siendo solo considerados de servicio público los de defensa
nacional y protección civil. Importante este detalle para distinguir
ambos conceptos.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 5. 3.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 5, punto 3, primer párrafo, quedaría así:

«Las medidas que se adopten en relación al acceso o al uso
por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a
través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y
libertades fundamentales, como queda garantizado en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, en los principios generales del Derecho comunitario y en
la Constitución Española.»

MOTIVACIÓN

Incluir referencia a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las personas con discapacidad, tal y como reclama
CERMI-Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 5. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir un nuevo punto 4 en el artículo 5:

4. Se adoptarán todas las medidas de protección a la salud
que promuevan los organismos europeos como la Resolución 1815 del Consejo
de Europa.

MOTIVACIÓN

Los derechos de los usuarios pasan también por el derecho
de las personas más vulnerables a la salud y a disfrutar de un medio
ambiente saludable tal y como reclama desde la Plataforma Estatal contra
la Contaminación Electromagnética.

Página
15

El art. 8, añadir al final del punto 1 el siguiente
texto:

Incluir:

1. «… incluyendo la salvaguarda de los derechos a la
salud y a disfrutar de un medio ambiente saludable.»

MOTIVACIÓN

Los derechos de los usuarios pasan también por el derecho
de las personas más vulnerables a la salud y a disfrutar de un medio
ambiente saludable, tal y como demanda la Plataforma Estatal contra la
Contaminación Electromagnética.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 9. 1.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 9. Instalación y explotación de redes públicas y
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de
prestación a terceros por las administraciones públicas.

Se añade un nuevo parágrafo al apartado 1:

Se considera «autoprestación», y por tanto no será
necesario llevar a cabo la notificación prevista en el artículo 6, la
explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas por una Administración Pública para la satisfacción de sus
necesidades, esto es, las vinculadas al desempeño de las funciones
propias del personal al servicio de la Administración Pública de que se
trate y de los ciudadanos en tanto usuarios de los servicios públicos
prestados en edificios públicos, siempre que contribuyan al cumplimiento
de los fines que le son propios.

MOTIVACIÓN

Ni la actual LGTel (Ley 32/2003) ni el presente proyecto de
ley, definen el concepto de «autoprestación». La única definición
existente la encontramos en la Circular 1/2010 de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, de 15 de junio, por la que se regulan las
condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas.

Entendemos que dicho concepto, absolutamente restrictivo,
debe ser reformulado en el sentido expuesto en la medida que este
proyecto de ley establece graves limitaciones para la explotación de
redes y prestación de servicios a terceros por las AA.PP. Se trata de
evitar una contradicción grave entre esta regulación y el desarrollo de
las políticas estratégicas en materia de impulso y coordinación de la
Administración electrónica y los objetivos de la propia Agenda Digital
para España aprobada en febrero de 2013, que imponen un uso intensivo de
las TIC por la propia administración y sobretodo en su relación con los
ciudadanos.

Ante el escenario definido por este artículo 9 y sin
perjuicio de modificar los aspectos que se señalan, es obvio que es
necesario dar cabida en el concepto de autoprestación a todos aquellos
supuestos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en el
interior de edificios públicos, vinculado al ejercicio de competencias
municipales, sea para trabajadores públicos o para los usuarios de dichos
servicios.

El motivo es que, claramente, las Administraciones
públicas, y en concreto, las locales, cuando desarrollan este tipo de
actividades dentro de sus dependencias municipales, no están explotando
redes ni prestando servicios de comunicaciones electrónicas: el hecho de
conectar un conjunto de ordenadores a Internet utilizando generalmente un
servicio contratado a un operador privado de telecomunicaciones, no puede
identificarse con la prestación de servicios de telecomunicaciones
regulada por LGTel, y por tanto, debería quedar fuera de la lógica del
mercado y, por tanto, del ámbito de regulación del Ministerio o de la
CNMC.

Por este motivo, debería facilitarse en estos ámbitos la
actuación de las Administraciones, no sometiéndolas a requisitos de
difícil o imposible cumplimiento (ej. constitución como operador de
telecomunicaciones, constitución de una entidad con este objeto
social…).

Pensemos, por citar un ejemplo que, de acuerdo con el
concepto actual de «autoprestación» (acuñado por la circular 1/2010
citada) «el servicio de acceso a Internet limitado a las páginas web de
las Administraciones que tengan competencias en el ámbito territorial en
que se preste este servicio», no se incluye en el concepto de
autoprestación, sino que se considera un servicio «a terceros».

Existen precedentes comunitarios, como las Decisiones sobre
Gales y Escocia, en los cuales se ha reconocido que este tipo de
servicios deben considerarse actuaciones inherentes a la actividad propia
de la Administración, necesarias para su adaptación a la realidad
tecnológica, que tienen por objeto prestar unos servicios de calidad y
eficaces.

En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia
Nacional de 1 de septiembre de 2011, al señalar que «… no se
alcanzan al Tribunal las razones por las que ha sido aceptada para
determinadas actividades o servicios del Ayuntamiento y se excluye por el
contrario para otras que —consideramos— están vinculadas de
modo evidente y directo con el giro o tráfico de la Administración local
de que se trata (…)». Con independencia de que ciertas actividades
realizadas por algunos de estos últimos centros puedan calificarse
también de «culturales y educativas», lo cierto es que también, como
hemos dicho, si se acepta con carácter general la existencia de
autoprestación en casos en los que el acceso a Internet resulta
«necesario» o «complementario» de la actividad o servicio público que se
presta por el Consistorio, no hay razón para excluir del concepto los
accesos por los ciudadanos a trámites, a procedimientos administrativos o
a servicios públicos municipales cuando concurran aquellas mismas
«necesidad» o racional «complementariedad» de la actividad administrativa
de que se trate.

Contrasta evidentemente con la solución adoptada por la
CMT, en relación a los establecimientos comerciales. Según el Informe de
26 de julio de 2010 de la CMT se equipara a los establecimientos
comerciales a los locutorios, a los cuales se ha definido como clientes
finales y no como operadores, al considerar que tanto unos como los otros
no realizan en puridad una reventa del servicio, pues no reconfiguran el
servicio, ni alteran las condiciones de prestación del mismo, ni asumen
el servicio como propio.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 9. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Enmienda: se modifica la redacción del apartado 3, del
artículo 9:

3. Una Administración Pública solo podrá instalar y
explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar
servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a
terceros, directamente o a través de entidades o sociedades que tengan
entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes
o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

JUSTIFICACIÓN

La obligación de actuar a través de entidades o sociedades,
además de atentar contra la potestad de autoorganización local, equivale,
en la práctica, a negar la posibilidad de instalar y explotar redes o
prestar servicios de comunicaciones electrónicas por parte de las
Administraciones Públicas, de acuerdo con las actuales reformas sobre
régimen local en curso. Teniendo en cuenta lo que se considera
«prestación a terceros» que incluye, por ejemplo, el servicio de acceso a
Internet limitado a las páginas web de las Administraciones que tengan
competencias en el ámbito territorial en que se preste este servicio,
dicha limitación, así como todas las previstas en este artículo 9, supone
un obstáculo casi insalvable y contrario al desarrollo de la Sociedad de
la Información, en detrimento como se ha dicho, de todas las políticas
públicas en materia de impulso y coordinación de la Administración
electrónica y los objetivos de la propia Agenda Digital para España.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 9. 4.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 9. 4. a) quedaría así:

b) Los operadores tienen reconocido directamente el derecho
a acceder en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas
y no discriminatorias a las infraestructuras y recursos asociados
utilizados por los operadores controlados directa o indirectamente por
administraciones públicas para la instalación y explotación de redes de
comunicaciones electrónicas. Este derecho deberá ser reconocido mediante
autorización de la Administración titular.

JUSTIFICACIÓN

Este reconocimiento directo del derecho a acceder a estas
infraestructuras, carece de justificación, puesto que parece razonable
que la concreción de los derechos atribuidos «ope legis» a los operadores
privados (derechos en abstracto) se concreten vía «autorización» (si
hablamos de dominio público), arrendamiento (si hablamos de bienes
patrimoniales), o la figura correspondiente, pero no «directamente»,
máxime si la administración se ve obligada a actuar como un operador más
y bajo el principio del inversor privado.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 9. 4. b.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo 9.4. Se suprime el punto b):

b) Los operadores tienen reconocido directamente el derecho
de uso compartido de las infraestructuras de red de comunicaciones
electrónicas y sus recursos asociados instaladas por los operadores
controlados directa o indirectamente por Administraciones Públicas en
condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no
discriminatorias.

JUSTIFICACIÓN

De nuevo supone un agravio comparativo en relación al
régimen de compartición regulado en el artículo 32 para el resto de
operadores.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 9. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir en el artículo 9 un apartado 5:

5. Se entenderá que la explotación de redes o la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas no afecta a la competencia, y
que se puede por tanto realizar por tiempo indefinido, aun cuando sea sin
sujeción al principio del inversor privado, cuando se realice en
cualquiera de las modalidades previstas por medio de una Circular de la
CNMC, la cual podrá ser modificada previa realización del correspondiente
análisis de sustituibilidad y consulta pública.

MOTIVACIÓN

Se trata de reconocer, tal como lo ha venido haciendo la
Circular de la CMT 1/2010 tras la correspondiente consulta pública y
análisis de sustuibilidad, que existen una serie de servicios que debido
a su escasa incidencia en la competencia, han de poder ser prestados por
las administraciones públicas sin sujeción al principio del inversor
privado. Dentro de estos supuestos (Anexo I de la Circular 1/2010) se
encuentran supuestos tales como: el servicio de acceso a Internet
limitado a las páginas web de las Administraciones con competencias en el
ámbito territorial en que se preste el servicio o el servicio general de
acceso a Internet en bibliotecas y centros de fomento de actividades
docentes o educativo-culturales no incluidos en el apartado tercero de
(la) circular, en tanto resulte indispensable para cumplir sus fines y
siempre que los usuarios acrediten su vinculación con el servicio
mediante algún documento que permita su identificación, supuestos que
como se ha indicado, consideramos debieran estar incluidos en el concepto
de autoprestación.

Otro de los supuestos contemplados es «la explotación y la
prestación de servicios en redes inalámbricas que utilicen bandas de uso
común (wifi) siempre que la cobertura de la red excluya los edificio y
conjuntos de edificios de uso residencial o mixto (tales como oficinas,
comercios o viviendas) y se limite la velocidad red-usuario a 256
Kbps».

Por tanto, entendemos que debería facilitarse la prestación
de este tipo de servicios, necesarios, como se ha dicho, en una sociedad
moderna que a través de las TIC busca la eficiencia, e indispensable en
el entorno de las denominadas «ciudades inteligentes», u otros que tal
como ha reconocido la CMT en su «Informe sobre los criterios para la
determinación de los supuestos exentos de la remisión de documentación
complementaria», tienen un efecto muy limitado sobre la competencia y,
por tanto, se hace conveniente eliminar aquellas obligaciones y cargas
que puedan resultar desproporcionadas (así,

los proyectos cuyo importe total en tres años sea inferior
a 200.000 ¤ brutos o si se trata de entidades territoriales de menos de
20.000 habitantes).

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 9. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir un apartado 6 nuevo, al artículo 9 con el siguiente
texto:

6. La instalación y posterior puesta a disposición de las
infraestructuras titularidad de las administraciones públicas,
susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de
comunicaciones electrónicas, a que se refiere el artículo 37, no se
considerará explotación de «red de comunicaciones electrónicas» a los
efectos de lo dispuesto en este artículo y, por tanto, se podrá autorizar
su ocupación por los operadores privados, conforme a lo dispuesto en
dicho precepto, de acuerdo con la normativa patrimonial de la
Administración titular de las infraestructuras.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de evitar una flagrante contradicción con lo
dispuesto en los artículos 34, 36 y 37, que obligan a las
Administraciones Públicas a facilitar el acceso a sus infraestructuras a
los operadores privados.

Si su instalación (promovida por el artículo 36 en cuanto a
los proyectos de urbanización) y la cesión de su uso, se considerase
«explotación de red de comunicaciones electrónicas», las AA.PP se verían
sometidas a los requisitos establecidos en este artículo 9, que
obviamente constituyen un notable obstáculo, lo cual producirá un efecto
contrario al deseado.

Consideramos que, en estos supuestos, la explotación
(creación o puesta a disposición) de estas infraestructuras susceptibles
de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, no suponen una
«explotación de red de comunicaciones electrónicas» y se ha de permitir
que las AA.PP puedan facilitar el acceso a terceros operadores que lo
soliciten, a cambio de una contraprestación o tasa y sin necesidad de
constituir una sociedad «ad hoc».

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 10. 1. b.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 10, apartado 1, modificar el punto b), que
quedaría así:

b) Comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes de
comunicaciones electrónicas, en particular, las medidas de protección
sanitaria, cuando la explotación de las redes conlleve emisiones
radioeléctricas.

MOTIVACIÓN

Compatibilizar los derechos de los operadores con los
derechos de los ciudadanos a la salud y a un medio ambiente saludable,
tal y como reclama la Plataforma Estatal contra la Contaminación
Electromagnética.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 10. 1. f.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 10, apartado 1, en el punto f), quedaría
así:

f) Elaborar análisis que permitan la definición de los
mercados de referencia, el establecimiento de condiciones específicas a
los operadores con poder significativo de mercado en aquéllos y conocer
el modo en que la futura evolución de las redes o los servicios puede
repercutir en los servicios mayoristas que las empresas ponen a
disposición de sus competidores. Asimismo podrá exigirse a las empresas
con un poder significativo en los mercados mayoristas que presenten datos
contables sobre los mercados minoristas asociados con dichos mercados
mayoristas. Asimismo los ciudadanos tienen el derecho de conocer el modo
en que la futura evolución de las redes les afecta, tal y como se indica
en la Resolución 1815 del Consejo de Europa.

MOTIVACIÓN

Tal y como ha solicitado la Plataforma Estatal contra la
Contaminación Electromagnética.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 10. 1. i.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 10, apartado 1, en el punto i) quedaría
así:

i) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que
resulten necesarias para garantizar un acceso equivalente para los
usuarios finales con discapacidad y que éstos se beneficien de la
posibilidad de elección de empresas y servicios disponibles para la
mayoría de los usuarios finales, garantizando la igualdad de
oportunidades, la accesibilidad universal y la no discriminación.

MOTIVACIÓN

Clarificar el objetivo de este precepto y asegurar la
accesibilidad a las personas con discapacidad, tal y como tal y como
reclama CERMI-Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 10. 1. j.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 10, apartado 1, en el punto j), quedaría
así:

j) La puesta a disposición de los ciudadanos, en
condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, de
información o aplicaciones interactivas que posibiliten realizar
comparativas sobre precios, cobertura y calidad de los servicios, en
interés de los usuarios.

MOTIVACIÓN

Clarificar el objetivo de este precepto y asegurar la
accesibilidad a las personas con discapacidad, tal y como reclama
CERMI-Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 10. 1. l.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 10, apartado 1, en el punto l), quedaría como
sigue:

l) Evaluar la integridad y la seguridad de las redes y
servicios de comunicaciones electrónicas desde el aspecto del impacto
medioambiental.

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conveniente a petición de la
Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética.

Página
23

MOTIVACIÓN

Se propone convertir en obligatorio lo que aparece como
meramente potestativo, y mencionar a la lengua de signos, reconocidos su
uso legalmente, a fin de garantizar plenamente los derechos de las
personas con discapacidad, tal y como reclama CERMI-Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 23. 1.

ENMIENDA

De adición.

Añadir, al final del punto 1 del Artículo 23:

y garantizar la seguridad para la salud.

MOTIVACIÓN

Dado que la salud es un derecho fundamental recogido
en:

— La Constitución Española,

— Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea,

así como en:

— La Declaración de los Derechos Humanos, Declaración
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

— Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

— Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

— Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Todos ellos ratificados por España.

Teniendo en cuenta las reiteradas llamadas y resoluciones
de la Unión Europea respecto al riesgo potencial para la salud de los
campos electromagnéticos no ionizantes, y las clasificaciones por parte
de la IARC de posiblemente carcinógenos: 1) La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, resolución 1815, que refiere a los peligros
potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio
ambiente 2011.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 23. 3.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 23 en su punto 3 quedaría así:

3. El cumplimiento de las obligaciones de servicio público
en la explotación de redes públicas y en la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas para los que aquellas sean exigibles se
efectuará con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no
discriminación, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad, garantía de
las condiciones de accesibilidad y permanencia y conforme a los términos
y condiciones que mediante el Real Decreto se determinen.

MOTIVACIÓN

Incluir entre los principios el de garantía de la
accesibilidad para personas con discapacidad, tal y como reclama
CERMI-Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 25. 1.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 25, en su punto 1, el primer párrafo, quedaría
así:

1. Se entiende por servicio universal, el conjunto definido
de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales
con independencia de su localización geográfica y de sus circunstancias
personales o sociales, entre ellas la situación de discapacidad o la
lengua utilizada, con una calidad determinada y a un precio
asequible.

MOTIVACIÓN

La propuesta pretende mejorar la definición del servicio
universal incorporando la garantía de su acceso a todas las personas no
solo con independencia de su lugar de residencia sino también de sus
circunstancias personales o sociales, tal y como reclama CERMI-Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 25. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

Página
26

MOTIVACIÓN

Se hace imperativa la adopción de medidas de elección de
operadores por usuarios finales con discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 27. 3.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 27, punto 3. Añadir al final del párrafo:

«Asimismo, se creará un fondo nacional de investigación
para la ampliación del conocimiento sobre los efectos sobre la salud de
los campos electromagnéticos no ionizantes, de gestión independiente de
los intereses de la industria, con participación ciudadana y basado en
los principios de interés general, utilidad pública y salud pública.»

MOTIVACIÓN

Como ha sido puesto en evidencia en las diferentes
resoluciones de la Unión Europea.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 28. 2. b.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 28, apartado 2, punto b), añadir:

«Será obligatoria la implementación de tecnologías que no
supongan un riesgo potencial a la salud, con especial atención a personas
enfermas, con salud delicada, menores, y personas electrosensibles en la
garantía a su derecho a la participación social y la salud.»

MOTIVACIÓN

La expansión exponencial de tecnologías inalámbricas ha
supuesto en la última década un aumento exponencial objetivado en
diversas investigaciones de la actualmente llamada «contaminación
Electromagnética». Dado lo dudoso de su inocuidad y del conocimiento
científico que evidencia riesgos a largo plazo, sería una acción
preventiva urgente a realizar, proteger, minimizando la exposición de los
menores, con un sistema nervioso aún inmaduro y en desarrollo, y a los
grupos de población con un estado de salud más vulnerable, como
embarazadas, enfermos, y personas electrosensibles.

Para ello sería fundamental tomar medidas en espacios como
escuelas, hospitales y centros de salud, espacios públicos. Así como
medidas legales de protección a estos colectivos respecto a los riesgos
de los campos electromagnéticos artificiales no ionizantes, tal y como
propone Plataforma Estatal contra la contaminación electromagnética.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 28. 2. c.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 28, en el punto c), añadir:

«..., con especial atención a las necesidades especiales de
las personas electrosensibles.»

MOTIVACIÓN

Así lo indican diferentes resoluciones europeas.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De supresión.

Artículo 29 supresión íntegra.

MOTIVACIÓN

Situación de indefensión jurídica.

Vulneración del derecho fundamental a la propiedad privada,
para favorecer intereses de operadoras privadas.

Sistema de dudosas garantías jurídicas al poner en manos de
entidades privadas, con intereses comerciales ajenos a bien público y al
interés general, toda propiedad privada particular. Generación de
situaciones arbitrarias. Falta de seguridad jurídica.

La declaración de utilidad pública entra en contradicción
con derechos fundamentales y genera un prejuicio grave en personas
directamente afectadas. Que supone no solo la perdida de la propiedad,
sino el efecto adverso a su salud debido a unas instalaciones impuestas a
través de la expropiación de su propiedad, muy seguramente su
vivienda-domicilio, lugar de máxima protección jurídica.

Página
30

ejercicio de ese derecho deberá resultar proporcionada en
relación con el concreto interés público que se trata de
salvaguardar.

Estas condiciones o límites, deberán ser transparentes y no
discriminatorios.

MOTIVACIÓN

Según una reiterada y consolidada jurisprudencia, la
competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye la
del correspondiente municipio para atender a los intereses derivados de
su competencia.

Es innegable que el despliegue de las instalaciones de
telecomunicaciones (de todo tipo) genera un claro impacto sobre el
territorio y es por ello que las administraciones territoriales, las
autonómicas y fundamentalmente las locales, han de velar por la
salvaguarda y defensa de aquellos intereses o bienes jurídicos cuya
defensa o tutela les corresponde.

El propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia 8/2012,
de 18 de enero, contribuyó a delimitar el alcance de estas competencias y
vino a zanjar la polémica en torno a la fijación de límites de emisión,
reconociendo por contra, la posible imposición por parte de otras
administraciones territoriales de límites al derecho a la ocupación del
dominio público y la propiedad privada, siempre que ello sea necesario
para preservar los intereses públicos que tienen encomendados entre
ellos, medioambientales, paisajísticos y urbanísticos, y respetando
siempre los criterios de proporcionalidad y efectividad del servicio.

Entendemos que so pretexto de simplificar y agilizar el
despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, no se pueden
dejar vacías de contenido las competencias municipales concurrentes en
esta materia.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 31.

ENMIENDA

De adición.

Al Artículo 31. Se añade un primer punto nuevo y se
renumera el resto.

1. En la ocupación del dominio público y la propiedad
privada para la instalación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas será de aplicación la normativa específica dictada por las
Administraciones públicas con competencias en medio ambiente, salud
pública, seguridad pública, defensa nacional, ordenación urbana o
territorial y tributación por ocupación del dominio público, en los
términos que se establecen en el artículo siguiente.

MOTIVACIÓN

Se trata de salvaguardar la competencia de administraciones
locales y autonómicas, además de garantizar el control público, evitando
la supremacía que se concedía a las operadoras privadas en la ocupación
del dominio público.

Página
32

MOTIVACIÓN

Corresponde a las CC.AA, que son las titulares de la
competencia legislativa en materia de urbanismo, determinar que se
entiende por «equipamiento básico» o «determinaciones estructurales».

ENMIENDA NÚM. 35

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 34. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 34, 3, segundo párrafo, quedaría de la siguiente
forma:

De esta manera, dicha normativa o instrumentos de
planificación no podrán establecer restricciones absolutas o
desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado
de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas,
itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras
de red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando una
condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación
del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha
condición deberá estar plenamente justificado e ir acompañado de las
alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los
operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.

MOTIVACIÓN

Dichas medidas pueden resultar conformes a derecho si se
apoyan en razones urbanísticas, aparecen reguladas en el instrumento
jurídico adecuado y claro está, resultan proporcionadas. Los planes de
implantación proporcionados por los operadores son una herramienta
indispensable en este sentido.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 34. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 34 apartado 4 quedaría del siguiente modo:

4. La normativa elaborada por las administraciones públicas
en el ejercicio de sus competencias que afecte al despliegue de las redes
públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de
planificación territorial o urbanística deberán cumplir con lo dispuesto
en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En particular, deberán
respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios
para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de
comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional
undécima y en las normas reglamentarias aprobadas

en materia de telecomunicaciones y los límites en los
niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado.

En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta
afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas,
las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia,
accesibilidad, simplicidad y eficacia.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá,
mediante real decreto la forma en que se facilitará a las
administraciones públicas la información que precisen para el ejercicio
de sus propias competencias.

MOTIVACIÓN

Si bien la disposición Adicional undécima no se remite
(como hacia el anteproyecto de LGTel) a un anexo donde se regulen dichos
parámetros y requerimientos técnicos esenciales, sino que contiene una
remisión al Real Decreto del Consejo de Ministros, cabe rechazar esta
previsión en la medida que se puedan regular, como hacía el citado anexo,
cuestiones estéticas, urbanísticas y paisajísticas que son claramente
competencia local.

Ello sin mencionar que dichos criterios distaban mucho de
los parámetros que se pueden considerar mínimamente exigibles desde el
punto de vista de reducción del impacto visual.

Por otro lado, la presentación de esta documentación y
proyecto técnico es necesaria para permitir a la administración local
ejercer las potestades de comprobación, inspección y sanción que le
reconoce el propio proyecto, y en definitiva, ejercer las competencias
que la normativa local y urbanística le atribuye indiscutiblemente.

ENMIENDA NÚM. 37

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 34. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 34. 5 quedaría del siguiente modo:

5. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones
subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el
despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas.

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o
no sea posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores
podrán efectuar despliegues aéreos y por fachadas de cables y equipos que
constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos
asociados, salvo en casos justificados de edificaciones del patrimonio
histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública.

La posibilidad de efectuar despliegues aéreos o por fachada
dependerá del planeamiento urbanístico aplicable.

MOTIVACIÓN

Este tipo de previsiones son claramente competencia local,
a través de su potestad de planeamiento.

Página
35

MOTIVACIÓN

Si bien compartimos la necesaria agilización de los
procedimientos para la instalación de las infraestructuras de
telecomunicaciones, entendemos absolutamente necesario garantizar la
seguridad de las instalaciones, ya sea a través de la técnica de la
licencia, o el régimen de comunicación, pero siempre con la presentación
de un proyecto técnico firmado por técnico competente que permita
verificar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger, entre otros
intereses, el impacto urbanístico que genera dicho despliegue. La
presentación de esta documentación ha de permitir a la administración
local ejercer las potestades de comprobación, inspección y sanción que le
reconoce el propio proyecto, y en definitiva, ejercer las competencias
que la normativa local y urbanística le atribuye indiscutiblemente.

Respecto a las instalaciones distintas a las afectadas la
Ley 12/2012, se prevé que no se exija ningún tipo de autorización o
licencia siempre que se haya presentado y aprobado el correspondiente
plan de despliegue. No consideramos adecuada esta previsión en la medida
que el plan de despliegue entendemos que solo contiene la previsión del
despliegue de las infraestructuras, pero no datos referidos a la
instalación en sí, que permitan garantizar su seguridad y el cumplimiento
de la normativa vigente.

En cuanto al plan de despliegue, entendemos que se trata de
una exigencia que cabe aplicarla a todas las infraestructuras de
comunicaciones electrónicas, en la medida que la finalidad de este
documento es disponer de la información imprescindible para valorar el
impacto visual en cumplimiento de las competencias urbanísticas, y
resulta sobre todo útil en la elaboración de los instrumentos de
planeamiento territorial o urbanístico, que tal como dispone el artículo
35.2 del presente proyecto, deberán recoger las necesidades de las redes
públicas de comunicaciones en el ámbito territorial a que se
refieran.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 34. 7.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 34, punto 7 quedaría de la siguiente forma:

Se modifica la redacción del apartado 7.

7. En el caso de que sobre una infraestructura de red
pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las
estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, ya esté
ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de
innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación
de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en
nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los
elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de
concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o
declaración responsable, comunicación previa o licencia, si afecta al
dominio público local, a las administraciones públicas competentes por
razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales.

MOTIVACIÓN

Con el mismo argumento expuesto anteriormente, consideramos
que las modificaciones de las instalaciones existentes, deberían ser como
mínimo objeto de comunicación o declaración responsable ante la
administración local. Si se tratase de actuaciones en dominio público,
será necesaria la obtención de licencia.

Página
37

MOTIVACIÓN

Cabe reiterar lo dispuesto en el apartado anterior. El
redactado vulnera flagrantemente las competencias locales, al apuntar que
en caso de que ante un acto dictado en el ejercicio de las potestades
locales correspondientes (disciplina urbanística, etc.), el Ministerio
deberá mediar para encontrar «una solución negociada» y sin cuyo informe
no se podrá aprobar el acto administrativo.

Ello por no mencionar lo inadecuado de la expresión
«solución negociada», pues entendemos que de lo que se trata es de
ejercer potestades administrativas (estatales, autonómicas o locales), no
de negociar soluciones en nombre o beneficio de las operadoras.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 36. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación artículo 36 del apartado 1.

El último párrafo del apartado 1 del artículo 36 queda
redactado como sigue:

«Mediante norma reglamentaria se establecerá el
dimensionamiento y características técnicas mínimas que habrán de reunir
estas infraestructuras.»

MOTIVACIÓN

Los aspectos de competencia local han de poder ser
regulados por la Administración local.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 36. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 36, añadir un nuevo punto 3:

«3. El despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas ha de realizarse en base a la aplicación del Principio de
Precaución y la participación ciudadana.»

MOTIVACIÓN

Como lo indican las últimas resoluciones de la Unión
Europea mencionada anteriormente y como propone Plataforma Estatal contra
la Contaminación Electromagnética.

Página
39

MOTIVACIÓN

La regulación de las condiciones técnicas y jurídicas
relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio
público, es una clara competencia local.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 41. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 41. 3, eliminar el párrafo segundo.

MOTIVACIÓN

La notificación de una violación de los datos personales a
un abonado o particular afectado será siempre obligatoria al usuario
afectado, tal y como reclama la Plataforma Estatal contra la
Contaminación Electromagnética.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 47. 1. k.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 47, en su punto k), quedaría:

k) El derecho a la facturación detallada, clara y sin
errores, sin perjuicio del derecho a recibir facturas no desglosadas a
petición del usuario, incluso en «formato papel», si así se
demandase.

MOTIVACIÓN

El consumidor debería tener derecho a recibir la factura en
papel sin coste adicional por ello si expresamente él lo solicita, puesto
que no en todos los casos los usuarios pueden consultar sus facturas en
formato digital o electrónico. De hecho las facturas telemáticas están
generando problemas, en el caso de cobros elevados por parte de las
operadoras que los consumidores no pueden saber a qué se refieren al no
disponer de una factura fácil de consultar y ello a corto plazo puede
conllevar devoluciones de recibos, impagos, corte del suministro,
incursión en ficheros de impagos, etc.

Página
42

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 52, el primer párrafo quedaría así:

Mediante real decreto se establecerán las condiciones
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las
tecnologías, productos y servicios relacionados con las comunicaciones
electrónicas. En la citada norma se establecerán los requisitos que
deberán cumplir los operadores para que los usuarios con
discapacidad:

MOTIVACIÓN

Tratar de que la regulación de las condiciones básicas sea
obligatoriamente regulada por Real Decreto y no solo una facultad del
Gobierno, tal y como reclama CERMI-Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 53

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 52. a.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 52, en su punto a), quedaría así:

a) Puedan tener un acceso a los servicios de comunicaciones
electrónicas en igualdad de condiciones y de oportunidades que el resto
de usuarios finales.

MOTIVACIÓN

Intentar eliminar ambigüedades e intentar garantizar que el
acceso a los servicios de comunicaciones electrónicos de las personas con
discapacidad se haga en igualdad de condiciones, tal y como reclama
CERMI-Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 54

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 53. 3.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 3 del artículo 53 queda redactado como
sigue:

«3. Mediante real decreto podrá establecerse la
obligatoriedad de que los contratos incluyan la información que determine
la autoridad competente, en relación con el uso de las redes y servicios
de

comunicaciones electrónicas para desarrollar actividades
ilícitas o para difundir contenidos nocivos, que la observación de dichas
actividades o difusión de esos contenidos será causa de resolución del
contrato, así como sobre los medios de protección frente a riesgos para
la seguridad personal, la privacidad y los datos personales, siempre que
sean pertinentes para el servicio prestado.»

MOTIVACIÓN

La utilización de las vías de autocomposición, dentro de
los propios contratos, para exigir o imponer una utilización lícita de
los servicios prestados, es un medio fundamental para consolidar una
cultura de la protección de los derechos expuestos a la vulneración
masiva en el ámbito de las comunicaciones electrónicas.

Más allá de incluir la información señalada por la
autoridad competente —recurso escasamente tuitivo —, debe
incluirse la facultad resolutoria por parte del prestador en caso de que
se produzca un uso ilícito, en perjuicio de terceros, de los servicios
prestados.

ENMIENDA NÚM. 55

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 54. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 54.2: Sustituir «fomentará» por «exigirá».

MOTIVACIÓN

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, exigirá la
divulgación…

En general esta norma permite mucho a los operadores y el
Ministerio de Industria, Turismo, queda como un mero arbitro que como
mucho puede «recomendar», que cumplan las normas. En numerosas ocasiones
es repetido el uso de recomendaciones. Habría que «exigir» y no
recomendar a los operadores el cumplimiento de las leyes.

ENMIENDA NÚM. 56

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 54. 3. f.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 54, punto 3, letra f) quedaría así:

f) Informen de forma periódica y detallada a los abonados
con discapacidad de los productos y servicios dirigidos a ellos, así como
de los servicios, contratos y condiciones de los mismos, facturas y demás

documentación, de igual forma que el resto de los usuarios,
información que, en todo caso, tendrá que ser proporcionada en formatos
accesibles para todas las personas.

MOTIVACIÓN

Ampliar los términos de la información a los abonados con
discapacidad, tal y como reclama CERMI-Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 57

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 55. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 55, punto 1, su primer párrafo quedaría así:

1. Los usuarios finales que sean personas físicas o
jurídicas tendrán derecho a disponer de un procedimiento extrajudicial,
transparente, no discriminatorio, sencillo y gratuito para resolver sus
controversias con los operadores que exploten redes o presten servicios
de comunicaciones electrónicas disponibles al público, cuando tales
controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios
finales de servicios de comunicaciones electrónicas reconocidas en esta
ley y su normativa de desarrollo y de acuerdo con lo recogido en la
normativa comunitaria.

MOTIVACIÓN

Por ampliar las posibilidades de resolución de conflictos a
todos usuarios.

ENMIENDA NÚM. 58

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 57. 4.

ENMIENDA

De modificación.

En el Artículo 57, el apartado 4 queda como sigue:

«El Ministerio de Industria, Energía y Turismo promoverá
procedimientos complementarios de certificación para los aparatos de
telecomunicación que incluirán límites de niveles de radiación
electromagnética tolerables para la protección de la salud pública de los
ciudadanos, exigiendo un etiquetado claro de los niveles de emisión y
advertencias sobre posibles riesgos.»

MOTIVACIÓN

Apelamos a que apliquen las recomendaciones recogidas en
las siguientes resoluciones:

Resolución 1815 (2011) de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo Europeo Parlamento, de 27 de mayo de 2011, sobre Peligros
potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio
ambiente.

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009,
sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos
electromagnéticos

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de
2008, sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio
Ambiente y Salud 2004-2010.

ENMIENDA NÚM. 59

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 60. 4. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 60. Punto 4, añadir nuevo punto e):

e) Control de las características de emisión de radiación
electromagnética para la protección de la salud de los ciudadanos.

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conveniente a iniciativas de
Plataforma Estatal de Contaminación Electromagnética.

ENMIENDA NÚM. 60

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 61. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 61, añadir punto h), nuevo, que quedaría así:

h) La reserva por parte de los radiodifusores de la porción
de espectro radioeléctrico necesaria para poder emitir contenidos de
televisión accesibles con subtitulado, audiodescripción y emisión en
lengua de signos para personas con discapacidad sensorial, de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Las
redes públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas para la
distribución de servicios de televisión digital deberán disponer de
capacidad para distribuir programas y servicio de televisión de formato
ancho. Este ancho mencionado deberá, por su parte, permitir el envío de

información suficiente para garantizar la accesibilidad al
contenido de los programas por las personas con discapacidad, mediante el
uso del subtitulado, la audiodescripción y la emisión en lenguas de
signos.

MOTIVACIÓN

Garantizar que la porción del espectro radioeléctrico y las
redes de comunicación electrónica permitan los contenidos de televisión
accesible, tal y como reclama CERMI— Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 61

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 62. 9.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 62, añadir un párrafo al final del punto 9:

«En todo caso, siempre que se produzca emisión de campos
electromagnéticos se requerirá la aprobación del proyecto técnico y la
inspección y aprobación favorable de las instalaciones por la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con
el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones autorizadas, tanto
técnicas como sanitarias y medioambientales.»

MOTIVACIÓN

Tanto la declaración responsable como la certificación
expedida por técnico responsable, a que se hace referencia en este
artículo, tienen en consideración solamente aspectos técnicos y no
sanitarios ni medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 62

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 65. 1.

ENMIENDA

De adición.

Añadir al final del texto:

«…, con la excepción de los servicios de comunicación
comunitarios sin ánimo de lucro, tanto radiofónicos como televisivos,
pendientes del cumplimiento por parte de la Administración de la
Disposición Transitoria Decimocuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de Comunicación Audiovisual.»

MOTIVACIÓN

Evitar situaciones injustas con este tipo de radios que
todavía no están reguladas por incumplimiento de los plazos dispuestos en
la propia Ley General de Comunicación Audiovisual.

ENMIENDA NÚM. 63

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 65. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir al artículo 65 un nuevo punto 3:

«3. Las Comunidades Autónomas crearán, dentro del registro
de prestadores del servicio de comunicaciones audiovisual, una sección
donde figuren los servicios de comunicación audiovisual comunitario sin
ánimo de lucro que cumplan los requisitos recogidos en el artículo 32 de
la Ley General de Comunicación Audiovisual.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con lo especificado en el artículo 32 de la
Ley General de Comunicación Audiovisual y por garantiza la protección
activad del dominio público radioeléctrico.

ENMIENDA NÚM. 64

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 72. 1. a.

ENMIENDA

De adición.

Al art. 72 punto 1, epígrafe a), añadir:

«..., las comunidades autónomas y las administraciones
locales.»

MOTIVACIÓN

Respetar las competencias de las administraciones
locales.

Página
49

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva:

A todos los efectos, lo establecido en la Disposición
Transitoria Decimocuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de
Comunicación Audiovisual será de aplicación a los servicios de
comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, tanto radiofónicos como
televisivos, que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de
enero de 2009.

MOTIVACIÓN

Especificar y delimitar la realidad comunitaria radiofónica
y televisiva que había ocasionado confusión de interpretación en lo
contemplado en la Ley de 2010.

ENMIENDA NÚM. 76

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de los
operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones
Públicas al régimen previsto en el artículo 9.

Quedaría como sigue:

«Los operadores controlados directa o indirectamente por
Administraciones Públicas habrán de ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 9, en un plazo máximo de seis meses un año desde la entrada en
vigor de la presente Ley.»

MOTIVACIÓN

El plazo debería ser ampliado a 1 año.

ENMIENDA NÚM. 77

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir la Disposición transitoria séptima. Solicitudes de
autorizaciones o licencias administrativas efectuadas con
anterioridad.

MOTIVACIÓN

Siempre se debería aplicar la normativa más restrictiva y
proteccionista con relación a los derechos de los ciudadanos y no solo
pensando en favorecer a la industria privada.

ENMIENDA NÚM. 78

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria novena.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición transitoria novena.

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conveniente, en defensa de los
intereses de la administración local.

ENMIENDA NÚM. 79

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición Transitoria (nueva).

Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de
lucro existentes, tanto televisivos como radiofónicos, podrán seguir
desarrollando su actividad de manera transitoria, hasta que el
procedimiento de concesión de la licencia y la concreción del marco de
actuación de estos servicios se desarrollen reglamentariamente, tal como
se establece en el punto 2 de la Disposición Transitoria Decimocuarta de
la Ley General de Comunicación Audiovisual.

MOTIVACIÓN

La Ley General de Comunicación Audiovisual reconoce en su
Disposición Transitoria Decimocuarta el funcionamiento de los «Servicios
de Comunicación Comunitarios sin ánimo de Lucro», que estuvieran en
funcionamiento en funcionamiento con anterioridad al 12 de Enero de 2009,
al amparo de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 56/2007 y
mandata la Administración para que fije el marco reglamentario para optar
a la licencia correspondiente en el plazo máximo de 12 meses desde la
entrada en vigor de la Ley.

Asimismo, el artículo 32.2 de la mencionada Ley, estable
que la Administración del Estado debe garantizar en todo caso la
disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la
prestación de estos servicios.

Es necesario para no crear más inseguridad jurídica a los
«Servicios comunitarios sin ánimo de lucro existentes» establecer un
régimen transitorio, hasta que la Administración General del Estado
planifique frecuencias y desarrolle los reglamentes que les permita optar
a licencias o autorizaciones, de acuerdo con la voluntad del legislador.
El plazo legal para hacerlo ha sido notablemente incumplido por la
Administración.

ENMIENDA NÚM. 80

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado a la Disposición final segunda
—«Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico»— con la
siguiente redacción:

«Uno bis (nuevo). Se modifica el artículo 12, que queda
redactado como sigue:

“Artículo 12. Deber de retención de datos de tráfico
relativos a las comunicaciones electrónicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto por la Ley 25/2007, de 18
de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, los operadores de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de
acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de
alojamiento de datos deberán retener los datos de conexión y tráfico
generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un
servicio de la sociedad de la información por un período máximo de doce
meses, en los términos establecidos en este artículo y en su normativa de
desarrollo.

2. Los datos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado anterior, deberán conservar los operadores de redes y servicios
de comunicaciones electrónicas y los proveedores de acceso a redes de
telecomunicaciones serán únicamente los necesarios para facilitar la
localización del equipo terminal empleado para la transmisión de la
información y la identificación completa del usuario.

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos
deberán retener sólo aquéllos imprescindibles para identificar el origen
de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del
servicio.

En ningún caso, la obligación de retención de datos
afectará al secreto de las comunicaciones.

Los operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas y los prestadores de servicios a que se refiere este
artículo no podrán utilizar los datos retenidos para fines distintos de
los indicados en el apartado siguiente u otros que estén permitidos por
la Ley, y deberán adoptar medidas de seguridad apropiadas para evitar su
pérdida o alteración y el acceso no autorizado a los mismos.

3. Los datos se conservarán para su utilización en el marco
de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad
pública y la defensa nacional, poniéndose a disposición de los Jueces o
Tribunales o del Ministerio Fiscal que así los requieran. La comunicación
de estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se hará con sujeción
a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

4. Reglamentariamente, se determinarán las categorías de
datos que deberán conservarse según el tipo de servicio prestado, el
plazo durante el que deberán retenerse en cada supuesto dentro del máximo
previsto en este artículo, las condiciones en que deberán almacenarse,
tratarse y custodiarse y la forma en que, en su caso, deberán entregarse
a los órganos autorizados para su solicitud y destruirse, transcurrido el
plazo de retención que proceda, salvo que fueran necesarios para estos u
otros fines previstos en la Ley”.»

MOTIVACIÓN

La Jurisprudencia comunitaria ha puesto de manifiesto que
la transposición que se realizó de la Directiva 2006/24/CE a través de la
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones,
excedía los requerimientos de dicha norma comunitaria y no exigía la
derogación del artículo 12 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico que
presentaba un ámbito más amplio y con un título comunitario diferente,
que el configurado por la mencionada Ley 25/2007.

Debe ser recuperada la obligación de conservar datos
—al menos los más relevantes, como los que permite la
identificación del usuario— y solicitar su cesión en el ámbito de
un proceso penal que se siga por cualquier tipo de delito y no sólo en
relación con delitos graves.

ENMIENDA NÚM. 81

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Supresión de la disposición.

MOTIVACIÓN

Es competencia autonómica y local determinar qué tipo de
autorización o licencia es necesaria para las obras y edificaciones.

ENMIENDA NÚM. 82

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final cuarta. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado uno de la Disposición final cuarta
—«Modificación de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación
de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones— queda redactado como sigue:

«Uno. Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los
siguientes términos:

Artículo 6. Normas generales sobre cesión de datos.

1. Los datos conservados de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley sólo podrán ser cedidos de acuerdo con lo dispuesto en ella para
los fines que se determinan o los previstos en otras leyes y previa
autorización judicial.

2. La cesión de la información se efectuará mediante
formato electrónico únicamente a los agentes facultados, y deberá
limitarse a la información que resulte imprescindible para la consecución
de los fines señalados en el artículo 1 o los previstos en otras
leyes.

A estos efectos, tendrán la consideración de agentes
facultados:

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
cuando desempeñen funciones de policía judicial, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 547 de la Ley.

b) Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el
Ministerio Fiscal y otros órganos previstos en otras leyes.

b) Los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia
Aduanera, en el desarrollo de sus competencias como policía judicial, de
acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

c) El personal del Centro Nacional de Inteligencia en el
curso de las investigaciones de seguridad sobre personas o entidades, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del
Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de
mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de
Inteligencia.»

MOTIVACIÓN

Este precepto, en el que se introduce una modificación que
afecta a la vía para la remisión de los datos y a la limitación de
información objeto de cesión a lo imprescindible para los fines generales
de la Ley previstos en su artículo 1 —básicamente «detección,
investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el
Código Penal o en las leyes penales especiales»—, debe adaptarse a
la posibilidad de que la cesión de los datos a requerimiento judicial sea
determinado, como de hecho ya lo es, en otras Leyes.

Por otra parte, es necesario ampliar el ámbito de lo que se
denomina como agentes facultados al Ministerio Fiscal —tal como lo
ha reclamado en repetidas ocasiones la propia Fiscalía— y a otros
órganos, en este caso cuando así lo prevean otras Leyes. No resulta
coherente con la normativa penal y de enjuiciamiento penal que la Policía
Judicial tenga la consideración de agente facultado y no lo sea el
Ministerio Fiscal que, aún, de modo condicionado a la autorización
judicial, debe al menos recibir tal condición.

ENMIENDA NÚM. 83

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final cuarta. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado a la Disposición final cuarta
—«Modificación de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación
de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones—, con la siguiente redacción:

«Uno pre (nuevo). Se modifica el artículo 1, que queda
redactado en los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Esta Ley tiene por objeto la regulación de la obligación
de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco
de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes

públicas de comunicación, así como el deber de cesión de
dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a
través de la correspondiente autorización judicial con fines de
detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados
en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

2. Esta Ley se aplicará a los datos de tráfico y de
localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos
relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado,
sin perjuicio de la utilización de dichos datos prevista en otras leyes
para la tutela jurídica de derechos e intereses legítimos.

3. Se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el
contenido de las comunicaciones electrónicas, incluida la información
consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas.»

MOTIVACIÓN

La Directiva 2006/24, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o tratados en
relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de
acceso público o de redes públicas de comunicaciones, cuya transposición
al ordenamiento jurídico español se ha realizado mediante la Ley 25/2007,
no se opone a que, con base en otras Directivas como la 2002/58/CE o la
Directiva 2004/48 CE, los órganos jurisdiccionales puedan requerir,
previa ponderación de los intereses contrapuestos existentes, en otro
tipo de procedimientos más allá de los de detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos graves. No puede entenderse, tal como determina
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la
mención a los delitos graves del artículo 1 sea excluyente de la
conservación y cesión de datos en un proceso penal que se siga por
cualquier tipo de delito o en aquellos otros supuestos que lo pudiera
prever la Ley, como puede ser el caso de los procesos civiles.

Con la modificación propuesta, en la que se suprime el
requisito de la gravedad para los delitos graves y se abre la puerta a la
posibilidad de que otras Leyes permitan a los órganos jurisdiccionales
solicitar datos generados o tratados en el marco de la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de
comunicación, el ordenamiento jurídico español recupera la transposición
de normativa comunitaria —las mencionadas Directivas 2002/58 y
2004/48— que fue suprimida, sin justificación, con la promulgación
de la Ley que se modifica.

ENMIENDA NÚM. 84

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final octava.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición final octava.

MOTIVACIÓN

Los Ayuntamientos tienen competencias para reducir niveles
de exposición. En las diferentes sentencias del Tribunal Supremo
establece que las corporaciones locales (Ayuntamientos y otros) están
facultadas para ejercer competencias de protección sanitaria de la
población, estableciendo medidas adicionales de protección a las
establecidas en el Real Decreto 1066/2001. Los consistorios pueden
entrar, mediante ordenanza, a regular la emisión de radiaciones
electromagnéticas en sus respectivos territorios así como las distancias
a determinados espacios considerados sensibles (Colegios, Centros
sanitarios, geriátricos, zonas residenciales). Siempre que los
Ayuntamientos establezcan criterios que no supongan inseguridad jurídica
o se atribuyan una facultad omnímoda, pueden:

— Fijar límites de emisión en niveles inferiores a
los máximos establecidos en el RD 1066/2001 (p.e. menores que 0,1
μW/cm2). Obviamente, habrá que realizar un seguimiento y control de
las emisiones.

— En el planeamiento urbanístico, indicar las
condiciones para la instalación de antenas y redes de telecomunicaciones,
y establecer un entorno de protección alrededor de los espacios de
permanencia continuada de población sensible.

ENMIENDA NÚM. 85

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Anexo I.

ENMIENDA

De adición.

El Anexo I punto uno añadir al final del primer
párrafo:

«..., así como a la investigación independiente para el
estudio del impacto de las radiofrecuencias en los seres vivos y el medio
ambiente, debido a la nocividad de esta tecnología, tal y como se pide en
las Resoluciones del Parlamento y Consejos de Europa.»

MOTIVACIÓN

Este despliegue tecnológico siempre debe hacerse
preservando los derechos que los ciudadanos tienen a la protección de su
salud en un ambiente los más sano posible.

Dado que las tecnologías inalámbricas funcionan emitiendo
ondas electromagnéticas de alta frecuencia, estas pueden interferir en el
organismo humano provocando alteraciones en el correcto funcionamiento
celular del mismo.

Es, por tanto, razonable pedir que de ese 1,5 por 1000 que
las compañías abonan anualmente al Estado, se invierta una cantidad para
la investigación efectiva acerca del impacto de esta tecnología en el
organismo humano y sus resultados se publiciten de forma clara y directa
a todo el conjunto de la ciudadanía. Ello podría llevarnos a armonizar
tecnología y salud minorando los riesgos para la segunda.

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 3 enmiendas al Proyecto
de Ley General de Telecomunicaciones.

Palacio del Senado, 17 de marzo de 2014.—Narvay
Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

ENMIENDA NÚM. 86

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una disposición adicional con el siguiente
tenor:

Se añade un nuevo epígrafe al Art. 27 Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, que queda redactado como sigue:

5. El prestador del servicio no podrá realizar
discriminaciones de la parte adquirente por razón de la existencia de
regímenes fiscales especiales en determinadas partes del Estado u otras
circunstancias territoriales, sin perjuicio del derecho a repercutir los
costes de transporte o de gestión aduanera que, en su caso, pudieran
ocasionarse.

JUSTIFICACIÓN

Impedir que por la existencia de regímenes fiscales
especiales se discrimine a los residentes en determinados territorios del
Estado.

La construcción de un mercado único digital es uno de los
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, en particular, de la iniciativa
emblemática una Agenda Digital para Europa. Tal objetivo es asimismo
desarrollado en la recientemente aprobada Agenda Digital para España. De
hecho, es indudable que Internet ha abierto nuevos modos de relación para
la ciudadanía y las empresas, siendo el comercio electrónico un elemento
de creciente importancia. Sin embargo, es muy habitual que los ciudadanos
sean discriminados por los oferentes mediante medios electrónicos por
razón de su residencia. Así pues, Canarias cuenta con un Régimen
Económico y Fiscal propio motivado por su condición de región
ultraperiférica europea y que constituye un factor fundamental para su
desarrollo económico y social. Sin embargo, se advierte una exclusión
injustificada de Canarias en la actividad comercial de muchos oferentes
por medios electrónicos, algunos de ellos con volúmenes de actividad muy
reseñable. Tal exclusión es injustificada porque supone una
discriminación por el sólo motivo de la residencia, ya que tales
oferentes realizan exclusión expresa de Canarias aun cuando los costes de
transporte y de gestión aduanera que en su caso pudieran derivarse
corresponde costearlos a los adquirientes. Debe advertirse que los
oferentes mediante comercio electrónico necesariamente deben contar con
transportistas para realizar sus ventas, y que la existencia de un
régimen fiscal específico no limita la capacidad del transportista para
realizar las entregas sino que simplemente añade un trámite de
importación que actualmente mayormente realizan las empresas
transportistas y cuyo coste es perfectamente repercutible al
adquiriente.

La enmienda propuesta respeta la libertad de empresa
garantizada constitucionalmente, pues un oferente puede limitar
territorialmente sus servicios a través del comercio electrónico por
razones empresariales pero, por lo anteriormente argumentado, excluye la
discriminación de los ciudadanos residentes en un territorio por el mero
hecho de contar con un régimen fiscal propio previéndose, además, de
forma expresa la repercusión de los costes añadidos al comprador.

ENMIENDA NÚM. 87

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

«Se considera autoprestación de servicios de
telecomunicaciones la explotación de redes y la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas efectuadas por las Administraciones
Públicas, y teniendo por fin satisfacer necesidades públicas,
entendiéndose por éstas todas aquellas que estén vinculadas al desempeño
de las funciones propias del personal al servicio de la Administración
Pública y de sus administrados, no siendo por tanto necesario efectuar la
comunicación prevista en el art. 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones. Se entiende por
Administraciones

Públicas, a los efectos de lo estipulado en esta norma, a
las entidades en las que los poderes públicos puedan ejercer, directa o
indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen.

También tendrá la consideración de necesidad pública, a los
efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, el establecimiento de
servicios y prestación de comunicaciones a los ciudadanos, siempre que
contribuyan al cumplimiento de los fines que le son propios.

Lo dispuesto en la presente Disposición será de prioritaria
aplicación en todas aquellas regiones del Reino de España que, debido a
sus peculiares características, su ubicación geográfica dentro del
territorio español o por tener la condición de zona ultraperiférica,
necesiten de una especial protección a efectos de cumplir la normativa
vigente nacional y comunitaria.»

JUSTIFICACIÓN

Ni la actual LGTeI (Ley 32/2003) ni el presente Proyecto de
Ley, definen el concepto de «autoprestación». La única definición
existente la encontramos en la Circular 1/2010, de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de 15 de junio, por la que se regulan
las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas.

Entendemos que dicho concepto, absolutamente restrictivo,
debe ser reformulado en el sentido expuesto en la medida que este
Proyecto de Ley establece graves limitaciones para la establecimiento de
servicios y prestación de comunicaciones a terceros por las
Administraciones Públicas. Se trata de evitar una contradicción grave
entre esta regulación y el desarrollo de las políticas estratégicas en
materia de impulso y coordinación de la administración electrónica y los
objetivos de la propia Agenda Digital para España aprobada en febrero de
2013, que imponen un uso intensivo de las TIC por la propia
administración y sobre todo en su relación con los ciudadanos.

Es necesario dar cabida en el concepto de autoprestación a
todos aquellos supuestos de establecimiento de servicios y prestación de
comunicaciones vinculadas al ejercicio de competencias de la
Administración Pública, sea para trabajadores públicos o para los
usuarios de dichos servicios en las relaciones de éstos con aquélla.

Por este motivo debería facilitarse en estos ámbitos la
actuación de las administraciones, no sometiéndolas a requisitos de
difícil o imposible cumplimiento (ej.: constitución como operador de
telecomunicaciones, constitución de una entidad con este objeto
social...).

A título meramente ejemplificativo, y de acuerdo con el
propio concepto actual de «autoprestación» (acuñado por la Circular
1/2010 citada), «el servicio de acceso a Internet limitado a las páginas
web de las Administraciones que tengan competencias en el ámbito
territorial en que se preste este servicio» no se incluye en el concepto
de autoprestación, sino que se considera un servicio «a terceros.»

Existen precedentes comunitarios, como las Decisiones sobre
Gales y Escocia, en los cuales se ha reconocido que este tipo de
servicios deben considerarse actuaciones inherentes a la actividad propia
de la Administración, necesarias para su adaptación a la realidad
tecnológica, que tienen por objeto prestar unos servicios de calidad y
eficaces.

Especialmente importante es la salvaguarda de lo aquí
descrito en poblaciones que, atendiendo a su peculiares características,
ya sea por razón de su orografía, situación física o por tener la
condición de zona ultraperiférica, hagan altamente costosa una prestación
de servicios de telecomunicaciones eficaz y acorde a los tiempos que
vivimos.

Existen zonas en nuestro país con numerosos municipios
inferiores a cinco mil habitantes que no tienen acceso a banda ancha;
esta situación es especialmente significativa en zonas ultraperiféricas
como las Islas Canarias, en las que se requiere la realización de
inversiones de alto coste en relación a su rentabilidad.

Entendemos que es una situación injusta porque cualquier
ciudadano debe tener los mismos derechos de acceso y disfrute
tecnológico, independientemente del lugar físico en que se encuentre.
Esta uniformidad de criterio en todo el territorio nacional debe también
ser aplicable a las compañías radicadas en estas zonas ultraperiféricas.
No puede pretenderse que puedan competir en igualdad de condiciones si
tienen limitado su acceso a redes de alta capacidad. No debe olvidarse
tampoco que en zonas rurales y aisladas suele existir tan sólo un
operador de telecomunicaciones que sólo oferta telefonía y transmisión de
datos sobre red fija. Por lo tanto, puede y debe permitirse a la
Administración y a sus empresas vinculadas o

dependientes, a los efectos del art. 2.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, dar el establecimiento del servicio y prestación de
comunicaciones precisos.

ENMIENDA NÚM. 88

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se incorpora una nueva disposición transitoria con el
siguiente tenor:

En tanto se implemente el modelo definitivo para la
extensión de la cobertura de la televisión digital a aquellas zonas que
previamente disponían del servicio de televisión analógica terrenal, y
para las que los radiodifusores no están obligados a proporcionarla tras
la transición a la televisión digital terrestre, se declara servicio
económico de interés general la difusión en tales zonas de la televisión
digital terrestre.

Las AAPP podrán intervenir para asegurar la prestación del
servicio de extensión de la cobertura, con observancia en todo momento de
lo dispuesto en la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011,
relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado
2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas
estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a
algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés
económico general.

JUSTIFICACIÓN

La Decisión de la Comisión Europea, de 19 de junio de 2013,
relativa a la ayuda estatal SA.28599 (C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP
163/2009)), concedida por el Reino de España para el despliegue de la
televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas (en
adelante la Decisión), ha declarado parte de dichas ayudas incompatibles
con el mercado interior. La Decisión afecta a determinados contratos
adjudicados por las CCAA dentro de los convenios celebrados al efecto con
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el despliegue de la
Televisión Digital en las aludidas zonas remotas y menos urbanizadas de
su territorio, así como al mantenimiento de dichos servicios.

El artículo 3.4 de la Decisión obliga a la cancelación de
los pagos pendientes del régimen de ayuda, desde la notificación de la
Decisión cuya ejecución deberá tener lugar antes del 20 de octubre de
2013.

Por último, la convocatoria, adjudicación y ejecución de
licitaciones tecnológicamente neutras, ajustadas a los criterios de la
mencionada Decisión no podrá tener lugar antes de la aludida fecha límite
para la completa ejecución de la Decisión de la Comisión Europea (20 de
octubre de 2013) sino que se estima que podría demorarse hasta un plazo
máximo de 14 meses.

Tales circunstancias determinan que, llegado el momento de
ejecución de la Decisión, la cesación de los pagos pendientes a los
operadores privados dé lugar a un grave riesgo de corte de la energía de
los centros, así como de su operación y mantenimiento. En caso de no
adoptarse solución alguna, irremediablemente la población de las zonas
afectadas no recibirá señal de televisión, con las implicaciones sociales
que ello supone, incluida una grave afección al derecho de acceso a la
información reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española.

Por ello, la continuación transitoria de la difusión, por
tecnología terrestre, de Televisión Digital en la zona no cubierta por
los licenciatarios del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT),
evitando el corte de señal aludido, ha de ser considerado un servicio
económico de interés general en el sentido del artículo 106(2) del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Decisión de la
Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las
disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por
servicio

público concedidas a algunas empresas encargadas de la
gestión de servicios de interés económico general (2012/21/UE) («Decisión
SIEG»).

Es por ello que resulta necesario realizar tal declaración
de servicio de interés general de manera que se garantice la continuidad
de la difusión, por tecnología terrestre, de Televisión Digital en las
zonas en las que se proporciona cobertura en base a este contrato, que no
están cubiertas por los licenciatarios del servicio de TDT. La garantía
de la continuidad de las emisiones será durante el plazo necesario para
la adjudicación de licitaciones tecnológicamente neutras, y se deberá
realizar de forma que se respeten los postulados y requerimientos
establecidos en la Decisión SIEG.

La necesidad de garantizar esta continuidad de las
emisiones constituye una causa clara de interés público que fundamenta la
modificación del contrato, de manera que se eviten las graves
consecuencias derivadas de la interrupción de la señal en los derechos de
los ciudadanos que reciben la Televisión Digital en base al mismo.

En atención a las competencias exclusivas del Estado en
materia de telecomunicaciones y de legislación básica en materia
audiovisual, corresponde que tal declaración de servicios de interés
general se haga mediante una ley estatal que permita a las distintas AAPP
afrontar la extensión de la cobertura de la TDT durante este periodo
transitorio con la debida seguridad jurídica.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 31 enmiendas al Proyecto de Ley General de
Telecomunicaciones.

Palacio del Senado, 17 de marzo de 2014.—Ester
Capella i Farré.

ENMIENDA NÚM. 89

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 2.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión de la primera parte del segundo parágrafo del
apartado 2.

Sin perjuicio de lo dispuesto para los operadores
controlados directa o indirectamente por Administraciones Públicas en el
artículo 7, quedan exentos de esta obligación quienes exploten redes y
presten servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de
autoprestación.

JUSTIFICACIÓN

Cabe remitirse a lo señalado a continuación en relación a
la enmienda del artículo 7.

Señalar, por otro lado, que esta excepción aplicable a las
Administraciones públicas está formulada de forma contradictoria:

— Si se refiere solo a una obligación de comunicación
(y no a la notificación necesaria para constituirse como operador), no
tiene sentido hablar de los operadores controlados directa o
indirectamente por las AA.PP., pues no sería necesario constituirse como
operador.

— Si, por el contrario, con dicha obligación de
comunicación se refiere a la necesidad de constituirse como operador,
también resulta incongruente, en la medida que la condición de operador
se adquiriría precisamente con dicha comunicación.se trata a continuación
conjuntamente con las enmiendas al artículo 7.

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65

JUSTIFICACIÓN

Sin perjuicio de que las Administraciones Públicas que
instalen y exploten redes públicas o presten servicios de comunicaciones
electrónicas a terceros, deban constituirse como operadores de
comunicaciones electrónicas, consideramos que es necesario reconocer la
posibilidad de que actúen directamente, sin necesidad de hacerlo a través
de entidades o sociedades, tal como se expone en la enmienda al apartado
3 del presente artículo.

Por otro lado, ni la actual LGTel (Ley 32/2003) ni el
presente proyecto de ley, definen el concepto de «autoprestación». La
única definición existente la encontramos en la Circular 1/2010 de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 15 de junio, por la
que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones
Públicas.

Entendemos que dicho concepto, absolutamente restrictivo,
debe ser reformulado en el sentido expuesto en la medida que este
proyecto de ley establece graves limitaciones para la explotación de
redes y prestación de servicios a terceros por las AA.PP. Se trata de
evitar una contradicción entre esta regulación y el desarrollo de las
políticas estratégicas en materia de impulso y coordinación de la
Administración electrónica y los objetivos de la propia Agenda Digital
para España aprobada en febrero de 2013, que imponen un uso intensivo de
las TIC por la propia administración y sobretodo en su relación con los
ciudadanos.

Ante el escenario definido por este artículo 9, y sin
perjuicio de modificar los aspectos que se señalan, es obvio que es
necesario dar cabida en el concepto de autoprestación a todos aquellos
supuestos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en el
interior de edificios públicos, vinculado al ejercicio de competencias
municipales, sea para trabajadores públicos o para los usuarios de dichos
servicios.

El motivo es que, claramente, las Administraciones
públicas, y en concreto, las locales, cuando desarrollan este tipo de
actividades dentro de sus dependencias municipales, no están explotando
redes ni prestando servicios de comunicaciones electrónicas: el hecho de
conectar un conjunto de ordenadores a Internet utilizando generalmente un
servicio contratado a un operador privado de telecomunicaciones, no puede
identificarse con la prestación de servicios de telecomunicaciones
regulada por LGTel, y por tanto, debería quedar fuera de la lógica del
mercado y, por tanto, del ámbito de regulación del Ministerio o de la
CNMC.

Por este motivo, debería facilitarse en estos ámbitos la
actuación de las Administraciones, no sometiéndolas a requisitos de
difícil o imposible cumplimiento (ej. constitución como operador de
telecomunicaciones, constitución de una entidad con este objeto
social…).

Pensemos, por citar un ejemplo, que de acuerdo con el
concepto actual de «autoprestación» (acuñado por la circular 1/2010
citada) «el servicio de acceso a Internet limitado a las páginas web de
las Administraciones que tengan competencias en el ámbito territorial en
que se preste este servicio», no se incluye en el concepto de
autoprestación, sino que se considera un servicio «a terceros.»

Existen precedentes comunitarios, como las Decisiones sobre
Gales y Escocia, en los cuales se ha reconocido que este tipo de
servicios deben considerarse actuaciones inherentes a la actividad propia
de la Administración, necesarias para su adaptación a la realidad
tecnológica, que tienen por objeto prestar unos servicios de calidad y
eficaces.

En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia
Nacional de 1 de septiembre de 2011, al señalar que «… no se
alcanzan al Tribunal las razones por las que ha sido aceptada para
determinadas actividades o servicios del Ayuntamiento y se excluye por el
contrario para otras que —consideramos— están vinculadas de
modo evidente y directo con el giro o tráfico de la Administración local
de que se trata (…).» Con independencia de que ciertas actividades
realizadas por algunos de estos últimos centros puedan calificarse
también de «culturales y educativas», lo cierto es que también, como
hemos dicho, si se acepta con carácter general la existencia de
autoprestación en casos en los que el acceso a Internet resulta
«necesario» o «complementario» de la actividad o servicio público que se
presta por el Consistorio, no hay razón para excluir del concepto los
accesos por los ciudadanos a trámites, a procedimientos administrativos o
a servicios públicos municipales cuando concurran aquellas mismas
«necesidad» o racional «complementariedad» de la actividad administrativa
de que se trate».

Contrasta evidentemente con la solución adoptada por la
CMT, en relación a los establecimientos comerciales. Según el Informe de
26 de julio de 2010 de la CMT se equipara a los establecimientos
comerciales a los locutorios, a los cuales se ha definido como clientes
finales y no como operadores, al

considerar que tanto unos como los otros no realizan en
puridad una reventa del servicio, pues no reconfiguran el servicio, ni
alteran las condiciones de prestación del mismo, ni asumen el servicio
como propio.

ENMIENDA NÚM. 92

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 9. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la redacción del apartado 2.

2. La instalación y explotación de redes públicas o la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de
prestación a terceros por las Administraciones Públicas o por los
operadores controlados directa o indirectamente por éstas
Administraciones Públicas se realizará dando cumplimiento al principio
del inversor privado, con la debida separación de cuentas, con arreglo a
los principios de neutralidad, transparencia, no distorsión de la
competencia y no discriminación. Sin perjuicio de las excepciones que se
establezcan, deberán actuar bajo el principio del inversor privado o, en
su caso, cumpliendo cumplir con la normativa sobre ayudas de estado a que
se refieren los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.

Mediante real decreto, previo informe de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, se determinarán las
condiciones en que las Administraciones Públicas o los operadores
controlados directa o indirectamente por administraciones públicas éstas
deberán llevar a cabo la instalación y explotación de redes públicas o la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de
prestación a terceros y, en especial, los criterios, condiciones y
requisitos para que dichos operadores actúen con sujeción al principio de
inversor privado. En particular, en dicho real decreto se establecerán
los supuestos en los que, como excepción a la exigencia de actuación con
sujeción al principio de inversor privado, las Administraciones Públicas
o los operadores controlados directa o indirectamente por
administraciones públicas podrán instalar y explotar redes públicas y
prestar servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación
a terceros que no distorsionen la competencia o cuando se confirme fallo
del mercado y no exista interés de concurrencia en el despliegue del
sector privado por ausencia o insuficiencia de inversión privada,
ajustándose la inversión pública al principio de necesidad, con la
finalidad de garantizar la necesaria cohesión territorial y social.

JUSTIFICACIÓN

Sin perjuicio de que las Administraciones Públicas que
instalen y exploten redes públicas o presten servicios de comunicaciones
electrónicas a terceros, deban constituirse como operadores de
comunicaciones electrónicas, consideramos que es necesario reconocer la
posibilidad de que actúen directamente, sin necesidad de hacerlo a través
de entidades o sociedades, tal como se expone en la enmienda al apartado
3 del presente artículo.

Por otro lado, la redacción de la primera parte del
apartado segundo resulta incongruente ya que la aplicación de la
normativa de ayudas públicas implica, precisamente, que no se actúa bajo
el principio de inversor privado.

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68

máxime si la administración se ve obligada a actuar como un
operador más y bajo el principio del inversor privado.

ENMIENDA NÚM. 95

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 9. 4. b.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del apartado b) del artículo 4:

b) Los operadores tienen reconocido directamente el derecho
de uso compartido de las infraestructuras de red de comunicaciones
electrónicas y sus recursos asociados instaladas por los operadores
controlados directa o indirectamente por Administraciones Públicas en
condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no
discriminatorias.

JUSTIFICACIÓN

Supone un agravio comparativo en relación al régimen de
compartición regulado en el artículo 32 para el resto de operadores.

ENMIENDA NÚM. 96

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 9. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un apartado 5.

5. La instalación y posterior puesta a disposición de las
infraestructuras titularidad de las administraciones públicas,
susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de
comunicaciones electrónicas, a que se refieren los artículos 36 y 37, no
se considerará explotación de «red de comunicaciones electrónicas» a los
efectos de lo dispuesto en este artículo y, por tanto, se podrá autorizar
su ocupación por los operadores privados, conforme a lo dispuesto en
dicho precepto, de acuerdo con la normativa patrimonial de la
Administración titular de las infraestructuras.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de evitar una flagrante contradicción con lo
dispuesto en los artículos 34, 36 y 37, que obligan a las
Administraciones Públicas a facilitar el acceso a sus infraestructuras a
los operadores privados (canalizaciones).

Si la instalación de canalizaciones (promovida por el
artículo 36 en cuanto a los proyectos de urbanización) y la cesión de su
uso, se considerase «explotación de red de comunicaciones electrónicas»,
las AA.PP. se verían sometidas a los requisitos establecidos en este
artículo 9, que obviamente constituyen un notable obstáculo, lo cual
producirá un efecto contrario al deseado.

Consideramos que, en estos supuestos, la explotación
(creación o puesta a disposición) de estas infraestructuras susceptibles
de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, no suponen una
«explotación de red de comunicaciones electrónicas» y se ha de permitir
que las AA.PP puedan facilitar el acceso a terceros operadores que lo
soliciten, a cambio de una contraprestación o tasa y sin necesidad de
constituir una sociedad «ad hoc».

La enmienda introducida en el artículo 36, durante la
tramitación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, refuerza
la idea expuesta y, por tanto, hace más aconsejable aun introducir este
apartado con el fin de clarificar el régimen jurídico de estas
instalaciones.

ENMIENDA NÚM. 97

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 25. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del parágrafo a) del apartado 1.

1. a) Todos los usuarios finales puedan obtener una
conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una
ubicación fija siempre que sus solicitudes se consideren razonables en
los términos que mediante real decreto se determinen y que, incluirán,
entre otros factores, el coste de su provisión. La conexión debe permitir
realizar comunicaciones de voz, fax y datos, a velocidad suficiente para
acceder de forma funcional a internet. La conexión a la red pública de
comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet deberá
permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en
sentido descendente de 1Mbit por segundo garantizada en sentido
descendente superior a 6Mbit por segundo, debiéndose atender las
peticiones en unos plazos razonables. El Gobierno podrá actualizar esta
velocidad de acuerdo con la evolución social, económica y tecnológica, y
las condiciones de competencia en el mercado, teniendo en cuenta los
servicios utilizados por la mayoría de los usuarios.

JUSTIFICACIÓN

Como claramente se expone en la Exposición de motivos, la
presente Ley persigue entre otras cuestiones, garantizar el cumplimiento
de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, siendo necesario por
tanto, de acuerdo con la actual situación de evolución tecnológica, un
marco regulatorio que proporcione la eliminación de las barreras que han
dificultado un mayor grado de competencia en el mercado.

La Agenda Digital para Europa, principal instrumento para
el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue
que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a
conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que,
al menos, un 50 % de los hogares europeos, estén abonados a conexiones de
banda ancha superiores a 100 Mbps. Cabe recordar que estos objetivos
fueron incorporados a la Agenda digital española, aprobada por el
Gobierno en febrero de 2013.

Por todo lo expuesto anteriormente, entendemos que la
conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso
funcional a Internet debería permitir comunicaciones de datos en banda
ancha a una velocidad garantizada en sentido descendente superior a 6Mbit
por segundo, debiéndose atender las solicitudes en unos plazos
razonables.

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71

Entendemos que so pretexto de simplificar y agilizar el
despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, no se pueden
dejar vacías de contenido las competencias municipales concurrentes en
esta materia.

ENMIENDA NÚM. 101

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 32. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la redacción del parágrafo segundo del
apartado 2.

Cuando una Administración pública competente considere que
por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u
ordenación urbana y territorial procede la imposición de la utilización
compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá instar
acordar de manera motivada y previo trámite de información pública al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo el inicio del procedimiento
establecido en el párrafo anterior. En estos casos, antes de que el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo imponga la utilización
compartida del dominio público o la propiedad privada, el citado
departamento ministerial deberá realizar un trámite para que la
Administración pública competente que ha instado el procedimiento pueda
efectuar alegaciones por un plazo de 15 días hábiles la utilización
compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a
establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso
compartido de las infraestructuras y recursos asociados.

JUSTIFICACIÓN

Las administraciones territoriales, en especial las
locales, en la medida en que a la vez que ejercen legítimamente sus
competencias (entre otras, velar por que las actuaciones urbanísticas se
hagan de forma ordenada) han de velar por el desarrollo tecnológico
garantizando alternativas al derecho de ocupación de los operadores,
deberían mantener la potestad de imponer la ubicación compartida y el uso
compartido de la propiedad pública y privada, especialmente a través de
los instrumentos de planeamiento urbanístico. Todo ello por razones
justificas y de manera transparente, objetiva, proporcionada, etc.

Atribuir únicamente al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo esta potestad, entendemos que, en general, alargará
innecesariamente los procedimientos, y en referencia concreta al dominio
público local, supone una vulneración de las competencias locales a la
hora de gestionar su propio dominio.

ENMIENDA NÚM. 102

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 2.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del apartado 2.

2. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas
constituyen equipamiento de carácter básico y su previsión en los
instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de
determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen
obras de interés general.

JUSTIFICACIÓN

Corresponde a las CC.AA., que son las titulares de la
competencia legislativa en materia de urbanismo, determinar que se
entiende por «equipamiento básico» o «determinaciones estructurales».

ENMIENDA NÚM. 103

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del segundo parágrafo del apartado 3.

De esta manera, dicha normativa o instrumentos de
planificación no podrán establecer restricciones absolutas o
desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado
de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas,
itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras
de red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando una
condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación
del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha
condición deberá estar plenamente justificado e ir acompañado de las
alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los
operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.

JUSTIFICACIÓN

Dichas medidas (la fijación de itinerarios o ubicaciones
concretas) pueden resultar conformes a derecho si se apoyan en razones
urbanísticas, aparecen reguladas en el instrumento jurídico adecuado y
claro está, resultan proporcionadas. Los planes de implantación
proporcionados por los operadores son una herramienta indispensable en
este sentido.

La prohibición de fijar «itinerarios o ubicaciones
concretas» resulta contradictoria con lo dispuesto en el parágrafo
tercero de este apartado 3 introducido durante la tramitación del
proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, que insta a las
administraciones públicas a garantizar y hacer real una oferta suficiente
de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar
sus infraestructuras identificando dichos lugares y espacios físicos en
los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan
ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas como
que se obtenga un despliegue de las redes ordenado desde el punto de
vista territorial.

ENMIENDA NÚM. 104

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado 4.

4. La normativa elaborada por las administraciones públicas
en el ejercicio de sus competencias que afecte al despliegue de las redes
públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de

planificación territorial o urbanística deberán cumplir con
lo dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En
particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos
esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas
redes y servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en la
disposición adicional undécima y en las normas reglamentarias aprobadas
en materia de telecomunicaciones y los límites en los niveles de emisión
radioeléctrica tolerable fijados por el Estado.

En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta
afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas,
las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia,
accesibilidad, simplicidad y eficacia.

Los operadores no tendrán obligación de aportar la
documentación o información de cualquier naturaleza que ya obre en poder
de la Administración. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo
establecerá, mediante real decreto la forma en que se facilitará a las
administraciones públicas la información que precisen para el ejercicio
de sus propias competencias.

JUSTIFICACIÓN

Si bien la disposición Adicional undécima no se remite
(como hacia el anteproyecto de LGTel) a un anexo donde se regulen dichos
parámetros y requerimientos técnicos esenciales, sino que contiene una
remisión al Real Decreto del Consejo de Ministros, cabe rechazar esta
previsión en la medida que se puedan regular, como hacía el citado anexo,
cuestiones estéticas, urbanísticas y paisajísticas que son claramente
competencia local.

Ello sin mencionar que dichos criterios distaban mucho de
los parámetros que se pueden considerar mínimamente exigibles desde el
punto de vista de reducción del impacto visual.

Por otro lado, la presentación de esta documentación y
proyecto técnico es necesaria para permitir a la administración local
ejercer las potestades de comprobación, inspección y sanción que le
reconoce el propio proyecto, y en definitiva, ejercer las competencias
que la normativa local y urbanística le atribuye indiscutiblemente.

ENMIENDA NÚM. 105

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la redacción del parágrafo segundo del
apartado 5.

5. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones
subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el
despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas.

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o
no sea posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores
podrán efectuar despliegues aéreos y por fachadas de cables y equipos que
constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos
asociados, salvo en casos justificados de edificaciones del patrimonio
histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública.

La posibilidad de efectuar despliegues aéreos o por fachada
dependerá del planeamiento urbanístico aplicable.

JUSTIFICACIÓN

Este tipo de previsiones son claramente competencia local,
a través de su potestad de planeamiento.

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76

en sí, que permitan garantizar su seguridad y el
cumplimiento de la normativa vigente. Resulta inadmisible que además
mediante este plan de despliegue se pueda contemplar la posibilidad de
realizar despliegues aéreos o por fachada.

En cuanto al plan de despliegue, entendemos que se trata de
una exigencia que cabe aplicarla a todas las infraestructuras de
comunicaciones electrónicas, en la medida que la finalidad de este
documento es disponer de la información imprescindible para valorar el
impacto visual en cumplimiento de las competencias urbanísticas, y
resulta sobre todo útil en la elaboración de los instrumentos de
planeamiento territorial o urbanístico, que tal como dispone el artículo
35.2 del presente proyecto, deberán recoger las necesidades de las redes
públicas de comunicaciones en el ámbito territorial a que se
refieran.

ENMIENDA NÚM. 107

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 7.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la redacción del apartado 7.

7. En el caso de que sobre una infraestructura de red
pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las
estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, ya esté
ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de
innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación
de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en
nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los
elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de
concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o
declaración responsable, comunicación previa o licencia, si afecta al
dominio público local, a las administraciones públicas competentes por
razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales.

JUSTIFICACIÓN

Con el mismo argumento expuesto anteriormente, consideramos
que las modificaciones de las instalaciones existentes, deberían ser como
mínimo objeto de comunicación o declaración responsable ante la
administración local. Si se tratase de actuaciones en dominio público,
será necesaria la obtención de licencia.

ENMIENDA NÚM. 108

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 35. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado 4.

4. En la medida en que la instalación y despliegue de las
redes de comunicaciones electrónicas constituyen obras de las
telecomunicaciones son servicios de interés general, el conjunto de
administraciones públicas tienen la obligación de facilitar el despliegue
de infraestructuras de redes de

comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, para
lo cual deben dar debido cumplimiento a los deberes de recíproca
información y de colaboración y cooperación mutuas en el ejercicio de sus
actuaciones y de sus competencias.

En defecto de acuerdo entre las administraciones públicas,
cuando quede plenamente justificada la necesidad de redes públicas de
comunicaciones electrónicas, y siempre y cuando se cumplan los parámetros
y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de
las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas
establecidos en el apartado 4 del artículo anterior, el Consejo de
Ministros podrá autorizar la ubicación o el itinerario concreto de una
infraestructura de red de comunicaciones electrónicas, en cuyo caso la
Administración pública competente deberá incorporar necesariamente en sus
respectivos instrumentos de ordenación las rectificaciones
imprescindibles para acomodar sus determinaciones a aquéllas.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo 35 prevé una serie de mecanismos de
colaboración entre el Ministerio de Industria y las Administraciones
públicas territoriales que consideramos, en su mayoría, positivos. No
obstante, la previsión de este apartado, si bien valoramos positivamente
la modificación de su redacción después de su paso por el Congreso de los
Diputados, sigue otorgando una prevalencia a la normativa sectorial de
telecomunicaciones sobre los instrumentos de planificación territorial o
urbanística, lo cual consideramos vulnera las competencias locales.

Por otro lado, parece más adecuado remitirse a las
«telecomunicaciones como servicios de interés general, que calificar como
de interés general las obras, pues dicho cometido corresponde a la
correspondiente normativa urbanística.

ENMIENDA NÚM. 109

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 35. 5.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión apartado 5.

5. La tramitación por la Administración pública competente
de una medida cautelar que impida o paralice o de una resolución que
deniegue la instalación de la infraestructura de red que cumpla los
parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el
funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones
electrónicas establecidos en el apartado 4 del artículo anterior, excepto
en edificaciones del patrimonio histórico-artístico, será objeto de
previo informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
que dispone del plazo máximo de un mes para su emisión y que será
evacuado, tras, en su caso, los intentos que procedan de encontrar una
solución negociada con los órganos encargados de la tramitación de la
citada medida o resolución.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se
entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la
tramitación de la medida o resolución.

A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el
supuesto de que el informe no sea favorable, no se podrá aprobar la
medida o resolución.

JUSTIFICACIÓN

Cabe reiterar lo dispuesto en el apartado anterior. El
redactado vulnera flagrantemente las competencias locales, al apuntar que
en caso de que ante una medida o acto dictado en el ejercicio de las
potestades

locales correspondientes (disciplina urbanística etc.), el
Ministerio deberá mediar para encontrar «una solución negociada» y sin
cuyo informe no se podrá aprobar el acto administrativo.

Ello por no mencionar lo inadecuado de la expresión
«solución negociada», pues entendemos que de lo que se trata es de
ejercer potestades administrativas (estatales, autonómicas o locales), no
de negociar soluciones en nombre o beneficio de las operadoras.

ENMIENDA NÚM. 110

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 36. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del tercer parágrafo del apartado 1.

Mediante Real Decreto norma reglamentaria se establecerá el
dimensionamiento y características técnicas mínimas que habrán de reunir
estas infraestructuras.

JUSTIFICACIÓN

Los aspectos de competencia local han de poder ser
regulados por la Administración local, a través de la correspondiente
normativa (ordenanzas, etc.).

ENMIENDA NÚM. 111

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 36. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado 2.

2. En las obras civiles financiadas total o parcialmente
con recursos públicos se preverá, en los supuestos y condiciones que se
determinen mediante real decreto norma reglamentaria la instalación de
recursos asociados y otras infraestructuras de obra civil para facilitar
el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, que
se pondrán a disposición de los operadores interesados en condiciones de
igualdad, transparencia y no discriminación.

JUSTIFICACIÓN

Los aspectos de competencia local han de poder ser
regulados por la Administración local, a través de la correspondiente
normativa (ordenanzas, etc.).

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ENMIENDA

De supresión.

Supresión del último parágrafo.

El ejercicio de las potestades administrativas de
comprobación, inspección, sanción y, en general, de control deberá
respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios
para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de
comunicaciones electrónicas mencionados en el artículo 34.4 y en la
disposición adicional undécima.

JUSTIFICACIÓN

Cabe rechazar esta previsión en la medida que se puedan
regular cuestiones estéticas urbanísticas y paisajísticas son claramente
competencia local.

ENMIENDA NÚM. 119

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión de la disposición.

Se introduce la disposición adicional octava en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el
siguiente texto:

«Disposición adicional octava. Instalación de
infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de
dominio privado.

«Las obras de instalación de infraestructuras de red o
estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no
requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras
autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de
presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación
una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo
según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente,
según corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos
aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y
finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes
de comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar ante la
autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y
de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o
memoria técnica»

JUSTIFICACIÓN

Es competencia autonómica y local determinar qué tipo de
autorización o licencia es necesaria para las obras y edificaciones.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 28
enmiendas al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.

Palacio del Senado, 18 de marzo de 2014.—El Portavoz
Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición adicional cuarta, quedando como
sigue:

«Información confidencial.

Las personas físicas o jurídicas que aporten a alguna
Autoridad Nacional de Reglamentación datos o informaciones de cualquier
tipo, con ocasión del desempeño de sus funciones y respetando la
legislación vigente en materia de protección de datos y privacidad,
podrán indicar, de forma justificada, qué parte de lo aportado consideran
confidencial, cuya difusión podría perjudicarles, a los efectos de que
sea declarada su confidencialidad. Cada Autoridad Nacional de
Reglamentación decidirá, de forma motivada y a través de las resoluciones
oportunas, sobre la información que, según la legislación vigente,
resulte o no amparada por la confidencialidad.»

MOTIVACIÓN

Mejorar la protección de los usuarios.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el párrafo segundo del apartado 2 de la
disposición adicional quinta, quedando como sigue:

«El Gobierno, mediante real decreto, establecerá la
composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, cuyos miembros
representarán a la Administración General del Estado, a las
Administraciones autonómicas, a la Administración local a través de sus
asociaciones o federaciones más representativas, a los usuarios,
incluyendo en todo caso a las personas con discapacidad a través de su
organización más representativa, a los operadores que presten servicios o
exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, a los prestadores
de servicios de comunicación audiovisual, a los prestadores de servicios
de la sociedad de la información, a las industrias fabricantes de equipos
de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, a los
sindicatos, a las asociaciones representativas de consumidores y usuarios
y a los colegios oficiales de ingeniería más representativos del
sector.»

MOTIVACIÓN

Mejorar la protección de los usuarios.

Página
85

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el título de la disposición adicional
decimoquinta por el siguiente.

«Disposición adicional decimoquinta. Asignación de medios a
la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.»

MOTIVACIÓN

Adaptar el título al nuevo contenido de la disposición
adicional.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional decimoquinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se sustituyen los apartados 1 y 2 de la disposición
adicional decimoquinta por el siguiente, pasando el apartado 3 a
enumerarse como apartado 2:

«1. El Gobierno aprobará las modificaciones necesarias, con
carácter de urgencia y, en todo caso, en el plazo máximo de 4 meses, para
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pueda asumir de
inmediato el ejercicio de las nuevas funciones que tiene encomendadas en
la presente Ley, dotándola de medios adecuados, tanto materiales como
humanos, para desempeñar eficazmente las nuevas competencias
asumidas.»

MOTIVACIÓN

Adaptar el contenido de la disposición a las enmiendas
formuladas.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional decimosexta. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado al final de la disposición
adicional decimosexta, con el siguiente contenido:

«(Nuevo). Con carácter anual se informará al Parlamento del
funcionamiento de la entidad pública Red.es, en especial de la gestión de
sus recursos económicos y de la política de contratación y gestión de
personal.»

MOTIVACIÓN

Dotar de mayor transparencia y control parlamentario a la
gestión de Red.es.

ENMIENDA NÚM. 127

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente
contenido:

«Disposición adicional (Nueva). Servicios de comunicación
audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

Lo dispuesto en el artículo 65 de la presente Ley no será
de aplicación a los servicios de comunicación audiovisual a los que se
refiere el artículo 32 y la Disposición transitoria decimocuarta de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.»

MOTIVACIÓN

A pesar de lo que indica la Ley 7/2010, tanto el
procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de
actuación de los denominados «servicios de comunicación audiovisual
comunitarios sin ánimo de lucro» aún no han sido desarrolladas
reglamentariamente. Esta falta de desarrollo normativo impide que estos
servicios puedan obtener título habilitante a pesar de haberlo
solicitado, como ha denunciado el Defensor del Pueblo en su Memoria del
2012 (ver página 292). Por lo que no sería conveniente aplicar las
medidas de protección activa del espectro contra este tipo de
servicios.

ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición transitoria segunda, quedando
como sigue:

«Disposición transitoria segunda. Adaptación de los
operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones
Públicas al régimen previsto en el artículo 9.

Los operadores controlados directa o indirectamente por
Administraciones Públicas habrán de ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 9 en un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de la
presente Ley.»

MOTIVACIÓN

Ampliar el plazo de adaptación en términos más realistas,
con el objeto de garantiza el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el
artículo 9 del proyecto.

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición transitoria cuarta.

MOTIVACIÓN

La neutralidad en la red queda suficientemente delimitada
en anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 130

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición transitoria, con el
siguiente contenido:

«Disposición transitoria (nueva). Aplicación del régimen
sancionador y medidas cautelares a los servicios de comunicación
audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

Lo dispuesto en los artículos 79 y 82 de la presente Ley no
será de aplicación a los servicios de comunicación audiovisual
comunitarios sin ánimo de lucro mientras no sean desarrolladas las
disposiciones establecidas en el artículo 32.4 y en la Disposición
transitoria decimocuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual.»

MOTIVACIÓN

Como ha denunciado el Defensor del Pueblo en su Memoria del
año 2012, tanto el procedimiento de concesión del título habilitante como
la habilitación del dominio público radioeléctrico necesario para la
prestación de los denominados «servicios de comunicación audiovisual
comunitarios sin ánimo de lucro» aún no han sido desarrolladas
reglamentariamente. Por ello, no sería conveniente aplicar, de forma
transitoria, medidas sancionadoras a este tipo de servicios.

Página
89

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 1.b). iii del artículo 10 de la Ley
25/2007, modificado por el apartado 3 de la disposición final cuarta.

MOTIVACIÓN

En congruencia con la enmienda formulada al apartado 3 del
artículo 10 de la Ley 25/2007.

ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición final cuarta. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 1.c). ii del artículo 10 de la Ley
25/2007, modificado por el apartado 3 de la disposición final cuarta.

MOTIVACIÓN

En congruencia con la enmienda formulada al apartado 3 del
artículo 10 de la Ley 25/2007.

ENMIENDA NÚM. 138

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición final cuarta. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el segundo párrafo del apartado cuatro de la
disposición final cuarta, quedando como sigue:

«Sin perjuicio del régimen sancionador establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en el artículo 10 de la presente Ley, constituyen
infracciones a lo previsto en la presente disposición las
siguientes:»

MOTIVACIÓN

Mantener la redacción del texto vigente.

Página
92

MOTIVACIÓN

La modificación legal incorporada en esta disposición no es
congruente con el contenido material del proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final, con el siguiente
contenido:

«Disposición final (nueva). Adaptación de la Ley de
servicios de la sociedad de la información del comercio electrónico a las
nuevas demandas sociales y económicas.

El Gobierno, en un plazo de seis meses, presentará a las
Cortes Generales un proyecto de ley de modificación integral de la Ley
34/2002 de servicios de sociedad de la Información y de comercio
electrónico, que incorpore las modificaciones derivadas de la normativa
europea, avance hacia el Gobierno «Internet» y que, sin perjuicio de las
normas de derecho internacional privado suscritas por España en esta
materia, prevalezca la aplicación de la ley española, siempre que sea más
beneficiosa, en materia de derechos de los usuarios y prestación de
servicios en Internet. Además, el proyecto de ley incorporará el «derecho
al olvido» en Internet, la protección a la intimidad de colectivos en
riesgo, en especial en los casos de violencia de género, garantizará
elevados niveles de seguridad y de privacidad en las transmisiones de
datos a través de Internet, promoverá el consumo colaborativo en red y un
mayor impulso a los emprendedores que utilicen la red con objeto de crear
empleo y favorecer nuevas actividades de economía digital y comercio
electrónico.»

MOTIVACIÓN

Desarrollo legislativo propio para la Sociedad de la
Información en Internet y la globalidad cambiante que es preciso abordar
con la suficiente información, implicación de los sectores afectados y, a
ser posible, con el consenso social y político previo, incorporando
marcos regulatorios internacionales lo más amplios posibles, así como
garantizar, en los campos en los que ello no sea posible, que se respetan
en Internet los marcos regulatorios nacionales, independientemente de
dónde tienen las empresas ubicadas sus sedes sociales, en especial las de
prestación de servicios en Internet y protección a los usuarios,
incorporando una regulación del «derecho al olvido» y una mayor
protección a las personas en situación de riesgo social, especialmente
las que pueden ser víctimas de violencia de género utilizando las nuevas
tecnologías sometiéndolas a vigilancia no deseada; así como aprovechar la
potencialidad que ofrece la red para promover el consumo colaborativo y
apoyar decididamente a los emprendedores y la creación de nuevos negocios
y empleo gracias a Internet.

ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con el siguiente
contenido.

Disposición final XX (nueva). Modificación de la Ley
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

Se incluye un apartado 2 en el artículo 17 de la Ley
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, que queda redactado en
los siguientes términos:

«La instalación de los tramos finales de las redes fijas de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido así como sus recursos
asociados en edificios o conjuntos inmobiliarios en los que no exista una
infraestructura común de comunicaciones electrónicas o la existente no
permita instalar el correspondiente acceso ultrarrápido, podrá ser
acordada, haciendo uso de los elementos comunes de la edificación, a
petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la
comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de
participación.»

MOTIVACIÓN

Se facilita el despliegue pero con un mínimo «razonable»,
puesto que en el artículo 45.4 (4.º y 5.º párrafo) con un solo
propietario que esté interesado, el resto de los vecinos están obligados
a realizar esa infraestructura. Un tercio es una cantidad de propietarios
que podríamos considerarse razonable para equilibrar las peticiones de
instalación de infraestructuras, posibilitando acuerdos en las
comunidades de vecinos.

ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Anexo I. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del anexo I, quedando como
sigue:

«1. Tasa general de operadores.

1. Sin perjuicio de la contribución económica que pueda
imponerse a los operadores para la financiación del servicio universal,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 y en el título III, todo
operador estará obligado a satisfacer a la Administración General del
Estado y sus organismos públicos una tasa anual que no podrá exceder el
1,5 por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada
a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y
ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta
ley, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el
ámbito de las comunicaciones electrónicas.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establecerá anualmente el porcentaje a
aplicar sobre los ingresos brutos de explotación que obtenga el operador,
con el límite determinado en este apartado para la fijación del importe
de la tasa, tomando en consideración la relación entre los ingresos del
cobro de la tasa y los gastos ocasionados por el funcionamiento de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de las
comunicaciones electrónicas.

2. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No
obstante, si por causa imputable al operador, éste perdiera la
habilitación para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre,
la tasa se devengará en la fecha en la que esta circunstancia se
produzca.

3. La diferencia entre los ingresos presupuestados por este
concepto y los realmente obtenidos será tenida en cuenta a efectos de
reducir o incrementar el porcentaje a fijar en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado del año siguiente. Se tomará como objetivo conseguir
el equilibrio entre los ingresos por la tasa y los gastos derivados de la
citada actividad realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en el ámbito de las comunicaciones electrónicas.»

MOTIVACIÓN

Adaptar el contenido del apartado al resto de enmiendas
formuladas.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Anexo I. 1. 3.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado, al final del punto 3. «Tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico», con el siguiente
contenido:

«8. Estarán exentas del pago de esta tasa los servicios de
comunicación audiovisual sin ánimo de lucro cuyos gastos de explotación
anuales no sean superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de
comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los
servicios de comunicación audiovisual radiofónica.»

MOTIVACIÓN

Por tratarse de servicios de interés general de carácter no
económico a los que no se permite realizar comunicación audiovisual
comercial según establece artículo 32 de la Ley 7/2010 General de
Comunicación Audiovisual.

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Anexo I. 1.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado, al final del punto 1. «Tasa
general de operadores», con el siguiente contenido:

«4. Estarán exentas del pago de esta tasa los servicios de
comunicación audiovisual sin ánimo de lucro cuyos gastos de explotación
anuales no sean superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de
comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los
servicios de comunicación audiovisual radiofónica.»

JUSTIFICACIÓN

Por tratarse de servicios de interés general de carácter no
económico a los que no se permite realizar comunicación audiovisual
comercial según establece artículo 32 de la Ley 7/2010 General de
Comunicación Audiovisual.

ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Anexo I. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 5 del anexo I, quedando como
sigue:

«5. Gestión y recaudación en período voluntario de las
tasas.

La Competencia Comisión Nacional de los Mercados y la
gestionará y recaudará en período voluntario las tasas que se regulan en
los apartados 1 y 2 de este anexo, así como las del apartado 4 del citado
anexo I que se recauden por la prestación de servicios que tenga
encomendados la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el
ámbito de las Comunicaciones Electrónicas, de acuerdo con lo previsto en
esta ley.

En los supuestos no incluidos en el párrafo anterior,
corresponderá la gestión en periodo voluntario de estas tasas al órgano
competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.»

MOTIVACIÓN

La reducción de competencias de los organismos reguladores
merma su capacidad de actuación y por tanto su eficiencia e
independencia. Así lo ha expresado en multitud de ocasiones la propia
Comisión Europea, incluso por escrito al Gobierno español con motivo de
la tramitación de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC). Es, por tanto, esencial que la CNMC
mantenga, al menos, las competencias que en materia de telecomunicaciones
tenía la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ya de por si una
de las Autoridades Nacionales de Regulación con menor número de
competencia en el contexto de la UE.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 39
enmiendas al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.

Palacio del Senado, 18 de marzo de 2014.—El Portavoz
Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 3. h.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado h) del artículo 3, por el
siguiente:

«h) Garantizar el principio de neutralidad de la red.»

MOTIVACIÓN

Reforzar el principio de neutralidad de la red.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 5. 1.

ENMIENDA

De adición.

Se añade, al final del apartado 1 del artículo 5, la
siguiente frase:

«La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
podrá imponer condiciones especiales que garanticen la no distorsión de
la libre competencia.»

MOTIVACIÓN

Dotar de los instrumentos legales precisos para que la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia pueda ejercer sus
competencias para evitar distorsiones en la libre competencia.

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 7. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 7, quedando como
sigue:

«1. Se crea, dependiente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, el Registro de Operadores. Dicho Registro será
de carácter público y su regulación se hará por Real Decreto. En él
deberán inscribirse los datos relativos a las personas físicas o
jurídicas que hayan notificado su intención de explotar redes o prestar
servicios de comunicaciones electrónicas, las condiciones para
desarrollar la actividad y sus modificaciones.»

MOTIVACIÓN

Hacer depender el Registro de operadores de la Comisión de
los Mercados y la Competencia, en lugar del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 9. 2.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 9.

Se adiciona al apartado 2, in fine:

«En caso necesario, la Comisión Nacional de Mercados y la
Competencia podrá imponer condiciones especiales que garanticen la no
distorsión de la libre competencia.»

MOTIVACIÓN

Reforzar la libre competencia.

ENMIENDA NÚM. 152

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 12. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo punto 6, a continuación del apartado 5,
en los siguientes términos:

«6. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
podrá imponer, en casos justificados y en la medida en que sea necesario,
obligaciones a los operadores que controlen el acceso a los usuarios
finales para que sus servicios sean interoperables. Igualmente y en las
mismas condiciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad
de conexión de extremo a extremo, podrá imponer obligaciones a los
operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, incluida, en
casos justificados, la obligación de interconectar sus redes cuando no lo
hayan hecho.»

MOTIVACIÓN

Garantizar competencias de la CNMC en la conexión de
extremo a extremo y la interoperabilidad de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas.

Página
99

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el artículo 21.

MOTIVACIÓN