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BOCG. Senado, apartado I, núm. 127-942, de 29/11/2012
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013.


(621/000019)


(Cong. Diputados, Serie A, núm. 27



Núm. exp. 121/000027)


PROPUESTAS DE VETO Y ENMIENDAS QUE IMPLICAN LA IMPUGNACIÓN
COMPLETA DE UNA SECCIÓN


I. PROPUESTAS DE VETO AL PROYECTO DE LEY


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.


Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2012.—Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 1


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN


La economía española lleva ya tres trimestres consecutivos
con datos negativos del Producto Interior Bruto (PIB), reflejando de esa
forma la recesión económica que atraviesa. Sin embargo, el Gobierno no
sólo no está utilizando todos los mecanismos que tiene disponibles para
salir de esta situación sino que por el contrario no cesa en su empeño
por presentar medidas que en última instancia sólo consiguen agravar la
crisis. El Gobierno está creando las condiciones para sumir a la economía
en una Gran Depresión.


En las actuales condiciones de crisis económica, el
principal objetivo del Gobierno debe ser combatir el desempleo así como
garantizar que las necesidades básicas de los trabajadores estén
satisfechas,









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pero desgraciadamente estos Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2013 caminan en la dirección contraria. Envueltos en la
retórica de la creación de empleo pero empedrados de austeridad y
recortes, los presupuestos vuelven a ahondar en los errores económicos y
sociales de los ya aprobados para 2012.


En un contexto económico de recesión prolongada como el
actual, en el que la iniciativa privada se demuestra incapaz de crear
empleo como consecuencia de la falta de financiación de las empresas, de
la caída del consumo de las familias fruto del impacto de las políticas
de ajuste en la capacidad adquisitiva de las personas y de la reducción
de la inversión pública, la salida de la crisis y sobre todo la creación
de empleo dependen en buena medida del papel que juegue el sector público
que, hoy más que nunca, debe ser un papel incentivador de la economía y
el empleo.


El camino de la austeridad, que reduce la capacidad del
Estado para incidir en la creación de empleo, es por lo tanto un rumbo
suicida. Por si fuera poco, la falta de voluntad política para luchar
eficazmente contra el fraude fiscal, combatiendo no sólo los agujeros
internos de la economía sino también aquellos otros que posibilitan el
entramado institucional de la actual Unión Europea, se suma al carácter
altamente regresivo de las reformas fiscales implantadas por el Gobierno.
Un pack de medidas que cuadran en el marco de una estrategia económica y
socialmente suicida y que de ningún modo podrán funcionar.


Una encuesta reciente del Banco Central Europeo planteaba
que para el 30% de las empresas españolas el principal problema era la
falta de demanda, mientras que para el 22% lo era el acceso a la
financiación. A pesar de que dicha encuesta reflejaba que únicamente el
13% de las empresas consideraba que los costes laborales eran el problema
prioritario, el Gobierno ha convertido la flexibilización del mercado
laboral en uno de sus pilares fundamentales. Con ello no sólo niega la
realidad de la economía española sino que consigue dinamitar las
relaciones laborales y todo lo que ello conlleva en relación a derechos
fundamentales conquistados. El Gobierno echa más gasolina a las calles en
un momento de lógica y necesaria protesta social.


La economía española ha disfrutado de un modelo de
crecimiento económico insostenible, promovido por los diferentes
gobiernos españoles y basado en el endeudamiento de carácter privado y en
una importante desigualdad entre rentas. Ahora que dicho modelo está
agotado correspondería buscar uno alternativo que priorice la creación de
empleo y los servicios públicos, como propone el grupo La Izquierda
Plural, pero el Gobierno español ha preferido obedecer felizmente el
mandato de la llamada troika. Mandato que condena a los países de la
periferia europea a un modelo productivo y de crecimiento que requiere
para operar un modelo de sociedad en el que lo que primará serán los
bajos salarios, el desmantelamiento de los servicios públicos y la
desaparición de los contrapesos legales al capital financiero y
productivo.


El Gobierno español y la troika están dinamitando el modelo
social español y en su huida hacia delante están destruyendo las bases
democráticas sobre las que se sostiene cualquier sociedad desarrollada.
Estos presupuestos no hacen sino apuntalar esa estrategia de
subordinación hacia el poder económico, empujando la economía hacia la
Gran Depresión y condenando a los trabajadores a la precariedad, el
hambre y la miseria.


Hoy más de 600.000 familias carecen de cualquier tipo de
ingreso, la tasa de paro alcanza el 24,6% de la población activa y se
producen una media de 517 desahucios al día según el Consejo General del
Poder Judicial. A juzgar por estos presupuestos de 2013 no parece que
estos datos sean los que más preocupan al Gobierno, que por el contrario
está dedicando muchos más recursos a sanear un sistema financiero
prácticamente quebrado.


Con los llamados rescates bancarios el Gobierno está
socializando las deudas y las pérdidas de un sistema que ha sido
funcional al desarrollo económico promovido tanto por el Partido Popular
como por el Partido Socialista. Lo que en su día fueron ganancias a
repartir entre accionistas privados y las redes de la oligarquía,
vinculada a la construcción y a las entidades financieras, ahora se
convierten a golpe de decreto en las pérdidas que han de suscribir todos
los trabajadores. Una estafa legal que tiene como fin mantener el poder
económico de los responsables de la crisis.


Esta estrategia antisocial del Gobierno se plasma en estos
presupuestos en los que se puede comprobar cómo el peso del pago de
intereses de la deuda pública sobrepasa por mucho el pago a las
prestaciones sociales o incluso al pago de los empleados públicos. El
Gobierno consigue de esta forma convertir los restos de lo que fue el
casino de los ricos en la palanca más eficaz para desmantelar los
servicios públicos y las conquistas sociales de tantas generaciones de
trabajadores. Una política de clase social contra la que nuestro grupo
parlamentario se situará radicalmente en contra.









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Los PGE 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de
las condiciones impuestas por la troika de acuerdo con el Memorándum de
Intenciones firmado por el Gobierno español, cuyos contenidos esenciales
se encuentran en el Plan Presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014 y
que desarrolla la reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada
por el Partido Socialista y el Partido Popular, que establece un techo de
gasto rígido y la prioridad del pago de la deuda sobre los gastos
sociales.


Estamos ante unos presupuestos que atentan contra la
soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política
económica del país.


Son unos presupuestos que reinciden en el fracaso político.
Las políticas de recortes y ajustes (reformas y consolidación fiscal en
la neolengua del Gobierno) iniciadas por el gobierno del PSOE a partir de
mayo de 2010 y continuadas por el gobierno del PP han fracasado. Los
índices macroeconómicos principales de la economía española han
descendido y se agudiza la recesión. El desempleo sigue aumentando y la
prima de riesgo no desciende significativamente.


Unos presupuestos irreales, que alimentan la recesión y
generan más paro y pobreza.


En el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE se
estima que el PIB en 2013 sólo se reducirá un – 0,5% en términos
reales. Esta previsión ha sido cuestionada por todo tipo de organismos
nacionales e internacionales que aumentan sustancialmente en sus
previsiones esa tasa negativa. El Gobierno, sin embargo, justifica su
optimismo en la evolución de las exportaciones de bienes y en el turismo.
En concreto, fija en el 6% el aumento de las exportaciones y en el
– 1,5% la disminución de las importaciones.


Pero las previsiones económicas internacionales no avalan
ese cálculo ya que nuestros principales clientes se encuentran en una
situación de atonía o estancamiento y la evolución del PIB en los países
emergentes (China, Rusia, Brasil e India) también se muestra estancada o
en descenso.


Por otro lado, el peso de las importaciones de petróleo en
nuestra balanza comercial es muy alto y su precio imprevisible y, en
nuestro principal rubro de exportación industrial, los automóviles
dependen muy estrechamente de piezas y componentes que se importan. Por
tanto, en este caso, a mayor exportación mayor importación.


Por todo ello es necesario cuestionar esta vía como
mecanismo de recuperación económica. Tanto es así que los propios
presupuestos reducen muy notablemente los fondos dedicados a impulsar el
turismo y el comercio exterior (el presupuesto del Instituto de Turismo
se rebaja en un 15,2% y el del ICEX en un 24,5%).


Los PGE 2013 atribuyen las medidas contra el paro a la mera
aplicación de las reformas laboral y financiera. En cuanto a la segunda,
no hay ninguna vinculación positiva con la creación de empleo. En todo
caso, ésta será negativa por el ajuste en puestos de trabajo que
representará la remodelación de las sucursales financieras. Por otra
parte, no aparece ninguna vinculación entre la dotación de crédito a
familias y empresas por parte de las entidades que no requieren capital
público para su saneamiento y las que si lo requieren. Por tanto, no hay
ningún dato solvente que justifique que una vez iniciado el proceso de
saneamiento volverá el crédito que pueda sostener el crecimiento de la
actividad económica.


En cuanto a la reforma laboral, tras siete meses de
aplicación, los datos oficiales explican rotundamente que ni se crea
empleo —muy al contrario, se destruye— ni aumentan los
contratos indefinidos.


El Gobierno estima una destrucción de empleo del 0,2% para
2013 y una ligera disminución de la tasa de desempleo. Estimaciones
alejadas de todas las previsiones de organismos nacionales e
internacionales. La OCDE sitúa el desempleo en el 25,3% de la población
activa y la Comisión Europea en el 25,1%, frente al 24,3% previsto por el
Gobierno.


Los parados de larga de duración (más de 1 año en
desempleo) son ya el 52,3% del total, 4,5 puntos más que un año antes, y
las previsiones, incluso oficiales, anticipan su crecimiento. El paro
juvenil entre los menores de 25 años es ya del 53,5%.


Las consecuencias de estos presupuestos son que aumentará
la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy
mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora
también a la infancia.


Los PGE 2013 nos hunden más en la crisis e incrementarán
todavía más nuestra tasa de paro al recortar la inversión pública,
sacrificar estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y
renunciar a una política fiscal que, empezando por perseguir
decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y
evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.









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Unos presupuestos al servicio de un cambio de modelo menos
sostenible en lo económico y en lo ambiental.


Las inversiones reales del Estado descienden el 15% y el
gasto corriente en bienes y servicios lo hace un 5,8%. Esto quiere decir
que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado
tendrán una demanda menor con la consiguiente repercusión sobre la
actividad económica y el empleo.


A pesar de que en la política de infraestructuras se haya
producido un recorte del 14,8% respecto al año 2012, la apuesta sigue
siendo la Alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de
cercanías y de media distancia.


Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país con más
kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más kilómetros de
AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en desempleo.


El desmantelamiento de las empresas públicas del transporte
ferroviario y la incorporación del sector privado en la explotación del
servicio, acarreará la pérdida de miles de puestos de trabajo y
repercutirá sin duda en la calidad de la prestación del mismo, amén de
dejar en manos privadas el derecho a la movilidad.


El transporte y las infraestructuras deben ser, y así lo
defenderemos de manera firme y decidida desde la Izquierda Plural, un
servicio público de gestión directa que permita la movilidad,
proporcionando y garantizando la calidad de vida, la igualdad y la
equidad de toda la ciudadanía.


El gasto total en investigación se reduce en un 6,2% frente
a los PGE 2012 aprobados. La tijera es más drástica en los capítulos de
gasto real, que caen un 11,7%. El descenso desde 2009 alcanza casi el
40%, una caída que ningún sistema puede afrontar sin romperse. Y es que
se rompen muchas cosas. Para maquillar los resultados se vuelve a acudir
al capítulo de operaciones financieras que supone un 62% del total y que
cada vez se ejecuta peor, ya que la mayor parte del presupuesto queda sin
gastar.


Como ejemplo palmario, el gasto total en I+D+i respecto al
PIB ha disminuido desde el 0,92% en 2009 hasta el 0,56% en 2013, nada
menos que un 40%, situación que nos devuelve a 10 años atrás.


De la misma forma, en un contexto de continuo
encarecimiento de los costes energéticos, el Gobierno ha decidido
desmantelar cualquier tipo de política energética dejando prácticamente
sin recursos los programas de gasto que permiten controlar este sector
estratégico para la economía. Los recursos para desarrollo energético
disminuyen un 95% y se marginan las políticas de ahorro y eficiencia
energética como alternativa para la sostenibilidad.


El desarrollo energético pasa a ser la última política del
Ministerio de Industria, muy por detrás de las políticas dirigidas a la
energía nuclear o de las inversiones en apoyo al sector del carbón. En
paralelo, se desploman las transferencias del programa de desarrollo a
las comarcas del carbón, que se reducen un 62,5%, y se elimina la
dotación presupuestaria para la Fundación para el Desarrollo de la
Formación en las Comarcas Mineras del Carbón.


El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
verá reducido su presupuesto en un 25,4%. Esta disminución supone el
desmantelamiento de numerosas políticas que han conformado el sistema
agroalimentario durante los últimos años. Una de las partidas más
afectadas es la de seguros agrarios de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA), que supondrá que el Gobierno tendrá menos capacidad de
reacción y planificación ante cualquier situación de urgencia. Los
agricultores y ganaderos estarán más expuestos a las inclemencias del
tiempo y a las crisis sanitarias, riesgo que se verá acentuado por la
irresponsable reducción del 30% de la partida para el control y
erradicación de las enfermedades animales.


También se deja en una situación de insostenibilidad la
renovación generacional del campo, ya que el programa para la
incorporación de jóvenes sufre una disminución del 34%, que tendrá un
efecto multiplicador al estar cofinanciada al 50% entre la UE, el
Gobierno y las comunidades autónomas. Si la aportación del Estado y de la
Administración autonómica se reduce, ello impide que pueda llegar a los
jóvenes agricultores el total de las ayudas presupuestadas por Bruselas
para el periodo 2007-2013.


La reducción en las partidas ambientales del presupuesto
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de
las más desiguales, evidenciando que los PGE 2013 no sólo están al
servicio de la austeridad sino que también están al servicio de un cambio
de modelo más injusto y menos sostenible.


Las actuaciones en agricultura, pesca y alimentación se
recortan en un 9,38%. Las tres partidas que más disminuyen en el período
2012-2013 suponen toda una declaración de intenciones: en primer lugar la
mutilación casi definitiva del Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
que disminuye un 31%, que se debe sumar al 85,6% de los anteriores
presupuestos, siendo el programa que registra mayor descenso dentro del
Ministerio. En segundo lugar, las actuaciones para la prevención de la
contaminación y el cambio climático que no llegarán ni tan sólo a los 50
millones de euros. Y en tercer lugar, el programa de









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protección y mejora del medio ambiente que cayó un 37% en
2012 y lo hace un 23% más en 2013, afectando especialmente a las
transferencias a comunidades autónomas para las políticas de gestión de
residuos.


Unos presupuestos que profundizan en el malestar social y
que liquidan el sistema público de cooperación internacional para el
desarrollo.


Pese a que el Gobierno plantea que más del 63% del gasto no
financiero de los presupuestos es gasto social, la realidad es otra bien
distinta si no se excluyen para llegar a ese porcentaje los intereses de
la deuda pública, que superan los 38 000 millones de euros. El único
gasto social que aumenta es el de las pensiones, pero lo hace por la
evolución natural del número de pensionistas.


Todavía no sabemos si se garantizará la revalorización de
las pensiones del año 2012 en los términos establecidos en el artículo 48
de la Ley General de Seguridad Social. Los PGE no contemplan que se abone
en un pago único el diferencial del IPC correspondiente a los 12 meses
del año 2012. Y tampoco incorpora este diferencial entre el IPC previsto
en los PGE 2012 y el IPC real a 30 de noviembre del 2012, al incremento
de las pensiones del año 2013, sumándolo al incremento inicial del 1%
previsto en los PGE 2013. En definitiva, este incremento del 1% no queda
más que en un gesto populista a todas luces insuficiente ya que las
personas pensionistas verán como no se revaloriza su poder adquisitivo,
además de tener que asumir en sus maltrechas economías familiares
políticas como el repago sanitario y el incremento del IVA.


La congelación de las retribuciones de los empleados
públicos constituye un grave atentado sobre su poder adquisitivo.
Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad
adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las
medidas contra la crisis. Y continuar con la amortización de empleo
público, además de dañar la calidad de los servicios públicos, añade más
leña al fuego de la crisis en forma de destrucción de empleo.


En un país cuyo principal problema económico y social es el
paro, es incomprensible que la política de gasto que más disminuya, y con
diferencia, sea la del fomento del empleo, con un descenso del 34,58%. El
principal recorte se produce en las transferencias a familias y entidades
sin ánimo de lucro, pero también se recortan las transferencias a las
comunidades autónomas. Hay que recordar que en 2012 el recorte en
políticas activas de empleo (inserción laboral) para las comunidades
autónomas fue de 1.735 millones, recorte que supuso que se anunciara el
despido de 1.500 promotores de empleo a 31 de julio y de 1.500
orientadores a 31 de diciembre de 2012, desmontando el plan
extraordinario de orientación, formación e inserción laboral y dejando
desprotegidas a las personas desempleadas.


Detrás de este recorte encontramos la voluntad de
privatizar definitivamente la intermediación laboral desmontando
cualquier servicio público de ayuda a las personas desempleadas. Esta
dogmática estrategia tendrá consecuencias desastrosas para millones de
desempleados dada la natural inclinación de la empresa de intermediación
privada a concentrarse en la búsqueda de empleo de las personas de más
fácil «empleabilidad», en perjuicio de aquellas con más dificultades en
la búsqueda de empleo. Dicho de otra manera, se ignora a los colectivos
más débiles como son los parados de larga duración.


Estos presupuestos no sólo condenan a las personas
desempleadas a seguir paradas con las drásticas reducciones en el
programa de fomento de empleo, sino que también les condena a quedarse
sin ingresos.


El programa que gestiona las prestaciones económicas a los
desempleados se ha visto alarmantemente reducido en los PGE 2013, que han
recortado un 6,34% el conjunto de las prestaciones por desempleo. Este
año se presupuestan 1.807 millones de euros menos en total en
prestaciones para las personas desempleadas. Se han rebajado un 3,4% las
prestaciones contributivas y un 13,2% las prestaciones asistenciales.
Todo ello a pesar de que las previsiones del propio Gobierno son que el
desempleo para 2013 sea prácticamente idéntico que en 2012. Sin una
disminución del desempleo y con un sensible recorte en prestaciones
contributivas y un auténtico hachazo a los subsidios asistenciales por
desempleo hay dos opciones: o que se incumplan los presupuestos o que las
personas desempleadas vean recortados masivamente sus ayudas dejando a
centenares de miles de personas trabajadoras sin ningún tipo de
ingresos.


Así, todo parece indicar que los 450 euros del plan PREPARA
dejarán de abonarse el próximo mes de febrero, cuando caduca el actual
programa. Además de ello, se modifican las condiciones para las
prestaciones, se suprime el subsidio especial para mayores de 45 años y
el pago del 35% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los
desempleados.









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El estado del malestar avanza también por las políticas de
recorte, repagos y privatizaciones en servicios esenciales como sanidad,
educación, servicios sociales o justicia, que paso a paso dejan de ser
servicios universales para convertirse en negocio de una minoría negando
principios como la igualdad de derechos o la igualdad ante la
justicia.


Además, el ajuste impuesto a las comunidades autónomas para
alcanzar el 0,7% de déficit, representa en la práctica una mayor
reducción de los gastos en los servicios sociales que gestionan
(educación, sanidad y dependencia, principalmente). Las comunidades
autónomas vendrán obligas a realizar un recorte cercano a los 7.000
millones de euros.


Por último, estos presupuestos para el año 2013 confirman
el desmantelamiento de la política de cooperación española al presentar
un nuevo descenso del 6,35%, que se suma al brutal recorte de los
presupuestos para 2012. En conjunto, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
se situará en el 0,20% de la renta nacional bruta, colocando a España a
niveles del año 1990 y a la cola de los donantes europeos.


La acción humanitaria se ve reducida desde 2011 en un 86%,
la ayuda dirigida a las organizaciones no gubernamentales disminuye un
17%, el Fondo de Agua y Saneamiento reduce su volumen en un 80% y el
18,8% de la AOD total corresponde al FONPRODE reembolsable, hecho que
demuestra la financiarización de la política de cooperación española y
que incumple el compromiso de no superar el 5% del total de la AOD.


También existen importantes contradicciones en la
distribución de la AOD en los diferentes ministerios, poniendo en duda
los objetivos de lucha contra la pobreza y la orientación de nuestra
política de cooperación. El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas gestiona el 40% de la ayuda española y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que es quien tiene
el mandato específico, tan solo gestiona el 13% del total de la AOD.


Unos presupuestos al servicio de la recentralización del
Estado.


Estos Presupuestos están también al servicio de una visión
centralista del Estado.


En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de
las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado
del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad. Si se
tienen en cuenta los recursos dedicados a sanidad en los PGE 2013, vemos
una reducción del 3,1%, fundamentalmente por el descenso de las
transferencias a las comunidades autónomas y, en concreto, por la
supresión de los créditos del Fondo de cohesión sanitaria destinados a la
compensación de servicios prestados a pacientes de otras comunidades. Los
fondos de cohesión sanitaria sufren una reducción del 61,1% y las
transferencias en el ámbito de la investigación sanitaria en las
comunidades disminuyen un 41,3%.


Los fondos finalistas tienen un descenso aproximado de 80
millones, un 11% menos, de los que destacan las reducciones en la Ley de
la dependencia, los programas de vivienda, los de agricultura y los de
educación no universitaria. En total, sumando las disminuciones de todas
las transferencias de las diferentes secciones, las comunidades autónomas
tendrán 1.116 millones de euros menos para el desarrollo de políticas
concretas.


Otro elemento que caracteriza estos presupuestos es la
falta de lealtad institucional.


Nuevamente, se incumple la disposición adicional tercera
del Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en 2013 debería situarse
alrededor de los 719 millones de euros correspondientes a 2010.


Asimismo, y por segundo año consecutivo, se incumple la
disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, al destinar 262
millones de euros menos de lo que le corresponde de la inversión estatal
regionalizada. Este incumplimiento con Andalucía viene a sumarse al de
los PGE de 2012, con lo que en el conjunto de los dos presupuestos
elaborados por este gobierno del Partido Popular, el déficit de
inversiones presupuestadas en Andalucía asciende a 670 millones de
euros.


También se incumplen los mecanismos de bilateralidad
recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevén el estudio
previo de las inversiones estatales en esta Comunidad. De hecho, las
inversiones en Aragón se reducen en 2013 en un 30%, el doble que en el
conjunto de las comunidades autónomas, resultando especialmente grave el
hecho de que, desde el inicio de la crisis, las inversiones del Estado se
han desplomado en Aragón en un 75% en los últimos cinco ejercicios.


Todo ello se suma al hecho de que no se consignen partidas
presupuestarias de políticas cofinanciadas entre el Estado y las
comunidades autónomas o entes locales, o el impago de las deudas del
Estado con otras administraciones. Como ejemplos de esta deslealtad
podemos citar la nula inversión en la línea ferroviaria
Bobadilla-Ronda-Algeciras, que resulta imprescindible para el futuro del
Puerto de Algeciras, y









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la ridícula inversión de 19 millones de euros en las
cercanías ferroviarias de Barcelona, que se acumula al agravio histórico
e incumple las cifras pactadas en 2009.


Unos presupuestos alternativos creadores de empleo y de
actividad económica son posibles y realistas.


Hoy está claro que buena parte del déficit público y del
consiguiente volumen de deuda pública, se han generado fundamentalmente
por la desfiscalización del Estado mediante la reducción de impuestos de
las rentas más altas y las grandes empresas y por el endeudamiento
ocasionado para tapar las deudas del sistema financiero.


Desde mayo de 2010, fecha en que se toman las primeras
medidas de austeridad y salvo excepciones, todas las medidas de los
Gobiernos del PSOE y del PP han ido encaminadas directa o indirectamente
a salvar a los Bancos y Cajas y no a propiciar políticas para la salida
de la crisis. En los PGE 2013 la deuda aumenta en más de 13 puntos del
PIB, de la que el 43% es directamente nueva deuda del rescate bancario y
casi otro 19% es deuda a los bancos por pago a proveedores.


Entendemos que es hora de plantear la naturaleza de la
deuda y la posible ilegitimidad de una parte de la misma, cuestionando el
pago de los más de 38.000 millones de euros que representa el servicio de
la deuda en los presupuestos de 2013 y que limita la posibilidad de
recursos para crear empleo, estimular la economía y atender los servicios
sociales.


Según datos del Tesoro, hoy sólo el 34% de la deuda
soberana del Estado central está en manos de residentes extranjeros. Esto
permite también dar a la deuda un tratamiento distinto que el mero pago a
vencimiento.


En cuanto a las políticas de gasto, es preciso centrarlas
en la creación de empleo apoyando a la pequeña empresa y muy
especialmente a la economía social, en el estímulo de la inversión
pública, y en la defensa y desarrollo de los servicios sociales
(educación, salud y dependencia, entre otros).


Un aspecto complementario es la racionalización del gasto
público (que no es lo mismo que su disminución), incluyendo mecanismos de
control con la participación de los trabajadores del sector público y la
modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para asegurar la
trasparencia y el rigor de la licitación pública, evitar —en su
caso— la corrupción y asegurar la eficiencia y el impacto social
máximo del gasto público.


Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de
medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y la
justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el
déficit sin recurrir a más deuda pública.


Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el
fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de
38.000 millones de euros anuales. Los PGE 2013 reducen el presupuesto de
la Agencia Tributaria un 7,7%, dando cuenta de que no hay voluntad
política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.


En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o
el 25%, la realidad es que el tipo efectivo se sitúa en el 11,6% de forma
que las pequeñas y medianas empresas pagan en la práctica bastante más en
proporción sobre sus beneficios que las grandes empresas. Con la
finalidad de corregir esta injusta situación proponemos que se eleve
hasta el 35% el tipo del impuesto para beneficios superiores al millón de
euros y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los
llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda significar en ningún
caso tipos efectivos inferiores al 25% en aquellos contribuyentes que
tributan al tipo general. La recaudación potencial de estas medidas
podría representar otros 20.000 millones de euros.


Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de
Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre
las SICAV, o un tributo que grave la tenencia en el momento de la
adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores
a los 12.000 millones de euros.


Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los
rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos
de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la
recaudación del tributo.


En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación
afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los
contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a
consumir es menor. Podríamos así revertir la subida del IVA que es
regresiva e









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injusta porque penaliza en mayor proporción a los
ciudadanos con bajos ingresos y que afecta negativamente a la
recuperación de la economía al retraer el consumo.


En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para
una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y
limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si
se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de
las grandes empresas y de los bancos.


Por todo ello, y porque consideramos que hay alternativas
tanto en la forma de repartir los recursos de la economía española como
en la forma de concebir la sociedad y la economía española en el marco de
la Unión Europea, los senadores de IU, con esta enmienda de veto rechaza
estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de
Ley.



El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2012.—Narvay
Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 2


De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)


y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)


El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto al Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013,
a pesar de la evidencia, persiste en la concepción errónea que sustentó
los de 2012. Y ello cuando los efectos profundamente negativos de las
políticas basadas en recortes del gasto público, el incremento de los
ingresos vía imposición indirecta y el mayor esfuerzo para los
asalariados, han demostrado ser una respuesta absolutamente ineficaz para
estimular la economía y generar empleo.


Hoy es una evidencia que esta concepción, esta austeridad
mal entendida, está generando incremento del desempleo, incremento de las
personas bajo el umbral de la pobreza, aumento de las desigualdades
sociales y un enorme deterioro de los servicios públicos esenciales
mediante el durísimo e indiscriminado ajuste a la financiación de las
CCAA responsables, precisamente, del mantenimiento de estos
servicios.


Y todo ello cuando estos Presupuestos Generales del Estado
están sustentados en un escenario macroeconómico absolutamente
cuestionable. La previsión de un retroceso de la economía de un 0.5% del
PIB es un dato refutado por múltiples estudios y organismos
internacionales que, como mínimo, prevén una cifra del – 1,3%. Este
hecho, en si mismo, invalida cualquier previsión rigurosa de cumplimiento
de los objetivos del 4,8% de déficit para el año 2013, al igual que
ocurrirá con los del 2012.


En igual medida no son aceptables las previsiones de
ingresos y la fijación de gastos, dada la retracción de la actividad
económica y del consumo así como el incremento del gasto consecuencia del
grave deterioro laboral y social de un porcentaje cada vez mayor de la
población y de la concesión de préstamos multimillonarios a los Bancos
(11000 M Euros) que computarán como déficit y los 38.590 M destinados a
afrontar los elevadísimos intereses de la deuda.


Añade mayor preocupación el hecho cierto del incremento de
la inflación, que es la consecuencia natural de las políticas equivocadas
de este Gobierno, en relación con el incremento de la imposición
indirecta o la introducción del copago. Estos errores situarán la
inflación en torno al 3% y profundizarán las dificultades de las personas
que ya sufren un deterioro grave de sus condiciones de vida.


Desde la perspectiva canaria, CC ya nos vimos obligados a
cuestionar los presupuestos para 2012 por ser injustos y maltratar los
intereses del archipiélago en mayor medida, si cabe, que a las demás
CCAA. En los que ahora discutimos se agrava esa tendencia, lo que resulta
especialmente claro si asociamos ambos









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presupuestos, que arrojan un trato escandaloso a una
comunidad con indicadores laborales, sociales y económicos que nos
obligan a denunciar y no aceptar el maltrato que se ejerce sobre los
intereses generales de esta tierra.


Desde CC insistimos en que es preciso considerar el hecho
de que Canarias ya sufren las consecuencias de una financiación económica
injusta (en torno a 800 M inferior a la media de las comunidades de
régimen común). A lo que debemos añadir un dato de la mayor gravedad y es
que cuando sufrimos la mayor tasa de paro del Estado que está
evolucionando a una cifra histórica del 35%, la respuesta de estos PGE es
dar un golpe inaceptable al Plan Integral de Empleo de Canarias que se
minora de 42 a 10 M Euros. A los que habría que añadir los otros 40
millones de euros dedicados al PIE de infraestructura educativa, que
desaparecieron en los presupuestos del 2012 y que en 2013 tampoco aparece
partida alguna.


También expresa con claridad el maltrato a esta tierra la
disminución en la subvención a la desalación de agua, una cuestión vital
y estratégica para el archipiélago que ha sido reducida a 0. En el caso
de que se tratase de minimizar este hecho es preciso señalar que, en el
año 2009, esta cifra ascendía a 16.9 M y que es evidente que las
necesidades se han incrementado desde entonces.


Unos PGE que se sustentan en una austeridad que sólo el
Gobierno de España y quien lo ordena, que es el núcleo duro de la UE,
consideran que puede producir crecimiento, a pesar del evidente retroceso
que estas políticas suponen y del enorme sufrimiento que causa a la
mayoría de la población.


Unos PGE que, al igual que los del 2012, se ven afectados
por elecciones autonómicas y por previsiones no creíbles. Motivos por los
que no descartamos que, también en esta ocasión, serán revisados a la
baja para evitar que la realidad afecte en mayor medida los intereses
electorales del partido que sustenta al Gobierno del Estado.


Los nacionalistas canarios de CC no podemos asistir a este
maltrato contrastable a los intereses de nuestra tierra.


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2013.


La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013
mantiene el supuesto objetivo, ya declarado en los Presupuestos de 2012,
de garantizar la sostenibilidad financiera de las Administraciones
Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía
española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en
materia de estabilidad presupuestaria. Todo ello, según se afirma, para
el logro de un crecimiento sostenible y la creación de empleo


Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son
aprobados por el Gobierno en un contexto económico estatal caracterizado
por la persistencia de una permanente contracción del crecimiento (se
estima, de forma poco rigurosa, un decrecimiento del 0.5% del PIB para el
ejercicio), una muy elevada tasa de paro, gran inestabilidad y
desconfianza en los mercados internacionales, con el objetivo de corregir
el déficit excesivo y cumplir con el objetivo de estabilidad del 4,5 %
déficit del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas (3,8%
para la Administración Central).


Estos presupuestos pretenden avanzar en el esfuerzo de
consolidación fiscal, tal y como ha reiterado el Gobierno, esfuerzo que
se instrumenta, tanto desde la perspectiva del gasto al sufrir éste un
nuevo ajuste respecto al ya iniciado en el ejercicio anterior, como desde
los ingresos mediante la adopción de nuevas medidas de carácter
tributario con el objetivo de aumentar la recaudación.


En particular es de señalar, y desde el punto de vista del
gasto, que mientras las operaciones corrientes son objeto de una
reducción del 5,4%, las operaciones de capital continúan siendo
castigadas con una reducción del 21,8%, de la que el 17,6% afecta a la
inversión pública de los distintos Ministerios y el 25,4%. a las
inversiones que realizan otras Administraciones y entidades públicas,
entre ellas las Comunidades Autónomas.


En opinión de CC, estos nuevos presupuestos para 2013, al
igual que los de 2012, no cumplen con el objetivo de alcanzar una senda
de crecimiento económico sostenible, para paliar el principal problema de
España que es el desempleo, mediante la adopción de medidas que permitan
incrementar la competitividad de la economía. En contra de ese propósito,
los fuertes ajustes practicados en 2012 ya están ahogando la economía
española, éstos unidos a los previstos en 2013 impedirán una vez más el
crecimiento económico en 2013 y, en consecuencia, contribuirán nuevamente
a aumentar el desempleo.


En este sentido se ha manifestado también el FMI, al
pronosticar una prolongación de la recesión de la economía española
durante el año 2013, estimando un decrecimiento del 1,3% frente al 0,5%
previsto en los presupuestos.









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El reconocimiento constitucional del hecho insular es un
principio político de la organización territorial del Estado y se
manifiesta en una realización efectiva del principio de solidaridad junto
al «establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo». Y más
en concreto, el Régimen Económico y Fiscal del archipiélago canario
recoge una inequívoca singularidad que, en el ámbito comunitario, se
completa en la llamada ultraperiferia de la Unión Europea como expresión
de las situaciones de desventaja estructurales y permanentes de los
territorios ubicados en la lejanía, respecto a la dinámica económica y
social del continente.


Por ello un criterio imprescindible en el diseño histórico
de la evolución económica de Canarias es evitar, ante todo, una
indeseable deriva hacia la no convergencia con el territorio español y
con las regiones europeas.


Canarias es una de las siete comunidades autónomas donde la
renta per cápita disminuye permanentemente, ampliando así el diferencial
que la separa del resto de España. Este retroceso es debido a las caídas
sucesivas del PIB en 2009 y 2010, más intensas que en el resto del
Estado, acompañadas de un continuo aumento de la población hasta conducir
la convergencia económica de Canarias con España hasta el 85,6% de la
media española en 2010, cuando en 1999 la de Canarias suponía 97,6%
(últimas cifras INE). Adicionalmente Canarias están por debajo del 90% de
la media europea.


La tasa de paro se eleva por encima del 33% de la población
activa, la segunda más alta de España lo que muestra la mayor gravedad de
la situación en Canarias respecto al resto de España, el triple de la
registrada en 2007 que fue de un 11 %.


Los datos comentados evidencian las tensiones que sufre la
economía canaria, que quedó inmersa en un proceso de desaceleración que
se anticipó a la crisis de la economía española.


En estos Presupuestos, no se incorporan las medidas y los
instrumentos necesarios para reconducir el modelo económico canario con
elementos de extrema debilidad y dependencia. La presión que sobre el
gasto público genera el crecimiento poblacional ha sido constante en la
última década y los crecimientos de la población desde la aprobación del
modelo de financiación desde 1999 no se han reflejado, y el actual lo
empeora colocando a Cananas como la peor financiada.


El impacto de la crisis no es homogéneo entre los
diferentes territorios del Estado. El Presupuesto debe suponer para
Canarias una política fiscal cuya orientación debe contribuir a reforzar
la eficiencia, la competitividad y el potencial de crecimiento de la
economía del Archipiélago en el contexto de la española; es decir con
atención focalizada en los ciclos particulares de las diferentes
economías autonómicas que la componen.


El Proyecto presentado viene a suponer por segundo año
consecutivo un claro freno al injusto modelo de financiación autonómica,
al desarrollo de los compromisos legales adquiridos en nuestro Estatuto
de Autonomía y del Régimen Económico y fiscal de Canarias y del propio
Gobierno del Estado, que aprobó la Estrategia Integral para impulsar el
desarrollo de las Islas Canarias el 09 de octubre de 2009, que se viene
incumpliendo sistemáticamente ya que canarias recibe en estas cuentas una
reducción de 746.513,77 miles de euros menos que en el del ejercicio
2010, es decir el 100% de reducción en solo tres años.


Los nacionalistas canarios venimos insistiendo en el
necesario reequilibrio del modelo económico canario (con más de tres
cuartas partes en el sector servicios y menos de un siete por ciento de
su PIB en el sector industrial); y en la necesaria contribución del
Gobierno de España a la mejora del empleo y su cohesión social en una
Comunidad Autónoma cuya tasa de paro supera a la media estatal en nueve
puntos y que, sobre políticas activas, recibe en estas cuentas una
reducción de 32 millones respecto al año 2012.


Desde nuestra perspectiva, los presupuestos del Estado
castigan a Canarias, la discriminan con respecto a otras Comunidades y no
cumplen con los derechos que le otorga su régimen económico fiscal ni con
los compromisos suscritos con la Administración del Estado mediante
Convenios, y no es falacia como se verá por lo expuesto seguidamente,


— A las reducciones de las operaciones de capital
practicadas ya en 2012, en las que Canarias tuvo un ajuste del 45,7%,
casi 7 décimas más de las sufridas por el Estado, Los presupuestos para
2013 continúan aumentando estos ajustes, lo que incide, entre otras, en
las inversiones en carreteras, aguas, aeropuertos, puertos, etc. que
impedirá que se culminen los proyectos que en la actualidad están en
ejecución y sobre los que, para agravar aun más la situación, ya recaen
obligaciones jurídico-económicas









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contraídas con las empresas ejecutoras de los mismos en
virtud de convenios preestablecidos, en debida forma, con la
Administración del Estado.


En particular sobre el Convenio de carreteras. El recorte
en el proyecto que nos ocupa supone un 73,83 %, después de un 67% en
2012. El compromiso para 2013 contemplado en el Convenio de carreteras,
ascendía a 207 millones de euros. Hoy queda en 54,19 millones.


La consecuencia inmediata se sitúa en el posible
incumplimiento de los compromisos con los contratistas y la consiguiente
paralización de las obras con lo que, indefectiblemente, el escenario
laboral afectado puede alcanzar los 16.000 desempleados.


En el área de transportes, la subvención al transporte de
mercancías disminuye en más de 2 millones de euros con una inmediata
incidencia en la cesta de la compra de las familias en un territorio ya
inflacionario de por sí. Junto a ello, y no menos importante, la relación
económica y comercial de Canarias con Península y Europa quedará
perjudicada. Se trata de materia REF.


La inversión media regionalizada per cápita del Estado en
el ejercicio 2013 asciende a 233 euros, en Canarias la inversión del
Estado es de 170 euros. Además de que la inversión per cápita en Canarias
no alcanza la media estatal, el diferencial de inversión supone en 2013
134.702 miles de euros de perdida de inversión en un momento como el
actual, lo que discrimina aún más a esta región.


La ley reguladora del Régimen Económico Fiscal de Canarias,
en la Ley fiscal de 1991, establece expresamente un régimen especial de
inversión del Estado en Canarias que forma parte integrante de la acción
estructural de carácter económico que el Estado se obliga a desarrollar
en Canarias en ejecución de un estatuto diferencial dentro de nuestro
Estado, todo ello de acuerdo con las previsiones de la Constitución
Española y del Estatuto de Autonomía.


El Régimen Económico y Fiscal de Canarias dispone
textualmente que, las inversiones estatales no sean inferiores al
promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas,
excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho
insular, extremo este claramente incumplido en este Proyecto de
Presupuesto.


— La ausencia y la minoración de medidas previstas en
los presupuestos generales del Estado al amparo del Régimen Económico y
Fiscal canario. En particular la correspondiente a las actuaciones de
inversión infraestructuras turísticas previstas al amparo de la Ley
19/1994, pero también las nuevas reducciones de las partidas destinadas a
subvención el tráfico aéreo y las destinadas a subvencionar el tráfico
aéreo y marítimo de mercancías.


La bonificación por residencia muestra un descenso desde
los 191,6 millones a los 180,8 del proyecto con un mensaje de un muy
posible encarecimiento de los desplazamientos de los canarios, y no sólo
por lo que antecede si no porque añade una potestad al Ministerio para
limitar la cuantía de las ayudas. Se trata de materia REF.


Todo esto unido al incremento de determinadas tasas aéreas
cercena el desarrollo del turismo de las islas, cuando es el único sector
de la economía que presenta crecimiento si bien necesita una potente
rehabilitación.


— Los presupuestos de 2013 suprimen la subvención a
la desalineación del agua, lo que a juicio de CC supone un nuevo atentado
a la normativa que compensa la lejanía y el hecho insular.


La medida, principalmente, significa un palmario
desconocimiento de la realidad de Canarias. El efecto inmediato de esta
medida puede ser el de una subida a las familias del 50% en el recibo de
un servicio básico que bien pudiera convertirse en un auténtico bien de
lujo. La Asociación de Empresas de Gestión Urbana del Agua en Canarias
alerta de un «relevante incremento de precios».


En los presupuestos para 2012 esta subvención ya sufrió un
recorte de 4,5 millones. El coste tasado de la subvención por desalación
de aguas está cifrado, sin embargo, en 17 millones de euros. En términos
concretos, la reducción ha sido paulatina en los últimos cuatro
ejercicios hasta desaparecer en 2013: de 17 millones en 2009 a cero euros
en 2013. Justamente en una materia esencial para el archipiélago.


El mandato del Título II de la ley 19/1994 del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias queda, así, muy afectado: su artículo 11.2
establece una compensación «que garantice la moderación de los precios
del agua desalinizada o reutilizada».


— Reducción de los créditos destinados a la
realización de políticas activas de empleo, en particular del denominado
PlEC en la actualidad financiado con 42 millones de euros y que sufre una
drástica minoración al dotarse en 10 millones en 2013. No se justifica
este importante ajuste ya que el PlEC constituye el principal programa de
Canarias de lucha contra el desempleo, sobre todo cuando el mismo









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programa presupuestario dota por primera vez en la partida
de capítulo 2 «Estudios y Trabajos Técnicos», 5 millones de euros, cuyo
destino no resulta posible dilucidar.


— Tampoco se corrigen otras graves situaciones:


Ya hemos señalado los evidentes perjuicios para Canarias
del actual Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de
Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía establecido en la Ley
21/2009. No se ha operado el objetivo previsto por la propia Ley para
tratar equitativamente al conjunto de las CC.AA. De hecho en la
liquidación de 2010 Canarias ha recibido 814 euros menos que la media de
las CCAA del Estado, un auténtico maltrato que cuestiona, entre otros, el
futuro de los servicios públicos esenciales en el archipiélago.


Por otra parte, es de señalar la insistencia de la
Administración en no aplicar plenamente el precepto de la LOFCA que
recoge la retribución del concepto «Región Ultraperiférica» plasmado en
la Constitución y del art. 299.2 del Tratado de la Unión, al considerar
la necesidad de aplicar determinadas políticas diferenciadas destinadas a
paliar las desventajas de su situación ultraperiférica y que la citada
ley articula mediante la fijación de un porcentaje adicional de
financiación, cuya cuantía es el resultante de aplicar el 4,02% a la
dotación anual de los fondos de compensación interterritorial.


Finalmente para Canarias la «compensación» por parte de la
Comunidad Autónoma de Canarias al Estado como consecuencia de la
supresión del IGTE en virtud de la implantación del REF ya ofreció serias
dudas de constitucionalidad y un grave incidente de lealtad institucional
del Estado, quien acumulando deudas históricas con Cananas por diversos
incumplimientos financieros, exige compensaciones a la deteriorada
economía de la región.


Adicionalmente el actual Gobierno Central opta por mantener
la citada compensación, consideramos, tal y como hemos puesto de
manifiesto de manera reiterada, que esta compensación no tiene fundamento
alguno y carece de cobertura legal una vez modificado el modelo de
financiación a partir de 2002, por lo que no procede detraer cantidad
alguna.


Esta enmienda se justificaría solamente con este nuevo
capitulo del trato discriminatorio que el Estado viene practicando a la
tensionada economía de Canarias, y persigue restituir el Fondo de
Suficiencia canario que ha de calcularse sin minoración alguna en
concepto de «compensación» al Estado.


Por todo ello CC presenta veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2013, a los efectos de que sea
devuelto al Gobierno.



El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), la Senadora
Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto
Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2012.—Urko
Aiartza Azurtza, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga
Osoro.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 3


De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de doña Amalur
Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)


RETIRADA










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El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2012.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 4


De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)


El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al
Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN


La economía española lleva ya tres trimestres consecutivos
con datos negativos del Producto Interior Bruto (PIB), reflejando de esa
forma la recesión económica que atraviesa. Sin embargo, el Gobierno no
sólo no está utilizando todos los mecanismos que tiene disponibles para
salir de esta situación sino que por el contrario no cesa en su empeño
por presentar medidas que en última instancia sólo consiguen agravar la
crisis. El Gobierno está creando las condiciones para sumir a la economía
en una Gran Depresión.


En las actuales condiciones de crisis económica, el
principal objetivo del Gobierno debe ser combatir el desempleo así como
garantizar que las necesidades básicas de los trabajadores estén
satisfechas, pero desgraciadamente estos Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2013 caminan en la dirección contraria. Envueltos en la
retórica de la creación de empleo pero empedrados de austeridad y
recortes, los presupuestos vuelven a ahondar en los errores económicos y
sociales de los ya aprobados para 2012.


En un contexto económico de recesión prolongada como el
actual, en el que la iniciativa privada se demuestra incapaz de crear
empleo como consecuencia de la falta de financiación de las empresas, de
la caída del consumo de las familias fruto del impacto de las políticas
de ajuste en la capacidad adquisitiva de las personas y de la reducción
de la inversión pública, la salida de la crisis y sobre todo la creación
de empleo dependen en buena medida del papel que juegue el sector público
que, hoy más que nunca, debe ser un papel incentivador de la economía y
el empleo.


El camino de la austeridad, que reduce la capacidad del
Estado para incidir en la creación de empleo, es por lo tanto un rumbo
suicida. Por si fuera poco, la falta de voluntad política para luchar
eficazmente contra el fraude fiscal, combatiendo no sólo los agujeros
internos de la economía sino también aquellos otros que posibilitan el
entramado institucional de la actual Unión Europea, se suma al carácter
altamente regresivo de las reformas fiscales implantadas por el Gobierno.
Un pack de medidas que cuadran en el marco de una estrategia económica y
socialmente suicida y que de ningún modo podrán funcionar.


Una encuesta reciente del Banco Central Europeo planteaba
que para el 30% de las empresas españolas el principal problema era la
falta de demanda, mientras que para el 22% lo era el acceso a la
financiación. A pesar de que dicha encuesta reflejaba que únicamente el
13% de las empresas consideraba que los costes laborales eran el problema
prioritario, el Gobierno ha convertido la flexibilización del mercado
laboral en uno de sus pilares fundamentales. Con ello no sólo niega la
realidad de la economía española sino que consigue dinamitar las
relaciones laborales y todo lo que ello conlleva en relación a derechos
fundamentales conquistados. El Gobierno echa más gasolina a las calles en
un momento de lógica y necesaria protesta social.


La economía española ha disfrutado de un modelo de
crecimiento económico insostenible, promovido por los diferentes
Gobiernos españoles y basado en el endeudamiento de carácter privado y en
una importante desigualdad entre rentas. Ahora que dicho modelo está
agotado correspondería buscar uno alternativo que priorice la creación de
empleo y los servicios públicos, pero el Gobierno español ha preferido
obedecer felizmente el mandato de la llamada troika. Mandato que condena
a los países de la periferia europea a un modelo productivo y de
crecimiento que requiere para operar un modelo de sociedad en el que lo
que primará serán los bajos salarios, el desmantelamiento de los
servicios públicos y la desaparición de los contrapesos legales al
capital financiero y productivo.


El Gobierno español y la troika están dinamitando el modelo
social español y en su huida hacia delante están destruyendo las bases
democráticas sobre las que se sostiene cualquier sociedad desarrollada.
Estos presupuestos no hacen sino apuntalar esa estrategia de
subordinación hacia el poder









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económico, empujando la economía hacia la Gran Depresión y
condenando a los trabajadores a la precariedad, el hambre y la
miseria.


Hoy más de 600.000 familias carecen de cualquier tipo de
ingreso, la tasa de paro alcanza el 24,6% de la población activa y se
producen una media de 517 desahucios al día según el Consejo General del
Poder Judicial. A juzgar por estos presupuestos de 2013 no parece que
estos datos sean los que más preocupan al Gobierno, que por el contrario
está dedicando muchos más recursos a sanear un sistema financiero
prácticamente quebrado.


Con los llamados rescates bancarios el Gobierno está
socializando las deudas y las pérdidas de un sistema que ha sido
funcional al desarrollo económico promovido tanto por el Partido Popular
como por el Partido Socialista. Lo que en su día fueron ganancias a
repartir entre accionistas privados y las redes de la oligarquía,
vinculada a la construcción y a las entidades financieras, ahora se
convierten a golpe de decreto en las pérdidas que han de suscribir todos
los trabajadores. Una estafa legal que tiene como fin mantener el poder
económico de los responsables de la crisis.


Esta estrategia antisocial del Gobierno se plasma en estos
presupuestos en los que se puede comprobar cómo el peso del pago de
intereses de la deuda pública sobrepasa por mucho el pago a las
prestaciones sociales o incluso al pago de los empleados públicos. El
Gobierno consigue de esta forma convertir los restos de lo que fue el
casino de los ricos en la palanca más eficaz para desmantelar los
servicios públicos y las conquistas sociales de tantas generaciones de
trabajadores. Una política de clase social contra la que nuestro grupo
parlamentario se situará radicalmente en contra.


Los PGE 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de
las condiciones impuestas por la troika de acuerdo con el Memorándum de
Intenciones firmado por el Gobierno español, cuyos contenidos esenciales
se encuentran en el Plan Presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014 y
que desarrolla la reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada
por el Partido Socialista y el Partido Popular, que establece un techo de
gasto rígido y la prioridad del pago de la deuda sobre los gastos
sociales.


Estamos ante unos presupuestos que atentan contra la
soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política
económica del país.


Son unos presupuestos que reinciden en el fracaso político.
Las políticas de recortes y ajustes (reformas y consolidación fiscal en
la neolengua del Gobierno) iniciadas por el Gobierno del PSOE a partir de
mayo de 2010 y continuadas por el gobierno del PP han fracasado. Los
índices macroeconómicos principales de la economía española han
descendido y se agudiza la recesión. El desempleo sigue aumentando y la
prima de riesgo no desciende significativamente.


Unos presupuestos irreales, que alimentan la recesión y
generan más paro y pobreza.


En el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE se
estima que el PIB en 2013 sólo se reducirá un – 0,5% en términos
reales. Esta previsión ha sido cuestionada por todo tipo de organismos
nacionales e internacionales que aumentan sustancialmente en sus
previsiones esa tasa negativa. El Gobierno, sin embargo, justifica su
optimismo en la evolución de las exportaciones de bienes y en el turismo.
En concreto, fija en el 6% el aumento de las exportaciones y en el
– 1,5% la disminución de las importaciones.


Pero las previsiones económicas internacionales no avalan
ese cálculo ya que nuestros principales clientes se encuentran en una
situación de atonía o estancamiento y la evolución del PIB en los países
emergentes (China, Rusia, Brasil e India) también se muestra estancada o
en descenso.


Por otro lado, el peso de las importaciones de petróleo en
nuestra balanza comercial es muy alto y su precio imprevisible y, en
nuestro principal rubro de exportación industrial, los automóviles
dependen muy estrechamente de piezas y componentes que se importan. Por
tanto, en este caso, a mayor exportación mayor importación.


Por todo ello es necesario cuestionar esta vía como
mecanismo de recuperación económica. Tanto es así que los propios
presupuestos reducen muy notablemente los fondos dedicados a impulsar el
turismo y el comercio exterior (el presupuesto del Instituto de Turismo
se rebaja en un 15,2% y el del ICEX en un 24,5%).


Los PGE 2013 atribuyen las medidas contra el paro a la mera
aplicación de las reformas laboral y financiera. En cuanto a la segunda,
no hay ninguna vinculación positiva con la creación de empleo. En todo
caso, ésta será negativa por el ajuste en puestos de trabajo que
representará la remodelación de las sucursales financieras. Por otra
parte, no aparece ninguna vinculación entre la dotación de crédito a
familias y empresas por parte de las entidades que no requieren capital
público para su saneamiento y las









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que si lo requieren. Por tanto, no hay ningún dato solvente
que justifique que una vez iniciado el proceso de saneamiento volverá el
crédito que pueda sostener el crecimiento de la actividad económica.


En cuanto a la reforma laboral, tras siete meses de
aplicación, los datos oficiales explican rotundamente que ni se crea
empleo —muy al contrario, se destruye— ni aumentan los
contratos indefinidos.


El Gobierno estima una destrucción de empleo del 0,2% para
2013 y una ligera disminución de la tasa de desempleo. Estimaciones
alejadas de todas las previsiones de organismos nacionales e
internacionales. La OCDE sitúa el desempleo en el 25,3% de la población
activa y la Comisión Europea en el 25,1%, frente al 24,3% previsto por el
Gobierno.


Los parados de larga de duración (más de 1 año en
desempleo) son ya el 52,3% del total, 4,5 puntos más que un año antes, y
las previsiones, incluso oficiales, anticipan su crecimiento. El paro
juvenil entre los menores de 25 años es ya del 53,5%.


Las consecuencias de estos presupuestos son que aumentará
la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy
mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora
también a la infancia.


Los PGE 2013 nos hunden más en la crisis e incrementarán
todavía más nuestra tasa de paro al recortar la inversión pública,
sacrificar estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y
renunciar a una política fiscal que, empezando por perseguir
decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y
evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.


Unos presupuestos al servicio de un cambio de modelo menos
sostenible en lo económico y en lo ambiental.


Las inversiones reales del Estado descienden el 15% y el
gasto corriente en bienes y servicios lo hace un 5,8%. Esto quiere decir
que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado
tendrán una demanda menor con la consiguiente repercusión sobre la
actividad económica y el empleo.


A pesar de que en la política de infraestructuras se haya
producido un recorte del 14,8% respecto al año 2012, la apuesta sigue
siendo la Alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de
cercanías y de media distancia.


Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país con más
kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más kilómetros de
AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en desempleo.


El desmantelamiento de las empresas públicas del transporte
ferroviario y la incorporación del sector privado en la explotación del
servicio, acarreará la pérdida de miles de puestos de trabajo y
repercutirá sin duda en la calidad de la prestación del mismo, amén de
dejar en manos privadas el derecho a la movilidad.


El transporte y las infraestructuras deben ser, y así lo
defenderemos de manera firme y decidida desde la Izquierda Plural, un
servicio público de gestión directa que permita la movilidad,
proporcionando y garantizando la calidad de vida, la igualdad y la
equidad de toda la ciudadanía.


El gasto total en investigación se reduce en un 6,2% frente
a los PGE 2012 aprobados. La tijera es más drástica en los capítulos de
gasto real, que caen un 11,7%. El descenso desde 2009 alcanza casi el
40%, una caída que ningún sistema puede afrontar sin romperse. Y es que
se rompen muchas cosas. Para maquillar los resultados se vuelve a acudir
al capítulo de operaciones financieras que supone un 62% del total y que
cada vez se ejecuta peor, ya que la mayor parte del presupuesto queda sin
gastar.


Como ejemplo palmario, el gasto total en l+D+i respecto al
PIB ha disminuido desde el 0,92% en 2009 hasta el 0,56% en 2013, nada
menos que un 40%, situación que nos devuelve a 10 años atrás.


De la misma forma, en un contexto de continuo
encarecimiento de los costes energéticos, el Gobierno ha decidido
desmantelar cualquier tipo de política energética dejando prácticamente
sin recursos los programas de gasto que permiten controlar este sector
estratégico para la economía. Los recursos para desarrollo energético
disminuyen un 95% y se marginan las políticas de ahorro y eficiencia
energética como alternativa para la sostenibilidad.


El desarrollo energético pasa a ser la última política del
Ministerio de Industria, muy por detrás de las políticas dirigidas a la
energía nuclear o de las inversiones en apoyo al sector del carbón. En
paralelo, se desploman las transferencias del programa de desarrollo a
las comarcas del carbón, que se reducen un 62,5%, y se elimina la
dotación presupuestaría para la Fundación para el Desarrollo de la
Formación en las Comarcas Mineras del Carbón.


El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
verá reducido su presupuesto en un 25,4%. Esta disminución supone el
desmantelamiento de numerosas políticas que han conformado el sistema
agroalimentario durante los últimos años. Una de las partidas más
afectadas es la de seguros agrarios de









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la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que
supondrá que el Gobierno tendrá menos capacidad de reacción y
planificación ante cualquier situación de urgencia. Los agricultores y
ganaderos estarán más expuestos a las inclemencias del tiempo y a las
crisis sanitarias, riesgo que se verá acentuado por la irresponsable
reducción del 30% de la partida para el control y erradicación de las
enfermedades animales.


También se deja en una situación de insostenibilidad la
renovación generacional del campo, ya que el programa para la
incorporación de jóvenes sufre una disminución del 34%, que tendrá un
efecto multiplicador al estar cofinanciada al 50% entre la UE, el
Gobierno y las comunidades autónomas. Si la aportación del Estado y de la
Administración autonómica se reduce, ello impide que pueda llegar a los
jóvenes agricultores el total de las ayudas presupuestadas por Bruselas
para el periodo 2007-2013.


La reducción en las partidas ambientales del presupuesto
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de
las más desiguales, evidenciando que los PGE 2013 no sólo están al
servicio de la austeridad sino que también están al servicio de un cambio
de modelo más injusto y menos sostenible.


Las actuaciones en agricultura, pesca y alimentación se
recortan en un 9,38%. Las tres partidas que más disminuyen en el período
2012-2013 suponen toda una declaración de intenciones: en primer lugar la
mutilación casi definitiva del Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
que disminuye un 31%, que se debe sumar al 85,6% de los anteriores
presupuestos, siendo el programa que registra mayor descenso dentro del
Ministerio. En segundo lugar, las actuaciones para la prevención de la
contaminación y el cambio climático que no llegarán ni tan sólo a los 50
millones de euros. Y en tercer lugar, el programa de protección y mejora
del medio ambiente que cayó un 37% en 2012 y lo hace un 23% más en 2013,
afectando especialmente a las transferencias a comunidades autónomas para
las políticas de gestión de residuos.


Unos presupuestos que profundizan en el malestar social y
que liquidan el sistema público de cooperación internacional para el
desarrollo.


Pese a que el Gobierno plantea que más del 63% del gasto no
financiero de los presupuestos es gasto social, la realidad es otra bien
distinta si no se excluyen para llegar a ese porcentaje los intereses de
la deuda pública, que superan los 38.000 millones de euros. El único
gasto social que aumenta es el de las pensiones, pero lo hace por la
evolución natural del número de pensionistas.


Todavía no sabemos si se garantizará la revalorización de
las pensiones del año 2012 en los términos establecidos en el artículo 48
de la Ley General de Seguridad Social. Los PGE no contemplan que se abone
en un pago único el diferencial del IPC correspondiente a los 12 meses
del año 2012. Y tampoco incorpora este diferencial entre el IPC previsto
en los PGE 2012 y el IPC real a 30 de noviembre del 2012, al incremento
de las pensiones del año 2013, sumándolo al incremento inicial del 1%
previsto en los PGE 2013. En definitiva, este incremento del 1% no queda
más que en un gesto populista a todas luces insuficiente ya que las
personas pensionistas verán como no se revaloriza su poder adquisitivo,
además de tener que asumir en sus maltrechas economías familiares
políticas como el repago sanitario y el incremento del IVA.


La congelación de las retribuciones de los empleados
públicos constituye un grave atentado sobre su poder adquisitivo.
Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad
adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las
medidas contra la crisis. Y continuar con la amortización de empleo
público, además de dañar la calidad de los servicios públicos, añade más
leña al fuego de la crisis en forma de destrucción de empleo.


En un país cuyo principal problema económico y social es el
paro, es incomprensible que la política de gasto que más disminuya, y con
diferencia, sea la del fomento del empleo, con un descenso del 34,58%. El
principal recorte se produce en las transferencias a familias y entidades
sin ánimo de lucro, pero también se recortan las transferencias a las
comunidades autónomas. Hay que recordar que en 2012 el recorte en
políticas activas de empleo (inserción laboral) para las comunidades
autónomas fue de 1.735 millones, recorte que supuso que se anunciara el
despido de 1.500 promotores de empleo a 31 de julio y de 1.500
orientadores a 31 de diciembre de 2012, desmontando el plan
extraordinario de orientación, formación e inserción laboral y dejando
desprotegidas a las personas desempleadas.


Detrás de este recorte encontramos la voluntad de
privatizar definitivamente la intermediación laboral desmontando
cualquier servicio público de ayuda a las personas desempleadas. Esta
dogmática estrategia tendrá consecuencias desastrosas para millones de
desempleados dada la natural inclinación de la empresa de intermediación
privada a concentrarse en la búsqueda de empleo de las personas de más
fácil «empleabilidad», en perjuicio de aquellas con más dificultades en
la búsqueda de empleo. Dicho de otra manera, se ignora a los colectivos
más débiles como son los parados de larga duración.









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Estos presupuestos no sólo condenan a las personas
desempleadas a seguir paradas con las drásticas reducciones en el
programa de fomento de empleo, sino que también les condena a quedarse
sin ingresos.


El programa que gestiona las prestaciones económicas a los
desempleados se ha visto alarmantemente reducido en los PGE 2013, que han
recortado un 6,34% el conjunto de las prestaciones por desempleo. Este
año se presupuestan 1.807 millones de euros menos en total en
prestaciones para las personas desempleadas. Se han rebajado un 3,4% las
prestaciones contributivas y un 13,2% las prestaciones asistenciales.
Todo ello a pesar de que las previsiones del propio Gobierno son que el
desempleo para 2013 sea prácticamente idéntico que en 2012. Sin una
disminución del desempleo y con un sensible recorte en prestaciones
contributivas y un auténtico hachazo a los subsidios asistenciales por
desempleo hay dos opciones: o que se incumplan los presupuestos o que las
personas desempleadas vean recortados masivamente sus ayudas dejando a
centenares de miles de personas trabajadoras sin ningún tipo de
ingresos.


Así, todo parece indicar que los 450 euros del plan PREPARA
dejarán de abonarse el próximo mes de febrero, cuando caduca el actual
programa. Además de ello, se modifican las condiciones para las
prestaciones, se suprime el subsidio especial para mayores de 45 años y
el pago del 35% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los
desempleados.


El estado del malestar avanza también por las políticas de
recorte, repagos y privatizaciones en servicios esenciales como sanidad,
educación, servicios sociales o justicia, que paso a paso dejan de ser
servicios universales para convertirse en negocio de una minoría negando
principios como la igualdad de derechos o la igualdad ante la
justicia.


Además, el ajuste impuesto a las comunidades autónomas para
alcanzar el 0,7% de déficit, representa en la práctica una mayor
reducción de los gastos en los servicios sociales que gestionan
(educación, sanidad y dependencia, principalmente). Las comunidades
autónomas vendrán obligas a realizar un recorte cercano a los 7.000
millones de euros.


Por último, estos presupuestos para el año 2013 confirman
el desmantelamiento de la política de cooperación española al presentar
un nuevo descenso del 6,35%, que se suma al brutal recorte de los
presupuestos para 2012. En conjunto, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
se situará en el 0,20% de la renta nacional bruta, colocando a España a
niveles del año 1990 y a la cola de los donantes europeos.


La acción humanitaria se ve reducida desde 2011 en un 86%,
la ayuda dirigida a las organizaciones no gubernamentales disminuye un
17%. el Fondo de Agua y Saneamiento reduce su volumen en un 80% y el
18,8% de la AOD total corresponde al FONPRODE reembolsable, hecho que
demuestra la financiarización de la política de cooperación española y
que incumple el compromiso de no superar el 5% del total de la AOD.


También existen importantes contradicciones en la
distribución de la AOD en los diferentes ministerios, poniendo en duda
los objetivos de lucha contra la pobreza y la orientación de nuestra
política de cooperación. El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas gestiona el 40% de la ayuda española y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que es quien tiene
el mandato específico, tan solo gestiona el 13% del total de la AOD.


Unos presupuestos al servicio de la recentralización del
Estado.


Estos Presupuestos están también al servicio de una visión
centralista del Estado.


En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de
las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado
del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad. Si se
tienen en cuenta los recursos dedicados a sanidad en los PGE 2013, vemos
una reducción del 3,1%, fundamentalmente por el descenso de las
transferencias a las comunidades autónomas y, en concreto, por la
supresión de los créditos del Fondo de cohesión sanitaria destinados a la
compensación de servicios prestados a pacientes de otras comunidades. Los
fondos de cohesión sanitaria sufren una reducción del 61,1% y las
transferencias en el ámbito de la investigación sanitaria en las
comunidades disminuyen un 41,3%.


Los fondos finalistas tienen un descenso aproximado de 80
millones, un 11% menos, de los que destacan las reducciones en la Ley de
la dependencia, los programas de vivienda, los de agricultura y los de
educación no universitaria. En total, sumando las disminuciones de todas
las transferencias de las diferentes secciones, las comunidades autónomas
tendrán 1.116 millones de euros menos para el desarrollo de políticas
concretas.


Otro elemento que caracteriza estos presupuestos es la
falta de lealtad institucional.









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Nuevamente, se incumple la disposición adicional tercera
del Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en 2013 debería situarse
alrededor de los 719 millones de euros correspondientes a 2010.


Asimismo, y por segundo año consecutivo, se incumple la
disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, al destinar 262
millones de euros menos de lo que le corresponde de la inversión estatal
regionalizada. Este incumplimiento con Andalucía viene a sumarse al de
los PGE de 2012, con lo que en el conjunto de los dos presupuestos
elaborados por este gobierno del Partido Popular, el déficit de
inversiones presupuestadas en Andalucía asciende a 670 millones de
euros.


También se incumplen los mecanismos de bilateralidad
recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevén el estudio
previo de las inversiones estatales en esta Comunidad. De hecho, las
inversiones en Aragón se reducen en 2013 en un 30%, el doble que en el
conjunto de las comunidades autónomas, resultando especialmente grave el
hecho de que, desde el inicio de la crisis, las inversiones del Estado se
han desplomado en Aragón en un 75% en los últimos cinco ejercicios.


Todo ello se suma al hecho de que no se consignen partidas
presupuestarias de políticas cofinanciadas entre el Estado y las
comunidades autónomas o entes locales, o el impago de las deudas del
Estado con otras administraciones. Como ejemplos de esta deslealtad
podemos citar la nula inversión en la línea ferroviaria
Bobadilla-Ronda-Algeciras, que resulta imprescindible para el futuro del
Puerto de Algeciras, y la ridicula inversión de 19 millones de euros en
las cercanías ferroviarias de Barcelona, que se acumula al agravio
histórico e incumple las cifras pactadas en 2009.


Unos presupuestos alternativos creadores de empleo y de
actividad económica son posibles y realistas.


Hoy está claro que buena parte del déficit público y del
consiguiente volumen de deuda pública, se han generado fundamentalmente
por la desfiscalización del Estado mediante la reducción de impuestos de
las rentas más altas y las grandes empresas y por el endeudamiento
ocasionado para tapar las deudas del sistema financiero.


Desde mayo de 2010, fecha en que se toman las primeras
medidas de austeridad y salvo excepciones, todas las medidas de los
Gobiernos del PSOE y del PP han ido encaminadas directa o indirectamente
a salvar a los Bancos y Cajas y no a propiciar políticas para la salida
de la crisis. En los PGE 2013 la deuda aumenta en más de 13 puntos del
PIB, de la que el 43% es directamente nueva deuda del rescate bancario y
casi otro 19% es deuda a los bancos por pago a proveedores.


Entendemos que es hora de plantear la naturaleza de la
deuda y la posible ilegitimidad de una parte de la misma, cuestionando el
pago de los más de 38.000 millones de euros que representa el servicio de
la deuda en los presupuestos de 2013 y que limita la posibilidad de
recursos para crear empleo, estimular la economía y atender los servicios
sociales.


Según datos del Tesoro, hoy sólo el 34% de la deuda
soberana del Estado central está en manos de residentes extranjeros. Esto
permite también dar a la deuda un tratamiento distinto que el mero pago a
vencimiento.


En cuanto a las políticas de gasto, es preciso centrarlas
en la creación de empleo apoyando a la pequeña empresa y muy
especialmente a la economía social, en el estimulo de la inversión
pública, y en la defensa y desarrollo de los servicios sociales
(educación, salud y dependencia, entre otros).


Un aspecto complementario es la racionalización del gasto
público (que no es lo mismo que su disminución), incluyendo mecanismos de
control con la participación de los trabajadores del sector público y la
modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para asegurar la
trasparencia y el rigor de la licitación pública, evitar —en su
caso— la corrupción y asegurar la eficiencia y el impacto social
máximo del gasto público.


Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de
medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y la
justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el
déficit sin recurrir a más deuda pública.


Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el
fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de
38.000 millones de euros anuales. Los PGE 2013 reducen el presupuesto de
la Agencia Tributaria un 7,7%, dando cuenta de que no hay voluntad
política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.


En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o
el 25%, la realidad es que el tipo efectivo se sitúa en el 11,6% de forma
que las pequeñas y medianas empresas pagan en la práctica bastante más en
proporción sobre sus beneficios que las grandes empresas. Con la
finalidad de corregir esta injusta situación









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proponemos que se eleve hasta el 35% el tipo del impuesto
para beneficios superiores al millón de euros y que la suma de
desgravaciones, subvenciones y ayudas (los llamados en conjunto
beneficios fiscales) no pueda significar en ningún caso tipos efectivos
inferiores al 25% en aquellos contribuyentes que tributan al tipo
general. La recaudación potencial de estas medidas podría representar
otros 20.000 millones de euros.


Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de
Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre
las SICAV, o un tributo que grave la tenencia en el momento de la
adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores
a los 12.000 millones de euros.


Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los
rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos
de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la
recaudación del tributo.


En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación
afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los
contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a
consumir es menor. Podríamos así revertir la subida del IVA que es
regresiva e injusta porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos
con bajos ingresos y que afecta negativamente a la recuperación de la
economía al retraer el consumo.


En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para
una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y
limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si
se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de
las grandes empresas y de los bancos.


Por todo ello, y porque consideramos que hay alternativas
tanto en la forma de repartir los recursos de la economía española como
en la forma de concebir la sociedad y la economía española en el marco de
la Unión Europea, presentamos este Veto al Proyecto de Ley de los
Presupuestos Generales del Estado para 2013.



La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), la Senadora Iolanda Pineda Balló (GPEPC), el Senador
Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2012.—Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Iolanda Pineda Balló, Joan Sabaté Borràs
y María Jesús Sequera García.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 5


De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de doña
Iolanda Pineda Balló (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña
María Jesús Sequera García (GPEPC).


La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), la Senadora Iolanda Pineda Balló (GPEPC), el Senador
Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013, remitido por el Congreso de los Diputados a esta Cámara
continua adoleciendo de parecidos defectos en origen a los del ejercicio
del 2012.


Es el intento de acomodar un Estado de ingresos y gastos al
cuadro macroeconómico y a los objetivos que el Gobierno ha asumido ante
la Unión Europea.


Estamos delante de unas previsiones de ingresos y de gasto
que no se van a cumplir porque están sustentadas en previsiones sobre la
evolución de la economía española poco creíbles.









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Esta no es una apreciación subjetiva, ya que es compartida
por los diversos servicios de estudios y por instituciones como el FMI y
la Unión Europea.


¿Todos se equivocan, y el que acierta es el Gobierno
español en sus previsiones? Nadie lo cree así.


Por lo que hace referencia al crecimiento de la economía,
el Gobierno en estos PGE, continúa manteniendo que la caída del PIB para
el 2013 será del – 0,5 %, cifra que dista mucho del – 1,4 %
que prevé la UE y la mayoría de analistas.


El cuadro macroeconómico que acompaña los PGE 2013,
contempla un déficit del – 4,5% cuando la UE lo eleva al – 6%
igual que prevé que el 2012 finalice con 1,7 puntos más que los previstos
por el Gobierno.


En lo que hace referencia al desempleo, las previsiones del
Gobierno también se quedan cortas, frente al 24,3% del Gobierno la UE
prevé un 26,6%.


Este último dato es sorprendente, porque refleja una
previsión de reducción del desempleo sobre el objetivo del 2012, que era
el 24,6%, y que se ha superado ya en gran medida.


Las previsiones respecto al comportamiento de nuestro
sector exterior vuelven a no ajustarse parámetros creíbles.


¿Es realista un incremento de un 6% de las exportaciones en
el marco de una zona euro en recesión en estos momentos, con una
previsión de crecimiento de la misma del 0,1 % para el 2013?
Evidentemente no.


No olvidemos que 2/3 partes de nuestras exportaciones
tienen como destino el mercado comunitario.


Sin entrar a considerar otras variables del cuadro, es
evidente que las previsiones de ingresos y gastos realizadas en base al
mismo no se cumplirán, especialmente si nos atenemos al efecto del
multiplicador fiscal.


Ni el incremento del IVA realizado en julio tendrá el
impacto en la recaudación que se pronostica para el 2013 (+ 14,6% sobre
el presupuestado en el 2012) ni es realista un incremento del 3,8 % en la
recaudación estimada para el IRPF.


Igualmente pasa con los impuestos especiales.


Ello es porque la demanda interna seguirá cayendo, como
prevén todas las previsiones, excepto las del Gobierno.


Más paro, más desconfianza, reducción de la tasa de ahorro,
menos renta disponible, menos consumo.


Tampoco está previsto incrementos espectaculares en la
recaudación fruto de la lucha contra el fraude y el blanqueo. A pesar de
los cambios normativos aprobados o en curso, con una AEAT, que reduce sus
gastos de personal, cuando sus medios son ya muy inferiores
comparativamente a la de otros países del entorno, es difícil avanzar.
Normas como la amnistía fiscal del 2012, además desincentivan, son
antipedagógicas, tremendamente injustas y no ayudan sino lo contrario en
la lucha contra el fraude.


El Gobierno además, ha descartado una reforma fiscal, en
profundidad, que comporte un reparto más equitativo de la carga entre las
rentas del trabajo y del capital, cada vez más descompensada en favor de
estas últimas.


Ni reforma fiscal, ni políticas de estímulo a la economía
para favorecer el crecimiento y el empleo, ni tampoco previsiones y
propuestas para cambiar la orientación de las políticas europeas
condicionadas por la agenda alemana.


Puro seguidismo acrítico de la agenda de los ajustes y
austeridad. Únicamente ajustes y austeridad, esa es la posición
ideológica, el sustrato de estos PGE, como si no hubiera otra
alternativa, cuando incluso el FMI llama a la UE, a reconsiderar el ritmo
del ajuste especialmente en los países de la recesión.


No son estos PGE 2013, unos presupuestos que estén a la
altura de lo que necesita la economía española, ni los ciudadanos,
especialmente aquellos que están en peor situación.


No generan confianza, ni dentro del país, ni fuera por poco
creíble.


Pasamos ahora a analizar el Estado de Gastos.


En primer lugar, nos encontramos con un incremento
espectacular de la deuda que se prevé llegue al 90,5 % del PIB,
explicable en gran parte por el rescate bancario, el que nos decía en
Gobierno, que no computaría como deuda, que hace en su conjunto que la
partida de intereses crezca en un 30% hasta los 38.589 M¤.


Se reducen sustancialmente los recursos destinados a
estimular la economía y facilitar el crecimiento, contra todo sentido
común.


Así el I+D+i, consolida la caída del 25,5 %, los recursos
destinados al turismo caen un 24,5 %, porcentaje de igual caída en
aquellos que destina el ICEX a mejorar la internacionalización de
nuestras empresas y a dinamizar el sector exterior.


A ello habría que sumar la caída de las inversiones en
infraestructuras del 13,5%.









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Todo ello supondrá merma de estímulos, menos crecimiento,
menos competitividad, más desempleo y menos consumo.


También son espectaculares los recortes en las partidas de
lo que denominamos gasto social. Cae 0,24 puntos del PIB respecto al 2012
y 2,04 puntos respecto al 2011.


El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
encabeza los recortes reduciendo su presupuesto en un 22,6%. Reducción en
todos los programas, como ejemplo, dependencia, que pasa de 1.287 M¤ a
1.087 M¤. Así como se reduce en un 40% las transferencias de recursos
para servicios sociales concertados con las administraciones locales.


En el campo de la protección social vemos igualmente como
se reduce la protección a los programas (6,3% protección parados, 34,6%
formación de personas en paro, etc.) y como se prevé liquidar el Plan
Prepara de los 450 ¤ a su finalización en el mes de febrero.


Igualmente acentuados son los recortes en políticas
culturales, o las ejecutadas en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (reducción del 25,4%).


En lo referente al presupuesto de la Seguridad Social,
igualmente carecen de rigor las previsiones de ingresos y gastos.


Las cotizaciones sociales y de empresa se incrementan en un
1,6%, ¿creciendo el paro?, y los gastos en un 5%, poco creíble si vemos
la evolución de este año y consideramos además que los pensionistas
entrantes serán más y dispondrán de pensiones más altas que las que
tenían los que han causado baja.


Ello sin entrar a valorar el uso previsto del Fondo de
Reserva, nuevamente esta vez sin el colchón que ha supuesto en el 2012 la
utilización de los 4.500 M¤ del Fondo de Prevención de la gestión de
Mutuas.


Estos PGE 2013 tampoco favorecen la cohesión
territorial.


Incumplen las previsiones estatutarias respecto a la
inversión del Estado en las CCAA, en los porcentajes que fijan sus
estatutos.


En el caso de Cataluña, no sólo no se consigna la inversión
que correspondería (el 18,6% de acuerdo con nuestro PIB), y se
presupuesta un 11,9% de la inversión territorializada solamente. Además
no se contemplan los recursos necesarios para atender las liquidaciones
de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 de acuerdo con la metodología pactada
en su momento por los gobiernos de España y Cataluña, hoy vigente.


Igualmente, además los PGE contemplan recortes en programas
que afectan de manera singular a las CCAA, como por ejemplo los fondos de
cohesión sanitaria (– 61,1%) o el de investigación sanitaria
(– 41,3%).


Preocupante especialmente lo es también el recorte aplicado
en el ámbito de cultura o la aportación del Estado a los grandes
equipamientos de Barcelona (– 47%), así como a otros programas de
equipamientos culturales de interés general de Cataluña.


Estos PGE 2013, por tanto no son los instrumentos adecuados
ni para dinamizar la economía, ni para facilitar el crecimiento y el
empleo. No favorecen sino al contrario, la justicia social y la cohesión,
ni tampoco las necesidades y la cohesión territorial de España.



El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2012.—El
Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 6


Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)


El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN


Los Presupuestos para el año 2013 se van a aprobar, al
igual que los del año 2012, en el marco de una profunda crisis económica
y un contexto europeo cuyas instituciones restringen enormemente el
margen de maniobra presupuestario con exigencias extremas de recortes,
austeridad del gasto y reformas neoliberales en materia de empleo,
finanzas, y políticas sociales, entre otras.









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Por otro lado, lo que se denominan mercados se están
aprovechando de la debilidad de la economía española y la están poniendo
en un grave riesgo.


Una realidad, la de la crisis, y un contexto, el de la
Unión Europea y los mercados, que, en opinión del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, no auguran sino mayor crisis y unas perspectivas más
negativas sobre la posibilidad de salir de la misma.


Los datos de la economía española son realmente
preocupantes.


Según el propio Gobierno, el Producto Interior Bruto caerá
un 1,5% este año, así como un 0,5% el próximo. Continuará la destrucción
de empleo, y la tasa de paro se situará próxima al 25% (superando
ampliamente el 50% en el caso de los jóvenes). El número de parados se
acercará así a los 6 millones de personas. Este es el dato más relevante
para medir la profundidad de la crisis.


Además, en el año 2012, el objetivo de déficit público del
6,3% del P.I.B. para el conjunto de las Administraciones Públicas, será
superado ampliamente, y el «compromiso» ante la U.E. y los mercados de
reducirlo el próximo año hasta el 4’5%, con lo que implica de
aumento de impuestos y reducción de gastos públicos (incluida la
reducción de las pensiones y de las prestaciones por desempleo)
intensificará la crisis económica, que será mucho más profunda que la que
estima el Gobierno.


A esto hay que seguir añadiendo los problemas de fondo de
la economía española, no resueltos, y que es imprescindible solventar
para tener alguna posibilidad de que la recuperación económica pueda
iniciarse. Por ejemplo, el endeudamiento de empresas y familias; la
reforma pendiente, inacabada y mal gestionada, del sector financiero; las
consecuencias de la reforma laboral, ….. Sin olvidar la permanente
improvisación del Gobierno que semana tras semana, mediante Real
Decreto-Ley, adopta medidas de subida de impuestos, recortes de gasto,
como en educación y sanidad, y amnistías fiscales, cuyo rumbo es difícil
adivinar.


El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal
acordados con la Unión Europea son implacables y exigen que se recorte el
déficit público hasta alcanzar este año 2013 el 4,5% del PIB.


Y a éste sólo criterio, al del ajuste, responden unos
Presupuestos, los del 2013, que nos sugieren algunas reflexiones.


La primera es que una política de extrema austeridad va a
agravar la crisis. No podemos creer que de la austeridad se derive la
credibilidad, y que de ésta se derive el crecimiento económico y el
empleo. Menos gasto y más impuestos deprimen la demanda, generan más paro
y menor crecimiento, lo que puede introducirnos en un círculo vicioso muy
negativo.


La segunda es que, además no va a ser posible reducir el
déficit público en la cuantía cifrada. Y eso pese a los inmensos
sacrificios que se contienen en el Proyecto de Ley. Es lo que indica la
experiencia reciente.


La tercera es la falta de credibilidad y rigor técnico de
las propias previsiones de ingresos y gastos, y las dudas sobre el
cumplimiento en materia de déficit público, tal y como reconocidas
instituciones y economistas de prestigio están poniendo de
manifiesto.


Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, por lo
tanto, no van a permitir que la economía mejore a corto plazo, sino todo
lo contrario. Pero tampoco incorporan medidas para mejorar la
competitividad y la productividad a medio y largo plazo.


La inversión pública se reduce (inversiones reales y
transferencias de capital) en un 20% aproximadamente (un 30% en el 2012),
y la I+D+i lo hace en un porcentaje similar, lo que condicionará el
crecimiento y el empleo futuros. Los recortes en las políticas activas y
en educación apuntan en la misma dirección.


Cabe concluir, en consecuencia, que los Presupuestos 2013
no son adecuados para enfrentarse a la crisis económica, ya que no la
mejoran sino que la empeoran.


Otra reflexión relevante para el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado se deriva del análisis del impacto de estos Presupuestos en
Euskadi.


Las inversiones reales en Euskadi se limitan prácticamente
a un único proyecto, el de la Y ferroviaria vasca, gestionado por el
ADIF.


La dotación para el 2013 asciende a 190 millones de euros,
un 40% inferior a lo presupuestado para 2012, y un 60% inferior a lo que
en el presupuesto de ese año se estimaba como anualidad para 2013.


Esto significa que un proyecto clave para el desarrollo de
Euskadi se demora «sine die» con las negativas consecuencias que de ello
se derivan.









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Por otra parte, el Gobierno incumple el compromiso firmado
con el Gobierno Vasco en relación al Proyecto de Espalación que se está
construyendo en Euskadi, sin ninguna explicación, y sin que aparezca
crédito presupuestario alguno.


Además, multitud de subvenciones a la I+D+i y al mundo de
la cultura, desaparecen o experimentan reducciones injustificables.


Un segundo motivo de rechazo a los Presupuestos es, por
consiguiente, que también son negativos para Euskadi.


En definitiva, unos Presupuestos negativos para la
economía, y negativos para Euskadi, no pueden contar con el apoyo del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y es lo que justifica y explica
la presentación de esta Propuesta de Veto.



El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), la Senadora
Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto
Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2012.—Urko
Aiartza Azurtza, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga
Osoro.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 7


De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de doña Amalur
Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)


El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), la Senadora
Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga
Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al
Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN


Con carácter general, el Proyecto de Presupuestos aprobado
por el Gobierno para el próximo año 2013 que se está tramitando en ésta
Cámara, no da solución, ni a la grave crisis económica, ni a la crisis
social, ni a la crisis política e institucional, sino que, con carácter
general, va a profundizar y agravar todos estos problemas.


Con completa seguridad puede afirmarse que el citado
Proyecto, de salir adelante, va a generar más recesión y desempleo, a la
par que consolidará un modelo socioeconómico cada vez más neoliberal que
asienta sus ingresos sobre la base de la población asalariada, mientras
protege a los capitales, rentas y beneficios que siguen eludiendo la
contribución fiscal.


Junto a este planteamiento de apoyo a la economía
especulativa y financiera, el Proyecto de Presupuestos refleja una falta
de compromiso real con la economía productiva y social, el bienestar
social de la población, el respeto al medio ambiente y el reconocimiento
de la economía de los cuidados, en especial en todo lo relacionado con el
trabajo reproductivo realizado de forma casi exclusiva por las
mujeres.


Se trata de un Proyecto de Presupuestos que sigue
recortando de forma general y grave el gasto social y debilitando los
servicios públicos, a la par que prioriza por encima de todo ello la
amortización de una deuda en gran medida ilegítima. Junto a ello, estos
Presupuestos no tienen como prioridad directa la creación de empleo
—mucho menos aún, de empleo de calidad— e imposibilita la
puesta en marcha de otro modelo económico y social alternativo que
posibilite el desarrollo social sostenible de la economía.


Por último, el Proyecto hace oídos sordos al clamor
creciente que desde Catalunya, Euskal Herria, etc…, reclama la
superación del modelo de Estado-nación de la frustrante Transición y
exige avanzar en el proceso de normalización política y de resolución del
conflicto político existente entre Euskal Herria y el Estado, así como
abrir las puertas a que las aspiraciones de soberanía de estas naciones
puedan ser materializadas por medio de decisiones libre y
democráticamente adoptadas por las mismos.









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La negación de ese derecho a decidir, por parte del Estado
Español, a Euskal Herria tiene también un alto precio reflejado en el
presupuesto del 2013, tal cual se evidencia en las cantidades
presupuestadas para el cupo, tanto de la CAV como de Nafarroa. Marco
negador de nuestros derechos y cupo que asfixia nuestra economía y nos
obstaculiza como pueblo el avanzar hacia a la soberanía económica, así
como hacia un nuevo modelo económico y social alternativo.


Las previsiones sobre las que se asientan los presupuestos
no guardan relación con la realidad y esconden nuevos recortes y ataques
a los derechos sociales.


Al igual que sucedió con los Presupuestos del año en curso,
2012, las previsiones sobre las que se fundamenta el Proyecto de
Presupuestos de 2013, pecan de optimistas.


Según el Gobierno, el futuro inmediato puede definirse como
de «recesión suave» que supondrá un descenso del 0,5% del PIB para 2013.
Sin embargo, contradiciendo frontalmente estas previsiones, el FMI acaba
de afirmar hace tan sólo unos días que el Estado Español, junto con
Grecia, serán las economías que, a nivel mundial, tendrán una peor
evolución durante 2013. Así, frente a ese 0,5% previsto por el Gobierno,
el FMI prevé una caída del PIB del 1,3%, es decir, un 260% superior al
que sustenta el Proyecto.


En el mismo sentido, el propio Servicio de Estudios del
Banco de España ha calificado también estas previsiones de optimistas y
afirmado que la contracción económica durante 2013 será de entre el 1% y
el 1,5%.


Es evidente así que el objetivo del Gobierno de dejar el
déficit público en un 4,5% a final de 2013, es completamente
inalcanzable, tal como es señalado por el FMI, quien calcula que éste no
bajará del 6,7% del PIB. En esta misma medida, el objetivo de llegar a un
3% de déficit no se alcanzaría hasta 2017, tres años después de lo
previsto por el Gobierno.


Tales previsiones, corroboradas por los informes realizados
desde otras instancias privadas y públicas, echan por los suelos los
pilares sobre los cuales se asientan estos Presupuestos. En esta medida,
caso de aprobarse los mismos en sus propios términos, no tendrán
viabilidad alguna y tendrán que ser sometidos posteriormente a todo tipo
de ajustes y cambios —algo parecido a lo acontecido con los de
2012—, dejando así a la sociedad sin otras referencias
presupuestarias que la cambiante voluntad y arbitrariedad del
Gobierno.


Es por ello que no nos cabe duda de que quien ostenta la
responsabilidad de elaborar estos Presupuestos sabe perfectamente que sus
previsiones no se van a cumplir. Sin embargo, unas previsiones más
«realistas» supondrían afirmar unas cifras socialmente más hirientes
desde el primer día, con lo cual, el ocultamiento de la realidad no tiene
otro objetivo que el de proceder a mayores recortes sociales en
diferentes momentos.


Por todo ello, este exagerado «optimismo» a la hora de
sentar las previsiones sobre las cuales se fundamentan estos Presupuestos
es razón más que suficiente para acordar la devolución de este Proyecto a
fin de que el mismo sea reelaborado atendiendo a la situación económica y
social realmente existente y no a las conveniencias políticas,
electorales y mediáticas que pueda tener este Gobierno.


Los presupuestos de 2013: las finanzas por encima de las
personas.


El 22,7% del presupuesto dedicado al pago de intereses de
deuda


Desde un punto de vista humano y social, resulta insultante
comprobar cómo, un año más, los intereses de las finanzas y los bancos
son puestos por delante de los de las personas, incrementándose el pago
de la deuda pública en un 33,7% los gastos financieros, mientras que el
conjunto de gastos ministeriales (en los Ministerios sociales los
recortes son aún mucho mayores), el recorte promedio es de un 8,9%.


Por primera vez en la historia —exceptuada la partida
correspondiente al pago de las pensiones—, el coste de la deuda
pública se convierte en 2013 en la mayor partida de los Presupuestos del
Estado (38.615 millones de euros), superando así a otras como los gastos
de personal de todo el funcionariado público (27.672 millones de euros) o
el conjunto de los gastos de fomento del empleo y prestaciones por
desempleo (30.765 millones).


Supeditación y ocultismo en la elaboración de los
presupuestos.


Todo ello es consecuencia de la supeditación de la política
económica y social del Estado a los imperativos de la «troika» y la
conversión del Gobierno del PP en un mero transmisor de las decisiones de
ésta. Ni que decir tiene, en esta medida, que los Presupuestos han
carecido del más mínimo nivel de participación sindical, social y público
y que, por el contrario, han sido elaborados bajo estrictos criterios









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de secretismo y ocultismo. Son los lobbies financieros y
grandes corporaciones económicas las que determinan las grandes
prioridades de estos presupuestos.


Gracias a esa política, se está dando un proceso continuado
de conversión de la deuda privada acumulada por la Banca española durante
los años dorados de la especulación cementera y el pelotazo urbanístico
(créditos asumidos con la gran Banca internacional, sobre todo alemana y
de otros países de Europa), en deuda pública asumida por éste y el
anterior Gobierno, cuyo pago se hace recaer sobre los presupuestos
públicos y, sobre todo, con cargo a fuertes recortes las partidas
sociales de los mismos: educación, sanidad, prestaciones, inversiones
públicas,…


Deuda odiosa, ilegítima e inmoral.


Por el contrario, las medidas a adoptar debieran de pasar
por la realización en primer lugar de una auditoría precisa de la deuda
existente a fin de determinar cuanta parte de la misma corresponde a
operaciones puramente especulativas realizadas al amparo del boom
inmobiliario, a la realización de grandes e inútiles infraestructuras
(radiales, aeropuertos, TAV,…) o a la generada en estos últimos
tres años en que los bancos han estado comprando dinero al BCE a un tipo
de interés bajo —1%— para después comprar al Estado deuda
pública (bonos, obligaciones,..) a unos intereses bastante más altos
—del 4% al 7%— en operaciones puramente especulativas.


Es preciso por ello oponerse firmemente al pago de esta
deuda odiosa, ilegítima e inmoral. Y solamente después, una vez aligerado
substancialmente el importe de la deuda y tras situar las necesidades y
derechos de las personas por encima del pago del resto de la deuda,
acomodar los posibles pagos de la misma a las prioridades derivadas de lo
anterior.


Priorizar las necesidades sociales.


El análisis de estos Presupuestos pone de manifiesto el
fortísimo recorte a dar al conjunto de gastos ministeriales, que alcanza
el 8,9%. Claro está, este porcentaje es el promedio del conjunto de
Ministerios, pero si se analiza uno a uno los mismos puede verse que, al
igual que sucedió en 2012, son los Ministerios sociales (Sanidad,
Educación, Empleo,..) los que sufren los recortes más grandes, mientras
que los ligados al aparato del Estado (Presidencia, Defensa,
Interior,…) son los mejor tratados.


Es insultante que, mientras que el pago de la deuda y los
gastos financieros se incrementa en un 33,7%, el Ministerio de Sanidad,
una vez excluidas las partidas referidas a aportaciones pendientes de
realizar a la Seguridad Social y el dinero ya comprometido por años
anteriores, ve reducido su presupuesto real de gasto en un 28,6%. Otro
tanto sucede con el de Educación, Cultura y Deporte que lo hace en un
17,2%, lo cual supone que en Educación, sumando los recortes actuales a
los de 2012, se alcance un total de recorte de un 31% en tan sólo dos
años.


Algo parecido ocurre con el Ministerio de Empleo y
Seguridad social en el que, excluidas también las aportaciones pendientes
a realizar y las obligaciones de pago procedentes de ejercicios
anteriores, contiene un recorte real, neto, de un 8,3%. Más escandaloso
es aún contemplar como, a pesar de dibujarse un futuro de recesión e
incremento del paro, las prestaciones y subsidios de desempleo
experimentan un retroceso del 6,3% y las políticas de fomento de empleo
son sometidas a un brutal recorte del 34,6% del total presupuestado para
2012.


El hundimiento del mercado laboral ha arrastrado consigo a
las cuentas de la Seguridad Social, habiéndose tenido este año que romper
la hucha del Fondo de Reserva para pagar ya las pensiones de 2012. Junto
a ello, el próximo mes de noviembre deberán revalorizarse las pensiones
conforme al incremento del IPC que ya ha desbordado con mucho las
previsiones hechas por el Gobierno en los Presupuestos de 2012. Ante
esto, sin embargo, las respuestas del Gobierno no solo no han dado una
respuesta satisfactoria a esa obligación legal de regularizar las
pensiones, sino que anuncian una nueva reforma del régimen de
jubilaciones que, a la vista de la filosofía de recortes sociales
contenida en estos Presupuestos, es más que probable que afecten también
de una forma muy negativa a las pensiones.


Los recortes son también muy importantes en otros
Ministerios: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (25,4%);
Industria, Energía y Turismo (21,3%); Fomento (17,2%),…


Por el contrario, los que se sitúan por debajo del promedio
de recorte ministerial del 8,9% son el Ministerio de Interior (6,0%),
Justicia (4,2%), Presidencia (4,3%), Defensa (6,0%)… A destacar en
cualquier caso cómo, en el caso de Defensa, si bien en los Presupuestos
de 2012 fue también uno de los Ministerios menos recortados, al final
resultó ser el único que tuvo un incremento real en sus partidas debido a
un









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crédito extraordinario aprobado para el mismo el pasado mes
de septiembre. Por último, señalar también cómo en el caso del Ministerio
de Presidencia, el recorte recae sobre las espaldas del funcionariado,
quien ve nuevamente congelados sus sueldos y plantillas, con el deterioro
de servicios públicos que conlleva esto último.


Estos Presupuestos impulsan así el desmantelamiento del
sector público en favor de la privatización de servicios esenciales
(Educación, Sanidad, atenciones sociales,…), lo cual conduce a un
claro debilitamiento de los niveles de bienestar social alcanzado y al
desamparo de una parte cada vez más grande de la sociedad: más de diez
millones de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza, cinco
millones y medio de personas desempleadas, dos millones de personas que
carecen de ingreso salarial o social alguno,…


Es evidente por ello que hace falta dar un cambio radical
en la política de gastos y situar las prioridades en una dirección
completamente opuesta a la afirmada por este Proyecto. Se trata así de
recortar y suprimir en buena medida los gastos y presupuestos militares,
policiales y de la Casa Real, congelar y anular los presupuestos de
inútiles infraestructuras (TAV, autovías,…) y situar las
necesidades de la población empobrecida y en paro por encima de todas
estos gastos.


Incrementar los ingresos fiscales cargando el mayor peso de
éstos sobre los grandes ingresos y rentas.


La crisis fiscal que padece el Estado Español es, por
encima de todo, una crisis de ingresos. En la economía española, durante
la crisis, la presión fiscal ha descendido un 6% del PIB, cayendo del 41%
al 35%. Por el contrario, en otros países europeos la presión fiscal se
ha mantenido.


En el Proyecto de Presupuestos para 2013, si bien el
aumento total de la recaudación por los distintos tributos (IRPF,
Sociedades, IVA, Especiales, tasas) se prevé que crecerá en un 3,7%, es
preciso destacar que ese incremento se sustenta en última instancia en la
subida brutal del IVA realizada el pasado julio. De esta manera, al
tratarse éste de un impuesto indirecto no basado en las rentas,
beneficios, ni propiedades, sino en el consumo de quien lo realiza, hace
que sean las clases menos pudientes las que tengan que pagar, en
proporción, una mayor parte de su importe.


Por el contrario, el Proyecto de Presupuestos debiera de
contemplar, junto a la anulación del último incremento general del IVA,
una subida general de los ingresos tributarios resultante de aumentar
sustancialmente la progresividad de los impuestos directos (IRPF,
Sociedades,..) haciendo recaer el peso de estos aumentos sobre los tramos
más altos de los mismos. En esta misma medida, debiera aprobarse un
fuerte impuesto sobre las grandes fortunas y suprimir la figura de las
SICAV, así como duplicar los medios materiales, humanos y presupuestarios
precisos para hacer frente al fraude fiscal que, como es sabido, se
practica sobre todo por parte de las grandes empresas y rentas.


La reciente propuesta de la Diputación de Gipuzkoa de
establecer un Impuesto sobre las Grandes Fortunas (se calcula que con
ello van a incrementarse los ingresos en un 30% con respecto del Impuesto
sobre Patrimonio), pone en evidencia las posibilidades y, a la vez, la
falta de voluntad política para llevar a cabo un reforma fiscal
progresiva que genere recursos suficientes y posibiliten un sector y
servicios públicos suficientes.


Hacer frente a la crisis institucional.


Pareja a la crisis económica y social, la crisis
institucional que venía larvándose en los últimos años, especialmente en
Euskal Herria, ha terminado estallando tras la realidad puesta de
manifiesto por la Diada de Catalunya. Se ha evidenciado que aquella
Transición fraudulenta y la Constitución de ella derivada, no han sido
capaces de dar una respuesta democrática y respetuosa para con la
voluntad de la ciudadanía, a la realidad de las distintas naciones sin
estado que hoy se encuentran dentro del actual Estado español.


Treinta y cinco años después de aquello, el problema
nacional irresuelto está de nuevo presente en todos los debates públicos
hoy presentes tanto en el propio Estado Español como a nivel
internacional. Sin embargo, el proyecto de Presupuestos para 2013, lejos
de atender, siquiera de forma mínimamente satisfactoria, a las ansias de
soberanía evidenciadas, apuesta por avanzar en una dirección
completamente contraria.


Comenzando por aquella modificación constitucional adoptada
el pasado año con celeridad, secretismo y falta total de debate, que
subordinó el conjunto de presupuestos públicos a las exigencias de
contención









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del déficit público y pago de la deuda, pasando por las
distintas medidas adoptadas en el ámbito financiero, laboral, social,
fiscal…, la política del Gobierno ha impuesto una recentralización
de competencias de todo tipo. Se ha reforzado así el carácter centralista
de este Estado en una dirección completamente contraria a la exigida hoy
en día por las naciones sin estado.


Soberanía económica, fiscal, financiera y social para
Euskal Herria.


En esta misma medida, y en lo que hace referencia a Euskal
Herria, el Gobierno del PP está imponiendo todo un conjunto de medidas y
recortes amparándose en unos marcos institucionales estatales, a pesar de
que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo
(Comunidad Autónoma Vasca –CAV– y Foral de Navarra) es
ostentosamente minoritaria (23%) y que su política económica y social
está siendo rechazada hoy en día por porcentajes cercanos al 90% de la
población (encuesta INE, septiembre) e, incluso, por sus propios
Parlamentos autonómicos y Juntas Generales.


El mantenimiento de este marco político tiene un coste
concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2013 recogen las
cantidades de 551,08 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 920
millones en el cupo de la CAV. Estas enormes cantidades van a parar,
entre otros destinos, a correr con los gastos de la Monarquía, las
fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes
infraestructuras inútiles y, como no, al pago de la deuda. Y en la medida
que sube la deuda a pagar a los bancos, sube también el pago que la
ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales. Unos pagos
que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner
en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria.


Constatamos igualmente que el presente proyecto de cuentas
públicas para 2013 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera
en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva
etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto
político.


Se hace aún más necesario que nunca la exigencia para
Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera,
fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia
realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes
estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para
nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el
reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y
prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva.
Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de
una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.


Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y
economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los
cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la
economía social; desarrollar decididamente la I+D+I; asentar la
agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria,.. Y
todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan
de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos
que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda
injusta e ilegítima.


Por todo ello, en base a la ineficacia frente a la crisis
económica, a su papel de impulsores de la crisis social, a su
contribución en la profundización de la crisis institucional y en que sus
fundamentos no responden a la realidad política, social y económica de
Euskal Herría, los Senadores de AMAIUR presentan esta enmienda a la
totalidad y piden la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2013.










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El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2012.—El
Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 8


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de
Ley.


JUSTIFICACIÓN


La vigente coyuntura exige que el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2013 presentado por el Gobierno
afronte dos grandes retos. El primero, impulsar un proceso de
reactivación del crecimiento y de la creación de empleo. Sin crecimiento
y creación de empleo los problemas sociales y económicos del estado
español sólo pueden aumentar. El segundo, cumplir con los compromisos
europeos en materia de déficit y ello el Estado debe hacerlo
solidariamente con las administraciones territoriales. El análisis global
y pormenorizado de los Presupuestos permite afirmar que ni cumplen con el
primero ni con el segundo de los retos.


Es más, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno:


— Es poco creíble respecto a las previsiones de
evolución del PIB que plantea y respecto a las concreciones sobre la
previsible evolución de ingresos y gastos públicos.


— No reduce el déficit de la administración central,
al contrario, lo aumenta substancialmente.


— No incorpora ni una sola medida para estimular el
crecimiento y el empleo con el fin de salir de la crisis.


— Concentra el ajuste en materia de gasto sobre las
políticas sociales y en particular sobre aquellas que gestionan las
Comunidades Autónomas.


— Es un proyecto de presupuestos que de nuevo da la
espalda a Catalunya, no cumple con lo establecido en la disposición
adicional 3.ª del Estatut, ni con la mayoría de proyectos emblemáticos de
inversión que urge abordar en Catalunya.


— No aporta ni transparencia ni perspectivas de
futuro respecto a la evolución que va a seguir nuestra economía en los
próximos meses. Es más, si el Gobierno decide solicitar el rescate, tal
como le está planteando el FMI, la Comisión Europea y demás instituciones
internacionales, ¿hasta qué punto van a tener validez estos
presupuestos?


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió presenta una enmienda a la totalidad solicitando
su devolución al Gobierno.



II. ENMIENDAS QUE IMPLICAN LA IMPUGNACIÓN COMPLETA DE UNA
SECCIÓN (ARTÍCULO 149.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO)


ENMIENDA NÚM. 42


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.









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JUSTIFICACIÓN


Los senadores de IU, presentan este veto a la sección 12
por estar en contra de los principales objetivos políticos que se plantea
en sus distintos programas e incluso en sus prioridades y previsiones
económicas para hacerlos realidad.


Efectivamente, tal y como apuntaban los PGE 2012, a lo
largo de los PGE 2013 se consolida la tendencia de la política exterior
española a retornar como punto de partida 2004, optando por la
confrontación y dejando en el olvido relaciones internacionales basadas
en el dialogo político y la cooperación.


Nada cambia, si en el ejercicio anterior apuntábamos la
actuación REPSOL YPF en Ecuador objeto de numerosas denuncias de daños
medioambientales violaciones de derechos humanos y derechos de los
pueblos indígenas o la nacionalización de YPF como una clara muestra de
la política exterior de reacción del Gobierno de España a la legítima
nacionalización de YPF en Argentina, o más recientemente el fuerte
rechazo de las comunidades indígenas campesinas de Barillas en Guatemala
contra el proyecto de la empresa española Hidralia, a la que incluso se
la vincula con el asesinato de un líder comunitario, ponen en evidencia
que el Gobierno español sigue el mismo rumbo en su política exterior,
supeditando su acción del Estado en el exterior a los intereses de las
grandes multinacionales españolas de los diversos sectores.


Estos senadores no pueden permanecer impasible, y mostramos
nuestra oposición a unos presupuestos que en la práctica no irán
destinados a cumplir el objetivo de colaborar en la creación de orden
mundial justo y solidario y que incumple los compromisos adquiridos por
España en la lucha contra la pobreza.


Además, el recorte en el presupuesto de esta sección del
11,2% con respecto al 2012 y un recorte acumulado de más del 50% va a
situar la política exterior a la altura de una política de Estado. La
reducción de 70 a 35 de distintos países y organismos internacionales
donde España contradice los propios objetivos marcados por el Ministerio
de fortalecimiento de la política exterior de España y de la marca
España. Este presupuesto significará debilitamiento de la acción
bilateral, multilateral y diplomática. El recorte se traducirá en menor
presencia y representación tanto en la UE como en los organismos
multilaterales.


Igualmente importantes son los recortes de personal que
definitivamente parece que no solo tendrán un impacto negativo en la
acción consular sino que además certifican la renuncia de este Gobierno a
llevar a cabo la reforma del servicio exterior de España que aún está
pendiente. Quizás el retroceso más importante lo veremos en el Instituto
Cervantes, con un descenso del 13,9%, que se traducirá en el cierre de
centros importantes.


En cuanto a derechos humanos, queda claro que tampoco es
una prioridad del Ministerio. Parece que nada cambia, inmovilismo
absoluto ante las violaciones de Derechos Humanos en Palestina, Sahara
Occidental o Guinea Ecuatorial, por citar algunos ejemplos, en los que
lamentablemente la política exterior del Estado no se implica. La defensa
y protección de los derechos humanos es la partida que mayor recorte
sufre en las transferencias destinadas a entidades sin fines de
lucro.


Por último, la política de cooperación de este Gobierno nos
conduce a la liquidación del sistema público de cooperación internacional
para el desarrollo. Y estos PGE 2013 son el finiquito.


La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo supera el
12,78% (300, 26 millones de euros menos que en 2012) situando la
previsión para este año en el 0.20% de la RNB, alejándonos del 0.7% en
2015 comprometido en el Pacto de Estado contra la Pobreza.


La cooperación internacional no debe someterse a la
inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público
sostenido. El recorte de este año se suma a los más de 1.632 M de
reducción que se hicieron en el 2012, lo que implica el desmantelamiento
de la política de cooperación española. Además cabe destacar que del
total de fondos destinados a AOD, un 60% estará gestionado por
ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, que es el órgano responsable de la dirección de la política
de cooperación y el único que cuenta con una Agencia especializada y con
capacidades, la AECID, en la materia.


Un desmantelamiento que se ilustra en la reducción de casi
un 30% en el presupuesto de la AECID, que ya había experimentado un
recorte muy importante en su presupuesto de 2012, con lo que acumula un
descenso en sus fondos de más de 600 M en los dos últimos ejercicios
presupuestarios. Ello supone que únicamente el 14% del total de la AOD de
la Administración General del Estado será gestionada por la AECID.










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31




ENMIENDA NÚM. 54


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.


JUSTIFICACIÓN


Las reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno
junto a las anunciadas a lo largo de la legislatura, sustentadas por los
presupuestos de la sección 2012 y 2013, suponen en su conjunto un ataque
sin precedentes al servicio público de la Justicia.


Pese a ser la partida que menos se reduce en los PGE 2013,
resulta ilustrativo que no haya mención alguna al carácter de servicio
público de la Justicia. Toda una declaración de intenciones que parece
encontrar acomodo en las reformas propuestas por el Gobierno y en las
prioridades del gasto en la sección.


Con el presupuesto presentado por el Gobierno difícilmente
se podrá acometer con éxito ni siquiera una mínima parte de los problemas
pendientes de la justicia española: modernización e implantación de la
oficina judicial, nuevo mapa judicial, revisión de las retribuciones del
personal al servicio de la Administración de Justicia no transferido a
las Comunidades Autónomas, mejora en materia de infraestructuras, nuevas
tecnologías, etc.


En el programa relativo a la organización de la actividad
judicial enmarcado en el denominado Plan de Acción 2012-2014, nos
encontramos con la siguiente afirmación: «En estos momentos en España se
produce un abuso en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la
segunda instancia, que ha originado, el colapso de multitud de nuestros
órganos judiciales».


Consideramos inaceptable que el Gobierno califique como
«abuso» el acceso de la ciudadanía a un servicio público, como el que
presta la administración de justicia, y más aún que se señale como
culpable del «colapso de multitud de órganos judiciales» a quienes
acceden a ellos en busca de la tutela de sus derechos. Se trata del mismo
discurso que culpabiliza a los ciudadanos de «vivir por encima de sus
posibilidades», y cuyo argumento se utiliza del mismo modo en la sanidad
(volvemos a encontrar el abuso en la asistencia sanitaria o uso de
medicamentos) o en la prestaciones por desempleo.


Nuestro Grupo Parlamentario se ha opuesto reiteradamente al
llamado copago en el servicio público de la administración de justicia,
así lo hemos manifestado en esta Cámara y consecuentemente hemos
registrado una enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Tasas.


Tanto el Proyecto de Ley de Tasas, como estos PGE, sólo
pueden interpretarse como un ataque más un servicio público. Un ataque
que en la práctica se va a traducir en la imposibilidad de acceso a la
Justicia de gran parte de la ciudadanía. Un ataque que choca con el
artículo 24 CE, que reconoce el derecho fundamental a obtener la tutela
judicial efectiva de los Jueces y Tribunales. Las reformas de este
Gobierno y estos PGE son un obstáculo, para muchos ciudadanos/as
insalvable, para el acceso a la primera instancia y segunda instancia e
impedirá acceder a la casación.


En relación con la oficina judicial, el Ministerio de
Justicia ha paralizado la implantación de la oficina judicial, y
especialmente parece haber renunciado al verdadero motor de la misma, el
Servicio Común de Ordenación Procesal.


Pese a las reticencias corporativistas que han dificultado
su implantación la pasada legislatura, a día de hoy la tasa de resolución
ha mejorado, no solo en comparación con los inicios de la implantación de
la NOJ sino, lo verdaderamente relevante, sobre la estructura de juzgados
y tribunales.


La dotación relativa a las inversiones en modernización,
con 77,06 millones de euros de los cuales 52 millones se destinarán a la
implantación de nuevas tecnologías, está desenfocado en las prioridades
del Ministerio y a todas luces es una partida insuficiente para cumplir
con los objetivos de modernización de la administración de Justicia. El
recorte en nuevas tecnologías es brutal e impropio de una administración
tan necesitada de reforma como el servicio público de la justicia.


La dotación para gastos de personal, también se utiliza el
recorte como pretexto para no prever convocatorias de empleo público, ni
siquiera las de consolidación de personal interino, en la administración









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32




de justicia. Y no sólo de plazas de la carrera judicial, de
la carrera fiscal o del cuerpo de secretarios judiciales, sino del resto
de personal al servicio de la administración de justicia.


Por otra parte, con respecto a las vacantes, igual que se
habla de la creación de plazas de juez sin crear nuevos órganos
judiciales. Consideramos, en primer lugar que debería hacerse extensiva a
Secretarios Judiciales y otros puestos estructurales que hasta ahora se
han ido cubriendo por personal interino. Por tanto, primero consolidación
de trabajo temporal. Y en segundo lugar coincidimos con las
reivindicaciones sindicales sobre la eliminación del límite máximo del
10% de la tasa de reposición de efectivos con el fin de que se puedan
convocar todas las plazas vacantes no cubiertas por personal titular en
esta Administración de Justicia.


No se explicita la existencia de recortes en el mutualismo
judicial. Sin embargo, la reducción y recorte de prestaciones para
beneficiarios de la Mutua General Judicial está siendo un hecho a lo
largo de este año 2012 en que se ha suprimido prestaciones tales como
ayudas para vivienda, termalismo para mayores y otras ayudas sociales
médicas.


El Gobierno del PP quiere ir más lejos, en lo que ya
constituye un ataque intolerable a los derechos de los mutualistas, cuyas
cuotas no experimentan bajada alguna pese a los continuos recortes en
derechos y salarios.


Si bien podrían considerarse como positivas las referencias
a la regulación de la jurisdicción voluntaria nos parece sumamente
preocupante que no se garantice de forma clara e inequívoca el acceso
universal y gratuito a los sistemas de mediación y solución extrajudicial
de conflictos que se establezcan.


Igualmente nuestro Grupo Parlamentario se opone a la
atribución a los notarios de la celebración de matrimonios al haber
quedado resuelto en la Ley del Registro Civil promulgada en 2011.
Observamos algunas actuaciones de notarios que están sobredoradas año
tras año, pese a quedarse muy lejos de las previsiones.


Por último resulta especialmente preocupante, entre otras,
la reducción de la partida de reparación a las víctimas de la Guerra
Civil o la partida para 500 indultos. Incomprensible para un Gobierno que
al mismo tiempo exhibe una política criminal marcada por el populismo
punitivo.


En definitiva, estamos ante un recorte más en otro servicio
público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de
la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de
objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del
déficit por la vía de la disminución del gasto público.



ENMIENDA NÚM. 70


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.


JUSTIFICACIÓN


El déficit público en España alcanza la cifra de 80.000
millones de euros (un 7,6% del PIB), y el presupuesto que se acaba de
presentar para el ejercicio de 2013 propone una reducción de éste déficit
en 13.400 millones para cumplir el compromiso pactado con la UE de un
4,5%. Para lograrlo, el gobierno propone una restricción del gasto en
todos los ministerios de un 8,9% de media. Pero esta disminución no
afecta por igual a todos los ministerios. Así, aquellos que deberían ser
el motor para relanzar la competitividad y el crecimiento de la economía
productiva son los que más se reducen: el ministerio de Fomento se rebaja
en un 11%, el de Industria y Energía un 21,3%, Agricultura y Medio
ambiente un 25,4%. Respecto a las políticas de gasto social, la reducción
más clamorosa afecta al fomento del trabajo que cae un 34,6%, la
educación un 14,4% y la cooperación al desarrollo un 30%.


Estos recortes que también han afectado al Ministerio de
Defensa, quien no ha podido hacer frente a los compromisos de pagos de
los Programas Especiales de Armamentos PEAS con las empresas militares,









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33




ni tampoco para retornar los créditos en I+D al Ministerio
de Industria; lo cual lo ha dejado en una situación de suspensión de
pagos técnica.


El Ministerio de Defensa acumula una adeuda por la
adquisición de los Programas Especiales de Armamentos (PEAS) de 26.692
millones de euros, sin contar los intereses que su aplazamiento acarrea,
y que el Ministerio consideraba de 32.000 millones deuda que podríamos
denominar como burbuja armamentista, la misma que «se ha ido inflando por
la mala gestión de los diferentes gobiernos que han dirigido el
Ministerio de Defensa en los últimos quince años. Burbuja de armamentos
que contribuye de manera especial al enorme gasto militar de España y que
se refleja en la gestión del presupuesto militar del 2012 y la propuesta
para 2013».


En el presupuesto de 2012 tan solo se consignaron 4,95
millones, cuando existía el compromiso de pago de 2.370 millones.
Entonces, el pasado 7/9/2012, el Consejo de Ministros aprobaba un crédito
extraordinario de 1.782,7 millones para hacer frente a los compromisos de
los PEAS. Y en el presupuesto de 2013 se proponen 6,84 millones.


El presupuesto del Ministerio de Defensa desciende en su
conjunto un 6,7% (6.913,6 millones de euros). Pero esto es si solo se
tienen en cuenta los gastos consolidados del Ministerio más los Organismo
Autónomos. Si, además, le añadimos los gastos de las clases pasivas
militares, de la mutua militar, de las contribuciones a organismos
militares internacionales, del cuerpo militar de la Guardia Civil, los
créditos en I+D militar del Ministerio de Industria; entonces la cuantía
se dobla y asciende a 13.708,3 millones. Si a ello, se añade, la parte
proporcional de los intereses de la deuda de Defensa, que en su conjunto,
y debido a la mala salud de la economía, aumentan de manera importante,
un 33,7%, y, además, las aportaciones extraordinarias que durante el año
se producen, y que en los últimos diez años, vista la liquidación anual
del presupuesto da un promedio de 1.398 millones. Entonces, el gasto
militar real previsto para el año 2013 supone 16.492 millones de euros y
representa tan sólo una disminución respecto del año 2012 de un
3,15%.


Estas cifras, traducidas en indicadores, representan un
gasto militar diario de 45,18 millones, lo que equivale a 359 euros por
capita anuales; un 1,55% del PIB y un 4,32% del presupuesto total del año
2013. Como era de esperar, las partidas que sufren un mayor retroceso,
son las aportaciones en I+D militar y las inversiones en armamentos.
Puesto que las partidas del capítulo de personal y del mantenimiento de
las fuerzas armadas son mucho menos elásticas y se reducen muy
escasamente. El personal % y el mantenimiento de los servicios un %. En
cambio, las aportaciones a I+D se reduce en un 52% y las inversiones un
43,6%.


Pero como ya hemos indicado esa reducción es engañosa, pues
bien pude ocurrir lo mismo que años anteriores y este 2012), que al final
se concedan traspasos y créditos extraordinarios, como los 1.827,7
millones para suplementar las inversiones en armas. O el de otras
partidas, como es el caso de las operaciones militares en el exterior,
denominadas de manera eufemística «de mantenimiento de la paz», y que
cada año se les asigna 14,36 millones y en abril de 2012 se les concedió
un suplemento de 753 millones.


Una partida que ya ha merecido un informe desfavorable del
Tribunal de Cuentas, que acusa al Ministerio de Defensa de «falta de
rigor» a la hora de elaborar el presupuesto, pues en los últimos cuatro
años se ha liquidado esa partida con cifras superiores a los 700
millones. Los generados por ingresos propios, 243 millones, tienen una
procedencia más polémica, pues son producto, o bien de la venta de
armamento en desuso (segunda mano), pero en su mayor parte de la venta de
patrimonio público en manos del Ministerio de la Defensa. Este
Ministerio, es, quizás, uno de los mayores propietarios de patrimonio,
cuarteles, viviendas, campos de tiro, bases e instalaciones diversas por
todo el territorio y en los últimos años los diferentes gobiernos han
permitido la enajenación de mucho de su patrimonio, que se incorpora al
presupuesto y se destina, mayoritariamente a la compra de armamentos.


Por todo ello entendemos que estamos ante un manifiesto
fraude presupuestario, cuyo objetivo y a pesar de la supuesta reducción
presupuestaria no es otro que el de engañar a la oposición política y a
la opinión pública consignando de manera insuficiente algunas partidas,
para después incrementarlas con diversos mecanismos contables como lleva
ocurriendo.


Todo ello justifica con creces la presentación de esta
enmienda de veto de devolución de la Sección del Ministerio de
Defensa.










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ENMIENDA NÚM. 82


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.


JUSTIFICACIÓN


Hoy está claro que buena parte del déficit público y del
consiguiente volumen de deuda pública, se han generado fundamentalmente
por la desfiscalización del Estado mediante la reducción de impuestos de
las rentas más altas y las grandes empresas y por el endeudamiento
ocasionado para tapar las deudas del sistema financiero.


Desde mayo de 2010, fecha en que se toman las primeras
medidas de austeridad y salvo excepciones, todas las medidas de los
Gobiernos del PSOE y del PP han ido encaminadas directa o indirectamente
a salvar a los Bancos y Cajas y no a propiciar políticas para la salida
de la crisis. En los PGE 2013 la deuda aumenta en más de 13 puntos del
PIB, de la que el 43% es directamente nueva deuda del rescate bancario y
casi otro 19% es deuda a los bancos por pago a proveedores.


Cierto es que el Gobierno actual va introduciendo medidas
tributarias con la intención de corregir el déficit público. Algunas de
ellas son positivas, pero la de mayor potencial recaudatorio, la
elevación de los tipos impositivos general y reducido del Impuesto sobre
el Valor Añadido, es una medida regresiva porque penaliza en mayor
proporción a los ciudadanos con bajos ingresos. Además, afecta
negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo.


Existen alternativas en forma de medidas tributarias para
asegurar el principio de suficiencia y la justicia y progresividad del
sistema fiscal.


Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el
fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de
38.000 millones de euros anuales. Los PGE 2013 reducen el presupuesto de
la Agencia Tributaria un 7,7%, dando cuenta de que no hay voluntad
política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.


Las reformas en materia tributaria deberían aumentar la
recaudación afectando en la menor medida posible a la demanda interna.
Dichas reformas deben gravitar sobre los contribuyentes de mayor
capacidad económica, cuya propensión marginal a consumir es menor.
Podríamos así revertir la subida del IVA que es regresiva e injusta
porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos y
que afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el
consumo.


En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para
una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y
limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si
se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de
las grandes empresas y de los bancos.


Por otro lado, la congelación de las retribuciones de los
empleados públicos constituye un grave atentado sobre su poder
adquisitivo. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en
la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como
consecuencia de las medidas contra la crisis. Y continuar con la
amortización de empleo público, además de dañar la calidad de los
servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis en forma de
destrucción de empleo.


Todo ello justifica la presentación de esta enmienda de
veto de la Sección 15: Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.










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35




ENMIENDA NÚM. 95


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.


JUSTIFICACIÓN


Los presupuestos de la sección 16 para 2013 presentan una
reducción del 5,4% siendo de las menos afectadas por la política de
recortes aplicada por el Gobierno, bajo la justificación de apostar por
una «sólida» política de seguridad. Mensaje desconcertante, más aún en el
contexto de criminalización y represión de las movilizaciones ciudadanas,
sin precedentes en democracia, que estamos viviendo.


A nuestro juicio, la política de seguridad debe ser
garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el
presupuesto 2013 para el Ministerio del Interior lo que pone de relieve
es la falta de un planteamiento global en materia de seguridad ciudadana
y la respuesta policial, penal y penitenciaria a la misma.


La sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que el
Gobierno del PP de forma reiterada trata de transmitir para justificar
algunas de las reformas anunciadas no se corresponde con la realidad de
España, ya que en el marco de la Unión Europea es un país de violencia e
inseguridad ciudadana realmente baja. En el estado español no hay un
problema de delincuencia, hay un problema de saturación en la población
reclusa, que son cuestiones distintas.


Sin embargo, y los presupuestos para 2013 lo evidencian, al
igual que los presupuestos de 2012, desde el Gobierno se aborda un año
más el aumento de la delincuencia sin solucionar el problema de fondo que
tiene su origen en los desequilibrios sociales. No se prevén partidas
presupuestarias que tengan reflejo en políticas de prevención del delito,
de remoción de las causas sociales y económicas de la delincuencia o la
reinserción, en cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la
Constitución. Al contrario, parece que volvemos a la formula de los
gobiernos de Aznar con aquel tristemente famoso «vamos a barrer las
calles». La literatura que acompaña los presupuestos para el área de
seguridad ciudadana señala planes de lucha contra la corrupción, el
blanqueo de capitales, etc., que quedan en entredicho con la práctica.
Por ejemplo, el informe de 2011 de la Fiscalía General del Estado revela
que ninguna de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público
sobre delitos económicos en Valencia fue por una denuncia de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Nuestro Grupo Parlamentario defiende un modelo social,
jurídico y político acompañado con un firme compromiso presupuestario que
profundice en un concepto de seguridad integral humana que afronte estas
realidades desde una acción multilateral e integrada. Y consecuentemente
defiende un nuevo sistema policial más operativo, más eficaz y eficiente,
que se concrete en la creación de un único cuerpo de policía estatal de
carácter civil. Estos presupuestos no son los presupuestos que puedan
soportar el necesario cambio de modelo policial. Al contrario todo apunta
a una pretendida remilitarización de la Guardia Civil, en el que las
asociaciones no tienen las condiciones necesarias ni los recursos para
desarrollar su labor de defensa de sus derechos e intereses.


Un año más, en los distintos programas de esta sección para
el ejercicio 2013, tanto en Policía Nacional, como en Guardia Civil,
Centros penitenciarios o la atención a la inmigración nos encontramos,
como otros años, con un presupuesto que en materia de seguridad, mantiene
unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal dotadas, con derechos
recortados e insuficientemente pagadas. La baja tasa de reposición para
los próximos años para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil
es preocupante y más aún lo es la falta de medios económicos y materiales
para prestar su trabajo en condiciones óptimas.


Se consideran insuficientes las partidas presupuestarias
previstas para modernizar y adaptar a las nuevas formas de delincuencia y
a la propia realidad social los medios materiales (vehículo, informática,
instalaciones, dependencias policiales) Igualmente no se contempla
partida presupuestaria para la mejora de los planes de selección y
formación.


Se consolidan en estos presupuestos una visión
estrictamente policial del fenómeno de la inmigración. Sólo así se
justifica que se mantenga la prevención y lucha contra el fenómeno de la
inmigración irregular









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como objetivo estratégico del área de seguridad. Esta
visión policial se plasma en la inexistencia de dotación presupuestaria
que permita el desarrollo acciones coordinadas entre los agentes sociales
y el Gobierno para canalizar los flujos migratorios y la integración
social de los inmigrantes, así como la protección humanitaria de los
mismos (asilo/refugio), entre otras.


En relación con instituciones penitenciarias se mantiene la
falta de dotaciones humanas y materiales, así como de dotación para
programas de reinserción y acceso al mundo laboral. Las cantidades
presupuestadas para programación y desarrollo de actividades culturales,
deportivas, de inserción laboral o educativas permanecen inalterables año
tras año, cuando por el contrario desde el Ministerio se ofrecen cifras
que ponen de manifiesto la saturación en los centros penitenciarios
motivada por la alta tasa de ocupación penitenciaria.


En relación con los fondos reservados parece absolutamente
injustificado su volumen, y sigue resultando discutible su existencia
mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.



ENMIENDA NÚM. 114


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.


JUSTIFICACIÓN


El nuevo Plan de infraestructuras de transporte y vivienda
PITVI a pesar de venir adornado con un discurso de sostenibilidad y de
reequilibrio territorial, sigue en la línea continuista de las políticas
de infraestructuras tremendamente dañinas en lo ambiental, nada
beneficiosas económicamente y muy negativas en lo social, por cuanto las
fuertes inversiones requeridas para estas obras saldrán de nuevos ajustes
y recortes.


Nuestra red sobredimensionada de infraestructuras, es un
auténtico lastre económico, y ni siquiera podemos atender adecuadamente a
su mantenimiento. Además, las inversiones en estas grandes obras se
obtienen de recortes y detrayéndolas de las políticas sociales
absolutamente necesarias como son educación, sanidad o servicios
sociales, que generan mucho más empleo al tiempo que mejoran la calidad
de vida de la población.


Se sigue planteando que las grandes infraestructuras de
transporte son «sinónimo de crecimiento y creación de empleo», Sin
embargo, la tremenda inversión que hemos hecho durante los últimos años,
que nos ha situado en niveles récord europeos de kilómetros de autovía y
líneas de alta velocidad así como de número aeropuertos, no ha impedido
que nuestra crisis sea más profunda que la de los países de nuestro
entorno ni que tengamos los mayores niveles de paro. Además, es necesario
recordar que todavía quedan zonas aisladas en el interior peninsular,
fruto de la planificación radial que debería corregir el nuevo PITVI con
un diseño en forma de malla, más racional para una adecuada ordenación
del territorio, evitando los desequilibrios existentes con las zonas
alejadas de los grandes ejes de comunicación y priorizando en cualquier
caso aquellas actuaciones tendentes a mejorar las condiciones de
seguridad vial con el objetivo de reducir el número de accidentes y por
consiguiente de víctimas en las carreteras.


El AVE seguirá siendo el gran receptor de la inversión
(3.302 millones de ¤). Y ello a pesar de que se trata de un sistema de
transporte elitista, que una gran parte de la población no puede
permitirse y de producir fortísimos impactos ambientales y territoriales.
También es la infraestructura lineal más cara por kilómetro construido
(20 millones de euros de media). Entre tanto, si la inversión va a la
alta velocidad, se dejar languidecer el ferrocarril convencional, que es
el que usa la mayor parte de la población.


Bajo eufemismos como la «racionalización de la oferta de
servicios ferroviarios» se ocultan, en realidad, planes de cierres de
líneas en servicios de media distancia.


La clara apuesta del gobierno por la liberalización de los
servicios de transporte supone la privatización de muchos de ellos y dar
prioridad a la rentabilidad económica frente al servicio público.









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En los PGE 2013 podemos comprobar como se perfilará y
desarrollará el PITVI, resultando muy preocupante que, a pesar del cambio
en cuanto al diagnóstico e incluso el lenguaje utilizado, en realidad no
va a suponer un cambio en la ruinosa política de infraestructuras de
planes anteriores. Así es como en carreteras se pretenden invertir 2.566,
67 millones de ¤ de los que 1634,39 serán para la creación de nuevas
infraestructuras frente a los 942,28 ¤ que se destinaran al mantenimiento
y conservación de la propia red, claramente insuficiente desistiendo
además de las actuaciones en zonas urbanas y la partida de
acondicionamientos de viales, de lo que se deduce que la seguridad en
carretera, a pesar de lo que se pretende hacer ver en su exposición,
quede claramente relegada.


Estos presupuestos dejan claro la intención de introducir
la colaboración público privada para la construcción de carreteras. Al
igual que en la Red Ferroviaria estos presupuestos apuestan por un modelo
dónde lo público, lo que pagamos todos/as, se trasvasa a las entidades
privadas. Es la ley de los vasos comunicantes, donde las dificultades de
movilidad y encarecimiento del transporte para las mayorías se traducen
en escandalosos beneficios para las grandes constructoras y las entidades
financieras.


En cuanto a la política de vivienda, esta sufre un descenso
del 6,6% en comparación con 2012 y contará con una dotación de 765,88
millones de euros en el ejercicio 2013, destinados en su mayor parte al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con los
beneficiarios de los sucesivos planes de vivienda de los últimos años,
basados fundamentalmente en la adquisición de vivienda en propiedad y en
el fomento e impulso de la vivienda como generador de riqueza y empleo,
con lo que esto ha supuesto para el desplome de nuestra economía y contra
el derecho fundamental y constitucional a la vivienda.


Se mantienen, exiguas dotaciones presupuestarias para
acciones como son la remodelación de barios mediante la suscripción de
convenios con distintas administraciones, estudios de investigación en
arquitectura y vivienda, iniciativas de rehabilitación patrimonial o
normas de calidad en la edificación.


Estos presupuestos responden al total abandono que ahora el
Gobierno hará para cumplir con este derecho que va en sintonía con el
reciente proyecto de ley de medidas para la flexibilización y fomento del
mercado de viviendas de alquiler presentado, que responde única y
exclusivamente a las exigencias largamente demandadas por las grandes
agencias inmobiliarias y constructoras. Exigencias que ya el anterior
gobierno del PSOE atendió, realizando importantes cambios normativos,
implantando el desahucio express o las SOCIMIs. Y demandas que, tras
pinchar la burbuja inmobiliaria destinada casi en exclusividad a la
venta, necesitan desviar el negocio hacia la vivienda en alquiler.


Se aseguran así, los beneficios de estos grupos de presión
en detrimento de los derechos de los inquilinos que verán como las
condiciones contractuales se harán más precarias, disminuyendo las
obligaciones en cuanto a la duración de los contratos y aumentando las
posibilidades para su rescisión, fomentando y acelerando los desahucios,
en un momento en el que se producen 510 diarios, encareciendo el precio
de los arrendamientos y, en definitiva, dando una vuelta de tuerca más en
contra del derecho constitucional a la vivienda y el derecho fundamental
habitacional.


Es por todo ello por lo que nuestro grupo parlamentario
presenta esta enmienda de devolución a los presupuestos de esta
sección.



ENMIENDA NÚM. 259


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.


JUSTIFICACIÓN


Los Presupuestos Generales del Estado recortan nuevamente
el presupuesto destinado a educación, tras haber aplicado sucesivos
recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país
por debajo de la media de la OCDE en inversión educativa.









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Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado
5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el
acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de
2012, 3.736 millones por el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones
de menos en los presupuestos 2013. Lo cual ha ahondado en la política de
deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las
enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva,
precarización de condiciones laborales del profesorado y brutal reducción
de plantillas, mientras que estos presupuestos mantienen intacto el
número de altos cargos en la Administración).


— El presupuesto de Educación cae en 326 millones ¤:
Las partidas destinadas a Educación en los PGE para el ejercicio 2013,
ascienden a 1.944,73 millones de euros, un 12,43% menos que en el
ejercicio anterior, que se destinaron 2.270,90 millones de euros, un
31,6% con respecto a 2011 y un 82% en relación con 2008. Hay que
remontarse al año 2006 para encontrar un presupuesto educativo semejante,
cuya cifra fue de 1.936 millones de gasto educativo. Esta reducción está
muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios: un 64% superior
respecto del 8,9% de recorte medio. En su conjunto, el gasto educativo se
ha reducido casi en un tercio en los dos últimos años (31%), pasando de
2.843 millones de euros en 2011 a 2.219 en 2012 y a 1.944 en 2013.


— 50 millones menos para Becas y ayudas al estudio:
El gobierno miente cuando dice que ha aumentado la ayuda a los
estudiantes. Los datos demuestran que se ha reducido el gasto total en
becas y ayudas un 3.8%. Este programa está dotado con 1.222,16 millones
de euros, que supone una reducción de 47,9 millones de euros con respecto
al 2012, es decir un 3,8% menos. Si lo comparamos con los presupuestos de
2011 la reducción es de 209 millones de euros, es decir un 14,6% menos.
Además cuando en el presente curso se han incrementado significativamente
los costos de los libros y del material escolar, así como el de las
matrículas universitarias, por encima del 40%. Sólo sube un tipo de ellas
y en una cantidad ridícula: 23 millones ¤ que corresponden a la partida
para las becas universitarias y no universitarias de carácter general y
la compensación a las Universidades por becarios exentos de su pago. Los
recortes más destacados se centran en el capítulo 4 destinado a
transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, en el
apartado de becas y ayudas al estudio. Se ha pasado de 98,5 millones de
euros en el 2011 a 27,3 millones de euros en el 2012 y a 20,3 en 2013, en
los gastos correspondientes a la Dirección general de evaluación y
cooperación territorial. En el programa de ayudas para la movilidad de
estudiantes Séneca y Erasmus quedan aglutinados en un solo capítulo con
una aportación de 21,7 millones de euros que supone una reducción del
60%.


— Recorte brutal en Educación Especial y
Compensatoria: La peor parte de la bajada de 2012 a 2013 se la llevan los
programas de educación compensatoria, destinada al alumnado con
dificultades de integración: esta partida pierde 116,5 millones, es
decir, un 68%, hasta quedarse en 53 millones. Este drástico descenso se
debe entre otras a la total desaparición del Programa PROA (Programas de
apoyo y refuerzo en centros de Primaria y Secundaria) dentro del capítulo
destinado a transferencias corrientes a Comunidades autónomas, que
contaba con 60 millones de euros. Asimismo descienden los gastos de
personal (funcionarios) que se reduce a 2,93 millones de euros cuando en
el 2012 la cantidad era de 6,31 millones, una reducción de 53,56 %. Pero
no es menos grave que los programas de atención al alumnado con
necesidades especiales (13,5 millones de euros) hayan desaparecido. Esto
refleja el interés que tiene este gobierno con la atención a la
diversidad y las políticas de compensación y apoyo a los estudiantes con
mayores dificultades o más necesidades.


— Recortes en programas fundamentales: el programa de
deporte en edad escolar y en la universidad, que disminuye un 86,1%; el
de enseñanzas artísticas, con una reducción del 27,2%; el de cooperación,
promoción y difusión cultural, con un descenso del 24,3%; y el de
formación permanente del profesorado, con un 18,2%. Los programas de
educación en el exterior, con un recorte del 7,8%; las transferencias
internas, que se recortan el 5,5%, y el programa de Educación Infantil y
Primaria que, tras el recorte del 36,5% de este año, se recorta aún más
con otro – 4,4%.


— Más recortes en los programas en Universidad e
I+D+i: se recortan un 18,2% y el 14,4% en la investigación científica, a
pesar de que el Gobierno esté diciendo lo contrario. El presupuesto del
Ministerio de Educación destinado a Universidades ha pasado de 149,66
millones de euros en 2012 a 122,35 millones de euros en 2013. Esto supone
aproximadamente un 18,3% menos. La cifra es alarmante, sobre todo si se
tiene en cuenta que en el año 2011 el presupuesto fue de 399,61 millones
de euros. Los recortes afectan prácticamente a todos los organismos. La
UNED ha pasado de tener 78,05 millones de euros en 2012 a









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tener 68,53 millones de euros en 2013 (12,2% menos). La
Universidad Menéndez Pelayo pasa de tener 15,07 millones de euros en 2012
a 14,69 millones de euros en 2013. Las ayudas a entidades públicas como
la ANECA y otras fundaciones públicas vuelven a sufrir nuevos recortes.
Si en 2012 recibieron 9,72 millones de euros, en 2013 tienen un
presupuesto de 9,04 millones de euros. De estos últimos la ANECA recibirá
8,50 millones de euros, el 5,6% menos que en 2012. La partida dedicada a
Becas universitarias también se reduce. Si a esto sumamos el
endurecimiento en los requisitos para obtener y mantener una beca, un 17%
de alumnado no podrá renovar su beca, por lo que el recorte real será
incluso mayor.


— Desaparecen multitud de programas: Siguiendo la
política de recortes de gastos del Ministerio de Educación a los
programas que desaparecieron en el Presupuesto del curso pasado, como
Educa 3, Competencia Básicas, Leer para aprender, Profundización de
conocimientos, Contratos-Programas, Programa ARCE, Plataforma F.P.,
Sistema integrado de formación y orientación profesional, Evaluaciones de
diagnóstico y Formación del profesorado, se han añadido en este
presupuesto la desaparición de otros programas que tenían una gran
importancia y calado sobre todo para asegurar la igualdad de
oportunidades. La suma total de estos programas que desaparecen supone un
total de 310,86 millones de euros.


Desaparecen:


— Programa PROA que contaba con un importe de 60,0
millones de euros en 2012.


— Las transferencias corrientes a Comunidades
Autónomas para la mejora de las enseñanzas de lenguas extranjeras, con un
importe de 13,3 millones de euros en 2012.


— Las transferencias a Comunidades Autónomas para
financiar el Plan de disminución de abandono escolar temprano que tenía
una cantidad de 40,8 millones de euros en 2012.


— Las aportaciones al Plan de Acción en materia
educativa 2010-11, con 11,49 millones de euros en 2012, (el desarrollo de
12 objetivos educativos establecidos para la década 2010-20).


— La Compensación a las Universidades de los precios
públicos por servicios académicos correspondientes al alumnado exento de
su pago, con 185,275 millones de euros.


— Recorte en el programa de Formación permanente del
profesorado: Este programa tiene una dotación de 3,45 millones de euros,
lo que supone un recorte del 18,15% con respecto a 2012. En los últimos
años este programa viene sufriendo unos recortes drásticos, quedando casi
anulado, ya que en el año 2011 contaba con 52,33 millones y en el 2012
descendió a 4,22 millones.


— El programa de Educación Infantil y Primaria: Está
dotado en 2013 con 159,84 millones de euros, lo que supone un recorte del
4,56% respecto a 2012. Este recorte de 7,30 millones de euros se suma al
realizado en los presupuestos aprobados en el pasado mes de abril, que
supuso la supresión de 100 millones de euros y generó la eliminación del
Programa Educa3 para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil
de 0 a 3 años.


— El programa de Educación Secundaria, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas: Cuenta con una dotación de
108,50 millones de euros, es decir, se recorta un 38,2% con respecto a
2012. De este recorte de 67,30 millones de euros, 54,10 millones de euros
corresponden a la desaparición de las transferencias corrientes a
comunidades autónomas para la mejora de las enseñanzas de lenguas
extranjeras y para financiar el Plan de disminución de abandono escolar
temprano.


— Ataque a las enseñanzas artísticas, con un recorte
del 27,2%, lo cual se relaciona con la arbitraria eliminación del
Bachillerato de artes escénicas. Se reducen las cantidades para
Enseñanzas Artísticas pasando de 7,37 millones de euros a 5,36 millones
de euros en el 2013, un 27,20% menos.


— Recortes en otros programas: El programa de
Educación en el Exterior también reduce su presupuesto en 8,5 millones de
euros, pasando de 108,5 millones de euros en 2012 a 100 millones de euros
en 2013, es decir, un 7,82% menos. El programa Deporte en edad escolar y
en la Universidad, pasa de 13,31 millones de euros en 2012 a 1,85
millones de euros en 2013, es decir 11,46 millones de euros menos, un
86,1% menos.


— Sustitución y reducción de programas: Educación
especial que contaba con un total de 13,43 millones de euros, Educación
permanente y a distancia no universitaria, con 5,75 millones de euros en
2012, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación cuyo presupuesto era de
50,43 millones de euros y Apoyo a otras actividades escolares con 6,53
millones de euros en 2012, son eliminados y sustituidos por otro uno
nuevo programa denominado «Otras enseñanzas y actividades educativas» que
cuenta con un presupuesto de 52,3 millones de euros y que engloba a los
programas anteriormente señalados y que de ningún modo aglutina las
cantidades que sumaban los programas desaparecidos (76,151 millones de
euros). Esto supone 23,85 millones de euros menos.









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— Además, los nuevos presupuestos introducen por
tercer año consecutivo otra congelación salarial para los funcionarios
docentes que sitúa su capacidad adquisitiva en términos del año 2000, lo
cual sumado a los recortes que han padecido desde mayo de 2010, a las
congelaciones practicadas en estos dos últimos años y al aumento del
IRPF, suponen ya una merma de retribuciones superior al 20% de media, lo
que vuelve a colocar a la profesión docente entre las más castigadas por
la crisis económica, ya que a la reducción en sus retribuciones se suma
la enorme supresión de plazas de personal, junto al ataque a derechos
laborales consolidados.


— En educación la tasa de reposición será de hasta el
10%. La reducción de la oferta de empleo público que fija para Educación
un 10% de tasa de reposición de efectivos, supone una reducción drástica
comparada con la fijada para el año 2011, que fue del 30%. Esto no sólo
implicará el aumento de la temporalidad y de la precariedad en el sector
educativo sino que supone la ruptura del compromiso adquirido por la
Administración Educativa de reducir el porcentaje de profesorado interino
en los centros docentes, con el objetivo de no sobrepasar el límite
máximo del 8% establecido, de forma general, para la función pública. Con
esta tasa de reposición y con la reforma laboral actual que abre la
puerta al despido, no se puede garantizar una prestación ni siquiera en
condiciones mínimas de los servicios públicos educativos.


— Mientras que en la Enseñanza Concertada, las
cantidades establecidas en el Anexo IV para los módulos de los conciertos
educativos, se ven incrementados en los PGE de 2013 en un 4,5% en
«salarios» y «gastos variables» y el 1,5% en «otros gastos».


— En conclusión podemos constatar que si en 2012 la
inversión pública educativa en España habrá descendido en casi de 8.000
millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno
al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de
la OCDE y la Unión Europea.


Todo ello revela la pérdida de importancia de la educación
pública en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que
gobierna el Partido Popular que lo único que busca es promover el negocio
educativo a costa del deterioro de la educación pública dando una nueva
vuelta de tuerca a las ya precarias situaciones por las que están pasando
los trabajadores y trabajadoras del sector público educativo, las
familias y sus hijos e hijas en edad escolar. El aumento del ratio
alumno/profesor y de las tasas universitarias, la desaparición de las
becas-comedor o el aumento del IVA del material escolar, son claros
ejemplos de medidas que condenan a los estudiantes a una formación
excluyente, deficiente y cara en un entorno de extrema competencia con un
elevado índice de abandono escolar y paro y unas perspectivas para su
futuro profesional nada halagüeñas y para muchos de ellos alejadas de su
país de nacimiento a no ser que se tenga un «padrino» o una «madrina»,
que también las hay.


Por todo ello, no es de extrañar las acciones que familias,
alumnos y profesores, están adoptando de cara a defender sus derechos y a
mejorar la situación en la que está inmersa la educación pública en este
país, son los que están sufriendo estas irresponsables políticas de
recortes. Por tanto, no es de extrañar que la calle se llene de jóvenes
manifestantes.


En suma, ante la crisis estos presupuestos están buscando
fomentar el negocio privado en torno a un servicio básico y de futuro
para el país y que la buena educación sólo sea para ricos, pretenden
volver a las esencias más rancias, que a los puestos de dirección,
gobierno y poder sólo puedan acceder los vástagos de las clases
adineradas, en suma, cabe deducir que son unos presupuestos enmarcados en
la lucha de clases.


Por último y en relación al sector cultural, que aún no ha
salido indemne de los desafíos de su adaptación a la revolución
tecnológica, debe enfrentarse ahora no solo a la crisis económica, sino
también a las negativas consecuencias de la política de este Gobierno: el
recorte desmesurado de los recursos públicos y la más que previsible
caída del consumo de productos y servicios culturales derivada de la
desproporcionada subida del IVA (del 8% al 21% en la mayoría de los
casos), mientras se retrasa sine die la tantas veces prometida Ley de
mecenazgo. No podemos aceptar que para este Gobierno la cultura no sea
«política de Estado», a pesar de lo que dice el discurso gubernamental,
sino, tal como confirman los hechos emanados del Consejo de Ministros, un
lujo, algo prescindible, un mero entretenimiento.


Es por todo lo anteriormente expuesto por lo que mi grupo
parlamentario presenta esta enmienda de devolución.










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ENMIENDA NÚM. 333


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.


JUSTIFICACIÓN


La apuesta por el crecimiento, imprescindible para
reactivar la actividad económica y la generación de empleo, que nos
permita salir de la crisis, pasa por articular un nuevo modelo de
crecimiento basado en la economía real, en una política industrial activa
y en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.
Lamentablemente en los Presupuestos de esta Sección no vemos nada de eso:
ni política industrial digna de tal nombre, ni I+D+i; solo recortes en
exceso y obsesión por la reducción del déficit.


El programa relativo a la «Reconversión y
reindustrialización» disminuye un 18% (un 36% acumulado en dos años),
desapareciendo por completo las políticas de reindustrialización en zonas
desfavorecidas, y el de «Desarrollo Industrial», tras el recorte de un
27,7% sufrido en el ejercicio anterior, ahora se congela. Mientras, los
recursos del programa para el desarrollo alternativo de las Comarcas
Mineras continúan reduciéndose: si tenemos en cuenta las cifras
acumuladas en el bienio 2012-2013, la inversión en infraestructuras cae
un 85%, el programa de desarrollo alternativo un 69% y el de formación un
100%, llegando a desaparecer.


Además, la investigación y desarrollo dependiente de este
ministerio se desploma un 32% (un 51% en dos años). Por otra parte, la
reducción de un 62% en la I+D de carácter militar no sirve para trasvasar
recursos a la investigación y desarrollo de carácter civil, como
defendemos desde nuestro Grupo, sino simplemente a reducir el gasto.


Asimismo, la política de turismo sufre un recorte
relevante, del 26% (y del 48% si sumamos los dos ejercicios de este
Gobierno), afectando directamente a las empresas turísticas que deberían
verse apoyadas en el esfuerzo necesario para modernizar sus instalaciones
en aras a una mayor competitividad, que permita mejorar la calidad de
nuestra oferta, abrir vías para superar la estacionalidad y fomentar un
desarrollo sostenible.


En un contexto de continúo encarecimiento de los costes la
energía, el gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política
energética, dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten
controlar este sector estratégico para la economía. La partida para
desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los PGE de 2011
y se marginan las políticas de Ahorro y Eficiencia energética como
alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser
la última política del Ministerio de Industria muy por detrás en
inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas dirigidas a
la energía nuclear.


España es un estado muy vulnerable en cuestiones
energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes
de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente
dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y
en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las
energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de
energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un
entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector
de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el
incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos
de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.


Todo ello justifica la presentación de esta enmienda a la
totalidad de la Sección 20: Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.










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ENMIENDA NÚM. 451


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.


JUSTIFICACIÓN


Los Presupuestos de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
son rechazables porque demuestran la gran mentira del Gobierno, que
insiste en proclamar que su política de recortes no afecta a las
prestaciones sociales. Son rechazables, sobre todo, porque son
socialmente injustos, que vienen a castigar a los sectores más
desfavorecidos, los trabajadores, las mujeres, las minorías y los
ancianos. Son rechazables porque representan un ajuste sobre el ajuste,
una tala respecto a la poda que ya realizó el Gobierno del PSOE en los
Presupuestos de 2011 y el del PP en los de 2012. Y son rechazables porque
afectarán a la salud, a la equidad y a la igualdad, poniendo en peligro
el Sistema Nacional de salud y disminuyendo brutalmente lo que nunca se
debería haber tocado, que son las prestaciones básicas de servicios
sociales, en un gravísimo contexto de crisis económica y social, en el
que, según el Instituto Nacional de Estadística, el 21,1% de la población
está por debajo del umbral de riesgo de pobreza y las condiciones de vida
siguen empeorando, lo que tendrá graves repercusiones sobre la salud y
las carencias sociales de la ciudadanía. Algo inaceptable para las
personas, pacientes, ciudadanos que van a dejar de percibir o a ver
reducidos los servicios y prestaciones públicas que hasta ahora venían
recibiendo.


Es radicalmente falso que, como afirma el Gobierno sin
rubor y con un alto grado de cinismo, que estos presupuestos son «los más
sociales de la historia de la democracia», sino todo lo contrario. Para
«demostrar» su asombrosa aseveración, el Gobierno ha excluido
artificiosamente del gasto público los 38.000 millones de euros que
corresponden al pago de los servicios de la deuda, triquiñuela contable
que hace subir artificialmente el porcentaje de gasto social en el
conjunto del gasto público.


Hubiéramos entendido unos presupuestos austeros y
eficientes, con racionalidad para mantener la calidad en los servicios
que necesitan los ciudadanos y fundamentalmente para evitar trasladar el
mayor costo de la crisis a los sectores menos favorecidos. Pero nos hemos
encontrado con unos presupuestos duros, injustos y nada eficaces.


El Presupuesto del Ministerio ha tenido en los últimos años
tres grandes partidas: el gasto sanitario; el gasto de programas de
servicios sociales, juventud e igualdad; y las transferencias destinadas
a financiar el Sistema de Atención a la Dependencia. A esos tres bloques
se añade en el presupuesto de 2013 un cuarto bloque de obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores por las cuotas sociales de los
cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, con
una cuantía de 1.034 millones de euros. Pues bien, en estos presupuestos
es evidente la evolución descendente de las cuantías de todos los
epígrafes, como la disminución en relación al total del Presupuesto de
los Ministerios y del Presupuesto General del Estado en su conjunto.


Efectivamente, el presupuesto de gestión del Ministerio
bajó de 669 millones de euros en 2011, a 604 en 2012 y 483 para 2013,
bajando el porcentaje en relación con el total de ministerios del 0,84%
en 2011 al 0,88% en 2012 y al 0,71% en 2013. Y el Ministerio pierde peso
en el total de los Presupuestos Generales del Estado, pasando del 0,41%
en 2011 al 0,37% en 2012 y tan solo el 0,28% en 2013.


La aportación para la Atención a la Dependencia bajó de
1.515 millones de euros en 2011 a 1.412 en 2012 y ahora cae en picado con
1.176 millones para 2013.


El gasto en Servicios Sociales, que bajó de 319 millones de
euros en 2011 a 264 en 2012, queda reducido a su mínima expresión en
2013, con tan solo 233 millones de euros.


Y el gasto en Sanidad, que bajó de 350 millones en 2011 a
340 en 2012, se desploma a 250 millones de euros en 2013,
fundamentalmente como consecuencia de los recortes en la promoción de la
salud, en la investigación y en las prestaciones sanitarias, y no tanto
en función del copago sanitario y la consiguiente reducción del consumo
farmacéutico.









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SANIDAD


En las partidas de Sanidad, el Gobierno que ya operó en
2012 un recorte de 385 millones de euros, un 13,7%, y otro adicional de
7.000 millones de euros en el 10% del gasto de comunidades autónomas,
para 2013 reduce el presupuesto de Sanidad respecto al año 2012 en 121
millones de euros, el 20% menos.


Nada habría que objetar si se hubiera planteado un ahorro
basado en la eficiencia. Pero este presupuesto no está destinado, como
dice el Gobierno, a garantizar la sostenibilidad y la solvencia del
sistema sanitario público en España, sino a alcanzar sus objetivos de
reducción del déficit público marcado con Bruselas, a costa de la salud
de las personas y del Estado del bienestar. Y este hachazo se ejecuta al
margen de cualquier diálogo o concertación parlamentaria, lo que hace
saltar por los aires el objetivo del Pacto por la Sanidad, puesto que el
Gobierno tan sólo se apoya en acuerdos alcanzados en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en las condiciones
políticas actuales no son más que un simple autopacto.


Estos presupuestos son alarmantes y ponen en riesgo de
colapso al propio sistema sanitario universal, público y gratuito,
financiado por los contribuyentes y no, como el Gobierno pretende, con el
repago farmacéutico. Ni siquiera hay fondos suficientes para el
desarrollo de la ley de salud pública, de la modernización del sistema y
de la mejora de su calidad.


La tala es para echarse a temblar. Baste señalar algunos
ejemplos sangrantes.


Todos los programas, excepto el de Donación y Transplante
de órganos, que aumenta en 33.000 euros, sufren reducciones, en algunos
casos muy superiores al 30%; el programa de promoción y servicios a la
juventud queda congelado, con una disminución del 0,2%.


Por lo general, el capítulo 1, de personal, padece la
reducción en casi todos sus programas, con un recorte toral de 2,1
millones, 2l 1,8%. Y el capítulo 2, de funcionamiento, también se reduce
en prácticamente todos los programas, con un recorte total de 8,7
millones, el 9%. La reducción en ambos capítulos obligará a la
Administración central a renunciar a muchas de sus actuaciones.


El capítulo 4, de transferencias, destinado básicamente a
cofinanciación de actuaciones de Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales, familias e instituciones y organizaciones sin fines de lucro,
registra un recorte de 107,3 millones, el 30,9% menos que e 2012.


Los recortes más sangrantes se producen en el Plan
Concertado de Servicios Sociales Básicos, Plan Nacional sobre Drogas,
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Fondo de Cohesión e
Investigación Sanitaria.


Las transferencias a las Comunidades Autónomas se reducen
con carácter general y en varios casos desaparecen por completo, con los
graves efectos que ello tendrá en la propia cofinanciación a la que
estaban condicionadas las administraciones autonómicas.


Para demostrar la extrema gravedad de los recortes, baste
mencionar el destrozo operado en los programas siguientes:


El Programa 313 de Prestaciones sanitarias y Farmacia sufre
un recorte de 58 millones, el 39,9%. La reducción se concentra en el
Fondo de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que pasa de
los 93 millones de 2012 a 36,2 millones, una reducción del 61%. Este
Fondo tiene por finalidad garantizar la igualdad de acceso a los
servicios públicos de asistencia sanitaria en todo el territorio español.
Su reducción en más de la mitad de su presupuesto invalida y desmiente el
compromiso adquirido por el PP en su programa electoral de 2011, de
garantizar la igualdad de acceso al derecho de los ciudadanos a la Salud
en toda España.


Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios sufre una reducción del 1,3%.


El Programa 313B de Salud pública, Sanidad exterior y
Calidad, padece un recorte del 13,7%, especialmente en las transferencias
para financiar estrategias de salud y promoción de la salud e
investigación.


El Programa 465 A de Investigación Sanitaria, pierde 3,4
millones de euros, el 63%, que si se suma al recorte del 80,2% de 2012,
condena este programa a su práctica desaparición.


Finalmente, el Programa 311 O de Políticas de Salud y
Ordenación Profesional, sufre una reducción del 7,3%. Además, como
incorpora como actuación nueva la transferencia de 1 millón de euros a la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación del Hospital de
Valdecilla de









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Santander, si se aísla esta partida extraordinaria, todos
los demás capítulos de este programa quedan muy mermados.


SERVICIOS SOCIALES


La política global de servicios sociales y promoción social
vuelve a disminuir dramáticamente, especialmente en dependencia,
discapacidad, drogadicción o envejecimiento activo, que afectará
gravemente a la red básica de servicios sociales.


DEPENDENCIA


Con un recorte de 235,4 millones de euros, la dotación para
la atención a la dependencia sufre una reducción del 16,6%, y ascenderá a
1.276,7 millones de euros, frente a los 1.412,1 millones en 2012. De este
modo, el Gobierno profundiza en su línea de vaciamiento de contenidos de
la Ley 39/2006 de autonomía personal y atención a la dependencia, en la
que el PP no ha creído jamás, sin importarles las consecuencias en las
personas dependientes y sus familiares, ni el empleo cesante que el
tijeretazo generará en el sector.


Todo ello con el agravante de que en algunas Comunidades
Autónomas, como Castilla-La Mancha, el PP se ha sacado de la manga una
tasa de 40 euros para tramitar la dependencia, otra de 30 euros por
solicitar la revisión del grado de dependencia, 10 más si hay que
desplazarse al domicilio porque el discapacitado necesita la ayuda de un
tercero, y otra tasa de 35 euros por emitir un certificado de idoneidad
para los familiares que cuidan a un dependiente, servicios todos ellos
que eran gratuitos. Ahora sólo queda que cobren hasta por respirar. Lo
que se da con una mano, se quita con la otra.


Y como hay que cortar por lo sano, en aplicación del Real
Decreto-ley 20/2012 de recortes contra el déficit público, desaparece del
presupuesto de 2013 la partida destinada a las cotizaciones sociales de
los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia,
que en 2012 ascendía a 33,5 millones de euros. Sin embargo, como no queda
otro remedio, se incluye una partida de 1.034 millones para hacer frente
a obligaciones de ejercicios anteriores que no habían sido pagadas a la
Seguridad Social.


En lo que se refiere a la financiación del mínimo
garantizado en dependencia, su cuantía pasa de 1.287 millones de euros en
2012 a tan solo 1.087 en 2013, 200 millones menos, un recorte del 15,5%,
todo ello a pesar de que en la memoria presupuestaria del IMSERSO se
contempla un incremento de 60.000 beneficiarios.


Por último, cabe recordar que en el presupuesto de 2012 se
suprimió completamente la dotación de 283 millones de euros para la
financiación del nivel convenido; supresión que se mantiene en 2013.


El Programa 231 F de Otros Servicios Sociales del Estado,
sufre un tajo de 22,6 millones de euros, el 14,2% que se suman al recorte
del 22,5% del año pasado.


El recorte más importante se produce en el Plan Concertado
de Servicios Sociales Básicos, que en 2011 sufrió una reducción del
11,8%, que el PP calificó de «dramática», y otro recorte del 41,8% en
2012, pierde en 2013 19,8 millones, un 39,7%, quedando en la ridícula
cantidad de 30 millones de euros, cuando en 2009 era de 99,2
millones.


El programa de acción social cae un 24,4%. Ni siquiera se
respeta el apoyo a la discapacidad. La partida asignada a la Dirección
General de coordinación de políticas de apoyo a la Discapacidad, que ya
se recortó en un 24% en 2012, vuelve a sufrir un hachazo del 20,6% en
2013. El Real Patronato sobre Discapacidad pierde un 7%y queda bajo
mínimos con un presupuesto de 2,2 millones de euros. Estos recortes
comprometen el desarrollo de la Ley 27/2007 que reconoce la lengua de
signos y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.


FAMILIA


Quienes tanto pregonan una supuesta defensa de la familia
reducen de nuevo en un 16,7% el programa 231.G de atención a la infancia
y a las familias, que ya sufrió un recorte del 37,6% en 2012, pasa de 5,2
millones de euros a 4,3 millones, pese al aumento de la pobreza infantil
y de las situaciones de vulnerabilidad de los niños y niñas.









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45




Quienes tanto pregonan las virtudes del voluntariado
recortan el Plan estatal de voluntariado.


Se reduce en un 19,7% el Plan Nacional sobre Drogas y las
políticas de lucha contra la drogadicción, que se suman al 28,6% de
recorte de 2012, y se corta el grifo a los programas de las Comunidades
Autónomas. Junto al recorte en las comunidades autónomas de un 20% del
gasto en el Plan de Drogas, Proyecto Hombre y otras ONG afrontarán una
dura travesía del desierto.


IGUALDAD


El programa 232 B de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres sufre un nuevo recorte de 6 millones de euros, un 24,1%
que se suman al tajo del 18% en 2012, quedándose en 18,9 millones de
euros y provocando la desaparición de las transferencias a las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.


El Instituto de la Mujer sufre una reducción del 27,4% y la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades tiene una reducción
del 21%.


Todo ello significará un desmantelamiento de las políticas
de igualdad y menos oportunidades para las mujeres, con la paradoja de la
incorporación de dos nuevos programas a favor de la patronal, uno con la
CEOE para el programa de desarrollo de liderazgo y promoción de las
mujeres directivas con 250.000 euros y otro con la Fundación INFYDE para
el fomento del emprendimiento femenino con 300.000 euros.


El Programa 232 de Actuaciones para la Prevención Integral
de la Violencia de Género, con la que está cayendo, sufre un hachazo del
7,1% que se suma al del 21,2% sufrido en 2012, quedándose en 22,1
millones de euros. La mayor reducción, el 11,1%, se produce en las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las familias e
instituciones sin fines de lucro.


CONSUMO


En un momento en que en las encuestas del CIS todos los
índices de confianza del consumidor apuntan a una evolución negativa, en
su valor más bajo, estos presupuestos disminuyen en un 14,3% que se suman
al recorte del 15,3% sufrido en 2012.


La reducción más importante, del 25,6%, se produce en las
transferencias al Instituto de Crédito Oficial para gastos relacionados
con los afectados de la estafa Fórum Filatélico-Afinsa.


Todo ello justifica con creces la presentación de esta
enmienda a la totalidad de la Sección del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.



ENMIENDA NÚM. 478


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y
Competitividad.


JUSTIFICACIÓN


Enmienda a la totalidad de la Sección 27: Ministerio de
Economía y Competitividad.


La economía española lleva ya tres trimestres consecutivos
con datos negativos del Producto Interior Bruto (PIB), reflejando de esa
forma la recesión económica que atraviesa. Sin embargo, el Gobierno no
sólo no está utilizando todos los mecanismos que tiene disponibles para
salir de esta situación sino que por el contrario no cesa en su empeño
por presentar medidas que en última instancia sólo consiguen agravar la
crisis. El Gobierno está creando las condiciones para sumir a la economía
en una Gran Depresión.


En las actuales condiciones de crisis económica, el
principal objetivo del Gobierno debe ser combatir el desempleo así como
garantizar que las necesidades básicas de los trabajadores estén
satisfechas,









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46




pero desgraciadamente estos Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2013 caminan en la dirección contraria. Envueltos en la
retórica de la creación de empleo pero empedrados de austeridad y
recortes, los presupuestos vuelven a ahondar en los errores económicos y
sociales de los ya aprobados para 2012.


En un contexto económico de recesión prolongada como el
actual, en el que la iniciativa privada se demuestra incapaz de crear
empleo como consecuencia de la falta de financiación de las empresas, de
la caída del consumo de las familias fruto del impacto de las políticas
de ajuste en la capacidad adquisitiva de las personas y de la reducción
de la inversión pública, la salida de la crisis y sobre todo la creación
de empleo dependen en buena medida del papel que juegue el sector público
que, hoy más que nunca, debe ser un papel incentivador de la economía y
el empleo.


El camino de la austeridad, que reduce la capacidad del
Estado para incidir en la creación de empleo, es por lo tanto un rumbo
suicida. Por si fuera poco, la falta de voluntad política para luchar
eficazmente contra el fraude fiscal, combatiendo no sólo los agujeros
internos de la economía sino también aquellos otros que posibilitan el
entramado institucional de la actual Unión Europea, se suma al carácter
altamente regresivo de las reformas fiscales implantadas por el Gobierno.
Un pack de medidas que cuadran en el marco de una estrategia económica y
socialmente suicida y que de ningún modo podrán funcionar.


Una encuesta reciente del Banco Central Europeo planteaba
que para el 30% de las empresas españolas el principal problema era la
falta de demanda, mientras que para el 22% lo era el acceso a la
financiación. A pesar de que dicha encuesta reflejaba que únicamente el
13% de las empresas consideraba que los costes laborales eran el problema
prioritario, el Gobierno ha convertido la flexibilización del mercado
laboral en uno de sus pilares fundamentales. Con ello no sólo niega la
realidad de la economía española sino que consigue dinamitar las
relaciones laborales y todo lo que ello conlleva en relación a derechos
fundamentales conquistados. El Gobierno echa más gasolina a las calles en
un momento de lógica y necesaria protesta social.


La economía española ha disfrutado de un modelo de
crecimiento económico insostenible, promovido por los diferentes
gobiernos españoles y basado en el endeudamiento de carácter privado y en
una importante desigualdad entre rentas. Ahora que dicho modelo está
agotado correspondería buscar uno alternativo que priorice la creación de
empleo y los servicios públicos, como propone el grupo La Izquierda
Plural, pero el Gobierno español ha preferido obedecer felizmente el
mandato de la llamada troika. Mandato que condena a los países de la
periferia europea a un modelo productivo y de crecimiento que requiere
para operar un modelo de sociedad en el que lo que primará serán los
bajos salarios, el desmantelamiento de los servicios públicos y la
desaparición de los contrapesos legales al capital financiero y
productivo.


El Gobierno español y la troika están dinamitando el modelo
social español y en su huida hacia delante están destruyendo las bases
democráticas sobre las que se sostiene cualquier sociedad desarrollada.
Estos presupuestos no hacen sino apuntalar esa estrategia de
subordinación hacia el poder económico, empujando la economía hacia la
Gran Depresión y condenando a los trabajadores a la precariedad, el
hambre y la miseria.


Hoy más de 600.000 familias carecen de cualquier tipo de
ingreso, la tasa de paro alcanza el 24,6% de la población activa y se
producen una media de 517 desahucios al día según el Consejo General del
Poder Judicial. A juzgar por estos presupuestos de 2013 no parece que
estos datos sean los que más preocupan al Gobierno, que por el contrario
está dedicando muchos más recursos a sanear un sistema financiero
prácticamente quebrado.


Con los llamados rescates bancarios el Gobierno está
socializando las deudas y las pérdidas de un sistema que ha sido
funcional al desarrollo económico promovido tanto por el Partido Popular
como por el Partido Socialista. Lo que en su día fueron ganancias a
repartir entre accionistas privados y las redes de la oligarquía,
vinculada a la construcción y a las entidades financieras, ahora se
convierten a golpe de decreto en las pérdidas que han de suscribir todos
los trabajadores. Una estafa legal que tiene como fin mantener el poder
económico de los responsables de la crisis.


Esta estrategia antisocial del Gobierno se plasma en estos
presupuestos en los que se puede comprobar cómo el peso del pago de
intereses de la deuda pública sobrepasa por mucho el pago a las
prestaciones sociales o incluso al pago de los empleados públicos. El
Gobierno consigue de esta forma convertir los restos de lo que fue el
casino de los ricos en la palanca más eficaz para desmantelar los
servicios públicos y las conquistas sociales de tantas generaciones de
trabajadores. Una política de clase social contra la que nuestro grupo
parlamentario se situará radicalmente en contra.


Los PGE 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de
las condiciones impuestas por la troika de acuerdo con el Memorándum de
Intenciones firmado por el Gobierno español, cuyos contenidos









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47




esenciales se encuentran en el Plan Presupuestario para los
años 2012, 2013 y 2014 y que desarrolla la reforma del artículo 135 de la
Constitución, acordada por el Partido Socialista y el Partido Popular,
que establece un techo de gasto rígido y la prioridad del pago de la
deuda sobre los gastos sociales.


Estamos ante unos presupuestos que atentan contra la
soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política
económica del país.


Todo ello justifica la presentación de esta enmienda a la
totalidad de la Sección 27: Ministerio de Economía y Competitividad.



ENMIENDA NÚM. 1255


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.


JUSTIFICACIÓN


Los presupuestos previstos para el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad son claramente insuficientes.


En Sanidad, este presupuesto no permitirá que el Estado
cumpla sus funciones de coordinación de políticas sanitarias y de garante
de la cohesión. La mejor prueba de ello es la desnaturalización que sufre
el Fondo de Cohesión Sanitaria, cuya dotación ha descendido un 61,10%
respecto de los presupuestos 2012. No se trata únicamente de una
infradotación coyuntural sino que el Fondo deja de cumplir las
principales funciones para las que fue creado: la garantía de la cohesión
mediante la financiación de la asistencia sanitaria de pacientes
derivados entre comunidades autónomas, de derivados para asistencia en
centros de referencia, así como la asistencia sanitaria mediante uso
tutelado. A estos efectos el proyecto de ley de presupuestos modifica la
naturaleza y funciones del Fondo de Cohesión Sanitaria (Disposición
Adicional 53.ª).


También el presupuesto para 2013 infradota las Estrategias
de Salud, que habían recibido un fuerte impulso durante el gobierno
socialista, y que han sido hasta ahora un elemento de abordaje
multidisciplinar de las diferentes patologías y un instrumento de
coordinación de la política sanitaria.


En definitiva, este presupuesto refleja nítidamente el
cambio de modelo sanitario que ya comenzó el gobierno del Partido Popular
en el presupuesto para 2012 y que culminó con la aprobación del Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril.


Las partidas destinadas a servicios sociales sufren
importantes recortes que, añadidos a los que tuvieron lugar en el
presupuesto anterior, dejan sin una atención básica a los colectivos más
vulnerables de la sociedad. Esto ocurre, precisamente, en un momento en
el cual está teniendo lugar un incremento de las situaciones de necesidad
a las que deberían dar cobertura los servicios sociales.


En protección a la Dependencia estos presupuestos presentan
una disminución real de un 17% con respecto a los anteriores, y de un 33%
con respecto a 2011, en términos homogéneos (excluyendo como aportación
al Sistema de Dependencia una partida de 1.034 millones de euros para
atender las cuotas sociales de los cuidadores familiares correspondientes
a ejercicios anteriores). Los recortes, unidos a las medidas adoptadas
por el Gobierno a partir de diciembre de 2011, están paralizado la
implantación del Sistema, expulsando de él a las personas que ya
disfrutaban de derechos o prestaciones; rebajando éstos a niveles
absolutamente insuficientes, e impidiendo la entrada de nuevos
beneficiarios.


El Programa 231F, Otros servicios sociales del estado, se
recorta en un 12,50%, que se añade al 24,3% que tuvo lugar en el
presupuesto de 2012. No será posible, con estas cifras, conseguir el
objetivo del Programa, que es consolidar un sistema público de servicios
sociales que dé cobertura a las necesidades básicas que puedan
manifestarse en el ámbito personal, familiar y social.


En este Programa se encuentran actuaciones de gran
importancia. El Plan Concertado, instrumento fundamental para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, queda al borde
de la extinción, con un descenso del 66% respecto a las cifras de los PGE
2011 y un 40% respecto a los de 2012. Un recorte similar sufre el Plan de
Desarrollo Gitano.









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48




En las políticas de discapacidad destaca que el anunciado
nuevo Plan acción para las personas con discapacidad no cuenta con
dotación alguna. Además, se producen importantes recortes que afectan a
partidas como la de la Universidad Carlos III para el Centro Español de
Subtitulado y Audiodescripción; la Confederación Española de Personas
Sordas, para ejercicio de sus derechos básicos y para el Centro de
Normalización lingüística de la Lengua de Signos Españolas; o la
Fundación CENTAC para Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad.
Todo ello supondrá un retroceso en materia de igualdad de oportunidades
para este colectivo.


La dotación del Programa 231G, Atención a la infancia y a
las familias, se reduce en un 17,32%, que se suma al 42,6% de 2012. Con
estos recortes el Programa no podrá cumplir con ninguno de sus objetivos.
Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el Gobierno
ha anunciado la inmediata puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico de
Infancia y Adolescencia, entre cuyas finalidades estará la lucha contra
la pobreza infantil, y que carece de dotación. Y lo mismo ocurre con el
nuevo Plan Integral del Apoyo a la Familia.


Los presupuestos en materia de Igualdad del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad demuestran que, a pesar de los
pronunciamientos retóricos del Gobierno sobre la importancia de las
políticas públicas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, y erradicar la violencia de género como la expresión más cruel
de la desigualdad, discriminación y falta de respeto a los derechos
fundamentales, sus prácticas carecen de convicción y confirman el sesgo
ideológico de contrarreforma que, en materia de derechos de las mujeres,
han emprendido desde esta legislatura.


Las políticas públicas para la igualdad de oportunidades
han sido reducidas a la mitad desde el último gobierno socialista. Las
drásticas disminuciones en la dotación de los programas de Formación y
Fomento del Empleo Femenino, así como el desmantelamiento de las ayudas
al tejido asociativo de las mujeres en los programas a gestionar en CCAA
o por Entidades Locales, implican el total abandono y subsidiariedad del
Estado como estrategia del Gobierno del PP para el desmantelamiento del
sector público, también en este ámbito.


La deriva en estos presupuestos es evidente hacia las
empresas y la patronal, ya que se inaugura —a modo de patrocinio
público— la financiación de programas encomendados a la CEOE para
el liderazgo y la promoción de mujeres directivas, la Fundación YNFYDE, o
el Instituto Cameral de las Cámaras de Comercio, como nuevas dotaciones a
las que se les asigna la minoración producida en las otras partidas de
gasto del Programa 232B de actuaciones en Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres.


Además, en el Instituto de la Mujer, con un recorte del
27,4% de sus presupuestos, se laminan tanto las actuaciones del Gobierno
como de las asociaciones de mujeres en materia de no discriminación y
fomento de la participación de la mujer. Y aún más, se despide —en
el 2013— a la «cantera» de especialistas en género que se habían
ido formando a lo largo de estos últimos años a través del Instituto, al
reducirse a la mitad la dotación para las ayudas a estudios
universitarios de postgrado y al minorar, en un 98,2%, las becas de
formación en materia de igualdad.


Sin un solo programa de nueva creación, las actuaciones en
materia de prevención integral contra la violencia de género del Programa
232C, confirman el hecho de un gobierno insensible y que claudica ante
esta realidad: no existe el anunciado Plan personalizado de asistencia a
las víctimas y consideran no prioritario las campañas de prevención de la
violencia como principal estrategia para animar la denuncia y
sensibilizar a la sociedad. La principal novedad de este año supone la
disminución de un millón de euros (– 20%) en los programas de
asistencia social para mujeres víctimas y menores expuestos a la
violencia. Un recorte que amenaza acabar con el refuerzo educativo y el
apoyo psicosocial hacia las víctimas y que amputa los recursos necesarios
para el sostenimiento de los centros de acogida.


En suma, estos recortes en derechos e igualdad para las
mujeres, agravan aún más el carácter antisocial y restrictivo de las
políticas publicas del Estado del Bienestar y de los derechos sociales en
los PGE 2013, en especial si nos atenemos al recorte producido en el
programa 231G de atención a la infancia y a las familias, o también al
desmantelamiento del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia, dado que son las mujeres quienes se ocupan, casi en
exclusividad, del cuidado de menores y de las personas en situación de
dependencia.


Por todo ello, los presupuestos de esta Sección no permiten
cumplir ni siquiera con los objetivos expresados en su propia memoria
explicativa y el Gobierno debería presentar otro proyecto coherente con
los compromisos asumidos y con las necesidades de la sociedad.










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ENMIENDA NÚM. 1303


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y
Competitividad.


Enmienda


De devolución.


MOTIVACIÓN


Existe un consenso internacional sobre la importancia de la
inversión en conocimiento como principal inversión productiva. Los
avances científicos contribuyen a la mejora de la calidad de vida y son
la fuente principal de la innovación, una innovación que ha de ocupar un
lugar central en las políticas de impulso de la competitividad.


En el ámbito europeo esa importancia encuentra su reflejo
en la propuesta del Programa Horizonte 2020, para el que el Parlamento
Europeo ha reclamado una financiación de 100.000 millones de euros,
subrayando así el papel clave para el desarrollo social y económico y,
con ello, para la salida de la crisis que juega la promoción del
conocimiento, de la ciencia y la innovación.


Sin embargo, el Proyecto presentado por el Gobierno apunta
en la dirección opuesta. La política de gasto de Investigación,
Desarrollo e Innovación continúa perdiendo peso en el conjunto del gasto.
La I+D+i cayó del 2,7 % de los presupuestos 2011 al 2 % de 2012 y, en
términos homogéneos, se reduce al 1,8 % en el Proyecto para 2013.


El porcentaje sobre el PIB (precios corrientes) que
representa la I+D+i civil baja hasta el 0,52 %. Los créditos de los
capítulos I al VII disminuyen un 13,8 % mientras que los de capítulo VIII
aumentan un 8,5 %. Se reduce allí donde la ejecución presupuestaria es
elevada y se aumenta donde es baja. Los créditos destinados al Fondo para
la Investigación Científica y Técnica, de donde se nutren proyectos y
personal de investigación, se reducen en capítulo VII un 17 %.


Y aunque se aumentan las aportaciones patrimoniales al
CDTI, vía capítulo VIII, sigue reduciéndose también la financiación en
capítulo VII, un 26,3 %. El recorte acumulado de los presupuestos 2012 y
2013 en este capítulo es ya del 66,3 %, 156 millones de euros, limitando
seriamente la capacidad de actuación del Centro en su misión de fomento
de la innovación empresarial, directamente vinculada con la
competitividad.


Las cifras reflejadas en los diferentes programas de la
Sección 27 que se integran en la Política de Gasto 46 agravan las de
2012, que ya eran claramente incompatibles con la suficiencia financiera
de nuestro Sistema de Ciencia-Tecnología, por lo que afectarían aún más a
su capacidad investigadora, particularmente a lo más valioso, su personal
de investigación. Como viene señalándose de manera repetida, las
políticas de I+D+i son especialmente sensibles a la inestabilidad
financiera y los efectos del recorte no podrían, por tanto, ser
recuperados a corto ni medio plazo.


E igualmente perjudicial, y contrario al pretendido impulso
de la competitividad que parecería presentarse como parte esencial del
núcleo de la actividad del Departamento, es el recorte de las
transferencias al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). Este nuevo recorte pondría en compromiso la capacidad y eficacia
del Centro en el momento en que, justamente, su acción es más necesaria
para la recuperación económica.










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ENMIENDA NÚM. 1361


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.


Enmienda


De devolución.


MOTIVACIÓN


Inadecuación de los créditos presupuestarios consignados a
los objetivos de creación de empleo, de desarrollo de políticas activas
de empleo, de protección frente al desempleo y de políticas vertebradoras
en materia de inmigración e integración.


Al igual que sucediera en los Presupuestos Generales del
Estado para 2012, los grandes números del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, son tramposos y esconden un agujero de más de un 1% del
PIB.


En 2012 denunciamos una sobrevaloración de ingresos por
cuotas, tanto en Seguridad Social como en desempleo, y una
infravaloración de los gastos en pensiones y en desempleo. Entonces
estimábamos que faltaban en torno a 10.000 millones de ¤ (1% PIB). Hoy,
la realidad nos ha dado la razón: mayor caída de ingresos,
fundamentalmente, a causa de una reforma laboral que ha desencadenado una
pérdida masiva de puestos de trabajo. En este año, las solicitudes de
prestaciones contributivas se han disparado del 20% al 34%; se necesitan
como mínimo 3.000 millones de ¤ más de lo presupuestado para asumir el
gasto en protección por desempleo. El número de cotizantes a la Seguridad
Social se ha reducido en más de 625.000, y el empleo asalariado ha
retrocedido en 890.000 personas trabajadoras. Anunciamos un recorte de
prestaciones, y, desgraciadamente, los Reales Decretos-leyes 20/2012 y
23/2012, nos han dado la razón.


En 2013, nuevamente, los ingresos están sobrevalorados. Con
una previsión de retroceso del 0,5% del PIB —ya superada por las
previsiones de los organismos internacionales que lo sitúan cerca del
1%—, de repercusión indiscutible en el empleo, estos presupuestos
contemplan una reducción en los ingresos por cuotas en Seguridad Social
del 0,4%. Una caída de un 0,4% que, a su vez, queda en entredicho si
atendemos a la caída que reflejan las cuotas de desempleo, de un 3,8%, lo
que evidencia una caída en el empleo asalariado.


En relación al gasto, de nuevo nos encontraríamos ante un
agujero de un 1% del PIB, si atendemos al gasto en pensiones y en
protección por desempleo.


En pensiones, se necesitarían alrededor de 5.000 millones
de ¤ más tan sólo para asumir la compensación por desviación de
inflación. En protección por desempleo, contemplan una partida de 26.696
millones de ¤, un 6% menos que en 2012. Si tenemos en cuenta que ya hoy
el gasto en protección por desempleo va alcanzar en torno a 32.000
millones —3.000 millones más de lo presupuestado en 2012—,
podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la desviación al alza se
situará en más de 4.000 millones, y, por tanto, estaríamos hablando de
una reducción de cerca de un 19%, en relación con lo ejecutado en
2012.


A mayor abundamiento, del presupuesto de esta Sección 19,
al servicio de la creación de empleo, no se desprende ninguna política
general de creación de empleo; ni tampoco se encuentran las políticas
específicas anunciadas: Plan de empleo juvenil.


El presupuesto del Servicio Público de Empleo confirma que
el Gobierno deja al futuro crecimiento económico la creación de empleo,
sin una apuesta decidida en políticas activas de empleo y formación, a la
que se suman recortes drásticos en protección por desempleo, Renta Activa
de Inserción y Plan Prepara. Recortes que cifra este presupuesto pero
cuyo sustento normativo se encuentra en los Reales Decretos-leyes 20/2012
y 23/2012, anteriormente mencionados.


En Renta Activa de Inserción reducen los beneficiaros a
155.000, alrededor de 100.000 personas menos (agosto 2012: 234.397
beneficiarios). El Plan Prepara está dotado con 165 millones de ¤, 360
millones menos que en 2012. Reducen a una tercera parte la dotación,
dejando fuera a más de 200.000 beneficiarios.









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Las políticas activas de empleo han sufrido un recorte de
un 34,6%. Si en 2012 se redujo esta partida más de un 21%, este nuevo
recorte sitúa este presupuesto en relación con 2011 en la mitad: 3.765,34
frente a 7.322,57. Todo ello, a pesar de haber alcanzado una tasa de
desempleo del 25,1%, con un desempleo juvenil de más del 53%.


La formación profesional se financia exclusivamente por
cuotas, 1.800 millones. El Estado se abstiene de hacer ninguna
aportación, aun siendo la formación la clave de bóveda de la mejora de la
empleabilidad y la inserción laboral.


No apuestan por la labor de orientación e inserción de los
servicios públicos de empleo, y eliminan a los promotores y orientadores
de empleo.


Eliminan las bonificaciones a la contratación de colectivos
con especiales dificultades de inserción —mayores de 55 años,
mujeres autónomas que se reincorporen tras la maternidad—,
dirigiéndolas fundamentalmente a bonificar las contrataciones que se
celebren a través del nuevo contrato creado en la reforma laboral, con
tachas de inconstitucionalidad.


De otro lado, la importancia que este Gobierno concede a la
política de inmigración es evidente: desapareció del nombre del
Ministerio, se rebajó de categoría y poco a poco va quedando vacía de
contenido: El proyecto de Presupuestos para 2013 es un signo evidente de
que se ha renunciado a desarrollar una política de inmigración con
contenido social y finalidad integradora. Ahora se aspira, como máximo,
al mantenimiento de su estructura administrativa que soporta la gestión
ordinaria. Sin embargo, la política de inmigración, y fundamentalmente la
de integración de los inmigrantes, es necesaria e irrenunciable si se
quiere tener en unos años una sociedad cohesionada; si se quiere que las
segundas y sucesivas generaciones de descendientes de inmigrantes no sean
extranjeros en su país ni tengan menos oportunidades. Junto con la
ausencia de presupuestos para el Fondo de integración, la disminución en
las partidas de ayuda a menores no acompañados o las ya exiguas
transferencias a Comunidades Autónomas y Entidades locales hacen evidente
la pérdida de toda posibilidad de actuación.


Por todo ello, se propone la devolución al Gobierno del
Presupuesto de la Sección 19, pues son tramposos, antisociales y no
cumplen con las políticas que deben sustanciar: no contienen ninguna
estrategia para la creación de empleo, no apuestan por políticas activas
y de formación, reducen drásticamente el sistema de protección, en
detrimento de la cohesión social, y hacen imposible políticas esenciales
y vertebradoras de la sociedad, como son las políticas de inmigración e
integración.



ENMIENDA NÚM. 1384


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.


Enmienda


De devolución.


MOTIVACIÓN


Por falta de adecuación de los créditos a los objetivos de
la sección.


Los programas que gestiona este Ministerio ponen de
manifiesto la renuncia del Gobierno a apostar por una salida de la crisis
que se base en el crecimiento de la economía.


La amnistía fiscal aprobada resulta profundamente injusta
además de ineficaz y contradictoria con la persecución del fraude a la
Hacienda Pública.


La política impositiva aplicada en estos presupuestos lejos
de contribuir a una salida más equitativa entre los ciudadanos hace
recaer la mayor parte de los esfuerzos sobre los trabajadores y los
sectores de menor capacidad económica. A su vez, las modificaciones
tributarias son meros parches de carácter no









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permanente que no van a crear una base sólida de
recaudación que permita financiar los gastos del Estado.


Al contrario que en todos los ejercicios anteriores se
incluyen escasas modificaciones tributarias para el 2013, no se incluyen
las actualizaciones de mínimos personales y familiares en el IRPF ni de
tarifas por lo que nos tememos que recurran de nuevo al Real Decreto o
Ley vía urgencia para ello evitando el debate parlamentario.


Por otro lado, la austeridad extrema está teniendo un
impacto muy negativo sobre el crecimiento y el empleo, lo que a su vez
previsiblemente va a impedir que se cumplan los objetivos de déficit para
el próximo año.


Además, los créditos que corresponde gestionar a la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ponen de manifiesto la
dejación que hace el Estado de la cooperación económica local. Este
programa, de gran importancia hasta los Prespuestos de 2011,
prácticamente desaparece; con ello se impide la continuación de los
planes de obras y servicios así como una adecuada financiación de los
municipios de menos de 20.000 habitantes.


Los Prespuestos de esta sección, unido al proyecto de ley
de Presupuestos —especialmente los Títulos III y VIII— y a
las decisiones políticas adoptadas por el Ministerio, reflejan el
desinterés del gobierno por el sector público y los servicios públicos
así como su pretensión de un sistema de relaciones entre los tres niveles
de administración presidido no por el principio de cooperación sino por
el de control del Estado sobre el resto de administraciones,
fundamentalmente respecto de las entidades locales.



ENMIENDA NÚM. 1396


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.


Enmienda


De totalidad.


De devolución.


JUSTIFICACIÓN


El presupuesto total de la Sección 14 asciende a 5.936
millones de euros, cuando en 2012 fue de 6.316,4, millones de euros lo
que representa un descenso de un 6 por ciento, aproximadamente, sobre las
consignaciones en Presupuestos Generales del Estado para 2012.


Otra vez el Presupuesto del Ministerio de Defensa para 2013
es un presupuesto virtual ya que sigue sin recoger una previsión de gasto
realista, especialmente, para los programas especiales de armamento y
para operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior.


Se permite el Ministerio de Defensa recoger como
presupuesto total cifras que se sitúan por debajo de las previstas hace
diez años. Pero esto es una falacia ya que el presupuesto ejecutado
asciende a mucha más cantidad que el previsto en el Proyecto de Ley de
Presupuestos. Utilizan créditos ampliables para las operaciones de
nuestras Fuerzas Armadas en el exterior y hace una previsión inferior en
sesenta veces a lo que se gastará este año. En planes especiales de
armamento hace una previsión 260 veces inferior a lo gastado este año,
que aunque no previsto en los Presupuestos Generales del Estado, no fue
óbice para que el Gobierno, por el método del Real Decreto-ley, aprobase
un crédito extraordinario por importe de 1.782 millones de euros.


El Presupuesto de Defensa carece de objetivos estratégicos
y no aborda ninguna de las grandes necesidades de nuestra política de
Defensa.










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ENMIENDA NÚM. 1397


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.


Enmienda


De totalidad.


De devolución.


JUSTIFICACIÓN


El presupuesto de justicia se reduce un 4,21% respecto al
del año 2012 y se retrotrae y sitúa en presupuestos anteriores a 2009. El
descenso del presupuesto de 2012 representó una caída del 6,34% respecto
del presupuesto de 2011 al que ahora se acumula la caída del 4,21% de
este presupuesto para 2013.


Un año más, el gasto de personal representará el mayor
gasto del presupuesto, 1.243 millones de euros, es decir el 82,44% del
gasto total de 1.507,78 millones de euros de presupuesto para 2013.
Frente al presupuesto de 2011 que fue de 1.814,78 millones de euros para
el conjunto del Ministerio de Justicia y organismos adscritos. Y se
sumaron a estas cantidades, en los años 2010-2011, unos 388 millones de
euros adicionales destinados al Plan de Modernización de la Justicia
2009-2012, que no ha tenido continuidad con el Gobierno del Partido
Popular.


Con este exiguo presupuesto se pretende atender a los
objetivos que se anuncian como «dotar a la Administración de Justicia de
un sistema de resolución de conflictos efectivo, modernizar y
profesionalizar la justicia incrementando su calidad y racionalizando el
gasto y resolver los principales problemas del sistema de justicia
caracterizado por un agotamiento del modelo y un mayor índice de
litigiosidad que en otros países de nuestro entorno».


Cabe preguntarse si lo que se propone como «sistema de
resolución de conflictos efectivo» es alguna fórmula de las que el
Ministro ha venido anunciando, de privatizar el servicio público de la
justicia a favor de determinadas corporaciones profesionales y en
detrimento del derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, de
aquellos ciudadanos que no podrán permitirse acceder a esa vía privada.
En la medida que aceptemos que se refuerce la justicia privada, avanzamos
en la demolición de la justicia como servicio público. El Grupo
Socialista no puede compartir que se haga una justicia de dos
velocidades, no puede aceptar que se establezca una diferencia entre los
ciudadanos que puedan costearse la defensa de sus derechos de quienes,
sencillamente, no puedan ni siquiera plantearse acceder a la defensa de
los mismos.


Coherente con esta tendencia privatizadora y justificativa
de la misma es el argumento esgrimido por el Gobierno de que el modelo
está agotado y colapsado, que parece la premisa de la que parte el
Partido Popular, como afirmó incluso el Ministro en su comparecencia de
presentación de las líneas generales de su política.


El Grupo Socialista cree en el servicio público de la
justicia y defiende que debe culminarse el proceso de reformas iniciado
en las dos últimas legislaturas por el Gobierno socialista y que el
necesario ajuste del gasto público no debería, en modo alguno, paralizar
el proceso transformador de la justicia, impulso que ha sido abandonado
por el Gobierno del Partido Popular menoscabando los recursos que se le
destinan en un 57,38%.


Además, la reducción en el capítulo de inversiones, donde
recaen las mayores reducciones, no deja lugar a dudas del nulo margen del
que se dispone para mejorar el servicio público de la justicia.


Y este abandono del servicio público de la justicia redunda
indefectiblemente en su progresivo deterioro en perjuicio de la
ciudadanía, que con el Gobierno del Partido Popular sufre una constante
merma de derechos y sufre, también, la recurrente utilización del Código
penal en la expresión más populista de su política.


Además, el Gobierno del Partido Popular, avanza en la
aprobación de un régimen de tasas judiciales que se convertirá en un
auténtico ‘repago’, consagrando así un rechazable modelo de
justicia no ya de dos velocidades, sino que junto a ciudadanos que puedan
costearse la defensa de sus derechos, estarán aquellos que,
sencillamente, no puedan ni siquiera plantearse acceder a la defensa de
los mismos. Se









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dará, pues una imposibilidad material de acceder a la
justicia para una gran parte de la ciudadanía, porque no se encuentre en
los supuestos de disfrutar del beneficio de la justicia gratuita, y a la
que le resultará extraordinariamente gravoso acudir a los tribunales,
estableciendo una desigualdad evidente y absolutamente rechazable pues
todos los ciudadanos tienen pleno derecho a utilizar el servicio
público.


Se anuncia una recaudación estimada de 550 millones de
euros con la revisión de las tasas judiciales y lo que se pretende no es
destinar estos ingresos a modernizar la Administración de Justicia, sino
simplemente trasladar a los ciudadanos el coste que supone la prestación
del servicio de asistencia jurídica gratuita.


Por lo que se refiere a las plazas de jueces y fiscales, si
en el presupuesto de 2011 se contemplaba la dotación de 150 plazas de
jueces, 100 plazas de fiscales, 50 de jueces de adscripción territorial y
260 para secretarios judiciales, en el presupuesto de 2012 no existió
dotación para nuevas plazas, y para el próximo año únicamente se
incluirán en la Oferta de Empleo Público 50 plazas de las carreras
judicial y fiscal a todas luces insuficiente, por lo que cabe recordar la
posición del Grupo Popular en anteriores legislaturas reclamando, desde
la tribuna, el doble de jueces de los que se disponía entonces, pero que
previsiblemente nada dirá de la mínima convocatoria de 50 plazas de
jueces y fiscales para el año 2013.


Por todo ello, el Grupo Socialista no comparte la política
de justicia del Gobierno del Partido Popular ni su concreción en los
Presupuestos Generales del Estado y, por esa razón, se presenta una
enmienda a la totalidad de devolución de la Sección 13 de los
Presupuestos Generales del Estado.



ENMIENDA NÚM. 1417


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.


Enmienda


De totalidad.


De devolución


JUSTIFICACIÓN


En el área de gasto 1 «Servicios Públicos Básicos» que
abarca el núcleo central de las políticas del Estado en áreas como la de
Justicia, Defensa o Seguridad ciudadana, la Política Exterior de España
vuelve a ser la más castigada en estos Presupuestos con un recorte en su
capacidad de gasto del 11,21%, a la que habría que sumar la reducción del
39% en el ejercicio anterior. Con un presupuesto de gasto previsto de
1.343,2 millones de euros —1.044,2 exactamente, si se excluyen
obligaciones de ejercicios anteriores— el panorama del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación es el siguiente:


Un recorte acumulado de la AOD española que situará nuestra
aportación a las políticas de cooperación para el desarrollo en niveles
similares a los de los años 90, anteriores a la Ley de Cooperación, y con
una Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) cuyo presupuesto acumula un descenso en sus fondos de más de 600
millones de euros en los dos últimos ejercicios presupuestarios
(prácticamente un – 70%.) Además se constata una caída en picado
del peso político del Ministerio en la gestión de la cooperación para el
desarrollo a través de la AOD —pasando a gestionar del 45% al 40%
de su total en menos de nueve meses según previsiones del propio
Gobierno— y por tanto, en su capacidad para determinar las
orientaciones de la ayuda española hacia los países en desarrollo y las
estrategias de lucha contra el hambre y la pobreza.


España arruina, echa por tierra su credibilidad y se
debilita notablemente el papel del MAEC para representar los intereses de
los españoles en el mundo y contribuir activamente en los cambios que
deben producirse a escala global como consecuencia de la crisis
financiera internacional, al cercenar su









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contribución a la provisión de bienes públicos globales
como los relacionados con la paz, el acceso a servicios públicos
esenciales, el derecho a la alimentación, el agua, la protección de los
derechos humanos, la igualdad de género, o la sostenibilidad
medioambiental.


En cuanto al programa 142A de Acción del Estado en el
exterior, aunque se mantenga estable en este presupuesto con una ligera
variación positiva (+0,38%), no consta, por ejemplo, en la documentación
presupuestaria la lista de contribuciones voluntarias y obligatorias a
organismos internacionales dificultando el seguimiento de las mismas.
Especialmente significativo en este año es además la inexistencia de
puestos para los JPO (Jóvenes Profesionales destacados en organismos
internacionales) que tan excelente participación española ha generado en
las instituciones multilaterales de desarrollo a lo largo de estos
últimos años. Vuelve a descender en el 2013 la financiación de los
principales instrumentos de la diplomacia pública en nuestro país (Casa
África, Casa Árabe, Casa Sefarad-Israel, Casa del Mediterráneo, Instituto
de Estudios del Mediterráneo, Casa América), entidades todas ellas de
creciente importancia para las actividades y objetivos de nuestra acción
exterior.


Finalmente, el Programa 142 B sobre acción diplomática ante
la UE ve mermada su capacidad de actuación en un – 12,4% respecto
al 2011, en un año crucial para el futuro de la Unión Europea y su
gobernanza en materia fiscal, política y económica. 2013 también será el
último año del actual marco presupuestario que rige nuestras relaciones
financieras con la UE.


Muchas son por tanto las cuestiones y demasiadas las
incertidumbres en ámbitos directamente relacionados con la política
exterior y la cooperación: la política en materia de defensa de los
derechos humanos; la protección y defensa de los intereses españoles en
el exterior; la política de gobernanza y reforzamiento de las
instituciones globales; las acciones conjuntas para la necesaria
regulación de los mercados financieros y de los bienes públicos globales,
como la paz, la lucha contra la pobreza y desigualdad, o la
sostenibilidad ambiental y energética. Nuestro compromiso con una
política exterior como política de Estado, adaptada al siglo XXI y a sus
retos, nos obliga a mostrar nuestra inquietud y rechazo ante los PGE para
el 2013.



ENMIENDA NÚM. 1432


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


RETIRADA



ENMIENDA NÚM. 1433


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.


JUSTIFICACIÓN


Los programas contenidos en esta sección son de continuidad
respecto a los contemplados en los presupuestos de 2012, constatando
nuevamente que el Gobierno ha renunciado definitivamente a apostar por
una salida de la crisis basada en el crecimiento de la economía. La
política de austeridad extrema está teniendo un impacto muy negativo
sobre el crecimiento y el empleo y, consecuentemente, el incumplimiento
de los objetivos previstos de déficit para el año próximo.


Hoy está claro que buena parte del déficit público y del
consiguiente volumen de deuda pública, se han generado fundamentalmente
por la desfiscalización del Estado mediante la reducción de impuestos de
las rentas más altas y las grandes empresas y por el endeudamiento
ocasionado para tapar las deudas del sistema financiero.









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Se constata nuevamente que estos programas no responden a
las necesidades globales y actuales del país: no generan confianza, ni
dentro ni fuera de nuestro país; no abordan la generación de un escenario
con bases más sólidas y socialmente más justas para nuestra economía y no
fomentan ni potencian su internacionalización así como la recuperación de
la demanda interna.


La política tributaria impulsada por el Gobierno hace
recaer injustamente la mayor parte de la financiación de los servicios
públicos sobre las rentas del trabajo y las clases medias. Al mismo
tiempo, se concede una injusta e inaceptable amnistía fiscal a los
grandes defraudadores, que además es inmoral e insolidaria. Además, el
Gobierno ha renunciado a la investigación sobre la procedencia de dichos
fondos y las actividades (ilícitas o no) que han dado origen a esas
fortunas ocultas hasta el momento. Por otra parte, esta amnistía se ha
demostrado ineficaz en la práctica y contradictoria con el objetivo de la
Hacienda Pública, como es la lucha contra el fraude.


Cierto es que el Gobierno actual va introduciendo medidas
tributarías con la intención de corregir el déficit público. Algunas de
ellas son positivas, pero la de mayor potencial recaudatorio, la
elevación de los tipos impositivos general y reducido del Impuesto sobre
el Valor Añadido, es una medida regresiva porque penaliza en mayor
proporción a los ciudadanos con bajos ingresos. Además, afecta
negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo.


Existen alternativas en forma de medidas tributarias para
asegurar el principio de suficiencia y la justicia y progresividad del
sistema fiscal.


Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el
fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de
38.000 millones de euros anuales. Los PGE 2013 reducen el presupuesto de
la Agencia Tributaria un 7,7%, dando cuenta de que no hay voluntad
política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.


Las reformas en materia tributaria deberían aumentar la
recaudación afectando en la menor medida posible a la demanda interna.
Dichas reformas deben gravitar sobre los contribuyentes de mayor
capacidad económica, cuya propensión marginal a consumir es menor.
Podríamos así revertir la subida del IVA que es regresiva e injusta
porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos y
que afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el
consumo.


En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para
una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y
limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si
se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de
las grandes empresas y de los bancos.


Por otro lado, la congelación de las retribuciones de los
empleados públicos constituye un grave atentado sobre su poder
adquisitivo. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en
la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como
consecuencia de las medidas contra la crisis. Y continuar con la
amortización de empleo público, además de dañar la calidad de los
servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis en forma de
destrucción de empleo.


En cualquier caso, los presupuestos de esta sección son
claramente insuficientes para que los distintos niveles del sector
público español: administración estatal, local y autonómica, puedan
desarrollar de forma adecuada sus competencias y funciones. El principio
de cooperación, básico para garantizar una eficaz gestión de los
intereses públicos al servicio de los ciudadanos, ha dado paso al control
por parte del Estado sobre el resto de administraciones, especialmente
los municipios y entidades locales.


En cuanto a los créditos correspondientes a la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas reflejan claramente el abandono
por parte del Estado hacia la cooperación económica local. Se abunda en
las políticas iniciadas en los presupuestos de 2012, es decir, desaparece
en la práctica el máximo instrumento de cooperación local y que hasta el
año 2011 dio importantes frutos: los planes de obras y servicios y el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que en el ejercicio de
2011 ascendió a 2,6 millones de euros. De la misma forma desaparece la
partida para la financiación de los municipios de menos de 20.000
habitantes.










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ENMIENDA NÚM. 1434


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.


JUSTIFICACIÓN


Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado
5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el
acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de
2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones
de menos en los presupuestos 2013. Lo cual ha ahondado en la política de
deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las
enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva,
precarización de condiciones laborales del profesorado y brutal reducción
de plantillas, mientras que estos presupuestos mantienen intacto el
número de altos cargos en la Administración).


— El presupuesto de Educación cae en 326 millones ¤:
Las partidas destinadas a Educación en los PGE para el ejercicio 2013,
ascienden a 1.944,73 millones de euros, un 12,43% menos que en el
ejercicio anterior, que se destinaron 2.270,90 millones de euros, un
31,6% con respecto a 2011 y un 82% en relación con 2008. Hay que
remontarse al año 2006 para encontrar un presupuesto educativo semejante,
cuya cifra fue de 1.936 millones de gasto educativo. Esta reducción está
muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios: un 64% superior
respecto del 8,9% de recorte medio. En su conjunto, el gasto educativo se
ha reducido casi en un tercio en los dos últimos años (31%), pasando de
2.843 millones de euros en 2011 a 2.219 en 2012 y a 1.944 en 2013.


— 50 millones menos para Becas y ayudas al estudio:
El gobierno miente cuando dice que ha aumentado la ayuda a los
estudiantes. Los datos demuestran que se ha reducido el gasto total en
becas y ayudas un 3.8%. Este programa está dotado con 1.222,16 millones
de euros, que supone una reducción de 47,9 millones de euros con respecto
al 2012, es decir un 3,8% menos. Si lo comparamos con los presupuestos de
2011 la reducción es de 209 millones de euros, es decir un 14,6% menos.
Además cuando en el presente curso se han incrementado significativamente
los costos de los libros y del material escolar, así como el de las
matrículas universitarias, por encima del 40%. Sólo sube un tipo de ellas
y en una cantidad ridícula: 23 millones ¤ que corresponden a la partida
para las becas universitarias y no universitarias de carácter general y
la compensación a las Universidades por becarios exentos de su pago. Los
recortes más destacados se centran en el capítulo 4 destinado a
transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, en el
apartado de becas y ayudas al estudio. Se ha pasado de 98,5 millones de
euros en el 2011 a 27,3 millones de euros en el 2012 y a 20,3 en 2013, en
los gastos correspondientes a la Dirección general de evaluación y
cooperación territorial. En el programa de ayudas para la movilidad de
estudiantes Séneca y Erasmus quedan aglutinados en un solo capítulo con
una aportación de 21,7 millones de euros que supone una reducción del
60%.


— Recorte brutal en Educación Especial y
Compensatoria: La peor parte de la bajada de 2012 a 2013 se la llevan los
programas de educación compensatoria, destinada al alumnado con
dificultades de integración: esta partida pierde 116,5 millones, es
decir, un 68%, hasta quedarse en 53 millones. Este drástico descenso se
debe entre otras a la total desaparición del Programa PROA (Programas de
apoyo y refuerzo en centros de Primaria y Secundaria) dentro del capítulo
destinado a transferencias corrientes a Comunidades autónomas, que
contaba con 60 millones de euros. Asimismo descienden los gastos de
personal (funcionarios) que se reduce a 2,93 millones de euros cuando en
el 2012 la cantidad era de 6,31 millones, una reducción de 53,56 %. Pero
no es menos grave que los programas de atención al alumnado con
necesidades especiales (13,5 millones de euros) hayan desaparecido. Esto
refleja el interés que tiene este gobierno con la atención a la
diversidad y las políticas de compensación y apoyo a los estudiantes con
mayores dificultades o más necesidades.


— Recortes en programas fundamentales: el programa de
deporte en edad escolar y en la universidad, que disminuye un 86,1%; el
de enseñanzas artísticas, con una reducción del 27,2%; el de cooperación,
promoción y difusión cultural, con un descenso del 24,3%; y el de
formación permanente del









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profesorado, con un 18,2%. Los programas de educación en el
exterior, con un recorte del 7,8%; las transferencias internas, que se
recortan el 5,5%, y el programa de Educación Infantil y Primaria que,
tras el recorte del 36,5% de este año, se recorta aún más con otro
– 4,4%.


— Más recortes en los programas en Universidad e
I+D+i: se recortan un 18,2% y el 14,4% en la investigación científica, a
pesar de que el Gobierno esté diciendo lo contrario. El presupuesto del
Ministerio de Educación destinado a Universidades ha pasado de 149,66
millones de euros en 2012 a 122,35 millones de euros en 2013. Esto supone
aproximadamente un 18,3% menos. La cifra es alarmante, sobre todo si se
tiene en cuenta que en el año 2011 el presupuesto fue de 399,61 millones
de euros. Los recortes afectan prácticamente a todos los organismos. La
UNED ha pasado de tener 78,05 millones de euros en 2012 a tener 68,53
millones de euros en 2013 (12,2% menos). La Universidad Menéndez Pelayo
pasa de tener 15,07 millones de euros en 2012 a 14,69 millones de euros
en 2013. Las ayudas a entidades públicas como la ANECA y otras
fundaciones públicas vuelven a sufrir nuevos recortes. Si en 2012
recibieron 9,72 millones de euros, en 2013 tienen un presupuesto de 9,04
millones de euros. De estos últimos la ANECA recibirá 8,50 millones de
euros, el 5,6% menos que en 2012. La partida dedicada a Becas
universitarias también se reduce. Si a esto sumamos el endurecimiento en
los requisitos para obtener y mantener una beca, un 17% de alumnado no
podrá renovar su beca, por lo que el recorte real será incluso mayor.


— Desaparecen multitud de programas: Siguiendo la
política de recortes de gastos del Ministerio de Educación a los
programas que desaparecieron en el Presupuesto del curso pasado, como
Educa 3, Competencia Básicas, Leer para aprender, Profundización de
conocimientos, Contratos-Programas, Programa ARCE, Plataforma F.P.,
Sistema integrado de formación y orientación profesional, Evaluaciones de
diagnóstico y Formación del profesorado, se han añadido en este
presupuesto la desaparición de otros programas que tenían una gran
importancia y calado sobre todo para asegurar la igualdad de
oportunidades. La suma total de estos programas que desaparecen supone un
total de 310,86 millones de euros.


Desaparecen:


— Programa PROA que contaba con un importe de 60,0
millones de euros en 2012.


— Las transferencias corrientes a Comunidades
Autónomas para la mejora de las enseñanzas de lenguas extranjeras, con un
importe de 13,3 millones de euros en 2012.


— Las transferencias a Comunidades Autónomas para
financiar el Plan de disminución de abandono escolar temprano que tenía
una cantidad de 40,8 millones de euros en 2012.


— Las aportaciones al Plan de Acción en materia
educativa 2010-11, con 11,49 millones de euros en 2012, (el desarrollo de
12 objetivos educativos establecidos para la década 2010-20).


— La Compensación a las Universidades de los precios
públicos por servicios académicos correspondientes al alumnado exento de
su pago, con 185,275 millones de euros.


— Recorte en el programa de Formación permanente del
profesorado: Este programa tiene una dotación de 3,45 millones de euros,
lo que supone un recorte del 18,15% con respecto a 2012. En los últimos
años este programa viene sufriendo unos recortes drásticos, quedando casi
anulado, ya que en el año 2011 contaba con 52,33 millones y en el 2012
descendió a 4,22 millones.


— El programa de Educación Infantil y Primaria: Está
dotado en 2013 con 159,84 millones de euros, lo que supone un recorte del
4,56% respecto a 2012. Este recorte de 7,30 millones de euros se suma al
realizado en los presupuestos aprobados en el pasado mes de abril, que
supuso la supresión de 100 millones de euros y generó la eliminación del
Programa Educa3 para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil
de 0 a 3 años.


— El programa de Educación Secundaria, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas: Cuenta con una dotación de
108,50 millones de euros, es decir, se recorta un 38,2% con respecto a
2012. De este recorte de 67,30 millones de euros, 54,10 millones de euros
corresponden a la desaparición de las transferencias corrientes a
comunidades autónomas para la mejora de las enseñanzas de lenguas
extranjeras y para financiar el Plan de disminución de abandono escolar
temprano.


— Ataque a las enseñanzas artísticas, con un recorte
del 27,2%, lo cual se relaciona con la arbitraria eliminación del
Bachillerato de artes escénicas. Se reducen las cantidades para
Enseñanzas Artísticas pasando de 7,37 millones de euros a 5,36 millones
de euros en el 2013, un 27,20% menos.


— Recortes en otros programas: El programa de
Educación en el Exterior también reduce su presupuesto en 8,5 millones de
euros, pasando de 108,5 millones de euros en 2012 a 100 millones de euros
en 2013, es decir, un 7,82% menos. El programa Deporte en edad escolar y
en la Universidad, pasa









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de 13,31 millones de euros en 2012 a 1,85 millones de euros
en 2013, es decir 11,46 millones de euros menos, un 86,1% menos.


— Sustitución y reducción de programas: Educación
especial que contaba con un total de 13,43 millones de euros, Educación
permanente y a distancia no universitaria, con 5,75 millones de euros en
2012, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación cuyo presupuesto era de
50,43 millones de euros y Apoyo a otras actividades escolares con 6,53
millones de euros en 2012, son eliminados y sustituidos por otro uno
nuevo programa denominado «Otras enseñanzas y actividades educativas» que
cuenta con un presupuesto de 52,3 millones de euros y que engloba a los
programas anteriormente señalados y que de ningún modo aglutina las
cantidades que sumaban los programas desaparecidos (76,151 millones de
euros). Esto supone 23,85 millones de euros menos.


— Además, los nuevos presupuestos introducen por
tercer año consecutivo otra congelación salarial para los funcionarios
docentes que sitúa su capacidad adquisitiva en términos del año 2000, lo
cual sumado a los recortes que han padecido desde mayo de 2010, a las
congelaciones practicadas en estos dos últimos años y al aumento del
IRPF, suponen ya una merma de retribuciones superior al 20% de media, lo
que vuelve a colocar a la profesión docente entre las más castigadas por
la crisis económica, ya que a la reducción en sus retribuciones se suma
la enorme supresión de plazas de personal, junto al ataque a derechos
laborales consolidados.


— En educación la tasa de reposición será de hasta el
10%. La reducción de la oferta de empleo público que fija para Educación
un 10% de tasa de reposición de efectivos, supone una reducción drástica
comparada con la fijada para el año 2011, que fue del 30%. Esto no sólo
implicará el aumento de la temporalidad y de la precariedad en el sector
educativo sino que supone la ruptura del compromiso adquirido por la
Administración Educativa de reducir el porcentaje de profesorado interino
en los centros docentes, con el objetivo de no sobrepasar el límite
máximo del 8% establecido, de forma general, para la función pública. Con
esta tasa de reposición y con la reforma laboral actual que abre la
puerta al despido, no se puede garantizar una prestación ni siquiera en
condiciones mínimas de los servicios públicos educativos.


— Mientras que en la Enseñanza Concertada, las
cantidades establecidas en el Anexo IV para los módulos de los conciertos
educativos, se ven incrementados en los PGE de 2013 en un 4,5% en
«salarios» y «gastos variables» y el 1,5% en «otros gastos».


— En conclusión podemos constatar que si en 2012 la
inversión pública educativa en España habrá descendido en casi de 8.000
millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno
al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de
la OCDE y la Unión Europea.


Todo ello revela la pérdida de importancia de la educación
pública en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que
gobierna el Partido Popular que lo único que busca es promover el negocio
educativo a costa del deterioro de la educación pública dando una nueva
vuelta de tuerca a las ya precarias situaciones por las que están pasando
los trabajadores y trabajadoras del sector público educativo, las
familias y sus hijos e hijas en edad escolar. El aumento del ratio
alumno/profesor y de las tasas universitarias, la desaparición de las
becas-comedor o el aumento del IVA del material escolar, son claros
ejemplos de medidas que condenan a los estudiantes a una formación
excluyente, deficiente y cara en un entorno de extrema competencia con un
elevado índice de abandono escolar y paro y unas perspectivas para su
futuro profesional nada halagüeñas y para muchos de ellos alejadas de su
país de nacimiento a no ser que se tenga un «padrino» o una «madrina»,
que también las hay.


Por todo ello, no es de extrañar las acciones que familias,
alumnos y profesores, están adoptando de cara a defender sus derechos y a
mejorar la situación en la que está inmersa la educación pública en este
país, son los que están sufriendo estas irresponsables políticas de
recortes. Por tanto, no es de extrañar que la calle se llene de jóvenes
manifestantes.


En suma, ante la crisis estos presupuestos están buscando
fomentar el negocio privado en torno a un servicio básico y de futuro
para el país y que la buena educación sólo sea para ricos.


Por lo que se refiere a deportes, en los PGE para 2013, se
ajustan los gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios
a lo indispensable para su funcionamiento.


En el apartado de Trasferencias corrientes cabe destacar el
recorte destinado a federaciones y al Comité Olímpico Español que
representa un 34% menos respecto a presupuestado para 2012, así como a
las federaciones de discapacitados y al Comité paralímpico Español que
también sufre un recorte del 51% respecto al 2012.









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60




Por lo que se refiere a Transferencias corrientes debemos
destacar una disminución del 26,3% para el Centro de alto rendimiento de
Sant Cugat (Barcelona) a lo que debemos sumar los 2150 millones menos en
transferencias de capital para el mismo centro en relación a los PGE del
2012.


También tiene gran relevancia los 3500 millones en
transferencias de capital para Corporaciones Locales destinados a
construcciones deportivas y equipamientos que en el 2013 han desaparecido
por completo.


Por el contrario, la partida que si aumenta su crédito para
el 2013 es la destinada a la Liga Nacional de Futbol profesional en más
de 8.000 millones.


Por último con este proyecto de PGE 2013 el Plan
Estratégico General que ha puesto en marcha la Secretaría de Estado de
Cultura queda políticamente enmendado por las infradotaciones y los
recortes presupuestarios en materia de Cultura.


Unas partidas que en 2012 sólo representan el 0,3% del
total del presupuesto, este ejercicio 2013 todavía se ven recortadas en
un 20% adicional, estrangulando de este modo el sector cultural (4% PIB y
600.000 puestos de trabajo directos) por el lado del gasto público y por
el lado de los ingresos privados con la subida del IVA del 8% al 21%.


En cuanto a Cataluña, la deserción del Ministerio en cuanto
a sus obligaciones hacia la capitalidad cultural de Barcelona es
alarmante y subraya una vez más el centralismo del PP: desaparición
después de seis años del convenio, fruto de la Carta Municipal de
Barcelona (que es ley vez del Parlamento de Cataluña y de las Cortes
Españolas), de dotación para los gastos de capitalidad que este año 2012
ya se había reducido en un – 76% y disminución de un – 46,9%
de las aportaciones directas para gastos de funcionamiento en los Centros
Culturales de Barcelona (de 21,3 M¤ a 11,3 M¤), todo ello sumado al nuevo
retraso en la construcción de la Biblioteca Pública del Estado con una
partida de U ¤ (Barcelona es la única capital de provincia que aún no
tiene la Biblioteca del Estado que le corresponde por ley).



ENMIENDA NÚM. 1435


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.


JUSTIFICACIÓN


En un país cuyo principal problema económico y social es el
paro, es incomprensible que la política de gasto que más disminuya, y con
diferencia, sea la del Fomento del empleo, con un descenso del 34,58%. El
programa 241 A de Fomento de la Inserción y la Estabilidad Laboral se
recorta en 1.994 millones de euros, quedándose tan sólo con 3.765
millones de euros presupuestados. El principal recorte se produce en las
transferencias a familias y entidades sin ánimo de lucro, pero también se
recortan las transferencias a las CCAA en un 4,9%, y deja sólo en 1.391
las transferencias a CCAA, con 62 millones de euros menos. Hay que
recordar que en 2012 el recorte en políticas activas de empleo (inserción
laboral) para las CCAA fue de 1.735 millones, un 54% menos respecto 2011
cuando esta partida era de 3.181, más del doble de la actual. Este
recorte es el que supuso que se anunciara el despido de 1.500 promotores
de empleo a 31 de julio y de 1.500 orientadores a 31 de diciembre de
2012, desmontando el plan extraordinario de orientación, formación e
inserción laboral y dejando desprotegidas a las personas
desempleadas.


Detrás de este recorte encontramos la voluntad de
privatizar definitivamente la intermediación laboral desmontando
cualquier servicio público de ayuda a las personas desempleadas. Esta
dogmática estrategia tendrá consecuencias desastrosas para millones de
desempleados dada la natural inclinación de la empresa intermediadora
privada a concentrarse en la búsqueda de empleo de las personas de más
fácil «empleabilidad», en perjuicio de aquellas con más dificultades en
la búsqueda de empleo. Dicho de otra manera: se ignora a los colectivos
más débiles como por ejemplo los parados de larga duración.


Estos presupuestos no sólo condenan a las personas
desempleadas a seguir paradas con las drásticas reducciones en el
programa de fomento de empleo, sino que también les condena a quedarse
sin ingreso.









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61




El Programa 251M prestaciones a los desempleados, se ha
visto alarmantemente reducido en los PGE 2013 que han recortado un 6,34%
el conjunto de las prestaciones por desempleo. Este año presupuestan
1.807 millones de euros menos en total en prestaciones para las personas
desempleadas. Han rebajado un 3,4% las prestaciones contributivas
(– 4,5% respecto 2011) y han rebajado un 13,2% las prestaciones
asistenciales (16,4% de recorte respecto al 2011). Todo ello a pesar de
que las previsiones del propio gobierno que el desempleo para 2013 sea
prácticamente idéntico que en 2012: La previsión aprobada por consejo de
ministros el 20 de julio de este año era de 24,3% de paro para 2013. Sin
una disminución del desempleo y con un sensible recorte en prestaciones
contributivas y un auténtico hachazo a los subsidios asistenciales por
desempleo hay dos opciones: o que se incumplan los presupuestos o que las
personas desempleadas vean recortados masivamente sus ayudas dejando a
centenares de miles de personas trabajadoras sin ningún tipo de
ingresos.



ENMIENDA NÚM. 1436


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


JUSTIFICACIÓN


Los recortes planteados en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente son unos recortes de tal magnitud que
plantean serias dudas sobre la capacidad del gobierno para dar respuesta
a los importantes retos y dificultades por los que atraviesa el sector.
La suma del recorte presupuestario del anterior ejercicio de un 19% más
el 25% del actual, dejan a este Ministerio sin posibilidad de dar
respuesta a las políticas agrarias, medioambientales y pesqueras que
necesita España.


Una de las partidas más afectadas es la de seguros agrarios
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que supondrá que el
Gobierno tendrá menos capacidad de reacción y planificación ante
cualquier situación de urgencia. Los agricultores y ganaderos estarán más
expuestos a las inclemencias del tiempo y a las crisis sanitarias, riesgo
que se verá acentuado por la irresponsable reducción del 30% de la
partida para el control y erradicación de las enfermedades animales.
También se deja en una situación de insostenibilidad la renovación
generacional del campo, ya que el programa para la incorporación de
jóvenes sufre una disminución del 34% en 2013, que tendrá un efecto
multiplicador al estar cofinanciada al 50% entre UE y Gobierno (25%) y
comunidades autónomas (25%). Si la aportación del Estado y de la
administración autonómica se reduce, ello impide que pueda llegar a los
jóvenes agricultores el total de las ayudas presupuestadas por Bruselas
para el periodo 2007-2013.


El carácter estratégico de la agricultura, la pesca y
especialmente del sector agroalimentario debería plantearnos una apuesta
firme para el desarrollo de políticas eficaces. Unas políticas que
respondan a las necesidades vitales de nuestra sociedad vinculadas al
desarrollo de puestos de trabajo, de una mayor competitividad del sector,
así como todos los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria y
la sostenibilidad ambiental. Aspectos que por supuesto van ligados a una
clara apuesta por el mantenimiento de políticas de desarrollo del medio
rural. Un ámbito que, lamentablemente, ha visto disminuir drásticamente
los recursos destinados a la cohesión territorial y al impulso para la
generación de actividades económicas que garanticen un futuro a los
jóvenes en zonas con poca actividad económica y donde la agricultura ya
no garantiza oportunidades para ellos.


Hay que destacar el descenso de las rentas agrarias y del
sector pesquero como una constante que amenaza gravemente a los sectores
referidos en esta sección. Una situación para la que, con los
presupuestos presentados, el gobierno no tendrá capacidad para dar
respuesta a los diversos problemas que actúan como efectos adversos para
la recuperación de las rentas y la solución de los problemas
estructurales que afectan al sector.


La reducción en las partidas ambientales del presupuesto
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de
las más desiguales donde se evidencia que los PGE no sólo están al
servicio de la austeridad sino que también están al servicio al de un
cambio de modelo más injusto y menos









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62




sostenible. El recorte en las políticas de gasto de las
políticas de actuaciones en agricultura, pesca y alimentación se recorta
en un 9,38%. Las tres partidas que más disminuyen en el período 2012-2013
suponen toda una declaración de intenciones: en primer lugar la
mutilación casi definitiva del Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
que disminuye un 31%, que se debe sumar al 85,6% de los anteriores
presupuestos, siendo el programa que registra mayor descenso dentro del
Ministerio. En segundo lugar, las Actuaciones para la prevención de la
contaminación y el cambio climático que no llegarán ni tan sólo a las 50
millones de euros. Y en tercer lugar, el programa de Protección y mejora
del medio ambiente que cayó un 37% en 2012 y lo hace un 23% más en 2013,
afectando especialmente a las transferencias a CCAA para las políticas de
gestión de residuos.



ENMIENDA NÚM. 1437


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


JUSTIFICACIÓN


El Presupuesto del Ministerio ha tenido en los últimos años
tres grandes partidas: el gasto sanitario; el gasto de programas de
servicios sociales, juventud e igualdad; y las transferencias destinadas
a financiar el Sistema de Atención a la Dependencia. A esos tres bloques
se añade en el presupuesto de 2013 un cuarto bloque de obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores por las cuotas sociales de los
cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, con
una cuantía de 1.034 millones de euros. Pues bien, en estos presupuestos
es evidente la evolución descendente de las cuantías de todos los
epígrafes, como la disminución en relación al total del Presupuesto de
los Ministerios y del Presupuesto General del Estado en su conjunto.


Estos Presupuestos ponen de manifiesto la escasa
sensibilidad del gobierno con los servicios públicos, ya sean sanitarios
o sociales y la lucha contra la pobreza.


La sección 26 ha sufrido mayor recorte con un 22,6%
respecto al año anterior.


Partidas como el Fondo de Cohesión Sanitaria que se ha
reducido des de los Presupuestos del 2011 en 50 millones de euros,
impidiendo así la garantía de la cohesión entre comunidades autónomas. El
Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud que se ha visto reducido en
25 millones de euros des del año 2011 y las Estrategias de Salud también
han sufrido una importante recorte. Todo ello, sin olvidar que el Real
Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, implica un cambio del modelo
sanitario que el Partido Popular está llevando a cabo y que estos
presupuestos reflejan claramente.


La partida del Plan Nacional de Drogas ha sufrido un
descenso considerable de 4M¤.


La implementación de la Ley de la Dependencia ha vuelto a
sufrir recortes, en la partida de las transferencias a las Comunidades
autónomas, al igual que en los presupuestos anteriores, esta vez en
283M¤. La servicios sociales básicos también ha sufrido un severo
recorte, aproximadamente un 40%, y el Programa de atención a la infancia
y a las familias han vuelto a recortarse un 17,3% que sumado a los
presupuestos anteriores imposibilita que se pueda cumplir con el
programa, en el momento en que más pobreza tenemos en nuestro país.


Y como no podía ser de otra forma, viniendo del gobierno
del Partido Popular las políticas de igualdad entre hombres y mujeres han
disminuidos un 14%. Se ha reducido de forma espectacular la dotación en
programas de formación y Fomento del empleo femenino.


Un 27,4% ha sido el recorte que estos presupuestos proponen
al Instituto de la Mujer.


Hubiéramos entendido unos presupuestos austeros y
eficientes, con racionalidad para mantener la calidad en los servicios
que necesitan los ciudadanos y fundamentalmente para evitar trasladar el
mayor costo de la crisis a los sectores menos favorecidos. Pero nos hemos
encontrado con unos presupuestos duros, injustos y nada eficaces.









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63




SANIDAD


En las partidas de Sanidad, el Gobierno que ya operó en
2012 un recorte de 385 millones de euros, un 13,7%, y otro adicional de
7.000 millones de euros en el 10% del gasto de comunidades autónomas,
para 2013 reduce el presupuesto de Sanidad respecto al año 2012 en 121
millones de euros, el 20% menos.


Nada habría que objetar si se hubiera planteado un ahorro
basado en la eficiencia. Pero este presupuesto no está destinado, como
dice el Gobierno, a garantizar la sostenibilidad y la solvencia del
sistema sanitario público en España, sino a alcanzar sus objetivos de
reducción del déficit público marcado con Bruselas, a costa de la salud
de las personas y del Estado del bienestar. Y este hachazo se ejecuta al
margen de cualquier diálogo o concertación parlamentaria, lo que hace
saltar por los aires el objetivo del Pacto por la Sanidad, puesto que el
Gobierno tan sólo se apoya en acuerdos alcanzados en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en las condiciones
políticas actuales no son más que un simple autopacto.


Estos presupuestos son alarmantes y ponen en riesgo de
colapso al propio sistema sanitario universal, público y gratuito,
financiado por los contribuyentes y no, como el Gobierno pretende, con el
repago farmacéutico. Ni siquiera hay fondos suficientes para el
desarrollo de la ley de salud pública, de la modernización del sistema y
de la mejora de su calidad.


La tala es para echarse a temblar. Baste señalar algunos
ejemplos sangrantes.


Todos los programas, excepto el de Donación y Transplante
de órganos, que aumenta en 33.000 euros, sufren reducciones, en algunos
casos muy superiores al 30%; el programa de promoción y servicios a la
juventud queda congelado, con una disminución del 0,2%.


Por lo general, el capítulo 1, de personal, padece la
reducción en casi todos sus programas, con un recorte toral de 2,1
millones, 21 1,8%. Y el capítulo 2, de funcionamiento, también se reduce
en prácticamente todos los programas, con un recorte total de 8,7
millones, el 9%. La reducción en ambos capítulos obligará a la
Administración central a renunciar a muchas de sus actuaciones.


El capítulo 4, de transferencias, destinado básicamente a
cofinanciación de actuaciones de Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales, familias e instituciones y organizaciones sin fines de lucro,
registra un recorte de 107,3 millones, el 30,9% menos que e 2012.


Los recortes más sangrantes se producen en el Plan
Concertado de Servicios Sociales Básicos, Plan Nacional sobre Drogas,
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Fondo de Cohesión e
Investigación Sanitaria.


Las transferencias a las Comunidades Autónomas se reducen
con carácter general y en varios casos desaparecen por completo, con los
graves efectos que ello tendrá en la propia cofinanciación a la que
estaban condicionadas las administraciones autonómicas.


Para demostrar la extrema gravedad de los recortes, baste
mencionar el destrozo operado en los programas siguientes:


El Programa 313 de Prestaciones sanitarias y Farmacia sufre
un recorte de 58 millones, el 39,9%. La reducción se concentra en el
Fondo de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que pasa de
los 93 millones de 2012 a 36,2 millones, una reducción del 61%. Este
Fondo tiene por finalidad garantizar la igualdad de acceso a los
servicios públicos de asistencia sanitaria en todo el territorio español.
Su reducción en más de la mitad de su presupuesto invalida y desmiente el
compromiso adquirido por el PP en su programa electoral de 2011, de
garantizar la igualdad de acceso al derecho de los ciudadanos a la Salud
en toda España.


Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios sufre una reducción del 1,3%.


El Programa 313B de Salud pública, Sanidad exterior y
Calidad, padece un recorte del 13,7%, especialmente en las transferencias
para financiar estrategias de salud y promoción de la salud e
investigación.


El Programa 465 A de Investigación Sanitaria, pierde 3,4
millones de euros, el 63%, que si se suma al recorte del 80,2% de 2012,
condena este programa a su práctica desaparición.


Finalmente, el Programa 311 O de Políticas de Salud y
Ordenación Profesional, sufre una reducción del 7,3%. Además, como
incorpora como actuación nueva la transferencia de 1 millón de euros a la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación del Hospital de
Valdecilla de Santander, si se aísla esta partida extraordinaria, todos
los demás capítulos de este programa quedan muy mermados.









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64




SERVICIOS SOCIALES


La política global de servicios sociales y promoción social
vuelve a disminuir dramáticamente, especialmente en dependencia,
discapacidad, drogadicción o envejecimiento activo, que afectará
gravemente a la red básica de servicios sociales.


DEPENDENCIA


Con un recorte de 235,4 millones de euros, la dotación para
la atención a la dependencia sufre una reducción del 16,6%, y ascenderá a
1.276,7 millones de euros. frente a los 1.412,1 millones en 2012. De este
modo, el Gobierno profundiza en su línea de vaciamiento de contenidos de
la Ley 39/2006 de autonomía personal y atención a la dependencia, en la
que el PP no ha creído jamás, sin importarles las consecuencias en las
personas dependientes y sus familiares, ni el empleo cesante que el
tijeretazo generará en el sector.


Todo ello con el agravante de que en algunas Comunidades
Autónomas, como Castilla-La Mancha, el PP se ha sacado de la manga una
tasa de 40 euros para tramitar la dependencia, otra de 30 euros por
solicitar la revisión del grado de dependencia, 10 más si hay que
desplazarse al domicilio porque el discapacitado necesita la ayuda de un
tercero, y otra tasa de 35 euros por emitir un certificado de idoneidad
para los familiares que cuidan a un dependiente, servicios todos ellos
que eran gratuitos. Ahora sólo queda que cobren hasta por respirar. Lo
que se da con una mano, se quita con la otra.


Y como hay que cortar por lo sano, en aplicación del Real
Decreto-ley 20/2012 de recortes contra el déficit público, desaparece del
presupuesto de 2013 la partida destinada a las cotizaciones sociales de
los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia,
que en 2012 ascendía a 33,5 millones de euros. Sin embargo, como no queda
otro remedio, se incluye una partida de 1.034 millones para hacer frente
a obligaciones de ejercicios anteriores que no habían sido pagadas a la
Seguridad Social.


En lo que se refiere a la financiación del mínimo
garantizado en dependencia, su cuantía pasa de 1.287 millones de euros en
2012 a tan solo 1.087 en 2013, 200 millones menos, un recorte del 15,5%,
todo ello a pesar de que en la memoria presupuestaría del IMSERSO se
contempla un incremento de 60.000 beneficiarios.


Por último, cabe recordar que en el presupuesto de 2012 se
suprimió completamente la dotación de 283 millones de euros para la
financiación del nivel convenido; supresión que se mantiene en 2013.


El Programa 231 F de Otros Servicios Sociales del Estado,
sufre un tajo de 22,6 millones de euros, el 14,2% que se suman al recorte
del 22,5% del año pasado.


El recorte más importante se produce en el Plan Concertado
de Servicios Sociales Básicos, que en 2011 sufrió una reducción del
11,8%, que el PP calificó de «dramática», y otro recorte del 41,8% en
2012, pierde en 2013 19,8 millones, un 39,7%, quedando en la ridícula
cantidad de 30 millones de euros, cuando en 2009 era de 99,2
millones.


El programa de acción social cae un 24,4%. Ni siquiera se
respeta el apoyo a la discapacidad. La partida asignada a la Dirección
General de coordinación de políticas de apoyo a la Discapacidad, que ya
se recortó en un 24% en 2012, vuelve a sufrir un hachazo del 20,6% en
2013. El Real Patronato sobre Discapacidad pierde un 7%y queda bajo
mínimos con un presupuesto de 2,2 millones de euros. Estos recortes
comprometen el desarrollo de la Ley 27/2007 que reconoce la lengua de
signos y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.


FAMILIA


Quienes tanto pregonan una supuesta defensa de la familia
reducen de nuevo en un 16,7% el programa 231.G de atención a la infancia
y a las familias, que ya sufrió un recorte del 37,6% en 2012, pasa de 5,2
millones de euros a 4,3 millones, pese al aumento de la pobreza infantil
y de las situaciones de vulnerabilidad de los niños y niñas.


Quienes tanto pregonan las virtudes del voluntariado
recortan el Plan estatal de voluntariado.


Se reduce en un 19,7% el Plan Nacional sobre Drogas y las
políticas de lucha contra la drogadicción, que se suman al 28,6% de
recorte de 2012, y se corta el grifo a los programas de las Comunidades
Autónomas. Junto al recorte en las comunidades autónomas de un 20% del
gasto en el Plan de Drogas, Proyecto Hombre y otras ONG afrontarán una
dura travesía del desierto.









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IGUALDAD


El programa 232 B de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres sufre un nuevo recorte de 6 millones de euros, un 24,1%
que se suman al tajo del 18% en 2012, quedándose en 18,9 millones de
euros y provocando la desaparición de las transferencias a las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.


El Instituto de la Mujer sufre una reducción del 27,4% y la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades tiene una reducción
del 21%.


Todo ello significará un desmantelamiento de las políticas
de igualdad y menos oportunidades para las mujeres, con la paradoja de la
incorporación de dos nuevos programas a favor de la patronal, uno con la
CEOE para el programa de desarrollo de liderazgo y promoción de las
mujeres directivas con 250.000 euros y otro con la Fundación INFYDE para
el fomento del emprendimiento femenino con 300.000 euros.


El Programa 232 de Actuaciones para la Prevención Integral
de la Violencia de Género, con la que está cayendo, sufre un hachazo del
7,1% que se suma al del 21,2% sufrido en 2012, quedándose en 22,1
millones de euros. La mayor reducción, el 11,1%, se produce en las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las familias e
instituciones sin fines de lucro.


CONSUMO


En un momento en que en las encuestas del CIS todos los
índices de confianza del consumidor apuntan a una evolución negativa, en
su valor más bajo, estos presupuestos disminuyen en un 14,3% que se suman
al recorte del 15,3% sufrido en 2012.


La reducción más importante, del 25,6%, se produce en las
transferencias al Instituto de Crédito Oficial para gastos relacionados
con los afectados de la estafa Fórum Filatélico-Afinsa.



ENMIENDA NÚM. 1438


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de
Economía y Competitividad.


JUSTIFICACIÓN


En la sección 27 se establecen las prioridades del
Ministerio de Economía y Competitividad en aspectos esenciales para el
comportamiento de la economía de nuestro país, entre ellos, algunos de
los más importantes son: la dirección de la política económica en
general, las necesarias reformas para la mejora del funcionamiento de los
mercados y de la competitividad de nuestras empresas y su
internacionalización, la política comercial y los programas para el
fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. En este
sentido, la importancia de la inversión en conocimiento como principal
inversión productiva es un hecho aceptado a nivel internacional.


En las actuales condiciones de crisis económica, el
principal objetivo del Gobierno debe ser combatir el desempleo así como
garantizar que las necesidades básicas de los trabajadores estén
satisfechas, pero desgraciadamente estos Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2013 caminan en la dirección contraria. Envueltos en la
retórica de la creación de empleo pero empedrados de austeridad y
recortes, los presupuestos vuelven a ahondar en los errores económicos y
sociales de los ya aprobados para 2012.


En un contexto económico de recesión prolongada como el
actual, en el que la iniciativa privada se demuestra incapaz de crear
empleo como consecuencia de la falta de financiación de las empresas, de
la caída del consumo de las familias fruto del impacto de las políticas
de ajuste en la capacidad adquisitiva de las personas y de la reducción
de la inversión pública, la salida de la crisis y sobre todo la creación
de empleo dependen en buena medida del papel que juegue el sector público
que, hoy más que nunca, debe ser un papel incentivador de la economía y
el empleo.









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Una encuesta reciente del Banco Central Europeo planteaba
que para el 30% de las empresas españolas el principal problema era la
falta de demanda, mientras que para el 22% lo era el acceso a la
financiación. A pesar de que dicha encuesta reflejaba que únicamente el
13% de las empresas consideraba que los costes laborales eran el problema
prioritario, el Gobierno ha convertido la flexibilización del mercado
laboral en uno de sus pilares fundamentales. Con ello no sólo niega la
realidad de la economía española sino que consigue dinamitar las
relaciones laborales y todo lo que ello conlleva en relación a derechos
fundamentales conquistados. El Gobierno echa más gasolina a las calles en
un momento de lógica y necesaria protesta social.


Hoy más de 600.000 familias carecen de cualquier tipo de
ingreso, la tasa de paro alcanza el 24,6% de la población activa y se
producen una media de 517 desahucios al día según el Consejo General del
Poder Judicial. A juzgar por estos presupuestos de 2013 no parece que
estos datos sean los que más preocupan al Gobierno, que por el contrario
está dedicando muchos más recursos a sanear un sistema financiero
prácticamente quebrado.


Por otro lado, uno de los elementos básicos para la salida
de la crisis es, precisamente, la promoción de la ciencia, la innovación
y el conocimiento, y en los PGE para el año 2013 esta prioridad no se
refleja en absoluto; al contrario, se agrava la línea de recortes
empezada en los presupuestos del 2012.


En definitiva, los programas reflejados en esta sección,
contrariamente a lo expuesto, apuntan en dirección totalmente opuesta. La
I+D+I sigue perdiendo peso en el conjunto del gasto, como ya ocurrió en
los presupuestos de 2012, hasta caer del 2,7 % previsto en los PGE de
2011 al 2 % de 2012 y al 1,8 % en este proyecto para el año 2013.


La I+D+I baja hasta el 0,52 % del PIB y los créditos
reflejados en los capítulos I al VII disminuyen cerca de un 14 %. Por su
parte, los fondos en el capítulo VII destinados al Fondo para la
Investigación Científica y Técnica se recortan un 17 %. Y el recorte
acumulado de la suma de los presupuestos de 2012 y 2013 en el capítulo
VII alcanza la cifra del 66 % y 156 M¤, poniendo en grave riesgo la
función de fomento de la innovación empresarial vinculada a la
competitividad del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI).


Catalunya dispone de importantes centros y fundaciones
vinculados a la I+D+I y que han alcanzado gran prestigio y reconocimiento
tanto a nivel nacional como internacional. Las aportaciones que realiza
en los mismos el Estado son totalmente insuficientes para la consecución
de sus fines y la continuidad de su prestigio.



ENMIENDA NÚM. 1439


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad
Social.


JUSTIFICACIÓN


Las partidas presupuestarias de esta Sección incurren en
graves contradicciones.


En lo referente a los ingresos, las disminución en un 0,93%
de las cotizaciones sociales no corresponde con el comportamiento de un
mercado laboral que en el último año ha perdido 890.900 puestos de
trabajo asalariado


Una estimación de ingresos que, en consecuencia, no puede
basarse en el incremento de un 1,91% de los ingresos del Régimen General
de la Seguridad Social, pues, en ningún caso, el incremento en un 5% de
las bases máximas de cotización podrá compensar la pérdida de afiliación
—más de 625.000 afiliados menos durante 2012—.


Esta estimación de ingresos nos anuncia más recortes que se
suman a los materializados en el Real Decreto-ley 20/2012.


La asunción definitiva por el Estado de la financiación de
las prestaciones no contributivas, con un incremento de 4.089 millones de
¤ de su aportación al complemento de mínimos, no puede acallar la falta
de créditos destinados a la compensación por desviación de inflación
—alrededor de 5.000 millones de









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euros—, por lo que supone de pérdida de poder
adquisitivo de nuestros pensionistas; ni la disminución de 3.000 millones
de ¤ de la aportación del Estado al desempleo, por sus consecuencias en
una mayor desprotección y riesgo de exclusión social.


En lo referente al gasto, el incremento del 4,38% de la
partida de prestaciones del sistema, no contempla la desviación por
compensación de la inflación. Esto apunta a un agujero de más de 5.000
millones de euros. Todo ello, sin tener en cuenta que el número de
pensionistas viene aumentando, una media de un 2% anual.


Por consiguiente todavía no sabemos si se garantizará la
revalorización de las pensiones del 2012 en los términos establecidos en
el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/2004 de 20 de Junio. Los PGE no contemplan que se
abone en un pago único el diferencial del IPC correspondiente a los 12
meses del año 2012. Y tampoco incorpora este diferencial entre el IPC
previsto en los PGE 2012 y el IPC real a 30 de noviembre del 2012, al
incremento de las pensiones del 2013, sumándolo al incremento inicial del
1% previsto en los PGE 2013. En definitiva, este incremento del 1% no
queda más en un gesto populista a todas luces insuficiente ya que las
personas pensionistas verán como no se revaloriza su poder adquisitivo,
además de tener que asumir en sus maltrechas economías familiares
políticas como el repago sanitario y el incremento del IVA.


Por lo que se refiere al presupuesto del IMSERSO, sus
partidas de gastos también han sufrido nuevos recortes que perjudicarán,
fundamentalmente, a las personas mayores y a las personas en situación de
dependencia.


El Programa 3134, «Autonomía personal y atención a la
dependencia», a Presupuestos presenta una disminución real de un 17% con
respecto a los anteriores. en términos homogéneos (excluyendo como
aportación al Sistema de Dependencia una partida de 1.034 millones de
euros para atender las cuotas sociales de los cuidadores familiares
correspondientes a ejercicios anteriores). Con respecto a 201 1 el
descenso es del 33%. Estos recortes están relacionados con las medidas
adoptadas por el Gobierno que están paralizando la implantación del
Sistema, dejando sin cobertura social a miles de personas en situación de
dependencia.



ENMIENDA NÚM. 1484


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.


Enmienda


De devolución.


MOTIVACIÓN


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013,
en lo relativo a las actuaciones que son competencia del Ministerio de
Fomento, contribuirá nuevamente en lo que llevamos de legislatura, al
retraso en la ejecución de infraestructuras vitales para el crecimiento,
la sostenibilidad y la competitividad y, por lo tanto, a la destrucción
de empleo y al retraso para salir de la crisis económica de España. Así,
el presupuesto del Ministerio de Fomento disminuye un 11% respecto al
Presupuesto del año en curso y más de un 27% si lo comparamos con el del
año 2011. Las inversiones de la sección 17 del Presupuesto caen más de un
25% y contribuyen, con este abandono de la política inversora, a
alimentar la espiral del desempleo y la destrucción del tejido
empresarial de nuestro país en una política económica procíclica, cada
vez con menos apoyos internacionales y cada vez más manifiestamente
injusta en el reparto de los costes de la crisis económica.


Las sociedades adscritas al Ministerio de Fomento siguen
idéntica política en materia de inversiones, superando los dos dígitos de
caída en la mayoría de ellas. ADIF invertirá un 18,27% menos que en 2012;
AENA un 17,53% menos; la inversión de Puertos del Estado caerá un 4,81% y
la reducción de las









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inversiones de RENFE, en un momento especialmente delicado
debido a la intención privatizadora manifestada por el Presidente del
Gobierno, será de un 52,47%.


Esta caída de la inversión entre los años 2012 y 2013 del
Ministerio de Fomento y de sus sociedades contribuirá a la destrucción de
más de 167.000 empleos en España cuando nuestro país se sitúa a la cabeza
de los países de la OCDE en materia de desempleo, y alcanza ya niveles
difícilmente soportables desde una perspectiva humana, social y
política.


Además, los drásticos recortes en los niveles de inversión
del Ministerio de Fomento están imposibilitando, en este momento, el
cumplimiento de los ritmos de inversión comprometidos con la Unión
Europea para la ejecución de las Redes Transeuropeas de Transporte, unas
infraestructuras que son vitales para impulsar nuestra industria en el
exterior y para hacer, del territorio español, un hub distribuidor de
pasajeros y mercancías entre Europa, Asia, América y África. La media de
la caída de la inversión en los grandes corredores ferroviarios se sitúa
en el entorno del 30% en comparación con el presupuesto en vigor, lo cual
supondrá un importante retraso en la ejecución de estas trascendentales
infraestructuras.


Desde la perspectiva del análisis territorial, el
presupuesto del Ministerio de Fomento adolece de graves desequilibrios,
con una descompensación clara de las inversiones territorializadas del
Ministerio y de sus sociedades en la estructura territorial del Estado.
Valga como ejemplo que, mientras Galicia y Castilla y León casi triplican
la inversión per cápita del Ministerio, doce comunidades autónomas y las
dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen una inversión inferior a
la media nacional calculada en función de la inversión total
territorializada del Miinisterio y sus sociedades aprobada por el
Gobierno en el Proyecto de Presupuestos Generales para 2013.


Este desolador panorama que ofrece el presupuesto de este
Ministerio, vuelve a ponerse de manifiesto si analizamos el Presupuesto
desde la perspectiva de los programas de gasto que se ejecutan en la
Sección 17. Así, el programa 453-A, infraestructura del transporte
ferroviario, disminuye en un 12,53%; el programa 453-B, creación de
infraestructuras de carreteras, se reduce en un 11,54%; el programa
454-M, seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera, cae un
71,52%. Mención aparte merece el programa 453-C, conservación y
explotación de carreteras, que, a pesar de su ligero incremento en este
presupuesto, no compensa de ningún modo, la caída del 12,60% que se
aprobó en el presupuesto de 2012, y que nos aleja, cada vez más, del
porcentaje necesario para garantizar una adecuada conservación de
nuestras carreteras que se cifra, según los expertos, en un 2% del stock.
Esta importante reducción de la inversión en la conservación de las
carreteras españolas supondrá un incremento del riesgo de accidentes de
tráfico, así como la pérdida de competitividad interterritorial y un
aumento exponencial de los costes de reparación de estas
infraestructuras. Por último señalar que, a pesar del compromiso público
del Ministerio de reforzar la seguridad aérea, tanto el programa
destinado a la regulación y supervisión de la aviación civil como el
presupuesto de la Agencia de Seguridad Aérea ven reducida su dotación
presupuestaria en un 2,84 % y un 1,49% respectivamente.


A esta astenia inversora del Ministerio de Fomento que,
como hemos señalado, es enormemente perjudicial para el empleo y la
recuperación y competitividad de nuestra economía, se une una importante
disminución en la ejecución del presupuesto en curso. Si observamos los
datos de ejecución presupuestaria hechos públicos por la Intervención
General de la Administración del Estado y correspondientes al pasado mes
de agosto, esta se situaba en el 35,4%, cuando en ese mismo periodo en el
año 2011 la ejecución presupuestaria alcanzaba unos niveles del 55,6%.
Estos datos se corresponden, además, con la importante disminución de la
licitación con una caída, en los ocho primeros meses del año, de un
56%.


Por lo que respecta a la política de vivienda, las
dotaciones presupuestarias para su ejecución desde el Ministerio ahondan
en la irrelevancia, la contradicción y la falta de un rumbo político
claro del Gobierno en esta materia. Causa rubor observar el ensañamiento
del Gobierno en los recortes de los programas destinados a ayudar a
acceder a una vivienda a los ciudadanos con menores rentas, si se compara
con la multimillonaria transferencia de rentas a las entidades
financieras para contribuir a sanear sus balances contaminados con
activos inmobiliarios sobrevalorados. El programa 261-N, promoción,
administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda,
destinado, según señala la memoria de objetivos, «a equilibrar el
desarrollo regional y estimular la distribución de la riqueza como
consecuencia de esa planificación (artículo 131 de la Constitución
Española), que posibilitará, además, la consecución de los objetivos
previstos en el artículo 47 de la Constitución «derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada», se ha visto recortado en un 34,7% si lo
comparamos con el último presupuesto aprobado por el Gobierno socialista.
Las transferencias a las Comunidades Autónomas para la ejecución del Plan
de Vivienda han sufrido un recorte en este Presupuesto de un 79,24%. El
programa 261-O, ordenación y









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fomento de la edificación, destinado principalmente a la
conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio
arquitectónico, histórico y social, reduce su dotación en este
presupuesto en un 30,52%, con lo que disminuye su cuantía en los dos
últimos presupuestos en más de un 63%. Por último, el programa 261-P,
suelo y políticas urbanas, sufre una reducción del 38,96% en los dos
últimos presupuestos presentados.


Por todo ello, es procedente la devolución de la Sección 17
del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 al Gobierno para su nuevo
estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios que coadyuven al
estímulo del crecimiento y a la generación de empleo, participen en el
impulso a la competitividad, sostenibilidad y desarrollo exterior de
nuestras empresas e incorporen criterios de mayor solidaridad
interpersonal e interterritorial en el diseño de sus políticas.



ENMIENDA NÚM. 1691


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)


El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
13. Ministerio de Justicia.


JUSTIFICACIÓN


Las reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno
junto a las anunciadas a lo largo de la legislatura, sustentadas por los
presupuestos de la sección 2012 y 2013, suponen en su conjunto un ataque
sin precedentes al servicio público de la Justicia.


Pese a ser la partida que menos se reduce en los PGE 2013,
resulta ilustrativo que no haya mención alguna al carácter de servicio
público de la Justicia. Toda una declaración de intenciones que parece
encontrar acomodo en las reformas propuestas por el Gobierno y en las
prioridades del gasto en la sección.


Con el presupuesto presentado por el Gobierno difícilmente
se podrá acometer con éxito ni siquiera una mínima parte de los problemas
pendientes de la justicia española: modernización e implantación de la
oficina judicial, nuevo mapa judicial, revisión de las retribuciones del
personal al servicio de la Administración de Justicia no transferido a
las Comunidades Autónomas, mejora en materia de infraestructuras, nuevas
tecnologías, etc.


En el programa relativo a la organización de la actividad
judicial enmarcado en el denominado Plan de Acción 2012-2014, nos
encontramos con la siguiente afirmación: «En estos momentos en España se
produce un abuso en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la
segunda instancia, que ha originado, el colapso de multitud de nuestros
órganos judiciales»


Consideramos inaceptable que el Gobierno califique como
«abuso» el acceso de la ciudadanía a un servicio público, como el que
presta la administración de justicia, y más aún que se señale como
culpable del «colapso de multitud de órganos judiciales» a quienes
acceden a ellos en busca de la tutela de sus derechos. Se trata del mismo
discurso que culpabiliza a los ciudadanos de «vivir por encima de sus
posibilidades», y cuyo argumento se utiliza del mismo modo en la sanidad
(volvemos a encontrar el abuso en la asistencia sanitaria o uso de
medicamentos) o en la prestaciones por desempleo.


Nuestro Grupo Parlamentario se ha opuesto reiteradamente al
llamado copago en el servicio público de la administración de justicia,
así lo hemos manifestado en esta Cámara y consecuentemente hemos
registrado una enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Tasas.


Tanto el Proyecto de Ley de Tasas, como estos PGE, sólo
pueden interpretarse como un ataque más un servicio público. Un ataque
que en la práctica se va a traducir en la imposibilidad de acceso a la
Justicia de gran parte de la ciudadanía. Un ataque que choca con el
artículo 24 CE, que reconoce el derecho fundamental a obtener la tutela
judicial efectiva de los Jueces y Tribunales. Las reformas de este
Gobierno y estos PGE son un obstáculo, para muchos ciudadanos/as
insalvable, para el acceso a la primera instancia y segunda instancia e
impedirá acceder a la casación.









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En relación con la oficina judicial, el Ministerio de
Justicia ha paralizado la implantación de la oficina judicial, y
especialmente parece haber renunciado al verdadero motor de la misma, el
Servicio Común de Ordenación Procesal.


Pese a las reticencias corporativistas que han dificultado
su implantación la pasada legislatura, a día de hoy la tasa de resolución
ha mejorado, no solo en comparación con los inicios de la implantación de
la NOJ sino, lo verdaderamente relevante, sobre la estructura de juzgados
y tribunales.


La dotación relativa a las inversiones en modernización,
con 77,06 millones de euros de los cuales 52 millones se destinarán a la
implantación de nuevas tecnologías, está desenfocado en las prioridades
del Ministerio y a todas luces es una partida insuficiente para cumplir
con los objetivos de modernización de la administración de Justicia. El
recorte en nuevas tecnologías es brutal e impropio de una administración
tan necesitada de reforma como el servicio público de la justicia


La dotación para gastos de personal, también se utiliza el
recorte como pretexto para no prever convocatorias de empleo público, ni
siquiera las de consolidación de personal interino, en la administración
de justicia. Y no sólo de plazas de la carrera judicial, de la carrera
fiscal o del cuerpo de secretarios judiciales, sino del resto de personal
al servicio de la administración de justicia.


Por otra parte, con respecto a las vacantes, igual que se
habla de la creación de plazas de juez sin crear nuevos órganos
judiciales. Consideramos, en primer lugar que debería hacerse extensiva a
Secretarios Judiciales y otros puestos estructurales que hasta ahora se
han ido cubriendo por personal interino. Por tanto, primero consolidación
de trabajo temporal. Y en segundo lugar coincidimos con las
reivindicaciones sindicales sobre la eliminación del límite máximo del
10% de la tasa de reposición de efectivos con el fin de que se puedan
convocar todas las plazas vacantes no cubiertas por personal titular en
esta Administración de Justicia.


No se explícita la existencia de recortes en el mutualismo
judicial. Sin embargo, la reducción y recorte de prestaciones para
beneficiarios de la Mutua General Judicial está siendo un hecho a lo
largo de este año 2012 en que se ha suprimido prestaciones tales como
ayudas para vivienda, termalismo para mayores y otras ayudas sociales
médicas.


El Gobierno del PP quiere ir más lejos, en lo que ya
constituye un ataque intolerable a los derechos de los mutualistas, cuyas
cuotas no experimentan bajada alguna pese a los continuos recortes en
derechos y salarios.


Si bien podrían considerarse como positivas las referencias
a la regulación de la jurisdicción voluntaria nos parece sumamente
preocupante que no se garantice de forma clara e inequívoca el acceso
universal y gratuito a los sistemas de mediación y solución extrajudicial
de conflictos que se establezcan.


Igualmente nuestro Grupo Parlamentario se opone a la
atribución a los notarios de la celebración de matrimonios al haber
quedado resuelto en la Ley del Registro Civil promulgada en 2011.
Observamos algunas actuaciones de notarios que están sobredoradas año
tras año, pese a quedarse muy lejos de las previsiones.


Por último resulta especialmente preocupante, entre otras,
la reducción de la partida de reparación a las víctimas de la Guerra
Civil o la partida para 500 indultos. Incomprensible para un Gobierno que
al mismo tiempo exhibe una política criminal marcada por el populismo
punitivo.


En definitiva, estamos ante un recorte más en otro servicio
público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de
la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de
objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del
déficit por la vía de la disminución del gasto público.



ENMIENDA NÚM. 1692


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)


El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
14. Ministerio de Defensa.









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JUSTIFICACIÓN


El déficit público en España alcanza la cifra de 80.000
millones de euros (un 7,6% del PIB), y el presupuesto que se acaba de
presentar para el ejercicio de 2013 propone una reducción de éste déficit
en 13.400 millones para cumplir el compromiso pactado con la UE de un
4,5%. Para lograrlo, el gobierno propone una restricción del gasto en
todos los ministerios de un 8,9% de media. Pero esta disminución no
afecta por igual a todos los ministerios. Así, aquellos que deberían ser
el motor para relanzar la competitividad y el crecimiento de la economía
productiva son los que más se reducen: el ministerio de Fomento se rebaja
en un 11%, el de Industria y Energía un 21,3%, Agricultura y Medio
ambiente un 25,4%. Respecto a las políticas de gasto social, la reducción
más clamorosa afecta al fomento del trabajo que cae un 34,6%, la
educación un 14,4% y la cooperación al desarrollo un 30%.


Estos recortes que también han afectado al Ministerio de
Defensa, quien no ha podido hacer frente a los compromisos de pagos de
los Programas Especiales de Armamentos PEAS con las empresas militares,
ni tampoco para retomar los créditos en I+D al Ministerio de Industria;
lo cual lo ha dejado en una situación de suspensión de pagos técnica.


El Ministerio de Defensa acumula una adeuda por la
adquisición de los Programas Especiales de Armamentos (PEAS) de 26.692
millones de euros, sin contar los intereses que su aplazamiento acarrea,
y que el Ministerio consideraba de 32.000 millones deuda que podríamos
denominar como burbuja armamentista, la misma que «se ha ido inflando por
la mala gestión de los diferentes gobiernos que han dirigido el
Ministerio de Defensa en los últimos quince años. Burbuja de armamentos
que contribuye de manera especial al enorme gasto militar de España y que
se refleja en la gestión del presupuesto militar del 2012 y la propuesta
para 2013».


En el presupuesto de 2012 tan solo se consignaron 4,95
millones, cuando existía el compromiso de pago de 2.370 millones.
Entonces, el pasado 7/9/2012, el Consejo de Ministros aprobaba un crédito
extraordinario de 1.782,7 millones para hacer frente a los compromisos de
los PEAS. Y en el presupuesto de 2013 se proponen 6,84 millones.


El presupuesto del Ministerio de Defensa desciende en su
conjunto un 6,7% (6.913,6 millones de euros). Pero esto es si solo se
tienen en cuenta los gastos consolidados del Ministerio más los Organismo
Autónomos. Si, además, le añadimos los gastos de las clases pasivas
militares, de la mutua militar, de las contribuciones a organismos
militares internacionales, del cuerpo militar de la Guardia Civil, los
créditos en I+D militar del Ministerio de Industria; entonces la cuantía
se dobla y asciende a 13.708,3 millones. Si a ello, se añade, la parte
proporcional de los intereses de la deuda de Defensa, que en su conjunto,
y debido a la mala salud de la economía, aumentan de manera importante,
un 33,7%, y, además, las aportaciones extraordinarias que durante el año
se producen, y que en los últimos diez años, vista la liquidación anual
del presupuesto da un promedio de 1.398 millones. Entonces, el gasto
militar real previsto para el año 2013 supone 16.492 millones de euros y
representa tan sólo una disminución respecto del año 2012 de un
3,15%.


Estas cifras, traducidas en indicadores, representan un
gasto militar diario de 45,18 millones, lo que equivale a 359 euros por
cápita anuales; un 1,55% del PIB y un 4,32% del presupuesto total del año
2013. Como era de esperar, las partidas que sufren un mayor retroceso,
son las aportaciones en I+D militar y las inversiones en armamentos.
Puesto que las partidas del capítulo de personal y del mantenimiento de
las fuerzas armadas son mucho menos elásticas y se reducen muy
escasamente. El personal % y el mantenimiento de los servicios un %. En
cambio, las aportaciones a I+D se reduce en un 52% y las inversiones un
43,6%.


Pero como ya hemos indicado esa reducción es engañosa, pues
bien pude ocurrir lo mismo que años anteriores y este 2012), que al final
se concedan traspasos y créditos extraordinarios, como los 1.827,7
millones para suplementar las inversiones en armas. O el de otras
partidas, como es el caso de las operaciones militares en el exterior,
denominadas de manera eufemística «de mantenimiento de la paz», y que
cada año se les asigna 14,36 millones y en abril de 2012 se les concedió
un suplemento de 753 millones.


Una partida que ya ha merecido un informe desfavorable del
Tribunal de Cuentas, que acusa al Ministerio de Defensa de «falta de
rigor» a la hora de elaborar el presupuesto, pues en los últimos cuatro
años se ha liquidado esa partida con cifras superiores a los 700
millones. Los generados por ingresos propios, 243 millones, tienen una
procedencia más polémica, pues son producto, o bien de la venta de
armamento en desuso (segunda mano), pero en su mayor parte de la venta de
patrimonio público en









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manos del Ministerio de la Defensa. Este Ministerio, es,
quizás, uno de los mayores propietarios de patrimonio, cuarteles,
viviendas, campos de tiro, bases e instalaciones diversas por todo el
territorio y en los últimos años los diferentes gobiernos han permitido
la enajenación de mucho de su patrimonio, que se incorpora al presupuesto
y se destina, mayoritariamente a la compra de armamentos.


Por todo ello entendemos que estamos ante un manifiesto
fraude presupuestario, cuyo objetivo y a pesar de la supuesta reducción
presupuestaria no es otro que el de engañar a la oposición política y a
la opinión pública consignando de manera insuficiente algunas partidas,
para después incrementarlas con diversos mecanismos contables como lleva
ocurriendo.



ENMIENDA NÚM. 1693


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)


El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
16. Ministerio del Interior.


JUSTIFICACIÓN


Los presupuestos de la sección 16 para 2013 presentan una
reducción del 5,4% siendo de las menos afectadas por la política de
recortes aplicada por el Gobierno, bajo la justificación de apostar por
una «sólida» política de seguridad. Mensaje desconcertante, más aún en el
contexto de criminalización y represión de las movilizaciones ciudadanas,
sin precedentes en democracia, que estamos viviendo.


A nuestro juicio, la política de seguridad debe ser
garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el
presupuesto 2013 para el Ministerio del Interior lo que pone de relieve
es la falta de un planteamiento global en materia de seguridad ciudadana
y la respuesta policial, penal y penitenciaria a la misma.


La sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que el
Gobierno del PP de forma reiterada trata de transmitir para justificar
algunas de las reformas anunciadas no se corresponde con la realidad de
España, ya que en el marco de la Unión Europea es un país de violencia e
inseguridad ciudadana realmente baja. En el estado español no hay un
problema de delincuencia, hay un problema de saturación en la población
reclusa, que son cuestiones distintas.


Sin embargo, y los presupuestos para 2013 lo evidencian, al
igual que los presupuestos de 2012, desde el Gobierno se aborda un año
más el aumento de la delincuencia sin solucionar el problema de fondo que
tiene su origen en los desequilibrios sociales. No se prevén partidas
presupuestarias que tengan reflejo en políticas de prevención del delito,
de remoción de las causas sociales y económicas de la delincuencia o la
reinserción, en cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la
Constitución. Al contrario, parece que volvemos a la formula de los
gobiernos de Aznar con aquel tristemente famoso «vamos a barrer las
calles». La literatura que acompaña los presupuestos para el área de
seguridad ciudadana señala planes de lucha contra la corrupción, el
blanqueo de capitales, etc., que quedan en entredicho con la práctica.
Por ejemplo, el informe de 2011 de la Fiscalía General del Estado revela
que ninguna de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público
sobre delitos económicos en Valencia fue por una denuncia de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Defendemos un modelo social, jurídico y político acompañado
con un firme compromiso presupuestario que profundice en un concepto de
seguridad integral humana que afronte estas realidades desde una acción
multilateral e integrada. Y consecuentemente defiende un nuevo sistema
policial más operativo, más eficaz y eficiente, que se concrete en la
creación de un único cuerpo de policía estatal de carácter civil. Estos
presupuestos no son los presupuestos que puedan soportar el necesario
cambio de modelo policial. Al contrario todo apunta a una pretendida
re-militarización de la Guardia Civil, en el que las asociaciones no
tienen las condiciones necesarias ni los recursos para desarrollar su
labor de defensa de sus derechos e intereses.


Un año más, en los distintos programas de esta sección para
el ejercicio 2013, tanto en Policía Nacional, como en Guardia Civil,
Centros penitenciarios o la atención a la inmigración nos encontramos,
como otros









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años, con un presupuesto que en materia de seguridad,
mantiene unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal dotadas, con
derechos recortados e insuficientemente pagadas. La baja tasa de
reposición para los próximos años para el Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil es preocupante y más aún lo es la falta de medios
económicos y materiales para prestar su trabajo en condiciones
óptimas.


Se consideran insuficientes las partidas presupuestarias
previstas para modernizar y adaptar a las nuevas formas de delincuencia y
a la propia realidad social los medios materiales (vehículo, informática,
instalaciones, dependencias policiales) Igualmente no se contempla
partida presupuestaria para la mejora de los planes de selección y
formación.


Se consolidan en estos presupuestos una visión
estrictamente policial del fenómeno de la inmigración. Sólo así se
justifica que se mantenga la prevención y lucha contra el fenómeno de la
inmigración irregular como objetivo estratégico del área de seguridad.
Esta visión policial se plasma en la inexistencia de dotación
presupuestaria que permita el desarrollo acciones coordinadas entre los
agentes sociales y el Gobierno para canalizar los flujos migratorios y la
integración social de los inmigrantes, así como la protección humanitaria
de los mismos (asilo/refugio), entre otras.


En relación con instituciones penitenciarias se mantiene la
falta de dotaciones humanas y materiales, así como de dotación para
programas de reinserción y acceso al mundo laboral. Las cantidades
presupuestadas para programación y desarrollo de actividades culturales,
deportivas, de inserción laboral o educativas permanecen inalterables año
tras año, cuando por el contrario desde el Ministerio se ofrecen cifras
que ponen de manifiesto la saturación en los centros penitenciarios
motivada por la alta tasa de ocupación penitenciaria.


En relación con los fondos reservados parece absolutamente
injustificado su volumen, y sigue resultando discutible su existencia
mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.



ENMIENDA NÚM. 1694


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)


El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
17. Ministerio de Fomento.


JUSTIFICACIÓN


El nuevo Plan de infraestructuras de transporte y vivienda
PITVI a pesar de venir adornado con un discurso de sostenibilidad y de
reequilibrio territorial, sigue en la línea continuista de las políticas
de infraestructuras tremendamente dañinas en lo ambiental, nada
beneficiosas económicamente y muy negativas en lo social, por cuanto las
fuertes inversiones requeridas para estas obras saldrán de nuevos ajustes
y recortes.


Nuestra red sobredimensionada de infraestructuras, es un
auténtico lastre económico, y ni siquiera podemos atender adecuadamente a
su mantenimiento. Además, las inversiones en estas grandes obras se
obtienen de recortes y detrayéndolas de las políticas sociales
absolutamente necesarias como son educación, sanidad o servicios
sociales, que generan mucho más empleo al tiempo que mejoran la calidad
de vida de la población.


Se sigue planteando que las grandes infraestructuras de
transporte son «sinónimo de crecimiento y creación de empleo», Sin
embargo, la tremenda inversión que hemos hecho durante los últimos años,
que nos ha situado en niveles récord europeos de kilómetros de autovía y
líneas de alta velocidad así como de número aeropuertos, no ha impedido
que nuestra crisis sea más profunda que la de los países de nuestro
entorno ni que tengamos los mayores niveles de paro. Además, es necesario
recordar que todavía quedan zonas aisladas en el interior peninsular,
fruto de la planificación radial que debería corregir el nuevo PITVI con
un diseño en forma de malla, más racional para una adecuada ordenación
del territorio, evitando los desequilibrios existentes con las zonas
alejadas de los grandes ejes de comunicación y priorizando en cualquier
caso aquellas actuaciones tendentes a mejorar las condiciones de
seguridad vial con el objetivo de reducir el número de accidentes y por
consiguiente de víctimas en las carreteras.









Página
74




El AVE seguirá siendo el gran receptor de la inversión
(3.302 millones de ¤). Y ello a pesar de que se trata de un sistema de
transporte elitista, que una gran parte de la población no puede
permitirse y de producir fortísimos impactos ambientales y territoriales.
También es la infraestructura lineal más cara por kilómetro construido
(20 millones de euros de media). Entre tanto, si la inversión va a la
alta velocidad, se dejar languidecer el ferrocarril convencional, que es
el que usa la mayor parte de la población.


Bajo eufemismos como la «racionalización de la oferta de
servicios ferroviarios» se ocultan, en realidad, planes de cierres de
líneas en servicios de media distancia.


La clara apuesta del gobierno por la liberalización de los
servicios de transporte supone la privatización de muchos de ellos y dar
prioridad a la rentabilidad económica frente al servicio público.


En los PGE 2013 podemos comprobar como se perfilará y
desarrollará el PITVI, resultando muy preocupante que, a pesar del cambio
en cuanto al diagnóstico e incluso el lenguaje utilizado, en realidad no
va a suponer un cambio en la ruinosa política de infraestructuras de
planes anteriores. Así es como en carreteras se pretenden invertir 2.566,
67 millones de ¤ de los que 1634,39 serán para la creación de nuevas
infraestructuras frente a los 942,28 ¤ que se destinaran al mantenimiento
y conservación de la propia red, claramente insuficiente desistiendo
además de las actuaciones en zonas urbanas y la partida de
acondicionamientos de viales, de lo que se deduce que la seguridad en
carretera, a pesar de lo que se pretende hacer ver en su exposición,
quede claramente relegada.


Estos presupuestos dejan claro la intención de introducir
la colaboración público privada para la construcción de carreteras. Al
igual que en la Red Ferroviaria estos presupuestos apuestan por un modelo
dónde lo público, lo que pagamos todos/as, se trasvasa a las entidades
privadas. Es la ley de los vasos comunicantes, donde las dificultades de
movilidad y encarecimiento del transporte para las mayorías se traducen
en escandalosos beneficios para las grandes constructoras y las entidades
financieras.


En cuanto a la política de vivienda, esta sufre un descenso
del 6,6% en comparación con 2012 y contará con una dotación de 765,88
millones de euros en el ejercicio 2013, destinados en su mayor parte al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con los
beneficiarios de los sucesivos planes de vivienda de los últimos años,
basados fundamentalmente en la adquisición de vivienda en propiedad y en
el fomento e impulso de la vivienda como generador de riqueza y empleo,
con lo que esto ha supuesto para el desplome de nuestra economía y contra
el derecho fundamental y constitucional a la vivienda.


Se mantienen, exiguas dotaciones presupuestarias para
acciones como son la remodelación de barios mediante la suscripción de
convenios con distintas administraciones, estudios de investigación en
arquitectura y vivienda, iniciativas de rehabilitación patrimonial o
normas de calidad en la edificación.


Estos presupuestos responden al total abandono que ahora el
Gobierno hará para cumplir con este derecho que va en sintonía con el
reciente proyecto de ley de medidas para la flexibilización y fomento del
mercado de viviendas de alquiler presentado, que responde única y
exclusivamente a las exigencias largamente demandadas por las grandes
agencias inmobiliarias y constructoras. Exigencias que ya el anterior
gobierno del PSOE atendió, realizando importantes cambios normativos,
implantando el desahucio express o las SOCIMIs. Y demandas que, tras
pinchar la burbuja inmobiliaria destinada casi en exclusividad a la
venta, necesitan desviar el negocio hacia la vivienda en alquiler.


Se aseguran así, los beneficios de estos grupos de presión
en detrimento de los derechos de los inquilinos que verán como las
condiciones contractuales se harán más precarias, disminuyendo las
obligaciones en cuanto a la duración de los contratos y aumentando las
posibilidades para su rescisión, fomentando y acelerando los desahucios,
en un momento en el que se producen 510 diarios, encareciendo el precio
de los arrendamientos y, en definitiva, dando una vuelta de tuerca más en
contra del derecho constitucional a la vivienda y el derecho fundamental
habitacional.



ENMIENDA NÚM. 1695


(PROPUESTA DE VETO)


De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)


El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.









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75




JUSTIFICACIÓN


La apuesta por el crecimiento, imprescindible para
reactivar la actividad económica y la generación de empleo, que nos
permita salir de la crisis, pasa por articular un nuevo modelo de
crecimiento basado en la economía real, en una política industrial activa
y en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.
Lamentablemente en los Presupuestos de esta Sección no vemos nada de eso:
ni política industrial digna de tal nombre, ni l+D+i; solo recortes en
exceso y obsesión por la reducción del déficit.


El programa relativo a la «Reconversión y
reindustríalización» disminuye un 18% (un 36% acumulado en dos años),
desapareciendo por completo las políticas de reindustrialización en zonas
desfavorecidas, y el de «Desarrollo Industrial», tras el recorte de un
27,7% sufrido en el ejercicio anterior, ahora se congela. Mientras, los
recursos del programa para el desarrollo alternativo de las Comarcas
Mineras continúan reduciéndose: si tenemos en cuenta las cifras
acumuladas en el bienio 2012-2013, la inversión en infraestructuras cae
un 85%, el programa de desarrollo alternativo un 69% y el de formación un
100%, llegando a desaparecer.


Además, la investigación y desarrollo dependiente de este
ministerio se desploma un 32% (un 51% en dos años). Por otra parte, la
reducción de un 62% en la l+D de carácter militar no sirve para trasvasar
recursos a la investigación y desarrollo de carácter civil, como
defendemos desde nuestro Grupo, sino simplemente a reducir el gasto.


Asimismo, la política de turismo sufre un recorte
relevante, del 26% (y del 48% si sumamos los dos ejercicios de este
Gobierno), afectando directamente a las empresas turísticas que deberían
verse apoyadas en el esfuerzo necesario para modernizar sus instalaciones
en aras a una mayor competitividad, que permita mejorar la calidad de
nuestra oferta, abrir vías para superar la estacionalidad y fomentar un
desarrollo sostenible.


En un contexto de continúo encarecimiento de los costes la
energía, el gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política
energética, dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten
controlar este sector estratégico para la economía. La partida para
desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los PGE de 2011
y se marginan las políticas de Ahorro y Eficiencia energética como
alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser
la última política del Ministerio de Industria muy por detrás en
inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas dirigidas a
la energía nuclear.


España es un estado muy vulnerable en cuestiones
energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes
de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente
dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y
en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las
energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de
energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un
entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector
de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el
incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos
de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.



ENMIENDA NÚM. 1697


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.


Enmienda


De totalidad.


De devolución









Página
76




JUSTIFICACIÓN


En el Proyecto de Ley de PGE para 2013 las políticas de
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitencias, correspondientes a la
Sección 16 del Ministerio del Interior, tienen una dotación de 7.903,48
millones de euros, un 5,4 % inferior a la de 2012, donde esa partida
ascendía a 8.355,91 millones de euros. Este primer dato nos sitúa en las
verdaderas intenciones del gobierno del Partido Popular, rebaja del 0,6 %
en 2012 a la que se suma una disminución del 5,4 % en 2013. La principal
conclusión a la que se llega es que la seguridad ciudadana no es una
prioridad para el Gobierno.


En la Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2013, se afirma: «La partida más importante de esta
política corresponde a gastos de personal, área en la que, en los últimos
años se ha realizado un especial esfuerzo. En concreto, desde 2005 se han
convocado 45.300 nuevas plazas de policías y guardias civiles y 5.385
plazas de funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Este incremento
de efectivos hará viable la consecución de los objetivos que exigen las
tres grandes áreas de esta política: Seguridad Ciudadana, Instituciones
Penitenciarias y Seguridad Vial». Este párrafo es un reconocimiento
explícito del esfuerzo de los Gobiernos socialistas.


Las cifras previstas para 2013, le sitúan como el sexto
Ministerio que más baja su partida presupuestaria. Los ajustes en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 afectarán por primera
vez a la partida destinada a Seguridad Ciudadana, de ella depende la
lucha contra el blanqueo de capitales, la inmigración irregular o la
coordinación y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
además de la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo o el
tráfico de drogas, entre otros aspectos, por lo que a todas ellas
afectará el recorte.


Por su parte, el importe previsto para Instituciones
Penitenciarias es de 1.129,74 millones, lo que supone una reducción del
4,4% con respecto al año pasado cuando se destinaron 1.181,90 millones de
euros. Es decir, Prisiones pasa de disminuir un 0,9% su presupuesto en
2012 a bajar un 4,4% un año después. Con estas cifras se comprometen los
objetivos de cualquier política penitenciaria enraizada en los principios
constitucionales: reeducación y reinserción social, retención y custodia
de los detenidos, potenciación del régimen abierto y las medidas
alternativas.


En lo referido a Seguridad Vial, el Presupuesto de 2014
contempla 709,65 millones de euros, con una importante disminución con
relación al actual presupuesto y sustancial con relación a los
anteriores. De esta forma no se asegura el cumplimiento de la Estrategia
de Seguridad Vial 2011-2020.


Los gastos de personal, que suponen el 80% del gasto, la
partida más importante dentro del Capítulo de Seguridad Ciudadana y
Prisiones, dejan de recibir 196 millones de euros con respecto al
presupuesto para 2012. Así se prevé un gasto de 6.373,64 millones, pese a
que al año pasado se destinaron 6.570,17 millones de euros. Esta es la
cifra una vez ajustadas las plantillas de policías y guardias civiles,
con la cobertura de sólo el 10 por ciento de las bajas producidas. El PGE
no hace previsión alguna en relación con los Proyectos de Ley Orgánica de
derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía y Ley de régimen de
personal del Cuerpo Nacional de Policía, a pesar de la aprobación de
sendas Proposiciones No de Ley de nuestro Grupo en la Comisión de
Interior del 22 de Febrero de 2012.


Inversiones. Destacaremos algunas de ellas: el plan de
infraestructuras de inmigración pasa de 500 miles de euros a 150; el
SIVE, de 3.900 miles de euros a 1.490; el Programa SIRDEE, red de
comunicaciones de emergencia del Estado de 760 miles de euros a 50; los
programas de innovación tecnológica en áreas prioritarias pasan, en los
subproyectos de antiterrorismo y crimen organizado y en el ciberseguridad
y protección de infraestructuras críticas, de 400 miles de euros a cero;
la previsión de inversión en Comisarías de 17.429,29 miles de euros a
8.351,45; y, en cuarteles de la Guardia Civil de 19.725,56 miles de euros
a 12.623,00.



ENMIENDA NÚM. 1734


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.









Página
77




Enmienda


De devolución


MOTIVACIÓN


Los Presupuestos para el año 2013 correspondientes a los
programas de la Sección 20 (Industria, Energía y Turismo) son la prueba
de que el Gobierno no ha aprendido nada de los resultados de su política
presupuestaria y sigue reproduciendo los mismos errores que nos han
llevado a esta situación tan preocupante para España.


El próximo año nuestra economía seguirá inmersa en una
profunda recesión y destruyendo empleo. Buena parte de este contexto se
debe a la política de recortes que esta aplicando el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo sobre la industria y el turismo, así como la
decisión de frenar el desarrollo de las energías renovables.


Los presupuestos de la sección 20 debilitan fuertemente
programas fundamentales para la competitividad y sostenibilidad de la
economía española y profundizan notablemente los principales problemas de
nuestro tejido productivo.


El presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo asciende a 2.952,57 millones de euros, con una disminución de
799,66 millones respecto al ejercicio 2012, un 21,3% en términos
homogéneos frente al recorte de 8,9% de la media del conjunto de los
ministerios.


Cabe poner de manifiesto el ajuste que han sufrido las
transferencias de capital y los activos financieros en el ámbito, entre
otros, de las políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas,
las primas a la construcción naval o los organismos públicos.



ENMIENDA NÚM. 1792


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.


MOTIVACIÓN


Rechazamos el proyecto de presupuestos de Seguridad Social
por la inadecuación de sus créditos a los objetivos de protección social
que tiene encomendados. Las graves contradicciones en las que incurre,
basadas en unas premisas de evolución de la economía y de sus principales
macromagnitudes —que ya hoy son cuestionadas por los organismos
internacionales: el descenso del 0,5% del PIB ya se estima que será de,
al menos, un 1%—, ponen en grave riesgo el desarrollo de unas
políticas fundamentales para la vertebración y cohesión social.


Al igual que sucediera en 2012, los ingresos se encuentran
sobrevalorados, y los gastos infravalorados, y ya sabemos cómo la
infravaloración de los gastos ha provocado que en 2012 se hayan tenido
que utilizar más de 4.000 millones de ¤ del Fondo de Rehabilitación y
Prevención de Riesgos Laborales y la utilización del Fondo de Reserva de
la Seguridad Social.


Por lo que se refiere a los ingresos, la disminución en un
0,93% de las cotizaciones sociales no se corresponde con el
comportamiento de un mercado laboral que, en el último año, ha perdido
890.000 puestos de trabajo asalariado. No se corresponde con unos
Presupuestos que prevén, en los ingresos del Servicio Público de Empleo
Estatal, una caída de la cuota de desempleo del 3,8%, lo que significa
más destrucción de empleo asalariado.


Una estimación de ingresos que, en consecuencia, no puede
basarse en el incremento de un 1,91% de los ingresos del Régimen General
de la Seguridad Social, pues, en ningún caso, el incremento en un 5% de
las bases máximas de cotización podrá compensar la pérdida de afiliación
—más de 625.000 afiliados menos durante 2012—.









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78




Una estimación de ingresos que, al prever una disminución
del 20% de los ingresos por cotizaciones de los desempleados, nos anuncia
más recortes que se suman a los llevados a cabo por el Real Decreto-ley
20/2012.


Las partidas que atienden el gasto han sido infravaloradas.
El incremento del 4,38% de la partida destinada al pago de las
prestaciones del sistema, no atiende la desviación por compensación de
inflación, por lo que ya podemos apuntar que, si en noviembre el IPC se
sitúa por encima del 3%, nos encontraríamos con una desviación de 2
puntos porcentuales. Un agujero de más de 5.000 millones de ¤: 2.000
millones de ¤ de la desviación de 2012, más 2.000 millones de ¤ por su
consolidación en 2013, más, al menos, 1.000 millones de ¤ por el 1% de
incremento de las pensiones. Todo ello, sin tener en cuenta que el número
de pensionistas viene incrementándose en una tasa media de un 2% anual, y
con pensiones más elevadas.


La asunción definitiva por el Estado de la financiación de
las prestaciones no contributivas, con un incremento de 4.089 millones de
¤ de su aportación al complemento de mínimos, no puede acallar la falta
de créditos destinados a la compensación por desviación de inflación
—alrededor de 5.000 millones de ¤—, por lo que supone de
pérdida de poder adquisitivo de nuestros pensionistas; ni la disminución
de 3.000 millones de ¤ de la aportación del Estado al desempleo, por sus
consecuencias en una mayor desprotección y riesgo de exclusión
social.


Por lo que se refiere al presupuesto del IMSERSO, sus
partidas de gastos también han sufrido nuevos recortes que perjudicarán,
fundamentalmente, a las personas mayores y a las personas en situación de
dependencia.


El Programa 3134, «Autonomía personal y atención a la
dependencia», a Presupuestos presenta una disminución real de un 17% con
respecto a los anteriores, en términos homogéneos (excluyendo como
aportación al Sistema de Dependencia una partida de 1.034 millones de
euros para atender las cuotas sociales de los cuidadores familiares
correspondientes a ejercicios anteriores). Con respecto a 2011 el
descenso es del 33%. Estos recortes están relacionados con las medidas
adoptadas por el Gobierno que están paralizando la implantación del
Sistema, dejando sin cobertura social a miles de personas en situación de
dependencia.


El Programa 3132, «Envejecimiento activo y prevención de la
dependencia», ha experimentado un recorte del 7,74%, que se añade al
38,57% que sufrió en el Presupuesto anterior.


En este programa figuran las partidas de Termalismo y
Turismo Social. Esta última sufre un nuevo recorte del 10% respecto de
los Presupuestos de 2012, que ya habían disminuido la dotación de 2011 en
un 28%


Se trata de programas que benefician a personas mayores
desde hace 25 años y que generan importantes retornos económicos y de
empleo en las zonas turísticas beneficiadas.


La dotación a Teleasistencia, que experimentó en el
anterior Presupuesto un recorte de más del 93% desaparece totalmente, lo
que perjudicará a miles de personas que gracias a este servicio podían
seguir viviendo en su domicilio a pesar de tener ciertas limitaciones por
cuestiones de salud o de edad.


Por ello, se propone la devolución al Gobierno del
Presupuesto de la Sección 60, pues ocultan la realidad, sobrevalorando
los ingresos, infravalorando los gastos, aun sabiendo el grave riesgo que
ello supone para nuestro sistema público de Seguridad Social.



ENMIENDA NÚM. 1797


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.


JUSTIFICACIÓN


Se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la
Sección 25 porque no responde a los objetivos y prioridades que los
distintos responsables del Departamento han expuesto en sede









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79




parlamentaria, careciendo de una razonable adecuación entre
dichos objetivos y las previsiones presupuestarias.


Con estos presupuestos se abandonan las políticas que lleva
a cabo el Ministerio de Presidencia y se mantienen duplicidades no
deseables.



ENMIENDA NÚM. 1801


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.


JUSTIFICACIÓN


Una vez más, como ya sucedió en los presupuestos previstos
para 2012, es necesario volver a presentar una enmienda de totalidad,
obligada por la total insuficiencia de estos presupuestos para hacer
frente a las necesidades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y, en consecuencia, para garantizar la inversión y gasto
destinado a este sector.


Este Ministerio sufre los mayores recortes en este
Presupuesto, un 25% este año, que ha de sumarse al recorte del 19 % que
sufrió en los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Con ello se
vacían de contenido presupuestario las políticas agrarias y
medioambientales.


En relación con el sector agrario y pesquero, el proyecto
de presupuesto ahonda en los recortes, perjudicando de nuevo la inversión
y las transferencias de capital. Sin otros objetivos más que los de
distribuir los recursos que nos llegan de la Unión Europea, el gobierno
sigue sin hacer una política de Estado en agricultura y pesca. Además
quedan otra vez sin recursos las transferencias a las Comunidades
Autónomas para cofinanciar los Fondos Europeos, que pueden poner en
peligro, incluso, la percepción de percibir estos fondos. Con estos
presupuestos es imposible hacer frente a las necesidades que tiene este
sector en ámbitos tales como el desarrollo rural, los regadíos, I+D+i en
el sector agrario y pesquero…


Por otro lado, las políticas medioambientales prácticamente
desaparecen de este presupuesto. Con el anuncio de una Ley de costas que
es el claro ejemplo de su nula preocupación por las cuestiones
ambientales, era de esperar que la línea de los presupuestos deje sin
efecto los compromisos en protección medioambiental (incluida la gestión
e infraestructuras de agua, la calidad ambiental y del agua, la
protección de la costa…), la protección de la biodiversidad o la
lucha contra el cambio climático.


Este recorte presupuestario en la sección 23 tiene sin duda
unos efectos devastadores en el nivel de empleo y de desarrollo del
sector agrario y pesquero, así como el medioambiental, que en lugar de
considerarse elementos imprescindibles para el mantenimiento de un sector
económico estratégico, se conciben como otra víctima más a sacrificar en
la fracasada obsesión por los recortes que está ahogando nuestra
posibilidad de crecimiento.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente enmienda a la totalidad a la Sección 23 de los
Presupuestos Generales del Estado.



ENMIENDA NÚM. 2013


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.










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80




Enmienda


De devolución


MOTIVACIÓN


En el Proyecto de Presupuesto para 2013 presentado por el
Gobierno, la política educativa vuelve a ser uno de los sectores más
duramente castigados, disminuyendo sus partidas un 14,4%, como ya lo fue
en el Presupuesto de 2012, cuando se produjo una reducción del 21,9%.


Con este proyecto el presupuesto educativo se reducirá en
898,7 millones de euros (un 31,6%) desde el último presupuesto socialista
que destinó 2.843,43 millones, y el peso de la educación respecto del
total de políticas de gasto caerá desde el 0,9% al 0,6% (aunque en la
presentación que ha hecho el Gobierno lo sitúa en un 0,7% al excluir del
cómputo a los créditos destinados a Deuda Pública).


El recorte acumulado en estos dos presupuestos es
especialmente significativo en las transferencias corrientes y de
capital, una opción que es bastante relevante, ya que mientras que las
reducciones en gastos de personal y en gastos en bienes corrientes y
servicios podrían considerarse relacionadas con una política de
austeridad en el Ministerio, los recortes en las transferencias, a
particulares y a las Comunidades Autónomas, afectan directamente a las
políticas educativas y específicamente, por un lado, a la calidad de la
educación pública, al tratarse fundamentalmente de programas estatales de
cooperación con las administraciones educativas, y por otro, a la
igualdad de oportunidades, al disminuir los recursos destinados a becas y
otras ayudas.


Importantes programas y créditos presupuestarios se verán
fuertemente afectados por el recorte en 2013. El Programa destinado a
Educación secundaria, FP y Escuelas Oficiales de Idiomas, que sufre un
nuevo recorte de 40 millones de euros debido a la supresión de los
créditos para financiar el Plan de disminución de abandono escolar
temprano y para el programa de mejora de las enseñanzas de lenguas
extranjeras. El programa de Enseñanzas universitarias que, al recorte de
250 millones del pasado presupuesto suma ahora otro de 27 millones de
euros, fundamentalmente en transferencias corrientes a Universidades
directamente o por medio de las Comunidades Autónomas.


Los créditos del programa de Educación compensatoria
destinados a programas integrados de apoyo y refuerzo en centros de
Educación Primaria y Educación Secundaria, que desaparecen y estaban
dotados anteriormente con 60 millones de euros y, dentro del mismo
programa, los préstamos a Comunidades Autónomas para programas de
refuerzo, disminución del abandono escolar temprano, incremento del éxito
escolar y fomento del empleo, que estaba dotado con 101 millones, y caen
hasta 48 millones de euros.


Mención especial merece el programa de becas que, a pesar
del anuncio del Gobierno, disminuye en 47,88 millones, pasando de
1.270,04 millones a 1.222,16 millones de euros. Se reduce de nuevo el
Programa de cobertura de libros de texto, que cae desde 2011 de 98 a 20
millones de euros y las ayudas para el aprendizaje de lenguas
extranjeras, que se reducen en 27 millones más. El programa de movilidad
de estudiantes «Séneca», que había sido respetado en el presupuesto
anterior, pierde 3,4 millones (un 35%), y la aportación para los
«Erasmus» vuelve a sufrir una fuerte reducción, pasando de 36,8 millones
presupuestados en 2012 a 15,2 millones de euros. Además, las becas
generales se verán afectadas por la modificación de los requisitos
exigidos para su adjudicación, que incluyen la elevación del umbral
académico.


Finalmente, es de destacar la desaparición de hasta cinco
programas presupuestarios educativos (Educación especial, Educación
permanente y a distancia no universitaria, Nuevas tecnologías aplicadas a
la educación, Apoyo a otras actividades escolares e Investigación y
evaluación educativa) que, tras los sucesivos recortes, han quedado
reducidos en su cuantía de tal manera que no justificaban para el
Gobierno su mantenimiento, habiendo sido englobados en un nuevo programa
conjunto, con la denominación de Otras enseñanzas y actividades
educativas.


Los Presupuestos educativos presentados para el año 2013
son, junto con los recortes ya ejecutados en los anteriores presupuestos
y en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, el incremento de las
tasas universitarias, la reducción de las becas y la anunciada reforma de
la Ley Orgánica de Educación, la prueba de que la calidad educativa, la
educación pública y la igualdad de oportunidades no son una prioridad en
absoluto para el Gobierno de Rajoy.


En cuanto a los créditos vinculados a la Secretaría de
Estado de Cultura, el Proyecto pone de manifiesto la inexistencia de una
política cultural y la falta de interés y el desconocimiento del Gobierno
de









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81




la importancia y el valor que tiene la cultura para España.
Los presupuestos de Cultura se reducen un 20% en un solo ejercicio,
dejando en una situación de abandono a un sector esencial para la
cohesión social, para la imagen de España y para la economía, ya que
supone el 4% del PIB y más de 600.000 empleos directos.


La incierta posibilidad de que exista una ley del
mecenazgo, la brutal subida del IVA para la cultura a los niveles más
altos de la UE o la reducción del 50% del presupuesto a las industrias
culturales demuestran que para el Gobierno la cultura es un lujo del que
se puede prescindir.


Los créditos destinados al Instituto Nacional de las Artes
Escénicas de y la Música sufren una variación negativa del 30,94 por 100.
Los del Fondo de Protección de la Cinematografía disminuyen un 20,15 por
100. Los de la Biblioteca Nacional descienden un 15,43 por 100. Y los de
la Fundación Thyssen-Bornemisza el 35,7 por 100.


Con este proyecto de Presupuestos, el Gobierno prescinde de
garantizar el acceso de los ciudadanos a la cultura y de establecer una
política cultural caracterizada por la sostenibilidad y por el
establecimiento de unos objetivos coherentes.


En Deportes, los PGE de 2013 prácticamente dejan al Consejo
Superior de Deportes con la cuantía indispensable para hacer frente a sus
gastos de personal y gastos corrientes, eliminando todas las inversiones
previstas para centros deportivos e instalaciones en centros de enseñanza
pública, centros universitarios y para municipios. Igualmente eliminan
las aportaciones para la celebración de competiciones internacionales de
distintos deportes, que España tenía comprometidas y reducen al mínimo
las aportaciones para las distintas federaciones deportivas, para el
Comité Olímpico Español y para el Paralímpico. La única partida que crece
significativamente, siendo ya mayor que el presupuesto del CSD, es la que
proviene de las apuestas deportivas y quinielas que se distribuye entre
las Diputaciones provinciales, la Liga de Fútbol Profesional y la Real
Federación Española de Fútbol. Un presupuesto que deja inhabilitado a
nuestro país para hacer cualquier planificación futura y para hacer
frente a los compromisos ya adoptados.



ENMIENDA NÚM. 2836


(PROPUESTA DE VETO)


De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de doña
Iolanda Pineda Balló (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña
María Jesús Sequera García (GPEPC)


La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), la Senadora Iolanda Pineda Balló (GPEPC), el Senador
Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de
Fomento.


JUSTIFICACIÓN


La reiteración del incumplimiento flagrante de la
Disposición Ad. 3.a de EAC por segundo año consecutivo dado el
diferencial de casi 728 M¤ en el presupuesto 2013 (1.262 M¤ que sólo
representa el 11,9% de la inversión regionalizada cuando debería
representar el 18,7% de acuerdo con el peso del PIB catalán) en un
contexto de doble penalización porque en 2 años la inversión del Estado
en Cataluña ha quedado reducida a la mitad (de 2.600 M¤ aprox. en 1262
M¤) es la principal razón de nuestro veto a esta sección. Esta escasez
presupuestaria tiene su efecto más contraproducente para Cataluña (y para
toda España) en el retrasos insostenibles acumulados por la ejecución de
las obras del Corredor Mediterráneo, especialmente el ferroviario (sobre
todo en la línea de mercancías en ancho de vía europeo UIC y en la
finalización de las conexiones a los puertos de Barcelona y Tarragona y
en la realización del gran intercambiador modal de la estación de la
Sagrera) y en la reducción brutal (– 58%) de las inversiones en la
provincia de Girona.


Es una incoherencia manifiesta entre los planteamientos
establecidos por el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda) en materia de políticas de vivienda y las prioridades









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presupuestarias que reflejan este presupuesto 2013. Cuando
esta semana acabamos de saber que el Gobierno quiere premiar con el
permiso de residencia automática a todos los ciudadanos extranjeros que
compren viviendas por valor de más de 160.000 ¤, pensando más en medidas
de liquidación de stocks de los bancos mediante la venta, el presupuesto
2013 reduce las partidas del Plan de Vivienda conjunto con las CCAA en un
– 79,24% y el Programa 261-0 destinado a Restauración y
Rehabilitación un – 30,52% (– 63% en 2 años) que incluye los
programas de remodelación de Barrios ya pactados (por ejemplo con los
Ayuntamientos de Barcelona y L’Hospitalet) contradiciendo
completamente las formulaciones del PITVI en las que se propone el
fomento del alquiler y la rehabilitación por encima de la adquisición y
la obra nueva como líneas estratégicas de futuro para la vivienda en
España.



ENMIENDA NÚM. 2837


(PROPUESTA DE VETO)


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.


JUSTIFICACIÓN


Efectivamente, tal y como apuntaban los PGE 2012, a lo
largo de los PGE 2013 se consolida la tendencia de la política exterior
española a retomar como punto de partida 2004, optando por la
confrontación y dejando en el olvido relaciones internacionales basadas
en el dialogo político y la cooperación.


Además, el recorte en el presupuesto de esta sección del
11,2% con respecto al 2012 y un recorte acumulado de más del 50% sitúa la
política exterior muy lejos de una política de Estado. La reducción de 70
a 35 de distintos países y organismos internacionales donde España
contradice los propios objetivos marcados por el Ministerio de
fortalecimiento de la política exterior de España y de la marca España.
Este presupuesto significará debilitamiento de la acción bilateral,
multilateral y diplomática. El recorte se traducirá en menor presencia y
representación tanto en la UE como en los organismos multilaterales.


Igualmente importantes son los recortes de personal que
definitivamente parece que no solo tendrán un impacto negativo en la
acción consular sino que además certifican la renuncia de este Gobierno a
llevar a cabo la reforma del servicio exterior de España que aún está
pendiente.Quizás el retroceso más importante lo veremos en el Instituto
Cervantes, con un descenso del 13,9%, que se traducirá en el cierre de
centros importantes.


La defensa y protección de los derechos humanos es la
partida que mayor recorte sufre en las transferencias destinadas a
entidades sin fines de lucro.


Respecto a la política de cooperación de este Gobierno nos
conduce a la liquidación del sistema público de cooperación internacional
para el desarrollo. Y estos PGE 2013 son el finiquito.


La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo supera el
12,78% (300, 26 millones de euros menos que en 2012) situando la
previsión para este año en el 0.20% de la RNB, alejándonos del 0.7% en
2015 comprometido en el Pacto de Estado contra la Pobreza.


La cooperación internacional no debe someterse a la
inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público
sostenido. El recorte de este año se suma a los más de 1.632 M de
reducción que se hicieron en el 2012, lo que implica el desmantelamiento
de la política de cooperación española. Además cabe destacar que del
total de fondos destinados a AOD, un 60% estará gestionado por
ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, que es el órgano responsable de la dirección de la política
de cooperación y el único que cuenta con una Agencia especializada y con
capacidades, la AECID, en la materia.


AECID, que ya había experimentado un recorte muy importante
en su presupuesto de 2012, con lo que acumula un descenso en sus fondos
de más de 600 M en los dos últimos ejercicios presupuestarios. Ello
supone que únicamente el 14% del total de la AOD de la Administración
General del Estado será gestionada por la AECID.









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En cuanto al programa 142A de Acción del Estado en el
exterior, aunque se mantenga estable en este presupuesto con una ligera
variación positiva (+0,38%), no consta, por ejemplo, en la documentación
presupuestaria la lista de contribuciones voluntarias y obligatorias a
organismos internacionales dificultando el seguimiento de las mismas.
Especialmente significativo en este año es además la inexistencia de
puestos para los JPO (Jóvenes Profesionales destacados en organismos
internacionales) que tan excelente participación española ha generado en
las instituciones multilaterales de desarrollo a lo largo de estos
últimos años. Vuelve a descender en el 2013 la financiación de los
principales instrumentos de la diplomacia pública en nuestro país (Casa
África, Casa Árabe, Casa Sefarad-Israel, Casa del Mediterráneo, Instituto
de Estudios del Mediterráneo, Casa América), entidades todas ellas de
creciente importancia para las actividades y objetivos de nuestra acción
exterior.


Finalmente, el Programa 142 B sobre acción diplomática ante
la UE ve mermada su capacidad de actuación en un – 12,4% respecto
al 2011,en un año crucial para el futuro de la Unión Europea y su
gobernanza en materia fiscal, política y económica. 2013 también será el
último año del actual marco presupuestario que rige nuestras relaciones
financieras con la UE.


Muchas son por tanto las cuestiones y demasiadas las
incertidumbres en ámbitos directamente relacionados con la política
exterior y la cooperación: la política en materia de defensa de los
derechos humanos; la protección y defensa de los intereses españoles en
el exterior, la política de gobernanza y reforzamiento de las
instituciones globales; las acciones conjuntas para la necesaria
regulación de los mercados financieros y de los bienes públicos globales,
como la paz, la lucha contra la pobreza y desigualdad, o la
sostenibilidad ambiental y energética. Nuestro compromiso con una
política exterior como política de Estado, adaptada al siglo XXI y a sus
retos, nos obliga a mostrar nuestra inquietud y rechazo ante los PGE para
el 2013.