CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 52

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER

Sesión núm. 3

celebrada el miércoles,

14 de marzo de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000024) ... (Página2)


Proposiciones no de ley:


- Sobre modificación del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000308) ... (Página2)

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- Sobre reforma del sistema financiero y creación de un polo de banca pública, mediante la nacionalización de las cajas de ahorro y sus bancos participados. Presentada por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
(Número de expediente 161/000185) ... (Página5)


- Sobre medidas en relación con la falta de transparencia y liquidez de los ahorros invertidos en participaciones preferentes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000188) ... href='#(Página10)'>(Página10)


- Sobre medidas para prevenir situaciones de sobrendeudamiento de particulares, proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución y favorecer la dación en pago. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000198) ... (Página16)


- Sobre la limitación de los intereses de demora en los préstamos hipotecarios y otras medidas de protección a los deudores hipotecarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000389)
... (Página20)


Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000024).


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


En primer lugar, vamos a proceder a la elección de la Vicepresidencia primera de la Mesa. Si no tienen ningún problema, vamos a proceder a la elección por asentimiento de don Jesús Caldera Sánchez-Capitán. ¿Estamos de acuerdo?
(Asentimiento). Doy las gracias al vicepresidente primero, al que sustituye, y ruego al elegido que ocupe su sitio en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-Aplausos).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 348 BIS DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, INTRODUCIDO POR LA LEY 25/2011, DE 1 DE AGOSTO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000308).


La señora PRESIDENTA: Antes de empezar, les anuncio que las votaciones serán acumuladas y que no se producirán antes de las seis de la tarde.


Pasamos al segundo punto del orden del día: Proposición no de ley sobre modificación del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, introducido
por la Ley 25/2011, de 1 de agosto. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha presentado una proposición no de ley que hace referencia a la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo de 2 de julio, introducido por la Ley 25/2011, ley que por cierto se discutió la pasada legislatura y obedecía al traspaso de una directiva de sociedades de capital. Quiero recordar que la incorporación de
esta modificación se llevó a cabo a través de una enmienda presentada por el Grupo Popular y aceptada por el Grupo Socialista. Todos los grupos, incluidos los proponentes, tuvimos un tiempo prudencial para hacer un análisis a fondo de las
consecuencias que podía tener aquella enmienda que se incorporó al final del debate del dictamen. Desgraciadamente, tras siete u ocho meses de vigencia, esta enmienda que aprobaron los dos grupos mayoritarios, con la abstención de otros grupos como
Convergència i Unió, ha dado lugar a que algunos grupos, como el nuestro, se planteen traer a discusión en esta Comisión una proposición no de ley de esta envergadura, porque, desde nuestro punto de vista, puede llegar a ser nociva para el buen
funcionamiento de las sociedades no cotizadas en Bolsa, básicamente sociedades familiares.


Cuando se aprobó esta enmienda, todos pensamos que se trataba de la incorporación de un precepto que instalaba una serie de mecanismos para evitar el abuso de la mayoría accionarial respecto a los minoritarios.

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Los grupos que la plantearon en aquel momento pensaron que podría ser un mecanismo interesante para combatir el riesgo de opresión de los socios minoritarios. Desde nuestro punto de vista, la introducción de este precepto no ha logrado
equilibrar la situación entre mayoritarios y minoritarios, sino que se ha pasado de una conflictividad por abuso de la mayoría a una conflictividad por abuso de la minoría. Si la incorporación de aquella modificación en la Ley de Sociedades de
Capital no pudiera corregirse a través de una iniciativa como la que nuestro grupo parlamentario ha presentado, podría conllevar la desviación de fondos sociales de su destino más razonable -reinversión, dividendos en porcentaje inferior a un
tercio- y el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad frente a terceros, por ejemplo, frente a los bancos y a los acreedores. Asimismo, podrían producirse abusos por parte de la minoría accionarial, en primer lugar, porque la
legislación no permite disposición contraria o complementaria en los estatutos, como se preveía en la antigua normativa; en segundo lugar, porque no limita su aplicación a situaciones de abuso de derecho por parte de la mayoría, sino que es
aplicable ipso facto a partir del quinto año de la vida de la sociedad -estamos hablando de una legislación que hoy está en vigor para aquellas sociedades que tienen más de cinco años de antigüedad, que son la mayoría de las empresas familiares que
están operando en nuestro país-; en tercer lugar, porque no permite excluir su aplicación cuando motivos de interés social o de cumplimiento de obligaciones contraídas con terceros justifiquen la no distribución de dividendos. Desde esa
perspectiva, en un momento de crisis como el actual, con una fuerte restricción de crédito a las empresas, la presente normativa perjudica extremadamente a las sociedades no cotizadas, ya que, además de no obtener recursos financieros bancarios y de
no poder acudir a los mercados de capitales para financiarse, se van a ver obligadas a dedicar una parte de sus fondos a adquirir las acciones de los socios que ejerciten el derecho de separación por falta de distribución de dividendos o a la
distribución forzosa y anual de un tercio de sus beneficios ordinarios como dividendos, que es la alternativa que tienen esas empresas. Nuestro grupo parlamentario considera relevante establecer medidas alternativas que fomenten la capitalización y
mejoren la autofinanciación empresarial, con el fin de reforzar su solvencia, evitando posibles desajustes futuros, lo que a su vez reportará mayor credibilidad a las mismas y al conjunto de la economía española. Por este motivo, ha presentado esta
proposición no de ley, en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar en el plazo más breve posible la reforma del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, para garantizar que ni la distribución como dividendo de un tercio de los beneficios del ejercicio a partir del quinto año de constitución de la sociedad ni, en su caso, el ejercicio del derecho de separación por su no
distribución sitúen a ninguna sociedad no cotizada en causa de reducción de capital o de disolución obligatorias o en situación de insolvencia, actual o inminente, o puedan conllevar el incumplimiento de las obligaciones que la sociedad haya
contraído con terceros o poner en entredicho la viabilidad de estas empresas. Por este motivo planteamos esta modificación.


El Grupo Popular nos ha presentado una enmienda. Cuando su portavoz la haya defendido, incorporaremos algún elemento para precisar más esta iniciativa que hemos planteado.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley han sido presentadas dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. En defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Agradezco al señor Sánchez i Llibre la presentación de esta proposición no de ley. Después de sus explicaciones, todos hemos entendido con una claridad meridiana el fondo de la cuestión que plantea. Aquí
estamos hablando de la protección de mayoritarios o minoritarios en las sociedades de capital. Soy consciente de que el texto objeto de la proposición no de ley parte de una modificación que se efectuó en la legislatura pasada, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular, a través de una enmienda que fue aceptada por la mayoría de esta Comisión. Estamos hablando de un tema que está a mitad de camino entre el objeto de estudio de esta Comisión y de la Comisión de Justicia. De hecho, una
gran parte de la ley tiene mucho que ver con las funciones del Ministerio de Justicia.


La modificación que presentó el Grupo Parlamentario Popular introdujo un derecho de separación de los socios de compañías no cotizadas por falta de distribución de dividendos a partir del quinto año. Se trataba de dar una protección a los
minoritarios frente a los abusos de los mayoritarios. Decía el señor Sánchez i Llibre que estábamos hablando de empresas familiares. En estas empresas hay familiares que son mayoritarios y familiares que son minoritarios y todos conocemos
situaciones en las que la mayoría en una sociedad puede llevar al minoritario a sentirse en una situación marginal, porque se le niega la participación en los dividendos, que no puede exigir porque no tiene una mayoría cualificada en la empresa. El
Grupo Parlamentario Popular pretendía abordar una mayor protección del minoritario, haciendo que en las sociedades de capital el mayoritario se viera obligado a atender las necesidades de los socios minoritarios, y parece que la búsqueda de ese
equilibrio es un camino adecuado. Bien es verdad que después de la modificación puede producirse una situación no deseada, y es que la actitud de los minoritarios ponga en riesgo la viabilidad del proyecto empresarial, porque pida que la sociedad
se haga cargo de las acciones, dificultando así la viabilidad de la sociedad por problemas financieros,

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sobre todo en un momento en el que estamos viendo que las entidades tienen grandes dificultades para financiarse y un camino puede ser el no reparto de beneficios o la sustitución de capital propio por capital ajeno.


Mi grupo ha presentado una enmienda en la que se insta al Gobierno a que busque un mayor equilibrio. Es verdad que hay que proteger al minoritario de los abusos del mayoritario, pero también es verdad que hay que hacerlo sin poner en
peligro, mucho más en momentos de crisis como los actuales, la viabilidad de las empresas. Proponemos al Grupo de Convergència i Unió que en el marco del nuevo Código Mercantil, que ya se está estudiando, se aborde una modificación que equilibre
esa situación. No queremos abusos de mayoritarios, pero tampoco queremos que los minoritarios pongan en peligro empleo y empresas que son viables. Pedimos al grupo proponente, al Grupo de Convergència i Unió, que acepte nuestra enmienda. Me piden
que haya una transacción añadiendo un verbo, esto es, que al estudio se le añada el impulso, es decir, que el Gobierno no solo estudie sino que también impulse. Me parece razonable y la aceptaría, en el bien entendido de que hay que dar un margen
de tiempo al Gobierno para que lo haga. Soy consciente de que cuanto antes se haga mejor, porque muchas sociedades no saben si esto se tiene que producir en los beneficios de 2011 o de 2012 y eso puede llevar a que las empresas empiecen a tener
problemas. Cuanto antes se haga mejor, pero es importante que de esta Comisión salga un mensaje diciendo: Es bueno proteger al minoritario, pero es también una excelente idea que la viabilidad de la empresa no se vea entorpecida por su actitud.


La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Señorías, entendemos bien las razones aducidas por el grupo proponente; son razones que tienen que ver, como en la propuesta se indica, con las dificultades en las puede poner a la posición mayoritaria una norma que
pretendía proteger a la minoría de una decisión sistemática de la mayoría en forma de no distribución de beneficios. Esto no ocurre solo en sociedades patrimoniales o mercantiles, ocurre cada día en sociedades familiares, que por lo demás
constituyen un ámbito de conflictividad tradicional.


La propuesta que dio origen al cambio tenía la idea de dotar de una protección suficiente a la posición minoritaria en la compañía. El grupo enmendante observa ahora que esa protección del minoritario puede obstaculizar el desarrollo de la
compañía y en ocasiones límite podría llegar a hacerla desaparecer como consecuencia de una posición beligerante, en forma de salida de la minoría del capital de la compañía en momentos delicados. Este es un viejo debate y un viejo problema y creo
que nuestra posición se podrá entender bien. Es una posición basada en el hecho de que seis meses de vigencia de una norma no suelen ser suficientes para valorarla. Estos argumentos que estamos aduciendo ahora mismo estuvieron presentes con
seguridad en la discusión que dio origen a aquel cambio. No nos negamos a que se produzca ese cambio, en absoluto, si hay evaluaciones y pruebas suficientes de que el mantenimiento de una norma como la que aprobamos en su día, el 31 de agosto del
año pasado, hace aproximadamente seis meses, está produciendo efectos contraproducentes y contrarios a los que inicialmente pretendía. Un viejo amigo y compañero economista, recientemente fallecido, decía que lo más destacable de la normativa
laboral era todo aquello que no se preveía en ella. Luis Toharia tenía toda la razón, pero no le demos pie aquí a volver a tenerla. Vamos a hacer algo después de producir algún tipo de análisis razonable de qué es lo que ha pasado en estos
primeros meses de aplicación de esta norma; vamos a tratar de obtener pruebas empíricas de que efectivamente esto puede ser perjudicial incluso para los objetivos que inicialmente pretendía, que son los de fortalecer a la posición minoritaria, sin
perjuicio de que desapareciera o que obstaculizara el propio desarrollo de la empresa y de la compañía. Desde esa perspectiva, coincidimos bastante con las reflexiones que se han hecho, tanto por parte de los proponentes como por parte del primer
grupo enmendante, en este caso el Grupo Popular.


Hemos presentado una enmienda que solicita, en primer lugar, que a la mayor brevedad posible el Gobierno haga no una reforma de la norma sino un análisis de su funcionamiento, de las consecuencias, de los efectos prácticos que ha tenido esta
previsión contenida, y que la presente en su caso; no es necesario que sea así. Incluso podemos ir aún más allá. Si de ahí se deduce efectivamente la conveniencia, que se apruebe el cambio de este texto; no nos negamos, pero no somos partidarios
de cambiar normas en pocos meses, aunque sean importantes. Nos gusta que las normas tengan su vigencia, su posibilidad de análisis y que nos dé tiempo a todos a saber cómo funcionan para poder extraer consecuencias útiles para el conjunto de la
sociedad.


Esta es nuestra posición. Insisto en que no nos negamos al cambio, pero previamente queremos instar al Gobierno a producir una evaluación de cómo ha funcionado en este tiempo. Ese es el espíritu de la enmienda que hemos presentado.


La señora PRESIDENTA: A continuación, por un tiempo máximo de cinco minutos, tienen la palabra los grupos que no hayan intervenido para fijar su posición.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Nos parece que el razonamiento que hay detrás de esta PNL es muy sólido, que ha sido expuesto con mucha claridad por el señor Sánchez i Llibre y que, además, tiene el rigor técnico que suele caracterizar todas las
iniciativas de este grupo. Lo único que nos preocupa es que así como parece claro

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que el vigente mecanismo de protección de los minoritarios es demasiado rígido, suprimirlo podría dar lugar a una desprotección de los minoritarios.


Creemos que la enmienda que propone el Grupo Popular de buscar el equilibrio podría aclarar esta cuestión, y en esos términos mi grupo la apoyaría.


La señora PRESIDENTA: A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas -he entendido que había una transaccional incluso a la proposición no de ley-, tiene la palabra el representante del grupo parlamentario proponente.


El señor SÁNCHEZ I LIBRE: Quiero disculparme ante el Grupo Socialista porque no había mirado las enmiendas y no me había dado cuenta de que habían presentado una. Después de haber escuchado los argumentos de su portavoz, don Valeriano
Gómez, entendemos que en el fondo quizá podríamos compartir las mismas preocupaciones que tiene el grupo enmendante, pero nos gustaría más subsumirlas en la enmienda presentada por el Grupo Popular, en el sentido de que se estudie y se impulse esta
modificación.


Solo quiero hacer una pequeña aclaración, señora presidenta. Si lo que dice esta enmienda tan importante hubiera venido en el texto de la ley y todos los grupos hubiéramos podido estudiarla, evaluarla, confrontarla con muchos especialistas
societarios, quizá hubiéramos llegado a la misma conclusión; pero es que esto se nos colgó en el último momento de una enmienda sin poderla debatir, y ahora vemos que podría tener efectos nocivos. No lo sé. Estas preocupaciones al Gobierno...


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez i Llibre, no comience otra vez la defensa.


El señor SÁNCHEZ I LIBRE: Gracias, señora presidenta.


Aceptamos la propuesta del Grupo Popular, en la que también se recoge el espíritu de la del Grupo Socialista.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo tiene problemas para aceptar esta transaccional? (Pausa).


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Si se hace una transacción, por nuestra parte no hay problema.


- SOBRE REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO Y CREACIÓN DE UN POLO DE BANCA PÚBLICA, MEDIANTE LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO Y SUS BANCOS PARTICIPADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL
(Número de expediente 161/000185).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre reforma del sistema financiero y creación de un polo de banca pública, mediante la nacionalización de las cajas de ahorro y sus
bancos participados.


No he comentado antes, porque lo habíamos hablado con los portavoces, que como no hay intervenciones de todos los grupos vamos a seguir lo que dice el Reglamento; es decir, diez minutos, ateniéndose al tiempo, para los grupos proponentes y
enmendantes y cinco minutos para los grupos que fijen su posición.


Para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Nuestro grupo presenta esta proposición a sabiendas de que va a ser derribada por la mayoría conservadora de esta Comisión. No obstante, nos parece muy interesante poner encima de la mesa este tema para
reflexionar sobre el problema al que hace referencia. Partimos de un hecho básico y es que en nuestra economía hay dos problemas fundamentales que no están solucionándose: el primero, es la falta de crédito y, el segundo, la falta de demanda. Las
familias y las empresas están altamente endeudadas y no pueden consumir con los ingresos que tienen, derivado de los procesos de desigualdad que han venido operando en las últimas décadas; por otra parte, la banca privada no está haciendo fluir el
dinero que está recibiendo de los mercados internacionales de una forma especialmente barata. Por tanto, hay enfrentar estos problemas. Este Gobierno y el anterior ya intentaron hacerlo con reformas del sistema financiero que estamos viendo que
son claramente ineficaces.


Nosotros proponemos la existencia de una banca pública. Creemos que si al emerger esta crisis hubiera existido una banca pública los efectos negativos de la misma hubieran sido mucho más reducidos. Pensamos esto porque precisamente la
banca pública no opera con la misma lógica que la banca privada. Cuando la banca privada recibe financiación en los mercados internacionales tiene que enfrentar un dilema: si prestar a los mercados financieros internacionales, altamente
especulativos, y obtener una rentabilidad muy elevada o, por el contrario, prestar a la economía real en un momento de recesión, lo que significa que su rentabilidad será mucho más reducida. Como la lógica de estas entidades privadas, los bancos,
es precisamente la obtención del máximo beneficio en el menor espacio de tiempo posible, la banca privada, de forma natural, por esta regulación actual, lo que hace es prestar a los mercados financieros internacionales. En este aspecto, lo que
vemos claramente es que la banca es mucho más realista que el Gobierno, ya que este Gobierno y el anterior se limitaron a pedir por favor a la banca que hiciera fluir ese crédito, cuando realmente lo que necesitamos es cambiar los incentivos que
hacen que esta banca privada se vea más tentada de prestar a los mercados financieros, altamente especulativos, antes que a la economía real. En cambio, la banca pública sí lo puede hacer, porque no tiene esa misma lógica de rentabilidad y porque

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puede dirigir el crédito allí donde considera, desde el Gobierno, desde las instancias que valoran y diseñan el nuevo modelo productivo, que es más adecuado que vaya esa financiación.


Pensamos que la banca pública no tiene que obedecer criterios cortoplacistas ni de especulación sino que, por el contrario, debe obedecer criterios sociales y de cambio del modelo productivo. Hay que tener en cuenta que estamos ante una
oportunidad histórica porque con las cajas de ahorro se presenta la posibilidad de poder fusionarlas y crear un fuerte polo de banca pública que nos permita llegar a este objetivo. En este punto nos gustaría señalar que las diferencias entre cajas
y bancos suelen ser vistas por el gran público como diferencias en la propiedad: propiedad pública para el caso de las cajas y propiedad privada para el caso de los bancos, cuando realmente la diferencia fundamental no es esa sino que los bancos
tienen una predisposición mayor hacia los mercados internacionales y las cajas, sin embargo, lo que tienen es una orientación más territorial y más social, al menos en teoría, porque no podemos dejar de reconocer que las cajas han sido utilizadas
como instrumentos políticos al servicio de altos procesos especulativos, especialmente inmobiliarios, que se han producido entre los partidos políticos, determinados representantes de partidos políticos, y lo que podríamos llamar, sin ninguna duda,
las oligarquías empresariales provinciales, que han servido para hacer macroproyectos que al final han acabado estallando y llevándonos a esta gran crisis. Nosotros no defendemos el modelo de gestión de las cajas de ahorro sino una banca pública
que se caracterice por tener un modelo de funcionamiento claramente diferente; un modelo de funcionamiento que no tenga en cuenta, que no acepte ni tolere la especulación ni en los mercados financieros ni en la llamada economía real, que es la que
podríamos tener en el caso inmobiliario. Creo que estamos ante una oportunidad muy importante que se podría aprovechar y que sería una solución efectiva.


Desgraciadamente, creo que la reforma financiera que ha aprobado el Partido Popular no va a funcionar, no va a hacer fluir el crédito por las razones que ya he esgrimido, así que tarde o temprano vamos a tener que volver a este mismo tema y
aprovechar que el Estado no puede limitarse a pedir bondad a la banca sino que lo que tiene que hacer es regular, legislar y encontrar y dotarse de instrumentos para enfrentar las crisis económicas y cualquier aspecto económico. Creo que este tema
va a volver a surgir en esta misma legislatura y por eso pensaba que era muy importante poner de manifiesto esta cuestión que pone encima de la mesa un modelo distinto entre lo público y lo privado, pero no solo entre lo público y lo privado sino en
el modelo de gestionar un instrumento financiero del Estado que es fundamental para nuestras economías modernas.


En la proposición no de ley incluimos una especial mención a lo que tiene que ver con la responsabilidad de la crisis. Creemos que el Banco de España ha tenido una responsabilidad muy importante en la gestación de esta crisis y que tenemos
que hacerle responsable, tenemos que investigar adecuadamente para evitar que esto vuelva a suceder. Aquí la banca pública -y termino con esto- tiene un papel muy importante, que es que nos sirve para redirigir este modelo productivo y salir de la
crisis ahora, hoy, en el medio plazo, pero también nos permite blindarnos ante futuras crisis que desgraciadamente pudieran surgir en esta economía para que no nos veamos de nuevo como nos vimos en el año 2008, con Gobiernos pidiendo por favor a la
banca que prestara dinero, cuando la función del Gobierno no es pedir favores a nadie sino legislar y manejar los instrumentos de la economía al servicio de su ciudadanía. Por eso presentamos esta proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Intervengo para decir que nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa, aunque seguramente si estuviéramos en el proceso de sacarla adelante con los apoyos suficientes hubiésemos entrado en un mayor detalle y
habríamos matizado algunas posiciones.


Compartimos con los proponentes la necesidad de que haya entidades financieras de control público, de control social que pongan el crédito necesario a disposición de la sociedad sin fines especulativos. Ese es el planteamiento general por
el que estamos de acuerdo y por el que vemos la necesidad de impulsar este tipo de entidades, de dar marcha atrás, de cierta manera, al proceso de liquidación de las cajas de ahorro como entidades sociales de control público y evitar así que se
genere ese oligopolio financiero que, en definitiva, ha ido en detrimento de los consumidores, de la gente de la calle.


Vamos a votar a favor porque pensamos que es importante, como mínimo, lanzar esa reflexión y plantear la necesidad de pensar en algo que no estamos haciendo bien en general y que puede tener consecuencias muy negativas para el conjunto de la
sociedad.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: El Grupo de la Izquierda Plural nos presenta una PNL bastante amplia y mi grupo comparte varias de las inquietudes que aquí se expresan. Por ejemplo, compartimos la inquietud sobre el coste público de las
intervenciones. Tanto el anterior Gobierno como el actual niegan que el apoyo a las cajas de ahorro vaya a costar nada al erario público; sin embargo, el FROB ha utilizado ya 20.000 millones de euros, de los que probablemente se perderá una buena

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parte; hay esquemas de protección de activos, como el que se ha utilizado solo en la CAM, por 16.000 millones, que garantizan pérdidas, y buena parte de esa cantidad, si no toda, puede llegar a perderse; se han proporcionado avales a las
entidades por unos 100.000 millones de euros que también están en peligro. A mi grupo también le preocupa el coste público de estas intervenciones y nos sorprende que se suela negar.


No somos partidarios de las nacionalizaciones, como más adelante diré, y por eso no vamos a apoyar esta iniciativa, pero sí lo somos de que en las entidades nacionalizadas de hecho el Estado tenga una participación más activa en la gestión,
porque hay muchas entidades en las que el Estado es muy mayoritario por la fuerza de las circunstancias y, sin embargo, a menudo se mantiene a los mismos gestores. Cuando la caja está nacionalizada de hecho parece que tiene sentido que se
intervenga con todas las consecuencias. También nos preocupan las comisiones abusivas o injustificadas u otro tipo de cláusulas abusivas en los servicios bancarios; los conflictos de intereses entre las sociedades de tasación y sus clientes,
cuando las mismas son propiedad del banco, como a menudo sucede; el tamaño y funciones del Fondo de garantía de depósitos. Efectivamente, el Fondo de garantía tiene hoy un tamaño inadecuado para las funciones que se están cargando sobre él; la
esencial es garantizar los depósitos, pero ahora se está involucrando también en el saneamiento. Al igual que la Izquierda Plural, nuestro grupo promueve la creación de un parque de vivienda pública en alquiler; es decir, que en esta proposición
no de ley tan amplia hay inquietudes que nosotros compartimos.


Estamos esencialmente en desacuerdo con otras cuestiones, porque la propuesta más importante tiene que ver con la nacionalización de las entidades. Mi grupo es partidario de nacionalizar solo las que sean inevitables por la fuerza de las
circunstancias y no creemos, al contrario de lo que dice la iniciativa, que la nacionalización per se vaya a favorecer el crédito, porque una vez nacionalizada la entidad simplemente cambia de propiedad, pero el balance sigue siendo el mismo, los
recursos propios siguen siendo los mismos y los activos siguen siendo los mismos. A no ser que la nacionalización vaya seguida de una inyección de recursos, no se puede crear crédito de la nada, simplemente por un cambio de propiedad. Repito que
estamos esencialmente en desacuerdo con la PNL. Tampoco compartimos la defensa que se hace del papel de las comunidades autónomas en relación con las cajas. Mi grupo piensa que esa conexión entre comunidades y cajas está en la raíz de buena parte
de los problemas que han sufrido las cajas. Nos resulta muy significativo que antes de la crisis siendo la mitad del sistema financiero cajas y la mitad bancos los problemas se hayan concentrado tanto las cajas.


Por estos motivos, aunque compartimos inquietudes, votaremos en contra de la proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Haré algunas observaciones en relación con la proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural.


Desde Convergència i Unió queremos decir, en primer lugar, que nosotros valoramos favorablemente la reforma del sistema financiero propuesta por el Gobierno y contenida en el Real Decreto-ley de 3 de febrero, porque entendemos que la
debilidad en que estaba y está sumido el sector le impedía acometer la función principal que tiene, que es transferir liquidez a la actividad y al sistema productivo, lo que al no realizarse constituía un lastre para la recuperación económica. Por
ello, pensando en una mejora en el medio y largo plazo, consideramos oportuno que se debía dar un paso adelante y exigir a las instituciones financieras que sanearan sus balances y que reestructurasen sus cuentas de resultados, avanzando y mejorando
en cuanto a solvencia y credibilidad.


Este era un paso necesario a corto plazo, pero con efectos positivos en el medio y en el largo plazo, por lo que paralelamente al apoyo que Convergència i Unió ofreció a la reforma, propusimos también al Gobierno un planteamiento que pudiera
paliar la falta de liquidez que ya intuíamos que persistiría a corto plazo; falta de liquidez que entendíamos que podía paliarse a través del ICO para que se convirtiese temporalmente, tal como hemos propuesto en diversas ocasiones, en un banco
público orientado a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, a la financiación del tejido empresarial y autónomo, dado que al sistema financiero español le resultaba del todo imposible poder atender a las demandas de liquidez de los
agentes económicos, del tejido productivo, mientras reforzaban sus provisiones por los activos dañados. Desde la aprobación de la reforma para el saneamiento del sector financiero la situación apenas ha variado, por lo que nuestra posición sigue
siendo la misma y continuamos insistiendo en idéntica dirección.


En relación con la proposición no de ley de La Izquierda Plural, si bien se evidencian en el contenido y en el enfoque de la misma algunas ineficiencias en el sistema financiero actual, que desde Convergència i Unió podemos reconocer e
incluso compartir, nosotros hacemos una lectura claramente distinta sobre la corrección de las mismas. Es cierto que en la actualidad el crédito sigue sin fluir hacia la actividad productiva, y reconociendo también que existe un problema de
sobreendeudamiento familiar, en Convergència i Unió no compartimos la propuesta de La Izquierda Plural de reformar el sistema financiero español nacionalizándolo. El motivo de fondo es que identificamos este problema como circunstancial y no como
algo estructural que deba imponer un cambio fundamental de modelo como el que se propone en esta iniciativa. No debemos olvidar que hasta la llegada de la crisis financiera era incuestionable

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que el modelo de financiación privado de cajas y bancos garantizaba el crecimiento de empresas y aportaba los recursos necesarios a las familias. De hecho, este es el modelo que impera en la mayoría de los países. No somos partidarios de
cambiar lo que ha funcionado durante tantos años sino de poner remedio a las carencias actuales en el flujo del crédito para drenar liquidez a la economía real y volver cuanto antes a la senda de crecimiento y de reactivación.


En resumen, en Convergència i Unió creemos en la viabilidad -y la defendemos- del actual modelo financiero español y solo con la pretensión de ofrecer una respuesta efectiva a corto plazo para las necesidades de financiación, entendiendo que
el colapso financiero actual es fruto de una coyuntura extraordinaria, es donde encaja, desde nuestro punto de vista, implicar temporalmente al sector público a través del ICO para que garantice, repito, la función de financiación a las actividades
productivas; función, no obstante, que entendemos que las instituciones financieras no están llevando a cabo aún en la medida que sería necesaria, por lo que pensamos rotundamente que sí la deben acometer en el corto y en el medio plazo, sobre todo
en el medio plazo, después de sanear sus balances.


Por todas estas consideraciones, mi grupo no votará a favor de la proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural.


La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: Mi grupo comparte buena parte del diagnóstico, de las preocupaciones, incluso algunas de las propuestas que plantea La Izquierda Plural en esta proposición no de ley. En nuestro propio programa electoral y en
intervenciones que ya se han producido a lo largo de estos meses por parte de nuestro portavoz, el señor Pérez Rubalcaba, y también por parte de nuestro portavoz en esta Comisión, don Valeriano Gómez, hemos puesto de manifiesto algunas de las
cuestiones que creemos que deberían abordarse en esta legislatura para cambiar en profundidad el funcionamiento del sistema financiero. España ha tenido un sistema financiero que era valorado por las instancias internacionales como uno de los más
solventes, más protegidos ante crisis financieras, como resultado, sin duda, de cambios en la regulación que se hicieron años atrás. Sin embargo, la crisis internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria, en el caso de España, han puesto de
manifiesto graves fallos tanto en el funcionamiento de las entidades financieras como en el funcionamiento de las instituciones de supervisión. La crisis económica internacional no es solo un fallo del sector privado, de los mercados, sino también
de las instituciones públicas, es un fallo de la política. Es la política la que ha permitido que los mercados hayan llegado hasta donde han llegado.


En cierta medida, el debate entre lo público y lo privado, yendo a esta misma iniciativa de La Izquierda Plural, nos parece que debe tener un recorrido más amplio en el sentido de cuestionarnos y reflexionar sobre la necesidad de la buena
gobernanza, tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado. Nacionalizar, pasar a entidades de capital o de propiedad y gestión pública, hoy por hoy no garantiza resultados muy diferentes, porque hay que reconocer que si se ha fallado en
el caso de España ha sido porque se ha confiado en un modelo económico excesivamente centrado en actividades de carácter especulativo, y ahí han estado tanto las cajas de ahorro como la banca privada. Creo que la reflexión debe responder, sin duda,
a las lecciones que todos debemos haber aprendido de esta crisis.


El Grupo Socialista plantea, como hicimos en nuestro programa electoral, que se refuerce el Instituto de Crédito Oficial. Es más, hablábamos de una agencia financiera del Estado que aprovechara otras instancias que existen que permiten la
canalización desde el Gobierno hacia determinados sectores de la economía, y estoy pensando, por ejemplo, en el ICEX, como entidad que financia en el exterior la actividad de nuestras empresas; pero hay otras instancias que podrían coordinarse,
reforzarse y hacer del ICO una agencia financiera que, además, tomara financiación del Banco Central Europeo y la pudiera colocar directamente hacia la actividad productiva en España con condiciones mucho mejores que las que en estos momentos, tanto
en cantidad como en condiciones específicas de financiación, está dando la banca privada en nuestro país.


Es verdad que no compartimos, y por eso nos abstendremos a la hora de la votación, el hecho, por ejemplo, de la plena nacionalización de las cajas de ahorro. Incluso aunque estuviéramos de acuerdo en que eso en sí mismo puede ser una
garantía de poner el sistema financiero al servicio del interés general -entiendo que debería ser así-, es verdad que sería hoy en día una operación completamente inviable desde el punto de vista de su coste. Todavía estamos en el período de
reestructuración y de desapalancamiento del sistema financiero español y hay que recordar que los problemas de España no son los de la deuda pública sino los de la deuda privada y el sobreendeudamiento privado. Eso es lo que tendríamos que ser
capaces de prevenir. Nosotros plantearemos una proposición de ley sobre insolvencia personal y prevención del sobreendeudamiento para evitar, además, situaciones abusivas que en estos momentos se están dando en el sistema financiero y, sobre todo,
para reforzar la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones correctas de cara a sus situaciones de endeudamiento. Creemos que hay que aprovechar esta legislatura para ir más allá de las reformas financieras que hasta ahora se han impulsado,
tanto por el anterior Gobierno como por este. Tenemos que...


La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que concluya.

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La señora NARBONA RUIZ: ... evitar volver a caer en situaciones en las que lo que guía tanto a entidades de naturaleza más pública como a las de naturaleza más privada es la especulación y el corto plazo.


Por último, quiero aprovechar este turno para insistir ante la Presidencia de esta Comisión en la petición que ya hemos planteado de creación de una subcomisión específica para hacer un seguimiento del comportamiento de las entidades
financieras que, sin ninguna duda, están recibiendo en España un extraordinario apoyo a través de las instancias públicas. Por ello creemos que esta Comisión debe aprobar cuanto antes la creación de esa subcomisión que nos puede permitir analizar
con detalle cómo responden las entidades de crédito al respaldo que se les está dando para que lleven a cabo su reestructuración.


Más allá de eso, nuestro grupo contribuirá, por supuesto, a lo largo de esta legislatura a mejorar los sistemas de supervisión y de regulación.


La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Garrido.


La señora GARRIDO VALENZUELA: Señor Garzón, ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, me corresponde tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular. En esta ocasión voy a
utilizar el turno de fijación de posiciones para recordar que hace poco más de un año que se aprobó por el anterior Gobierno socialista un real decreto que pretendía normalizar el crédito elevando los coeficientes de solvencia de las entidades de
crédito. Obviamente, los objetivos conseguidos no han sido los previstos. Entiendo, por tanto, en parte la afirmación del señor Garzón cuando dice que las reformas financieras del anterior Gobierno son eficaces. Entiendo menos, la verdad, que
diga que la reforma financiera llevada a cabo por el Gobierno actual es ineficaz. Estaba preguntando ahora cuándo se convalidó, pero es que entró en vigor el día 3; es un real decreto del 3 de febrero que se convalidó días después. Me parece que
ha pasado poco tiempo para que la califique de ineficaz. Decía que los objetivos han sido insuficientes y por eso, un año después, el Gobierno de Mariano Rajoy aprueba el real decreto que abrirá el crédito a través del saneamiento de los balances
de las entidades financieras, como paso absolutamente necesario para afrontar el futuro.


Con la reforma financiera -lo recordaba hoy el presidente don Mariano Rajoy en el Pleno- se va a mejorar el acceso de las entidades de crédito a los mercados de capitales. Con esto se posibilitará que fluya el crédito a pymes y a familias,
todo a través del saneamiento de balances, como todos sabemos, con provisiones que se realizarán de una sola vez, que solo tendrán efectos en los balances de las empresas en un ejercicio económico, que se provisionarán además de los activos
problemáticos, los no problemáticos, anticipándose así a posibles deterioros futuros, y con la reforma financiera también se conseguirá que le demos tiempo para actuar e impulsar un proceso de fusiones y consolidación del sector. Habrá menos
entidades, pero más fuertes y más solventes y además con unos adecuados estándares de gobierno corporativo. Todo ello sin incidencia en las cuentas públicas y todo ello enmarcado dentro de un amplio marco de reformas para activar el crecimiento
económico, que será lo que nos permita generar empleo.


Ahora se trata de fijar la posición ante una iniciativa presentada por La Izquierda Plural, en la que hay dos partes diferenciadas -de hecho algunos otros grupos parlamentarios así lo han hecho saber-: una de medidas concretas, que se
refiere a medidas y a propuestas ya reguladas y que están incluidas en los reales decretos aprobados por el Gobierno del Partido Popular, y otra parte que tiene un fondo y alcance más general, que aboga por la nacionalización de las cajas de ahorro
y de los bancos, a través de los cuales ejerce su actividad de forma indirecta. Esta última parte precisamente va a ser la que nos lleve, por total desacuerdo con su filosofía, a no apoyar esta iniciativa desde el Grupo Parlamentario Popular. Por
otro lado, dado que se trata de explicar un poco cuál es nuestra posición, también sería justo que se hubiese señalado que en esta proposición no de ley hay una serie de medidas que, bajo el epígrafe objetivos esenciales, no han sido comentadas,
bien porque ya están reguladas o porque han sido recogidas en la normativa financiera y laboral, aprobadas en los reales decretos del Gobierno de don Mariano Rajoy. Por ejemplo, en relación con la política de remuneraciones de los administradores y
directivos de las entidades financieras -que preocupaban en esta proposición no de ley-, tanto las participadas mayoritariamente como las que han recibido alguna ayuda del FROB, esta problemática está recogida tanto en el Real Decreto-ley 2/2012, de
saneamiento del sistema financiero, en el que se recoge un régimen especial de retribuciones para estas figuras de las entidades financieras y también en el Real Decreto-ley 3/2012, de reforma laboral, en su disposición adicional séptima, porque
establece un régimen especial para las indemnizaciones que van a recibir estos puestos una vez que finalicen su actividad. También habla de vinculación de ayudas públicas para que fluya el crédito hacia pymes y familias y de nuevo se haya regulado
en el Real Decreto-ley de saneamiento del sistema financiero, en su artículo 2. Textualmente dice que las entidades que estén sometidas o que estén participando en algún proceso de integración,...


La señora PRESIDENTA: Señora Garrido, concluya, por favor.


La señora GARRIDO VALENZUELA: ... señala que el proyecto deberá incluir un objetivo cuantificado de incremento de crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas durante tres ejercicios económicos.

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En relación con la defensa de la nacionalización de las entidades financieras, de las cajas de ahorros y de los bancos vinculados, consideramos que la representación pública de las cajas de ahorros ya se escapaban de los estándares de
Basilea y del Fondo Monetario Internacional, y así nos lo hicieron saber en una serie de notas técnicas del año 2008 -creo recordar- conminándonos a reducir esas participaciones.


La señora PRESIDENTA: Señora Garrido, tiene que concluir.


La señora GARRIDO VALENZUELA: Termino ya.


El régimen existente se basa en una actuación pública que garantice la estabilidad presupuestaria, a través de la supervisión de las entidades de crédito y la sujeción de estas a férreas normas de disciplina y ordenación de la actividad
bancaria.


La señora PRESIDENTA: Señoría, lo lamento, su tiempo ha concluido.


La señora GARRIDO VALENZUELA: No vamos a apoyar esta proposición no de ley puesto que supondría un vuelco radical del actual modelo de intervención pública en los mercados financieros.


La señora PRESIDENTA: Tenemos que sujetarnos al tiempo, porque tenemos muchas proposiciones no de ley.


- SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y LIQUIDEZ DE LOS AHORROS INVERTIDOS EN PARTICIPACIONES PREFERENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000188).


La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas en relación con la falta de transparencia y liquidez de los ahorros invertidos en participaciones preferentes. Para
intervenir en el turno a favor, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae aquí un problema que todos los días vemos por los medios de comunicación y que nos es familiar porque el que más o el que menos debe tener cerca a uno o a muchos afectados,
el tema en cuestión son las participaciones preferentes. Estamos hablando de una problemática que afecta aproximadamente a un millón de personas en este país y estamos hablando de un volumen de ahorro aproximado de los 10.000 millones de euros.
Este millón de personas están en una situación difícil, en una situación de sentirse atrapados en un auténtico laberinto. El perfil de estas personas suele ser ahorradores, muchos de ellos jubilados, pensionistas o de edad ya avanzada, que tenían
el ahorro de toda su vida depositado en su sucursal bancaria y que, confiando en los consejos que se les daba desde las propias entidades bancarias, convirtieron sus ahorros, que eran depósitos o imposiciones a medio y a largo plazo, en unos
productos financieros de los cuales conocían quizá las ventajas, pero no en gran medida los inconvenientes. Una información que se les había suministrado, como mínimo, inadecuada, incompleta, imperfecta y en algunos casos hasta fraudulenta. Una
información en la que se ponía un énfasis en las ventajas, que era un mayor rédito de estos ahorros, con intereses incluso hasta el 8 %, casi el triple de lo que venían cobrando, y no se le daba importancia o no se manifestaba abiertamente las
desventajas que significaban que no eran productos líquidos y eran productos de alto riesgo, en cuanto que no se podían hacer líquidos a no ser que fuese mediante su venta en un mercado secundario, con el riesgo consiguiente de perder parte del
ahorro que se había depositado en los mismos. Esta es la situación de estas personas y entre todos les tenemos que ayudar a salir de este laberinto.


Las causas eran evidentes, las causas que motivaron a las entidades financieras eran muy claras, cuando entramos en la propia crisis financiera se les exige la capitalización a las entidades bancarias y en esos momentos la normativa
computaba las participaciones preferentes, a efectos de índice o ratio de solvencia, el Tier I, al mismo nivel de solvencia que las acciones o que las reservas. Las entidades financieras, en lugar de emitir acciones para su capitalización, optaron
por emitir este tipo de productos y los colocaron, con una comercialización bastante agresiva y bastante en el terreno, a esos ahorradores, de los cuales tenían un perfil y una información privilegiada. Esas entidades bancarias recibieron muchas
reclamaciones en el momento que estos ahorradores se dieron cuenta porque, o bien echaron mano de ese ahorro, porque les hiciese falta, o bien por una información que se ha ido difundiendo poco a poco a lo largo de estos últimos años a través de
asociaciones de defensa de usuarios. Cuando se informaron presentaron una serie de reclamaciones, muchas de ellas a través de los servicios de consumo, y que llegaron tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como al propio Banco de
España. El resultado de esas reclamaciones lo calificaría de infructuoso, no ha sido un resultado positivo, con lo cual muchas tramitaciones se han burocratizado, se han eternizado y las resoluciones se echan mucho de menos.


Las circunstancias han cambiado en estos momentos y es que Basilea III cambia el marco normativo de los indicadores de solvencia y de los ratios de solvencia para el sistema financiero y el cambio significa que las participaciones
preferentes dejan de computarse a efectos de solvencia. Lo que inicialmente era un interés de colocación por parte de las entidades bancarias, deja de ser desinterés con los cambios de Basilea III. Son las propias entidades las que, a partir de
entonces, con ese

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cambio normativo, inician una serie de operaciones de canje para convertir las participaciones preferentes bien en acciones, bien en bonos convertibles en acciones o bien en deuda a largo plazo, como mínimo diez años. Esas eran las
alternativas que les han ofrecido a estos pequeños ahorradores, unas alternativas que en muchos casos no han tenido más remedio que aceptar, pero, desde luego, la liquidez no se les ha revertido o no se les ha posibilitado con estas operaciones de
canje. En estos últimos días sí ha habido un anuncio, que todavía no se ha hecho efectivo, un anuncio que abre un poco la esperanza a todas estas personas atrapadas en este laberinto. Ha sido un anuncio de una entidad, en concreto ha sido BBK
Bank, Caja Sur, que con una emisión de 250 millones de euros se ha comprometido -está en tramitación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores- a su conversión en imposiciones a tres años. Imposiciones a tres años que, en muchos casos, era lo
que los pequeños ahorradores venían exigiendo, una liquidez, si no inmediata, con un horizonte temporal a medio plazo. Esto significa que se puede hacer y que si lo pueda hacer una entidad, se lo podemos exigir al resto de entidades. En la
proposición no de ley tratamos de darles salida a estas personas atrapadas en este laberinto y, en concreto, creemos que a través de cambios normativos se tiene que garantizar la liquidez de estos productos financieros y estos cambios normativos
deben de significar revertir a una situación original la liquidez de estos ahorros.


Somos conscientes de que los test de conveniencia, que eran test que teóricamente daban información suficiente sobre la capacidad y formación o preparación de estos ahorradores para adquirir este tipo de productos financieros, tampoco han
sido suficientes, hasta el punto de que a través de las reclamaciones de estos ahorradores podemos saber que era un trámite burocrático más, que se le daba ya con las casillas rellenas y que ellos exclusivamente firmaban en un lugar determinado, sin
saber en concreto que era un test previo que se le exigía como test de conveniencia establecido actualmente en la Mifid. Estos cambios normativos deben de permitir la reversión de estos ahorros a su situación originaria, garantizándoles la
liquidez. A través de las operaciones de canje, que en estos momentos se están llevando a cabo, se debe de ofrecer como alternativa la conversión en imposiciones a corto o a medio plazo, que es lo que realmente están demandando estos ahorradores
que se han sentido engañados y que, desde luego, se han sentido defraudados por la confianza que tenían en el personal de las sucursales bancarias a las que solían asistir. Por otra parte, para que esto no se vuelva a repetir, exigimos que las
entidades financieras garanticen una mayor y más profunda información sobre estos productos; asesoren convenientemente a los ahorradores con relación a los productos que tratan de colocarles y, en último lugar, también es necesaria una valoración
de la capacidad o la idoneidad, por parte de las entidades financieras, con relación a la colocación de determinados productos financieros, sobre todo de alto riesgo. Son posibilidades que resolverían este problema, que ha llevado a muchas personas
mayores a situaciones dramáticas, porque no daban crédito a lo que les estaba ocurriendo al final de sus días a unos ahorros que tanto esfuerzo les había costado durante mucho tiempo, toda su vida laboral, y por esa confianza depositada en su banco
y en su sucursal de toda la vida han visto que, al final, lo que era un depósito, un ahorro, era una participación, que solamente podía hacerse líquida vendiéndola en mercados secundarios y perdiendo, en la gran mayoría de los casos, parte del
ahorro o del capital nominal. Es una cuestión de justicia y consideramos necesario un debate que sea fructífero y que dé respuesta a esta demanda.


La señora PRESIDENTA: Han presentado enmiendas a esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, el Grupo Parlamentario Catalán y el Grupo Parlamentario Mixto, BNG. En defensa de las enmiendas presentadas, tiene la
palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Don Antonio Hurtado, en nombre del grupo proponente, ya ha dado una explicación, que suscribimos, en relación con las razones de su proposición no de ley. Voy a comentar lo que ya es conocido por los miembros de
la Comisión. En su momento nosotros también presentamos una proposición de ley en el mismo sentido, aunque no necesariamente con el mismo contenido, por lo que había dos posibilidades: plantear la acumulación o situar una posible enmienda a la
redacción de la proposición no de ley del Grupo Socialista. Hemos optado por esa opción y voy a intentar explicar cuáles son los elementos que justifican nuestras enmiendas.


Simplemente hay que destacar o añadir algunos aspectos más a los que ya se ha referido el diputado don Antonio Hurtado en su intervención. Estamos ante una realidad que nos debería hacer reflexionar a todos sobre cuáles son las
consecuencias de determinados comportamientos de las entidades financieras, porque, aunque las realidades son completamente distintas, existe un hilo conductor en relación con cosas que este Congreso está debatiendo últimamente: la dación en pago,
las participaciones preferentes y otras muchas cosas. Es una cierta situación de comportamiento de las entidades financieras en la que los límites y las obligaciones aparecen difusos y, sobre todo, en la que se confirma que las autoridades con
competencias de fiscalización han desarrollado sus tareas -como aquella famosa ley de las fincas manifiestamente mejorables- manifiestamente mejorables.


Todos podemos coincidir en que se ha producido la tormenta perfecta en el caso de las participaciones preferentes. Una tormenta perfecta formada por el comportamiento simultáneo de tres actores. Por un lado, las entidades financieras, con
una presión cada vez más fuerte en términos de conseguir comercializar sus productos, una presión que en ocasiones supera todos los

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límites de la competitividad legítima entre entidades financieras; un segundo aspecto, que es obvio que vale la pena destacar, que es el propio funcionamiento de esas entidades financieras y la relación que se establece con sus
trabajadores, una presión muy fuerte que en algunos casos los rendimientos son con incentivos positivos y en otros con incentivos negativos, es decir, no someterse a las reglas de esa presión tan fuerte conlleva para esos trabajadores y trabajadoras
una situación muy difícil, tan difícil -y luego lo comentaremos- que en estos momentos no solo son los clientes las únicas víctimas de esta situación, sino que en algunos casos hay profesionales del sector de las entidades financieras que están
sufriendo esa realidad de manera importante en términos de salud y, por ultimo, algo que también genera esta sociedad, que es esta exigencia que a veces le ponen los valores dominantes a los ciudadanos de conseguir obtener la máxima rentabilidad en
sus inversiones. Estos tres factores juntos producen la tormenta perfecta que va acompañada, sin duda, de una escasa capacidad de los organismos supervisores de desarrollar su función.


He tenido la oportunidad de participar de manera muy directa en reuniones, asambleas y diferentes espacios con las personas afectadas. Sin duda, son muchas y no pretendo en estos momentos ni representarlas, por supuesto, ni mucho menos
intentar reducir a una imagen la realidad, que es muy diversa, pero fundamentalmente entre los afectados que aún no han suscrito acuerdos con las entidades financieras me he encontrado a gente de mucha, mucha edad. Este es un dato que vale la pena
retener, porque no es casualidad que entre las personas que no han aceptado los acuerdos que les han ofrecido las entidades son mayoritariamente de bastante edad, todos jubilados y superan los 70 años. Es un dato a retener para posibles soluciones,
que a lo mejor no pueden ser iguales para todo el mundo, pero que deberían de atender a la realidad de cada uno. El dato de la edad es significativo, porque es evidente que a una persona de 30 o 40 años, cada uno de diferente padre y madre, le
puede haber parecido bien alguna propuesta de las entidades financieras, para tener una cierta liquidez o realización de sus ahorros pasado un cierto tiempo, asumiendo un riesgo, pero han preferido asumir el riesgo temporal y la pérdida de una parte
del valor de las acciones que en su momento suscribirán, pues les parecía menor eso que arriesgarse a la pérdida total. Esa es una realidad que para las personas con 75 o 77 años es distinta, porque la ven con un prisma vital completamente
distinto. Además, es verdad en su caso 10 años no son 10 años, para ellos es un periodo mayor. (El señor Gómez Sánchez: Es la vida). Casi siempre se plantean si cuando eso se produzca van a estar ahí o no, eso es lo que hace que el colectivo
fundamental, que en estos momentos continúa siendo un colectivo de afectados por esa realidad, esté mayoritariamente formado por personas mayores. Esto habría que tenerlo presente si desde esta Cámara o desde la acción del Gobierno se decide tomar
alguna iniciativa más que dejar que sean las entidades financieras las que lo resuelvan.


Nosotros apoyamos los planteamientos que se hacen por parte del Grupo Socialista, pero al mismo tiempo hemos querido añadir tres enmiendas. Todos compartimos que en este planteamiento, como se da en otros, por ejemplo, aunque marcando todas
las distancias del mundo, en el tema de la dación en pago, hay dos planos completamente distintos. Por un lado, proyectar y hacer futuras reformas para que no vuelva a suceder una cosa parecida o al menos para que la tormenta perfecta tenga límites
y los límites siempre están en las leyes, en su calidad y sobre todo en la calidad de la supervisión, pero no podemos plantear que esto se resuelva de cara al futuro y dejar a la gente únicamente a que se resuelva individualmente sus problemas.
También hay un enfoque que tiene que ver con cómo ayudamos a resolver los problemas ya generados y que en estos momentos se están enquistando. En resumen, nuestras enmiendas van en ese sentido y como se entienden muy bien, simplemente voy a
apuntarlas. Es imprescindible que se aborden cambios por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, conjuntamente con el Gobierno, para que realicen una revisión exhaustiva de los test de conveniencia. Es evidente que esos test de conveniencia
no se han hecho. Si hubieran hecho el test de conveniencia que se nos han hecho a algunos de nosotros, es muy difícil pensar que la ignorancia o esa ansiedad de conseguir altos tipos de interés hubieran avanzado con personas que no son ni
ignorantes ni especialmente codiciosas. Es evidente que muchos de ellos firmaron convencidos de que en ese mercado interno -que les explicaron- la entidad financiera podía garantizar que en cualquier momento eso podía ser realizable a través de
esos mecanismos. Es evidente que esto es así. Es difícil que tanta gente sea tonta o codiciosa y en esos niveles. No están funcionando los test de convivencia, por lo que presentamos una enmienda.


En segundo lugar, hay que desarrollar todas aquellas medidas necesarias para que de una vez por todas las entidades financieras, que tienen legítimo derecho a ser competitivas, lo sean con unas ciertas normas, porque están sobrepasando todos
los límites de lo aceptable en muchos de sus comportamientos. Sabemos que las entidades financieras están pasando por un mal momento, pero eso no justifica esa agresividad con la que se están comportando frente a clientes, a deudores y a
acreedores. En este sentido va la necesidad de reformar el tema de las normas de conducta. Don Antonio Hurtado me hacía ver con razón que había un error en nuestra enmienda, fundamentalmente porque hemos citado un texto legal que luego ha sido
superado por un texto refundido. Exactamente el contenido es el mismo, sencillamente hay una referencia jurídica que requiere ser ampliada, pero no creo que eso modifique en absoluto el texto de nuestra enmienda.


En tercer lugar, una cuestión que debería ser normal desde ese punto de vista. Nosotros podemos establecer

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normas, criterios de supervisión, pero no nos engañemos, las leyes tienen dos características y una de ellas es la capacidad del que las pone para sacar consecuencias negativas en relación con su cumplimiento. Si nos especializamos en que
las entidades financieras son las únicas entidades de este mundo que tienen que tener normas de conducta y si no las cumplen les hacemos una reprobación moral, a lo mejor se acostumbran. Por tanto, poner mucho énfasis en las sanciones de las
entidades financieras nos parece fundamental. En lo fundamental coincidimos en esta proposición y espero que el Grupo Socialista -así se nos ha avanzado- dé su conformidad a nuestras enmiendas.


La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista evidencia el problema actual existente en relación con las participaciones preferentes. Es cierto que la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de
Ahorros acumula denuncias a 52 entidades bancarias ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que afectan a más de 700.000 consumidores, alegando irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes, así como por la
inclusión también de cláusulas abusivas. Desde Convergència i Unió consideramos que este problema requiere una solución definitiva y además tutelada por el actual Gobierno. En este momento faltan respuestas para dar una solución efectiva a los
miles de afectados y todo apunta a que han podido darse irregularidades e ineficiencias con las participaciones preferentes. Las primeras dudas vienen de su propia comercialización y resulta contradictorio que instrumentos financieros complejos,
como son los que nos ocupan, asociados a un riesgo elevado y muy sensibles ante las fluctuaciones de los ciclos económicos, se hayan vendido a inversores de perfil más conservador caracterizados en su mayoría por su aversión al riesgo.


También consideramos que existe incertidumbre acerca de la información que las entidades financieras hayan trasladado a los titulares de las participaciones preferentes sobre los mismos productos y sobre los cambios de precios que estos
productos han tenido antes y después de la incorporación a Basilea III. El punto de inflexión -tal y como también ha comentado el portavoz del Grupo Socialista- está en el cambio de regulación y legislación bancaria. Estando en vigor la normativa
de Basilea II, estos productos eran muy útiles para los bancos al computar como recursos propios, por lo que se reforzaba su capital, pero esta situación cambió radicalmente con la entrada de Basilea III, que llevó a que las participaciones
preferentes quedasen al margen del cómputo de los recursos propios. Todos estos cambios y toda esa información no han sido ni fueron en su momento, en muchos casos, conocidos por los clientes tenedores de las participaciones, lo cual pondría de
manifiesto la falta de transparencia en la información por parte de las entidades bancarias y de las entidades financieras en general. Otra posible irregularidad también la podemos encontrar en la negación por parte de algunas entidades financieras
de ejecutar las órdenes de venta de las preferentes cuando han sido solicitadas por los consumidores, sin ofrecer un motivo concluyente al respecto.


En definitiva, señorías, son muchas las dudas y las respuestas son pocas. Por ello, desde el Grupo de Convergència i Unió apoyamos la esencia de esta proposición no de ley del Grupo Socialista, que a nuestro entender, por una parte,
pretende aumentar la transparencia, y, por otra parte, poner fin al conflicto. No obstante, mi grupo considera que, antes de garantizar la liquidez de estos productos, la mejor forma de dar respuestas realistas y contundentes a los usuarios
afectados y de resolver el problema de las participaciones preferentes sería empezar a buscar respuestas concretas para delimitar las responsabilidades, solicitando informes explícitos emitidos por los órganos reguladores competentes, en este caso,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, e instar al Gobierno a que con la información resultante tutele una solución definitiva y adopte todas las medidas que sean necesarias para prevenir nuevos abusos y malas praxis en la
comercialización de productos financieros complejos. En este sentido hemos presentado nuestra enmienda, que recoge estos aspectos que hemos presentado y que esperamos que sea tenida en consideración por el Grupo Socialista.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Señorías, intervengo para expresar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley, que coincide en sus contenidos básicos con una iniciativa similar que el BNG ha registrado en esta Cámara.
En los últimos meses, miles de personas están denunciando la comercialización irregular de participaciones preferentes por parte de las entidades financieras por falta de transparencia en su colocación. Tan solo en Galicia se estima que son decenas
de miles los afectados. Como muy bien han explicado tanto el señor Hurtado como el señor Coscubiela, la mayoría de ellos son ahorradores carentes de la más mínima experiencia en inversiones arriesgadas, que casi siempre habían rentabilizado sus
ahorros con la contratación de depósitos bancarios o inversiones simples a plazo fijo y que en este caso accedieron a suscribir participaciones preferentes por una intensa campaña impulsada casi al unísono por todas las entidades financieras al
comienzo de la crisis de liquidez derivada del crack financiero, campaña que tenía como fin reforzar los fondos propios de capital de estas entidades. Esta campaña buscó la captación de miles de clientes particulares no familiarizados con las
inversiones financieras,

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que no eran informados debidamente de las características de estos productos ni de sus riesgos y, en especial, de la escasa o nula liquidez y de la perpetuidad de ese producto. Como resultado de este proceso, al no haber comunicado a los
interesados las advertencias necesarias de los riesgos que entrañaban estos productos financieros, las personas afectadas están comprobando ahora que no pueden recuperar el dinero invertido dada la negativa de las entidades financieras. Las
participaciones preferentes son un producto de inversión muy complejo, con un riesgo elevado. Se trata de valores que no tienen liquidez inmediata, para los que no existen garantías sobre el capital invertido, en el que el consumidor puede tener
pérdidas. Además, no se prevé ningún tipo de compromiso de recompra por parte de la entidad financiera que los emite y no tienen una fecha de amortización prevista. Asimismo, la rentabilidad ofrecida por las participaciones preferentes está
condicionada a la existencia de beneficio distribuible suficiente por parte del emisor, aspecto que se difundió dentro de la letra pequeña y que, dado el crítico estado real de las cuentas de la mayoría del sector financiero español, está provocando
pérdidas reales del dinero invertido por los ahorradores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se vio obligada a salir al paso de esta situación en abril de 2009, publicando un folleto informativo en el que las calificaba como un producto
complejo y de riesgo elevado y advertía de que, en caso de insolvencia del emisor, se situaban en el orden de recuperación de los créditos -cito textualmente- por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados y por delante de las acciones
ordinarias y de las cuotas participativas en el caso de las cajas de ahorro. Con ello, se admitía implícitamente que no se trataba de un producto financiero idóneo para su colocación en el tramo minorista, entre pequeños y medianos ahorradores.
Pese a ello, durante 2010 y 2011 continuaron estas emisiones como forma de mejorar las ratios de solvencia de las entidades financieras, sin que se cumpliese la normativa Mifid, de protección de consumidores de productos financieros, que en el caso
de los clientes minoristas se concreta, como ya se ha explicado, en la realización de test personalizados de conveniencia, con el fin de asegurar que responda a las necesidades y características de los clientes destinatarios. A pesar de la
generalización de esta práctica, apenas hubo advertencias tímidas por parte de algún organismo regulador, como las reflejadas anteriormente, siendo flagrante la omisión de sus obligaciones por parte del Banco de España, un Banco de España de cuyo
máximo responsable conocemos ampliamente sus opiniones sobre la necesidad de abaratar el despido o la necesidad de recortar prestaciones sociales, pero desconocemos una sola acción apoyando las legítimas reclamaciones del citado colectivo afectado
por esta especie de corralito que representan las participaciones preferentes. Precisamente esta realidad es la que motiva la enmienda de adición que hemos presentado. Se trata de añadir un punto tercero con el siguiente texto: Instar al Banco de
España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a iniciar una campaña de inspección sobre la comercialización por parte de las entidades financieras de las participaciones preferentes y otros instrumentos financieros opacos y complejos entre
ahorradores e inversores minoristas, exigiendo en su caso la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar. Creemos que es necesario este añadido, porque es necesario exigir al Banco de España las responsabilidades que tiene atribuidas,
en vez de que el señor gobernador se dedique a pretender dictarnos a todos las políticas económicas que él estima convenientes. En cualquier caso, coincidimos plenamente con los puntos que contiene esta proposición no de ley y el Bloque
Nacionalista Galego expresa su total apoyo a la misma.


La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, tiene la palabra el señor Anchuelo, en nombre de Unión Progreso y Democracia.


El señor ANCHUELO CREGO: Nos alegra que a través de esta Comisión de Economía llegue a la Cámara un problema social importante, como el que han explicado los anteriores intervinientes. En efecto, las entidades financieras, acuciadas por
necesidades de capital, colocaron a través de sus redes comerciales a clientes, a menudo jubilados, productos que esos clientes entendían que eran una especie de depósitos de alta rentabilidad, como aquellos a los que ellos estaban acostumbrados,
cuando en realidad eran productos de alto riesgo, con una rentabilidad no garantizada, sino supeditada a los beneficios de las entidades -dudosos beneficios en la situación en la que estaban-, cuando el principal tampoco estaba garantizado y cuando
se trataba de productos de muy escasa liquidez. Esto ha llevado a muchas de estas personas a ver cómo los ahorros de toda una vida se han volatilizado. Esto debería llevarnos a una reflexión sobre el fallo importante en la supervisión que ha
permitido que eso suceda, tanto por parte del Banco de España, como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y también sobre la depuración de responsabilidades, porque en muchos casos no creo exagerar si digo que se raya en lo delictivo. Por
tanto, insisto, nos alegra que el Congreso se haga eco de este problema social importante, que afecta a cientos de miles de personas.


Respecto a lo que se nos propone en la proposición no de ley del Grupo Socialista, el punto 2 es difícilmente discutible. Tiene tres apartados en los que esencialmente se recomienda que se facilite más información a los usuarios, que se les
facilite asesoramiento financiero y que se contraste de manera adecuada que tienen los conocimientos financieros necesarios para suscribir este tipo de productos. Nos parece una propuesta irrebatible. En cuanto al punto 1, también es obligado
estar de acuerdo, porque básicamente dice que se solucione el problema de alguna manera, que se garantice la liquidez de esas participaciones y que se intente evitar la pérdida

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del capital principal. Es difícil no estar de acuerdo; es una forma técnica de decir coloquialmente que esto se solucione de alguna manera. Sin embargo, nos hubiera gustado ver algo más de concreción, es decir, ¿quién tiene que garantizar
esa liquidez? ¿Las entidades que las han emitido? ¿El Gobierno? Pensamos que esto se tiene que solucionar y por tanto apoyaremos la iniciativa, dado que se trata de una PNL y la vemos como una forma de instar al Gobierno a que haga algo, pero
creemos que para llegar a una solución sería necesario un grado mayor de concreción. En cualquier caso, apoyaremos la iniciativa, porque el problema social es importante y el Gobierno debería ocuparse de él.


La señora PRESIDENTA: Para concluir, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: Señorías, voy a defender la posición del Grupo Popular respecto a esta iniciativa del Grupo Socialista relacionada con la problemática generada por las participaciones preferentes. Todos los grupos parlamentarios
compartimos básicamente el diagnóstico; lo deduzco de lo que se ha oído en esta sala. Quiero dejar constancia de que el Grupo Parlamentario Popular es consciente de este grave problema que se ha originado en estos momentos en este país entre
pequeños ahorradores que en su día apostaron por las participaciones preferentes, así como por otros productos financieros de riesgo, inversiones que -ya se ha dicho- se producen fundamentalmente en los años 2008, 2009, 2010 y 2011.


Estamos ante un problema que trasciende su propia esencia, fundamentalmente por el marco en el que estamos en estos momentos, en una grave crisis. Afecta a un buen número de personas -se habla de 700.000 o un millón-, un colectivo
importantísimo, y más de 1.300 millones de euros invertidos en estos momentos o pendientes de resolver en participaciones preferentes. Estamos convencidos de que las entidades financieras han comercializado estos instrumentos de riesgo, que son
difíciles de entender para los ciudadanos, no cumpliendo con la normativa y a veces, por qué no decirlo, induciendo al error. Esto no es nuevo, no es de hoy. Como aquí ya se ha dicho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores e incluso el Banco
de España hicieron ya en el año 2009 advertencias serias sobre el riesgo que conllevaban las participaciones preferentes y lo que estaba sucediendo con determinadas entidades financieras. Lo cierto es que esas previsiones se han cumplido y que en
aquel entonces y con fecha posterior no se adoptaron medidas para intentar paliar o solucionar lo que con posterioridad ha pasado.


Paso a analizar la proposición no de ley, a la que ya anuncio que vamos a votar en contra, fundamentalmente porque creemos que no es la solución y, lo digo con todo el respeto del mundo, porque es un cierto lavado de conciencia del Gobierno
anterior por la incapacidad de atajar este problema, que -insisto- no es nuevo. La pregunta es muy fácil: ¿Por qué no aplicaron ustedes las medidas que hoy proponen con anterioridad, cuando estaban en el Gobierno? En cualquier caso, ya se ha
avanzado cuáles son los problemas de esta iniciativa. En el punto 1, el problema fundamental es la inconcreción. Dice que se adopten medidas para garantizar la liquidez, pero ¿qué medidas? No se explicita absolutamente nada, quizás porque el
proponente conoce la dificultad de arbitrar determinadas medidas desde el Gobierno para generar liquidez, porque a lo mejor en estos momentos no estamos hablando de un problema de liquidez, sino fundamentalmente de un distanciamiento entre el valor
nominal y el valor de mercado de esas participaciones preferentes o productos de riesgo. En cualquier caso, es verdad que no se concreta -ya lo ha dicho también el señor Anchuelo- qué medidas habría que adoptar, cosa que nos habría gustado.


En cuanto al punto 2, ¿cómo votarlo en contra? Solemniza lo obvio, porque pide que se cumpla la ley. Todos los apartados que contiene este punto 2 solicitan que se cumpla la normativa. Se solicita que se cumpla la Directiva de Mercados e
Instrumentos Financieros; se solicita que se cumpla el apartado siete, del artículo 79 bis, de la Ley 24/1988, de 28 julio, del Mercado de Valores; se solicita el cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 1310/2005, de admisión a negociación
de valores de oferta pública de venta o suscripción, al objeto de ser informados sobre el riesgo del producto que se va a adquirir. Pero eso ya está y es evidente que no ha servido para frenar las graves consecuencias que en estos momentos tienen
las participaciones preferentes. Hace falta buscar nuevas vías y nuevos caminos. A este grupo parlamentario le preocupa la situación que han generado las participaciones preferentes, como también le preocupan las situaciones que han generado...


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.


El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presidenta.


A este grupo parlamentario le preocupa la situación que han generado las participaciones preferentes, como también le preocupan las situaciones que han generado otros activos de riesgo, incluso la dación en pago, y por eso ha registrado una
iniciativa para crear una subcomisión de transparencia, en la que se analice la problemática de todo este tipo de inversiones. El problema es más complejo y tiene otras soluciones diferentes a las que hoy se han apuntado aquí. Hay distintos
supuestos, distintas soluciones y hay responsabilidades. Estoy convencido de que en el marco de esa subcomisión, en la que aparezcan los distintos actores afectados -entidades financieras, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores-,
todos -porque estoy convencido de que todos estamos preocupados por esta cuestión- encontraremos las medidas necesarias para solucionar lo que es sin duda un grave problema.

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La señora PRESIDENTA: Finalmente, a los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Se han presentado cinco enmiendas. La Izquierda Plural ha presentado tres. Aceptamos la primera, en cuanto a la revisión de los test de conveniencia. Aceptamos la segunda, con la modificación que ha expresado su
portavoz, la actualización de esa normativa, que es el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y la Orden Ministerial 2899/2011, sobre medidas de protección y transparencia a los usuarios de servicios bancarios. Aceptamos también la
tercera, en cuanto a la aplicación del régimen sancionador.


A la portavoz de Convergència i Unió, le proponemos que no sea una enmienda de sustitución sino de adición. En caso de que no se aceptase esta propuesta, no la admitiríamos.


En cuanto a la enmienda del BNG, vamos a aceptarla en lo relativo a la campaña de inspección de todas las operaciones.


Por último, quiero decir que ahora es cuando se puede solucionar, porque ahora es cuando se están cursando las operaciones de canje y es en la operación de canje cuando se puede dar solución al problema.


La señora PRESIDENTA: Señora Riera, para expresar si acepta o no la propuesta del Grupo Socialista.


La señora RIERA I REÑÉ: El portavoz del Grupo Socialista nos pasará la redacción final y le comunicaremos nuestra decisión.


- SOBRE MEDIDAS PARA PREVENIR SITUACIOENS DE SOBREENDEUDAMIENTO DE PARTICULARES, PROTEGER LOS INTERESES DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS SOMETIDOS A EJECUCIÓN Y FAVORECER LA DACIÓN EN PAGO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000198).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto quinto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para prevenir situaciones de sobreendeudamiento de particulares, proteger los intereses de los
deudores hipotecarios sometidos a ejecución y favorecer la dación en pago. En el turno a favor, tiene la palabra el señor Gómez. (Rumores).


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Señorías, ayer... (Continúan los rumores).


La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías, les ruego que tengan las conversaciones fuera para que podamos escuchar al ponente.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Como decía, ayer tuvimos un debate intenso en la Cámara, con participación de todos los grupos políticos presentes en ella, sobre uno de los problemas que prácticamente todos calificamos de esenciales, el que se corresponde con la situación
de todas aquellas familias, todos aquellos particulares que, como consecuencia de la situación económica, de la crisis inmobiliaria extendida después al conjunto de la economía, tienen que hacer frente de forma insuficiente a unos pagos cuya
ausencia terminará produciendo la desaparición del conjunto de sus ahorros, el abandono del techo que cobija a su familia y, finalmente, el arrastre de una parte fundamental de su deuda para toda su vida. Este es uno de los problemas que ha
generado la crisis inmobiliaria, pero más que la crisis lo ha generado la forma en la que se produjo el auge inmobiliario en España.


Ayer tuvimos ocasión de analizar algunos de esos problemas. Hoy hemos analizado otros que tienen que ver con una cuestión similar. Acabamos de ver los problemas que ha planteado la comercialización de las participaciones preferentes y
quiero hacer una pequeña aportación a ese debate, porque está directamente vinculado con el que ahora vamos a tratar. ¿En qué situación tienen que haberse visto las entidades financieras que han apelado hasta el importe que aquí se ha dicho -12.000
millones de euros- a la comercialización de este tipo de productos, para hacer que su red incurriera en lo peor que le puede ocurrir a una red comercial, que es perder a partir de ese momento una parte sustancial de su credibilidad, de la confianza
de centenares de miles de las personas a las que atiende? Es como si los médicos de hace décadas siguieran recetando talidomida sabiendo los efectos tan perniciosos en una enfermedad tan grave como fue la polio. Algo así ha sucedido en las redes
comerciales de nuestras entidades financieras. Yo soy de los que piensan que más allá de quién sea el responsable de la situación y en qué momento tuvo que hacerse frente a ella, que es un problema de asignación de responsabilidades políticas, lo
que tenemos que hacer en esta Cámara es tratar de proponer soluciones, asignando responsabilidades políticas a quien corresponda. Nuestro principal papel, sin descartar el otro, es proponer soluciones. Tenemos que proponer al Gobierno, que es
quien tiene la facultad de tomar ese tipo de medidas y de llevarlas a cabo, que lo haga, que lo dirija, que lo analice, que lo estudie. Son 12.000 millones, sí, pero hay soluciones. Aquí se ha planteado una, que es su conversión en un producto
financiero convencional, habitual, con plazo.


Voy rápidamente a la propuesta. He consumido este tiempo, porque la proposición no de ley que hemos presentado fue ayer suficientemente estudiada. Voy a hacer dos reflexiones que no se corresponden con las que hizo el Grupo Parlamentario
Socialista ayer en la Cámara. Corresponden a Jueces para la Democracia y se refieren a la valoración del código de buenas prácticas

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que ha puesto en marcha recientemente el Gobierno. Quiero anticiparles la opinión del Grupo Socialista. A nosotros nos gustaría que ese código funcionara, pero tenemos todas las dudas del mundo de que sea así; las mismas dudas que tenemos
de que cuando se incrementan las provisiones a una entidad financiera, se reducen sus posibilidades de concesión de préstamos y pasará un tiempo hasta que encaje ese conjunto de provisiones. Las mismas dudas nos genera que se trate de gobernar una
situación aplicando en exclusiva códigos de buenas prácticas. Jueces para la Democracia habla de la conveniencia de afrontar una subida sustancial del porcentaje que la entidad ejecutante pueda adjudicarse hasta el 80 % del precio de la vivienda,
para equipararla al porcentaje previsto en la normativa del mercado hipotecario para la concesión de préstamos de este tipo. Habla efectivamente de la necesidad de regulación expresa, imperativa, del devengo de los intereses de demora. Aquí hace
una reflexión que me parece especialmente interesante para el problema que afrontamos. El Gobierno anterior elevó el límite inembargable, estableciendo que había que proteger en mucha mayor cuantía, hasta el 150 % del salario mínimo, la
inembargabilidad para asegurar el mínimo vital de la persona obligada. Pues bien, al elevar el mínimo inembargable, dado que no se modifican los intereses de demora, se eleva el periodo de ejecución, y al elevar el periodo de ejecución y no
modificar los intereses de demora, crece mucho más la cuantía. Una vez más viene aquí el viejo ejemplo de las consecuencias no deseadas de las políticas aplicadas. Por eso es tan importante ahora, como se puso ayer de manifiesto en el debate en el
Pleno, limitar los intereses de demora, porque hemos subido el límite inembargable y eso incrementa mucho más intensamente el volumen total del crédito una vez que se llega al periodo de ejecución y el posterior desahucio.


El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley. Ayer especificó en siete puntos los aspectos fundamentales de manera más concreta que lo que se puede hacer en una proposición no de ley, que tiene que ser necesariamente
inconcreta, porque lo que hace es recomendar al Gobierno que lleve a cabo un conjunto de acciones en esta materia. El Gobierno ya lo ha hecho a través de una fórmula peculiar, que es la recomendación de un código de buenas prácticas. Si la
posición del Gobierno y del grupo que le sustenta en esta materia es no admitir ninguna otra solución que no sea ese código y esa fórmula de actuación, estas proposiciones sobran, pero, en mi opinión, hay una parte de la proposición que no puede
sobrar bajo ningún concepto, que es la necesidad de que este país tenga alguna vez una ley de insolvencia personal. Más allá de cómo se trate la situación en la que se encuentran los créditos hipotecarios de personas que han devenido en peor
fortuna y que no pueden atenderlos, más allá de los problemas de la dación en pago, de los problemas derivados de la valoración porcentual del bien una vez que se pueda ejecutar por la entidad acreedora, más allá de ese conjunto de problemas que
ayer tratamos y que están enfocados y razonablemente apuntados, que es lo que debe hacer una proposición no de ley, no debemos renunciar -porque no lo solventa el código de buenas prácticas- a la necesidad de que el Gobierno actúe preparando una ley
que regule las situaciones de insolvencia personal a futuro, que evite las situaciones de endeudamiento, que en esta cuestión es fundamentalmente una acción preventiva. Ni las participaciones preferentes, de las que antes hemos hablado, ni una muy
buena parte de esos 9 millones de hipotecas que se han constituido durante la década comprendida entre 1997 y 2007 hubieran tenido lugar de la forma en que se han llevado a cabo si no hubiera habido una acción constante que obligaba permanentemente
a la comercialización en cualquier condición y en cualquier circunstancia, poniendo objetivos cuantitativos a las redes comerciales, flexibilizando los avales y las garantías necesarios, incrementando el loan to value, es decir, la relación del
precio con el valor, obligando a las entidades tasadoras, como se ha hecho, a incrementar el valor de tasación por encima del valor de mercado, posibilitando que se revisara la tasación después de haber hecho la hipoteca...


La señora PRESIDENTA: Señoría, concluya por favor.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Son muchas las cuestiones que pueden ser tratadas adecuadamente en una ley de insolvencia. Si el Gobierno plantea que la mejor salida es esperar a ver cómo funciona el código de buenas prácticas, apelaría al
consenso de la Comisión para no renunciar a un objetivo sobre el que hubo amplísimo consenso cuando tramitamos la Ley de Economía Sostenible e insistiría en la necesidad que tiene este país de avanzar en la existencia de una ley de insolvencia
personal que evite el sobreendeudamiento de las familias.


La señora PRESIDENTA: El Grupo de La Izquierda Plural ha presentado cuatro enmiendas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Vamos a ser breves. Se dan por presentadas. Si a estas alturas no hemos convencido al grupo mayoritario de la Cámara de que hay que abordar el tema de la dación en pago, vamos a ahorrar esfuerzos.


La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición, por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Mi grupo coincide en la necesidad de abordar esta cuestión; creemos que es urgente y que ya llevamos retraso.


Por lo que se refiere a la dación en pago, pensamos que hace falta un nuevo impulso por parte del actual Gobierno, del grupo mayoritario, para conseguir que esa

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dación en pago no sea una cuestión optativa, es decir, en función del interés, de la comodidad o de la oportunidad de la entidad financiera, sino que sea en función del interés y de la necesidad de la persona que se ve afectada por el
posible embargo. Creemos que ese es un elemento fundamental. Estamos de acuerdo en profundizar en este tema y, desde ese punto de vista, coincidimos con las líneas generales de la iniciativa presentada. Por tanto, vamos a prestar nuestro apoyo a
la misma.


La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Nuestro grupo va a apoyar la actitud que predomina entre todos los grupos de oposición de la Cámara, que consiste en no dar por cerrado el tema de los deudores hipotecarios con las medidas que ha adoptado el
Gobierno. Estas medidas son tan limitadas, están centradas en personas bajo un umbral de exclusión tan restrictivo que pueden servir para presumir de que se ha hecho algo, para aparentar que se ha hecho algo, pero, desde luego, en ningún caso se
pueden considerar como una solución definitiva a este grave problema.


La proposición no de ley del Grupo Socialista no coincide al cien por cien con los planteamientos de Unión Progreso y Democracia, que creemos que son más amplios, y como tuvimos ocasión de exponerlos en detalle ayer en el Pleno durante el
debate de una proposición de ley, no voy a reiterarlos. De todas formas diré que esencialmente consisten en equiparar las situaciones de las personas físicas con las de las personas jurídicas. El planteamiento del Grupo Socialista no es el
nuestro, pero tampoco nos parece mal lo que proponen. Apoyando esta actitud conjunta de los grupos de oposición de reabrir el tema y no darlo por cerrado, vamos dar nuestro voto favorable a la proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, tengo que decir que mi grupo se va a abstener. Compartimos gran parte de los argumentos señalados en la exposición de motivos y también
parte, no todas, de las medidas propuestas en la proposición no de ley. Sus señorías saben que desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado reiteradas iniciativas con el fin de afrontar y resolver los problemas que se plantean en esta
proposición que hoy debatimos, especialmente los que se refieren a la dación en pago.


Convergència i Unió actúa en varios frentes que brevemente voy a resumir. Nuestras propuestas se centran en evitar el sobreendeudamiento. En este sentido, proponemos una nueva ley de endeudamiento responsable que tenga como objetivo evitar
el sobreendeudamiento personal y familiar, consistente en mejorar la información que reciben los consumidores en relación con todas las consecuencias derivadas del perfeccionamiento del negocio y que el importe del crédito hipotecario no supere el
80 % del valor de la vivienda hipotecada y en ningún caso exceda el cien por cien del precio, salvo que se aporten garantías adicionales. En relación con los ingresos inembargables, proponemos una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para
modificar la regulación de estos ingresos. En cuanto a limitar los efectos de las cláusulas abusivas, proponemos una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los contratos de préstamo o créditos hipotecarios que contengan cláusulas
abusivas den derecho a la suspensión de la ejecución hipotecaria cuando el deudor formule oposición en esta causa y la autoridad judicial aprecie que esta resulta fundamentada.


En relación con la limitación de la obligación garantizada -que para nuestro grupo también es muy importante-, proponemos una reforma de la Ley Concursal para que los propietarios de vivienda habitual queden exonerados de la obligación de
satisfacer las deudas una vez que el concurso haya finalizado por la inexistencia de bienes y derechos del deudor si concurren algunas condiciones; entre ellas, tratarse de una declaración de concurso voluntario fortuito; que durante la
sustanciación del concurso la persona concursada haya tenido que colaborar de forma diligente con la autoridad judicial; que la insolvencia de la persona concursada tiene que ser sobrevenida; que el concursante tenga que ser una persona natural
que no haya ocultado bienes ni derechos a sus acreedores durante el concurso ni tampoco haberse librado de estos durante los dos años precedentes a la presentación del mismo y que la parte concursada no puede haber estado condenada con sentencia
firme por los delitos tipificados en los artículos 257 al 260 del Código Penal ni hallarse incursa en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 105 de la Ley Concursal. En cuanto a facilitar la continuación del uso de la vivienda
habitual, que para nosotros también es un aspecto muy importante, creemos que hay que impulsar una serie de medidas legales y fiscales para facilitar la continuación del uso de la vivienda habitual, en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo
de dación en pago y el juez exhorte al ejecutante para otorgar un contrato de alquiler que permita al ejecutante usar la vivienda.


Nuestro grupo impulsa una serie de medidas concretas desde ámbitos muy distintos y vamos a continuar activando esta serie de iniciativas para resolver los problemas expuestos en esta proposición no de ley. Repito que compartimos muchos de
los aspectos señalados por el grupo proponente, pero no todas las propuestas incorporadas en dicha proposición no de ley.


Por tanto, mi grupo se abstendrá en la votación.


La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Albendea.

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El señor ALBENDEA PABÓN: Sinceramente creía que el Grupo Parlamentario Socialista iba a retirar esta proposición no de ley después de haber visto que el viernes pasado el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y de
advertir que ayer en el Pleno de la Cámara no se tomó en consideración la proposición de ley de Unión Progreso y Democracia, porque ya está perfectamente regulado en el real decreto-ley que se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado
sábado 10 de marzo.


Para poner de relieve que está bien regulado, voy a hacer un rápido repaso de lo que es el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el que se han establecido diversos mecanismos conducentes
a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía real. La mayoría de las medidas serán de aplicación a quienes se
encuentren situados en el denominado umbral de exclusión. En este sentido, se ha determinado que los beneficiarios sean personas que se encuentren en situación profesional y patrimonial que les impida hacer frente al cumplimiento de sus
obligaciones hipotecarias y a las elementales necesidades de subsistencia. También este umbral es sensible, igualmente, a la situación económica de los demás miembros de la unidad familiar, así como de los titulares de las garantías personales o
reales que, en su caso, existiesen.


El eje en torno al cual giran las medidas de protección establecidas en el real decreto-ley consiste en la elaboración de un código de buenas prácticas que incluye tres fases de actuación. La primera está dirigida a procurar la
reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o créditos de las siguientes medidas: carencia en la amortización de capital, cuatro años; ampliación del plazo de amortización, hasta un total de cuarenta
años desde la concesión del préstamo; reducción del tipo de interés aplicable a Euríbor más 0,25 % durante el plazo de carencia. En segundo lugar, si no resulta suficiente la reestructuración anterior, las entidades podrán, en su caso, y con
carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda. Para el cálculo de dicha quita se prevén tres fórmulas alternativas: asunción por parte del banco de parte del riesgo derivado de una insuficiencia de las
garantías; imputación al principal de una cantidad proporcional a las cuotas pagadas y también la posibilidad de aplicar una reducción del 25 %. Finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores lograr reducir el esfuerzo hipotecario de los
deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su
vivienda durante un plazo de dos años, satisfaciendo una renta asumible. Asimismo, se moderan los tipos de interés moratorios aplicables a los contratos de crédito. El tipo moratorio será como máximo el resultante de sumar a los intereses
remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5 % sobre el capital pendiente de préstamo.


Creo que esta regulación es verdaderamente completa, suficientemente justa como para resolver el problema que tenemos. Lo que me llama la atención es que el portavoz del Grupo Socialista exija ahora al Gobierno que tome medidas. Da la
impresión de que la crisis inmobiliaria es una cosa del mes pasado. Ustedes no hicieron nada, y el Gobierno del Partido Popular a los tres meses, o menos, de estar gobernando ya ha aprobado un decreto-ley en defensa de los deudores hipotecarios con
dificultades.


La señora PRESIDENTA: A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Me voy a referir sustancialmente a las enmiendas de La Izquierda Plural. Me gustaría también hacer una precisión. Hemos valorado, por supuesto, de una forma negativa el decreto-ley aprobado hace unos días, pero el
representante del Grupo Popular me permitirá al menos...


La señora PRESIDENTA: Señor Gómez, no estamos entrando en debate.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Tengo que decirlo.


La señora PRESIDENTA: Señor Gómez, tiene que decir si acepta o rechaza las enmiendas. Vamos a tener tiempo.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Aquí se ha dicho algo que es absolutamente inexacto y tiene usted que permitirme decirlo.


La señora PRESIDENTA: Señor Gómez, en el debate en esta Comisión hemos dejado diez minutos a los que han defendido sus iniciativas y sus enmiendas en vez de los cinco minutos que acordamos en la reunión con los portavoces, excepto quien
voluntariamente no ha utilizado el trámite, pero no porque yo no se lo haya permitido, y cada uno ha podido exponer lo que haya estimado oportuno. No vamos a abrir un turno de réplica.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: No iba a replicar.


La señora PRESIDENTA: Le ruego que exclusivamente, por favor, señor Gómez, diga si acepta o no las enmiendas presentadas por La Izquierda Plural.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: No iba a replicar, señora presidenta, iba a decir que para que algo se considere definitivo, como fue un decreto-ley aprobado el viernes, tendrá que ser convalidado en la Cámara y todavía no se ha hecho. No importa
la votación de ayer

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respecto a la propuesta de UPyD, lo que importa es que ese decreto-ley se convalide en la Cámara, y no deseo nada malo a los representantes del Grupo Popular (El señor Albendea Pabón: ¿Acepta la enmienda o no?-Rumores). Hay que convalidar
los decretos-ley en la Cámara.


La señora PRESIDENTA: Señorías, el decreto vendrá a convalidación y votaremos todos los diputados.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Hay que convalidar los decretos-ley en la Cámara para considerarlos como definitivos.


La señora PRESIDENTA: Usted sabe que se vienen convalidando todos.


Señor Gómez, ¿acepta las enmiendas de La Izquierda Plural?


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Esperemos a que se consolide y en ese momento será un decreto-ley definitivo.


La señora PRESIDENTA: Pero está publicado.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: En segundo lugar, quiero decir que por parte del Grupo Parlamentario Socialista no hay ninguna dificultad en aceptar todas las enmiendas que ha presentado La Izquierda Plural, salvo una transacción que ofrecería al
párrafo segundo del punto 2.1 de la enmienda, donde se habla de crear en el plazo de tres meses un procedimiento rápido y económico. Nuestra transacción se refiere, por supuesto, a que permita a las familias la liquidación de la deuda hipotecaria
cuando afecte al domicilio habitual. Queremos transarlo y decir que se produciría lo previsto en dicho párrafo en los mismos términos aprobados por el Gobierno en el código de buenas prácticas, por ley, por norma, en los casos de exclusión social.
Es decir, que en los mismo términos en que se produce la definición de exclusión, estaríamos dispuestos a aceptar, en la medida en que se trata de una proposición no de ley, que la dación en pago también se pudiera aplicar en esos casos, para ese
colectivo en concreto, a través de una norma y no, como hace el Gobierno, de un código de aplicación voluntaria.


La señora PRESIDENTA: Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Entiendo los esfuerzos del Grupo Socialista, pero como la confusión en relación con el famoso real decreto-ley sobre buenas prácticas es tal, prefiero que no nos mezclen con él. Casi es mejor que no nos acepten
esa parte de la enmienda. De todas formas, vamos a votar igualmente su proposición no de ley. Como no creo que afecte en nada a las condiciones de las pobres personas que están en situación de dación en pago, tampoco me parece que sea tan
trascendente. Que no me mezclen con el real decreto-ley de este sábado.


La señora PRESIDENTA: Señor Gómez, no le aceptan la transaccional.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: El resto de los puntos encaja perfectamente en el espíritu y en el contenido de nuestra propuesta.


- SOBRE LA LIMITACIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000389).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley de Unión Progreso y Democracia sobre la limitación de los intereses de demora en los préstamos hipotecarios y otras medidas de protección a los deudores
hipotecarios.


Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: La crisis económica que padecemos se alarga ya cinco años y entra en una nueva fase de recaída, lo que, como sus señorías saben, hace que el número de parados haya llegado ya a 5.300.000 y que cada vez más familias
se vean en situaciones que les impiden hacer frente a los pagos de sus hipotecas. Me gustaría recalcar, por tanto, que no se trata de personas que hayan pedido un préstamo y voluntariamente lo impagan sino que son personas que por circunstancias
ajenas a su voluntad se ven imposibilitadas de hacer frente a sus obligaciones. Es muy ilustrativo que la tasa de morosidad de las hipotecas sea muy baja comparada con la de otros préstamos; es una tasa de morosidad del 2,62 %. Lo último que
dejan de pagar las familias es su hipoteca, solo lo hacen cuando las circunstancias se convierten en inevitables. Eso sí, ese 2,62 % se aplica sobre un stock de hipotecas tan grande que hace que sean muchos los perjudicados en términos absolutos.
El Consejo General del Poder Judicial nos dice que son ya más de 300.000 las familias que han sufrido procesos de ejecución hipotecaria desde el inicio de la crisis.


Los distintos grupos parlamentarios vienen presentando en la Cámara iniciativas muy ambiciosas en torno a esta cuestión, y creemos que esto dificulta el acuerdo, puesto que como son tan ambiciosas todos coincidimos en que el problema es
importante, pero nunca llegamos a ponernos del todo acuerdo en lo que unos y otros proponen. Por eso, podría tener sentido buscar un mínimo común denominador; al menos, ponernos de acuerdo en algo que sea muy evidente para todos. Este es el
propósito de esta iniciativa: llamar la atención sobre un aspecto

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concreto de los problemas hipotecarios, que son los intereses de demora. Estos intereses de demora, que pueden alcanzar niveles del 30 % -son, por tanto, claramente abusivos-, suponen una penalización excesiva para el perjuicio que causa el
impago a la entidad y se convierten en el inicio de un proceso imparable. Con estos intereses de demora abusivos y usurarios cuando alguien impaga entra en una dinámica, en una especie de túnel sin salida que acaba llevando a situaciones
dramáticas. Estos tipos de interés del 30 % no tienen un límite legal. El Banco de España en sus criterios de buenas prácticas dice a las entidades que deben facilitar información sobre el nivel del interés de demora, pero no impone ningún límite
máximo, queda al libre pacto entre las partes. Sin embargo, ese pacto es desigual, porque las familias se encuentran con un contrato hipotecario al que se ven obligadas a adherirse en bloque, es difícil renegociar cláusulas concretas; se adhieren
al conjunto del contrato hipotecario que incluye esta cláusula de intereses de demora tan elevados. En otro tipo de intereses similares sí que existen límites legales, por ejemplo, en los créditos comerciales o en los descubiertos que se producen
en la cuenta bancaria. Incluso hay diversas sentencias judiciales referidas a los intereses de demora hipotecarios en las que los jueces llegan a la conclusión, para demandas concretas, de que hay que poner un límite que sitúan en 2,5 veces el
interés legal del dinero. A nuestro grupo le parece que este límite es alto. Hoy en día eso equivale más o menos a un tipo de interés del 10 %. Propondríamos uno más bajo, pero en aras del acuerdo nos hemos ceñido a este tipo que emana de la
jurisprudencia: 2,5 veces el interés legal del dinero, que no está mal; es un 10 %, pero comparado con el 30 % actual supondría una mejora importante. En algunas comunidades autónomas, como Cataluña, ha habido iniciativas en este sentido, pero
creemos que sería importante presentar una iniciativa estatal.


Como señalaba el portavoz del Grupo Popular en su anterior intervención, el Gobierno se propone aprobar un real decreto para atender problemas de este tipo, pero insisto en que sitúa a los afectados bajo un umbral de exclusión tan limitativo
que realmente va a afectar a un colectivo muy pequeño en una situación muy desesperada, pero no a otras personas en situación igualmente preocupante que también merecerían protección, como mínimo en lo que estoy planteando, que son estos intereses
de demora tan elevados. En el real decreto que se propone aprobar el Gobierno para ese umbral de exclusión se hace que el interés moratorio tenga un tope máximo, que sería el pactado en el contrato más 2,5 puntos. Lo que nosotros estamos
proponiendo sería -para todo el mundo, no para los que están bajo ese umbral- un interés más alto que el que propone el Gobierno para los que están en el umbral de exclusión, que es algo que parece que tendría sentido. Proponemos un límite legal a
los intereses de demora generalizado, no solo para las personas que están por debajo del umbral de exclusión, y que se situaría en 2,5 veces el interés legal del dinero, lo que hoy equivaldría, más o menos, repito, al 10 %. Insisto en que esto lo
hacemos en aras del acuerdo, porque es un interés más elevado del que quisiéramos.


Junto a esto, que es lo esencial de nuestra propuesta, hemos añadido en el punto 1 un apartado b) y un apartado c), porque Unión Progreso y Democracia presentó en la IX Legislatura una iniciativa similar, que fue aprobada pero que no se ha
puesto en práctica. En aquella ocasión, el Grupo Popular intervino para ampliar el objeto de la iniciativa; no le parecía lo bastante ambiciosa y quiso añadir dos puntos, que son los que hemos incorporado como b) y c). Esto se debatió en la
Comisión de Economía y Hacienda el 13 de octubre del año 2010. El Grupo Popular añadió estas dos enmiendas: que en los casos de operaciones hipotecarias el vencimiento anticipado no se pueda ejecutar hasta que se haya incurrido en impago durante
un mínimo de seis meses. Es decir, que no basta con el impago de una cuota sino que como mínimo haya impagados seis meses para que se pueda producir ese vencimiento anticipado de la hipoteca, para que se le pueda reclamar al endeudado la totalidad
del préstamo. Esto nos pareció razonable, en aquel momento se votó por unanimidad, pero no se ha aplicado. Ahora que el Grupo Popular está en condiciones de ponerlo en práctica, estamos seguros de que será coherente con sus propuestas de entonces.


Lo mismo sucede con el apartado c). El Grupo Popular propuso que la posibilidad de rehabilitar una operación no se limitase, como hoy en día impone la legislación, a los consumidores para su vivienda familiar sino que se ampliase también a
todo tipo de prestatarios; es decir, que los profesionales, autónomos, pequeñas empresas pudiesen rehabilitar la operación y no únicamente los consumidores en el caso de su vivienda habitual. Sigue pareciéndonos razonable. Se aprobó, y como no se
ha puesto en práctica lo hemos incorporado como punto 1.c).


Los puntos 2 y 3, más generales, se refieren a las prácticas abusivas de bancos y cajas, relacionadas con los créditos hipotecarios, proponiendo que se fortalezca la vigilancia, dado que el último informe del Defensor del Pueblo manifestaba
que en este ámbito las quejas de los ciudadanos son muy numerosas. Se propone también incrementar la vigilancia en las entidades de reunificación de deudas, que es otro tipo de entidades que genera una gran conflictividad.


Quisiéramos que esta iniciativa pudiese servir para alcanzar un consenso en una cuestión, en el punto 1, que creo que está por encima de lo partidista, que es simplemente que no tiene sentido que al que deja de pagar una cuota de su hipoteca
se le cargue un tipo de interés del 30 por ciento y se le embarque en una dinámica que conduce a la pérdida de la vivienda, cuando he señalado ejemplos de otro tipo de préstamos similares en los que existe esa limitación.


La señora PRESIDENTA: ¿La Izquierda Plural quiere defender sus enmiendas?

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El señor GARZÓN ESPINOSA: Ha quedado clara nuestra posición respecto a esta problemática. Hemos presentado unas enmiendas para mejorar la proposición no de ley, pero hacemos notar que aunque no sean aceptadas votaremos a favor de esta
iniciativa.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo de UPyD, sobre la necesaria limitación de los intereses de demora en los préstamos hipotecarios y otras medidas de protección a los deudores
hipotecarios, nuestro grupo votará favorablemente.


En la anterior legislatura ya votamos a favor de esta misma proposición no de ley. La única diferencia que hay con la que se aprobó en el año 2010 es que en aquel momento no se especificó de forma tan exacta el límite máximo de los tipos de
interés de demora, situándolo entre el tipo de interés del descubierto bancario y el tipo de interés de demora comercial, mientras que ahora se fija en 2,5 veces el tipo de interés general del dinero. Tal y como se recoge también en la exposición
de motivos de la proposición no de ley, la Generalitat de Catalunya está modificando la Ley 22/2010, el Codi de Consum de Catalunya, en cuyo anteproyecto se introduce que para los créditos y préstamos hipotecarios se consideren abusivos unos tipos
de interés de demora superiores a 2,5 veces el interés legal del dinero.


Por ambas razones, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo de UPyD.


La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Estamos de acuerdo, y lo hemos puesto de manifiesto en la proposición no de ley, con la necesidad de limitar los tipos moratorios. Hay alguna cuestión que nos separa un poco de esta propuesta. La base de partida de
la propuesta de limitarlo a 2,5 veces el tipo de interés legal se recoge en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, que establece, efectivamente, ese tope de 2,5 veces el tipo de interés legal cuando se trata de créditos
al consumo. Lo que ocurre es que el crédito hipotecario, como sabemos bien, hace mucho tiempo que tiene tipos de interés inferiores como consecuencia de que el mercado siempre ha considerado una garantía más importante, más clara la garantía real
del propio inmueble. Por esa razón, en el debate de ayer mismo planteamos que el tipo de interés de demora no debería superar los dos puntos, porque efectivamente existe esa mayor garantía que aquella que da. En este momento, 2,5 veces el tipo de
interés legal significa, si no calculo mal, que estaríamos en el entorno de los seis puntos, pero es verdad que el tipo de interés legal tiene la oscilación correspondiente al propio tipo de interés de mercado.


Nos parece mejor un indicador que se acerque mucho más al valor de mercado y que no introduzca tanta diferencia entre el tipo de mercado y el tipo finalmente aplicado en mora. Dos puntos nos parecen más que suficientes en una garantía como
la real. No obstante, con estas pretensiones votaríamos a favor de una medida que definitivamente introdujera algún tipo de límite, aunque, insisto, nos parece excesivo el límite que se plantea por arriba.


La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Voy a realizar unas manifestaciones previas antes de valorar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y ofrecerle una enmienda in voce por si la puede aceptar o llegar a un
acuerdo transaccional sobre esta cuestión, antes de proceder a la votación.


En estos días estamos viviendo varios debates con respecto al sistema hipotecario, su reforma y su modificación. Agradezco que esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia se haya centrado en una
cuestión determinada, como son los intereses de demora, porque es verdad que no estábamos llegando a acuerdos con respecto a la modificación concreta del sistema hipotecario. No estamos llegando a acuerdos, no por cuestiones ideológicas -aunque en
algunos casos imagino que también-, sino porque la modificación del sistema hipotecario es muy compleja, tan compleja que en la legislatura pasada al acuerdo que llegamos los grupos políticos fue -a una iniciativa del Grupo Popular- solicitar la
creación de una subcomisión de análisis para la reforma del sistema hipotecario. A esa solicitud de creación se sumaron el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo de Esquerra Republicana y al final presentamos una propuesta firmada por
todos los grupos políticos. El último grupo político que se sumó a esa iniciativa fue el Grupo Socialista, que en ese momento sustentaba al Gobierno. Se negó porque, aparte de todas estas cuestiones, se iba a hablar también, por primera vez en
España, de la dación en pago en una sede parlamentaria. Sé que ahora el Grupo Parlamentario Socialista defiende de una manera muy pasional la dación en pago, pero antes se negaba. Tengo aquí titulares del presidente del Gobierno, señor Zapatero,
diciendo: La dación en pago pondría en peligro la banca; manifestaciones de la vicepresidenta, señora Salgado: La entrega de viviendas no servirá para saldar la deuda hipotecaria; y una curiosa de la señora Salgado del mismo día en que se
anunció la presentación de la solicitud de creación de una subcomisión en la que dice: Salgado niega que se vaya a crear una subcomisión para estudiar la dación en pago. Esa subcomisión se creó

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en la legislatura pasada y espero que el análisis de la reforma del sistema hipotecario, que es muy complejo, desde la tasación, las cláusulas posibles abusivas; los tipos de interés de demora a los que se ha hecho referencia, que son de
auténtica usura -y se puede decir que un tipo de demora de un 29 % es auténtica usura-; la independencia de las tasadoras, todas estas cuestiones se pueden modificar. Y sobre todo, y antes de la dación de pago que libere totalmente la deuda -lo
que dijimos ayer en el Pleno del Congreso-, las medidas de segunda oportunidad y de protección para que un deudor, de buena fe, no sea lanzado de su vivienda -como les propusimos ayer y que están recogidas en el real decreto-: la reestructuración
de la deuda y en caso de dación de pago llegar a un contrato de arrendamiento obligatorio por un plazo de dos años. Todo esto se puede estudiar en esa subcomisión o en otra que se ha solicitado ya dentro de esta Comisión, que es la subcomisión de
transparencia de los productos financieros e hipotecarios, cuya constitución se votará muy pronto. Por tanto, ahí es donde todas estas cuestiones se pueden y se deben analizar para erradicarlo de nuestro sistema, porque es un sistema que lleva
ciento cincuenta años. Pero la crisis financiera y operar esa segunda parte de subastas, cuando no hay postor, han creado un sistema que se ha manifestado injusto y desproporcionado.


Al portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia le propongo una transaccional, aunque no tengo mucha esperanza en que me la acepte, porque ya sé su posición con respecto al real decreto, que sí que aprobó el Gobierno.
Usted acaba de decir que el Gobierno se proponer aprobarlo. No, el real decreto se aprobó el viernes pasado, aunque falta la convalidación próximamente en el Congreso de los Diputados, pero es un real decreto que está aprobado y ya está publicado
en el Boletín Oficial del Estado. Propongo que el apartado 1. a) establezca: que estos tengan como límite máximo el resultante de sumar, a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo, un 2,5 % sobre el capital pendiente del préstamo, en
los términos establecidos en el artículo 4.1 del Real Decreto-Ley 6/2012, de P9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Asimismo propongo unir los puntos 2 y 3 en un solo apartado que establezca:
Incorporar al contenido de la subcomisión de transparencia de los productos financieros hipotecarios, cuya creación se ha solicitado, el análisis y, en su caso, modificación y/o supresión de condiciones y prácticas que puedan considerarse abusivas,
tanto en los contratos de préstamo hipotecario como en los de reunificación de deuda. Con estas dos propuestas podríamos aceptar esta proposición no de ley. Si no, como está vigente el real decreto que fue publicado en el Boletín Oficial del
Estado, tendríamos que seguir apoyándole.


La señora PRESIDENTA: Señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: ¿Puedo tener unos minutos para aclarar el contenido exacto de la enmienda con el portavoz del Grupo Popular? Porque no me ha quedado claro del todo.


La señora PRESIDENTA: ¿En relación con las enmiendas de La Izquierda Plural?


El señor ANCHUELO CREGO: Estamos de acuerdo con el contenido, pero como el espíritu de la propuesta es hacerlo lo más reducido posible para facilitar el acuerdo, no las vamos a aceptar. No porque nos parezca mal, sino por no ampliar más el
contenido y dificultar el acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Habíamos dicho que las votaciones se iban a producir no antes de las seis de la tarde, son las siete menos veinte, tenemos cinco minutos para ponernos de acuerdo y para que esté aquí todo el mundo y a menos cuarto
vamos a proceder a las votaciones. Mientras tanto recuerdo que vamos a celebrar una reunión de Mesa y portavoces cuando concluyamos las votaciones, entre otras cosas, como saben, para establecer el orden del día de la próxima Comisión que tendrá
lugar el día 28 de marzo. (Pausa).


Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Ruego a los servicios de la Cámara que cierren la puerta, por favor. Pasamos a votar la primera de las proposiciones no de ley sobre modificación del artículo 348 bis del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que era una transaccional, añadiéndole la palabra, además de analizar, impulsar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 2; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a votar la segunda proposición no de ley sobre reforma del sistema financiero y creación de un polo de banca pública, mediante la nacionalización de las cajas de ahorro y sus bancos participados en los mismos términos presentados por
el grupo proponente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 26; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Pasamos a votar la tercera proposición no de ley sobre medidas en relación con la falta de transparencia y liquidez de los ahorros invertidos en participaciones preferentes, con las enmiendas incorporadas en el debate.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Pasamos a votar la cuarta proposición no de ley sobre medidas para prevenir situaciones de sobreendeudamiento de particulares, proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución y favorecer la dación en pago, con las
enmiendas aceptadas en el debate.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


A continuación pasamos a la votación de la quinta proposición no de ley sobre la limitación de los intereses de demora en los préstamos hipotecarios y otras medidas de protección a los deudores hipotecarios. Esta proposición no de ley tiene
una transaccional que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar la regulación oportuna de los tipos de interés de demora en los préstamos hipotecarios estableciendo un límite máximo legal que evite intereses de demora
desproporcionados y/o abusivos.


Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.