CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 70

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

Sesión núm. 3

celebrada el martes,

17 de abril de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (Número de expediente 121/000008) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Del señor gobernador del Banco de España (Fernández Ordóñez). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (Número de expediente 212/000184); Catalán, Convergència i Unió (Número de expediente 212/000235) y Socialista
(Número de expediente 212/000249) ... (Página2)


- De la señora secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (Fernández Curras). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (Número de expediente 212/000108); Popular en el Congreso (Número de expediente 212/000182); Catalán,
Convergència i Unió (Número de expediente 212/000233) y Socialista (Número de expediente 212/000275) ... (Página18)

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- Del señor secretario de Estado de Comercio (García-Legaz Ponce). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (Número de expediente 212/000181) y Socialista (Número de expediente 212/000319) ... href='#(Página34)'>(Página34)


- Del señor secretario de Estado de Hacienda (Ferre Navarrete). A petición de los grupos parlamentarios IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (Número de expediente 212/000147); Mixto (Número de expediente 212/000164); Popular en el
Congreso (Número de expediente 212/000183); Catalán, Convergència i Unió (Número de expediente 212/000234), y Socialista (Número de expediente 212/000274) ... (Página44)


- Del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego). A petición de los grupos parlamentarios IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (Número de expediente 212/000145), Popular en el Congreso (Número de expediente
212/000177) y Socialista (Número de expediente 212/000305) ... (Página59)


Se abre la sesión a las doce del mediodía.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente 121/000008).


- DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000184); CATALÁN, CONVERGÈNCIA Y UNIÓ (Número de expediente 212/000235), Y SOCIALISTA
(Número de expediente 212/000249).


El señor PRESIDENTE: Señores diputados, señoras diputadas, vamos a comenzar la sesión dedicada a la comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. En primer lugar, va a comparecer el gobernador del Banco de España, a quien agradecemos su presencia y su disposición para informar. Sin más preámbulos, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
gobernador del Banco de España, tiene la palabra.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Fernández Ordóñez): Señorías, comparezco hoy en esta Comisión, como he hecho regularmente cada vez que los Presupuestos Generales del Estado se han discutido en sede parlamentaria. Esta imagen de
normalidad contrasta, sin embargo, con la situación de excepcionalidad que caracteriza las circunstancias económicas en las que se enmarca la discusión de los presupuestos para 2012. La economía española está en estos momentos inmersa en un
complicado y costoso proceso de ajuste que comprende, entre otras cosas, un importante esfuerzo de consolidación fiscal, y además debe llevar a cabo ese ajuste en un contexto externo fuertemente influido por una crisis de deuda soberana en el área
del euro que, por razones no muy distintas de las que han hecho necesario ese ajuste, nos afecta de manera muy severa. En estas condiciones los Presupuestos Generales del Estado este año adquieren una trascendencia singular.


Permítanme que comience mi intervención recordado a sus señorías que la crisis de deuda soberana en Europa, lejos de resolverse, adquirió una nueva dimensión el verano del pasado año, cuando las tensiones se extendieron a la deuda de algunos
Estados miembros con fundamentos económicos más sólidos y políticas económicas más acordes con los patrones de comportamiento propios de una unión monetaria que los de aquellos países que resultaron afectados en primera instancia. La crisis pasó de
este modo de circunscribirse a un grupo más o menos limitado de economías particularmente vulnerables a adquirir un carácter sistémico. No es fácil identificar con precisión las razones últimas que explican este salto cualitativo. Ciertamente en
el origen de la crisis y en su desarrollo más inmediato desempeñaron un papel central los desequilibrios macroeconómicos de diferente naturaleza, fiscal, financiera, y de competitividad, acumulados por algunas economías. Al mismo tiempo, sin
embargo, la propia acumulación de esos desequilibrios y las dificultades para articular una estrategia ampliamente consensuada para corregirlos, de una manera ordenada dentro de la unión monetaria, pusieron de manifiesto la existencia de debilidades
importantes en el marco europeo de gobernanza económica, incluyendo entre ellas la

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ausencia de un mecanismo potente y flexible de gestión de crisis y de provisión de soporte financiero a los Estados en dificultades. Estos mecanismos son esenciales para atajar las tensiones en una fase suficientemente temprana del proceso,
que es cuando su tratamiento es menos difícil. Esta naturaleza dual de los problemas, con una componente puramente nacional y otra genuinamente europea, así como la creciente interconexión entre las economías del conjunto del área del euro, creó el
caldo de cultivo para que las tensiones adquirieran un carácter sistémico.


Por otro lado, es sobradamente conocido que, para corregir las debilidades detectadas en el diseño inicial del proyecto del euro, los Gobiernos de los Estados miembros se han embarcado en un proceso de profunda revisión de los mecanismos que
rigen la gobernanza europea. Este proceso ha dado ya sus primeros frutos, incluyendo las iniciativas legislativas adoptadas en lo que se conoce como el paquete seis más dos, el tratado que establece el Mecanismo europeo de estabilidad, que es el
nuevo mecanismo permanente europeo de gestión de crisis, o el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de la unión monetaria. Pero es notorio igualmente que este proceso ha avanzado de manera irregular, no ha disfrutado de un amplio grado
de consenso, y no ha sido siempre todo lo diligente y ambicioso que la gravedad de la situación requería. Análogamente desde el inicio de las tensiones se han producido avances, notables en ocasiones, en los procesos de ajuste de las economías
nacionales más vulnerables, algunos de ellos al hilo de la estricta condicionalidad impuesta en el marco de los programas de apoyo financiero que se han instrumentado. Pero también aquí los progresos han tendido en general a situarse por detrás de
los acontecimientos, en vez de anticiparse a ellos.


En estas condiciones el Banco Central Europeo ha terminado erigiéndose en el pilar fundamental de una estrategia de resistencia ante la crisis, que en última instancia está proporcionando a los Gobiernos de los Estados miembros más tiempo,
para que en su doble capacidad de responsables últimos de las políticas económicas nacionales y de cogestores del proyecto europeo común avancen de manera decidida en la solución de los problemas de fondo que subyacen a esta crisis. Porque es
importante recordar que el amplio abanico de medidas no convencionales desplegadas por el Banco Central Europeo desde el inicio de la crisis, de las que las operaciones de financiación a tres años constituyen uno de los ejemplos más recientes y
exitosos, tiene por su propia naturaleza un recorrido que es limitado en el tiempo, y lo que es más importante aún, que estas actuaciones no inciden sobre los desequilibrios fundamentales que en última instancia explican y causan esta crisis.
Desafortunadamente las tensiones que una vez más hemos vivido en estas últimas semanas son un recordatorio de que la crisis dista aún de estar superada, y de que la situación de nuestra economía sigue siendo objeto de especial preocupación en
Europa. Todo ello pese a que desde el inicio de la crisis de la deuda soberana, y con mayor intensidad en estos últimos meses, nuestro país ha dado pasos importantes en el terreno de la política de reformas.


Una crítica frecuente entre los detractores de las operaciones especiales de financiación a tres años instrumentadas por el BCE es que una provisión tan extremadamente generosa de liquidez tenderá a enmascarar los problemas de fondo de los
sistemas financieros más vulnerables, debilitando así el impulso reformador de los gobiernos en este ámbito. No es esta desde luego la experiencia española. Basta repasar mínimamente la cronología de las medidas adoptadas en este terreno en España
para comprobar que el proceso de saneamiento, reestructuración y recapitalización del sistema crediticio español no ha perdido impulso alguno, antes al contrario a lo largo del pasado ejercicio y en los primeros meses del presente ha tenido lugar
una profundización del mismo para adaptarlo a una realidad cambiante, marcada por un creciente deterioro de las condiciones económicas y de financiación. Resueltos los problemas de gobernanza y de estructura de propiedad que lastraron el sistema
bancario en las primeras etapas de las tensiones, los esfuerzos se han concentrado recientemente en seguir fortaleciendo el capital y las provisiones de las entidades, manteniendo de este modo la presión para la necesaria reestructuración del
sector.


En un ámbito diferente se ha aprobado recientemente una reforma del mercado de trabajo, que incide sobre aspectos nucleares de su funcionamiento. Por una parte, persigue la descentralización en la negociación colectiva y el aumento de la
flexibilidad interna, aspectos ambos que, como ya he señalado siempre en esta Cámara, son fundamentales para adecuar las condiciones laborales a las circunstancias específicas de las empresas, y en último término para facilitar una asignación más
eficiente de los recursos productivos disponibles, y en particular del factor trabajo entre las distintas actividades y sectores. Por otra parte, mediante la racionalización de las condiciones de extinción de los contratos indefinidos, la reforma
configura un entorno que será más favorable para la creación de empleo y para su estabilidad, una vez superada la difícil coyuntura actual. En conjunto los cambios introducidos en el marco laboral deberían favorecer el ajuste de las condiciones
laborales y de la productividad como vías para la recuperación de la competitividad.


No se puede descartar, no obstante, que algunos de los efectos de esta reforma no se vislumbren de forma inmediata y que en el horizonte de debilidad de la actividad y de perspectivas inciertas en que se desenvuelve la economía española
podría tener algún ajuste adicional en el nivel de empleo. Este efecto se vería mitigado si las empresas utilizaran de manera rápida las distintas vías de flexibilidad interna que la nueva legislación laboral proporciona. A su vez, los efectos
positivos de esta reforma se verán amplificados si se acompañan de medidas que mejoren el entorno competitivo en que las empresas toman sus decisiones, y de liberalización en

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aspectos sectoriales que son clave para asegurar un comportamiento económico eficiente y flexible. Pasos ambiciosos en este terreno ayudarían a generar un círculo virtuoso en que, mediante la creación de empleo y el crecimiento, se pudiera
avanzar más rápidamente en las difíciles tareas de desapalancamiento financiero del sector privado, la normalización del sistema bancario, y la consolidación fiscal.


Circunscribiéndome a esta última consideración, sin una reactivación del empleo será más costoso avanzar en el ajuste presupuestario, porque los incrementos de recaudación serán limitados y porque la inflexión del gasto requerirá un esfuerzo
adicional para compensar el necesario incremento de las partidas correspondientes a sufragar las prestaciones por desempleo. En cualquier caso, la política presupuestaria es clave en una situación como la actual. Como he señalado en la primera
parte de esta comparecencia, estamos en medio de una crisis de deuda soberana, y qué duda cabe que la situación de vulnerabilidad que afronta la economía española tiene un elevado componente fiscal, si bien la persistente debilidad cíclica y su
nefasto impacto sobre el empleo, y la todavía elevada dependencia de la financiación exterior exacerban las dificultades.


El déficit público cerró el año pasado en un nivel del 8,5 %, lejos del objetivo establecido en el programa de estabilidad del 6 %, y la ratio de deuda pública sobre el PIB finalizó en un nivel del 68,5 %, más de 30 puntos por encima del
valor que había alcanzado en 2007, antes de que comenzara la crisis financiera internacional. A su vez los objetivos de déficit se han establecido en el 5,3 % para 2012 y en el 3 % para 2013, lo que supone un esfuerzo presupuestario muy importante.


Es imprescindible sin embargo cumplir rigurosamente estos objetivos. Su logro es vital para restaurar la credibilidad en la economía española, y en él convergen los intereses globales de todos los agentes económicos y sociales así como
todos los niveles de las administraciones públicas, por lo que su cristalización efectiva en un elevado grado de unidad y consenso resultará determinante del éxito en tan ardua tarea. Un fracaso en la consolidación fiscal nos arrastraría hacia
escenarios de mayor contracción y de pérdida de empleo y bienestar.


El desbordamiento en los objetivos de déficit del año pasado ha puesto de manifiesto la dificultad de corregir la dinámica fiscal en situaciones cíclicas adversas, pero también ha desvelado los fallos que existían en los procedimientos
entonces vigentes para el seguimiento, alerta temprana y control presupuestario, sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas, y que la ley de estabilidad presupuestaria, actualmente en tramitación y a la que luego me referiré, debe
subsanar. En este sentido la experiencia de los dos últimos años demuestra la importancia de que la elaboración de presupuestos se efectúe a partir de un escenario macroeconómico prudente, y de que las medidas estén bien diseñadas para asegurar su
efectividad. Igualmente relevante resulta disponer de información temprana sobre la ejecución presupuestaria para corregir a tiempo las posibles desviaciones que puedan surgir. Estas premisas afectan tanto a los Presupuestos Generales del Estado,
en torno a los que versa esta comparecencia, como a los presupuestos de comunidades autónomas, sobre los que hoy no me voy a pronunciar, aunque sí quiero aprovechar esta ocasión para trasladar mi preocupación acerca de la obsolescencia de algunos de
los supuestos sobre los que se elaboraron estos últimos en los meses finales de 2011, lo que obliga a actualizarlos y a adoptar de forma urgente las medidas pertinentes que aseguren la consecución de los objetivos por parte de las comunidades
autónomas.


Permítanme pasar a referirme brevemente al delicado momento cíclico en el que se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado para 2012. La intensificación de la crisis de la deuda soberana a partir del verano del año pasado interrumpió
la tenue recuperación que había iniciado la economía española un año antes, observándose un descenso del 0,3 % en los meses finales de 2011. Este perfil ha continuado en los primeros meses de este año, por lo que la economía española se encuentra
de nuevo en recesión. Como ya ocurrió en la recesión de 2008 y 2009, la mayor debilidad se está observando en el comportamiento de la demanda nacional. Todos los componentes de la demanda doméstica cayeron en el último trimestre de 2011, y lo
siguen haciendo en los primeros meses de este ejercicio. En todos estos altibajos está pesando mucho la necesidad de revertir los desequilibrios acumulados -exceso de recursos destinados a la vivienda, alto endeudamiento y pérdida de
competitividad- dentro de un proceso de ajuste que aún no ha concluido. A ello se ha añadido más recientemente la intensificación de la crisis soberana y sus efectos sobre el sistema financiero, que han endurecido las condiciones de financiación de
la economía y han dañado la confianza de los agentes. La revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de la zona euro y la intensificación de los esfuerzos de consolidación fiscal han contribuido a contraer adicionalmente la demanda de
consumo e inversión, y todo ello realimentado por la aceleración en el ritmo del descenso del empleo.


Frente a la atonía de la demanda nacional el sector exterior ha vuelto a funcionar como amortiguador, aliviando el impacto negativo del menor gasto sobre la producción. Sin embargo en los últimos trimestres ese alivio ha venido más por la
vía de un menor nivel de importaciones que de un mayor dinamismo exportador, lo que se explica por la debilidad que en paralelo han registrado algunos de nuestros principales clientes europeos. En estas condiciones las perspectivas para el año 2012
no son favorables y continúan sujetas a elevados grados de incertidumbre. En líneas generales, la visión del Banco de España no difiere mucho de la que el Gobierno ha plasmado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos: la demanda
nacional continuará su proceso de ajuste, el consumo privado se verá afectado por el descenso del empleo y por el menor soporte que van a proporcionar las administraciones

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públicas a las rentas de los hogares, si bien el impacto de estos dos factores se verá en parte compensando por un incremento más moderado de los precios, y probablemente por una continuación del proceso de disminución de la tasa de ahorro,
aunque el margen que esta deja para suavizar el patrón de consumo privado es cada vez más reducido. La inversión empresarial se verá indudablemente afectada por la atonía del gasto interno y porque muchas empresas seguirán teniendo como objetivo
reducir su nivel de endeudamiento.


Tampoco se vislumbran cambios apreciables en el proceso de ajuste de la inversión residencial. Por el lado de la demanda no cabe esperar una mejoría en las condiciones de accesibilidad a la vivienda, dadas las perspectivas de renta y
riqueza del sector privado, y por el lado de la oferta el elevado stock de vivienda sin vender todavía existente seguirá retrasando la puesta en marchar de nuevos proyectos de construcción.


La necesidad de reducir los niveles de endeudamiento de todos los sectores y las condiciones existentes al acceso a la financiación externa seguirán limitando las posibilidades de expansión del gasto interno. Las exportaciones podrían ser
el único componente del producto que aumentara en 2012. Es cierto que la situación internacional está rodeada de una gran incertidumbre, y que en particular para el área del euro en su conjunto se prevé que la actividad se estanque o se reduzca
ligeramente. Pero también es verdad que las ventas al exterior se han comportado de una forma muy favorable en los dos últimos años, y que las empresas españolas han diversificado crecientemente sus exportaciones hacia terceros mercados cuya
demanda es más dinámica. Desafortunadamente este impulso de la demanda externa no será suficiente para compensar el efecto del resto de fuerzas contractivas sobre el empleo, por lo que cabe prever que se produzcan caídas adicionales de la
ocupación.


Si la reforma laboral empezara pronto a desplegar sus efectos los salarios podrían crecer algo menos que en 2011, lo que junto con las mejoras de productividad conduciría a nuevos descensos de los costes laborales por unidad de producto, y
así avanzar en las ganancias de competitividad. Los precios continuarán la senda de moderación que iniciaron en la segunda mitad del año pasado, aunque no ha desaparecido el riesgo del alza en los precios de la energía. En resumen, el escenario
descrito indica que la demanda interna prolongará su ajuste en consonancia con los procesos de desapalancamiento financiero y de consolidación final en marcha, y en estas circunstancias es imprescindible que la ganancia de cuota de nuestras ventas,
tanto en el mercado exterior como en el interno, se constituya en el principal motor de la actividad en España, y para ello resulta crucial alcanzar mejoras sostenidas en la competitividad, que han de venir de reformas y actuaciones ambiciosas por
el lado de la oferta de la economía. Si estas reformas y actuaciones restablecieran la confianza en la economía española, redujeran los costes de financiación, y mejoraran las bases para el crecimiento futuro, el año 2013 podría mostrar una senda
de recuperación.


En esta situación los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se enmarcan en una estrategia de consolidación más general y de medio plazo que requiere el concurso de los distintos niveles de gobierno de las administraciones públicas, y
cuyo detalle estará disponible en unas semanas, cuando el Gobierno presente el programa de estabilidad y crecimiento ante las autoridades europeas. De hecho el programa de estabilidad debe contener de forma precisa y explícita todos los elementos
sobre los que descansará este proceso de consolidación. Los objetivos allí establecidos deben ser el ancla fundamental de las actuaciones presupuestarias en los años venideros, de forma que se logre situar el déficit de las administraciones
públicas por debajo del 3 % en 2013, y posteriormente se avance hacia el equilibrio presupuestario. Deben perseguir además la estabilización del ratio de deuda pública sobre el PIB y su posterior reducción hasta ratios inferiores al 60 % en 2020.
La consolidación fiscal así entendida debe entenderse como ineludible y necesaria para restaurar el crecimiento económico a medio plazo, a pesar de que la magnitud y pauta temporal del ajuste exigido tengan efectos negativos sobre la actividad a
corto plazo. Porque en un contexto como el actual, de extrema sensibilidad de los agentes económicos a la situación fiscal de las economías, y en particular en el área del euro, cualquier otra estrategia que pudiera poner en duda la consecución de
los objetivos fiscales en los términos establecidos tendría consecuencias muy negativas sobre la confianza de los mercados en la economía española, dañando gravemente sus posibilidades de crecimiento, tanto en el corto como en el medio y largo
plazo. Por el contrario, un cumplimiento estricto de los compromisos marcados podría generar un círculo virtuoso de mejora de la confianza y de las expectativas que facilitará la recuperación.


Los Presupuestos Generales del Estado y la Seguridad Social para 2012, junto con los de comunidades autónomas y corporaciones locales, son el primer eslabón de esta estrategia, y resulta fundamental que sean plenamente consistentes con el
cumplimiento del objetivo del 5,3 % establecido para este año, desde el 8,5 del PIB observado en 2011. Esta reducción de déficit público exige un esfuerzo estructural primario sin precedentes, dado que debe compensar el incremento esperado de la
carga de intereses, y el efecto previsto de la recaída de la actividad económica sobre las cuentas públicas. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 detalla las medidas que se plantean para cumplir los objetivos, en el caso del
Estado y la Seguridad Social, distribuyendo el ajuste tanto por el lado de los ingresos como de los gastos públicos. Es cierto, como he recordado en ocasiones precedentes en esta Cámara, que la evidencia existente sobre la eficacia de los procesos
de consolidación fiscal previos en otras economías desarrolladas muestra que esta eficacia aumenta cuando se concentra en el gasto público, en particular de carácter

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improductivo. Sin embargo el tamaño del ajuste necesario en nuestro país es de tal magnitud que conviene afrontarlo con todos los instrumentos disponibles, incluidos los tributarios.


Los presupuestos de 2012 contemplan un incremento de los ingresos que resulta de una serie de medidas impositivas que recaen fundamentalmente sobre las rentas de las familias y empresas. Se establece también un gravamen especial de
regularización de activos ocultos. Prevén que el potencial regulatorio de estas medidas contrarreste la caída de los ingresos que comporta la desfavorable evolución de las bases imponibles que se desprende del escenario macroeconómico que acompaña
a los presupuestos. De acuerdo con la experiencia del año pasado, en que el grueso de la desviación presupuestaria tuvo su origen en la negativa evolución de los ingresos públicos, resulta fundamental realizar una proyección prudente de esta
variable. En este sentido, la evolución proyectada para el conjunto de los ingresos en los presupuestos está sujeta a riesgos a la baja, y ello por varios motivos. En primer lugar, porque tanto la recaudación esperada del impuesto de sociedades
como la del resto de ingresos tributarios se encuentran condicionadas a la efectividad que acaben teniendo los numerosos cambios normativos aprobados, y particularmente es incierto en el caso del gravamen especial sobre rentas no declaradas.
Conviene además subrayar que la economía española se encuentra inmersa en un proceso de ajuste macroeconómico, cuyas perspectivas de crecimiento, como acabo de señalar, descansan en el sector exterior, lo que tiende a generar incrementos muy
moderados de los ingresos impositivos en el corto y medio plazo, sobre todo si además este viene acompañado, como en el caso español, de un ajuste en el sector inmobiliario.


Por el lado del gasto el proyecto de presupuestos plantea reducciones muy significativas, que se concentran en los gastos de capital, pero también en las transferencias corrientes y compras de bienes y servicios. En el caso de las
transferencias a empresas públicas es importante que la reducción planeada venga acompañada de ajustes de similar magnitud en el gasto efectivo de estas entidades, de forma que se produzca una reducción duradera de los desequilibrios. En general,
tampoco en este caso las proyecciones presupuestarias están exentas de riesgos. En primer lugar, por la dificultad que habitualmente comporta doblegar la elevada inercia en ciertas partidas, por lo que han sido frecuentes en el pasado las
desviaciones al alza respecto a lo presupuestado inicialmente, en particular en el caso de las compras de bienes y servicios. Tampoco puede descartarse una evolución más negativa de aquellas partidas como las prestaciones por desempleo o las
pensiones, cuya magnitud depende de factores externos, como son la tasa de paro, la demografía o la inflación, aspecto que hay que relacionar además con que los riesgos de desviación en las cotizaciones sociales en relación con lo presupuestado son
mayores.


Resulta imprescindible evitar la materialización de estos riesgos mediante una ejecución atenta y rigurosa de los presupuestos, que permita detectar a tiempo la emergencia de desviaciones presupuestarias, y si fuera preciso reaccionar para
corregirlas. Si este fuera el caso habría que realizar ajustes adicionales en el gasto corriente, dado que los márgenes de actuación sobre los gastos de capital se han reducido enormemente, así como introducir nuevas medidas tributarias,
preferiblemente en el ámbito de la imposición indirecta, que genera menos efectos distorsionadores sobre el crecimiento y la asignación de recursos, y en la que España cuenta con una menor presión fiscal relativa frente al resto de países
desarrollados. De cara al futuro no se puede descartar además que los incrementos impositivos aprobados con carácter temporal tengan que ser sustituidos en su momento por medidas de carácter permanente.


En paralelo, es importante que el proceso de consolidación presupuestaria se vea acompañado de un fortalecimiento del marco presupuestario nacional, que permita exigir el cumplimiento de los compromisos a todas las administraciones. En este
sentido la aprobación de la reforma de la Constitución en septiembre de 2011, para incorporar los límites de déficit y deuda establecidos a nivel europeo y que ha sido desarrollada con posterioridad en el proyecto de ley de estabilidad
presupuestaria, responde a esta exigencia y su contenido se encuentra en plena sintonía con las reformas comunitarias recientes de la gobernanza. Tras la aprobación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria por el Parlamento resulta crucial
que se pongan en marcha de manera inmediata todos los instrumentos establecidos por la misma, en particular los mecanismos de seguimiento y control, así como aquellos destinados a hacer cumplir los objetivos establecidos por todas las
administraciones públicas.


Permítanme que me detenga en algunos de los aspectos de la ley, porque en mi opinión de su correcta aplicación depende en gran medida el éxito del proceso de consolidación fiscal. Por una parte, la ejecución presupuestaria de 2011 ha puesto
en evidencia las consecuencias que se derivan de la carencia en la disponibilidad de información que impidieron detectar a tiempo la existencia de desviaciones presupuestarias, y retrasaron la activación de los mecanismos para hacer cumplir los
objetivos de consolidación. La nueva ley de estabilidad debería mejorar de forma significativa la transparencia de la actuación de las administraciones públicas en al menos tres aspectos. En primer lugar, resulta imprescindible disponer de la
publicación regular de la ejecución presupuestaria de las administraciones territoriales con la misma periodicidad, grado de detalle, desfase y facilidad de acceso que las del Estado. En segundo lugar, debe mejorarse la información contenida en los
presupuestos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, de forma que se conozcan los supuestos de base de las proyecciones de ingresos y gastos, y se disponga también de la información sobre estas partidas en términos de contabilidad
nacional, que

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es la definición relevante para las reglas fiscales existentes. Finalmente, la información contenida en los planes de corrección de las distintas administraciones debe hacerse accesible, siguiendo un formato que permita su análisis y
comparación con los presupuestos iniciales.


Por otra parte, es evidente que los mecanismos que obligan a la corrección de los déficits públicos se han demostrado insuficientes. En este caso el proyecto de ley de estabilidad incluye nuevos instrumentos coercitivos para asegurar el
cumplimiento de los objetivos presupuestos por todos los niveles de Gobierno: se incluye la posibilidad de establecer sanciones, se obliga al ajuste automático del gasto de las comunidades autónomas en determinados casos de incumplimiento e incluso
se prevé la imposición de medidas de ajuste por parte del Gobierno central y de obligada observancia por las administraciones territoriales. Desde mi punto de vista, estos nuevos mecanismos de la ley pueden ser muy efectivos para garantizar la
disciplina si se aplican con rigor y se establecen los procesos adecuados de supervisión de la ejecución presupuestaria durante el ejercicio. En este sentido resulta crucial -como creo que se ha establecido en el trámite parlamentario de la ley en
el Congreso- que estas disposiciones se apliquen desde su aprobación, a tiempo de ser utilizadas en el actual proceso de consolidación.


Finalmente el proyecto de ley mantiene la cláusula de no rescate entre administraciones que se introdujo en la ley anterior. En mi opinión esta cláusula, como también sucede a nivel europeo, es crucial para evitar que el coste de los
comportamientos fiscales inadecuados en una Administración se trasladen al resto y para que el mercado de capitales ejerza efectos disciplinadores. Al mismo tiempo el proyecto de ley orgánica presentado permite que comunidades autónomas y
corporaciones locales puedan solicitar al Estado medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, en cuyo caso se exige un plan que garantice la consecución de los objetivos fiscales y a cuyo cumplimiento se condicionará el desembolso por tramos de
la ayuda financiera. En este sentido, en los primeros meses de este año el Gobierno ha puesto en marcha distintos mecanismos de apoyo a comunidades autónomas y corporaciones locales con el fin de facilitarles la refinanciación de sus deudas previas
o el pago a acreedores comerciales. Los mecanismos de financiación exigen también el cumplimiento de unos planes de ajuste y resulta crucial exigir su cumplimiento estricto si se quiere evitar que este tipo de ayudas genere incentivos inadecuados.
La estrategia de consolidación, finalmente, debe completarse afrontando las consideraciones de medio y largo plazo que afectan a las finanzas públicas y, en particular, a aquellas que se derivan de la presión que el envejecimiento de la población
ejercerá sobre determinadas partidas de gasto. En este sentido, tras la aprobación en julio de 2011 de la Ley de Reforma de la Seguridad Social debería definirse cuanto antes el factor de sostenibilidad para que los parámetros del sistema se vayan
adoptando de forma automática a los cambios demográficos.


En definitiva, señorías, el desequilibrio presupuestario existente en la actualidad se ha convertido en uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento de la economía española. Su corrección es prioritaria e ineludible. Por
tanto, es necesaria una estrategia de ajuste fiscal basada en los compromisos acordados a nivel europeo, que se acompañe de un reforzamiento del marco presupuestario nacional, como el recogido en la reforma constitucional, y de la aplicación de
reformas a medio y largo plazo que permitan afrontar el reto del envejecimiento de la población. De la credibilidad de esta estrategia, que a su vez exige cumplir con absoluto rigor los objetivos del corto plazo establecidos en el proyecto de
presupuestos para 2012, depende el retorno de la confianza de los agentes económicos en nuestra economía, confianza que es pieza fundamental para una recuperación sostenida de la actividad.


El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia del gobernador del Banco de España. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra don Valeriano Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Quiero empezar agradeciendo al gobernador del Banco de España su comparecencia hoy en esta Comisión de Presupuestos. Es verdad que se trata de una comparecencia habitual, clásica, tradicional al comienzo del debate
presupuestario en España, lo que resulta menos habitual es que se haga a mediados de abril en lugar de a principios de octubre, como se hizo en la última ocasión, en el año 2010 en que usted compareció para este mismo fin en la Cámara. También es
verdad que hay, efectivamente, razones electorales para que esto sea así, las que llevaron a adelantar las elecciones generales al 20 de noviembre del pasado año y, sobre todo, las que llevaron a retrasar la presentación del presupuesto hasta
concluidos los recientes procesos electorales en Andalucía y en Asturias. Esto es cierto, sí, pero quizá usted estará de acuerdo conmigo en que todo esto y los hechos que han rodeado el proceso durante el último trimestre, al socavar gravemente la
confianza en nuestras cuentas públicas, han podido contribuir a que su comparecencia hoy se produzca en uno de esos momentos -uno de ellos, porque han sido varios- especialmente delicados que nuestra economía ha vivido en los últimos años. El
último de esos hechos ha sido el anuncio de un recorte en el gasto educativo y sanitario en las comunidades autónomas de 10.000 millones de euros solo unos días después de hacer público el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de indicar
en este, en la página 24 del libro amarillo -y cito de forma literal-, que no se modifica el objetivo del resto de las administraciones territoriales.


Como usted comprenderá, el Grupo Socialista ha solicitado su comparecencia no tanto para hacer un

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escrutinio pormenorizado del presupuesto -esta es una tarea que no le corresponde realizar- sino para poder escuchar y valorar su visión de la situación por la que atraviesa la economía española en estos momentos, sus perspectivas de futuro
cuando ya hemos sobrepasado prácticamente la mitad del cuarto año de crisis, la orientación de la política monetaria europea y, por cierto, también la orientación de la política fiscal que, aunque todavía mantiene una amplia dosis de soberanía
nacional formal, hace ya tiempo que su diseño está en la práctica en ámbitos compartidos con las instituciones europeas. Si en el pasado era la evolución del nivel de reservas exteriores y del tipo de interés como las autoridades monetarias
reaccionaban a la situación de desequilibrio percibido en los mercados, hoy la prima de riesgo se ha convertido en la pesadilla de los gobiernos, de las empresas y, por supuesto, también de los gobernadores de los bancos centrales, sobre todo de
aquellas economías más afectadas por mayores diferenciales. También es, por supuesto, su pesadilla, señor gobernador y, como he formado parte del Gobierno de España, sé muy bien cómo se pasa y cómo se viven estos momentos.


Tras casi cuatro años desde la quiebra de Lehman Brothers y prácticamente dos años desde el cambio en la orientación de la política económica española, en mayo de 2010, la situación de la economía española no es, como algunos insisten en
subrayar, la misma. Incluso, aunque en lo esencial casi todo lo grave de lo que nos pasa ahora nos ocurre como consecuencia de lo que se gestó durante los tres últimos lustros, es verdad que no fueron en todo lustros perdidos para nuestra economía
en términos de internacionalización de nuestras empresas, de mejora de nuestra dotación de capital físico y tecnológico, e incluso no fueron años perdidos en el mantenimiento de nuestra cuota de comercio internacional. Durante la crisis el ajuste
de nuestro déficit corriente ha sido extraordinario, tan extraordinario como lo fue el nivel al que creció durante los años de expansión inmobiliaria. Y, lo que es más importante, el descenso en la demanda interna no explica por sí mismo este
descenso en el déficit de nuestra balanza corriente. La explicación se encuentra en nuestras ventas al exterior -usted lo ha subrayado en su intervención- y, por cierto, también en nuestras ganancias en el ámbito de nuestra cuota en el mercado
interior por parte de nuestras empresas. Así hemos podido mantener durante este tiempo un pulso que de otra forma sería casi continuo o, si se prefiere, inexistente: el pulso que se tiene en las proximidades de la muerte. El reto para el futuro
es mantener una situación que hoy ya sería de práctico equilibrio en nuestra balanza de pagos sin el concurso del déficit de nuestra balanza de bienes energéticos, es verdad, pero es de justicia subrayar en este momento el esfuerzo -que podría
decirse que es un esfuerzo histórico, si no fuera por el abuso que a veces hacemos de esta palabra- que nuestras empresas están realizando en términos de eficiencia, de capacidad de competir y de apertura de nuestros mercados exteriores.


Durante estos años se han abordado también importantes reformas -usted se ha referido a algunas de ellas- en ámbitos esenciales de nuestros mercados de factores, tres de ellas en el ámbito laboral y de la negociación colectiva: una en junio
de 2012, otra en junio de 2011 y otra de menor calado en agosto de 2011. La cuarta acaba de aprobarse por decreto-ley hace algunas semanas. Esta es sin duda una reforma peculiar porque, a la vez que dice perseguir como objetivo que el despido sea
el último recurso al que se apele por parte de las empresas en dificultades, lo que hace es producir la mayor reducción del coste del despido que se haya realizado en España desde 1976, un año en el que, como usted sabe bien, nuestro país carecía de
democracia.


Se ha reformado también en este tiempo nuestro sistema de pensiones, con éxito en lo que se refiere a que se obtuvo con acuerdo social. Ha sido una reforma profunda y yo creo que además hecha de una forma adecuada y equilibrada. En mi
opinión puede decirse sin exagerar en forma alguna que ninguna de las tres reformas anteriores de nuestro sistema de pensiones alcanzó el grado de acuerdo y de profundidad en la revisión de nuestro sistema que alcanzó la realizada en el acuerdo
social y económico de enero de 2011. Y junto a ello se ha avanzado, es verdad que a veces de forma seguramente insuficiente, en el proceso de liberalización del sector servicios y, pese a la ruptura por parte del Gobierno del acuerdo político
alcanzado en septiembre del pasado año, hubo un consenso básico alrededor de la idea de constitucionalizar el principio de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo sin dogmatismos y con rigor, como algo positivo en el futuro devenir de una
economía como la española, que comparte moneda con otros dieciséis países europeos sin contar el Vaticano y San Marino, que también utilizan el euro. Si no fuera porque la reforma más importante -la que verdaderamente explica como ninguna otra
nuestra situación actual y nuestras perspectivas de futuro- sigue inconclusa tras haber aprobado en casi tres años seis leyes, la última el pasado mes de febrero con el pleno apoyo del Grupo Socialista; si no fuera porque las reformas financieras
abordadas en un marco de crisis, que en el caso español incluía también -y no se ha referido usted lo suficiente a ello- los frutos de la orgía inmobiliaria, una orgía protagonizada por el mundo financiero con los ahorros de todos, enterrados -cito
literalmente- bajo los cimientos del delirio, como hace unos días decía Manuel Rivas en un memorable artículo -La puntería, así lo titulaba hace unas semanas en el diario donde suele publicar sus artículos- respecto de la situación inmobiliaria, y
alguna valoración por su parte sobre la situación de los activos inmobiliarios dentro de nuestro sistema financiero en una situación como la actual no sobraría; si no fuera por eso, las demás reformas a las que me he referido es muy probable que
hubieran resultado suficientes, incluso algunas podrían perfectamente haber sobrado. Y entre las que sobran -y me temo que en eso no estaremos de acuerdo- está la última reforma laboral. Sobre ello me gustaría subrayar que he

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echado de menos -quiero ser preciso en mis palabras- que la misma prudencia que usted ha mostrado en el ámbito financiero, que es su principal competencia, la hubiera exhibido también en el ámbito laboral. No digo que en estos temas no
opine el gobernador del Banco de España, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, sino que lo haga desde el equilibrio que siempre se necesita en un asunto en el que el banco debe ser extremadamente delicado.


Señor gobernador, antes de terminar me gustaría conocer su opinión sobre algunas cuestiones que considero fundamentales. Por supuesto, aunque algo ya ha avanzado en su intervención, me gustaría conocer su opinión y las acciones previstas en
el ámbito de la regulación y de la supervisión financiera en lo que se refiere a un asunto fundamental a la luz de lo ocurrido en estos lustros, la prevención del sobreendeudamiento. Mi grupo presentará próximamente una iniciativa legislativa al
respecto y su visión sobre este asunto es siempre importante en este tipo de iniciativas. No le pediré su opinión sobre lo que me parece uno de los principales e imperdonables errores del presupuesto para el presente año, los efectos que sobre
nuestras perspectivas de crecimiento a largo plazo implican recortes del 36 por ciento y de casi el 25 por ciento en infraestructuras y en investigación y desarrollo, esos recortes hablan por sí mismos y no es preciso mayor valoración a ese
respecto, pero es necesaria su visión del instrumental a disposición para lograr el, para nosotros, imprescindible proceso de recapitalización de nuestro sistema financiero.


Señor gobernador, termino ya. Le reitero mi agradecimiento y me permito recordarle unas palabras que Barry Eichengreen escribió hace algunos años. Él decía que el patrón oro no pudo sobrevivir en lo esencial por la dificultad de imponer
devaluaciones internas en un marco como el existente ya durante el primer tercio del siglo XX, en el que los sindicatos, que comenzaban a tener un alto nivel de fortaleza, tenían la costumbre -se supone que no mala costumbre- de defender los
salarios y la dignidad en las condiciones laborales de los trabajadores. Si ese es el único espacio que deja la moneda única europea y además insiste en que se consiga de hoy para mañana, como ocurre con las devaluaciones monetarias; si el único
espacio que deja es el de acabar de forma abrupta con lo que con tanto esfuerzo hemos construido en Europa en nombre de una austeridad feroz y de terminar haciéndonos insolventes incluso a los que hoy no lo somos; si todo esto significa acabar con
lo que hemos vivido durante más de medio siglo en Europa con dignidad y con libertad después de haber originado y de haber sufrido las mayores guerras y conflictos que la humanidad haya conocido; si esto es lo que nos espera, la moneda única
europea no sobrevivirá porque perderá en muy poco tiempo el apoyo social que el euro, como cualquier régimen monetario, necesita. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer también la comparecencia del gobernador del Banco de España ante la Comisión de Presupuestos. En cuanto a la posición de nuestro grupo parlamentario
respecto a las manifestaciones y a la exposición del señor gobernador, nos gustaría plantear algunas consideraciones. En primer lugar, hemos echado en falta en su intervención una valoración relevante sobre en qué situación se encuentra la
reestructuración del sistema financiero español y nos gustaría que nos diera alguna información al respecto, ya que no hemos de olvidar que el Banco de España tiene las competencias de supervisión y de garantía de solvencia del sistema financiero
español.


Desde esta perspectiva, hay una primera cuestión que nos gustaría preguntarle al señor gobernador del Banco de España -se la hemos preguntado en otras ocasiones en las que ha comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda, ahora de
Economía y Competitividad-, y es por qué a pesar de las reestructuraciones que ha experimentado el sistema financiero español en los últimos tres años, en los que se han instrumentado mecanismos para que el sistema financiero español pudiera
conseguir recursos por valor de más de 100.000 millones de euros -cuando hablo de recursos que han ido del Gobierno al sistema financiero español no hablo de recursos a fondo perdido sino de instrumentos y mecanismos financieros con intereses a
devolver, pero no deja de llamar la atención que hayan sido más 100.000 millones de euros- y después de observar cuál ha sido la apelación del sistema financiero español al Banco Central Europeo, que en estos últimos meses, concretamente en el mes
de marzo, ha sido de más de 300.000 millones de euros, en estos momentos no hay crédito para las pequeñas y medianas empresas, por qué no hay crédito para el tejido industrial español y por qué no hay crédito para las familias. Usted probablemente
me contestará que no hay crédito solvente, esta es la contestación fácil que se puede dar ante una pregunta de esta magnitud, pero nos gustaría saber qué soluciones, qué planteamientos puede darnos usted hoy en esta Comisión en la que hablamos de
presupuestos, porque estos presupuestos sin crédito para la economía privada no se van a cumplir. ¿Cuál es la opinión del gobernador del Banco de España sobre que en estos momentos, a pesar de las reestructuraciones, a pesar de que llevamos tres
años con reestructuraciones intensas del sistema financiero español, a pesar de los recursos que han ido a parar al mismo -repito: más de 100.000 millones euros- no en subvenciones, sino en mecanismos crediticios, a pesar de las apelaciones que ha
hecho el sistema financiero español al Banco Central Europeo, hoy la triste realidad es que están cerrando muchísimas empresas, algunas de ellas pequeñas y medianas, por falta de liquidez, por falta de

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crédito. Y esto también está llevando a muchas familias a unos límites insalvables.


La segunda cuestión se refiere a todas las dudas que tiene nuestro grupo parlamentario respecto a la EPA (esquema de protección de activos). Tenemos bastantes dudas, algunas de cierta profundidad, de cierto calado, y aprovechamos esta
comparecencia para que usted nos las conteste si es que puede. En primer lugar, en los esquemas de protección de activos que han dado salida a algunas operaciones de reestructuración del sistema financiero español quisiéramos saber por qué en
aquellas entidades en las que el Banco de España tenía confianza en el equipo gestor no se ha aplicado la EPA sobre el equipo gestor, sobre la entidad que tiene problemas de liquidez o viabilidad y siempre se ha partido de la base de que había que
aplicar la EPA a la entidad compradora. Si partimos de que el Banco de España confía en el equipo gestor de algunas entidades financieras -y en este caso me refiero al de Catalunya Caixa-, por qué no se ha aplicado el sistema de razonabilidad de
que las EPA se hubieran podido instrumentar a través del equipo gestor con el FROB detrás, que también tiene un equipo que yo diría competente para poder controlar esta situación. Como esta primera pregunta es quizá una utopía, sí nos interesa
muchísimo saber, en segundo lugar, cómo se van a financiar en el futuro los esquemas de protección de activo -EPA- y cómo se van a financiar los fondos de garantía de depósitos. Esta es la gran incógnita y el gran planteamiento que yo no he
alcanzado a visualizar en manifestaciones por parte del Gobierno ni por parte del Banco de España. Hoy hay unas EPA que pueden ser el soporte o el apoyo de algunas reestructuraciones bancarias. Estas EPA se financian a través del Fondo de garantía
de depósitos. Hoy las reservas del Fondo de garantía de depósitos se han agotado. Y la pregunta nuestra es quién los va a financiar en el futuro en las reestructuraciones que se puedan plantear a partir de las próximas semanas o meses. También
nos gustaría saber quién vigila las ventas de los activos de las entidades que han sido ya reestructuradas o que han sido compradas por otras entidades financieras saneadas. Porque si estas ventas de los activos que están contabilizadas por diez se
venden por dos, resulta que los EPA o el Fondo de garantía de depósitos van a tener que poner los ocho restantes. La pregunta es quién vigila, sea por parte del Banco de España o por parte del FROB, o si alguien vigila estas operaciones de ventas
de activos que se van a producir en las entidades que han sido compradas o absorbidas por entidades solventes en las que las EPA pueden jugar un papel importante.


La penúltima consideración, señor gobernador, es sobre las entidades de crédito en dificultades que no están en proceso de reestructuración. Ustedes saben perfectamente que las que están en dicho proceso en estos momentos son Catalunya
Caixa, Banco de Valencia y que han quedado fuera dos muy importantes. Sobre las entidades que no están ahora en un proceso de reestructuración, ¿nos puede usted afirmar hoy con el máximo rigor y la máxima solvencia que a estas que han quedado fuera
se les va a aplicar el mismo sistema de reestructuración que se ha aplicado hasta la fecha de hoy? ¿O se les va a hacer un traje a medida? Esta es para nosotros una cuestión muy importante.


Finalmente, otra consideración que no es nueva en esta Comisión y que no es tampoco un planteamiento nuevo que haga Convergència i Unió al gobernador del Banco de España, es que nosotros hemos partido de la base de que cuando han surgido
problemas en el sistema financiero español o en los déficit estructurales de todas las administraciones del Estado la posición del gobernador del Banco de España ha sido siempre: la culpa es de las comunidades autónomas. Esta siempre ha sido una
salida airosa por parte del gobernador, que la culpa siempre la tienen las comunidades autónomas. Hace aproximadamente una semana, en un seminario de una compañía multinacional de asesoramiento, usted dijo lo mismo. Leí manifestaciones de usted -y
me imagino que eran ciertas- en el sentido de que en la reestructuración del sistema financiero español había una parte importante de culpa de las comunidades autónomas. Entonces yo le pregunto qué autoridad, qué potestad o qué mecanismos de
control tienen las comunidades autónomas sobre el sistema financiero español. Que yo sepa, en el sistema financiero español los mecanismos de control y supervisión y garantía de solvencia están en manos del Banco de España, y no están en manos de
las comunidades autónomas; estas han de velar por el buen cumplimiento de la gestión, pero no de la supervisión ni de la solvencia. A nosotros estas manifestaciones, ya lo sabe usted, señor gobernador, nos duelen profundamente y quizá algún día
convendría hacer un balance sobre lo que ha ocurrido en la supervisión del sistema financiero español: cómo hemos podido pasar de presumir de tener uno de los sistemas financieros más sólidos de Europa a tener que afrontar una de las
reestructuraciones más profundas y más dolorosas de Europa. ¿Quién supervisaba el sistema? ¿Quién decía que el sistema financiero español era de los más solventes de la Unión Europea y también del sistema económico-financiero internacional? Algún
día también tendríamos que analizar por qué se ha optado por suprimir un sistema financiero determinado de entidades financieras en vez de arbitrar instrumentos que permitieran reforzar su solvencia. Y algún día nos tendríamos que preguntar y
analizar por qué se ha permitido la comercialización de productos financieros sofisticados entre ahorradores modestos, desde las participaciones preferentes a los swasp, entre otros.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Vicente Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Quiero agradecer la comparecencia del gobernador. No sé si esta es la última comparecencia como gobernador electo en este mandato, pero usted ha sido gobernador desde luego

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en unas circunstancias muy difíciles, creo que de las más complejas de la economía española de los últimos años. Además ha sido usted gobernador en una crisis económica donde uno de los puntos nucleares ha sido el sistema financiero. Usted
ha sido un observador privilegiado de la situación económica y ha hecho análisis de esta en estos años en este Parlamento y en muchos casos hemos coincidido. También ha sido el responsable de un sistema financiero que, como decía muy bien el señor
Sánchez i Llibre, ha pasado de ser considerado el mejor del mundo a ser una de las rémoras más importantes para salir de la crisis.


Hago un paréntesis. Acababa don Valeriano Gómez diciendo que el peligro del euro es que socialmente no sean sostenibles las reformas que hay que hacer. Yo creo que el euro ha sido lo mejor que nos ha sucedido para promover el crecimiento,
la creación de empleo o el bienestar y que lo peor y el mayor peligro del euro es no seguir abordando las reformas que lo hagan sostenible en el tiempo. Se ha traído el presupuesto a la Cámara y estamos empezando el proceso de comparecencias en una
época que no es la habitual. Debería haber sido octubre, pero no lo fue porque en ese momento no había Parlamento o, mejor dicho, existía el Parlamento a través de la Diputación Permanente pero no con un funcionamiento normal. Estamos celebrando
en marzo el primer debate de un presupuesto que es, como usted decía, especialmente importante para garantizar una evolución positiva a medio plazo de la economía española dentro del contexto europeo. El presupuesto no es un proyecto ideal, en mi
opinión, para una zona idílica, el presupuesto es un instrumento de política económica para solucionar el problema o dar respuesta a una determinada coyuntura. No estamos hablando de un presupuesto que se haga en un lugar idílico y además en una
coyuntura también exenta de problemas; no, es un presupuesto que se hace en una coyuntura determinada y para un país que tiene ahora mismo unos problemas derivados del contexto internacional y también del contexto interno. Por eso, para entender
el presupuesto -y me parecen muy bien sus reflexiones y en eso coincido- hay que encuadrarlo en un análisis de la coyuntura actual en este país y, además, también hay que acompañarlo de un debate o de un análisis de las reformas estructurales que
tienen que llevar a incrementar el potencial de crecimiento. Es absolutamente cierto que no basta con el proceso de consolidación fiscal. Junto a la senda de ajuste presupuestario o de equilibrio presupuestario hay que establecer medidas que
promuevan el crecimiento económico para que a medio plazo los ingresos se recuperen y se puedan afrontar las políticas que necesita este país.


Dentro del análisis coyuntural en el que hay que encuadrar estos presupuestos, nos encontramos con unas cifras escalofriantes, tanto del número de parados como del déficit público que, teniendo una previsión del 6 en el 2011 acaba en el 8,5;
o con una tasa de crecimiento otra vez en rojo -después de un cierto espejismo de que íbamos a salir, como usted muy bien ha señalado, en agosto, la crisis de deuda soberana vuelve a ponernos en tasas de crecimiento negativo-, y también con unas
empresas asfixiadas económicamente, quizá porque tenían un excesivo apalancamiento porque su actividad necesitaba de un excesivo apalancamiento, pero también porque proyectos solventes hoy no tienen acceso a crédito. Luego, nos encontramos con un
entorno internacional que no confía en nosotros. Y ahora, tenemos dos problemas esenciales: uno, el de las cuentas públicas. Desde mi grupo, le preguntaría cómo es posible que en el 2011 hayamos vivido una situación en la que nadie haya alertado
de que estábamos desviándonos casi 2,5 puntos del objetivo de presupuesto. En octubre del 2010, cuando estábamos analizando el presupuesto, usted vino a hacer también una reflexión muy parecida a la de hoy: el objetivo de déficit público tiene que
ser incuestionable. Ha dicho usted -y coincido con ello- que el objetivo de déficit público para 2012 del 5,3 debe ser incuestionable porque si no alcanzamos ese objetivo, nos ponemos en una situación altamente complicada no solo para que los demás
digan qué buenos somos, sino para que haya una línea de crecimiento y no se produzca una mayor contracción, pérdida de empleo y de bienestar, como ha dicho usted en su primera intervención. Pero en 2010 decía usted para el 2011 que era esencial que
se cumpliera el 6, ¿cómo es posible que, siendo ese un objetivo que debería haber sido incuestionable, nos hayamos presentado al final del ejercicio con el 8,5? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no hay en España un sistema -también lo mencionaba usted- de
alertas tempranas que nos diga que no se está cumpliendo? Para mí, la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se ha aprobado recientemente en esta Cámara no es importante solo por el objetivo de déficit que pone sino por los instrumentos que
normativiza para que se cumpla lo que se dice. Para mí, el efecto que tiene la Ley de Estabilidad Presupuestaria no es que vayamos a aspirar al déficit cero; no, para mí lo más importante y lo que tenemos que transmitir de esa ley es que implanta
instrumentos que permiten alertas tempranas para que no ocurra lo que ha ocurrido en el 2011. ¿Cómo es posible que en la situación en que estábamos nos haya ocurrido lo que nos ha ocurrido en el 2011, sea por las comunidades autónomas, por las
corporaciones locales, por la Seguridad Social o por la Administración central? Creo que es muy importante ser conscientes -y en eso coincido con usted- de que el objetivo de déficit se tiene que cumplir y no basta con plasmarlo en hojas del
Boletín Oficial del Estado, sino que tenemos que tener instrumentos para que a lo largo del ejercicio sepamos que al final va a ser ese el déficit. Además, en el 2012 nos vamos a encontrar con un problema adicional y es que, como el presupuesto
nace ya a mitad de ejercicio, los esfuerzos para que no haya una desviación van a ser todavía mayores. Ese es uno de los problemas que tenemos.


El otro problema que tenemos -y en eso usted ha tenido una responsabilidad mayor- es el del sistema financiero. Creo que de todas las reformas estructurales

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que hay que hacer -y luego haré algún comentario y alguna pregunta adicional y no me alargo, señor presidente-, la más importante es la del sistema financiero. Este fin de semana, en las hojas salmón de algún periódico importante se
publicaba que la reforma del sistema financiero es lo esencial. ¿Cómo es posible que nos pase lo que nos ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer para que fluya el crédito a las empresas, como decía muy bien el señor Sánchez i Llibre? ¿Se han hecho las
reformas de una manera adecuada? ¿No se les han cambiado las reglas demasiadas veces a las entidades a lo largo del proceso? ¿No había inspectores en todas las entidades? ¿Qué hay que cambiar para que no ocurra que el servicio de supervisión del
Banco de España, que era lo más creíble de todas las entidades españolas, no haya previsto lo que ha sucedido? Porque, ¿cuánto han costado, directa o indirectamente, los procesos de reestructuración financiera? ¿Cuánto ha costado la CCM, la CAM?
¿Qué incidencia va a tener eso en el presupuesto y cómo vamos a evitar que tenga incidencia negativa en la deuda pública española? Y ahora, ¿estamos en el buen camino? Me alertó un poco la noticia de hace un par de días de que parecía que el Fondo
Monetario Internacional iba a hacer en el informe algunas advertencias negativas -bien es verdad que ni existe informe ni yo lo he visto-, pero si las entidades financieras están bien o han presentado un proyecto el 31 de marzo, ¿es eso suficiente o
usted dice que falta capital? Creo que es esencial aplicar bien el real decreto-ley y acertar de una vez para siempre. Para que haya crecimiento económico se necesita, junto a otras reformas estructurales, la más importante: que el sistema
financiero funcione correctamente. Es verdad que otras reformas son esenciales, la laboral, de la que usted ha hablado, que yo creo que es una reforma que va por buen camino, la reforma del gasto público. Y hago un paréntesis, los 10.000 millones
a los que se refería don Valeriano Gómez no son de reducción adicional del gasto en los presupuestos de 2012, son el establecimiento de unos mecanismos al servicio de las comunidades autónomas para que ellas puedan cumplir el objetivo de déficit que
tienen fijado. Se da a las comunidades autónomas instrumentos para que puedan cumplir, no son reducciones adicionales.


También le preguntaría si usted cree que hacen falta más reformas y en qué temas. Desde luego, el proceso reformista tiene que continuar porque, junto al proceso de consolidación que usted ha valorado positivamente, tiene que producirse un
proceso de reactivación de la economía y eso solo se consigue con reformas estructurales, no con incrementos del gasto público. Ahí el Banco de España en la primera fase, en la del sistema financiero, tiene que dar un giro copernicano porque si
algo ha fallado en esta crisis es, a mi modo de ver, la supervisión o la credibilidad en la supervisión de las entidades financieras -y concluyo- por aquello de que no se puede pasar del mejor sistema al peor sin explicar nunca las razones por lo
que ha sucedido. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Terminadas las intervenciones de los grupos parlamentarios que han solicitado comparecencia, el gobernador del Banco de España tiene la posibilidad ahora de intervenir de nuevo.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Fernández Ordóñez): En cuanto a la intervención del Grupo Socialista, hay muchos temas y si me olvido de alguno, luego me indica. Es verdad toda la iniciación que ha contado, estamos ante un
problema creado por unos años de expansión, de endeudamiento, de pérdida de competitividad, en los que el sector inmobiliario explota, incluso se ajusta antes de que llegue la crisis internacional, pero salta y nos encontramos con todos estos
problemas.


Coincido con usted, y el otro día lo dije, en que España durante la crisis no ha perdido el tiempo en determinadas cosas. El problema es que muchas veces pensamos solo en lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro, pero si sumamos lo que ha
hecho España, todos, la verdad es que, como usted dice, en el tema exterior es realmente espectacular el cambio, el ajuste de uno de nuestros problemas, que era un déficit corriente del 10 %, fundamentalmente hecho por el sector privado. Es cierto,
es fundamentalmente una tarea del sector privado, pero son evidentes las ganancias de cuota; es evidente que durante la crisis las exportaciones españolas han crecido más no solo que las italianas y las francesas, sino que las alemanas, que es un
país importante en la exportación, que ha habido ganancias de cuota en el interior y que, en definitiva, la competitividad es el gran tema. Porque hablamos hoy del déficit, pero fundamentalmente hasta que no superemos la pérdida de competitividad
no podremos generar crecimiento, especialmente en un momento en que no vemos posibilidad de que venga demanda del consumo, de la inversión, con hogares endeudados, empresas endeudadas, ni del sector público, un sector con déficit. La única
posibilidad es vender más y para vender más hay que dar productos a mejor precio, a mejor calidad y eso es la competitividad, pero no se ha perdido el tiempo. Si ustedes miran uno de los indicadores de competitividad, que es el coste laboral
unitario que llega a un máximo de desviación con la zona euro de 18 % por encima, según los últimos datos estamos en un 6 %; hay que seguir recorriendo, pero significa que se han ganado dos tercios de competitividad. ¿De qué forma? De una forma,
en mi opinión, monstruosa, echando a gente, aumentando productividad y por eso es importante que la ganancia de competitividad que hagamos en este momento gracias a la reforma laboral no sea tanto de pérdida de empleo, sino de mayor flexibilidad
interna, más productividad y más ajustes de los costes y de los márgenes a la situación.


Hay muchas cosas que se han hecho bien. Creo que la reforma de pensiones es una reforma muy importante si nos comparamos con otros países que todavía tienen incluso por debajo de 65 la edad de jubilación, todos los cambios en
contribuciones. Y hoy me he referido a la introducción de algo muy importante, que es el factor de

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sostenibilidad, que esta Cámara, en mi opinión, debería definir cuanto antes para poder, de alguna forma, adaptar los cambios demográficos y poder tener un sistema de pensiones que nos dé una cierta tranquilidad.


En cuanto a las reformas laborales anteriores a esta, usted sabe que las considero más insuficientes y que realmente creo que esta reforma sí que ha dado un paso esencial en cuanto a permitir a trabajadores y empresarios -ojalá lo usen-,
decidir productividad y ajustar sus costes laborales y sus márgenes. Pero a mí esto me parece bien y, en cambio, me parece bien la reforma de pensiones. Uno tiene la ventaja de que no tiene que comer con menú todo lo que hay ahí ni todo lo que hay
allí. A mí me gusta comer a la carta. Hay cosas que se han hecho muy bien y cosas que se están haciendo muy bien y si lo sumamos todo nos sale un país que está haciendo muchas cosas desde que empezó la crisis. En este momento, en mi opinión,
debemos vender España y no vender lo que ha hecho uno y otro, sino todo el esfuerzo que este país ha hecho, no solo sus autoridades, sino su sector privado. Por ahí avanzaríamos más en algo que usted ha señalado fundamentalmente, que es que la
prima de riesgo -y coincido totalmente- es el tema crucial en este momento. ¿Por qué? Porque es el tema de la confianza, es la falta de confianza en el Reino de España, la falta de confianza en que el Reino de España vaya a devolver su deuda y no
se compra más mientras no se tenga confianza. La confianza es crucial y es verdad, como usted señalaba, que en los últimos meses -es obvio- ha habido una aceleración de la pérdida de confianza, que se ve en todo: En la diferencia que teníamos con
Italia, estábamos por debajo de 200 puntos y ahora estamos por encima; en la prima de aseguramiento del Reino de España, que estábamos en menos de 400 y estamos en 500, y en la Bolsa, que el año pasado fue la que mejor se comportó, por encima de la
alemana, la italiana y la francesa, y este año no es solo la peor de Europa, sino la peor del mundo. Es verdad que ha habido asuntos que han llevado a la pérdida de confianza. La desviación del déficit es uno, es clarísimo, las dudas sobre el
objetivo de déficit crearon una inquietud enorme y la presentación de los presupuestos tres meses después, seguramente muy justificada, los mercados no la vieron como justificada. Lo que sucede es que eso ha acabado ya, tenemos un objetivo de
déficit acordado con las comunidades europeas que es del 5,3 y, por tanto, está resuelto ese problema. Hemos presentados unos presupuestos y tenemos la ocasión, si hacemos lo que tenemos que hacer, de reganar esa confianza. He centrado eso -aunque
luego me referiré fundamentalmente al tema que el señor Martínez-Pujalte ha sacado- en el tema del cumplimiento. Creo que es fundamental porque los objetivos están bien establecidos, etcétera.


Ha hecho algunas preguntas concretas. ¿Qué hacer con el sobreendeudamiento? Creo que eso en este momento está prácticamente en todo, el financial stability board, la Junta europea de riesgo sistémico, etcétera. Es decir, uno de los
grandes fracasos de la regulación financiera que hemos tenido todos los países, y que algunos países, sobre todo Irlanda, el Reino Unido, Estados Unidos y España han sufrido más, ha sido el exceso de endeudamiento. Esto es evidente. Curiosamente,
España es el único país que tuvo un mecanismo anticíclico que fue el de la provisión dinámica, pero no fue suficiente. Que no fuera suficiente no lo sabemos. El crédito llegó en total, a mediados del año 2006, a crecer a un 25 % y el inmobiliario
a un 40 %. ¿Cuánto hubiera crecido sin la previsión dinámica? A lo mejor un 40 % y un 60 %. Quiero decir que sabemos que no ha sido suficiente, pero fue una buena idea, una idea que de hecho se copia ahora en la regulación de Basilea con los
buffer anticícliclos. Pero ahí hay que hacer mucho más y en este momento creo que se es perfectamente consciente de los riesgos de endeudamiento porque lo están pagando todos los países y entre ellos el nuestro, entre otras cosas porque salir luego
de la crisis de endeudamiento -tiene que ver con el crédito, señor Sánchez i Llibre- es muy lento. El problema que tiene es que, para reducir el endeudamiento sobre el PIB, la tasa de crecimiento de crédito sobre el PIB tiene que estar por debajo
de la tasa de crecimiento del PIB nominal y si el PIB nominal crece poco, como estamos viendo, inevitablemente durante años tiene que caer el crédito si queremos reducir el endeudamiento de familias y empresas. Es un tema puramente aritmético, que
lleva a que las salidas de la crisis de endeudamiento, como han señalado Rogoff y Reinhart, sean mucho más lentas, mucho más difíciles.


Me ha preguntado sobre los efectos del crecimiento del presupuesto en general. Aquí hay dos posiciones clarísimas. Una, que tiene sus defensores, es una reducción del déficit y es contractiva, mientras que la posición que mantienen la
Comisión Europea, el Banco de España y el Banco Central Europeo es que en esta situación lo más contractivo y lo que va más contra el crecimiento es no reducir el déficit de forma relativamente rápida. Que una reducción del déficit tiene un aspecto
contractivo es evidente, cualquier lo sabe, porque hay una disminución de la demanda, pero en este momento, donde la confianza es absolutamente crucial, donde España tiene un problema de financiación externa y lo va a tener durante mucho tiempo, y
la financiación de los bancos y por tanto de las empresas está ligada a qué valor tiene el spread sobre el Reino de España, la reducción del spread del Reino de España y por tanto una política de reducción de déficit que dé confianza a los
inversores, es crucial, absolutamente fundamental para crecer, porque, si no, no reduciremos los costes de financiación y no podremos salir de un círculo vicioso y monstruoso, que es el de déficit. Eso desde el punto de vista de los aspectos de
confianza, porque luego tiene efectos reales. Cuanto más tarde uno en reducir el déficit, más deuda, más gastos de intereses, menos posibilidad de dedicarlos a otras cosas y por tanto más recortes. En definitiva, la reducción del déficit es
trascendental para la reducción de la prima de riesgo, para la reducción de la deuda y la

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reducción de los intereses, y por tanto es el factor esencial e imprescindible para poder crecer en este país. Evidentemente, hay otras teorías en las que se resalta el factor contractivo, etcétera, pero en este momento y en estas
condiciones no es la cuestión.


Ha citado usted a Eichengreen y la comparación con el patrón oro. Es verdad que el euro tiene de alguna forma un componente equivalente al del patrón otro, qué duda cabe. Es un tipo de cambio fijo. Yo contaba el otro día en una
intervención una reflexión que me hizo un colega latinoamericano, que decía que devaluar es como pintar una casa. Si usted tiene un tipo de cambio flexible, mueve el pincel de arriba abajo y si lo tiene fijo, tiene que subir y bajar la casa para
pintar. Por tanto, la complicación que hay es evidente. Ahora, la inversión, lo que puede significar el euro para España, si somos capaces de ganar competitividad, porque en definitiva se trata de ganar competitividad sin devaluar, tendremos la
certidumbre absoluta de todos los operadores económicos. Porque, claro, no hablamos de lo que no es un problema, pero que en este momento España tenga una inflación subyacente del 1,2 es gracias a estar en el euro y eso permite de alguna forma que
las rentas nominales de los trabajadores no sufran y que por tanto no haya una contracción muy grande debido a la inflación y que las rentas reales de las familias. Nos olvidamos de ello, porque eso está garantizado por el euro, pero es
trascendental. ¿Qué sucede? Es verdad que hay muchos académicos, sobre todo del mundo anglosajón, que tienden a decir que, como esto es muy problemático, se salga del euro. Yo creo que no, que hay que hacer lo que hay que hacer para de alguna
forma poder ganar competitividad dentro del euro. En ese momento, las posibilidades de crecimiento de medio y largo plazo son mucho mayores en esta área de 300 millones de habitantes que si estuviésemos fuera del euro, sobre todo un país como
España, que no ha tenido credibilidad, como se ha visto a lo largo de los años con distintas devaluaciones. Por otro lado, se señala que si Europa -lo decía Eichengreen- hiciera lo que debería hacer, así como a nivel de España la reducción del
déficit es clarísima, uno puede pensar que a nivel global, igual que otros países que no lo tienen, se haga, pero eso depende vagamente de nosotros. El peso que pueda tener el Gobierno español en la mesa de las instituciones europeas es muy
reducido; por decirlo de alguna forma, es de un 10 %. Hay una frase -creo que es de Empédocles, pero no lo sé- que dice que el mundo se divide en dos partes: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Pues mire usted, eso no
depende de nosotros y por tanto lo que tenemos que hacer es reducir el déficit, que es algo que sí depende de nosotros. Si lo otro mejora, bien, pero creo que esta es la orientación final.


Ha hablado usted de la reforma financiera y voy a dedicar mi contestación sobre todo al señor Sánchez i Llibre. Tiene que ver porque todo tiene que ver. La banca está relacionada con el crecimiento, el crecimiento está relacionado con el
déficit y por tanto no voy a escaparme diciendo que esto corresponde a la Comisión de Economía. No, no, voy a contestar a todo lo que usted ha dicho. Creo -lo he dicho- que es una de las cosas que durante estos años -me refiero fundamentalmente a
los gobiernos y a los parlamentos, porque son los que han diseñado la estrategia y, evidentemente, el Banco de España tiene que implementarla- España ha hecho francamente bien. ¿Qué sucede? Se dice, yendo al tema, que no se finaliza esta reforma.
De todas formas, déjeme un minuto, ya que ha sacado el tema, para explicar cómo veo la cuestión de los problemas y lo que se ha hecho. ¿Qué nos hemos encontrado cuando explota la burbuja en el año 2007-2008? Con diez, doce años de endeudamiento
tremendo, suministrado en parte por la banca, endeudamiento exterior y con la ruptura de la burbuja, deterioro de activos, caída del negocio. Por tanto, el sistema financiero se encuentra en una situación complicada. Se dice que se dijo que era el
mejor de los sistemas. Busquen en las hemerotecas porque jamás lo dije. Jamás lo dije. Lo que dije y sigo diciendo -es evidente- es que cuando aparece la crisis internacional, en la que emergen activos tóxicos derivados de una falta de
supervisión y regulación, los SIP, etcétera, en España no aparece nada, cero, y que gracias a eso, el origen de la crisis internacional en España no aparece en absoluto. Hay cero activos tóxicos. Todas las caídas espectaculares que vimos de los
bancos, y de bancos importantes, no se produjeron en España. Es verdad que en España hemos tenido problemas en las pequeñas y las medianas, de las cuales será responsable la supervisión, por supuesto, pero eso no es lo que ha pasado con los grandes
bancos y las grandes instituciones, que durante esta crisis han estado bien y sí tiene que ver con la regulación y la supervisión, porque otros grandes bancos de otros países colapsaron y hubo que intervenirlos e introducirles dinero inmediatamente.
Por tanto, eso, que es donde se concentró la supervisión, y en mi opinión correctamente, con números de personas en las sedes, etcétera, ha funcionado muy bien, francamente bien.


¿Qué sucede? Que la crisis internacional tiene dos efectos indirectos, que afectan enormemente y que explotan todo el problema español -no el internacional, sino el español-, que es el problema del endeudamiento, crisis inmobiliaria,
etcétera. Ahí, evidentemente, si el cierre de los mercados de financiación que se produce y la recesión no tienen efectos sobre la economía y sobre el sistema bancario hubiera sido un milagro. Pero en el fondo nuestro problema es fundamentalmente
español. Es un problema de endeudamiento, inmobiliario, un problema que felizmente estaba controlado, reducido a muy pocos bancos, uno o dos, y fundamentalmente a bastantes cajas. No todas, porque yo jamás he dicho que fuera un problema de cajas,
porque ha habido cajas excelentes, que han hecho la inversión correcta, la que deberían haber hecho, y que se han comportado como los grandes bancos. ¿Con qué nos encontramos? Con un número de cajas, aproximadamente unas treinta, que eran viables
en aquel momento,

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pero que a través de un análisis prospectivo se veía que no, y dos bancos.


¿Qué es lo que se ha hecho durante este tiempo? Pues lo que se ha hecho ha sido gracias a las leyes que este Parlamento ha aprobado. Me parece que las seis leyes que se han aprobado, desde la relativa a la creación del FROB hasta la última
que ha presentado este Gobierno, han tenido una cosa magnífica, el respaldo de los dos grandes partidos. Eso es importante porque hemos visto en otros temas que ha habido una discusión enorme. Estas leyes han tenido el respaldo absoluto. Incluso
en el Real Decreto-ley de 2011 el Partido Popular no se opuso, sino que votó abstención. No podemos encontrar que en ningún momento los dos grandes partidos hayan estado tan de acuerdo. Pueden equivocarse o no pueden equivocarse. Yo creo que no
se han equivocado, porque ¿qué es lo que han hecho, y las diferencias son relativamente menores? Montar una estrategia que signifique los menores recursos públicos. Es importante porque, si no, se hubiera contaminado la situación fiscal de España
y hubiéramos podido tener problemas como los han tenido otros, que de repente se colapsa la economía y ya se colapsan los bancos. Ese criterio es razonable, aunque es evidente que ese criterio obliga a buscar soluciones privadas, porque el Estado
no llega con la chequera y reparte dinero entre los bancos. Eso no se ha hecho aquí. No sé de dónde saca usted el cálculo de los 100.000 millones de euros, meterá usted lo del Fondo de activos financieros. (El señor Sánchez i Llibre: Del fondo.)
Evidentemente, pero ahí están, con un resultado para la Hacienda pública muy positivo. Eso era un problema de liquidez en un momento determinado. Pero lo que se llama ayuda, la ayuda realmente, la mayoría la han puesto los fondos de garantía de
depósitos y los fondos de cajas de ahorros y hay una cierta ayuda en riesgo del FROB pero que no llega ni a un 1,5 % del PIB. Ese es un elemento importante.


¿El otro cuál era? Desde el principio hasta este decreto del Gobierno, sanear y capitalizar las instituciones, tenerlas saneadas; a medida que se van deteriorando los activos, sanearlas. Entonces ahí viene la pregunta de siempre: ¿por
qué con esto no se finaliza? A mí me la han hecho en todas las reformas que han realizado todos los Gobiernos y que el Banco de España implementa. Siempre aparece un periodista y dice: ¿y con esto se ha acabado? Vayan ustedes a las hemerotecas,
mi respuesta es no. Si se detiene el deterioro de la economía -lo he dicho el otro día sobre esta reforma-, si la situación de la economía se recupera, la reforma que ha hecho el último Gobierno es más que suficiente. Si la economía se deteriora
incluso lo que está esperado, es suficiente, es decir, que haya casi un 1,7 este año y un 0,3 el año que viene de crecimiento. Ahora, si usted, señor Sánchez i Llibre, me dice que vamos a tener una recesión del 3 o del 4 % el año que viene, yo
tengo que decir una frase que ya he dicho, que si la situación de la economía se deteriora más de lo previsto, habrá que seguir saneando, porque uno tiene que tener instituciones sólidas, pero tampoco puede decir, como hacen muchos analistas,
quecomo es posible que se deteriore esta barbaridad, yo tengo que provisionar más. ¿Por qué? Usted tiene que provisionar por el deterioro que haga. ¿Cuándo se detiene esto? El día que se detiene el deterioro, pero tenemos la tranquilidad de que
ahora tenemos instituciones sólidas y bien capitalizadas.


¿Con esto -y es la otra pregunta- vamos a tener crédito? Pues no. Es verdad que algunas autoridades dicen: con mi reforma, el crédito saldrá. No. El crédito no tiene nada que ver con esto. El crédito tiene que ver con que haya una
demanda solvente. Y, lo siento, señor Sánchez i Llibre, un banco lo que debe dar es dinero a quien se lo va a devolver. Los problemas que tenemos son porque se ha dado dinero a quien no lo devuelve, no porque se haya dado dinero a quien lo va a
devolver, sino que se ha dado dinero a quien no lo devuelve, y por eso hay que tener en cuenta al contribuyente. La demanda solvente de crédito está absolutamente basada y por eso es transcendental. Se me decía que por qué hablaba de la reforma
laboral. Porque sin crecimiento, sin ganancias de competitividad, todo va en contra de la banca: cae el negocio, aumenta la morosidad, se deterioran los activos. La banca, como un zapatero gana de vender zapatos, gana de dar créditos. En el
momento en que viera que esos créditos tienen sentido de ser devueltos, es su misión, no hay más que dejarla. ¿Cómo? ¿Qué es importante? Que sean sólidos y de ahí que en la reestructuración bancaria lo que es importante es que las instituciones
sean sólidas y solventes, pero no pensando que eso va a crear el crédito, sino que si viene el crédito, pueden hacerlo.


Hay un test clarísimo. Los grandes bancos, yo creo que nadie duda que son los más sólidos, no les hace falta ni reestructurarse ni nada. Están cumpliendo las normas del EVA. Sin embargo, está bajando el crédito en España. ¿Por qué?
Porque las oportunidades de crédito en España no son razonables y tiene que bajar. Hay otra razón, porque si las empresas están endeudadas y las familias están endeudadas, son las primeras empresas, las más solventes, las que van a decir, cuando
amortizan el crédito: a mí no me da usted más, porque yo no quiero crédito, yo quiero bajar mi endeudamiento para poder invertir en un momento determinado. Esto es así y sé que a lo mejor cuesta desde otras plataformas decirlo, pero yo lo he
venido diciendo sistemáticamente. ¿Eso significa que la reestructuración no sea importante? No, es importantísima. ¿Esto significa que en España no se haya hecho? No solo se ha hecho en saneamiento y capitalización, que se ha venido haciendo
continuamente -y por cierto la reforma de este Gobierno ha sido un paso importantísimo: en saneamiento se habían saneado 104.000 millones de euros, con la reforma de este Gobierno se van a sanear hasta 140.000, que es el 14 % del PIB-, sino que
también esta reforma ha seguido en el sentido de seguir aumentado el capital con el buffer correspondiente. Por tanto, se ha continuado en ese sentido.

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¿Qué se ha hecho también? Reducir capacidad. Tenemos que tener un sistema financiero en el que los bancos que estén tengan beneficios y no tengamos instituciones zombis; por tanto, es importante que desaparezcan las instituciones y los
gestores que no son viables. La desaparición de veintiocho cajas y dos bancos en un periodo de tres años o que no llega a tres años me parece que es un récord bueno, pero, en fin, esto es discutible. ¿Qué ha permitido eso? Doblar el tamaño de las
entidades. Se ha doblado el tamaño de las entidades, lo cual es importantísimo en un negocio como este, porque nos da entidades eficientes. Ahora, eso hay que hacerlo, es imprescindible, es fundamental, pero mientras la economía no tire, lo que
tenemos es un sistema financiero dispuesto a, con una excepción que yo siempre he señalado y es que uno puede detectar un exceso de falta de confianza en las pymes. Creo que ahí el mercado no funciona porque los bancos están muy, muy preocupados
por las posibilidades de las pymes. ¿Por qué? No tienen datos suficientes, no tienen un récord histórico. De ahí que sean importantes las políticas, las que se han hecho y las que se vayan a hacer, para empujar a los bancos y facilitar el
crédito. ¿Cómo? Disminuyéndole a los bancos de alguna forma la idea de riesgo a través de ICO o a través de cualquier otra cosa que se le pueda a uno ocurrir. Ahí sí que creo que es importante una labor intervencionista, si usted quiere, por
parte del Estado para corregir este problema. Esto es lo que pienso.


Decía usted también: con toda la cantidad de dinero que ha ido a los bancos y que sigamos así. Yo creo que el LTRO, la operación que adoptamos en Europa, en las dos partes, en Fráncfort, de dar posibilidad de préstamos a tres años, no la
tomamos en Fráncfort por beneficiar a la economía española, pero ha sido un beneficio absolutamente extraordinario, porque ha permitido que, en una situación en la que hay dudas sobre el Reino de España y que inmediatamente se trasladaban a los
bancos, todos los calendarios de amortización de deuda en este momento están cubiertos gracias a eso. Dice usted que dónde está eso. Dónde estaríamos si no tuviéramos eso, dónde estaríamos si en el momento de llegar las amortizaciones la banca no
tiene con qué pagar porque no tiene los recursos. Yo le digo lo que hubiera ocurrido: habría contraído el crédito inmediatamente. La contracción del crédito, el credit crunch hubiera sido brutal. Por tanto, estamos en una situación en la que el
crédito sigue bajando suavemente, pero no hemos tenido un credit crunch enorme gracias a la política del Banco Central Europeo. Esto, y es lo que he dicho en mi intervención, en algunos países ha relajado y la banca dice: si tengo financiación
fuera, no hago nada. La ventaja de que la reforma de este Gobierno haya exigido a los bancos saneamiento y capitalización es muy positiva, porque en su momento ese saneamiento va a darle duro a la cuenta de resultados, evidentemente, puede haber
instituciones que aparezcan con pérdidas, pero están absolutamente protegidas por la operación de largo plazo del Banco Central Europeo. Es el mejor momento para poder seguir exigiendo a la banca y a las entidades de crédito que lo hagan.


Creo que los resultados están ahí en tamaño y en todo. He creído intuir que usted cree que ha sido un error o que podría haberse hecho otra cosa, el no convertir las cajas, quiero decir la entidad financiera en bancos. En mi opinión eso es
algo que dejamos a nuestros sucesores como algo fantástico, porque hemos introducido la disciplina de mercado, etcétera. Hemos comprobado, y esto es cierto, que ha habido cajas que lo han hecho muy bien, pero es evidente que ha habido cajas que,
por la vigilancia de comunidades autónomas, por las personas que se han metido o por lo que usted quiera, no lo han hecho bien y lo estamos pagando y han sido cajas que hasta hemos tenido que intervenir. Donde no ha habido unos gestores que han
hecho lo que el Banco de España les ha estado continuamente diciendo y requiriendo -con esos inspectores que usted cita, que les dicen: haga usted esto, y no lo han hecho- llega un momento en que si no lo hacen, hay que intervenir, pero si uno
mira, el número de entidades han sido pocas.


Entra ya en otros terrenos que no sé, presidente, si corresponden, pero yo voy a tratar de contestar a todo lo que ha dicho, por ejemplo, lo de los EPA. Contestaré a tres o cuatro cuestiones, si le parece, señor Sánchez i Llibre. ¿Por qué
no se aplica al que puede conseguir unos inversores: si yo puedo conseguir a este inversor, usted me da un EPA? Porque los EPA solo se pueden dar -porque es un instrumento absolutamente potente- si hay un proceso competitivo. Yo no puedo dárselo
a este señor porque sí. Yo tengo que abrir un proceso competitivo y decir: yo doy un EPA, pero se lo doy al que menos dinero pida al Estado, no al que pida más. El EPA está ligado al proceso competitivo y, en consecuencia, eso es lo que se debe
seguir haciendo. No se debe hacer EPA fuera de procesos competitivos. Primero, creo que no se debe; segundo, creo que la Comisión Europea no nos dejaría, porque el EPA es una ayuda que debe ser luego considerada en el proceso de formación del
precio, de alguna forma, de lo que cuesta quedarse con una entidad.


Respecto del límite del Fondo de depósitos, se aprobó un decreto-ley -creo que con la abstención del Partido Popular- a finales del año pasado en cuanto a que todo el coste lo pagara el Fondo de garantía de depósitos. Ahí está y es lo que
hasta ahora, con las operaciones que hay en marcha, de alguna forma se puede hacer. Pero es verdad que ese decreto-ley decía que esto valía solo mientras no se pusiera en perjuicio la estabilidad del sistema, es decir, si al final todos los bancos
van a tener que pagar, pero creo que hasta ahora es algo que se ha cumplido y que es razonable. El proceso de venta de activos lo debe de hacer el FROB, obviamente; debe vigilarlo y que se garantice que el precio sea razonable de la forma que sea.


Plantea usted qué pasa con las que no están en proceso de reestructuración. Déjeme que le corrija. En proceso de reestructuración están todas. Se ha obligado a todas

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las entidades. Una cosa es que haya algunas que además hayan recibido ayudas o tengan mayoría del Estado público, que en este momento son las dos que están en venta más Nova Caixa, pero el resto están todas reestructurándose. Esta tarde
podremos acabar, porque empezamos la semana pasada, con los planes de todas las entidades para ver cómo cumplen el decreto-ley del Gobierno. Y ahí hay planes de reestructuración y planes de cómo van a llevar adelante el tema. Por tanto, esto
compete a todas porque son todas las que lo tienen que hacer.


Respecto de si yo soy partidario o no de las comunidades autónomas, no es verdad lo que se ha dicho. Respecto de las comunidades autónomas, hace uno o dos años dije que era importantísimo que se revisaran los mecanismos de información, que
contaran lo que hacen y que hicieran lo mismo que el Estado, es decir, que informaran mes a mes sobre su situación. Se publicó en prensa que estaba en contra de las comunidades autónomas. Pienso que no se está en contra de las comunidades
autónomas cuando se les pide que informen y que cumplan. Si no informan y no cumplen, es cuando el ciudadano va a decir: a mí esto no me gusta. Por tanto, mi opinión es que tienen que informar y cumplir. Por favor, no creo que sea un jacobino, y
además aquí hay gente más importante para juzgar acerca del jacobinismo. (El señor presidente, Guerra González: Y más jacobino.-Risas.)


Paso a contestar al señor Martínez-Pujalte sobre algún aspecto que ya está contestado. Lo del mejor del mundo, se lo digo: yo no lo he dicho y creo que sí fue excepcionalmente y buenísimo para evitar que además de la crisis española
tuviéramos una crisis del tipo de special purpose vehicle. Hay que agradecerle al Banco de España -y a mis antecesores- ese tema y el de la provisión dinámica.


¿Cómo es posible -y vuelvo al último tema a tratar con el señor Sánchez i Llibre- que en 2011 hayamos llegado al 8,5 en lugar del 6? Este es el problema. El nuevo Gobierno, creo que el 30 de diciembre, nos informó que existía esa
desviación, la del 8 o el 8,5, pero es que el 29 de diciembre, nadie, ni el Banco de España ni nadie -yo no sé si el Gobierno lo tendría-, sabía qué había pasado en las comunidades autónomas desde el mes de junio del pasado año. Habían pasado los
dos últimos trimestres sin saberse nada. Por tanto, coincido plenamente con usted que aunque en la opinión pública el objetivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es lo que da lugar a discusiones, lo mejor de la Ley de Estabilidad son dos
cosas: los instrumentos que proporciona de corrección y la obligación de información temprana. Creo que esto es capital. Es más, aunque no esté en la ley, creo que se podría mejorar.


José Barea, que ha sido funcionario en varias administraciones, escribió la semana pasada un artículo en el que solicitaba algo sobre lo que deberíamos reflexionar: Si es importante el cumplimiento -porque luego la desviación es la que
lleva a la desconfianza-, por qué no trimestralmente el Gobierno da cuenta de cómo está yendo el Gobierno central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas. Y si hay desviaciones, qué va a pedir o qué va a hacer para corregirlo, de forma que
a lo largo de un año tendremos cuatro momentos -o tres, porque el último sería ya al final- en que se da una oportunidad de recaudar toda la información temprana, de hacer un juicio y de ver los planes de correcciones. Son planes que deberían
explicarse más y hacerse mucho más accesibles a la opinión pública y en general. El nuevo Gobierno ha dado diez años a las comunidades autónomas, ha proporcionado liquidez para el Plan de proveedores. A mí me parece muy bien, pero al lado de eso
tiene que haber unos planes de ajuste que se expliquen perfectamente y que todo el mundo sepa qué es lo que tienen que hacer. Aunque haya una cláusula de no salvamento, tiene lógica ayudar en la liquidez y a las comunidades autónomas, pero a cambio
de unos planes de ajuste que se expliquen perfectamente.


Respecto del sistema financiero, más o menos he explicado todo. Creo que no es un cambio de reglas, señor Martínez-Pujalte. Fue encontrarse con una crisis bancaria y, sin embargo, los medios de solución no estaban preparados para esta
crisis. Le doy dos pistas: una, no estaban preparados para la unión monetaria, que impide la financiación monetaria. En las anteriores, el gobernador del Banco de España llegaba y decía: dale 2.000 millones y se ha acabado. Y se daban 2.000
millones con una decisión del Banco de España. Yo eso no lo puedo hacer. Al estar en la unión monetaria me prohíbe absolutamente hacer eso, por lo que hubo que convocar un Consejo de Ministros para intervenir una caja. Posteriormente, gracias a
la creación del FROB, se impide eso, pero no teníamos un FROB, hubo que crearlo.


En segundo lugar, las crisis estaban pensadas para los bancos, sociedades mercantiles, etcétera. Las cajas habían resuelto sus problemas sin necesidad de ayuda, por integraciones, etcétera, pero se llegó al caso de que esta crisis era no de
todas las cajas de ahorro pero de cajas de ahorro, y nos encontramos con los problemas de las cajas de ahorro: comunidades autónomas, sindicatos, problemas de gobernanza, problemas de decisión para ver quién manda o no, etcétera. Yo no digo que
todo sea jauja en las sociedades mercantiles, y hemos visto que ha habido que resolver problemas en bancos, pero es más fácil, porque hay un propietario que está pensando en maximizar su beneficio y minimizar sus pérdidas y no en quedar bien con
este o con aquel. Todo ese cambio evidentemente ha habido que hacerlo con modificaciones en la Ley de Cajas y creando los SIP para dar posibilidad de posteriormente ir a las fusiones.


Aunque el diseño y las políticas no son del Banco de España -como todo el mundo sabe son de este Parlamento o del Gobierno-, es evidente que uno lo ejecuta. Yo podría decir: no me gusta lo que han hecho los Gobiernos. No, me gusta, me
parece que lo han hecho bien. ¿Por qué? En parte porque han tenido el asesoramiento

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del Banco de España, aunque luego hayan elaborado sus proyectos de ley y hayan venido a este Parlamento. Insisto en que me parece el ejemplo de una situación, como usted ha dicho y se lo agradezco, bastante complicada.


Habla de más reformas. Creo que ahí hay una lista de siempre. Nos hemos centrado en la reforma laboral. Son muy importantes también las reformas que disminuyan los márgenes no justificados, los márgenes empresariales. ¿Y eso quién lo
resuelve? Pues todas las políticas pro competencia, todas las políticas que liberalicen mercados. Es evidente que, según dice la Comisión Nacional de la Competencia, tenemos los precios del petróleo más altos de Europa si uno quita los impuestos.
Pues habrá que mirarlo. Lo mismo ocurre con los de la electricidad. O, en el tema de los alquileres, ¿es suficiente con lo que se ha hecho de la agilización de los embargos? ¿No es mejor rápidamente quitar los plazos, etcétera? Creo que hay una
lista bastante larga que se debe centrar en otros mercados que no solo son los laborales. ¿Por qué? Porque la ventaja de eso es que ante aquellos ajustes que haya que hacer en costes salariales, en la medida en que haya moderación en precios, los
asalariados no sufren, porque no tienen que pagar costes derivados de comportamientos oligopolísticos. Esto es lo que se me ocurre.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Ordóñez, por su presencia y por sus explicaciones. Igualmente, muchas gracias a las señoras diputadas y los señores diputados. A las cuatro volvemos a reunirnos.


Se suspende la sesión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (FERNÁNDEZ CURRÁS). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (Número de expediente 212/000108); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000182); CATALÁN,
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (Número de expediente 212/000233), Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/0000275).


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, reanudamos la sesión dedicada a las comparecencias para informar sobre temas relativos al proyecto de ley de presupuestos. Comenzamos esta sesión de la tarde con la comparecencia
de doña Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia y las explicaciones que tenga a bien darnos. Tiene la palabra la señora secretaria de Estado de Presupuestos
y Gastos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Fernández Currás): Sirvan mis primeras palabras para manifestar un doble agradecimiento: a sus señorías, los miembros de esta Comisión, que han tenido la paciencia de guardar esta
primera comparecencia para este momento del curso legislativo cuando lo que indicaba, bien lo sé, el uso parlamentario era que hubiera venido el pasado mes de marzo a presentar el cierre de las cuentas del ejercicio 2011. La excepcionalidad en
todos los aspectos de estos Presupuestos Generales del Estado para 2012 que hoy someto a su consideración hicieron que solicitara de sus señorías la oportunidad de hacerlo ahora. Y de ahí viene mi segundo agradecimiento, muy especial, al presidente
de la Comisión, don Alfonso Guerra, con el que pude mantener un agradable primer contacto con el fin de entregarle las cuentas de 2011 y que me sugirió que comenzara esta comparecencia precisamente por las cifras más significativas del cierre de
2011. Honran desde luego al Congreso de los Diputados, y a esta Comisión en particular, la presencia y el sentido de estado de quien, como don Alfonso, sabe interpretar los tiempos y las urgencias y priorizar unos y otros en aras de un mejor
funcionamiento.


Permítanme, pues, comenzar señalándoles que el conjunto de las administraciones públicas cerró el pasado año 2011 con un déficit de 91.344 millones de euros, lo que equivale al 8,51 % del PIB, según el avance de datos de ejecución
presupuestaria que el Gobierno remitió a la Unión Europea. Los datos confirman que el desequilibrio de las cuentas públicas fue superior en 2,51 puntos porcentuales al objetivo de consolidación fiscal del 6 % del PIB comprometido en 2011 por el
Gobierno español ante la Comisión Europea, ante esta Cámara y ante los ciudadanos españoles, que hasta el último día de su responsabilidad afirmó. No se cumplió. Ello quiere decir que en 2011 todas las administraciones públicas acabaron el año en
número rojos en términos de contabilidad nacional y que ese era el primer problema que este Gobierno se encontraba y al que tenía que hacer frente en el momento mismo de su toma de posesión, como más adelante detallaré.


Señorías, en 2011 la Administración Central del Estado, sin tener en cuenta el efecto de las liquidaciones del sistema de financiación, incurrió en un déficit de 54.739 millones de euros, equivalente al 5,1 % del PIB nacional, con una
desviación respecto al objetivo inicial de 0,3 puntos porcentuales. No se cumplió. El cierre del ejercicio de 2011 nos muestra que la Administración General del Estado se ha desviado tanto en sus provisiones de ingresos como en sus gastos. Los
ingresos no financieros del Estado en términos de caja han sido inferiores en 1.875 millones de euros a los previstos en el presupuesto. Esta diferencia se ha producido como consecuencia de una menor recaudación de ingresos impositivos por importe
de 3.355 millones de euros,

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frente al avance del resto de los ingresos no financieros en 1.480 millones de euros. En los ingresos impositivos las desviaciones negativas más significativas se han producido en el IRPF, con 1.950 millones de euros menos, y en los
impuestos especiales, con 1.854 millones de euros menos. Por el contrario, los ingresos por impuestos sobre sociedades e IVA han sido superiores a la previsión inicial en 603 millones y 387 millones de euros respectivamente. La mayor recaudación
sobre el presupuesto inicial en el impuesto sobre sociedades obedece al cambio producido en el Real Decreto 9/2011, de 19 de agosto, que modificó al alza los tipos impositivos de los pagos fraccionados para aquellas sociedades con una facturación
igual o superior a 20 millones de euros, a la vez que limitaba temporalmente la posibilidad de compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores y el importe a deducir en concepto de ajuste por el Fondo de comercio. Como ya les he
señalado, el incumplimiento de las previsiones de recaudación de impuestos ha sido en parte compensado por mayores ingresos en el resto de las partidas. En concreto, por el resto de los ingresos se han obtenido 1.480 millones de euros más de los
previstos. A ese resultado ha contribuido principalmente al aumento de los capítulos de tasas, precios públicos y otros ingresos, y el correspondiente también a los ingresos patrimoniales.


Respecto a los gastos no financieros del Estado, las obligaciones reconocidas no financieras se han elevado a 154.395 millones de euros, cifra que supone un porcentaje de realización del 97 % de los créditos totales. En el ejercicio 2011 el
Consejo de Ministros adoptó acuerdos de no disponibilidad por importe de 854 millones de euros, teniendo en cuenta estos acuerdos. La ejecución a 31 de diciembre de 2011 por operaciones no financieras pasa a ser de 97,4 %, porcentaje idéntico al
del ejercicio inmediato anterior. A pesar de los acuerdos de no disponibilidad, los gastos no financieros fueron superiores en 4.339 millones de euros a los créditos inicialmente previstos. Todos los capítulos de presupuestos, salvo el relativo a
los intereses de la deuda, han cerrado con un gasto superior al previsto.


Por lo que respecta a la Seguridad Social, terminó en 2011 con un déficit en términos de contabilidad nacional de 995 millones, un 0,09 % del PIB. Les recuerdo, señorías, que el objetivo previsto era acabar el ejercicio con un superávit del
0,4 % del PIB. Por lo tanto, tampoco se cumplió.


Por su parte, el total de las comunidades autónomas terminó el ejercicio, sin considerar el efecto de la liquidación del sistema de financiación, con un desequilibrio de 31.541 millones de euros, lo que supone un 2,94 % del PIB. El desfase
respecto al objetivo inicial, que era del 1,3 %, se sitúa en 1,6 puntos. En 2010 las administraciones autonómicas alcanzaron idéntico porcentaje. Las autonomías que en el pasado ejercicio registraron un mayor déficit fueron, por este orden,
Castilla-La Mancha, 7,30; Extremadura, 4,59; Murcia, 4,33. Por el contrario, las que tuvieron un menor desequilibrio fiscal fueron Madrid, con un 1,3; Galicia, con un 1,61 %, y Canarias, con un 1,78 %. Considerando el conjunto de las
comunidades autónomas, la causa principal del incumplimiento en su objetivo de estabilidad presupuestaria sería la caída de sus ingresos, tanto de los correspondientes al sistema de financiación como de sus ingresos propios, sin que se haya
compensado con una reducción suficiente de sus gastos.


Por el lado de los ingresos, los factores más relevantes que han afectado a su evolución pueden resumirse en los siguientes puntos. Sin tener en cuenta los saldos de la liquidación del sistema de financiación, en 2011 los ingresos del
sistema han sido inferiores, en torno a 2.300 millones de euros con relación al ejercicio anterior. Se ha producido, además, una disminución de los ingresos correspondientes a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en una media
del 19 % con relación a la recaudación de 2010, así como de los ingresos derivados del impuestos sobre sucesión y donaciones, que disminuyen en torno al 12 %, y los ingresos derivados de la imposición sobre el juego, con una reducción del 18 %. Los
gastos no financieros de las comunidades autónomas se han reducido en 4.800 millones de euros.


Las corporaciones locales cerraron el año pasado con un déficit de 4.069 millones de euros, equivalente al 0,38 % del PIB. La desviación respecto de su objetivo fue, por tanto, algo menos de una décima. Esta desviación negativa se ha
debido en parte al descenso de los ingresos por impuestos en torno a 350 millones de euros, centrándose la caída en todos los impuestos ligados a la construcción que se han reducido en torno a un 15 por ciento. Asimismo, en conjunto se ha producido
una pequeña desviación de sus gastos, especialmente en los intereses, debido al aumento de su endeudamiento y del tipo de interés a pagar.


Con estos datos al cierre del ejercicio de 2011 ya supone, señorías, el desolador panorama que se encuentra el Gobierno del Partido Popular cuando accede a su responsabilidad a finales del pasado año. La convocatoria anticipada de las
elecciones generales y la disolución de las Cortes Generales sirvieron para que el anterior Gobierno se ahorrase la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, de estos presupuestos generales que hoy vengo a presentar a sus
señorías. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134.4 de la Constitución, se prorrogan automáticamente los presupuestos de 2011, unos presupuestos que los datos de cierre ya demuestran que eran fallidos, de manera que la pura y
simple prórroga de la Ley de presupuestos hubiera ocasionado graves disfunciones que era preciso corregir. En primer lugar, porque en algunas materias como las pensiones públicas la Ley de Presupuestos Generales para 2011 se remite a la congelación
operada por Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, siendo voluntad de este Gobierno terminar con la referida congelación. En segundo lugar, por razones de seguridad jurídica. Difícilmente determinados preceptos, especialmente en

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materia tributaria, podían considerarse prorrogados. Finalmente, porque la situación económica y financiera aconsejaba no prorrogar algunas actuaciones que podrían tener repercusión en el déficit público y en la estabilidad presupuestaria,
con las consecuencias que ello podría tener en los compromisos asumidos por España ante la Unión Europea en el seno de un procedimiento de déficit excesivo. La constitución de las Cortes Generales el pasado 13 de diciembre hizo inviable la
aprobación de una ley de Presupuestos Generales del Estado antes del 31 de diciembre. Por estos motivos y de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Pero es que, además, señorías, aunque la senda de consolidación fiscal de España acordada por el Gobierno anterior con la Unión Europea y repetida y
confirmada hasta la saciedad por sus responsables hasta el mismo momento de su cese, fijaba para 2011 un cumplimiento del 6 por ciento del PIB como objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas, lo que nos encontramos en
diciembre fue que el déficit de las administraciones públicas del Estado español en 2011 había alcanzado la cifra del 8,51, una desviación de 2,5 puntos del PIB, equivalente a 27.000 millones de euros, y nos encontramos que una parte importante de
esta desviación se produjo en las administraciones territoriales, lo que les obligará, al igual que a la Administración Central, a adoptar de forma inaplazable las medidas necesarias para reconducir esta situación. Esas primeras decisiones
adoptadas al comienzo de la nueva legislatura comportaron acciones tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado de los gastos, y supondrán una reducción de carácter inmediato del desequilibrio presupuestario en más de 15.000 millones
de euros, un 1,4 por ciento del PIB. Con ello se pretende garantizar que el sector público español inicie una senda de reequilibrio que aporte credibilidad y recupere la confianza en la evolución futura de la deuda y el déficit públicos españoles.


Como ya he señalado, esta necesidad de control de déficit público y de cumplimiento del objetivo de estabilidad hizo necesario realizar un primer ajuste en el gasto público, limitando la disponibilidad de los créditos de los presupuestos
prorrogados por 8.914 millones de euros. Por el lado de los ingresos públicos, se ha acordado el mantenimiento del incremento del pago fraccionado en el impuesto sobre sociedades para grandes empresas, que fue adoptado el pasado mes de agosto y la
creación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de un gravamen complementario, temporal y progresivo para la reducción del déficit público. Por otro lado, con el propósito de que las entidades locales puedan cumplir con su objetivo
de estabilidad presupuestaria, se establece la aplicación transitoria y excepcional para inmuebles urbanos de un incremento de tipo impositivo en el impuesto sobre bienes inmuebles para los años 2012 y 2013.


Señorías, alcanzar los objetivos de reducción del déficit público que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas es responsabilidad de todas y cada una de las Administraciones, de todos y cada uno de los partidos políticos y los
agentes sociales que intervienen en la vida pública, especialmente en un Estado como el nuestro en el que una gran parte del gasto público se desarrolla de forma descentralizada. Para ello es imprescindible el firme compromiso de todos con la
estabilidad presupuestaria. A su cumplimiento, así como al apoyo a las líneas maestras de la nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, se han comprometido tanto las comunidades
autónomas como las entidades locales en las respectivas reuniones celebradas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración Local. Me hubiera gustado encontrar idéntico compromiso en los grupos políticos
representados en las Cortes, por cuanto esta ley emana directamente del gran acuerdo de reforma del artículo 135 de la Constitución que se adoptó por una gran mayoría en esta Cámara en septiembre pasado. El Gobierno de España es consciente de la
situación por la que están atravesando muchas de estas administraciones y del incremento de los costes financieros que la inestabilidad de los mercados y la pérdida de confianza ha supuesto para ellas. Ante las actuales dificultades de liquidez que
esta situación está generando, nos hemos comprometido a adelantar en 2012 el 50 por ciento del importe estimado de las liquidaciones de los recursos del sistema de financiación y a aplazar un máximo de 120 mensualidades el reintegro pendiente de las
liquidaciones negativas procedentes de los años 2008 y 2009, siempre que acuerden con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un programa de ajuste. Similares compromisos se han adoptado también en las entidades locales. Asimismo, el
Gobierno en el marco de la nueva normativa de estabilidad presupuestaria ha establecido una línea ICO, cuyo objetivo es prestar apoyo financiero a las comunidades autónomas, condicionado a que se cumplan los objetivos de disciplina fiscal, con el
fin de apoyar a las autonomías en un contexto financiero como el actual, especialmente delicado, garantizando, en todo caso, que esta actuación no suponga un retraso en el proceso de ajuste estructural al que están obligadas. Como ya saben sus
señorías, la línea ICO está dotada con 10.000 millones de euros ampliables a 15.000 millones y permitirá dotar de financiación a las comunidades autónomas para el pago de vencimientos de deuda financiera autonómica esencialmente.


En consonancia con las actuaciones señaladas y con la finalidad de avanzar en la recuperación de la actividad económica, se ha creado un fondo de financiación de pago a proveedores para las entidades locales y las comunidades autónomas, con
un importe máximo de 35.000 millones, que es de carácter voluntario y

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extraordinario. Este mecanismo permitirá a las empresas proveedoras de las entidades locales y de las comunidades autónomas cobrar de forma ágil sus obligaciones pendientes de pago, supondrá una inyección de liquidez directa que impulsará
la actividad empresarial y evitará la destrucción de empleo.


En enero se aprobó el desarrollo de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pendiente en este momento de su paso por el Senado, como la regla de oro fiscal, con un contenido muy estricto que establece el
sistema de seguimiento y control del presupuesto de todas las administraciones territoriales. Paralelamente, se han aprobado las reformas del sistema financiero -saneamiento de los activos inmobiliarios de los bancos- y la reforma laboral -dotar de
flexibilidad un sistema que solo se ajustaba mediante despidos-. Vamos a acometer igualmente la reforma de los organismos reguladores -simplificación y profesionalidad para promocionar la competencia- y vamos a combatir la morosidad del sector
público con el pago de la deuda a los proveedores. Todo ello con objeto de promover el crecimiento.


El objetivo de política económica principal que se pretende con la reducción del déficit público es facilitar la financiación de los agentes privados. Con una senda sostenible de las finanzas públicas se disipan las dudas sobre el futuro.
El sector público deja libre los recursos que deben financiar el crecimiento económico y se asegura el pago de los servicios y prestaciones públicas. En términos prácticos, esta consolidación se debe traducir lo antes posible en una normalización
del acceso a la financiación y en una reducción de los diferenciales de tipo de interés. Eso es lo que pretende la consolidación fiscal, que no es un fin en sí misma, sino el medio para disfrutar de condiciones de financiación adecuadas para el
fomento de la actividad económica y la creación de empleo. En este marco, señorías, e incluyendo todas las medidas que hubieran de adoptarse por el procedimiento de urgencia ante la situación heredada, porque estos señorías, no son los presupuestos
para ocho meses de 2012, sino para todo el ejercicio, el Consejo de Ministros aprobó los Presupuestos Generales del Estado en su reunión del viernes 30 de marzo. Tal y como este Gobierno ya había anunciado repetidamente desde su toma de posesión,
cumplimos el 30 de marzo. ¿Cuáles son los principios que inspiran estos presupuestos? Ni más ni menos, señorías, que el realismo, el rigor y la austeridad. Son unos presupuestos excepcionales exigidos por un estado de excepción de nuestra
economía. Hemos llegado a esta situación porque se han dejado de hacer cosas o directamente se han hecho mal en las últimas legislaturas, empezando por estos presupuestos que tenían que haber estado aprobados ya en esta Cámara cuando este Gobierno
tomó posesión y no hubo la gallardía ni el interés de presentarlos. Quiero en este momento volver a transmitirle que el objetivo prioritario de toda la política económica del Gobierno de España es el control del gasto, cumplir nuestros compromisos
con la Unión Europea, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Y en ese marco, como ustedes saben, los Presupuestos Generales del Estado son, junto con las reformas estructurales, la herramienta de que dispone el Gobierno para
plasmar las políticas con las que aspira a lograr este objetivo. Con ellos lograremos que a lo largo de 2012 España alcance el equilibrio de su balanza de pagos por cuenta corriente con respecto al resto del mundo, lo que quiere decir que España no
va a necesitar en 2012 de más financiación exterior. Obviamente, tendrá que hacer frente a sus vencimientos, pero a estas alturas el Tesoro ya ha pactado casi el 50 % de las emisiones previstas para todo el año. Por lo tanto, no hay motivo para
las dudas de los mercados.


Son unos presupuestos previsibles, austeros y certeros, que recogen con responsabilidad, rigor y realismo las políticas que el Gobierno está aplicando desde el comienzo de este año, que coincide con el inicio de su responsabilidad de
gobierno, sin concesión a la demagogia. Son previsibles porque nadie puede esperar de nuestra, hasta la saciedad reiterada, determinación de recuperar la economía y el empleo en nuestro país que este Gobierno no arrostre las reformas y medidas que
la situación exige, sin concesión a la autocomplacencia, sin demagogia electoralista ni miedo al desgaste, en el convencimiento de que una absoluta mayoría de los españoles nos encomendaron esta labor precisamente en la seguridad y la certeza de que
no nos temblaría la mano a la hora de tomar las decisiones. Austeros, porque la situación que hemos encontrado no permite ni media alegría ni una concesión a la filigrana ni al gesto gracioso, y porque vamos a comenzar con austeridad en la propia
Administración General del Estado y, por ende, con la nueva ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y según su propia voluntad expresada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera también se unen a este fin las
administraciones autonómicas y locales. Son certeros porque, como no podría ser de otra forma, estamos convencidos de adoptar las medidas necesarias, por más duras e inevitables que sean, que nos exigen tanto nuestra condición de socios europeos y
los compromisos que de ello se desprenden, como la misma situación de la economía y el empleo en nuestro país. No les quepa duda de que estos Presupuestos Generales del Estado, con ser los más duros que se han aplicado en nuestro país, serán
medicina adecuada para la economía enferma que hemos encontrado. Los presupuestos permitirán reducir el déficit del Estado en más de 17.000 millones de euros, 1,6 puntos del PIB, pero el esfuerzo de austeridad es muy superior. Dada la existencia
de aumentos ineludibles de gasto, como son los intereses, la financiación de las administraciones territoriales y las pensiones de clases pasivas, el ajuste real que se ha de afrontar es de 2,5 puntos del PIB. La reducción del déficit público se
llevará a cabo mediante una combinación de incremento de ingresos y austeridad en el gasto, de forma similar a la adoptada ya en el Real Decreto-

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ley 20/2011, de 30 de diciembre. Con ellos el Estado afrontará el ajuste más intenso de todo el proceso de consolidación fiscal, buscando repartir la carga derivada del mismo equitativamente. Este ajuste se realizará de manera proporcional
a las posibilidades de cada uno de los agentes económicos, evitando de esta forma que la carga se centre en un sector específico, y en particular en los sectores más desfavorecidos.


Señorías, por el lado de los ingresos públicos las medidas de consolidación fiscal suponen un aumento de 12.300 millones, sin los cuales, en un entorno contractivo, la recaudación desde luego sufriría un descenso. La primera medida
contemplada en el Decreto-ley 20/2011 supone la aplicación de un gravamen complementario, temporal y progresivo en la cuantía a la cuota íntegra del IRPF. Este gravamen se aplicará durante los ejercicios 2012 y 2013, con unos porcentajes que
oscilan entre el 0,75 y el 7 % de máxima. Asímismo, se establece un gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 % y el 6 %. Por este gravamen complementario se estima un incremento de ingresos de 4.100
millones de euros. Un segundo grupo de medidas contempladas en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, va dirigido a aumentar la tributación efectiva de las personas jurídicas y el afloramiento de rentas que permitan obtener de manera
transitoria recursos adicionales. Con la modificación del impuesto sobre sociedades se espera obtener una recaudación de 5.350 millones. Por otro lado, y como ya saben sus señorías, se aprueba un programa extraordinario en su alcance cuantitativo,
cualitativo y temporal para incentivar que los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre la renta de no residentes y sobre sociedades regularicen su situación tributaria declarando aquellos bienes o derechos ocultos a
la Hacienda Pública, en línea con las recomendaciones de la OCDE. Asimismo, están previstos cambios que producirán un aumento de los ingresos en el impuesto especial sobre labores de tabaco y en la tasa sobre el ejercicio de la potestad
jurisdiccional Los ingresos no financieros del Estado crecerán gracias a las medidas de consolidación fiscal adoptadas y al efecto en la liquidación de los sistemas de financiación. Serán los ingresos de naturaleza tributaria los que experimenten
una evolución más favorable debido principalmente a la repercusión que tiene sobre estos ingresos la liquidación del sistema de financiación autonómico del ejercicio 2010. Corregido el efecto de esta liquidación, que no supone mayores ingresos
efectivos, los ingresos de naturaleza no tributaria se incrementarán un 7,3 % en relación con 2011. En el año 2012 se realizará la liquidación de los recursos correspondientes al sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común
del ejercicio de 2010. Esta liquidación tiene la particularidad de que las entregas a cuenta de los recursos del sistema satisfechos en 2010 se hicieron con los parámetros del antiguo sistema de financiación, regulado en la Ley 21/2001, pero la
liquidación ha de hacerse conforme a las normas de la liquidación de la Ley 22/2009. Además, ha de tenerse en cuenta junto a esta circunstancia que durante el año 2010 se concedieron anticipos a cuenta de los fondos de convergencia contemplados en
el nuevo sistema y que habrán de liquidarse ahora, en el año 2012. Esta liquidación introduce este año una importante distorsión, por lo que cualquier comparación a realizar entre ambos ejercicios debe tener en cuenta esta consideración. La
liquidación del sistema de financiación de 2010 supondrá en términos netos una liquidación favorable a las comunidades autónomas. Por ello, el Estado, desde principios de año, les ha anticipado las transferencias correspondientes a esta liquidación
positiva. Estas transferencias, aunque han deteriorado temporalmente y a efectos comparativos el déficit del Estado en estos primeros meses del año, han permitido aumentar la liquidez de las comunidades autónomas.


Desde el punto de vista del gasto, se adoptan las medidas de austeridad necesarias que permitirán cumplir con el déficit del 3,5 %. Así, como les adelantaba, teniendo en cuenta la previsión de ingresos no financieros del Estado y los
ajustes de contabilidad nacional más el gasto correspondiente al sistema de financiación de las administraciones territoriales, el límite de gasto no financiero que se recoge en los presupuestos se reduce a 116.140 millones de euros, por lo tanto,
inferior al techo de gasto aprobado por las Cortes. Con esto debe atenderse a una serie de obligaciones del Estado correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 2.270 millones de euros, lo que reduce el límite de gasto efectivo para el
año 2012 a 113.870 millones de euros, lo que supone una disminución en términos homogéneos del 6,7 % con respecto al presupuesto del 2011. La reducción del gasto no financiero refleja el esfuerzo presupuestario que se va a realizar en este
ejercicio, un esfuerzo que será mayor en los departamentos ministeriales, con una reducción del 13,1 %. Pero si esta comparación la hacemos en términos homogéneos y descontamos las aportaciones a la Unión Europea, partidas obligatorias como los
intereses, clases pasivas o el Fondo de contingencia, entre otros, la reducción efectiva de los ministerios alcanza un 16,9 %. Como ya expliqué anteriormente, porque estos son los presupuestos de todo el año 2012, en su configuración se contemplan
las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 20/2011, que limitaba la oferta de empleo público al 0 % y al 10 % exclusivamente para determinados colectivos y extendía la jornada laboral a 37,5 horas para los empleados públicos de todas las
administraciones públicas. En concreto, las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal no experimentan incremento respecto de las retribuciones de 2011. Este hecho, unido al efecto de las restricciones en la oferta de empleo
público, nos va a permitir contener el capítulo 1, de gastos de personal, en un 2,6 %. Sin embargo, el aumento previsto de los gastos correspondientes a pensiones de clases pasivas, un 7,9 %, produce un aumento en los gastos de personal aparente
del 1,3 % en el presupuesto porque no hemos congelado

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las pensiones, cosa que ya se hizo con anterioridad, tampoco a los funcionarios jubilados.


Señorías, los gastos en bienes corrientes y servicios se reducen, una vez descontadas las obligaciones de ejercicios anteriores a las que hemos hacer frente, en un 10,7 % respecto al presupuesto del año 2011; los créditos para gastos
financieros se incrementan un 5,3 %; las transferencias corrientes, excluidas las correspondientes al sistema de financiación de las administraciones territoriales, que crecen, se reducen un 8,6 %, con la única excepción de las pensiones mínimas;
por su parte, las transferencias de capital se reducen un 46,4 %; y por último, las inversiones reales, descontadas las obligaciones de ejercicios anteriores, se reducen un 19,6 %. Señorías, creo que estos datos ilustran bien a las claras el
esfuerzo que este Gobierno ha realizado y está pidiendo a las administraciones, a los funcionarios, a las empresas y a los ciudadanos que realicen con ellas para corregir los gravísimos desvíos que han llevado a nuestra economía a una situación
límite. Unos esfuerzos, señorías, que no solo el Gobierno, sino también la sociedad misma reclama de ustedes y de las formaciones a las que representan, a cuya altura espero que ustedes demuestren estar.


Me gustaría ahora referirme brevemente a las principales actuaciones que serán desarrolladas desde los distintos departamentos ministeriales y que altos cargos de los ministerios irán contando sucesivamente. Yo lo voy a hacer a continuación
porque, en definitiva, tenemos que centrarnos en que siguen existiendo 44.000 millones de euros disponibles para los ministerios o 65.000 millones, según contemplemos el gasto no financiero disponible o el total presupuesto disponible. Ese análisis
y la toma de decisiones al respecto se ha hecho con rigor, con realismo, con austeridad, con responsabilidad, sin alharacas ni concesiones a la galería y sin enmiendas de campanario, ni medallas que colgarse cada uno dentro de su territorio. Porque
estos son, señorías, unos presupuestos de Estado cuya virtualidad es que están absolutamente dedicados a lo urgente y perentorio en España, en toda España, en todas y cada una de sus partes, que no es otra cosa que la reducción del brutal déficit
que nos hemos encontrado, dos puntos y medio superior al que esperábamos. Por ello, la reducción del déficit tiene un único objetivo, la recuperación de la confianza. No hay políticas sectoriales más importantes en este momento que la gran
política de Estado que enmarcan los presupuestos; no hay lugar para las pequeñas zozobras ni intereses reduccionistas de quienes son incapaces de ver más allá de la propia linde de su pueblo. Esta es una política de España y para España, con
absolutamente todos los que la componemos: administraciones, agentes sociales, tejido económico y ciudadanos. El momento requiere grandeza de espíritu y altitud de miras. Señorías, a pesar de la fuerte reducción -y es indispensable para el
cumplimiento de la senda del 3 %-, el objetivo del Gobierno es el reparto equitativo de la carga del ajuste evitando que esta recaiga sobre los menos favorecidos; se actualizan las pensiones, se dotan los créditos correspondientes al desempleo y se
mantiene el sueldo de los funcionarios públicos. Entre las prioridades del Gobierno siguen estando desde luego políticas como la formación, la promoción responsable y compartida de la investigación, el desarrollo y la innovación, por supuesto la
seguridad ciudadana y el mantenimiento de las infraestructuras. Por ello, señorías, el gasto presupuestado para la política de pensiones se incrementa un 3,2 %. Este era un compromiso del Partido Popular frente a quienes ahora se llenan la boca de
preocupación por el gasto social pero las congelaron la última vez que estuvo en sus manos tomar esta decisión. Dentro de esta política se incluyen las pensiones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones de clases
pasivas del Estado. Las aportaciones del Estado para pensiones mínimas crecen un 35,6 %, 1.000 millones más; las pensiones no contributivas tienen un crédito de 1.995 millones. Lo mismo podría decirles del desempleo. Los créditos destinados a
atender la política de desempleo ascienden a 28.805 millones y dejan inalterables los derechos de quienes son acreedores de esta prestación.


En cuanto a infraestructuras, como no podía ser de otra forma en el contexto actual de restricción presupuestaria, se ha reprogramado la política de infraestructuras priorizando las obras con muy avanzado grado de ejecución, los corredores
con mayor volumen de tráfico, y se ha potenciado el transporte de ferrocarril. La dotación para la política de infraestructuras en el año 2012 asciende a 6.897,94 millones de euros, a lo que si añadimos la inversión correspondiente al sector
público y empresarial, 6.983,13 millones de euros, da un total de inversión en infraestructuras de 11.386,89 millones de euros.


En cuanto a educación, el Gobierno propone concentrar los recursos financieros disponibles en programas estratégicos para el sistema educativo, aquellos que son verdadera y contrastablemente eficaces para los españoles del futuro. Así, el
programa de becas y ayudas a estudiantes, dotado con 1.263,62 millones de euros, permite garantizar que la falta de recursos económicos no afecta al acceso y a la continuidad de estudios de ningún estudiante, manteniendo la corresponsabilidad de
quien recibe ese esfuerzo de la sociedad. En lo que se refiere a investigación, desarrollo e innovación civil, el marco presupuestario para el año 2012 concentra los recursos del sistema en dos direcciones: primero, mantener en la medida de lo
posible las cotas de excelencia científica alcanzada en los últimos años y, segundo, conseguir que los recursos y capacidades con los que hoy cuenta la ciencia española contribuyan de una manera más eficiente a la recuperación económica y al
desarrollo social de nuestro país.


En cuanto a seguridad ciudadana, el importe total de las dotaciones presupuestarias destinadas se eleva a 5.468,55 millones de euros, priorizándose la cobertura de las necesidades de seguridad y protección, y de

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defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.


En definitiva, hay políticas en estos presupuestos, claro que sí, las irán conociendo sus señorías a partir de hoy con las sucesivas comparecencias. Pero quiero hacer una reflexión final: lo importante no son las políticas, lo importante
es la política con mayúsculas, la que tiene que permitirnos recuperar el pulso, la pujanza y el prestigio que ha tenido España en nuestro entorno y en todo el mundo. Por ello, señorías, estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 son
duros, exigentes, austeros en grado superlativo, en un grado tan superlativo como su necesidad, su urgencia, su trascendencia para nuestro país; unos presupuestos para todos que reparten responsabilidad, esfuerzo y carga. Tomen la suya, señorías,
y vengan con toda la sociedad en el empeño de la mejora, la confianza y el progreso. Quedo a su disposición para responder a las cuestiones que en lo tocante a mi competencia me quieran formular, y ruego que respeten la comparecencia de mis
compañeros, secretarios de Estado, en lo específico que a ellos les corresponda.


Muchas gracias por su atención, señorías; muchas gracias, señores de los medios de comunicación; muchas gracias a todo mi equipo, que no ha escatimado jornadas festivas ni jornadas nocturnas para hacer este presupuesto de urgencia y sin
lamento alguno; y muchas gracias, señor presidente, por su prodigalidad. Quedo a su disposición.


El señor PRESIDENTE: Le estoy muy agradecido, señora Fernández Currás.


Corresponde ahora a los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia hacer la intervención que estimen conveniente. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Joan Rangel.


El señor RANGEL TARRÉS: Señorías, señora secretaria de Estado, bienvenida a esta Comisión en nombre de mi grupo, aunque ya sabe usted que llega tarde. Pedimos su comparecencia a finales del mes de enero precisamente para conocer con
detalle el alcance del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre y el impacto concreto en las diversas partidas presupuestarias. Hoy comparece y ya nos damos por satisfechos. En cualquier caso, permítame decirle que en algún momento de
su comparecencia más que a la representante del Gobierno, a un alto cargo del Gobierno, me ha parecido escuchar a la portavoz del partido. Creemos que también llegan tarde los presupuestos. Además, desde nuestro punto de vista llegan mal, porque
no aciertan en el objetivo; solo ajuste, y olvidan el necesario estímulo de la economía y el impulso del cambio del modelo productivo.


Empecemos por el retraso. Vamos a ver si le suena esta afirmación: hay quien pone los Presupuestos Generales del Estado al servicio de su partido y hay quien los pone al servicio de los intereses generales de la economía y la sociedad
española. En cualquier caso, se lo recuerdo, las pronunció el actual presidente del Gobierno en el año 2007, y tengo que decirle que estoy completamente de acuerdo con esa afirmación y además a estas alturas creo que ya nadie duda, ni en España ni
fuera de España, de que el Gobierno ha demorado su presentación por motivos electorales; y viendo el panorama que tenemos se me antoja que ha sido una grave irresponsabilidad. Si nuestra economía tenía problemas para navegar en mares procelosos
hacían falta con urgencia dos cosas: una buena carta de navegación, que se resumía en unos presupuestos creíbles y coherentes con los problemas de nuestra economía, y una tripulación experta capaz de gobernar con acierto la nave. (Una señora
diputada: Nosotros.) Pues bien, a nuestro entender, ni los presupuestos son los más adecuados para salir de la crisis a la luz de lo que estamos viendo en estos días -supongo que no lo ignorará-, ni las decisiones que ha ido adoptando el Gobierno,
que se presentaba como el campeón en la gestión de la economía, han sido las más acertadas si atendemos a los resultados. De hecho, a cada decisión que toman abren una nueva vía de agua a las posibilidades de que nuestro país pueda salir de la
crisis de forma adecuada. Siguiendo con el símil náutico, estos días se ha celebrado el centenario del hundimiento del Titanic; hemos recordado a lo que conduce la soberbia que alienta decisiones erróneas. Es el desastre. Deberían tomar buena
nota y rectificar. Lo peor de todo es que, siguiendo este símil náutico, su modelo también replica las consecuencias del naufragio: desprotección para los más débiles y privilegios para los de primera clase, porque es evidente que el recorte en el
gasto social penaliza la cohesión y recae en los más débiles, y si hacemos caso del anuncio de ese recorte adicional de 10.000 millones de euros, el daño va a ser enorme. Por el momento reducen el gasto social en un 4,3 %, pasando a suponer el 56,2
en estos presupuestos en lugar del 58 % como en los anteriores.


Señora secretaria de Estado, señorías, los problemas de la economía española deben abordarse en su conjunto y también en su conjunto deben plantearse los objetivos para atajarlos. Son el déficit público -por descontado-, pero también la
deuda privada, el consumo interior, que se ha de reactivar, y se ha de mejorar la competitividad exterior. Los cuatro, no uno solo. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, solo con ajuste no llegamos; hay que actuar buscando el equilibrio justo
entre medidas de ajuste y medidas de estímulo. Una cosa sin la otra es un error de consecuencias desastrosas para nuestro país y es lamentable, además, que quieran ser el alumno aventajado de esa práctica, en esa teoría. En realidad se lo juegan
todo a una carta: los recortes. Si el enfermo necesitaba cirugía fina, optan por los hachazos, más propios del carnicero que de un cirujano; justifican la medida diciendo que se trata de la condición necesaria para encontrar financiación en los
mercados externos para seguir financiando los presupuestos públicos y hacer frente a los vencimientos de la deuda. Si no bajamos el déficit nadie nos prestará dinero o lo hará a

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un precio insostenible -afirman-, pero usted sabe que esa es una verdad a medias, porque la principal condición para que nos presten dinero es que seamos capaces de devolverlo, y ello se consigue controlando el déficit, sí, pero sobre todo
tomando medidas para que la economía vuelva a crecer y genere los ingresos fiscales para hacer frente a nuestras obligaciones, y la austeridad mal entendida y mal dosificada no aumenta la confianza, más bien la disminuye, como estamos viendo estos
días. Una política de ajuste que olvide la reactivación del consumo interno y la mejora de la competitividad externa nos convierte en menos fiables. A pesar de todo, ¿cuál es la respuesta del Gobierno en estos presupuestos? Ya lo hemos comentado:
el impacto del recorte en gasto social que genera más desigualdad y hace recaer en los más débiles el peso de sus políticas monotemáticas de ajuste. Eso sí, en algunos casos justificándolas sobre la base de un pretendido abuso intentando hacer
culpable a mucha gente de la situación que estamos padeciendo. Y se olvidan claramente del gasto productivo; no apuestan por la mejora de nuestro capital humano, tecnológico o físico; reducen el 21,9 % en educación, en especial las becas y las
ayudas a estudiantes; o bien, en lugar de fomentar la empleabilidad de nuestros trabajadores, reducen el 21,3 % los recursos destinados al fomento del empleo cuando más está creciendo la tasa de paro y estiman en 630.000 los nuevos desempleados;
frenan de golpe la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación porque disminuyen los recursos destinados a la I+D civil en el 25,6 %. Dicha medida, además de ser fuertemente criticada por la comunidad científica, afecta de plano a
la industria exportadora que incorpora conocimiento, crea puestos de trabajo de calidad -no como los que apunta la reforma laboral que han impulsado- y es una apuesta estratégica para la recuperación de nuestra economía; o bien recortan el 32,3 %
en industria y energía o reducen en comercio, turismo y pymes el 22,5 %.


En cuanto a las infraestructuras, si hay que reducir no es menos cierto que hay que saber priorizar y además ejecutar lo comprometido. ¿Está segura de que esta es la opción que recogen los presupuestos que nos presenta? Reducen el 22,1 %
en el subsector Estado y el 22,2 en entes públicos y sociedades estatales, pero creo que a la vista de las propuestas, una vez más, el presupuesto está pensado en clave electoral y no en eficiencia y productividad del gasto. Creemos que anteponen
los intereses de partido al interés general, así como también ignoran el mandato de los estatutos de autonomía. ¿Qué van a hacer para dar respuesta a dicha obligación legal? Las obligaciones legales están para cumplirlas. Lo dijo en más de una
ocasión el presidente Rajoy, entonces candidato, en sus visitas a Cataluña. ¿También se ha olvidado ya? En resumen, siguen hundiendo la actividad y se cargan los motores de la recuperación económica de nuestro país.


En cuanto a los ingresos, su política es injusta, ineficiente y no inspira confianza. Es injusta porque recae mayoritariamente sobre las rentas del trabajo y las clases medias; en el mismo sentido actúa la restitución permanente de la
deducción sobre la compra de vivienda en las rentas altas; es ineficiente porque la subida del IRPF va a deprimir más el consumo y la demanda acentuando la recesión, y aumenta la desconfianza sobre el cumplimiento del déficit porque usted sabe que
la previsión de mayores ingresos no es creíble. Por último, el gran engaño: la amnistía fiscal. ¿Para que va a servir una amnistía tan generosa, que perdona miles de millones de euros sin exigir absolutamente nada a cambio? ¿Sobre la base de qué
criterios científicos -incluso me atrevería a decir que paranormales- han fijado su rendimiento en 2.500 millones de euros? En los presupuestos ni una sola línea para justificarlo. Por injusta, creemos que incluso por inmoral pero también por
inconstitucional, ya hemos anunciado que la vamos a recurrir.


En resumen, con ingresos injustos y no creíbles y con algunos gastos que se van a incrementar, y ustedes lo saben bien, lo más probable es que su controvertido objetivo de déficit no se cumpla, y digo controvertido por la manera tan
pintoresca de fijarlo que tuvimos cuando hicimos el debate en aquellos momentos y las relaciones con Europa. Entonces, con su política, ¿a qué precipicio nos van a arrojar? ¿Qué va a hacer el presidente del Gobierno? ¿Lo mismo que la orquesta del
Titanic, que ajena al drama que estaba ocurriendo continuaba tocando la misma música como si no ocurriese absolutamente nada? Señora secretaria de Estado, nosotros no nos resignamos a admitir la doctrina única a la que nos quieren someter, hay
alternativa y la vamos a defender. No nos resignamos ni nosotros ni la mayoría de españoles y españolas. Vamos a trabajar para ponerlo de manifiesto en el trámite parlamentario en nuestra acción política. No nos resignamos a ser testigos pasivos
del desastre. Sus presupuestos no valen para sacar a España de la crisis. Nosotros vamos a plantear una alternativa basada en la fiscalidad más justa y equitativa y unas políticas de ajuste que irán acompañadas con las de estímulo al crecimiento
económico, el impulso al cambio del modelo productivo, en el que el peso del sector industrial creador de empleo de calidad que incorpora conocimiento y exporta sea mucho más importante, sin olvidar la necesaria cohesión social. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Josep Sánchez Llibre, o Lliure, o Libro o Liebre. (Risas.)


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Me gustaría ser conocido, que se me conociera por mi verdadero apellido, que es Sánchez i Llibre, ya sé que a veces tiene dificultades para poderlo pronunciar, pero también hay otras posibilidades que las hemos
hablando usted y yo personalmente.


Yendo a la cuestión, en primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos y, al mismo tiempo, plantearle una serie

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de consideraciones que nosotros echamos en falta en estos presupuestos. Nosotros en su momento hicimos una valoración en el sentido de que nos preocupaba muchísimo el impacto económico y social que podrían presuponer unos presupuestos
restrictivos en los que, desde nuestro punto de vista, faltan aspectos dirigidos a impulsar el crecimiento económico. Con unos presupuestos restrictivos -como los actuales- sin incorporar medidas orientadas al crecimiento económico, a generar
inversión y a la generación de puestos de trabajo -como han hecho otros países de la Unión Europea que han planteado presupuestos similares al español, pero una parte de los ingresos los han dedicado al crecimiento económico-, difícilmente pueden
tener un resultado satisfactorio a corto plazo. Hecha esta consideración general, vamos a plantearle tres o cuatro consideraciones que si nos las pudiese contestar en su intervención nos daríamos por satisfechos, pero que en caso de que no pudiera
también nos conformaríamos con que nos lo pudiese contestar por escrito en el trámite que considerara oportuno.


En la precampaña y en la campaña electoral y también cuando tomó posesión, el actual presidente del Gobierno, señor Rajoy, siempre planteó que él era una persona seria y que el Gobierno que presidiría sería un Gobierno serio y que, como tal,
se harían cargo de pagar todas las deudas que tenían contraídas hasta la fecha. Pues bien, en este momento y una vez analizados estos presupuestos -al menos desde la perspectiva de Convergència i Unió-, pensamos que lamentablemente este Gobierno no
es serio o no es todo lo serio que debería ser, porque hay algunas partidas que adeudan a las comunidades autónomas, concretamente me refería a la de Cataluña, y no están consignados los recursos suficientes para poder ser atendidas. Es cierto,
como ha dicho la secretaria de Estado, que se han implementado una serie de mecanismos para pagar a los proveedores de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas -procedimientos y mecanismos que nosotros hemos votado favorablemente-, pero no
es menos cierto que aquellos aspectos que hacen referencia a liquidar aquellas deudas que tiene la Administración central con las administraciones autonómicas no se han materializado, no se han planteado los mecanismos en estos presupuestos para que
puedan liquidarse. Quiero recordarle que desde esta perspectiva nosotros siempre hemos mantenido la premisa de que las comunidades autónomas también son Estado. Esto concretamente el señor Montoro siempre lo dice en todas la comparecencias, las
comunidades autónomas y los ayuntamientos son Estado, pero a la hora de la verdad solamente parece ser que es Estado la Administración central y las administraciones autonómicas siempre están en un segundo y tercer nivel. Por lo tanto, desde esta
posición, nos gustaría preguntarle por qué han desaparecido aquellos recursos de la disposición adicional tercera en la cual no está materializado lo que se le adeuda a las diferentes comunidades autónomas del año 2008, que no es responsabilidad de
ustedes, y del año 2009, que sí es responsabilidad de ustedes en el sentido de que no están reflejados en los presupuestos. Y lo que es más grave, no solamente ha desaparecido la partida, sino que también ha desaparecido la autorización del
Ministerio de Hacienda en el articulado para poder autorizar la provisión de estos recursos. Con lo cual, ya no parece un simple olvido, sino que ha desaparecido también la autorización del Ministerio de Hacienda para poder resolver esta situación
de deudas con las diferentes comunidades autónomas. Por este motivo, le preguntamos qué criterios ha seguido el Gobierno en la elaboración de dichos presupuestos en los que niegan a las comunidades autónomas lo contemplado en los diferentes
estatutos correspondientes. Lo normal es que cuando uno elabora unos presupuestos se rija por criterios económicos, pero a nosotros nos da la sensación, lamentablemente -y ojalá cuando finalice la tramitación podamos cambiar de opinión-, de que en
este caso los criterios que han prevalecido en la elaboración de estos presupuestos han sido más ideológicos que económicos.


En segundo lugar, nos gustaría saber qué criterios ha seguido el Gobierno en la elaboración de la distribución de las inversiones territorializadas en las diferentes comunidades autónomas; concretamente en Cataluña la inversión ha caído en
un 45 %, señora secretaria de Estado, cuestión esta que no ha pasado en ninguna comunidad autónoma. Curiosamente, en aquellas comunidades donde va a haber elecciones próximamente, concretamente Euskadi y Galicia, se ha incrementado o no ha
descendido tan considerablemente la inversión. Por lo tanto, aquí me gustaría preguntarle si la elaboración en la distribución de la inversión obedece a criterios económicos en este caso o a criterios electorales. También uno podría llegar a la
conclusión de que según les interesa aplican criterios ideológicos o aplican criterios electorales.


En tercer lugar, me gustaría que fuese capaz usted de explicarnos -nosotros no hemos visto en ningún momento ninguna cuestión que haga referencia a la siguiente pregunta- qué medidas destacaría de este presupuesto de mecanismos, inversiones
o recursos que vayan orientados a impulsar la economía o la actividad económica para generar empleo e inversión. Nosotros no lo hemos sabido ver. Usted sabe que, por ejemplo, en Italia, una parte de los ingresos que presupuestó el señor Monti en
su momento sobre la base de diferentes incrementos de la presión fiscal, iba a reducir las deudas y a ajustar los presupuestos y otra parte, un tercio -concretamente un 33 %- iba dirigida directamente a incrementar la actividad productiva. Nos
hubiera gustado que si existen nos lo dijera en esta comparecencia y, si no, presentaremos enmiendas en el trámite parlamentario. También nos gustaría saber cuál es la justificación -si hay alguna en especial- para que ustedes hayan aplicado una
reducción tan drástica en todos aquellos aspectos que hacen referencia al I+D+i. Curiosamente, en Europa todos los presupuestos comunitarios han ido en la dirección de un incremento de un 30 % aproximadamente

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en I+D+i, que es el valor añadido que el día de mañana puede originar un cambio en el modelo productivo, y aquí ustedes han ajustado un 25 %. También me gustaría conocer qué criterios han tenido en cuenta o cuáles son las razones que han
llevado a que una de las partidas más importantes para la recolocación de las personas que hoy están en paro, como son las políticas activas de empleo, haya tenido una disminución tan brutal como la que ustedes han planteado en este presupuesto, que
no deja de ser una cantidad de 1.550 millones de euros, que son justamente los que administran o gestionan las comunidades autónomas.


Finalmente, hay otra cuestión que también nos llama la atención, pero para eso usted ha comparecido hoy aquí, para que nos pueda aclarar todas aquellas dudas que podamos tener los diferentes grupos parlamentarios, que es la siguiente. Creo
que en estos presupuestos está prevista una caída de la actividad económica del PIB durante el año 2012 de alrededor de un 1,7 % y hay quien dice que algo más, y, al mismo tiempo, ustedes plantean un incremento de los ingresos presupuestarios del
12,5 %. Ya sabemos de dónde viene este incremento de ingresos, de la modificación del impuesto sobre sociedades, los impuestos sobre el tabaco y la regularización fiscal. Por cierto, sería bueno que cada vez que el Gobierno o la secretaría de
Estado tengan la feliz idea de incrementar los ingresos -lógicamente si tú quieres cuadrar los presupuestos una de las posibilidades es incrementar los ingresos- también piensen en incrementar aquellos ingresos fiscales que benefician a las
comunidades autónomas. En esto nunca se equivocan ustedes. Siempre incrementan impuestos curiosamente que benefician a la Administración central. Por ejemplo, incrementar el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, solamente en
el tramo estatal, para que las comunidades autónomas no pudieran beneficiarse de este aumento; y ahora han reducido las deducciones en el impuesto sobre sociedades y también solo va a verse beneficiada la Administración central. Quiero recordarle
una vez más, señora secretaria de Estado, que si las cosas no van suficientemente bien, cosa que yo no deseo, y se les ocurre alguna medida de incrementos fiscales o de presión fiscal, piensen siempre en las comunidades autónomas para que también se
puedan beneficiar de dichos ingresos fiscales. Por tanto, sobre la base de la última información, ¿qué credibilidad le puede merecer a usted que desde la perspectiva internacional con una, yo diría, recaída importante del PIB uno pueda presentar
unos ingresos fiscales con un 12,5 % de incremento?


El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Mixto, y en este caso de Coalición Canaria, tiene la palabra don Pedro Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: Señor presidente, solamente una aclaración, el Grupo es Coalición Canaria-Nueva Canarias. Se lo digo porque yo pertenezco a Nueva Canarias y sería difícil de explicar esa situación.


Muchas gracias, señora secretaria, por su comparecencia. El criterio general que plantea tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias sobre este tema es que entendemos las dificultades en las que se ha realizado este presupuesto,
naturalmente entendemos los límites temporales y las circunstancias relacionadas con un adelanto de las elecciones en un tiempo complejo, todo esto lo entendemos. Sin embargo, nosotros tenemos que manifestarle que estamos en desacuerdo con la
mayor, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la orientación del presupuesto? El presupuesto se puede orientar como se ha orientado o de otra manera. Creo que se ha elegido una obsesión, en nuestra opinión, por reconducir el déficit de una forma
que es irreal, señora secretaria. Nadie se cree que sea posible alcanzar los objetivos de déficit que se han planteado en este caso por el Gobierno de España ni para 2012 ni para 2013. Por tanto, nos encontramos con una autoexigencia de difícil
cumplimiento -de difícil no, de imposible cumplimiento en nuestra opinión- que tiene como consecuencia una severísima restricción de los ingresos públicos, del esfuerzo público para tirar de la economía, que es precisamente lo que nosotros creemos
que debería hacerse. Además, se carga en mayor medida a las comunidades autónomas que a la Administración Central del Estado. Me temo que no tengo tiempo para explicar esto, pero estoy seguro de que no soy el único que lo ha dicho ni que lo va a
decir. Por tanto, es un escenario que no nos permite albergar ningún elemento positivo en el sentido de que este presupuesto está orientado a la generación de actividad económica, en consecuencia, a mejorar las tasas serias de paro que sufre este
país, etcétera.


Desde la óptica canaria -aquí ya se han hecho discursos genéricos con los que estamos de acuerdo en bastante de las cosas que hemos escuchado- le tengo que decir una cosa en primer lugar. En el debate de investidura el presidente Rajoy
realizó una serie de compromisos que no fueron unilaterales o gratuitos, fueron la respuesta a la intervención de Coalición Canaria-Nueva Canarias sobre lo que entendíamos que eran las especificidades canarias en este tema. Desde luego, no tengo
ningún interés en que se nos considere los llorones profesionales ultraperiféricos. No es esta idea. Sí creo que tenemos un conjunto de datos absolutamente objetivos que demuestran que Canarias sufre de alguna forma agravada la crisis. No sé si
el dato de más del 31 % de paro es un dato suficientemente expresivo de lo que estamos hablando. Por tanto, digamos que es incompatible con el sentido del humor por nuestra parte este tipo de datos. Si yo le desmenuzase en este momento la realidad
canaria, que no creo que tenga la obligación de conocer pormenorizadamente, le puedo asegurar que entendería nuestra gravísima preocupación. Lo que estamos planteando es que somos tratados desigualmente por la sencilla razón de que somos desiguales
y no para ser mejores que nadie, para ser iguales. En este sentido, el señor Rajoy hizo un conjunto de compromisos que motivaron nuestra abstención que mucha gente en Canarias,

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por cierto, no entendió, pero dijimos que estaba sustentada en unos compromisos. Esos compromisos hacen referencia al Régimen Económico y Fiscal, al turismo, a la agricultura y al transporte aéreo.


Por empezar con lo que es nuestro fuero, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias es nuestro fuero, es precisamente la normativa que viene a definir cuáles son las particularidades del hecho insular, del alejamiento y, en consecuencia,
cuáles son las necesidades que tiene un territorio que evidentemente tiene dificultades estructurales que no tienen otros. Esto es, como le digo, el Régimen Económico y Fiscal donde el señor Rajoy asumió un compromiso que a nosotros realmente nos
pareció histórico, si quiere que le diga la verdad. Por primera vez el señor Rajoy se comprometió a que se iba a cumplir con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la ley del REF del año 1991. Es decir, esa ley mandata que Canarias debe estar
como mínimo en la media del conjunto de las comunidades del Estado en inversiones, capítulos 6 y 7, excluyendo las compensaciones relacionadas con el hecho insular. Fíjese usted que no es nada excepcional en la media. Esto no se ha cumplido nunca,
lo que pasa es que en tiempos de bonanza las cosas son menos serias. Con la que está cayendo, sinceramente no tenemos más remedio que volver a insistir y nos encontramos con un disgusto importante. La reducción de la inversión en el conjunto del
Estado es del 28,8 % aproximadamente. En Canarias el 40,8 %, 12 puntos más de reducción de la inversión en Canarias que en el conjunto del Estado. En cuanto a la inversión por habitante, en el año 2011 Canarias tenía 111 euros menos que la media
de los ciudadanos del Estado, en este año 125 euros. La desviación en la inversión es del 22,4 % en el año 2011 y del 35,5 % en este año 2012. Canarias perdió cuantitativamente 233 millones de euros en el año 2011 respecto de la media y en el año
2012 va a perder 264 millones de euros para estar en la media de las comunidades del Estado. Nadie está pidiendo aquí privilegios y menos aún nosotros. De forma que, para estar en la media del Estado con los actuales números, 264 millones de
euros. Sinceramente, no sé si consigo trasladar la urgencia que tiene esta tierra nuestra de recibir estas cantidades como mínimo en aplicación de la legislación que nos hemos dado todos.


Señor presidente, no manejo muy bien esto de los tiempos porque soy algo bisoño.


El señor PRESIDENTE: Le queda un poquito.


El señor QUEVEDO ITURBE: Un poquito.


Hay tres materias en las que el señor Rajoy estableció un compromiso en su debate de investidura. Una de ellas es el turismo. Por cierto, nos alegró enormemente escuchar el dato que manejó el señor Rajoy: el turismo representa el 30 % del
PIB canario. Pues muy bien. Esto no lo sabe todo el mundo. Y no en todos los lugares representa el turismo el 30 % del PIB. Estoy seguro de que entiende lo que le estoy diciendo. Hay una reducción de 50 millones de euros a cero. Respecto a
agricultura, supongo que no tengo que explicar aquí lo que le pasa a los productos canarios, la competencia desleal de Marruecos, los problemas con el área dólar y el plátano-dólar, etcétera. Lo único que pretendemos es una cosa, que el costo se
empiece a establecer en Cádiz -digo Cádiz porque es lo que está más cerca de Canarias-, porque si no perdemos siempre. Pues el Posei agrícola canario tiene una reducción de 23 millones a cero; el transporte de mercancías -esencial completamente-,
de 37 millones a 18. En cuanto al transporte aéreo, teníamos el compromiso de mantener la bonificación a las tasas aeroportuarias. Esto fue probablemente, como sabe, la primera decisión de este Gobierno. Se han liquidado las subvenciones a las
tasas aeroportuarias y yo no sé si consigo trasladar bien a la audiencia lo que significa la conectividad para el Archipiélago canario. Parece que hubo un compromiso de retomar esta cuestión, pero esta cuestión no se ha retomado. Por supuesto no
está en los presupuestos, porque debería estar efectivamente en un anexo del real decreto-ley, que no está.


Quiero comentarle tres elementos rápidamente. En infraestructuras, no hace falta que lo expliquemos. Si nadie tira de la economía, si es la empresa, el sector privado precisamente el que de verdad tiene en estos momentos la deuda -el que
sustenta la deuda es el sector privado, como sabe bien, y los ciudadanos, no el Estado-, si no puede tirar de la economía, alguien tendrá que tirar. Las infraestructuras son un elemento determinante y tiene una reducción de 208 millones de euros a
68. En cuanto a educación, por una vez, ya que le estamos haciendo caso a la Unión Europea de una forma persistente, ¡vamos a hacerle caso en esto! La educación es un tema determinante para garantizar la competitividad y el desarrollo económico,
pero tiene una reducción de 40 millones a cero euros. Por último, la desalación de aguas. Como ríos no tenemos, la desalación de aguas es un elemento determinante. El Partido Popular en Canarias, en el Parlamento canario, hizo algo que
aplaudimos. Solicitó que se incrementase la subvención a la desalación de aguas, porque si no alguien va a tener que pagar esto, y me temo que van a tener que ser los ciudadanos; sobre una cantidad ya reducida de 9,8 millones de euros a 4,6
millones de euros; por no hablar de la financiación de las hidroeléctricas, de 60 millones a 16. Yo no sé si transmito con adecuada firmeza la enorme preocupación que nos generan estos presupuestos. Esto es incompatible con que Canarias consiga
remontar. Estoy seguro de que a todo el mundo le pasa lo mismo. Cada uno tiene que contar su libro, pero, si me permiten el chascarrillo, haga un concurso con quien quiera a ver quién está peor y le aseguro que ganamos nosotros.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Antonio Gallego Burgos.


El señor GALLEGO BURGOS: También nos queremos unir al hecho de darle la bienvenida a la secretaria

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de Estado de Presupuestos y Gastos, la señora Fernández, en esta su primera comparecencia en la Comisión de Presupuestos. Todos esperamos que se sienta cómoda y que nos ayude a desarrollar nuestra labor parlamentaria a lo largo de los
próximos meses, a lo largo de toda esta legislatura.


Quiero hacer una pequeña pincelada sobre la liquidación de 2011, porque usted lo ha hecho también en la primera parte de su intervención. Cualquiera que mire la liquidación del presupuesto de 2011 puede sacar dos rápidas conclusiones. En
primer lugar, el cuadro macroeconómico en el que estaba basado el presupuesto de 2011 falló, falló una vez más. Era excesivamente optimista. Así es difícil de cuadrar los presupuestos, y, como esta misma mañana ha reconocido el gobernador del
Banco de España, en un país que ocurre esto, si además no disponemos de mecanismos de alerta temprana para mejorar y corregir a lo largo del ejercicio presupuestario esas desviaciones, desde luego no se pueden conseguir. La segunda conclusión
rápida que saca cualquier observador sobre la liquidación de 2011 es que las administraciones españolas, que tenían como prioridad vital alcanzar el 6 % de déficit público, al final quedó en el 8,51. La Administración Central del Estado tampoco
cumplió con su objetivo del 4,8. No se cumplió ningún objetivo a lo largo del pasado año. El resultado final de la política económica presupuestaria del Gobierno del Partido Socialista es que la Administración del Estado arrojaba un déficit en
términos de contabilidad nacional de 54.739 millones, un 5,1 % del PIB superior en 0,3 puntos al objetivo de déficit; incumplimiento de unos 3.500 millones de euros. Si a ese 5,1 % del PIB de la Administración Central le sumamos el insoportable
déficit del 2,94 % de las comunidades autónomas -que es una grave desviación de 1,6 puntos respecto al objetivo fijado- y el casi medio punto más de administraciones locales y de la Seguridad Social, nos vamos a ese 8,51. ¿Qué significa un 8,51 de
déficit? Que el Estado durante el año 2011 gastó 91.000 millones de euros más, que se dice pronto, de lo que ingresó, una desviación global de 27.000 millones de euros. Este es el resultado del último ejercicio de un Gobierno socialista. Por
tanto, me sorprende muchísimo que ahora nos den lecciones y nos den la solución y nos expliquen cómo se resuelve esto del equilibrio presupuestario. Me parece realmente una broma. Ustedes han dicho que los presupuestos del Estado que presentamos
son irresponsables. Me parece directamente irresponsable, por no decir sonrojante, que el Gobierno, que nos deja 91.000 millones de déficit público, ahora nos explique cómo se tienen que cuadrar las cuentas. Sinceramente, tienen que hacer otro
planteamiento político. Dice: los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se van a cargar el crecimiento. ¡Pero si eso es lo que se han cargado ustedes! Si han dejado el país en 5,3 millones de parados. Si es que estamos en un momento de la
economía de total decrecimiento. Si es que vamos a gastarnos solamente este año 29.000 millones de euros en intereses de la deuda, deuda que han pedido ustedes. Si es que no hay ningún indicador macroeconómico que diga que la situación económica
de España sea positiva. Y dicen que los futuros presupuestos se cargarán el crecimiento. Pero ¿de dónde venimos? Si venimos de una situación absolutamente límite. Por lo tanto, pido también un poquito de responsabilidad a los portavoces del
Grupo Socialista. Entiendo que están en la oposición y que tienen que decir que estos presupuestos son muy malos, pero desde luego tienen que afinar un poco más los argumentos.


Esta herencia negra implica falta de confianza -todo el mundo lo sabe-, implica prima de riesgo alto, los CDS se suben a niveles insostenibles, sigue el desequilibrio, etcétera. ¿Y qué hace el Gobierno del Partido Popular? Tratar de
corregir el déficit público para lograr el objetivo del 5,3 %, objetivo que ustedes nunca alcanzaron. Ustedes no se tomaron en serio las medidas de equilibrio presupuestario. No impulsaron reformas para cambiar la tendencia. Mintieron hasta el
final, porque yo he escuchado a la ministra decir, hasta el último día de su mandato, que iba a llegar al 6 %. El secretario de Estado de Economía venía aquí el año pasado y nos decía que el objetivo del 6 % era vital. Afortunadamente, no ha sido
vital. Es decir, no se cumplió, no ha sido vital, pero nos han dejado en la UVI a la economía. Entonces, ustedes hablan de desastres, del Titanic, de que estos presupuestos van a traer todas las plagas bíblicas y que lo suyo, su modelo y su
propuesta es lo bueno y lo positivo. Me parece realmente muy irresponsable. Me parece muy irresponsable que un equipo de personas que hasta hace 120 días han gobernado este país, que han congelado las pensiones, que han subido el IVA, que han
bajado el sueldo de los funcionarios un 5 %, que acabaron con el cheque bebé, que aumentaron el IRPF, nos digan que están en contra de que se suban los impuestos y que se recorten gastos. Los mismos que dejan 91.000 millones de euros. Eso sí que
es poner en riesgo el Estado del bienestar, dejar 91.000 millones de deuda para el siguiente. El Grupo Socialista puede plantear las cosas de otra manera. El tiempo ha pasado, ni brotes verdes, ni tenemos el mejor sistema financiero del mundo, ni
estábamos en la Champions League, ni nada de nada. Estos mismos nos explican ahora cómo hay que hacer los presupuestos. Ustedes se han comprometido trescientas cincuenta mil veces con el objetivo del 6 %; palabrería, palabras huecas. La
desviación es del 8,52, y me parece realmente grave. Digo todo esto con esta vehemencia porque veo que también lo hace el PSOE. En la pasada sesión dedicaron 15 o 20 preguntas a intentar machacar los presupuestos y decir que eran malísimos. Yo
también voy a hablar hoy con cierta vehemencia, porque cada vez que le escucho desde la tribuna todos estos discursos me sorprende. Hacía referencia al objetivo del 8,3. A lo mejor el PSOE quería que hubiéramos dejado el objetivo que firmó
Zapatero, el del 4,4. Lo primero que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy es ir a Europa a renegociar esos objetivos de déficit, para el año 2012. ¿Ustedes querían que siguiéramos

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en el 4,4 que firmó Zapatero? Porque si no va el presidente del Gobierno del Partido Popular a Europa a renegociar esos objetivos de déficit hoy sería del 4,4. Le digo otra cosa. Si ustedes hubieran cumplido con el objetivo del 6 por
ciento, hoy el Partido Popular para cumplir con los objetivos de déficit tendría que recortar 18.000 millones de euros menos; repito la cifra, 18.000 millones de euros menos si ustedes hubieran hecho los deberes. Durante todo este año vamos a
reducir en 3,2 puntos el déficit público. Estos son unos 37.000 millones de euros, no llegan. Todos los agentes internacionales que saben de economía nos dicen que esto es fundamental. Esta mañana el gobernador del Banco de España, que no es del
PP, ha dicho que el objetivo es fundamental, si no reducimos el déficit público, si no alcanzamos el objetivo del 5,3, nuestro país perderá totalmente la confianza de Europa. No se puede por tercer año consecutivo, llamar a la puerta del Banco
Central Europeo y volver a decirles: Otra vez el Reino de España incumple su palabra. Que incumplamos la palabra dos años, vale, pero el tercero a lo mejor nos lo penalizan. ¿Por qué no explican ustedes cuáles serían las consecuencias de eso para
nuestra economía, ustedes que saben de economía tanto como nosotros? ¿Por qué no les explican a los ciudadanos cuáles serían los riesgos de no alcanzar el objetivo de déficit del 5,3? Yo sé como ha ido la cosa en otros países que no han cumplido
sus objetivos. Por tanto, ustedes hacen un planteamiento en el que dicen: ustedes no deben recortar, ustedes no deben subir los impuestos, ustedes deben cumplir con el objetivo de déficit, aunque yo no lo haya hecho ningún año de mi mandato y
encima dicen que los objetivos de estos presupuestos son nefastos. El tiempo corre en contra nuestra, tenemos que hacer los deberes. Ustedes lo saben perfectamente. Son ustedes los que no mantienen una posición de defensa de interés general de
España. Ustedes sí que están manteniendo una posición basada en el interés del partido. No han asumido aún la derrota electoral. Ustedes no han asumido que tienen 110 diputados, que los ciudadanos, producto de su mala política económica, los han
mandado a la oposición y han tenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista en democracia. Yo les pido que, por favor, actúen con responsabilidad ante esta situación complicadísima que vive la sociedad española. A veces parece que
piden a gritos que no cumplamos con los objetivos de déficit. Saben perfectamente que esa situación es tremendamente peligrosa para nuestro país. Todo el mundo que lee la prensa sabe de lo que estoy hablando.


La secretaria de Estado ha defendido muy bien los presupuestos, ya que es la que los ha elaborado, la que mejor los conoce y sabe de la situación de extrema dificultad que vive la economía española. Desde nuestro punto de vista, el cuadro
macro económico es realista. Podrían reconocer ustedes que salva el poder adquisitivo de las pensiones, cosa que con su Gobierno no se hizo. Se respetan las prestaciones de desempleo, se mantiene el sueldo de los funcionarios, que también son
cuestiones relacionadas con el Estado del bienestar. Ustedes bajaron el sueldo de los funcionarios, ustedes tocaron el IVA; que esto lo diga otro grupo político lo puedo entender, desde el punto de vista parlamentario, pero que lo haga el PSOE y
se queden tan anchos me sorprende profundamente. Ya nos gustaría habernos encontrado algún duro en la caja. Ya nos hubiera gustado encontrarnos la caja con algún euro para hacer más inversiones. A todo grupo político le gusta invertir más y le
gusta gastar más; pero no hay ni caja. La caja también estaba empeñada; han empeñado hasta la caja. Han dejado 91.000 millones y 800.000 millones de deuda pública. No se rían; no es un momento de alegrías y usted lo conoce perfectamente. (Un
señor diputado: La deuda de Gallardón.) No estamos hablando de Gallardón. Váyase usted al Ayuntamiento de Madrid si quiere hablar de Gallardón. (La señora Pajín Iraola: La de Camps.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a terminar.


El señor GALLEGO BURGOS: Creo que sinceramente deben utilizar otros argumentos para intentar criticar. Podíamos tirar de hemeroteca también.


El señor PRESIDENTE: Ya no porque no da tiempo. (Risas.)


El señor GALLEGO BURGOS: Voy acabando. Ya sé que es complicado y no les voy a convencer, pero voy a intentarlo hasta el último minuto. Podemos tirar de hemeroteca y podríamos ver lo que decía la señora Salgado, lo que decía su secretario
de Estado, lo que decía su presidente del Gobierno y usted misma, señora Pajín, cuando gobernaba.


El señor PRESIDENTE: No se ocupe de tantos y ocúpese de la compareciente.


El señor GALLEGO BURGOS: El Grupo Popular apoyará los Presupuestos Generales del Estado. El nuevo Gobierno ha cogido el toro por los cuernos. Estas son las cuentas que necesita nuestro país. Es una urgencia nacional alcanzar el déficit
público. Por eso apoyamos este presupuesto que inicia la senda del crecimiento y la creación de empleo en nuestro país. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, doña Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Fernández Currás): Voy a intentar responder a las inquietudes que los diversos grupos han manifestado. Me gustaría empezar realizando una reflexión. Es obvio que la realidad que
está atravesando la economía española en este momento no ha variado un ápice el discurso de la oposición. Sería conveniente que a esta Cámara se trajeran propuestas posibles y no propuestas de desastres, de todo lo que le faltan

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a los presupuestos, porque eso creo que es pura aritmética. Yo lo puedo resumir muy fácilmente. A un presupuesto que hace un ajuste de 27.300 millones es obvio que le faltan muchas cosas. A partir de ahí quiero sentar una base común
contestando a todos los grupos que se han manifestado diciendo que es un presupuesto poco creíble porque no se van a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y que no son unos presupuestos útiles para salir de la crisis porque solo vamos
a generar más paro y recesión. Discrepo absolutamente. Cabía esperarlo en mi posición, pero además lo puedo fundamentar. Lo que ha generado paro y recesión son los ocho años de gobiernos con políticas erráticas que nos han traído hasta aquí; eso
es lo que ha generado paro y recesión. Ese paro y recesión están aquí, en la economía española; se trata de intentar solucionarlos. Esto es justo lo que tenemos que hacer, intentar solucionarlos. La secuencia ha sido paro, recesión,
desconfianza. Este Gobierno va a hacer justamente el camino inverso: confianza, crecimiento y empleo. Esa es la razón por la que estos son los presupuestos de la confianza; los presupuestos de la confianza en los ciudadanos, los presupuestos de
la confianza en las instituciones europeas. Claro que sí. Estamos en Europa porque queremos; lo hemos querido siempre. Nos convino y nos conviene estar en Europa.


Nos importa también la opinión del Banco Central Europeo. Claro que sí que nos importa la opinión del Banco Central Europeo porque proporciona liquidez a nuestra economía. Nos importa también la opinión de los mercados. Cómo vamos a
desconocer la opinión de los mercados. Los mercados opinan sencillamente porque nos hemos expuesto a su opinión; nos hemos expuesto sistemáticamente pidiéndole prestado mucho, diciéndoles que íbamos a tener una determinada renta y un determinado
nivel crecimiento, y a la primera de cambio lo que hacemos es renovar una póliza de crédito por importe de 25.000 millones, que derivan del incumplimiento que acabamos de mostrar con el cierre del ejercicio 2009. No es muy extraño que en un momento
determinado se pueda concluir, si esta es la conducta del capitán del barco, cuál va a ser la conducta del resto del país. Esto es precisamente lo que tenemos que explicar y reconducir. He dado un dato, estos presupuestos sirven para equilibrar la
balanza de pagos por cuenta corriente a lo largo de 2012. Ya no dependemos de la financiación exterior. Atenderemos sus vencimientos y para eso tenemos que hacer lo que estamos haciendo con estos presupuestos, que son un instrumento eficaz. En
ese cumplimiento del objetivo tan controvertido, como se me está trasladando -supongo que no se referirán al Financial Times, por ejemplo, que en los últimos días se ha manifestado diciendo que, desde el punto de vista europeo, quizá era conveniente
afrontar una política asimétrica de expansión en unos países con determinadas características macroeconómicas y de recesión en contra-, nuestro país está -ahí nos llevaron- en un procedimiento de déficit excesivo y en baja observancia por el
incumplimiento por graves desequilibrios macroeconómicos. Ni Financial Times precisamente atribuía el papel de expansión a nuestro país.


Esas políticas de elección expansionista fueron posibles en otra época, y por desgracia se aplicaron mal. Pese a gastar mucho, no hemos generado ni más empleo ni más crecimiento; pese a gastar mucho. Sencillamente, ahora no tenemos
elección como país para seguir ensayando esas políticas con recurso sistemático para deuda pública. Tenemos que cumplir nuestro compromiso con la Unión Europea; por cierto, el compromiso que deriva de la senda ya comprometida por este país no fue
inventado por nosotros. Yo no sé si en un momento determinado fue posible ampliar la senda de convergencia, como hizo Italia hasta el 2014; lo que sí sé es que en este momento no es posible. Es más, se lo voy a decir en palabras de alguien tan
poco sospechoso como Antoni Castells que, como comprenderán, conoce muy bien la materia; no solamente conoce las instituciones europeas, sino que conoce muy bien las finanzas tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Es un error
político europeo forzar este ritmo de ajuste, pero España no puede salir a decirlo porque el alumno que suspende no tiene credibilidad. España debe cumplir. El gobernador del Banco de España insiste en que España tiene que cumplir. El presidente
del Gobierno lo dice, nosotros lo decimos y España va a cumplir. ¿Cómo hacernos creíbles en el hecho de que España vaya a cumplir? Pues aquí viene otra de las grandes sospechas que se ha vertido sobre nuestro país, que es el grado de ejecución de
las comunidades autónomas. Como vemos, los datos de cierre -y lo traigo a colación porque es muy oportuno toda vez que esta comparecencia se refiere a las dos que debieron tener lugar- revelan un incumplimiento generalizado de todas las comunidades
autónomas y en una cuantía muy importante, que demuestra que no se hizo ningún ajuste estructural desde el año 2010 hasta 2011, porque sencillamente devuelven la misma cantidad o factura de déficit.


Yo querría hacer una reflexión aquí precisamente sobre cómo se ha jugado con las comunidades autónomas. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y cómo hasta hace muy poco, hasta hace cien días, había una visión de país sectorial;
una especie de guerra civil entre Estado y comunidades autónomas. Es una especie de sálvese quien pueda, yo cumplo mi déficit y allá tú te las ingenies. Los datos del cierre son bien expresivos de lo que estoy diciendo, porque después de haberlas
inundado con recursos excesivos que dieron lugar a esperpentos de 26.000 millones de euros en el caso de las comunidades autónomas y correspondientes de las corporaciones locales, consecuencias que van a tener influencia en los presupuestos
correlativos durante diez años, nada más y nada menos; después de haberlo hecho, de repente se echó el freno, pero se hizo dándole 2.300 millones de euros menos respecto de las entregas a cuenta del año 2010. ¿Cómo encaja eso con el cuadro
macroeconómico del presupuesto de 2010? Ya

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sabemos que las comunidades autónomas funcionan con las entregas a cuenta. Un presupuesto que tenía previsto un crecimiento de 1,3 frente a un presupuesto, el de 2010, que cerró con un menos 0,1, ¿cómo puede transferir 2.300 millones de
euros menos? Se les negaron los fondos de convergencia, competitividad y cooperación. Aun así, ese Estado protector que en su momento había inundado de recursos a las comunidades autónomas, que se habían convertido en consolidación de gasto
corriente, tampoco tuvo en cuenta que los impuestos precisamente los más ligados a la crisis, los más vinculados al ciclo económico son los que han quedado como propios y específicos en las comunidades autónomas; estoy hablando de transmisiones
patrimoniales y sucesiones, muy afectados por el crecimiento económico, y ya no digamos los tributos sobre el juego. A las pruebas me remito y, pese a ello, las comunidades autónomas hacen un esfuerzo de ajuste de gasto no financiero de 4.800
millones, que se corresponde casi con la desviación que ha hecho de más gasto el propio Estado.


Como consecuencia de esto, este Gobierno toma una actitud bien diferente a la demostrada por el Gobierno anterior. Lo primero que hace es identificar cuál es la situación financiera de las comunidades autónomas y por qué se ha producido
esto. Como consecuencia de ello, en primer lugar, elabora una serie de medidas adicionales que van destinadas a suministrar liquidez a las comunidades autónomas; desempeña las líneas ICO, la financiación de proveedores, adelanto en la liquidación
positiva, aplazamiento de las liquidaciones negativas, de tal forma que una vez garantizada la suficiencia de las comunidades autónomas ya estamos en condiciones de exigirles la disciplina debida. Eso también se hizo presentando la primera semana
de gobierno una ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las cuentas públicas. Por lo tanto, el palo y la zanahoria, las dos condiciones para embridar el cumplimiento del objetivo que es inexcusable para este país. Esto lo quiero
remarcar seriamente porque creo que contrapone dos actitudes distintas de un Gobierno, un Gobierno que considera a las comunidades autónomas formando parte del Estado. Somos todas un Estado miembro y todas damos cuenta conjuntamente de los
resultados frente a Bruselas, todas, frente a un anterior Gobierno que tuvo una actitud de sálvese quien pueda, en todo, en todo. Los señores del Grupo Socialista me preguntan cómo se han adoptado medidas de ingresos que afectan a la renta
disponible de los contribuyentes. ¿Me quieren ustedes decir qué diferencia hay al bajar el sueldo de los funcionarios? ¿No afecta a la renta disponible de los miles y miles de trabajadores públicos? Sin embargo no tuvieron empacho en dejar fuera
de tributación los grandes sueldos de la banca que todos hemos conocido. Por cierto, me dicen ustedes -y aprovecho y contesto también al portavoz de Convergència i Unió- que no adoptamos medidas que favorecen a las comunidades autónomas en materia
de ingresos. Esto no me parece que suene muy bien con aquello de la corresponsabilidad fiscal y con el ejercicio de la autonomía financiera que corresponde a cada territorio, y que todos hemos defendido y hemos sabido argumentar en su momento. Por
otra parte niego la mayor y se lo puedo argumentar desde un punto de vista técnico. El IVA supuso un ajuste inmediato. Cuando el Gobierno anterior subió el IVA no le importó afectar al resto de la economía, solo pensó en cuadrar las cuentas. No
pensó, pese a que fue debidamente advertido, en las consecuencias generales sobre la economía, que no se han plasmado en este cierre, en el que hemos visto que se recauda más por IVA, pero sí se ha plasmado en el segundo semestre de 2011, cuando ya
tenemos una caída de la base imponible, sometida a consumo final, de un 6,4 %. Esa medida solo arreglaba las cuentas del Estado, ni las de la economía en general ni la de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque inmediatamente y por el mismo
importe hizo el ajuste correspondiente, bien es cierto que autorizado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en el Fondo de suficiencia.


Pues bien, una medida de IRPF, aunque afecte solo al tramo estatal, sí que repercute en el sistema de financiación de las comunidades autónomas a través del ITE; por lo tanto, más recursos a las comunidades autónomas. Una subida de
impuestos especiales es lo mismo. No es así en el caso del impuesto sobre sociedades que, como bien sabe, corresponde a las arcas centrales. Ahora bien, este es un impuesto que se estaba comportando de la forma más ineficiente de todas las figuras
tributarias. Pasó en muy poco tiempo de 44.000 millones recaudados a 16.000 millones, y esto no se podía soportar ni por eficiencia ni por equidad, cuando progresivamente ya se había tocado la renta de las personas físicas, tanto las rentas del
trabajo como las rentas del capital. Estas son las razones por las que se toman este tipo de decisiones de ingresos; decisiones de ingresos que, aun cuando sabemos que el ajuste sobre el gasto es mucho más inmediato desde el punto de vista de la
consolidación fiscal, ciertamente era de tal magnitud, 27.300 millones de euros, que era imposible abordarlo solo desde el lado del gasto. Por eso defiendo que este presupuesto es equitativo, reparte responsabilidades y equilibra las tomas de
decisiones y la cuota respecto de cada uno de ellos. Como continuación a esta visión de conjunto que tiene el Estado tomando medidas en su presupuesto que afectan a los demás agentes económicos, no solo a las corporaciones locales sino al resto de
los agentes económicos, debemos tener presente que esto no lo hace solo un presupuesto del Estado. No podemos pretender que un presupuesto de gastos no financieros que apenas representa el 10 % del PIB nacional pueda llegar a todas y cada una de
las peticiones.


Me va a disculpar el diputado canario, Señor Quevedo, porque me ha quedado muy claro que es usted canario, pero aquí venimos a analizar el presupuesto general del Estado en las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado, y
comprenderá que existiendo otras comisiones específicas yo no entre en detalle ni por

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tiempo ni siquiera por conocimiento, porque no tengo todas las peculiaridades ni conocimiento de su territorio, aunque me encanta. Puedo decirle que no es cierta esa caída de inversión extraordinaria que usted nos anuncia, porque el
descenso medio de la inversión es de 24,9 % y el descenso de inversiones canarias es del 21,3 %. La inversión directa cae un 19,4 % y la inversión indirecta cae un 46 % a través del capítulo 7. Ya sabemos que es una magnitud de ajuste muy
importante; esta ha sido la línea argumental de toda mi intervención. Señores, tenemos 44.000 millones de euros; es el gasto discrecional que queda en manos de los ministerios. Si comparan ustedes el presupuesto de 2004 versus el presupuesto de
2012, los gastos disponibles para los ministerios en relación con la carga de intereses y deuda pública en 2004 tenía una proporción de 2,5 a 1, es decir 2,5 veces más para gastar los ministerios que lo que suponían los intereses y la deuda pública.
Ahora la proporción es de uno a uno. Esta es una más de las razones por las que tenemos que retomar cuanto antes la senda de convergencia y la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Me hacen ustedes además preguntas como la siguiente: ¿Cómo
afirma usted que el gasto social crece? Pues lo afirmo. Este presupuesto tiene 26 políticas de gasto y solo 4 crecen: las pensiones, la deuda pública, las transferencias a las comunidades autónomas y las corporaciones locales y la Administración
financiera.


El gasto social es incrementar el volumen de recursos transferidos a las comunidades autónomas, que crecen en relación con los transferidos en el ejercicio pasado; eso es gasto social. Las comunidades autónomas ejecutan las competencias
más nobles del Estado del bienestar, aunque hasta ahora nos hayamos olvidado de ellas, porque no se atendió precisamente el clamor generalizado de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando solicitaban reformas
estructurales. Vuelvo a recordar al mencionado Antoni Castells, que hizo una defensa encendida el día de la despedida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera reclamando urgentemente esas medidas estructurales porque ya no podía más. Bien,
esas reformas estructurales son las que se añaden ahora en un nuevo anuncio, 10.000 millones de euros que no son un anexo de los Presupuestos Generales del Estado; no son un anexo, son medidas de normativa básica que afectan al gasto de las
comunidades autónomas. Todas estas razones son las que me permiten concluir que el objetivo, el reparto del objetivo de estabilidad presupuestaria, es justo, razonable y nos va a permitir cumplir, llegar, devolver confianza a nuestro país. Dentro
de los Presupuestos Generales del Estado, que son un fuerte e importantísimo instrumento de política económica, aunque no el único -porque, insisto, no pretendan ustedes que con el 10 % del gasto no financiero arreglemos el 90 % del PIB restante-,
ya no es posible una política de transferencias o de subsidios permanentes a los distintos sectores de la sociedad. No es posible, por eso tenemos que ir ordenando, buscando eficacia, y eso lo hacemos con la I+D+i. Ustedes me dicen que la política
de I+D+i baja más de un 20 %. En primer lugar, la política de I+D+i tiene en este momento los mismos créditos que se ejecutaron en el presupuesto de 2011, pero además cuentan con una serie de recursos que no aparecen consignados en los Presupuestos
Generales del Estado, como son los remanentes de tesorería del CDTI que, como saben ustedes, no forman parte del presupuesto consolidado. Si tenemos en cuenta todo ese remanente de tesorería, nos situaríamos en una disminución del I+D+i del 50 % de
lo que ustedes me dicen.


El gasto social desciende un 4,3 por ciento. Creo que he invertido bastante tiempo, hasta aburrirles, en mi primera intervención reflexionando sobre la complejidad del sistema de financiación autonómico que hemos diseñado. Nos ha faltado
pedagogía para explicarlo, y una de las dudas capitales que existen en este momento en nuestro país es una imagen que deliberadamente fue útil en otro momento al presentarlas como díscolas, cuando, insisto, tienen las más nobles competencias del
Estado del bienestar; esas respecto a las que ahora se está pidiendo un pacto de Estado. Pues bien, cuando me entretuve en leer esa complejidad del sistema de financiación autonómica es porque lo sé; tanto lo sé que compruebo que ustedes tampoco
han sido capaces de ver la complejidad de lo que el sistema de financiación supone en las cifras presupuestarias. En primer lugar, los ingresos no crecen un 12,4 por ciento, ese es un crecimiento aparente del que hay que restar las medidas de
estímulo que están descontadas -eso ya me lo dijo usted debidamente-; pero además el sistema de financiación se comporta con una serie de retornos positivos que entran en ingresos y una serie de retornos negativos que salen por la sección 36
incrementando el nivel de transferencias a las comunidades autónomas. Por eso esos presupuestos o esa cifra de ingresos engaña, porque lógicamente esos retornos, cuando vuelven, aunque sean fondos de suficiencia, van a cada uno de sus capítulos
correspondientes. Ese crecimiento de ingresos engaña; la auténtica realidad es que solo crecen IRPF y el impuesto sobre sociedades como consecuencia de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno. Esa es la auténtica realidad, pero el
IVA está decreciendo, así como el resto de los recursos tributarios.


Por otra parte, respecto a la disminución del 4,3 %, yo les invito a que miren el libro amarillo, porque hay un cuadrito muy expresivo donde efectivamente se recogen esos porcentajes, el 56 % y 58 %. Todo en la vida es relativo, y no es que
yo pretenda aquí embadurnarles con cifras, pero estarán de acuerdo conmigo en que el sistema de financiación de las administraciones territoriales convendría sacarlo de ese análisis global. Habría que hacerlo por una razón; no porque no sean gasto
social, que lo son, sino porque en la estructura del presupuesto no están computando como gasto social. Si lo depuramos en uno y otro ejercicio para hacer una comparación en términos homogéneos, vemos que el gasto social crece

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un punto más que el ejercicio anterior. Además, tendríamos que quitar del global para hacer la comparativa la aportación del MEDE, obligatoria, el fondo obligatorio, que el año pasado no existía y este año existe. Hay otra cuestión que
comprobarán ustedes en el programa destinado a funcionamiento social. Hay una diferencia muy importante, con una bajada de aproximadamente el 65 %. ¿A qué se debe eso? ¿De repente nos hemos quedado sin posibilidad de gestionar todo el gasto
social en el programa de administración del gasto? No. Ocurre que el año pasado, dentro del gasto social estaba computando el Fondo de reserva de la Seguridad Social, porque recordarán que tenía un objetivo de superávit del 0,4 %; pintado, porque
-a las pruebas me remito- fue: ejecución hemos devuelto. Este año la Seguridad Social tiene equilibrio y, por tanto, como saben, el Fondo de reserva de la Seguridad Social se dota con cargo al superávit de la Seguridad Social y no hay nada. Si
depuran todas estas magnitudes, que no son trampa sino auténtica coherencia en el análisis exhaustivo del gasto social, verán que el gasto social crece un punto porcentual con relación al del año pasado. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Quedamos muy agradecidos por su presencia y por su intervención. (Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (GARCÍA-LEGAZ PONCE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000181) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/000319).


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas y señores diputados, continuamos la sesión de la Comisión de Presupuestos con la comparecencia del secretario de Estado de Comercio, don Jaime García-Legaz Ponce, a quien damos la bienvenida y
agradecemos su presencia. Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Comercio.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (García-Legaz Ponce): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco ante esta Comisión de Presupuestos para detallar los presupuestos correspondientes a la Secretaría de Estado de Comercio para el año 2012. Comparezco con mucho gusto además en esta, que ha sido mi casa durante las dos
últimas legislaturas como diputado por Murcia, y quiero comenzar mi intervención haciendo una valoración general de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 presentados por el Gobierno para poder poner en contexto los correspondientes a la
Secretaría de Estado de Comercio. El déficit público del pasado ejercicio se elevó al 8,51 %, y estos datos, unidos a la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, hacen indispensable un recorte del gasto público no solamente porque se haya
pactado así con nuestros socios de la Unión Europea sino porque es indispensable reducir el déficit público para poder financiar la economía española y mantener el crecimiento económico futuro. Por estos motivos, señorías, es importante subrayar
que la situación es muy complicada y la necesidad de reducir el gasto público urgente e imprescindible. En el marco de esta necesaria reducción de gasto público se enmarcan los presupuestos de la Secretaría de Estado de Comercio, unos presupuestos
en los que se han primado los criterios de austeridad y de ahorro. Lo primero que quiero destacar es que la secretaría de Estado ha reducido el presupuesto del conjunto de sus programas en un 11,9 por ciento respecto al presupuesto del año 2011, y
esto significa un recorte por debajo de la media del conjunto de la Administración del Estado. La razón para que así haya sido no es otra que el carácter estratégico de la política de apoyo al comercio interior y al comercio exterior del Gobierno.
Creemos que el impulso del comercio exterior e interior es vital para la recuperación económica, y de ahí que hayamos hecho una apuesta por mantener programas de alcance en estas áreas.


En lo relativo al comercio exterior detallaré los presupuestos a continuación. El objetivo de estos presupuestos como el del conjunto de las políticas de internacionalización de la empresa española es conseguir que el sector exterior
refuerce su papel de motor de recuperación de la economía española, así ha sucedido en crisis anteriores y así ha sucedido también en esta ocasión. Ahora bien, no son solo las políticas sectoriales de internacionalización las que pueden hacer que
el sector exterior impulse la demanda interna sino que son también esenciales las políticas de reforma estructural. Comenzaré por destacar la reforma laboral que permitirá que las empresas ganen flexibilidad para actuar en condiciones de costes
similares a las de nuestros competidores internacionales o la reforma financiera que debe permitir recuperar el acceso al crédito para financiar programas e inversiones en el exterior. Son dos reformas clave para que funcionen los programas de
internacionalización.


A continuación me voy a referir a los datos de comercio exterior y de acuerdo con los últimos datos disponibles podemos constatar una recuperación del sector exterior a través del impulso de las exportaciones. Es algo sin duda muy positivo
que debe ayudar a compensar la reducción de la demanda interna. Según los datos de enero de 2012 se ha registrado una reducción interanual del déficit de la balanza comercial del 25,8 % junto con un aumento de las exportaciones del 3,9 %. Sin
embargo, estamos convencidos de que las exportaciones españolas pueden y deben seguir creciendo en mayor medida, no solo en cuanto a las cifras sino también en cuanto a valor añadido de nuestros productos exportados. Por tanto, la reducción del
gasto en internacionalización que viene marcada en estos presupuestos significa una reducción que es un 50 % inferior a la de la media del resto de los ministerios. Eso significa que nuestros programas pretenden seguir fomentando las exportaciones
españolas y acelerando su crecimiento. A pesar de que

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la reducción es baja en comparación con la media debido al carácter estratégico del comercio exterior, esta reducción nos obliga a mejorar en el uso de los recursos y a realizar un gran esfuerzo en términos de eficacia, tenemos que hacer más
con menos dinero. Y esa es la razón por la que estamos también reforzando las medidas de racionalización en el conjunto de las estructuras y de los instrumentos públicos de internacionalización. Queremos sacarle el mayor partido posible a los
recursos de los que disponemos. Por tanto, uno de los primeros pasos ha sido asegurar la colaboración de las actuaciones de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, de Cesce; de Cofides, de P4R y de ICEX en apoyo a la
internacionalización. Se trata de que todos los programas sean coherentes, estén coordinados y que cada una de estas instituciones se especialice en aquello que mejor sabe hacer. Estamos convencidos de que aprovechando las capacidades de cada una
de estas instituciones lograremos mejores resultados.


También estamos promoviendo la coordinación en las actuaciones de promoción exterior del conjunto del Gobierno mediante la puesta en marcha del grupo de trabajo interministerial de internacionalización. La idea y el objetivo es que todos
los departamentos ministeriales con intereses en materia de internacionalización colaboren con un programa común. El pasado 28 de febrero se celebró la primera sesión de ese pleno del Consejo Interterritorial de Internacionalización en el que
participan las comunidades autónomas, la CEOE y el Consejo Superior de Cámaras donde se trabajó en múltiples medidas para mejorar la coordinación y eficacia de nuestros servicios de apoyo a la internacionalización. Entre las medidas que estamos
poniendo en marcha me gustaría destacar el plan de racionalización de los organismos de promoción comercial en el exterior, que pasa por la integración de las oficinas de promoción comercial, de las comunidades autónomas en las oficinas económicas y
comerciales de España. Este programa, que está dando sus primeros pasos, implicará un ahorro para las comunidades autónomas que se adhieran -algo muy necesario en estos momentos-, un ahorro también para el Estado y al mismo tiempo una mejor imagen
de España en el exterior. Además en el conjunto de la actuaciones que estamos poniendo en marcha en estos primeros meses y en el marco del Consejo Interterritorial de Internacionalización estamos trabajando en el apoyo conjunto a los procesos de
licitación de las empresas españolas en el exterior, en la atracción de inversiones extranjeras en España de una forma coordinada y en la elaboración de un manual integrado de todos los servicios disponibles -tanto públicos como privados, estatales
y autonómicos- dirigidos a la internacionalización de la empresa. Hay muchos instrumentos pero hay muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas que no los conocen con suficiente profundidad. Estamos elaborando un manual integrado para que todas
las empresas sepan a quién dirigirse y conozcan bien cuáles son esos instrumentos.


Para aumentar la efectividad de nuestros instrumentos estamos también tomando medidas de racionalización en el sector público empresarial y por ello hemos promovido la integración de la sociedad Invest in Spain en el ICES. Las funciones de
atracción y promoción de inversiones exteriores se van a seguir manteniendo en su totalidad, pero con una estructura nueva e integrada vamos a conseguir ahorros considerables mediante la integración de servicios horizontales. Además, ganaremos en
sinergias mediante la integración de Invest in Spain al poder servir las estructuras del ICEX para Invest in Spain y viceversa. Finalmente y en el marco de la racionalización y de buen uso de los recursos vamos a realizar una evaluación sistemática
de todos los instrumentos, de su rendimiento, analizar su funcionamiento y su eficacia para poder centrar nuestros recursos en aquellos programas que mejor funcionen, de tal forma que eliminaremos aquellos que tengan peor resultado o que no tengan
resultado en absoluto y primaremos aquellos que acrediten mejores resultados. Para esto es fundamental un ejercicio de evaluación que hasta ahora no se estaba llevando a cabo.


Paso a analizar el principal instrumento de internacionalización del que disponemos, que es el Instituto de Comercio Exterior. El ICEX cuenta con una dotación para este año de 109 millones de euros. Supone sin duda una reducción respecto
al año anterior, pero les puedo asegurar que vamos a hacer el mejor uso posible de esta dotación presupuestaria y vamos a poder mantener el conjunto de los programas. Esperamos dar un importante impulso al ICEX a lo largo de esta legislatura
consiguiendo que los programas sean más efectivos y también extendiendo el ejercicio de evaluación a los programas del ICEX.


Uno de los grandes retos que tiene la economía española es la internacionalización de la pyme, durante esta legislatura vamos a centrar los esfuerzos del ICEX en llevar a cabo uno de los principales objetivos de esta secretaría de Estado,
que es justamente potenciar la internacionalización de la pyme. El principal problema que tenemos en estos momentos es que las exportaciones españolas se concentran en pocas empresas. De otra forma, son pocas todavía las empresas españolas que
exportan. En particular, los datos de 2011 atestiguan que las cincuenta mayores empresas españolas acapararon el 33 % de la exportación total. Necesitamos aumentar la base exportadora y para eso necesitamos internacionalizar a la pyme. Por este
motivo, el ICEX además de reorientar con carácter general sus programas para hacerlos útiles y accesibles a las pymes ha lanzado recientemente el programa ICEX Next, orientado específicamente a la pequeña y mediana empresa española. A través de una
ventanilla única ICEX Next apoya tanto la iniciación a la exportación como la consolidación en terceros mercados para proyectos competitivos de pymes españolas. Para ello, se ofrece una plataforma muy flexible de asesoramiento especializado y
servicios que permiten cubrir las necesidades específicas de la empresa

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en función de su estadio en el proceso internacional. El importe total de cada actuación patrocinada por el ICEX Next asciende a 25.100 euros por empresa, de los cuales 12.700 serán aportados por el ICEX y 12.400 por la empresa.


Señorías, uno de los principales problemas con los que se encuentran nuestras empresas en este momento de crisis debido al estrangulamiento financiero es justamente la falta de financiación. En la elaboración de estos presupuestos hemos
sido especialmente sensibles a este problema y por ello los hemos orientado de forma prioritaria a apoyar la financiación de los proyectos de la empresa española en el exterior. Con el objetivo de mejorar esa financiación vamos a dotar al Fondo de
internacionalización de la empresa, más conocido como FIEM, este año con 261 millones de euros, y si tenemos en cuenta la amortización de operaciones anteriores y las que retornan a dicho fondo en total en 2012 se podrán autorizar operaciones con
cargo al FIEM por un importante total de 500 millones de euros. Mediante este instrumento vamos a conceder financiación reembolsable para proyectos de exportación, suministro llave en mano y operaciones de inversión en el extranjero.


En los presupuestos también se contiene una dotación presupuestaria relevante para el fondo de inversión FIEX, Fondo para inversiones en el exterior, que permite tomar participaciones en el capital de empresas en el exterior que cuentan con
participaciones de empresas españolas. La dotación del FIEX para este año 2012 se establece en 25 millones de euros y el comité ejecutivo del FIEX podrá aprobar durante el año 2012 operaciones por un importe total máximo equivalente a 300 millones
de euros.


Por último, el Fondo de operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa, Fonpyme, destinado a financiar operaciones en el exterior exclusivamente de pequeñas y medianas empresas, podrá aprobar durante este año 2012
operaciones por importe de 35 millones de euros.


Señorías, otro de los principales objetivos de esta legislatura será la diversificación de los mercados de destino. Una de nuestras debilidades de nuestro sector exterior es que nuestras exportaciones están concentradas en pocos mercados y
eso nos hace especialmente vulnerables. Cuando esos mercados entran en fases de debilidad económica, nuestras exportaciones se resienten de una forma muy especial y tenemos que avanzar en el camino de la diversificación de los mercados de
exportación para convertir nuestro sector exterior en un sector más estable y menos vulnerable al ciclo económico de determinadas economías, particularmente las economías de la zona euro.


Esto explica también la evolución reciente de algunas cifras de exportación. Los datos de crecimiento de la eurozona son muy bajos, el Fondo Monetario ha pedido una contracción del 0,5 % y la Comisión prevé una ligera recesión del 0,3 %.
Eso significa que nuestros principales clientes se encuentran en horas bajas y eso significa también que debemos esforzarnos en diversificar nuestros mercados de destino. Por tanto, eso significa aumentar nuestra presencia en los mercados
emergentes.


Todavía el 66 % de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea y este es un dato que hace reflexionar y que obliga a hacer un esfuerzo por diversificar nuestras exportaciones. Para ello estamos emprendiendo las siguientes medidas.
En primer lugar, estamos reforzando los programas del ICEX orientados exclusivamente a mercados extracomunitarios; estamos haciendo todo lo posible para acelerar la aplicación provisional de los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con
Colombia, Perú y Centroamérica, impulsando las relaciones de la Unión Europea con países emergentes y socios estratégicos; estamos revisando los planes integrales de desarrollo de mercados para orientarlos a mercados emergentes y de mayor dinamismo
y hemos incorporado en las líneas orientativas del FIEM para el año 2012 la importancia de diversificar los mercados de destino.


Antes he mencionado que no solo es necesario aumentar la cantidad de las exportaciones, sino también la calidad de los productos exportados y su valor añadido. En este sentido, es otra de las debilidades de nuestro sector exterior porque
solo el 9 % de los bienes industriales exportados en España es de intensidad tecnológica alta y, en un mundo altamente globalizado y competitivo, es necesario acometer reformas porque hay que competir en tecnología, en innovación, en calidad y en
valor añadido. Con este objetivo precisamente estamos impulsando el binomio innovación-internacionalización. Este binomio se ve muy facilitado por el hecho de haberse integrado las secretarías de Estado de Comercio y de I+D+i en un solo
ministerio, en el Ministerio de Economía y Competitividad, y esto está permitiendo de una forma mucho más ágil acciones conjuntas del ICEX y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ICEX y Cedeti, permitiendo, por tanto, que las ayudas
a la innovación se centren también en empresas que tengan clara vocación exportadora. Este es un modelo de vanguardia que están aplicando los países más avanzados del mundo en este momento.


Haré referencia, señorías, a continuación a la marca España porque otra de las líneas de actuación de la Secretaría de Estado es su colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para poner en marcha un plan general de la
marca España. Desde la secretaría de Estado hemos puesto a disposición del grupo de trabajo que ha constituido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre la marca España todas nuestras herramientas, en especial a través del ICEX,
mediante programas de apoyo a marcas españolas, planes de marketing, marcos sectoriales y planes de imagen made in Spain, made by Spain en mercados prioritarios como Estados Unidos y Rusia. Al mismo tiempo queremos que las instituciones estén en
pleno servicio de las empresas y precisamente debido a la intergeneralidad y amplio número de instrumentos disponibles

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al servicio de las empresas por parte del Gobierno, desde la Secretaría de Estado de Comercio vamos a emprender programas de difusión de los instrumentos para que las empresas por toda España, no solamente en los centros económicos más
desarrollados, puedan conocer de forma directa y eficaz todos los programas, todas las ayudas, todos los instrumentos de los que pueden valerse para internacionalizar las empresas españolas.


Concluyo mi exposición en lo relativo al comercio exterior señalando que esperamos impulsar con toda la robustez de que seamos capaces el comercio exterior, que creemos que se puede hacer mucho mediante la potenciación de la eficacia y
eficiencia y la racionalización de los instrumentos de los que disponemos y no les quepa ninguna duda, señorías, de que sacaremos el máximo partido a cada euro destinado al apoyo a la internacionalización.


Señorías, a continuación paso a analizar el programa dedicado a comercio interior. El gasto en comercio interior se ha reducido en 5 millones de euros sobre la dotación total de 19 millones de euros presupuestados para el año 2011. Ha sido
necesario acometer esta reducción en el marco del esfuerzo de austeridad y ahorro que debemos hacer también en este ámbito a lo largo de este ejercicio. Sin embargo, quiero decir que hemos hecho la reducción de estas partidas con el firme
convencimiento de que hemos eliminado los gastos no imprescindibles, hemos mantenido lo esencial e incluso hemos reorientado los recursos disponibles a actuaciones que ayudarán más a recuperar el comercio que en el año 2011.


La principal prioridad que tenemos en estos momentos y con estos presupuestos es apoyar al pequeño comercio en este entorno de crisis presupuestaria. En este sentido, siendo la financiación el principal problema al que se enfrenta hoy en
día el pequeño comercio en boca de los representantes de los pequeños comerciantes, hemos decidido orientar nuestros esfuerzos en proporción a financiación al pequeño comercio español y así hemos decidido revisar el Fondo de ayuda al comercio
interior creado en 2009 para hacerlo accesible a las pymes del sector comercial. Para ello se va a introducir un conjunto de modificaciones fundamentales que permitirá que las pequeñas y medianas empresas del sector del comercio accedan a la
financiación tanto para proyectos de inversión de modernización y mejora de sus establecimientos comerciales, tanto en el caso de reformas como de nuevas aperturas, como para la financiación de sus gastos corrientes.


En segundo lugar, vamos a aportar a la línea ICO liquidez 2012 la cantidad de 9 millones de euros para operaciones de crédito destinadas al comercio minorista. Se estima que a través de la línea ICO Liquidez 2012 con carácter global se
podrán financiar más de 2.300 operaciones de crédito destinadas al comercio minorista. En el lanzamiento de estas líneas ICO vamos a poner especial empeño en facilitar la financiación de circulante, así como que sea un producto realmente atractivo
y accesible para el comercio para asegurarnos de que tenga una aplicación real.


En el marco del Plan de mejora de la productividad y competitividad en el comercio se va a destinar, previo informe de la Conferencia Sectorial de Comercio, hasta un máximo de 1,5 millones de euros para apoyar la rehabilitación y
reconstrucción de los establecimientos comerciales del municipio de Lorca en atención a las circunstancias excepcionales que justifican medidas de apoyo singulares. Vamos, a pesar del entorno de máxima restricción presupuestaria, a mantener este
programa tan importante para la ciudad de Lorca, que sufrió las consecuencias de un devastador terremoto el pasado año. Dentro de este plan, en el año 2012 nuevamente se destinará hasta un máximo de 1,5 millones de euros para este objetivo
específico.


Señorías, además de realizar un mejor y más eficaz destino de los fondos dedicados al comercio interior, las principales medidas que adoptaremos para la reactivación interior del comercio en esta legislatura no supondrán aumento del gasto,
ya que consistirán en modificaciones legislativas liberalizadoras que creemos que son imprescindibles para dinamizar el sector comercial. En primer lugar, quiero destacar nuestro proyecto de eliminar las licencias de apertura de los pequeños
establecimientos comerciales. Creemos que se trata de una medida fundamental para lograr que decisiones de inversión, como son las aperturas de pequeños comercios, no se vean postergadas debido a la ineficiencia y la tardanza de la Administración
pública en otorgar licencias de apertura y obra. Como ya tuvo ocasión de anunciarlo el ministro de Economía y Competitividad aquí en sede parlamentaria, esta medida permitirá iniciar la ejecución de la actividad comercial con la presentación de una
declaración responsable junto con la documentación imprescindible que se concretará por los respectivos municipios, incluyendo, cuando así sea necesario, la documentación de carácter técnico requerida para las obras de adecuación de los
establecimientos. Junto con la presentación de la declaración responsable se liquidará la tasa municipal que corresponda, al objeto de que esta medida no produzca ninguna incidencia negativa en los ingresos de las haciendas locales. La norma se
aplicará para los establecimientos comerciales cuyo umbral de superficie de venta y exposición al público no supere 300 metros cuadrados. Por tanto, cualquier establecimiento de superficie inferior a 300 metros cuadrados, con la mera presentación
de una declaración responsable y un informe técnico, podrá abrir con carácter inmediato sin necesidad de una licencia municipal. Esto, si me lo permiten, es una revolución en el mundo del comercio interior y va a suponer un efecto dinamizador muy
potente sobre el sector del comercio minorista en España.


Señorías, la ley de eliminación de licencias no es la única medida de liberalización que va a emprender este Gobierno en materia de comercio interior. En los últimos años se ha producido en España una reducción muy fuerte de tejido
comercial, como consecuencia básicamente

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de la crisis económica que venimos padeciendo. Sin embargo, estos datos ofrecen disparidad entre las distintas comunidades autónomas, ya que los datos oficiales revelan que las comunidades autónomas que han adoptado políticas de mayor
apertura y libertad comercial son las que mejor resultado relativo están obteniendo, tanto en número de locales comerciales como en el número de ocupados en el sector del comercio y, por tanto, los datos y la experiencia nos marcan el camino a
seguir desde el Gobierno. Quiero aprovechar esta comparecencia parlamentaria para anunciarles que el Gobierno está trabajando con el objetivo de ampliar la libertad de apertura de los establecimientos comerciales en toda España. Estamos en estos
momentos en un proceso de diálogo constructivo y permanente con las asociaciones más representativas del pequeño comercio en España y con todas las comunidades autónomas, con el fin de tratar de hacer esta reforma de manera consensuada para
conseguir un gran acuerdo nacional en esta materia.


Señorías, las reformas liberalizadoras son las reformas lógicas en un mundo en el que Internet permite a los consumidores comprar aquello que desean las veinticuatro horas al día, los 365 días del año. Cada vez más tienen menos sentido las
reformas restrictivas en cuanto a la posibilidad de apertura comercial. España, tras la regresión que supuso la reforma de la Ley 1/2004, se ha convertido hoy en uno de los países más restrictivos en cuanto a la libertad de horarios se refiere. De
hecho, la tendencia liberalizadora es cada vez mayor en los países de nuestro entorno, y países como Italia y Portugal han aprobado recientemente medidas que permiten la libertad horaria total. Quiero subrayar que para nosotros será fundamental
haber incorporado a la reforma laboral medidas de flexibilidad en línea con reivindicaciones tradicionales del pequeño comercio para permitir justamente que el pequeño comercio se pueda ir adaptando a un entorno de mayor libertad comercial;
precisamente la reforma laboral permite o facilita la contratación de personal en días festivos y, por tanto, confiamos en que la adaptación a la nueva normativa sea más sencilla.


En el ámbito de la libertad comercial en España, es también muy importante tener en cuenta que España es la segunda potencia mundial en el campo del turismo y que además turismo y comercio son dos sectores estrechamente relacionados. España
simplemente debe evitar desaprovechar la enorme oportunidad que supone recibir casi 60 millones de turistas al año que encuentran los comercios cerrados en los días festivos. Por tanto, vamos a trabajar también con las comunidades autónomas para
promover una distribución más racional en las zonas de gran afluencia turística. Por último, querría destacar, señorías, que estas reformas las haremos, como no puede ser de otra manera, en el marco del estricto respeto por las competencias que las
comunidades autónomas tienen atribuidas en nuestra Constitución.


Para ir finalizando, me referiré a otra de las importantes medidas de carácter legislativo que se van a impulsar próximamente desde esta secretaría de Estado y que se refiere a la necesaria unidad de mercado a nivel nacional. El exceso de
regulación, y a veces las contradicciones normativas entre comunidades autónomas, da lugar a barreras a la libertad de circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional. Esto supone un sobrecoste económico para las empresas que
operan en España y la falta de unidad de mercado impide a las empresas aprovechar las oportunidades de economía de escala que ofrece el hecho de operar en un mercado de mayores dimensiones. La fractura del mercado nacional también desincentiva
inversiones, impide el crecimiento de demanda de factores productivos y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y empleo. En un mundo globalizado como en el que vivimos y formando parte del mercado único
europeo, cuyas normativas en materia de homogeneización del mercado interior son cada vez más estrictas, España no se puede permitir fragmentar su mercado en diecisiete pequeños mercados. Por ello les anuncio que vamos a promover una iniciativa
legislativa que garantizará que cualquier bien o servicio producido en España pueda circular libremente por todo el mercado nacional. Adicionalmente, estableceremos mecanismos interterritoriales de cooperación para evitar conflictos y, en caso de
que surjan, solucionarlos para asegurar la libertad económica, fomentar la competencia y garantizar la igualdad en el acceso a los bienes y servicios de toda España. Desde el Gobierno somos muy conscientes de que la descentralización y el Estado de
las autonomías han contribuido enormemente al progreso de España y por ello queremos que el modelo autonómico conjugue las ventajas de la descentralización con las de la unidad de mercado. Por tanto, también me gustaría destacar que en Estados muy
descentralizados o incluso más que el nuestro, o en Estados de estructura federal, se respeta perfectamente la unidad de mercado mediante disposiciones legales que así lo garantizan.


Señorías, esta secretaría de Estado presenta unos presupuestos equilibrados, que, eliminando lo superfluo, no solo mantienen las políticas de apoyo al comercio interior y exterior, sino que, en el caso del comercio exterior, creo
sinceramente que aumentan la eficacia de los programas, y, en el caso del comercio interior, los orientan a las actuales necesidades del sector. Concluyo, señorías, poniéndome a su entera disposición para responder a todas aquellas preguntas y
valoraciones que estimen oportunas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Legaz, por su intervención.


Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que ha solicitado la comparecencia, don Félix Lavilla.


El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por sus datos y la comparecencia que ha tenido en esta Comisión.

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En primer lugar, he podido leer en tiempo real un dato que no es atribuible a la herencia, sino a los Presupuestos Generales del Estado -a estos Presupuestos Generales del Estado, a este proyecto de Presupuestos Generales del Estado- que
presenta precisamente el Gobierno del Partido Popular, que dice que el Fondo Monetario Internacional hunde más a España en la recesión al conocer los datos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, porque entiende que las medidas que se
adoptan no se acomodan al desarrollo cíclico, que es precisamente lo que estamos reclamando insistentemente desde el Partido Socialista. Es decir, se pueden generar más ingresos si, en paralelo, generamos más actividad económica. Y no lo dice el
Partido Socialista, que lo viene reclamando insistentemente una y otra vez desde que estamos en la oposición, pero hubiera sido preferible el desarrollo de esas medidas cíclicas. También expresa el Fondo Monetario Internacional -lo dice a las tres
de la tarde- su preocupación, porque estos presupuestos pueden afectar al crecimiento y a la actividad económica. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Este es un dato que debería llevar al Gobierno a reflexionar sobre si son los presupuestos
que en estas circunstancias España necesita. A nuestro juicio, no. Somos partidarios del ajuste, pero de un ajuste que se combine con políticas de crecimiento; entre otras cosas, señor secretario de Estado, porque ese fue su compromiso electoral.
Ustedes lo resolvían todo con empleo. Decían: No, no se preocupen. Ajustes, sí; pero vamos a crear más empleo y, con ese mayor empleo, habrá más pensiones, más educación, más sanidad. Es decir, habría más de todo. Y ahora lo que nos
encontramos, evidentemente, no es eso.


Antes de nada, también quiero decirle que este es un presupuesto que ataca recortando directamente la promoción de nuestras empresas en el exterior y pulveriza el apoyo a la inversión en el comercio interior en nuestro país. No es un buen
presupuesto ni para el comercio exterior ni para el comercio interior, como después demostraré con los datos.


Ustedes han sido democráticamente elegidos. Anticipo ya la posible respuesta que usted me dará al final -porque no tengo capacidad de réplica- o la que me pudiera dar el portavoz del Grupo Popular. Le contestaré en mi blog, porque no podré
hacerlo. Me anticipo y digo que ustedes han sido elegidos democráticamente para cumplir sus compromisos electorales, los suyos: la felicidad y el empleo, y nosotros, desde el Partido Socialista, porque los ciudadanos nos han puesto ahí, no
convencimos suficientemente a la sociedad y nos han puesto en la oposición. Una de nuestras obligaciones es que ustedes cumplan con su programa electoral: la felicidad y el empleo. Se lo digo sin complejo alguno, porque supongo que nos
encontraremos más adelante en el control parlamentario, ustedes en el Gobierno para cumplir y nosotros en la oposición. En el pasado, si hablamos de herencia, aunque es pasado, simplemente lo digo como recordatorio, de media ustedes invirtieron en
materia de comercio 54 millones de euros en los ocho años que estuvieron. Nosotros incrementamos la inversión en comercio un 30,88 %. Esa es la herencia como pasado. Con los antecedentes comprobamos que el señor presidente del Gobierno el pasado
10 de abril no da respuesta, no da la cara y no genera precisamente confianza. Esto no es un problema que generemos nosotros, lo está generando el señor presidente del Gobierno.


Antes de nada, para que no se me olvide, quiero hacerle siete preguntas y tres recomendaciones. Primera, qué objetivos políticos se cumplen desde la responsabilidad del área del comercio en relación con sus compromisos electorales,
principalmente con la creación de empleo que comprometieron en las pasadas elecciones generales. Segunda, en qué manera cumplen con las prioridades fijadas por el ministro de Economía y Competitividad en su comparecencia el pasado 7 de febrero en
la comisión correspondiente en el Congreso de los Diputados. Tercera, qué objetivos políticos concretos tiene el presupuesto en el área del comercio, tanto interior como exterior. Cuarta, tras el estallido de la crisis financiera internacional y
los excesos inmobiliarios de España, especialmente en algunas comunidades autónomas que se olvida algunas veces, principalmente entre los años 1998 y 2006, con 13 millones de hipotecas que lastran nuestro crecimiento, qué medidas concretas y con qué
presupuesto exacto, indicando las partidas, se van a poner en marcha para incentivar nuestro crecimiento y la consiguiente creación de empleo en materia de comercio interior y exterior. Quinta, por qué reduce el Gobierno del Partido Popular las
ayudas a inversiones al comercio interior en un brutal 22,48 %, que encima suelen ser créditos que muchas veces se recuperan, como usted muy bien sabe, al ser devueltos, según afirmó el propio ministro. Supone el comercio interior el 12,2 %, como
también dijo en la comisión, del valor añadido bruto sobre la economía española y soporta tres millones de ocupados. Sexta, a qué cree usted que se debe que nuestras exportaciones en bienes valor al exterior hayan caído en picado, según datos
oficiales del Gobierno, 11,5 puntos, pasando del 15,4 % al 3,9 %. Y dentro de esta pregunta, por qué encima este Gobierno en vez de apoyar más las exportaciones españolas, recorta en un 10,11 % los fondos a la internacionalización de la empresa, el
FIEM, a los que usted se ha referido, de apoyo a la empresa española. Y la séptima, me la ha sugerido usted según las palabras que he podido escuchar, que aparentemente son muy bonitas, pero que debemos tomar con mucha cautela porque conocemos muy
bien -fui ponente de la Ley de Comercio- las enmiendas que todos los grupos políticos rechazaron que se centraban en dos áreas: las licencias de apertura y la liberalización del comercio. Usted se ha comprometido a que las licencias de apertura
solo son para el pequeño comercio, no es una barra libre para que las comunidades autónomas pongan ciertas cautelas a las grandes superficies, como se les ha reclamado a ustedes desde el sector, y ustedes presentaron las enmiendas. Es importante
que lo aclare aquí. Apoyo al pequeño comercio, pero no barra libre

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para las grandes superficies. Convendría que lo aclarara. En cuanto a la liberalización del comercio, son medidas que van a por el pequeño comercio. Usted sabe que el pequeño comercio no puede competir con las grandes superficies y
mantiene tres millones de empleos. Hay que tener mucho cuidado con esas medidas. Convendría que lo aclarara también.


Y las tres recomendaciones que le voy a hacer son que solo con recortes no habrá crecimiento, ya se lo he dicho. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, ahogando los fondos para dinamizar el comercio interior y para exportar en el
exterior agravamos el problema, señor secretario de Estado, pese a la buena voluntad de hacer más con menos. Cuando uno tiene poco, dice: no se preocupen ustedes que con menos lo vamos a hacer maravillosamente bien. Yo se lo deseo, pero si,
además son capaces de poner un poco más con esa misma dinámica que van a emplear, todavía llegaremos más allá. La segunda recomendación tiene que ver con el objetivo señalado por el ministro en la Comisión en la defensa de los intereses españoles
en materia comercial, que desde el Partido Socialista compartimos, y en este sentido le pediría prudencia y firmeza inteligente sin realizar los movimientos, si fuera un tablero de ajedrez, que la otra parte considera que vamos a realizar. Creo que
me entiende bien. Y la tercera recomendación es que para resolver bien un problema suele ser imprescindible conocer su origen.


Por ello comenzaré desarrollando, si me lo permite, esta tercera recomendación, puesto que me parece, por desgracia, que ahora estamos peor que en octubre del año pasado por herencia en parte compartida por sus errores, los nuestros y los de
la propia sociedad, pero también por graves errores en las actuaciones posteriores de este Gobierno que hoy mismo subraya el Fondo Monetario Internacional. La herencia es la excusa perfecta para implantar su modelo ideológico, por un lado, y para
evitar cumplir con su compromiso electoral de empleo y felicidad para todos, que fue comprometido por ustedes. Imagino que tiene en cuenta, y además quiero reflejarlo en acta, que 13.130.840 hipotecas se generaron entre los años 1996 y 2004. Estas
hipotecas soportan una serie de créditos, que son en parte los que están lastrando nuestra economía. Esto hay que decirlo. Muchos de ellos se pidieron en comunidades que ustedes han gobernado, especialmente en la costa mediterránea, que usted
conoce muy bien, por ejemplo, en Valencia o en Murcia. Mientras en el año 2000, Gerhard Schröder iniciaba las duras reformas en Alemania para modificar su sistema productivo, aquí presumíamos de que se estaban creando dos millones de empleos en la
construcción. Es un problema compartido, en eso estamos de acuerdo, pero compartido.


También el origen fue, como le he demostrado, desde el año 1998 con las hipotecas, por las políticas del Gobierno. Además, la responsabilidad también es compartida con las comunidades autónomas, que tienen las políticas activas de empleo.
Yo soy de una tierra, de la provincia de Soria, en Castilla y León, que cuando se inauguraba una empresa en tiempos de Aznar, venían consejeros y cargos públicos de la comunidad autónoma repartiendo el maná y atribuyéndose esa gestión. Yo no digo
que no tuvieran su parte de responsabilidad pero, si las cosas no van bien, la responsabilidad también es compartida cuando tanto se habla aquí del paro. Quisiera también decir en este tema, porque no tendré oportunidad de hacerlo, que el 28 de
noviembre del año 2003, en el periódico El Mundo, Rodrigo Rato, exministro de Economía del PP, vicepresidente del Gobierno y presidente del Fondo Monetario Internacional, decía: Nadie puede pensar sensatamente que existe una burbuja inmobiliaria en
España. Y estaban ustedes a punto de ser democráticamente desalojados del Gobierno de España. Recuerdo que hay 2,8 billones de euros, el 74,94 % de la deuda es privada y la mayor parte corresponde, es verdad, al sector privado de las empresas, la
mitad, y el resto a las administraciones públicas. Voy a agilizar para no dilatar mi intervención más allá del tiempo que tengo asignado.


El señor PRESIDENTE: Ya se acabó su tiempo.


El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Termino, si me permite, señor presidente.


El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se presenta en el Congreso agrava el problema puesto que solo contempla recortes: el 22,48 % en el comercio interior y el 5,71 % en el comercio exterior. Es un brutal recorte que no va a
contribuir a resolver los problemas. Especialmente en el mercado interior afecta a mercados municipales, modernización de tiendas, aplicación de nuevas tecnologías del comercio, fomento y ayuda al comercio rural, formación y turismo, un conjunto de
recortes que afectan a partidas concretas que tienen una incidencia real para crear empleo, tanto en el mercado interior como para que nuestras empresas exporten más y mejor y generen empleo. Por lo tanto, creemos que este presupuesto ha de ser
corregido como, por otro lado, le pide el Fondo Monetario Internacional para cumplir con estos objetivos.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Javier Puente Redondo.


El señor PUENTE REDONDO: Señor Secretario de Estado, señorías, es un honor para mi hablar por primera vez en esta Cámara en esta su comparecencia. Quiero aprovechar para darle la bienvenida y que esté entre nosotros. Como bien es sabido
por todos nosotros, la situación actual de España es complicada y tenemos que hacer más con menos, tenemos que arrimar todos el hombro. El objetivo de los presupuestos generales para este ejercicio 2012 busca mantener la confianza en la economía
española. Para ello, se han realizado los presupuestos más austeros de nuestra democracia.

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Entendemos que desde el Gobierno han realizado unos presupuestos para España y por España. Estos presupuestos incluyen medidas extraordinarias de reducción de gasto y de incremento de ingresos que responden a la situación extraordinaria que
atraviesa nuestro país. Cabe recordar en este punto que el Gobierno del PSOE ha consumido todos los márgenes de maniobra en términos de déficit e igualmente mucho más en términos de deuda, donde vimos un incremento de nuestro endeudamiento de 32
puntos respecto del producto interior bruto en los últimos cuatro años.


En mi exposición, señor secretario de Estado, no quiero entrar a valorar cifras, simplemente quiero entrar a valorar programas, planes y acciones que va a llevar a cabo su secretaría de Estado para llevar hacia delante tanto el comercio
interior como el comercio exterior, que entendemos que es uno de los motores para salir de esta crisis. El éxito de estas políticas, no está, señorías -así lo entendemos-, en un incremento del gasto, sino en un incremento de la racionalización, de
la eficacia y de la coordinación de los recursos existentes. Dividiré mi exposición, al igual que ha hecho el señor secretario de Estado, señor García-Legaz, en dos apartados claramente diferenciados. En primer lugar, hablaré del comercio exterior
y, en segundo lugar, haré mi valoración respecto de las propuestas de comercio interior.


Comenzando con el comercio exterior, es uno de los pilares para salir de esta crisis y para que la economía española vaya hacia delante. En un contexto de contracción de la demanda interna, que todavía se mantendrá algún tiempo, la
aportación del sector exterior al crecimiento es vital. Este crecimiento en el sector exterior tirará del crecimiento interno y nos permitirá salir de esta crisis, como ya ocurrió en otras ocasiones. No es momento actualmente y no podemos, como
ocurrió en otros momentos, devaluar la moneda para aumentar nuestra competitividad, pero lo que sí debemos hacer es que nuestras pymes, nuestras pequeñas y medianas empresas principalmente, sean más competitivas. Para ello, debemos generar un nuevo
modelo de valor. No basta solo con concentrar el gasto, sino también con aumentar la eficacia en los recursos que ya tenemos. En ese sentido, usted lo comentaba ya, señor García-Legaz, la reforma laboral permitirá a nuestras empresas, por un lado,
ser más competitivas e igualmente la reforma financiera las permitirá volver a tener acceso al crédito, algo totalmente necesario para poder crecer. Estamos convencidos, estoy convencido, de que estas reformas estructurales, acertadamente puestas
en marcha ya por su Gobierno, unidas a las medidas de internacionalización que usted nos ha comentado, y sobre las que hablaré ahora, harán que España vuelva a esta senda de crecimiento.


Analizando los presupuestos de su secretaría, simplemente quiero hacer un comentario numérico. Su Gobierno está dando a la internacionalización 490 millones de euros, lo que supone más de un 92 % del presupuesto que tiene su secretaría,
referente al apartado 431.A, de promoción comercial e internacionalización de la empresa. Eso demuestra la importancia que ustedes dan a esta área de internacionalización, y así usted lo ha comentado en su exposición. Desde este grupo entendemos
que el proceso de internacionalización de las grandes empresas españolas está ya muy avanzado, pero destaca el bajo número de pymes que han salido o que operan en mercados exteriores. Es significativa, como comentaba, la elevada concentración de la
exportación en muy pocas empresas. Por ello, particularmente, y desde nuestro grupo, aplaudimos los programas que ya ha puesto en marcha y que ha comentado, como el ICEX Next, a través del cual desde el Gobierno se ofrece un servicio de
asesoramiento especializado para que las pymes puedan salir al exterior. Igualmente, señorías, valoramos muy positivamente que este apoyo se realice a través de la colaboración privada. Es decir, que las grandes empresas, a las que se va a
incorporar en el Consejo de orientación estratégica del ICEX, puedan apoyar a la pymes y que estas puedan contar con el know how de las grandes empresas que tienen un gran bagaje exterior y de las que pueden aprender mucho.


Hay un dato que me preocupaba, y usted lo ha comentado también, señor secretario de Estado, que es que nuestro principal mercado de exportación es la Unión Europea. El 66 % de nuestras exportaciones se dirigen a ese mercado; un mercado
cuyo crecimiento esperado es muy bajo e incluso en recesión, lo que dificultaría nuestra expectativa de crecimiento. En este sentido, creo que el enfoque que les han dado para tener presencia en los nuevos mercados emergentes, igualmente es muy
acertado y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero sí que reconozco que desde su secretaría se debería hacer especial hincapié en esa salida a estos mercados emergentes.


Por otro lado, usted ha comentado lo concerniente a la racionalización de las entidades de las comunidades autónomas en el extranjero con un objetivo claro, que es el ahorro, que iban a trabajar en la integración de esas entidades con las
oficinas del Ofecomes. Hace unos días tuvimos noticias de un acuerdo que tenían firmado con la Generalitat Valenciana para integrar oficinas comerciales en el exterior en la red del Estado. En este sentido, quiero plantearle qué más acciones tiene
previsto llevar a cabo en lo relativo al plan de ahorro y a esta coordinación con las comunidades autónomas.


Voy concluyendo, señor presidente. Quiero referirme ahora al comercio interior. En las últimas comparecencias del señor De Guindos y en las que usted también ha intervenido, se ha hablado de la ley que se va a promover para agilizar los
trámites de apertura de los pequeños establecimientos comerciales, para los que ya se estaba trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias e igualmente se estaba trabajando también con las comunidades autónomas. Quiero aquí
resaltar la importancia de esta medida y el alivio que supondrá para muchos centros comerciales, que pagando su contrato

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de alquiler no pueden empezar a vender debido a los retrasos de las administraciones en otorgar estas licencias. Por ello, le animo, señor García-Legaz, a que implemente esta medida lo antes posible porque responde a unas necesidades que
realmente tienen muchos comerciantes.


Para concluir, considero muy acertadas las medidas que promoverá su Gobierno en materia de unidad de mercado. Creemos, y así se ha reflejado en repetidas ocasiones desde los programas del partido al que pertenezco, el Partido Popular, que
dentro del máximo respeto al reparto competencial atribuido en la Constitución, es necesario adoptar medidas que permitan a las empresas que sus productos o servicios circulen libremente por el mercado español, por el mercado nacional.


Finalizo ya reiterando el honor que ha supuesto para mí, señor secretario de Estado, el estar ante usted hablando por primera vez en esta Cámara. No quiero despedirme sin felicitarle por las iniciativas que están llevando a cabo su
secretaría de Estado y su Gobierno y por cómo ha tomado las riendas de dicha secretaría. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puente. Yo también le felicito por su inauguración.


Tiene la palabra el secretario de Estado de Comercio, don Jaime García-Legaz Ponce.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (García-Legaz Ponce): Muchas gracias al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Voy a intentar dar respuesta a todas las cuestiones que se me han
planteado y hago mías y tomo nota de las recomendaciones que amablemente se me han planteado desde el Grupo Socialista. Comenzaré con el primer comentario, relativo al Fondo Monetario Internacional. No sé exactamente qué informe le han pasado. Yo
le voy a leer literalmente lo que el Fondo Monetario Internacional en el informe relativo a España. El Fondo Monetario Internacional considera acertado el ritmo de consolidación fiscal en España y -algo mucho más importante que eso-, observa -estoy
leyendo literalmente- señales positivas para volver al crecimiento económico en 2013, tras cerrar este año en recesión. Está claro -sigo leyendo- que España necesita un ajuste porque el déficit fiscal es muy grande. Creemos que el equilibrio entre
avance y consolidación es acertado, indicó Jörg Decressin, del Departamento de investigación del Fondo Monetario Internacional. Este señor, que es el responsable del informe que aparentemente debe estar manejando usted, ha citado como señales
positivas de la economía española en los últimos meses el estrechamiento de la balanza por cuenta corriente, la bajada de las presiones inflacionarias y la progresiva reducción del déficit fiscal. Y sigo citando literalmente al responsable del
Fondo Monetario Internacional: Esto es porque está mejorando la competitividad. Con estos datos y estos textos del Fondo Monetario Internacional creo que no es necesario seguir replicándole, señor Lavilla.


En segundo lugar, han citado la necesidad de que desde el Partido Popular, desde el Gobierno, cumplamos nuestro programa electoral, y naturalmente eso estamos haciendo. Nuestro programa electoral incluía un compromiso de hacer una reforma
laboral, y la hemos hecho; comprometía efectuar una reforma financiera a fondo, y la hemos hecho; comprometía continuar con el proceso de ajuste presupuestario y acelerarlo para cumplir con los objetivos presupuestarios con Bruselas, y lo estamos
haciendo. Estamos poniendo en marcha -y ya se ha puesto en marcha, de hecho- una ley de estabilidad presupuestaria. No hemos sido nosotros los que hemos roto el consenso que se pactó en su día con el anterior presidente del Gobierno en relación
con el objetivo de déficit presupuestario, me temo que han sido ustedes; y al final el objetivo es continuar con las reformas estructurales que están comprometidas, de la A a la Z, en nuestro programa electoral.


En materia particularmente de comercio interior y comercio exterior, si se toma usted la molestia de leer el programa electoral del Partido Popular comprobará que se habla de potenciar la internacionalización de las pymes, de aumentar la
base exportadora, de ayudar justamente a la pequeña y mediana empresa exportadora, que es lo que estamos haciendo. Por tanto, todos y cada uno de los objetivos, incluidas las políticas de evaluación de instrumentos con criterios de eficacia y
eficiencia, que también específicamente están incluidas en el programa electoral del Partido Popular, es lo que estamos haciendo en nuestra área. En lo que se refiere al comercio interior, hablamos en nuestro programa de modernización, de avance en
la libertad de comercio, y esta es también la línea en la que estamos trabajando. Es verdad que nosotros hablamos mucho de empleo, efectivamente, porque ese es el gran reto de España, de la economía española. Sabemos lo que es crear empleo; el
Gobierno de José María Aznar, que heredó un 23 % de tasa de desempleo, después de ocho años de gobierno dejó una tasa de paro del 11 %, y ustedes heredaron esa tasa de paro del 11 % y nos han dejado una tasa de paro del 22 %. Sabemos muy bien que
el empleo es el gran reto de la economía española, de la sociedad española, y precisamente por eso estamos trabajando en reformas estructurales, para conseguir recuperar el crecimiento económico y crear empleo en España. Ese es el gran objetivo, y
los instrumentos que estamos utilizando son las reformas, que es aquello en lo que nosotros creemos.


La segunda cuestión que ha planteado usted hace referencia a la comparecencia del ministro de Economía, que efectivamente compareció en sede parlamentaria y tuvo oportunidad de anunciar varias de las líneas de actuación que yo he detallado
hoy en mi comparecencia. Habló, por ejemplo, del impulso a la internacionalización de la empresa con programas nuevos, entre ellos el ICEX Next, y habló de ayudar más a la pyme a exportar. También dio información sobre cómo pretendemos abordar

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este problema de diversificación de la base exportadora. Y en materia de comercio interior también citó la necesidad de avanzar en la eliminación de trabas al pequeño comercio y avanzó el programa de eliminación de las licencias de apertura
de pequeño comercio, que es justamente lo que estamos haciendo. Tenemos ya muy avanzada la ley que permitirá eliminar las barreras a la apertura de pequeños comercios en España, y precisamente es en eso en lo que estamos trabajando. Estamos
desarrollando punto por punto el programa de trabajo que comprometió el ministro de Economía y Competitividad en el Congreso de los Diputados.


El tercer punto que ha mencionado usted hace referencia a los objetivos que tenemos tanto en materia de comercio interior como de comercio exterior. Por si no he sido suficientemente claro en mi exposición, intentaré reiterarlos en este
momento. Queremos ayudar específicamente al pequeño comercio en España que está pasando momentos de dificultad, y para eso estamos actuando en varias líneas. Sabemos que su principal problema es el acceso a la financiación y para eso hemos hecho
la reforma financiera, para resolver los problemas de fondo de nuestro sistema financiero, que son los que están atascando los circuitos de crédito y los que están impidiendo que cuando un pequeño comerciante vaya a una caja de ahorros o a un banco
a pedir una línea de circulante o cualquier línea de crédito se encuentre con muchas dificultades; ese es el gran objetivo de la reforma bancaria. Además, estamos complementando esa reforma con un programa específico de financiación a través del
ICO. Ya he dado los datos del programa ICO en pequeño comercio que estamos poniendo en marcha y que debe solucionar una parte de esos problemas. Hemos anunciado también la renovación del Fondo de modernización del comercio y, si me lo permite, voy
a aprovechar aquí también para explicar o dar algún dato sobre el presupuesto relativo a comercio interior. Parece que a usted le preocupa mucho la reducción que hemos aplicado en el presupuesto de comercio interior. Quizás le debería preocupar
menos, teniendo en cuenta que en el pasado ejercicio ustedes, de los 22 millones de euros de los que disponían, solo fueron capaces de ejecutar 9 millones de euros; es decir, fueron incapaces de ejecutar casi 12 millones de euros. Al final, lo que
hay que hacer con los presupuestos es saber la cantidad que se quiere y ejecutarla razonablemente. Ustedes pintaban mucho dinero en el presupuesto, pero luego eran incapaces de ejecutar ese presupuesto hasta casi en un 60 %.


Por otra parte, los objetivos adicionales del comercio interior son, como digo, ayudar a la modernización de ese pequeño comercio, ayudar al pequeño comercio a adaptarse a una realidad en la que el comercio electrónico marca unas nuevas
reglas del juego y, asimismo, ayudar a la modernización del pequeño comercio en un entorno de competencia permitiendo aprovechar las oportunidades que implica tener acceso a 60 millones de visitantes a España. Eso supone una enorme oportunidad de
ventas a través del pequeño comercio en España, y queremos hacer las reformas para que esas oportunidades no se pierdan.


En materia de comercio exterior reiteraré los objetivos. En primer lugar, ayudar a las pequeñas y medianas empresas a exportar. España tiene una pequeña base exportadora, son todavía pocas las empresas que exportan y, sobre todo, la
concentración de la exportación es muy llamativa en un número reducido de empresas. Lo que queremos justamente es que haya muchas más empresas exportando y que sean las empresas pequeñas y medianas las que capitalicen ese crecimiento de la base
exportadora. En segundo lugar, diversificar nuestros mercados de exportación para aprovechar el crecimiento de muchas economías emergentes en las que la empresa española está presente en muy pequeña medida. Nuestra orientación es justamente
potenciar la empresa española en esos mercados emergentes y reducir nuestra dependencia exportadora de la Unión Europea. Como he dicho antes, el 66 % de nuestra explotación todavía está concentrada en la Unión Europea, y eso es justamente lo que
explica el dato por el que se ha interesado su señoría. Me preguntaba por qué se ha producido una reducción o se han desacelerado las cifras de exportaciones desde el 15,4 % hasta el 3,9 %, y la explicación es bastante sencilla: con esa
concentración de las exportaciones en la Unión Europea, el hecho de que la Unión Europea haya entrado en recesión, así como la desaceleración tan importante que se ha producido en nuestros principales mercados ha tenido como consecuencia la
reducción o la desaceleración de las exportaciones españolas.


También se ha referido su señoría al Fondo de internacionalización de la empresa española, el FIEM, y parece también preocupado por el volumen de presupuesto asignado en 2012. Tengo que decirle, señoría, que quizás no debería preocuparse
tanto, ya que la dotación presupuestaria del año 2011, de la que ustedes son responsables, es de un 31 %, es decir, no fueron capaces de ejecutar el 69 % del presupuesto del FIEM. Por tanto, la reducción del presupuesto que se produce en este
ejercicio no es ningún problema, porque partimos de una ejecución de este instrumento en porcentajes muy bajos.


Ha hecho referencia también en su exposición a asuntos que nada tienen que ver con el área de comercio exterior ni con el comercio interior pero a los que no me importa en modo alguno dar respuesta. Ha hablado de los excesos del sector
inmobiliario, de los excesos en el sector de la construcción; puedo compartir ese diagnóstico pero le voy a aportar, señor Lavilla, algún dato. La exposición al riesgo inmobiliario en 2004, cuando nosotros dejamos el Gobierno, era de 70.000
millones de euros, un 7 % del PIB; la exposición al riesgo inmobiliario cuando ustedes dejaron el Gobierno, siete años y medio después, era de 320.000 millones de euros, es decir, el 32 por ciento del PIB. Durante los ocho años de Gobierno del
Partido Popular, de 1996 a 2004, se construyeron en España de media 270.000 viviendas; en los siete años y medio en los que ustedes han gobernado se han construido en España más del doble por año, es

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decir, más de 570.000 viviendas. Creo que pretender dar lecciones con estos datos en la mano es un ejercicio complicado, pero usted naturalmente está en su derecho de hacerlo. Aclaro también que la eliminación de la licencia está reservada
a comercios de una superficie inferior a 300 metros cuadrados; para superficies mayores a 300 metros cuadrados será necesaria una licencia como la que actualmente es exigible a todos los establecimientos comerciales. Agradezco sinceramente las
recomendaciones, tomo nota de ellas e intentaremos aplicar aquellas que puedan ser eficaces.


Respecto a la intervención del Partido Popular, agradezco también mucho a su señoría su intervención, su mención a la importancia de los mercados emergentes, que compartimos plenamente. Necesitamos aprovechar las oportunidades que
representan mercados tan importantes como India, como China, como Brasil; economías de gran dimensión que están creciendo a mucha velocidad y en las que todavía la empresa española tiene retos muy importantes por delante. Justamente el desarrollo
de nuestros programas de internacionalización va enfocado a potenciar la presencia de la empresa española en esos mercados de alto crecimiento.


En cuanto a su pregunta sobre cómo estamos avanzando en el proceso de racionalización de las estructuras comerciales de España en el exterior, le diré que hemos firmado ya un acuerdo con la Generalitat Valenciana, que fue suscrito por el
presidente de la Generalitat Valenciana, señor Fabra, y por el ministro de Economía y Competitividad hace pocos días; en breve vamos a firmar también con la Comunidad Autónoma de Galicia, y vamos continuar con las restantes comunidades autónomas
que estén dispuestas a colaborar con el Estado en un proceso de racionalización en el que todos ganamos porque todos ahorramos y además todos mejoramos nuestra imagen en el exterior. Tomo nota también de su sugerencia de acelerar en la medida de lo
posible la eliminación de la licencia de apertura de pequeños comercios. Naturalmente la voy a trasladar al Gobierno para que en la medida de lo posible, si eso es considerado adecuado, tenga consecuencias en cuanto a la acción gubernamental.


Finalmente, comparto con usted su enfoque relativo al problema que tiene planteado España en materia de unidad de mercado. Estamos trabajando muy seriamente desde hace ya tiempo en la elaboración de un texto legislativo y tendremos ocasión
de darlo a conocer cuando estén ultimados todos los trabajos que estamos llevando a cabo en colaboración con las principales organizaciones empresariales. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor García-Legaz, le agradezco en nombre de la Comisión su comparecencia y sus intervenciones. Con esto terminamos con el señor secretario de Estado de Comercio. (Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (FERRE NAVARRETE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (Número de expediente 212/000147); MIXTO (Número de expediente 212/000164); POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 212/000183); CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ (Número de expediente 212/000234) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/000274).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos con la sesión de comparecencias en la Comisión de Presupuestos. Nos corresponde ahora examinar la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, don Miguel Ferre Navarrete.
Le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia y le damos la palabra. Don Miguel Ferre tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Ferre Navarrete): Muchas gracias, señor presidente.


Con la presente intervención mi propósito es informarles de las líneas estructurales básicas del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en materia de ingresos presupuestarios. Como saben bien nos encontramos
en una situación difícil, desde luego mucho más difícil de la que desearíamos todos, porque lo cierto es que el conjunto de las administraciones públicas tienen hoy por hoy una capacidad de gasto muy superior a su capacidad de recaudación. La
necesaria meta del equilibrio presupuestario, que es exigible a cualquier Estado, pasa como etapa previa por la reducción del déficit. A este objetivo responde precisamente el presente proyecto de ley de presupuestos, proyecto que está marcado por
el rigor y por la austeridad. Si una contención del déficit siempre es necesaria, resulta serlo de manera especial en estos tiempos. Con las líneas que se trazan en este proyecto se avanza en un triple objetivo. Primero, en la recuperación de la
confianza y la credibilidad de nuestras administraciones; segundo, se garantiza la prestación de los servicios públicos esenciales, que son propios de un Estado de bienestar y, tercero, se sientan las bases para el necesario crecimiento económico
en el medio plazo así como para la recuperación de la creación del empleo.


Las fechas en las que nos encontramos, ya saben ustedes, son atípicas para la aprobación de unos presupuestos. La convocatoria de elecciones, la disolución de las Cortes Generales, sin la prorrogación previa de unos presupuestos, hace que
dispongamos de unos presupuestos del año 2011 prorrogados hasta la aprobación de este proyecto de ley. Sin embargo, la senda de consolidación fiscal acordada por España con las instituciones de la Unión Europea exigía un ajuste más intenso respecto
al contemplado en los presupuestos prorrogados. En este sentido y a efectos de garantizar un adecuado cumplimiento de estos objetivos del déficit, el Gobierno aprobó el pasado 30 de diciembre un acuerdo de no disponibilidad de créditos que
permitiese contener el gasto en los primeros meses del ejercicio, hasta la

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efectiva entrada en vigor de los nuevos presupuestos para 2012. Ese mismo día se aprobó en materia tributaria un primer grupo de medidas con efectos en los presupuestos de ingresos a través del Real Decreto-ley 20/2011, que afectaron
fundamentalmente a los impuestos que pagan las personas físicas. Estas medidas se han completado con las contenidas en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo de este año, que afecta fundamentalmente a la tributación de las personas jurídicas.
No solo este momento presupuestario es especial sino que también el contexto económico en su conjunto es excepcional. Permítanme en este sentido que haga una breve referencia a este contexto económico sin cuya referencia no se entendería lo
relativo, precisamente, a la previsión de ingresos que incorpora este proyecto de ley de presupuestos para 2012.


Como ustedes conocen, nos encontramos en una situación económica adversa caracterizada por tensiones en los mercados, provocadas a su vez por la crisis de la deuda soberana, que ha afectado de manera importante a la confianza que los agentes
económicos tienen en la economía española. Debido a esta serie de circunstancias en este contexto económico la demanda interna se contrajo, descendió el gasto en consumo final de los hogares como consecuencia de la reducción del empleo y de la
disminución de riqueza y decreció el gasto en consumo de las administraciones públicas. En definitiva, esta tendencia contractiva de la economía española se va a mantener en 2012, ya que es un año en el que se prevé, de acuerdo al cuadro
macroeconómico que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, una caída del 1,7 % del PIB en términos anuales. Indudablemente, este contexto económico tiene su efecto negativo en los ingresos públicos que en consonancia con
este proceso contractivo, y si no se hubieran tomado las medidas tributarias correspondientes, experimentarían -dicha previsión de ingresos- un sensible retroceso.


Las previsiones económicas en las que nos basamos en el presente proyecto de presupuestos no pueden ser en este sentido más realistas, parten de un escenario macroeconómico señalado de contracción del 1,7 % del PIB junto con un retroceso en
la mayoría de las variables que tienen incidencia en los ingresos presupuestarios y muy en particular en los ingresos tributarios. A los efectos de la evolución de los ingresos, la variable más relevante es la demanda interna en términos nominales
respecto a la cual se espera una caída de 3,6 % en 2012. Por ello, sin medidas de consolidación fiscal, y como consecuencia de este escenario macroeconómico adverso, la base imponible agregada a los principales impuestos y en definitiva su
recaudación sufriría un descenso cercano al 3 %, con especial incidencia en el gasto que está sujeto al impuesto sobre el valor añadido y en el impuesto sobre sociedades. Junto a esta situación macroeconómica para alcanzar a comprender el esfuerzo
que se deriva del incremento impositivo que se contempla en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, debe tenerse en cuenta también el escenario de partida del déficit presupuestario. Como ustedes saben, el déficit del conjunto de las
administraciones públicas se situó el año pasado en el 8,51 % frente al 6 % que era el compromiso que se había adquirido con la Unión Europea. Esta desviación de 2,5 puntos del PIB exige medidas de consolidación fiscal adicionales a las que ya de
por sí normalmente hubiera correspondido ser tomadas en el año 2012, en el que el déficit para el conjunto de las administraciones públicas no puede superar el 5,3 %. En este recorrido de reducción desde el 8,5 al 5,3 % el mayor esfuerzo, como
saben, va a corresponder al Estado, que deberá reducir el déficit hasta el 3,5 % frente al 5,1 en el que incurrió el año pasado; es decir, le corresponde al Estado una reducción de 1,6 puntos.


El conjunto de las circunstancias señaladas, es decir estos compromisos adquiridos con la Unión Europea, este contexto económico adverso, difícil situación de partida, ha determinado la presentación y la realización definitiva de un ajuste
presupuestario sin precedentes tanto en el campo de los gastos públicos como en el campo de los ingresos. Las medidas de consolidación fiscal en materia de ingresos suponen un conjunto de medidas que tendrán incidencia en los ingresos
presupuestados de 2012 y han sido adoptadas tanto en diciembre de 2011 como en el pasado mes de marzo. Todas ellas están marcadas por una necesaria búsqueda del equilibrio entre austeridad y crecimiento económico. Por un lado, estas medidas son
las causantes del logro de las cifras que expondré más adelante, que hacen que los ingresos no solo no retrocedan sino que aumenten, en concreto un 43 % en comparación con el año 2011. Por otra parte, las medidas aprobadas parten de considerar que
es necesario que la recuperación económica se inicie cuanto antes y esto es particularmente relevante porque en la elección y adopción de las medidas este objetivo de no perjudicar la senda de la recuperación económica ha sido algo de la mayor
relevancia para este Gobierno. En definitiva, se trata de adoptar unas medidas que no causen una mayor detracción del consumo o que puedan incidir aún más negativamente en la demanda agregada. En este sentido, debe tenerse en cuenta que este
incremento de ingresos, junto con la reducción de gastos, será el que permita revalorizar las pensiones tras la congelación del año anterior, mantener el sueldo de los funcionarios, las prestaciones por desempleo y no incrementar otros tributos, lo
cual habría ocasionado al conjunto de estas alternativas no deseadas un mayor perjuicio de la actual situación económica.


Hechas estas consideraciones preliminares sobre las medidas de consolidación fiscal, paso a exponerlas de forma más pormenorizada, y su impacto en los presupuestos, distinguiendo tres grandes bloques de medidas en el campo de los ingresos
tributarios: el gravamen complementario del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las medidas referentes al impuesto sobre sociedades, incluidas en el Real Decreto-ley 12/2012, y

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el resto de medidas de carácter tributario de este Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. El primer gran bloque de medidas con mayor impacto en la elaboración de estos presupuestos están incluidas en el Real Decreto-ley 20/2011 que
adoptó el gravamen complementario sobre el impuesto de la renta de las personas físicas. En efecto, la principal medida con efecto en los presupuestos del Estado que se contempló en el Real Decreto-ley 20/2011 supone la aplicación, como saben
ustedes, de un gravamen complementario, temporal y progresivo a la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Quiero destacar el carácter temporal de este gravamen, ya que se aplicará durante los ejercicios 2012 y 2013 con
unos porcentajes que oscilan entre el 0,75 % para las rentas más bajas hasta el 7 % para las rentas superiores a 300.000 euros. En paralelo, y como no puede ser de otra manera, se ha establecido un gravamen complementario para las llamadas rentas
del ahorro, con porcentajes que oscilan entre un 2 % para los rendimientos del ahorro de hasta importes que no llegan a 6.000 euros y un 6 % para rendimientos superiores a los 24.000 euros por año. Con este gravamen complementario, que está vigente
desde principios de año, se estima un incremento global de 4.100 millones de euros.


El segundo gran bloque de medidas de carácter tributario en el marco del proyecto de Presupuestos Generales del Estado lo constituye la normativa adoptada y referida al impuesto sobre sociedades, al impuesto que pagan sobre sus beneficios
las empresas y que están incluidas en el Real Decreto-ley 12/2012. Estas medidas tienen por objeto aumentar el llamado tipo efectivo del impuesto sin modificar el tipo de impuesto, el tipo de gravamen llamado nominal y se hace mediante la
introducción de determinados límites temporales para ciertos beneficios fiscales, así como a través de la supresión directamente de determinados beneficios fiscales cuyo importe era muy significativo, como se pudo comprobar en recientes ejercicios,
e impactaban directamente en el tipo efectivo de las empresas.


Debe tenerse en cuenta que la caída en recaudación en el impuesto sobre sociedades en los últimos años ha sido la mayor caída en recaudación impositiva de todas las figuras de nuestro sistema impositivo. En este contexto, la experiencia
demostraba que el aprovechamiento mayoritario de este tipo de beneficios fiscales se venía produciendo por las grandes empresas por lo que, con estas modificaciones, se pretende asimismo alcanzar una mayor equidad en el impuesto sobre sociedades,
pues afectará a aquellas empresas que tengan una mayor capacidad de pago, incrementando el tipo efectivo de las grandes empresas en comparación con el resto de los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades.


Las medidas introducidas en el impuesto sobre sociedades, el incremento de ingresos previstos, son las siguientes. En primer lugar, se contempla o se prevé en el Real Decreto-ley 12/2012 una limitación de la deducción del Fondo de Comercio.
En definitiva, es un diferimiento de beneficios fiscales que consiste en limitar la deducción del Fondo de Comercio tanto en adquisiciones de negocios como en operaciones de reestructuración, sean fusiones, escisiones, aportación de rama, mediante
el establecimiento de un límite anual máximo de la centésima parte de su importe. Esta medida tiene un carácter temporal y es aplicable en los ejercicios 2012 y 2013. Esta medida de diferimiento producirá unos ingresos estimados de 210 millones de
euros. La segunda medida del impuesto sobre sociedades para las grandes empresas es la introducción de un límite mínimo para el cálculo del pago fraccionado. Se introduce un límite mínimo para el cálculo del pago fraccionado que se aplicará a
aquellas empresas, a aquellas entidades que tengan un importe neto de cifra de negocio superior a 20 millones de euros, que con carácter general este límite mínimo tendrá un valor del 8 % del resultado contable de las entidades afectadas. No
obstante, este porcentaje del 8 % se reducirá en el caso de las empresas en las que al menos el 85 % de sus ingresos corresponden a rentas a las que haya habido que ajustar fiscalmente mecanismos para evitar la doble imposición, aplicándoseles en
este caso un tipo del pago fraccionado sobre el resultado contable del 4 %. Además, y para no generar problemas de liquidez innecesarios en este primer pago fraccionado que se va a producir en el plazo que vence el 20 de abril, el tipo que se exige
para este primer pago fraccionado será del 4 % con carácter general y del 2 % para aquellas entidades en las que la mayor parte de sus ingresos deban ajustarse para evitar la doble imposición internacional, tal y como acabo de señalar. Esta medida
también tiene un carácter temporal y está contemplada para los ejercicios 2012 y 2013 y aportará unos ingresos estimados de 2.500 millones de euros.


En tercer lugar, se contempla o se aprueba un gravamen especial que se aplicará a dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en España o rentas derivadas de transmisiones de valores en fondos propios, en acciones
de entidades no residentes, siempre que estos dividendos o estas participaciones en beneficios se devenguen o se realicen en el año 2012. Sobre las mismas se aplicará un tipo de gravamen del 8 %. Se trata de una medida prevista para el tipo de las
rentas señaladas, es decir, las rentas que procedan del extranjero, y son para aquellas en las que no puedan beneficiarse de la exención actualmente recogida en la normativa del impuesto sobre sociedades. Esta medida generará unos ingresos
estimados de 750 millones de euros.


Hasta aquí las medidas de carácter tributario que afectan al impuesto sobre sociedades con un carácter temporal. Paso a referirme a aquellas que tienen un carácter definitivo. Con carácter definitivo se adoptan las siguientes medidas. En
primer lugar, la introducción de límites para la deducción de los gastos financieros. El Real Decreto-ley 12/2012 modifica la normativa en vigor en relación con la deducción de gastos financieros.

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Con esta medida se trata de aproximar la legislación española en esta materia a la tendencia legislativa de los países de nuestro entorno. Se establece el carácter no deducible fiscalmente para aquellos gastos financieros que se generan
dentro del grupo mercantil y que son gastos que están destinados a realizar determinadas operaciones intragrupo, excepto que la entidad que quiera tomarse la deducción de estos gastos financieros pueda acreditar que la operación responde a un motivo
económico válido. En segundo lugar, y con carácter adicional para el conjunto de los casos, se establece un límite al importe de los gastos financieros deducibles en un ejercicio. Este límite es del 30 por ciento del beneficio operativo del
ejercicio o, en su caso, de un millón de euros, si la cantidad es inferior a dicho límite. Los gastos que no sean deducibles en el año en cuestión sí lo podrán ser en ejercicios futuros con un máximo de dieciocho años. En todo caso, el impacto del
beneficio fiscal por año se reduce a una base que consta del 30 % del resultado operativo de las empresas. En el caso de que estos gastos financieros netos del periodo impositivo no alcancen este 30 % del beneficio operativo, la diferencia entre
este límite y los gastos financieros netos se sumará al límite para la deducción de los gastos financieros de los cinco periodos impositivos siguientes, hasta que el contribuyente en la empresa sujeta al impuesto pueda deducirse esa diferencia. Con
esta medida se estima una obtención de ingresos de 1.050 millones de euros. En tercer lugar, y con carácter definitivo, se elimina la libertad de amortización no vinculada al mantenimiento de empleo. Por lo que se refiere a las medidas del
impuesto sobre sociedades, se procede a eliminar la libertad de amortización que no esté vinculada a la creación y al mantenimiento de empleo, excepto para las entidades que sean de reducida dimensión, que mantendrían este beneficio de la libertad
de amortización. Los sujetos pasivos que tengan cantidades pendientes de deducir como consecuencia de la libertad de amortización podrán hacerlo con el límite del 40 % de la base imponible previa a su aplicación y a la compensación de las bases
imponibles negativas, cuando sean cantidades pendientes generadas en virtud del Real Decreto-ley 6/2010, si bien el límite será del 20 % cuando la cantidad pendiente a deducir haya sido generada en virtud del Real Decreto-ley 13/2010. Simplemente
quiero recordarles que el Real Decreto-ley 6/2010 permitía la libertad de amortización con vinculación a la creación de empleo, mientras que la libertad de amortización del Real Decreto-ley 13/2010 eliminó el requisito de la vinculación a la
creación de empleo. Esta medida producirá unos ingresos estimados de 840 millones de euros. En definitiva, el conjunto de las medidas por las modificaciones normativas que afectan al impuesto sobre sociedades de las grandes empresas supondrá un
aumento de ingresos para el Estado de 5.350 millones de euros.


El tercer gran bloque de medidas de carácter tributario, que están contempladas e incluidas en el Real Decreto-ley 12/2012, son las siguientes. En primer lugar, la regularización especial. Más allá de la reforma del impuesto sobre
sociedades, el Real Decreto-ley 12/2012 aprueba, incorpora, establece un mecanismo de regularización especial que permite a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la renta
de no residentes, que antes del día 30 de noviembre de este año afloren bienes y derechos no declarados, previa liquidación y pago de un gravamen del 10 % del valor de dichos bienes y derechos aflorados. Con ello se pretende la repatriación de
rentas y de patrimonios ocultos en el extranjero, pero también la afloración de rentas ubicadas en la economía sumergida. Es evidente que este mecanismo -este Gobierno es plenamente consciente de ello- tiene un carácter excepcional y transitorio.
El Gobierno no se aleja de las recomendaciones de organismos internacionales, como la propia OCDE, que siempre ha sido contundente en la lucha contra los paraísos fiscales y aboga -y España ha participado en esos trabajos- por el intercambio de
información tributaria con este tipo de territorios, pero recomienda al mismo tiempo que se establezcan de forma excepcional programas que afloren rentas ocultas, siempre que vayan acompañados de medida contundentes, verdaderamente rígidas en la
represión del fraude fiscal, como ha hecho, como bien saben ustedes, este Gobierno con la presentación del anteproyecto de ley de medidas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal que se presentó el pasado viernes.


Bien saben ustedes también que no es la primera vez en la historia de España que se aprueba una regularización de rentas y que otros países, como Italia, Alemania o Estados Unidos, han aprobado mecanismos semejantes de regularización de
rentas ocultas. Con esta medida, junto con las limitaciones introducidas para la deducibilidad de gastos financieros, se pretende contribuir a que se disminuya el nivel de endeudamiento del sector privado reduciendo el excesivo apalancamiento
financiero que tiene el sector privado en España. En su conjunto se estima que esta medida supondrá un incremento de 2.500 millones de euros en la recaudación del Estado. Esta medida, como les decía, se completa y debe ser puesta en el contexto de
la aprobación de las medidas del pasado viernes, con la finalidad de dar mayores instrumentos normativos a la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, en particular con las medidas consistentes en la obligatoriedad de declarar las cuentas y
valores que se tengan en el extranjero, la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas ocultas en el extranjero y un endurecimiento severo del régimen sancionador. Hay otras medidas, pero no me quiero detener más en ellas, ya que está prevista
la comparecencia de la directora general de la Agencia Tributaria, y ella las explicará con mayor detalle.


Siguiendo con las medidas adoptadas para mejorar la estimación de ingresos tributarios para los presupuestos de 2012 quiero destacar también el impuesto sobre

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labores de tabaco, en el cual se ha reducido en dos puntos el llamado tipo proporcional, que se gira sobre el precio de venta, y se incrementa por su parte el tipo específico vinculado con el número de unidades de cigarrillos que quedan
sujetas al impuesto, todo ello con el objetivo de alcanzar una combinación más equilibrada en la estructura de este impuesto especial y alineándonos también con las tendencias de la Unión Europea. Se estima que esta medida supondrá un incremento de
150 millones de euros.


Este conjunto de medidas señaladas supondrá en su globalidad un incremento en los ingresos que debe alcanzar los 12.300 millones de euros, que, teniendo en cuenta el contexto económico al que nos hemos referido, contribuirán para que existan
6.907 millones de euros más de ingresos impositivos que el año pasado. Además, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado incorpora otras medidas para el año 2012, que son, como es habitual, otras normas de carácter técnico y que
vienen recogiéndose en este tipo de textos. En particular, la actualización de los coeficientes correctores en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, coeficientes correctores en el impuesto de sociedades, modificaciones del impuesto
sobre el valor añadido consecuencia de trasposiciones al derecho español de normativa comunitaria, los cambios en la Ley de impuestos especiales para integrar el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos en el impuesto de
hidrocarburos armonizado o general, actualización de tasas y de actos jurídicos documentados.


Por lo que se refiere a la previsión concreta de ingresos tributarios en este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, me referiré al presupuesto del Estado y a los ingresos no financieros del conjunto de las administraciones
públicas. Se prevé que los ingresos no financieros totales alcancen en el año 2012 los 211.089 millones de euros. Estos ingresos no financieros están constituidos en su mayor parte, como saben, por los ingresos impositivos, que ascienden a una
cifra de 167.797 millones de euros, mientras que los ingresos no impositivos se fijan en 43.292 millones de euros. La cifra total de ingresos no financieros supone un incremento de 33.903 millones de euros, un 19,1 % respecto a la recaudación de
2011. El mayor incremento se produce en los ingresos no impositivos, concretamente en 26.996 millones de euros, y es consecuencia directa del efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómica, en tanto que los ingresos impositivos
aumentan en 6.907 millones de euros. No desarrollo más los efectos de la liquidación o del cambio de los criterios del sistema de financiación autonómica, ya que mi compañero, el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, don Antonio
Beteta, abundará en ello adecuadamente.


Vamos a analizar en este momento tanto los ingresos impositivos como los no impositivos. En cuanto a los ingresos impositivos ascienden a más de 167.000 millones de euros. Reitero, 6.907 millones más que en el ejercicio anterior. Ello es
consecuencia de la implementación de medidas de consolidación fiscal que por sí mismas suponen un aumento en los ingresos de 12.300 millones de euros. Esta cifra de más de 167.000 millones de euros se alcanza como consecuencia de la suma de las
previsiones de recaudación de las diferentes figuras tributarias. En primer lugar, me voy a referir a los impuestos directos. Por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, la recaudación prevista de 73.106 millones de
euros supone un incremento de 3.303 millones de euros, un 4,7 por ciento en relación con la recaudación de 2011. Este incremento se producirá como consecuencia del gravamen complementario vigente desde enero. También se ha tenido en cuenta para
esta estimación realista y rigurosa la evolución poco favorable que se espera del empleo y, por tanto, de las rentas de trabajo sujetas al impuesto. Esto demuestra que estamos hablando de previsiones prudentes y perfectamente creíbles. Déjenme
comentarles que por las fuentes internas, los avances de recaudación que tenemos en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el mes de marzo ya se ha notado una subida del 7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas
vinculado a un mejor comportamiento de las retenciones sobre el trabajo y sobre las administraciones públicas. No solo eso sino que los rendimientos sobre el capital, las llamadas retenciones sobre rentas del ahorro, también han tenido en este mes
de marzo, comparado con el mes de marzo de 2011, un aumento del 17 %. Estos avances positivos seguramente se confirmarán en abril, ya que en este mes de marzo aún no disponemos de las cifras de retenciones practicadas por las pymes que, como saben,
se presentan con carácter trimestral y no podemos conocerlas hasta más adelante. Por tanto, el gravamen complementario aprobado por el Real Decreto-ley 30/2011, está empezando a generar sus efectos a partir de este mes de marzo. Esto en lo que se
refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, los ingresos presupuestados para 2012 ascienden a 19.564 millones de euros, lo que supone una cifra de 2.953 millones más que en 2011,
es decir, una subida del 17,8 %. El incremento de la recaudación de impuestos sobre sociedades se debe fundamentalmente a las limitaciones en los ajustes de los beneficios fiscales a practicar en la base imponible de las personas jurídicas, así
como a los cambios en el sistema de cálculos de pagos fraccionados tal y como he analizado anteriormente. Estas medidas van a suponer una inyección adicional de ingresos en este impuesto a lo largo del año de 5.350 millones de euros. Para
completar el marco de los impuestos directos, déjenme que me refiera también a 6.050 millones de euros en concepto de estimaciones de ingresos para el impuesto sobre la renta de no residentes y las cuotas de derechos pasivos, entre otros. Esto por
lo que se refiere a los impuestos directos.


En cuanto a la previsión de ingresos para los impuestos indirectos, en el impuesto sobre el valor añadido, que --como bien saben ustedes- representa la mayor parte

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recaudatoria de los impuestos indirectos, se espera que los ingresos por este concepto asciendan a 47.691 millones de euros, un descenso del 3,3 % respecto a 2011, lo que supone una recaudación de 1.600 millones menos que en el ejercicio
anterior. Esto es debido básicamente al decrecimiento económico, a la caída de la actividad económica, lo que va a implicar restricciones en el consumo privado y, por tanto, en la recaudación vinculada a este consumo privado. En segundo lugar, y a
continuación del impuesto sobre el valor añadido, los ingresos por impuestos especiales se situarán en 2012 en 18.426 millones de euros, con un descenso de 557 millones, un 2,9 % respecto a la recaudación de 2011. La previsión por figuras es la
siguiente. En el impuesto sobre hidrocarburos se espera una disminución del 2,1 % respecto a la recaudación de 2011 y ello obedece a la caída del consumo de este tipo de productos, de los hidrocarburos, hasta alcanzar una cifra de estimación para
el 2012 de 9.094 millones, prácticamente la mitad de la recaudación por impuestos especiales. Los ingresos que se esperan del impuesto sobre labores del tabaco son de 6.884 millones de euros, también suponen una caída del 5,1 % respecto a la cifra
de 2011. Esta caída se hace sobre la estimación de una bajada del consumo que no va a compensarse necesariamente con las subidas de precios que se están produciendo. En el impuesto sobre la electricidad se estiman unos ingresos de 1.402 millones
de euros con un aumento del 2,2 % respecto al 2011, pero esto es atribuible lógicamente al aumento de las tarifas. El resto de los impuestos indirectos ascienden a la cifra de 2.960 millones de euros, con la que se completa la previsión de ingresos
por imposición indirecta.


La suma de todas estas cifras de previsión de ingresos constituye el importe de los ingresos impositivos, al que ya me he referido y que recuerdo de nuevo, que es de 167.797 millones de euros. Todo ello, es decir, los ingresos impositivos
por este importe y los no impositivos por valor de más de 43.000 millones de euros nos ofrece un resultado final de ingresos no financieros del presupuesto de 2012 de más de 211.000 millones de euros. Si a esta cifra le restamos lógicamente la
participación de las administraciones territoriales en los ingresos impositivos, incluyendo las liquidaciones definitivas de años anteriores, y los importes que corresponden a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, nos queda lo que se
denominan los ingresos no financieros del presupuestos del Estado, que ascienden a 119.233 millones de euros, lo cual supone un incremento del 14,3 % respecto a la recaudación de 2011. Quiero hacer una referencia rápida a los ingresos financieros
del Estado. Se completa esta información sobre los ingresos no financieros del presupuesto con el dato de los 10.000 millones de euros de ingresos financieros, para darnos el resultado total de los ingresos del presupuesto del Estado por valor de
129.325 millones de euros. También quiero hacer una referencia al presupuesto de beneficios fiscales, que se incorpora en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y que -como saben bien ustedes- supone el reflejo numérico de la
disminución de los ingresos tributarios que se ha producido a lo largo del año por la aplicación de incentivos fiscales recogidos en la normativa que actualmente está en vigor. Para destacar las grandes cifras, les informo de que el presupuesto de
beneficios fiscales para 2012 ascenderá a 38.102,7 millones de euros, lo cual supone un 5,6 menos que el presupuesto de beneficios fiscales de 2011.


Voy a hacer un rápido desglose del presupuesto de beneficios fiscales de 2012 por tributos con algún comentario en cada uno de ellos. Por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el importe de los beneficios
fiscales será de 15.108,50 millones de euros, lo cual supone una reducción de 1.528,40 millones de euros y relativa del 9,2 % respecto a la cantidad presupuestada en el año 2011, que superó los 16.000 millones de euros. En el impuesto sobre
sociedades la magnitud de los beneficios fiscales se situará en 3.700,54 millones de euros, lo que representa el 9,7 % del total de los beneficios fiscales y respecto a 2011 se produce una disminución absoluta de más de 63 millones de euros y una
tasa de variación de -1,7 %. En lo que se refiere al impuesto sobre el valor añadido, la aportación de los incentivos en el impuesto al presupuesto de medidas fiscales se cifra en 16.250,63 millones de euros, absorbiendo más del 42 % del monto
total del presupuesto de beneficios fiscales. En comparación con los resultados de 2011 esta cantidad supone una disminución absoluta de más de 727 millones de euros y una variación relativa de -4,3 %. En el campo de los impuestos especiales, el
efecto de los beneficios fiscales asociados a la normativa vigente en materia de impuestos especiales se estima para 2012 en 1.248,41 millones de euros, cantidad que supondrá un descenso del 1,5 % respecto a la cifra que se consignó en el
presupuesto de 2011.


Con todo ello, señorías, doy por concluida la explicación acerca de los presupuestos de ingresos y, como habrán podido comprobar a lo largo de la exposición, me he basado en previsiones de ingresos prudentes y acordes con la situación
económica que atravesamos, de lo que necesariamente resultan unos presupuestos creíbles y realistas.


Concluyo señalando que estos presupuestos son nuestra respuesta a la grave situación actual, pero son igualmente el instrumento mediante el que, conscientes de nuestros compromisos, reducimos el gasto en las partidas que menos afectan a los
que menos tienen, aumentamos los ingresos sobre la base del principio constitucional de progresividad y complementamos el conjunto de reformas que permitirán que recuperemos el crecimiento económico y el empleo.


Señorías, señor presidente, les agradezco su atención y espero que mi intervención les haya sido útil e ilustrativa.


El señor PRESIDENTE: Después de la intervención del secretario de Estado de Hacienda, a quien le agradecemos

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sus explicaciones, toman la palabra los grupos que han solicitado la comparecencia. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, don Pedro Saura.


El señor SAURA GARCÍA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista queremos dar la bienvenida al secretario de Estado de Hacienda y agradecerle sus explicaciones.


Antes de hablar de los ingresos y hacerle algunas preguntas que -si puede ser- me gustaría que nos aclarara, como frontispicio a mi intervención quiero hacer referencia a la necesidad de que la senda de ajuste presupuestario respecto al 3 %
sea más laxa y más realista. Evidentemente tendremos que negociar esa senda con la Unión Europea, porque no está claro que los mercados premien una consolidación excesiva. No parece que empíricamente una consolidación excesiva sea premiada por los
mercados. Más bien es la intervención del Banco Central Europeo la que consigue que baje la prima de riesgo de la deuda de países como España. Eso es lo que verdaderamente premia. Como frontispicio a mi intervención en relación con los ingresos,
es necesario que haya una senda más realista, rigurosa pero también realista, en relación con el 3 % en los próximos años. De hecho, el Fondo Monetario Internacional dice que no se cree que vayamos a conseguir el 3 % en 2013 y habla del año 2018.
No estoy diciendo, ni muchísimo menos, que tenga que ser ese nuestro objetivo, pero sí tiene que ser realista. Si no es realista, no es creíble y no generamos ningún tipo de confianza.


La política presupuestaria relacionada con los impuestos está directamente en el ámbito de competencia de la secretaría de Estado y del Gobierno. Tiene que ser una política presupuestaria creíble. Tal como el Gobierno ha planteado su
política presupuestaria y, más concretamente, los ingresos, no está generando credibilidad. Hoy hemos asistido a la subasta de deuda a corto plazo de 3.180 millones de euros y se ha colocado, pero con un coste de prácticamente el 90 %. Hay ahí un
problema de credibilidad y lo que está pidiendo en este momento el conjunto de agentes económicos y sociales es consistencia y orientación desde el punto de vista de la racionalidad económica y de la cohesión social. Eso es lo que se está pidiendo,
un conjunto de decisiones que sea consistente con la racionalidad económica y con la justicia social, tanto por el lado de los gastos como de los ingresos. No voy a hablar mucho de los gastos pues anteriormente se hizo en la comparecencia de la
secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Vemos que no hay una política clara de crecimiento y de apuesta por la competitividad. Se habla mucho de los temas financieros. Financiero viene del latín fin; viene, por tanto, de lo último. Los
inversores no están pensando en lo último, están pensando en lo más importante, en lo primero, es decir, en el crecimiento económico y en la apuesta por la competitividad, que es el problema más importante, el origen de todos los problemas de
nuestro país y lo que genera en realidad problemas de credibilidad económicos en los mercados y ante los acreedores nacionales e internacionales. Como digo, no voy a hablar del gasto, sino de los ingresos, donde vemos esos problemas de consistencia
con relación al análisis y a la racionalidad económica. Me gustaría hacerle alguna pregunta, por si tiene a bien una contestación. ¿Cómo y en base a qué criterio se han calculado los 2.500 millones de euros que el Gobierno piensa recaudar por la
amnistía fiscal? Esto es lo que genera dudas en los mercados, ahí está la evolución de los indicadores financieros más importantes. ¿Cómo y por qué 2.500 millones de euros? Me gustaría, si tiene a bien, como digo, que nos contestara. ¿Por qué y
cómo se calculan los 750 millones de euros de beneficios o participaciones repatriadas de paraísos fiscales? Se le aplicaría a esos beneficios, a esas participaciones, como usted bien sabe mejor que nadie, el 8 %. ¿Por qué 750 millones de euros?
Esas son las dudas. Se podría haber planteado otra política de ingresos, pero el Gobierno ha optado por esa política, que además es por una sola vez; no hay otra vez, que es otro de los problemas que se les plantea a los que nos tienen que
prestar. Ha optado por la amnistía fiscal. Hay mucha economía sumergida. Por qué 2.500 y 750 y, además, solo es por un año, luego el año que viene tenemos un doble problema. Como digo, se ha optado por esa vía. A nosotros no nos gusta, por lo
que nos gustaría saber en base a qué se ha calculado esa cantidad. También nos gustaría conocer en cuánto se estima. Ustedes han presentado un anteproyecto de lucha contra el fraude fiscal, que de alguna manera haría maridaje con la amnistía
fiscal. ¿En cuánto se calculan las medidas que han planteado?, ¿cuánto se calcula que se puede recaudar?, ¿cuáles son los objetivos cuantitativos de ese anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal? Lo ha dicho en su intervención. Habla
de un decrecimiento en los ingresos por IVA de un menos -3,3 %. ¿Eso es consistente, señor secretario de Estado, con el decrecimiento de la economía en el año 2012? Si se compara con 2011, hay muchas dudas por parte de los analistas de que esa
estimación sea realista. Me gustaría conocer su opinión en primera persona, ya que lo tengo esta tarde aquí delante. También me gustaría que nos dijera, si es posible -esto no es, ni mucho menos, un examen sino a título de información para el
trabajo parlamentario-, cómo cree que va a afectar a la base imponible del impuesto de sociedades las nuevas provisiones del sistema financiero que el Gobierno ha estimado en unos 50.000 millones de euros. Ya sé que no son 50.000 millones de euros,
pero el Gobierno ha hablado de 50.000 millones de euros; igual estamos hablando de más del 50 %. ¿Cómo va a afectar eso a la base imponible del impuesto sobre sociedades y, por tanto, a los objetivos del Gobierno? Como ve, mis preguntas van en la
dirección de aquello que es importante, la consistencia para que al final las cuentas públicas cuadren y que esa política genere la credibilidad necesaria.


Hay otro elemento que está provocando muchas dudas desde el punto de vista de los ingresos, de la consolidación

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en los próximos años, pero también desde el punto de vista de la equidad. Lo que usted nos dice es que la subida de impuestos en el IRPF no va a ser permanente pero sí va a ser permanente el rescate de la deducción a la compra de vivienda
para las rentas más altas. Si juntamos las dos cosas, la subida del IRPF y la recuperación de la deducción a la compra de vivienda en las rentas más altas, probablemente el IRPF sea más injusto; punto número uno. Desde el punto de vista de los
números, de la senda de consolidación, lo que el Gobierno nos dice es que el IRPF no va a ser permanente, pero la deducción a la compra a la vivienda sí que lo va a ser en el futuro. Me gustaría conocer su opinión sobre esa dicotomía. Usted ha
hablado también del impuesto sobre sociedades, porque evidentemente tiene que ver con los cambios y las modificaciones legales que se han producido. Aquí ocurre lo mismo, y eso ofrece dudas a los agentes y a los inversores. Hay medidas que no van
a ser permanentes, que van a ser coyunturales. Y más concretamente a nosotros nos genera alguna duda cómo plantean calcular el Ebitda para limitar al 30 % los gastos financieros, porque a diferencia de lo que se hace en otros países se van a
incluir aquí los dividendos de sociedades que proceden de parte de esa sociedad que está en el extranjero. Eso no se hace en otros países, por ejemplo en Alemania. ¿Qué problema tiene eso? Que la base imponible va a sufrir, y mucho. Si se
hubiese calculado el Ebitda de una manera razonable, la base imposible sería mucho más potente y los ingresos también serían mayores para las arcas públicas.


En definitiva, señor secretario de Estado, existen muchas dudas. Probablemente de las políticas del Gobierno las que más dudas ofrecen desde el punto de vista de la consistencia presupuestaria, de la racionalidad económica -no hablemos de
la equidad, sino de la racionalidad económica-, es la política presupuestaria, y muchas de esas dudas tienen que ver con las preguntas que yo le he formulado, señor secretario de Estado. En todo caso, muchísimas gracias, y puedo entender
perfectamente que no pueda contestar a alguna de las preguntas que le acabo de hacer porque no tenga aquí los números.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer la comparecencia en esta Comisión de Presupuestos del secretario de Estado de Hacienda. Nuestro grupo le va a hacer una serie de consideraciones
respecto a los ingresos y los gastos, porque en la anterior comparecencia le hemos hecho muchas preguntas a la secretaria de Estado de Presupuestos y, a pesar de que ha hecho una intervención brillante -parecía que iba a licenciarse o doctorarse en
presupuestos- no ha contestado a ninguna. Pocas veces en las sesiones de comparecencias de presupuestos me había encontrado con la situación de hacer muchas preguntas y que no me contestaran ninguna. No voy a pedirle a usted que las conteste
porque tampoco hacen referencia a los ingresos. Algunas de ellas son importantes y las tengo que hacer, porque van dirigidas a los gastos, y solamente para que consten en el 'Diario de Sesiones'.


La valoración global de los presupuestos que ha hecho nuestro grupo parlamentario -ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones- es que nos preocupa lo que puedan comportar desde la perspectiva de la repercusión social y económica, al ser unos
presupuestos muy restrictivos, acordes con la coyuntura económica. Esto lo podríamos llegar a entender y a compartir. En lo que ya no estamos tan de acuerdo -y los echamos en falta- es respecto a algunos mecanismos o instrumentos que hubieran
podido acompañar estos presupuestos para que una parte de estos ingresos que ustedes prevén pudieran ir dirigidos a impulsar la actividad y el crecimiento económico, como han hecho algunos Gobiernos europeos -concretamente el Gobierno que preside el
señor Monti en Italia-, de manera que ustedes hubieran destinado una parte, el 20 % o el 30 % de los ingresos correspondientes a la presión fiscal, en vez de a reducir y ajustar las actividades, a que fuera dirigida a incrementar el crecimiento
económico. No sé si puede usted valorar algunos de estos instrumentos que le he dicho en estos presupuestos que ustedes han presentado y defendido relativos a los ingresos y si es posible que una parte de los mismos pudieran dirigirse a impulsar la
actividad económica. Nosotros vamos a presentar enmiendas en esta dirección.


En cuanto a los ingresos -y lo hemos dicho anteriormente, aunque la respuesta ha sido también para la licenciatura-, ojalá se cumplan las previsiones de que con una actividad o una caída del PIB del 1,7 % se puedan incrementar los ingresos
en un 12 %. Tendrían que tener ustedes un plan B para el caso hipotético de que no se cumpliera esa previsión. Usted ya lo dijo en una entrevista. Lo leí en diagonal, pero vi los titulares. También dije con motivo de la última convalidación del
real decreto la semana anterior que pensaba que el Gobierno tenía preparado un plan B para el hipotético caso de que no se cumplieran los ingresos porque la actividad económica no pueda comportar que las empresas tengan unos beneficios determinados
o unos ingresos a cuenta y que sobre la base de esta modificación del impuesto sobre sociedades no se puedan incorporar estos ingresos que ustedes plantean. El plan B que yo deduje de la entrevista que usted concedió a algún medio de comunicación
es que el Gobierno decía que si no se cumplían los ingresos correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre sociedades, a los impuestos especiales o a la regularización especial, no tendríamos otra alternativa
que incrementar los impuestos especiales y el IVA. Entiendo que si este fuera el hipotético plan B del Gobierno, valdría la pena también pensar que hay otras opciones que permitirían evitar el incremento del IVA y de los impuestos especiales, que
es dedicar una parte de estos ingresos a impulsar el crecimiento de la actividad económica. Creo

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sinceramente que si lo han hecho otros Estados de la Unión Europea, ¿por qué no lo han de hacer ustedes en unos presupuestos que ya sabemos de antemano que son muy restrictivos?


Nos preocupan no solo los ingresos del Estado sino también los de las comunidades autónomas.


En este capítulo, aunque no le corresponde a su secretaría de Estado, nosotros hemos manifestado a lo largo de estos últimos diez días que echamos en falta que el Gobierno cumpla todas las obligaciones que tiene con las diferentes
comunidades autónomas al no consignar la partida correspondiente a la disposición adicional tercera que tienen algunos estatutos de autonomía de diferentes comunidades autónomas. Hasta el presupuesto del año 2011 venían consignadas unas partidas
correspondientes a dicha disposición adicional tercera y, al mismo tiempo, en el articulado se habilitaba al ministro de Hacienda para poder dirigir recursos a estas partidas. Curiosamente en estos presupuestos hemos echado en falta la partida -que
no existe-, así como la habilitación en el articulado al Ministerio de Hacienda para proveer de recursos a estas partidas. Por tanto, la pregunta que hemos hecho a la secretaria de Estado de Presupuestos era si había sido por criterios económicos o
ideológicos, con lo cual estaríamos todavía más preocupados.


De todas formas, que conste que nosotros vamos a plantear esta cuestión a lo largo de todo el debate presupuestario para intentar resolver esta situación, en el sentido de que nosotros siempre hemos mantenido que las administraciones
autonómicas y las corporaciones locales son Estado, igual que la Administración central. Lo que no tiene sentido ni es de recibo es que se pague a los proveedores con unos mecanismos que ha planteado el Gobierno, que nosotros hemos votado
favorablemente, para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan pagar a los proveedores, y que la Administración central sea morosa con las administraciones autonómicas. Este es un defecto que nosotros queremos corregir si es posible.


En cuanto a cuáles van a ser los mecanismos que ustedes van a implementar para luchar contra el fraude fiscal, vamos a esperar que el real decreto correspondiente entre en el Congreso de los Diputados. Nosotros siempre hemos partido de la
base de que la Agencia Tributaria tenía una plantilla conformada por un buen regimiento de inspectores y subinspectores muy preparados, que conocen perfectamente la economía productiva española. Son personas tituladas, muy bien preparadas, pero
desde nuestro punto de vista habría que modificar determinados criterios sobre el trabajo de estos señores, que están preparados para actuar al servicio de la Administración y que tendrían que ser un elemento básico para la lucha contra el fraude y
contra la economía sumergida.


La primera cuestión que nosotros consideramos importante -no lo decimos ahora, llevamos bastantes legislaturas planteando esto a los diferentes secretarios de Estado de Hacienda- es que el trabajo y las retribuciones de la inspección no
vayan sobre objetivos, sobre actas de conformidad y disconformidad, porque muchas no se acaban cobrando, y hay un objetivo que premia la ejecución de un acta. Pensamos que debería haber en este Plan de lucha contra el fraude unas orientaciones,
porque todo el mundo sabe dónde está la economía sumergida. Pues que vayan allí los inspectores, que vaya un regimiento de inspectores o subinspectores a inspeccionar dónde se está practicando la economía sumergida, que lo sabemos todos, y
seguramente los resultados serán espectaculares. Esta es una apreciación, un consejo que nosotros damos muy modestamente, pero valdría la pena que algún día también se pudieran implementar planes de lucha contra el fraude que permitieran perseguir
todos los nichos importantes de fraude que existen en la economía española, y no que la inspección se limite solamente a ir a visitar empresas que cumplen con sus obligaciones. Siempre es más fácil levantar un acta donde existe ya una economía
determinada que no en una economía sumergida, ya que hay que trabajarla, buscarla y hay que gastar mucha suela de zapatos trabajando por los diferentes territorios.


Finalmente, hay otra cuestión muy sencilla, señor secretario de Estado, que me gustaría que me contestara -si no también podría hacerlo por escrito-. La pasada legislatura entre todas las fuerzas políticas de esta Cámara más o menos se
consiguió un consenso importante en lo referente a la tributación del juego on line. Hubo un consenso considerable en este sentido. El momento clave de todo el proceso de este juego on line que ya está en marcha y cuya legislación está
perfectamente recogida en el Boletín Oficial del Estado lo constituye la resolución de la convocatoria mediante el otorgamiento de licencias de juego, que es cuando cobra vigencia la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, tanto en sus
aspectos sancionadores como fiscales. La pregunta es cuándo tienen el ministerio y su Dirección General de Ordenación del Juego previsto que acabe el proceso de otorgamiento de licencias y si estará acabado a finales de mayo, tal y como se indica
en el presupuesto por programas.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Inciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra don Alberto Garzón Espinosa.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor secretario de Estado, en este turno de intervención me gustaría hacerle una serie de preguntas y si no puede contestarlas ahora mismo, le ruego que lo haga por escrito en la medida que le sea posible. En
primer lugar, me gustaría que se pronunciara al respecto de lo que acaba de opinar el Fondo Monetario Internacional en su estudio sobre el déficit y la previsión del déficit de España, no porque tenga que pronunciarse sobre cualquier organismo
internacional, sino porque lo que está detrás de ese estudio es un modelo teórico que evalúa las previsiones en el futuro y

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contrasta -es casi antagónico- con el de los Presupuestos Generales del Estado que su ministerio defiende. Por tanto, me gustaría ver cómo puede el ministerio defender sus previsiones frente a las de un organismo internacional como el Fondo
Monetario Internacional.


Lo cierto es que mi grupo comparte la preocupación del Fondo Monetario Internacional en lo que se refiere a la gravedad de los recortes y el efecto que puede generar sobre el crecimiento económico, por lo que no compartimos ese optimismo que
subyace en los presupuestos generales en torno al efecto de los recortes. Por eso me gustaría saber qué modelo teórico hay detrás de estos presupuestos generales, que si bien reflejan que hay una preocupación por el déficit y que aquí vamos a tener
un efecto negativo en el crecimiento económico de un -1,7 %, supongo que la lucha contra el déficit está vista como un medio para obtener un fin que entiendo que será el crecimiento económico. La pregunta es cuándo y a través de qué mecanismos se
va a propulsar el consumo y la inversión, cómo van a traducirse los recortes de hoy en el crecimiento económico del mañana. Esa es una pregunta que tiene que ver con el modelo teórico que haya usado el ministerio al elaborar los presupuestos
generales, presupuestos que en nuestra opinión y como he podido comprobar en el resto de grupos parecen poco realistas a pesar de que usted ha dicho que son realistas en cuanto a sus previsiones de ingresos. Lo que a mí me sorprendió -entiendo que
usted no lo compartirá públicamente pero quizá sí en privado- es que un par de días más tarde de la presentación de unos presupuestos generales se haga un recorte añadido de 10.000 millones de euros, lo que viene a reflejar que ahí hay una especie
de distorsión o casi de improvisación. Podría decir que lo cierto es que no creo que genere confianza ni en los mercados ni en la ciudadanía, porque da la sensación de que hay un modelo cambiante y una cierta improvisación.


Me preocupa que en estos presupuestos generales, que están centrados, como bien ha dicho usted, en las políticas de austeridad y en la lucha contra el déficit, no se hable de aspectos constructivos en lo que se refiere al modelo productivo y
en lo que se refiere -lo que usted sí ha mencionado de pasada- a la lucha contra las deudas privadas, porque estos presupuestos generales, como es obvio, pero también la Ley de Estabilidad Presupuestaria están centrados en la Administración pública,
cuando bien sabemos que uno de los principales problemas de la economía española son las deudas de las entidades privadas, tanto de hogares como de empresas.


Me gustaría saber cómo tiene el ministerio pensado afrontar ese problema, si yendo por ejemplo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional -recomendaciones recientes- que instan a hacer una reestructuración de las deudas de los
hogares o a colaborar en ellas, o si tiene algún otro mecanismo para combatir ese problema que al final sabemos que el riesgo que conlleva es que se pueda acabar trasladando a deuda pública a través de determinados mecanismos y eso también repercute
en el déficit y en la sanidad de las finanzas.


En lo que se refiere a las reformas fiscales, nuestro grupo tiene que felicitar al Partido Popular y al Gobierno por incrementar la progresividad técnica en relación con el sistema fiscal, porque es cierto que es mucho mejor incidir sobre
los impuestos directos, es mucho más justo, que sobre los impuestos indirectos. Pero nuestra preocupación reside en que el sistema fiscal acaba siendo regresivo en la práctica por la existencia de los agujeros negros fiscales: paraísos fiscales,
economía sumergida, etcétera. Por lo tanto nos gustaría saber si en los próximos meses y años de esta legislatura, en caso de que el Gobierno sea viera tentado a subir impuestos, prevé que lo va a seguir haciendo por la vía de incrementar la
progresividad, por ejemplo incrementando los tipos de gravamen de las rentas del capital, o si por el contrario seguirá las recomendaciones de la Comisión Europea en lo que se refiere a los impuestos indirectos y muy particularmente el IVA.


Por lo que se refiere a los paraísos fiscales que usted mismo ha mencionado, también nos gustaría saber si el Gobierno y el ministerio tienen pensado promover la implantación del impuesto sobre transacciones financieras en determinado ámbito
geográfico, bien sea el español bien sea el europeo; si piensa promoverla en las diferentes instituciones donde convenga, así como acelerar la lucha contra el agujero negro que son los paraísos fiscales, porque convendrá conmigo en que desde que
Sarkozy anunció a bombo y platillo aquella lucha a muerte -casi diría- contra los paraísos fiscales, ha pasado mucho tiempo y hemos avanzado relativamente poco y sigue escapándose muchísimo dinero.


Quisiera conocer la impresión que tiene el Gobierno sobre las deducciones, porque vemos cómo se van a acabar ciertas deducciones, se va a rebajar el gasto fiscal que se deriva de ellas, pero usted ha mencionado que va a ser de forma
temporal. Me gustaría saber si este reconocimiento de que por ahí se escapa un dinero que correspondería recaudar -si se aplicara el tipo nominal y no el tipo efectivo- se va a prolongar en el tiempo y si no considera más adecuado acercar el tipo
efectivo al tipo nominal, incrementando el tipo efectivo, acabando con las deducciones que afrontan sobre todo las grandes empresas, que son las más beneficiadas y que sabemos que entre las más grandes incluso el tipo efectivo acaba siendo del 15 %,
la mitad del tipo nominal.


En cuanto a la amnistía fiscal, es cierto que no es la primera amnistía fiscal hecha por el Gobierno de España. Ya se ha hecho previamente con otro Gobierno de otro signo político, pero las experiencias pasadas tampoco invitan al optimismo
porque la literatura económica viene a reflejar que los éxitos son bastante nimios en lo que se refiere a la recaudación económica. Además genera unos incentivos perversos y creo que esta amnistía fiscal también lo va a hacer con los defraudadores
y los incentivos que puedan tener para seguir actuando de esa forma.

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Quisiera conocer cuál es la previsión del ministerio en lo que se refiere al perfil del defraudador que se va a acoger a estos planes de amnistía fiscal, porque no es lo mismo el perfil de la gran empresa y la gran fortuna que evade grandes
cantidades de dinero -según los técnicos de Hacienda, vienen a ser en torno al 75 % de todo el fraude fiscal- que el pequeño defraudador que, en cualquier caso, tiene unos intereses y unos incentivos diferentes para acogerse a este plan fiscal, y
entiendo que la previsión económica de 2.500 millones se hace sobre la base de un estudio que tendrá en cuenta cuál es el perfil.


Finalmente, la cuestión de la amnistía fiscal respondería a un juego del palo y la zanahoria. Lo que no entiendo es cómo es compatible que haya una tasa de reposición del 10 % en los inspectores de Hacienda mientras facilitamos que a los
defraudadores se les pueda perdonar tanto la sanción por haber defraudado como que además se les imponga un gravamen de solo el 10 %.


No creo que se vean incentivados a traernos el dinero y a declarar que han sido unos delincuentes fiscales, porque no parece muy beligerante el Gobierno a la hora de luchar contra el fraude fiscal cuando reduce el número de las personas
físicas que lo persiguen y por lo tanto no existe ese palo en el juego del palo y la zanahoria y podría pasar que las grandes empresas y las grandes fortunas que defraudan al Estado español decidieran que les conviene seguir defraudando a pesar de
estar presente esa amnistía fiscal, amnistía fiscal que gravará al 10 %. ¿No le parece a usted un gravamen demasiado bajo, incluso teniendo en cuenta que aceptáramos todas las suposiciones que subyacen en la proposición de la amnistía fiscal?
Alemania ha impuesto un 46 % en su amnistía fiscal y nosotros estamos imponiendo un 10 %. ¿No le parece una tasa demasiado baja en lo que se refiere a recaudaciones? Esto evidentemente está vinculado con ese plan que nos gustaría conocer sobre
cómo se ha elaborado la previsión de los 2.500 millones de euros de ingresos que se obtendrán por la aplicación de ese plan.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el diputado de Unión del Pueblo Navarro, don Carlos Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor secretario de Estado, empiezo mi intervención agradeciéndole la suya y con ella la explicación que nos ha dado sobre el esfuerzo fiscal, no menor, que el Gobierno ha ido aprobando para aportar fondos
públicos a través de las reformas impositivas aprobadas o previstas. Antes que nada, en la medida en que yo represento a un partido que tiene responsabilidades de Gobierno, quisiera decirle que desde Navarra nuestra intención, desde luego nuestro
compromiso que aquí reitero, es que queremos asumir un compromiso similar. Ya estamos pidiendo también a los ciudadanos un ahorro, es un esfuerzo colectivo similar que sirva al mismo objetivo que todos queremos y todos compartimos en esta sala:
por un lado hacer sostenible el Estado del bienestar y por el otro servir a la recuperación económica de nuestro país.


Nos da usted una previsión de ingresos a través de las distintas reformas impositivas y solo puedo confiar en que efectivamente se cumplan. No soy experto en la materia, pero espero que de alguna manera hayan hecho bien los cálculos y las
previsiones y al final podamos encontrar que así se ha conseguido. No comparto algunas afirmaciones que se han hecho sobre que no se ha hecho un esfuerzo de realismo. Creo que el Gobierno ha hecho un importante esfuerzo de realismo. Desde luego
comparado con otros presupuestos y al final con la realidad de las liquidaciones, etcétera, y de los datos que tenemos, efectivamente se ha hecho ese esfuerzo, partiendo de que se asume una realidad, se entiende una realidad difícil y además lo
avala que se ha sido pragmático. Es decir, aceptando esa realidad difícil, se han tomado algunas medidas ingratas de tomar, impopulares, se ha cogido el toro por los cuernos y algunas de las medidas que se han tomado responden precisamente a ese
realismo.


Más allá de posicionamientos políticos de unos y otros, quisiera pensar que puede haber un espacio en el que podamos llegar a grandes acuerdos. En la pasada legislatura muchos de los reales decretos-leyes que se aprobaron con el anterior
Gobierno no tuvieron al final un voto de rechazo -o era el sí o era la abstención del grupo de la oposición-. Y si uno hace los números de los que hasta ahora han entrado en esta Cámara, tampoco descubre que a la vehemencia con la que públicamente
se expresan algunos grupos se responda luego con el voto. Creo que todos en esta Cámara somos conscientes de la dificultad, y aquí, cuando usted habla y salen tantos números, uno quiere pensar que las matemáticas o los números son una ciencia
exacta, que no deberíamos ideologizar algunos espacios. En ese sentido le pido que sigan buscando a través del diálogo espacios de complicidad con la oposición, desde luego con el mayor grupo de la oposición, porque creo que es el mensaje que
podría resultar más útil en estos momentos, y asumiendo todos como asumimos la realidad de la situación, ojalá podamos ser todos capaces de encontrar soluciones que a todos nos encajen. Le reitero esa petición y en todo caso los esfuerzos que el
Gobierno entiende que hay que hacer no debieran de perder algunos valores o algunos criterios: progresividad -ya se ha dicho-, proporcionalidad, equidad, justicia, universalidad. Y añado a que se mantengan esos principios una petición expresa en
la que ya otros comparecientes, otros colegas, han insistido, y es que el Gobierno tiene que poner el pie en el acelerador sobre el combate del fraude fiscal. Es una necesidad sí o sí, porque no puede ser que nos creamos o aceptemos que uno tenga 5
euros y esté en la economía sumergida.


Entonces no sé si es necesario -que tal vez lo sea- el recurso de la zanahoria, pero si la zanahoria es necesaria y útil, tiene que ser con palo, el palo también, porque si no no tiene sentido. Tampoco nos rasguemos las vestiduras, porque
medidas de este tipo ya se han

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tomado en la historia de este país y en la de otros países de manera similar. En mi opinión, haríamos mal papel si no intentáramos buscar una cierta razonabilidad en las medidas y en las posiciones de cada uno.


En ese sentido, nada más por mi parte, solo quiero darle las gracias, desearle suerte y acierto en sus previsiones.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Madrazo tiene la palabra.


La señora MADRAZO DÍAZ: Señorías, señor secretario de Estado de Hacienda, quisiera en primer lugar como no puede ser de otra manera darle la bienvenida a esta Comisión en esta su primera comparecencia para explicarnos las grandes cifras del
presupuesto de ingresos, especialmente en unos momentos en que los Presupuestos Generales del Estado tienen que hacer un esfuerzo importantísimo de austeridad y de consolidación fiscal, y usted juega un papel fundamental con sus competencias, porque
la Secretaría de Estado de Hacienda que usted dirige -como sabe perfectamente- realiza las actuaciones relativas a la orientación de la política fiscal, el diseño y aplicación del sistema tributario y la previsión y análisis de los ingresos
tributarios, nada más y nada menos. Por tanto, tiene usted una difícil y complicadísima tarea en la que tendrá por supuesto todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario y todo el aliento que necesite en cualquier momento.


Es evidente que nos encontramos en un contexto económico extremadamente complicado y por ello desde el Grupo Parlamentario Popular queremos en primer lugar felicitarle por su exposición, por la claridad y sobre todo felicitarle por la
actitud valiente y decidida a la hora de acometer y de tomar medidas fiscales que son las que España y la que estos Presupuestos Generales del Estado necesitan; unas medidas que nos permitan cumplir con nuestro objetivo de consolidación fiscal que
está ya comprometido con la Unión Europea y que es un objetivo prioritario del Gobierno al ser el que nos permitirá sentar la base para el futuro crecimiento económico y la creación de empleo. Ha analizado con detalle las grandes cifras del
presupuesto de ingresos para este ejercicio 2012 y por tanto solo voy a hacer un repaso de las más importantes, pero permítanme que antes de seguir con las grandes cifras de ingresos haga una consideración sobre las afirmaciones que ha hecho el
señor Saura.


Tengo que decirle una vez más que resulta realmente sorprendente que usted que pertenece al Partido Socialista nos hable hoy aquí de confianza y de credibilidad, cuando fue su Gobierno el que hizo añicos nuestra credibilidad frente a la
Unión Europea y frente al mundo estableciendo un objetivo para el año 2011 del 6 % de déficit público y encontrándose el Partido Popular -como muy bien sabe- con más de un 8,5 cuando llegó al Gobierno. Además me gustaría que nos aclarase ya de una
vez cuál es su senda de ajuste para esa consolidación fiscal, qué propone el Partido Socialista, si está de acuerdo con el 5,3 % o no está de acuerdo. (El señor Saura García: Señor presidente, por alusiones.)


Sigo con estas previsiones de ingresos que el secretario de Estado nos ha explicado con mucha claridad. Efectivamente, ha dicho que son unas previsiones prudentes y creíbles y así lo creemos desde el Grupo Parlamentario Popular, porque el
total de ingresos impositivos que prevé este presupuesto se eleva a 167.700 millones de euros y eso representa un aumento del 4,3 % sobre la recaudación de 2011. Desglosado por impuestos -como muy bien ha dicho el secretario de Estado de Hacienda-,
la previsión de ingresos por IRPF para 2012 crece en relación con la recaudación de 2011 un 4,7 %.


Efectivamente ese incremento en la recaudación del IRPF no tendría una explicación si este Gobierno, desde el minuto uno en que tomó posesión, en que llegó al Gobierno, no hubiese tomado medidas fiscales de gran calado que se aprobaron a
través del Real Decreto-ley 20/2011, como la importantísima subida, justa, equitativa, progresiva, además temporal, como hemos explicado ya reiteradas veces, del gravamen complementario del impuesto sobre la renta de las personas físicas que,
fíjense si será progresivo, que hasta el portavoz de Izquierda Unida ha felicitado al Gobierno del Partido Popular por la introducción de progresividad en esos impuestos.


Por otro lado, también se prevé un aumento en los ingresos del impuesto sobre sociedades de un 17,8 % respecto a la recaudación del año 2011, y tampoco se podría explicar este aumento en la recaudación si no fuera por otro conjunto de
medidas fiscales que ha adoptado ya el Gobierno del Partido Popular, a través del Real Decreto-ley 12/2012, como ya ha explicado el secretario de Estado de Hacienda, donde se limita la deducción del Fondo de comercio -por citar algunas medidas de
las más importantes-, se introduce un límite mínimo para el cálculo del pago fraccionado, eso sí, para entidades con importes de cifra de negocio superior a 20 millones de euros, es decir, para las entidades grandes; se introducen límites para la
deducción de los gastos financieros; se establece un gravamen especial del 8 % para rentas procedentes del extranjero, y se introducen límites para la libertad de amortización para empresas -recalco una vez más- que no sean de reducida dimensión.
Por tanto, es un conjunto de medidas que afectan fundamentalmente a las grandes empresas y cuyos tipos efectivos, como saben sus señorías, son muy inferiores al tipo de gravamen que se establece en el impuesto sobre sociedades, y no se ha querido
perjudicar en ningún momento a las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo con especial virulencia las consecuencias de esta crisis económica.


El Gobierno del Partido Popular ha puesto especial cuidado en adoptar un conjunto de medidas que piden un mayor esfuerzo de solidaridad a aquellos que mejor pueden hacerlo, a aquellos que tienen una mayor capacidad económica. Al contrario
de lo que hizo por cierto el Gobierno del Partido Socialista, que optó por un

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aumento en el impuesto sobre el valor añadido que, como hemos repetido también en numerosas ocasiones, impacta especialmente en las economías con menor poder adquisitivo. Por consiguiente, es una previsión de ingresos prudente y realista.


Además de estas medidas fiscales este Gobierno también ha aprobado un programa extraordinario, como ha dicho el secretario de Estado de Hacienda, para incentivar que los contribuyentes del IRPF, del impuesto sobre sociedades, y del impuesto
sobre la renta de no residentes regularicen su situación tributaria declarando los bienes o derechos ocultos a la Hacienda pública. La regularización quedará condicionada a la presentación de una declaración tributaria especial y al ingreso del
importe que resulte de la aplicación del gravamen del 10 % sobre el valor de los bienes o derechos declarados. Se estima que esta medida va a suponer también un incremento en los ingresos próximo a los 2.500 millones de euros.


Y, señores del Partido Socialista, ahora se rasgan las vestiduras ustedes con esta regularización fiscal, diciendo que esta medida es injusta y que incluso es inconstitucional, cuando ustedes hicieron no una, sino dos regularizaciones
fiscales. ¿Cómo pueden decir ahora lo contrario de lo que hicieron Gobiernos del Partido Socialista? ¿Cómo esperan que sean creíbles ante los ciudadanos sus argumentos? (La señora López Chamosa: ¿Cómo puede decir eso?) Y lo que es peor, ¿cómo
esperan ustedes que podamos cuadrar las cuentas que nos dejaron, con un boquete adicional de 27.000 millones de euros y solamente un pago de intereses de la deuda pública de 29.000 millones, gracias al despilfarro de recursos públicos que ustedes
hicieron? (Rumores.) Ustedes están pidiendo al Partido Popular la cuadratura del círculo, y eso desde luego es realmente imposible.


España, señorías, tiene la urgente necesidad de proceder a la reducción del déficit público si quiere financiarse, si quiere cumplir sus compromisos voluntariamente asumidos con la Unión Europea, y si quiere que haya crecimiento económico y
creación de empleo. Queremos recorrer desde el Gobierno del Partido Popular el camino inverso al que recorrió el Partido Socialista; queremos generar confianza para que con esa confianza se genere inversión, y que de la mano de la inversión venga
el crecimiento y venga también la creación de empleo. España atraviesa realmente una coyuntura muy difícil y muy complicada, pero el Gobierno ha optado por tomar medidas valientes, como decía, por permitir que afloren activos que no han sido
declarados hasta ahora, no solo para obtener los ingresos fiscales necesarios, sino también para contar con la aportación de estos bienes ocultos en futuros ejercicios fiscales. ¿O es mejor que ese dinero permanezca oculto en paraísos fiscales sin
contribuir a generar riqueza en España, riqueza e inversión? Nosotros pensamos sinceramente que no. Ustedes trataron con guante blanco las cuentas que estaban depositadas en paraísos fiscales, nosotros queremos que tributen y que contribuyan a la
riqueza aquí en España, y esa es la diferencia entre ustedes y el Partido Popular.


El objetivo para este año es que el déficit sea del 5,3 %, lo que supondrá que tengamos que pedir prestados al exterior 60.0000 millones de euros, es un poquito menos de los 90.000 millones de euros que ustedes gastaron de más sobre lo que
se ingresaba. ¿Cómo pueden ahora pretender darnos lecciones sobre cómo se elaboran unos Presupuestos Generales del Estado? Es que realmente no tiene ninguna credibilidad. Por eso el Partido Popular tomó la decisión nada más llegar al Gobierno de
subir temporalmente algunos impuestos, decisión que no se hubiera tenido que adoptar si se hubieran cumplido los compromisos de déficit público anunciados por el anterior Gobierno, y por eso en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se
estableció ese gravamen, que es un gravamen justo y progresivo.


Señorías, en definitiva, todo este conjunto de medidas fiscales, algunas de ellas extraordinarias, sirve para recaudar más, para recaudar de forma extraordinaria en un momento en el que la recaudación ha caído de forma alarmante en España, y
para que esa recaudación sirva precisamente para sostener los servicios públicos que demandan los españoles, que demandan los ciudadanos, y que supone el conjunto de medidas que sustenta nuestro Estado del bienestar: nuestra sanidad, nuestra
educación y nuestros servicios sociales; sirve para no tener que hacer ajustes sociales como los que precisamente hizo el Partido Socialista, que tuvo que congelar las pensiones, al contrario que el Partido Popular, que ha optado por
revalorizarlas; sirve para que no tengamos que subir impuestos que perjudiquen más al crecimiento económico y al consumo, como hizo el Partido Socialista con el impuesto sobre el valor añadido, y sirve para no perjudicar siempre a los mismos.
Sabemos que no es suficiente y por ello el Gobierno está adoptando también un conjunto de medidas que intentan hacer reformas estructurales, reformas que necesita nuestra economía, por eso se ha tomado la medida de reformar nuestro mercado laboral;
se tan tomado también importantísimas medidas para inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, como los 35.000 millones de euros que se van a instrumentalizar para el pago de facturas a proveedores, o el saneamiento del sector financiero.


Por ello, señor secretario de Estado -voy finalizando-...


El señor PRESIDENTE: Finalizando no, va a finalizar.


La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, voy finalizando.


El señor PRESIDENTE: No, no, no. No va finalizando, finalice.


La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, sí, voy finalizando.


El señor PRESIDENTE: Pues entonces le quito la palabra.

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La señora MADRAZO DÍAZ: Voy finalizando, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Si me dice usted eso, le quito la palabra. Finalice usted o le quito la palabra.


La señora MADRAZO DÍAZ: Sinceramente tiene un difícil reto de futuro por la compleja materia que dirige, pero quiero expresarle una vez más todo nuestro apoyo, el apoyo del Partido Popular, porque con la ayuda de todos y con la aportación
de todos estamos en las mejores manos, y tenemos la seguridad de que vamos a sacar a España de la crisis. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Voy a conceder ahora la palabra al compareciente que, como ustedes saben, es don Miguel Ferre Navarrete.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Ferre Navarrete): En primer lugar y por anticipado pido disculpas porque no estoy seguro de poder contestar a todas las preguntas, pero eso sí, me pongo a disposición de todos ustedes, de cada uno
de ustedes y de todos en su conjunto, para contestar las preguntas que voy a intentar en este repaso agrupar por materias, y dar una respuesta lo más coordinada posible a todos. Intentaré que su señoría Sánchez i Llibre no me eche en cara que he
venido a dar una teórica, intentaré dar respuestas concretas como mi compañera la secretaria de Estado de Presupuestos, pero insisto en mi ofrecimiento para dar cuantas aclaraciones sean necesarias. También aprovecho, señor Sánchez i Llibre, ya lo
decía usted en cuanto a lo que se refiere a los ingresos de las comunidades autónomas, para decir que hay una comparecencia prevista del secretario de Estado de Administraciones Públicas, y yo creo que por orden de debates, y dada la premura de
tiempo que tenemos, centrémonos en lo que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, señor Beteta, les explique.


Muchos de ustedes plantean de diferentes formas, modelos o aproximaciones cómo se encaja la política que hay detrás de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 como modelo económico, decía el señor Garzón, en el
contexto de si este presupuesto es demasiado restrictivo, si habría que proponer o discutir una senda laxa en otras instancias como la Unión Europea; se opina que el premio de los mercados no se ve reflejado cuando se presentan presupuestos
restrictivos; se aportan datos de organismos internacionales tan respetables como tantos otros, y se habla de un esfuerzo de realismo también desde el Grupo Mixto. En este sentido quiero asegurarles cuál es ese modelo que existe detrás de esta
presentación de presupuestos. El modelo se basa en el convencimiento de que la crisis en España es una crisis financiera, y en definitiva una crisis de credibilidad de los que nos tienen que dejar dinero, y para dar respuesta a esta crisis de
credibilidad estamos firmemente convencidos de que la consolidación fiscal es una condición imprescindible, y sin eso no se contempla por parte de este Gobierno otra senda, señor Saura, no se contempla otra senda que no sea el objetivo del déficit
del 5,3 % en este ejercicio, y del 3 % en el siguiente.


Nosotros pensamos que ese es un verdadero esfuerzo de realismo y creemos que ustedes no deben analizar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado como la única solución a este objetivo de modelo económico al que me estoy
refiriendo. Como bien decía su señoría, la señora Madrazo, esto se enmarca en un conjunto de reformas estructurales que tienen que ver con la reforma del mercado laboral, con la adopción del mecanismo de financiación del pago de facturas de
proveedores, reforma del sistema financiero, y el resto de reformas estructurales que el Gobierno considera imprescindibles para que el modelo económico cambie. Cuando cambie ese modelo económico estamos firmemente convencidos de que la recaudación
por los ingresos impositivos tendrá un comportamiento acorde con una economía que, gracias a esa reforma estructural, habrá entrado en una senda de crecimiento.


Dicho eso, quiero insistir en lo que ya se ha comentado: la apuesta de este Gobierno ha sido clara por no tocar el impuesto sobre el valor añadido, porque en nuestra opinión es una medida para dar respuesta a este proyecto fiscal que no
traería sino una mayor detracción del consumo, y en definitiva un perjuicio para la recuperación de la actividad económica. En este sentido, señor Sánchez i Llibre, no se contempla un plan B cuando se presenta el plan A porque el único plan que
tiene el Gobierno es el contemplado en este proyecto de ley que estamos firmemente convencidos de que se basa en estimaciones realistas y verdaderamente prudentes de los ingresos tributarios. Eso en cuanto al modelo económico que hay detrás de los
Presupuestos Generales del Estado.


Por otro lado, se ha comentado también lo que muchos de ustedes insisten en calificar como la amnistía fiscal. Permítanme que yo utilice el término técnico que verdaderamente se ajusta a lo aprobado por el Gobierno, el Real Decreto-ley
12/2012, que es una regularización excepcional de carácter tributario, porque -no lo olvidemos, y yo creo que queda claro de la redacción del real decreto-ley- hay una tributación del 10 % del valor de esos activos. Como ha dicho la representante
del Grupo Popular el objetivo es la recaudación correspondiente a esos activos, y por supuesto también la repatriación de esos fondos que están en el exterior y que pueden ser de gran utilidad en la situación económica actual que tenemos en España.


La estimación de las cantidades para esta medida, señor Saura, parten del conjunto de una serie de estimaciones que se han dado, como usted bien sabe, en otros países a partir de programas de regularización muy semejantes o en parte bastante
semejantes al previsto en el real decreto-ley, contemplando el tamaño de la economía de cada país con el tamaño de la economía española, y por supuesto también analizando información de

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terceros, de entidades financieras de todas partes del mundo que aluden al volumen de activos españoles que puede haber en el exterior. Con la conjunción de todos estos datos hemos planteado un escenario de recaudación que nos ha parecido
prudente y realista.


En relación con la regulación muchos de ustedes han aludido también al fraude fiscal en su conjunto y a lo que este Gobierno va a hacer en esta materia. No quiero tampoco adelantar o quitar contenido a la comparecencia de la directora
general de la Agencia Tributaria que se va a producir próximamente, pero me veo obligado a recordarles o a llamar la atención sobre el anteproyecto de ley -creo que lo he hecho antes- de medidas de intensificación de la lucha contra el fraude. Hay
que destacar que con este proyecto de ley vamos a exigir la presentación de una nueva declaración sobre los activos que se tienen en el exterior, y que la no presentación de este tipo de declaraciones y el descubrimiento de la existencia de esos
activos llevará aparejado un régimen tributario verdaderamente agravado comparado con la situación actual. Esto hay que ponerlo en concordancia con lo que ha dicho también el representante de Izquierda Unida sobre la lucha contra los paraísos
fiscales. España tiene ahora mismo en vigor numerosos acuerdos con diferentes jurisdicciones que son considerados en el ámbito de la OCDE como paraísos fiscales, por ejemplo, Andorra, Bahamas, Panamá, la propia Luxemburgo, y en Suiza, entrará
pronto en vigor. Por supuesto esta es la intención política del Gobierno, seguir negociando este tipo de acuerdos para tener el mayor número de instrumentos jurídicos que nos permitan intercambiar información fiscal con este tipo de territorios.
Como saben ustedes, este tipo de instrumentos permiten requerir información sin límites, en el sentido de que aunque haya secreto bancario en el país España podrá requerir información bancaria sobre titularidad de activos, de cuentas corrientes,
etcétera. Por tanto hay un conjunto de medidas que hay que ponerlas en contexto con esta medida de regularización tributaria.


También en el ámbito del fraude fiscal se hablaba de los efectivos, de la tasa de reposición, y de cómo se retribuye por la llamada productividad a los funcionarios de la Agencia Tributaria en función de las actas. En ese sentido tengo que
hacer dos comentarios, insisto, sin perjuicio de lo que diga la directora de la Agencia Tributaria. La tasa de reposición de los funcionarios vinculados con el fraude fiscal es una tasa excepcional en el conjunto de un presupuesto verdaderamente
restrictivo, y que como ustedes bien saben elimina la tasa de reposición del resto de la Administración General del Estado, limitándose a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Inspección de Trabajo, y a la Inspección contra el Fraude
Fiscal. Todo es mejorable, señor Garzón, pero hay que ponerlo en ese contexto, hay que entender las cosas en su contexto. En ese contexto la tasa de reposición prevista para los funcionarios involucrados en la lucha contra el fraude es excepcional
en el año 2012, en el momento en que se presentan estos presupuestos para el año 2012.


La materia de retribución de los funcionarios de la Inspección, señor Sánchez i Llibre, es bastante más compleja y difícil de explicar que simplemente por actas instruidas o liquidadas; entran muchos factores. Ya verán, aunque ya lo saben
por otros años y se confirmará en la comparecencia de la directora general de la Agencia Tributaria, que los objetivos de la lucha contra el fraude están vinculados a resultados de lucha contra el fraude ingresados, por tanto, como usted dice, a esa
presentación de actas en la cual se atribuye que se ataca siempre a los que presentan declaraciones, y no se ataca verdaderamente a la economía sumergida. Yo creo que la economía sumergida precisamente con el proyecto de ley que presentamos el
pasado viernes va a tener una respuesta, por vía de mecanismos formativos, muy importante, posiblemente los mecanismos más importantes que se han adoptado en bastante tiempo en la historia fiscal de este país, que van a afectar al régimen de
módulos, a la utilización del efectivo, y van a utilizar por supuesto esta declaración sobre activos en el extranjero.


No quiero dejarme nada, aunque va a ser difícil. En cuanto a las medidas y al realismo de que hablaba el señor Saura en relación con el impuesto sobre el valor añadido, y la recaudación del impuesto sobre sociedades, en el impuesto sobre el
valor añadido contemplamos una caída de la reducción, pero en nuestra opinión se ha hecho con absoluta seriedad y solidez. De hecho, el año pasado precisamente la partida más importante, que es el consumo de los hogares, sobre la que recae el
impuesto, tuvo en una situación de crecimiento de la economía un crecimiento también de la recaudación, y por esta caída de la actividad económica que contemplamos para España y que va a incidir necesariamente en el consumo de los hogares es por lo
que hemos contemplado esa caída del 3,3 % de la recaudación del impuesto sobre el valor añadido. Créame, señor Saura, que se ha hecho con los mismos criterios y las mismas metodologías realistas que se llevan utilizando sistemáticamente por los
servicios del Ministerio de Hacienda. Y en el campo del impuesto sobre sociedades se ha aludido a la necesidad de dejar como permanentes ciertas medidas de carácter temporal, como contemplar en el pago fraccionado sobre el resultado operativo las
rentas que proceden del exterior y algún que otro comentario.


Déjenme, por favor, recordarles que la limitación de los gastos financieros y la libertad de amortización se hace con carácter permanente. Por tanto esas dos grandes medidas, que son las que más impactan por la vía de ajuste sobre el
resultado contable para llegar a lo que es la base imponible que va a quedar sujeta a la tributación, son precisamente atajadas, señor Saura, con carácter permanente. Las que tienen carácter temporal son otro tipo de beneficios, como los del Fondo
de comercio cuando se adquieren negocios o cuando hay una operación de fusión. Consideramos que precisamente por no

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establecer medidas que perjudiquen innecesariamente el crecimiento económico hay que optar por un mero diferimiento del beneficio fiscal, pero no su eliminación completa. Sin embargo, las más potentes, que están reconocidas como fuente de
litigiosidad, es decir, los intereses, las operaciones apalancadas, así como el potente ajuste de la libertad de amortización, han sido atajadas con carácter permanente, dejando fuera de esta limitación a las pymes, en las que siempre estamos
pensando porque creemos que verdaderamente son el motor económico que motivará la reactivación económica en este país.


Por mi parte agradezco de nuevo su actitud dialogante y su puesta a disposición para colaborar con el ministerio, en concreto con esta secretaría de Estado. También quiero transmitir mi disponibilidad, y escucharemos con grandísima atención
todas las sugerencias que por cualquier medio quieran hacernos llegar para tenerlas en cuenta, con el objetivo último que descansa en este proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y vuelvo al inicio de la intervención. El objetivo de este
proyecto es restablecer claramente la credibilidad de España en los mercados internacionales. Estamos plenamente convencidos de que, con independencia de situaciones coyunturales de un día concreto, la senda de la consolidación fiscal es una senda
imprescindible para recuperar la credibilidad de los que nos dejan dinero y nos permiten desarrollar nuestras actividades. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ferre Navarrete. En mi nombre y en el de toda la Comisión le agradezco su presencia aquí, su comparecencia, y sus explicaciones. Encantado y hasta la próxima. Muchas gracias.


Vamos a dar paso, como saben ustedes, en cuanto el señor Ferre salga, al nuevo secretario de Estado. (Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BURGOS GALLEGO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (Número de expediente 212/000145), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
212/000177) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/000305).


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, recomenzamos la sesión de la Comisión de Presupuestos, en la que estamos atendiendo a las comparecencias y a las explicaciones que los señores comparecientes nos hacen. Nos
corresponde ahora escuchar al secretario de Estado de la Seguridad Social, don Tomás Burgos Gallego. Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia así como las explicaciones que nos dé. Tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Señorías, miembros de la Comisión de Presupuestos, permítanme que inicie mi intervención agradeciendo la invitación del presidente, y también reconociendo que es mi
primera intervención como secretario de Estado en esta Cámara, a la que he pertenecido durante diecinueve años, y en la que he pasado buenos -también alguno que otro malo- momentos, pero esperemos que en esta trayectoria novedosa como secretario de
Estado podamos seguir manteniendo el mismo nivel de colaboración y de cooperación, en beneficio en este caso de la Seguridad Social y del sistema de pensiones en nuestro país.


Los presupuestos de la Seguridad Social para el año 2012 garantizan las pensiones, sin recortes, y aportando más recursos al sistema. Saben ustedes que hemos planteado un objetivo de equilibrio presupuestario, un déficit de 0,0 para la
Seguridad Social, y que este equilibrio presupuestario se hace además con una disminución significativa en los gastos no estrictamente vinculados al pago de pensiones contributivas como una manera de contribuir también a la recuperación económica de
nuestro país.


El gasto total en este presupuesto se reduce un 3 % respecto al presupuesto inicial del año 2011, y la distribución presupuestaria de ingresos y gastos en grandes líneas es, de un total del presupuesto consolidado de 120.690 millones de
euros una contribución de 113.766 millones, el 94,26 % de ingresos del sistema, y 11.173 millones, el 9,26 % procedente de los ingresos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este total de presupuesto consolidado se
realiza, como digo, un esfuerzo de consolidación perfectamente compatible con un incremento de las pensiones contributivas y no contributivas de nuestro sistema, de acuerdo al mecanismo de ravalorización automática que este Gobierno ha recuperado
para el presupuesto de 2012.


En el presupuesto de gastos mantenemos un criterio de máxima austeridad en todos los capítulos, salvo en el de transferencias corrientes, precisamente el capítulo que alimenta los pagos por pensiones. Se reducen los gastos de personal y
gastos corrientes en bienes y servicios, se recorta el 34,1 % en operaciones de capital y se reduce también el capítulo 7 como consecuencia de la inexistente aportación al Fondo de reserva, puesto que el objetivo real es el de equilibrio
presupuestario. La dotación para pensiones contributivas del sistema asciende este año 2012 a 101.954 millones de euros e incluye una revalorización para todas las pensiones del 1 % previsto como índice de precios al consumo. Las pensiones
mínimas, las pensiones del extinguido SOVI, no concurrentes, y las pensiones no contributivas del sistema consolidan el incremento derivado del ajuste de sus cuantías al IPC real del año 2011, es decir ganan un 2,9 % fruto de esta consolidación y la
revalorización adicional. Se mantiene la dotación para las pensiones no contributivas conforme había venido ocurriendo en los años anteriores, ascendiendo esa aportación a 1.995 millones de euros.

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Otras transferencias en el sistema son las que afectan a los subsidios de incapacidad temporal, con 5.799 millones de euros, un 17,3 % menos que en el año 2011, de acuerdo a la evolución de la afiliación a la Seguridad Social y a las medidas
de control del gasto que se van a aumentar en los próximos meses en relación con esta prestación. Las prestaciones por maternidad y paternidad, por riesgos durante el embarazo y durante la lactancia natural ascienden a 2.370 millones de euros;
apenas hay una modificación muy leve del 0,7 % menos que el año 2011 atendiendo a la evolución de este tipo de prestaciones en el año en curso. La protección familiar asciende a 991 millones, una reducción escasamente del 1 %, en este caso por la
supresión del subsidio por nacimiento de hijo, el famoso cheque bebé, que ha desaparecido, como saben ustedes, por decisión del Gobierno anterior. En atención a la dependencia hay 1.326 millones de euros y en las prestaciones por cese de actividad
para autónomos 16 millones de euros, puesto que el sistema de reciente implantación todavía no ha generado suficiente demanda de esas prestaciones, precisamente por la existencia de un periodo de carencia de un año que los autónomos han de cotizar
para poder acceder en su caso a alguna prestación de estas características.


El presupuesto de ingresos asciende a 120.690 millones. El 88,1 % de estos ingresos son cotizaciones sociales, que se reparten de la siguiente manera: procedentes de empresas y trabajadores ocupados el 90,3 % del total, con un descenso del
3,9 % respecto al presupuesto del año pasado, obviamente fruto de la situación económica por la que atravesamos y de la evolución del mercado laboral; las cotizaciones procedentes de los desempleados, que representan el 9,5 % del total, tienen una
disminución del 2,2 %; y las procedentes del cese de actividad, que son prácticamente insignificantes en el conjunto total, representan el 0,1 % y reflejan un incremento del 41,1 %, precisamente porque se están incorporando de forma muy importante
los autónomos a la cotización por este concepto. El volumen de las bonificaciones de las cuotas empresariales alcanza los 2.600 millones de euros. Las cotizaciones, si las desglosamos por regímenes, básicamente proceden del régimen general más de
77.767 millones; del régimen especial de autónomos en más de 10.705 millones; régimen especial agrario 124 millones; régimen especial trabajadores del mar 299 millones; régimen especial minería del carbón 170,09 millones; régimen especial de
empleados del hogar 237 millones; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 6.743 millones; transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal y cotizaciones de desempleados 10.153 millones; cuotas por cese de actividad, como decía,
120,87 millones. Las transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal y las cotizaciones de los desempleados, insisto, suponen el 9,5 % del total. Esas cotizaciones de desempleados, si las detallamos, proceden de la cotización a cargo del
Servicio Público de Empleo Estatal, la cotización de los desempleados, por 6.717,05 millones de euros; la cotización de los propios desempleados 832,20 millones; las bonificaciones para fomento del empleo 2.600 millones y la cotización a cargo de
las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales por cese de actividad de trabajadores autónomos 4,54 millones de euros. En total son 10.153 millones. Los ingresos por transferencias corrientes aumentan un 9,5 % y este es uno de los
puntos más significativos de este presupuesto. Las aportaciones del Estado crecen significativamente, fundamentalmente por la aportación de 1.000 millones de euros adicionales para la financiación de los complementos para las pensiones mínimas, un
35,6 % más que en el año 2011. Es el mayor incremento de la historia en aportaciones del Estado a la financiación de los complementos a mínimos y uno de los elementos clave para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones en el
futuro, cuya amenaza fundamental viene siendo la insuficiencia financiera crónica que venía padeciendo en relación con las prestaciones de naturaleza no contributiva.


El resumen, por tanto de ingresos y gastos establece un presupuesto de la Seguridad Social que tiende al equilibrio presupuestario. Entendemos que ese paso importante para la separación de fuentes de financiación, y que hace que el
mecanismo de provisión de esos fondos alcance prácticamente el 50 % del gasto en complementos a mínimos, cuando en el año 2011 se financió solo el 37 %, establece claramente cuál es la orientación de este presupuesto, marcado por la austeridad,
marcado por el cumplimiento estricto de las recomendaciones del Pacto de Toledo, fundamentalmente en lo que se refiere a la separación de fuentes de financiación, a la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y a la garantía
de las reservas adecuadas del sistema en la medida en que, aunque no se realizan aportaciones de carácter presupuestario al Fondo de reserva, no podría haberlas puesto que aspiramos a ese equilibrio presupuestario, sí que va a ser objeto de
crecimiento, fundamentalmente por los propios rendimientos del fondo que en este momento está invertido básicamente en deuda pública española, que entendemos que puede suponer un incremento respecto a la dotación actual de cerca de 2.900 millones de
euros adicionales.


Estos presupuestos, por ir terminando, atienden a lo fundamental, que es la revalorización de todas las pensiones y a la corrección de desequilibrios, para superar la situación de déficit en que nos hemos encontrado el sistema al cierre del
año 2011. Estos presupuestos priorizan el ajuste posible en materia de personal, de gastos corrientes y de inversiones no fundamentales. Son unos presupuestos que garantizan más Seguridad Social cuando más se necesita, en un momento de
incertidumbres y de dudas importantes en nuestro país en relación con nuestra actividad económica. Estos presupuestos favorecen los derechos sociales, favorecen a los ciudadanos más vulnerables. Estos presupuestos representan en estos momentos, en
cuanto al nivel de aportación

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económica para sus pensiones contributiva, el 9,5 por ciento del producto interior bruto, es decir la tasa más alta en pensiones contributivas que nunca ha tenido un presupuesto de Seguridad Social en nuestro país. Incorporamos un criterio
realista en los ingresos del sistema, que apuestan por el empleo y también por el apoyo específicamente a los autónomos y a los emprendedores. Es un presupuesto que protege, que garantiza y que apuesta por la estabilidad y la seguridad de todos
nuestros pensionistas. El esfuerzo en revalorizar las pensiones es importante, pero merece la pena hacerlo, especialmente en un momento como este de sensibilidad social máxima y cuando el sistema de Seguridad Social en nuestro país alcanza su mayor
virtualidad, que es su capacidad para garantizar la estabilidad y la tranquilidad de los más de nueve millones de pensionistas que en este momento reciben su principal, fundamental aportación de rentas de nuestro sistema de pensiones contributivas y
no contributivas. En situación de crisis el compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones y el avance en la estabilidad financiera del sistema, recuperando el objetivo de liberar a la Seguridad Social de gastos
impropios, constituyen la expresión más clara de los necesarios avances que tanto en materia de adecuación de nuestro sistema de pensiones como de sostenibilidad económica del mismo están establecidos no solo en nuestro Pacto de Toledo, en nuestro
ordenamiento de Seguridad Social, sino también en las grandes declaraciones en materia de pensiones que viene emitiendo la Unión Europea en los últimos tiempos, especialmente el libro verde y el muy reciente Libro Blanco sobre pensiones de la
Comisión Europea. Creemos que las pensiones estables como garantiza este presupuesto introducen un elemento de seguridad muy importante que aporta confianza, tranquilidad en un contexto económico delicado. En conclusión, señorías, estos
presupuestos resguardan las pensiones de la crisis, blindan sus prestaciones y su poder adquisitivo como expresión que es del reconocimiento y de la solidaridad hacia nuestros pensionistas y suponen, insisto, un avance decisivo en el proceso de
consolidación presupuestaria, algo absolutamente clave en la definición de un escenario de sostenibilidad.


Señor presidente, como creo que es lo habitual, la parte fundamental de nuestra presencia aquí responde a las preguntas que puedan desarrollar los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno a los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, doña Isabel López i Chamosa.


La señora LÓPEZ CHAMOSA: En primer lugar quiero dar la bienvenida a don Tomás Burgos a esta primera comparecencia de presupuestos. Además, coincide que es su primera comparecencia en el Congreso como secretario de Estado, lo que quiero
aprovechar para desearle una buena gestión y éxitos en la misma porque eso será que el sistema sigue como siempre ha estado, fuerte, con futuro y resolviendo los problemas que se nos vayan presentando en el día a día. Sabe que además se lo deseo de
todo corazón.


Hablamos de unos presupuestos atípicos no solo por el momento en que los presentamos sino por las fechas. Es cierto que es fruto del adelanto electoral pero también que es fruto de un retraso para que estos presupuestos no coincidieran con
las elecciones andaluzas y asturianas. Eso ha hecho que hayamos tardado más tiempo, con todo lo que eso trae de consecuencias para nuestro país en la Unión Europea; eso está demostrado. En cuanto a todo aquello que decíamos de que llegando el
señor Rajoy a La Moncloa se acababan todos los problemas porque el único problema es que se fuera el señor Zapatero, parece que la prima de riesgo y todas las situaciones de mercados y demás se emperran en demostrar que parece que es más problema el
señor Rajoy de lo que era el señor Zapatero.


Centrémonos en el tema de estos presupuestos. Usted y yo hemos vivido muchos presupuestos en esta Cámara. Para mí, si no recuerdo mal, estos deben de ser los decimosextos presupuestos de Seguridad Social en los que de alguna manera
intervengo. Mirando los presupuestos es evidente que las cifras que figuran en ellos no pueden corresponderse con la realidad, porque los mismos presupuestos y la misma letra de los presupuestos desmienten las cifras que luego se ponen en ellos.
Creo sinceramente que los ingresos desgraciadamente no van a cumplir los objetivos que aquí figuran, pero es que los gastos están infravalorados en varios puntos que afectarán evidentemente al final del año en el equilibrio de las cuentas. Por
ejemplo, aquí se plantea una cuestión muy peculiar que no es difícil de explicar, que es clara de explicar pero que hay que reseñar. Se dice que va a haber un decrecimiento de ingreso de cuotas por cotizaciones de los trabajadores y de los
empresarios. Se prevé un 4 % menos de esas cuotas. Se prevé un 2,26 % de incremento menor de aportación del Estado en cuanto a las cotizaciones de los desempleados. Pero luego, en los mismos Presupuestos Generales del Estado se fija, se reconoce
que va a haber un incremento importante de los parados en nuestro país; lo nivelan en torno a los 600 o a los 650 parados más. El mismo Gobierno habla del 24,3 % de desempleo en estos presupuestos. Por tanto es difícil de entender que habiendo
más parados la Seguridad Social reciba menos dinero del Estado por estos parados. No me sirve el argumento, que sé que me puede usted ofrecer, de que va a ir cayendo la aportación de los parados que hay ahora y que los nuevos cubrirán los que van
cayendo; no es posible que se amorticen 600.00 parados más aportando menos dinero. Esta es una de las cuestiones que es difícil de entender, a no ser que haya alguna previsión más allá de estos presupuestos de tocar la ley referente a las
prestaciones por desempleo, bien en la cuantía o bien en la duración, porque, si no, es difícil de explicarlas. Es verdad, cuando usted habla de transferencias corrientes, que crecen un 9,5 y que los

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complementos a mínimos es la alegría del presupuesto; no hay otra, por decirlo así. Usted sabe, lo hemos dicho muchas veces, que tanto usted como yo quisiéramos que el Gobierno apostara más dinero para los complementos a mínimos y que si
fuera por nosotros dos seguro que estaba todo cubierto, no habría ni un solo complemento a mínimo que pagara la Seguridad Social. Es verdad que hay 1.000 millones, la alegría del presupuesto, pero luego entramos en otras partidas y no es posible
que en las pensiones no contributivas, céntimo a céntimo, el coste sea el mismo en el 2012 que en el 2011, por una sencilla razón, que usted presume con razón de que ha aumentado un 1 %; y no me puede decir que son las bajas vegetativas, porque
usted sabe que estas prestaciones están muy estancadas desde hace tiempo. No me quiero meter en el tema de las prestaciones familiares o demás. Si nos centramos en el presupuesto del Imserso estaríamos igual, incluso en la partida que dice, para
cumplir sus propios fines, que rebajan al 50 %.


Entrando en los gastos, ustedes hablan de un coste del 2,89 % de incremento de gasto, mayor este año que el pasado. Yo le puedo asegurar que por más que sumo y resto no me sale.


En el presupuesto de las pensiones este año han subido un 1 % todas las prestaciones, las mínimas, las no mínimas; todas un 1 %. Este año se tiene que contabilizar la desviación de la inflación de las mínimas del año pasado que, si no
recuerdo mal, fue un 1,8 o un 1,9; podemos ir sumando. Si comparamos la pensión media de este mes de enero con la del mes de enero de 2011 vemos que esta ha tenido un incremento en torno al 3,5 %. Si además vemos el incremento de las pensiones
que va a haber, empezamos a sumar y la verdad es que no es posible que no haya más incremento que el 2,9. Si además añadimos el incremento vegetativo, que tenemos calcular en torno al 1,7, estaríamos hablando de un aumento entre el 4,5 y el 5 %,
que es lo que hemos tenido en años anteriores, que tampoco es nada del otro jueves. Por tanto, en estos presupuestos los ingresos están algo hinchados, debe ser por la lluvia de estos días, y los gastos están muy desinflados. Esto es complicado de
compensar. Hay un desfase importante, que no vamos a aclarar aquí, ya lo sé, no lo vamos a aclarar aquí. Yo no quiero entrar en polémica hoy con usted, por una sencilla razón: cuando entraremos será en los próximos presupuestos, en octubre,
porque entonces ya tendremos un poco de presupuestos, ya podremos hablar de su gestión en concreto y podremos entrar en un debate más a fondo.


No quiero tampoco entrar más en la cuestión, pero me preocupa también el tema de las mutuas. Como sé que tiene la intención de traer pronto un proyecto de ley de mutuas a la Cámara, durante su desarrollo hablaremos de este tema. Termino
haciéndole dos preguntas muy concretas. Una, usted sabe que en el Pacto de Toledo sugerimos como recomendación que sería interesante separar la sección 60 de la sección 19, porque creemos que es mucho más importante la sección 60, de la Seguridad
Social, que la 19, de Trabajo, con todo lo importante que es esta. Recomendaba al Pacto de Toledo que pudiéramos hacer dos secciones totalmente separadas, porque usted sabe que, como en los debates se desarrollan conjuntamente, si interviene el de
empleo finaliza el tiempo Seguridad Social y si es de Seguridad Social finaliza el de empleo. Por lo tanto, me gustaría que realmente me dijera si lo tienen previsto o lo han pensado o no. Cuando menciona de los intereses del Fondo de reserva -del
que hablaremos más ampliamente porque tenemos prevista una comparecencia en ese sentido-, supongo que todos los intereses del Fondo de reserva irán a él mismo; lo dejo ahí. Son preguntas que me gustaría que me aclarase.


Termino como empecé, agradeciéndole la comparecencia y deseándole el mayor de los éxitos porque nuestros pensionistas necesitan tranquilidad. Creo que tenemos un muy buen sistema de Seguridad Social; que la Seguridad Social es el organismo
mejor gestionado de este país; que tiene unos trabajadores muy, muy cualificados, y, gobiernen unos o gobiernen otros, trabajan con mucha profesionalidad. Lo único que le pido es lo mismo que usted ha solicitado en otras épocas, que les hagamos
caso y no pasemos de los profesionales de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela Conesa.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señor Burgos, gracias por su comparecencia a estas horas. Creo que mi condición de novato se nota, aunque solo sea porque me he puesto en un sitio que pensaba que era de fácil visibilidad y por lo visto es el de
más dificultades para ver al compareciente. Decía usted que era su primera comparecencia como secretario de Estado; con diecinueve años de experiencia en el Parlamento supongo que eso no se nota. Espero que no se me note que esta es mi primera
comparecencia y también mi primera legislatura.


En todo caso, quiero insistir en un concepto que ha marcado mi actividad profesional y sindical previa a este momento, y es el firme convencimiento de que una de las cosas que mejor ha hecho este país ha sido todo el proceso desde principios
de los años noventa de consolidación del sistema de Seguridad Social. Eso ha sido fundamentalmente así porque, aunque no siempre todo el mundo se ha comportado con responsabilidad -y ustedes, a babor y a estribor, ya saben a qué me refiero (La
señora López i Chamosa: No)-, agentes sociales y profesionales y, en general, quienes gobernaban han sabido estar a la altura de las circunstancias. Creo que ese es un dato importante que habrá que intentar mantener en el futuro porque esa es la
primera garantía de cualquier otra política en materia de Seguridad Social. Desde ese prisma voy a hacer mi intervención, que espero que no se considere muy ingenua, porque lo que le voy a decir usted lo sabe mejor que yo, aunque el guión que hoy
le toca escenificar le impida reconocerlo.

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Me quiero referir a lo que son, a nuestro entender y creo que pronto lo vamos a comprobar, unos presupuestos de la Seguridad Social rigurosos sin duda y aceptables en muchos aspectos, pero poco creíbles en relación con el déficit cero que
ustedes plantean.


Es difícil creerse las previsiones de gastos e ingresos y de déficit del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado, cosa que en este momento reconocen prácticamente todos los analistas y organismos internacionales. Los Presupuestos
Generales del Estado tienen una gran complejidad y en ese laberinto es perfectamente posible cuadrar las cosas. Pero afortunadamente, en materia de Seguridad Social, se conoce hasta el último baldosín del último rincón del laberinto y esa es una de
las grandes suertes de nuestro sistema de Seguridad Social. Suerte no, porque se han conseguido con mucho esfuerzo unos niveles de transparencia que permiten a prácticamente todos los agentes políticos y sociales conocer en tiempo real qué está
pasando y qué va a pasar en los próximos meses. Eso es lo que me lleva a decirle -insisto en que usted lo sabe, pero es mi obligación decirlo y supongo que su obligación es negarlo, aunque después le voy a decir que creo que es un error- que
estamos ante unos presupuestos que difícilmente sirven para dotar de credibilidad a la política presupuestaria y, en general, al sistema de Seguridad Social. Usted sabe perfectamente que ese déficit cero es de imposible cumplimiento por muy bien
que se gestionara, porque eso no depende de la gestión sino de una serie de variables que están ya hoy determinadas. Aunque es un problema que los presupuestos se aprueben en abril o mayo, tiene ciertas ventajas, que el cierre de 2011 es muy claro
y la evolución de los primeros meses de 2012 apunta también a ideas y datos muy nítidos.


Es oportuno que al menos dejemos constancia aquí para que lo conozca el conjunto de la ciudadanía que hay que ser prudentes en la valoración de algunas cifras macroeconómicas. Entiendo que siendo usted secretario de Estado y formando parte
del Gobierno tiene que hacer una valoración muy positiva de la participación de los gastos de su sociedad en el PIB, pero sería mejor que no nos engañáramos, porque usted sabe que eso es consecuencia de la caída del PIB. Es igual que cuando la
productividad se consigue por la bajada significativa del volumen de empleo. No quiero restarle ventajas al hecho de que se haya producido una revalorización parcial de las pensiones -digo parcial porque es del 1 %, cuando tenemos una inflación en
estos momentos del 1,9 interanual-, pero es bueno que las valoraciones positivas sean más sólidas y se puedan aguantar al cabo de seis meses.


Entrando en materia de ingresos, usted sabe que es materialmente imposible que los ingresos que ustedes han previsto se puedan cumplir. Estamos ante un escenario de caída del empleo reconocido por el propio Gobierno. Creo que está
infravalorado por el propio Gobierno porque el impacto que ya se conoce, solo a un mes de entrada en vigor de la reforma laboral, sitúa esa caída del empleo en términos desgraciadamente superiores a los previstos. Por tanto, hay tres factores:
caída del empleo asalariado -y también posiblemente del autónomo- no menor a un 4 %; un crecimiento bajo, cuando no un decrecimiento, de los salarios y, por tanto, de las bases de cotización que se va a agravar; y algunos otros elementos de
carácter no menor que influyen en ese planteamiento. Entre estos últimos se incluye que ustedes han hecho un cálculo de crecimiento en relación con los presupuestos de 2011 pero no con relación al cierre de 2011, y eso le resta credibilidad a la
previsión de sus ingresos. Para no alardear demasiado, es oportuno reconocer que si se consuma la aportación de 1.000 millones de euros al complemento de mínimos no es una mala noticia. No estaría de más que todos fuéramos conscientes y nos
tomáramos como un reto que eso está aún muy lejos de cumplir el objetivo de la separación de fuentes de financiación. Recuerdo -y en eso sí que intervine en 1995- que fue un objetivo que nos marcamos en su momento previamente a lo que luego, con el
cambio de Gobierno, fue el acuerdo social que dio lugar a los pactos de Toledo y, por tanto, al inicio de la separación de fuentes.


Simplemente apunto que creo que más pronto que tarde deberíamos dibujar un escenario que cerrara de una vez por todas el elemento de la separación de fuentes, garantizando que los Presupuestos Generales del Estado aportan el cien por cien
del complemento de mínimos.


En materia de gastos, usted nos dice que los gastos en el conjunto del sistema, en pensiones específicamente, se van a incrementar un 2,9 %. Usted lo dice, lo dicen los presupuestos. Como no es el acto de fe más importante que nos piden
estos presupuestos, habrá que creérselo, pero están abusando ustedes mucho de la teología para justificar su política, y la teología sirve para algunas cosas, pero no para la política, aunque no les está dando malos resultados, sinceramente; no sé
cuánto tiempo les va a durar. En estas condiciones, la Seguridad Social puede calcular un incremento del número de pensiones, yo no me atrevo a decir en unidades, pero casi en decenas o en centenas; ustedes saben cuál es el incremento casi seguro
en el número de pensionistas que se va producir. Sabemos que la regularización de las pensiones no va a bajar del 1,5 %, por muy bien que vaya la evolución de la inflación; eso ya significa una reducción de 0,4 en relación al interanual actual.
Sabemos además que hay un efecto deslizamiento por sustitución de nuevas altas y bajas que, aunque se ha ido atenuando en los últimos años, continúa siendo importante. La verdad es que ni con el acto de fe puedo llegar a convencerme de que eso es
el 2,9 %. Decía al principio que me siento un tanto ingenuo explicándole a usted eso porque usted lo sabe mejor que yo. En todo caso, para que quede constancia aquí, por favor, no se saquen otra teología de la manga para explicar los números de
final de año. Hay un problema, y es que en junio o julio tendremos que prever el escenario de límite de déficit de 2012 y, por tanto, esta vez el autoengaño que ustedes quieren que compartamos

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tiene muy pocos meses de vida. Es oportuno que todos tomemos nota de eso y que ustedes lo hagan como Gobierno. No le hago estas consideraciones porque esté encantado con que el presupuesto de este año vaya a terminar con déficit. Usted
sabe mejor que yo que difícilmente lo hará por debajo de los 6.000 millones de euros; ojalá fuera así, pero desgraciadamente no está en manos de usted ni tan siquiera eso. No es por que yo tenga un especial interés en que termine en déficit,
estaría encantado que terminara con superávit como los años anteriores, pero si algo le debemos a la Seguridad Social es dejarla al margen de esa tentación de hacer de los presupuestos algo más que ingeniería presupuestaria, hacer teología
presupuestaria, porque si no nos podemos encontrar con algo que ya empezó a suceder en los dos ejercicios anteriores, y es que con la historia de caja y devengo todos los secretarios de Estado se acostumbran en estos momentos de tránsito a anunciar
superávit en los presupuestos hasta dos meses antes, y no es que haya pasado nada anormal los dos meses antes sino que llega el día final y uno se tiene que poner delante de los números. Entiendo que usted, corresponsablemente con el Gobierno, se
permitan presentarse delante de no se sabe quién, porque yo creo que ya no engañan a nadie, diciendo que se va a cubrir el déficit del conjunto de los presupuestos, pero no creo que se ayude al sistema de Seguridad Social.


En todo caso, le quiero plantear algunas cuestiones en relación con ese tema. Ya sé que usted, como no acepta la premisa de mi pregunta, a lo mejor rehúye de ella, pero cuanto antes la abordemos, mejor. En el supuesto de que no se cumplan
esas previsiones y exista un escenario de déficit, es perfectamente sostenible. Ya me gustaría que todas las cuentas del Estado tuvieran los niveles de sostenibilidad con un escenario de déficit de 6.000 millones de euros, 0,6 % aproximadamente del
PIB, eso es perfectamente sostenible. Por tanto, que nadie haga alarmismo con eso, pero la mejor manera de no hacer alarmismo es reconocer los números desde el principio, no sea que a final de año lo tengan que reconocer y, a continuación, nadie
políticamente pero alguien con necesidad de titular y de negocio quiera aprovechar ese cambio de escenario para jugarnos una mala pasada. En ese escenario, ¿qué previsiones para cuadrar números prevé usted? ¿Le han hecho decir a usted -no sé si es
verdad o no, le pido que me lo confirme- que existe la posibilidad de utilizar como recurso de liquidez un fondo de prevención de las mutuas?


Si eso es así, me gustaría que nos explicase qué mecanismos hay para evitar que eso pudiera suponer un impacto negativo en los programas de prevención de las mutuas, desgraciadamente muy manoseados por otras circunstancias, y por supuesto
cuál es el papel que usted va a hacer jugar en este caso a los recursos del Fondo de reserva.


Por último, y en un orden de cosas menor en términos macroeconómicos pero muy importantes en las condiciones de las personas, le quisiera plantear tres preguntas que afectan a tres bloques que a mi entender están siendo injustamente tratados
en los presupuestos porque afectan a condiciones de personas especialmente vulnerables, cuya cuantía no es especialmente significativa y, por lo tanto, es ahí donde uno espera de quien ejerce la función de cuadrar presupuestos un poco de
sensibilidad y, sobre todo, que no trate los números en forma de bagatela, de arriba a abajo; estos bloques tienen que ver con el tema de la partida de autonomía personal y atención a la dependencia, a los servicios sociales de la Seguridad Social
y atención a personas mayores y a los servicios sociales a personas con discapacidad. Conoce usted perfectamente esos números, pero nos ha sorprendido por desagradable que en materia de ajustes se considere necesario reducir la partida para la
autonomía personal y atención a la dependencia en un porcentaje importante teniendo en cuenta lo poco que se destina a esa partida. Dicha reducción supera el 6 % y afecta también a transferencias a comunidades autónomas, lo que vuelve a ser otro
elemento de transferencia de los ajustes que creo que no ayuda a la cultura de cooperación imprescindible entre administraciones públicas; no es posible que unas a otras se vayan pasando el muerto, si me lo permite, de los ajustes. En ese sentido
sería oportuno que nos planteáramos en el proceso de revisión y discusión de los presupuesto poder enmendar esa cuestión. No estamos en esa fase, pero se lo apunto en estos momentos. Además rompen un compromiso de financiación de la Ley de
atención a personas en dependencia que genera mucha inseguridad jurídica, porque el hecho de que a una persona se la trate de forma distinta teniendo la misma situación en función de cuándo ha llegado la ley aplicársele creo que es lo peor que puede
pasar. Aquí se habla mucho de seguridad jurídica cuando se trata de los intereses de las empresas y muy poco cuando se habla de los intereses de los ciudadanos, y creo que eso no es bueno, la gente no lo entiende.


Lo mismo sucede, pero con una dimensión mucho mayor, en el caso de los servicios sociales de Seguridad Social a personas mayores. Aquí el ajuste casi llega al 40 %, el 38,57 %, si yo no me he equivocado; es decir, una partida que ya era
sumamente escasa, de 124 millones, ustedes la han reducido en 78 millones. Son partidas que tienen la virtud de tender a un gasto poco importante; para todos importante pero poco en cuanto a la virtud, y que están vinculados a cosas que a veces
ayudan mucho a la vida de las personas y que desde el ámbito de estas salas a veces se suele olvidar; temas como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o el turismo y termalismo social, que ahora podría parecer poco importante pero no lo es, no
habría que frivolizarlo desde ese punto de vista. Por último, hay un colectivo que en momentos de crisis suele ser muy castigado; la economía ya le castiga mucho y los presupuestos le terminan de castigar aún más, y es el de los servicios sociales
con relación a las personas con discapacidad. Creo que no es de recibo que se haya producido una disminución del 20 %, el 18,8 %, no sintoniza la letra, en este caso los

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números. Para decirlo más claro: los números de este presupuesto en estas partidas no sintonizan con la letra ni mucho menos con la música que usted y el Gobierno nos están planteando para salvaguardar del ajuste a los sectores más débiles
de la población.


Disculpe por mi ingenuidad en la primera parte de mi intervención, pero si usted está sometido a su guión, yo creo que estoy sometido a mi obligación de intentar desmontarle su guión, por poco creíble, claro.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Susinos Barrero.


La señora SUSINOS TARRERO: Señor secretario de Estado, en primer lugar, quiero agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular su comparecencia esta tarde en esta Comisión para dar cumplimiento al importante trámite de comparecencias
presupuestarias.


Los presupuestos de la Seguridad Social para 2012 -como usted mismo ha mencionado en su intervención- son unos presupuestos que tienden a cumplir la estabilidad presupuestaria en la Seguridad Social para poder afrontar su futuro con solidez.
El objetivo que prevé para la Seguridad Social en términos de contabilidad nacional supone un déficit del 0 %. El Gobierno del Partido Popular, al igual que sucedió en 1996, ha heredado de nuevo un sistema de Seguridad Social en situación de
déficit, que precisa de determinación y de acciones acertadas para poder superar las dificultades financieras. Por ello, los presupuestos que estamos examinando ahora son verdaderamente austeros, que se elaboran en un contexto de ajuste sin
precedentes, pero en los que, sin embargo, el gasto dedicado a las pensiones aumenta, como ya se ha mencionado. Todos los capítulos recortan su gasto excepto el de las pensiones, cuyos créditos aumentan un total de 2,83 %. Además, en esta
situación tan complicada -como también hemos mencionado aquí esta tarde- nos encontramos con que se ha realizado una aportación histórica para los complementos a mínimos de las pensiones, incrementándose las del año anterior 1.000 millones de euros,
llegándose a alcanzar los 3.806,3 millones de euros para 2012. Esta aportación -que, repito, es histórica- supone un incremento del 35,6 % con respecto a 2011. Esta cantidad rompe por arriba la tendencia del anterior Gobierno socialista de
incrementar cada año 300 millones de euros, salvo en 2011, que solamente incrementaron en 100 millones de euros. De esta forma el Estado pasa a financiar el 49,58 % del total de los 7.677,89 millones de euros presupuestados, frente al 37 % del año
2011, por lo que su contribución sube en más de 12 puntos en términos absolutos, mientras las cotizaciones de la Seguridad Social sufragan el 50,42 % restante frente al 62,57 % del año 2011.


En el Pacto de Toledo -como ya hemos comentado aquí esta tarde- se llegó al compromiso de que, de forma paulatina, Hacienda, con cargo a impuestos, fuera asumiendo el pago de estas cantidades. Incluso se estableció por ley un periodo
transitorio, que comenzó en 2002 y que tendría por fecha límite 2013, para que estos complementos los pagara totalmente el Estado. Está clara la voluntad del actual Gobierno de ir aumentando la aportación y deja claramente en evidencia que el
Gobierno del Partido Popular desea avanzar en la separación de fuentes, en línea con lo manifestado en el Pacto de Toledo. El problema es que durante el mandato socialista el coste de esta partida se disparó con un incremento medio anual de unos
500 millones de euros y, además, la situación económica actual no es muy favorable. Por eso, mi primera pregunta es la siguiente: ¿está dentro de los objetivos de este Gobierno continuar aumentando la aportación para que los cotizantes tengan que
aportar menos al sistema, que la financiación en su mayor medida sea fiscal, como debería de ser, aunque por las circunstancias mencionadas sea inviable poder cumplir la fecha establecida, el 1 de enero de 2014?


El segundo tema que quiero tratar es el tema de las pensiones. Como ya ha sido señalado aquí esta tarde por el señor secretario de Estado, es muy relevante indicar que, teniendo en cuenta la difícil situación por la que estamos atravesando,
se han revalorizado, mientras que el Gobierno del Partido Socialista optó por congelarlas. En 2012 se han revalorizado todas las pensiones, y el Gobierno del Partido Popular ha garantizado de esta manera el poder adquisitivo de todos los
pensionistas conforme al Pacto de Toledo. Las pensiones mínimas, las no contributivas, las del SOVI, las familiares, todas ellas, se han revalorizado un 2,9 % al recuperar la desviación respecto del IPC de 2011, como ya nos ha señalado
anteriormente el señor secretario de Estado. El resto de las pensiones se han revalorizado un 1 %. A pesar del gran esfuerzo de ajuste en todas las partidas, del total del presupuesto de la Seguridad Social 8,6 euros de cada 10 se destinan a
pensiones. Las pensiones son la principal partida del presupuesto, aportan confianza y tranquilidad en un contexto económico como el actual, muy delicado. Mi segunda pregunta es ¿está garantizada la financiación de las pensiones? ¿Son claves para
garantizar la solvencia del sistema a medio y largo plazo las aportaciones del Estado al ámbito no contributivo?


En cuanto a las prestaciones por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, las del subsidio derivado de la Lismi y atención a la dependencia, son partidas que sí que se reducen en mayor o menor medida con
respecto al presupuesto de 2011.


Me gustaría que hiciera un comentario sobre estas partidas. También le agradecería que comentara otra partida del presupuesto como es la de las prestaciones económicas dirigidas a los trabajadores autónomos como consecuencia del cese de su
actividad.


Otro tema muy importante que también se ha tocado aquí esta tarde es el tema de las cotizaciones sociales. Sabemos que en 2011, con el Gobierno Socialista, los ingresos por cotizaciones sociales no fueron suficientes para financiar el
conjunto de prestaciones contributivas

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del sistema por primera vez en la historia. También sabemos que las cotizaciones sociales son la principal fuente de financiación, ya que financian un 88,1 % del presupuesto total y en este presupuesto de 2012 han experimentado una caída de
4.124,16 millones de euros, lo que supone una bajada del 3,7 % con respecto a 2011. Lógicamente la primera causa de reducción de las cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados se debe, a nadie en esta sala se nos escapa, a la reducción del
número de cotizantes a causa de la difícil situación por la que estamos atravesando. Yo quisiera que me explicara en qué medida las cotizaciones se ven influenciadas, entre otros factores, por cambios diversos en la legislación, en concreto la
reforma del mercado de laboral, el cambio de régimen de los trabajadores por cuenta ajena agraria o el régimen de los empleados de hogar.


Quiero referirme brevemente ahora al Fondo de reserva. El Gobierno Socialista previó aportaciones a este fondo que no se cumplieron. En 2009 y 2011 el porcentaje de dotaciones fue del 0 %, pese a comprometer aportaciones en los
presupuestos. A fecha 31 de marzo el sistema dispone de unas reservas en dicho fondo de más de 67.571 millones de euros. Mi pregunta es la siguiente. Parece lógico que si no hay superávit en las cotizaciones no hay incremento de aportaciones, ¿se
prevé hacer aportaciones al fondo aunque no se produzcan excedentes en el sistema? ¿Tienen pensado utilizar el Fondo de reserva? ¿Se van a ver ustedes obligados a modificar este fondo?


No quiero extenderme más. Creo que los presupuestos que estamos analizando son austeros, con ajustes duros, con fuerte ajuste del gasto, pero que garantizan la Seguridad Social en este momento, cuando más se necesita; favorecen los
derechos sociales y a los ciudadanos más vulnerables y se apuesta por el gasto social. El presupuesto de 2012 va a financiar más pensiones y más altas, cumpliendo con las recomendaciones del Pacto de Toledo.


Termino agradeciéndole nuevamente su primera comparencia en esta Comisión y deseándole que el mayor de los éxitos en el desempeño de su nuevo cargo, porque su éxito en estos momentos de tanta dificultad va a ser el éxito de todos nosotros.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la oportunidad de contestar el secretario de Estado para la Seguridad Social, don Tomás Burgos Gallego.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Señorías, permítanme que comience mi intervención agradeciendo todas sus intervenciones, el tono de las mismas, que espero que sea el que presida las relaciones
parlamentarias entre esta secretaría de Estado y el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los grupos parlamentarios. Estamos absolutamente convencidos de que la construcción del sistema de Seguridad Social, de protección social en
nuestro país, tiene mucho que ver con el clima de entendimiento, con el consenso político y social que han presidido los trabajos no solo del Pacto de Toledo sino de la explicitación de ese Pacto de Toledo en muchos momentos de la propia actividad
parlamentaria. Permítanme que me comprometa a trabajar en esta dirección con todos ustedes y a ofrecer desde este momento todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo para hacer eso posible. Somos absolutamente defensores de nuestro sistema público
de pensiones, de nuestro sistema de Seguridad Social, construido con el esfuerzo de muchas generaciones, de muchos ciudadanos españoles, que en estos momentos -insisto- de incertidumbre siguen confiando en la estabilidad y en la tranquilidad que un
sistema de pensiones sólido y solvente es capaz de brindar a los ciudadanos de nuestro país.


Señora López i Chamosa, muchas gracias por su intervención. Yo no sé si estas son unas fechas atípicas o no para la presentación de un presupuesto. Lo que sí tengo muy claro es de quién es la responsabilidad fundamental de que estemos en
estos momentos hablando del presupuesto de 2012, y desde luego no es del Gobierno del Partido Popular. Hubiera sido muy bueno para España haber presentado esos presupuestos en su momento, pero los condicionantes electorales que usted esgrime se
aplican con absoluta claridad a la posición del Gobierno anterior y a su elusión de una responsabilidad clara que fue haber dotado a España de los presupuestos en el momento oportuno.


El Gobierno presenta unos presupuestos que yo no hubiera tenido ningún inconveniente en presentar en esta Cámara hace quince, veinte años o un mes, porque creo que ni las elecciones andaluzas ni las elecciones asturianas le hubieran
presentado a este secretario de Estado el más mínimo problema a la hora de defender estos presupuestos. Son los presupuestos que garantizan la revalorización de las pensiones, que avanzan en la separación de fuentes y que devuelven un cierto
criterio de adecuación y de sostenibilidad a un sistema que se estaba desestructurando en los últimos tiempos, al menos en estas dos cuestiones clave de nuestro sistema de pensiones.


Agradezco que no quiera usted entrar en polémica. Creo que no hay que entrar en polémica con el sistema de pensiones; creo que lo que hay que hacer son aportaciones constructivas en un momento en que el sistema de pensiones aporta
estabilidad pero también necesita que le demos estabilidad desde el ámbito parlamentario, desde el ámbito político. Desde luego desde el ámbito gubernamental, pero también desde el ámbito de los grupos parlamentarios. Usted cuestiona estos
presupuestos, dice que no pueden corresponderse con la realidad, que los ingresos están excesivamente valorados, que los gastos están infravalorados. Lo que conviene saber, porque de eso sí cabe hacer una reflexión desde la experiencia, es que
quizá no sean ustedes los más adecuados para trasladarnos lecciones sobre cómo cuadrar unos presupuestos, porque el grado de desviación que se ha producido en los últimos años de ejecución presupuestaria del anterior Gobierno es enormemente

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significativo. No consiguieron cuadrar ustedes el presupuesto ningún año: o se pasaron por arriba o se quedaron cortos -desde luego, desde que empezó la crisis se quedaron manifiestamente cortos-; con lo cual no han sido unos presupuestos
ajustados, realistas y capaces de brindar esa estabilidad y esa seguridad que hubiera debido ofrecer nuestro sistema de pensiones. Tal vez por eso nos vimos sometidos en los últimos tiempos a unos vaivenes y a unas distorsiones en el debate sobre
las pensiones que muchos de nosotros hubiéramos querido evitar.


Usted sabe perfectamente que la valoración de las aportaciones de las cotizaciones sociales que se efectúan en un sistema como el nuestro tiene mucho que ver con el empleo -este es un sistema de reparto-, pero no pueden ser automáticamente
vinculadas a la evolución del nivel de paro o del nivel de desempleo. Nosotros somos perfectamente conscientes de que la masa salarial en este país no sigue la misma evolución que las bases de cotización; que el número de cotizantes no sigue la
misma evolución directa del mercado de trabajo, ya que nuestro sistema afortunadamente es un sistema en el que las cotizaciones se depositan no solo sobre los trabajadores afiliados ocupados sino también, en gran medida, sobre los desempleados que
siguen cotizando e incluso sobre los cotizantes que lo hacen mediante convenios especiales. Por tanto, una aproximación rigurosa a la evolución de las cotizaciones debería tener al menos en cuenta todos estos factores de forma interrelacionada.
Además, las bases no siguen la misma evolución directa de los salarios debido a que influyen, además de los salarios, las propias bases de cotización de estos desempleados, que son menores que las bases de cotización de los activos ocupados, y de
los propios convenios, que en este caso son mayores que la media y estadísticamente así se constata, así como la propia evolución de los topes máximos y mínimos del sistema. El decremento del número de cotizantes ocupados se ve al menos minorado o
al menos ralentizado en gran medida por la cotización de estos desempleados que afortunadamente siguen aportando recursos al sistema.


Fíjense, desde diciembre del año 2007 hasta marzo de este año 2012, la caída de los afiliados ocupados ha sido del 12,03 %, una caída muy significativa. 2.309.996 personas ocupadas afiliadas ha perdido el sistema entre diciembre de 2007 y
marzo de 2012. Sin embargo, el número de afiliados desempleados que cotiza se ha incrementado en 1.504.090, es decir, el 209,99 %. Para este secretario de Estado obviamente no es ninguna alegría que la gente cotice desde el desempleo, pero no se
puede hablar de una caída de cotizantes porque se haya producido solamente un descenso del empleo; el número total de afiliados que cotizan, ya sea procedentes de la actividad o ya sea procedentes del desempleo, solo ha caído el 4 %. Si tenemos en
cuenta los datos totales de afiliación al sistema de Seguridad Social, ha caído en 809.000 personas, es decir, se ha minorado mucho el efecto de la caída de cotizantes activos, porque nuestro sistema afortunadamente está diseñado para que una parte
de las cotizaciones -y en este caso, en tiempos de crisis, muy significativamente- proceda de las aportaciones del desempleo. Y algo que no reflejan las estadísticas, que no han reflejado nunca y que habría que preguntarse por qué, son las
aportaciones de aquellos que siguen incorporando recursos desde los convenios especiales; los convenios especiales no han aparecido nunca en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración anterior. Vamos a intentar que aparezcan a partir
de ahora, porque estamos hablando de casi 400.000 personas que siguen aportando recursos al sistema.


No trato de desenfocar el problema. En un sistema de reparto el empleo es la clave de la sostenibilidad futura. Lo que sí digo es que en situaciones de crisis -aunque sean crisis de larga duración, como ya empieza a ser esta-, nuestro
sistema tiene mecanismos de protección y de freno a esa caída de los recursos, que son muy importantes. Por eso, este sistema ha aguantado razonablemente más de cuatro años de crisis y no ha entrado en una situación delicada, como han entrado
claramente otros sistemas de pensiones de nuestro entorno, y eso lo sabe usted perfectamente, como sabe perfectamente que uno de los elementos que contribuyen también a explicar esa valoración de los ingresos por cotizaciones tiene que ver con las
expectativas de mejora de las bases de cotización. Y eso tiene valoraciones cuantitativas y valoraciones cualitativas. Podríamos discutir aquí sobre qué tipos de empleo se están perdiendo, qué bases de cotización tienen los empleos que se están
perdiendo o los que se están resguardando, o cómo están evolucionando los salarios, incluso en un contexto de moderación salarial como el que se ha aprobado, afortunadamente, en este país en los últimos meses. Y desde luego superan ampliamente ese
1 % de previsión del IPC que figura en los presupuestos. Por tanto, es la percepción de todos estos factores en conjunto lo que a este ministerio y a este Gobierno les llevan a establecer que las cotizaciones de la Seguridad Social en el año 2012
pueden ser perfectamente acordes con las previsiones que se establecen en el cuadro macroeconómico que ha servido precisamente para la elaboración de estos presupuestos. Luego veremos cómo evolucionan las cosas -como hemos visto cómo han
evolucionado en otros momentos-, pero creemos que se puede y se debe hacer un presupuesto que tienda al equilibrio presupuestario en estos momentos. Es bueno para el sistema de pensiones, es bueno para la sociedad española en su conjunto y es bueno
que este presupuesto de Seguridad Social contribuya a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad del conjunto de las cuentas públicas de nuestro país.


Usted cuestiona también el incremento del gasto que aparece en estos presupuestos, un incremento del gasto cercano al 2,9 %. Yo creo que se debe a la valoración que hace la Seguridad Social del número de pensiones que se pueden incorporar
al sistema, que está en torno al 1 %; de un aumento de la revalorización del 1,41 %, que es como va a evolucionar la pensión media del sistema en

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este año teniendo en cuenta ese 1 % del conjunto de las pensiones y ese 2,9 % de las pensiones mínimas no contributivas y del SOVI, y un aumento adicional por otros conceptos de medio punto. Pero convendría, desagregando esa información de
datos, que atendiéramos a lo que ha sido en estos últimos años, y a lo que va a ser en el año 2012 si se cumplen las previsiones, la evolución de los diferentes tipos de pensiones en los que se desagrega nuestro sistema. Y la realidad es que la
percepción que tenemos es que las altas de incapacidad permanente, que están bajando, han bajado significativamente en los últimos años. En el año 2009 hubo 98.056; en 2010 hubo 90.949, y en el año pasado 86.851. Están cayendo; por lo tanto
creemos que esta disminución de altas, que se debe a diferentes factores en los que obviamente no voy a entrar, va asimismo a tener una reducción en el año 2012. Como también somos perfectamente conscientes de que la crisis está provocando un
retraso en la jubilación de una parte importante de nuestros ciudadanos. En 2012 el número de pensiones de jubilación entendemos que experimentará un crecimiento del 1,31 % y es perfectamente acorde con lo que estamos viendo que está siendo la
evolución de las nuevas pensiones de jubilación en los últimos años. También podríamos citarle cuál ha sido esa caída y cuál entendemos que va a ser una caída razonable en el año 2012 y le digo claramente que es fruto de la crisis y de la decisión
de muchos ciudadanos de no jubilarse antes de la edad que efectivamente les corresponde; incluso de la prolongación de la vida laboral en algunos casos. Hay que tener en cuenta que casi el 6 % de las altas corresponden a trabajadores mayores de
sesenta y cinco años, que sin duda van a ir aumentando en los próximos tiempos.


Sobre las pensiones de viudedad cabe decir que son pensiones que proceden principalmente de pasivos, que la edad media de las nuevas altas está aumentando, está en setenta y dos años en estos momentos; que esta edad elevada hace que el
colectivo afectado tenga una edad media muy importante y que esa edad media se sitúa en su mayor frecuencia más allá de los ochenta y cinco años. Estos rangos de edad propician entre otras cosas una minoración del incremento de las pensiones de
viudedad, y desde luego el incremento del colectivo, el incremento vegetativo del colectivo -permítanme esta expresión- ha sido el 0,77 en el año 2011 y es del 0,63 a marzo de 2012, es decir que también se está claramente percibiendo una disminución
real. Quiero decir que evolucionaremos al alza en el número de pensionistas, pero no en la medida que cabría esperar en un año normal por ese conjunto de factores que he intentado explicar.


Usted me habla de los complementos a mínimos. Si por nosotros fuera, este tema estaría resuelto. Si por ustedes hubiera sido, habríamos tardado 47 años en cumplir el compromiso de que estuviera resuelto antes del 1 de enero de 2014. A 100
millones de euros por año tardaríamos cuarenta y siete años; bien es verdad que a 300 millones tardaríamos veinticuatro, pero tampoco sería el ritmo adecuado.


Usted -y entiendo que se resista a hacerlo- tiene que reconocer que el esfuerzo de 1.000 millones adicionales para la financiación de complementos a mínimos en este momento, en esta situación, constituye una apuesta absolutamente clara y
contundente con la separación de fuentes de financiación, pero no porque sea un objetivo de carácter más o menos general o más o menos vistoso sino porque es la clave de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. La separación de fuentes es
el compromiso necesario para que nuestro sistema de pensiones circule en los próximos años con razonables dosis de estabilidad, porque la mayor presión que tiene nuestro sistema de pensiones procede de la insuficiencia de financiación del ámbito no
contributivo, insuficiencias de financiación que no solo no se han ido desarrollando y no se han ido minorando en estos años sino que han tenido una auténtica explosión, especialmente en los últimos presupuestos. Y no solamente porque la pensiones
mínimas han subido en este país a costa de las cotizaciones del resto de los aportantes y no a costa de la solidaridad del conjunto de la sociedad española -que es como se deben financiar las subidas de pensiones mínimas o cualquier otro aumento de
la prestación- sino porque además de los complementos a mínimos el sistema se ha sobrecargado por prestaciones familiares, por pensiones no contributivas y por otro conjunto de prestaciones que ni legal ni económicamente estaba consignado que fueran
financiadas con las cotizaciones sociales. Y este es un riesgo enorme para la sostenibilidad de un sistema de pensiones contributivo, un modelo de reparto basado fundamentalmente en estos pilares que acabo de nombrar. Por tanto, para nosotros la
clave de la sostenibilidad está precisamente -y contesto de paso a la señora Susinos- en seguir en esta senda. Hemos recuperado en este presupuesto prácticamente un lustro de pérdida de porcentaje de financiación de los complementos a mínimos,
insisto, además en el peor de los momentos posibles desde el punto de vista del esfuerzo necesario para aportar esta financiación, pero con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto para que el sistema se libere de esos gastos que son
profundamente impropios y que deberían haber estado resueltos hace mucho tiempo.


Señora López i Chamosa, usted conoce perfectamente cuál ha sido la evolución en número y en conste de las pensiones no contributivas en estos últimos años. Ustedes solo han subido las pensiones no contributivas -precisamente porque las
tenía que financiar el Estado y no la Seguridad Social- lo justo, es decir el IPC. No ha habido subidas adicionales de las pensiones no contributivas, solo han subido lo justo. Pero las pensiones no contributivas -siguiendo su mismo criterio, el
de su exposición- no tendrían que haber disminuido en cuanto al coste que suponían para el sistema, pero es que sí han disminuido, y lo han hecho significativamente. No solo han disminuido en número, no han dejado de disminuir

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en número en los últimos años -hemos pasado de 462.129 en el año 2010 a 435.111 en el último año 2011-, y es obvio que es porque afortunadamente cada vez hay menos ciudadanos que necesiten del apoyo de estas pensiones no contributivas, pero
es que también ha disminuido el presupuesto. Es que ustedes disminuyeron el presupuesto de las pensiones no contributivas. En el año 2010, eran 2.172,99 millones de euros y en el año 2011, 2.137,57 millones. ¿Cómo se puede extraer esto de su
argumento? Si según ustedes las pensiones se revalorizaban y se mantenían más o menos iguales, ¿cómo disminuye la aportación que ustedes dedicaron a pensiones no contributivas? Nosotros mantenemos exactamente el mismo presupuesto que el año pasado
porque sabemos que ese 1 % de revalorización queda absorbido por la disminución del número de pensiones no contributivas a las que habrá que atender, en línea con lo que ha venido ocurriendo durante toda la década y con lo que esperamos que vaya
ocurriendo en el futuro, y es que el mayor número de pensiones sean del ámbito contributivo porque los ciudadanos hayan podido acceder a las mismas con su vida laboral y sus cotizaciones. Por tanto, no tratemos de hacer trampas con algo que está en
el informe económico financiero, en los presupuestos y en tantas y tantas comparecencias a las que hemos tenido usted y yo ocasión de asistir. Las pensiones no contributivas se revalorizan, las pensiones no contributivas también se incorporan al
presupuesto en las mismas condiciones que hasta la fecha y todas ellas ganan poder adquisitivo, como no podría ser de otra manera.


Usted me pregunta si vamos a proceder a la separación de la sección 60 de la sección 19. Esa no es una decisión del Gobierno, es una decisión de esta Cámara. Las comparecencias parlamentarias y la distribución por secciones de las mismas
las establece el Congreso de los Diputados. Las secciones están separadas en los presupuestos; la sección 60 y la sección 19 constituyen, como su propio nombre indica, secciones separadas. Es quizá el debate parlamentario de esas secciones lo que
convendría revisar y usted sabe que mi posición, precisamente por la dimensión económica que tiene el presupuesto de Seguridad Social, es absolutamente favorable a eso. Y por supuesto que los rendimientos del Fondo de reserva no pueden ir a otro
sitio que al Fondo de reserva. Usted lo sabe perfectamente. La ley establece que esos rendimientos, automáticamente, se incorporan al Fondo de reserva. Así ha venido ocurriendo siempre, con ustedes y con nosotros; los rendimientos van a seguir
nutriendo el Fondo de reserva. Lo que no ha ocurrido siempre es que la gran mayoría de los excedentes que generaba el sistema se incorporaran por acuerdo del Consejo de Ministros al Fondo de reserva. Sí ocurrió con el Gobierno del Partido Popular
y en esos años la inmensa mayoría de los excedentes, lo fundamental del excedente del sistema, el superávit que generaba, iba al Fondo de reserva, y eso dejó de ocurrir con ustedes los últimos años en los que solo una parte mínima del excedente ha
ido al Fondo de reserva. (La señora López Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Solamente hay 67.000 millones y debería haber muchos más, debería haber más de 80.000 millones en el Fondo de reserva si ustedes hubieran cumplido con el
compromiso que establece la ley, que es que la parte fundamental vaya prioritariamente al Fondo de reserva. Ustedes generaron excedentes muy significativos en el año 2008 y en el año 2009 que no fueron al Fondo de reserva, ni en todo ni en parte;
no fueron al Fondo de reserva. Dejaron de generar esos excedentes ya el año pasado y, obviamente, ante una situación como la que nos hemos encontrado de déficit del sistema, no cabe hacer aportaciones porque no habrá superávit en el sistema. Pero
el comportamiento de los últimos años ha hurtado al Fondo de reserva una parte muy sustancial. Podemos discutir si lo malo es enemigo de lo peor pero, desde luego, para mí y para cualquiera de los asistentes, tener más de 80.000 millones en el
Fondo de reserva hubiera sido mucho mejor incluso que tener 67.000 millones. Le reconozco que los 65.000 millones que han dejado ustedes son una aportación sustancial al Fondo de reserva; ahora bien, deberíamos contar en estos momentos
probablemente con un colchón muy superior si se hubieran cumplido esos compromisos.


Al señor Coscubiela desde su ingenua ironía, he decirle que comparto absolutamente su reflexión en relación con la necesaria consolidación del sistema de Seguridad Social, nosotros la compartimos y, cuando hemos gobernado, hemos demostrado
que estábamos a la altura de las circunstancias para dotarlo de la solvencia, de la estabilidad y de la garantía que un sistema de pensiones de estas características, y sobre todo los ciudadanos españoles, se merecen, y lo vamos a volver a hacer. Y
si ha deducido de mis palabras alguna pretensión de alardear del sistema o de la situación en que nos encontramos el sistema, desde luego no responde en absoluto a nuestra intención. Pero sí conviene recordar que cuando habitualmente su formación
política, y otras, discutimos sobre el porcentaje que se dedica del PIB en este país al gasto social, al gasto en pensiones, eso vale para cuando las cosas van bien y para cuando las cosas van mal. Si usted quiere, comparamos con otros elementos,
pero el porcentaje del PIB es igualmente representativo o, si me apura, incluso más, en momentos como este, donde que se generen más aportaciones para el sistema de pensiones, se comprometa más gasto para el sistema de pensiones no solo en términos
absolutos sino también como porcentaje del PIB, es la prueba más palpable del compromiso del Gobierno del Partido Popular con este sistema de pensiones.


Si son creíbles o rigurosos son apreciaciones que entiendo que usted puede hacer desde la más absoluta legitimidad. Yo sí concedo un enorme valor a la revalorización de las pensiones en nuestro sistema. Primero, porque supone un esfuerzo
económico muy notable. Hay muy pocos países en nuestro entorno que revalorizan las pensiones conforme al IPC, hay muy pocos países que mantienen el poder adquisitivo de los pensionistas con el indicador del IPC contra viento y marea y hay muy

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pocos países que en una situación de crisis económica tan dura como la que estamos atravesando hayan apostado por garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; y en este mismo país no se ha hecho lo mismo hace un año y
medio, se ha hecho lo contrario y en un contexto de crisis se decidió congelar las pensiones. Eso significa que hay prioridades distintas y que hay opciones diferentes a la hora de enfrentarse a una crisis económica también desde el ámbito social;
eso no es alardear, eso en todo caso es constatar una realidad. Nosotros en un momento de crisis económica muy seria revalorizamos las pensiones y mantenemos su poder adquisitivo porque el 1 % será si el IPC es el 1 %, si no, ganarán poder
adquisitivo en función de la evolución de los precios, no tenga usted ninguna duda al respecto. Obviamente no es un acto de fe, en todo caso si alguna teología estamos aplicando en este presupuesto es la de la liberación, es la de la liberación de
todos los gastos impropios que viene asumiendo el sistema de Seguridad Social y que a nosotros, como decía antes, nos preocupan enormemente. Si algo no ha hecho este secretario de Estado ni este Gobierno desde que ha tomado posesión es anunciar
superávits todos los meses hasta el desastre final. Nosotros hemos dicho que el sistema va generando saldos positivos mes a mes y que obviamente de esos saldos positivos hay que descontar, para empezar, las pagas extraordinarias. Por tanto, sí
hemos cambiado la percepción que han de tener los ciudadanos respecto a ese supuesto superávit que se producía mes a mes, que al final resultaba no ser tal y que al final generaba, como ha generado al final del año pasado, un déficit enormemente
significativo. Somos muy conscientes de que el sistema está sometido a enormes presiones de gasto y que una parte de ese gasto también tiene mucho que ver con la decisión de este Gobierno de una decidida lucha contra el fraude, y el fraude -hoy
hemos tenido algunos episodios en varias provincias españolas- se puede perseguir y se debe perseguir también en el ámbito de la Seguridad Social. Estamos decididos a que una parte del ahorro importante que se puede y se debe hacer también en
materia de Seguridad Social tenga mucho que ver con la persecución de actuaciones irregulares, indebidas o manifiestamente ilegales que se producen en relación con la configuración de estructuras que generan fraude a la Seguridad Social y que están
suponiendo un perjuicio para muchos otros ciudadanos que sí que hacen un esfuerzo todos los días por pagar sus cotizaciones, sean estas como trabajadores o como empresarios.


Es uno de los aspectos claves que explican por qué en este presupuesto nosotros queremos contener el gasto en pensiones por la vía de la lucha decidida contra el fraude. Desde luego, al sistema se le ayuda aportando seguridad, aportando
garantías y aportando compromisos que el propio Pacto de Toledo establece, y la revalorización de las pensiones es un compromiso que este Gobierno podía haber eludido y podría haber tenido la justificación clarísima para eludir la situación
económica: el déficit que nos hemos encontrado en el año 2011, la dificultad objetiva para atender a una revalorización cuando se ha producido una desviación en el año 2011 de más de 5.600 millones respecto a esos presupuestos tan creíbles y tan
bien elaborados que se hacían en la etapa anterior. El año que se congelaron las pensiones se produce la mayor de las desviaciones presupuestarias que cabía imaginar, casi 5 puntos de desviación respecto a la previsión del presupuesto del año 2011.
Por tanto, nuestra aspiración es la estabilidad del presupuesto, el equilibrio presupuestario, y no es en el ámbito presupuestario donde nos pueden preocupar los desajustes. Quizá nos preocupen en el ámbito de la liquidez, en el ámbito de la
tesorería porque ustedes saben que el sistema funciona como la caja única no solamente del sistema de pensiones, no solamente del conjunto de administraciones, de Seguridad Social, del servicio público estatal de empleo, el Fogasa, sino de todo el
conjunto de entidades que forman parte de la Seguridad Social. Solamente en una situación de necesidad de tesorería seria y fuerte cabría recurrir a esos fondos de los que dispone el sistema.


Obviamente el Fondo de prevención y de rehabilitación es un fondo al que habrá que prestar especial atención. Usted dice que es un fondo que por su naturaleza debe atender a la prevención y a la rehabilitación. Creo que se ha demostrado
que puede hacerlo generando unos excedentes absolutamente claros. Por tanto, tal vez tengamos ahí unas cotizaciones que se han aportado a las que no se les ha dado el uso necesario y oportuno quizá porque no fuera pertinente o quizá porque no se ha
encontrado la fórmula adecuada para desarrollarla. En todo caso, son fondos a disposición del sistema por si el sistema tiene problemas, y afortunadamente disponemos de esas reservas. Si hay que recurrir en algún momento a las mismas en el futuro
próximo, creo que disponemos de garantías suficientes como para que no solo no supongan un problema de credibilidad del propio sistema de pensiones, sino que con ello se reconozca la capacidad de previsión que tuvieron aquellos que diseñaron el
sistema de reservas de nuestro sistema de pensiones y de nuestra Seguridad Social, y quiero recordar que fue precisamente también un Gobierno del Partido Popular.


En relación con los gastos en materia de dependencia y otros gastos asociados a las prestaciones de carácter social, para la atención a la dependencia el Estado aporta en estos momentos 1.407 millones de euros. De este importe, 1.287,18
millones de euros corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado: 33,51 para el pago de la Seguridad Social de los cuidadores, 79,39 se destinan a la financiación de otros gastos como la gestión de Ceuta y Melilla y 7,07 a
operaciones de capital vinculadas a la dependencia. Por tanto, no hay una variación significativa respecto al presupuesto del año 2011. El Estado aportaba entonces 1.482 millones de euros y, de ellos, 1.134,98 millones de euros correspondían a la
financiación del mínimo garantizado por el Estado. Ha habido una variación muy pequeña en esas partidas, por tanto, no cabe hablar de una falta de atención a la dependencia. En términos de Seguridad Social,

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lo que sí cabe es conocer que la Seguridad Social ha tenido que afrontar impropiamente gran parte de los recursos destinados a financiar las cuotas de los cuidadores por dependencia en el Sistema de atención a la dependencia, gastos que no
tenía que cubrir la Seguridad Social y que han supuesto desde que se implantó la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia más de 700 millones, que le han hecho, y permítanme la expresión, un roto a las cuentas de la Seguridad Social de
enormes proporciones. No se puede pretender que la Seguridad Social sea una especie de monedero que lo paga todo. No se puede pretender que se hayan cargado sobre las arcas de la Seguridad Social, incluso en momentos de bonanza económica,
prestaciones y pensiones que deberían ser sufragadas con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y que no deberían ser cargadas con cargo a cotizaciones, y también en el ámbito de la dependencia se ha producido esa situación. En el
ámbito de la dependencia habrá que intentar restituir a la Seguridad Social aquellos elementos de estabilidad financiera que hacen que no nos convirtamos en el mecanismo que todo lo sufraga, primero, porque la Seguridad Social no se puede permitir
ese lujo y, segundo, porque convendría que cuando los legisladores alegremente adoptan decisiones para incrementar determinadas prestaciones, también dejaran meridianamente claro quién las financia y con cargo a qué partidas se financian. En el
ámbito de la dependencia, como en otros ámbitos que le he citado, ha sido la caja de la Seguridad Social la que de forma indebida e impropia ha tenido que asumir esos costes. Cuando eso ocurría en tiempos de bonanza económica nadie se quejaba,
excepto los que veníamos denunciando que eso era un riesgo que ponía a la Seguridad Social en una situación complicada. Pero ahora da igual que nos quejemos, ahora tenemos un agujero significativo en las cuentas procedente básicamente, insisto, de
estos elementos del ámbito no contributivo.


A la señora Susinos, del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecerle su exposición, que me parece muy razonable, razonada, que establece con toda claridad, como creo que lo he hecho yo, cuáles son los objetivos del presupuesto de
Seguridad Social, que obviamente son afrontar una situación de déficit que nos hemos encontrado y que fue negada hasta el final en la dimensión que luego ha aflorado. Hemos ahorrado en todo -tiene usted razón-, en todo, excepto en pensiones. Hemos
limitado el gasto hasta lo indecible en todos los capítulos del presupuesto que no son estrictamente necesarios para superar una situación como la que atravesamos. Hemos dedicado todo el esfuerzo no solo a incrementar la partida en pensiones, sino
a que además esto se hiciera respetando, como siempre debió hacerse, los compromisos del Pacto de Toledo. En la separación de fuentes, claro que estamos decididos a hacer un esfuerzo, pero tenemos que ser conscientes de que la mitad de esos
complementos a mínimos siguen estando financiados por la Seguridad Social. Todos los grupos parlamentarios, y quiero apelar en esta comparecencia de presupuestos a eso, tendremos que discutir la mejor manera y la más adecuada a la situación
económica de nuestro país para afrontar en los próximos tiempos la separación de fuentes. Este Gobierno ha demostrado ese compromiso asumiendo, como digo, el salto más importante en financiación de complementos a mínimos que nunca se ha dado. Ya
tuvimos que asumir el proceso de separación de fuentes en su momento relativo a la sanidad pública, a los servicios sociales y a las pensiones no contributivas y ahora vamos a tener que asumir en gran medida también el proceso de separación de
fuentes del fleco que quedaba, que son los complementos a mínimos. Nos hubiera gustado que se hubiera avanzado mucho más o al menos que no se hubiera cargado sobre los complementos a mínimos gran parte de ese esfuerzo que debió hacerse con otras
partidas del presupuesto, pero quiero de alguna manera ofrecer a todos los grupos parlamentarios un marco de diálogo sobre la mejor forma para en los próximos años, en los próximos ejercicios atender a esta cuestión, porque sin duda es uno de los
desafíos más importantes que tiene nuestro sistema de pensiones desde el punto de vista de su sostenibilidad.


Me preguntaba usted sobre la prestación de cese de actividad de los autónomos. Simplemente por ser una prestación que está prácticamente poniéndose en marcha, porque todavía hay que hacer un esfuerzo para que el mayor número de trabajadores
autónomos puedan cotizar en previsión de una situación de cese de actividad, quiero decirle que, según los datos que obran en poder de la Seguridad Social en abril de este año, hay unos trabajadores obligados a cotizar al sistema. No todos están
obligados a cotizar, algunos pueden hacerlo voluntariamente, pero el número de trabajadores autónomos que están obligados a cotizar en estos momentos asciende a más de 500.000. El número de perceptores de prestación en enero, cuando ha empezado a
funcionar realmente después de ese año de carencia al que me refería, fueron 34, en el mes de febrero han sido 57 y en el mes de marzo han sido 63. Esto está suponiendo, obviamente, que el sistema está incorporando recursos y todavía no está
generando prestaciones de forma suficiente. Por eso la partida en los presupuestos de ingresos procedentes del cese de actividad crece de forma muy importante y la partida de prestaciones, de gastos, apenas supone un avance significativo, pero,
obviamente, conforme vayan entrando más autónomos en el sistema y se vayan generando más derechos a prestación, esas partidas de ingresos y de gastos tenderán a equilibrarse. Afortunadamente, esperemos que para entonces ya hayamos superado esta
situación de crisis y los autónomos, como está ocurriendo de hecho en estos primeros meses del año 2012, estén contribuyendo al crecimiento de la filiación en el ámbito del régimen especial de autónomos.


Sobre el impacto que la reforma laboral tenga sobre las cotizaciones, evidentemente, la reforma laboral incorpora nuevas bonificaciones al sistema de contratación, bonificaciones que van dirigidas a esos colectivos

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especialmente vulnerables o especialmente necesitados de respaldo y de apoyo para la creación de empleo y, en la medida en que son bonificaciones, serán ingresos para el sistema. Por lo tanto, para nosotros, siempre y cuando se respete el
principio de que las bonificaciones tienen que ser asumidas por el presupuesto del Estado y luego incorporadas a la Seguridad Social, a más bonificaciones más ingresos, pero, obviamente, no es ese el destino de las bonificaciones, aunque para la
Seguridad Social, siempre y cuando -insisto- se cumpla ese requisito inicial, no suponen merma y sí un apoyo importante al estímulo para la creación de empleo.


Quiero hacer una referencia, ya que lo citaba usted, a los procesos de integración de los regímenes del hogar y del régimen agrario. Este Gobierno y este secretario de Estado han mantenido siempre el criterio -no en vano fuimos los primeros
en afrontarlo- de la integración de los diferentes regímenes de Seguridad Social en dos grandes, uno por cuenta propia y otro por cuenta ajena. El paso que quedaba para favorecer esa integración se dio, aunque de manera desigual, en relación con
los trabajadores agrarios por cuenta ajena, que se han incorporado el 1 de enero de 2012 al sistema y que, por tanto, han supuesto una variación significativa en el número de afiliados que hay en el régimen agrario y en el régimen general. Antes
estaban todos en el régimen agrario. Evidentemente su desaparición conlleva una inyección de afiliación al régimen general, pero no cabe hablar de mejora en el número de afiliados totales ni en el número de cotizaciones al sistema. Más bien, fruto
del sistema elegido de cotizaciones para proceder a esa integración, lo que está ocurriendo es que en veinte años el sistema va a tener que asumir unas cotizaciones que van a suponer que el régimen agrario siega siendo subvencionado en alguna medida
por el resto de regímenes de la Seguridad Social. Esto tiene una explicación por la situación histórica del régimen agrario, pero quizá el esfuerzo que van a tener que hacer los demás cotizantes para apoyar esos tipos de cotización y esas bases
puede considerarse enormemente generoso.


En relación con los empleados del hogar, hay un periodo transitorio de seis meses que finaliza precisamente el 1 de julio. Habrá que ver cómo evoluciona esa integración. No es una integración exenta de dificultades. Hay muchas dudas, hay
muchas incertidumbres. Hemos hecho el mayor esfuerzo posible por poner a disposición de los ciudadanos la información a través de toda la estructura de la Seguridad Social en España para facilitar esto, pero estamos hablando en muchos casos de
personas sin ninguna formación en el ámbito de la contratación, sin ninguna experiencia previa en la contratación y con mucha resistencia a incorporar al ámbito doméstico elementos que tienen que ver con la consideración de empleadores o de
empresarios que son absolutamente ajenos a la realidad de muchos hogares de nuestro país. Por lo tanto, una vez que se haya producido la finalización de ese periodo transitorio, evaluaremos cuál ha sido el resultado; cuál ha sido el resultado en
términos de afloramiento de la economía sumergida, que sabemos que existe en ese ámbito y es un objetivo de todos hacerla aflorar en la mayor medida posible. Estudiaremos cómo ha sido la repercusión en la aparición de un entramado empresarial en el
ámbito de los servicios domésticos, que también era uno de los objetivos que pretendían quienes pusieron en marcha esta integración, y veremos cuál es la repercusión en términos de afiliación real una vez que se haya producido el trasvase completo.
La verdad es que este trasvase entre el régimen anterior y el sistema especial nuevo se está produciendo a un ritmo más o menos lento. Poco más del 30 % de ese personal integrado antes en el régimen especial del hogar se ha trasvasado al nuevo
sistema. Habrá que seguir insistiendo. Probablemente, en los meses que quedan se produzca un incremento significativo; pero, insisto, hasta que no haya concluido el periodo transitorio creo que tenemos que mantener cautela sobre los resultados de
esta integración, y luego este Gobierno, esta secretaría de Estado, se compromete con los grupos parlamentarios a estudiar pormenorizadamente los efectos sobre todas estas cuestiones de esta integración y valorar la posibilidad de introducir
mecanismos de mejora o de superación de estas dificultades que objetivamente se han producido. Le agradezco una vez más su intervención y el apoyo del Grupo Popular a este presupuesto.


El señor PRESIDENTE: Hablo en nombre de toda la Comisión para agradecerle su presencia aquí y sus explicaciones. A las señoras diputadas y a los señores diputados les agradezco su atención y paciencia a estas horas.


Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve.


Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.