figura fiscal de carácter ambiental. Llama la atención que
un proyecto de ley de estas características se tramite por procedimiento
de urgencia, privando a la cámara del debate sosegado que la materia
fiscal necesitaría, a pesar de que no es novedoso, por el constante
menosprecio del gobierno hacia la actividad parlamentaria.

Este proyecto de ley no se atreve a plantear la reforma
profunda que el sistema fiscal español necesita, igual que no se han
atrevido en ninguna de las numerosas reformas en materia fiscal del
actual gobierno. Se siguen poniendo parches que no encaran los tres
principales retos no resueltos: la inequidad, la ineficiencia y la
insostenibilidad. En cuanto a la inequidad, tenemos un sistema fiscal que
sustentan las personas trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas.

Las rentas del trabajo son la principal fuente de ingresos
y, al mismo tiempo, los contribuyentes asalariados son quienes afrontan
porcentajes más elevados de sus recursos a cubrir sus responsabilidades
fiscales. Las rentas del trabajo incrementan su participación en los
ingresos fiscales, mientras desciende la de las rentas del capital. Pero
es que, además, a contribución de las grandes empresas es mucho menor que
la que correspondería tanto por su peso económico como por una cuestión
de justicia social al tener éstas más recursos, si se la compara con la
contribución de las PYMES que son las que constituyen la mayor parte del
tejido empresarial y las que más podrían frenar la destrucción de empleo.
En sectores como el financiero, que ha recibido fuertes ayudas públicas
que están hipotecando el futuro del país, es todavía más incomprensible
la permisividad con los mecanismos que posibilitan una tributación
insultantemente baja. Un ejemplo de la inequidad del sistema tributario
en beneficio de los más poderosos es, sin duda, que los tipos efectivos
del Impuesto de Sociedades tengan una escala regresiva en la que las
mayores empresas pagan menos porcentaje sobre sus beneficios que las
pequeñas.

Por otro lado, se profundiza en la construcción de un
sistema fiscal cada vez más alejado del precepto constitucional que
demanda progresividad en el que la recaudación se pretende lograr
fundamentalmente a través de los impuestos indirectos lo que no sólo
resulta injusto, toda vez que se convoca a contribuir por igual a quienes
tienen diferente capacidad económica, sino que está castigando el consumo
interno y, por lo tanto, deprimiendo la economía y retrasando las
posibilidades de recuperación que se fía exclusivamente al mercado
exterior.

En segundo lugar, el problema de la ineficiencia del
sistema está estrechamente relacionado con los contenidos concretos del
proyecto de ley presentado por el gobierno. En materia de supresión de
deducciones, entendemos que se habían generado hasta el punto de
desvirtuar en muchos casos la decisión de gravar, de ahí que compartamos
la necesidad de suprimir deducciones como la del deterioro de la cartera,
la de venta de participaciones con pérdidas si se reparte dividendo, por
rentas negativas generadas durante el plazo de mantenimiento de
establecimientos permanentes en el extranjero o la limitación en la
deducibilidad fiscal de fondo de comercio. Los avances introducidos
parecen, por tanto, positivos pero a la vez que insuficientes ante la
gravedad del problema.

El sistema fiscal español tiene un auténtico agujero negro
recaudatorio con 95 tipos diferentes de beneficios fiscales entre
deducciones, exenciones, reducciones en la base imponible, bonificaciones
y tipos reducidos. Un entramado complejo y a menudo arbitrario que supone
una reducción de la recaudación de entre 150.000 y 200.000 millones de
euros al año para las arcas públicas. Así pues, por más que los tipos
nominales sean de los más elevados de Europa, una nefasta configuración
del sistema en su conjunto hace que la recaudación sea de las más bajas
de la UE y que, además, siga disminuyendo en períodos de crisis, por más
que el gobierno haya incrementado los tipos.

Desde nuestro grupo consideramos que la fiscalidad, además
de un instrumento de distribución de la riqueza cuando logran que provea
más quien más tiene al sostenimiento de servicios públicos y
prestaciones, es una herramienta útil para influir en los comportamientos
económicos y sociales. Compartimos que la fiscalidad discrimine para
incentivar un determinado consumo y castigar otro, que encarezca
determinados productos o premie algunas inversiones. Por eso, podemos
compartir la necesidad de que existan determinados incentivos fiscales.
Ahora bien, el modelo español ha llegado a extremos inaceptables.

La mayoría de beneficios fiscales no se han configurado con
esta lógica, sino en beneficio de determinados poderes económicos.
Recientemente hemos tenido un ejemplo de ello, con el anuncio de la
Comisión Europea de apertura de un expediente sancionador contra España
por permitir la aplicación de deducciones fiscales multimillonarias a la
internacionalización de empresas españolas. El gobierno pretende que las
empresas puedan deducirse la amortización del fondo de comercio en
compras fuera de

la UE hasta 2010, beneficiando de forma injustificada a
empresas como, entre otras, Telefónica, BBVA, Santander e Iberdrola.

Así pues, hecho este análisis, tenemos una propuesta
alternativa que se centra fundamentalmente en mejorar uno de los aspectos
más débiles del sistema fiscal español: su baja o nula aportación a la
sostenibilidad ambiental. A pesar del título del proyecto de ley, las
medidas en materia de fiscalidad medioambiental se reducen a un impuesto
de nueva creación sobre los gases fluorados. Una muestra más de que vamos
a remolque es que el Parlamento Europeo ya ha aprobado la recomendación
de prohibir los gases fluorados a partir del 2020.

El objetivo fundamental y prioritario de la fiscalidad
ambiental es modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas
en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo unos, los de mayor
impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más
eficientes energéticamente. La finalidad es internalizar los costes
ambientales, pero también económicos y sociales, que tiene el uso de
ciertos productos, sistemas de transporte o usos del suelo y favorecer,
simultáneamente, a otros más sostenibles (transporte público y vehículos
menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías
renovables, inversiones medioambientales...). Se trata de utilizar las
potencialidades que ofrecen los instrumentos fiscales para fomentar un
desarrollo sostenible.

Precisamente, el proyecto de ley introduce un artículo
incompatible tanto con el título del proyecto como con la voluntad de
ordenar los incentivos fiscales injustificados. La exención que se
introduce en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
para las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos,
hace que se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades
de alquiler. La cuestión no es anecdótica porqué este es el modelo
económico que promociona el gobierno, fiando como única salida de la
crisis a la economía de sol, playa y ladrillo.

Nuestro grupo pretende enmendar que esta sea otra
oportunidad perdida para implementar una auténtica fiscalidad verde, que
ha de ser un instrumento más para lograr un desarrollo sostenible, que
racionalice el uso de los recursos naturales, que reduzca los efectos
sobre el cambio climático y la contaminación ambiental y que incentive
aquellos sectores que harán posible el cambio de modelo. La fiscalidad
verde nada tiene que ver con este proyecto de ley ni con las medidas que
impulsa el Gobierno, como la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, que grava por igual la producción de
electricidad sin tener en cuenta de dónde proviene, o la reforma del
sector eléctrico encabezada por el Real Decreto-Ley 9/2013, que van a
acabar de hundir el sector de las renovables, sector clave para el
impulso económico del país y el cambio de modelo energético en un
contexto de crisis como el actual.

Se ha desaprovechado la oportunidad de introducir en el
Proyecto una regulación del Impuesto sobre matriculación de vehículos en
el que se tomara en consideración el nivel de contaminación de sus
emisiones, reformar el IRPF para fomentar el transporte público y
sostenible, para introducir una nueva figura fiscal que grave el cambio
de usos del suelo, para rebajar el IVA a los productos que supongan un
esfuerzo por reducir el impacto ambiental y para introducir una nueva
regulación del IBI que tome en cuenta la eficiencia energética de las
construcciones y establecer una tasa sobre residuos que premie la
reducción, la recogida selectiva, el reciclaje y la reutilización.

La decepción por la ausencia de medidas de fiscalidad
ambiental que merezcan tal nombre es motivo suficiente para justificar la
oposición al texto. Pero hay más elementos preocupantes. Otra herramienta
tributaria al servicio de que los grandes capitales tributen menos que
las personas asalariadas son las SICAV. Según las últimas estadísticas de
la CNMV sobre Instituciones de Inversión Colectiva las SICAV pagaron el
año pasado en concepto de impuesto de sociedades la ridícula cantidad de
5,9 millones. Según dicho informe hay más de 5.000 IIC con más de 400.000
inversores (entre propietarios y testaferros) con un patrimonio total de
casi 25.000 millones de euros. Estas sociedades tienen un impuesto
hiperreducido, del 1%, bajo el argumento que deben ser las personas
físicas que forman parte de Instituciones de Inversión Colectiva las que
tienen que asumir la carga fiscal cuando retiren su patrimonio de dichas
entidades. La norma obvia que muchas de estas SICAV son unipersonales a
la práctica y que están diseñadas con voluntad de perpetuidad para eludir
sus responsabilidades fiscales con un mecanismo tan legal como
ignominioso.

Ante esta situación, la respuesta del gobierno en este
proyecto es introducir la posibilidad de establecer obligaciones de
suministro de información a las entidades comercializadoras para las
SICAV domiciliadas en España, mientras que hasta ahora sólo tenían dichas
obligaciones para las IIC ubicadas en el extranjero. Esta medida, aunque
positiva, es tan mínima que no puede suponer un avance significativo en
la lucha

contra el gran fraude de las SICAV. Sin duda, mientras sea
la CNMV el encargado de su regulación y supervisión, en lugar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, seguirán siendo un refugio
para una menor tributación.

Otra cuestión que no compartimos es el Régimen fiscal de la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, equiparándola a nivel fiscal con las entidades de crédito. La
Sareb es, por mandato legal, una entidad jurídico-privada. A pesar de
ello, y a pesar de no ser ni una aseguradora ni una entidad de crédito,
este cambio legal permitirá que el «banco malo» pueda deducirse todos los
gastos financieros derivados de su actividad. Además las hipotecas
formalizadas para comprar activos de la Sareb se ahorrarían el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y
las garantías de la financiación de la compra de activos estarán exentas
de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos
jurídicos documentados. Esta propuesta, que se suma a los diferentes
incentivos fiscales que ha recibido la Sareb desde su creación, supone un
trato fiscal favorable para una empresa privada frente al resto de
entidades de crédito y promotoras inmobiliarias. Pero sobretodo, supone
volver a promover la burbuja inmobiliaria, además de renunciar
inexplicablemente a unos ingresos fiscales provenientes de la inversión
en unos activos saneados con dinero público.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 26 de septiembre de 2013.—Isidro
Manuel Martínez Oblanca.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras el «Proyecto de Ley por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad ambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras», se camufla una nueva vuelta de
tuerca en la presión fiscal de los españoles con medidas recaudatorias
que, lejos de contribuir al relanzamiento de su maltrecha economía,
supondrán un mayor frenazo al crecimiento económico, una restricción a la
creación de empleo, una merma de la competitividad y, en definitiva, más
y mayores dificultades para superar la actual situación que afecta
gravemente a millones de familias.

No se puede olvidar que tales medidas son contrarias al
programa político del partido en el Gobierno y a las declaraciones
realizadas después de incumplir el anterior, al comprometerse a no
realizar nuevas subidas impositivas y mantener las llevadas a cabo solo
de manera temporal por su carácter extraordinario (como ejemplo la subida
de IRPF, que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, calificó eufemísticamente como «recargo temporal de
solidaridad», para los años 2012 y 2013 con un gravamen adicional de
entre 0,75 y 7 puntos, y que ahora se pretende mantener, cuando menos,
para 2014. En el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en el que el Real
Decreto Ley 20/2011 incrementó los tipos de gravamen para 2012 y 2013,
también ahora se mantienen para 2014 y 2015 por el artículo 8 de este
Proyecto de Ley.

Estas medidas tributarias propuestas ahora por el Gobierno,
se van a sumar a las que, de manera precipitada, se han planteado en
España en los últimos años que tienen como único objetivo el aumento de
la presión fiscal y, por tanto, ampliar la capacidad recaudatoria para
cumplir con los objetivos de déficit público sin pretender adoptar otro
tipo de medidas. En todo caso, este nuevo Proyecto de Ley, con una mera
finalidad recaudatoria, pese a su nombre, será otra medida más de las
adoptadas durante la actual Legislatura por un Gobierno que ha
caracterizado su gestión por la aplicación de medidas restrictivas y
pro-cíclicas.

Las consecuencias del Proyecto de Ley y sus efectos, se
acumularán a las secuelas fiscales ya adoptadas sobre toda la sociedad
con el desenfrenado acopio de medidas tributarias con un único carácter
recaudatorio que, por iniciativa de un Ejecutivo que tomó posesión del
Gobierno a finales de 2011 anunciando en el Debate de Investidura
exactamente lo contrario, se han ido agregando y acumulando
paulatinamente.

No se puede silenciar que en 21 meses, el Gobierno ha
subido cinco veces el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), cuatro veces el Impuesto de Sociedades, tres veces los Impuestos
especiales, dos veces el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el
Impuesto de Bienes Inmuebles, extendió el Impuesto de Patrimonio y creó
doce nuevas tasas. Tampoco se puede ocultar que la rebaja de impuestos
fue uno de los principales compromisos electorales que permitieron al
Partido Popular alcanzar las holgadas mayorías absolutas de que dispone
en el Congreso de los Diputados y en el Senado con las que ahora respalda
la nueva legislación que impone una carga fiscal a los españoles cada vez
mayor.

En todas las Comunidades Autónomas y, muy especialmente, en
aquellas que sufren con especial virulencia el azote de la crisis y sobre
las que gotean constantemente los cierres empresariales con dramáticos
recortes de puestos de trabajo, la aplicación de una mayor presión fiscal
en el impuesto de sociedades y la creación de nuevos tributos a cargo de
las empresas, consecuencias derivadas de este Proyecto de Ley, avivará
los riesgos de deslocalizaciones con todo lo que ello supone sobre un
empleo ya de por sí muy precario y con nocivos efectos sobre todo el
tejido productivo.

Una parte de esta reforma legislativa es consecuencia de la
entrada en escena de la Sociedad de gestión de activos de
reestructuración Bancaria (SAREB), el «banco malo», para la que se
incorporan favorecedoras modificaciones tributarias que la equiparan con
una entidad financiera, pero con determinadas exenciones que consolidan
la insolidaridad entre españoles promovida por el Gobierno beneficiosa
para unas entidades financieras y perjudicial para al resto de empresas y
a todos los ciudadanos.

Finalmente, cabe señalar que la tramitación de este
Proyecto de Ley también se caracteriza por una urgencia rayana en lo
vertiginoso, limitando el tiempo de debate en su paso por las Cortes
Generales en un nuevo abuso de los procedimientos y del Reglamento para
favorecer las intenciones estrictamente recaudatorias del Gobierno. Todo
ello, además, como anticipo de un gran proceso de reforma tributaria ya
anunciado por el Gobierno para 2014 y que, lejos de generar confianza,
consolida la incertidumbre, prolonga la parálisis inversora y lastra el
consumo, vista la evolución y actuación del actual Gobierno mediante el
incremento de la presión fiscal, hasta convertirla en una opresión para
ciudadanos y empresas, así como multiplicando sus obligaciones
tributarias con nuevas y mayores exigencias de carácter formal.

Por todo lo expuesto sobre el «Proyecto de Ley por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad ambiental y
se adoptan otras medidas tributarias y financieras», el senador de FORO
DE CIUDADANOS-FORO ASTURIAS (FAC) Isidro Manuel Martínez Oblanca,
presenta una Enmienda a la Totalidad (Veto) solicitando la devolución del
Proyecto de Ley al Gobierno.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 26 de septiembre de 2013.—El
Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política fiscal en la presente legislatura ha venido
determinada por la constante alza de impuestos. Se ha modificado la
normativa tributaria aumentándose los tipos de gravamen del IRPF, el
Impuesto sobre Sociedades, el IVA, los Impuestos especiales, los
impuestos sobre la energía o el IBI.

El presente proyecto de ley, más allá de disponer de un
título medioambientalista, tiene de nuevo una finalidad meramente
recaudatoria a través del incremento de la presión fiscal, y sin
considerar que la recaudación sobre determinados impuestos debiera ser
compartida entre la administración central y la autonómica.

El Proyecto de ley adolece de una visión global sobre el
impacto que tendrán sobre los sectores afectados algunas de las medidas
que adopta. Por ejemplo, el máximo aspecto medioambiental del Proyecto es
la creación de un nuevo impuesto de gases fluorados de efecto
invernadero, el cual gravará la puesta en consumo de dichos gases
atendiendo el potencial calentamiento atmosférico, sin tener en cuenta
que en algunos casos los gravámenes impuestos suponen incrementos
fiscales inasumibles por algunos de los sectores afectados, por ejemplo,
el sector turístico, el comercio, la industria, el de transporte, algunas
actividades farmacéuticas, entre otros. Desde la perspectiva
recaudatoria, el proyecto prórroga para los años 2014 y 2015 los
incrementos en los tipos de gravamen del IBI, ya incrementados con
carácter provisional para 2012 y 2013. Así mismo, incorpora
significativas modificaciones recaudatorias en el impuesto sobre
sociedades: se establece la no deducibilidad en la base imponible del
Impuesto de Sociedades de las pérdidas sufridas por las filiales, se
impide que una sociedad pueda aflorar una pérdida en la transmisión de su
sociedad participada cuando con anterioridad se hayan percibido
dividendos de la misma que hayan generado un ingreso en la sede de la
matriz, entre otras medidas que en buena parte afectan a actividades que
afrontan procesos de internacionalización.

Tres son las líneas principales por las que el Grupo
Parlamentario Catalán de CiU considera que el Proyecto de Ley debe
modificarse significativamente:

La primera es señalar que resulta un despropósito y un
engaño que el Gobierno se presente a las elecciones e incluso a la
investidura, con el compromiso de no incrementar impuestos y, por el
contrario, incrementar los impuestos esté siendo uno de los ejes
centrales de su acción de gobierno.

La segunda, por lealtad institucional hacia el conjunto de
las administraciones públicas. Todas las alzas de impuestos promovidas
por el Gobierno han ido dirigidas exclusivamente a mejorar las finanzas
de la administración central, procurando además que la recaudación de las
comunidades autónomas no aumente. Ello ha revertido en una reducción de
la demanda, en una agudización de la crisis y en una reducción de la
recaudación de las CCAA, sin que el Estado compense a las CCAA por ello.
Además son diversas las modificaciones fiscales que afectan a la
minoración de ingresos de las CCAA. Por ejemplo, el proyecto de ley
introduce un nuevo supuesto de exención en el impuesto especial sobre
determinados medios de transporte, que, comportará una pérdida de
recaudación a las CCAA, lo mismo sucede con la novación de préstamos
hipotecarios en que el SAREB sea acreedor ya que se le exime del impuesto
de actos jurídicos documentados que recaudan las CCAA.

La tercera discrepancia se da en las modificaciones
incorporadas al Impuesto sobre Sociedades, las cuales incrementan de
nuevo los gravámenes sobre la actividad económica y merman la
competitividad y la recuperación de muchas empresas. Así por ejemplo, al
establecer la no deducibilidad, en la base imponible del Impuesto, de las
pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en
el capital o en los fondos propios de entidades, se atenta contra el
principio de capacidad económica dado que una determinada empresa se
puede ver obligada a pagar impuestos a pesar de haber sufrido una pérdida
en sus inversiones. Las modificaciones que incorpora el proyecto de ley
constituyen desincentivos a las actividades de internacionalización,
precisamente las que hoy resultan más necesarias para salir de esta
crisis. Hay margen para modificar el impuesto sobre sociedades, pero
siempre que al mismo tiempo se impulse la inversión, la creación de
empleo y la reactivación económica.

Por todo ello y visto que el Proyecto de Ley tiene un afán
meramente recaudatorio para la administración central, y que el Proyecto
de Ley no contiene elementos esenciales para que en 2013 y 2014 la
economía entre en una dinámica de crecimiento y de creación de empleo, el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta un veto al
Proyecto de Ley.

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La fiscalidad es una herramienta útil para influir en los
comportamientos económicos y sociales. Compartimos que la fiscalidad
discrimine para incentivar un determinado consumo y castigar otro, que
encarezca determinados productos o premie algunas inversiones. Por eso,
podemos compartir la necesidad de que existan determinados incentivos
fiscales. Ahora bien, el modelo español ha llegado a extremos
inaceptables.

La mayoría de beneficios fiscales no se han configurado con
esta lógica, sino en beneficio de determinados poderes económicos.
Recientemente hemos tenido un ejemplo de ello, con el anuncio de la
Comisión Europea de apertura de un expediente sancionador contra España
por permitir la aplicación de deducciones fiscales multimillonarias a la
internacionalización de empresas españolas. El gobierno pretende que las
empresas puedan deducirse la amortización del fondo de comercio en
compras fuera de la UE hasta 2010, beneficiando de forma injustificada a
empresas como, entre otras, Telefónica, BBVA, Santander e Iberdrola.