MOTIVACIÓN

Este artículo no establece ninguna medida concreta para
hacer cumplir el plazo máximo establecido para que las empresas den
respuesta a las quejas de los consumidores, por lo que dicho plazo sólo
tiene carácter indicativo, siendo necesaria alguna sanción en caso de
incumplimiento.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
único. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Apartado 1 del artículo 60.

Por ello se propone que en el apartado 1 del artículo 60 se
suprima la expresión «salvo que resulte manifiesta por el contexto», cuyo
enunciado quedaría de la siguiente manera:

«Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por
un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de
forma clara y comprensible la información relevante, veraz y suficiente
sobre las características principales del contrato, en particular sobre
sus condiciones jurídicas y económicas.»

MOTIVACIÓN

Es necesario evitar expresiones ambiguas que den lugar a
interpretaciones contrarias a la parte más vulnerable de la relación
contractual, siendo además la falta de información una de las cuestiones
que más quejas suscitan por el consumidor.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
único. Doce.

ENMIENDA

De adición.

A la letra f del apartado 2 del artículo 60 debe añadirse
lo siguiente:

«Asimismo se informará de que el importe a abonar por el
consumidor será proporcional al tiempo que quede por cumplir del plazo de
permanencia señalado.»

MOTIVACIÓN

Perfeccionar y completar el artículo.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
único. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado dos del artículo 66 bis, debe redactarse de la
siguiente forma:

«Si el empresario no hace entrega de los bienes en el plazo
establecido, el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato sin
coste alguno.»

MOTIVACIÓN

Consideramos ilógico que se de una segunda oportunidad al
empresario con un plazo adicional en caso de incumplimiento del plazo de
entrega cuando el consumidor ya ha abonado el coste. Esta flexibilidad o
generosidad sorprendentemente no se otorga a la parte más débil de la
relación contractual.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
único. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar el apartado 3 del artículo 71 con el siguiente
enunciado:

«Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de
información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el
consumidor podrá resolver el contrato sin ningún coste.»

MOTIVACIÓN

La ampliación del plazo de desistimiento nos parece
correcto ya que da mayor margen de maniobra al consumidor. Sin embargo se
ha ampliado el plazo que se le da a la empresa para corregir la falta de
información sobre el consentimiento. Si antes debía hacerlo en tres
meses, ahora se le da doce meses para que corrija el error. Siendo el
consumidor el principal afectado por la falta de información, ya que no
conoce que puede echar atrás el contrato, parece exagerado dar a la
empresa una nueva oportunidad para corregir una práctica que ya debía
estar sistematizada.

Página
15

JUSTIFICACIÓN

Resulta vital la formación específica en materia de
mediación, debiendo ser incorporada esta materia a los programas
formativos de cooperación entre Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone: Incorporar un Nuevo apartado 4 al
artículo 57 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y la consiguiente renumeración,
quedando redactado en los términos siguientes:

«Artículo 57. Sistema Arbitral del Consumo.

1. El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema
extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y
usuarios y los empresarios a través del cual, sin formalidades especiales
y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las
reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no
verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales
de delito.

2. La organización, gestión y administración del Sistema
Arbitral de Consumo y el procedimiento de resolución de los conflictos,
se establecerá reglamentariamente por el Gobierno. En dicho Reglamento
podrá preverse la decisión en equidad, salvo que las partes opten
expresamente por el arbitraje de derecho, el procedimiento a través del
cual se administrará el arbitraje electrónico, los supuestos en que podrá
interponerse una reclamación ante la Junta Arbitral Nacional frente a las
resoluciones de las Juntas arbitrales territoriales sobre admisión o
inadmisión de las solicitudes de arbitraje y los casos en que actuará un
árbitro único en la administración del arbitraje de consumo.

3. Los órganos arbitrales estarán integrados por
representantes de los sectores empresariales interesados, de las
organizaciones de consumidores y usuarios y de las Administraciones
públicas.

4. Las Administraciones Públicas fomentarán la formación
inicial y continua en materia de Mediación, tanto en los Órganos
Arbitrales como en el personal que sirve de soporte administrativo a las
Juntas Arbitrales de Consumo.

5. Los convenios arbitrales con los consumidores distintos
del arbitraje de consumo previsto en este artículo, sólo podrán pactarse
una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del
contrato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje
institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un
sector o un supuesto específico.

Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo
dispuesto en el párrafo precedente serán nulos.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta vital la formación específica en materia de
mediación, debiendo ser incorporada esta materia a los programas
formativos de cooperación entre Administraciones Públicas.

Página
17

residentes en un territorio por el mero hecho de contar con
un régimen fiscal propio previéndose, además, de forma expresa la
repercusión de los costes añadidos al comprador.

De hecho la enmienda viene a proporcionar claridad a
nuestro ordenamiento y a garantizar más eficazmente derechos de los
compradores que debieran ser observados por los vendedores. Así pues, el
Art 16.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal dispone
que «El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios
y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie
causa justificada», el Art. 9.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
ordenación del comercio minorista dispone que «La oferta pública de venta
o la exposición de artículos en establecimientos comerciales constituye a
su titular en la obligación de proceder a su venta a favor de los
demandantes que cumplan las condiciones de adquisición, atendiendo, en el
segundo caso, al orden temporal de las solicitudes». Además, conforme al
Art. 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRGDCU) «Se
considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no
negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato» y
conforme al Art.86 TRGDCU en cualquier caso las que «limiten o priven al
consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas
o imperativas», resultando del Art.83 TRGDCU la nulidad de las mismas,
como así dispone también el Art. 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Como quiera que sin razón para ello distintos prestadores
de servicios de comercio electrónico, entre ellos AppleStore o Pixmania,
excluyen a Canarias en sus envíos se hace necesario garantizar que los
ciudadanos canarios no se ven injustificadamente discriminados en el
comercio electrónico en España y, con ello, en el previsto mercado
digital único europeo.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 36
enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 12 de marzo de 2014.—Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Los apartados 2 y 3 del artículo 21 del texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, modificados en el apartado cinco del artículo
único, quedan redactados en los siguientes términos:

«2. Las oficinas y servicios de información y atención al
cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor y usuario
deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones,
mediante la entrega de una clave identificativa y un justificante por
escrito o en cualquier otro soporte duradero. En todo caso, las empresas
deberán poner a disposición de sus clientes un servicio de atención

telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, para
facilitar información y atender y resolver sus quejas, reclamaciones o
incidencias, garantizando una atención personal directa.

Las oficinas y servicios de información y atención al
cliente serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los
principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos
para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o
personas de edad avanzada.

Se deberán identificar claramente los servicios de atención
al cliente en relación a las otras actividades de la empresa,
prohibiéndose expresamente la utilización de este servicio para la
utilización y difusión de actividades de comunicación comercial de todo
tipo.

Se prohíbe la utilización de números de tarificación
adicional como medios de comunicación con los consumidores y usuarios, ya
sea vía telefónica, mediante mensaje de texto u otros análogos.

3. En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los
apartados precedentes, los empresarios pondrán a disposición de los
consumidores y usuarios información sobre la dirección postal, número de
teléfono y número de fax o dirección de correo electrónico en la que el
consumidor y usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, puedan
interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre los
bienes o servicios ofertados o contratados. Los empresarios comunicarán
su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la
correspondencia.

Los medios de interlocución de atención al cliente,
habilitados por la empresa, deberán figurar en el propio contrato y en
las facturas que emita a los consumidores y usuarios.

Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones
recibidas en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo
de un mes desde la presentación de la reclamación. En caso de que en
dicho plazo ésta no hubiera sido resuelta satisfactoriamente, los
empresarios adheridos a un sistema extrajudicial de resolución de
conflictos facilitarán al consumidor y usuario el acceso al mismo cuando
éste reúna los requisitos previstos en la Recomendación 98/257/CE de la
Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los
órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en
materia de consumo y en la Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4
de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos
extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de
consumo o normativa que resulte de aplicación y, como tales, hayan sido
notificados a la red comunitaria de órganos nacionales de la solución
extrajudicial de litigios en materia de consumo.»

MOTIVACIÓN

Se propone establecer la gratuidad para el consumidor de
los servicios de atención telefónica y explicitar la prohibición de
establecer números de tarificación adicional en las comunicaciones con
los consumidores y usuarios.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 60 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado doce del artículo único, queda
redactado en los siguientes términos:

«1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado
por un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá
facilitarle de forma clara y comprensible la información relevante, veraz
y suficiente

sobre las características principales del contrato, en
particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas.»

MOTIVACIÓN

Se propone suprimir la expresión «salvo que resulte
manifiesta por el contexto» al hacer referencia a la obligación de que la
información sea clara y comprensible. Esta expresión puede suponer una
merma de garantías para el consumidor y usuario al utilizar conceptos
indeterminados que generan inseguridad jurídica.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 60 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado doce del artículo único, queda
redactado en los siguientes términos:

«4. La información precontractual debe facilitarse al
consumidor y usuario de forma gratuita en castellano y en las demás
lenguas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con
sus Estatutos.»

MOTIVACIÓN

Recoger la cooficialidad de las lenguas existentes en
España como garantía de los derechos de los ciudadanos.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De adición.

Se añaden dos nuevas letras en el apartado 2 del artículo
60 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el
apartado doce del artículo único, que quedan redactadas en los siguientes
términos:

«l) (nueva). La información relativa al tratamiento de los
datos de carácter personal del consumidor y usuario, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y sus disposiciones de
desarrollo.

m) (nueva). Cuando se trate de productos de software
destinados al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, el
nivel de seguridad, básico, medio o alto que permitan alcanzar de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.»

MOTIVACIÓN

De acuerdo con las alegaciones de la Agencia Española de
Protección de Datos, se propone incluir estas dos nuevas letras. Dos
previsiones específicas relacionadas con los deberes de información que,
aunque no incluidas en la Directiva 2011/83/UE, traen causa de la
aplicación de las normas de trasposición de la Directiva 95/46/CE, cuyo
régimen también integrado en el derecho de la Unión ha se ser respetado
por los Estaos miembros.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 66 bis del texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, adicionado en el apartado dieciséis del artículo único,
queda redactado en los siguientes términos:

«2. Si el empresario no cumple su obligación de entrega, el
consumidor y usuario tendrá derecho a optar entre exigir el cumplimiento
de dicha obligación o resolver el contrato.»

MOTIVACIÓN

Se fija un plazo máximo de 30 días dentro del cual, salvo
que las partes pacten otra cosa, el empresario tiene que llevar a cabo su
prestación y el consumidor su obligación de pago. No es de recibo
establecer la obligación por parte del consumidor de recordar al
empresario que debe cumplir con sus obligaciones de entrega de plazo y
además darle un nuevo plazo adicional indeterminado «adecuado a las
circunstancias». Los supuestos de excepción que se establecen resultan
confusos e indeterminados, lo cual puede provocar en la práctica dudas de
interpretación que beneficiarían al empresario incumplidor.

Es el consumidor el que, ante el incumplimiento del plazo,
debe elegir en todo caso entre exigir o resolver el contrato.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

Página
22

MOTIVACIÓN

Ya que se explicita la definición de «código de conducta»,
se propone recoger también su finalidad, según se establece en la Ley de
Competencia Desleal.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

La letra q) del apartado 1 del artículo 97 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el apartado
veintiocho del artículo único, queda redactada en los siguientes
términos:

«q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones
del consumidor y usuario derivadas del contrato, así como la existencia
de compromisos de permanencia y penalizaciones en caso de baja en la
prestación del servicio.»

MOTIVACIÓN

En la actualidad existen muchas reclamaciones por la
aplicación de periodos de permanencia y penalizaciones en caso de baja
que no son conocidas por los consumidores. Es habitual que las compañías,
sobre todo en el ámbito de los suministros, ofrezcan nuevas condiciones
de precio y servicio a condición de unos periodos de permanencia y unas
penalizaciones. En muchas ocasiones dichas condiciones no son claras ni
transparentes, ocasionando perjuicios al consumidor que no puede
abandonar la compañía para beneficiarse de mejores ofertas hasta que no
cumpla la permanencia o pague la correspondiente penalización.

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

La letra u) del apartado 1 del artículo 97 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el apartado
veintiocho del artículo único, queda redactada en los siguientes
términos:

«u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un
mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento al que esté sujeto
el empresario, totalmente gratuito para el consumidor y usuario, y los
métodos para tener acceso al mismo.»

MOTIVACIÓN

Entendemos que todo mecanismo extrajudicial de reclamación
de los consumidores y usuarios debe ser totalmente gratuito para
éstos.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 98 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado veintiocho del artículo único,
queda redactado en los siguientes términos:

«4. Si el contrato se celebra a través de una técnica de
comunicación a distancia en la que el espacio o el tiempo para facilitar
la información son limitados, el empresario facilitará es ese soporte
específico, antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la
información precontractual sobre las características principales de los
bienes o servicios, la identidad del empresario, el precio total, el
derecho de desistimiento, la duración del contrato y, en el caso de
contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución, tal como
se refiere en el artículo 97.1.a), b), e), i) y p). La comunicación de
dichas informaciones por parte del empresario al consumidor y usuario
deberán ser grabadas en un soporte duradero que deberá ser facilitado al
consumidor y usuario sin coste alguno cuando éste lo solicite. El
empresario deberá facilitar al consumidor y usuario las demás
informaciones que figuran en el artículo 97 de una manera apropiada con
arreglo al apartado 1.

Si una vez solicitado por parte del consumidor y usuario el
envío de la grabación y éste no fuese facilitado por el empresario en el
plazo de catorce días naturales, el consumidor y usuario podrá resolver
de forma automática la relación contractual con dicho empresario, sin
coste ni penalización alguna para el consumidor y usuario.»

MOTIVACIÓN

La grabación de la comunicación de informaciones esenciales
en el caso de la contratación telefónica es necesaria. Tal grabación
resulta fundamental como medio de prueba para que el consumidor y usuario
pueda acreditar si se le proporcionaron o no los datos necesarios para
poder prestar un consentimiento válido. Además, si lo que se pretende es
mejorar la protección del consumidor y usuario que contrató a distancia,
debería explicitarse como causa de resolución la ausencia de envío de esa
grabación cuando así se solicite. La empresa ostenta en este tipo de
contratos una posición superior, pues ella tiene la información del
consentimiento y si no lo envía, estaríamos ante un caso de
indefensión.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

La letra a) del artículo 104 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado veintiocho del artículo único,
queda redactada en los siguientes términos:

«a) En el caso de los contratos de servicios, el día que
efectivamente se presta el servicio.»

MOTIVACIÓN

En relación a la contratación de servicios, la fecha que
debe comenzar a contar el plazo de desistimiento deber ser el día de
efectividad de la prestación del servicio, desde que ésta comienza y se
hace efectivo el contrato, al igual que en la venta de bienes lo es desde
la posesión material.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 3 del artículo 108 del texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado veintiocho del artículo único,
queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 108. Obligaciones y responsabilidad del
consumidor y usuario en caso de desistimiento.

(…)

3. Cuando un consumidor y usuario ejerza el derecho de
desistimiento tras haber realizado una solicitud de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 98.8 o en el artículo 99.3, abonará al
empresario un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en
el momento en que haya informado al empresario del ejercicio del derecho
de desistimiento, en relación con el objeto total del contrato. El
importe proporcional que habrá de abonar al empresario se calculará sobre
la base del precio total acordado en el contrato o, en su caso, lo
efectivamente consumido. Si el coste conlleva gastos fijos y gastos de
consumo, se abonará lo consumido y la parte proporcional del coste fijo.
En caso de que el precio total sea excesivo, el importe proporcional se
calculará sobre la base del valor de mercado de la parte ya prestada del
servicio.»

MOTIVACIÓN

En los contratos de servicios y suministros el consumidor,
cuando ha solicitado expresamente al empresario que la prestación del
servicio o el suministro dé comienzo durante el plazo de desistimiento,
deberá abonar al empresario un importe proporcional a la parte ya
prestada del servicio hasta el momento en que el consumidor informe al
empresario del ejercicio del derecho de desistimiento, en relación con el
objeto total del contrato. Se propone aclarar que dicho importe se
corresponderá, en su caso, con lo efectivamente consumido y la parte
proporcional del coste fijo si lo hubiere.

Página
28

de la Directiva 95/46/CE, cuyo régimen también integrado en
el derecho de la Unión ha se ser respetado por los Estados miembros.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único con la
siguiente redacción:

«Dos bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 4 en el
artículo 18, que queda redactado en los siguientes términos:

“4 (nuevo). Será obligatoria la rotulación en braille
de la fecha de caducidad de los medicamentos y, en general, de los
bienes, productos y materiales peligrosos para los consumidores y
usuarios.

Asimismo, se habilitará un sistema digital de acceso al
contenido de los prospectos de los medicamentos y de las fichas de
seguridad de los bienes, productos y materiales peligrosos que deberá
respetar los parámetros del diseño para todas las personas.”»

MOTIVACIÓN

Se propone ampliar la rotulación en braille de los
medicamentos a la fecha de caducidad, ya que ahora solo es obligatorio el
nombre y el principio activo, y establecer la rotulación obligatoria en
braille de los materiales peligrosos (lejías, detergentes, abrasivos,
ácidos o explosivos) para fortalecer la seguridad del consumidor y
usuario.

Además, se propone habilitar un sistema digital de acceso,
con arreglo a parámetros de diseño universal, al contenido de los
prospectos de medicamentos y de las fichas de seguridad de los materiales
peligrosos.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único con la
siguiente redacción:

«Tres bis (nuevo). Se modifica el apartado 5 del artículo
19, que queda redactado en los siguientes términos:

“5. En relación con las prácticas comerciales
relativas a servicios financieros y bienes inmuebles, podrán establecerse
normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al
consumidor o usuario, debiendo incluirse en las mismas cláusulas
reforzadas de apoyo a las personas con discapacidad que lo precisen por
sus circunstancias personales o sociales.”»

MOTIVACIÓN

La crisis ha puesto de manifiesto la indefensión de los
consumidores y usuarios más vulnerables en los asuntos financieros
(preferentes o préstamos, por ejemplo). Se les han vendido contratos sin
información abusando de su posición de debilidad cognitiva o sin su
conocimiento y consentimiento, que ha sido obtenido viciadamente. Se
propone, por tanto, establecer un plus de protección.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único, con la
siguiente redacción:

«Tres ter (nuevo). Se añade un nuevo artículo 19 bis, que
queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 19 bis (nuevo). Oficinas y servicios de
información al consumidor y usuario.

1. Las oficinas y servicios de información al consumidor y
usuario tendrán las siguientes funciones:

a) La información, ayuda y orientación a los consumidores y
usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos.

b) La indicación de las direcciones y principales funciones
de otros centros, públicos o privados, de interés para el consumidor y
usuario.

c) La recepción, registro y acuse de recibo de quejas y
reclamaciones de los consumidores y usuarios y su remisión a las
entidades u organismos correspondientes.

2. Las oficinas de información de titularidad pública, sin
perjuicio de las que verifiquen las organizaciones de consumidores y
usuarios, podrán realizar tareas de educación y formación en materia de
consumo y apoyar y servir de sede al sistema arbitral previsto en el
artículo 57 de esta Ley.

3. Queda prohibida toda forma de publicidad expresa o
encubierta en las oficinas de información al consumidor y
usuario.”»

MOTIVACIÓN

Se propone la inclusión de este nuevo artículo, tal y como
reclama la FEMP, para recoger la piedra angular de la información y
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios: las Oficinas
Municipales de Información al Consumidor (OMIC), dependientes de las
administraciones locales, que en la actualidad conforman una red de 990
oficinas.

Página
33

(…)

4 (nuevo). En los procesos a los que se refiere del
artículo 53 de este texto refundido, no se impondrán costas en primera
instancia a las asociaciones de consumidores y usuarios que las hubieran
interpuesto, salvo que se constate la existencia de una temeridad
manifiesta.”»

MOTIVACIÓN

Se propone garantizar que las asociaciones que interpongan
acciones colectivas disfruten, además del beneficio de Justicia Gratuita,
del de no tener ningún riesgo de imposición de costas, al menos en la
primera instancia, con lo que se evita cualquier carga o gravamen
económico que pueda desincentivar la presentación de estas acciones
colectivas.

ENMIENDA NÚM. 37

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único, con la
siguiente redacción:

«Veintiséis bis (nuevo). Se modifica el apartado 1 del
artículo 82, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas.

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas
que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del
consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Se entiende como práctica abusiva todo comportamiento de un
empresario o profesional contrario a la diligencia profesional exigible,
derive ésta de la normativa específica o sectorial o de las prácticas y
usos comerciales aplicables.”»

MOTIVACIÓN

En el primer párrafo del apartado 1 del artículo 82 se
propone suprimir la expresión «no consentidas expresamente» a la hora de
calificar las prácticas que causen un desequilibrio importante de los
derechos y obligaciones de las partes de un contrato. También se propone
definir que se entiende por práctica abusiva, todo ello para mejorar los
derechos de los consumidores y usuarios.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único, con la
siguiente redacción:

«Veintisiete bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 7 en
el artículo 87, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 87. Cláusulas abusivas por falta de
reciprocidad.

Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de
reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del
consumidor y usuario y, en particular:

(…)

7 (nuevo). Las estipulaciones que en contratos de préstamo
o crédito de garantía hipotecaria en los que el bien hipotecado sea la
vivienda familiar, fijen un límite a la variación a la baja del tipo de
interés contratado y reúnan al menos una de las siguientes
características:

a) Que se fije un límite a la bajada de los tipos de
interés sin preveer en el contrato un límite para la subida de los
mismos.

b) Que el límite establecido a la bajada de los tipos de
interés sea igual o mayor al 40 por ciento del valor del índice de
referencia aplicable en el momento de la contratación.

c) Que la diferencia entre los límites fijados en el
contrato para la bajada y subida de los tipos de interés sea igual o
mayor a cuatro puntos porcentuales.”»

MOTIVACIÓN

Se propone incluir como abusivas las denominadas cláusulas
suelo que no respeten los mínimos recogidos en la enmienda. Estas
cláusulas están provocando un perjuicio manifiesto a los consumidores y
usuarios por la vulneración del justo equilibrio de las partes tal y como
están manifestando los tribunales.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Certificación en formato
papel por parte de las empresas suministradoras de servicios que expidan
facturas en formato electrónico.

Uno. Las empresas suministradoras de servicios que expidan
facturas en formato electrónico remitirán a sus clientes, mediante envío
físico en formato papel, una certificación con periodicidad bimensual que
detalle y acredite las facturas electrónicas expedidas durante dicho
periodo de tiempo. La certificación contendrá los datos básicos del
expedidor y del consumidor y usuario, la dirección electrónica ante la
que acceder a las facturas electrónicas, los datos de identificación y la
cuantía de las facturas.

Dos. La certificación en formato papel contendrá, en todo
caso, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos y razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir la certificación como del
destinatario.

b) Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado a
expedir la certificación y del destinatario.

c) Dirección completa del establecimiento del obligado a
expedir la certificación, o en su caso de su sede, y del
destinatario.

d) Dirección electrónica en la que se puedan revisar las
facturas y número de teléfono o dirección electrónica para solicitar, en
su caso, un duplicado de la factura.

Tres. La certificación en formato papel contendrá, en todo
caso, los siguientes datos de cada una de las facturas electrónicas
expedidas durante el mes natural de que se trate:

a) Número y, en su caso, serie.

b) Fecha de expedición.

c) Base Imponible.

d) Cuota Tributaria que, en su caso, se haya
repercutido.

e) Importe total de la factura.»

MOTIVACIÓN

Es fundamental garantizar la necesaria seguridad para que
consumidores y usuarios puedan disponer de una información fiable sobre
las facturas generadas por las empresas de servicios, así como habilitar
unos mecanismos de acceso a dicha información adecuados a todos los
perfiles sociales, económicos y culturales de dichos consumidores y
usuarios. Esto es particularmente importante a la hora de implantar el
modelo de facturación electrónica en el ámbito del sector privado.

Además, hay que considerar también el impacto negativo que
tendrá la implantación de la factura electrónica en el conjunto de
operadores postales y, en particular, en Correos como operador que tiene
encomendada la prestación del Servicio Postal Universal.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Estudio del impacto
económico y social de las fórmulas de facturación electrónica.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, el Gobierno realizará un estudio de impacto económico y social para
evaluar las consecuencias de la implantación de la factura electrónica
sobre el conjunto de la ciudadanía, y en especial sobre aquellas personas
que carecen de acceso a los medios electrónicos de comunicación.

Igualmente se evaluará el impacto económico en el sector
postal y de forma especial en el operador postal público Correos como
operador que tiene encomendada la prestación del Servicio Postal
Universal. Dicha evaluación analizará el impacto en los volúmenes de
tráfico postal y de negocio y realizará una estimación de la variación de
ingresos. Igualmente analizará el impacto en el empleo del conjunto del
sector y de forma especial del operador postal público.

El estudio a que se refiere esta disposición será remitido
a las Cortes Generales para su análisis, discusión y, en su caso,
elaboración de propuestas ante los resultados del mismo.»

MOTIVACIÓN

Es preciso analizar el impacto que tendrá la implantación
de la factura electrónica en el conjunto de la sociedad. También en los
operadores postales y, en particular, en Correos como operador que tiene
encomendada la prestación del Servicio Postal Universal.

La eliminación del actual sistema de facturación, tanto del
sector público como del privado, va a suponer un considerable recorte en
el volumen de tráfico postal con la consiguiente caída de la facturación.
En particular para Correos, que cuenta en buena medida con su propio
volumen de facturación como elemento básico para sostener y garantizar la
prestación del servicio público que tiene encomendado por ley.

La caída de envíos para Correos por este motivo, sumada a
la producida por la crisis, podría suponer un serio riesgo para la
viabilidad económica de la prestación de un servicio público como el
postal del que dependen ciudadanos, empresas y las propias
administraciones públicas. Riesgos que sin duda se trasladarán al ámbito
de sector postal privado.

En igual medida, el impacto en el volumen de envíos
afectará de forma directa al empleo del sector postal, sector que figura
entre los mayores empleadores de nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 41

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Unidades de Apoyo a la
Acción Colectiva.

El Instituto Nacional del Consumo, en colaboración con el
Ministerio de Justicia y con los organismos de Consumo que así lo
prevean, habilitará Unidades de Apoyo a la Acción Colectiva cuyo objetivo
será desarrollar todas aquellas tareas de gestión y administración
necesarias dentro de un proceso de acción colectiva en los juzgados que,
en su caso, lo precisen en atención a la complejidad y número de
consumidores personados.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
Ley se desarrollarán reglamentariamente los objetivos, las competencias,
la dotación de personal y de medios suficientes, los criterios de
funcionamiento y de puesta en marcha, así como los instrumentos de
colaboración con las administraciones territoriales responsables en
materia de consumo.»

MOTIVACIÓN

Al margen de las dificultades derivadas de la propia la Ley
de enjuiciamiento civil, la práctica ha demostrado que uno de los
principales obstáculos que impiden el ejercicio de las acciones
colectivas es la gestión de cientos de miles de documentos, trámites y
expedientes que se originan en el curso de dicho proceso, en el que lo
que se pretende es, en principio, la tutela de los derechos comunes. Por
ello, a las necesarias mejoras procedimentales que se recogen en otras
enmiendas, se propone articular apoyos técnicos para mejorar y agilizar
la gestión e impulso de los mismos.

Entendemos que estas Unidades de Apoyo a la Acción
Colectiva deberán crearse en aquellos procesos que por su dimensión se
prevea supongan un riesgo de paralización o ralentización del
procedimiento. Un reglamento posterior deberá establecer su creación y
desempeño específico de funciones, así como su dotación, funcionamiento,
etc., que en todo caso deberá responder a los principios de eficacia y
suficiencia. Orgánicamente consideramos que debe depender del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto
Nacional del Consumo, pero siempre con la necesaria colaboración del
Ministerio de Justicia y de los organismos competentes en materia de
consumo.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición transitoria única, queda redactada de la
siguiente forma:

«Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Uno. Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a
los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13
de junio de 2014, excepto lo estipulado en el apartado veintisiete bis
que añade un nuevo apartado 7 en el artículo 87 del texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, que será de aplicación a los contratos celebrados desde
la publicación de esta Ley en el “Boletín Oficial del
Estado”.

Dos. Los préstamos o créditos de garantía hipotecaria en
los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar que tengan saldo
pendiente de amortización en el momento de la publicación de esta Ley en
el “Boletín Oficial del Estado”, adecuarán la aplicación de
los límites estipulados a la variación a la baja del tipo de interés a lo
establecido en el apartado veintisiete bis de esta Ley y lo justificarán
documentalmente sin que dicha adecuación repercuta en coste alguno para
el consumidor y usuario. La eliminación, en su caso, de la cláusula
abusiva surtirá efectos económicos en la cuota del mes siguiente al de la
publicación de esta Ley en el “Boletín Oficial del
Estado”.»

MOTIVACIÓN

Establecer que las delimitaciones sobre las cláusulas suelo
entrarán en vigor desde la publicación de la Ley, y que se aplicarán a
todos los préstamos que tengan un saldo pendiente de cancelar, de forma
que se beneficie al consumidor y usuario.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final decimocuarta.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición adicional duodécima introducida en la
disposición final decimocuarta que modifica la Ley 28/2005, queda
redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional duodécima. Consumo y venta a menores
de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos
similares.

Uno. El consumo de dispositivos susceptibles de liberación
de nicotina y productos similares queda sometido a las mismas previsiones
establecidas para el consumo del tabaco que se recogen en el artículo 3
apartados 2 y 3, artículo 6, artículo 7 letras b), c), d), w) y sólo para
lo referido a los medios de transporte en los apartados ñ), o), p) y q) y
disposiciones adicionales sexta, segundo párrafo; octava y décima de esta
Ley, resultando de aplicación a dicho consumo las infracciones
contempladas en las letras a) y d) del apartado 2 y letras a) b) y c) del
apartado 3 del art. 19, siendo el régimen sancionador el concordante para
las mismas previsto en el Capítulo V.

Dos. En los centros o dependencias en los que existe
prohibición legal de consumo de dispositivos susceptibles de liberación
de nicotina y productos similares deberán colocarse en su entrada, en
lugar visible, carteles que anuncien esta prohibición y los lugares en
los que, en su caso, se encuentren las zonas habilitadas para su consumo.
Estos carteles estarán redactados en castellano y en la lengua cooficial
con las exigencias requeridas por las normas autonómicas
correspondientes.»

MOTIVACIÓN

En la tramitación de este proyecto de ley el Congreso
incorporó la disposición final decimocuarta que modifica la Ley 28/2005,
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, para regular el consumo y venta a menores de los
conocidos como cigarrillos electrónicos.

Habida cuenta de la novedad, el rápido crecimiento y la
falta de regulación sanitaria específica de los dispositivos de
liberación de nicotina, así como de su carácter adictivo y potencialmente
tóxico, es desde luego urgente abordar algunos aspectos del uso y consumo
de estos productos, hasta ahora regulados como producto de consumo, y muy
particularmente en relación con los jóvenes.

Existen una gran cantidad de variedades de estos productos,
muchos con llamativas formas, colores y diversos aromas. Se consideran
productos atractivos y se utilizan en algunos contextos sociales. La Ley
28 de 2005, en su artículo 3.2) contempla que «se prohíbe vender o
entregar a personas menores de 18 años, productos de tabaco, así como
cualquier otro producto que le imite y le induzca a fumar. En particular
se prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que
tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los
menores…» por tanto, estaría prohibido su venta o entrega a
menores.

Algunas cuestiones sobre estos productos son:

— Escasa información sobre sus ingredientes en el
empaquetado.

— Potenciales problemas técnicos y riesgo de
accidentes en niños.

— Gran variabilidad en la composición del aerosol y
los niveles de nicotina.

— No han demostrado su seguridad y existen
potenciales riesgos para la salud asociados a su uso y exposición.

— No se ha demostrado eficacia en la ayuda para la
deshabituación aunque es una creencia muy extendida. Más bien, mantiene
el hábito, dado su contenido en nicotina.

— Mantiene el «modelo de fumar», dado su uso y
formato.

— Existe un gran desarrollo del mercado, sin ninguna
normativa específica.

No se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al
uso o exposición al vapor de los cigarrillos electrónicos, aunque se
necesita más información en relación con las condiciones de uso y la
afectación a terceros. Además su uso se asocia al modelo de fumar y por
tanto podría inducir el consumo de productos de tabaco.

La regulación actual de los productos no ofrece base legal
para una evaluación de los productos que permita determinar el perfil de
calidad y seguridad de los productos.

El informe de julio 2013 de la Organización Mundial de la
Salud reitera la posición de precaución, hecha pública desde hace varios
años. Se recuerda que no hay evidencia científica consistente para apoyar
el uso terapéutico de los dispositivos de liberación de nicotina como los
cigarrillos electrónicos y desaconsejan su uso hasta que su seguridad,
eficacia y calidad hayan sido certificadas por algún organismo regulador
nacional competente.

Se propone esta enmienda por entender que su contenido
cumple mejor con el objetivo de limitar en ciertos espacios el consumo de
los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos
similares.

ENMIENDA NÚM. 44

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente
redacción:

«Disposición final (nueva). Modificación de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda
modificada como sigue:

Uno. Los apartados 2 y 3 del artículo 11, quedan redactados
de la siguiente forma:

“Artículo 11. Legitimación para la defensa de
derechos e intereses de consumidores y usuarios.

(…)

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un
grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente
determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para
pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las
asociaciones de consumidores y usuarios, al Ministerio Fiscal, al
Instituto Nacional de Consumo y los órganos o entidades correspondientes
de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes
en materia de defensa de los consumidores y usuarios y a las entidades
habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8.º de esta Ley, así
como a los propios grupos de afectados.

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una
pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil
determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de
estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones
de consumidores y usuarios, al Ministerio Fiscal, al Instituto Nacional
de Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de
defensa de los consumidores y usuarios y a las entidades habilitadas a
las que se refiere el artículo 6.1.8.º de esta Ley.”

Dos. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 11, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 11. Legitimación para la defensa de
derechos e intereses de consumidores y usuarios.

(…)

5 (nuevo). El órgano judicial competente suspenderá los
procedimientos iniciados por asociaciones de consumidores y usuarios y
grupos de afectados a los que se refiere el apartado 2 de este artículo
cuando de oficio o a instancia de parte, incluso tercero interesado, el
Juez constate que mantienen convenios y acuerdos de colaboración y
contratos, de manera directa o a través de otras organizaciones,
distintos a los recogidos en el Capítulo II del Título II del texto
refundido de la Ley General para la Defensa

de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, con la parte demanda o quién sea competidor en el
mercado del demandado, todo ello para garantizar la ausencia de conflicto
de interés en el procedimiento interpuesto.

En estos casos, en el momento de la presentación de la
acción de cesación el demandante deberá aportar junto con el escrito de
demanda, declaración jurada del representante legal en la que se recoja
el porcentaje que respecto de los ingresos totales del grupo o asociación
representan los ingresos provenientes del demandado o de sus competidores
en el mercado.

Además, en caso de que la acción sea ejercitada por una
asociación de consumidores y usuarios, el Juez oficiará al Registro
Estatal o autonómico, en su caso, de Asociaciones de Consumidores para
que le sea aportada la documentación a la que hace referencia el Capítulo
II del Título II del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para que
certifique si la asociación demandante cumple con los requisitos
previstos en dicho texto refundido para estas entidades.

La medida suspensiva contenida en los párrafos anteriores
no procederá en los casos en los que, aún existiendo algún tipo de
convenio con las entidades demandas o sus competidores, éstos reúnan los
requisitos del Capítulo II del Título II del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, según el certificado emitido por el organismo
correspondiente.

En caso de que el Juez aplicara la medida de suspensión
temporal prevista en este apartado recopilará todo tipo de documentación
y en el plazo de un mes se pronunciará sobre la legitimación del
demandante, así como la procedencia o no de que la acción continúe. Si el
Juez negara la legitimación a la entidad demandante dará traslado en el
plazo de cinco días al Ministerio Fiscal para que se subrogue, en su
caso, en la posición de dicha entidad así como oficiará al Instituto
Nacional de Consumo y organismos equivalentes a nivel autonómico para que
comuniquen a las organizaciones inscritas en los registros oportunos la
posibilidad de intervención en el procedimiento.”

Tres. Los apartados 1 y 2 del artículo 15, quedan
redactados de la siguiente forma:

“1. En los procesos promovidos por asociaciones o
entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de
los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, el juzgado
competente llamará por todos los medios aceptados en Derecho al proceso a
quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores
del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que
puedan hacer valer su derecho o interés individual de forma conjunta, de
manera que se produzca la acumulación de la acción que ejercita la
Asociación en nombre de sus socios y la acción que ejercitan los
particulares después del llamamiento a través de dicho procedimiento.
Este llamamiento se hará por el Secretario judicial publicando la
admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el
ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos
derechos o intereses.

El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el
interés social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos
procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la
posibilidad de su personación.

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén
determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el
hecho dañoso, el demandante o demandantes comunicarán previamente su
propósito de presentación de la demanda a todos los interesados mediante
los mecanismos de preparación del procedimiento previsto en esta norma.
En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá
intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar
los actos procesales que no hubieran precluido.

Los poderes públicos competentes garantizarán las medidas
de apoyo necesarias para una amplia y adecuada difusión de información
sobre la interposición de demandas. Reglamentariamente se determinarán
los requisitos y criterios para garantizar esta difusión entre los
consumidores y usuarios afectados.”

Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 en el artículo
15, que quedan redactados de la siguiente forma:

“5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2,
para el cumplimiento de las exigencias de este artículo una vez admitida
a trámite en su caso la demanda, el juzgado competente adoptará todas
aquellas

medidas necesarias para un llamamiento eficaz al resto de
afectados. En particular, en aquellos supuestos en los que los afectados
hayan suscrito un contrato o cualquier otro documento escrito o acuerdo
del que se deriven consecuencias económicas o de otra naturaleza para los
afectados, se requerirá que el demandado aporte a la mayor brevedad al
juzgado, con las prevenciones, garantías y formalidades que el juzgado
determine en orden a cumplir la normativa de protección de datos, los
listados íntegros con los datos identificativos completos para que el
juzgado pueda hacer el llamamiento oportuno al objeto exclusivo de dar
cumplimiento a las exigencias contenidas en este artículo. El
cumplimiento en sus términos de este artículo se realizará de forma que
los datos de carácter personal sean custodiados en todo momento por el
Secretario judicial, asegurándose que se da estricto cumplimiento a la
Ley de Protección de Datos y su normativa de desarrollo. Para ello,
emitirá las comunicaciones oportunas a todos los afectados de común
acuerdo con la parte demandante.

6. El cumplimiento de los requisitos establecidos en este
artículo permitirá la admisión a tramite de la acción iniciada por las
asociaciones a que se refiere el artículo 11 de esta Ley que, en defensa
de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios,
tengan subsidiariamente por pretensión además de la cesación o
retractación de determinadas cláusulas o prácticas comerciales, acciones
resolutorias de contrato, indemnizatorias o resarcitorias.”

Cinco. El artículo 43 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 43. Prejudicialidad civil.

Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea
necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el
objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto
tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal,
a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá
mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el
estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por
objeto la cuestión prejudicial.

Corresponderá en todo caso a la parte que alega la
excepción acreditar la existencia de un proceso previo así como de todos
y cada uno de los requisitos exigidos para la admisión de la citada
excepción.

Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de
reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar
recurso de apelación.”

Seis. El artículo 72 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 72. Acumulación subjetiva de acciones.

Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las
acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre
que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de
pedir.

Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o
conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos.

En particular, concurrirá esta entidad o conexión con el
título o causa de pedir cuando los hechos sean similares y den lugar a
idénticas cuestiones jurídicas que justifiquen el tratamiento unitario y
su resolución conjunta por razones de economía procesal.”

Siete. El ordinal 1.º del apartado 1 del artículo 73, queda
redactado en los siguientes términos:

“Artículo 73. Admisibilidad por motivos procesales de
la acumulación de acciones.

1. Para que sea admisible la acumulación de acciones será
preciso:

1.º Que el Tribunal que deba entender de la acción
principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por
razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin
embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá
acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón
de su cuantía, en juicio verbal. Asimismo podrá acordarse la acumulación
en procesos promovidos para la defensa de los derechos e intereses de los
consumidores y usuarios de la acción que haya de sustanciarse en juicio
verbal por razón de la materia y por este cauce, con la que haya de
ventilarse, por razón de su cuantía, en juicio ordinario.”

Página
43

Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla
primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o
usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente
para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con
audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los
datos, características y requisitos establecidos en la sentencia,
reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con
testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la
ejecución. Transcurrido un año sin que hubiera podido ejecutarse al pago
por falta de identificación completa de los usuarios afectados, el
importe remanente será en su caso destinado al Consejo de Consumidores y
Usuarios para la promoción de la defensa de los intereses de
estos.”»

MOTIVACIÓN

Se proponen varias modificaciones en la Ley de
Enjuiciamiento Civil encaminadas a potenciar la acción colectiva en
defensa de los intereses de consumidores y usuarios.

En el apartado uno se propone facilitar el ejercicio de la
legitimación activa en defensa de los intereses de consumidores y
usuarios para aclarar las actuales contradicciones sobre la legitimación
del Ministerio Fiscal, del Instituto Nacional de Consumo y de los órganos
o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales competentes y de las entidades habilitadas, cuando
el interés social pueda justificarlo.

Respecto al apartado dos, se propone trasladar a nuestro
ordenamiento jurídico las previsiones contenidas en la Recomendación de
la Unión Europea de 11 de junio de 2013 sobre «los principios comunes
aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de
indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los
derechos reconocidos por el derecho de la Unión» (2013/396/UE).

En su Punto III esta recomendación plantea una serie de
pautas sobre la financiación de las entidades capacitadas para interponer
acciones de este tipo. En su número 14, esta Recomendación recoge
textualmente que «la parte demandante debería declarar al órgano
jurisdiccional, al iniciarse el procedimiento, el origen de los fondos
que va a utilizar para sufragar la acción judicial.» Su punto 15 en
particular establece que «el órgano jurisdiccional debería suspender el
procedimiento cuando, en el caso de que se utilicen recursos financieros
aportados por un tercero y exista conflicto de intereses entre el tercero
y la parte demandante y sus miembros». Asimismo el número 16, letra C) de
esta misma recomendación pone de manifiesto que «cuando una acción de
recurso colectivo esté financiada por un tercero privado, este tendrá
prohibido financiar una acción colectiva contra un demandado que sea un
competidor del proveedor de fondos.» Esta limitación responde
perfectamente al principio de independencia que deben tener las
organizaciones de consumidores y usuarios en el ejercicio de sus
actuaciones en defensa de los consumidores y usuarios.

Respecto al apartado tres, las modificaciones se proponen
para garantizar un llamamiento eficaz al proceso a los concretos
consumidores o usuarios perjudicados por haber sido consumidores del
producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso. Los poderes
públicos deberán poner en marcha una serie de medidas que garanticen tal
difusión. El número 10 de la reciente Recomendación de la Unión Europea
de 11 de junio de 2013 sobre «los principios comunes aplicables a los
mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los
Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el
derecho de la unión» (2013/396/UE) plantea esta necesidad cuando
determina que «los Estados miembros deberían garantizar que la entidad
representante o el grupo de demandantes puedan difundir información sobre
la presunta violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión
y su intención de interponer una acción de cesación, así como sobre un
caso de daños masivos y su intención de interponer una acción por daños y
perjuicios en forma de recurso colectivo».

Respecto al apartado cuatro, se intenta resolver la
cuestión planteada sobre comunicación de inicio de un procedimiento
colectivo y el acceso a datos para informar del mismo. El propósito es
impedir que la aportación de tales datos y su protección legal sea
esgrimida por las entidades demandadas (únicas conocedoras y poseedoras
de los potenciales perjudicados) para impedir este legítimo derecho de
los afectados a sumarse a una acción colectiva.

En el apartado cinco se pretende evitar otro obstáculo sin
sentido a la tutela judicial de los consumidores. Un consumidor que
acciona en un procedimiento distinto al de la acción de cesación, tiene
derecho a un resarcimiento inmediato ya que éste no se ha solicitado en
otro momento posterior, máxime a la vista de la lentitud con la que se
están sustanciando los grandes procedimientos colectivos, que además
podrían ser demorados por las entidades.

La modificación propuesta en el apartado seis responde a la
problemática surgida respecto a la acumulación de acciones y la
pretendida ausencia de conexión entre peticiones claramente similares de
los consumidores. Se modifica el artículo 72 trasladando la Doctrina del
Tribunal Supremo sobre la conexión entre asuntos.

En el apartado siete se pretende facilitar la acumulación
de las acciones de carácter inhibitorio y de reparación de daños y
perjuicios causados tanto a los consumidores y usuarios como al interés
general, así como otras acciones atípicas que resulten concurrentes.

En el apartado ocho la modificación propuesta pretende
procurar el resarcimiento íntegro del interés general de los consumidores
y usuarios.

Se intenta corregir en el apartado nueve lo estipulado en
el artículo 222.3. En base a lo estipulado en este precepto, las
entidades bancarias alegan sistemáticamente la existencia de
litispendencia en las demandas que consumidores individuales articulan en
contra de ellas, si previamente una asociación de consumidores ha
interpuesto demanda por un tema similar en base a la legitimación que les
concede el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sola
existencia de un procedimiento iniciado por una asociación de
consumidores y usuarios, por un grupo de afectados o por el Ministerio
Fiscal impediría de manera absoluta a los consumidores individuales
defender sus derechos ante los órganos judiciales. Esta postura atenta
claramente contra un principio fundamental elemental de nuestro
ordenamiento jurídico, al que nuestro texto constitucional le dio rango
de derecho fundamental, como es el de tutela judicial efectiva del
artículo 24 de nuestra Carta Magna, ya que se impide a un consumidor
individual obtener una resolución de fondo de su litigio, sin olvidar el
principio rector reconocido en el artículo 51 de nuestro propio texto
constitucional.

En el apartado diez, para impulsar la activación de
acciones colectivas, se propone limitar la imposición de costas a
organizaciones de consumidores y usuarios que interpongan acciones en
defensa de los intereses generales, colectivos o difusos de los
consumidores y usuarios.

En el apartado once se retoma de nuevo la cuestión de
procurar el resarcimiento íntegro del interés general de los consumidores
y usuarios.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente
redacción:

«Disposición final (nueva). Modificación de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.

Se añade una nueva disposición adicional novena en la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, que queda redactada en los siguientes
términos:

“Disposición adicional novena (nueva). Procedimiento
concursal especial para personas consumidoras y usuarias.

Uno. Del procedimiento especial y la normativa de
aplicación.

Sin perjuicio de las medidas establecidas en esta Ley que
resulten aplicables, se establece un procedimiento concursal específico
para aquellas personas que tengan la consideración de consumidoras y
usuarias de conformidad al artículo 3 del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Dos. De la legitimación activa.

Podrán acogerse a este procedimiento específico las
personas consumidoras y usuarias que, por justas causas apreciadas por el
juez, no puedan cumplir en tal momento regularmente sus obligaciones
exigibles o que prevean que no podrán hacerlo.

Tres. Del procedimiento negociador previo.

Con carácter previo a la declaración de concurso, en su
caso, el deudor consumidor y usuario deberá comunicar al Juzgado su
voluntad de iniciar un procedimiento negociador con sus acreedores en un
plazo no superior a dos meses, a fin de alcanzar adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio. Reglamentariamente se establecerá un
modelo normalizado de reparto por asociaciones de consumidores, colegios
de abogados y juzgados de uso común para contener tal solicitud.

El Juez, oído el Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto
el inicio del período negociador y nombrará a un representante de las
asociaciones de consumidores y usuarios más representativas a designar de
una lista de asesores consumeristas que conservará el Consejo de
Consumidores y Usuarios y comunicará semestralmente al Consejo General
del Poder Judicial, a fin de que fije el activo y pasivo del deudor
consumidor y usuario en el plazo de quince días y auxilie a éste en el
procedimiento negociador.

El plazo para la solicitud de procedimiento negociador será
de dos meses desde la fecha en que resulte imposible atender sus
obligaciones de pago tanto vencidas y exigibles como a plazo o desde que
se prevea que no podrá hacerlo. No serán de aplicación las medidas
cautelares establecidas en el artículo 17.2 de esta Ley.

Cuatro. Del concurso y sus fases.

1. Transcurrido el período indicado en el apartado
anterior, si se hubiere alcanzado una propuesta anticipada de convenio,
el consumidor lo comunicará al Juzgado a fin de que éste apruebe o
desapruebe tal convenio anticipado.

Para lograr la aceptación de la propuesta anticipada de
convenio será necesario obtener el voto favorable de la mitad del pasivo
del concurso.

Las propuestas anticipadas de convenio podrán contener
quitas superiores a la mitad de la deuda así como también, conjunta o
alternativamente, esperas de hasta quince años.

2. Si el consumidor y usuario no hubiere logrado las
adhesiones necesarias a su propuesta anticipada de convenio en los
términos establecidos en el apartado anterior, deberá comunicar al
Juzgado tal circunstancia a fin de que el juez resuelva en los términos
establecidos en el apartado cinco de esta disposición.

En su comunicación al Juzgado el consumidor y usuario
deberá justificar adecuadamente su endeudamiento y su estado de
insolvencia actual o inminente en los términos establecidos en el
artículo 2.4 de esta Ley. Asimismo, el deudor deberá acreditar que, en el
plazo de los dos meses anteriores, comunicó al Juzgado la iniciación de
un procedimiento negociador con sus acreedores a fin de alcanzar
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y documentalmente dará
cuenta del resultado de tales negociaciones.

Cinco. Admitida a trámite la solicitud de concurso especial
de consumidores y usuarios el juez, en un plazo de tres días desde su
admisión, dictará auto en los términos establecidos en la Sección Tercera
del Capítulo Segundo del Título Primero de esta Ley, declarando o
desestimando la declaración del concurso de consumidor.

La desestimación de la declaración de concurso podrá ser
recurrida en apelación.

En la resolución que acuerde la declaración del concurso de
consumidor y usuario se incluirá el nombramiento de un asesor
consumerista, representante de una de las asociaciones de consumidores y
usuarios más representativas, en los términos establecidos en el apartado
tres párrafo segundo de esta disposición, el cual ejercerá funciones de
asesoramiento al consumidor y usuario y a la Administración

Concursal durante todo el proceso hasta su finalización.
Reglamentariamente se determinarán las facultades, funciones y
obligaciones del asesor consumerista.

El juez, asimismo, determinará el régimen de las facultades
de administración de los bienes por parte del deudor consumidor, el cual,
en ningún caso, podrá ver reducido su derecho de alimentos a menos de la
tercera parte de sus ingresos habituales.

Seis. De los efectos del procedimiento negociador y el
concurso sobre las obligaciones del deudor consumidor y usuario.

Desde el momento en que el consumidor y usuario comunique
al Juzgado su voluntad de iniciar un período de negociación con sus
acreedores para alcanzar una propuesta anticipada de convenio, y sin
perjuicio del resultado que se obtenga en la negociación, no podrán
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni
seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del
deudor. Tampoco podrán los acreedores con garantía real sobre la vivienda
familiar del concursado iniciar ejecución o realización forzosa de la
garantía hasta la apertura de la liquidación. De igual modo, la
comunicación al Juzgado del inicio de negociaciones para alcanzar una
propuesta anticipada de convenio suspenderá cualesquiera otros
procedimientos ejecutivos y no podrán reanudarse sino hasta la apertura
de la fase de liquidación, en su caso.

Los juicios declarativos en tramitación al momento de
comunicar el consumidor y usuario al Juzgado el inicio del período de
negociaciones, cualquiera que fuera el estado procesal de los mismos, se
suspenderán y el juez o tribunal respectivo acordará la inmediata
remisión de las actuaciones practicadas al Juez de lo Mercantil que haya
conocido de la solicitud de inicio de negociaciones.

Cualesquiera otros nuevos juicios declarativos o de otra
índole que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor
consumidor y usuario se acumularán al concurso en los términos previstos
en el artículo 50 de esta Ley.

Siete. Del Administrador Concursal único.

El Juez, en el Auto que declare el concurso, nombrará un
Administrador Concursal único de entre la lista de abogados de oficio que
le haya sido comunicada por los colegios de abogados con implantación en
la jurisdicción territorial del Juzgado.

La remuneración del Administrador Concursal, en los
términos previstos por la normativa que regula los honorarios a devengar
a los administradores concursales, no podrá ser superior al uno por
ciento del pasivo y se realizará con cargo a financiación pública en los
términos que disponga la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la
normativa de acompañamiento de la misma.

Los plazos de presentación de informes a los que venga
obligada la Administración Concursal serán los mismos que los prevenidos
para el procedimiento abreviado.

Ocho. De la fase de liquidación.

Si finalmente, transcurridos los modos y plazos prevenidos
para el procedimiento abreviado, no hubiere sido posible alcanzar un
convenio, el Juez ordenará, en los términos del artículo 143 de esta Ley
la apertura de la fase de liquidación de oficio a instancia del deudor
consumidor y usuario o de la Administración Concursal.

No obstante, con carácter previo a la apertura de la fase
de liquidación, el consumidor, sobre la base del informe elaborado por el
Administrador concursal y el asesor consumerista, podrá elevar en el
plazo de cinco días al juez un plan de pagos específico. El juez, a la
vista del mismo, podrá dar su aprobación.

En caso de denegación de este plan de pagos específico, el
Juez determinará la apertura de la fase de liquidación. En el auto que
acuerde la apertura de la fase de liquidación se fijará el régimen de las
facultades de administración y disposición del deudor consumidor, sin
perjuicio de que para cualquier decisión que afecte notablemente al
patrimonio del mismo, conservando tales facultades el deudor consumidor,
deberá éste actuar siempre con la avenencia de la Administración
Concursal.

En ningún caso el deudor consumidor podrá ser privado de su
derecho de alimentos en los términos establecidos en el apartado 5 de
esta disposición.

Todos los créditos concursales aplazados y cualesquiera
otras obligaciones del deudor que no tuvieren contenido económico directo
serán convertidos en cantidad líquida evaluable económicamente, pudiendo
servirse el Administrador Concursal de peritos que efectúen los cálculos
procedentes, los cuales estarán

sujetos, en cuanto a su régimen de honorarios, gastos y
suplidos a lo prevenido por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Administrador Concursal, con la avenencia del asesor
consumerista, elaborará un plan de liquidación de los bienes del deudor
consumidor en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del
auto que ordene la apertura de la fase de liquidación, que someterá al
Juez del Concurso para su aprobación por éste en el plazo de cinco
días.

El plan de liquidación contendrá el modo en que con cargo
al activo del deudor consumidor y usuario se hará frente al pasivo
mediante la enajenación de los bienes y derechos del deudor consumidor y
usuario. Los bienes se enajenarán atendiendo a una prelación en la que
prime el mantenimiento de los medios esenciales de vida del deudor
consumidor y usuario.

Para el caso de que se enajenase el domicilio familiar
sujeto a garantía hipotecaria, el acreedor hipotecario se lo adjudicará
en pago por el importe fijado en la subasta. Si el producto obtenido
fuera menor que el importe de la deuda hipotecaria pendiente, incluido
principal e intereses, no serán de aplicación los artículos 178.2 y 179
de esta Ley. Si fuera superior, se aplicará de forma prorrateada al pago
del resto de las deudas pendientes.

Concluido el concurso en los términos del Título VII,
Capítulo Único de esta Ley, determinándose la inexistencia de bienes y
derechos del deudor consumidor y usuario, no podrán iniciarse nuevas
acciones por deudas contraídas con anterioridad a la finalización del
mismo, ni podrá ordenarse la reapertura del mismo.”»

MOTIVACIÓN

La principal dificultad de muchas familias para llegar a
fin de mes tiene un origen principal en la excesiva carga que soportan
por la deuda hipotecaria u otras contraídas con motivo de aquélla. En
muchas economías domésticas, el pasivo exigible es muy superior a su
activo, que está compuesto sobre todo por su vivienda, que además fue
sobrevalorada en su día por las tasadoras controladas por bancos y cajas
de ahorros.

Ante esta situación de endeudamiento al límite los
consumidores se quedan sin margen de maniobra para reaccionar ante
situaciones adversas no previstas. Es en este contexto donde debe
trazarse una necesaria reforma en la Ley Concursal. Los contenidos de
esta norma resultan de aplicación, al menos sobre el papel, tanto a la
insolvencia empresarial como a la de la persona física y al nuevo
concepto de deudor consumidor. Sin embargo, el de la Ley Concursal es un
régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia
empresarial. Frente a una situación de sobreendeudamiento los
consumidores no se acogen al procedimiento de la Ley Concursal, aunque en
teoría la ley lo permite. Esto se debe a que el proceso, tal y como está
hoy día planteado, aboca a una penosísima situación personal que acaba en
muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona
concursada y no ofrece garantías al consumidor en la protección de sus
derechos, además de resultar excesivamente caro.

Por todo ello, se propone una reforma que garantice los
derechos del deudor consumidor especialmente en dos ámbitos: de una
parte, lograr que el concurso de persona física no sea un seguro destino
hacia la ruina civil o un continuo proceso de concursos y reapertura de
los mismos, manteniendo en constante inseguridad jurídica a los deudores
consumidores, y, por otro lado, la protección de la vivienda con garantía
hipotecaria y posibilidad de extinción total de la deuda en la parte no
pagada por inexistencia de bienes, lo que en otros ordenamientos
jurídicos se denomina «fresh start», y que permite al consumidor no
arrastrar perpetuamente una deuda que condiciones su vida laboral y
social.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 2
enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 12 de marzo de 2014.—Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición adicional
tercera.

JUSTIFICACIÓN

Incongruencia material del tema regulado con el enunciado y
contenidos del proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final decimotercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición final
decimotercera.

JUSTIFICACIÓN

Incongruencia material del tema regulado con el enunciado y
contenidos del proyecto de ley.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 36 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 13 de marzo de 2014.—El Portavoz
Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cinco del artículo único.

Los apartados 2 y 3 del artículo 21 del texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, modificados en el apartado cinco del artículo
único, quedan redactados en los siguientes términos:

«2. Las oficinas y servicios de información y atención al
cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor y usuario
deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones,
mediante la entrega de una clave identificativa y un justificante por
escrito o en cualquier otro soporte duradero. En todo caso, las empresas
deberán poner a disposición de sus clientes un servicio de atención
telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, para facilitar
información y atender y resolver sus quejas, reclamaciones o incidencias,
garantizando una atención personal directa.

Las oficinas y servicios de información y atención al
cliente serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los
principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos
para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o
personas de edad avanzada.

Se deberán identificar claramente los servicios de atención
al cliente en relación a las otras actividades de la empresa,
prohibiéndose expresamente la utilización de este servicio para la
utilización y difusión de actividades de comunicación comercial de todo
tipo.

Se prohíbe la utilización de números de tarificación
adicional como medios de comunicación con los consumidores y usuarios, ya
sea vía telefónica, mediante mensaje de texto u otros análogos.

3. En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los
apartados precedentes, los empresarios pondrán a disposición de los
consumidores y usuarios información sobre la dirección postal, número de
teléfono y número de fax o dirección de correo electrónico en la que el
consumidor y usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, puedan
interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre los
bienes o servicios ofertados o contratados. Los empresarios comunicarán
su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la
correspondencia.

Los medios de interlocución de atención al cliente,
habilitados por la empresa, deberán figurar en el propio contrato y en
las facturas que emita a los consumidores y usuarios.

Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones
recibidas en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo
de un mes desde la presentación de la reclamación. En caso de que en
dicho plazo ésta no hubiera sido resuelta satisfactoriamente, los
empresarios adheridos a un sistema extrajudicial de resolución de
conflictos facilitarán al consumidor y usuario el acceso al mismo cuando
éste reúna los requisitos previstos en la Recomendación 98/257/CE de la
Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los
órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en
materia de consumo y en la Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4
de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos
extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de
consumo o normativa que resulte de aplicación y, como tales, hayan sido
notificados a la red comunitaria de órganos nacionales de la solución
extrajudicial de litigios en materia de consumo.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone establecer la gratuidad para el consumidor de
los servicios de atención telefónica y explicitar la prohibición de
establecer números de tarificación adicional en las comunicaciones con
los consumidores y usuarios.

ENMIENDA NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado doce del artículo único.

El apartado 1 del artículo 60 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado doce del artículo único, queda
redactado en los siguientes términos:

«1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado
por un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá
facilitarle de forma clara y comprensible la información relevante, veraz
y suficiente sobre las características principales del contrato, en
particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir la expresión «salvo que resulte
manifiesta por el contexto» al hacer referencia a la obligación de que la
información sea clara y comprensible. Esta expresión puede suponer una
merma de garantías para el consumidor y usuario al utilizar conceptos
indeterminados que generan inseguridad jurídica.

ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado doce del artículo único.

El apartado 4 del artículo 60 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado doce del artículo único, queda
redactado en los siguientes términos:

«4. La información precontractual debe facilitarse al
consumidor y usuario de forma gratuita en castellano y en las demás
lenguas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con
sus Estatutos.»

JUSTIFICACIÓN

Recoger la cooficialidad de las lenguas existentes en
España como garantía de los derechos de los ciudadanos.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De adición.

De adición del apartado doce del artículo único.

Se añaden dos nuevas letras en el apartado 2 del artículo
60 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el
apartado doce del artículo único, que quedan redactadas en los siguientes
términos:

«l) (nueva). La información relativa al tratamiento de los
datos de carácter personal del consumidor y usuario, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y sus disposiciones de
desarrollo.

m) (nueva). Cuando se trate de productos de software
destinados al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, el
nivel de seguridad, básico, medio o alto que permitan alcanzar de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.»

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con las alegaciones de la Agencia Española de
Protección de Datos, se propone incluir estas dos nuevas letras. Dos
previsiones específicas relacionadas con los deberes de información que,
aunque no incluidas en la Directiva 2011/83/UE, traen causa de la
aplicación de las normas de trasposición de la Directiva 95/46/CE, cuyo
régimen también integrado en el derecho de la Unión ha se ser respetado
por los Estados miembros.

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado dieciséis del artículo
único.

El apartado 2 del artículo 66 bis del texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, adicionado en el apartado dieciséis del artículo único,
queda redactado en los siguientes términos:

«2. Si el empresario no cumple su obligación de entrega, el
consumidor y usuario tendrá derecho a optar entre exigir el cumplimiento
de dicha obligación o resolver el contrato.»

JUSTIFICACIÓN

Se fija un plazo máximo de 30 días dentro del cual, salvo
que las partes pacten otra cosa, el empresario tiene que llevar a cabo su
prestación y el consumidor su obligación de pago. No es de recibo
establecer la obligación por parte del consumidor de recordar al
empresario que debe cumplir con sus obligaciones de entrega de plazo y
además darle un nuevo plazo adicional indeterminado «adecuado a las
circunstancias». Los supuestos de excepción que se establecen resultan
confusos e indeterminados, lo cual puede provocar en la práctica dudas de
interpretación que beneficiarían al empresario incumplidor.

Es el consumidor el que, ante el incumplimiento del plazo,
debe elegir en todo caso entre exigir o resolver el contrato.

Página
53

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir del texto la expresión «en la medida de
sus posibilidades». La norma debe contener mandatos y no deseos.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 96 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el apartado
veintiocho del artículo único, que queda redactado en los siguientes
términos:

«1 pre (nuevo). En la utilización por el empresario de
técnicas de comunicaciones electrónicas distintas de las mencionadas en
el artículo 94 de esta Ley se aplicará, además de lo dispuesto en este
título, la normativa específica sobre telecomunicaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone establecer, respecto de las comunicaciones a
distancia, una remisión general a la legislación de telecomunicaciones,
similar a la establecida en el artículo 94 para las comunicaciones a
través de correo electrónico y medios equivalentes (en este caso
mencionando la normativa específica sobre servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico).

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

La letra b) del apartado 1 del artículo 97 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el apartado
veintiocho del artículo único, queda redactada en los siguientes
términos:

«b) La identidad del empresario, incluido su nombre
comercial y Número de Identificación Fiscal (NIF).»

JUSTIFICACIÓN

Lo más operativo para identificar a un empresario es su
nombre comercial y NIF.

Página
55

JUSTIFICACIÓN

Informar de forma precisa al consumidor y usuario sobre el
sistema de tratamiento de las reclamaciones: si es personalizado y no
mecanizado, telemático o presencial, con respuesta expresa, etc. Además,
esta información debe ser obligatoria en todos los casos, y no sólo, como
reza el proyecto de ley, «cuando proceda.»

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

La letra o) del apartado 1 del artículo 97 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el apartado
veintiocho del artículo único, queda redactada en los siguientes
términos:

«o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la
forma de conseguir ejemplares de los mismos, en su caso. A tal efecto, se
entiende por código de conducta el acuerdo o conjunto de normas no
impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, en
el que se define el comportamiento de aquellos empresarios que se
comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas
comerciales o sectores económicos, todo ello con la finalidad de elevar
el nivel de protección de los consumidores y usuarios y garantizar en su
elaboración la participación de las organizaciones de consumidores y
usuarios.»

JUSTIFICACIÓN

Ya que se explicita la definición de «código de conducta»,
se propone recoger también su finalidad, según se establece en la Ley de
Competencia Desleal.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

La letra q) del apartado 1 del artículo 97 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el apartado
veintiocho del artículo único, queda redactada en los siguientes
términos:

«q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones
del consumidor y usuario derivadas del contrato, así como la existencia
de compromisos de permanencia y penalizaciones en caso de baja en la
prestación del servicio.»

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad existen muchas reclamaciones por la
aplicación de periodos de permanencia y penalizaciones en caso de baja
que no son conocidas por los consumidores. Es habitual que las compañías,
sobre todo en el ámbito de los suministros, ofrezcan nuevas condiciones
de precio y servicio a condición de unos periodos de permanencia y unas
penalizaciones. En muchas ocasiones dichas condiciones no son claras ni
transparentes, ocasionando perjuicios al consumidor que no puede
abandonar la compañía para beneficiarse de mejores ofertas hasta que no
cumpla la permanencia o pague la correspondiente penalización.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

La letra u) del apartado 1 del artículo 97 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en el apartado
veintiocho del artículo único, queda redactada en los siguientes
términos:

«u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un
mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento al que esté sujeto
el empresario, totalmente gratuito para el consumidor y usuario, y los
métodos para tener acceso al mismo.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que todo mecanismo extrajudicial de reclamación
de los consumidores y usuarios debe ser totalmente gratuito para
éstos.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

El apartado 4 del artículo 98 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado veintiocho del artículo único,
queda redactado en los siguientes términos:

«4. Si el contrato se celebra a través de una técnica de
comunicación a distancia en la que el espacio o el tiempo para facilitar
la información son limitados, el empresario facilitará es ese soporte
específico, antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la
información precontractual sobre las

características principales de los bienes o servicios, la
identidad del empresario, el precio total, el derecho de desistimiento,
la duración del contrato y, en el caso de contratos de duración
indefinida, las condiciones de resolución, tal como se refiere en el
artículo 97.1.a), b), e), i) y p). La comunicación de dichas
informaciones por parte del empresario al consumidor y usuario deberán
ser grabadas en un soporte duradero que deberá ser facilitado al
consumidor y usuario sin coste alguno cuando éste lo solicite. El
empresario deberá facilitar al consumidor y usuario las demás
informaciones que figuran en el artículo 97 de una manera apropiada con
arreglo al apartado 1.

Si una vez solicitado por parte del consumidor y usuario el
envío de la grabación y éste no fuese facilitado por el empresario en el
plazo de catorce días naturales, el consumidor y usuario podrá resolver
de forma automática la relación contractual con dicho empresario, sin
coste ni penalización alguna para el consumidor y usuario.»

JUSTIFICACIÓN

La grabación de la comunicación de informaciones esenciales
en el caso de la contratación telefónica es necesaria. Tal grabación
resulta fundamental como medio de prueba para que el consumidor y usuario
pueda acreditar si se le proporcionaron o no los datos necesarios para
poder prestar un consentimiento válido. Además, si lo que se pretende es
mejorar la protección del consumidor y usuario que contrató a distancia,
debería explicitarse como causa de resolución la ausencia de envío de esa
grabación cuando así se solicite. La empresa ostenta en este tipo de
contratos una posición superior, pues ella tiene la información del
consentimiento y si no lo envía, estaríamos ante un caso de
indefensión.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

La letra a) del artículo 104 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado veintiocho del artículo único,
queda redactada en los siguientes términos:

«a) En el caso de los contratos de servicios, el día que
efectivamente se presta el servicio.»

JUSTIFICACIÓN

En relación a la contratación de servicios, la fecha que
debe comenzar a contar el plazo de desistimiento deber ser el día de
efectividad de la prestación del servicio, desde que ésta comienza y se
hace efectivo el contrato, al igual que en la venta de bienes lo es desde
la posesión material.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

El apartado 3 del artículo 108 del texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado en el apartado veintiocho del artículo único,
queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 108. Obligaciones y responsabilidad del
consumidor y usuario en caso de desistimiento.

(…)

3. Cuando un consumidor y usuario ejerza el derecho de
desistimiento tras haber realizado una solicitud de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 98.8 o en el artículo 99.3, abonará al
empresario un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en
el momento en que haya informado al empresario del ejercicio del derecho
de desistimiento, en relación con el objeto total del contrato. El
importe proporcional que habrá de abonar al empresario se calculará sobre
la base del precio total acordado en el contrato o, en su caso, lo
efectivamente consumido. Si el coste conlleva gastos fijos y gastos de
consumo, se abonará lo consumido y la parte proporcional del coste fijo.
En caso de que el precio total sea excesivo, el importe proporcional se
calculará sobre la base del valor de mercado de la parte ya prestada del
servicio.»

JUSTIFICACIÓN

En los contratos de servicios y suministros el consumidor,
cuando ha solicitado expresamente al empresario que la prestación del
servicio o el suministro dé comienzo durante el plazo de desistimiento,
deberá abonar al empresario un importe proporcional a la parte ya
prestada del servicio hasta el momento en que el consumidor informe al
empresario del ejercicio del derecho de desistimiento, en relación con el
objeto total del contrato. Se propone aclarar que dicho importe se
corresponderá, en su caso, con lo efectivamente consumido y la parte
proporcional del coste fijo si lo hubiere.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado veintiocho del artículo
único.

El segundo párrafo del artículo 110 del texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, modificado en el apartado veintiocho del artículo
único, queda redactado en los siguientes términos:

«En caso de retraso por parte del empresario respecto a la
devolución de las sumas abonadas, el consumidor y usuario podrá reclamar
que se le pague el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho
de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan
de dicha cantidad.»

JUSTIFICACIÓN

Se reconoce el derecho del consumidor y usuario a exigir el
doble de las cantidades abonadas cuando se produzca un retraso en el
cumplimiento del derecho de devolución de lo pagado, pero siempre que
dicho retraso sea «injustificado». Se propone eliminar ese término porque
introduce inseguridad a la hora de interpretarlo.

Página
60

JUSTIFICACIÓN

La crisis ha puesto de manifiesto la indefensión de los
consumidores y usuarios más vulnerables en los asuntos financieros
(preferentes o préstamos, por ejemplo). Se les han vendido contratos sin
información abusando de su posición de debilidad cognitiva o sin su
conocimiento y consentimiento, que ha sido obtenido viciadamente. Se
propone, por tanto, establecer un plus de protección.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado en el artículo único.

«Tres ter (nuevo). Se añade un nuevo artículo 19 bis, que
queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 19 bis (nuevo). Oficinas y servicios de
información al consumidor y usuario.

1. Las oficinas y servicios de información al consumidor y
usuario tendrán las siguientes funciones:

a) La información, ayuda y orientación a los consumidores y
usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos.

b) La indicación de las direcciones y principales funciones
de otros centros, públicos o privados, de interés para el consumidor y
usuario.

c) La recepción, registro y acuse de recibo de quejas y
reclamaciones de los consumidores y usuarios y su remisión a las
entidades u organismos correspondientes.

2. Las oficinas de información de titularidad pública, sin
perjuicio de las que verifiquen las organizaciones de consumidores y
usuarios, podrán realizar tareas de educación y formación en materia de
consumo y apoyar y servir de sede al sistema arbitral previsto en el
artículo 57 de esta Ley.

3. Queda prohibida toda forma de publicidad expresa o
encubierta en las oficinas de información al consumidor y
usuario.”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la inclusión de este nuevo artículo, tal y como
reclama la FEMP, para recoger la piedra angular de la información y
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios: las Oficinas
Municipales de Información al Consumidor (OMIC), dependientes de las
administraciones locales, que en la actualidad conforman una red de 990
oficinas.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adición de un nuevo apartado en el artículo único.

«Cinco ter (nuevo). Se añade un nuevo apartado 3 en el
artículo 24, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 24. Legitimación de las asociaciones de
consumidores y usuarios.

(…)

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados
anteriores, el órgano judicial competente suspenderá los procedimientos
iniciados por asociaciones de consumidores y usuarios cuando de oficio o
a instancia de parte, incluso tercero interesado, el Juez constate que
mantienen convenios y acuerdos de colaboración y contratos, de manera
directa o a través de otras organizaciones, distintos a los recogidos en
el Capítulo II del Título II de este texto refundido con la parte
demandada o quién sea competidor en el mercado del demandado, todo ello
para garantizar la ausencia de conflicto de interés en el procedimiento
interpuesto.”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone trasladar a nuestro ordenamiento jurídico las
previsiones contenidas en la Recomendación de la Unión Europea de 11 de
junio de 2013 sobre «los principios comunes aplicables a los mecanismos
de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados
miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el derecho
de la Unión» (2013/396/UE). Con ello se pretende depurar el ejercicio de
la acción colectiva separando si procede a organizaciones que puedan
actuar como parapeto de las propias entidades demandas, tal y como existe
en nuestro ordenamiento procesal penal la figura del conflicto de
interés.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado en el artículo único.

«Ocho bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 4 en el
artículo 54, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 54. Legitimación.

(…)

4 (nuevo). En los procesos a los que se refiere del
artículo 53 de este texto refundido, no se impondrán costas en primera
instancia a las asociaciones de consumidores y usuarios que las hubieran
interpuesto, salvo que se constate la existencia de una temeridad
manifiesta.”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone garantizar que las asociaciones que interpongan
acciones colectivas disfruten, además del beneficio de Justicia Gratuita,
del de no tener ningún riesgo de imposición de costas, al menos en la

primera instancia, con lo que se evita cualquier carga o
gravamen económico que pueda desincentivar la presentación de estas
acciones colectivas.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo único.

«Veintiséis bis (nuevo). Se modifica el apartado 1 del
artículo 82, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas.

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas
que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del
consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Se entiende como práctica abusiva todo comportamiento de un
empresario o profesional contrario a la diligencia profesional exigible,
derive ésta de la normativa específica o sectorial o de las prácticas y
usos comerciales aplicables.”»

JUSTIFICACIÓN

En el primer párrafo del apartado 1 del artículo 82 se
propone suprimir la expresión «no consentidas expresamente» a la hora de
calificar las prácticas que causen un desequilibrio importante de los
derechos y obligaciones de las partes de un contrato. También se propone
definir que se entiende por práctica abusiva, todo ello para mejorar los
derechos de los consumidores y usuarios.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo único.

«Veintisiete bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 7 en
el artículo 87, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 87. Cláusulas abusivas por falta de
reciprocidad.

Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de
reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del
consumidor y usuario y, en particular:

(…)

7 (nuevo). Las estipulaciones que en contratos de préstamo
o crédito de garantía hipotecaria en los que el bien hipotecado sea la
vivienda familiar, fijen un límite a la variación a la baja del tipo de
interés contratado y reúnan al menos una de las siguientes
características:

a) Que se fije un límite a la bajada de los tipos de
interés sin prever en el contrato un límite para la subida de los
mismos.

b) Que el límite establecido a la bajada de los tipos de
interés sea igual o mayor al 40 por ciento del valor del índice de
referencia aplicable en el momento de la contratación.

c) Que la diferencia entre los límites fijados en el
contrato para la bajada y subida de los tipos de interés sea igual o
mayor a cuatro puntos porcentuales.”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone incluir como abusivas las denominadas cláusulas
suelo que no respeten los mínimos recogidos en la enmienda. Estas
cláusulas están provocando un perjuicio manifiesto a los consumidores y
usuarios por la vulneración del justo equilibrio de las partes tal y como
están manifestando los tribunales.

ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Certificación en formato
papel por parte de las empresas suministradoras de servicios que expidan
facturas en formato electrónico.

Uno. Las empresas suministradoras de servicios que expidan
facturas en formato electrónico remitirán a sus clientes, mediante envío
físico en formato papel, una certificación con periodicidad bimensual que
detalle y acredite las facturas electrónicas expedidas durante dicho
periodo de tiempo. La certificación contendrá los datos básicos del
expedidor y del consumidor y usuario, la dirección electrónica ante la
que acceder a las facturas electrónicas, los datos de identificación y la
cuantía de las facturas.

Dos. La certificación en formato papel contendrá, en todo
caso, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos y razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir la certificación como del
destinatario.

b) Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado a
expedir la certificación y del destinatario.

c) Dirección completa del establecimiento del obligado a
expedir la certificación, o en su caso de su sede, y del
destinatario.

d) Dirección electrónica en la que se puedan revisar las
facturas y número de teléfono o dirección electrónica para solicitar, en
su caso, un duplicado de la factura.

Tres. La certificación en formato papel contendrá, en todo
caso, los siguientes datos de cada una de las facturas electrónicas
expedidas durante el mes natural de que se trate:

a) Número y, en su caso, serie.

b) Fecha de expedición.

c) Base Imponible.

d) Cuota Tributaria que, en su caso, se haya
repercutido.

e) Importe total de la factura.»

JUSTIFICACIÓN

Es fundamental garantizar la necesaria seguridad para que
consumidores y usuarios puedan disponer de una información fiable sobre
las facturas generadas por las empresas de servicios, así como habilitar
unos mecanismos de acceso a dicha información adecuados a todos los
perfiles sociales, económicos y culturales de dichos consumidores y
usuarios. Esto es particularmente importante a la hora de implantar el
modelo de facturación electrónica en el ámbito del sector privado.

Además, hay que considerar también el impacto negativo que
tendrá la implantación de la factura electrónica en el conjunto de
operadores postales y, en particular, en Correos como operador que tiene
encomendada la prestación del Servicio Postal Universal.

ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Estudio del impacto
económico y social de las fórmulas de facturación electrónica.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, el Gobierno realizará un estudio de impacto económico y social para
evaluar las consecuencias de la implantación de la factura electrónica
sobre el conjunto de la ciudadanía, y en especial sobre aquellas personas
que carecen de acceso a los medios electrónicos de comunicación.

Igualmente se evaluará el impacto económico en el sector
postal y de forma especial en el operador postal público Correos como
operador que tiene encomendada la prestación del Servicio Postal
Universal. Dicha evaluación analizará el impacto en los volúmenes de
tráfico postal y de negocio y realizará una estimación de la variación de
ingresos. Igualmente analizará el impacto en el empleo del conjunto del
sector y de forma especial del operador postal público.

El estudio a que se refiere esta disposición será remitido
a las Cortes Generales para su análisis, discusión y, en su caso,
elaboración de propuestas ante los resultados del mismo.»

JUSTIFICACIÓN

Es preciso analizar el impacto que tendrá la implantación
de la factura electrónica en el conjunto de la sociedad. También en los
operadores postales y, en particular, en Correos como operador que tiene
encomendada la prestación del Servicio Postal Universal.

La eliminación del actual sistema de facturación, tanto del
sector público como del privado, va a suponer un considerable recorte en
el volumen de tráfico postal con la consiguiente caída de la facturación.
En

particular para Correos, que cuenta en buena medida con su
propio volumen de facturación como elemento básico para sostener y
garantizar la prestación del servicio público que tiene encomendado por
ley.

La caída de envíos para Correos por este motivo, sumada a
la producida por la crisis, podría suponer un serio riesgo para la
viabilidad económica de la prestación de un servicio público como el
postal del que dependen ciudadanos, empresas y las propias
administraciones públicas. Riesgos que sin duda se trasladarán al ámbito
de sector postal privado.

En igual medida, el impacto en el volumen de envíos
afectará de forma directa al empleo del sector postal, sector que figura
entre los mayores empleadores de nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Unidades de Apoyo a la
Acción Colectiva.

El Instituto Nacional del Consumo, en colaboración con el
Ministerio de Justicia y con los organismos de Consumo que así lo
prevean, habilitará Unidades de Apoyo a la Acción Colectiva cuyo objetivo
será desarrollar todas aquellas tareas de gestión y administración
necesarias dentro de un proceso de acción colectiva en los juzgados que,
en su caso, lo precisen en atención a la complejidad y número de
consumidores personados.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
Ley se desarrollarán reglamentariamente los objetivos, las competencias,
la dotación de personal y de medios suficientes, los criterios de
funcionamiento y de puesta en marcha, así como los instrumentos de
colaboración con las administraciones territoriales responsables en
materia de consumo.»

JUSTIFICACIÓN

Al margen de las dificultades derivadas de la propia la Ley
de enjuiciamiento civil, la práctica ha demostrado que uno de los
principales obstáculos que impiden el ejercicio de las acciones
colectivas es la gestión de cientos de miles de documentos, trámites y
expedientes que se originan en el curso de dicho proceso, en el que lo
que se pretende es, en principio, la tutela de los derechos comunes. Por
ello, a las necesarias mejoras procedimentales que se recogen en otras
enmiendas, se propone articular apoyos técnicos para mejorar y agilizar
la gestión e impulso de los mismos.

Entendemos que estas Unidades de Apoyo a la Acción
Colectiva deberán crearse en aquellos procesos que por su dimensión se
prevea supongan un riesgo de paralización o ralentización del
procedimiento. Un reglamento posterior deberá establecer su creación y
desempeño específico de funciones, así como su dotación, funcionamiento,
etc., que en todo caso deberá responder a los principios de eficacia y
suficiencia. Orgánicamente consideramos que debe depender del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto
Nacional del Consumo, pero siempre con la necesaria colaboración del
Ministerio de Justicia y de los organismos competentes en materia de
consumo.

Página
69

transporte en los apartados ñ), o), p) y q) y disposiciones
adicionales sexta, segundo párrafo; octava y décima de esta Ley,
resultando de aplicación a dicho consumo las infracciones contempladas en
las letras a) y d) del apartado 2 y letras a) b) y c) del apartado 3 del
art. 19, siendo el régimen sancionador el concordante para las mismas
previsto en el Capítulo V.

Dos. En los centros o dependencias en los que existe
prohibición legal de consumo de dispositivos susceptibles de liberación
de nicotina y productos similares deberán colocarse en su entrada, en
lugar visible, carteles que anuncien esta prohibición y los lugares en
los que, en su caso, se encuentren las zonas habilitadas para su consumo.
Estos carteles estarán redactados en castellano y en la lengua cooficial
con las exigencias requeridas por las normas autonómicas
correspondientes.»

JUSTIFICACIÓN

En la tramitación de este proyecto de ley el Congreso
incorporó la disposición final decimocuarta que modifica la Ley 28/2005,
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, para regular el consumo y venta a menores de los
conocidos como cigarrillos electrónicos.

Habida cuenta de la novedad, el rápido crecimiento y la
falta de regulación sanitaria específica de los dispositivos de
liberación de nicotina, así como de su carácter adictivo y potencialmente
tóxico, es desde luego urgente abordar algunos aspectos del uso y consumo
de estos productos, hasta ahora regulados como producto de consumo, y muy
particularmente en relación con los jóvenes.

Existen una gran cantidad de variedades de estos productos,
muchos con llamativas formas, colores y diversos aromas. Se consideran
productos atractivos y se utilizan en algunos contextos sociales. La Ley
28 de 2005, en su artículo 3.2) contempla que «se prohíbe vender o
entregar a personas menores de 18 años, productos de tabaco, así como
cualquier otro producto que le imite y le induzca a fumar. En particular
se prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que
tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los
menores…» por tanto, estaría prohibido su venta o entrega a
menores.

Algunas cuestiones sobre estos productos son:

• Escasa información sobre sus ingredientes en el
empaquetado.

• Potenciales problemas técnicos y riesgo de
accidentes en niños.

• Gran variabilidad en la composición del aerosol y
los niveles de nicotina.

• No han demostrado su seguridad y existen
potenciales riesgos para la salud asociados a su uso y exposición.

• No se ha demostrado eficacia en la ayuda para la
deshabituación aunque es una creencia muy extendida. Más bien, mantiene
el hábito, dado su contenido en nicotina.

• Mantiene el «modelo de fumar», dado su uso y
formato.

• Existe un gran desarrollo del mercado, sin ninguna
normativa específica.

No se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al
uso o exposición al vapor de los cigarrillos electrónicos, aunque se
necesita más información en relación con las condiciones de uso y la
afectación a terceros. Además su uso se asocia al modelo de fumar y por
tanto podría inducir el consumo de productos de tabaco.

La regulación actual de los productos no ofrece base legal
para una evaluación de los productos que permita determinar el perfil de
calidad y seguridad de los productos.

El informe de julio 2013 de la Organización Mundial de la
Salud reitera la posición de precaución, hecha pública desde hace varios
años. Se recuerda que no hay evidencia científica consistente para apoyar
el uso terapéutico de los dispositivos de liberación de nicotina como los
cigarrillos electrónicos y desaconsejan su uso hasta que su seguridad,
eficacia y calidad hayan sido certificadas por algún organismo regulador
nacional competente.

Se propone esta enmienda por entender que su contenido
cumple mejor con el objetivo de limitar en ciertos espacios el consumo de
los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos
similares.

Página
71

La medida suspensiva contenida en los párrafos anteriores
no procederá en los casos en los que, aún existiendo algún tipo de
convenio con las entidades demandas o sus competidores, éstos reúnan los
requisitos del Capítulo II del Título II del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, según el certificado emitido por el organismo
correspondiente.

En caso de que el Juez aplicara la medida de suspensión
temporal prevista en este apartado recopilará todo tipo de documentación
y en el plazo de un mes se pronunciará sobre la legitimación del
demandante, así como la procedencia o no de que la acción continúe. Si el
Juez negara la legitimación a la entidad demandante dará traslado en el
plazo de cinco días al Ministerio Fiscal para que se subrogue, en su
caso, en la posición de dicha entidad así como oficiará al Instituto
Nacional de Consumo y organismos equivalentes a nivel autonómico para que
comuniquen a las organizaciones inscritas en los registros oportunos la
posibilidad de intervención en el procedimiento.”

Tres. Los apartados 1 y 2 del artículo 15, quedan
redactados de la siguiente forma:

“1. En los procesos promovidos por asociaciones o
entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de
los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, el juzgado
competente llamará por todos los medios aceptados en Derecho al proceso a
quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores
del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que
puedan hacer valer su derecho o interés individual de forma conjunta, de
manera que se produzca la acumulación de la acción que ejercita la
Asociación en nombre de sus socios y la acción que ejercitan los
particulares después del llamamiento a través de dicho procedimiento.
Este llamamiento se hará por el Secretario judicial publicando la
admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el
ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos
derechos o intereses.

El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el
interés social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos
procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la
posibilidad de su personación.

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén
determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el
hecho dañoso, el demandante o demandantes comunicarán previamente su
propósito de presentación de la demanda a todos los interesados mediante
los mecanismos de preparación del procedimiento previsto en esta norma.
En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá
intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar
los actos procesales que no hubieran precluido.

Los poderes públicos competentes garantizarán las medidas
de apoyo necesarias para una amplia y adecuada difusión de información
sobre la interposición de demandas. Reglamentariamente se determinarán
los requisitos y criterios para garantizar esta difusión entre los
consumidores y usuarios afectados.”

Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 en el artículo
15, que quedan redactados de la siguiente forma:

“5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2,
para el cumplimiento de las exigencias de este artículo una vez admitida
a trámite en su caso la demanda, el juzgado competente adoptará todas
aquellas medidas necesarias para un llamamiento eficaz al resto de
afectados. En particular, en aquellos supuestos en los que los afectados
hayan suscrito un contrato o cualquier otro documento escrito o acuerdo
del que se deriven consecuencias económicas o de otra naturaleza para los
afectados, se requerirá que el demandado aporte a la mayor brevedad al
juzgado, con las prevenciones, garantías y formalidades que el juzgado
determine en orden a cumplir la normativa de protección de datos, los
listados íntegros con los datos identificativos completos para que el
juzgado pueda hacer el llamamiento oportuno al objeto exclusivo de dar
cumplimiento a las exigencias contenidas en este artículo. El
cumplimiento en sus términos de este artículo se realizará de forma que
los datos de carácter personal sean custodiados en todo momento por el
Secretario judicial, asegurándose que se da estricto cumplimiento a la
Ley de Protección de Datos y su normativa de desarrollo. Para ello,
emitirá las comunicaciones oportunas a todos los afectados de común
acuerdo con la parte demandante.

6. El cumplimiento de los requisitos establecidos en este
artículo permitirá la admisión a tramite de la acción iniciada por las
asociaciones a que se refiere el artículo 11 de esta Ley que, en defensa
de los

intereses colectivos y difusos de los consumidores y
usuarios, tengan subsidiariamente por pretensión además de la cesación o
retractación de determinadas cláusulas o prácticas comerciales, acciones
resolutorias de contrato, indemnizatorias o resarcitorias.”

Cinco. El artículo 43 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 43. Prejudicialidad civil.

Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea
necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el
objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto
tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal,
a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá
mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el
estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por
objeto la cuestión prejudicial.

Corresponderá en todo caso a la parte que alega la
excepción acreditar la existencia de un proceso previo así como de todos
y cada uno de los requisitos exigidos para la admisión de la citada
excepción.

Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de
reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar
recurso de apelación.”

Seis. El artículo 72 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 72. Acumulación subjetiva de acciones.

Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las
acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre
que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de
pedir.

Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o
conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos.

En particular, concurrirá esta entidad o conexión con el
título o causa de pedir cuando los hechos sean similares y den lugar a
idénticas cuestiones jurídicas que justifiquen el tratamiento unitario y
su resolución conjunta por razones de economía procesal.”

Siete. El ordinal 1.º del apartado 1 del artículo 73, queda
redactado en los siguientes términos:

“Artículo 73. Admisibilidad por motivos procesales de
la acumulación de acciones.

1. Para que sea admisible la acumulación de acciones será
preciso:

1.º Que el Tribunal que deba entender de la acción
principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por
razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin
embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá
acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón
de su cuantía, en juicio verbal. Asimismo podrá acordarse la acumulación
en procesos promovidos para la defensa de los derechos e intereses de los
consumidores y usuarios de la acción que haya de sustanciarse en juicio
verbal por razón de la materia y por este cauce, con la que haya de
ventilarse, por razón de su cuantía, en juicio ordinario.”

Ocho. La regla 1.ª del apartado 1 del artículo 221, queda
redactada en los siguientes términos:

“Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos
promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas
interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la
legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas
a las siguientes reglas:

1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de
hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, la sentencia
estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que,
conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados
por la condena.

Cuando la determinación individual no sea posible, la
sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios
para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir
en ella, si la instara la asociación demandante.

Trascurrido un año sin que hubiera podido ejecutarse el
pago por falta de identificación completa de los consumidores o usuarios
afectados, el importe remanente será en su caso destinado al Consejo de
Consumidores y Usuarios para la promoción de la defensa de los intereses
de estos.”

Nueve. El apartado 3 del artículo 222, queda redactado en
los siguientes términos:

“Artículo 222. Cosa juzgada material.

(…)

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que
se dicte y a sus herederos y causahabientes. A los sujetos no litigantes,
titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes
conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley, no afectará la cosa
juzgada cuando la resolución resulte desfavorable a sus legítimos
intereses.

En los supuestos de contratación en masa y en aquellos
casos en los que existan indicios de afectar a una pluralidad de
afectados o contratantes de diversos territorios, la existencia de
acciones colectivas o agrupadas iniciadas por una o varias asociaciones
de consumidores cuyos efectos puedan ser extensivos a la generalidad de
consumidores y usuarios no afectarán al curso de acciones individuales o
colectivas iniciadas por sujetos distintos en cualquier momento del
procedimiento. Se entenderá que no concurre litispendencia si los
demandantes, considerados uno a uno, fueran personas distintas en una y
otra acción.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio,
filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la
capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su
inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos
societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren
litigado.”

Diez. El apartado 1 del artículo 394, queda redactado en
los siguientes términos:

“Artículo 394. Condena en las costas de la primera
instancia.

1. En los procesos declarativos, las costas de la primera
instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus
pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso
presentaba serias dudas de hecho o de derecho, o se trate de una acción
de las referidas en el artículo 53 del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias interpuesta por asociaciones de consumidores y usuarios,
salvo que se aprecie temeridad manifiesta.

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso
era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en
casos similares.”

Once. El artículo 519 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y
usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de
los beneficiados.

Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla
primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o
usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente
para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con
audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los
datos, características y requisitos establecidos en la sentencia,
reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con
testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la
ejecución. Transcurrido un año sin que hubiera podido ejecutarse al pago
por falta de identificación completa de los usuarios afectados, el
importe remanente será en su caso destinado al Consejo de Consumidores y
Usuarios para la promoción de la defensa de los intereses de
estos.”»

JUSTIFICACIÓN

Se proponen varias modificaciones en la Ley de
Enjuiciamiento Civil encaminadas a potenciar la acción colectiva en
defensa de los intereses de consumidores y usuarios.

En el apartado uno se propone facilitar el ejercicio de la
legitimación activa en defensa de los intereses de consumidores y
usuarios para aclarar las actuales contradicciones sobre la legitimación
del Ministerio

Fiscal, del Instituto Nacional de Consumo y de los órganos
o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales competentes y de las entidades habilitadas, cuando
el interés social pueda justificarlo.

Respecto al apartado dos, se propone trasladar a nuestro
ordenamiento jurídico las previsiones contenidas en la Recomendación de
la Unión Europea de 11 de junio de 2013 sobre «los principios comunes
aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de
indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los
derechos reconocidos por el derecho de la Unión» (2013/396/UE).

En su Punto III esta recomendación plantea una serie de
pautas sobre la financiación de las entidades capacitadas para interponer
acciones de este tipo. En su número 14, esta Recomendación recoge
textualmente que «la parte demandante debería declarar al órgano
jurisdiccional, al iniciarse el procedimiento, el origen de los fondos
que va a utilizar para sufragar la acción judicial.» Su punto 15 en
particular establece que «el órgano jurisdiccional debería suspender el
procedimiento cuando, en el caso de que se utilicen recursos financieros
aportados por un tercero y exista conflicto de intereses entre el tercero
y la parte demandante y sus miembros». Asimismo el número 16, letra C) de
esta misma recomendación pone de manifiesto que «cuando una acción de
recurso colectivo esté financiada por un tercero privado, este tendrá
prohibido financiar una acción colectiva contra un demandado que sea un
competidor del proveedor de fondos.» Esta limitación responde
perfectamente al principio de independencia que deben tener las
organizaciones de consumidores y usuarios en el ejercicio de sus
actuaciones en defensa de los consumidores y usuarios.

Respecto al apartado tres, las modificaciones se proponen
para garantizar un llamamiento eficaz al proceso a los concretos
consumidores o usuarios perjudicados por haber sido consumidores del
producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso. Los poderes
públicos deberán poner en marcha una serie de medidas que garanticen tal
difusión. El número 10 de la reciente Recomendación de la Unión Europea
de 11 de junio de 2013 sobre «los principios comunes aplicables a los
mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los
Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el
derecho de la unión» (2013/396/UE) plantea esta necesidad cuando
determina que «los Estados miembros deberían garantizar que la entidad
representante o el grupo de demandantes puedan difundir información sobre
la presunta violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión
y su intención de interponer una acción de cesación, así como sobre un
caso de daños masivos y su intención de interponer una acción por daños y
perjuicios en forma de recurso colectivo».

Respecto al apartado cuatro, se intenta resolver la
cuestión planteada sobre comunicación de inicio de un procedimiento
colectivo y el acceso a datos para informar del mismo. El propósito es
impedir que la aportación de tales datos y su protección legal sea
esgrimida por las entidades demandadas (únicas conocedoras y poseedoras
de los potenciales perjudicados) para impedir este legítimo derecho de
los afectados a sumarse a una acción colectiva.

En el apartado cinco se pretende evitar otro obstáculo sin
sentido a la tutela judicial de los consumidores. Un consumidor que
acciona en un procedimiento distinto al de la acción de cesación, tiene
derecho a un resarcimiento inmediato ya que éste no se ha solicitado en
otro momento posterior, máxime a la vista de la lentitud con la que se
están sustanciando los grandes procedimientos colectivos, que además
podrían ser demorados por las entidades.

La modificación propuesta en el apartado seis responde a la
problemática surgida respecto a la acumulación de acciones y la
pretendida ausencia de conexión entre peticiones claramente similares de
los consumidores. Se modifica el artículo 72 trasladando la Doctrina del
Tribunal Supremo sobre la conexión entre asuntos.

En el apartado siete se pretende facilitar la acumulación
de las acciones de carácter inhibitorio y de reparación de daños y
perjuicios causados tanto a los consumidores y usuarios como al interés
general, así como otras acciones atípicas que resulten concurrentes.

En el apartado ocho la modificación propuesta pretende
procurar el resarcimiento íntegro del interés general de los consumidores
y usuarios.

Se intenta corregir en el apartado nueve lo estipulado en
el artículo 222.3. En base a lo estipulado en este precepto, las
entidades bancarias alegan sistemáticamente la existencia de
litispendencia en las demandas que consumidores individuales articulan en
contra de ellas, si previamente una asociación de consumidores ha
interpuesto demanda por un tema similar en base a la legitimación que les
concede el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sola
existencia de un procedimiento iniciado por una asociación de
consumidores y usuarios, por un grupo de afectados o por el Ministerio
Fiscal impediría de

manera absoluta a los consumidores individuales defender
sus derechos ante los órganos judiciales. Esta postura atenta claramente
contra un principio fundamental elemental de nuestro ordenamiento
jurídico, al que nuestro texto constitucional le dio rango de derecho
fundamental, como es el de tutela judicial efectiva del artículo 24 de
nuestra Carta Magna, ya que se impide a un consumidor individual obtener
una resolución de fondo de su litigio, sin olvidar el principio rector
reconocido en el artículo 51 de nuestro propio texto constitucional.

En el apartado diez, para impulsar la activación de
acciones colectivas, se propone limitar la imposición de costas a
organizaciones de consumidores y usuarios que interpongan acciones en
defensa de los intereses generales, colectivos o difusos de los
consumidores y usuarios.

En el apartado once se retoma de nuevo la cuestión de
procurar el resarcimiento íntegro del interés general de los consumidores
y usuarios.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva disposición final.

«Disposición final (nueva). Modificación de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.

Se añade una nueva disposición adicional novena en la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, que queda redactada en los siguientes
términos:

“Disposición adicional novena (nueva). Procedimiento
concursal especial para personas consumidoras y usuarias.

Uno. Del procedimiento especial y la normativa de
aplicación.

Sin perjuicio de las medidas establecidas en esta Ley que
resulten aplicables, se establece un procedimiento concursal específico
para aquellas personas que tengan la consideración de consumidoras y
usuarias de conformidad al artículo 3 del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.

Dos. De la legitimación activa.

Podrán acogerse a este procedimiento específico las
personas consumidoras y usuarias que, por justas causas apreciadas por el
juez, no puedan cumplir en tal momento regularmente sus obligaciones
exigibles o que prevean que no podrán hacerlo.

Tres. Del procedimiento negociador previo.

Con carácter previo a la declaración de concurso, en su
caso, el deudor consumidor y usuario deberá comunicar al Juzgado su
voluntad de iniciar un procedimiento negociador con sus acreedores en un
plazo no superior a dos meses, a fin de alcanzar adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio. Reglamentariamente se establecerá un
modelo normalizado de reparto por asociaciones de consumidores, colegios
de abogados y juzgados de uso común para contener tal solicitud.

El Juez, oído el Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto
el inicio del período negociador y nombrará a un representante de las
asociaciones de consumidores y usuarios más representativas a designar de
una lista de asesores consumeristas que conservará el Consejo de
Consumidores y Usuarios y comunicará

semestralmente al Consejo General del Poder Judicial, a fin
de que fije el activo y pasivo del deudor consumidor y usuario en el
plazo de quince días y auxilie a éste en el procedimiento negociador.

El plazo para la solicitud de procedimiento negociador será
de dos meses desde la fecha en que resulte imposible atender sus
obligaciones de pago tanto vencidas y exigibles como a plazo o desde que
se prevea que no podrá hacerlo. No serán de aplicación las medidas
cautelares establecidas en el artículo 17.2 de esta Ley.

Cuatro. Del concurso y sus fases.

1. Transcurrido el período indicado en el apartado
anterior, si se hubiere alcanzado una propuesta anticipada de convenio,
el consumidor lo comunicará al Juzgado a fin de que éste apruebe o
desapruebe tal convenio anticipado.

Para lograr la aceptación de la propuesta anticipada de
convenio será necesario obtener el voto favorable de la mitad del pasivo
del concurso.

Las propuestas anticipadas de convenio podrán contener
quitas superiores a la mitad de la deuda así como también, conjunta o
alternativamente, esperas de hasta quince años.

2. Si el consumidor y usuario no hubiere logrado las
adhesiones necesarias a su propuesta anticipada de convenio en los
términos establecidos en el apartado anterior, deberá comunicar al
Juzgado tal circunstancia a fin de que el juez resuelva en los términos
establecidos en el apartado cinco de esta disposición.

En su comunicación al Juzgado el consumidor y usuario
deberá justificar adecuadamente su endeudamiento y su estado de
insolvencia actual o inminente en los términos establecidos en el
artículo 2.4 de esta Ley. Asimismo, el deudor deberá acreditar que, en el
plazo de los dos meses anteriores, comunicó al Juzgado la iniciación de
un procedimiento negociador con sus acreedores a fin de alcanzar
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y documentalmente dará
cuenta del resultado de tales negociaciones.

Cinco. Admitida a trámite la solicitud de concurso especial
de consumidores y usuarios el juez, en un plazo de tres días desde su
admisión, dictará auto en los términos establecidos en la Sección Tercera
del Capítulo Segundo del Título Primero de esta Ley, declarando o
desestimando la declaración del concurso de consumidor.

La desestimación de la declaración de concurso podrá ser
recurrida en apelación.

En la resolución que acuerde la declaración del concurso de
consumidor y usuario se incluirá el nombramiento de un asesor
consumerista, representante de una de las asociaciones de consumidores y
usuarios más representativas, en los términos establecidos en el apartado
tres párrafo segundo de esta disposición, el cual ejercerá funciones de
asesoramiento al consumidor y usuario y a la Administración Concursal
durante todo el proceso hasta su finalización. Reglamentariamente se
determinarán las facultades, funciones y obligaciones del asesor
consumerista.

El juez, asimismo, determinará el régimen de las facultades
de administración de los bienes por parte del deudor consumidor, el cual,
en ningún caso, podrá ver reducido su derecho de alimentos a menos de la
tercera parte de sus ingresos habituales.

Seis. De los efectos del procedimiento negociador y el
concurso sobre las obligaciones del deudor consumidor y usuario.

Desde el momento en que el consumidor y usuario comunique
al Juzgado su voluntad de iniciar un período de negociación con sus
acreedores para alcanzar una propuesta anticipada de convenio, y sin
perjuicio del resultado que se obtenga en la negociación, no podrán
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni
seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del
deudor. Tampoco podrán los acreedores con garantía real sobre la vivienda
familiar del concursado iniciar ejecución o realización forzosa de la
garantía hasta la apertura de la liquidación. De igual modo, la
comunicación al Juzgado del inicio de negociaciones para alcanzar una
propuesta anticipada de convenio suspenderá cualesquiera otros
procedimientos ejecutivos y no podrán reanudarse sino hasta la apertura
de la fase de liquidación, en su caso.

Los juicios declarativos en tramitación al momento de
comunicar el consumidor y usuario al Juzgado el inicio del período de
negociaciones, cualquiera que fuera el estado procesal de los mismos, se
suspenderán y el juez o tribunal respectivo acordará la inmediata
remisión de las actuaciones practicadas al Juez de lo Mercantil que haya
conocido de la solicitud de inicio de negociaciones.

Cualesquiera otros nuevos juicios declarativos o de otra
índole que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor
consumidor y usuario se acumularán al concurso en los términos previstos
en el artículo 50 de esta Ley.

Siete. Del Administrador Concursal único.

El Juez, en el Auto que declare el concurso, nombrará un
Administrador Concursal único de entre la lista de abogados de oficio que
le haya sido comunicada por los colegios de abogados con implantación en
la jurisdicción territorial del Juzgado.

La remuneración del Administrador Concursal, en los
términos previstos por la normativa que regula los honorarios a devengar
a los administradores concursales, no podrá ser superior al uno por
ciento del pasivo y se realizará con cargo a financiación pública en los
términos que disponga la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la
normativa de acompañamiento de la misma.

Los plazos de presentación de informes a los que venga
obligada la Administración Concursal serán los mismos que los prevenidos
para el procedimiento abreviado.

Ocho. De la fase de liquidación.

Si finalmente, transcurridos los modos y plazos prevenidos
para el procedimiento abreviado, no hubiere sido posible alcanzar un
convenio, el Juez ordenará, en los términos del artículo 143 de esta Ley
la apertura de la fase de liquidación de oficio a instancia del deudor
consumidor y usuario o de la Administración Concursal.

No obstante, con carácter previo a la apertura de la fase
de liquidación, el consumidor, sobre la base del informe elaborado por el
Administrador concursal y el asesor consumerista, podrá elevar en el
plazo de cinco días al juez un plan de pagos específico. El juez, a la
vista del mismo, podrá dar su aprobación.

En caso de denegación de este plan de pagos específico, el
Juez determinará la apertura de la fase de liquidación. En el auto que
acuerde la apertura de la fase de liquidación se fijará el régimen de las
facultades de administración y disposición del deudor consumidor, sin
perjuicio de que para cualquier decisión que afecte notablemente al
patrimonio del mismo, conservando tales facultades el deudor consumidor,
deberá éste actuar siempre con la avenencia de la Administración
Concursal.

En ningún caso el deudor consumidor podrá ser privado de su
derecho de alimentos en los términos establecidos en el apartado 5 de
esta disposición.

Todos los créditos concursales aplazados y cualesquiera
otras obligaciones del deudor que no tuvieren contenido económico directo
serán convertidos en cantidad líquida evaluable económicamente, pudiendo
servirse el Administrador Concursal de peritos que efectúen los cálculos
procedentes, los cuales estarán sujetos, en cuanto a su régimen de
honorarios, gastos y suplidos a lo prevenido por la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita.

El Administrador Concursal, con la avenencia del asesor
consumerista, elaborará un plan de liquidación de los bienes del deudor
consumidor en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del
auto que ordene la apertura de la fase de liquidación, que someterá al
Juez del Concurso para su aprobación por éste en el plazo de cinco
días.

El plan de liquidación contendrá el modo en que con cargo
al activo del deudor consumidor y usuario se hará frente al pasivo
mediante la enajenación de los bienes y derechos del deudor consumidor y
usuario. Los bienes se enajenarán atendiendo a una prelación en la que
prime el mantenimiento de los medios esenciales de vida del deudor
consumidor y usuario.

Para el caso de que se enajenase el domicilio familiar
sujeto a garantía hipotecaria, el acreedor hipotecario se lo adjudicará
en pago por el importe fijado en la subasta. Si el producto obtenido
fuera menor que el importe de la deuda hipotecaria pendiente, incluido
principal e intereses, no serán de aplicación los artículos 178.2 y 179
de esta Ley. Si fuera superior, se aplicará de forma prorrateada al pago
del resto de las deudas pendientes.

Concluido el concurso en los términos del Título VII,
Capítulo Único de esta Ley, determinándose la inexistencia de bienes y
derechos del deudor consumidor y usuario, no podrán iniciarse nuevas
acciones por deudas contraídas con anterioridad a la finalización del
mismo, ni podrá ordenarse la reapertura del mismo.”»

JUSTIFICACIÓN

La principal dificultad de muchas familias para llegar a
fin de mes tiene un origen principal en la excesiva carga que soportan
por la deuda hipotecaria u otras contraídas con motivo de aquélla. En
muchas economías domésticas, el pasivo exigible es muy superior a su
activo, que está compuesto sobre todo por su vivienda, que además fue
sobrevalorada en su día por las tasadoras controladas por bancos y cajas
de ahorros.

Ante esta situación de endeudamiento al límite los
consumidores se quedan sin margen de maniobra para reaccionar ante
situaciones adversas no previstas. Es en este contexto donde debe
trazarse una necesaria reforma en la Ley Concursal. Los contenidos de
esta norma resultan de aplicación, al menos sobre el papel, tanto a la
insolvencia empresarial como a la de la persona física y al nuevo
concepto de deudor consumidor. Sin embargo, el de la Ley Concursal es un
régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia
empresarial. Frente a una situación de sobreendeudamiento los
consumidores no se acogen al procedimiento de la Ley Concursal, aunque en
teoría la ley lo permite. Esto se debe a que el proceso, tal y como está
hoy día planteado, aboca a una penosísima situación personal que acaba en
muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona
concursada y no ofrece garantías al consumidor en la protección de sus
derechos, además de resultar excesivamente caro.

Por todo ello, se propone una reforma que garantice los
derechos del deudor consumidor especialmente en dos ámbitos: de una
parte, lograr que el concurso de persona física no sea un seguro destino
hacia la ruina civil o un continuo proceso de concursos y reapertura de
los mismos, manteniendo en constante inseguridad jurídica a los deudores
consumidores, y, por otro lado, la protección de la vivienda con garantía
hipotecaria y posibilidad de extinción total de la deuda en la parte no
pagada por inexistencia de bienes, lo que en otros ordenamientos
jurídicos se denomina «fresh start», y que permite al consumidor no
arrastrar perpetuamente una deuda que condiciones su vida laboral y
social.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 60 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 13 de marzo de 2014.—El Portavoz,
José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. IV.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado IV del Preámbulo, quedando como
sigue:

«La ley se estructura en una exposición de motivos, un
artículo único que se divide en veintitrés apartados, cinco disposiciones
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y
cinco disposiciones finales.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuar el contenido del Preámbulo al contenido del resto
de las enmiendas.

Página
80

La práctica muestra que muchas de las quejas y
reclamaciones formuladas ante los servicios de consumo no se presentarían
si las empresas dispusieran de servicios de atención al cliente más
eficaces.

En un alto número de quejas y reclamaciones presentadas
ante la administración de consumo se observa la reiteración de llamadas a
servicios de atención al cliente, atendidos por personal en ocasiones
escasamente formado, que da información diversa e incluso discrepante, y
que no facilita números o claves identificativos.

Tales carencias no solo generan la insatisfacción de los
consumidores y usuarios, sino que, a su vez, desprestigian la imagen
comercial de las empresas, con el consecuente perjuicio anejo al mismo en
el seno del mercado.

Esta percepción generalizada de las múltiples carencias de
los servicios de atención al cliente se hace especialmente grave en
relación con aquellas empresas que prestan servicios de tracto sucesivo,
tales como telecomunicaciones, suministros y otros de análoga
naturaleza.

En función de estas consideraciones, y con el objetivo
fundamental de mejorar la protección de los consumidores y usuarios, por
medio de esta ley se procede a establecer unos parámetros mínimos de
calidad que obligatoriamente deberán cumplir los servicios de atención al
cliente.

Por otra parte, la jurisprudencia dictada por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, ha tenido como consecuencia que algunos
pronunciamientos han cuestionado la adaptación española a la normativa de
la Unión como poco eficaz para la protección del consumidor, por lo que
procede modificar la normativa para adecuarla al contenido de dichos
fallos judiciales.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuar el Preámbulo al contenido del resto de
enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado cinco del artículo único.

Se modifica la redacción del cuarto párrafo del apartado 2
del artículo 21 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios prevista en el apartado cinco del artículo
único del proyecto, quedando como sigue:

«En caso de que el empresario ponga a disposición de los
consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con
él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea será
gratuito para el usuario.

La empresa no podrá desviar llamadas realizadas al número
de teléfono gratuito mencionado a números que impliquen un coste para los
consumidores, ya sea vía telefónica, mediante mensajes de texto u otros
número análogos para la atención de quejas, reclamaciones e incidencia en
relación al servicio contratado u ofertado, así como solicitudes de
información sobre los aspectos relativos a la contratación o
comunicaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Los términos en los que está redactado el párrafo primero
del artículo 21 de la Directiva 2011/83 permiten afirmar que los Estados
pueden discrecionalmente establecer o no un coste por este servicio,
siempre que no exceda de la tarifa básica y que no suponga la eliminación
u obstaculización del ejercicio de derechos por los consumidores.

El segundo párrafo pretende reforzar la protección del
consumidor prohibiendo expresamente la desviación de llamadas o la
utilización cualquier técnica que suponga un coste para el
consumidor.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cinco del artículo único.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 del artículo
21 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado
cinco del artículo único, quedando como sigue:

«Los empresarios deberán entregar un justificante y dar
respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible y
en todo caso en el plazo máximo de quince días naturales desde la
presentación de la reclamación. En el supuesto de incumplimiento de dicho
plazo deberán indemnizar al consumidor con 50 euros.

En caso de que en dicho plazo la reclamación no hubiera
sido resuelta satisfactoriamente, los empresarios adheridos a un sistema
extrajudicial de resolución de conflictos facilitarán al consumidor y
usuario el acceso al mismo, cuando éste reúna los requisitos establecidos
en la Directiva 2013/11/UE y en el Reglamento 524/2013 o normativa que
los desarrolle.»

JUSTIFICACIÓN

Se establece el plazo de 15 días naturales acorde con el
Libro que regula los servicios de atención al cliente.

Se pretende establecer, en todo caso, la obligación de
contestar al consumidor, imponiendo una indemnización en caso de
incumplimiento del plazo como figura en el artículo 105.6 del Real
Decreto 1955/2000.

Por otra parte se trata de sustituir la Recomendación
98/257/CE y la recomendación 2001/310/CE por la Directiva 2013/11/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la
resolución alternativa de litigios en materia de consumo que deberá
adaptarse al ordenamiento interno antes del 9 de julio de 2015; y el
Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo
que entrara en vigor el 9 de enero de 2016.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado diez del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la Directiva establece, en su
artículo 3.2 que, si sus disposiciones entran en conflicto con una
disposición de otro acto de la Unión que regule sectores específicos, la
disposición del otro acto de la Unión prevalecerá y será de aplicación a
dichos sectores específicos, teniendo esta regla carácter de armonización
plena, también es cierto que el ámbito de aplicación de la directiva se
circunscribe a la información precontractual y a los contratos a
distancia y a los celebrados fuera de establecimiento comercial. La
incorporación de esta regla en el artículo 59 del texto refundido, la
haría extensible a todo tipo de contratos realizados entre un consumidor
y un empresario, rebajando el nivel de protección que recoge la norma en
vigor que se pretende modificar.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Once.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado once del artículo único.

Se modifica el epígrafe f) del apartado 1 del artículo 59
bis del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado
once del artículo único, quedando como sigue:

«“Soporte duradero”: se entiende todo
instrumento que permita al consumidor y al empresario almacenar la
información dirigida personalmente a él, de modo que pueda recuperarla
fácilmente durante un período de tiempo adecuado para los fines para los
que la información está destinada y que permita la reproducción sin
cambios de la información almacenada.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuar la definición de soporte duradero a la recogida en
otras normas leyes de nuestro ordenamiento como, por ejemplo, la ley
22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores.

Por otro lado, no es necesaria, en virtud del principio de
neutralidad tecnológica, la introducción de ejemplos de lo que se
considera soporte duradero para posibilitar que en el futuro se
incorporen a la definición otros medios ya que la propia directiva, en su
considerando 23, sirve de cauce interpretativo de esta norma.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Once.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado once del artículo único.

Se modifica el apartado 2 del artículo 59 bis del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado once del artículo
único, quedando como sigue:

«A los efectos del título tercero, se consideran bienes a
las cosas muebles corporales, excepto… (resto igual)»

JUSTIFICACIÓN

Circunscribir la definición al ámbito de aplicación de la
directiva, esto es, contratos a distancia y celebrados fuera de
establecimiento mercantil y que no resulte a todo tipo de contratos, ya
que afectaría a otros textos legales y crearía descoordinación respecto
otras normas jurídicas, por afectar solamente a los bienes muebles
tangibles y quedarían fuera del concepto de consumidor, por ejemplo,
quien adquiriera un bien inmueble.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado doce del artículo único.

Se modifica el epígrafe e) del apartado 2 del artículo 60
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado doce del
artículo único, quedando como sigue:

«e) El recordatorio de la existencia de una garantía legal
de conformidad para los bienes, con una breve descripción de los derechos
que corresponden a los usuarios de conformidad con la citada garantía,
así como su duración.»

JUSTIFICACIÓN

Ampliar la información precontractual en beneficio de los
consumidores.

ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado doce del artículo único.

Se modifica el apartado 4 del artículo 60 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado doce del artículo
único, quedando como sigue:

«4. La información precontractual deberá facilitarse al
consumidor de forma gratuita.»

JUSTIFICACIÓN

Mantener la redacción vigente. La exigencia de la lengua no
deriva de la transposición de la directiva, cuyo considerando 15 señala
expresamente que no armoniza los requisitos lingüísticos aplicables a los
contratos celebrados con los consumidores.

La introducción de «y al menos en castellano» puede ir
contra los artículos del Tratado TFUE que regulan la libre circulación de
mercancías en la UE (puede ser una «medida de efecto equivalente»), pues
existen otras posibilidades más proporcionadas de informar al consumidor
que no impongan esa gravosa obligación a los operadores de otros Estados
miembros (como pueden ser signos identificativos conocidos por todos: por
ejemplo, una calavera y dos tibias cruzadas debajo es un signo universal
de que estamos ante un peligro).

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De adición.

De adición al apartado doce del artículo único.

Se añade un nuevo epígrafe, a continuación del epígrafe e)
del apartado 2 del artículo 60 del texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la redacción dada al mismo
por el apartado doce del artículo único, con el siguiente contenido:

«e) bis. La existencia y las condiciones de los servicios
posventa con una breve descripción de los derechos que corresponden a los
usuarios de conformidad con lo previsto en el artículo 127 de esta ley,
así como el plazo durante el cual el empresario garantiza la existencia
de piezas de repuestos desde que el producto deje de fabricarse.»

JUSTIFICACIÓN

Ampliar la información precontractual en beneficio de los
consumidores.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De adición.

De adición al apartado doce del artículo único.

Se añade un nuevo epígrafe, a continuación del epígrafe e)
del apartado 2 del artículo 60 del texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la redacción dada al mismo
por el apartado doce del artículo único, con el siguiente contenido:

«e) ter. La existencia, en su caso de una garantía
comercial, con una breve descripción de los derechos que corresponden a
los usuarios de conformidad con la citada garantía, así como su duración;
detallando, de forma clara, aquellas mejoras que introduce en relación
con la garantía legal.»

JUSTIFICACIÓN

Ampliar la información precontractual en beneficio de los
consumidores.

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De adición.

Al apartado doce del artículo único.

Se añaden un nuevo epígrafe al apartado 2 del artículo 60
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias, con el siguiente contenido:

«l) La información relativa al tratamiento de sus datos de
carácter personal, en los términos establecidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y sus disposiciones de desarrollo.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar el deber de información al consumidor en materia
de protección de datos de carácter personal, con el objeto de reforzar la
garantía de sus derechos, su intimidad personal y la seguridad
jurídica.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De adición.

Al apartado doce del artículo único.

Se añaden un nuevo epígrafe al apartado 2 del artículo 60
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias, con el siguiente contenido:

«m) Cuando se trate de productos de software destinado al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, el nivel de
seguridad básico, medio o alto, que permitan alcanzar de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar el deber de información al consumidor en materia
de protección de datos de carácter personal, con el objeto de reforzar la
garantía de sus derechos, su intimidad personal y la seguridad
jurídica.

Página
87

JUSTIFICACIÓN

Se incorpora una medida punitiva, con el objeto de
desincentivar este tipo de actuaciones, fundamentada en el artículo 24 de
la Directiva 2001/83/UE.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado dieciséis del artículo único.

Se modifica el apartado 3 del artículo 66 bis del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado dieciséis del
artículo único, quedando como sigue:

«3. Cuando el consumidor ejerza su derecho a resolver el
contrato, mediante comunicación extrajudicial dirigida al empresario
dándolo por resuelto o fijando la fecha en que se producirá la
resolución, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna
demora indebida… (Resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Aclarar el modo en que el consumidor manifiesta su
intención de ejercer el derecho de resolución del contrato previsto en el
apartado 2 del 66 bis.

ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciocho.

ENMIENDA

De adición.

Al apartado dieciocho del artículo único.

Se añade un nuevo apartado al artículo 66 quáter del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado dieciocho del
artículo único, con el siguiente contenido:

«3. En todo caso, el consumidor podrá oponer una excepción
de dispensa de la obligación de pago o custodia del suministro o servicio
no solicitado, cuyo contrato será considerado nulo de pleno derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de introducir una vía de oposición a la exigencia
de pago de un servicio o suministro no solicitado por el consumidor.

Página
89

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintitrés del artículo único.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 2 del artículo
76 bis del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado
veintitrés del artículo único, quedando como sigue:

«En el supuesto de que el empresario no reintegre todas las
cantidades abonadas en virtud del contrato complementario en el plazo
señalado, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble
de la suma adeudada, incrementándose esta cantidad en un 20% por cada mes
que exceda el plazo fijado en el párrafo anterior, y sin perjuicio a su
derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que
excedan de dicha cantidad. Corresponde al empresario la carga de la
prueba sobre el cumplimiento del plazo.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar una medida coercitiva con el efecto de evitar la
dilación en el tiempo en el reembolso de las cantidades abonadas por el
consumidor.

ENMIENDA NÚM. 104

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único.
Veinticuatro.

ENMIENDA

De adición.

Al apartado veinticuatro del artículo único.

Se añade un nuevo párrafo al artículo 77 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado veinticuatro del
artículo único, quedando como sigue:

«En el supuesto previsto en el apartado anterior, el
empresario titular del contrato principal deberá comunicar a la entidad
con la que se suscribió el contrato de crédito la resolución del contrato
principal, instándole a resolver el contrato complementario de
crédito.»

JUSTIFICACIÓN

Evitar que, tras el ejercicio del derecho de desistimiento
por el consumidor, la entidad financiera siga reclamando el cumplimiento
del contrato complementario de crédito.

ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se modifica el apartado 4 del artículo 92 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado veintiocho del
artículo único, quedando como sigue:

«4. Todos los contratos y ofertas celebrados fuera del
establecimiento mercantil, incluidos los de importe inferior a 50 euros,
se presumen sometidos a las disposiciones de este título, correspondiendo
al empresario la prueba en contrario.»

JUSTIFICACIÓN

Con la inclusión expresa de los contratos de importe
inferior a 50 euros queda claro que el legislador nacional opta por
incluir todo tipo de contratos celebrados fuera de establecimiento
mercantil para proteger al consumidor, ya que normalmente, estos
contratos suelen ser de pequeña cuantía.

ENMIENDA NÚM. 106

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se modifica el primer párrafo del artículo 95 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado veintiocho del
artículo único, quedando como sigue:

«Los operadores de las técnicas de comunicación a
distancia, entendiendo por tales a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que sean titulares de las técnicas de comunicación a
distancia utilizadas por los empresarios, están obligados a que éstos
respeten los derechos que este título reconoce a los consumidores y
usuarios y cumplan las obligaciones que en él se les imponen.»

JUSTIFICACIÓN

Se deben establecer los deberes y obligaciones de los
operadores de las técnicas de comunicación a distancia respecto de los
empresarios de una forma clara y suprimir los deseos, ya que las normas
jurídicas deben contener mandatos.

ENMIENDA NÚM. 107

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se modifica el epígrafe e) del apartado 1 del artículo 97
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado veintiocho del
artículo único, quedando como sigue:

«e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos
los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente
de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma
en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos
adicionales de transporte, entrega, de los medios de pago que pueda
utilizar el consumidor, postales y cualquier otro gasto… (Resto
igual).»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la información al consumidor sobre el precio
total de los bienes o servicios.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se modifica el epígrafe q) del apartado 1 del artículo 97
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado veintiocho del
artículo único, quedando como sigue:

«q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones
del consumidor y usuario derivadas del contrato y la existencia de
compromisos de permanencia y penalizaciones en caso de baja.»

JUSTIFICACIÓN

Evitar las reclamaciones por la aplicación de periodos de
permanencia y penalizaciones en caso de baja.

ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se modifica el apartado 1 del artículo 98 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, quedando como sigue:

«1. En los contratos a distancia, el empresario facilitará
al consumidor y usuario, en la lengua que éste haya decido, la
información exigida en el artículo 97.1… (Resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Evitar gastos innecesarios en aquellos casos en que, según
la redacción propuesta por el proyecto, sería obligatorio facilitar la
misma información al consumidor en dos lenguas distintas.

ENMIENDA NÚM. 110

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se modifica apartado 1 del artículo 99 del texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, quedando como sigue:

«1. En los contratos celebrados fuera del establecimiento,
el empresario facilitará al consumidor y usuario la información exigida
en el artículo 97.1 en papel o, si éste está de acuerdo, en otro soporte
duradero. Dicha información deberá ser legible y estar redactada en
términos claros y comprensibles.»

JUSTIFICACIÓN

Ajustarse a los términos de la Directiva, evitando gastos
innecesarios en aquellos casos en que, según la redacción propuesta por
el proyecto, sería obligatorio facilitar la misma información al
consumidor en dos lenguas distintas.

ENMIENDA NÚM. 111

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se modifica el apartado 3 del artículo 108 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado veintiocho del
artículo único, quedando como sigue:

«3. Cuando un consumidor y usuario ejerza el derecho de
desistimiento tras haber realizado una solicitud de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 98.8 o en el artículo 99.3, abonará al
empresario un

importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en
el momento en que haya informado al empresario del ejercicio del derecho
de desistimiento, en relación con el objeto total del contrato. El
importe proporcional que habrá de abonar al empresario se calculará sobre
la base del precio total acordado en el contrato o, en su caso, lo
efectivamente consumido. Si el coste conlleva gastos fijos y gastos de
consumo, se cobrará lo consumido y la parte proporcional del coste fijo.
En caso de que el precio total sea excesivo, el importe proporcional se
calculará sobre la base del valor de mercado de la parte ya prestada del
servicio.»

JUSTIFICACIÓN

Precisar el importe a abonar por parte del consumidor y
usuario que ejerza el derecho de desistimiento.

ENMIENDA NÚM. 112

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se modifica el artículo 109 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la redacción
dada al mismo por el apartado veintiocho del artículo único, con el
siguiente contenido:

«Salvo que las partes hayan acordado otra cosa, el
empresario deberá ejecutar el pedido sin ninguna demora indebida y a más
tardar en el plazo de 15 días naturales a partir de la celebración del
contrato.»

JUSTIFICACIÓN

El plazo de 30 días naturales, contados a partir de la
celebración del contrato, resulta un plazo excesivamente largo, dada la
evolución de las circunstancias actuales del transporte y de los medios
de comunicación.

ENMIENDA NÚM. 113

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De adición.

Al apartado veintiocho del artículo único.

Se añaden dos nuevos párrafo al apartado 2 del artículo 96
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, en la redacción dada al mismo por el apartado veintiocho del
artículo único, quedando como sigue:

«En el caso de que el consumidor y usuario manifieste su
rechazo a la comunicación comercial efectuada, esta no podrá repetirse
hasta transcurrido un año desde la fecha en que se produjo el citado
rechazo u oposición a la comunicación comercial.

Se considerará práctica comercial desleal, toda
comunicación no solicitada por el consumidor con fines comerciales. En
caso, de comunicaciones comerciales no solicitadas efectuadas a menores,
será considerada como infracción muy grave.»

JUSTIFICACIÓN

Mejorar la protección de los consumidores y la protección
de los menores. A tal fin, al menos, se deben considerar como práctica
comercial desleal.

ENMIENDA NÚM. 114

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.