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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 614, de 20/02/2015
cve: BOCG-10-D-614
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de febrero de 2015
Núm. 614
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas orientadas a mejorar la situación de personas en riesgo de exclusión social ... (Página3)
162/001161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los procesos de discriminación social y homófoba que las Tarjetas de Identificación de Extranjeros (TlE) pueden producir ...
162/001162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la creación de un marco regulatorio para gestación subrogada ... (Página6)
162/001163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea ... (Página9)
162/001164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la regulación del centro penitenciario de Villabona y el desmantelamiento de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) ...
(Página11)
162/001165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la conservación, protección y promoción de nuestros faros patrimoniales ... (Página12)
162/001166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas adoptadas para la empleabilidad de los colectivos más vulnerables ... (Página13)
162/001167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la falta de información del Estado a la Ertzaintza y al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ... (Página14)
162/001168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas extraordinarias para los trabajadores y trabajadoras agrícolas de Andalucía ...
162/001169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas en relación con las personas, entidades financieras y empresas consultoras o asesoras que colaboran con el fraude fiscal, la
ocultación de fondos, el blanqueo de capitales y cualesquiera otros ilícitos cometidos por los residentes en España ... (Página16)
162/001170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la apertura de una investigación en relación con la reiterada filtración de datos con transcendencia tributaria por parte del Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas ... (Página17)
162/001171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la investigación, protección y calidad de vida de los intoxicados de AZSA ... (Página18)
Comisión de Interior
161/003399 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre asilo político al activista saharaui Hassana Aalia. Corrección de errores ...
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000003 Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación ... (Página19)
CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar medidas orientadas a
mejorar la situación de personas en riesgo de exclusión social, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las situaciones de exclusión, pobreza y de vulnerabilidad social son fenómenos estructurales que se han intensificado como consecuencia de la crisis económica. España fue el país de la OCDE donde más creció la desigualdad en el periodo
comprendido entre 2007 y 2011, tal y como ha puesto de manifiesto el mencionado organismo en un informe publicado el pasado 19 de junio. Asimismo, según recoge la «Encuesta de Condiciones de Vida» del Instituto Nacional de Estadística, nuestro país
alcanzó en 2011 cifras record tanto en desigualdad, como en pobreza y exclusión, y sus magnitudes habían aumentado a mayor velocidad que en el conjunto de la Unión Europea.
Por ello, la pobreza y la desigualdad han ocupado un lugar prioritario en las políticas de este Gobierno y se han desarrollado diferentes medidas destinadas a invertir la tendencia y revertir estos datos. El empleo, combinado con
prestaciones sociales adecuadas y unos servicios públicos de calidad han sido los ejes de la política social de este Gobierno. En este sentido, el Gobierno ha adoptado un intenso programa de reformas: laboral, sanitaria, educativa, entre otras,
que están consiguiendo dar la vuelta a la situación económica y social de nuestro país.
Además, el Ejecutivo ha aprobado el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, un marco regulatorio, diseñado en consonancia con los objetivos de reducción de pobreza contemplados en la Estrategia Europa 2020, que pretende
avanzar en la defensa del Estado del Bienestar, asegurando su sostenibilidad y viabilidad a través de la modernización del sistema de protección social y dando respuesta a las necesidades derivadas de la pobreza y la exclusión social.
El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social contempla, entre otras medidas, un paquete de actuaciones específicas configurado en torno a su primer objetivo estratégico «impulsar la inclusión sociolaboral a través del empleo de las
personas más vulnerables teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en situación de riesgo de exclusión».
Asimismo, el 29 de julio de 2014, el Gobierno y los interlocutores sociales firmaron el «Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo», un documento que pone sobre la mesa la
voluntad de trabajar de manera conjunta, a favor de la puesta en marcha de acciones concretas para combatir la desigualdad, apoyar a las personas en riesgo de pobreza
y/o exclusión y profundizar en la protección social de todas aquellas personas más alejadas del mercado de trabajo.
En la actualidad, las reformas del Gobierno y el esfuerzo de los españoles están dando sus frutos; el crecimiento económico es positivo, se crea empleo y los datos correspondientes a la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2013 ponen de
manifiesto que los dos indicadores más importantes para medir la desigualdad social (80/20 y Gini) se reducen por primera vez en los últimos años. Existe un cambio de tendencia, pero sigue siendo necesaria una actuación decidida por parte del
Gobierno para combatir la exclusión social. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario impulsar medidas que, entre otras, vayan dirigidas a favorecer el empleo de las personas con más dificultades de inserción laboral y/o
en riesgo de pobreza y exclusión social que tengan cargas familiares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Consolidar y seguir reforzando las medidas previstas en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, desde la perspectiva del diálogo y el acuerdo social con todos los agentes sociales, económicos y políticos
implicados.
2. Avanzar en la mejora de la eficacia y eficiencia de los mecanismos de protección social en el marco del Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, alcanzado con los agentes
sociales el 29 de julio de 2014.
3. Mantener la atención a los colectivos con mayores dificultades para su permanencia e inserción en el mercado laboral, y, en particular, a los parados de larga duración con cargas familiares en la línea de lo ya previsto en la 'Estrategia
Española de Activación para el Empleo' y en el 'Programa de Activación para el Empleo' de los parados de larga duración con cargas familiares.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los procesos de discriminación social y homófoba que las Tarjetas de Identificación de Extranjeros (TIE) pueden producir, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La importancia que ha cobrado la protección de los datos personales y la intimidad, en relación a la aparición de nuevas tecnologías, en los últimos años está modificando el panorama normativo en relación a los derechos de la ciudadanía y
obligaciones de las administraciones y empresas para garantizar esta privacidad y protección de los datos.
Los derechos relativos a la privacidad de las personas gozan del rango de derechos humanos en el ámbito internacional, y de derechos fundamentales en el ámbito normativo nacional, encontrándose recogidos en el artículo 18 de la Constitución
de 1978. Este precepto normativo garantiza la protección de los derechos concernientes a la privacidad, ante cualquier injerencia por parte de los poderes públicos, organizaciones privadas o particulares, garantizando una esfera íntima a la
ciudadanía, legitimando a éstos para decidir qué información pertenece o no a su privacidad, por lo que cualquier intromisión en esta esfera, sin el consentimiento pertinente de sus titulares, podría considerarse como una vulneración del derecho a
la intimidad.
En el ámbito internacional, general y regional, así como en el ámbito comunitario, ya existen numerosas normas y recomendaciones, de primer nivel, que tienen como objeto garantizar la esfera de la privacidad
de las personas, sobre todo en relación a los datos personales que puedan revelar características étnicas, opiniones políticas, convicciones religiosas, pertenencia a organizaciones políticas o sindicatos, así como información relativa a la
salud o a la orientación sexual. Por ejemplo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Sin embargo, nuestro país está incumpliendo la normativa nacional e internacional en relación a la protección de la privacidad de la ciudadanía permitiendo que se publiquen datos concretos sobre la orientación sexual de las personas, de
manera implícita y secundaria, en la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE).
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y deberes de los Extranjeros en España y su integración social establece en su artículo 4 la base del derecho a la documentación de personas extranjeras en nuestro Estado, que se
formaliza en la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). Según la Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se regula la tarjeta de extranjero el contenido de la TIE, en su artículo sexto se prevé el contenido del documento personal que
debería contener la Tarjeta de Extranjero. Así pues toda tarjeta debe poseer un epígrafe denominado «observaciones», en el que «deberán figurar aquellas informaciones cuya reproducción viene exigida por el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
7/1985, como la incorporación a su titular de los hijos menores de dieciocho años no emancipados o incapacitados que se encuentran a su cargo, con expresión del número identificador de extranjero (N.I.E.), apellidos y nombre», así como otras
informaciones relativas a la persona. Es en este apartado donde la Administración General del Estado incluye datos altamente sensibles relativos a la privacidad de la persona, en la medida en que delatan su estado sentimental y orientación sexual y
que puede vulnerar las normas anteriormente nombradas. En no pocas ocasiones este epígrafe contiene, en el apartado «observaciones», los datos personales de la pareja civil o cónyuge, adjetivando, a veces, invariablemente como «cónyuge» la
relación, sea en forma de pareja de hecho o de matrimonio. Dada la importancia que puede tener esta relación a la hora de determinar la naturaleza de la relación que permite el reconocimiento del derecho de residencia legal por el que se expide la
TIE ya que existen casos en los que el extranjero accede a virtud del matrimonio con un ciudadano/a de nacionalidad española o de otro Estado miembro de la UE, o por la unión de hecho con un ciudadano/a de nacionalidad española o de otro Estado
miembro. Situaciones similares, pero que pueden acarrear importantes consecuencias para la vida de las personas afectadas en la medida en que se divulgan en la TIE datos que indudablemente pertenecen a la esfera privada de la persona, como son
aquellas informaciones que revelan las relaciones afectivas y en consecuencia también la orientación sexual de las personas. Un ejemplo claro es el que representan las parejas homosexuales que obtienen una TIE, en régimen comunitario en la que
aparecen los datos relativos al cónyuge. Diferentes organizaciones que trabajan con inmigrantes señalan que la publicidad de los datos del cónyuge para las parejas homosexuales está suponiendo severos procesos de discriminación social y homófoba ya
que se revela el nombre completo de la pareja y su número de identificación en la TIE, con lo que en resumidas cuentas se impone la obligación a la persona extranjera de identificarse manifestando su situación sentimental y orientación sexual, y la
de su pareja, frente a terceros, de manera simultánea al acto de identificación personal mediante la TIE.
La publicidad de los datos del cónyuge en parejas de hecho o matrimonios, sea en el régimen comunitario, o general de extranjería, en los supuestos de reagrupación familiar conlleva la publicidad de la orientación sexual de la persona que
dispone de la TIE, expedida por (parte de) la Administración General del Estado, frente a terceras personas, de forma pública, incluso en casos de acciones cotidianas como pueda ser el pago con una tarjeta de crédito, celebrar contratos de cualquier
tipo o (incluso) acudir a entrevistas de trabajo, entre otros muchos supuestos. La vulneración de la privacidad de estas personas puede llegar al extremo en que la pareja decida viajar a un tercer Estado donde la homosexualidad esté tipificada como
ilícita en sus códigos jurídicos, sean penales o administrativos, pudiendo acarrear consecuencias importantes a los portadores de la TIE, por la publicidad indebida de datos que, según las normas españolas y comunitarias, deben estar especialmente
protegidos. Considérese, en este aspecto, que muchas de las personas extranjeras, titulares de las TIE, provienen precisamente de Estados donde las diversidad sexual está punida incluso penalmente y que también socialmente es impulsora de altas
cotas de discriminación.
La práctica común de la Administración General del Estado a la hora de elaborar las TIE constituye, en determinadas ocasiones, una vulneración de los derechos fundamentales a la protección de datos y a la intimidad personal y familiar, con
importantes consecuencias en la vida diaria de las personas que deben utilizar, por imposición la TIE como principal mecanismo de identificación, y también para las personas de las que parte el derecho (cónyuges y/o parejas) pues verán sus datos
personales tratados en un documento que queda por completo fuera de su capacidad de control. Carece totalmente de sentido que la TIE contenga la situación sentimental de la persona, independientemente de su naturaleza y al margen de la nacionalidad
de los miembros de la pareja. De igual manera que este tipo de información no queda reflejada en el Documento Nacional de Identidad de la ciudadanía española, tampoco debería aparecer en las TIE, evitando así cualquier tipo de potencial
discriminación motivada por la orientación sexual de la persona portadora de este documento y de la discriminación que en sí mima supone dar publicidad en el documento que las identifica. Máxime cuando la propia normativa española no prevé en
precepto alguno la posibilidad de tratar e incluir en la TIE tales informaciones.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Orden que regula la tarjeta de extranjero para que se imposibilite publicar cualquier tipo de dato o información personal que pueda suponer una vulneración del derecho
fundamental de la persona a la protección de datos y a la intimidad personal en el plazo más breve de tiempo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2015.Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/001162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para la creación de un marco regulatorio para gestación subrogada, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El concepto de familia en nuestro entorno ha sufrido una importante transformación en los últimos años paralela a la evolución social española. Al modelo basado en el tradicional de pareja heterosexual con hijos se le han ido sumando de
forma progresiva otras realidades sociales. Desde la regulación del divorcio, la progresiva incorporación de familias monoparentales, las llamadas familias reconstituidas (en las que cada miembro de la pareja aporta hijos de relaciones anteriores)
o la regulación del matrimonio igualitario han ido haciendo necesario acomodar el encaje jurídico relativo a las familias.
De forma paralela, los avances en biotecnología y medicina con relación a las técnicas de reproducción asistida constituyen permanentes nuevos retos de interpretación y valoración para la sociedad en general y para el legislador en
particular. En todas estas adaptaciones legislativas se lidia con realidades que por novedosas y con escasos referentes previos suscitan controversia y requieren las necesarias dosis de prudencia. Pero a la vez no pueden ser excusa para la
inacción o la falta de diligencia para el establecimiento de un marco jurídico adecuado.
Como consecuencia de todo ello fue aprobada la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA) que supuso la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente y
clínicamente indicadas y la seguridad jurídica para los profesionales que intervienen en dichas técnicas pero, de forma muy especial, para quienes las utilizan como medio de acceso a la paternidad o maternidad y las personas cuya vida es fruto de la
aplicación de dichas técnicas.
El espectro de personas que pudieron dar satisfacción a su legítima aspiración de formar una familia propia con hijos naturales se vio ampliada al ser posible superar barreras físicas, biológicas o médicas antes insalvables.
En esta ley, en su artículo 10, se da cuenta de la existencia de la técnica de gestación por substitución aunque parte de la nulidad de pleno derecho de contrato que tenga dicho fin, y por tanto de su invalidez jurídica a efectos de
reconocimiento de filiación por parte de quienes contraten la subrogación, manteniendo el antiguo precepto mater semper certa est propio de un periodo anterior al descubrimiento del ADN y de los avances técnicos y científicos asociados al mismo.
A pesar de la exclusión de la gestación subrogada en España, muchos ciudadanos han accedido en el pasado y siguen haciéndolo en el presente a este modo de paternidad y maternidad acudiendo a aquellos países en los que se realiza legalmente
la subrogación transfronteriza. La voluntad de muchas personas de alcanzar la paternidad no conoce de fronteras y se da la paradoja de que en países de la propia Unión Europea encuentran esta posibilidad con un encaje jurídico que en nuestro país
no existe.
Las familias formadas por ciudadanos españoles a través de la gestación subrogada legal en otros países enfrentaban graves problemas de filiación a su retorno a España por no verse reconocida la paternidad sobre sus hijos aquí. Más allá de
la paradoja jurídica, producía una enorme indefensión en las familias y en los niños afectados. La situación puede agravarse aún más cuando las normas sobre la paternidad legal en los dos países no coinciden. Por ejemplo, de conformidad con la
legislación ucraniana, rusa y californiana, la madre futura puede considerarse automáticamente la madre legal, mientras que para la mayoría de los Estados miembros de la UE la maternidad jurídica se atribuye sobre la base del parto,
independientemente del lugar donde tenga lugar el nacimiento, Pueden surgir dificultades similares en relación con la paternidad legal, así como con el reconocimiento de dos padres del mismo sexo. Potencialmente, esto puede dejar a un menor no solo
sin padres desde el punto de vista jurídico, sino también sin Estado y sin ciudadanía, ya que su documentación de registro de nacimiento no se reconoce fuera del país de nacimiento.
Por todo ello fue necesaria la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General del Registro y el Notariado (DGRN) que supuso la posibilidad de inscribir en el Registro Civil español una relación de filiación declarada por un
Tribunal extranjero y haciendo así factible, en palabras de la propia Instrucción, la continuidad transfronteriza de una relación que, obviamente, implica responsabilidades parentales. Y ello aunque esta relación de filiación sea fruto de una
gestación subrogada.
A pesar de su diferente nivel normativo esta, en todo caso necesaria, Instrucción pone en cuestión la exclusión de la gestación subrogada en España recogida en el artículo 10 de la LTRHA. De facto puede interpretarse una llamada a autorizar
la gestación subrogada para ciudadanos españoles pero siempre que se produzca fuera de nuestras fronteras. No solamente constituye un absurdo jurídico, sino que quiebra el principio de igualdad al limitar el acceso a esta técnica de reproducción
asistida a las personas con suficientes recursos económicos y socioculturales para emprender esa vía de acceso al hecho parental fuera de nuestras fronteras. La consecuencia es la cada vez mayor frecuencia con la que ciudadanos españoles acuden a
gestaciones subrogadas realizadas en países en desarrollo que no garantizan derechos elementales para las mujeres gestantes, sin seguridad jurídica ni sanitaria para ellas ni para los subrogadores ni para los niños. Por tanto, se hace necesario
abordar la adecuada regulación de la gestación subrogada en territorio español para que cuente con todas las garantías jurídicas para los profesionales, para las personas que intervienen en el proceso y especialmente para los menores. A nadie se le
escapa que esta técnica presenta cuestiones bioéticas muy controvertidas, así como retos médicos y científicos. Pero no por ello el legislador puede dar la espalda a la realidad de los problemas de los ciudadanos e ir a remolque de la misma con
soluciones parciales e incompletas. Por el contrario, debe enfrentarlos y dar soluciones para los ciudadanos.
Es indudable que en la regulación de este proceso la salvaguarda de la dignidad de la mujer gestante debe estar blindada. La gestación no puede convertirse nunca en un modo de vida o un fenómeno comercial. El modelo al que debe encaminarse
España es el de gestante altruista con compensación de los gastos derivados de la gestación por parte de los subrogadores, sin que pueda haber compensación económica adicional, similar al de California. De igual modo, las madres gestantes deben
tener la suficiente madurez emocional y consciencia de su compromiso que no desvirtúe la naturaleza de este modo reproductivo. Por todo ello, el contrato de subrogación deberá ser irreversible.
La regulación de la gestación subrogada en España no debe postergarse más. La tradicional preocupación jurídica por la familia como manifestación social, y especialmente de su función como
garante social del hecho reproductor tiene su expresión en artículo 39 de la Constitución. El Derecho de Familia siempre ha tenido un trasfondo pragmático, traducido en garantizar la procreación, sin la cual no solo la propia familia sino
la especie humana se extinguiría. Y la necesaria adaptación del mismo a la evolución social no puede verse frenada por la inacción política.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La derogación del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Articular en el marco legislativo correspondiente la gestación subrogada entendida como la técnica por la que una mujer acepta ser la gestante mediante cualquiera de las técnicas de reproducción asistida contempladas por la ley y dar a luz
al hijo de otras personas o persona (progenitores subrogantes) como técnica reproductiva. Esta articulación tendrá los siguientes contenidos:
Mujer gestante por subrogación será la persona que, sin aportar material genético propio y mediante un contrato de gestación por subrogación, consiente y acepta someterse a técnicas de reproducción asistida humana con el objetivo de dar a
luz al hijo del progenitor o progenitores subrogantes, sin que en ningún momento se establezca vínculo de filiación alguno entre la mujer gestante por subrogación y el niño o niños que pudieran nacer como fruto de esta técnica.
La gestación por subrogación se realizará solamente cuando haya posibilidades razonables de éxito, no suponga riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer gestante por subrogación o la posible descendencia y previa aceptación
libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer gestante, que deberá haber sido anterior y debidamente informada de los riesgos y de las condiciones de la técnica.
Solamente se podrá celebrar un acuerdo de subrogación gestacional cuando el progenitor o progenitores subrogantes hayan agotado o sean incompatibles con otras técnicas de reproducción humana asistida. Este acuerdo será irreversible a
efectos de filiación.
La mujer gestante por subrogación deberá tener más de 18 años, buen estado de salud psicofísica y plena capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias fijadas para los donantes en la Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre técnicas de reproducción humana asistida. Deberá haber gestado al menos un hijo sano con anterioridad, que este esté vivo, disponer de una situación socioeconómica estable y haber residido en España durante los dos años inmediatamente
anteriores a la formalización del acuerdo de gestación por subrogación.
La gestación subrogada nunca tendrá carácter lucrativo o comercial y tendrá exclusivamente fines altruistas. La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar solo podrá compensar los gastos de desplazamiento y laborales y el
lucro cesante inherentes al procedimiento, y proporcionar a la mujer gestante las condiciones idóneas durante los estudios y tratamiento pregestacional, la gestación y el posparto. La compensación económica será con cargo a los progenitores
subrogantes y a beneficio de la mujer gestante.
La persona o familias progenitores subrogantes, cuando hayan formalizado el contrato de gestación por subrogación y se haya producido la transferencia embrionaria a la mujer gestante por subrogación, no podrán impugnar la filiación del
hijo nacido como consecuencia de tal gestación.
Se establecerá un Registro Nacional de Gestación por Subrogación, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el que se inscribirán las mujeres que deseen ser gestantes por subrogación y conozcan el marco jurídico
de dicha gestación. El Registro, en una sección específica, registrará también los contratos de gestación por subrogación que se otorguen. En cualquier caso, para suscribir en calidad de mujer gestante por subrogación un contrato de gestación
subrogada será condición estar inscrita en el Registro.
Promover en el marco de la Unión Europea una regulación común de la maternidad subrogada y de los acuerdos de subrogación transfronterizos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/001163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea, para su
debate en el Pleno.
El reciente triunfo electoral del partido político SYRIZA en Grecia y la consiguiente formación de un nuevo Gobierno de izquierdas en el país heleno ha puesto de nuevo en la agenda política el debate sobre la deuda pública.
El Gobierno de Alexis Tsipras ha iniciado una campaña pública a nivel europeo para poner en marcha un gran acuerdo sobre la deuda pública. El nivel de deuda pública griega era en el año 2007 del 103 % del Producto Interior Bruto (PIB), pero
las políticas de austeridad de los últimos seis años han provocado un incremento espectacular del endeudamiento público. Actualmente la deuda pública griega se encuentra en el 182,4 % del PIB. Así, las políticas de ajuste no solo han provocado un
escenario de emergencia social sino que han empeorado las condiciones macroeconómicas y dificultado, de esa forma, la devolución de la deuda.
Una circunstancia similar ha ocurrido en España, pero agravada por el hecho de que en nuestro país la deuda antes de la crisis estaba en un nivel mucho más bajo. En 2007 la deuda pública era del 35,5 % del PIB, mientras que en noviembre de
2014 alcanzó un 96,8 %. El gran problema de endeudamiento residía, y aún sigue haciéndolo, en el sector privado. Pero la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, filosofía que subyace a todos los rescates económicos
impulsados por la troika y los gobiernos de España y Grecia, así como las consecuencias derivadas de las políticas de ajuste, han empeorado todas las condiciones económicas.
Las políticas de austeridad y el enorme lastre que supone la deuda pública hacen inviable una recuperación económica compatible con el mantenimiento del Estado Social y la garantía de justicia social. Más al contrario, esa combinación es
fatal para tanto la población como para las expectativas de devolución de la deuda. El frágil crecimiento económico no es suficiente para contrarrestar ni la desigualdad creciente, ni la merma en el Estado Social ni tampoco para poder garantizar la
devolución de la deuda pública. Es importante tener en cuenta que el hecho de que este débil crecimiento económico se explique exclusivamente por el repunte de la demanda interna a costa fundamentalmente del ahorro de las familias evidencia que
este tipo de crecimiento no puede ser duradero (en el tercer trimestre del 2014 los hogares españoles redujeron intensamente su ahorro hasta el 4,4 % de su renta disponible, el nivel más bajo desde el verano de 2007).
A todo ello debemos añadir que una parte de esa deuda ha sido contraída para financiar rescates financieros, mientras que las mismas entidades rescatadas han especulado contra el Estado a través de las facilidades financieras abiertas por el
Estado y por el Banco Central Europeo. Las ayudas al sistema financiero español han sido superiores al billón de euros en total, y la reciente política de barra libre del BCE es un ejemplo paradigmático de cómo determinados sectores económicos son
privilegiados frente al conjunto del Estado. Una sociedad democrática que aspire a proteger a sus ciudadanos no puede tolerar tal discriminación, más aún cuando se carece de unos mínimos fundamentos para justificar tales políticas.
Ayudas públicas a la banca a diciembre de 2014
Instrumento;Importe
(millones de euros)
Capital;59.826
Capital aportado a SAREB;540
Participaciones Preferentes Convertibles;1.135
Deuda subordinada SAREB;1.652
Pérdidas reconocidas en esquemas de protección de activos;6.506
Instrumento;Importe
(millones de euros)
Adquisición de acciones a preferentistas;1.803
Avales del Estado emisión deuda bancaria (riesgo vivo);45.909
Avales del Estado a emisiones deuda sénior emitida por SAREB (riesgo vivo);48.997
Aval implícito del Estado a depósitos bancarios;796.874
Créditos fiscales;41.486
Préstamos del Banco Central Europeo a entidades bancarias (riesgo vivo);206.760
Garantías ofrecidas por el FROB en procesos de privatización;2.600
Esquemas de protección de activos;22.161
Total riesgos contingentes para el Estado español;1.236.309
Fuente: Banco de España, Eurostat, Ministerio de Hacienda, IGAE y FROB.
Si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados permitiendo a los mismos acceder a un tipo de interés mucho más beneficioso que el que ofrecen los mercados la problemática de la deuda pública no sería tan destacada. Al fin
y al cabo, desde 2008 hasta noviembre de 2014 la cantidad de intereses pagados por el Estado español ha incrementado la deuda pública en un 17,9 % del PIB. Una buena parte de ese incremento podría haber sido evitada fácilmente si la autoridad
monetaria hubiese actuado en consecuencia, financiando a los Estados directamente o interviniendo para mantener reducidas las primas de riesgo.
Por si fuera poco, el sistema financiero internacional que durante años prestó irresponsablemente al gobierno griego y a los bancos y a las empresas constructoras españolas ha aprovechado el diseño de las políticas de la troika para
deshacerse progresivamente del riesgo económico en perjuicio de las instituciones europeas. Así, la deuda que tenían como acreedores ha ido traspasándose al público en general, en lo que es una verdadera estafa tolerada y promovida por los
gobiernos y la Unión Europea. El caso griego es paradigmático: en el año 2008 la inmensa mayoría de los acreedores de la deuda pública eran entidades financieras privadas, mientras que en septiembre de 2014 el 70,5 % de los acreedores eran
Estados, fundamentalmente europeos. El resultado, que los grandes acreedores financieros han evitado importantes pérdidas que otros sujetos económicos hemos tenido que sostener.
La deuda pública de los países del sur no podrá ser pagada en las condiciones actuales. Se hace necesario llegar a un gran acuerdo europeo que permita reestructurar la deuda pública y privada de los países, especialmente del sur de Europa.
Dicho acuerdo debería conllevar, al menos, las siguientes medidas: el alargamiento de los plazos establecidos, la disminución de los tipos de interés, la condonación parcial correspondiente a la deuda ilegítima y la garantía de financiación
posterior por el BCE.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para promover un gran acuerdo sobre la deuda europea, basado en los siguientes puntos:
1. La derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y del Pacto por el Euro Plus.
2. La derogación de toda referencia institucional a la prioridad absoluta del pago de la deuda, que en el ámbito español se establece en las normativas derivadas de la reforma constitucional del artículo 135 y en la propia reforma
constitucional.
3. La puesta en marcha de una auditoría de la deuda pública en todos los países.
4. La reestructuración de las condiciones establecidas en los contratos de deuda pública, alargando los plazos de pago y reduciendo los tipos de interés correspondientes.
5. La puesta en marcha de un plan europeo de estímulo económico que permita superar la crisis social y económica y permita comenzar la corrección de los desequilibrios en las estructuras productivas de los países de la zona euro. La
financiación correrá a cargo del BCE que, en condiciones de extraordinaria generosidad, priorizará la creación del empleo por encima de cualquier otro objetivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Alberto Garzón Espinosa, Diputado.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación del
centro penitenciario de Villabona y el desmantelamiento de la UTE, para su debate en el Pleno.
La regulación que ha hecho la dirección del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias), prosigue en su labor de legalizar el desmantelamiento de la UTE, en abierta contradicción con la Defensora del Pueblo.
En resumen la Instrucción de Instituciones Penitenciarias:
1. Queda troceada la UTE en tres dispositivos.
2. No se recupera el Equipo Multidisciplinar, al quedar dividido en tres.
3. El artículo 182 en su modalidad ambulatoria queda de manera excepcional como derivación.
4. Desaparece la figura del Coordinador, y habla de «Enlace» quedando excluidos todos los profesionales excepto psicólogos o juristas.
Sin embargo, según la instrucción de Madrid la UTE de Villabona podría recuperar su estructura original, su funcionamiento y su prestigio en Asturias y a nivel nacional e internacional.
Tal parece que el nuevo Director del Centro Penitenciario de Villabona haya heredado la fobia contra el modelo UTE.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar el modelo de la UTE del centro penitenciario de Villabona, con su estructura y funcionamiento originales:
a) El carácter unitario de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) sin fragmentaciones compuesta por todas las unidades en funcionamiento.
b) El equipo multidisciplinar para el conjunto de la UTE del centro penitenciario de Villabona, formado por los profesionales que trabajan directamente con los internos.
c) La figura del Coordinador sin exclusiones, elegido entre los profesionales del equipo multidisciplinar de la UTE.
d) El artículo 182 en su modalidad ambulatoria como norma de derivación y no como excepción.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para la conservación,
protección y promoción de nuestros faros patrimoniales, para su debate en el Pleno.
Según el rigor con que se aplique la definición técnica de faro: ayudas luminosas a la navegación cuyo alcance es mayor de diez millas náuticas, en España se encuentran operativos 233 faros y cuatro de ellos están ubicados en la costa
cantábrica que corresponde a la comarca oriental asturiana. Estos edificios, construidos en su mayoría en el siglo XIX, se están degradando y se han ido quedando vacíos. Los fareros, apenas unas decenas, son una especie profesional condenada a
desaparecer, tras declarar la Administración del Estado a extinguir el cuerpo de técnicos mecánicos de señales marítimas el 1 de enero de 1993. Con la modernización de las instalaciones, la automatización, el farero ha ido perdiendo protagonismo.
Y actualmente, gracias a un sistema de telecontrol, su funcionamiento puede supervisarse desde las autoridades portuarias, a las que están adscritos, o incluso desde una oficina del Ministerio de Fomento.
Nuestro país tiene una cultura marinera que merece ser valorada. Un faro es un símbolo de esperanza y de refugio de varias generaciones de marineros. Son parte integrante de la identidad, de la cultura y del patrimonio español, y presentan
una importancia histórica y estética indiscutible. Son construcciones que a nadie dejan indiferente y aparecen siempre en los lugares más agrestes del litoral. En 2010, en España, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Puertos que abrió la
posibilidad de dedicar parte de las instalaciones del faro a otros usos, bajo la autoridad de Puertos del Estado como propietario, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos correspondientes y con la tutela del entorno por la
dirección de Costas, de Medio Ambiente, que ha de velar por el dominio público del litoral, evitando que se desnaturalice o se privatice. Nuestra primera obligación, si queremos salvar un patrimonio, es la de conocerlo. Y este objetivo pasa por la
puesta en valor de archivos, la recolección de objetos y la memoria de los hombres. Detrás de cada uno de los faros han estado los torneros que han dado su trabajo, su sudor y, a veces, su vida, porque la luz de los faros no se extinguiera nunca.
Rescatar sus historias y entrever sus vidas, entregadas al servicio de la señalización marítima, es una obligación moral de los poderes públicos.
La iniciativa europea «At Ligth» (Atlantic Lighthouses) de puertos atlánticos, pretende establecer una red de faros visitables, desde Escocia a España, potenciando a través de los faros la tradición y la cultura de los pueblos ligados al
mar. Con la ayuda de este fondo el Faro del Pescador, en Santoña (Cantabria), se convirtió en un lugar que acoge exposiciones permanentes, visitadas cada año por más de 3.000 personas. Lo mismo ocurre con el faro de La Silla, en San Vicente de la
Barquera. El mencionado programa europeo se configuró con faros de Irlanda, Escocia, Inglaterra, Gales, Francia, y España. Se realizó un estudio técnico, una memoria de contenidos y un libro con imágenes de todos ellos. También se planteó, como
proyecto para el futuro, la posibilidad de establecer una promoción conjunta a escala europea y, en su caso, una comercialización colectiva de aquellos que destinaran sus instalaciones al uso de albergue o alojamiento rural. Y es que la idea de que
los faros puedan utilizarse como foco de atracción turística o actividad cultural, y no solo como elementos vinculados a la navegación marítima, ha sido explorada ya, con éxito, en otros países de Europa.
Efectivamente, la cultura de los faros está aquí por nacer, pero en países como Francia, Canadá o Estados Unidos tiene una gran implantación. En Canadá y en Francia, por ejemplo rigen Leyes específicas de protección de los farios
patrimoniales. Hoy en Francia, cerca de la mitad de los 220 faros existentes están protegidos como monumentos históricos de las Costas de Francia, gracias al impulso de la Sociedad nacional del patrimonio de faros y balizas (SNPPB). Quizá el
ejemplo más característico sea el de la Bretaña francesa, donde faros como «Point du Raaz» o «Cap Frehel» reciben cada año la visita de miles de turistas. En 2008 Noruega fue el primer país del mundo que se dotó de un plan nacional de protección de
sus faros, clasificando un centenar como monumentos históricos y creando cuatro museos. En Galicia hay un caso sangrante. Se trata del faro de Estaca de Bares. Construido en 1850, fue el primero del Cantábrico y uno de los más importantes del
Plan General de Alumbrado Marítimo de España (1847), que propició la creación del sistema estatal. Su entorno podría tratarse como un conjunto histórico patrimonial: restos de un castro, infraestructuras del siglo XVIII de sistemas de alerta de la
Marina, molinos de mar o la base americana de radar de los años 50, sobre la que por cierto pesa o pesaba una orden de Costas de demolerla.
Visto lo que hacen en otros países, los usos culturales, patrimoniales y museísticos deben primarse frente a los hosteleros, un sector que hoy en día está cerca de la saturación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Traer al Parlamento un Proyecto de Ley específico de conservación, protección y promoción de nuestros faros patrimoniales.
2) En coordinación con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos correspondientes, poner en marcha un programa de medidas para la conservación, protección y promoción de nuestros faros patrimoniales, que contemple, entre otras, las
siguientes medidas:
a) la selección y reconocimiento de determinados faros como Bienes de Interés Cultural, Bienes de Interés Patrimonial o como bienes amparados por otras figuras de protección;
b) la prohibición de su privatización;
c) su rehabilitación y mantenimiento en una medida razonable;
d) la posibilidad de cesión temporal de uso para que sean utilizados con fines públicos.
3) Concertar convenios con Ayuntamientos o Comunidades Autónomas para la conservación de nuestros faros patrimoniales y la promoción de zonas museísticas, centros de interpretación, turismo farero y marítimo litoral, con el fin de acercar
este valioso y desconocido patrimonio a la sociedad, facilitando el acceso del público a sus instalaciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Gaspar Llamazares Trigo y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001166
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas adoptadas para la empleabilidad de los colectivos
más vulnerables, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las distintas medidas instadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en relación a la empleabilidad de los colectivos más vulnerables afectados por el desempleo, están resultando en primer lugar ineficientes.
Ni la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016; ni el PREPARA; ni la legislación de emprendimiento; ni la ayuda del 80% del IPREM para los desempleados crónicos con cargas familiares; ni la ejecución del Plan de
Garantía Juvenil etc. no están reduciendo el porcentaje de desempleados jóvenes menores de 25 años, que ha adquirido las características de un dramático porcentaje crónico y dramático que asciende al 53%. Tampoco se observa la mejora de la
situación del empleo de los desempleados mayores de 45 años a los que eufemísticamente se les califica como «colectivo de difícil empleabilidad».
Por otra parte, las medidas impulsadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social están provocando una recentralización y uniformización de las competencias autonómicas en materia de Promoción del Empleo y Ejecución de la Legislación
Laboral del Estado.
El procedimiento seguido consiste en oscurecer la naturaleza jurídica de las prestaciones que se regulan en las distintas normas, prestaciones que van anudadas a actividades de Formación Profesional, actividades de orientación para el
empleo, tutorías etc, y en relación a las cuales es difícil determinar si estamos ante prestaciones cuya naturaleza es la de Seguridad Social, de actividades propias de las
Políticas Activas de Empleo o de actividades cuyo título habilitante para su regulación por la Administración General del Estado es la Asistencia Social.
Todas estas actuaciones centralizadoras, que van a adquirir su máxima dimensión a través de la generación de un mapa o cartera uniforme del desempleo para todo el Estado, vulnera las competencias autonómicas en materia de Ejecución de la
Legislación Laboral del Estado, en el ámbito de las competencias autonómicas en Políticas Activas de Empleo o en su caso en el ámbito de las Políticas de Acción Social.
No solo se vulneran las competencias autonómicas, sino que se desfigura el contenido de las mismas al subordinarlas a las competencias estatales mediante diversos procedimientos: determinación por el Estado de forma uniforme de los
itinerarios de inserción laboral; distribución arbitraria de los créditos presupuestarios cuando las actividades son financiadas por el Fondo Social Europeo; superposición del Servicio Público de Empleo Estatal a los Servicios Públicos de Empleo
Autonómicos; designación de los tutores que pretendidamente van a realizar el seguimiento de las trayectorias individuales de empleabilidad; exigencia a las Comunidades Autónomas de adelantar los fondos para la ejecución de las acciones para la
promoción del empleo que son objeto de recuperación si las actividades de las Comunidades Autónomas superan los exámenes de eficiencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; y otras vulneraciones competenciales.
Todo lo anterior, acredita que se ha optado en el ámbito de la Política de Empleo por un diseño competencial distinto al prescrito por la propia Constitución española y en los Estatutos de Autonomía, que se ha optado por vulnerar el
principio dispositivo en el que se fundamenta la configuración autonómica del Estado y que se ha optado por la generación de un tipo nuevo de «competencia autonómica» subordinada a la estatal y tutelada por este.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a replantear la totalidad de los distintos ?Planes? previstos para mejorar la situación del desempleo de los dos colectivos más vulnerables en este ámbito: los jóvenes
menores de 25 años y los mayores desempleados de 45 años. Estableciendo ?Planes? de actuación más eficientes, consensuados en términos bilaterales y de igualdad con las Comunidades Autónomas respetándose escrupulosamente el sistema competencial
previsto en el bloque de constitucionalidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/001167
A la Mesa de la Comisión Interior
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la falta de información del Estado a la Ertzaintza y al
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El objeto de esta Proposición no de Ley no es nuevo. En numerosas ocasiones este Grupo Parlamentario ha reclamado al Gobierno del Estado español mayor coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a todos los niveles.
Una vez más nos vemos en la obligación de denunciar que el Ministerio del Interior no facilita a Euskadi datos importantes para la Seguridad, tanto desde el punto de vista operativo, como preventivo y estratégico.
Así podemos señalar que en relación a los operativos realizados contra los abogados de los presos de ETA, el Ministerio solo ha comunicado a la Ertzaintza la realización de registros y detenciones cuando ya estaban en marcha y a efectos de
que se estableciesen los cordones necesarios para garantizar la
seguridad. Los medios de comunicación contaron con una información más amplia y con más antelación. Esto imposibilita hacer una planificación adecuada.
En cuanto al riesgo yihadista, igualmente los cambios de nivel de amenaza se han conocido antes por la prensa que oficialmente. Una vez comunicados estos cambios octubre 2014 y enero 2015, no se ha aportado información sobre los motivos y
situaciones que han constituido la causa de estas decisiones.
Tampoco se cuenta con la información que los Cuerpos Policiales del Estado y sus servicios de inteligencia (CNI) puedan tener y que afectan a Euskadi de forma específica.
En cuanto a información estratégica, no se informa sobre el Plan antiterrorista, la Ley de Seguridad Nacional, el Plan contra la radicalización, etc., ni tan siquiera se ha considerado la participación del Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco ni de la Ertzaintza en la redacción de estos Planes.
Es verdad que en el CNPA hay representantes de la Ertaintza, pero también ahí, existen limitaciones al acceso de información.
En nuestra opinión el Estado no comprende que la seguridad no es un monopolio del Gobierno del Estado Español y que el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias, debe contar con la información que el Estado pueda aportar.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español:
1. A promover y hacer efectiva una eficaz comunicación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a todos los niveles y respetar las competencias del Gobierno Vasco y Ertzaintza proporcionando toda la información que el Estado
pueda aportar para el normal desarrollo de estas.
2. A garantizar el acceso de las Policías Integrales del Estado español en condiciones de igualdad a los Sistemas de Información Schengen, Interpol, Europol y Eurojust.
3. A respetar las competencias del Gobierno Vasco en materia de Seguridad Ciudadana; Policía Judicial y Protección Civil tal y como establece el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/001168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas extraordinarias para los trabajadores y trabajadoras
agrícolas de Andalucía, para su debate en el Pleno.
La superficie de olivar en Andalucía supera el millón y medio de hectáreas y el 61% se concentra en las provincias de Jaén y Córdoba. En Jaén se cultivan 510.598 hectáreas, un 88,5% de la tierra disponible para cultivos, y existen 65.960
explotaciones agrarias de pequeño tamaño y 108.000 olivareros, que producen 700.000 toneladas de aceite (el 20 % de la producción mundial y el 45% de toda España). El olivar es el único sector que tiene capacidad para crear empleo en la provincia
debido a su monocultivo.
Para la campaña 2014-2015 todo indica que habrá una producción muy parecida a la de hace dos años, donde se obtuvieron 108.000 toneladas de aceite, la más baja de los últimos 25 años.
Una climatología marcada por la falta de lluvias y altas temperaturas durante la floración ha causado un estrés hídrico en el olivo, al que sumar el agotamiento del árbol tras una excelente producción de la campaña anterior. Todo ello ha
provocado que el fruto no terminara de madurar quedándose en agracejo, no pudiéndose desarrollar el cultivo.
Las más perjudicadas por esta situación serán las 107.000 familias que dependen del cultivo del olivar en Jaén, más de 14 millones de jornales agrícolas en Andalucía que dejarán de realizarse en su mayoría, y el colectivo de mujeres que
suponen más del 60 % del total de afiliados al Régimen Agrario en Andalucía, que junto con los emigrantes están siendo desplazadas por la vuelta de trabajadores de otros sectores. Además, la elevada mecanización que está experimentado el campo
andaluz en los últimos años,
disminuye la cantidad de jornales que se realizaban hace apenas unos años e imposibilita computar las jornadas reales necesarias para poder tener acceso al Subsidio Agrario. En el año 2013 fueran eliminadas de la percepción del subsidio
10.000 personas beneficiarias, que no pudieron reunir las peonadas mínimas.
En este contexto es necesaria la eliminación de las peonadas mínimas para cobrar el Subsidio Agrario o la Renta Agraria, el aumento de la partida destinada al Programa de Fomento de Empleo Agrario y la puesta en marcha de un plan
extraordinario de empleo para el mundo rural, junto a otras medidas que refuercen la capacidad protectora y de garantía de rentas que dichos programas tienen y eviten que la mayoría de las 132.400 personas beneficiarias en Andalucía el 4,35 % del
total de trabajadores con prestaciones, de los que 15.900 son de Jaén entren en riesgo de exclusión social o en la indigencia. Es preciso recordar que la provincia de Jaén tiene una de las tasas de desempleo más altas de España, el 40%, y un paro
juvenil que alcanza el 64 %.
El Subsidio Agrario y la Renta Agraria cuentan con una inversión de 700 millones de euros, el 2,3% del total del gasto en desempleo en España, y el Programa de Fomento de Empleo Agrario tiene un presupuesto de 215 millones de euros, de los
que 147 millones los aporta el Estado. Unos fondos que posibilitaron la puesta en marcha de 1.933 proyectos presentados en el total de los municipios andaluces y las diputaciones provinciales.
El Subsidio es ahora más necesario que nunca y el Gobierno debe dar una respuesta urgente ante las graves situaciones y circunstancias por las que están atravesando los trabajadores y las trabajadoras del campo. Es una prestación que solo
cobra el 23% de todos los eventuales agrarios y que asciende a 426 euros durante seis meses.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar el requisito de exigir un número de peonadas para tener acceso al Subsidio Agrario para los trabajadores y trabajadoras eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario.
2. Poner en marcha con carácter de urgencia y en coordinación con la Junta de Andalucía, un programa de fomento de empleo agrario especial con fondos extraordinarios, para ayudar al mundo rural a superar la crisis económica y la ausencia de
actividad agrícola.
3. Rebajar el módulo impositivo para olivar aplicable en el método de estimación objetiva del IRPF para ajustarlo a las previsiones de renta de los olivareros andaluces.
4. Potenciar el Programa de Fomento de Empleo Agrario con una mayor dotación económica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Alberto Garzón Espinosa, Diputado.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la adopción de medidas en relación con las personas, entidades financieras y empresas consultoras o asesoras que colaboran con el fraude fiscal, la ocultación de fondos, el blanqueo de capitales y cualesquiera otros ilícitos
cometidos por los residentes en España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La lucha contra la evasión y el fraude fiscal, los paraísos fiscales y las jurisdicciones no cooperativas, es un tema crucial en las sociedades del siglo XXI por razones éticas, sociales, pero también por razones de índole económico.
La movilidad internacional de los grandes capitales y la ingeniería fiscal y financiera erosionan la capacidad fiscal de los Estados. La reducción sustancial de los ingresos públicos amenaza la sostenibilidad
de los modelos sociales más avanzados del mundo, dificultando la salida de la crisis e incrementando, hasta niveles insoportables, la desigualdad social.
En este escenario, se ha conocido recientemente el papel fundamental de determinadas entidades financieras en el fraude y la evasión fiscal, entidades que han participado o colaborado en maniobras de ocultación de fondos de titulares de
grandes patrimonios.
El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado reiteradamente, en primer lugar, la necesidad de poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales o del Ministerio Fiscal, el comportamiento de algunas entidades financieras y consultoras
que han colaborado en el fraude y la elusión fiscal de grandes contribuyentes, sean personas físicas o grandes empresas multinacionales. En segundo lugar, ha insistido en impulsar las modificaciones legales necesarias para que la legislación
tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión fiscal, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.
Así se solicitó expresamente en la reciente Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación del Gobierno en materia de armonización de la fiscalidad internacional y la lucha
contra la evasión y elusión fiscal de empresas multinacionales, que fue debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 25 de noviembre, siendo rechazada con los votos en contra del grupo mayoritario de la Cámara.
Dado el permanente rechazo del PP a cuantas iniciativas ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal que, como queda dicho, incluían la persecución de las entidades financieras y
consultoras o asesores que colaboran en la ocultación de fondos, es dudosa la real voluntad del Gobierno de actuar de forma eficaz y contundente en esta materia.
En consecuencia, se considera indispensable un pronunciamiento expreso e inequívoco del Congreso de los Diputados instando al Gobierno a actuar, con todos los medios del Estado de Derecho, contra aquellas personas y entidades que colaboran
de forma decisiva en la comisión de los tan citados ilícitos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales o del Ministerio Fiscal, las actuaciones de todas aquellas personas, entidades financieras y empresas consultoras o asesoras que han participado en el fraude fiscal, la ocultación
de fondos, el blanqueo de capitales y cualesquiera otros ilícitos cometidos por los residentes españoles.
2. A impulsar con carácter urgente las modificaciones normativas necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de fraude y elusión fiscal, no solo de los clientes, sino también de las personas,
entidades financieras y empresas consultoras o asesoras que colaboran en su comisión, así como la inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal. En el caso de infracciones cometidas por entidades de crédito, la citada regulación
deberá contemplar, en supuestos de especial gravedad, la revocación de la autorización de la entidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.Pedro Saura García, Diputado.Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la apertura de una investigación en relación con la reiterada filtración de datos con transcendencia tributaria por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y solo pueden
ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros.
Pese a la clara y expresa previsión legal, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas viene utilizando con asiduidad, en los medios de comunicación y en sede parlamentaria, información de la situación tributaria de determinados
contribuyentes y colectivos, bien con fines estrictamente partidistas, o bien como instrumento de coacción política. Los casos de Luis Bárcenas, Jordi Pujol, Juan Carlos Monedero, los medios de comunicación, los artistas y deportistas e, incluso,
los miembros de los grupos parlamentarios, están en la mente de todos.
La situación ha alcanzado tal gravedad que los propios inspectores y técnicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) han mostrado su preocupación por la utilización política del Ministro de datos con transcendencia
tributaria. Se ha señalado igualmente por estos profesionales que la filtración de datos tributarios ha podido frustrar sus actuaciones de control en determinados casos.
En consecuencia, resulta imprescindible llevar a cabo una completa investigación de los hechos acaecidos, poniendo en conocimiento de la Cámara los resultados de la misma, con el fin de esclarecer el origen de las filtraciones y adoptar las
medidas necesarias para que en el futuro las mismas no se produzcan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A proceder a la apertura de una investigación acerca de las filtraciones que se han producido de datos con transcendencia tributaria, determinando su origen, las responsabilidades a que hubiera lugar y proponiendo las medidas necesarias
para evitar las mismas en el futuro.
2. De los resultados de dicha investigación se dará cuenta inmediata al Congreso de los Diputados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.Pedro Saura García, Diputado.Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la investigación,
protección y calidad de vida de los intoxicados de AZSA, para su debate en el Pleno.
Dos años después del más grave accidente e intoxicación laboral por mercurio del siglo XXI en España, las consecuencias en la salud de los afectados continúan, y en algunos casos se agravan, sin que por parte de las respectivas
administraciones se hayan adoptado medidas sanitarias y sociales para paliar el problema y para prevenir intoxicaciones futuras.
El perfil clínico de los afectados ha pasado de un cuadro agudo de astenia intensa, gingivoestomatitis severa (con pérdida de piezas dentales) y otros síntomas digestivos como algias generalizadas, a un cuadro crónico abigarrado, polimorfo y
en constante evolución, en algunos casos el empeoramiento en que destacan:
1) Eretismo Mercurial con astenia, irritabilidad patológica con agresividad, depresión, trastornos cognitivos e insomnio.
2) Neurológico con temblores, polineuropatía, cefalea, afectación vesical, pérdida de audición, zumbidos y extrapiramidalismo.
3) Oftalmológico: síntomas de ojo seco, alteraciones del nervio óptico y ERG alterado.
En consecuencia, es imprescindible adoptar medidas sociales y sanitarias, así como de seguimiento e investigación para mejorar la calidad de vida de los afectados y también para un mejor conocimiento de la intoxicación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A adoptar medidas urgentes en relación al tratamiento, protección social e investigación sobre los afectados por intoxicación laboral por mercurio en la empresa AZSA de Asturias.
2. A impulsar la investigación con los medios más modernos, junto al Instituto de Salud Carlos III, centro europeo de referencia en intoxicaciones por mercurio, el SESPA y el IOVA entre otros, de los efectos de la intoxicación sobre la
salud.
3. A facilitar de acuerdo con la AEMPS de forma ágil, los tratamientos sintomáticos o experimentales a los afectados como medicamentos de uso compasivo.
4. A garantizar la rehabilitación en su caso, así como las prestaciones y apoyos sociales necesarios a los trabajadores con intoxicación crónica con consecuencias incapacitantes para el trabajo y la vida cotidiana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2015.Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Interior
161/003399
Advertido error en la publicación del «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 205, de 10 de febrero de 2015, página 7, consistente en la omisión de la firma del Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se subsana mediante
la presente corrección de errores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(200) Comunicación del Gobierno.
Autor: Gobierno.
Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.
Acuerdo:
Admitir a trámite para su deliberación ante el Pleno conforme al artículo 196 del Reglamento, trasladar a los Grupos Parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN
Tras haber finalizado el tercer año de la Legislatura, en atención a la centralidad del debate parlamentario en la democracia española y con la voluntad de contribuir a su relevancia política, el Gobierno solicita al Congreso de los
Diputados la celebración del Debate de política general sobre el estado de la Nación.
El Gobierno pretende, así, presentar ante los distintos grupos parlamentarios y a la opinión pública española en su conjunto los cambios producidos en la situación del país, como consecuencia del programa reformista desarrollado por el
Gobierno, así como las actuaciones previstas en este mismo marco hasta el final de la Legislatura.
Las dificultades ya superadas y la senda de recuperación que hemos comenzado, nos sitúan ante un año 2015 que ofrece a nuestro país las mejores perspectivas conocidas desde el comienzo de la crisis y estimula al Gobierno para proseguir con
determinación el camino iniciado hace tres años, guiado siempre por el interés general de los españoles.
Con esta vocación, el Gobierno afrontó la tarea de superar la grave crisis económica, reparar los desequilibrios que ahondaron sus efectos y paliar las preocupantes repercusiones que ha tenido para la sociedad española.
Por esta razón, el Gobierno puso en marcha un amplio programa de reformas estructurales que ha permitido establecer unas bases sólidas sobre las que apuntalar la recuperación económica; un ambicioso programa de reformas que asegura la
solidez del crecimiento y potencia su traslación sobre el empleo y el bienestar de todos los ciudadanos.
Para ello, fue necesario abordar con firmeza el desequilibrio de las cuentas públicas, la necesidad de saneamiento y reestructuración del sistema financiero, la dependencia excesiva de la financiación exterior, y la escasa competitividad de
nuestra economía, que limitaba la capacidad de crecer y de crear empleo. Cabe recordar que llegaron a alcanzarse ritmos de destrucción de empleo sin precedentes, con la pérdida de casi tres millones y medio de puestos de trabajo en los primeros
años de la crisis, que todavía hoy sitúan el elevado nivel de paro como la principal preocupación del país y la mayor prioridad del Gobierno.
No cabe obviar por ello que la situación en estos momentos es muy distinta. Con el compromiso de toda la sociedad española y la determinación del Gobierno, nuestro país ha pasado de estar en el foco de la incertidumbre y recibir las peores
perspectivas, a encabezar el crecimiento y la creación de empleo entre las grandes economías de la Zona Euro.
España acumula seis trimestres de crecimiento económico, con unas tasas cada vez más vigorosas. En el año 2014, el crecimiento interanual se situó en el 1,4 %, cifra que se prevé superar en 2015, a la luz de las previsiones del Gobierno y
los pronósticos de todas las instituciones, que se han visto mejoradas en las últimas revisiones, reconociendo la fortaleza de la economía española, pese a las dificultades que se perciben en países de nuestro entorno.
Este reconocimiento no se limita al ámbito de las previsiones, sino que se extiende también y por ello mismo a las reformas que las hacen posibles.
España ha llevado a cabo el mayor esfuerzo de consolidación fiscal de todos los países del G-20, ha reordenado las cuentas de las Administraciones Públicas con medidas financieras que han asegurado la cobertura de los servicios públicos y el
pago de las deudas pendientes con proveedores. Ha completado además el saneamiento del sector financiero, incorporando nuevas garantías de solvencia y obligaciones de transparencia. Se ha restaurado la credibilidad de nuestro país y la confianza
que merece nuestra economía, recuperando la capacidad de financiación a costes razonables y el atractivo para los inversores, que nos sitúa entre los principales receptores de inversión extranjera directa de todo el mundo.
La confianza generada, junto con la renovada competitividad de la economía española, gracias a las reformas estructurales llevadas a cabo, explican el excelente comportamiento de nuestro sector exterior y la internacionalización de las
empresas españolas, con un destacable incremento de la pequeña y mediana empresa exportadora.
La actividad económica ha recuperado el pulso y con ella la creación de tejido productivo, como certifican el dinamismo registrado respecto a la creación de empresas y altas de autónomos, en respuesta al decidido apoyo que desde el Gobierno
se ha dirigido a facilitar el emprendimiento y promover la actividad en sectores punteros para la economía española. A ello han contribuido, además, las herramientas puestas en marcha para facilitar la financiación de estos proyectos, así como el
recobrado flujo de crédito, con cada vez mayor intensidad. Y seguiremos planteando reformas que permitan impulsar la actividad económica y favorecer la creación de empleo, fortaleciendo la capacidad de inversión y la competitividad de la economía.
Se ha recuperado el crecimiento y se ha ganado, además, capacidad de crear empleo. La economía española genera ahora puestos de trabajo aún sin necesidad de altas tasas de expansión. El mercado laboral inició su recuperación en 2014, tras
seis dolorosos ejercicios consecutivos de destrucción de empleo, con la creación de más de 400.000 puestos de trabajo. Es el primer balance anual positivo desde el comienzo de la crisis, que nos permite confiar en la creación de un millón de
empleos en los dos últimos años de Legislatura. Para ello, el Gobierno seguirá poniendo en marcha medidas que contribuyan a la empleabilidad, la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos y la calidad del empleo en general, con el fin
de lograr el objetivo esencial de que es trasladar la recuperación, con mayor intensidad, al conjunto de los españoles .
La creación de empleo es la expresión individual de una recuperación colectiva, que cada vez se percibe con mayor vigor. La mejora de la confianza del consumidor, que ha alcanzado el máximo registro de su serie histórica, o la recuperación
del consumo, que acumula cuatro trimestres en positivo, ponen de relevancia la dimensión más cercana de la recuperación económica.
Y, al mismo tiempo, el empleo es el fundamento de la sostenibilidad del Estado del Bienestar, que ha sido siempre una prioridad para este Gobierno, consciente de la necesidad de preservar los servicios públicos esenciales aun a pesar de las
dificultades. Así, se ha asegurado el poder adquisitivo de los pensionistas y el futuro de las prestaciones, y se ha reforzado la protección frente al desempleo, dando estabilidad a las ayudas que reciben los parados que han agotado su prestación y
creando, con el acuerdo de los agentes sociales, un programa específico de activación para desempleados de larga duración con cargas familiares.
En este mismo sentido, se ha puesto en marcha una reforma fiscal que rebaja los impuestos a todos los españoles, en mayor medida a quienes cuentan con menos recursos, e incorpora además ayudas específicas a las familias, inéditas en nuestro
país, que respaldan especialmente a aquellas que más lo necesitan. Una rebaja tributaria que contribuye, en definitiva, a revertir a la sociedad los esfuerzos realizados, sin los que no se puede explicar la recuperación que hemos iniciado.
Por esta razón, el Gobierno se propone además profundizar en el desarrollo de una agenda social dirigida a atender las situaciones de especial vulnerabilidad de las familias, la infancia o las personas mayores, además de impulsar la igualdad
de oportunidades como signo propio de una sociedad moderna y próspera.
Mantener el ideal de solidaridad que alienta nuestra Constitución, y asegurar la continuidad de un rasgo distintivo de la España contemporánea como es la cohesión social, han sido condicionantes que el Gobierno se ha autoimpuesto para
aportar una orientación social a las reformas y poner en valor el modelo de convivencia que entre todos hemos construido.
Esto exigía, asimismo, recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y renovar la cultura de lo público para asegurar que responde de forma efectiva a lo que los españoles demandan y esperan de quien gestiona sus recursos o
ejerce su representación.
Con este objetivo, el Gobierno ha acometido una profunda reforma de las Administraciones Públicas orientada a superar ineficiencias, suprimir estructuras superfluas y evitar duplicidades, que nos está permitiendo ahorrar costes innecesarios
y ganar en calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Se trata de una reforma de largo alcance, que se pretende ahora consolidar con la definición de un nuevo marco jurídico para el sector público y el procedimiento administrativo.
Esa nueva cultura de lo público también exige mayor responsabilidad y ejemplaridad de los gestores. Por este motivo, la regeneración institucional ha sido también una prioridad del Gobierno en todo momento, adoptando medidas desde el
comienzo de la Legislatura para recuperar la confianza de los ciudadanos y mejorar la calidad de la democracia.
El Gobierno ha acometido reformas pioneras en nuestro país, desde el refuerzo de los controles sobre la financiación de los partidos políticos o el establecimiento de su responsabilidad penal, hasta la primera
Ley de Transparencia de la democracia, el primer Portal en el que se hace efectivo el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, y la primera regulación legal de las normas de buen Gobierno.
A ellas se suman además los proyectos de Ley, en tramitación parlamentaria, sobre la actividad económico-financiera de los partidos políticos y los altos cargos de la Administración General del Estado, para reforzar la prevención frente a
cualquier actuación irregular, junto con la reforma del Código Penal dirigida a endurecer la sanción de cualquier práctica corrupta, incluida la tipificación del delito de financiación ilegal que, por primera vez, se incorpora a nuestro ordenamiento
jurídico. Para asegurar este reproche penal, el Gobierno plantea además una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar los procedimientos judiciales y, en particular, la capacidad de recuperar los activos derivados del delito, con
el objetivo de revertir en beneficio de la sociedad el daño causado por la corrupción.
Hemos puesto en marcha el mayor programa legislativo a favor de la transparencia y contra la corrupción de la historia de la democracia. Y lo hemos hecho siempre procurando el máximo consenso, entendiendo que este es un compromiso que todos
debemos compartir, ya que a todos nos compete contribuir a reforzar el vínculo entre los ciudadanos, sus representantes o, en general, los servidores públicos.
Con todo, cabe subrayar que el camino de salida de la crisis ha corroborado la capacidad de un engranaje institucional que, fundamentado sobre la Constitución de 1978, ha mostrado su capacidad para dar respuesta a los mayores retos, como el
que ha significado la peor recesión vivida por nuestro país en las últimas décadas.
Los españoles hemos demostrado conformar una democracia madura, que cuenta con activos tan necesarios y efectivos para nuestro progreso como la estabilidad institucional, la solidaridad y la cohesión territorial.
Nuestro marco constitucional ha sido referencia de solidez y continuidad en tiempos de incertidumbre, y ha permitido al mismo tiempo afrontar con dinamismo el proyecto reformista más ambicioso de nuestra historia reciente. Estos datos de
experiencia, entre muchos otros, no hacen sino refrendar la vigencia del que, sin lugar a dudas, representa el mayor logro institucional de la Historia contemporánea de España.
Si nuestro modelo de convivencia ha sido, desde tiempos de la Transición, un ejemplo para el mundo, el éxito de las reformas españolas en estos últimos años ha traído consigo un apuntalamiento de nuestro prestigio como país. En este ámbito,
es importante destacar que la responsabilidad al cumplir los compromisos con nuestros socios ha redundado en nuestra credibilidad, nos ha devuelto el protagonismo antaño perdido en Europa y nos ha permitido liderar la defensa de cuestiones de gran
relevancia para los españoles como la lucha contra el paro juvenil o la financiación de las pequeñas y medianas empresas. España, en definitiva, ha dejado de ser un problema para Europa y ahora es parte fundamental en toda solución.
Similares consecuencias pueden extraerse en otros campos de nuestra proyección internacional: el reconocimiento de nuestro itinerario reformista en la reunión del G20 celebrada en Brisbane, la positiva redefinición de las Cumbres
Iberoamericanas o nuestro nuevo impulso al diálogo Euro-Mediterráneo en un área estratégica para nuestros intereses, son indicios elocuentes de una palpable mejora en la reputación y el prestigio internacional de España.
En este sentido, el gran voto de confianza que ha supuesto para nuestro país ser elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2015-2017 representa un espaldarazo a la coherencia de una política
exterior en la que España quiere ejercer el liderazgo de un actor responsable. Ejemplo de esa responsabilidad es nuestro compromiso en la defensa de la paz y las libertades en el mundo y la inestimable tarea que para ello desempeñan nuestras
Fuerzas Armadas; así como nuestros esfuerzos tan reconocidos en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la cooperación y la unidad como instrumentos imprescindibles para doblegar la que representa la amenaza del terrorismo yihadista. Una
postura que en nuestro país se ha visto ya plasmada en un Pacto de Estado con el principal partido de la oposición y en una proposición de Ley conjunta con ésta y otras fuerzas políticas, que incorpora medidas concretas para reforzar la lucha contra
el terrorismo y garantizar la seguridad de los ciudadanos, como fundamento esencial en el ejercicio de sus libertades. Como condición inherente a la democracia que nos ampara.
En este marco y desde estas perspectivas, el Gobierno se presenta al Debate sobre el estado de la Nación con voluntad de plantear un balance riguroso de su acción y las líneas maestras de su desempeño hasta el final de la Legislatura.
Comparece con actitud abierta y responsable, con voluntad de diálogo y debate, y con confianza en la actitud constructiva de los distintos grupos parlamentarios, que esperamos contribuyan a poner en valor la capacidad de superación demostrada por la
sociedad española, así como la vitalidad de nuestras instituciones y de la democracia que las ampara.