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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 59, de 28/03/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 59
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles,
28 de marzo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias:
- Solicitud de creación de una subcomisión con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y
a las del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco
(EAJ-PNV), de Unión Progreso y Democracia y Mixto. (Número de expediente 158/000005.) ... (Página2)
Página
- Solicitud de creación de una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 158/000006.) ... (Página5)
- Solicitud de creación de una subcomisión para el análisis de la normativa sobre transparencia informativa y supervisión de las entidades de crédito en la comercialización y gestión de participaciones preferentes, así como de otros
productos financieros y de contratos hipotecarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 158/000008.) ... (Página5)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la necesidad de adoptar medidas frente a las comisiones abusivas que las entidades financieras repercuten a los usuarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000098.) ...
- Sobre impulso de un acuerdo nacional para el fomento de la ciencia y la innovación como ejes estratégicos para la economía española. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000001.) ...
- Por la que se insta al Gobierno a establecer la compatibilidad de la bonificación de la seguridad social a favor del personal investigador con la deducción por actividades de I+D+i. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000406.) ... (Página16)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y
A LAS DEL REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), IZQUIERDA UNIDA, IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, CHUNTA ARAGONESISTA: LA IZQUIERDA PLURAL, VASCO (EAJ-PNV), UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA Y MIXTO. (Número de expediente 158/000005.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
En primer lugar, vamos a someter a la consideración de la Comisión la alteración del orden del día, en el sentido de incluir, en el debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión conjuntamente, la solicitud de creación de
una subcomisión presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con objeto similar a la presentada por el Grupo Parlamentario Popular e incluida como punto 2.º del orden del día. El objeto de dicha subcomisión es el análisis de
la normativa sobre transparencia informativa y supervisión de las entidades de crédito en la comercialización y gestión de participaciones preferentes, así como de otros productos financieros y de contratos hipotecarios. ¿Está la Comisión de
acuerdo? (Asentimiento). La aprobamos por asentimiento.
Ahora vamos a proceder a la tramitación del orden del día. Algunos grupos parlamentarios han solicitado una modificación en la tramitación de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día de hoy por confluencia de comisiones.
Si ningún grupo parlamentario tiene objeción, el orden de tramitación será el siguiente. En primer lugar, debatiríamos el punto 4.º del orden del día, proposición no de ley relativa a las comisiones de las entidades financieras. En segundo lugar,
el punto 3.º del orden del día, proposición no de ley relativa al acuerdo nacional para el fomento de la ciencia y la innovación, y en tercer lugar la relativa la bonificación de la Seguridad Social a favor del personal investigador. ¿De acuerdo?
(Asentimiento). Además, se anuncia como hora de votación de las proposiciones no de ley nunca antes de las seis y media de la tarde. Es posible que nos vayamos a las siete, pero antes de las seis y media en
ningún caso vamos a someter a votación las proposiciones no de ley.
Pasamos al desarrollo del orden del día. Debate de creación de subcomisiones. En primer lugar, solicitud de creación de una subcomisión con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y a las del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, cuyos autores son todos los grupos parlamentarios que forman
esta Comisión. Como todos los grupos parlamentarios están de acuerdo, entraríamos en el turno a favor de la Comisión, que sería de menor a mayor, como dice el reglamento. ¿Qué grupos quieren intervenir? (Pausa). UPyD quiere intervenir. Señor
Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Muy brevemente.
Nuestro grupo otorga gran importancia a la asistencia a esta Comisión en vista de la dimensión del tema que en ella se va a tratar. En particular, hay un par de cuestiones que a nuestro grupo le preocupan especialmente, que tienen que ver
con el coste público del rescate bancario y con la evolución del crédito. Tanto en el discurso oficial del actual Gobierno como en el del anterior, se ha señalado que este rescate bancario no tendría coste público. Sin embargo, el FROB ha
utilizado ya unos 20.000 millones de euros, se han concedido avales a la banca de cerca de 100.000 millones y hay esquemas de protección de activos, que solo en el caso de la CAM ascienden a 16.000 millones. Por tanto, debería ser objeto de estudio
en la subcomisión el coste público para la banca, que nuestro grupo piensa que acabará siendo alto, como ha sucedido en países que han atravesado por situaciones similares. La otra gran cuestión es la evolución del crédito. Una y otra vez se
anuncia su recuperación inmediata, sin embargo, en nuestra opinión, los efectos inmediatos de la reforma serán más bien su contracción. Estudiaremos con interés la evolución del crédito en la subcomisión y nos alegra, por tanto, su creación.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el señor Gómez en representación del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor, por supuesto, de la propuesta de creación de esta subcomisión, cuyo contenido esencial ya estaba previsto en el decreto-ley de creación del propio FROB, un
decreto-ley que data de 2009, como saben sus señorías. Entonces la crisis financiera solo era visible por meses; si situamos su comienzo con la quiebra de Lehman, la verdad es que en junio de 2009 apenas era una crisis de nueve meses de duración.
Es verdad que antes ya se habían producido algunas otras actuaciones públicas en 2008, pero lo cierto es que en medio de aquel desconcierto general en el invierno de 2008 el hecho de que comenzaran a abordarse medidas en este ámbito de nuestros
sistemas financieros pudieron dar alguna respuesta y en cierta medida tranquilidad a una situación -insisto- que era más de desconcierto que de otro tipo de características. En realidad, con el FROB lo que se creó no era un nuevo instrumento para
atender garantías respecto de los créditos de los clientes de las entidades financieras; con el FROB se creaba la primera institución en nuestra historia financiera que estaba destinada a abordar lo que con el tiempo empezaríamos efectivamente a
constatar que se trataba del proceso más intenso de reestructuración y reforma financiera que habíamos vivido en nuestra historia. Es verdad que en muchos aspectos las previsiones contenidas en los tratados europeos eran previsiones que
dificultaban efectivamente este proceso de reestructuración que pretendíamos abordar, pero también es cierto que tratándose del sistema financiero vale el viejo adagio de que termina la vida abriéndose paso; al final la vida se abre paso y
terminamos encontrando una forma de abordar también el proceso de reestructuración bancaria.
Como bien se ha dicho en la intervención anterior es un proceso en el que, si bien directamente no se han empleado fondos públicos de manera tal que pudieran caracterizarse como subvenciones, se trata ya de un monto significativamente
importante. El proceso ha sido de una intensidad que pocos podrían haber pronosticado hace años cuando comenzó. Tenemos ya de 45, 15 entidades en el ámbito de las cajas de ahorros; se ha reducido prácticamente el número de entidades en más del
70%; se han aplicado más de 100.000 millones en provisiones, genéricas o específicas, un aspecto poco significativo pero muy importante sobre todo para los trabajadores de este sector; se ha reducido la plantilla y el tamaño de la red de oficinas
en prácticamente más de un 20% durante todo este tiempo. Lo cierto es que en este momento el sector está cambiando definitivamente su faz, especialmente en lo que se refiere a las cajas de ahorro. A estas alturas, cuando el capital y la dotación
inicial del FROB que fue de 9.000 millones prácticamente se ha duplicado y vuelve a estar agotado, cuando el Gobierno acaba de publicar y la Cámara convalidar un nuevo decreto-ley que en lo esencial da continuidad a este proceso de reestructuración,
no deja de resultar curioso que celebremos hoy esta Comisión precisamente en un momento en el que, solo un par de semanas después de que convalidáramos en la Cámara ese decreto-ley, vuelven a surgir en alguna medida dudas sobre los contenidos, sobre
las formas en que se abordará un asunto tan trascendente como el de la reestructuración del sistema financiero en España. Un asunto crucial desde el punto de vista económico y yo diría que también un asunto crucial desde el punto de vista social.
En aquel debate mi grupo apoyó aquel decreto-ley. Entonces dijimos que era fundamental que las reformas contribuyeran a restaurar el crédito y dijimos también que el problema era que si se basaba en dotar de nuevas provisiones era poco razonable
esperar que se recompusiera efectivamente el crédito. Es verdad que aunque el plan preveía una recomposición del capital en una cantidad de alrededor 15.000 millones -si no recuerdo mal- lo cierto es que sin más
capitalización y con una política económica que a escala europea y también a escala española profundiza el ciclo, pensamos que no cabe esperar una recomposición del crédito a corto plazo. Por eso nuestras entidades van a superar seguramente
la situación en la que se encuentran, pero la sequía de crédito puede durar años a este paso.
Propusimos también -fue el grupo en realidad el que lo hizo- que se creara esta Comisión. Lo que pretendíamos es que, de la misma forma en que en el decreto-ley se crea el FROB, haya una periodicidad trimestral para que el secretario de
Estado de Economía comparezca en el Congreso de los Diputados e informe de la evolución del crédito; de la situación del sistema bancario; que haga balance de las actividades del FROB en ese tiempo y también pensamos que debe continuar la labor de
información del FROB a través de la comisión rectora del fondo, sobre todo a la hora de informar periódicamente -mensualmente, es lo que dice el decreto-ley si no recuerdo mal-, o incluso treinta días después de que se produzca cada una de las
grandes operaciones realizadas por el FROB. Así lo prevé al menos el artículo 4 del decreto-ley, más allá de esas características. Lo que nos interesa es que se mantenga esa periodicidad en la información de la Secretaría de Estado de Economía en
este caso y también de los propios órganos rectores del FROB. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular deben saber que pueden contar en esta materia con nuestra total colaboración. En una materia de este calado también queremos hacer extensiva
esa colaboración al resto de los grupos parlamentarios de la Comisión.
La señora PRESIDENTA: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Garrido.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Me corresponde tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular y quiero comenzar poniendo de manifiesto el interés de mi grupo por esta iniciativa igual que lo han hecho otros grupos, comenzando por
UPyD. Nuestro interés lo muestran los antecedentes de la subcomisión que hoy estamos solicitando. El Grupo Parlamentario Popular, el 11 de marzo de 2009, presentó una interpelación urgente en el Pleno relativa a la opinión del Gobierno ante el
proceso de reestructuración del sistema financiero español que continuó el 17 de marzo con una moción consecuencia de esa interpelación urgente. El 26 de junio el Gobierno anterior aprueba el Real Decreto-ley 9/2009, de Reestructuración bancaria y
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito que da lugar al FROB, para el que estamos solicitando hoy una subcomisión. A día de hoy la subcomisión que se creó a raíz de este Real Decreto-ley 9/2009 para dar cumplimiento a las
previsiones del mismo ha quedado disuelta al finalizar la IX Legislatura y corresponde ahora solicitar en el seno de esta Comisión la creación de una nueva con el objetivo de dar cumplimiento, además de a las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009,
a las previsiones del nuevo Real Decreto-ley 2/2012 aprobado por el Gobierno actual. No obstante, y dado que con las medidas adoptadas a partir de la aprobación del Real Decreto-ley 9/2009 no se ha conseguido abrir el crédito, con este Real
Decreto-ley 2/2012 se intenta normalizar el crédito y sentar las bases para ello, actuando en tres frentes básicamente. Por un lado, a través del saneamiento de los balances. Esto permitirá que las entidades puedan acudir a los mercados de
capitales y por tanto la fluidez de crédito hacia la economía real. Por otro lado, creando incentivos que produzcan un ajuste adecuado y eficaz del exceso de capacidad que tenemos actualmente y, por último, fortaleciendo la gobernanza de las
entidades que resulten del proceso de integración. Todo este proceso será a costa del sector bancario.
El Fondo de reestructuración ordenada bancaria para cuyo control de actividades solicitamos hoy la creación de una subcomisión tiene como objetivo gestionar los procesos de reestructuración de las entidades de crédito y contribuir a reforzar
los recursos propios de las mismas. Su actuación hasta finales de 2011, como todos conocemos -también nos ha hecho una breve descripción el representante del Grupo Socialista- podríamos concentrarla en dos fases. La fase I, de consolidación del
sector de cajas de ahorros. Efectivamente, de las 45 cajas, 42 acabaron participando en el proceso y tras él han quedado reducidas a 14. Desde julio de 2010 hasta primeros de 2011 siete procesos de integración recibieron ayudas del FROB por valor
de 9.674 millones de euros, lo que conocemos como el FROB I. En la fase II, el FROB II, consistió en la mejora de la solvencia de las entidades ya mediante aportación de capital. Para llevarla a cabo las cajas de ahorro necesitaron transformarse en
bancos de nueva creación. Precisaron nuevas inyecciones de capital para cumplir los nuevos requisitos de solvencia exigidos 14 entidades, 4 bancos y 9 cajas de ahorro. El FROB II concluyó -como todos sabemos- con la inyección de 4.751 millones de
euros a tres cajas: Nova Caixa Galicia, Catalunya Caixa y Unnim, que quedaron claramente intervenidas. La regulación vigente -también se ha señalado- prevé un riguroso mecanismo de control parlamentario para el seguimiento de la actuación del
FROB: la comparecencia efectivamente trimestral del secretario de Estado de Economía y Hacienda; la comparecencia en un plazo no superior a treinta días desde las grandes operaciones que realice el FROB, también ante esta Comisión. El Grupo
Parlamentario Popular es también partidario de solicitar la comparecencia en esta subcomisión, cuya creación pedimos, de representantes de entidades financieras para que nos vengan a informar de los procesos de reestructuración en los que se
encuentren inmersos. Por todo ello, y para dar cumplimiento a la legislación vigente, todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados hemos firmado un escrito conjunto pidiendo a la Mesa de la Cámara Baja la constitución de una
subcomisión dependiente de la Comisión de Economía y Competitividad desde donde se lleve a cabo el seguimiento del proceso de reestructuración del sector bancario.
La previsible complejidad y especificidad de los datos que vamos a recibir además hace que creamos que va a ser el foro idóneo para tratar este seguimiento. Por otro lado,
la última reforma financiera del Gobierno actual ha dado un plazo de cuatro meses para que las entidades manifiesten sus planes de fusión, y este es el 30 de mayo. Ahora, dentro de tres días, tienen que decir también cuáles van a ser sus
posiciones ante el cumplimiento de provisiones y de nuevos ajustes y de capital extra exigido por esta nueva reforma. Todo esto va a afectar a la posible intervención del FROB a través de los CoCo, de los convertibles contingentes, para algunos
casos de fusiones. Creemos que esta subcomisión, que estamos hoy solicitando, debe estar informada en tiempo y forma de todos los procesos, no solo del FROB II, recientemente de la cesión, adjudicación de Unnim por parte del FROB a BBVA; de la
subasta que salga de Catalunya Caixa; de la subasta, aunque tenga hasta septiembre para captar capital privado de Nova Galicia Banco; pero también tenemos que tener un seguimiento del FROB I. Ha habido entidades que han recibido fondos del FROB I
y actualmente están en procesos de integración. Esa marca integral que una a esas entidades será responsable de la devolución de esa cuantía. Nos tendrán que informar de qué forma se devuelven esas cuantías.
En definitiva, las exigencias del FROB, la necesidad imperiosa de llevar a cabo una reestructuración que acabe con todos los excesos cometidos en épocas de bonanza, arrastran al sector bancario español en muchas ocasiones a que la fusión sea
su única salida. Si este proceso de reestructuración se hubiese abordado con anterioridad se habría realizado de forma más ordenada y seguramente menos traumática. No dudamos, sin embargo, de que en esta subcomisión, que hoy estamos solicitando,
todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo y es el foro idóneo de información, seguimiento y control del proceso de reestructuración. (Aplausos.)
- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 158/000006.)
- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO EN LA COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, ASÍ COMO DE OTROS
PRODUCTOS FINANCIEROS Y DE CONTRATOS HIPOTECARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 158/000008.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al debate de las solicitudes de creación, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, de una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de
las entidades de crédito y, como hemos acordado de forma conjunta, a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de creación de una subcomisión para el análisis de la normativa sobre transparencia informativa y supervisión de
las entidades de crédito en la comercialización y gestión de participaciones preferentes, así como de otros productos financieros y de contratos hipotecarios. Comenzamos con el turno a favor de creación de esta subcomisión. Por orden de antigüedad
de la petición, por el Grupo Parlamentario Popular comparten el tiempo el señor Martínez-Pujalte y la señora Fabra, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte. Tienen diez minutos entre los dos.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, mi grupo ha presentado la solicitud de creación de una subcomisión. Entiendo que después de hablar ya de una subcomisión hablar de otra subcomisión exige un esfuerzo a los
miembros de la Comisión de Economía y a los letrados de la Cámara, pero hay que realizar los trabajos conjuntamente porque las materias así lo requieren. Mi grupo parlamentario cree que esta subcomisión sobre transparencia de productos financieros
tiene que encuadrarse dentro de la Comisión de Economía, porque el tema tiene muchísima más importancia en Economía que en Consumo, pero creemos que nuestra portavoz de Consumo en este caso en la Comisión de Sanidad y Consumo debería estar presente
y por eso vamos a compartir el tiempo. Aunque encuadremos los trabajos en la Comisión de Economía, queremos que estén presentes también miembros de la Comisión de Sanidad y Consumo porque es un tema que compete a ambas comisiones.
Nosotros estamos muy preocupados -y seré muy breve- por la situación ocasionada por muchas entidades que han comercializado productos complejos a consumidores que a veces no tenían toda la información para hacerse cargo de una toma de
decisiones que podía ser compleja. Hemos conocido cómo hoy hay adquirientes de productos financieros complejos que tienen un capital en una entidad financiera, que no lo pueden hacer líquido, y sin embargo tienen dificultades para afrontar
problemas de la vida cotidiana. Es verdad que en épocas de bonanza, cuando la marea es alta, todo es bueno, todo es positivo y todo funciona adecuadamente, y también es verdad que en épocas de dificultad o de crisis, cuando la marea baja, se ve lo
que hay en el fondo. En estos productos hay una realidad incuestionable, que a veces ahorradores sin información o sin haber leído el contenido de lo que firmaban han adquirido productos creyendo que tenían otras condiciones: liquidez, y no era
tal; cláusulas que no conocían en su integridad, etcétera. Por eso nosotros queremos que se constituya una subcomisión que estudie no solo el problema ahora puesto de manifiesto, que son las preferentes, sino todo el ámbito de los productos
financieros, que son los productos que
se comercializan a través de entidades financieras, de entidades aseguradoras y también de los productos hipotecarios. Queremos que en esta subcomisión podamos conocer en profundidad cómo se hace la supervisión para la comercialización de
esos productos; qué protocolos se siguen para garantizar que el cliente los conoce; si el cliente conoce todas las condiciones; si el producto exige acudir ante un notario; si el notario pone en conocimiento del ciudadano todas las cláusulas,
aparte de dar fe de que ese ciudadano es el que firma; si el que firma un producto sabe, si tiene dificultades, en qué marco judicial se tiene que mover. En España hoy hay ciudadanos que están firmando la adquisición de productos que, si se
presentan dificultades, a lo mejor tienen que recurrir a ámbitos judiciales distintos del español. Todo eso queremos que se estudie en la Comisión, queremos que comparezcan todos los que puedan ilustrar, analizar, ayudar al análisis de esos
productos en la subcomisión y queremos que se elaboren unas conclusiones.
Voy acabando y cedo la palabra a mi compañera. Sí quiero decir, uno, que el Grupo Parlamentario Popular quiere la participación de todos los grupos, podíamos haber hecho una proposición no de ley y aprobarla con los grupos de la mayoría.
Hemos querido constituir la subcomisión porque queremos también las aportaciones de todos los grupos de la Cámara, queremos que se trabaje y que haya aportaciones para que las conclusiones sean el reflejo de la mayor unanimidad posible. Concluyo
diciendo que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta un texto que queremos consensuar con ellos en la Comisión, parece que el suyo es bastante más expresivo.
La señora PRESIDENTA: Señora Fabra, tiene la palabra. Su compañero le ha consumido aproximadamente la mitad de su tiempo.
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Señorías, en primer lugar, como portavoz de Consumo quisiera felicitar a mi compañero portavoz de Economía y agradecerle que nos permita participar a Consumo en esta subcomisión, así como su decisión a la hora de
solicitar su creación tan necesaria en estos momentos en los que la crisis financiera ha puesto de relieve la inseguridad a la que se enfrentan multitud de usuarios y consumidores de productos financieros que hoy se sienten víctimas de la falta de
transparencia que existe en su contratación. La promulgación del artículo 51 de nuestra Constitución supuso un importante avance en la protección de los consumidores obligando a los poderes públicos a garantizar su defensa, y aunque muchas han sido
las normas que se han dictado en el ámbito concreto del sector financiero ese objetivo no se ha conseguido. Como la mayor parte de los países de nuestro entorno vivimos una situación en la que la comercialización de productos financieros tiene un
alcance universal, con la particularidad de que en España tenemos un sistema financiero extraordinariamente bancarizado. Esto ha generalizado el uso de productos y servicios financieros más sofisticados en amplias capas de la población y en ese
desarrollo del sistema financiero -que sin duda hay que contemplar como algo positivo y atendiendo siempre al principio de libertad de contratación y de respeto a la autonomía de la voluntad de las partes- ha jugado y juega un papel muy importante
la relación de confianza entre usuarios y su banco. El problema surge cuando se producen situaciones en las que las personas en quienes confiábamos nos colocan -por seguir el argot del sector- operaciones que no en pocas ocasiones quienes las
prescriben a sus clientes no las querrían ni para sí mismos y que a veces ni siquiera comprenden del todo. La dificultad técnica de algunos de estos complejos productos impide que los consumidores puedan apreciar en toda su extensión no solo su
significado sino las implicaciones en materia de derechos y obligaciones que se derivan de la suscripción. Por ello, la información que se suministra debe ser comprensible para el cliente minorista que debe ser capaz de conocer y de
responsabilizarse de lo que contrata al tiempo que identifica los riesgos que asume.
Las turbulencias económicas de los últimos tiempos han puesto de manifiesto que tanto los organismos de supervisión -que deberían ser claves en la protección del cliente: Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la
Dirección General de Seguros- como las medidas adoptadas ante un problema cada vez más frecuente y más profundo ha resultado ser del todo insuficiente. Se ha fallado también en el requerimiento de la directiva europea conocida por MiFID, traspuesta
al ordenamiento jurídico español por la Ley 44/2007 en la que se estipulaba que las entidades ofrecieran productos adecuados a los test de evaluación de conveniencia, cuestionario, señorías, que en ocasiones ha llegado a ser incluso rellenado de
antemano haciendo creer que el perfil del contratante era de elevada cultura financiera.
Según la última memoria del servicio de reclamaciones del Banco de España correspondiente al año 2010, a lo largo de este ejercicio se han presentado 47.659 casos, datos que consolidan la tendencia drástica del incremento del año 2009, que
fue del 93%. Pero lo más significativo, señorías, es que de entre las reclamaciones cuyo informe resultó favorable al reclamante solo se rectificó el 20,1%. Este es el porcentaje más bajo desde que se publican las memorias, que en el año 2001
alcanzaron el 74,7% -hay que reconocer que los informes no son vinculantes pero sigue descendiendo-. Por este y por otros motivos el Defensor del Pueblo en los informes anuales que presenta a estas Cortes ha manifestado su disconformidad con el
proceder del Banco de España insistiendo en la insuficiencia de sus actuaciones y en la falta de neutralidad a favor de las entidades bancarias justificando que la solvencia de estas debe primar sobre la protección de sus clientes. Nadie cuestiona
la importancia de la solvencia de las entidades financieras pero ello no lo hace incompatible con la transparencia
ni impide que estos objetivos sean complementarios. Señorías, no hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca para encontrar ejemplos de estos episodios de quiebra de confianza. La responsabilidad no es de uno solo cuando el sistema ha
fallado de manera tan estrepitosa pero no podemos situar en un mismo plano porque no hay simetría ni en conocimiento del mercado, ni en los riesgos que asume al profesional del sector financiero y al usuario de un producto de estas características.
Ningún mercado puede ser eficiente si los consumidores no confían en él y están bien informados y son capaces de buscar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Señorías, les animo a que entre todos los grupos parlamentarios y los futuros
comparecientes seamos capaces de atajar un problema que para el Grupo Popular es de nuclear importancia y que responde a esa necesidad de devolver la confianza y credibilidad a la entidades financieras destacando que para ello es imprescindible
equilibrar el sistema, hacerlo más transparente y justo y abordar los excesos que se están cometiendo para repararlos y restaurar la equidad. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: A continuación en representación del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer la sensibilidad de la Mesa, del Grupo Parlamentario Popular y del resto de grupos parlamentarios que no se han opuesto a la tramitación de esta
iniciativa parlamentaria de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el sentido de que ha sido aceptada al inicio de esta Comisión. Doy las gracias por ello a todos los grupos parlamentarios, especialmente al Grupo Parlamentario
Popular. Es cierto que existe una cierta coincidencia en la iniciativa que ha presentado nuestro grupo parlamentario en el sentido de conformar una mayoría en esta Comisión de Economía y Competitividad para crear una subcomisión en el seno de esta
Comisión de Economía con el fin de analizar la normativa sobre la transparencia informativa y supervisión de las entidades de crédito en la comercialización y gestión de participaciones preferentes así como de otros productos financieros y de
contratos hipotecarios. La exposición de motivos de nuestra iniciativa parlamentaria se basa en una serie de connotaciones negativas que existen en la sociedad española desde la perspectiva de la comercialización de productos financieros en la que
desgraciadamente muchas familias españolas -muchísimas de ellas jubiladas- cuando han tenido que romper forzosamente la hucha de sus ahorros de toda la vida se han encontrado con la desagradable sorpresa de que no podían disponer de determinados
productos financieros de los que en teoría pensaban que tenían una disponibilidad efectiva al 100%. Probablemente, estas turbulencias financieras que están padeciendo algunos sectores importantes de la sociedad española han sido la principal
motivación de este grupo parlamentario para solicitar en esta Comisión la creación de una subcomisión para el estudio y análisis de la transparencia de los productos financieros que puedan existir en el futuro en cuanto a su comercialización y
análisis de los actuales con el fin de emitir una opinión de los que se han comercializado hasta la fecha. En función de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, nos gustaría que la citada subcomisión tuviera como objeto fundamental analizar
la legislación de la práctica relativa a la transparencia informativa en relación con la comercialización de productos financieros complejos, considerando el caso concreto de las participaciones preferentes y de los contratos hipotecarios así como
analizar también la forma de mejorar la capacidad de tutela de los órganos supervisores competentes en la materia. Las conclusiones de la subcomisión deberían contener un conjunto de propuestas y reformas normativas destinadas a mejorar la
transparencia informativa de los productos financieros complejos, así como dar respuesta a aquellos pequeños ahorradores afectados por la desinformación de la contratación de dichos productos. Este es el objetivo fundamental de esta subcomisión, la
cual espero -sería muy bueno- que se pueda aprobar con el máximo consenso de todas las formaciones políticas de esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posiciones intervendrán Unión Progreso y Democracia y Partido Socialista.
En representación del Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo por un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor ANCHUELO CREGO: El objeto que se propone para la creación de la subcomisión es, desde luego, importante. La falta de transparencia en la comercialización de productos financieros está detrás de algunos problemas sociales
relevantes y recientes en nuestro país, el más llamativo es el de la comercialización de participaciones preferentes. En la sesión anterior de la propia Comisión se citó que un grupo muy numeroso de personas recibieron como si se tratase de
depósitos de alta rentabilidad unos activos arriesgados que solo dan rentabilidad cuando la entidad tiene beneficios y con un mercado secundario prácticamente inexistente, lo cual ha puesto en riesgo los ahorros de un colectivo muy vulnerable. La
raíz del problema era, efectivamente, la falta de información, la falta de transparencia. Pero no es este el único caso, en otras situaciones importantes relacionadas con las hipotecas ha sucedido lo mismo; se han firmado contratos hipotecarios
con falta de información y con poca transparencia incluyendo cláusulas suelo-abusivas, incluyendo intereses de demora abusivos, y fruto de esta falta de transparencia se ha llegado a esos resultados indeseables. Por tanto, el objeto de la Comisión
es trascendente.
Otra prueba de su importancia son las iniciativas que los grupos hemos traído a la Comisión de Economía. En
la corta existencia de esta Comisión ha habido ya diferentes iniciativas relacionadas con esta cuestión y otras pendientes, alguna de nuestro grupo, que tienen que ver con estos temas. Por tanto, saludamos con simpatía la iniciativa del
grupo mayoritario de crear una subcomisión que analice estos temas con el detenimiento y con la profundidad que merecen. Nuestro grupo tendrá una actitud constructiva, dentro de los pocos medios de que disponemos. Dada la situación de que hay ya
muchas comisiones, si estas se subdividen, la multiplicación es mayor, por lo que deberíamos ser selectivos en la creación de subcomisiones, aunque en este caso el objeto de estudio parece bastante importante.
La única cautela que querría introducir es que, en opinión de mi grupo, la creación de una subcomisión debería ser compatible con actuaciones complementarias para dedicarse a estos problemas. Es decir, no debería tratarse de una subcomisión
que hasta que arroje sus conclusiones paralice cualquier actuación sobre estas cuestiones. Al contrario, debería ser compatible analizar en profundidad el problema y, dada su gravedad, seguir actuando. Si los grupos parlamentarios presentan
iniciativas, proposiciones no de ley sobre estas cuestiones no querríamos que se nos dijese que esto no tiene sentido porque hasta que la subcomisión arroje sus conclusiones no hay nada que hacer. No, el problema es urgente y es compatible el
análisis profundo con las iniciativas más inmediatas. Hay instituciones que se ocupan de estas cuestiones, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros a las que podría ser necesario instar a actuar si se
dan situaciones urgentes que lo requieran, incluso realizar cambios legislativos. Por tanto, sí a un análisis sosegado y profundo pero que en ningún momento se utilice como excusa para que hasta que las conclusiones de la subcomisión no aparezcan,
toda iniciativa sobre estas cuestiones deba ser paralizada. Hecha esta cautela, insisto en que Unión Progreso y Democracia apoya la iniciativa del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señorías, nuestro grupo va a votar a favor de la creación de esta subcomisión. Sin duda alguna es importante, es una iniciativa oportuna. No hay que olvidar que la crisis financiera internacional en la que todavía
estamos tiene que ver precisamente con la asunción de riesgos por parte de familias y de empresas frente a un sector financiero que se ha desregulado en exceso y sobre el que no ha existido suficiente supervisión, y esto ha sucedido fuera de España
y también en nuestro país. De ahí ese cáncer del excesivo endeudamiento del sector privado en España que está en el origen de la situación actual, asociado también al estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, en estos momentos es un auténtico
clamor social, porque justo cuando las familias y las pequeñas y medianas empresas están más necesitadas de financiación y de obtener una cierta rentabilidad en sus ahorros se encuentran con que las entidades de crédito, lejos de haber cambiado una
pauta de gestión inadecuada de los riesgos de quienes vienen como clientes a buscar su apoyo, están ofreciendo de manera engañosa productos que pueden agravar todavía más la situación de familias y de pequeñas y medianas empresas. Por tanto,
daremos nuestro voto, pero también queremos decir que consideramos esta iniciativa en el momento actual completamente insuficiente. Hacen falta normas que garanticen los derechos de los consumidores frente a las entidades de crédito. En ese
sentido, me sumo a la cautela que ha manifestado el diputado de Unión Progreso y Democracia. Está muy bien que haya una subcomisión -pediremos las comparecencias que consideremos adecuadas-, pero hay una situación urgente, la necesidad de una mejor
regulación y supervisión del sistema financiero para preservar derechos de todos los ciudadanos.
También quería llamar la atención sobre la preocupación que suscita a nuestro grupo que una de las primeras decisiones de este Gobierno haya sido la eliminación del Instituto Nacional de Consumo y la perspectiva de unificar las competencias
de la Dirección General de Consumo con la Agencia de Seguridad Alimentaria, algo que creemos que reduce, desde el punto de vista de la defensa en materia de productos financieros a los consumidores en España, la protección por parte de la
Administración pública. Si a eso le unimos la perspectiva de que los organismos reguladores reduzcan su número y previsiblemente hagan desaparecer de los consejos asociados a las actividades reguladas la presencia y participación de los
consumidores, vemos que en este sentido no estamos avanzando, sino más bien retrocediendo. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la desaparición del Instituto Nacional de Consumo pone en peligro, por ejemplo, convenios existentes entre
el instituto, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que han venido proporcionando un impulso a la formación para que haya un correcto asesoramiento en materia de productos financieros a los consumidores españoles.
Quisiera que España mantuviera la relación privilegiada que ha tenido en este ámbito, dentro de la OCDE, donde la anterior directora general de Consumo, Etelvina Andreu, fue nombrada a título personal y por su propia valía y competencia
vicepresidenta del Comité de Protección al Consumidor de la OCDE, cargo que ha quedado vacante porque el actual Gobierno ni siquiera ha hecho una propuesta de sustitución. Desde luego, sería interesante que, por ejemplo, esta Comisión pudiera
invitar a expertos como los que van a venir el próximo mes de mayo a Madrid, si el Ministerio de Economía mantiene, como parece, la celebración en la capital de España de la Conferencia internacional de la OCDE sobre educación financiera; igual que
esperamos que se mantenga con el programa Pisa de la OCDE el esfuerzo por parte de nuestro
Gobierno y de entidades financieras españolas para mejorar la formación en materia financiera de nuestros jóvenes en las escuelas.
Señorías, no se trata sola y únicamente de saber lo que está pasando en el mercado, no se trata solo de que conozcamos la situación actual y que saquemos las oportunas consecuencias, sino, sin ningún género de dudas, de avanzar hacia normas
como la que presentará, en forma de proposición de ley, el Grupo Parlamentario Socialista para prevenir el sobreendeudamiento y para tener en cuenta las situaciones de insolvencia personal. Hay que reforzar los derechos y no quedarse exclusivamente
en preservar una relación de confianza que si desgraciadamente se ha quebrado ha sido porque existe un profundo desequilibrio entre ciudadanos y sistema financiero.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS FRENTE A LAS COMISIONES ABUSIVAS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS REPERCUTEN A LOS USUARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000098.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la necesidad de adoptar medidas frente a las comisiones abusivas que las entidades financieras
repercuten a los usuarios. En primer lugar interviene, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Jorquera, autor de la iniciativa.
El señor JORQUERA CASELAS: Señorías, desde el inicio de la crisis hasta agosto de 2011 la inflación se incrementó en un 9,1%. Sin embargo, en ese mismo periodo el cobro de las comisiones que pagan los clientes de las distintas entidades
financieras se elevó, dependiendo del tipo de operación, entre un 13 y un 60%. En cuatro años, según datos publicados por el Banco de España, las comisiones por mantenimiento y gestión de una cuenta bancaria aumentaron un 36,94%. En este periodo
de cuatro años el cobro por emisión y mantenimiento de tarjetas se incrementó un 17,7% en el caso de las tarjetas de crédito y un 46,57% en el caso de las tarjetas de débito. Si hablamos de operaciones tan comunes como retirar dinero de un cajero
automático, las subidas oscilan, según el tipo de tarjeta y de operación, entre un 13,40% y un 60%. Es más, señorías, estos datos corresponden a los últimos cuatros años, pero si hablamos tan solo del último año, las comisiones por mantenimiento de
administración de cuentas corrientes y de ahorro se elevaron más de un 22%. Además, las entidades gravan incluso con cantidades adicionales las cuentas con saldos medios inferiores a 2.000 euros. Por lo que se refiere al dinero de plástico, la
comisión anual por tener una tarjeta de débito se incrementó en el último año un 17,9% y en el caso de las tarjetas de crédito un 10,3%.
Señorías, les pido disculpas por abrumarles con cifras, pero creo que estos datos hablan por sí solos. Estamos ante subidas totalmente abusivas que no se corresponden en absoluto con la subida de la inflación y el coste real de los
servicios; subidas que tienen lugar además en un contexto de restricción del acceso a crédito que está provocando graves dificultades para obtener financiación a empresas y ciudadanos mientras las entidades financieras siguen cerrando cada
ejercicio con pingües beneficios: Más de 9.000 millones de ganancia neta en 2011 si hablamos tan solo de los cinco grandes bancos españoles. Por eso, nos parece aún más injustificable que se apliquen estos continuos incrementos cuando los bancos
mantienen duras condiciones para conceder préstamos a sus clientes, del mismo modo que nos parece particularmente injustificable el cobro de comisiones por el mantenimiento de cuentas corrientes o de ahorro. Las cuentas corrientes y de ahorro
deberían ser consideradas un servicio financiero básico y, por tanto, debería estar exento de estas comisiones. Los gastos de mantenimiento que a las entidades financieras le ocasiona la administración de estas cuentas se ven sobradamente
compensados por el hecho de poder disponer del dinero depositado y generar con ello un valor añadido que proporciona importantes beneficios a las entidades.
Señorías, la actitud de los poderes públicos ante la banca no puede consistir en comprometer recursos públicos para sanearla e instituir en el Estado español un auténtico oligopolio financiero mientras se mira hacia otro lado ante sus
continuos abusos. En la última reunión de esta Comisión de Economía discutíamos una proposición no de ley relativa al corralito de las participaciones preferentes y hoy mismo hemos aprobado la creación de una subcomisión sobre la transparencia en
la comercialización de este tipo de productos. Es un corralito, el de las participaciones preferentes, que representa un problema social de primer orden. Tan solo en Galicia afecta a más de 100.000 pequeños ahorradores, muchos de ellos jubilados y
pensionistas. Ante situaciones de este tipo los poderes públicos deben de adoptar medidas. Coincidimos en la necesidad de crear las subcomisiones que figuran en el orden del día de esta comisión. También distintas fuerzas políticas en esta Cámara
hemos registrado una propuesta de creación de una comisión parlamentaria sobre las causas de la crisis financiera, una iniciativa que tiene por objeto conocer el grado de responsabilidad de los gestores y propietarios de las entidades en la actual
situación, analizar los abusos que se han producido sobre los ciudadanos y evaluar el papel jugado por los reguladores y supervisores del sistema financiero para con todo ello poder adoptar las medidas correctoras oportunas. Pero es necesario
también adoptar medidas inmediatas para proteger los derechos de los ciudadanos y defender el interés público y social amenazado por las consecuencias negativas que para millones
de ciudadanos tienen estas prácticas abusivas. Son medidas como las contenidas en esta proposición no de ley: impedir que, mientras se mantenga la situación de crisis económica, se produzcan aumentos injustificados de las comisiones que
aplican las entidades financieras; realizar una supervisión de estas comisiones estableciendo límites máximos por cada comisión en función de parámetros objetivos que tengan en cuenta el coste real del servicio prestado; obligar a las entidades
financieras a ofrecer al cliente información clara y transparente sobre el coste de los distintos servicios y cualquier modificación que en el mismo se pueda producir y regular legalmente la disposición de una cuenta corriente o de ahorro como
servicio financiero básico y con ello la exoneración del cobro de comisiones por mantenimiento o administración de estas cuentas por parte de las entidades financieras.
Por las razones que acabo de exponer solicito el apoyo, en nombre del Grupo Mixto a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, a esta proposición no de ley y les pido disculpas por anticipado dado que, al término del debate de esta
proposición no de ley, tendré que ausentarme de esta Comisión porque tendría que estar a estas horas ya presente en otra Comisión donde también tengo iniciativas que defender. En cualquier caso, reitero esa solicitud de apoyo y les agradezco su
atención.
La señora PRESIDENTA: Esta proposición no de ley no ha sido objeto de enmiendas. Por tanto, pasamos a continuación al turno para fijar posición. En representación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el
señor Anchuelo por tiempo máximo de cinco minutos.
El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo comparte con el Bloque Nacionalista Galego la preocupación por la situación que manifiesta. Efectivamente, las entidades financieras, muy presionadas por su falta de capital, muy presionadas por el entorno
de crisis, están buscando unos ingresos alternativos con la subida de comisiones, y algunas de esas subidas son exageradas y no se corresponden con ningún aumento del coste similar en el servicio que prestan. Por eso, algunos puntos de la propuesta
del Bloque Nacionalista Galego nos parecen aceptables, como el punto 2 o el punto 3. En el punto 2 se propone evitar abusos, estableciendo unos máximos a las comisiones. Podrían ser máximos más o menos generosos, seguramente el señor Jorquera
pensaría en máximos menos generosos de los que podríamos pensar nosotros, pero el establecimiento de máximos frente a unas subidas tan fuertes podría estar justificado. Lo mismo se propone en el punto tres, un aumento de la transparencia en el
importe de las comisiones, notificaciones con tiempo, facilitar a los clientes que no estén de acuerdo con la subida el cambio de entidad, y nos parece también una propuesta que nuestro grupo podría apoyar.
Sin embargo, el espíritu general de la proposición no de ley es mucho más intervencionista -legítimamente- que la filosofía política del grupo al que yo represento. Nos parece que las entidades financieras prestan unos servicios. Estamos
en una economía de mercado, esos servicios tienen un coste y tienen derecho a cobrar por esos servicios siempre evitando abusos, como he dicho anteriormente. Las medidas que se nos proponen, como prohibir drásticamente el incremento de comisiones
mientras dure la crisis o prohibirlas totalmente en el caso de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro o que incluso se devuelvan cantidades retroactivamente, nos parece que va más allá de la filosofía económica de Unión Progreso y
Democracia, y no podemos desde luego apoyarlo. Además, pensamos que hay que tener en cuenta la situación que ahora atraviesan las entidades financieras y poner en práctica alguna de estas propuestas empeoraría más una situación que en muchos casos
es ya delicada. Por eso, reconociendo el interés del tema que ha traído a la Comisión el señor Jorquera, mi grupo no puede apoyar su proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Intervengo muy brevemente para dar nuestro apoyo a la proposición que a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, presenta el Grupo Mixto, por coincidir con sus objetivos y también con su contenido, y para dejar
constancia, no sé si somos conscientes los diputados y diputadas de esta Comisión y el conjunto de la Cámara, de que no debe ser casual que en tan poco espacio de tiempo hayan venido a este Congreso en sus diferentes ámbitos tantas preocupaciones e
inquietudes en relación con el comportamiento de las entidades financieras. Pero, claro, ese comportamiento de las entidades financieras no parece ser una maldición bíblica que nos haya llegado del cielo, debe existir como consecuencia de algún
factor. Y yo que soy partidario, y así lo expreso, de la creación de las dos subcomisiones, creo que sería bueno que lo abordáramos de una vez por todas y lo más rápidamente posible y en ese sentido el Gobierno sin duda es el que tiene más
responsabilidad, porque están fallando claramente los mecanismos de regulación y de supervisión y, sobre todo, está fallando una cosa importante, que es la capacidad de los Ejecutivos de generar en las entidades financieras algún tipo de sentido de
responsabilidad, porque algunas de las cosas que han sucedido, participaciones preferentes o abusos claramente en las comisiones bancarias, solo es posible que se hayan producido desde una cierta sensación de impunidad por parte de esas entidades.
Por eso creemos que es urgente intervenir. Tiene razón el portavoz de UPyD cuando dice que la propuesta presentada por el representante del BNG es intervencionista, pero es que para eso está el Estado: para intervenir. Y para intervenir, si es
posible, en beneficio
de los débiles, no para intervenir solo cuando los poderosos necesitan que se les saque del agujero en el que nos han puesto. Si no, no sé para qué existe el Estado. ¿Que ese intervencionismo debe ser correcto, útil y eficiente? De
acuerdo. Pero intervencionismo sí, porque la otra medicina ya la hemos probado y nos ha llevado hasta aquí.
Señora presidenta, quiero pedirle disculpas a usted y a otros miembros de la Comisión porque yo también me habré de ausentar, no por tener otras responsabilidades en otras comisiones, sino porque mis responsabilidades como parlamentario
entran en colisión con mis compromisos como ciudadano. Los medios de comunicación me obligan a volver a mi ciudad para poder participar activamente mañana en la huelga general y me tengo que ir antes de lo que tenía previsto. Parece que los
servicios mínimos de mañana van a funcionar pero los necesarios hoy no, con lo cual he tenido que adelantar casi dos horas mi marcha hacia Barcelona. Lo siento.
La señora PRESIDENTA: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con el espíritu de la proposición. Hay alguna literatura en ella en la que haríamos algunos ajustes, pero la vamos a apoyar. También comunicamos que nosotros
registramos en su día una proposición no de ley de ese tenor para controlar de alguna forma y evitar los abusos en el cobro de comisiones. Lo ha dicho el ponente de la proposición no de ley. Es evidente y los datos son aplastantes. La información
que da el Banco de España indica un incremento en el año 2011 de comisiones de cuentas corrientes y cuentas de ahorros del 22,3 % y el 22,9% frente a una inflación del 2%. Es evidente que son incrementos de precios de servicios totalmente
desproporcionados. También tenemos que ser conscientes de que hay un informe de la Unión Europea que dice que España es después de Italia el Estado de la Unión Europea que más altas comisiones bancarias tiene.
Tenemos que tener en consideración también otras cosas, por ejemplo, que las comisiones bancarias no son iguales para todos, sino que justamente son más altas para las personas y familias más desfavorecidas. Si se tiene una nómina y se
domicilian una serie de recibos, no cobran comisión de mantenimiento; pero si se está en paro, van a poner comisiones de mantenimiento muy altas. Si se es socio accionista del banco, también me exoneran de pagar comisiones; pero si no se es socio
accionista del banco, se tienen que pagar comisiones. Es decir, las tasas no son ni siquiera iguales. Existe una importante discriminación de precios y a la inversa de la que debería existir. Otra cosa evidente es que estamos en una crisis
financiera en la que no cabe duda de que lo difícil es acceder al crédito y que ahora las comisiones bancarias no pasan a un segundo término, sino a un decimonoveno término. Con que nos den el crédito nos conformamos. Nos dan igual las comisiones
que tengamos que pagar, porque estamos asfixiados como familia o como empresa. Esta necesidad está siendo utilizada por los bancos para sanear sus cuentas y su difícil situación financiera. Por tanto, estamos de acuerdo con el espíritu, pero
hacemos un planteamiento algo distinto al de la proposición no de ley.
En el mes de octubre del año 2011 se aprobó una orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda sobre transparencia y protección a los clientes de servicios bancarios. Era muy exhaustiva y ambiciosa, pero no ha dado lugar a su
desarrollo. En el artículo 3.1 decía claramente que las comisiones bancarias son un acuerdo entre partes; y no lo decía por decir, porque esto viene de la aplicación de la Directiva europea de Servicios y de la Directiva Mifid. Si las dos partes
están de acuerdo en establecer un precio por un servicio, este es aceptable. La única exigencia es que el servicio sea solicitado o aceptado por el cliente, que el servicio sea prestado realmente y que la comisión sea proporcional al coste del
servicio. Esto es liberalizar por completo los servicios bancarios y nos tendría que conducir teóricamente a una minoración sustancial de las comisiones bancarias. Pues justamente el efecto ha sido el contrario. La liberalización total entre las
partes del establecimiento de comisiones bancarias ha subido al máximo las comisiones. Esto evidencia una falta de competitividad entre las entidades bancarias en la prestación de ese servicio, una total falta de competitividad. Por eso pedimos
que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que analice la evolución de las comisiones bancarias en este país en los últimos años y que valore y estudie por qué no existe esa competitividad. Si hemos adoptado las medidas legislativas
adecuadas de liberalización de este servicio, ¿por qué la competitividad no está surtiendo efecto? Pedimos que el Banco de España desarrolle esa orden ministerial garantizando la transparencia y la protección. Por otra parte, exigimos también el
establecimiento de obligaciones informativas estandarizadas en los bancos para garantizar la mayor competitividad. Otra medida muy importante: en este momento es necesario garantizar que las comisiones bancarias en este país a colectivos más
desfavorecidos, como desempleados o jubilados, sean más bajas. Si hay una discriminación de precios y de tasas tiene que ser a la inversa de la que actualmente existe.
La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señora presidenta, señorías, la proposición no de ley que hoy se debate a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, a pesar de todas las buenas intenciones de los que me han precedido en el uso de la palabra, está llena
de innumerables juicios de valor y -valga la redundancia- de muy buenas intenciones sobre las cuales a título personal todos podemos
coincidir. ¿Quién es el que no está de acuerdo con que las cuentas bancarias deberían estar exentas del pago de comisiones? ¿Quién no está de acuerdo con que no se apliquen cláusulas abusivas e injustas? Sobre todo injustas, según la
valoración que está en la literatura de la exposición de motivos. ¿O quién no está de acuerdo en lo que se refiere a comisiones abusivas o a prácticas bancarias ilegítimas? Ciertamente todos estamos de acuerdo en que esto no es de recibo ni propio
de un sistema moderno.
Señorías, en la práctica resulta evidente que el sistema financiero para desarrollar su actividad requiere cobrar un precio por los servicios que presta. Producir el dinero bancario es caro. Es evidente que todos desearíamos que fuera más
barato pero, frente a ese deseo, el propio Banco de España expone con claridad que el importe de las comisiones no llega para retribuir el coste del servicio que prestan las empresas financieras. Por tanto, aquí tenemos la principal dificultad y
por eso no nos parece adecuado lo requerido en los puntos 1 y 4 del petitum de la proposición no de ley. Como representante de un grupo político que defiende y cree en la libertad y que, como tal, ha de tratar de evitar todo intervencionismo
injustificado, no creemos que sea necesario en estos momentos más intervención en este ámbito. Por otro lado, tal y como se puede constatar, disponemos de un amplio marco regulatorio normativo -y algunos ya lo han dicho- que existe, en primer
lugar, para adaptar las prácticas bancarias a las normas europeas. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 29.2 requiere que el Ministerio de Hacienda garantice un nivel de protección adecuado de los usuarios de los
servicios financieros y se persigue mejorar con esta iniciativa la transparencia. La Orden 2899/2011, de 28 de octubre, que trasponía esta directiva y promovía la protección al cliente de los servicios bancarios no va a entrar en vigor hasta el 29
de abril de este año porque está en periodo de vacatio legis. Por lo tanto, cuando entren en vigor los objetivos que persigue, es decir, un texto único sobre la normativa de transparencia, actualizar la protección de los clientes bancarios,
desarrollar los principios generales de todo tipo de préstamos, se viene incidiendo en que habrá que mejorar la prestación de servicios por parte del sistema financiero. Pero lo cierto es que cuanta más calidad tenga un servicio mayor ha de ser su
precio; y si queremos servicios de calidad, de alguna manera tendremos que hacer frente a los mismos. Hay que mejorar las garantías para los usuarios del sistema financiero que tienen la necesidad de ser clientes del mismo. Es cierto que han
subido las comisiones, pero también es cierto que las tarifas máximas -y lo ha dicho un compañero que acaba de intervenir-, que sitúan a España en segundo lugar, son las comisiones máximas, no son las comisiones que se les cobran a los clientes. Es
cierto que hay una discriminación para los diferentes clientes; es cierto que esto sucede. Y es cierto que determinada posición dentro de la entidad financiera hace que, a veces, se tenga un trato especial. Pero, en todo caso, lo que también es
cierto es que el marco normativo existente ya garantiza esta cuestión.
Con respecto al punto número 2 de la proposición no de ley, que proponía que realizara una supervisión de las comisiones de las entidades financieras, ya existe la obligación por parte de las entidades de hacer público y reflejar en ese
folleto las tarifas máximas que se cobran. Pero es más, esto, que había entrado en vigor en el año 1989, es modificado por la Orden 2899/2011, por la cual las entidades de crédito deberán poner a disposición de los clientes un formulario unificado
de las comisiones que cobran por las distintas iniciativas que desarrollan. Por eso, estamos en desacuerdo con lo que propone el Grupo Mixto.
En último lugar, creemos que no es necesario desarrollar las propuestas 3 y 5 por el marco normativo que he expuesto y que viene a desarrollar lo previsto en la Ley de Economía Sostenible, en su artículo 29.2. Ciertamente, habrá que hacer
un seguimiento pero, en todo caso, creemos que no se están produciendo los anuncios indeseables que la proposición no de ley nos señala. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular se opone al contenido de la misma. (Aplausos.)
- SOBRE IMPULSO DE UN ACUERDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN COMO EJES ESTRATÉGICOS PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000001.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa al impulso de un acuerdo nacional para el fomento de la ciencia y la innovación como ejes estratégicos para la economía española.
En el turno a favor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Señorías, todo el mundo coincide -desde siempre pero en los tiempos actuales de crisis mucho más- en atribuir a la investigación, el desarrollo y la innovación una potencialidad especialmente importante. La propia
Ley de la Ciencia, aprobada en la legislatura pasada con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, estima en su introducción que sin la investigación, el desarrollo y la innovación a un nivel adecuado, no será posible introducir en la economía
española las reformas necesarias para que se produzca el cambio a un modelo productivo distinto al fracasado del ladrillo y que ha agravado, desde nuestra perspectiva particular, las consecuencias de la crisis internacional.
Los que iniciamos nuestro trabajo profesional en ese campo, allá por los años ochenta, recordamos que en aquel momento hablar de Sistema de ciencia español era una entelequia. Hoy se puede hablar del Sistema de ciencia. Quiere ello decir
que en las últimas décadas ha habido avances importantísimos. Yo cifraría su inicio en
la Ley de la Ciencia del año 1986. Pero a día de hoy -y hay que decirlo con claridad- el Sistema de ciencia y tecnología español tiene debilidades muy potentes. Es verdad que es un motor fundamental para el crecimiento; es verdad que es
la esperanza para el cambio del modelo productivo; por tanto, es verdad que es la esperanza para la salida de la crisis de manera muy especial. Pero sus debilidades, que muchas veces son salvadas por las peculiares características del propio
sistema y sobre todo de sus actores, están muy vinculadas a lo que invertimos en I+D. La inversión en I+D nos sitúa en los últimos lugares del concierto europeo, en el puesto dieciocho de veintisiete, muy por debajo de la media del porcentaje
invertido en los países de la Unión Europea y, en estos momentos en particular, con los últimos recortes más los anunciados, el sistema está próximo al colapso. Y próximo al colapso significa que la actividad de algún centro de investigación tendrá
que cesar, que habrá que deshacer equipos de investigación, que habrá que cerrar proyectos de investigación, que habrá fuga de cerebros -que está habiendo fuga de cerebros es un hecho- por incapacidad del sistema para mantenerlos vinculados y, por
tanto, todos los efectos multiplicadores de estas cuestiones. Se limita la captación de fondos, se limita la captación de contratos, se limita la posibilidad de conseguir financiación europea en proyectos de cofinanciación y, en definitiva, se
podría dañar gravemente el Sistema nacional de ciencia y tecnología si no se toman medidas adecuadas.
En este punto, quiero hacer especial referencia al objetivo fundamental de la iniciativa, que es instar al Gobierno a impulsar un gran acuerdo nacional sobre este tema. Luego se citan unos puntos, que serán estos y otros que aparezcan, que
se podrán modular por acuerdo, porque de lo que se trata es de un acuerdo nacional, de una política científica consensuada, de una política científica que ponga por delante el interés del país, que parta de la consideración de esta cuestión como una
cuestión de Estado vital para el futuro del país y, por tanto, digna de que sea puesta en el ámbito de la cooperación y del consenso y no en el ámbito de la búsqueda del desgaste del Gobierno a costa de la no resolución del problema. En este
sentido, está claro que ofrecemos la colaboración, ofrecemos la oportunidad de cooperar en la solución de los problemas porque realmente es imprescindible que se resuelvan para que la luz al final del túnel de la situación de crisis por la que
pasamos comience a verse más pronto que tarde, en lugar de optar por utilizar el problema para desgastar al Gobierno a costa de los intereses del país. He de decir que en conversaciones mantenidas con portavoces de distintos grupos, particularmente
con el portavoz del Grupo Popular, hemos encontrado la mejor disposición, supongo que siguiendo la estela de las conversaciones del presidente del Gobierno y del presidente de nuestro grupo parlamentario, respecto a intentar buscar un acuerdo y un
pacto en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y hemos llegado a un acuerdo de transacción que, manteniendo literalmente la petición de impulso del acuerdo y del pacto de Estado sobre la política científica, modula los puntos concretos que aquí
se citan y que luego pasaremos a la Mesa. Por tanto, agradezco esa recepción a la propuesta del Grupo Socialista e invito, por supuesto, a los demás grupos, porque se trata de que esta sea una apuesta colectiva del país por la importancia del tema.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular. En representación del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene
la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: En la legislatura anterior, en concreto en mayo de 2011, aprobamos, bajo un importante consenso, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una ley -repito- de consenso y de apuesta clara por la
investigación y la innovación como ejes clave de nuestro crecimiento y de nuestra competitividad, y una ley que supuso un paso al frente en el refuerzo del sistema para orientarlo hacia la excelencia, estableciendo nuevas bases que deberán permitir
la reconducción de los déficit que aún tenemos actualmente, por ejemplo, en materia de transferencia del conocimiento, y permitiendo ganar competitividad a nuestro tejido económico y productivo.
Desde el grupo que represento, Convergència i Unió, compartimos el espíritu de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Nuestro grupo ha presentado una enmienda a dicha proposición no de ley que pretendía centrarse en
los cuatro ejes que entendíamos son los más relevantes en el impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación. También quiero señalar que, no obstante estar de acuerdo con los otros puntos que contiene la proposición no de ley, nuestra
enmienda responde a que nos parecía más oportuno focalizar los aspectos más relevantes sin estar necesariamente en contra de los restantes que se habían incorporado a la proposición no de ley. Por tanto, nuestra enmienda se focalizaba en cuatro
puntos.
En primer lugar, pretendía aprovechar un instrumento de consenso para el cambio de modelo y el impulso de la I+D+i, como es la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y poner de manifiesto la importancia de este instrumento. En
segundo lugar, poner de manifiesto la importancia del mantenimiento de la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación y la apuesta decidida por la I+D+i -que de hecho siempre hemos realizado desde nuestro grupo parlamentario-, que
implica para nosotros el mantenimiento de la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación. Somos muy conscientes de las restricciones presupuestarias y de la situación económica y financiera que vive nuestro país, pero siempre hemos
defendido que la actual crisis económica y la actual situación financiera nos obligan a ser por una parte restrictivos, pero al mismo tiempo nos
obligan a priorizar las políticas y los recursos. La inversión en investigación, desarrollo e innovación para nuestro grupo ha de ser prioritaria en general, y especialmente también en las partidas presupuestarias. Es una apuesta que ha de
continuar siendo prioritaria porque es en ella en la que nos jugamos el crecimiento, un crecimiento sólido, el valor añadido en nuestro crecimiento y en nuestra estructura económica y una competitividad imprescindible para nuestro sistema.
En tercer lugar, nuestra enmienda señala la necesidad de reformar la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el fin de incrementar los incentivos
fiscales destinados a la financiación de proyectos de interés general, entre los que destacan las actividades de I+D+i. Por último, compartimos que se impulse un plan estatal de investigación y se avance en la estrategia estatal de innovación.
Proponemos actualizar la misma estrategia estatal de innovación para extender su ámbito temporal hasta 2016 reforzando la cooperación entre los distintos agentes.
Esperamos que, a raíz de las conversaciones que se mantengan con el portavoz del Grupo Socialista, parte de estos puntos de nuestra enmienda puedan ser incorporados a la transacción que se está concluyendo también con el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Tal y como se ha comentado, el debate que se ha suscitado en los últimos tiempos sobre la necesidad de modificar nuestro modelo productivo, o cuando menos diversificarlo, ha situado la innovación, el desarrollo y
la investigación en una situación de relevancia mediática que probablemente no había tenido nunca en la historia reciente de España. Hay debates que se han suscitado en los últimos tiempos: hace un par de meses la famosa casilla para la
declaración de la renta, sin ir más lejos ayer mismo la presentación de la Carta por la Ciencia por parte de la comunidad científica; en definitiva, el tema está más que nunca en la agenda política y mediática.
Lo cierto es que desde los poderes públicos hace tiempo que hemos tomado nota de ello y estamos intentando construir desde hace mucho tiempo consensos esenciales alrededor de esta cuestión. Como se comentaba anteriormente, en primer lugar,
hace un año, la aprobación de la Ley de la Ciencia, en mayo de 2011, en la que el Partido Popular tuvo una actitud de extraordinaria responsabilidad en la medida en que llevábamos dos años -que además habían coincidido con la creación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, que dirigía Cristina Garmendia- de profundos recortes que podían haber sido aprovechados en aquel momento seguramente para plantear determinados debates políticos, pero que, en cambio, no fueron obstáculo para que se llegara
a aquel amplio consenso en la aprobación de la Ley de la Ciencia.
En ese mismo sentido, se presenta por parte del Grupo Socialista una proposición no de ley para llegar a un acuerdo nacional para el fomento de la ciencia. Cabe decir que es una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, pero
que responde a la filosofía de lo que aquí transmitió el ministro Luis de Guindos en su comparecencia y a la filosofía del mensaje que lanzaron a la sociedad española el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, el señor
Pérez Rubalcaba, que hablaron de muchas cosas en su primera reunión, pero en una de las que seguramente llegaron a mayores acuerdos fue la necesidad de fomentar este consenso.
¿A qué nos conduce todo este proceso? Este proceso nos debería conducir sin lugar a dudas a una cuestión que está solicitando desde hace mucho tiempo la comunidad científica y a la que también se ha referido el portavoz socialista hace un
instante, y es que la investigación, el desarrollo y la innovación pase a ser uno de aquellos temas blindados, por decirlo de algún modo, aquello que en políticas públicas suele denominarse que forma parte de la agenda sistémica, que no se toca o
que no se convierte en tema de rifirrafe político, aunque esto es metafísicamente casi imposible que ocurra en su totalidad. Pero es cierto que hay temas, como las pensiones, por ejemplo, que pueden ser sometidos a debate político, pero en lo
esencial no se tocan. La comunidad científica nos está pidiendo que metamos en la agenda sistémica la ciencia, y estamos camino de lograrlo. Por eso estamos debatiendo hoy aquí y por eso hemos tenido voluntad todos los grupos políticos de llegar
una vez más a un amplio acuerdo en esta cuestión. Por eso recientemente la secretaria de Estado de Innovación, Carmen Vela, anunciaba que en junio presentaría el estatuto de la nueva agencia estatal de investigación que en el año 2013 estará
plenamente operativa.
Pero sería necesario aprovechar este debate para poner encima de la mesa una cuestión esencial. Es importantísimo que lleguemos a acuerdos, son importantísimas las apelaciones al consenso, por supuesto que sí, pero tenemos que ser capaces
de acertar en esta etapa, en primer lugar, con la diagnosis y, después, con la terapia. Lo dice la exposición de motivos de la proposición que presenta el Grupo Socialista. Efectivamente, somos la novena potencia mundial en producción científica,
pero en cambio pasamos a ser el país número veinticuatro cuando se habla de transferencia tecnológica. Es decir, tenemos un problema, muchas veces investigamos a los mejores niveles de Europa, pero no somos capaces de transmitir ese conocimiento a
la empresa y que finalmente sea productivo. Por eso está hoy la ciencia y la tecnología en la secretaría de Estado que depende del Ministerio de Economía y Competitividad. Esa es la filosofía.
¿La inversión pública es importantísima? Por supuesto. ¿Hay que intentar que sea siempre la mayor
posible? Por supuesto. Hay que intentar también buscar otras fórmulas. El VII programa marco de investigación de la Unión Europea nos permite buscar fórmulas que hasta ahora no hemos estudiado para conseguir 600 millones de euros
alternativos buscando retorno en algunas operaciones que anteriormente no habíamos sido capaces de conseguir. Pero a la espera de ver qué es lo que se propone en el nuevo presupuesto y teniendo en cuenta que venimos de dos años seguidos de
recortes, no olvidemos que lo fundamental es ser capaces de conseguir inversión privada. Es verdad que estamos por debajo de la media europea en inversión pública, pero mucho más por debajo en inversión privada. El Gobierno de España ya ha
anunciado algunas medidas como optimización fiscal a las empresas, fondos éticos de inversión o micromecenazgo. Algunas de estas propuestas están integradas en la proposición no de ley, y por eso tienen todo nuestro apoyo.
Nosotros hemos presentado una enmienda y hemos acabado pactando una transacción -que, evidentemente, ahora comentaremos con el resto de grupos para llegar a un acuerdo total-, pero sobre todo quiero trasladar aquí el compromiso indiscutible
del Grupo Popular con la ciencia en España. Estamos absolutamente convencidos de que esta es la buena. La ciencia y la tecnología en España han pasado por diversos estadios. Han tenido ministerio propio en gobiernos del Partido Popular, han
tenido ministerio propio en gobiernos del Partido Socialista, han dependido de Educación, han dependido de Industria; han dependido prácticamente de todo, pero estamos convencidos de que esta es la buena y de que esta vez acertamos en la diagnosis,
así como vamos a acertar con la terapia. De este modo seremos capaces de conseguir más inversión privada para nuestro sistema de innovación en España y conseguiremos -esta vez, sí, y porque la coyuntura lo requiere- que por fin la investigación, el
desarrollo y la innovación en España sea el verdadero motor económico que necesita nuestro país. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: A continuación, para fijar posición tiene la palabra el señor Anchuelo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Es bien sabido que la ciencia económica no es una ciencia exacta, pero algunas verdades ha descubierto, y una de las más claras es que el crecimiento a largo plazo de los países está muy relacionado con su nivel de
investigación y desarrollo. Sin necesidad de tratar a los científicos, simplemente observando la realidad, está claro que los países competitivos son países como Estados Unidos, como Alemania, que no se caracterizan por sus bajos salarios, sino por
un alto nivel de productividad que les permite ser competitivos incluso con salarios altos gracias a su sistema de innovación. Por eso nuestro partido, Unión Progreso y Democracia, ha centrado siempre su atención en la cuestión de la ciencia y ve
con simpatía cualquier iniciativa que la promueva, como es la que nos trae el Grupo Socialista en esta proposición no de ley. Muchas de las propuestas que incluye las compartimos, las hemos planteado en el pasado e incluso algunas han formado parte
de nuestro programa electoral. Como ellos, pensamos que el gasto en investigación y desarrollo es un gasto a preservar, y siendo conscientes también del entorno de crisis, de limitación presupuestaria, no es una partida en la que deban centrarse
los ahorros. Nos alegra ver que el Partido Popular comparte este diagnóstico, sin embargo, nos preocupa que en las medidas que hasta ahora se han tomado, como el real decreto-ley de medidas urgentes de 2011, no se considera a la ciencia como un
sector prioritario a la hora de amortizar plazas. Todas las jubilaciones se traducirán en la desaparición de las plazas, no manteniéndose un 10% como en los sectores que se consideran prioritarios. El viernes lo veremos en los Presupuestos
Generales del Estado, y esperamos que allí se refleje esta postura de preservar el gasto en investigación y desarrollo, que es un gasto que actúa a largo plazo, pero no por eso sus efectos son menos importantes.
Compartimos también la necesidad de involucrar más al sector privado, porque creemos que es uno de los defectos importantes de nuestro sistema de innovación, en el que el mecenazgo puede tener un papel importante que desempeñar en esta
cuestión. Hay un déficit importante en la cuestión del capital riesgo en nuestro país, es una asignatura pendiente que también conviene afrontar y que la proposición no de ley del Grupo Socialista incorpora. Aparece una cuestión que a nuestro
grupo le preocupa especialmente, que es la coordinación de esfuerzos. Efectivamente, hay un esfuerzo investigador estatal, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y este tema de la ciencia es más para sumar esfuerzos que para
fragmentarlos. Es importante alcanzar economías de escala. La maquinaria, los aparatos, los equipos necesarios para investigar son costosos. Creemos que esa coordinación se debe traducir en una suma de esfuerzos más que de fragmentación.
Lo que menos compartimos de la proposición no de ley es el espíritu triunfalista, como tantas veces, de la exposición de motivos. Es cierto que los gobiernos socialistas, en su primera legislatura, en sus primeros cuatro años de mandato, de
2004 a 2008, hicieron un importante esfuerzo en el gasto en investigación, y hay que reconocerlo así. No se trata de hacer una crítica destructiva, pero también es cierto que en los últimos años de mandato, con el inicio de la crisis, ellos
iniciaron algunos recortes importantes en estas partidas. Se nos dice que estamos a un gran nivel científico. Ojalá fuese así. Hemos avanzado, pero la estrategia de Lisboa nos ponía como objetivo un 2% sobre el PIB de gasto en investigación para
el año 2010, y en el año 2009 nuestro porcentaje era el 1,38 %, muy lejos del objetivo, cuando los países líderes en Europa gastan porcentajes del 2,5% y del 3%. Es decir, hemos avanzado, pero queda un recorrido importante. Se nos dice en la
exposición de
motivos que somos un país de destino de los investigadores. Ojalá fuese así. No solo no somos un país de destino, sino que muchos investigadores cualificados están abandonando nuestro país y los intentos que se hicieron de retorno no han
funcionado bien. El programa Ramón y Cajal, por ejemplo, para el retorno de investigadores españoles, nos proporciona datos como que aquellos que firmaron un contrato de cinco años en el año 2006, solo en un 37% de los casos han estabilizado su
situación, solo en algo más de una tercera parte de los casos. Por desgracia, no hay grandes investigadores extranjeros que vengan a nuestro país, sino más bien al contrario. Buenos investigadores españoles salen fuera y tienen difícil el retorno.
Este tipo de dificultades son las que nos animan a apoyar propuestas que intenten solucionar estos graves problemas. Por tanto, apoyamos la iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Del debate se deduce que se va a realizar una transaccional, que supongo que tendremos a la hora de la votación.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER LA COMPATIBILIDAD DE LA BONIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL INVESTIGADOR CON LA DEDUCCIÓN POR ACTIVIDADES DE I+D+I. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000406.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos ya a la ultima proposición no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a establecer la compatibilidad de la bonificación de la
Seguridad Social a favor del personal investigador con la deducción por actividades de I+D+i. En el turno a favor de la propuesta tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: La proposición no de ley que presentamos tiene como objetivo instar al Gobierno a modificar la legislación tributaria con el fin de permitir la compatibilidad de la bonificación del personal investigador con las
deducciones por actividades de I+D+i. Es decir, tiene como objetivo prioritario, a través de la fiscalidad, estimular las actividades de investigación, desarrollo e innovación, la contratación de personal especializado por parte de las empresas y,
por tanto, de apostar de una manera contundente por la investigación, por la innovación; es decir, por nuestra competitividad. Esta es nuestra principal razón. La segunda razón de la presentación de esta proposición no de ley está en la misma Ley
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en cuya tramitación, nuestro grupo parlamentario ya puso de manifiesto a través de sus enmiendas la necesidad de resolver este problema específico para así poder favorecer y estimular la contratación y
el impulso de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. La tercera razón, señorías, radica también en la consulta vinculante realizada a la Administración tributaria, en la que entendemos se pone de manifiesto una interpretación de
la normativa vigente favorable en relación con la compatibilidad de ambas medidas tributarias.
Uno de los ejes de nuestras propuestas económicas -es un eje permanente que ha acompañado y acompaña nuestro proyecto político y social- es el de potenciar las actividades y las políticas de I+D+i, ya que estas son para nosotros, y
entendemos que es así, la clave de la transformación de nuestro actual modelo productivo y son determinantes en la competitividad presente y futura de nuestro sistema. Desde nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que apostar por la
investigación, el desarrollo y la innovación es apostar por la generación del conocimiento, por el aumento del valor añadido, por la competitividad, y así también apostar por un crecimiento económico más sostenible. En este sentido, en Convergència
i Unió somos conscientes de la importancia de las actividades de I+D+i, y así hemos ido promoviendo una serie de estímulos fiscales a fin de fomentar e incrementar la inversión del tejido productivo en estas actividades. Tal como señalaba al inicio
de mi intervención, en la legislatura anterior y en el trámite parlamentario de aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se estableció la necesidad de emplear
instrumentos de política tributaria con el objetivo de potenciar las actividades de I+D+i e incentivar de esta manera la economía del país.
En la actualidad, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos dos tipologías de incentivos fiscales destinados a potenciar estas actividades en lo que se refiere a la investigación, que son incompatibles y excluyentes uno del otro. El
primero, corresponde a las bonificaciones del personal investigador que tiene como fundamento la contratación del personal especializado para el desarrollo de proyectos de I+D+i y, el segundo, la legislación prevé una deducción en la cuota íntegra
en el impuesto de sociedades para todas aquellas empresas que realicen actividades de I+D+i. La legislación actual establece que las empresas o instituciones tienen que optar exclusivamente por uno de los dos incentivos, sin que quepa la posibilidad
de aplicar el otro. No obstante, esta normativa que parecía clara e inamovible fue matizada a través de una consulta tributaria. Dicha consulta, a nuestro entender, abre la posibilidad a las empresas e instituciones que realicen actividades de
I+D+i de la opción por la bonificación para aquel personal que no esté incluido en las deducciones y a la inversa. Por todo ello, desde el grupo parlamentario que represento, consideramos que es fundamental que desde el Gobierno se promuevan las
actividades de I+D+i y se promueva también una mejora en la seguridad jurídica de los incentivos fiscales. En este sentido, nuestro grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley que tiene una doble finalidad: por una parte, promover la
seguridad
jurídica y reforzar la posición de la Administración tributaria, evitando el conflicto en la aplicación de la normativa tributaria; y, por otra -y estrechamente vinculada a la primera consideración-, estimular las actividades de
investigación, desarrollo e innovación y la contratación de personal especializado.
Señorías, termino. He dado tres razones fundamentales para instar al Gobierno en esta proposición no de ley a modificar la legislación tributaria vigente en los términos que incorpora dicha proposición. Una de ellas, una de las tres
razones, es la consulta vinculante, no la única. Este mensaje quiero dirigirlo a todos los grupos, a los que pediríamos que se sumasen a esta iniciativa. Pero este mensaje va dirigido muy especialmente también a los portavoces del partido del
Gobierno. Es necesario, señorías, activar instrumentos de apoyo a la actividad de investigación, desarrollo e innovación. Esta fiscalidad en concreto, señorías, representa un coste bajo y, en cambio, tiene un retorno muy elevado en términos de
crecimiento y competitividad.
Por último, agradecemos la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, que aceptaremos en gran medida, y agradecemos a dicho partido que compartan el espíritu y la letra de esta proposición que tiene en las tres razones que he expuesto
su máxima expresión y a la que esperamos puedan sumarse los restantes grupos parlamentarios si realmente compartimos la apuesta por las actividades de investigación, desarrollo e innovación y también por la competitividad y un crecimiento con valor
añadido en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el señor Caldera, en representación del Grupo Socialista, que ha presentado una enmienda al texto de la proposición no de ley.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora Riera creo que esta iniciativa es complementaria del debate que hacíamos con anterioridad, que está bien orientada, dado que justamente los incentivos fiscales a las actividades de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica son una vía absolutamente fundamental para fomentar la innovación y la investigación en las empresas y para aplicar y desarrollar la ciencia. Por tanto, nos parece que tiene pleno sentido. Aunque el sistema de
incentivos fiscales para este tipo de actividades es uno de los más ventajosos de Europa -está reconocido por la OCDE-, cierto es que no se ha generalizado demasiado su uso entre el tejido empresarial. Probablemente haya algunas causas para ello:
dificultad de identificar y calificar las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica; creencia de que es necesario disponer de un departamento de I+D dentro de las empresas; quizá cierto sentimiento de inseguridad jurídica
en ocasiones; desconocimiento a la hora de cómo documentar los proyectos y los gastos efectuados. Esto late tras este tipo de actividades. Además, para poder optar a alguno de los incentivos descritos, las empresas tienen que presentar o aportar
un informe motivado que debe ser emitido por el departamento competente en la materia, relativo al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos exigidos por cada uno de los textos normativos de referencia. En fin, el proceso tiene cierta
complejidad.
No obstante, si observamos la evolución de las solicitudes de informes motivados entre el empresariado español, veremos que ha ido aumentando en los últimos años y, por tanto, la tendencia -tengo aquí la tabla de evolución- es claramente
positiva: en el año 2004 se presentaron 298 solicitudes y en el año 2009 -último del que tengo datos- fueron 2.533; por tanto, ha habido claramente un aumento de las mismas. Pero es verdad que en cuanto al tipo de empresas solicitantes -y esto es
importante para justificar la enmienda que le hemos presentado, señora Riera-, se observa un ligero predominio de las grandes empresas frente a las pymes -presentan más las grandes empresas que las pymes- y los datos también muestran una importante
diferencia entre grandes empresas y pymes en cuanto al número de proyectos. Una empresa puede presentar, como es lógico, más de un proyecto. Un 89% de las pymes solo presenta uno y, sin embargo, en el caso de las grandes empresas, este porcentaje
se reduce hasta el 52%, lo que significa que una parte importante de ellas, por encima del 30%, presentan dos o más proyectos para la acogida a cualesquiera de estos beneficios.
La propuesta que realiza su grupo, señoría, para hacer compatibles estos dos tipos de incentivos previstos por la legislación española, puede ser sin duda una medida favorable para potenciar el uso de los mismos por parte de nuestras
empresas. Pensamos que, vista la importancia y la tasa de retorno, como aquí se indicaba, de este tipo de actividades, se pueden hacer compatibles, siempre y cuando se soliciten para proyectos nítidamente diferenciados en objetivos y duración, y
también deberíamos tener alguna cautela para evitar el posible mal uso de este tipo de instrumentos. Para promover un mejor reparto de los incentivos, la medida debería ir acompañada de una intensificación de mecanismos de transparencia y control
de las empresas y de las entidades que opten a estos incentivos. En todo caso, para fomentar una mayor actividad de este tipo en el conjunto del tejido empresarial, la medida podría de algún modo dar prioridad a pymes y también a aquellas empresas
que soliciten por primera vez algunos de estos incentivos, dado que es muy importante abrir el camino, comenzar con este tipo de actividades. Por ello la propuesta de enmienda adicional que proponemos contiene estos elementos: que los proyectos
estén nítidamente diferenciados en objetivos y duración, que se intensifiquen, si es posible, los mecanismos de transparencia y control de los beneficiarios de estos incentivos y que el nuevo modelo pueda dar prioridad, al menos en parte, a pymes y
a aquellas empresas que soliciten los incentivos por primera vez.
La señora PRESIDENTA: A continuación, comenzamos el turno para fijar posición, cada parlamentario tendrá un tiempo máximo de cinco minutos. En representación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor
Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: La proposición no de ley de Convergència i Unió nos pide compatibilizar dos incentivos a la investigación: las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, que buscan fomentar la contratación de personal
investigador, y la deducción por actividades de I+D en el impuesto sobre sociedades, que busca promover el desarrollo de los proyectos de investigación. Estos incentivos, como bien se ha explicado, son hoy mutuamente excluyentes. Parte de la
argumentación nos resulta difícil de compartir, porque se utiliza como argumento de autoridad una consulta vinculante de la Agencia Tributaria, la consulta 0247-09 que, en nuestra opinión, no sustenta el argumento, porque lo que se dice en ella es
que es obligatorio optar entre un incentivo u otro. Entonces no entendemos muy bien la conclusión que se saca: como la Agencia Tributaria nos dice que es obligatorio optar, eso apoya que sean compatibles. Esa parte del argumento, no sé si debe a
falta de comprensión por nuestra parte, pero no nos parece muy convincente. Sin embargo, como bien se ha explicado, hay otros motivos que pueden apoyar la propuesta, como es la importancia de las actividades de I+D que hemos discutido ya en esta
Comisión y como es que el coste presupuestario de esta medida seguramente no sea muy elevado. Y, dado que es probable que otro tipo de apoyos a la investigación se vean afectados en este entorno de recorte presupuestario, una medida de este tipo
puede tener sentido. No obstante querríamos resaltar que, en opinión de Unión Progreso y Democracia, este tipo de medidas deberían tener un carácter excepcional. Se presentan muy a menudo propuestas para aumentar las deducciones en el impuesto de
sociedades, y deberíamos ser conscientes de que esto tiene un coste. El impuesto de sociedades ha visto caer ya drásticamente su recaudación; probablemente tarde en recuperar sus niveles, y cada una de esas reducciones sirve a un fin positivo y
parece que siempre hay que aprobarlas, pero no es así, tienen un coste fiscal y la suma de costes fiscales puede afectar a un impuesto que está en una situación ya muy delicada.
La filosofía general de nuestro partido, Unión Progreso y Democracia, respecto del impuesto de sociedades es más bien la contraria, simplificar las deducciones, simplificar el impuesto, reducir las exenciones y no complicarlo más. Por
tanto, apoyamos esta propuesta como un caso excepcional pero no como algo que con carácter general apoyemos, y me refiero a incrementar el número de exenciones en el impuesto de sociedades. Somos partidarios, por el contrario, de simplificar ese
impuesto.
Lo mismo pasa con la Seguridad Social. La Seguridad Social está ya en déficit y deberíamos tener en cuenta el efecto sobre las cuentas de la Seguridad Social de añadir más y más bonificaciones en las cuotas. Introduzco estas reflexiones
generales para precisar la postura de mi grupo, pero insisto que en este caso concreto, tratándose de actividades de investigación y de un coste presupuestario limitado, apoyaremos la propuesta.
La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO ARGÜELLO: Para el Grupo Parlamentario Popular y, por las intervenciones que he oído, para el resto de los grupos parlamentarios, parece evidente que tanto los países como las diferentes empresas que hacen una apuesta
decidida por la inversión en investigación, desarrollo e innovación lógicamente tienen una mayor de bienes de producción, especialmente los que mayor contenido tienen en valor añadido, y esto a su vez hace que se creen puestos de trabajo -objetivo
fundamental de todo el Gobierno, no solamente del departamento de Economía y Competitividad, sino de todo el Gobierno del Partido Popular, dada la dramática situación que estamos viviendo todos los españoles en este momento-, y no solamente crea
puestos de trabajo sino que estos además son los mejor retribuidos. Por lo tanto, estaríamos aumentando lo que todos venimos en denominar el bienestar social de nuestro país.
Esta apuesta decidida -que entendemos que es el espíritu que subyace de esta iniciativa parlamentaria que trae en este caso Convergència- es muy loable; no obstante por parte del Grupo Parlamentario Popular creemos que expresar un objetivo
o presentar una inicia no es suficiente para hacer realidad este deseo que entiendo que recogemos todos y cada uno de los distintos grupos parlamentarios. ¿Y por qué? Porque siempre que actuamos, máxime en un tema de absoluta trascendencia, como
es la apuesta decidida por la investigación, el desarrollo y la innovación, hay que hacerlo con dos características absolutamente fundamentales, como en este caso concreto entiende esta portavoz, de forma rigurosa -como no puede ser de otro modo en
algo tremendamente importante-, y además desde el punto de vista de la legalidad. Recordemos que estamos en un Parlamento, garante de todas y cada una de las legalidades de las normas que emanan de él. Por estas dos razones, desafortunadamente, no
vamos a apoyar esta iniciativa desde mi grupo parlamentario, primero porque no es rigurosa -y ya lo ha comentado aquí concretamente el portavoz de Unión Progreso y Democracia-, porque usted hace referencia para sustentar esta iniciativa a dos
informes. El informe o la consulta vinculante -la propia palabra lo dice, vinculante- que se hace en 2009 a la Dirección General de Tributos no abre esa posibilidad, porque si la hubiese abierto y fuese vinculante se tendría que aplicar,
lógicamente. Del mismo modo, respecto del informe de 2011, al que hace usted refe
rencia en un segundo momento, de la Dirección General de Tributos, he consultado al ministerio y me dicen que no ha sido publicado pero que efectivamente existe ese informe, pero no ratifica la compatibilidad. Por lo tanto, si esto no es
riguroso y en lo que usted basa su iniciativa, en la parte expositiva, no solamente no es riguroso sino que no es cierto, desde este grupo no me queda otra que pedirle que retire su iniciativa parlamentaria. Y le puedo hacer llegar los dos informes
a los que usted hace referencia para que se los termine de leer, donde concluye que no es así, que no se abre esa posibilidad.
Además decía que mi grupo parlamentario entiende que cualquier iniciativa tiene que estar dotada de legalidad, como no puede ser de otro modo, y en esa legalidad, en materia de incentivos fiscales, hay un principio que rige nuestra nación y
es que los incentivos fiscales no se pueden aplicar por partida doble en la misma actividad. Por lo tanto, si esto no está dotado de rigurosidad ni de legalidad, no solamente no podemos apoyarlo sino que le reiteramos la solicitud de retirada de
esta iniciativa parlamentaria.
Para el Partido Popular -y creo que para todos los grupos- la investigación, el desarrollo y la innovación es un instrumento claro de transformación, tanto económica como social de nuestro país, por lo que tiene que obedecer a mecanismos de
legalidad, de transparencia y de seriedad. Por ello, le reitero que esto no es serio. Y hablando de seriedad le recuerdo otras épocas que ya han pasado en nuestra nación en las que se decía que poniendo en marcha una ley de economía sostenible iba
a cambiar el modelo productivo de nuestro país. Pues bien, no ha sido así. Todos sabemos que para cambiar el modelo productivo se requieren largas y decididas reformas estructurales, que son las que está acometiendo este Gobierno del Partido
Popular, reformas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, en la transparencia, en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, etcétera. Por lo tanto, en el Partido Popular nos preocupa, como no puede ser de otro modo,
la apuesta en la investigación, el desarrollo y la innovación, pero como lo dicen los organismos internacionales y de reconocido prestigio. Concretamente el último informe de Cotec dice que le preocupa la evolución del sector empresarial,
fundamental en este país para generar empleo, que es el primero de los problemas que tenemos y en el que todos nos tenemos que volcar, y le preocupa, dice textualmente, por el deterioro de la capacidad tecnológica competitiva, absolutamente
necesario para que nuestras pequeñas y medianas empresas sean viables y de este modo generar riqueza y, por ende, empleo -insisto- tan necesario en nuestro país. En el Partido Popular entendemos que los españoles tenemos iniciativa sobrada y
talento suficiente para superar el desafío que tenemos en este momento. Este reto es muy importante y es urgente, y por lo tanto las políticas han de ser realistas, ambiciosas y bien dirigidas. Para recuperar el tiempo perdido, le pedimos una vez
más que retire esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Señora Riera le doy la palabra a los solos efectos de aceptar o rechazar -lo siento señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular- la única enmienda presentada, que es la del Grupo Parlamentario Socialista, porque no
hay una enmienda de retirada de la iniciativa. Señora Riera, en relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, decía que la aceptaba en gran medida, si lo he entendido. ¿Eso significa que la acepta o no la acepta?
La señora RIERA I REÑÉ: Sí, aceptamos la enmienda y ahora pasaremos el texto definitivo.
La señora PRESIDENTA: ¿Hay una transaccional?
La señora RIERA I REÑÉ: Sí, hay una transaccional.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
Vamos a proceder a las votaciones, pero antes suspendemos un momento porque necesitamos las enmiendas transicionales, que las hay en tres iniciativas. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación, que va a ser un poco complicada. En primer lugar, vamos a votar la creación de las subcomisiones.
Solicitud de creación de una subcomisión con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y a
las del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, pasamos a la solicitud de creación de una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, en conexión con la solicitud de la creación propuesta
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha sido objeto de una transaccional de estudio de la Comisión. ¿Conocen todos los portavoces la transacción en el objeto de la Comisión? (Asentimiento.)
Pues pasamos a votar esa comisión con ese objeto.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, pasamos a la votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de impulso de un acuerdo nacional para el fomento de la ciencia y la innovación como ejes
estratégicos para la economía española. Esta proposición no de ley ha sido objeto de una transac
ción, que ha sido anunciada en el debate. ¿Conocen todos los portavoces la transacción? (Asentimiento.)
La sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad el texto de esta proposición no de ley, en los términos que se han deducido del debate.
A continuación, pasamos a la votación de la proposición no de ley propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas frente a las comisiones abusivas que las entidades financieras repercuten a los
usuarios, en los términos presentados por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Para concluir pasamos a la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a establecer la compatibilidad de la bonificación de la Seguridad Social a
favor del personal investigador con la deducción por actividades de I+D+i. Esta proposición no de ley ha sido objeto de una transacción. ¿La conocen los portavoces? (Asentimiento). Pasamos pues a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.