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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 702, de 13/07/2015
cve: BOCG-10-D-702
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de julio de 2015
Núm. 702
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas ... (Página5)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, por la que se insta al Gobierno a rebajar la tributación del tipo general de IRPF de los autónomos ...
Comisión de Fomento
161/003806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la construcción de la rotonda de acceso a la estación de AVE de Figueres-Vilafant en la carretera nacional 260 ...
Comisión de Educación y Deporte
161/003798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre matriculación y expedición de títulos para el alumnado inmigrante ... (Página8)
161/003805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, relativa a garantizar las aportaciones del Estado para la financiación de los Juegos Mediterráneos de Tarragona en 2017 ...
161/003809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre el traspaso de la gestión de las becas a las Comunidades Autónomas ... (Página10)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre el estudio de posibles medidas a implementar para sustituir la llamada fe de vida en la acreditación periódica de la situación de
los perceptores de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social ... (Página11)
161/003801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, por la que se insta al Gobierno a elaborar medidas para que la Administración informe a los autónomos de las prestaciones que recibirán
en su jubilación y a promocionar medidas de ahorro complementarias ... (Página12)
161/003813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, relativas a la
concesión de subvenciones del área de servicios sociales, familias, discapacidad y otros fines de interés social, incluidos los de carácter medioambiental ... (Página13)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento de la participación para un gobierno abierto de España ... (Página14)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas y ayudas ante los daños provocados en la Comunitat Valenciana por el granizo y otras inclemencias climatológicas ...
161/003799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la lucha contra la plaga del caracol manzana ... (Página17)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la resistencia antimicrobiana y el desarrollo de nuevos fármacos ... (Página18)
Comisión de Cultura
161/003804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la necesidad de que el Gobierno impulse de forma urgente una rebaja del IVA que grava los productos y actividades culturales ...
(Página20)
161/003807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, relativa al ingreso de Cataluña en la UNESCO ... (Página21)
161/003808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, relativa a impulsar la construcción de la nueva sede del Arxiu Històric de Girona ... (Página22)
161/003810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la puesta en marcha inmediata de las medidas necesarias para impulsar la biblioteca provincial de Barcelona ...
161/003812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la necesidad de incrementar las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos
en vivo de artes escénicas y musicales ... (Página24)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la instalación de carriles bici en las aceras de las vías urbanas ... (Página25)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/003522 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre sometimiento a informe de la Secretaría General Técnica del Departamento de la nueva disposición del Director Adjunto Operativo, creadora de una
Unidad policial y modificadora de las funciones y competencias de la Unidad de Asuntos Internos ... (Página26)
181/003523 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre análisis e informe realizado por el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía de la disposición del Director Adjunto Operativo,
creadora de una Unidad policial y modificadora de las funciones y competencias de la Unidad de Asuntos Internos ... (Página27)
181/003524 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre elaboración de la Memoria Económica vinculada a la creación y puesta en funcionamiento de la nueva Brigada Policial de Análisis y Revisión de
Casos (BARC), creada por el Director Adjunto Operativo ... (Página28)
181/003525 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre puestos de trabajo que se integrarán en la nueva Brigada Policial de Análisis y Revisión de Casos (BARC), creada por el Director Adjunto
Operativo ... (Página29)
181/003526 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre previsiones acerca de adscribir a la Brigada Policial de Análisis y Revisión de Casos (BARC), creada por el Director Adjunto Operativo, personal
del Cuerpo Nacional de Policía procedente de otras plantillas en comisión de servicio con dietas ... (Página30)
181/003527 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre obtención de la resolución del Acuerdo de Consejo de Ministros que declare secreta la Brigada Policial de Análisis y Revisión de Casos (BARC) y
sus actuaciones ... (Página31)
181/003528 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre exclusión de los expedientes y documentos nominativos tramitados por la Brigada Policial de Análisis y Revisión de Casos (BARC) del derecho de
acceso por sus titulares e interesados, según previene la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ... (Página32)
181/003529 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre análisis y revisión por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de las investigaciones y actuaciones judicializadas que en materia de
corrupción política y/o económica practiquen las unidades centrales y territoriales competentes del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página33)
181/003530 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre previsiones acerca de encomendar a la nueva Brigada creada ilegalmente por un escrito del 19/01/2015 del jefe de la DAO, revisar y analizar las
actuaciones policiales contra la corrupción que lleva a cabo la UDEF ... (Página34)
181/003531 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre finalidad de la reunión mantenida entre el comisario don Juan Manuel Calleja Sánchez, segundo máximo jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la
Comunidad de Madrid, y don Francisco Correa Sánchez, principal imputado de la Operación Gürtel, en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ... (Página35)
181/003532 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre motivos del cese del comisario Calleja, si sus jefes sabían que se iba a producir su reunión con don Francisco Correa Sánchez, principal imputado
de la Operación Gürtel, en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ... (Página36)
181/003533 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre motivos por los que transcurrido un tiempo y habiendo cesado al comisario Calleja, éste fue nombrado Secretario General de la División de Gestión
Económica de la Dirección General de la Policía, puesto de superior categoría del que inicialmente ostentaba ... (Página36)
181/003534 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre incoación de un expediente disciplinario al comisario Calleja y a los superiores que permitieron u ordenaron la reunión mantenida entre dicho
comisario, y don Francisco Correa Sánchez, principal imputado de la Operación Gürtel, en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ... (Página37)
181/003535 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre aclaración de si nos encontramos ante un episodio más de la Policía Política que ha creado el Ministerio del Interior para ocultar o retrasar las
investigaciones policiales que perjudican a miembros del PP o del Gobierno e investigar a sus adversarios políticos, tras la reunión mantenida entre el comisario don Juan Manuel Calleja Sánchez, segundo máximo jefe del Cuerpo Nacional de Policía de
la Comunidad de Madrid, y don Francisco Correa Sánchez, principal imputado de la Operación Gürtel, en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ... (Página38)
Comisión de Cultura
181/003537 Pregunta formulada por la Diputada don Montserrat Surroca i Comas (GC-CiU), sobre previsiones acerca de impulsar una Ley de Mecenazgo antes del final de la X Legislatura ... (Página38)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/003536 Pregunta formulada por los Diputados don César Luena López y doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de profesionales que trabajan en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de La Rioja desde el
año 2011 ... (Página39)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
elaboración de un catálogo de vestigios franquistas, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En la localidad valenciana de Benagéber existe un antiguo pantano inicialmente concebido en tiempos de la República y acabado de construir en la postguerra. En lo alto del edificio que remata la presa sigue figurando un escudo franquista
que preside una obra pública en cuya construcción se emplearon presos republicanos en condiciones de represión y carencias de todo tipo que se daban en aquella época.
Este diputado y su Grupo consideran que la permanencia de dicho escudo, innecesario e impropio en un Complejo de estas características, entra en contradicción con la vigente Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica, así como
con el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, de Creación del Escudo Constitucional que, en su artículo cuarto, daba un plazo máximo de tres años para proceder a su sustitución en aquellos lugares donde figurase.
Respetar las leyes que se promulgan es obligación del Gobierno, pero también resaltamos que este caso constituye además una ofensa para todos aquellos españoles forzados a construir un pantano que además se dedicó al dictador que creó la
situación por la que fueron obligados a ello, y aun hoy ofende a sus familias y a todo demócrata que contemple una presa en que las casamatas de vigilancia que aún existen estaban orientadas para apuntar a los trabajadores forzados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Confeccionar un catálogo de vestigios franquistas que puedan existir en presas de pantanos y otras obras públicas similares.
- Que en aplicación de la vigente Ley 52/2007, el Gobierno inste a la Confederación Hidrográfica del Júcar, bajo cuya competencia se halla la presa del Pantano de Benagéber, a la retirada inmediata del escudo franquista que la preside así
como las placas conmemorativas con alusiones a Franco.
- Que el Gobierno de España inste igualmente a las restantes entidades gestoras de obras públicas construidas en la época para retirar todo vestigio similar que exista en las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2015.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Hacienda y de Administraciones Públicas, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a rebajar la tributación del tipo general de IRPF de los
autónomos.
Con el objetivo de aumentar la capacidad recaudatoria de las arcas del Estado, el Gobierno, al inicio de la presente legislatura (septiembre de 2012) aprobó mediante el Real Decreto-ley 20/2002, un aumento en el tipo general de las
retenciones de los profesionales autónomos del 15% hasta el 21% para los rendimientos obtenidos a partir del 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013. El objetivo que se planteaba al incrementar las retenciones era adelantar el pago
del IRPF por parte de los profesionales autónomos, que de esta forma contribuían a financiar al Estado en un 6% más.
Este incremento del 6% en la tributación de IRPF fue anunciada por el Gobierno como una medida excepcional aplicable a un periodo transitorio, con la promesa futura de rebajar el porcentaje al 19% a partir del 1 de enero de 2014 y así
sucesivamente hasta recuperar el anterior porcentaje de tributación del 15% para este colectivo.
Sin embargo, en la actualidad, finalizando la presente legislatura y tras la exhaustiva reforma fiscal del IRPF llevada a cabo por el Gobierno a finales de 2014, el porcentaje del tipo general de tributación resultante aplicable a los
rendimientos obtenidos por profesionales o autónomos es del 19% para el ejercicio 2015 y del 18% para el ejercicio 2016, porcentajes muy alejados del anterior 15% que el Gobierno se comprometió a restituir tras el paquete de medidas extraordinarias
que se adoptaron temporalmente para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Solamente se ha recuperado la tributación al 15% del IRPF para aquellos autónomos cuyos rendimientos íntegros de actividades profesionales del ejercicio anterior sean inferiores a 15.000 euros, dejando fuera de a la mayoría de los autónomos
y profesionales que siguen afectados por esta tributación desproporcionada que no se adecua a la realidad económica.
Precisamente, cabe recordar que durante la tramitación legislativa de la citada reforma fiscal, nuestro Grupo parlamentario ya advirtió al Gobierno, mediante la correspondiente enmienda, de la necesidad de aprovechar la modificación
propuesta sobre las retenciones de los rendimientos de actividades profesionales para reinstaurar el 15% del tipo general del IRPF. No obstante, el Gobierno desoyó nuevamente dicha recomendación a pesar de la idoneidad de la medida.
Se adjunta cuadro resumen de la evolución del tipo general aplicable a las retenciones de actividades profesionales del IRPF:
Hasta
31/8/2012;Del 1/9/2012 a 31/12/2013;2014;2015;2016;Incremento resultante final
15%;21%;19%;19%;18%;+3%
Como consecuencia de este incremento del gravamen fiscal, que finalmente no ha sido corregido, se ha perjudicado considerablemente a los profesionales y autónomos que se han visto obligados a realizar un mayor esfuerzo económico a diferencia
de otros colectivos por cuanto el efecto de la retención de actividades profesionales sobre las rentas netas del preceptor es muy superior al de las retenciones que se practican a las rentas del trabajo. Esta desigualdad se traduce en una mayor
dificultad para emprender y una mayor competencia para los autónomos.
Asimismo, esta subida de la tributación ha supuesto un impacto considerable sobre su liquidez y tesorería lo que unido a la subida del IVA también ejecutada por el Gobierno al inicio de la legislatura ha contribuido si cabe más a limitar la
capacidad de gasto, inversión y creación de empleo para los profesionales y, en definitiva, a su posible aportación a la recuperación del país.
Por todo ello, Unió Democrática de Catalunya dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir al 15% el tipo general del porcentaje de retención de las actividades profesionales previsto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio para adecuar la tributación de los autónomos a la realidad económica manteniendo la capacidad de recaudación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
Comisión de Fomento
161/003806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la construcción de la rotonda de acceso a la estación de AVE de Figueres-Vilafant en la
carretera nacional 260.
Antecedentes
El Ministerio de Fomento incluyó en los Presupuestos de 2014 la construcción de la rotonda de acceso a la estación del AVE de Figueres-Vilafant desde la carretera N-260. En respuesta a una pregunta formulada por la Diputada doña Montserrat
Surroca i Comas al Gobierno sobre el calendario de ejecución de dicha obra, el Gobierno respondió con fecha de 28 de mayo de 2015 que 'la actuación interesada se encuentra actualmente en fase de redacción de proyecto. Una vez se apruebe el
proyecto, se podrán licitar y adjudicar las obras. En la adjudicación de las obras se determinará el plazo de ejecución de las mismas'. A fecha de hoy, y a punto de adentrarnos en la estación estival, continuamos pues sin tener fecha de inicio de
las obras, ni calendario de su ejecución, que ponga fin a la problemática que se vive en este punto de la red viaria.
El tráfico en este cruce de carreteras ha aumentado de forma notable, tras la inauguración de la línea de alta velocidad de Renfe y por este motivo consideramos que es preciso que se acelere la construcción de esta rotonda, sobre todo
teniendo en cuenta que el proyecto ya está redactado y su presupuesto es tan solo de 600.000 euros.
Desde el municipio de Vilafant se denuncia también que uno los déficits más importantes que padece la estación de AVE es la señalización, problema de difícil solución, si no hay voluntad de reparación por parte del propietario de la red
viaria en cuestión. Es necesario establecer una ruta coordinada y consensuada, con señalización clara, a fin de no llevar a más equivocaciones a los ciudadanos. Un elemento fundamental de dicha ruta es la rotonda en la N-260.
El descontento entre los vecinos de Vilafant es patente como demuestran las diversas manifestaciones que han protagonizado para reclamar al Ministerio de Fomento la construcción de la rotonda. Es importante resaltar que la confluencia de la
carretera nacional 260 y los accesos a la estación del AVE es un punto negro de la red viaria que registra una alta siniestralidad. Teniendo en cuenta que la ejecución de esta obra ya está incluida en los Presupuestos de 2014, la demora del inicio
de su construcción solo puede responder a una cuestión de voluntad política.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya, dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la licitación de las obras correspondientes a la construcción de la Rotonda de acceso a la estación de AVE de Figueres-Vilafant en la carretera nacional 260 y a mejorar la
señalización del acceso a dicha estación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
Comisión de Educación y Deporte
161/003798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre matriculación y expedición de títulos para el alumnado inmigrante,
para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
En el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en el capítulo preliminar, sección 1, artículo 1 (derechos y libertades) en su apartado 2 dice:
'Asimismo, los extranjeros son iguales a los españoles ante la ley en función de lo dispuesto por esta y los Tratados Internacionales suscritos por España, en especial al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de
diciembre de 1996.'
En la sección 11 (derechos subjetivos), en el artículo 2 (derechos subjetivos de las personas) dice:
'1. Los extranjeros tienen plenamente garantizados en el territorio español, en igualdad de condiciones que los españoles, los derechos que son inherentes a las personas.
2. Los extranjeros tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los españoles.'
En la sección IV (menores extranjeros) en el artículo 12 dice:
'Los menores extranjeros que se hallen en territorio español serán tratados conforme a lo previsto en la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España en 1990, y tendrán derecho a la educación
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, sobre Ordenación General del Sistema Educativo, así como a la asistencia sanitaria y a las demás prestaciones sociales, conforme a lo dispuesto en la mencionada Convención y en el
artículo 103 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.'
En la actualidad, a pesar de todo lo expuesto anteriormente, se está dando una verdadera disociación entre la realidad y la teoría. Se admite a todos los alumnos en los centros escolares sin exigirles ningún papel, pero no se les entrega un
título oficial sin el certificado de residencia legal. Lo que supone una discriminación al menor por la situación meramente administrativa de sus padres.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, se adopten las medidas oportunas y se efectúen los cambios legislativos oportunos, si fuese necesario, para que a partir del próximo curso
académico:
1. Se matricule, con todas sus consecuencias, a todo el alumnado inmigrante.
2. Los niños y niñas inmigrantes reciban el título o certificado oficial al terminar sus estudios con independencia absoluta de la legalidad o no de su residencia en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2015.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a garantizar las aportaciones del Estado para la financiación de los Juegos
Mediterráneos de Tarragona en 2017.
Antecedentes
Los Juegos Mediterráneos que se celebrarán en Tarragona entre el 30 de junio al 9 de julio de 2017 continúan desarrollando el espíritu de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 1992. En esta ocasión se trata de una serie de
acontecimientos deportivos y culturales que están englobados dentro del movimiento olímpico, celebrados por los pueblos costeros del Mar Mediterráneo y que Tarragona acoge con gran ilusión.
Sin embargo, a dos años de la celebración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, los 15 millones de euros que el Comité Organizador contempla que el Estado aporte para la organización del evento y la construcción de las infraestructuras
necesarias aún no han sido presupuestados ni existe ningún documento firmado que garantice dicha aportación por parte del actual Gobierno del Estado. La cantidad de 15 millones, como aportación del Estado a la organización de los Juegos, está
acordada desde el año 2009, fecha en la que el entonces presidente del Gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero ya dio al Comité Organizador garantías financieras cuando la ciudad inició su carrera 'olímpica' que acabó el 15 de octubre de 2011 con
la elección de la ciudad de Tarragona como sede de los XVIII Juegos Mediterráneos por parte del Comité Internacional.
Debe tenerse en cuenta que los 15 millones procedentes de la Administración Central del Estado (los otros 30 restantes en inversiones se los reparten Generalitat, Diputació de Tarragona y Ajuntament y ya están firmados y aprobados) servirán
para financiar la construcción del centro acuático que incluye una piscina de 50 metros (7.653.250 ); del estadio desmontable de atletismo (1.815.000 ) en el que se celebrarán también las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos
Mediterráneos; y para reformar la actual pista de atletismo (2.904.000 ) de Campclar (estas tres instalaciones se hallan en el anillo mediterráneo ubicado en el barrio de Ponent que se convertirá en el centro neurálgico del 2017). También gracias
a la partida del Estado debe llevarse a cabo la rehabilitación del Nou Estadi de Tarragona (2.420.000 ) que acogerá las finales de fútbol.
Si bien Tarragona 2007 no puede ni desea prescindir de esa aportación del Estado, el Comité Organizador se ha visto obligado a iniciar el diseño de un plan alternativo para el caso de que la ayuda del Estado finalmente no llegase o se
demorase más de lo deseable, ya que deben considerarse los largos trámites para la licitación y la puesta en marcha de los proyectos; y aunque en ningún caso se contempla la renuncia a los Juegos, si sería posible que estos sufrieran recortes.
En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió consideramos que la celebración de los Juegos Mediterráneos en 2017 en Tarragona es un hecho de gran importancia no solo para el deporte, sino para la proyección
turística internacional tanto de la ciudad de Tarragona como de toda la Costa Daurada y que tendrá importantes repercusiones económicas y de promoción en la zona, actuando como un potente impulsor de la actividad económica y la creación de empleo,
pero también en el conjunto de Catalunya y del resto del Estado. Por ese motivo estaremos junto al Comité organizador para garantizar la aportación del Estado a dicho evento.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya, dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a confirmar el compromiso del Gobierno con la financiación de los Juegos del Mediterráneo 2017 de Tarragona garantizando una partida presupuestaria de 15 millones de euros que asegure al Comité
Organizador la viabilidad de la Celebración de los Juegos del Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
161/003809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre el traspaso de la gestión de las becas a las Comunidades Autónomas.
Antecedentes
Corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre la regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la formación universitaria y,
si procede, la regulación y la gestión de los fondos estatales en esta materia, tal y como establece el artículo 172.1.g, del Estatut d'Autonomia de Catalunya. Sin embargo y pese a la claridad del redactado del texto estatutario y aunque ya en año
2005 se suscribió un convenio entre el Gobierno y la Generalitat referido a los costes asociados a la gestión de dichas becas, el traspaso definitivo de la gestión total de las becas aún no ha sido formalizado.
Y eso a pesar de que tanto en la Conferencia General de Política Universitaria, como en intervenciones tanto en la Comisión de Educación como en el Pleno del Congreso de los Diputados el Ministro de Educación no solo ha reconocido la bondad
de que la gestión de las becas la realicen las Comunidades Autónomas, sino que ha manifestado su disposición a dialogar y estudiar el traspaso. Finalmente se trata de declaraciones de intenciones que no se materializan en acciones concretas, aun
cuando el Tribunal Constitucional, en su sentencia 188/2001, dictaminó que las comunidades autónomas son competentes para la gestión, la resolución y el pago de las becas y ayudas al estudio universitario y que el Estado debe distribuir entre las
Comunidades Autónomas los créditos presupuestarios necesarios con criterios objetivos.
Es decir que, en realidad, actualmente la Generalitat de Catalunya debería ya disponer del pleno ejercicio de las competencias de gestión de becas y ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero el traspaso aún no ha sido
formalizado.
No se trata, por otro lado, únicamente del cumplimiento de un reparto competencial ya perfectamente delimitado, sino del perjuicio que padecen los alumnos provocado por el continuo aplazamiento de ese traspaso y por las políticas del
Gobierno en materia de becas desde la aprobación del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, que dificulta el acceso a las mismas y suprime algunas de las existentes. Debido a los recortes en la dotación de las becas y a los impedimentos para
dificultar el acceso de los alumnos a las becas, España se encuentre a la cola de la OCDE en la inversión de becas con una dotación que representa el 0,11% del PIB frente al 0,29% de media de la OCDE.
La importancia de un sistema efectivo de becas, un sistema que facilite la accesibilidad de los alumnos a las ayudas, se demuestra en los resultados académicos puesto que el rendimiento académico de los universitarios becados mejora en un
35% al que registran los universitarios no becados, acortando en dos años el tiempo medio empleado para la obtención de la graduación que se sitúa en 5,2 años para becados y 7,14 años para los no becados.
Y es que además es imprescindible establecer criterios de corrección interterritoriales que contemplen aspectos como el diferencial de la renta per cápita. No es justificable que diferenciables entre Comunidades Autónomas en términos de
coste de vida perjudiquen a ciudadanos con menos recursos afectados por unos criterios no equitativos que los penalizan por su comunidad de residencia. Por ello, es necesario garantizar el acceso a becas por parte de los estudiantes de manera más
justa y equitativa. En Cataluña el porcentaje de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas al estudio respecto a la población estudiantil es inferior al de la mayoría de Comunidades Autónomas y al de la media estatal, situación que no aporta
equidad al sistema.
La transferencia total en la gestión de las becas ayudaría a solucionar esos desequilibrios entre Comunidades Autónomas. Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, son las Comunidades Autónomas las que pueden elaborar
los criterios de acceso a las ayudas y el importe de estas con mayor precisión y adecuación a la realidad socio-económica de la Comunidad.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya, dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la transferencia total de las competencias en materia de gestión de becas a las Comunidades Autónomas a fin de conseguir un reparto de los recursos más equitativo e incorporar la
variante del coste de la vida en el importe final de las ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003800
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre el estudio de posibles medidas a implementar para sustituir la llamada
fe de vida en la acreditación periódica de la situación de los perceptores de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social.
Antecedentes
De forma periódica, los perceptores de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social deben acreditar su pervivencia o acudir personalmente a la entidad financiera en la que tienen domiciliado el cobro para mantener el derecho a percibir
estas prestaciones, bajo riesgo de bloqueo de su percepción. Esta obligación, además de poder crear molestias a muchos ciudadanos, supone para muchas personas realizar un gran esfuerzo para cumplirlo, ya sea por razones de situación familiar,
física o mental del perceptor. Además, la comunicación periódica de dicha obligación se realiza normalmente mediante correo postal, lo que siempre puede suponer posibles errores de direcciones, extravíos u otras situaciones que, en caso de no
recibirse, conlleva el bloqueo de la prestación por desconocimiento del perceptor.
El artículo 17 de la Orden de 22 de febrero de 1996, para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, determina las normas a que
deben ajustarse los pagos de pensiones y otras prestaciones económicas que se abonan a través de entidades financieras.
El punto 5 del mencionado artículo determina que 'Las entidades financieras pagadoras comunicarán a la correspondiente Entidad Gestora, al menos una vez al año, la pervivencia de los titulares de aquellas pensiones y demás prestaciones
periódicas que vengan satisfaciendo mediante abonos en cuenta'.
Si bien la introducción de este precepto podía ser necesaria en el momento de redacción de la Orden, los actuales medios de comunicación entre las diferentes Administraciones públicas y los avances tecnológicos, podría considerarse obsoleto.
En los últimos diez años ha tenido lugar un proceso de avances tecnológicos sin precedentes, en los que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido lograr una interconexión y comunicación telemática entre Administraciones muy
avanzada.
Estos avances han permitido la implementación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como Entidad Gestora competente para la gestión y el reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema de Seguridad Social,
de diversos controles que verifican la pervivencia de los beneficiarios de prestaciones periódicas, haciendo uso de los sistemas de interrelación telemática entre Administraciones.
De este modo, existen diversos procedimientos automatizados, algunos de ellos con periodicidad diaria, a través de los cuales se accede a una serie de fuentes con la finalidad de cruzar las bases de datos de beneficiarios con bases de datos
en la que constan defunciones y otras eventualidades.
En concreto, la principal fuente es la información referente a decesos obrante en el Ministerio de Justicia, interrelacionada a su vez con los Registros Civiles automatizados, con la que se efectúa un cruce diario con los perceptores de
pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social. También existen otras fuentes de verificación de la pervivencia, como son las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, de Corporaciones Locales o de los propios servicios
funerarios. Del mismo modo también se cuenta con las comunicaciones de familiares o de terceras personas.
Todas las comprobaciones descritas anteriormente son automáticas y muchas de ellas son susceptibles de producirse en tiempo prácticamente real, habiéndose logrado grandes avances en el control de la pervivencia de los beneficiarios de
prestaciones del Sistema de Seguridad Social.
A tenor de todo ello, cabe preguntarse si es oportuno sustituir o eliminar este control, a la vista de las comprobaciones que ya se realizan por parte de la Administración y la configuración de otras medidas.
Por todo ello, Unió Democrática de Catalunya dentro Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar medidas a implementar en el sistema de comunicación telemática entre los diferentes órganos de las Administraciones Públicas que permitan sustituir los actuales trámites de
comprobación periódica de la situación de los perceptores de pensiones y prestaciones periódicas de la Seguridad Social que se abonan mediante ingreso en libretas de ahorro o en cuentas corrientes, obligación que contempla el artículo 17 de la Orden
de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
161/003801
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a elaborar medidas para que la Administración
informe a los autónomos de las prestaciones que recibirán en su jubilación y a promocionar medidas de ahorro complementarias.
Antecedentes
Según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona el importe medio de la pensión de jubilación para un autónomo fue de 678 Euros el 2014. Un 40% menos que la percibida de mediana por el pensionista que había cotizado como
asalariado (1.143 euros al mes).
Actualmente más del 85% de los autónomos están cotizando en la Seguridad Social por la base mínima, de forma que cuando se jubilen les corresponderá una pensión pública muy reducida, todo ello en consonancia con la base cotizada.
La baja cotización de los autónomos (recordemos que es un colectivo de más de 3 millones de personas que en España supone el 16,7% de la población activa) comporta una grave riesgo para la futura estabilidad económica de los mismos y de la
economía nacional. Hay que recordar que una parte importante están afiliados a la base mínima porque no se pueden permitir aumentar la base de la cotización pero hay otra parte que opta por la cotización mínima por desconfiar del propio sistema de
pensiones.
Según el estudio 4 de cada 5 trabajadores por cuenta propia no saben cuánto cobrarán aproximadamente de pensión en el momento en que se jubilen. Existe una gran desinformación entre la cotización declarada y los datos reales que dispone la
Seguridad Social. Hay que recordar que según los expertos las decisiones sobre la base de cotización que tome el autónomo de cara a su futura pensión de la Seguridad Social se han de realizar no más allá del umbral de los 40 años de edad.
El estudio afirma que a pesar de que este colectivo se enfrenta a una pensión baja, el 43% no toma ninguna medida de ahorro a largo plazo de cara a completar sus ingresos cuando dejen de trabajar.
Es por ello que consideramos que la primera medida que debería adoptarse con carácter de urgencia para que este colectivo pueda comenzar a planificar y organizar su futuro y evitar situaciones de dificultad económica en el mismo sería que la
Administración, a través de la bases de datos que dispone y de los datos individualizados del historial de cotización y laboral de cada trabajador por cuenta propia, les informase de las prestaciones que recibirán en el futuro en función de las
aportaciones que actualmente estén realizando a los efectos de que cada uno de ellos pueda planificar su presente profesional para garantizar unos ingresos futuros cuando dejen de trabajar que sean correspondientes con su actual situación económica.
En segundo lugar, en consonancia con lo anterior, la Administración debería incentivar iniciativas para promover el ahorro para la jubilación de los autónomos.
Por todo ello, Unió Democrática de Catalunya dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que la Administración, en el plazo máximo de 3 meses, a través de la bases de datos que dispone y de los datos individualizados del historial de cotización y laboral de cada trabajador por cuenta propia, informe mediante comunicación
personalizada de las prestaciones que recibirán en el futuro en función de las aportaciones que actualmente estén realizando.
- Que la Administración incentive el conjunto de iniciativas que sean necesarias para promover el ahorro para la jubilación de los autónomos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
161/003813
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Don Pere Macias i Arau, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, en nombre de los Diputados y Diputadas de Convergència Democrática de Catalunya, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo,
relativas a la concesión de subvenciones del área de servicios sociales, familias, discapacidad y otros fines de interés social, incluidos los de carácter medioambiental.
El pasado 21 de mayo la Sala III del Tribunal Supremo emitió una sentencia que declaraba nulo el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer
Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por no resultar acorde con el ordenamiento jurídico, recordando que, efectivamente, la materia de asistencia social es competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, que hayan asumido dicha competencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
La citada sentencia es coherente y se sitúa en la línea de 13 sentencias anteriores emitidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en relación a este tipo de convocatorias,
Los estamentos jurídicos han venido indicando reiteradamente, que el Estado puede decidir asignar parte de sus fondos presupuestarios a materias exclusivas de las CC.AA como la asistencia social, pero que puede hacerlo de manera limitada.
Solamente puede determinar el destino de las partidas presupuestarias correspondientes de forma genérica o global, por sectores o subsectores enteros de actividad y que los fondos deben integrarse como un recurso que nutra la hacienda autonómica, es
decir, de manera que la asignación de fondos quede territorializada, a ser posible, en los mismos Presupuestos Generales del Estado.
Y si bien en estas materias, la regulación de los aspectos centrales puede considerarse en el ámbito de la competencia estatal, su gestión se sitúa sin duda dentro de la competencia autonómica, esto es, la tramitación, resolución y pago de
las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos.
No deben duplicarse estructuras administrativas para el ejercicio de unas mismas competencias. Quien dispone de las competencias debe disponer de los recursos para ejercerlas. Si no existe duda alguna respecto a las competencias de las
CC.AA en materia de acción social, servicios sociales, voluntariado, asociaciones y fundaciones, no deberían existir dudas sobre quien las debe ejercer -y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo así lo ha afirmado en
múltiples ocasiones. El Estado no puede y no debe condicionar o limitar el ejercicio de estas competencias a través de su poder de gasto.
Dicho de otro modo, el Estado no puede y no debe condicionar las políticas públicas en materias cuya competencia corresponde a las Comunidades Autónomas, dedicando recursos en forma de asignación directa, en modo de subvenciones
Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Convergència Democrática de Catalunya encuadrados en el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar y cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en materia de concesión de subvenciones destinadas al área de servicios sociales, familias,
discapacidad y otros fines de interés social incluidos los de carácter medioambiental; a territorializar por Comunidades Autónomas, para la convocatoria en curso de este arlo 2015, los recursos recaudados en la asignación tributaria del IRPF
correspondiente; y a ceder a cada comunidad la recaudación que se haya obtenido de las declaraciones efectuadas en su territorio, en concepto de la citada asignación, garantizando que los recursos pertenecientes al referido tramo sean gestionados
íntegramente, por los respectivos gobiernos autonómicos y destinados efectivamente, al Tercer Sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2015.-Pere Macias i Arau, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la participación para un gobierno abierto de España, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Estamos ante la crisis de las instituciones democráticas más grave que ha tenido España en esta etapa democrática, la desconfianza de la ciudadanía es creciente, debemos abrir las instituciones para que la ciudadanía vuelva a confiar en
ellas y las sientan suyas. En este sentido es urgente adoptar una estrategia de gobierno abierto (u 'open government') para y con la ciudadanía.
El gobierno abierto se basa en tres pilares básicos: la transparencia, la colaboración y la participación, esta propuesta tiene el objetivo de promover una iniciativa de procesos abiertos o participación en el marco de un gobierno abierto
para la administración general del Estado.
Estamos ante un cambio de era que afecta al conjunto de la sociedad, una transición a la nueva sociedad red. Los gobiernos deben liderar la adaptación de las administraciones públicas y las instituciones democráticas a la nueva sociedad
red, como parte de su compromiso y creencia en las instituciones públicas y el estado.
El artículo 23 de la Constitución Española (CE) señala dos modalidades para el ejercicio de la participación ciudadana: directa o a través de representantes elegidos libremente en elecciones periódicas por sufragio universal. El artículo 6
de la CE otorga un papel protagonista a los partidos políticos al identificarlos como el 'instrumento fundamental para la participación política'. En nuestra constitución y legislación los mecanismos de democracia directa -derecho de petición
(artículo 29), referéndum (artículo 92) e ILP (artículo 87)- son limitados y su regulación es deficiente.
La evolución de herramientas y aplicaciones TIC permiten establecer de forma cada vez más sencilla y económica mecanismos de interacción con la ciudadanía, en este sentido supone una oportunidad. Además la creciente penetración de la
ciudadanía en internet, en torno a 71% usa internet, hace que las redes sean un canal de comunicación y relación habitual para gran parte de la población, y por tanto debe relacionar instituciones y ciudadanos.
Además de las medidas normativas que posibiliten el ejercicio de efectivo de la participación, es necesario adoptar medidas de estímulo de la participación a través de la educación, la formación y la información, ya que España no hay una
cultura de participación democrática en los asuntos públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un diálogo continuo con la sociedad a través de mecanismos de participación activa, corno redes sociales verticales o foros deliberativos digitales, que involucren a representantes de la Administración General del Estado.
2. La creación de una plataforma de participación 'on line' que permita la comunicación directa, la interacción y la colaboración entre la ciudadanía y la administración. Donde se abran procesos participativos de las principales decisiones
del Gobierno 'Leyes, Decretos, planes...'. Dicha plataforma permitirá a la ciudadanía participar en procesos de consulta, propuesta, decisión y coparticipación en procesos de gestión pública.
3. Desarrollar medidas para garantizar la utilización de dichos mecanismos de participación de todos los miembros del Gobierno, convirtiéndose en parte de sus obligaciones como representante público.
4. Promoción de espacios sobre participación ciudadana en los medios de comunicación públicos.
5. Desarrollo de planes formativos de participación ciudadana en los programas de educación.
6. Incorporar en los planes la alfabetización digital la formación en herramientas de participación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2015.-Lourdes Muñoz Santamaría, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas y ayudas ante los daños provocados en la Comunitat Valenciana por el granizo y otras inclemencias climatológicas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El temporal, que en las primeras semanas de junio ha afectado a la Comunitat Valenciana, ha provocado distintos incidentes en los términos municipales de Cheste y Chiva. En el término de Cheste el desbordamiento de un cauce ha cortado la
CV-378, la carretera que da acceso al polígono industrial Castilla y ha bloqueado varios vehículos en Albal y Chiva por el exceso de agua en las calzadas.
Las lluvias también han dejado precipitaciones por encima de los 60 litros por metro cuadrado en el interior norte de la provincia de Castellón y tormentas severas de granizo, especialmente en la comarca del Camp de Morvedre, al norte de la
provincia de Valencia. Según datos del Centro de Coordinación de Emergencias 112, el lunes 15 de junio se han acumulado 63,6 litros por metro cuadrado en el municipio de Cati (Castellón) y 45,4 litros en Algar de Palancia (Valencia).
Se formó una línea de tormentas entre Onda, Almenara, L'Alcora, Atzeneta y Morella, que después se extendió también por el Camp de Morvedre y la Plana Baixa. Además de fuertes lluvias, en muchas poblaciones de estas zonas descargó también
granizo de gran tamaño, en ocasiones superior al diámetro de una moneda de un euro, como en Algimia de Alfara, Quartell y Almenara.
En Torres-Torres las fuertes lluvias han anegado campos de naranjos, mientras que en Xátiva los bomberos han tenido que retirar una rama de un árbol que había caído en la avenida de Salgas.
La franja entre Ribarroja del Turia y Manises también se vió afectada, unas 500 hectáreas, donde la piedra llegó a caer con un tamaño 'de pelotas de tenis' y provocó pérdidas de hasta el 100% de la próxima cosecha de cítricos e, incluso,
daños en la madera del arbolado. Las partidas del término de Ribarroja del Turia especialmente castigadas son Carasofs, Llobatera y El Polvorín.
En La Ribera Alta (sobre todo en Rafelguaraf y L'Enova) y en La Costera (Llocnou d'en Fenollet) también se aprecian áreas concretas y aisladas con afecciones que pueden alcanzar hasta el 30% de la cosecha citrícola.
En la comarca de La Marina Alta, municipios agrícolas como Sagra, Tormos, Ráfol d'Almúnia, Orba, Sanet i Negrals y Benimeli han sufrido igualmente daños que, en algunos casos, alcanzan 'toda la producción de cítricos'.
Además, las consecuencias de este temporal pueden suponer un 'duro golpe' para la economía de las localidades afectadas, por lo que desde las principales asociaciones y organizaciones agrarias han pedido 'máxima celeridad a la hora de
efectuar las peritaciones de los daños'. Desde la asociación han recordado que estas últimas tormentas primaverales vuelven a poner de manifiesto la importancia de 'suscribir pólizas con las cuales tener aseguradas las cosechas'. La Unió de
LLauradors i Ramaders y La Associació Valenciana D'Agricultors-ASAJA han cifrado los daños en no menos de 400 hectáreas afectadas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas ante los daños provocados en la Comunitat Valenciana por el granizo, incendios y otras catástrofes naturales:
1. Aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños, personales y materiales, producidos por inclemencias metereológicas, incluido en granizo, así como los daños producidos por los incendios y otras
catástrofes naturales que no están amparados por plazos o limitaciones del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, y aquellas que se pudieran producir hasta el 31 de diciembre de 2015. Estas ayudas serán, como mínimo, las contempladas en la
Ley 312010, de 10 de
marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
2. Si se comprueba que se dan los requisitos para ello, proceder a solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural en relación con los incendios citados en el apartado anterior.
3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con estas catástrofes naturales ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
Además, tomará las medidas presupuestarias oportunas para recuperar la inversión y ayudas en seguros agrarios que se presupuestó y ejecutó en 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2015.-Herick Manuel Campos Arteseros, Antoni Such Botella, José Luis Ábalos Meco y Susana Ros Martínez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la lucha contra la plaga del caracol manzana.
Antecedentes
La producción de arroz en la economía del Delta del Ebro es fundamental. La consolidación del cultivo del arroz ha permitido fijar un modelo agrícola rendible y de calidad, situando al Delta del Ebro en uno de los espacios húmedos más
importantes del sur de Europa, generando a su vez un importante flujo turístico hacia la zona, que ha dado un gran reconocimiento al Delta y a sus productos. Pero este modelo tiene sus amenazas como la especie invasora del caracol manzana.
Hace más de cinco años que el Delta del Ebro sufre la plaga del caracol manzana, una especie invasora extremadamente voraz y prolífica. Un solo ejemplar del caracol manzana ('Pomacea insularum') es capaz de devorar en un día un metro
cuadrado de arrozal. Es el más grande de todos los caracoles, y una de las 100 especies invasoras más perniciosas para el planeta.
En cualquier caso, la situación es realmente grave en el Delta del Ebro. El caracol manzana es capaz de depositar entre 800 y 2.000 huevos por puesta, que en tres meses estarán a su vez dispuestos para extender la especie. Por eso, de las
ocho hectáreas inicialmente afectadas en la margen izquierda del Ebro se ha llegado a 7.000 en pocos años. Todo ello afectando de manera directa a la producción y al ecosistema.
La situación es preocupante. Hay expertos que afirman que es prácticamente imposible eliminar la plaga, por tanto las distintas administraciones implicadas en la lucha contra el caracol manzana deben esforzarse al máximo para llevar a cabo
actuaciones contundentes para alcanzar un control total de la misma, dado que su progresiva expansión pone en serio peligro la continuidad del cultivo del arroz en el Delta.
Las actuaciones tendentes a exterminar la plaga, o por lo menos a reducir su implantación, llevadas a cabo hasta el momento por la Generalitat de Catalunya, y en el ámbito de sus competencias, de la Administración General del Estado a través
de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el control de la proliferación del caracol por el cauce fluvial del Ebro, no siempre son suficientes.
Por otro lado, si bien es cierto, que la medida de salinización de los campos se ha mostrado altamente eficaz contra el caracol manzana también se ha evidenciado que provoca reducciones importantes del cultivo en algunas zonas.
La preocupación por esta plaga no atañe solo al Estado español. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), ya publicó un informe en el que se alertaba de la posibilidad de propagación de este caracol a los humedales del sur de
Francia, Italia, Grecia y los Balcanes, hasta la frontera con el Danubio,
con el riesgo 'masivo' que implicaría para el agua fresca y los hábitat de alto valor ecológico de esas zonas.
Por tanto, es prioritario alertar a las Instituciones Europeas que la plaga del caracol manzana podría extenderse por toda Europa y en consecuencia debería constituir una preocupación de ámbito europeo.
Pensar que es un problema localizado en el Delta del Ebro constituye un grave error. En Europa hay 450.000 hectáreas arroceras y que la plaga que actualmente está afectando al Delta en un futuro, si no se actúa de manera conjunta y efectiva
entre todas las administraciones implicadas, puede afectar a todas las zonas húmedas del Mediterráneo, desde Portugal hasta Turquía, y también en la orilla sur.
Por todo lo anteriormente expuesto nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa evidenciando la problemática del caracol manzana, que fue debatida en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del pasado 15 de abril
pero fue rechazada.
Ante las recientes informaciones acerca de una posible propagación río arriba del caracol manzana, según se desprende de las últimas conclusiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) -una vez finalizadas las últimas prospección
para detectar puestas y ejemplares de la temida especies en los tramos del Ebro entre Tortosa y Amposta-, nos vemos en la necesidad de insistir nuevamente al Gobierno para que reclame una mayor implicación en la lucha contra la plaga del caracol
manzana por parte de las Instituciones Europeas.
Por todo ello, Unió Democrática de Catalunya dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reclamar a las Instituciones Europeas una mayor implicación en la lucha contra la plaga del caracol manzana, reconociendo que se trata de un problema de ámbito europeo y no exclusivo del
Delta del Ebro, favoreciendo así una actuación más concentrada y efectiva entre todas las administraciones responsables. Ello supondrá un incremento de recursos por parte de la UE con el fin de investigar nuevas técnicas que permitan erradicar la
plaga en los arrozales y en el río Ebro evitando a su vez consecuencias negativas para los productores de arroz, así como para el entorno natural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre la resistencia antimicrobiana y el desarrollo de nuevos fármacos.
Antecedentes
Las infecciones bacterianas son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Los medicamentos antibacterianos, comúnmente conocidos como antibióticos, han revolucionado la medicina y salvado millones de vidas desde su
introducción hace 70 años. Pese a ello, cada vez es más frecuente que aparezcan patógenos resistentes a la mayoría de medicamentos disponibles, dejando a los profesionales sanitarios con ninguna o escasas opciones de tratamiento para algunos
pacientes. La pérdida de eficacia de los tratamientos no solo impide tratar infecciones comunes, sino que además provocará que procedimientos en los que son habituales infecciones secundarias, tales como cirugías y trasplantes, sean aún más
peligrosos.
Las consecuencias sanitarias y económicas de la resistencia bacteriana son considerables y costosas según la OMS. En la UE, las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos generan incrementos en los costes sanitarios y
pérdidas de productividad de al menos 1.500 millones de euros al año. Cada año, alrededor de 25.000 pacientes mueren en la UE por una infección causada por bacterias multirresistentes.
La resistencia antimicrobiana es una consecuencia inevitable habida cuenta de cómo evolucionan las bacterias. La aparición de resistencias no puede evitarse completamente pero sí podrían diseñarse acciones coordinadas para hacer frente a la
resistencia, entre ellas podemos destacar: el fortalecimiento del uso racional o la administración adecuada de los antibióticos y el fomento del desarrollo de nuevos antibióticos.
Por lo que respecta al fomento del uso racional de antibióticos surge del extendido uso inapropiado de los mismos en personas y animales, siendo una de las principales causas de resistencia. Por tanto, su uso de manera racional permite
optimizar su eficacia en el paciente y mejorar la sanidad pública.
Por otro lado, el desarrollo de nuevos antibióticos es esencial para garantizar la disponibilidad, en todo momento, de nuevos fármacos que permitan luchar contra la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, al menos durante la última década,
la investigación en nuevos antibióticos y el número de nuevos tratamientos disponibles en el mercado ha descendido considerablemente. En la UE solo unos pocos nuevos antibióticos de acción sistemática se han comercializado y, actualmente, solo unos
pocos antibióticos están en desarrollo.
El desarrollo de cualquier nuevo medicamento requiere un esfuerzo considerable en términos de inversión y de tiempo. Diversos estudios independientes han estimado que la inversión que cualquier compañía farmacéutica debe asumir en la I-ED
de un nuevo producto excede de 1.000 millones de euros y que se necesitan al menos 12 años para llegar al mercado en caso de éxito. Además, las compañías que desarrollan antibióticos se enfrentan con varios retos tanto científicos corno
regulatorios que son únicos en comparación con los que encontramos en otras áreas terapéuticas. Por ejemplo, los ensayos clínicos con antibióticos indicados para tratar infecciones bacterianas altamente resistentes son particularmente difíciles,
dado que solo un pequeño número de pacientes contraen estas infecciones y cumplen los requisitos para poder participar en dichos ensayos. Adicionalmente, la introducción de nuevos antibióticos puede verse dificultado por acciones que limitan el uso
de nuevos productos como terapias de primera línea.
En este sentido, la OMS señaló 'en un área que ofrece ninguno o muy pocos incentivos a las compañías farmacéuticas más importantes, son necesarias, con carácter urgente, innovaciones que estimulen la investigación y el descubrimiento de
antibióticos y vacunas, e idear mecanismos de financiación y colaboración para apoyar la investigación y el desarrollo.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en cumplimiento con recomendaciones de la Unión Europea de establecer condiciones de comercialización y financiación adecuada para nuevos antibióticos, a:
1. Implementar políticas que estimulen el interés en investigar y desarrollar nuevos antibióticos, ideando a su vez mecanismos de financiación y colaboración para apoyar a la industria farmacéutica en la I+D de los mismos.
2. Contemplar, en el futuro Real Decreto de Precios y Financiación de medicamentos que los nuevos antibióticos considerados de especial interés para el Sistema Nacional de Salud se beneficien de un procedimiento de 'vía rápida' al
tramitarse su inclusión en la prestación farmacéutica del SNS y la fijación de su precio. Entendiendo por procedimiento de vía rápida al que se aplicaría a los nuevos antibióticos de uso humano aprobados para el tratamiento de infecciones graves
que amenazan la vida del paciente y que contribuyan a la lucha contra la resistencia antimicrobiana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
Comisión de Cultura
161/003804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la necesidad de que el Gobierno impulse de forma urgente una rebaja del IVA que grava los productos y actividades
culturales.
Antecedentes
El IVA es un impuesto europeo armonizado. La Directiva europea que regula su aplicación permite que los Estados miembros puedan fijar tipos impositivos reducidos solo a determinados productos y servicios, como por ejemplo los productos y
actividades culturales. Bajo esta normativa europea la gran mayoría de Estados miembros ha adoptado la decisión de aplicar un tipo de IVA reducido a los productos y actividades culturales, como uno de los ejes básicos de sus propias políticas de
apoyo a la cultura.
A título comparativo en Francia el IVA cultural actualmente es del 5,5 %, en Alemania del 7 %, en Irlanda del 9 %, en Holanda aumentó al 19 % pero inmediatamente volvió a reducirse al 6 % tras desplomarse la recaudación, Portugal e Italia
gravan los productos y servicios culturales respectivamente con un 13 % y un 12 % de IVA. Únicamente Reino Unido tiene un tipo impositivo semejante al español, del 20 %.
También España aplicaba un IVA reducido a la cultura hasta 2012, sin embargo, en este año, con un objetivo meramente recaudatorio, el Gobierno aprobó el Real Decreto 20/2012, del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y el fomento de la competitividad en cuyo artículo 23 quedaba dispuesta la aplicación del IVA del 21 % sobre bienes y servicios culturales.
El IVA a la cultura aumentó de golpe en 13 puntos, del 8 % al 21 %, un auténtico mazazo para el sector cultural con evidentes consecuencia para el empleo en estas actividades y para las actividades económicas vinculadas al sector cultural.
Fue una medida adoptada en plena crisis económica, acompañada de la desaparición de gran parte de las subvenciones y ayudas públicas de la administración a la cultura.
Cierre de empresas, destrucción de empleo, retroceso de la recaudación, desplome sin precedentes en el sector de las industrias de la cultura, son algunas de las consecuencias. Entre tanto, el Gobierno desde principios de legislatura
entretenía las esperanzas del sector prometiendo y postergando una futura reforma de la Ley de Mecenazgo, que finalmente no ha llegado.
La cultura es un bien de interés general que estamos obligados a apoyar, a la vez que una fuente de generación de empleo y de actividad económica, por lo que resulta coherente y oportuno aplicar una fiscalidad reducida al consumo de bienes y
servicios culturales. Así lo entienden los Gobiernos de la práctica totalidad de los estados miembros de la UE. ¿Por qué España debe ser diferente y destacar por su no apoyo a la cultura?
Desde el aumento de 13 puntos de IVA a la cultura en 2012 el Gobierno solo ha hecho una excepción. A principios de 2014 procedió a reducir del 21 al 10%, el tipo del IVA que grava la compraventa de obras de arte y de coleccionista, que
también se aplica a !a elaboración de los monumentos artísticos de las fiestas de las Fallas, las Hogueras y las Gaiatas que se celebran en municipios de la Comunidad Valenciana. Fue una decisión acertada y que no se justifica que haya quedado
circunscrita solo a estas obras de arte y no se haya extendido a todo el IVA cultural.
Desde 2012 todos los grupos parlamentarios hemos solicitado, sin éxito, al Gobierno y a la mayoría parlamentaria del Partido Popular la recuperación del tipo impositivo reducido del IVA a la cultura, como principal medida de apoyo al sector.
Ahora con la entrada en el Gobierno de un nuevo Ministro de Cultura, desde Unió Democrática de Catalunya consideramos que es el momento de reclamar una vez más una rebaja del IVA aplicado a los productos y servicios culturales. No podemos olvidar
que el apoyo y la defensa de la cultura y de su diversidad, desde el sector público, es una de las características más significativas de las diferentes sociedades europeas y del Estado del Bienestar.
El sector cultural supone en España aproximadamente el 4 % del PIB y da trabajo a 503.700 personas, por lo que su importancia y potencial es evidente, al margen de las demás aportaciones que la cultura representa para nuestra sociedad. Es
además un sector que produce empleo de calidad, en el cual se
concentra un alto número de emprendedores y que da muestra de la vitalidad y el desarrollo de una sociedad moderna. Es necesario por todo ello reflotar la cultura, por el bien del interés general, por el empleo que genera y por la ,
actividad económica que aporta; y sin duda la medida de apoyo más accesible al sector cultural es hoy la reducción del tipo impositivo del IVA a los bienes y servicios de carácter cultural.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya, dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir de forma urgente el IVA aplicable a los productos y servicios culturales al tipo impositivo reducido, tal y como ocurre en la casi totalidad de los estados miembros de la Unión
Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
161/003807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa al ingreso de Catalunya en la UNESCO.
Antecedentes
La principal función de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es contribuir a la paz y a la seguridad estrechando las relaciones entre las naciones. A través de la educación, la ciencia y la
cultura busca incrementar la colaboración, el conocimiento y la comprensión entre los distintos pueblos del mundo para asegurar de ese modo el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
reconocidos sin distinciones por la Carta de las Naciones Unidas.
La cultura se convierte de este modo en un vehículo fundamental con el que la organización contribuye al importante objetivo de construir sociedades basadas en el respeto a la diferencia y en el diálogo. Para ello, para alcanzar ese
objetivo, resulta imprescindible que la organización cuente con el mayor número posible de miembros que le aporten una auténtica dimensión internacional y pluricultural a todos los niveles, pues solo de ese modo, con la representación de un gran
número de miembros y de culturas, será viable alcanzar la alta meta que la Organización de ha impuesto.
Resulta curioso que en una institución que defiende dicha filosofía un Estado como el español, miembro de la citada organización y constituido como un estado plurilingüe, pluricultural y plurinacional, no aproveche esa riqueza para realizar
una mayor aportación a la UNESCO.
Si tenemos en cuenta que el artículo 198 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, establece que la Generalitat debe participar en los organismos internacionales competentes en materias de
interés relevante para Catalunya, especialmente la UNESCO y otros organismos de carácter cultural y que, por su parte, la Constitución de la UNESCO prevé en su artículo 11.3, que puedan ser Miembros Asociados con voz y sin voto, los territorios o
grupos de territorios de un Estado que por si solos no posean la competencia de las relaciones exteriores, consideramos que el Estado Español realizaría una gran contribución a la UNESCO impulsando la admisión de Catalunya como miembro asociado de
la Organización.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya, dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar, en el plazo de tres meses a la Dirección General de la UNESCO, la admisión de Catalunya en calidad de Miembro Asociado a esta organización, de acuerdo con lo previsto en el
apartado 3 del artículo II de su Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
161/003808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a impulsar la construcción de la nueva sede del Arxiu Históric de Girona.
Antecedentes
El Archivo Histórico de Girona (AHG) fue creado por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 26 de febrero de 1952 como uno de los Archivos Históricos Provinciales nacidos por Decreto de 1931. Se instaló en el edificio de la Biblioteca
Pública Provincial.
En 1981 el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña asumió la gestión del centro y el 15 de marzo de 1982 se firmó un convenio de traspaso de la gestión de archivos de titularidad estatal a la Generalitat que afectó a los tres
archivos provinciales de Girona, Lleida y Tarragona, que desde este momento pasan a ser archivos de titularidad estatal y gestión de la Generalitat. Actualmente el Arxiu se encuentra situado en el antiguo Convento de San Josep, edificio que
comparte con el Arxiu Históric de la Diputació de Girona, a la espera de que el Estado impulse las obras de construcción del edificio de una nueva sede, construcción acordada en 2009 y que año tras año ve pospuesto su inicio por falta de presupuesto
En los presupuestos generales del Estado para el año 2015, una vez más, no se prevé ninguna partida para proyectar o avanzar en la planificación del nuevo edificio del Arxiu Históric de Girona, que está previsto se ubique en un terreno del
barrio Fontajau, donde antiguamente se erigía la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. La pasividad del Gobierno contrasta con la urgencia de desocupar el edificio del antiguo convento de San Josep, cuyas dependencias están completamente
repletas de documentos y que presenta, además, serias deficiencias debido a la falta de inversión en conservación y reformas.
En una reciente comparecencia ante la Comisión de Cultura del Senado el pasado 26 de junio, el Secretario de Estado de Cultura, afirmó que en el nuevo contexto presupuestario se estaba en condiciones de abordar la inversión de la nueva sede
del Archivo Histórico Provincial de Girona y que la construcción de la nueva sede se encontraba en la actualidad entre una de las prioridades de la Secretaría de Estado de Cultura. Así mismo, según palabras del Secretario de Estado de Cultura ya se
está procediendo a la contratación de la revisión y actualización del proyecto de ejecución para adecuado a los precios e impuestos locales y a los avances en equipamientos e instalaciones.
En este sentido y según palabras del Secretario de Estado, el anexo de inversiones para 2015 recogería ya una dotación de 50.000 euros en el cual también figuraría la proyección plurianual, que comprende los créditos estimados y el espacio
temporal de la ejecución de la nueva sede. A tal efecto, se establece una dotación de 300.000 para 2016, de 2.400.000 euros para 2017 y de 2.400.000 euros para 2018.
Ante estas declaraciones y frente a la grave situación en la que se halla el Arxiu Históric de Girona, Unió Democrática de Catalunya, dentro del Grupo Paralmentario Catalán de Convergència i de Unió, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la licitación de forma inmediata de la totalidad de la construcción de la nueva sede del Arxiu Históric de Girona y a garantizar la dotación
necesaria en los presupuestos de 2016, así como a dar continuidad al calendario de ejecución de la construcción de nueva sede del Arxiu Históric de Girona mediante las partidas presupuestarias pertinentes en los próximos Presupuestos
Generales del Estado, al margen de los posibles cambios de Gobierno que pudieren producirse en el futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
161/003810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha inmediata de las medidas necesarias para impulsar la Biblioteca
Provincial de Barcelona.
Antecedentes
Uno de los grandes temas pendientes del Estado con la ciudad de Barcelona desde hace décadas, es la construcción de la Biblioteca Provincial de Barcelona. Desde 2012, el Ministerio no ha previsto ninguna partida presupuestaria para el
proyecto. Ese año se destinaron 600.000 euros para que en 2013 se acondicionara el solar entre la estación de Francia y el paseo de Circumvalació, un espacio actualmente invadido por la vegetación, en el que debe levantarse el edificio de la
Biblioteca, y se derribase un edificio en desuso, pero ninguna de las actuaciones se ha llevado a cabo hasta el momento. Tampoco hubo partida presupuestaria para 2014 y lo mismo ha ocurrido en las inversiones del Ministerio de Cultura para este
año.
Pero además de la cuestión económica, está la voluntad política que no parece muy firme ya que ni siquiera la comisión de seguimiento del proyecto de la biblioteca -en la que están las tres administraciones involucradas en el proyecto: el
Ministerio de Cultura, el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya se ha reunido desde septiembre de 2011, y eso pese a que el anterior Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona reclamó un encuentro por carta al secretario de
Estado de Cultura. Finalmente se produjo una reunión el pasado 2 de diciembre de 2014, en el Arxiu de la Corona d'Aragó, en la cual los representantes del Ministerio de Cultura expresaron el interés del Estado por llevar a término la construcción
de la biblioteca provincial de Barcelona, aunque informó de que no se podían iniciar las obras de manera inmediata porque no había dotación presupuestaria para el año 2015.
Si bien es cierto que Barcelona tiene una amplia red de bibliotecas, no cabe tampoco la menor duda de que le hace falta una gran biblioteca central porque precisamente es esa la que debe coordinar toda la red, ese es el modelo que se está
implantando ahora en otras ciudades europeas, como Ámsterdam, Helsinki o más recientemente en Birmingham y es el modelo que precisa una ciudad como Barcelona. Por ese motivo es fundamental iniciar cuanto antes el diálogo para desencallar y poner en
marcha un proyecto que ya llega demasiados años pendiente.
El pasado 28 de abril se aprobó en la Comisión de Cultura una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se instaba al Gobierno a continuar el proceso de diálogo con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de
Catalunya, a fin de que, en el período más breve posible, se ejecute el proyecto de biblioteca provincial de Barcelona, dentro del marco de la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo desde Unió Democrática de Catalunya, consideramos que el
acuerdo alcanzado en dicha Comisión deja de nuevo la puerta abierta a prorrogar indefinidamente la construcción de la Biblioteca Provincial de Barcelona.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya dentro del Grupo Parlamentario de Convergència y de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, conjuntamente con la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona, la actividad de la Comisión de seguimiento para la construcción de la biblioteca pública del Estado en Barcelona para,
sin alterar la previsión de estándares utilizada para la redacción del proyecto original aprobado por el Ministerio, establecer un calendario de ejecución de dicho proyecto.
2. Abordar la modificación presupuestaria pertinente para poder licitar de forma inmediata la totalidad de la construcción de la Biblioteca Central Urbana de Barcelona y garantizar la dotación necesaria en los presupuestos de 2016.
3. Comprometerse a dar continuidad al calendario de ejecución de la Construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona mediante las partidas presupuestarias pertinentes en los futuros Presupuestos Generales del Estado, al margen
de los posibles cambios de gobierno que pudieren producirse en el futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
161/003812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la necesidad de incrementar las deducciones por inversiones en producciones
cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.
Antecedentes
Recientemente se ha convalidado en el Congreso de los Diputados Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de
créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario. Esta iniciativa, reiteradamente reivindicada por el sector cinematográfico y por los grupos parlamentarios, ha sido bien recibida por el sector, aunque no
afronta uno de los temas fundamentales para la reactivación de la producción de series y largometrajes, tanto nacionales como internacionales, en el estado español, como es el de los incentivos fiscales.
La globalización afecta a todos los sectores económicos, pero lo hace en diferentes grados. La industria cinematográfica es una industria especialmente 'global', tiene una enorme movilidad, las grandes superproducciones capaces de gestionar
centenares de millones de euros se realizan en aquellos estados que presentan una legislación más atractiva para estas inversiones. En palabras llanas, si no hay incentivos fiscales no se invierte y las producciones tienen otro país de destino, con
lo que no hay ingresos tributarios ni directos, ni indirectos, ni derivados de las cotizaciones a la seguridad social del personal contratado.
Y lo que resulta aplicable a las grandes producciones se puede hacer extensible a cualquier producción al margen de su presupuesto, lo que supone la pérdida de tejido productivo en actividades cinematográficas, en las que el Estado español
mantenía una posición privilegiada y competitiva.
Hoy los incentivos fiscales destinados a la industria cinematográfica española son bajos en comparación con otros países europeos. Este tratamiento fiscal comporta según un informe elaborado por 'Spain Film Comission' una pérdida del 80% de
los rodajes potenciales y una pérdida de unos 900 millones de euros anuales. Es necesario por tanto impulsar las actividades de producción cinematográfica en el Estado español mediante la implantación de incentivos fiscales más potentes que los
actuales, con el fin de competir fiscalmente con los que aplican a la industria del cine nuestros estados competidores.
No debemos olvidar que la producción de rodajes cinematográficos genera una actividad económica y laboral importante en el lugar donde se producen. En años anteriores a la crisis que padecemos esta industria gozó de estímulos
presupuestarios que ahora no tiene, de manera que si tampoco dispone de incentivos fiscales potentes dicha actividad económica y laboral se pierde y se desplaza a otros países. Son muchos los empleos especializados que dependen de esta actividad en
la que el Estado español mantenía una posición bien competitiva.
Ante este panorama urge adoptar medidas correctoras de apoyo a la producción cinematográfica que favorezcan la recuperación del sector y el aumento de las producciones de alto presupuesto, que en estos momentos apenas llegan al 18%, ya que
estas producciones suelen tener un potente efecto tractor sobre toda la actividad de producción cinematográfica.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya, dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales al 35 % a las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de
series audiovisuales de ficción, animación o documental.
2. De igual modo incrementar al 35 % las deducciones para los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de !a ejecución de una producción extranjera
de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los Diputados y Diputadas de Unió Democrática de Catalunya y del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió y al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley sobre la instalación de carriles bici en las aceras de las vías urbanas.
Antecedentes
La modificación del Reglamento General de Circulación regulará la posibilidad de que las Corporaciones Locales permitan autorizar la instalación de carriles bici en las aceras de las vías urbanas.
A nuestro entender y al del sector de la discapacidad la posibilidad de autorizar los carriles bici en las aceras pone en peligro la integridad de las personas más vulnerables, como las personas con discapacidad y mayores, que tienen derecho
de transitar en condiciones de plena seguridad.
En este sentido, el futuro Reglamento General de Circulación debe conciliar la movilidad sostenible que aporta la circulación en bicicleta, que sin duda hay que impulsar, con la seguridad e integridad de los peatones, en especial de los más
vulnerables, cuya protección ha de ser prioritaria. En nuestra opinión no existe incompatibilidad entre ambos objetivos, sino que la normativa de tráfico debe posibilitar la coexistencia pacífica entre los intereses de los ciclistas y de los
peatones, optando en caso de conflicto objetivo por la parte más frágil, que son en la mayoría de los casos las personas que circulan a pie por las vías urbanas.
Por todo ello Unió Democrática de Catalunya dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconsiderar su intención de regular en la reforma del Reglamento General de Circulación la posibilidad de que las Corporaciones Locales autoricen la instalación de carriles bici en las
aceras de las vías urbanas en aras a una regulación que concilie la movilidad sostenible con la seguridad de los peatones más vulnerable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/003522
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/273/2014, de 20 de febrero; INT/1472/2014, de 25 de julio; INT/2088/2014,
de 29 de octubre, e INT/504/2015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la Dirección Adjunta Operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director Adjunto Operativo, comisario principal don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva Unidad policial, a la que
denomina Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como Brigada del Punto Final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica como 'Secretas' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la Unidad de Asuntos Internos (en adelante UAI), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado Comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitarte para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva Brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supraterritoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al Comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para la creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también
Comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, don David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la Dirección General de la Policía. A ello
hay que añadir que a la nueva Comisaria, la Dirección de la Policía la ha retribuido con escandalosas dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una lista para obtener destinos en el extranjero.
La nueva disposición creadora de una Unidad policial y modificadora de las funciones y competencias de la Unidad de Asuntos Internos: ¿Ha sido sometida a informe de la Secretaria General Técnica del Departamento? ¿Con qué fecha se emitió
el mencionado informe y cuál ha sido el parecer técnico y jurídico sobre la legalidad de dicha disposición 'legislativa' del Jefe de la DAO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003523
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/27312014, de 20 de febrero; INT/1472/2014, de 25 de julio; INT/2088/2014,
de 29 de octubre, e INT/504/2015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la Dirección Adjunta Operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director Adjunto Operativo, Comisario principal don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva Unidad policial, a la que
denomina Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como Brigada del Punto Final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica como 'Secretas' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado Comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la Unidad de Asuntos Internos (en adelante UAI), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado Comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitante para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva Brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supraterritoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al Comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para la creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también
Comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, don David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la Dirección General de la Policía. A ello
hay que añadir que a la nueva Comisaria, la Dirección de la Policía la ha retribuido con escandalosas dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una lista para obtener destinos en el extranjero.
En el mismo sentido, la repetida disposición del DAO: ¿Ha sido objeto de análisis e informe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía? ¿Con que fecha se liberó informe y cuál ha sido el parecer técnico y jurídico sobre la
legalidad de dicha disposición del jefe de la DAO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003524
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/273/2014, de 20 de febrero; INT/1472/2014, de 25 de julio; INT/2088/2014,
de 29 de octubre, e INT/504/2015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la Dirección Adjunta Operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director Adjunto Operativo, comisario principal don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva Unidad policial, a la que
denomina Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como Brigada del Punto Final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica como 'Secretas' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado Comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la Unidad de Asuntos Internos (en adelante UAI), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado Comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitante para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva Brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supra territoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al Comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para la creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también Comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, don
David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a
la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la Dirección General de la Policía. A ello hay que añadir que a la nueva Comisaria, la Dirección de la Policía la ha retribuido con escandalosas
dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una lista para obtener destinos en el extranjero.
¿Ha sido elaborada Memoria Económica vinculada a la creación y puesta en funcionamiento de la nueva Brigada creada por el DAO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003525
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/273/2014, de 20 de febrero; INT/1472/2014, de 25 de julio; INT/2088/2014,
de 29 de octubre, e INT/504/2015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la Dirección Adjunta Operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director Adjunto Operativo, comisario principal don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva Unidad policial, a la que
denomina Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como Brigada del Punto Final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica como 'Secretas' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado Comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la Unidad de Asuntos Internos (en adelante UAI), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado Comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitante para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva Brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supraterritoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al Comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para la creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también Comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, don
David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la Dirección General de la Policía. A ello hay que añadir que a la nueva comisaría, la Dirección de la
Policía
la ha retribuido con escandalosas dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una lista para obtener destinos en el extranjero.
Los puestos de trabajo que se integraran en la nueva Brigada (BARC), ¿son de nueva creación o se van a trasvasar de otras Unidades policiales que a la vez verán reducidos sus efectivos? y, en el segundo supuesto, ¿de qué plantillas y/o
Unidades policiales van a ser extraídos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003526
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/273/2014, de 20 de febrero; INT/1472/2014, de 25 de julio; INT/2088/2014,
de 29 de octubre, e INT/504/2015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la Dirección Adjunta Operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director Adjunto Operativo, comisario principal don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva unidad policial, a la que
denomina Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como Brigada del Punto Final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica como 'Secretas' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la Unidad de Asuntos Internos (en adelante UAI), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitante para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva Brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supraterritoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al Comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para la creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también Comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, don
David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la Dirección General de la Policía. A ello hay que añadir que a la nueva Comisaria, la Dirección de la
Policía
la ha retribuido con escandalosas dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una lista para obtener destinos en el extranjero.
La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) en el caso de que vaya a estar radicada en Madrid, ¿va a contar adscrito a la misma con personal del Cuerpo Nacional de Policía procedente de otras plantillas en comisión de servicio con
dietas como han estado en la DAO en los años anteriores los entonces Inspectores Jefes Sra. Mazo y Sres. Agorreta y Fuentes Gago que llegaron a percibir entre los tres más de 150.000 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003527
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/2812013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/273/2014, de 20 de febrero: INT/1472/2014, de 25 de julio; INT/2088/2014,
de 29 de octubre, e INT/504/2015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la Dirección Adjunta Operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a fa ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policia y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director Adjunto Operativo, comisario principal don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva Unidad policial, a la que
denomina Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como Brigada del Punto Final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica como 'Secretas' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la Unidad de Asuntos Internos (en adelante UAI), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado Comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitante para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supraterritoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para la creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también Comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, don
David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la
Dirección General de la Policía. A ello hay que añadir que a la nueva Comisaria, la Dirección de la Policía la ha retribuido con escandalosas dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una
lista para obtener destinos en el extranjero.
¿Ese Ministerio del Interior tiene pendiente obtener la resolución del Acuerdo de Consejo de Ministros que declare secreta la BARC y sus actuaciones como ya ha calificado el DAO en su disposición del 19 de mayo de 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003528
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/273/2014, de 20 de febrero; INT/1472/2014, de 25 de julio; INT/2088/2014,
de 29 de octubre, e INT/504/2015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la Dirección Adjunta Operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director Adjunto Operativo, comisario principal don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva Unidad policial, a la que
denomina Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como Brigada del Punto Final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica como 'Secretas' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado Comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la Unidad de Asuntos Internos (en adelante UAI), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado Comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitante para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supraterritoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para [a creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, Doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, Don
David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la Dirección General de la Policía. A ello hay que añadir que a la nueva comisaría, la Dirección de la
Policía
la ha retribuido con escandalosas dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una lista para obtener destinos en el extranjero.
Los expedientes y documentos nominativos tramitados por la BARC y por decisión del jefe de la DAO, ¿van a estar excluidos del derecho de acceso por sus titulares e interesados según previene la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003529
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policia, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/273/2014, de 20 de febrero, INT/1472/2014, de 25 de julio; INT/2088/2014,
de 29 de octubre, e INT/504/2015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la dirección adjunta operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director adjunto Operativo, comisario principal Don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva unidad policial, a la que
denomina brigada de análisis y revisión de casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como brigada del punto final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica corno 'SECRETAS' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la unidad de asuntos internos (en adelante UAI), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitante para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva Brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supra territoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al Comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para la creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva Brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también Comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, don
David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la Dirección General de la Policía. A ello hay que añadir que a la nueva Comisaria, la Dirección de la
Policía
la ha retribuido con escandalosas dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una lista para obtener destinos en el extranjero.
La BARC integrada en la UAI y dependientes del comisario jefe de la DAO, ¿también van a analizar y revisar las investigaciones y actuaciones judicializadas que en materia de corrupción política y/o económica practiquen las Unidades centrales
y territoriales competentes del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003530
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
El Real Decreto 40012012, de 17 de febrero, regula en su artículo 3 la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, la cual es desarrollada en la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, que posteriormente ha sido modificada por las Órdenes ministeriales INT/273/2014, de 20 de febrero; INT/147212014, de 25 de julio, INT/208812014;
de 29 de octubre, e INT/50412015, de 23 de marzo, y en su artículo 2, apartado 4, dispone que de la dirección adjunta operativa (en adelante DAO), depende la Unidad de Asuntos Internos, a la que le corresponde: 'investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo'.
Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Director Adjunto Operativo, Comisario principal don Eugenio Pino Sánchez, al parecer por su cuenta, ha creado una nueva Unidad policial, a la que
denomina Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que más correcto sería denominarla por lo que parece su auténtica finalidad, como Brigada del Punto Final, al estilo de las leyes argentinas del mismo nombre, cuyas actuaciones e
investigaciones las califica como 'Secretas' y sus funciones estarán referidas a las investigaciones de casos sin resolver o policialmente concluidos, o en investigaciones en curso y solo por el exclusivo mandato de su superior o requerimiento de
los titulares de la misma. El citado Comisario creador de la nueva Brigada la adscribe a la Unidad de Asuntos Internos (en adelante UN), pese a que esta última, como ya se ha dicho, tiene claramente reguladas y definidas reglamentariamente sus
funciones y competencias entre las que no tienen cabida las de la nueva BARC.
En un escrito del 19 de mayo, último del mencionado Comisario, se recoge la creación 'ex novo' de la BARC y se invoca como criterio habilitarte para que el Director Adjunto Operativo (DAO) pueda instaurar esta nueva Brigada dentro de la
Unidad de Asuntos Internos (UAI), sus facultades para dirigir, coordinar y supervisar a las unidades operativas supraterritoriales y territoriales y el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos.
Lo que parece ser que al Comisario creador de Brigadas no le ha sido advertido por sus superiores del Ministerio del Interior es que el DAO también está vinculado por el artículo 9.1, de la Constitución Española, en el que se establece que
los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia claramente es que la previsión constitucional se ha desconocido tanto en la forma empleada para la creación de esta nueva BARC como en las competencias que se le
atribuye.
Y otro dato significativo de la nueva Brigada es que estará dirigida por la nueva Comisaria de nombramiento reciente, el 15-12-2014, doña Nuria Mazo Rando, esposa del casualmente también Comisario desde la misma fecha del 15-12-2014, don
David Agorreta Ruiz, ambas personas vinculadas a la policía política que de manera reiterada vemos está actuando, pagada con fondos públicos, en la Dirección General de la Policía. A ello hay que añadir que a la nueva Comisaria, la Dirección de la
Policía
la ha retribuido con escandalosas dietas durante los años del Gobierno Popular y que actualmente están colocados los primeros de una lista para obtener destinos en el extranjero.
Tiene previsto el Ministerio del Interior encomendar a la nueva Brigada creada ilegalmente por un escrito del 19 de mayo de 2015, del jefe de la DAO, revisar y analizar las actuaciones policiales contra la corrupción que lleva a cabo la
UDEF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003531
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
Según han difundido determinados medios de comunicación recientemente varios policías nacionales adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, cumpliendo órdenes de su jefe, el Comisario don José Luís Conde Velázquez, se
dirigieron a la residencia de don Francisco Correa Sanchez, presunto líder de la trama de corrupción conocida como caso 'Gürtel', al que le recogieron en vehículo oficial 'camuflado' -sin distintivos- y le trasladaron hasta la sede de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid, donde le esperaba el también comisario don Juan Manuel Calleja Sánchez, Segundo máximo Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad de Madrid. El Sr. Correa fue introducido en las instalaciones policiales de
Madrid sin registrarse su entrada en el control de accesos a la misma debido a que viajaba en un vehículo policial camuflado acompañado de policías de paisano. El Sr. Correa se encuentra imputado por los delitos de asociación ilícita, fraude,
blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y la petición fiscal es de más de 110 años de cárcel. El Comisario Segundo Jefe de la Policía de Madrid, Sr. Calleja, durante varias horas, en su
despacho oficial, se estuvo entrevistando con el imputado de la trama 'Gürtel', lo que era conocido por su superior inmediato, el jefe superior de policía de Madrid, comisario don Alfonso José Fernández Díaz y este a su vez lo había comunicado al
Director Adjunto de la Policía, Comisario don Eugenio Pino Sánchez. El entrevistador del presunto jefe de la trama de corrupción política 'Gürtel', Comisario Sr. Calleja, fue cesado de forma fulminante en su puesto de trabajo, relegándole unos
días a otro de nivel inferior como Zonal de Madrid, aunque la decisión inicial de la Dirección General de la Policía fue un auténtico 'paripé' porque en fechas posteriores el Comisario en un principio cesado fue ascendido al puesto de 2.° Jefe de la
División Económica y Técnica (Servicios Centrales Estatales) con un complemento económico anual de 26.810,42 euros.
¿Qué finalidad tenía que un Comisario Principal se reuniera con el principal imputado de la Operación Gürtel, en la que se encuentran también imputados un gran número de miembros del PP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003532
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
Según han difundido determinados medios de comunicación recientemente varios policías nacionales adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, cumpliendo órdenes de su jefe, el Comisario don José Luís Conde Velázquez, se
dirigieron a la residencia de don Francisco Correa Sanchez, presunto líder de la trama de corrupción conocida como caso 'Gürtel', al que le recogieron en vehículo oficial 'camuflado' -sin distintivos- y le trasladaron hasta la sede de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid, donde le esperaba el también Comisario don Juan Manuel Calleja Sánchez, Segundo máximo Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad de Madrid. El Sr. Correa fue introducido en las instalaciones policiales de
Madrid sin registrarse su entrada en el control de accesos a la misma debido a que viajaba en un vehículo policial camuflado acompañado de policías de paisano. El Sr. Correa se encuentra imputado por los delitos de asociación ilícita, fraude,
blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y la petición fiscal es de más de 110 años de cárcel. El Comisario Segundo Jefe de la Policía de Madrid, Sr. Calleja, durante varias horas, en su
despacho oficial, se estuvo entrevistando con el imputado de la trama 'Gürtel', lo que era conocido por su superior inmediato, el jefe superior de policía de Madrid, Comisario don Alfonso José Fernández Díaz y este a su vez lo había comunicado al
Director Adjunto de la Policía, Comisario don Eugenio Pino Sánchez. El entrevistador del presunto jefe de la trama de corrupción política 'Gürtel', Comisario Sr. Calleja, fue cesado de forma fulminante en su puesto de trabajo, relegándole unos
días a otro de nivel inferior como Zonal de Madrid, aunque la decisión inicial de la Dirección General de la Policía fue un auténtico 'paripé' porque en fechas posteriores el comisario en un principio cesado fue ascendido al puesto de 2° Jefe de la
División Económica y Técnica (Servicios Centrales Estatales) con un complemento económico anual de 26.810,42 euros.
¿Por qué se cesó al Comisario Calleja, si sus jefes sabían que esta reunión se iba a producir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003533
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
Según han difundido determinados medios de comunicación recientemente varios policías nacionales adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, cumpliendo órdenes de su jefe, el Comisario don José Luís Conde Velázquez, se
dirigieron a la residencia de don Francisco Correa Sanchez, presunto líder de la trama de corrupción conocida como caso 'Gürtel', al que le recogieron en vehículo oficial 'camuflado' -sin distintivos- y le trasladaron hasta la sede de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid, donde le esperaba el también Comisario don Juan Manuel Calleja Sánchez, segundo máximo jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad de Madrid. El Sr. Correa fue introducido en las instalaciones policiales de
Madrid sin registrarse su entrada en el control de accesos a la misma debido a que viajaba en un vehículo policial camuflado acompañado de policías de paisano. El Sr. Correa se encuentra imputado por los delitos de asociación ilícita, fraude,
blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y la petición fiscal es de más de 110 años de cárcel. El Comisario
Segundo Jefe de la Policía de Madrid, Sr. Calleja, durante varias horas, en su despacho oficial, se estuvo entrevistando con el imputado de la trama 'Gürtel', lo que era conocido por su superior inmediato, el Jefe Superior de Policía de
Madrid, comisario don Alfonso José Fernández Díaz y este a su vez lo había comunicado al Director Adjunto de la Policía, Comisario don Eugenio Pino Sánchez. El entrevistador del presunto jefe de la trama de corrupción política 'Gürtel', Comisario
Sr. Calleja, fue cesado de forma fulminante en su puesto de trabajo, relegándole unos días a otro de nivel inferior como Zonal de Madrid, aunque la decisión inicial de la Dirección General de la Policía fue un auténtico 'paripé' porque en fechas
posteriores el Comisario en un principio cesado fue ascendido al puesto de 2.° Jefe de la División Económica y Técnica (Servicios Centrales Estatales) con un complemento económico anual de 26.810,42 euros.
¿Por qué trascurrido un tiempo y hecho el paripé del cese, el Comisario Calleja ha sido premiado nombrándole Secretario General de la División de Gestión Económica de la Dirección General de la Policía, puesto de superior categoría del que
inicialmente ostentaba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003534
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
Según han difundido determinados medios de comunicación recientemente varios policías nacionales adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, cumpliendo órdenes de su jefe, el Comisario Don José Luís Conde Velázquez, se
dirigieron a la residencia de don Francisco Correa Sánchez, presunto líder de la trama de corrupción conocida como caso 'Gürtel', al que le recogieron en vehículo oficial 'camuflado' -sin distintivos- y le trasladaron hasta la sede de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid, donde le esperaba el también comisario Don Juan Manuel Calleja Sánchez, Segundo máximo Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad de Madrid. El Sr. Correa fue introducido en las instalaciones policiales de
Madrid sin registrarse su entrada en el control de accesos a la misma debido a que viajaba en un vehículo policial camuflado acompañado de policías de paisano. El Sr. Correa se encuentra imputado por los delitos de asociación ilícita, fraude,
blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y la petición fiscal es de más de 110 años de cárcel. El comisario Segundo Jefe de la Policía de Madrid, Sr. Calleja, durante varias horas, en su
despacho oficial, se estuvo entrevistando con el imputado de la trama 'Gürtel', lo que era conocido por su superior inmediato, el Jefe Superior de Policía de Madrid, Comisario don Alfonso José Fernández Díaz y este a su vez lo había comunicado al
Director Adjunto de la Policía, Comisario don Eugenio Pino Sánchez. El entrevistador del presunto jefe de la trama de corrupción política 'Gürtel', Comisario Sr. Calleja, fue cesado de forma fulminante en su puesto de trabajo, relegándole unos
días a otro de nivel inferior como Zonal de Madrid, aunque la decisión inicial de la Dirección General de la Policía fue un auténtico 'paripé' porque en fechas posteriores el comisario en un principio cesado fue ascendido al puesto de 2.° Jefe de la
División Económica y Técnica (Servicios Centrales Estatales) con un complemento económico anual de 26.810,42 euros.
¿Ha ordenado el Director General de la Policía que se incoe un expediente disciplinario al Comisario Calleja y a los superiores que permitieron u ordenaron la citada reunión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/003535
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
Según han difundido determinados medios de comunicación recientemente varios policías nacionales adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, cumpliendo órdenes de su jefe, el Comisario don José Luís Conde Velázquez, se
dirigieron a la residencia de don Francisco Correa Sánchez, presunto líder de la trama de corrupción conocida como caso 'Gürtel', al que le recogieron en vehículo oficial 'camuflado' -sin distintivos- y le trasladaron hasta la sede de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid, donde le esperaba el también comisario don Juan Manuel Calleja Sánchez, Segundo máximo Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad de Madrid. El Sr. Correa fue introducido en las instalaciones policiales de
Madrid sin registrarse su entrada en el control de accesos a la misma debido a que viajaba en un vehículo policial camuflado acompañado de policías de paisano. El Sr. Correa se encuentra imputado por los delitos de asociación ilícita, fraude,
blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y la petición fiscal es de más de 110 años de cárcel. El Comisario Segundo Jefe de la Policía de Madrid, Sr. Calleja, durante varias horas, en su
despacho oficial, se estuvo entrevistando con el imputado de la trama 'Gürtel', lo que era conocido por su superior inmediato, el Jefe Superior de Policía de Madrid, Comisario don Alfonso José Fernández Díaz y este a su vez lo había comunicado al
Director Adjunto de la Policía, Comisario don Eugenio Pino Sánchez. El entrevistador del presunto jefe de la trama de corrupción política 'Gürtel', Comisario Sr. Calleja, fue cesado de forma fulminante en su puesto de trabajo, relegándole unos
días a otro de nivel inferior como Zonal de Madrid, aunque la decisión inicial de la Dirección General de la Policía fue un auténtico 'paripé' porque en fechas posteriores el comisario en un principio cesado fue ascendido al puesto de 2.° Jefe de la
División Económica y Técnica (Servicios Centrales Estatales) con un complemento económico anual de 26.810,42 euros.
¿Puede decirnos el Director de la Policía si nos encontramos de nuevo, ante un episodio más de la Policía Política que ha creado el Ministerio del Interior para ocultar o retrasar las investigaciones policiales que perjudican a miembros del
PP o del Gobierno e investigar a sus adversarios políticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2015.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
Comisión de Cultura
181/003537
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado doña Montserrat Surroca i Comas
Texto:
¿Tiene previsto el nuevo Ministro de Cultura impulsar una Ley de Mecenazgo antes del final de la Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2015.-Montserrat Surroca i Comas, Diputada.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/003536
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad
Diputado don César Luena López y doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántos profesionales trabajan en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de La Rioja desde 2011? Desglosar por años y por actividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-César Luena López y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.