explicar que este informe sea tan crítico con este tema y que España haya dejado de facturar a otros países por la asistencia sanitaria y farmacéutica prestada a estos
700.000 europeos, solo en el año 2009, casi mil millones de euros? ¿Quién pudo tomar la decisión de cargar a las cuentas públicas, a las espaldas de todos los españoles la cobertura del denominado turismo sanitario, a lo que trata de poner freno
este real decreto-ley? ¿Qué responsabilidad tiene en el agujero de las cuentas públicas que hayamos regalado derechos y sanidad a extranjeros por encima de mil millones de euros en un año cuando tenemos más de 5.000.000 de parados? Señorías,
España es un país solidario, lo hemos sido y lo seguiremos siendo siempre, pero con decisiones responsables, no con decisiones irresponsables como estas que han puesto en altísimo riesgo al sistema sanitario público.
En relación a algunas cuestiones que considero importantes también haré alguna puntualización. Me gustaría que quedase claro que este real decreto no saca ni mete medicamentos del nomenclátor, lo que hacemos es incluir un nuevo sistema de
actualización permanente del nomenclátor de medicamentos, un sistema estable, transparente, con criterios, que permita retirar los medicamentos obsoletos, que no están financiados en el resto de países europeos, o medicamentos que tratan síntomas
menores, de manera que nos permita garantizar la cobertura financiera de la prestación farmacéutica y, sobre todo, que nos permita seguir incorporando las innovaciones terapéuticas. Por lo tanto, esta actualización se hará siempre -como decía-
basándose en criterios científico-técnicos. Hay que resaltar que es la primera vez que un Gobierno pone transparencia a este procedimiento de actualización y además atendiendo a los mismos criterios que se utilizan en la Unión Europea.
En relación con otros componentes de la cartera de servicios suplementaria, como son los productos ortoprotésicos y dietoterápicos, se pone orden en el catálogo,
se pone orden en la aportación de usuarios y se pone orden para que no haya diferencia ni discriminación en función de la comunidad autónoma, del servicio de salud que te atiende. Porque es adecuado recordar que los productos ortoprotésicos
y dietoterápicos de dispensación ambulatoria ya estaban sometidos a aportaciones del usuario, que variaban dependiendo de los productos, de las comunidades autónomas: cada una tenía un mecanismo -de catálogo, de determinación de precios o de
determinación de aportaciones, o sistema de gestión-, lo que generaba desigualdades entre los ciudadanos dependiendo de donde residían. Y sirva como ejemplo indicar que los dietoterápicos se dispensaban en unas comunidades autónomas mediante receta
médica, en otras por dispensación desde los servicios de farmacia hospitalaria; en ortoprótesis cada comunidad autónoma tenía una regulación distinta, con catálogos distintos y límites de financiación distintos. El sistema de pago variaba de unas
comunidades autónomas a otras: en unas lo anticipa el paciente y se reembolsa total o parcialmente; en otras solo se financia una parte del valor de producto; en otras se establece una aportación física. Por eso entendemos que lo más justo y lo
más equitativo es poner orden y acabar con la inequidad. Con esta reforma se garantiza que habrá un mismo catálogo y unas mismas cuantías de aportación en toda España por parte de los pacientes y se unifica la aportación, que se llevará a cabo de
acuerdo al mismo modelo que el de la prestación farmacéutica, una medida más justa que tiene en cuenta la renta, la edad y el grado de enfermedad.
También me gustaría aclarar -porque ha habido quien buscaba crear inquietud en este ámbito- que cuando hablamos de prestación de ortoprótesis no estamos hablando de las prótesis que se colocan mediante intervención quirúrgica ni de productos
de alimentación especial dispensados en el ámbito hospitalario, estamos hablando de productos que se utilicen fuera del hospital y con un catálogo único y común para todos los españoles. Este real decreto también armoniza el concepto de transporte
no urgente, porque define los importes máximos de financiación y las aportaciones de los usuarios para que no haya diferencias ni discriminación entre comunidades autónomas, entre los pacientes que son atendidos en un servicio de salud u otro, y
seguimos trabajando en el compromiso de que no haya copago sanitario. Y conviene además aclarar que el transporte no urgente estaba sujeto a sistemas de gestión completamente distintos entre comunidades autónomas de acuerdo a agrupaciones de
pacientes, colectivos, convenios con pacientes, así había distintas modalidades de pago. Se daba una situación de inequidad en este concepto en el ámbito sanitario. De hecho, el Real Decreto 1030/2006 que aprobó el Gobierno socialista, en el que
se establecía la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de actualización no aclaraba las diferencias entre transporte urgente y no urgente, ni establecía los criterios comunes para todas las comunidades
autónomas. Esta situación ha aumentado las diferencias entre comunidades autónomas, porque en unos casos la aportación depende del número de kilómetros, en otros se adelanta la aportación y luego se reembolsa, en otros la aportación se realiza
según la reclamación que haga el paciente. Ahora avanzamos para solucionar los problemas heredados armonizando los conceptos; es decir, trabajaremos y definiremos qué es transporte sanitario urgente y no urgente, definiendo el importe máximo de
financiación según el transporte y los criterios de indicación médica y definiendo la aportación del usuario, todo ello también con los criterios de calidad, de igualdad, eficacia y eficiencia. Y además es una comisión técnica, la Comisión de
prestaciones sanitarias, la que decidirá en dietotérapicos, en ortoprotésicos y en transporte sanitario los criterios de límites de aportación para qué dietoterápicos, para qué tipo de transporte, para qué pacientes y en qué condiciones.
También es importante aclarar otro de los aspectos en los cuales el anterior Ejecutivo miró para otro lado y provocó la descobertura legal, que estaba sin solventar, para los mayores de veintiséis años y personas divorciadas. Aquí, también
irresponsablemente, se ha intentado alarmar y confundir y quiero hacer una afirmación para que no haya ninguna duda: todos los españoles tienen garantizado el derecho a la asistencia sanitaria pública, también por supuesto en estos casos. Las
personas mayores de veintiséis años que nunca han trabajado tienen garantizada la asistencia sanitaria, ya que mediante este mecanismo de reconocimiento se regula la verificación de sus ingresos y mantendrán la condición de asegurado los que tengan
ingresos por debajo de una cuantía que se determine, de manera que podamos ofrecer a quienes la superen convenios específicos de asistencia sanitaria. Antes, si el solicitante no trabajaba ni tenía ingresos se le definía como persona sin recursos;
mediante la modificación normativa se regulan todas las posibles situaciones laborales y familiares en las que se pueda encontrar el solicitante de la tarjeta, pues se aplicará el mismo criterio que se aplica a una persona divorciada que nunca ha
cotizado, de beneficiario del cónyuge. Ya no será necesario declararse persona sin recursos, porque entendemos que es una cualificación que puede tener connotaciones de tipo peyorativo, sino que se verificará que carecen de ingresos y todos los que
sean inferiores al límite que se establezca reglamentariamente tendrán garantizada la continuidad con la titularidad del derecho. Las personas que no trabajen pero que no tengan ingresos propios también podrán tener derecho a la asistencia
sanitaria y para ello se establecerá un convenio especial para darles derecho a la asistencia sanitaria que ahora no existía. Porque no parece muy razonable lo que ocurría en la actualidad, ya que una persona que vivía de rentas, como no entraba en
ninguno de los grupos definidos por Seguridad Social, tenía que declararse persona sin recursos para tener acceso a tarjeta sanitaria. Dentro de los límites de ingresos y los convenios especiales se contemplarán
todas las situaciones posibles, de manera que por primera vez desde que se creó el Sistema Nacional de Salud todos los españoles podrán acceder a la asistencia sanitaria pública. Por tanto, decir que los mayores de veintiséis años y las
personas divorciadas se quedan sin asistencia sanitaria además de falso es una irresponsabilidad que solo busca crear inquietud en la sociedad y que no se corresponde con el ejercicio de una representatividad política responsable.
Y en relación con el copago creo que es importante volver a poner de manifiesto el enorme esfuerzo que en el conjunto del Estado español los servicios de salud están realizando en esta apuesta por una asistencia sanitaria pública, universal,
gratuita y de calidad. Porque si comparamos los sistemas sanitarios en los países de la Unión Europea de los Quince podremos ver que hay distintos modelos, pero todos tienen sistemas de participación de los usuarios, independientemente de que sean
sistemas nacionales de salud o de seguridad social. Y es importante hacer el análisis comparado para poder concluir, señorías, que España cuenta con un Sistema Nacional de Salud público, universal y gratuito, en el que, a pesar de la situación
socio-económica heredada, el Gobierno y los acuerdos con todas las comunidades autónomas permiten apostar por mantener estos criterios y además apostar por mantener al margen de un entorno socio-económico de incertidumbre y de grave crisis económica
la atención y prestaciones sanitarias.
Muchísimas gracias y quedo a su disposición. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus iniciativas, tiene la palabra, en primer lugar, don José Martínez Olmos. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra).
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, quisiera pedir un favor, en este caso tendría que ser con la anuencia del Grupo Parlamentario Socialista. Yo tengo que ir a la Comisión que presido a las 12:00 y es imposible que intervenga si
no lo realizo en primer lugar. Por tanto, yo le pediría al Grupo Parlamentario Socialista que, si no tiene inconveniente, alterara el orden para poder intervenir yo antes.
El señor PRESIDENTE: He consultado a los distintos portavoces y parece que no hay problema. Por tanto, agradeciendo la generosidad de todos los grupos, tiene la palabra en primer lugar, para la defensa de sus iniciativas, don Gaspar
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente y gracias al Grupo Parlamentario Socialista y a los grupos parlamentarios afectados en general por dejarme intervenir, pero tengo una obligación que no puedo eludir. En todo caso, quiero
empezar mi intervención agradeciendo la comparecencia de la señora Farjas y sus explicaciones. Agradezco sus explicaciones sobre todo formalmente, porque a mí lo que me preocupa realmente es si esta política va a ser la política del ministerio a lo
largo de esta legislatura, si la política del ministerio va a ser la retórica; una retórica que además escandaliza a los ciudadanos porque no se corresponde en absoluto con la práctica, y cuando una retórica no se corresponde con la práctica, se
convierte en propaganda, señoría. En ese sentido, a mí me preocupa porque no solamente significa un menosprecio a los ciudadanos -que, en mi opinión, lo es porque minusvalora su inteligencia-, sino porque significa un menosprecio a este Congreso de
los Diputados y a esta Comisión. Yo, señora secretaria general, he vuelto a oír lo mismo que escuche en la interpelación que le formulé a la ministra de Sanidad, en la presentación del decreto y en sus sucesivas comunicaciones con la prensa, y
ustedes aquí no están con la prensa, ustedes están con diputados que se presumen preocupados y expertos en esta materia. Por lo tanto, hay cuestiones que creo que deberían cuidar más.
En la segunda parte de su intervención, yo diría que los últimos diez minutos, se ha dedicado usted a precisar aspectos que no han logrado precisar todavía. Han hecho una corrección de errores -dos correcciones de errores, mejor dicho-
brutal, yo diría una corrección de horrores. Pero, luego, han hecho otra corrección relativa a farmacia este sábado, y me lo acaba de comentar la señora Tarruella. Pero, a pesar de esas correcciones de errores, el decreto sigue siendo una chapuza
monumental; desde el punto de vista técnico es una chapuza monumental. Lo es porque mantiene todavía la incertidumbre, y yo anuncio todo tipo de denuncias, todo tipo de defensa por parte de los ciudadanos de sus derechos, con toda seguridad. Las
organizaciones de consumidores ya están empezando a plantear dudas sobre estos decretos, sobre la ambigüedad, sobre la arbitrariedad de estos decretos, que se corrigen continuamente a sí mismos. Por otra parte, me parece un monumento a la falta de
rigor y a la falta de eficiencia, como usted dice, porque lo ha repetido no sé cuantas veces lo de eficiencia; ya era típico en la época de gestión pública en que yo estudiaba, pero ahora se ha convertido en un mantra. En relación con la
eficiencia, lo que ustedes plantean que van a ahorrar de esos 7.500, 7.700, 7.200 -no se aclaran ustedes a este respecto-, de ese conjunto, solamente hay una parte cierta que pueden ahorrar, no le voy a decir cuál, pero el resto son todo las cuentas
del Gran Capitán. Se lo creerá la Unión Europea, probablemente se lo crea, o no, pero eso de que vamos a ahorrar 7.000 millones de euros, me parece que forma parte también de esa política que he dicho antes de hacer más retórica que otra cosa.
Voy a entrar en las cuestiones concretas. Primero, yo querría preguntarle, señora secretaria general -porque por primera vez lo han dicho, yo se lo dije en el debate a la ministra, pero por primera vez se han referido a ello- por el plan de
reformas que han enviado a la
Unión Europea y a lo que ustedes denominan en el plan de reformas la homologación del sistema público español con el sistema de Seguridad Social mayoritario en la Unión Europea. No digan ustedes lo contrario; homologación del sistema
universal español al sistema de Seguridad Social mayoritario en la Unión Europea. Ustedes, de nuevo, en una actitud servil, homologan por abajo nuestro sistema sanitario con los sistemas de seguro mayoritarios en la Unión Europea. Pero quiero, a
continuación, hacer una pregunta. Señora Farjas, ¿qué directiva comunitaria obliga a la homologación del Sistema Nacional de Salud con los sistemas de Seguridad Social mayoritarios en la Unión Europea? Dígame usted qué directiva. Ninguna, porque
la política social y la política sanitaria no es política común de la Unión Europea, no existe esa política común. Sí había que mejorar, y se mejoró la legislatura pasada, todo lo relativo a las directivas de reconocimiento mutuo de gasto
sanitario. Y aquí vamos a la famosa deuda del pasado o a la herencia recibida. Señora secretaria general, no es tanto un problema de directivas esa herencia recibida, porque habla usted de una deuda de 16.000 millones y además la herencia recibida
es cómo fue posible que quedara un vacío legal que permitiese que no se cobrase la asistencia sanitaria. Yo le niego la mayor. Los 16.000 millones de euros, en su caso, son deudas compartidas por las comunidades autónomas y por sus sistemas
sanitarios. Porque ustedes lanzan la especie de que aquí hemos creado una deuda, no se sabe cómo, y fundamentalmente en la Administración central, cuando, como usted sabe, y lo manifestaba al principio, en el presupuesto de este año nuestra
participación en materia sanitaria es minoritaria. Lo mismo le digo respecto de la directiva comunitaria; no es tanto un problema de directivas como un problema de gestión por parte de las comunidades autónomas, que además lo dice el propio
Tribunal de Cuentas, que unas han cobrado y otras no. Unas han sido eficientes en el cobro y otras no. Por lo tanto, no es verdad que tengamos solamente un problema que parece ya el problema de la herencia recibida -que ya está bien el problema de
la herencia recibida- y no seamos capaces de discutir de lo que realmente nos pasa. Pero, primera pregunta, el marco comunitario al que usted se refiere para cambiar nuestro modelo sanitario, para cambiar un modelo sanitario pactado y un modelo
sanitario universal, por un modelo sanitario de seguro.
La segunda cuestión es la relativa a los repagos y exclusiones. Ha dicho usted que excluyen a una parte de la población española y que esa parte de la población española o bien llega a un convenio con la Seguridad Social o no tiene
asistencia sanitaria; o pobre o sin asistencia sanitaria. Creo que es evidente, todos lo hemos oído y para mí las cosas quedan claras. Creo que se preparan ustedes para una cantidad enorme de recursos y que, además, se los van a ganar. Por lo
tanto, será únicamente un momento en la boca y muchos años, probablemente, en las caderas. En ese sentido, con respecto a repagos y exclusiones, creo que las cosas están cada vez más claras. Pero, en relación con el repago, a mí me llama la
atención esto de que ustedes ponen el repago farmacéutico para garantizarnos que no tengamos repago sanitario. Es decir, que van a participar los ciudadanos -algunos de ellos en situación frágil, en situación de desventaja- en la financiación de
fármacos y productos sanitarios y lo van a hacer como mal menor, porque el mal mayor está ahí a la vuelta de la esquina y es que puedan tener que pagar también la asistencia sanitaria. Pues no, señora secretaria general. La medida es una medida
injusta que se ceba con los demás débiles. En nuestra opinión, no vale hacer ahí la proclama de que será en función de la renta, y además con el escarnio de que tengan que adelantar el dinero para que luego, al cabo de meses, se lo pague la propia
Administración. Creo que estamos ante un retroceso muy importante que afecta a las economías de gente como, por ejemplo, nuestros jubilados, que un 70% cobran menos de 1.000 euros de pensión y, en muchos casos, con hijos a cargo en estos momentos a
causa de la crisis económica y del desempleo.
Por otro lado, quería hablarle de las exclusiones. Usted dice que nade dejará de tener asistencia sanitaria, incluso aquellos que ustedes excluyen directamente, que son los inmigrantes sin papeles. Bueno, pues no opinan como usted ni la
Organización Mundial de la Salud ni las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas acaba de hacer un documento sobre las políticas sociales ante la crisis y acaba de decirles a ustedes que no deben dejar sin cobertura a estas personas aunque no tengan
papeles, que se trata de derechos humanos básicos. Pero, más allá de todo ello, la Organización Mundial de la Salud les dice en su informe sobre la financiación de los sistemas sanitarios que vayamos convergiendo en el sentido contrario a lo que
plantean ustedes, que vayamos convergiendo hacia una financiación pública de la sanidad y no a una financiación en base a tasas o en base a copagos y repagos, porque esa financiación discrimina, esa última discrimina; y se lo dice la Organización
Mundial de la Salud. Por si quiere algún dato más, el último dato del Medicare norteamericano demuestra que lo que usted ahorra en atención primaria, el 2% han ahorrado por introducir copagos en atención primaria, lo aumenta en gasto hospitalario,
el 20% de subida en gasto hospitalario en esos mismos pacientes a los cuales se ha introducido el copago, según el Medicare norteamericano. Le decía lo de las cuentas del Gran Capitán, pero no me voy a extender en esa materia que me parece
evidente. Usted me dirá cómo la exclusión de estas personas inmigrantes sin papeles les hace a ustedes ahorrar 500 millones de euros. ¿Va a dejar de tener el profesional de la atención primaria la cartilla de pacientes que tiene en estos momentos?
¿Cuál es el mecanismo de ahorro de 500 millones de euros por el hecho de que estas personas no vayan a la atención primaria? Creo que es al contrario.
Voy a plantearle una última cuestión con respecto a esta materia. Me respondieron a una pregunta parlamentaria que les hice sobre el sistema de gestión y recauda
ción que tienen que poner en marcha ustedes para poder cobrar estas nuevas tasas, que no va a tener coste para el sistema sanitario. Eso no se lo cree nadie. Es que no está en la memoria económica. En el papel de la memoria económica
solamente tienen ingresos, no tienen ningún gasto. Si ustedes ponen en marcha aunque sea un programa informático de recaudación y de gestión, ustedes van a gastar. Si ustedes cruzan los datos de Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, ustedes
van a gastar. Por tanto, tienen que decirnos cuál es su previsión de gasto en ese sistema de gestión y de recaudación. Por ahora, lo que responden por escrito es que no va a sufrir ningún gasto el sistema sanitario con ese nuevo modelo de gestión
y de recaudación. Creo que no es así.
Termino con dos cuestiones que me parecen importantes. La primera de ellas es: ¿y con este decreto quieren ustedes un pacto? Esa es la pregunta que les hago. Se la he hecho a la ministra y se la hago a usted. Con este decreto, con este
pie forzado que una parte de la democracia de este país, de los representantes políticos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de pacientes consideramos que rompen los acuerdos que teníamos establecidos, dicen que después de romper
los acuerdos los van a coser, van a hacer como Penélope, por una parte descosen y por otra parte cosen. Lo veo muy difícil en realidad. Creo que usted tendría que explicarnos cómo va a promover ese acuerdo de Estado en materia sanitaria después de
este decreto que nos acaban ustedes de imponer sin que hayamos podido ni siquiera presentar enmiendas al decreto.
En segundo lugar, con respecto al consumo, me parecen muy importantes las medidas que ha anunciado. Creo que cada vez que tenemos una Comisión de estas características hay una suerte de déjà vu, volvemos a presentar las mismas medidas que
llevamos presentando cinco años y que no acaban de solucionarse, porque lo de la tarjeta sanitaria, lo de la historia clínica digital, lo de la central de compras, lo de la vacunación, todo esto lo he oído tantas veces, señora secretaria general,
que no nos lo vuelvan a decir, cuando lo tengan nos lo traen; pero no nos lo vuelvan a contar, porque me parece en cierta medida aburrido porque da la impresión de que no avanzamos nada. Por lo tanto, sería mejor que lo concretásemos, porque
llevamos años con esa materia. Pero yo quería terminar en relación con el consumo, además de manifestar la importancia de sus medidas, diciéndole que cómo es posible que comparezca sobre consumo hoy aquí y no haya tenido ni una palabra sobre el
fraude y la estafa bancaria que está sufriendo este país. ¿Cómo es posible? En Consumo existe esa responsabilidad, existe esa competencia. Si queremos excluirla de Sanidad excluyámosla, pero hoy por hoy está en esta Comisión. Están los swaps,
las participaciones preferentes, estafa monumental a los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer? Qué respuesta les damos a los ciudadanos que se han visto estafados y que ahora ven como esas entidades bancarias salen de la crisis de rositas sin ningún
riesgo moral y nosotros nos quedamos con el riesgo y sin moral. Esa es la situación y creo que la secretaria general tiene que explicarnos esa cuestión. Tiene que decirnos qué piensan hacer en esa materia porque hay un escándalo social en este
país y porque además hay razones para el escándalo. Creo que hay que empezar a decir que determinadas entidades bancarias están estafando a los ciudadanos y hay que buscar medidas para defender a los ciudadanos antes estas estafas. Esperaba que de
alguna manera en el día de hoy nos lo dijera.
Gracias por habernos dado la oportunidad de intervenir antes de otros grupos parlamentarios. No voy a poder asistir, mi compañera estará en las respuestas parlamentarias y me incorporaré cuando termine mi Comisión que la tengo, además, en
el Senado.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Quiero agradecer la comparecencia de la secretaria general de Sanidad y Consumo, siempre es grato tenerla aquí y recibir sus explicaciones.
Voy a tratar de hacer una explicación desde el punto de vista constructivo que caracteriza el Grupo Parlamentario Socialista. Estamos en una situación económicamente muy, muy difícil, si antes era necesario y por lo tanto reprochable que no
hayan trabajado seriamente por un pacto por la Sanidad trayendo a aprobación un real decreto-ley sin ningún acuerdo de ningún grupo parlamentario, y en concreto del nuestro, ahora es mucho más necesario atender la propuesta del secretario general
del PSOE, señor Pérez Rubalcaba, porque este jueves traemos al Congreso de los Diputados la convalidación del real decreto de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero. El Partido Socialista hoy traslada al Gobierno una
serie de condiciones específicas en lo que tiene que ver con ese real decreto-ley en una actitud de enorme consideración y desde el punto de vista más constructivo posible. Es más necesario que nunca, como ayer planteó nuestro secretario general y
presidente de grupo parlamentario, reconducir los recortes en el ámbito de la Sanidad y de la Educación. No es un capricho, es una responsabilidad ante los ciudadanos que si no, no van a entender nada de lo que está pasado y su indignación puede
subir muchos grados. Por lo tanto, a los señores del Partido Popular y a los señores del Gobierno les pediría que tomaran en consideración nuestras preocupaciones, que se las voy a trasladar de nuevo. Permítame, señora secretaria general, creo que
usted ha confundido el tono, ha tomado el tono de hacerle oposición a la oposición y creo que no es precisamente lo que hacía falta en este momento. Se lo tengo que decir porque es una situación tan compleja, que las cosas requieren una actitud un
poquito más modesta desde mi punto de vista.
Creo que es importante que ustedes tengan en cuenta que a nosotros nos preocupa que este real decreto-ley que han aprobado en solitario -aunque les haya apo
yado UPN, pero prácticamente en solitario desde el punto de vista del apoyo de los grupos parlamentarios- supone un verdadero recorte de derechos; además supone una situación que va a perjudicar a muchos colectivos de pacientes y que sus
explicaciones no nos han dejado tranquilos en relación con cómo poder minimizar su impacto. Nos preocupa que perjudicará a la salud de colectivos, el de los inmigrantes irregulares y también el de los españoles y no me ha quedado claro que eso vaya
a ser minimizado o evitado. Pero es que es un real decreto-ley que surge con la intención de generar ahorro en el gasto público y tenemos serias dudas de que se vaya a conseguir ese ahorro en el gasto público en las dimensiones que ustedes
calculaban, y esto es importante. Porque usted no ha hablado de una de las medidas que están incorporadas en este real decreto-ley, que es la exclusión de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, no ha hablado de ella, ha hablado de los
criterios, pero esa es una de las partidas que se presupone que va a suponer un ahorro en el gasto del sistema sanitario y a nosotros nos preocupa saber cómo se va a abordar y qué consecuencias negativas podría tener para la población, para los
ciudadanos, para los pacientes. Por lo tanto, una parte de su real decreto-ley tiene medidas de control del gasto discutibles, como todas, desde nuestro punto de vista, y tiene un verdadero caballo de Troya dentro de esa norma, que es el cambio de
modelo sanitario. Tenemos una enorme discrepancia con ese cambio de modelo sanitario. A partir de la aprobación de ese real-decreto ley no se puede hablar de Sistema Nacional de Salud, no tenemos un Sistema Nacional de Salud; han cambiado el
modelo. Han cambiado el modelo y es un caballo de Troya, porque utilizando la excusa de la crisis económica, ustedes han abierto el negocio al mercado sanitario, y le voy a explicar cómo. Primera cuestión: esto ya no es un sistema universal. El
sistema era universal con la legislación que estaba vigente hasta el 23 de abril del año 2012, de hecho ustedes cambian el artículo 3 de la Ley de Cohesión que sirvió de base para el pacto PSOE-PP en aquel momento, un pacto que ustedes han roto; y
ese artículo 3 establecía que el derecho a la atención sanitaria era para todos los españoles. Lo que hicimos con la Ley de Salud Pública en octubre de 2011 en este Parlamento fue poner plazo a la culminación de la universalización sanitaria,
independientemente de cuál sea el procedimiento para reconocer ese derecho, pero ustedes lo han cambiado; tan simple como no haberlo cambiado y las cosas hubiesen seguido con garantías para todos los ciudadanos, cumpliendo los mandatos que
establecía la Ley General de Salud Pública. Pero, fíjese, el cambio más grave es que ustedes han pasado de tener una cartera de servicios única para todos los españoles -única para todos los españoles- a una cartera de servicios que ahora ya no es
única para todos los españoles; tienen una básica, gratuita, y varias complementarias sujetas a copago. Sobre estas carteras de servicio complementarias, sujetas a copago, vendrán las ofertas de los seguros privados a los ciudadanos, para
minimizarles el copago que tienen que hacer con esas carteras, que paulatinamente se irán llenando por parte de las decisiones del Gobierno. Por tanto, ustedes abren el espacio del negocio de la sanidad pública a iniciativas privadas con esta
medida que adoptan, que no está justificada desde el punto de vista del control del gasto público en general, que era lo que ustedes justificaban con este real decreto-ley.
La sanidad no va a ser más sostenible con estas medidas porque ustedes no garantizan que los ingresos y los ahorros que se puedan generar con estas medidas queden en los presupuestos de la sanidad. Esta es una cuestión que el propio consejo
interterritorial ya en marzo de 2010 estableció como una de las condiciones para hacer sostenible la sanidad pública, que los ingresos adicionales y los ahorros que se pudieran generar con medidas de control del gasto quedasen afectados a los
presupuestos de sanidad de las comunidades autónomas, cuestión que no se cumple y, por tanto, yo le tengo que decir que, como según nuestros criterios, ni se van a conseguir los ahorros que ustedes plantean ni se van a quedar en los presupuestos
sanitarios los ingresos que se generan con el copago, independientemente de que sean injustos, ustedes volverán a traernos medidas de recorte pronto, y, por lo tanto, seguirán haciendo recortes de derechos.
Nos preocupan especialmente los recortes de derechos en los pensionistas, nos parecen especialmente injustos. Nos preocupan especialmente los recortes de derechos en los pacientes que tienen enfermedades crónicas y enfermedades raras. La
única manera que ustedes tendrían de minimizar ese recorte de derechos y sus consecuencias negativas sería excluirlos del copago, como nosotros hemos propuesto en esta Cámara; excluyan del copago a los pacientes crónicos con todos sus medicamentos
y todas sus necesidades. Excluyan del copago a los enfermos de enfermedades raras, si no, será imposible que no haya consecuencias negativas por la decisión que ustedes han tomado. Lo peor de todo esto es que están ustedes solos en esta reforma;
cuando es necesario hacer reformas para hacer sostenible la sanidad pública, ustedes siguen sosteniendo la idea de pacto por la sanidad yendo en solitario, pero no solamente en solitario sin grupos parlamentarios, sino en solitario sin apoyo de las
organizaciones profesionales y sin apoyo de las organizaciones de pacientes; esto es una realidad. Fíjese, lo que más nos preocupa a nosotros precisamente tiene que ver con el efecto negativo potencial que tienen estas medidas en la salud de los
ciudadanos, que es por lo que prácticamente todo el mundo está realmente preocupado. Los inmigrantes irregulares hasta el día de la aprobación de este real decreto-ley tenían la atención sanitaria cubierta por la legalidad, es decir, tenían derecho
a la atención sanitaria, derecho a la tarjeta sanitaria, independientemente de que estuvieran irregularmente en España -esa es otra cuestión-, pero la atención sanitaria la tenían por derecho, por ley. Ustedes con esta decisión han dispuesto que el
1 de septiembre ya no
hay derecho a la tarjeta sanitaria si son inmigrantes irregulares. Es verdad que mantienen lo que ya estaba con la Ley de Extranjería de atención en el caso de urgencias, de atención en el parto y de atención a los menores de 18 años, eso
se mantiene en el real decreto-ley que ustedes han aprobado, pero la decisión que ustedes han tomado deja sin cobertura sanitaria a estas personas cuando hasta ahora la tenían. De acuerdo, se van a atender en urgencias, pero cuando estén en
situación de urgencia porque si no, irán a las urgencias y sobrecargarán las urgencias, con lo cual habrá que ver qué ahorro se consigue en definitiva con estas medidas. Pero desde el punto de vista de la salud de las personas, yo quiero garantías
para los ciudadanos de qué va a pasar con aquellos pacientes que hoy estaban siendo atendidos con ese derecho a tener tarjeta sanitaria aun siendo inmigrantes irregulares con enfermedades como una insuficiencia renal que requiera hemodiálisis; con
enfermedades como un glaucoma o hipertensión intraocular que requiere tratamiento y que si no lo tiene pueden perder la vista; con enfermedades crónicas como diabetes, con enfermedades como el cáncer. ¿De qué manera, con qué servicios sanitarios
se garantiza la atención sanitaria a estas personas? Le preocupa a nuestro grupo parlamentario y le preocupa a las organizaciones profesionales. Y en el caso de la atención sanitaria en situaciones de enfermedades infecciosas, creo que dejé claro
el otro día nuestra enorme preocupación no solamente por las consecuencias que tiene en la atención a estas personas, sino incluso por la protección de la salud de los ciudadanos españoles. Con lo cual, mi pregunta sería de qué manera ustedes
garantizan que estos efectos negativos en la salud de las personas no se van a producir asegurando atención sanitaria ambulatoria y cotidiana en servicios sanitarios y no a través de ONG, que las ONG no están capacitadas para prestar asistencia
sanitaria.
Voy terminando. Es importante que ustedes rectifiquen; seguimos dispuestos al diálogo, pero si no rectifican es imposible el pacto sanitario, absolutamente imposible. Y quiero señalarle que en esta situación de crisis económica, de
preocupación de la ciudadanía, volver a un acuerdo sería enormemente beneficioso para el conjunto del país y, por lo tanto, ruego que tomen nota de nuestras peticiones. Hay algunas preguntas adicionales que me gustaría hacerle, porque aunque
algunas cosas las ha mencionado, otras no, me gustaría, si es posible, que nos clarificase lo siguiente: ¿De qué manera se van a conectar las comunidades autónomas cuando los pensionistas viajen por razones personales y compren sus medicamentos en
otra comunidad autónoma para hacer posible la devolución de gasto cuando exceda el tope que ustedes le han puesto? Ya le he preguntado y reitero si ustedes van a excluir del copago a los pacientes con enfermedades raras y a los pacientes crónicos
en todos sus tratamientos. Me gustaría saber qué nuevas especialidades médicas van a aprobar, y si es verdad que la especialidad de urgencia-emergencia no va a ser finalmente aprobada como especialidad de primer nivel. Me gustaría conocer qué tope
de copago se va a poner al transporte sanitario no urgente en Canarias, en Baleares, en Ceuta y en Melilla. También me gustaría saber qué proyecto tiene, qué plazo y qué cuantía de exclusión de medicamentos de la cobertura del sistema sanitario
público. Una última cuestión, ustedes citan como si fueran a arreglar todos los problemas de la sanidad española, el Fondo de garantía asistencial que ustedes han creado, que es un fondo extrapresupuestario. Yo entiendo que no está en el
presupuesto y, por lo tanto, el presupuesto para atender esos eventuales gastos lo tiene que poner alguien, mi pregunta es: ¿Quién lo pone? ¿Las comunidades autónomas? Madrid, por ejemplo, es una comunidad que exporta muchos turistas a Valencia,
¿Madrid va a tener que pagar todos los turistas que van a Valencia? ¿Se le va a incrementar su presupuesto? Digo Madrid como Andalucía, Valencia o cualquier comunidad. Este Fondo de garantía asistencial, que es una buena iniciativa, no está bien
explicado, y, por lo tanto, al ser un fondo extrapresupuestario, requiere aclararlo, porque si no, se puede generar una expectativa en la ciudadanía y en las comunidades autónomas que finalmente no se viera cumplida.
Ya sí que termino, señor presidente, le agradezco su amabilidad. Señora Farjas, le recuerdo y le reitero que seguimos dispuestos al diálogo, pero le reprocho que ustedes no hayan dialogado un solo segundo con nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señora Grande, a ver si compensa usted el consumo de tiempo de su compañero. Tiene usted la palabra, doña Pilar.
La señora GRANDE PESQUERO: Cuento con la amabilidad del señor presidente para el grupo principal de la oposición, pero sí voy a hablar un poquito más que la señora secretaria general, que de sus cincuenta y cinco minutos le ha dedicado al
consumo dos minutos y treinta segundos para anunciarnos la trasposición de una serie de directivas comunitarias que espero que no traspongan nada que ya está traspuesto, como dijo la ministra, porque lo que va a dejar es traspuestos a los españoles
por la poca importancia que han dado al consumo en la comparecencia de hoy. Está tan devaluada, señora secretaria general, como sus presupuestos, los que nos trajeron para consumo a esta Cámara.
No creo que en consumo nos venga a hablar de la herencia recibida, porque le voy a recordar que entre 2004 y 2011 el Instituto Nacional de Consumo aumentó un 60% sus presupuestos -a los datos me remito- y el fomento al asociacionismo de
consumo y actividades de defensa y protección de los consumidores lo fue en un 70%. Mucho me temo por su no intervención de hoy, señora Farjas, que el PP sigue anteponiendo los criterios economicistas de los derechos empresariales, financieros e
industriales a la defensa de los consumidores.
Vamos a entrar en materia, señora Farjas. ¿Está en disposición de comprometerse esta mañana a que el
Consejo de Consumidores y Usuarios informará con carácter previo todos los anteproyectos de ley que tengan que ver con los derechos de los consumidores? Porque no está ocurriendo así. Bueno, si en algún momento traen a esta Cámara alguna
ley, porque como últimamente, desde que han empezado a gobernar, lo hacen por real decreto... Se me ocurre, por ejemplo, ¿están dispuestos a traer como proyecto de ley lo que nos han anunciado de la fusión del Instituto Nacional de Consumo y la
Aesan, con los informes previos del consejo también? Al ser un proyecto de ley, los grupos parlamentarios podríamos hacer aportaciones a través de enmiendas, enmiendas con las que, sin verlo, se me ocurre que podríamos evitar que se limiten las
funciones de representatividad del Consejo de Consumidores y Usuarios equiparándolo a la Comisión técnica para la seguridad de los productos, que, de producirse, no solo sería una chapuza funcional, sino una verdadera chapuza jurídica. Le recuerdo
que el consumo no solo lo es de alimentos; lo es de muchísimas más cosas. Por ejemplo, podría utilizar ahora el poquito tiempo que me queda para, como acostumbraban sus compañeros de partido en la oposición y como imagino que lo hará la portavoz
del Grupo Popular, hablar de lo divino y de lo humano, de la herencia y de estas cosas, pero basándome en que los consumidores, como le decía, lo son de productos, pero también de servicios, le podría preguntar -lo voy a hacer- ¿qué piensa hacer su
departamento contra la subida de las tasas en la Administración de Justicia? ¿Qué piensa hacer contra el subidón de la universidad española? O también, señora Farjas, ¿qué piensa hacer contra el establecimiento del copago y el repago en algunos
servicios sanitarios o en el aumento del pago para los medicamentos? Esto último usted lo tiene más complicado de gestionar como responsable de consumo, porque ha sido usted misma, como responsable de sanidad, quien lo ha hecho, aunque podría, en
defensa de los consumidores, pedirse a sí misma quitarlo, porque perjudica a los consumidores de servicios sanitarios, porque no hace ni más ni menos que perjudicar a los enfermos, como le acaba de decir mi compañero el diputado Olmos. Claro que el
inconveniente de esta doble faceta es que me recuerda al doctor Jekyll y en su caso a Mrs. Hyde, historia que creo que no terminó muy bien. Por tanto, me gustaría saber qué va a hacer su departamento para defender a los consumidores de todos estos
servicios básicos.
Voy a centrarme en hacerle una serie de reflexiones y preguntas que tengan que ver directamente con el control que tiene que ejercer la Administración para garantizar la voluntad libre y responsable de los consumidores como destinatarios
finales de los productos de bienes y servicios, es decir sobre su responsabilidad como Administración. ¿Van ustedes a fortalecer las organizaciones de consumidores para que puedan continuar siendo la palanca activadora de los derechos de los
consumidores? ¿Piensan ustedes continuar manteniendo las dotaciones económicas destinadas a asegurar la estructura de las asociaciones de consumidores, que revierten directamente en la defensa de los ciudadanos todos los días? ¿Piensan
transformar, cambiando su objetivo, las asociaciones para que actúen solo en lo que a ustedes les interesa y no en ámbitos que puedan incomodar al Gobierno del Partido Popular o a la gran industria amiga? ¿Qué programas van a priorizar, los que los
consumidores y sus asociaciones y representantes quieren o los que a ustedes les interesan? ¿Qué tiene previsto su departamento para la defensa de los consumidores en los sectores que los informes de las OMIC y del Instituto Nacional de Consumo y
de las propias asociaciones nos dan todos los años y nos sirven para detectar adónde se dirigen las mayores reclamaciones cada año? Por ejemplo, ¿qué tienen previsto para la telefonía móvil? ¿Y para los servicios financieros, como decía el
diputado Llamazares? ¿Qué van a hacer con las participaciones preferentes? Porque hay muchos consumidores, y además débiles consumidores, débiles ciudadanos, que han puesto todos los ahorros de su vida en algo que podríamos calificar quizá como
una posible estafa en la venta y la falta de información. Señora Farjas, si ayudan con dinero de todos los españoles a salvar bancos que tienen gestión privada, ¿cuál es la razón por la que no pueden hacer lo mismo con los ciudadanos ahora que han
sido víctimas de estos bancos que los siguen echando, que los siguen expulsando de sus casas por no pagar las hipotecas? Señora Farjas, lo del FROB, si me lo va a contar, era un préstamo, dinero público que se prestaba. Lo de Bankia, según el
nuevo director general, es una inversión, es dinero de todos los españoles para ayudar a la mala gestión de los bancarios. ¿Qué van ustedes a hacer con la última subida de la luz del 7% y con las que solapadamente anuncia el ministro Soria? ¿Va a
luchar por que se mantenga el bono social y la tarifa de último recurso? Algunos medios ayer ya anunciaban que más de 9 millones de usuarios se van a quedar fuera de esta tarifa. Podría continuar sector por sector con cuestiones muy concretas,
pero no quiero dejar de mencionar la iniciativa legislativa. ¿Para cuándo van a traer una ley de servicios de atención al cliente, que, como recuerda, fue aprobada el 1 de abril del año pasado en el Consejo de Ministros? Entró en esta Cámara y se
quedó en periodo de enmiendas ya presentadas por muchos grupos, incluido el suyo. ¿Por qué no ahorra dinero de los contribuyentes y retomamos el trabajo donde lo dejamos, señora Farjas?
Para ir terminando, señor presidente -me queda un minuto nada más-, me falta preguntarle por otro aspecto, que sería el siguiente escalón. Tras la información, el asesoramiento y la defensa de los consumidores, vendría la resolución de las
controversias entre el consumidor y la industria o, lo que es lo mismo, el sistema arbitral de consumo. ¿Tiene previsto algún avance más en el sistema arbitral del que hizo el Real Decreto de 2008, que incorporaba el arbitraje de consumo colectivo
y el arbitraje de consumo electrónico, del cual también nos ha hablado en una trasposición europea? En
cuanto a la seguridad de bienes y servicios y la red de alerta, ¿qué va a modificar para mejorar la eficacia y agilizar el intercambio de información entre las comunidades autónomas? Para terminar, ¿piensan mantener la Comisión
Interministerial de Consumo? Y si no la piensan mantener, ¿qué tienen previsto instaurar para salvaguardar los derechos de los usuarios en las políticas sectoriales del Gobierno? Me explico. ¿Van a plantar cara desde Consumo al Ministerio de
Economía para exigir alguna solución a la insolvencia familiar o a las participaciones preferentes, como le comentaba hace un momento? ¿Qué soluciones tienen previstas para Fórum y Afinsa? Como siempre criticaban las iniciativas del anterior
Gobierno, díganos si van a cumplir lo que prometieron a los afectados cuando ustedes estaban en la oposición. Me encantaría que hiciera esa aclaración. ¿Van a oponerse al Ministerio de Fomento para que no fijen peajes en las autopistas pagadas con
los impuestos de todos los españoles o con fondos europeos y que por el momento son de uso libre y las usan todos los días los trabajadores? ¿Van a sujetar al ministro Soria para que no continúe con las subidas de tarifa? ¿Van a luchar por
mantener la tarifa de último recurso? ¿Qué va a ocurrir con el bono social? ¿Y con el Observatorio de precios del comercio minorista?
En definitiva, señora secretaria general, si su prioridad y la de la ministra es la de fortalecer la posición de los consumidores en el mercado garantizándoles que puedan no solo conocer sus derechos sino ejercerlos y mantienen la
interlocución con el Consejo de Consumidores y Usuarios y las asociaciones de consumidores de forma franca y transparente, nos tendrán a su lado, por cierto como nunca conocimos durante la oposición que practicó su partido. Tendrán al Grupo
Parlamentario Socialista, en una leal oposición constructiva, como siempre hemos demostrado, en un compromiso con los consumidores de nuestro país que desde luego nace desde nuestras más profundas convicciones.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene en primer lugar la palabra doña Concepció Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora secretaria general, nuestro grupo le agradece su comparecencia y su intervención, pero la hemos escuchado con preocupación porque, una vez ya pasado el trámite del real decreto y su debate, nos hubiera
gustado que nos explicara qué va a pasar ahora después del mismo, cómo van a hacer los reglamentos y cómo van a llevar a cabo todas estas medidas. Está claro que el resto de los grupos parlamentarios no estamos de acuerdo con las medidas que se
contemplan en este real decreto -nosotros ya lo manifestamos en el Pleno-. Además, para nosotros es motivo de mucha preocupación el desarrollo de algunas de las normas que contiene este real decreto. Esta comparecencia, que ya digo que le
agradezco, ha sido una repetición de las intervenciones de la señora ministra la pasada semana en el Pleno y con motivo de la interpelación de la semana anterior que le hizo Izquierda Unida. Le habríamos agradecido mucho que esta comparecencia
hubiera tenido lugar antes del trámite del real decreto. Muchas de las dudas que teníamos y que continuamos teniendo las habríamos podido aclarar, clarificar y, a lo mejor, no habría habido necesidad de tanta corrección de errores, porque lo
habríamos entendido todo mejor, pero ya está hecho y lo que nos preocupa es cómo se va a llevar a cabo el desarrollo reglamentario.
Usted ha vuelto a repetirnos -insisto- todo lo que se expone en el real decreto en cuanto a muchas de las políticas de su departamento y nos ha explicado todo lo que quiere hacer. Le repito que nos preocupa mucho el real decreto, con cuyo
preámbulo no estamos de acuerdo, porque si lo mantienen y esa va a ser su política, es una invasión total de competencias de las comunidades autónomas. Además, según el real decreto, todos los males de la sanidad, todo el déficit de la sanidad es
imputable a las comunidades autónomas. El punto de partida de las comunidades autónomas en cuanto a la eficiencia dice que es muy desigual. Aquí no tienen en cuenta más que el déficit, y no es solo eso lo que se puede imputar, el déficit en el
gasto. También hay mucho que imputar en relación con los ingresos. Usted sabe que los ingresos no están bien distribuidos y no llegan como tendrían que llegar a algunas comunidades autónomas. El Parlamento catalán lo ha llevado al Consejo de
Garantías, precisamente por el tema de las competencias, y esperamos que de un momento a otro nos den su opinión y, si así se considera, se recurrirá por invasión de competencias.
Me han preocupado también algunas de sus manifestaciones. Usted hablaba de que en su departamento se tiene que mejorar la relación entre asistencia primaria y hospitalaria. Estoy totalmente de acuerdo, es algo positivo y bueno, pero no se
tiene que decir desde el ministerio cómo se ha de hacer, sino que son las comunidades autónomas quienes llevan la gestión y quienes tienen que arreglarlo y decir cómo pueden hacerlo. No todas son exactamente iguales, no todas tienen exactamente las
mismas necesidades. Efectivamente, todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad, pero discrepo con usted en cuanto a la forma de llevarlo a cabo, porque las necesidades no son iguales en todos los sitios. Es más lógico que se vea desde el
sitio más cercano al ciudadano cuáles son las mejores actuaciones, las más eficaces, las que pueden dar mejor resultado y las que incluso pueden hacerse mejor, desde la proximidad, estando cerca, desde la misma comunidad autónoma, y no desde el
ministerio, dado que se tienen competencias en esa materia. Respecto a recursos humanos, también hay una invasión respecto a algunas capacidades organizativas de las comunidades autónomas, y en Cataluña valoramos mucho lo que se tiene y se debe
hacer en recursos humanos.
Tendría que volver a repetir parte del discurso que hicimos respecto a otros aspectos del decreto y, aunque
no quisiera reiterarme, es obligado hacerlo. Usted nos decía que con este real decreto el sistema será más justo y que se van a reducir desigualdades. Opino todo lo contrario. Con este decreto -ya lo dije-, si bien con la intención
-entiendo que sea esa la intención- de que se quiere arreglar una injusticia y de que quien no tenga nada no pague nada -está muy bien, faltaría más-, se producen otras muchas desigualdades. Usted habla de niveles de renta y lo que hay aquí son dos
niveles de renta, que son demasiado amplios. Se lo dije y se lo tengo que volver a repetir. No es lo mismo una persona con un nivel de renta de 18.000 euros brutos al año que otra con uno de 99.999 euros. Las ponen en el mismo paquete, tienen que
dar exactamente la misma aportación. Es un mismo tramo, desde 18.000 a 100.000, que tiene que pagar el 50% de la aportación farmacéutica. Dentro de este tramo hay muchas diferencias. Me hubiera gustado que me explicara -si lo van a hacer despues,
me parecerá muy bien- qué van a hacer con las familias, por ejemplo, que tienen personas con enfermedades crónicas en su seno, personas con discapacidad, qué tramo se les va a imponer, qué excepciones, qué topes en el tema del transporte sanitario
no urgente, si es que los van a poner, cómo van a ser. El real decreto lo que nos dice es que van a ser similares a la prestación farmacéutica, y la prestación farmacéutica es esto lo que dice: menos de 18.000; de 18.000 a 100.000 y más de
100.000. Ese tramo es tan amplio y tan desigual que produce mucha desigualdad social y mucha injusticia en el seno de muchas familias. Nos gustaría saber cómo piensan hacerlo, cómo piensan organizarlo y, como dice que van a reducir las
desigualdades, cómo piensan reducir también esta, cómo lo pueden hacer respecto a estas familias que tienen en su seno personas que padecen enfermedades raras, discapacidades o enfermedades crónicas, para las que la vida es muchísimo más cara que
para el resto de los ciudadanos. También me gustaría conocer, en los otros copagos que añaden, qué franjas se les van a aplicar. Si solo es por el nivel de renta, la injusticia también aquí ya no es justa para estas familias.
Hay más cosas que usted ha comentado y que me sugieren preguntas. En el transporte no urgente, ¿va a haber topes, cómo lo van a hacer? Respecto a los tratamientos dieteticoterápicos, dice que cada comunidad autónoma ahora lo hace de una
manera diferente y que ustedes lo van a unificar. Primero me gustaría saber cómo lo van a hacer, pero después tampoco estoy de acuerdo, porque yo creo que las comunidades autónomas son las que conocen mejor sus necesidades y cómo atenderlas.
Ocurre lo mismo respecto a la prestación ortoprotésica, porque por ejemplo hay comunidades autónomas a las que no se ha referido, donde no se paga nada -Euskadi es un ejemplo-. Me parece muy bien. Si nos vamos a igualar a ellas, perfecto; pero no
va a ser así, hay que hacer copago. ¿Cómo van a hacer copago? Si una comunidad autónoma puede poner su parte, ¿por qué no la puede poner y ayudar a sus ciudadanos, digo yo? Ojalá pudieran todas. Pero si hay que poner copago ¿cómo se va a
distribuir, cómo va a afectar a las personas que tienen auténtica necesidad y para las cuales ya es duro y difícil tener que utilizar y cambiar algunas de las prestaciones ortoprotésicas? Este copago existe en algunas comunidades autónomas. En
Cataluña hay un pequeño copago en estas prestaciones ortoprotésicas; en otras comunidades son las diputaciones forales las que luego ayudan. Si alguien puede ayudar, me parece fantástico. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a actuar sobre el mismo
catálogo de prestaciones que hay hoy en día, que sabemos que es inservible? No me parece bien. En la Comisión de Discapacidad quedó este tema sobre la mesa y en la próxima Comisión en que haya proposiciones no de ley se verá otra vez la
actualización precisamente de todo el catálogo de las prestaciones ortoprotésicas, para que se eliminen las que sabemos que son inútiles y que hoy en día son las que entran y que se añadan en el copago las que en realidad utilizan las personas que
las necesitan. Nosotros decíamos además que eso se hiciera contando con la industria, contando con quien fabrica y vende estos productos para incorporar los nuevos adelantos, las novedades, y que sean accesibles a las personas que lo necesiten. Ya
sabe que a la persona que necesita una silla de ruedas eléctrica no se le puede dar una silla que pese una barbaridad, sino que hay que facilitarle ese otro tipo de silla. ¿Que hay que cambiarla quizá menos a menudo? Todo esto se puede hablar y
los mismos pacientes lo están pidiendo y se les tiene que escuchar. Le pido que todo esto, que me gustaría saber cómo lo van a hacer, sobre todo lo hagan con la ayuda de las personas implicadas, también del sector industrial que fabrica los
productos, para que incorpore las máximas novedades, lógicamente al precio más asequible posible y que ese copago sea con una escala mínima para las personas que realmente lo necesitan.
En cuanto al transporte sanitario no urgente, le digo lo mismo, porque se ha de tener en cuenta no solamente a los pacientes crónicos sino también a las personas que necesitan rehabilitaciones obligadas y que las tienen programadas ciertos
días. Además, no hay las mismas facilidades para el transporte sanitario en unos sitios que en otros. No es lo mismo para quienes viven en zonas rurales y alejadas, en zonas de más difícil acceso, que para los que viven en una zona urbana, grande,
que pueden tener el transporte muchísimo más cerca y que incluso tienen sus redes de transporte organizadas. Todo eso hay que mirarlo muy bien, sobre todo si, como ustedes dicen -y les creo-, no quieren producir desigualdades; pero, tal y como
está escrito, nos sugiere muchos problemas y mucha preocupación.
En nuestra solicitud de comparecencia le preguntábamos, aparte de que explica la política sanitaria -que lo ha hecho, pero creo que este real decreto lo ha distorsionado todo mucho, sobre todo al haberlo hecho en solitario y no haberlo
tramitado como proyecto de ley para que todos hubiéramos colaborado para mejorarlo-, qué piensan desde su departamento sobre la política
farmacéutica. La respuesta también está en parte en el decreto. Hemos visto que respecto a las oficinas de farmacia se ha corregido el error, de lo cual nos alegramos. No nos parecían bien los márgenes que figuraban en ese real decreto y
que se aplicaban a algunas oficinas de farmacia. Hemos visto cómo en el Real Decreto de medidas urgentes de liberalización del comercio que se publicó el sábado se hace esta corrección mediante una disposición final. Nos alegramos de esto, pero
nos gustaría que se modificaran muchas cosas más.
Si este real decreto lo hubieran tramitado como proyecto de ley o por lo menos hablando con los grupos de la oposición o con nuestro grupo, hubiéramos podido cambiarlo entre todos. Usted sabe que nuestro grupo se ha ofrecido antes, durante,
hasta el último momento y continuamos ofreciéndonos para hablar, para dialogar, para llegar a consensos, a pactos para mejorar todo lo que tenga que ver con la política sanitaria y también farmacéutica. Nos gustaría que las correcciones no se
hicieran a base de real decreto con otro real decreto y con otro real decreto, y así lo vamos cambiando. Se ha de hacer con diálogo, trayéndolo a esta Cámara, hablándolo, pactándolo, o discrepando si no se llega a acuerdo, pero queremos que haya
posibilidad de discutirlo. A pesar de todo, sabe que nosotros queremos el diálogo y que estamos dispuestos a continuar hablando y mantenemos nuestra colaboración respecto al pacto sociosanitario, del que nos gustaría hablar, sobre todo sobre la
invasión de competencias que podría suponer y que no nos gustaría tener que corregir.
Señor presidente, como mi compañera de grupo va a hablar unos minutos sobre consumo, le agradezco que nos deje compartir el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Lourdes Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Señora secretaria, desde el Grupo de Convergència i Unió podemos compartir lo que nos ha referido sobre la reunificación del Instituto Nacional de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Entendemos, cosa que no ha dicho, que va a reformar la propia ley de creación de la misma para que eso sea correctamente desarrollado. Si bien podemos compartir, sobre la base de criterios de racionalización del gasto y de optimización de recursos,
esta reunificación o unificación de ambas organizaciones, entendemos que no puede hacerse en detrimento de una sobre otra. Tal y como están ahora mismo las circunstancias económicas, es vital que el consumo se regule, que se dé seguridad a los
actos de consumo y a los consumidores, por tanto que se dé protección a estos consumidores, porque ello favorece la contratación, la competitividad de las empresas y ayuda al final al incremento de la actividad económica. Además, es en tiempos de
crisis cuando los consumidores estamos más expuestos a abusos y cuando las empresas a su vez pueden ser víctimas también de excesos por parte de otras que no cumplan con sus obligaciones legales de una forma tan escrupulosa como lo podrían hacer las
primeras. Por tanto, abocaríamos a las empresas a ser poco competitivas, en perjuicio al final del consumo en el Estado. Hay que sacar adelante estas políticas de consumo y adoptar medidas, tal y como anunció la ministra en su comparecencia en el
Senado, de estrategias de consumo. No nos ha explicado cuáles serían estas estrategias de consumo que hagan un mercado confiable y que contribuyan a minorar la desigualdad que puede existir muchas veces entre el propio consumidor y empresas grandes
de servicios que proporcionan servicios básicos a los consumidores y que muchas veces, demasiadas, están actuando con preponderancia frente al consumidor más débil. Tampoco se ha referido usted, señora secretaria, a las nuevas pautas de consumo
como por ejemplo el consumo on line, la compra de servicios on line de forma cotidiana, ni a qué políticas comerciales vamos a desarrollar para garantizar y prevenir precisamente conductas ilícitas que perjudican intereses económicos.
Se ha dicho -y nos sumamos a la reclamación- que hay que dar una respuesta a los consumidores y usuarios de productos bancarios. Precisamente, la ministra, en un tema que nos suscitó una serie de dudas o al menos de alarmas, se comprometió
en el Senado a que el Gobierno revisaría los procesos de contratación para que existiese una obligación clara por parte de las entidades de facilitar toda la información necesaria. Esto lo tenemos, señora secretaria. Es la Mifid. ¿No estamos
cumpliendo con esta exigencia europea? Deberemos necesariamente revisar el cumplimiento de esta estrategia europea, de esta directiva de la Mifid para dar seguridad a los consumidores y a su vez dar respuesta a los que han sufrido el perjuicio de
estos productos bancarios y que ahora mismo, muchos de ellos, pequeños ahorradores, ven cómo los ahorros de toda una vida están bloqueados y no se les da salida cuando sí se da salida a las grandes entidades financieras. Deberíamos ser un poco
coherentes y cuidadosos con este sector de la población, que es el mayoritario.
Finalmente, para terminar, señor presidente, haré una pregunta que formuló este grupo parlamentario en el mes de marzo a la que no ha obtenido respuesta, que trata sobre la opinión que le merece al Gobierno la situación en que se encuentran
los consumidores españoles frente a nuestros conciudadanos europeos como consecuencia de la decisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de retrasar la rebaja de las tarifas mayoristas de móviles. Ello repercute directamente en los
consumidores españoles y nos hace menos competitivos en una época en que las transmisiones y el servicio de telecomunicaciones es casi un servicio básico para desarrollar nuestros proyectos y nuestra actividad comercial.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Vasco y, en su nombre, don Emilio Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora secretaria general, estoy muy agradecido por lo ilustrativo de su aportación, aunque si bien para ser honesto absolutamente diré que carente de la frescura de la primera. Ha venido a glosar lo que ya la
ministra en su primera intervención relacionaba con la configuración de la política de su ministerio que tenía pensado ejecutar, y luego ha realizado una reflexión ex post -apologética- de un real decreto-ley que ya está convalidado por esta Cámara.
Se pierde frescura y se pierde capacidad de sorprender, aunque siempre desde la perspectiva de este tipo de comparecencia se puede encontrar, si uno escucha bien, alguna sorpresa o reflexión de carácter más llamativo que otra.
Señora secretaria general, la primera sorpresa es la referencia a la deuda sanitaria que ustedes han descubierto cuando tomaron posesión de su ministerio: 16.000 mil millones de euros, exactamente la misma deuda que parece que afecta a
Bankia, también 16.000 millones de euros, coincide también con el déficit fiscal de la comunidad catalana con la Administración española. No sé si es el mismo contable el que realiza las evaluaciones o quien mensura, pero es que la cifra de 16.000
millones de euros se está convirtiendo en una suerte de cifra totémica. Todo el mundo parece deber 16.000 millones de euros. En todo caso sí me gustaría escuchar alguna reflexión, señora Farjas, en relación a por qué han descubierto este déficit y
en qué aspectos más relevantes, cuando ustedes han evaluado las cuentas que recibieron, la llamada herencia, no sé si eufemísticamente o no, porque ya hay una especie de reflexión dialéctica en todos los debates en esta legislatura. Ustedes hablan
de herencia, que es mala evidentemente -lo reconozco que es mala- y otros hablan de ideología desde otra perspectiva. No sé si estamos con una deuda de estas características hablando de herencia, me imagino que no de ideología, pero cuáles son los
elementos que les han llevado a la conclusión de que el sistema sanitario que ustedes tienen que gestionar debe exactamente 16.000 millones de euros, igual que la entidad financiera Bankia e igual que el déficit de Cataluña con el Estado. No sé si
todo el mundo al final se va a ver afectado por una cifra que está adquiriendo ya el carácter de paradigmática o totémica.
Dicho esto, señora Farjas, para empezar con el aspecto más breve de mi intervención, las reflexiones en las que podemos estar de acuerdo usted y yo -las reflexiones críticas van a ocupar un poco más de espacio, siento comentárselo- usted
tienen razón cuando ha hecho una crítica a los que les han precedido en el gobierno del Estado en relación a la falta de diligencia en la trasposición de ciertas directivas. Usted está hablando, entre otras, de la Directiva de 2004 y su artículo 7,
que paradójicamente el Partido Socialista sí debería realizar una explicación pública en relación a esta cuestión de por qué se traspuso la directiva, pero no este precepto, que era el que podía haber resuelto parte de la patología denominada
turismo sanitario que ha existido con un volumen de carga muy relevante a los presupuestos del Estado. Le doy la razón y me gustaría saber por qué han sido tan poco diligentes Gobiernos anteriores -estamos hablando de 2004- en la trasposición de
esta directiva que hubiese evitado muchos de los problemas que ustedes pretenden corregir, a través de la aprobación de este real decreto-ley que fue convalidado hace dos semanas. Esa es de las pocas cosas o reflexiones positivas que mi grupo
comparte en relación a la fundamentación que ha hecho, de nuevo ex post, de las bondades que usted atribuye al real decreto-ley. Una primera, que la señora Tarruella ha comentado, es de naturaleza competencial. Más que el primer capítulo o el
primer artículo el preámbulo de este pacto de Estado tiene que ser la determinación de los títulos competenciales que corresponden al Estado y a las comunidades autónomas, porque si no nos vamos a ver en una situación de conflictividad y, por qué no
decirlo, de litigiosidad sistemática, señora Farjas. Se lo adelanto ya. Es previsible que el Consell de Garantías Estatutarias -perdón por la mala utilización de la lengua catalana, porque no la práctico siquiera en la intimidad- no vaya a validar
un real decreto-ley de estas características. Me honro en conocer personalmente a los ilustres letrados que forman parte de esta institución, institución que no puede más que ver lo obvio: que este real decreto-ley es intensamente invasivo de
competencias autonómicas, hasta el punto de que en la reflexión en el momento de la convalidación -usted estaba en la tribuna de invitados-, en Pleno, recordará que hice una referencia a la sentencia donde se declaró inconstitucional nada menos que
la LOAPA, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1983. Le repito el argumento troncal de la LOAPA, señora Farjas, porque me parece muy relevante. Ustedes han vuelto a una fase anterior a la LOAPA, antes de su declaración de norma
inconstitucional de armonización del Estado. La LOAPA estableció y fundamentó la inconstitucionalidad de la ley con el siguiente argumento troncal. Las Cortes Generales del Estado no pueden ubicarse en la misma posición que el legislador
constituyente expropiando o expoliando a los poderes constituidos, si los poderes constituidos son las comunidades autónomas, a través de una desmesura del ejercicio, de la facultad de regular principios básicos o elementos de armonización, anulando
las competencias normativas que el propio bloque de constitucional atribuye a las comunidades autónomas. (La señora secretaria general de Sanidad y Consumo, Farjas Abadía, hace gestos negativos). Usted dice que no es así. Sí es así, porque la
Constitución le atribuye al Estado, no a ustedes, no se puede patrimonializar al Estado español, competencias en materia de sanidad exterior y en materia de articulación de los principios básicos y de la coordinación en general de la sanidad. Pero
las competencias de las comunidades autónomas son competencias en materia de sanidad interior de carácter exclusivo. En algunos preceptos estatutarios de algunos estatutos de autonomía se enfatiza más la exclusividad, como ocurre con el
artículo 48 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que usted conoce perfectamente, porque hemos tenido la oportunidad, usted y yo, de discutir sobre cuál es la habilitación competencial del Estado y de las comunidades autónomas.
GUIA
Cuando se regula una cartera que tiene tres dimensiones de servicios en el ámbito sanitario, un servicio común, un servicio accesorio, y un servicio complementario, mediante una regulación absolutamente prolija del catálogo de prestaciones
que se ubican en las tres dimensiones de la cartera de servicios, no dejando ningún resquicio regulatorio a las comunidades autónomas que ostentan competencia exclusiva, usted está diciendo lo que la sentencia que declaró inconstitucional la LOAPA
está reproduciendo, que provocó su inconstitucionalidad o le sirvió al Tribunal Constitucional para fundamentar la inconstitucionalidad. Está repitiendo lo mismo, mediante una exacerbación y desmesura de la regulación básica para la que ustedes sí
que están habilitados. (La señora secretaria general de Sanidad y Consumo, Farjas Abadía, hace gestos negativos). Me dice que no. Esto terminará en el Tribunal Constitucional. Igual me va a tener que decir que sí al final, cosa que le
agradeceré, porque esto tiene un componente también valorativo, tiene un componente especulativo, y el derecho no es una ciencia tan exacta como la medicina, aunque como bien sabe el presidente, cuando nosotros ya compilábamos, ustedes eran
alquimistas todavía. Pero al margen de esto, no hemos llegado a un nivel de maduración como para que el derecho sea una ciencia donde se pueden hacer afirmaciones particularmente taxativas y enfáticas. Pero tengo la absoluta convicción de que este
real decreto-ley va a ser declarado inconstitucional por sus vulneraciones competenciales que también hacen referencia a la prestación farmacéutica. ¿Por qué a la prestación? Aquí hay un problema donde el legislador constituyente no estuvo
particularmente fino. Atribuye la competencia exclusiva en materia de ordenación farmacéutica al Estado y a las comunidades autónomas a la vez. Esto es digno de mejor causa. No sé cuál de los padres de la Constitución se encargó de tutelar la
redacción de este precepto, pero lo que no puede ser una competencia exclusiva de las comunidades la ordenación farmacéutica es otro el título competencial del Estado. Usted lo sabe perfectamente. Es la legislación relativa a los productos
farmacéuticos. Lo que pasa es que siendo otro no sé hasta qué punto hay que recurrir a la hermenéutica fina o la metafísica para saber dónde acaba la habilitación del Estado en relación con la elaboración de productos farmacéuticos y dónde empieza
el ámbito competencial exclusivo también de las comunidades autónomas de ordenación farmacéutica. Ya sé que ordenación es la ubicación de las oficinas de farmacia. Pero qué es legislación sobre productos farmacéuticos, cuando además las
comunidades autónomas también han legislado sobre productos farmacéuticos, y ustedes en este real decreto-ley están regulando sobre ordenación de las oficinas de farmacia. (La señora secretaria general de Sanidad y Consumo, Farjas Abadía, hace
gestos negativos). Sí lo están haciendo por la prolijidad de la regulación en el ámbito de lo que poco, no mucho, se regula. Eso desde una perspectiva competencial.
Desde una perspectiva prestacional, la incorporación del copago hace que por lo menos sean dudosas las enfáticas afirmaciones que usted ha hecho sobre los principios ontológicos, que parecen en opinión de su Gobierno caracterizar el sistema:
gratuidad, universalidad y carácter público. En lo del carácter público no sé si puedo compartir las prevenciones, no carentes de fundamento, del Grupo Parlamentario Socialista invocando que aquí hay un intento subrepticio, sutil, de privatización
de determinada cartera o parte de la sanidad. No estoy en condiciones, ni tengo ningún elemento, sobre todo cuando usted tan enfáticamente me lo niega, de que esa sea la pretensión de su Gobierno. Aunque podría haber motivos para pensar que esto
pudiera ser un efecto indeseado o un daño colateral de un real decreto-ley mal concebido y mal construido en su contenido normativo. Podría ser. No es imposible. Desde esa perspectiva, en materia de productos farmacéuticos es que la prolijidad de
la regulación incurre en lo que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1.963 sobre la LOAPA comentaba como anulación de cualquier capacidad regulatoria de las comunidades autónomas que poseen competencias. Es que es muy prolija, es que lo
regulan absolutamente todo. No queda ningún resquicio de regulación.
La señora Tarruella también se ha referido a ello. Existen competencias exclusivas en las comunidades autónomas sobre profesiones colegiadas. Esta es una de las pocas competencias exclusivas puras de la comunidad autónoma del País Vasco.
No recuerdo cómo está el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña reciente, pero también debe ser una competencia exclusiva sobre profesiones colegiadas. Es que la regulación que en materia de profesiones colegiadas hacen es tan absolutamente
abrumadora, tan absolutamente reglamentista -porque aquí incorpora no solo el precepto jurídico formal de ley, sino hasta los reglamentos-, que podría evitar realizar reglamentos. Podemos recurrir a la reflexión de Romanones: ¿para qué los
reglamentos si los reglamentos están incorporados al texto del real decreto-ley? Estamos otra vez en un problema de eventual inconstitucionalidad. Permítame que sea muy crítico desde la perspectiva competencial y también desde la prestacional.
He estado con mi buen amigo Manolo Cervera discutiendo sobre lo que usted ha dicho de la atención a los extranjeros que no se va a modificar. Si no se va a modificar algo, no hace falta una norma que regule una materia que va a continuar
aplicándose de la misma manera que se aplicaba de forma pre vigente a la norma nueva. Además él sabe que no es verdad. Porque desde la Ley de Extranjería, por cierto la primera, la que ha sido modificada en numerosas ocasiones, pero la troncal es
la de 2001, es la Ley de Extranjería de su Partido, del
Partido Popular, siempre se interpretó desde una perspectiva también hermenéutica que se basaba en el iusnaturalismo, más que en su contenido positivo, sobre todo en lo atinente al ámbito de protección subjetiva, al artículo 75 que ustedes
reforman, concediéndose de facto la misma protección a los extranjeros, incluso a los extranjeros en situación irregular que a los ciudadanos españoles o a los ciudadanos extranjeros en situación regular. Eso ocurría en todas las comunidades
autónomas, en las gobernadas por ustedes, en las gobernadas por CiU, en las gobernadas por el Partido Nacionalista Vasco, cosa que va a ocurrir a corto plazo también, en definitiva en las gobernadas por el Estado, por todas. Esa interpretación
iusnaturalista de la legislación de extranjería es lo que ustedes han modificado mediante la positivización de un ámbito subjetivo limitativo. Usted dice que todo. No. Todo no, las urgencias; el parto y el posparto. Usted ya ha dicho cuál es el
ámbito de protección de un extranjero en situación irregular, con los problemas que ya han sido comentados del colapso de los servicios de urgencia que bastante colapsados están, y otros daños colaterales en relación a enfermedades infecciosas que
se pueden propagar.
Para ir acabando, señor presidente, porque no siendo compareciente seguramente poseo menos tiempo, y además usted practica la flexibilidad que debe en materia del uso del tiempo, que es prácticamente ninguna, cosa que en relación a algunos
portavoces es muy loable esa actitud como presidente, quería decirle que en el ámbito del consumo se le han comentado cosas muy interesantes; mi compañera de Convergència i Unió por ejemplo. Usted ha hablado del consumo de productos alimentarios.
Ha hablado de algunas cosas más, pero aquí el consumo tiene una dimensión mucho más amplia, unicomprensiva. Aquí se consume de todo. Aquí se consumen también billetes de avión para intentar viajar en algunas compañías aéreas, intención utópica no
en pocas ocasiones, y ya un optimista desiderátum si se intenta viajar en el tiempo en que la compañía dice que el avión va a salir y el avión va a llegar. Desde esa perspectiva, ustedes lo van a hacer en el ámbito de productos financieros. Aquí
hay un gran ámbito de actuación por parte de una Administración en donde se ha estafado inmisericordemente a muchos pobres ciudadanos que han perdido todos sus ahorros mediante el consumo o la adquisición de determinados activos de entidades
financieras, mediante procedimientos rayanos en el fraude. Dice que se informaba y que en la letra pequeña de los contratos de suscripción de este tipo de productos financieros constaban los peligros o los riesgos. Pero la letra pequeña, primero,
es muy pequeña. No es para una persona con presbicia. Pero luego es muy compleja técnicamente. No es para una persona lega en derecho poder comprender algunas de las cláusulas que las instituciones bancarias y financieras proveen a los
ciudadanos.
En materia de estafas piramidales, cómo puede progresar un grupo como el de Rumasa, como el del señor Ruiz Mateos sin que la Administración advierta a los ciudadanos de los evidentes peligros de posibilitar que una estructura que funciona en
base a la estafa piramidal pueda consolidarse e incluso pueda anunciarse en la televisión vendiendo determinadas participaciones, desautorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Le pido una actuación, primero, normativa porque está
pendiente de presentar el proyecto de ley de protección de los consumidores, y después una actuación de protección. Habría que incrementar también un elemento, no de regulación de los derechos de los consumidores, sino de protección -con la que
está cayendo- de los derechos de los consumidores.
Quiero repetir una pregunta que le han hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista que tengo interés morboso en conocer. Ustedes crearon expectativas a dos colectivos de personas estafadas por una estafa piramidal muy conocida, la del
Fórum Filatélico y Afinsa. No sé hasta qué punto en este momento ustedes están en condiciones de responder a las expectativas que generaron cuando estaban en la oposición a estos colectivos de personas estafadas. No voy a entrar en el contenido
sustancial de lo que ocurre cuando se adquieren determinados productos financieros cuyo interés es manifiestamente más elevado que el interés de mercado, y si esto merita una actuación reparadora por parte de las administraciones públicas o no.
Este ya es un debate para otra comisión y muy complejo, señor presidente. Y ya acabo con dos preguntas específicas que voy a formular en forma de interrogación. Habla de la prevención de la obesidad. En materia de prevención de la obesidad, qué
van a hacer en materia de esponsorización de comida basura. Cuando veo que hay varios equipos de fútbol, alguno militando en primera división, esponsorizado por una conocida empresa de comida basura, no sé hasta qué punto usted desde las
competencias en materia de consumo que ha asumido está en condiciones de poner algún tipo de limitación, algún tipo de prevención, o algún tipo de prohibición en relación a mecanismos de consumo muy arraigados, sobre todo entre la juventud y entre
la infancia, que incluso desde la medicina preventiva o la protección del derecho a la salud sería importante erradicar de alguna manera. Y luego las enfermedades raras. El real decreto-ley que convalidamos hace dos semanas no termina de regular
cuál es el nivel de participación en la adquisición de medicamentos de las personas que padecen o que tienen familiares que padecen enfermedades. Estuve ayer con una persona que tiene una hija muy pequeña, cuyo nombre de la enfermedad no le podría
reproducir ahora, con muy pocas expectativas de vida, vasculitis o algo parecido, que tiene una propensión a sufrir infartos de miocardio de forma permanente. Son seis personas las que están identificadas con esta enfermedad en la Europa que
conocemos, en la Unión Europea. Hay enfermedades raras o crónicas que no son como el VIH, que tiene una gran incidencia, una gran dimensión en cuanto a necesidades protectoras, sino que son raras de verdad, por su dimensión cuantitativa y
también cualitativa. Hay enfermedades que solo las padecen en Europa seis personas, doce personas otras enfermedades en el Estado español. Estas personas necesitan una atención directa, normativa y adecuada a la complejidad de la
enfermedad, y adecuada también al precio de los medicamentos, que son precios muy elevados, y no se les puede obligar a correr con este gasto.
Esta es la última pregunta y ya con esto acabo mi intervención, señor presidente: el problema de los ciudadanos de las zonas fronterizas de comunidades autónomas limítrofes. Teníamos todos una gran oportunidad, con el Fondo de garantía de
solidaridad que se crea en este real-decreto ley, de solucionar este problema. Usted me comentó que el problema se solucionaba, yo he leído con mucho detenimiento las funciones, finalidades y objetivos de este Fondo de garantía de solidaridad y no
termino de ver que los problemas de asistencia sanitaria a los ciudadanos de zonas fronterizas de comunidades autónomas limítrofes, por poner el ejemplo más llamativo y más conocido públicamente los de La Rioja alavesa, en la sanidad de la Comunidad
de La Rioja, no tengo la impresión -repito- de que se puedan resolver a través de los mecanismos de este Fondo de garantía; ahora, si usted opina lo contrario, señora Farjas, le agradecería que me lo explicara. Con esto, señor presidente, de nuevo
agradeciendo su amabilidad, su flexibilidad, estas son las cuestiones que quería plantear.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno de los grupos parlamentarios tiene la palabra en primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz en sanidad, don Manuel Cervera.
El señor CERVERA TAULET: Secretaria general, bienvenida a la Comisión de Sanidad y muchísimas gracias por su comparecencia que, como bien ha explicado usted en su intervención, se basa fundamentalmente en explicar de forma muy exhaustiva la
estrategia del ministerio y de la Secretaría General de Sanidad y Consumo para los próximos años, una comparecencia en la que ha tratado de explicar esa estrategia, que es una estrategia de sentido común y de conocimiento, porque es una estrategia
donde se ponen los pilares de una vez por todas para poder hacer un sistema sanitario con la misma calidad o incluso mejor calidad, público, universal y gratuito, pero sostenible en el tiempo. En la segunda parte de lo que se refiere a sanidad ha
tratado usted de explicar en líneas generales el real decreto, sus orígenes, y sus planteamientos.
Es un esfuerzo y un trabajo que desde el primer día han hecho todos ustedes en el ministerio, encabezados por la ministra y por usted misma, con una idea fundamental, y que es un asunto urgente: las necesidades que tienen las comunidades
autónomas de presentar unos presupuestos reales; y presupuestos reales significa una columna de ingresos real y una columna de gastos real, y que los ingresos y los gastos coincidan. Por otro lado, esa urgencia les ha llevado a trabajar junto con
las comunidades autónomas en un real decreto, que es un real decreto porque las medidas no podían esperar. Cuando escucho a los grupos de la oposición -a todos-, en algunos de ellos percibo, por un lado, una falta de diagnóstico; he tenido la
oportunidad y la suerte de escucharles durante los últimos cinco meses, y algunos grupos parlamentarios no reconocen la existencia de un problema en la sostenibilidad del sistema sanitario. El problema que hemos intentado explicar durante las
intervenciones, tanto de la ministra como de usted misma como de los parlamentarios de la Comisión de Sanidad, no es un problema nacional, es un problema europeo. Hay un problema de sostenibilidad del sistema sanitario europeo, y los países
europeos están tomando medidas, pero es que en España ese problema de sostenibilidad es mucho más grave, y lo es porque nuestra situación económica es muchísimo más grave que en el resto de países de la Unión Europea, de los que forman el vagón
principal, y claro que hay que tomar medidas mucho más urgentes, porque la columna de ingresos ha disminuido de forma brutal, pero es que además había una previsión de ingresos que también ha disminuido de forma brutal y ha tenido que venir un
Gobierno diferente para hacer alarma de esta situación. Pero hay otros grupos parlamentarios que sí tienen el diagnóstico, y estoy convencido de que sus años de gobiernos les han dado una experiencia enriquecedora y un conocimiento exhaustivo de la
sanidad española, tienen un diagnóstico, y además es normal que tengan ese diagnóstico porque en él coinciden todos los agentes externos que trabajan día a día sobre la sanidad española, y ese diagnóstico es normal que lo tengan porque exministros
de su partido, exministros sanitarios y exministros no sanitarios, en foros independientes ahora no paran de repetir que el sistema sanitario español está en grave riesgo porque su sostenibilidad está en grave riesgo. Por lo tanto, tienen el
diagnóstico, pero, ¿qué pasa? Que los tratamientos que aplican o intentan aplicar no han surtido el efecto deseado.
El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular, a diferencia de otros grupos y de otros Gobiernos, sí entendemos que hicieron la mejor labor posible y no la ponemos en duda ni en cuestión -luego hablaré de un tema que creo
que es grave-, pero creo que el tratamiento que aplicaron no fue el correcto o no fue suficiente, porque después de tantos años hay un problema gravísimo de sostenibilidad del sistema sanitario que está cifrado en 16.000 millones de euros, que serán
2.000 más o 2.000 menos, pero por una cifra de 16.000 millones de euros, y ese problema hay que solventarlo. Yo tuve la oportunidad -como muchos españoles- de escuchar los debates televisados previos a las elecciones generales, y pude comprobar
cómo el candidato del Partido Socialista para solucionar el tema de este gravísimo déficit sanitario, de sostenibilidad del sistema sanitario, hablaba de aumentar los impuestos sobre el tabaco y el alcohol como panacea, cuando ni cubrían la décima
parte del problema, ni la vigésima
parte del problema, cuando -y está comprobado incluso por sociedades científicas- con esa medida para intentar salvar el sistema sanitario a veces los resultados son mucho menores, porque disminuye el consumo y disminuye la recaudación.
Sus explicaciones y su programa se basaban en esto y luego en la crítica fácil, que la dejaba para el final, pero creo que la voy a comentar, que es poner en cuestión, entre comillas, el buen hacer, la ética o la profesionalidad de la gente
que en estos momentos dirige el ministerio como diciendo que aquí lo que intentamos es acotar la sanidad pública para hacer negocio, para ayudar a los amigos a hacer negocio en la sanidad privada. De verdad, no es que sea cansino, que por supuesto
ese mensaje es cansino, sino que además es dañino e insidioso. Estamos cansados de escuchar ese eslogan que nos produce vergüenza ajena, lo digo de verdad. Hemos tenido que sufrir en algunas comunidades autónomas -quienes hemos tenido que
gestionar- que el abrir el abanico de la gestión sanitaria pública española a colaboradores privados esté visto desde el punto de vista incluso ético como sospechoso, cuando esa colaboración público-privada se hace en toda Europa, en todos los
países desarrollados, es que en ningún país desarrollado se entiende la sanidad sostenible sin la colaboración público-privada. Pero, dando un paso más hoy hemos escuchado que este real decreto tiene la intención de buscar enriquecer a las
aseguradoras privadas, de verdad se lo digo. Decía mi abuelo que no se dice buscar tres pies al gato, sino buscar cinco pies al gato porque el gato tiene cuatro, ustedes no buscan cinco, buscan mil pies al gato. Aquí el único sentido que tiene
este real decreto es escuchar a las comunidades autónomas, tomar medidas que plantearon y, como ha dicho la secretaria general, otras medidas que plantearon no se han tomado, y ponerlas en marcha y de forma rápida, eficaz y eficiente para que las
comunidades autónomas equilibren la cuenta de resultados. Y, como he dicho, y creo que el mensaje positivo de la comparecencia de la secretaria general fundamentalmente está en la primera parte de las estrategias; creo que es un guante que se
traslada a la oposición, porque esas estrategias coinciden plenamente, estoy convencido -yo les he escuchado a ustedes cuando gobernaban-, con todos los mandamientos que ha expuesto la secretaria general; así son las estrategias del ministerio:
coinciden en la integración primaria y especializada, en la coordinación para evitar duplicidades, en el calendario único vacunal, en la electrónica en la sanidad, que es fundamental para agilizar no solo el diagnóstico del tratamiento, sino también
para prevenir errores y mejorar los niveles de salud; actuación en profesionales, que no haya una descoordinación en la política de profesionales en cada comunidad autónoma. Si coincidimos en esto, trabajemos en la coincidencia, que coincidimos
plenamente.
He oído a algún grupo parlamentario decir: ¡No, es que esto lo hemos oído tantas veces! Desgraciadamente tenemos que volver a oírlo porque muchas de las cosas que intentaron llevar a cabo no las consiguieron hacer o completar. Pero eso no
es malo ni bueno, a veces las circunstancias no son las que uno desea, pero el Gobierno tiene la obligación, con gente absolutamente experimentada en gestión sanitaria, de ponerlas en marcha y trabajar conjuntamente. Ojalá que dentro de cuatro años
la secretaría general -que Dios le guarde mucha vida y salud-, o la siguiente diga: Oiga, ya no vamos a hablar de eHealth porque la hemos puesto en marcha. ¿No le parece, secretaria general? Efectivamente, ojalá sea así, pero mientras no esté
puesta en marcha habrá que seguir trabajándola, pero sin ningún afán más que el de ponerla en marcha, no de crítica a la anterior etapa.
Sobre el real decreto creo que ha quedado bastante claro, pero vamos a repetirlo tantas veces como ustedes, con la mejor o no mejor intención, lo pongan en duda. No hay un cambio de modelo, el modelo es el mismo, todos los españoles tienen
garantizado su derecho a la salud y una tarjeta sanitaria que les garantiza el derecho a la salud; todos los españoles. ¿Hay alguna duda? Repito, todos los españoles. Lo que hay que poner es un poco de orden y sí me gustaría decirles que el
negar las evidencias no sirve de nada. Es decir, había turismo sanitario; repito, había turismo sanitario. Les invito a ustedes a ir a Moraira, a Denia, a Gandía o a Benidorm un día sin avisar y a pedir a cualquier facultativo que les enseñe su
hoja de visitas para ese día. Yo he tenido la oportunidad de comprobar en días no preparados que de 50 pacientes 47 son extranjeros, y muchos de ellos viviendo temporalmente en la Comunidad Valenciana y temporalmente en su país de origen. ¡Si es
que hay un informe del Tribunal de Cuentas, un tribunal independiente, que lo pone! Nosotros solo decimos que vamos a intentar mejorar la gestión. Además no es solamente la gestión del día a día de las comunidades; yo no digo que algunas
comunidades autónomas no tengan sistemas de información muy avanzados que se han convertido en referencia a la hora de poner la historia clínica como modelo, pero si no se trasponen directivas, no se pueden poner en marcha. La cartera de servicios
no era única. He oído aquí hoy que la cartera de servicios era única y no lo es. Ahora vamos a tratar de que haya una cartera única para todos los españoles, pero antes no lo era. ¿La intención era que fuera única? Sí, pero no lo era. Hay
vacunas que se ponen en una comunidad autónoma que no se ponen en la comunidad de al lado; hay niños que viven a 5 kilómetros de distancia que están protegidos ante diferentes enfermedades de forma diferente; hay comunidades autónomas que han
tenido refriegas políticas y administrativas por no querer tratar a un paciente de una comunidad en otra. Estos son hechos constatables. Si los queremos guardar en el cajón, guardémoslos en el cajón, pero alguien tendrá que tomar la decisión y
solucionar el problema, y este es el ofrecimiento que hace el ministerio.
Hay una cosa muy importante que ha dicho la secretaria general. El desarrollo normativo de la cartera de servicios suplementaria o accesoria y otras variantes que surgen del decreto se harán en comisiones técnicas. Ahí
yo destacaría, y creo que reforzaría muchísimo la capacidad de diálogo que ofrece el ministerio constantemente, las dos palabras que utilizamos: primero comisiones, y fundamentalmente la segunda, técnicas. Cuando hay una comisión técnica,
en la misma manda lo técnico, y lo técnico fundamentalmente va añadido a sentido común. Por lo tanto, se tendrá sensibilidad y se explorará cada circunstancia de las que se producen en nuestro país día a día, lo que permitirá hacer una cartera de
servicios técnica y apoyada por las comunidades autónomas.
Termino ya, porque ahora hablará mi compañera, la diputada Andrea Fabra, sobre consumo. Lo ha dicho también la secretaria general y lo vamos a seguir repitiendo: este es el país más social desde el punto de vista sanitario de Europa, de la
Europa que queremos ser, y ustedes lo saben. Ustedes saben los derechos que tienen los extranjeros en países como Alemania, Bélgica, Francia o Suecia, y en ninguno de ellos -y después del real decreto más aún- tendrán los derechos que tienen en
este país. Agradezco que el tono sea ya diferente al del otro día, porque cuando los tonos son diferentes se puede llegar a sumar de una forma más sencilla. Agradezco que el tono sea diferente en el sentido de que no se acuse a este Gobierno y a
este Ministerio de Sanidad de que vamos a dejar expandir el bacilo de BAAR, que es el bacilo de la tuberculosis, por ahí, en los invernaderos o en las pequeñas poblaciones donde hay mucho inmigrante, porque lo que nosotros queremos es que todo el
mundo expanda la tuberculosis a toda velocidad. Eso no se puede decir ni en broma (El señor Martínez Olmos: Lo siento, es que es verdad), ya que desde el punto de vista sanitario este Gobierno lo dirigen personas responsables, muchas de ellas
expertas en salud pública, pero fundamentalmente personas responsables desde el punto de vista de la ética y de la moral. (Rumores). Por lo tanto, en ningún caso se pueden poner en cuestión ese tipo de cosas.
Quiero agradecer a la secretaria general su comparecencia. Son momentos difíciles, pero no para el sistema sanitario.
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor diputado. Señor Martínez, le ruego silencio, por favor.
Continúe, señor Cervera.
El señor CERVERA TAULET: Simplemente quiero despedirme. Estoy convencido de que en un momento tan complicado para este país y en un momento tan difícil de reformas estructurales poco a poco se va a ir trabajando en la línea de hacer las
cosas con eficiencia e intentando solucionar los problemas. Los que están solucionados porque lo hicieron bien, perfecto y los que no, a trabajar en ello. Desde este Grupo Parlamentario Popular nos brindamos a ayudar al ministerio en lo que haga
falta para que los españoles tengan un mejor nivel de salud.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Andrea Fabra.
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Señorías, secretaria general de Sanidad y Consumo, como portavoz de consumo del Grupo Parlamentario Popular quiero darle también la bienvenida a esta Comisión y agradecerle las explicaciones que nos ha ofrecido en
su intervención y la claridad de las mismas, a pesar de que algunos no quieran escuchar y se esfuerzan mucho más en confundir y alarmar, incluso en tiempos tan difíciles como los que vivimos, en los que no parece que el alarmismo sea la actitud más
recomendable.
Centrándonos en el área de consumo, aunque ya tuvimos ocasión de analizar exhaustivamente el presupuesto que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destina a esta área durante el trámite del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado en esta Cámara, no quiero dejar de insistir en la importancia de que en un contexto de necesario ajuste presupuestario se hayan mantenido los recursos destinados a las políticas de consumo incluso por encima del presupuesto
realmente ejecutado en el ejercicio precedente. Creo que este hecho es revelador de la importancia que el Gobierno otorga a la defensa de los consumidores, como también lo son las líneas de actuación en materia de consumo anunciadas en esta Cámara
tanto por la ministra como por la propia secretaria general. Me refiero a la fusión del Instituto Nacional de Consumo con la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que dará paso a una nueva etapa no solo de mayor eficiencia en la gestión del
gasto público, sino sobre todo de fortalecimiento de la protección de los consumidores y usuarios, así como de los instrumentos de evaluación y comunicación de los riesgos. Con la creación de la AESAN se aunarán esfuerzos y se aprovecharán
sinergias. Y quiero recordar también que esta es una fórmula, como ha recordado la secretaria general en su intervención, recomendada por la Unión Europea. En este sentido a mi grupo sí que le gustaría preguntarle a la secretaria general si puede
informar a la Comisión sobre si el Gobierno tiene una previsión de los plazos en los que podría culminarse la misma.
Agradecemos las explicaciones sobre cómo se está adecuando la Ley de Derechos de Consumidores a la Directiva 2011/83, así como la propuesta de directiva de resolución alternativa de litigios. Asimismo, quiero felicitar por las iniciativas
de creación y de impulso de plataformas europeas para las reclamaciones de los consumidores, así como por la facilitación de las compra-ventas transfronterizas a través del desarrollo de un reglamento común en la Unión Europea.
Señorías, mi grupo valora muy positivamente que entre las primeras iniciativas del ministerio se situara la convocatoria de una reunión de la Conferencia Sectorial de Consumo después de un largo periodo de inactividad, ya que quisiera
recordar en esta Comisión que hacía casi
dos años que no se reunía esa conferencia sectorial. Sin duda se trata de un avance importante que se recupere el diálogo y la coordinación y cohesión entre administraciones a través de una institución creada para tal fin. También creemos
que debe interpretarse como una clara señal de que el Gobierno se propone que las políticas de consumo recuperen la atención y la dedicación que merecen. En el ámbito de la protección de los consumidores esta atención y dedicación se refleja en la
intensa actividad del departamento. En el primer cuatrimestre el Instituto Nacional de Consumo ha publicado 226 alertas sobre productos no alimenticios; ha atendido eficazmente sus responsabilidades de información y atención a los afectados por
las situaciones provocadas tanto por el Costa Concordia como por la suspensión de vuelos de Spanair; se ha aprobado en el Consejo Interterritorial de Sanidad un protocolo para la explantación, seguimiento y sustitución de las prótesis mamarias PIP;
se han dado pasos para hacer accesible el etiquetado de los productos alimenticios a las personas invidentes; se ha ampliado la red de laboratorios colaboradores de la nueva Agencia de consumo y seguridad alimentaria y se ha anunciado la creación
del observatorio de nutrición y de estudio de la obesidad.
Respecto de una cuestión que nos preocupa, estoy segura, a todos los grupos parlamentarios, quisiera recordar a los diputados de esta Comisión que el Grupo Popular, sabedor de que los servicios bancarios son, junto con las telecomunicaciones
y la energía, uno de los sectores donde los usuarios reclaman más atención, solicitó junto con el Grupo de Convergència i Unió la creación en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad de una subcomisión de transparencia en la
comercialización de los productos financieros. Esta crisis financiera que nos azota ha puesto de manifiesto que tanto los organismos supervisores, CNMV, Banco de España, Dirección General de Seguros, como las medidas adoptadas para evitar episodios
que, por desgracia, todos conocemos, no han resuelto la inseguridad jurídica de muchos consumidores. Esta subcomisión, que mañana mismo inicia su trayectoria ordenando los trabajos y comparecencias de quienes los distintos grupos consideren que
deben acudir a la Cámara, tendrá muy en cuenta la voz de las asociaciones que representan a los miles de usuarios y consumidores que se han visto afectados por la falta de información en la contratación de este complejo tipo de productos
financieros. El trabajo de esta subcomisión se dirigirá en defensa de los usuarios, que en muchos casos han visto traicionada esa relación de confianza entre ellos y su entidad bancaria, bien por la falta de cultura financiera de quien contrata,
bien por la falta de información transparente y comprensible ofrecida por la propia entidad. La intención, al menos desde mi grupo, es que comparezcan organismos encargados de la supervisión, entidades financieras y asociaciones de usuarios y
consumidores. A la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Grande, le preguntaría, sin tan preocupada está por estas cosas, qué hicieron cuando estuvieron gobernando. Parece que a ustedes solo les preocupan los afectados por
las participadas o por los desahucios ahora que están en la oposición, pero esto, señora Grande, no es nuevo. Quiero recordar que, según la última memoria del servicio de reclamaciones del Banco de España correspondiente al ejercicio 2010, a lo
largo de este ejercicio se han presentado 47.657 nuevos casos, que consolidan la drástica tendencia de incremento del año 2009, que fue nada más y nada menos que del 93%. También el Defensor del Pueblo en los informes que ha ido presentando
anualmente a estas Cortes Generales insiste en la insuficiencia de las actuaciones y en la falta de neutralidad a favor de las entidades bancarias, y por ello consideramos oportuno y pertinente la creación, apoyada por todos los grupos, de la
mencionada subcomisión.
Por último, señora secretaria general, porque no quiero alargarme tampoco, a mi grupo le interesaría conocer cómo se está avanzando a la hora de regular los requisitos y procedimientos de la venta electrónica, de la venta on line.
Agradezco una vez más su comparecencia, y el compromiso del ministerio con las políticas de consumo, y doy las gracias al señor presidente por permitirnos compartir el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de los grupos parlamentarios y para cerrar el debate y responderles a todas sus inquietudes y preguntas, tiene la palabra la secretaria general de Sanidad y Consumo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Muchísimas gracias por todas las observaciones, apreciaciones e interrogantes, que seguro que solo buscan aportar mayor claridad y respuestas a temas de interés de los
ciudadanos. Me parece además importante resaltar el tono y el contenido de la intervención. Una comparecencia lógicamente tiene que ser coherente con las estrategias planteadas desde el primer momento por la ministra, tanto en sede parlamentaria
como en los distintos consejos interterritoriales; coherente con los acuerdos y los trabajos realizados en colaboración con todos los servicios de salud en el consejo interterritorial; coherente en los proyectos de futuro con las medidas legales
adoptadas en el real decreto-ley. Sabemos que solo han transcurrido cinco meses de una legislatura en la cual tenemos enormes retos; el más importante es blindar nuestro sistema sanitario de la crisis económica, blindar las garantías de cobertura
universal y una asistencia sanitaria gratuita y de calidad, así como establecer un marco homogéneo, equitativo, de igualdad de acceso al resto de prestaciones de todos los ciudadanos españoles. Por tanto, me alegro de que no haya aportado ninguna
sorpresa. No debería ser la forma de gobernar ir de sorpresa en sorpresa, por eso la coherencia y la continuidad en las estrategias de trabajo han quedado hoy en evidencia.
Hay que buscar el rigor y la austeridad. El rigor, partiendo del análisis, de cuál era la situación de nuestro sistema sanitario, porque nadie cuestiona que la deuda se genera donde se están realizando los contratos. El déficit acumulado,
los impagos, esos 16.000 millones, como mínimo, calculado de facturas sin pagar se han ido generando desde 2008 y sería interesante ver cómo desde 2008 progresivamente no se fueron liquidando los impagos del ejercicio económico anterior sino que la
deuda se fue acumulando, hasta llegar a la situación que ahora abordamos. Este Gobierno, de forma responsable, abordó, mediante el sistema de pago a proveedores y mediante los acuerdos de equilibrio económico-financiero y de estabilidad, medidas,
primero para pagar lo que debemos y segundo para evitar que se sigan produciendo acúmulos de déficit y especialmente acúmulos en el ámbito sanitario en el futuro. También rigor en el seguimiento de los criterios de búsqueda de acuerdos, de pactos y
consensos. Todas las medidas contenidas en las estrategias de trabajo y también las plasmadas en el real decreto-ley parten de propuestas, iniciativas, demandas, trabajadas conjuntamente con los responsables sanitarios de las comunidades autónomas.
De hecho, son iniciativas y medidas que se han plasmado en acuerdos del consejo interterritorial, han sido aportadas por la comisión de recursos humanos, han pasado por el consejo consultivo, han sido trabajadas en el foro de profesionales o han
sido analizadas en el foro de diálogo social. Por tanto, las seguiremos abordando, entendiendo además que son políticas de gran calado en la gestión y que, por tanto, deben partir del acuerdo con los gestores, es decir, de un acuerdo de las
comunidades autónomas y el Estado, que nos permita trasladar al Parlamento las iniciativas en un proyecto de ley de servicios básicos.
Ya sabemos dónde nos situamos y ahora, en las estrategias que hemos planteado, buscamos las soluciones y cómo aplicarlas. Hay que buscar soluciones en la política farmacéutica y en la cartera de servicios, con una estrategia de política
farmacéutica bien definida y transparente en cuanto a qué entra, qué sale, cómo se evalúa, con qué sistemática y con un objetivo claro, reducir el peso porcentual de la factura farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud para facilitar la
incorporación de innovaciones terapéuticas. También hay que buscar soluciones dando seguridad jurídica, seguridad legal al sistema de funcionamiento. No hay que confundir; una cosa es la garantía de que una persona va a ser atendida si tiene un
problema y otra distinta es la generación de un derecho actual y futuro, que es lo que se estaba produciendo. La entrega de la tarjeta sanitaria como documento de reconocimiento del derecho estaba estableciendo derechos futuros, incluso
exportables, y me parece especialmente importante el debate en este punto. Porque todo el esfuerzo que se está realizando es precisamente para preservar el modelo de nuestro Sistema Nacional de Salud. Si soy redundante, me disculparán, pero me
parece importante volver a resaltarlo. Los dos criterios fundamentales que definen un Sistema Nacional de Salud son, en primer lugar, la financiación de presupuestos. Si ustedes buscan, no hay ningún elemento en este real decreto que incida en
este aspecto. Desde la Ley de Cohesión y los acuerdos de financiación de las comunidades autónomas, el Sistema Nacional de Salud, los servicios de salud se financian desde los Presupuestos Generales del Estado. Nada ha cambiado. Segundo elemento
importantísimo, el elemento de garantía de universalidad, pero de universalidad a los españoles, no al universo universal, como nos estaba ocurriendo. Era una indefinición legal que permitía que tuviese más derechos una persona de cualquier otra
ciudadanía que acababa de empadronarse que un español. Como no es cuestión de opiniones sino de legalidad y de marco jurídico, me parece importante resaltarlo y estoy encantada de aportárselo. De la misma manera que en la elaboración del real
decreto-ley se cuenta con todas las garantías jurídicas de las asesorías de abogacías del Estado y servicios jurídicos de todos los ministerios implicados, aquí se parte de la evidencia, del conocimiento de cuál es la situación jurídica. Me permito
leerles un informe del año 2006, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -nadie cuestionará ni en el firmante, ni en el año, ni en el Gobierno que haya un componente ideológico del Partido Popular-: el Sistema Nacional de Salud en realidad
sigue siendo en el año 2005 la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, gestionada por los servicios de salud de las comunidades autónomas. La cobertura sanitaria, prácticamente universalizada desde principios de los años ochenta del siglo XX,
sigue vinculada para la mayoría de los ciudadanos a la relación que se adquiere con la Seguridad Social y es el resultado de múltiples decisiones de ampliación de cobertura tomadas en los últimos cuarenta años en el ámbito de la Seguridad Social.
En ningún caso se ha procedido a crear un cuerpo legal coherente con lo establecido en la Ley General de Sanidad que regule plenamente el reconocimiento efectivo del derecho a la protección sanitaria y la autoridad competente en materia de
aseguramiento sanitario, incluyendo el contenido de la póliza pública y las condiciones de acceso a la prestación. Repito: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, año 2006. No es un elemento de connotación ideológica, sino de análisis jurídico.
Creo que también merece la pena referirme en este caso a la página 40 del informe del Tribunal de Cuentas. No es, como afirmó el señor Martínez Olmos en el Pleno, que lo que plantea el Tribunal de Cuentas es que han dejado de cobrar por
incompetencia de los centros sanitarios de las comunidades autónomas. No es esto. No es lo que usted afirma. El Tribunal de Cuentas afirma literalmente: el Gobierno de la nación debe impulsar las medidas legislativas oportunas para que el coste
de la asistencia sanitaria prestada a dicho colectivo, 453.349 personas en este apartado, pueda ser derivado en su caso a sus respectivos países de origen. De esto estamos hablando. No estamos hablando de cómo se presta la asistencia sanitaria,
sino de la garantía del derecho y la
obligación, ahora ya con un marco jurídico seguro, de nuestros servicios de salud de facturar a un tercero obligado al pago, y además de buscar al tercero obligado al pago y de buscar cuál es el marco jurídico de los convenios bilaterales,
de manera que quede garantizado que, si hay un tercero obligado al pago por ser un país europeo, por ser una mutua privada o por estar asegurado por convenios bilaterales, ese pago se realice. Distinta es la garantía que tienen todas las personas
que están en España, en un marco de prestaciones mucho más amplio que cualquiera de los países europeos.
Me permito además aseverar, con el conocimiento de causa que me da haber participado activamente en la puesta en marcha de programas de prevención y de control de la tuberculosis, del sida y de otras enfermedades transmisibles, que España
cuenta con la mayor y más amplia experiencia en programas de prevención y control de enfermedades transmisibles, además de enfermedades en las cuales legalmente -y usted debería saberlo- los medicamentos se definen como medicamentos de campañas
sanitarias, sin la aportación del usuario, porque no se requiere ningún elemento definitorio del usuario para garantizar que reciben el tratamiento para la tuberculosis, para el sida o para otras circunstancias. Por tanto, sabemos que tenemos un
sistema sanitario con unas excelentes estructuras y con unos excelentes profesionales que garantizan, primero, la asistencia; segundo, el buen funcionamiento del sistema, y ahora un marco jurídico que nos va a permitir además blindar el sistema
sanitario, de manera que los servicios de salud puedan actuar no solamente competentemente sino además con marco jurídico para aplicar el sistema de facturación. Es un modelo universal en un entorno de graves dificultades, pero con la confianza que
debemos trasladar a todos los españoles de que este Gobierno y su Parlamento velan por los derechos, de manera que los derechos de ciudadanía y los derechos que regula el marco europeo se cumplen en todos sus estrictos términos, blindando además
nuestro sistema sanitario y garantizando el buen uso del mismo.
Otro bloque importante de temas en cuanto a la seguridad legal de derechos son los proyectos que he planteado. Por primera vez aparece en un marco legal la importancia de la continuidad asistencial como estrategia, y lo vamos a plasmar en
la estrategia de crónicos. Se recoge explícitamente la obligación de los servicios de salud de trabajar en eficiencia energética. El 40% del consumo energético en las administraciones autonómicas se produce dentro de los servicios de salud, y no
ha habido, salvo iniciativas particulares -algunas de las cuales conozco muy bien-, una política de eficiencia energética en el sistema sanitario. También se aborda con rotundidad la apuesta no solo en la eficiencia en la gestión de compras, sino
en la ordenación, porque necesitamos reforzar el liderazgo de nuestros servicios de salud para que apuesten por la creación de los anillos -anillos diagnósticos, anillos radiológicos, anillos de laboratorios-, en estrategias de centralización en la
excelencia, de potenciación de las unidades de referencia y servicios de referencia. Así se plasma en este real decreto-ley. Hemos trabajado duro cinco meses. Hoy vengo a explicar cuáles son las líneas estratégicas para el resto, los tres años y
medio de legislatura, en este compromiso de seguir avanzando en los acuerdos y consensos con las comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales, para trasladar al Parlamento todas las propuestas de acuerdo.
Intentaré responder a algunos temas puntuales que me han planteado los grupos parlamentarios. Creo que no será vano insistir una vez más: solo servimos a un interés, que es el de los ciudadanos. No hay ninguna actitud servil frente a
nadie, sino la absoluta garantía de servir solo a los intereses públicos y de los ciudadanos y no hay elementos de insidias ni nada que puedan hacer pensar que en las medidas adoptadas vamos en una línea que no vaya claramente dirigida a estos
intereses.
Preguntaba cuáles son las medidas que hemos ido adoptando, y estoy hablando ahora sobre los interrogantes planteados por el señor Llamazares. La participación de los usuarios en la prestación incluida en cartera suplementaria existía. Más
aún, el propio Defensor del Pueblo, en su informe, página 262, afirma: En cuanto a la financiación, lugar preeminente ocupan los planteamientos de ciudadanos que cuestionan el marco legal vigente en materia de aportación de los usuarios a la
financiación de medicamentos, señalando al respecto la contradicción que en su criterio representa el hecho de que pensionistas con altos niveles de renta no efectúen aportación alguna, en tanto que personas sin recursos económicos suficientes deben
sufragar el 40%. Esta es la inequidad. Ya sabemos que no es una respuesta óptima y que no solventa el problema, porque deberíamos adoptar también criterios de factibilidad, y están todos los servicios de salud, conjuntamente con los tres
ministerios implicados -Trabajo, Hacienda y Sanidad-, trabajando para hacer el cruce de datos suficiente para garantizar que el que prescribe o el que dispensa conozca el código de participación de usuarios, que es la única información que necesita,
si es un 001, un 002 o un 003. No hay otra información necesaria a la que vaya a tener acceso el sistema sanitario.
Aumenta la equidad. Ya sabemos que no es óptimo, pero pasamos de un único nivel en activos y un único nivel en pasivos a mínimo tres niveles en cada uno de ellos: cero, 10% en dos límites, 8 o 18, y un tercero, el 60%, con un límite de 60,
en pensionistas; y en activos, con el cero, el 40%, el 50% o el 60%, cuatro niveles de participación. Ya sabemos que no es lo óptimo, pero hemos incorporado decididamente criterios de equidad, porque entendíamos que si había que hacer una
modificación en la participación de usuarios debería buscar, primero, la equidad; segundo, la garantía de continuidad para nuestros crónicos, y tercero, establecer criterios de homogeneidad de cartera en todo el Sistema Nacional de Salud. Es lo
que se pretende. Nos queda todo el desarrollo reglamentario para trabajar. Ya están trabajando.
Desde el día siguiente a la aprobación del real decreto-ley ya se empezó a trabajar en los grupos de trabajo de la Comisión de Prestaciones de Farmacia o en la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, porque el trabajo
técnico debe hacerse en los ámbitos de los comités técnicos, que lo están haciendo.
Es verdad, en este momento se está debatiendo. La última asamblea de la Organización Mundial de la Salud tomaba como referencia los proyectos de universalización, pero afirmaba rotundamente: la universalización no quiere decir todo para
todos igual. Es el objetivo final en el que los Estados tienen que actuar con garantía de progresión, porque la universalización es la garantía de cobertura de los españoles. Y un marco de legalidad y de reciprocidad en las relaciones con terceros
países, un marco, el europeo, correctamente traspuesto. Esto es lo que hemos avanzado. Además, son importantes los criterios de factibilidad en la contabilidad realizada porque no son estimaciones, son los cálculos hechos por el Tribunal de
Cuentas, cálculos que fijan lo no facturado en 917 millones de euros solo a los 700.000 europeos que tenían tarjeta. Por eso, sabemos que, además, tenemos cientos de miles de euros de ciudadanos de terceros países con los que tenemos convenio que
no se han podido facturar. No son estimaciones, es el cálculo real realizado por instituciones de gran solvencia y valía. Por tanto, seguimos avanzado, hemos incorporado criterios de equidad y mayor seguridad y homogeneidad en la cartera de
servicios para todos los españoles, sabiendo además que el 97% de los pensionistas, según la extrapolación del gasto realizado en 2011 a nivel nacional, hubiesen aportado menos de 18 euros. Luego, no es una medida recaudatoria ni que anticipa de
forma gravosa la aportación al Estado. Establecemos un límite de 8 y 18 euros y 60 para los que tienen renta de más de 100.000 euros. Estamos trabajando en el modelo de reembolso con todas las comunidades autónomas, para establecer un modelo
homogéneo que permita garantizar la sistematización de este reembolso y la transparencia para todos nuestros usuarios.
El coste del proceso. Todos los servicios de salud están trabajando, esta es una apuesta por hacer realidad la implantación definitiva de la receta electrónica. Tenemos que fundamentar nuestras decisiones en estrategias de futuro que
permitan garantizar que apostamos por las TIC, por la historia electrónica, por la receta electrónica. Ya hemos dado el primer paso. Me decían que querían saber cuáles eran los hechos reales. Ya aprobamos en el consejo interterritorial del 29 de
febrero los criterios de interoperatividad de la tarjeta sanitaria única en España. Por tanto, son realidades que se van concretando en acuerdos concretos del consejo interterritorial. Les decía que esta es una apuesta decidida, de manera que se
está procediendo a la adecuación de todos los sistemas de receta e historia electrónicos para incorporar el dato del código de aportación en ellas, de manera que va a transitar la información como transita ya en la actualidad. Cuando la
dispensación es electrónica no hay ninguna modificación, no media ningún papel y cuando la prescripción es electrónica tampoco media papel o elemento adicional. Se están habilitando los mecanismos para garantizar que también en el último pueblo que
no tenga conexión informática ni receta electrónica se pueda tener la información actualizada del nivel de aportación de cada usuario. Porque estamos trabajando con y para las comunidades autónomas, porque estamos trabajando con y para los
servicios de salud, que son los están poniendo la cara y realizando toda la actividad cotidiana de atención a nuestros pacientes.
Hablamos de política y moral, hablamos de ética. La política tiene que contener elementos morales y tiene que contener elementos éticos y de responsabilidad e, insisto, con la garantía de que la ética se plasma en la adopción de medidas
concretas. Antes ya decía que las medidas buscan solo un beneficiario: nuestro Sistema Nacional de Salud y sus usuarios. Nuestras medidas tienen en cuenta claramente el impacto en cada uno de los entornos. Señoría, no voy a permitir ninguna
insidia. No debemos permitir insidias acerca de intencionalidades de las medidas que estamos adoptando. No hay ninguna medida incorporada en el real decreto-ley que busque un beneficio particular. Sin embargo, mire lo que ocurría en el año 2006.
Informe de Farmaindustria, memoria anual 2006. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios -porque estoy hablando de responsabilidad, transparencia e intereses-, el texto de la ley finalmente
aprobado tuvo en cuenta estos argumentos: De manera que algunas presentaciones pueden integrarse en el conjunto del sistema de precios de referencia cierto tiempo después de su conformación. Así, las presentaciones que sean declaradas por la
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios como innovaciones galénicas de interés terapéutico quedarán excluidas del sistema de precios de referencia durante cinco años a partir de la conformación del conjunto correspondiente. Por otra
parte, los laboratorios titulares de presentaciones que vean afectado su precio en más de un 30% respecto al resultante de la aplicación del sistema de precios de referencia podrán optar, en su caso, por asumir toda la rebaja en un año o hacerlo en
mínimos de un 30% al año, hasta alcanzar el precio de referencia. Literal. Ello permite, al menos en teoría, suavizar el impacto de la norma en esta materia. ¿Saben a cuánto ascendió la suavización del impacto de la norma en esta materia? A
1.200 millones de euros anuales, ese es el impacto de la medida adoptada en el real decreto-ley de 2011. En cinco años, 6.000 millones de euros. Estos son hechos, realidades y concreciones legales. No hay ni una sola medida en este real decreto
que tenga otra finalidad o busque otro interés que la defensa y protección de la garantía de gratuidad y calidad en la asistencia a los pacientes y del funcionamiento del sistema.
Este real decreto no incluye -ya lo he dicho- ninguna reducción ni recorte en el vademecum de medicamentos. Sí incluye los criterios que se van a aplicar de
forma sistemática. Ya está trabajando la comisión de farmacia en la revisión; claro que está trabajando, porque necesitamos que las medidas que hemos aprobado se apliquen. Eso sí, con transparencia, con criterios y con sistematización, de
manera que todos los actores sepan con seguridad en qué estamos trabajando. Es una mecánica de actualización del nomenclátor. Medicamentazos ya ha habido en la historia, también con gobiernos del PSOE, por tanto, conocen bien cuál es la mecánica
del funcionamiento. Esta es una mecánica de funcionamiento para la actualización permanente. Por tanto, es un modelo que no es de negocio, es un modelo que garantiza la asistencia sanitaria universal. Además, con una cartera única -cuestión que
me parece importante-, que blinda la gratuidad de la asistencia sanitaria, que homogeneiza e incorpora criterios de equidad en el resto de la cartera suplementaria. Por cierto -porque me parece importante-, siguen insistiendo en los ahorros que
queden en sanidad. Es que estamos hablando de no generar déficit, de no generar deuda, como sí se generó en situaciones anteriores. Con un elemento adicional -es una iniciativa recogida en los Presupuestos Generales del Estado que próximamente se
van a aprobar en el Senado-, afectamos el Fondo de Cohesión, por tanto, sí estamos adoptando medidas donde existen posibilidades de afectación para que se incorpore el porcentaje que corresponda directamente de la facturación que realiza España a
países europeos o a terceros países por la asistencia prestada por los servicios de salud. Sí hemos afectado. Por tanto, si hay mecanismos de garantía, los incorporamos.
Estamos trabajando para garantizar -como ya he dicho- que la crisis económica no tenga impacto en la salud de nuestros pacientes. Este es el objetivo. Para eso estamos exigiendo un esfuerzo adicional a todos. Sabemos que hemos exigido un
esfuerzo adicional a los usuarios, pero para garantizar y poder aportar ese plus de equidad al sistema, para que quien no tenga ingresos no tenga que pagar en la factura de la receta farmacéutica. Ese es el plus, sabemos que estamos aportando un
elemento de equidad. Además, con la garantía de que pasados estos cinco meses de esfuerzo rectificaremos en todas las medidas que sea posible mejorar. ¿Cómo no? Seguiremos mejorando en el desarrollo, seguiremos mejorando en este esfuerzo
cooperativo y de consenso porque necesitamos seguir avanzando en las garantías de nuestro sistema, en la transparencia del sistema sanitario y en la garantía de fiabilidad y de viabilidad del sistema.
Otro aspecto que ha planteado y al que quiero responder explícitamente es que no debemos de confundir el transporte sanitario con el transporte de pacientes. Me refiero al transporte específico en las islas, como ocurre también entre Ceuta
y Melilla y la Península. Es transporte de pacientes, que no es exactamente lo mismo que el transporte sanitario, que es un transporte por requerimiento sanitario de urgencia o no. Y son servicios y prestaciones especiales configuradas y además
con participación y financiación -lo saben ustedes- del Ministerio de Fomento, con políticas y convenios especiales para facilitar que pacientes que se tienen que trasladar entre islas y que necesitan un transporte distinto al que se utiliza en la
Península puedan hacerlo sin el coste adicional que tiene este tipo de transportes para el usuario. Por tanto, siguen blindados, siguen con la garantía del mantenimiento de estos convenios especiales para transporte de pacientes entre hospitales en
comunidades autónomas insulares o entre pacientes que tenemos atendidos en el Ingesa en Ceuta y Melilla y el resto del Estado español.
Me importa especialmente hablar del Fondo de garantía asistencial porque respondió a un compromiso -y también lo saben ustedes- con el País Vasco, con Cataluña, con Aragón, con La Rioja y con todas las comunidades autónomas, las cuales
tenían un problema sobre la mesa. Ahora se tiene que empezar a trabajar en la configuración de cuál será la categorización de movimientos de pacientes que se produce, que es el primer elemento que necesitamos. Pero hay dos que ya tenemos recogidos
y que están plasmados en este real decreto-ley. Los pacientes que se desplazan del País Vasco a La Rioja porque no tienen los recursos de atención en el País Vasco son desplazados en configuración de terminología de gestión sanitaria, y pueden
serlo porque van a centro de salud, porque van al hospital o porque van a los dos servicios. Igualmente, pueden serlo coyunturalmente, por cortos periodos de tiempo, como son los desplazamientos por vacaciones o estancias más cortas en zonas
residenciales, o más estables. Por eso hemos definido estos cuatro factores como los primeros para empezar a trabajar. Luego hay que definir cuál será toda la categorización de asistencia que vamos a registrar y a contabilizar, estableciendo la
cápita de compensación entre servicios de salud. Creo que hemos dado el primer paso recogiendo esta obligación que nos hemos dado todos de abordar y diferenciar los acuerdos bilaterales entre servicios de salud de garantía asistencial de los
acuerdos del mecanismo de compensación de los costes que lleven asociados, para que no vuelva a ocurrir que se niegue una prestación farmacéutica o una prestación sanitaria por criterio económico en la atención entre servicios de salud.
También quiero hablar específicamente de Consumo. Igual que la Agencia del Medicamento, creo que queda evidenciado el crédito de Consumo y su excelencia, de la Aesan, de varios proyectos importantes. Posiblemente este año y el que viene
sea el momento legislativo más importante en la Unión Europea en el ámbito de consumo. He mencionado las distintas iniciativas legislativas de directivas o de acuerdos marco para la garantía de transparencia y fiabilidad sobre todo en las
transacciones on-line, en las transacciones electrónicas, y en las relaciones a través de nuevas tecnologías. Es precisamente en este ámbito en el que justo tuve una reunión la semana pasada con la directora general de Justicia de la Comisión para
abordar cuál va a ser el procedimiento de trabajo para avanzar en la
transparencia y garantía de respuesta a los derechos de los usuarios en este tipo de transacciones. Por eso, además de las medidas legislativas que ya hemos planteado en la reforma del real decreto que regula el arbitraje para darle más
agilidad y más versatilidad a las distintas situaciones que se están generando, los servicios técnicos están trabajando en el proyecto de ley de servicios de atención a los usuarios precisamente pensando en donde se están produciendo más quejas, que
es en las relaciones con entidades crediticias o financieras y en las telecomunicaciones. Ya se ha planteado en esta sala y ha quedado acreditado que no solamente hemos hecho una apuesta financiera, presupuestaria, de mantenimiento de la
financiación a las asociaciones de consumidores y al Consejo General de Consumidores, hemos hecho una apuesta por el mantenimiento de la financiación de las juntas arbitrales y estamos trabajando además en áreas de mejoras como pueden ser el
refuerzo y la unificación de criterios entre los distintos servicios de atención a consumidores de comunidades autónomas, en la potenciación de arbitraje y medidas no judiciales en litigios entre usuarios y empresas o entidades en relaciones
comerciales, en la creación de la red de laboratorios acreditados en consumo, en la creación del comité científico de evaluación de riesgos en productos no alimenticios sino en productos industriales, así como en la activación de todas las reuniones
y conferencias y grupos de trabajo. Creemos que es así como hay que seguir trabajando para reforzar la actividad de un instituto que en tiempos pasados tuvo gran liderazgo y cuyo liderazgo y capacidad de trabajo estamos ahora comprometidos en
recuperar.
Me queda algún aspecto también importante, el competencial. Ya les he hablado con todo el respeto acerca de la utilización de los resortes, instrumentos e instituciones que las comunidades autónomas tienen, como no podía ser de otra manera.
Sí quiero insistir en que el real decreto-ley se elaboró y se aprobó con todas las garantías jurídicas de instituciones y organismos que tiene el Estado. Esa es la garantía que ofrece, además, a todos los españoles y a las instituciones que
trabajamos. Por tanto, es en ese entorno donde se producirá el debate. Quiero poner sobre la mesa que todos los temas que figuran en este real decreto-ley trasladan iniciativas y propuestas recogidas de iniciativas de organizaciones profesionales,
de comunidades autónomas y de servicios de salud. Además, este real decreto hace una apuesta clara por la excelencia en la formación. Por eso, quiero trasladar el compromiso de que el proyecto de decreto-ley volverá los próximos meses al consejo
interterritorial regulando la troncalidad, las especializaciones y las áreas de capacitación porque debemos de apostar por la excelencia. No debemos apostar por lo fácil, que es seguir fraccionando nuestro sistema en multiplicidad de
especialidades. España ya es el país que más especialidades médicas tiene; lo que necesitamos es reforzar la excelencia, porque lo que hace excelente a nuestro sistema es el nivel de formación de nuestros profesionales, la superespecialización y
la capacidad de incorporación rápida de nuevas tecnologías e innovaciones terapéuticas. Este es el gran reto que abordamos: incorporar medidas de eficiencia para garantizar que somos capaces de seguir manteniendo el nivel de formación, de
especialización y de superespecialización de nuestros profesionales; la definición de unidades de referencia, unidades con liderazgo, unidades de gran expertise, de gran capacidad de respuesta a nuevos retos y, por supuesto, la incorporación de
nuevas tecnologías e innovaciones terapéuticas. Esas son las medidas que están recogidas y que, por cierto, pasaron y fueron analizadas tanto en el foro profesional como en el foro de diálogo social, en la comisión delegada y en el consejo
consultivo previo a los dos consejos interterritoriales.
Creo que tenemos que ser coherentes. No podemos cuestionar la equidad de un modelo que ha incorporado -como decía- hasta cuatro niveles de equidad en la aportación de los usuarios mientras se aprueba en el Parlamento que lidera el grupo
político que está hablando medidas lineales como es pagar exactamente lo mismo por cada receta, independientemente de quién lo pague y cuál sea el coste del medicamento. Creo que no es coherente y los ciudadanos nos piden coherencia. Nos piden
coherencia para que de verdad los criterios se planteen con todos los esfuerzos que puedan suponer y reconociendo que no podemos abordar el óptimo pero sí dando los pasos en la línea adecuada, y la línea adecuada que tiene la configuración de la
cartera suplementaria es la de la unicidad, la de la homogeneidad de cartera, la de homogeneidad de criterios para todos los españoles en todo el Sistema Nacional de Salud, un criterio transparente y además incorporando criterios de equidad. Es lo
que yo creo que los españoles esperan de su Gobierno y, desde luego, estoy convencida que también de cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas.
Sabemos que es un momento terriblemente complejo, en el cual confiamos en que el Banco de España recupere el liderazgo que debería tener en la supervisión de todos los movimientos de entidades financieras, para que podamos dar respuesta con
garantía. Ayer el presidente de Gobierno afirmó rotundamente que igual que no vamos a dejar sola a ninguna comunidad autónoma -y todas están comprometidas en avanzar y en cumplir los criterios de sostenibilidad-, tampoco vamos a dejar caer a
nuestras entidades financieras. Este es el compromiso en un momento terriblemente difícil, pero tenemos puesto el punto de interés en los consumidores, en las garantías de protección, en los pacientes, en las garantías de asistencia sanitaria y,
por supuesto, en un entorno de sostenibilidad para avanzar. Estamos trabajando también, lo saben ustedes, en temas puntuales, el Gobierno está trabajando en iniciativas de defensa de personas afectadas por las preferentes, de manera que
garanticemos por lo menos un entorno de mejora en la recuperación de los créditos. También hemos avanzado en el compromiso de tener una factura eléctrica más transparente y de fácil comprensión para todos nuestros usuarios;
estamos avanzando claramente en todos los ámbitos de seguridad para los consumidores, como les decía, a través de las distintas medidas e iniciativas legislativas en Europa y en España, en transacciones económicas de otros ámbitos. Estas
son las áreas de trabajo en las que estamos inmersos.
Me queda solamente completar algún aspecto muy puntual. Ayer mismo la ministra anunciaba el compromiso de constituir y poner en funcionamiento el observatorio de obesidad y nutrición. Decía: No es estigmatizando alimentos, no es
estableciendo prohibiciones como avanzaremos en la mejora de hábitos de vida y en la mejora de hábitos de consumo y de alimentación, sobre todo en nuestros niños. El reto que tenemos es que nuestros niños mantengan unos hábitos no solamente
sabiendo concretamente qué alimentos consumen, cuestión que requiere una buena formación, sino también estableciendo una buena dieta y manteniendo el privilegio que supone la dieta mediterránea, comiendo con horarios predefinidos, con hábitos que
garanticen de verdad no solamente la selección adecuada de los alimentos sino una preparación adecuada, una preparación diversa en la que se utilicen todas las alternativas alimenticias en una oferta espléndida que tenemos de verduras, de pescados y
frutas en la dieta mediterránea, y además en la formación sobre el cómo, convirtiendo el comer en el elemento tan paradigmático que ha sido en la cultura mediterránea. Estos son los retos que abordamos. Ofrecimos al doctor Fuster la presidencia de
este observatorio y estamos configurando con Educación, con el Consejo Superior de Deportes y con todas las entidades implicadas una nueva política de formación para incrementar el ejercicio físico en los niños y con entidades municipales en los
adultos, mejorando así los hábitos alimenticios y nutricionales.
Seguro que me he dejado muchos temas sin responder Quiero que sepan que volveré con toda disponibilidad para intentar seguir respondiendo. En cualquier caso, estamos trabajando con todos los servicios de salud, todos los grupos de trabajo
están trabajando activamente desde el primer momento para unificar criterios, para desarrollar los distintos reales decretos u órdenes de desarrollo, de manera que los principios planteados en el real decreto-ley se puedan desarrollar solventando
aquellas dudas, interrogantes o aspectos que puedan haber surgido para que sigamos aportando claridad, convicción, responsabilidad, ética y compromiso con todos nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora secretaria general de Sanidad y Consumo.
Habiendo concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.