Las formas en democracia son esenciales, y la conversión de
ese real decreto, que no es más que un batiburrillo legal, en proyecto de
ley aprisa y corriendo, es simplemente una burla a la democracia y una
muestra de la actitud despótica del Gobierno y del grupo que le
sustenta.

La ciudadanía está exigiendo una auténtica regeneración
democrática, y no medidas cosméticas y tramposas como este proyecto de
ley, que solo implica más degradación democrática. La transparencia y la
regeneración reclamadas por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país
reciben un nuevo y duro golpe. El Gobierno vuelve a dar la espalda a la
ciudadanía y se aleja cada vez más del sentir de millones de personas que
piden más democracia en todos los rincones del país.

Una vez más, están forzando y violando la Constitución. A
lo largo de esta legislatura ya van cincuenta y cinco leyes ordinarias y
cincuenta y seis decretos-leyes. Continúan con este desprecio a la
democracia y al debate parlamentario porque cuentan con la impunidad. Con
este proyecto de ley, el Gobierno deja claro que lo excepcional es que
las leyes las elabore el Parlamento y lo frecuente, lo que han convertido
en normal, es que el Gobierno actúe de legislador, suplantando al
Congreso y al Senado.

Estas medidas impulsadas desde el Ejecutivo no entrarán en
vigor hasta el 1 de enero de 2015, por lo que resulta falsa y pobre la
excusa puesta por el Gobierno para tramitar dicha norma con carácter de
urgencia. Ni las bonificaciones a la contratación del Plan de Garantía
Juvenil, ni los cambios en la gestión de los puertos, las medidas para la
privatización de AENA, la liberalización del sector del butano, la
privatización del Registro Civil, el uso de drones o la reducción de las
comisiones por pago con tarjeta de crédito, eran asuntos que no pudieran
someterse a un profundo debate con la plena participación de todos los
grupos.

Sin embargo, el Gobierno no solo acumula en una sola ley un
sinfín de normas que atañen a asuntos totalmente diferentes, sino que
además pretende que sean aprobadas sin someterse al más mínimo y riguroso
debate, ocultando a la ciudadanía y la opinión pública el debido
escrutinio de unas medidas que les afectarán directamente.

Han presentado como urgentes medidas que toda la Cámara le
hemos presentado al Gobierno en innumerables ocasiones y que el Partido
Popular ha rechazado de manera prepotente y absolutista. Así ocurrió, por
ejemplo, con el empleo juvenil. Este Ejecutivo lleva dos años paseando el
plan de emprendimiento juvenil, pero ha impedido que la ministra de
Empleo compareciera para explicarlo. Sin embargo, ahora lo tramitan a
través de un decreto-ley porque es urgente. Lo mismo ocurre en el
tratamiento fiscal por la dación en pago, en el tema de las cotizaciones
de los becarios o con la reducción de los costes de las tarjetas de
crédito.

El barullo que supone la tramitación urgente de este
proyecto de ley se demuestra, por ejemplo, en el hecho de que con esta
norma el Gobierno modifica otro Decreto-ley de 28 de febrero de este año.
Resulta impresentable el grado de improvisación que impulsa a este
Gobierno a legislar de esta manera, con correcciones y enmiendas a sí
mismo de forma casi permanente, lo que menoscaba la seguridad jurídica en
este país.

En relación al tema de la eficiencia energética incluida en
este proyecto de ley, pasan por alto interesadamente que este Gobierno ha
destrozado el sector industrial de energías alternativas y que han sido
capaces de poner un impuesto al sol. La incoherencia que trasladan con la
aprobación de esta medida se refleja en el hecho de que el PP votó en
contra la directiva europea que ahora desarrollan.

En cuanto a la Garantía juvenil, después de dos años
presentan una medida que va a provocar frustración entre los jóvenes de
nuestro país, porque con ella no les pueden garantizar ni empleo ni
formación. Porque dedican los recursos disponibles a regar con más
bonificaciones a las empresas.

Pero una de las partes más sangrantes del proyecto de ley
es la consumación del expolio que va a suponer la privatización del 49%
de AENA con una de las mayores ofertas públicas de venta de la historia
de este país. Con este macroproyecto de ley se configura el marco
regulatorio que permite liquidar el control público de un sector
estratégico como el transporte aéreo. Se regula la venta o el cierre de
aeropuertos que pueden ser imprescindibles para la vertebración y
cohesión de algunas comunidades autónomas, priorizando la rentabilidad
económica.

No se va a garantizar el mantenimiento y las condiciones
laborales de los trabajadores y trabajadoras sino la rentabilidad de los
inversores, a la vez que se van a congelar las tasas hasta 2025, lo que
puede suponer unas graves pérdidas para las arcas públicas. Con esto
queda de manifiesto que no hay ni un solo argumento relacionado con el
interés general y el beneficio público que pueda soportarse con un mínimo
de rigor para legitimar esta operación, por mucho que estos términos se
repitan machaconamente

en los cuarenta folios que el decreto dedica a este asunto
en su articulado. No puede soportarse porque aquí no hay ningún beneficio
público que valga.

La urgencia y el envoltorio de este macrodecretazo,
acompañado con la modificación de veintinueve leyes más, se hacen única y
exclusivamente para el beneficio de unos pocos empresarios del sector
privado afines y bendecidos por este Gobierno. Las prisas, la imposición
y el puntapié a la democracia parlamentaria está en definitiva y
fundamentalmente en la venta de AENA, el primer gestor aeroportuario del
mundo, que ha duplicado su resultado bruto de explotación en el periodo
2011-2013, cerrando el ejercicio con un beneficio neto de más de 600
millones de euros, puesto que ha reducido su endeudamiento y este año
está experimentando un importante crecimiento tanto en operaciones como
en número de pasajeros. Siguen haciendo negocio con lo público.

Es un escándalo que con esta operación el Estado no vaya a
ingresar más de 2.500 millones de euros, que se conseguirían en apenas
cinco años con los beneficios obtenidos de 2013. Es una empresa pública
rentable en la que se han hecho inversiones multimillonarias y que hoy
está saneada entre otras cosas porque se han sacrificado 1.600 puestos de
trabajo; una empresa así no se vende, si no hay intereses ajenos al
interés general.

Los españoles no vamos a ganar nada con esta operación.
Perderemos el control de las decisiones en una red por la que entra el
90% de los turistas extranjeros; eso sí, el negocio millonario para los
amigos del Ibex 35 queda garantizado.

Estas y otras medidas son las que el Gobierno pretende
sacar adelante sin siquiera debatirlas y, por tanto, sin ser sometidas a
la lupa de la ciudadanía. Es un insulto a la democracia y un buen ejemplo
de la arrogancia y la soberbia de un Gobierno que solo siente
indiferencia por la difícil situación que atraviesan los ciudadanos y
ciudadanas de este país, así como un claro menosprecio a la transparencia
y la regeneración de la que tanto presume.

Por todo lo anterior, es por lo que solicitamos su
devolución al Gobierno.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
(procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio).

Palacio del Senado, 18 de septiembre de 2014.—Ester
Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia esconde una
modificación de la Ley del Registro Civil. Sólo el procedimiento empleado
para llevar a cabo dicha modificación, un nuevo proyecto ómnibus que
pretenden aprobar a golpe de mayoría absolutista, justificaría la
presentación del presente veto. La modificación de la regulación del
Registro Civil, más aún si es de tanto calado como la que hoy nos
presentan, merece ser tramitada mediante un Proyecto de Ley específico y
ser aprobado con el mayor consenso posible.

Esquerra Republicana de Catalunya se opone a la
privatización del Registro Civil y a que este deje de estar financiado
mediante cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Encomendar la
llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles no tiene otro objeto que privatizarlo. La llevanza del
Registro Civil, que custodia datos de especial sensibilidad como son los
nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos, debe estar
en manos de funcionarios públicos calificados y podría ser asumido por
los Secretarios Judiciales. No tiene ningún sentido que sean los
registradores mercantiles quiénes deban ocuparse de ellos.

La modificación planteada con este Proyecto de Ley no
clarifica como va a garantizarse la gratuidad del Registro Civil. Se
establece que la prestación del servicio público continuará siendo
gratuita pero no regulan como ello se va a garantizar. El Gobierno no
puede subir los aranceles mercantiles, pues ello

supondría un incumplimiento de la Directiva 2009/101/CE.
Luego, no explican cómo van a financiar dicho servicio público.

Finalmente, vuelven a poner de manifiesto su visión
centralista y homogeneizadora, en este caso estableciendo las oficinas
del Registro Civil únicamente en las capitales de provincia y su llevanza
mediante un sistema informático centralizado.

Por otro lado, la visión centralista y homogeneizadora del
Estado que mantiene el Partido Popular también se pone de manifiesto con
la modificación de otras leyes como la regulación del comercio minorista
y la unidad mercado; y afectación de la gestión directa de los
aeropuertos de interés general.

Por todo ello, se presenta el siguiente veto al Proyecto de
Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014,
de 4 de julio).

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del
Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio).

Palacio del Senado, 18 de septiembre de 2014.—La
Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

El Grupo Parlamentario Socialista manifiesta que el
Gobierno no ha respetado, al dictar el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de
julio, del que procede el Proyecto de Ley de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, la doble
limitación que establece el artículo 86.1 de la Constitución Española, en
cuanto a la concurrencia de la «… extraordinaria y urgente
necesidad» y la no afectación de determinadas materias entre las cuales
se incluyen, entre otras, «… los derechos, deberes y libertades de
los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución».

Es inaceptable que el Gobierno para justificar la
concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad
alegue razones que son meras afirmaciones genéricas, abstractas y en
algunos casos contradictorias. Afirmaciones formuladas en términos tales
que las mismas serían de aplicación a cualquier tipo de reforma
legislativa.

Volvemos a reiterar que en realidad, el recurso del
Gobierno a esta figura de legislación de urgencia durante la presente
legislatura no es en modo alguno, excepcional, sino que se ha convertido
—y esto es lo más grave— en su forma ordinaria de legislar.
Ningún otro gobierno, desde la aprobación de la Constitución, ha acudido
torticeramente a la legislación de urgencia en tanta proporción como el
actual, disfrazando gravemente de legislación de urgencia cambios
importantes para el interés general en políticas estructurales y
estratégicas, que necesitan el máximo de garantías procedimentales,
garantías que de esta forma no las tienen.

Con esta forma de proceder, además de concretas
vulneraciones del artículo 86 de la Constitución, este Gobierno desvirtúa
por sí mismo tanto los fundamentos de la democracia parlamentaria, como
los esquemas clásicos de fuentes del derecho y de división de poderes.
Además vulnera las facultades que en materia legislativa la Constitución
y los Reglamentos atribuyen a los diputados y grupos minoritarios,
especialmente agravado en la actual situación de gobierno con mayoría
absoluta en las dos Cámaras que integran las Cortes Generales.

A todo lo anterior, añadir la ya habitual adopción por el
actual Ejecutivo de otra práctica que exacerba aún más éste menoscabo del
principio de excepcionalidad, y que es la utilización de la figura del
decreto-ley, vehículo concebido para atender una determinada necesidad
regulatoria, como instrumento legislativo destinado a la introducción de
otras modificaciones del ordenamiento que no tienen conexión alguna con
la regulación inicialmente proyectada, ni están cubiertos por el
presupuesto habilitante de la primera decisión. Práctica ésta utilizada
por el Gobierno de forma reiterada durante la presente legislatura.
Utilización que vuelve a repetir en este Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de
julio, si bien ahora lo hace

elevando el grado de diversidad normativa que contiene
hasta un nivel de exacerbación absolutamente inaceptable.

En otro orden de cosas, los socialistas no compartimos la
finalidad de este Proyecto de Ley en que:

— Favorece, en cuanto al impulso de la actividad
económica a las grandes superficies en perjuicio del pequeño comercio y
de la creación y mantenimiento del empleo, de la actividad económica y de
la vertebración comercial de España, sin resolver la financiación y sin
una ayuda clara a la internacionalización.

— Pone en manos de operadores privados datos
sensibles de los ciudadanos, atribuyendo la llevanza del Registro Civil a
los registradores mercantiles, conculcando, entre otras cosas, el derecho
a la intimidad.

— Inicia la privatización de AENA y contempla la
posibilidad de cerrar aeropuertos e instalaciones aeroportuarias.

— Regula, mediante un Decreto-Ley, un sector
estratégico para el interés general, señalando con ello contradicciones
respecto de la salvaguarda de la integridad de la red de aeropuertos de
interés general.

— Contiene provisionalidad en ciertos de sus
artículos, dando con ello capacidad al Gobierno de auto-otorgarse la
capacidad de cambiar la ley vía reglamento.

— Modifica, con este procedimiento y propósito, la
Ley de Puertos, buscando así eludir la responsabilidad inversora del
Ministerio de Fomento, yendo con ello contra la competencia y la libre
concurrencia, confiscando fondos propios de las autoridades
portuarias.

— Parchea la Ley de Hidrocarburos, no consiguiendo
con ello ni la imprescindible adaptación de la Ley existente a la
realidad actual, que conllevaría tanto la necesaria revisión en
profundidad con todas las garantías procedimentales, ni la realización de
una nueva Ley de Minas, ni cumple con la pretensión de trasponer una
directiva comunitaria sobre eficiencia energética, sin el correspondiente
informe del Consejo de Estado.

— No desarrolla adecuadamente, ni por procedimiento
ni por regulación específica la garantía juvenil en nuestro país. Se
debería llegar a más jóvenes y con menos restricciones, integrándose en
el sistema de la Ley Básica de Empleo, contando con el Servicio Público
de Empleo, con el desarrollo de su portal único, con más servicios de
orientación, y con la participación de las Comunidades Autónomas. Al
mismo tiempo que debería apostar por reforzar la garantía de formación de
los jóvenes en los contratos formativos, con bonificaciones que deben
sustituir a las reducciones de cotización, fomentando los contratos
indefinidos.

— No modifica seriamente ni la Ley Básica de Empleo,
que encubre el gran recorte de las políticas activas de empleo, ni el
control adecuado respecto de las empresas de trabajo temporal y de la
agencia de colocación, sin apostar por la coordinación entre la comunidad
educativa y laboral en un plan de inserción de los parados de larga
duración.

— No aporta a nuestro juicio medidas fiscales
adecuadas. Éstas deberían, entre otras, recuperar la retención del 15%
para todos los autónomos, o que el impuesto sobre los depósitos a las
entidades de crédito tenga un tipo de gravamen del 0,4%, que se cree un
nuevo impuesto que grave el pasivo neto del capital y depósitos de las
entidades y la puesta en marcha, lo más rápidamente posible, del impuesto
sobre transacciones financieras internacionales, todo ello con el fin de
que las entidades financieras devuelvan a la sociedad lo que ésta les ha
dado y evitar que en el futuro se produzca el efecto apalancamiento.

— Legisla de manera improvisada sobre las Fuerzas
Armadas.

— Adolece de falta de priorización en la cobertura de
plazas para la atención de los servicios públicos.

— Desprecia las competencias de las Comunidades
Autónomas, en lo que no es sino la continuación de una senda ampliamente
transitada en esta Legislatura. La senda del proceso recentralizador en
materia competencial. Asunto éste que ha sido causa y razón de un elevado
nivel de conflictividad ante el Tribunal Constitucional y que la presente
norma no contribuye a rebajar, sino que, previsiblemente, aumentará.
Porque, lo menos que se puede decir del catálogo de propuestas que
incluye el presente proyecto es que no ha buscado el consenso con las
Comunidades Autónomas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
siguiente propuesta de Veto al presente Proyecto de Ley y propone su
devolución al Congreso de los Diputados.

Página
7

El Gobierno en la Convalidación del decreto, en el Congreso
de los Diputados, aceptó con la confianza que otorga la mayoría absoluta
en las dos Cámaras, su tramitación como Proyecto de Ley. Y, además,
declaró su tramitación como Urgente. Esta excusa reglamentaria reduce
considerablemente el trámite parlamentario y dificulta enormemente el
trabajo del legislador, reduciendo la oportunidad de estudio sereno y en
detalle del contenido y el tiempo de debate y la búsqueda de consenso
político que exige cualquier tipo de normativa.

El Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real
Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio), que llega al Senado contiene
modificaciones de treinta leyes, de contenido diverso, heterogéneo e
inconexo y, gran parte de ellas incumplen el carácter de «medida urgente»
que quiere impregnarle el Gobierno. Así, se incluyen medidas que afectan
a nueve ministerios: Presidencia, Justicia, Defensa, Hacienda y
Administraciones Públicas, Fomento, Educación, Cultura y Deporte, Empleo
y Seguridad Social, Industria, Turismo y Energía, y Economía y
Competitividad.

Igualmente estamos en contra de la mayoría de las medidas
que contiene este proyecto de ley y así se reflejará de forma clara en
nuestras enmiendas. En primer lugar, un estudio en profundidad del
contenido de la norma nos lleva a comprobar la filosofía recentralizadora
que emana de sus medidas. Y esto no es admisible en un Estado
descentralizado en el que existe un reparto constitucional de
competencias entre administraciones que debe ser respetado. El afán
recentralizador que demuestra continuamente el Gobierno del Partido
Popular en su actividad legislativa es muy grave, y más que aportar la
necesaria solidaridad y complementariedad entre niveles de
administración, aporta recelo, competencia y futuros conflictos y
litigios.

En segundo lugar, además, muchas de las medidas contenidas
esconden una regulación a favor de determinados intereses que no siempre
coinciden con la obligada «defensa del interés general» que debería regir
en toda acción de un gobierno responsable.

Por todo lo mencionado con anterioridad, no podemos aceptar
la tramitación en el Senado y presentamos esta propuesta de veto al
Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014,
de 4 de julio).