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BOCG. Senado, apartado I, núm. 208-1517, de 20/06/2013
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria.


(621/000038)


(Cong. Diputados, Serie A, núm. 37



Núm. exp. 121/000037)


PROPUESTAS DE VETO


La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de medidas para mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria.


Palacio del Senado, 17 de junio de 2013.—Ester
Capella i Farré.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 1


De doña Ester Capella i Farré (GPMX)


La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.


El presente Proyecto de Ley no contempla al consumidor como
destinatario final de la cadena alimentaria, realiza importantes
excepciones en los sujetos obligados por los principios rectores y
contractuales, no afronta la resolución de las condiciones abusivas en la
fijación de precios (especialmente la venta con pérdida) o situaciones de
dominio, reduce las buenas prácticas a simples códigos voluntarios de
conducta y, además, establece unas sanciones sin el pertinente efecto
disuasorio ante la violación de la Ley.


Pese a que el presente Proyecto de Ley establece como fin
«contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a
la mejora de una información completa y eficaz sobre los alimentos y su
calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena de
suministro, así como a la disponibilidad de alimentos suficientes y de
calidad», después no se concreta este derecho, de manera que el Proyecto
de Ley no reconoce ni otorga los correspondientes derechos a los
consumidores y a sus organizaciones de representantes. De hecho, más allá
de obviar la participación de estas organizaciones —salvo en un
artículo y de manera indeterminada—, se obvia la necesidad de
reconocer el derecho del consumidor a obtener información respecto al
producto que está comprando, como por ejemplo, en relación al lugar de
origen de los principales ingredientes o respecto a todos los aditivos,
organismos modificados genéticamente, vacunas o cualquier otro elemento
que contengan los productos alimentarios.









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La falta de transparencia en esta Ley también es evidente
cuando excluye del ámbito de la obligación de formalizar por escrito los
contratos o de fijar los mínimos necesarios en base a los principios
rectores a prácticamente todas las relaciones de las empresas y
cooperativas no PYMES con sus compradores y especialmente, la
distribución organizada. No se pueden consentir excepciones en la
obligación de formalizar por escrito las condiciones mínimas de los
contratos conforme a los principios rectores de la Ley, salvo en las
transacciones de menor cuantía (hasta 2.500 euros) y los pagos al
contado.


Asimismo, la Ley parece más bien una guía de buena conducta
que una Ley con fuerza legal para obligar a las empresas a unas
relaciones comerciales jurídicamente seguras y éticamente responsables.
En este sentido, la Ley establece que las buenas prácticas dependerá de
la voluntad de las empresas que libremente quieran adherirse a ellas y,
asimismo, las sanciones por vulneración de las obligaciones contenidas en
la Ley no tienen efecto disuasorio para las grandes empresas, de manera
que pueden compensar sobradamente la realización de conductas ilegales
—en caso de ser advertidas— mediante el pago de las
irrisorias sanciones. En esta línea, hay que señalar la falta
proporcionalidad de las sanciones, perjudicando así a las pequeñas y
medianas empresas.


Y, finalmente, el Proyecto de ley no resuelve —ni
siquiera lo afronta— la necesidad de limitar los abusos y
competencias desleales que sufren los agricultores en la cadena
alimentaria, y especialmente respecto a la venta a pérdidas.


Por todo ello, Esquerra Republicana de Catalunya presenta
la presente enmienda de veto, reclamando la devolución del Proyecto de
Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria.