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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 511, de 09/09/2014
cve: BOCG-10-D-511
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de septiembre de 2014
Núm. 511
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002951 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas ante la persistencia de los ataques indiscriminados contra la población de Gaza por parte de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel ...
161/002967 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de los nacionales dominicanos de ascendencia extranjera en la República Dominicana ... (Página8)
161/002968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Desarme y No Proliferación Nuclear ... (Página10)
161/002980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la evaluación de los criterios de la política de fronteras Schengen en los puertos españoles y a potenciar, en particular, el
puerto de Palamós como nuevo puerto Schengen ... (Página10)
Comisión de Interior
161/002961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ejecución de un nuevo acuartelamiento destinado a la Guardia Civil en Ordes (A Coruña) ... (Página12)
161/002977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para impedir la utilización de presos en actividades mercantiles de empresas privadas que han ejecutado
expedientes de regulación de empleo ... (Página13)
161/002983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la lucha contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género ...
Comisión de Defensa
161/002958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la desafección para usos militares del Campo de Maniobras de San Gregorio y la posterior cesión de los terrenos a los
municipios afectados ... (Página15)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios ... (Página17)
161/002962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación de la ley en materia hipotecaria tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la normativa actual vigente en
España ... (Página18)
161/002973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la internacionalización de las empresas del sector de la salud especialmente en mercados emergentes ...
161/002990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la creación de nuevas líneas del ICO para la financiación de Pymes ... (Página21)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la devolución de las sanciones e intereses de mora a los emigrantes retornados con pensiones del extranjero, así como a la necesidad de cancelar la
tributación retroactiva ... (Página22)
Comisión de Fomento
161/002948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las infraestructuras en la Comunitat Valenciana ... (Página23)
161/002957 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre privatización de AENA y venta de los aeropuertos canarios ... (Página24)
161/002959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre inclusión de las obras necesarias en la mejora de la estación de ferrocarril de Aranjuez que eliminen las barreras que
dificulten o imposibiliten la accesibilidad universal al uso del transporte público de personas con discapacidad ... (Página26)
161/002963 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas para solucionar el problema de seguridad vial en la autovía A-8, en el tramo situado entre los municipios de Mondoñedo y Abadín (Lugo) ...
161/002971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar las infraestructuras de transporte en España como sector estratégico de desarrollo ... (Página28)
161/002975 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a restituir el servicio ferroviario de contenedores que existía desde la terminal de San Diego en A Coruña ...
161/002988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Autopista del Mar Gijón-Nantes ... (Página30)
161/002993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reparación y ampliación de la carretera Ordes-Cerceda por Mercurín (A Coruña) ... (Página31)
Comisión de Educación y Deporte
161/002952 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña ... (Página32)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre erradicación del trato discriminatorio a la mujer en el ámbito laboral ... (Página33)
161/002966 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a los bomberos que prestan sus servicios en cualquiera de
los distintos organismos, entidades y empresas o sociedades mercantiles públicas, como Navantia ... (Página34)
161/002979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre territorialización de los fondos procedentes del Fondo Europeo de Asilo, Migraciones e Integración (FAMI) dentro del Marco Financiero
Plurianual (MFP) 2014-2020 ... (Página35)
161/002982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan
responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción ... (Página37)
161/002989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para que los desempleados con anterioridad a abril de 2013 que hayan firmado un convenio especial puedan jubilarse a partir de los 61 años
... (Página39)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre paralización urgente de los proyectos de prospección e investigación de hidrocarburos en la costa catalana ...
161/002965 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para mejorar las condiciones de financiación de las líneas de innovación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) ... (Página42)
161/002969 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento del Big Data ... (Página43)
161/002974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para adaptar la Formación Profesional a los sectores productivos que lo necesiten ... (Página44)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002949 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre incremento de la cuota de pesca de atún rojo para Canarias ... (Página45)
161/002972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar la estructura organizativa del cultivo de la batata y la promoción de los diferentes usos alimenticios de esta producción ...
(Página47)
161/002976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas para aminorar los daños ocasionados a la agricultura ... (Página48)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre protocolo unificado de contención mecánica en centros hospitalarios y centros de salud mental ...
161/002955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a promover un gran acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia ... (Página50)
161/002981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo y aplicación del programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas ... (Página51)
161/002987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la infancia ... (Página53)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002953 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre intervención del Ejército israelí en la banda de Gaza ... (Página54)
Comisión de Cultura
161/002960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre aportación a los Consorcios de la Ciudad de Toledo y de la Ciudad de Cuenca en los Presupuestos Generales del Estado y la creación de los Consorcios de las
ciudades de Ávila, Salamanca, Segovia y Alcalá de Henares ... (Página56)
161/002978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la celebración del 750 aniversario del nacimiento de Ramón Muntaner ... (Página57)
161/002991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre rehabilitación de la ciudad romana de Clunia en Burgos ... (Página59)
161/002992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso a las inversiones para la protección del patrimonio histórico español a través del 1% cultural ... (Página60)
Comisión de Igualdad
161/002984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la lucha contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la protección de la maternidad de las mujeres con discapacidad ... (Página62)
161/002985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para que puedan viajar en el tren de Almería-Madrid las personas con silla de ruedas eléctrica ... (Página63)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/002015 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro Sanz Remón (GIP), sobre motivo por el que se declararon zonas de interés para la defensa nacional la base de
El Goloso (Madrid) y el Campo de tiro y maniobras de San Gregorio (Zaragoza) el día 20/06/2014 ... (Página64)
Comisión de Fomento
181/002031 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre ejecución presupuestaria de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en los años 2012 y 2013 del Ministerio de Fomento ...
181/002033 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de reclamaciones presentadas en las estaciones de RENFE en la provincia de Ourense por viajeros, entre los años 2011 a 2014 ...
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/002035 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre opinión del Gobierno sobre si es justo el cambio de criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación a las
jubilaciones a los 61 años ... (Página65)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/002013 Pregunta formulada por las Diputadas doña Laura Carmen Seara Sobrado y doña María Consuelo Rumí Ibáñez (GS), sobre situación en la que se encuentra la renovación de los acuerdos de pesca de la Unión Europea con terceros países que
son de interés para la flota pesquera de nuestro país, así como gestiones realizadas por el Gobierno de España ante la Unión Europea ... (Página66)
181/002032 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre dinero destinado a los proyectos Presa del Andévalo y otros, de la provincia de Huelva en los años 2012 y 2013 ...
Comisión de Igualdad
181/002034 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre motivo por el que sólo once de las víctimas de violencia de género registradas hasta la fecha en el año 2014, hayan presentado denuncia ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/002025 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre actuaciones en materia de integración laboral de personas con discapacidad durante el año 2012 ... (Página67)
181/002026 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si todas las empresas de más de 50 trabajadores cumplen con la cuota de reserva del 2 % para personas con discapacidad
... (Página67)
181/002027 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de actuaciones realizadas en materia de integración laboral de personas con discapacidad en el año 2013 ...
181/002028 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre comisión de las 162 infracciones que se produjeron en el año 2012 en empresas por incumplimientos en materia de discapacidad ...
181/002029 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de infracciones producidas en el año 2013 en empresas por incumplimientos en materia de discapacidad ... (Página68)
181/002030 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si las personas con discapacidad, después del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, están exentas del copago
farmacéutico ... (Página68)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu García, Diputado de AMAIUR, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la
persistencia de los ataques indiscriminados contra la población de Gaza por parte de las fuerzas armadas del Estado de Israel, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Ante la persistencia de los ataques indiscriminados contra la población de Gaza por parte de las Fuerzas Armadas del Estado Israel, que se han cobrado, al día de hoy, más de 600 víctimas inocentes que incluyen 154 niños, 58 mujeres y 38
ancianos, además de 3.640 los heridos, y que no pueden más que considerarse como graves violaciones del derecho internacional humanitario; y en particular el ataque a casas, hospitales e infraestructuras civiles. Además de tratarse de castigos
colectivos ilegales, que violan las leyes de la guerra que recogen la proporcionalidad.
La ONU, por su parte, ha advertido de que el número oficial registrado de desplazados internos por los bombardeos israelíes ha superado las 100.000 personas, el doble de lo esperado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
palestinos (UNRWA) en su plan de contingencia.
Necesario es tener en cuenta también que este es el tercer mayor bombardeo sobre Gaza desde que Israel sacó sus asentamientos en 2005 e impuso el asedio a la zona, que ha durado muchos años.
Hace diez años, la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre las 'Consecuencias Legales de la Construcción del Muro en los Territorios Palestinos Ocupados' declaró que la construcción de dicho muro era contraria a la
legalidad internacional y que Israel no podía apelar a su 'autodefensa' para la construcción del muro ya que los palestinos son un pueblo bajo la ocupación Israelí y por lo tanto no son una amenaza 'extranjera' tal y como lo entiende el artículo 51
de la Carta de Naciones Unidas.
Al considerar por tanto que estos bombardeos son un ataque contra la paz y contra cualquier esperanza de solución dialogada del conflicto y siendo un deber del conjunto de la comunidad internacional el presionar para que Israel desista de
los ataques y apueste por una solución del conflicto en el marco de las Resoluciones de NNUU, Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Requerir al Ministerio de Asuntos Exteriores de España la retirada temporal del Embajador de España en Israel, hasta que el Estado de Israel se avenga a finalizar los ataques contra la población de Gaza y apueste por una solución dialogada
en el marco de las Recomendaciones de NNUU.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de los nacionales
dominicanos de ascendencia extranjera en la República Dominicana, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La República Dominicana, según datos del censo realizado en 2010, cuenta con una población estimada de 9,3 millones de habitantes y una densidad de población de 196 habitantes por km2. Estos datos deben completarse con la población
inmigrante de origen haitiano, de la que no se poseen cifras concretas, aunque una estimación conservadora apuntaría la presencia de más de medio millón de haitianos en territorio dominicano.
El pasado 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional del país dictó una sentencia (168-13 sobre el caso de Juliana Deguis Pierre) que establece la pérdida de nacionalidad para un número importante de dominicanos de ascendencia extranjera,
en su mayoría haitiana. Concretamente, la sentencia ordena registrar como extranjeros a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929. Esto podría afectar a cuatro generaciones de personas
que, durante más de 80 años, fueron registradas como nacionales en virtud de la legislación vigente.
De ser así y dado que la norma debe aplicarse con carácter retroactivo, a los nacidos desde 1929, decenas de miles de dominicanos tendrían que hacer frente a una compleja situación que podría implicar la privación de derechos fundamentales,
como el acceso a los servicios de protección social básica, educación, empleo o el derecho al voto.
Esta sentencia ha segregado a la población nacional dominicana y ha provocado múltiples reacciones alrededor del mundo, desde organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y activistas de derechos humanos de numerosos países.
Diferentes organizaciones, reconociendo el derecho del gobierno de la República Dominicana de establecer sus propias políticas internas, aseveran que la mencionada sentencia entra en conflicto con otras anteriores, como la sentencia dictada
en 2005 por la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, que posee fuerza vinculante, así como posiciones y recomendaciones formuladas por Naciones Unidas en República Dominicana, ACNUR y en Consejo de Derechos Humanos de la ONU o la Comisión
Iberoamericana de Derechos Humanos (CIBD).
Esta última, invitada por el Gobierno dominicano, visitó el país en el mes de diciembre y realizó un estudio detallado, para someter a evaluación las consecuencias de la sentencia del TC y la situación a la que se enfrentan los ciudadanos
afectados por ésta, en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación y otros derechos y problemáticas relacionadas. Posteriormente, en el informe de observaciones preliminares publicado en el mes de
febrero, la CIBD afirmó haber recogido información preocupante sobre graves vulneraciones del derecho a la nacionalidad, la identidad, a la igualdad ante la ley y la no discriminación y expresa su voluntad de colaborar con el Estado en la búsqueda
de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares nacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, el informe de la comisión se compromete a analizar en
los meses siguientes, toda información al detalle, para elaborar un nuevo informe con conclusiones y recomendaciones.
Además, de acuerdo con las conclusiones de este informe, las autoridades del poder ejecutivo y del poder legislativo del país, expresaron a la CIBDH que reconocen la existencia de un problema respecto del ejercicio del derecho a la
nacionalidad por parte de personas dominicanas de ascendencia haitiana y la necesidad de encontrar una solución.
Por su parte, el pasado mes de febrero, el Consejo de DDHH de la ONU, que analiza el historial de cada uno de los 193 países de NNUU a través del examen periódico universal, se hizo también eco de este problema en su decimoctava sesión.
Recientemente, el pasado 15 de mayo, el Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, remitió oficialmente el proyecto de Ley 'que establece el régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente
en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización'. Este proyecto ha concitado un amplio apoyo de las instituciones, los partidos políticos, la sociedad civil y las personalidades consultadas, que se ha traducido en una aprobación por las dos
cámaras legislativas -Congreso y Senado- en menos de una semana.
La historia común entre República Dominicana y España constituye una sólida base para desarrollar unas muy buenas relaciones bilaterales en todos los ámbitos que se continúan potenciando con el tiempo a partir de los valores comunes
compartidos como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, el desarrollo de un multilateralismo eficaz y, en general, la búsqueda del bienestar de nuestros ciudadanos. En consecuencia
España, bilateralmente y en el marco de la UE y con ocasión del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, ha mostrado su preocupación por la situación de estos ciudadanos y se ha ofrecido a colaborar en la búsqueda de soluciones respetuosas con
los derechos humanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
- Manifiesta que por los vínculos afectivos, culturales, económicos y políticos que unen a España con la República Dominica ha seguido con interés y pleno respeto al carácter soberano de las decisiones adoptadas por los órganos
constitucionales del país la situación derivada de la sentencia de Tribunal Constitucional de la República Dominicana 168/13 y espera que una aplicación generosa y flexible de las disposiciones recogidas en la Ley 'que establece el régimen especial
para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización' brinde una solución respetuosa con los Derechos Humanos y los compromisos internacionales asumidos por la República
Dominicana.
E insta al Gobierno a:
- Colaborar con el Gobierno de República Dominicana, en el marco de las instituciones internacionales como NNUU, e CIDH y en el ámbito de la Unión Europea en la búsqueda de una solución que siendo respetuosa con los derechos humanos de sus
ciudadanos, mediante la aplicación generosa y flexible de los procedimientos legales previstos en la normativa legal en vigor en la República Dominicana y de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos del país de
una respuesta humanitaria a la situación generada.
- Animar al gobierno de la República Dominicana a tener en cuenta las resoluciones de NNUU en la materia y las recomendaciones de la CIDH, y apoyar una rápida aplicación de las medidas políticas, legislativas, judiciales necesarias para
encontrar una solución respetuosa con los DDHH, de conformidad con las normas y principios universales de derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Desarme y No Proliferación
Nuclear, para su debate la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Conscientes de las catastróficas consecuencias humanitarias que tendría cualquier uso de las armas nucleares y la necesidad de que todos los Estados cumplan el derecho internacional vigente, incluido el derecho internacional humanitario.
Con el deseo de confirmar el compromiso con las obligaciones adquiridas por España con la adhesión al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares como Estado no poseedor de Armas Nucleares en 1987, y reafirmar su deseo de avanzar hacia el
objetivo de un mundo sin armas nucleares.
Considerando que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares ha constituido la base de los esfuerzos concertados de la comunidad internacional desde 1968 para conseguir el desarme nuclear y evitar la proliferación, y que debe seguir
siendo la piedra angular de este proceso, avanzando hacia la consecución de todos sus objetivos y de su aplicación universal.
Con el objeto de que no se vuelva a repetir la tragedia que tuvo lugar en Hiroshima y Nagasaki, y podamos ofrecer a las próximas generaciones un mundo más seguro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reiterar el llamamiento a la universalidad del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, instando a aquellos países que no son Parte del mismo a que se adhieran al Tratado.
- Movilizar esfuerzos para cumplir el Plan de Acción acordado en el Documento Final de la Conferencia de las Partes del Año 2010 encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que representa un instrumento
capital para la consecución de todos los objetivos del Tratado, incluido el desarme nuclear, subrayando la importancia del cumplimiento del artículo VI, a través de pasos sucesivos.
- Subrayar la importancia de los Acuerdos de Salvaguardias amplias, suscritos con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, complementados con el modelo de Protocolo Adicional, de los que España es Parte, que constituyen el estándar
más elevado como medida de confianza de los usos pacíficos en la comunidad internacional.
- Continuar trabajando para poner fin de forma total e irreversible a los ensayos nucleares y a todo tipo de explosiones nucleares e impulsar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares para limitar la
carrera de armamentos, reducir el riesgo de accidentes derivados de la detonación experimental de artefactos nucleares explosivos, y para evitar daños medioambientales.
- Impulsar la negociación de un Tratado que prohíba definitivamente la producción de material nuclear fisible para armas nucleares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley relativa a la evaluación de los criterios de la política de fronteras Schengen en los puertos españoles y a potenciar, en particular, el puerto de
Palamós como nuevo puerto Schengen.
Antecedentes
El Convenio Schengen es un acuerdo alcanzado en 1984 por algunos países de la Unión Europea con el objetivo de suprimir los controles de las fronteras entre los países firmantes, crear una única frontera exterior donde se efectúan los
controles de entrada en el espacio de Schengen con arreglo a procedimientos idénticos, así como establecer una política y unas medidas comunes de cara a la seguridad de sus fronteras y la inmigración.
El Acuerdo Schengen ha permitido eliminar las fronteras que les separan a los Estados que lo han subscrito y, a sus ciudadanos les ha permitido viajar libremente entre dichos estados, sin necesidad de visados ni controles policiales y
aduaneros al dejar el territorio nacional de su país de origen o al entrar en otro estado perteneciente al Acuerdo Schengen.
Integran este acuerdo 22 Estados de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal,
República Checa, República Eslovaca y Suecia, más Croacia que se integrará en 2015, a los que hay que añadir 4 Estados no miembros: Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.
El acuerdo regula las fronteras interiores y exteriores. Las fronteras interiores están constituidas por las fronteras terrestres comunes entre los Estados suscribientes del acuerdo, los aeropuertos respecto a los vuelos internacionales y
los puertos marítimos con relación a los enlaces regulares de transbordadores con procedencia o destino exclusivamente en otros puertos de los territorios de los Estados contratantes y que no efectúen escala en puertos ajenos a dichos territorios.
Las fronteras exteriores están constituidas por las fronteras terrestres y marítimas, aeropuertos y puertos marítimos de los Estados contratantes que no sean fronteras interiores. Las fronteras exteriores solo podrán cruzarse por los pasos
fronterizos y por los puestos fronterizos exteriores habilitados, incluyendo los que correspondan a puertos y aeropuertos.
En este contexto resulta especialmente relevante determinar qué puertos y aeropuertos son considerados Schengen a los efectos de poder actuar como fronteras exteriores de este espacio, ya que en el momento en que dicha infraestructura
alcanza la consideración de punto fronterizo exterior o frontera Schengen, se incrementa su potencial como dinamizador de la actividad turística, económica y comercial internacional, alcanzando esta decisión a todo su territorio de influencia.
España forma parte del espacio Schengen desde el año 1991, hace 23 años, por lo que, desde la perspectiva portuaria, resultaría oportuno evaluar o hacer balance de los beneficios y capacidades que ha representado para cada puerto la decisión
de haber sido declarado puerto Schengen. Con el mismo objetivo, es preciso evaluar el potencial beneficio que supondría esta declaración para aquellos puertos, con actividad comercial y turística relevante, que hoy no tienen todavía la
consideración de puerto Schengen.
La decisión de determinar que un puerto es punto fronterizo Schengen y de articular las medidas e inversiones necesarias para poder cumplir con las obligaciones que ello comporta, puede tener importantes repercusiones en economías tan
abiertas como la española y la catalana en particular; esta decisión puede multiplicar la eficiencia con la que se gestiona la infraestructura portuaria y reportar evidentes efectos positivos sobre el territorio que la ubica. Este es el caso del
Puerto de Palamós, un puerto que en los últimos 5 años y a pesar de la crisis, ha incrementado en un 50% el volumen de mercancía embarcada y desembarcada, además de potenciarse como puerto turístico, recibiendo entre 30.000 y 40.000 pasajeros
anuales procedentes de cruceros turísticos.
Desde el año 2002, hace ya 12 años, el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado diversas iniciativas, tanto en el Congreso del los Diputados como en el Senado, para que el puerto de Palamós sea considerado puerto Schengen y pase a formar
parte de las fronteras exteriores, facilitando así la actividad económica que ello supondría tanto para el municipio como para las comarcas de Girona.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar ante las Comisiones de Exteriores y Fomento del Congreso de los Diputados, en el plazo de 3 meses, un informe sobre el tráfico de personas y mercancías en las actuales fronteras exteriores Schengen de los puertos españoles con
una evaluación cuantitativa y cualitativa de su eficacia y eficiencia.
2. Realizar, a la vista de las conclusiones del informe de apartado número 1, un plan de racionalización de los puertos con frontera exterior Schengen.
3. Realizar un Plan de impulso a aquellos puertos, que hoy no constituyen frontera Schengen, pero que más podrían potenciar su actividad en el caso de pasar a serlo.
4. Hacer las gestiones necesarias para reconocer al Puerto de Palamós (Girona) como frontera exterior del espacio Schengen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Interior
161/002961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un
nuevo acuartelamiento destinado a la Guardia Civil en Ordes, A Coruña (Galicia), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Ordes, A Coruña, consciente de la situación de precariedad en que se encuentran las dependencias de la Guardia Civil de dicha localidad, acordó colaborar con el Estado para proceder a la construcción de una nueva sede
donde alojar al Puesto de la Guardia Civil de la localidad.
Con este objetivo, el Ayuntamiento de Ordes ha realizado a lo largo de los últimos años todos los trámites necesarios para la adquisición de los terrenos donde ubicar el nuevo cuartel de la Guardia Civil y la cesión de los mismos al
Ministerio del Interior de forma gratuita. Este interés ha llevado al citado ayuntamiento a aprobar en el Pleno del 29 de septiembre de 2009 la cesión al Ministerio del Interior del solar número 22.734, de titularidad municipal, adquirido con
objeto de la construcción del nuevo cuartel.
Continuando esta línea de actuación, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Ordes, con fecha 25 de mayo de 2010, acuerda aprobar un protocolo de colaboración entre este Ayuntamiento y el Ministerio del Interior con objeto de iniciar la
construcción de un nuevo edificio destinado a alojar la casa cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad; protocolo firmado en Madrid con fecha de 7 de septiembre de 2010.
Durante la construcción del nuevo cuartel y para paliar las condiciones en que se encuentra la ubicación del cuartel de la Guardia Civil de Ordes, el Ayuntamiento cede, igualmente de forma gratuita, un local adecuado para alojar las
dependencias de dicho Cuerpo, ocupado por el mismo desde el mes de junio de 2009.
La redacción del Proyecto de ejecución del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Ordes cuenta con la conformidad de los servicios técnicos del Cuerpo y ha sido supervisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior
con fecha 14 de junio de 2010, siendo asumido tanto el importe relativo a la redacción como la Dirección Facultativa de la obra por el propio Ayuntamiento.
Tras estas gestiones y con fecha 14 de diciembre de 2010, se remite a la Oficina de Convenios de la Dirección de la Guardia Civil doble ejemplar del convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para la construcción de un edificio
de nueva planta destinado a cuartel de la Guardia Civil de Ordes con la firma del señor Alcalde de la localidad.
El 4 de marzo de 2011 el Ayuntamiento de Ordes recibe escrito del General Jefe de Servicios de Apoyo de la Dirección de la Guardia Civil, en el que comunica la imposibilidad de celebrar nuevos convenios durante el ejercicio de 2011 con las
Administraciones Territoriales y los Entes dependientes o vinculados con ellas, según el acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de enero de 2011.
Iniciada una nueva legislatura y con fecha 8 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Ordes remite una carta al Director General de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, en la que solicita mantener una reunión para
exponer y reiterar el interés del Ayuntamiento en la continuidad de los trámites iniciados para la construcción del nuevo acuartelamiento.
Hasta la fecha se desconoce la intención del Ministerio del Interior y, concretamente, de la Dirección General de la Guardia Civil, en relación con las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Ordes para proporcionar un alojamiento que
acoja debidamente al Cuartel de la Guardia Civil en Ordes ya que la Dirección General de la Guardia Civil no solo elude entablar las conversaciones precisas para exponer sus propuestas en torno al tema señalado, sino que continua utilizando los
locales cedidos por el Ayuntamiento de Ordes para alojar el Cuartel sin determinar, además, el uso que se dará a los terrenos adquiridos y cedidos por el municipio para la construcción de una nueva ubicación.
En relación con los locales utilizados en la actualidad, es importante señalar que la Guardia Civil abona en concepto de arrendamiento por los mismos tres mil euros al mes desde el 17 de febrero de 2012. Este compromiso tiene vigencia por
tres años ya que los citados locales serán utilizados como sede de la Policía Local del Ayuntamiento de Ordes cuando se cumpla el citado periodo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar los trámites precisos de forma que, en los próximos meses y antes de la finalización de 2014, se proceda a la ejecución del convenio firmado entre el Ministerio del Interior y el
Ayuntamiento de Ordes en relación con la construcción de un nuevo acuartelamiento destinado a la Guardia Civil en la citada localidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de !o establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para impedir la utilización de presos en actividades
mercantiles de empresas privadas que han ejecutado expedientes de regulación de empleo, para su debate en la Comisión de Interior.
Actualmente existe la posibilidad de alcanzar un convenio con prisiones que inserta el trabajo para entidades privadas en la política de reinserción social y prepara a los internos para su acceso al mercado laboral.
Este programa de reinserción se ha convertido en algunos casos en un negocio lucrativo. En la última memoria de Instituciones Penitenciarias, de 2012, se obtuvieron unos beneficios a nivel nacional de cinco millones de euros (con ventas de
162 millones de euros) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones, en total de 12.217 presos de los cuales 3.119 producían para empresas privadas.
Trabajar con prisioneros ahorra costes y de ello se benefician las empresas que han acometido despidos recientes.
Este es el caso, entre otros de la empresa multinacional de piezas para autolavado de vehículos Istobal, que según distintas informaciones está utilizando a 14 internos del módulo 9 de la Unidad de Cumplimiento de la prisión de Picassent a
tres euros la hora de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas y algún que otro sábado. Esta empresa ejecutó el año pasado un ERE que afectó a 27 trabajadores y en 2011 ya despidió a 53 empleados.
Estos presos se dedican al montaje de complementos de la empresa: alfombrillas, aspiradores o pequeñas máquinas. Cobran entre 300 y 350 euros al mes. La empresa se ahorra el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la
Seguridad Social, que corren por cuenta de la administración. Y todo ello gracias al convenio establecido con la entidad Estatal de Derecho Público, dependiente de Instituciones Penitenciarias.
Según la empresa, gracias a esta medida se ha vuelto a ser competitivo y rentable y no se ha cerrado la línea de producción, lo que hubiera supuesto una pérdida superior de puestos de trabajo, y desmiente, al tiempo, el salario que se aporta
a los presos, indicando que es más del doble de los tres euros.
Esta empresa no es la única que utiliza este convenio. Así, en la misma prisión, la valenciana Industrias Ochoa de Riba-roja tiene contratados 150 internos de otros módulos para producir abrazaderas destinadas a la multinacional Hilti.
Pero Istobal es la única empresa colaboradora con Picassent que ha presentado dos ERES, aunque no la única que también tiene convenio con Instituciones Penitenciarias y ha despedido a trabajadores. El sindicato de prisiones Acaip dio a
conocer que en las cárceles Ocaña I y II en Toledo, cada día entre 50 y 60 trabajadores de la empresa multinacional alemana Merak con factoría en Getafe, acuden a trabajar junto con unos 250 presos para ensamblar aparatos de aire acondicionado para
trenes. Empresa que desde 2009 ha despedido en España a un total de 73 de sus 450 trabajadores.
Estas actuaciones además están siendo objeto de polémica en materia de seguridad en las citadas prisiones
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que las empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo y/o despedido a trabajadores no puedan alcanzar un convenio con
prisiones de forma que ni puedan utilizar infraestructura penitenciaria ni a internos para el desarrollo de su actividad productiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
avanzar en la lucha contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La 'Hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género', aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 4 de febrero de 2014, alienta a la Comisión y los Estados miembros a
recopilar de forma regular datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGBTI en la UE, la formación y el refuerzo de capacidades en los organismos nacionales que trabajan en pro de la igualdad y otras organizaciones encargadas
de promover y proteger los derechos fundamentales de las personas LGBTI, así como a esforzarse por sensibilizar a la ciudadanía con respecto a los derechos de las personas LGBTI.
Así mismo señala que la Comisión debe vigilar y prestar asistencia a los Estados miembros en relación con las cuestiones que atañen de manera específica a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género al aplicar la
Directiva 2012/29/UE, sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en particular si estos están motivados por prejuicios o discriminación que puedan estar relacionados con las características personales de las víctimas.
Señala el Informe que la Comisión debe facilitar el intercambio entre los Estados miembros de las buenas prácticas adoptadas en ellos en materia de formación y educación de las fuerzas del orden, los ministerios fiscales, los magistrados y
los servicios de apoyo a las víctimas.
Solicita de la Agencia de los Derechos Fundamentales que preste asistencia a los Estados miembros para que mejoren la recopilación de datos comparables relativos a los delitos cometidos por odio contra homosexuales y transexuales. Y
solicita a los Estados miembros que registren e investiguen los delitos cometidos por odio contra las personas LGBTI y adopten una legislación penal que prohíba la incitación al odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.
En nuestro país, los datos hechos públicos por la Secretaria de Estado de Interior ponen de manifiesto que la mayoría de los ataques en España se producen por la orientación sexual y la identidad de género. Esas cifras señalan que, durante
los seis primeros meses de 2014, ha habido ya en nuestro país 235 incidentes motivados por la orientación o identidad sexual. Estas acciones de odio se traducen en abusos y agresiones sexuales, lesiones, amenazas, hurtos y violaciones. Estos datos
incluyen los delitos contabilizados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policía Local, a falta de los balances de la Policía Autonómica Vasca y de los Mossos d'Escuadra que se presentarán a final de año.
La tendencia de estos datos es similar a la que se presentó el año pasado en el primer balance que hizo el Ministerio del Interior sobre delitos de odio en España, que señalaba que durante el año 2013 el número de delitos de odio acontecidos
en España ascendió a 1.172. Los delitos por orientación o identidad sexual volvían a obtener los datos más altos, con 452 casos identificados en nuestro país durante ese periodo.
Si de acuerdo con las estimaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea entre el 80% y el 90% de los incidentes de odio no se denuncian, estamos asistiendo a un fenómeno preocupante ante el que los poderes
públicos deben actuar con rapidez y contundencia.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de 6 meses, presente un Plan Integral para la protección y atención a las víctimas de delitos de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género, de acuerdo
con las consideraciones establecidas en el Informe sobre 'La Hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género', aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 4 de febrero de 2014.
Este Plan debe abordar un refuerzo del papel de las fiscalías que, por su especialidad, deban conocer de estos delitos, así como contemplar una mayor formación en delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, para jueces y fiscales, y en el ámbito educativo.
Asimismo, se insta al Gobierno a que inste a la Unión Europea para que ponga en marcha lo antes posible las actuaciones establecidas en la 'La Floja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género', a fin de garantizar el derecho a la seguridad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de agosto de 2014.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desafección para usos militares del Campo de Maniobras de San
Gregorio y la posterior cesión de los terrenos a los municipios afectados, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El campo de tiro y maniobras San Gregorio ocupa 33.839 hectáreas, de las que 28.925 corresponden al término municipal de Zaragoza (un tercio de todo su término municipal), 1.724 a Villanueva de Gállego, 1.649 a Tauste, 332 a Castejón de
Valdejasa, 187 a Torres de Berrellén y 33 a Zuera. En total tiene 108 kilómetros de perímetro y sus repercusiones en el entorno, sobre todo teniendo en cuenta que está situado junto a Zaragoza, capital de la comunidad aragonesa, son perpetuas.
El campo genera numerosos perjuicios para la ciudad y los municipios colindantes al campo, tales como un impacto considerable de las maniobras militares en el medio ambiente: ruidos, erosión provocada por el desplazamiento de personas y
vehículos pesados sobre suelos muy frágiles y por los impactos de proyectiles, destrucción del patrimonio natural, cultural y arqueológico, generación de residuos altamente contaminantes (combustibles, restos de munición, elementos químicos...);
produce una limitación de uso y/o de diseño de las infraestructuras actuales y futuras (agua y vertidos, vías interurbanas, carreteras, autovías, ferrocarril). Entre las molestias a los vecinos están la caída de paracaidistas en urbanizaciones
colindantes, el vuelo rasante de helicópteros, los ejercicios en la zona del Galacho de Juslibol, un humedal declarado 'Zona natural protegida', y el escape de varios proyectiles del campo (uno de ellos impactó en un bloque de viviendas sin causar
víctimas). Sucesos trágicos son la muerte de soldados y civiles en varios accidentes e incógnitas preocupantes como las dudas sobre la naturaleza de los materiales con los que está fabricada la munición que allí se prueba y por lo tanto de los
restos que permanecen en el terreno.
Todos los efectos negativos que el uso militar del campo de maniobras ejerce sobre el ecosistema y sobre los núcleos habitados, desaparecerían desde el mismo momento de la paralización de las actividades militares como paso previo al
desmantelamiento de las instalaciones. Eso sí, todavía quedaría un largo trabajo de estudio real de los impactos en el ecosistema y una limpieza ambiental profunda y completa, con el fin de poder utilizar los terrenos rescatados para la
agricultura, la ganadería, el ecoturismo y otros usos sociales. Además, esta descontaminación generaría un número significativo de empleos. No queremos que se repita el drama del incendio de 2009, cuyas cicatrices todavía se perciben en los
pueblos afectados, a la espera de las ayudas económicas para la regeneración ambiental que prometió el ministerio.
En esta dirección hemos de enmarcar los acuerdos plenarios suscritos hace apenas 2 años por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza o la comarca de la Ribera Baja del Ebro, y otros municipios afectados, mediante los
cuales se solicita al ministerio de defensa la desafección de parte del terreno comprendido en San Gregorio para uso civil, concretamente para la actividad turística en una zona concreta.
Lejos de tener nada de esto en cuenta, el Gobierno de España declaró el viernes 20 de junio de 2014, zonas de interés para la defensa nacional la base de El Goloso (Madrid) y el Campo de tiro y maniobras de San Gregorio (Zaragoza), con el
fin de protegerlas y garantizar que las Fuerzas Armadas alcancen los objetivos de adiestramiento para cumplir las misiones asignadas. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó sendos Reales Decretos para preservar estas propiedades militares y sus
instalaciones de cualquier actuación que pudiera afectarlas. Esta aprobación se hace en virtud de la Ley de 1975 que recoge el régimen jurídico de las zonas de interés para la defensa nacional, que en su artículo 2 dispone que 'se denominan zonas
de interés para la Defensa Nacional las extensiones de terreno, mar o espacio aéreo que así se declaren en atención a que constituyan o puedan constituir una base permanente a un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o defensivas necesarias para
tal fin'.
Arroja esta declaración nuevos interrogantes, y camina en la dirección contraria al sentir general de los pobladores de la zona y sus instituciones al incrementarse el control militar de la zona con nuevas restricciones para otros usos.
El hecho de convertir estos espacios en zonas de interés para la defensa nacional alerta sobre 'nuevas' necesidades en materia de defensa que al parecer tiene nuestro país y que, a buen seguro, responderán una vez más a los intereses
estratégicos de la OTAN. En un momento como el actual de incremento de la tensión a escala internacional esta declaración no podía sino generar alarma sobre los motivos que la inspiran.
Izquierda Plural, en consonancia con distintas organizaciones sociales, y totalmente en contra de lo dispuesto por el Gobierno de España, propone un proyecto alternativo de uso de los terrenos que ocupa el Campo de Tiro y Maniobras de San
Gregorio. Es un espacio que posee un gran valor medioambiental y patrimonial, con el acceso vetado a la ciudadanía que es la que sufre las molestias que genera el uso
militar y, además, es una amenaza real para la ciudad de Zaragoza y los municipios cercanos al campo desde múltiples puntos de vista.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda:
Exigir al Gobierno de España la desafección para usos militares del Campo de Maniobras de San Gregorio, su restauración ambiental completa y la posterior cesión de los terrenos a los municipios afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2014.-Álvaro Sanz Remón, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con la eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
En un informe de Bankia, remitido a la CNMV, se anuncia que desde el pasado mes de abril no se incluyen cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios, que hasta ahora las había mantenido.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó las cláusulas suelo en BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco, los Bancos han ido retirando estas cláusulas de los nuevos préstamos, y en algunos casos han ido negociando con los clientes su
eliminación en los préstamos vivos. El Banco de Santander decidió, a las pocas semanas de la sentencia, eliminar los tipos de interés mínimos que tenían los contratos de préstamo heredadas de Banesto.
El Banco de España planteó la prohibición total de las cláusulas suelo, aunque únicamente reclamó a todas las Entidades el impacto que podría tener en sus cuentas la eliminación para toda la cartera hipotecaria. Algunos analistas han
calculado que la eliminación total de las cláusulas suelo, supondría una reducción de los ingresos bancarios, entre un 15% y un 18%, unos 4.300 millones de euros.
El Gobierno sigue sin tomar medidas para hacer extensible los criterios fijados por el Tribunal Supremo, dando la espalda a los millones de afectados por las cláusulas suelo en beneficio de los Bancos. La inacción del Gobierno, en favor de
los Bancos, obliga a los afectados a acudir a la vía judicial, como única alternativa. Una vía judicial en curso que es costosa y lenta. Estas familias están pagando de más, todos los meses, una media entre 200 y 300 euros, por las cláusulas suelo
que tienen colocadas en sus hipotecas. La eliminación de estas cláusulas suelo evitarían muchos desahucios y la situación de insolvencia que padecen muchas familias.
El Tribunal Supremo, en su sentencia 241/2013, declaraba la legalidad de las cláusulas suelo y sustentaba su nulidad en la falta de transparencia durante la comercialización de los préstamos hipotecarios. Considera que no es suficiente con
que sean comprensibles, sino que además los consumidores deben ser informados de que cuando el tipo de interés baja, el préstamo se transforma en préstamo a tipo de interés fijo y no pueden aprovecharse de la bajada de tipos, que en estos momentos
son históricos a la baja, estableciendo simulaciones y marcos futuros previsibles. También deben ser informados de forma clara y destacada, sin que puedan pasar inadvertidas al consumidor, no pudiendo figurar como condiciones secundarias en el
contrato de préstamo.
Estas condiciones no se han cumplido en casi la totalidad de los préstamos hipotecarios que tienen las cláusulas suelo. Por ello, si las entidades bancarias no las eliminan de forma voluntaria, el Gobierno debe de establecer una normativa
que posibilite su eliminación.
El Grupo Parlamentario Socialista pretende que las entidades financieras eliminen, a iniciativa propia, las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, tanto de viviendas, como de locales dedicados a la actividad empresarial. Para ello,
el Banco de España debe de actuar de oficio en la revisión de los préstamos hipotecarios que mantienen cláusulas suelo e informar sobre la transparencia y el cumplimiento de los requisitos exigibles por la citada sentencia.
En caso contrario, el Gobierno debe promover cambios normativos para obligar a los Bancos a demostrar que se cumplen con los requisitos fijados por el Tribunal Supremo. De no hacerlo, serán declaradas nulas y conllevarán la devolución del
dinero al deudor pagado de más por el cliente.
Por sentencias judiciales se han eliminado alrededor de 740.000 cláusulas suelo de otros tantos contratos hipotecarios, pero aún existen en España más de 3,2 millones de cláusulas suelo.
Bankia, entidad bancaria con mayoría de capital público, indica en el informe citado que no tiene valorado el impacto que supondría la eliminación de las cláusulas suelo, atendiendo a los criterios fijados por el Tribunal Supremo. La
entidad de crédito indica que en la actualidad el 5% de sus hipotecas tienen cláusulas suelo, unos 40.000 préstamos por un montante de 3.200 millones de euros. También reconoce que otro tipo de préstamos, por valor de 900 millones de euros, tienen
cláusulas suelo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas normativas necesarias al objeto de eliminar las cláusulas suelo en la totalidad de los saldos vivos de préstamos hipotecarios, tanto de viviendas como de locales afectos a
actividades económicas, de todas las entidades de crédito y, en especial, de aquellas entidades que han recibido ayudas públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la necesidad de modificar la ley en materia hipotecaria tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la normativa actual vigente en el estado español, para su debate en la Comisión de Economía.
Exposición de motivos
En mayo de 2013, el partido en el Gobierno aprobaba en solitario la ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Se negó a aceptar las propuestas
contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso con un millón y medio de firmas, así como otras propuestas formuladas por formaciones políticas como el BNG como la dación en pago, entre otras alternativas.
El drama de los desahucios pervive, y aunque parece que ha dejado de ser un centro de atención mediática, el problema no ha desaparecido. Muchas familias y personas continúan siendo desahuciadas de sus casas por no poder hacer frente al
pago de las deudas hipotecarias.
De hecho, los últimos datos del informe del departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, con datos del primer trimestre de 2014, apuntan a que la cifra de lanzamientos (desalojos por mandato judicial de viviendas y
locales, tanto en propiedad como en alquiler) practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013, pero un 7% más que en el último trimestre del año pasado.
La ley del PP no funciona, no ha servido para atajar el problema y dar un trato más humanitario y social a las personas y a las familias que viven estas duras situaciones.
Hace un año, cuando se tramitó la ley, el BNG se mostró muy crítico porque considerábamos que el Gobierno estaba adoptando una posición minimalista, consistente aplicar simples parches a un problema que requería ir al fondo del asunto. En
su momento, advertimos al Gobierno de que se quedaba en la superficie y de que no estaba atendiendo debidamente el drama social que viven miles de personas por no poder soportar más el pago de sus hipotecas debido a causas económicas derivadas de la
grave crisis existente.
Un año más tarde, el Tribunal de Justicia de la UE dicta una sentencia que manifiesta que la actual legislación hipotecaria del estado español vulnera los derechos fundamentales de las personas, y sitúa al deudor hipotecario en una situación
de desigualdad. La sentencia demanda al Gobierno español que modifique la legislación, es decir, la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El TJUE en su sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Denuncia que se limita el derecho a la defensa de los deudores al negarles la posibilidad de recurrir en segunda instancia, permitiendo que los bancos
sí lo puedan hacer, lo que evidencia una clara desigualdad de las partes en el procedimiento. Una ley que no ampara a la parte más débil.
Nos encontramos con la paradoja de que la ley no sólo no ha resuelto el problema, sino que incluso ha provocado un caos procesal. Consideran los jueces que la ley deja en inferioridad de condiciones a los hipotecados frente a las entidades
financieras ya que no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables. En cambio los bancos sí pueden. Se trata de una clara discriminación.
La sentencia del TJUE debería llevar al Gobierno a aprobar definitivamente una legislación justa que recoja la moratoria de desahucio, la dación en pago retroactiva o la opción a alquiler social como alternativa a una situación grave.
El Gobierno debería darse por aludido puesto que se trata de la segunda condena en un periodo de un año del Tribunal de Justicia de la UE a la ley hipotecaria del estado español.
Consideramos desde el BNG, que el Ejecutivo español debe tomar nota de la demanda que le realiza el TJUE, quien le pide que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil (año 2000), con el objetivo de que los afectados por procesos de ejecución
hipotecaria puedan oponerse a una resolución judicial desfavorable, en cumplimiento con la directiva de protección de los consumidores de la UE de 1993.
La sentencia del Tribunal europeo de Luxemburgo tiene su origen en la cuestión planteada por el presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, en relación a las posibilidades de una persona afectada por una
ejecución hipotecaria para recurrir sentencias. Al final, los jueces de Luxemburgo concluyen que los deudores tienen menos posibilidades de oponerse a decisiones desfavorables que los bancos.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que indica que la legislación española en materia hipotecaria vulnera los derechos fundamentales de las personas, sitúa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad, y emplaza al
Gobierno español a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil, se insta al Gobierno a:
1. Modificar la actual legislación en materia hipotecaria, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, a fin de terminar con la
discriminación que sufren los deudores hipotecarios frente a las entidades bancarias por negarles la posibilidad de recurrir en segunda instancia determinadas resoluciones desfavorables que si se permite a los bancos.
2. Cambiar la ley en materia hipotecaria, partiendo del principio recogido en la sentencia del TJUE que reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica, de modo que se contemplen medidas como la moratoria de desahucio, la
dación en pago retroactiva o la opción a alquiler social como alternativa a una situación grave.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar la
internacionalización de las empresas del sector de la salud especialmente en mercados emergentes, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
En los últimos años, el comercio exterior y la internacionalización de las empresas se han mostrado como una vía de supervivencia y crecimiento para las empresas españolas. Hasta hace poco tiempo, la excesiva concentración geográfica de los
mercados de destino como el europeo suponía un estancamiento para el aumento de las ventas de nuestros productos. Aquí es donde la exportación de nuestros productos a mercados emergentes como el asiático ha permitido diversificar los niveles de
riesgo que supone la concentración geográfica en el destino de las exportaciones. Dentro de esos mercados asiáticos en desarrollo, China se presenta como el gran reto de muchos de los sectores exportadores españoles.
Desde hace varias décadas, China está experimentando una profunda transformación demográfica. El hecho de contar con una población con más de 1.350 millones de habitantes ha provocado distintos fenómenos que han acabado por convertirse en
oportunidades para las empresas extranjeras que son capaces de introducirse en un mercado con tanto potencial de crecimiento. Y este es el caso del sector de la salud. El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, y el
progreso económico han creado un escenario propicio para el desarrollo de un mercado como es el de la industria sanitaria.
En 2009 se inició una importante reforma del sistema sanitario chino que supuso la inversión por parte del Gobierno de 371.000 millones hasta el año 2012.
Es cierto que pese al aumento significativo del presupuesto destinado a poner en marcha esta reforma sanitaria, China continúa siendo un país con elevadas barreras de entrada de las denominadas como barreras no arancelarias, tales como las
infinitas trabas administrativas y legislativas o el excesivo proteccionismo para la inversión extranjera frente a la falta de protección en lo relativo a la propiedad intelectual.
Por eso, es de valorar el anuncio que llevó a cabo el primer ministro chino en agosto de 2013 comprometiéndose a suavizar las restricciones que todavía existen a la hora de invertir en el gigante asiático para animar la inversión extranjera
en el sector de la salud, conscientes de los problemas que puede provocar en el futuro la carencia de servicios en el sector sanitario. Este anuncio de relajación de las barreras a la inversión junto con la mencionada necesidad de crear un sistema
sanitario capaz de cubrir las necesidades de uno de los países más poblados del mundo y la existencia de informes que aseguran que el gasto de China en sanidad se triplicará en los próximos seis años hasta alcanzar los 900.000 millones de dólares,
hace que se considere oportuno poner el foco de atención de nuestras empresas sobre este mercado.
A todo esto debemos sumarle la contrastada experiencia de las empresas españolas del sector sanitario que incluye a empresas con ofertas muy variadas, lo que otorga a esta industria de un gran potencial para abordar los retos del mercado
chino. Estas empresas abarcan ámbitos de actuación sanitaria que van desde la industria farmacéutica, la tecnología y el equipamiento, la biotecnología o los sistemas de gestión, y en los que nuestras empresas son líderes mundiales. Asimismo,
España es el quinto exportador mundial de tecnología sanitaria.
El valor de nuestras ventas exteriores alcanzó los 2.081 millones de euros en 2013, un 5,4% más que el año anterior. Los países de la UE-15 representan el 60% del destino de nuestros productos. En cuanto a China, es nuestro duodécimo
cliente con unas ventas equivalentes a 38 millones de euros, el 1,8% de las exportaciones. Datos como estos reflejan el potencial de crecimiento que tienen las empresas españolas del sector sanitario en el mercado chino, donde nuestro porcentajes
de exportación todavía son reducidos en comparación con los volúmenes de ventas al mercado europeo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar la internacionalización y potenciar las exportaciones de las empresas del sector de la salud especialmente en mercados emergentes como China.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002990
A la Mesa de la Comisión de Economía y Competitividad
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancias de la Diputada doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la creación de nuevas líneas del ICO para la financiación de Pymes, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La labor del ICO es especialmente importante en la actualidad. Debería tener entre sus principales objetivos promover activamente la desbancarización de nuestra economía. Es esta una de las asignaturas pendientes que dificulta la
recuperación del crédito y la salida de la crisis. Mientras no se resuelva este problema, será más difícil que se vuelva a generar empleo sustancialmente por nuestras Pymes, las cuales resultan imprescindibles (debido a su número) para crearlo en
las cantidades urgentemente necesarias.
Las Líneas ICO-PYME, principal producto de ICO, no resuelven la falta de crédito que sufren nuestras empresas, ni promueven la desbancarización, ya que la decisión de otorgar el crédito o no depende en última instancia de la entidad
mediadora (Banco), quien asume en la mayoría de los casos el riesgo de impago.
UPyD cree que el ICO debe fomentar la desbancarización de nuestra economía, permitiendo el desarrollo de otras entidades reguladas no bancarias, como son los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC). Regulados por Banco de España desde
1996, son entidades dedicadas a realizar operaciones de crédito en un ámbito muy específico: leasing, factoring, crédito al consumo, tarjetas, etc. Se diferencian de las entidades financieras tradicionales en que no pueden captar depósitos.
De esta forma, se fomentarían productos como el factoring (para mejorar el circulante y, por tanto, la liquidez a corto plazo de la empresa) y el leasing (para fomentar la inversión en bienes de equipo, que les permita mejorar y aumentar su
capacidad productiva). Estos dos productos son básicos para el desarrollo de cualquier Pyme.
Sería, por ello, importante para nuestro tejido productivo crear dos Líneas nuevas: lCO Pyme Leasing e ICO Pyme Factoring, en la que los mediadores no sólo fueran los bancos, sino los mencionados EFC, cuyo objeto social se circunscribe a
estos productos. Al tratarse de productos con baja tasa de morosidad (en el leasing normalmente se tiene como garantía real el bien de equipo que se financia y en el factoring se tiene recurso contra el cedente) el ICO debería implicarse más,
asumiendo el riesgo de impago o parte de éste.
Estas nuevas Líneas ICO ayudarían a que la dependencia de las Pymes respecto a sus bancos fuera menor, facilitando el acceso a nuevas fuentes de financiación no tradicional y dinamizando la financiación no bancaria, al incorporar a las EFC
como agentes mediadores.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Gobierno dará instrucciones al ICO para la creación de dos nuevas Líneas de crédito para Pymes (ICO Pyme Leasing e ICO Pyme Factoring) en las que los Establecimientos Financieros de Crédito puedan actuar como mediadores. En ellas, el
ICO asumirá parte del riesgo de impago.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la devolución de las sanciones e intereses de mora a los emigrantes retornados con pensiones del extranjero y relativa a la necesidad de cancelar la tributación retroactiva.
Exposición de motivos
La Agencia Tributaria generó un gran problema cuando desde hace más de un año decidió sancionar a miles de emigrantes retornados por no haber tributado por las pensiones que perciben del extranjero cuando desconocían absolutamente que debían
hacerlo.
Además de sanciones, les aplicó intereses de mora. Después de una larga lucha social de este enorme colectivo de personas afectadas, solo en Galicia más de 25.000, y de la labor política de formaciones como el BNG que desde el primer
momento presentamos iniciativas en el Congreso instando al Gobierno a rectificar una política injusta, Hacienda ha decidido por fin corregir este modo de proceder y devolver el importe de las sanciones y de los intereses de mora aplicados.
A las puertas de la citas electorales del 2015 el Gobierno modifica en parte una injusta situación generada por la propia Administración de Hacienda que podía haber actuado de otro modo desde el inicio. Procediendo en primera instancia a
ofrecer información a los afectados antes de optar por el puro afán recaudatorio que practica fácilmente con los colectivos sociales más vulnerables pero que pasa por alto cuando se trata de las grandes fortunas o las grandes empresas.
A pesar de esta rectificación, el colectivo de emigrantes retornados considera que no se ha corregido del todo una abusiva situación. La Agencia Tributaria anunció la apertura de un plazo de seis meses para regularizar las declaraciones de
las pensiones del extranjero percibidas entre el año 2008 y el 2013.
Estos pensionistas consideran que Hacienda debería cancelar la tributación retroactiva puesto que queda demostrado que el hecho de no haber tributado sus pensiones del extranjero se debió a la falta de información.
La reforma fiscal del Gobierno aprobada en el Consejo de Ministros del 2 de agosto, se contemplan algunas medidas en relación a este tema, pero que se reducen al establecimiento de un periodo de regularización durante los primeros seis meses
del año 2015.
El Ministerio de Hacienda debería regirse por criterios de justicia y equidad en casos como el descrito puesto que no estamos hablando de grandes fortunas, ni de grandes compañías o multinacionales, estamos aludiendo a un colectivo de
pensionistas que en el actual contexto de crisis económica está haciendo frente a las situaciones de desempleo de hijos, nietos o familiares. Para muchos de ellos, les resulta verdaderamente complicado o imposible afrontar en el actual momento una
imposición retroactiva porque no poseen recursos económicos suficientes.
Si bien es cierto que ha habido un cambio por parte de la Administración tributaria, consideramos que es necesario estudiar también la cuestión relativa a la imposición retroactiva. Queda claro que este tema precisa de las modificaciones
normativas necesarias para proporcionar una legislación clara, objetiva y que evite la doble imposición. Mientras no se resuelve reglamentariamente, sería pertinente que el Ministerio paralizase todo lo relativo al tema de la tributación de las
pensiones percibidas del extranjero, cancelando la imposición retroactiva.
Además, el otro argumento para que el Ministerio paralice esta cuestión, es la posible discriminación en la que estaría incurriendo al aplicar una tributación diferenciada de la que se aplica al resto de pensionistas del Estado. Por tanto,
se estaría practicando un trato fiscal injusto y desigual.
El BNG registró hace tiempo una proposición de ley, destinada a la reforma de la Ley 35/2006, del 28 de noviembre, del impuesto de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de impuestos sobre sociedades, para clarificar el
tema de la tributación de las pensiones públicas percibidas de Estados con los que existe Convenio de doble imposición a fin de solucionar normativamente este tema.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Devolver de oficio a todos los emigrantes retornados con pensiones del extranjero las cantidades correspondientes a las sanciones e intereses de mora aplicados por no tributar dichas pensiones, y también las cantidades en concepto de
principal o deuda tributaria.
- No aplicar la imposición retroactiva a los miles de emigrantes retornados con pensiones del extranjero dada la inexistencia de una norma clara, y probado el problema mayúsculo generado por el propio Ministerio de Hacienda.
- Proceder a la modificación de la ley 35/2006, del 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de impuestos sobre sociedades, para clarificar de manera objetiva y justa la
tributación de las pensiones públicas percibidas por emigrantes retornados de estados con los que existe Convenio sobre Doble Imposición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/002948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre las infraestructuras en la Comunitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La inversión regionalizada para la Comunitat Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 es de 605,80 M (sólo el 6,2% del total. Nacional: 9.787 M) y que supone una inversión de 121,4 /hab, frente a una media nacional
de 209,55 /hab.
Si nos fijamos en la licitación de obra, en la Comunitat Valenciana ha disminuido hasta un -88,17% entre 2007 y 2013. Pasando de 4.978,19 M (2007) a 589,01 M (2013). Esta disminución supone diez puntos porcentuales por encima de la media
nacional.
Si consideramos el Ratio Inversión/habitante en los últimos quince años en todos ellos ha sido claramente insuficiente y por debajo de la media.
Conscientes de esta situación el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, y Navegación de la Comunidad Valenciana, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de
Empresarios, la Confederación de Empresarios de Castellón, la Confederación Empresarial Valenciana, la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana, los Contratistas de Obras de la
Administración, y la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, acordaron el pasado 7 de julio un documento sobre prioridades de Infraestructuras en la Comunitat Valenciana.
Compartiendo las propuestas que realizan las organizaciones empresariales,
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Consensuar con la Generalitat Valenciana y los agentes sociales un mapa de prioridades en materia de infraestructuras, en que se incluirían en todo caso estas 10:
Infraestructuras ferroviarias:
1. Estricto cumplimiento de plazos convenidos con Fomento en los trazados Barcelona-Tarragona-Castellón-Valencia-Alicante-Murcia del Corredor Mediterráneo de mercancías (tanto en ancho UIC-internacional, como en ancho Ibérico) como
pasajeros (en UIC-larga distancia AVE y cercanías Ibérico), incluyendo la prolongación del túnel de Serrería en la ciudad de Valencia.
2. Obras de mejora de la actual conexión Ferroviaria Sagunto-Zaragoza, acometiendo ya las Infraestructuras necesarias (trazados pendientes, obras de fábrica) telecomunicaciones, etc., para alcanzar una explotación comercial rentable.
3. Conexión Ferroviaria en ancho UIC, a los principales puertos (Castellón/Villarreal, Sagunto/Puerto Sagunto, Valencia y Alicante).
4 Plataformas intermodales igualmente conectadas al Corredor Mediterráneo (Castellón/Villarreal Sagunto/Parc Sagunt, Fuente San Luis/Valencia, comarcas centrales de Valencia (La Costera/Vall d'Albaida), Alicante-Elche, (Villena/Vega Baja).
5. Iniciar el tren de la costa. Gandía-Oliva-Denia y desde Alicante a Benidorm y Alicante-Torrevieja.
Infraestructuras viarias:
6. Corredor viario de la Comunitat Valenciana, que permita estructurar y conectar los espacios productivos del norte al sur de la Comunidad.
7. Mejora de accesos y conexión de las zonas productivas con las principales vías de comunicación.
8. Mejora de accesos a los puertos y aeropuertos.
9. Mejora de acceso a las principales zonas turísticas.
Infraestructuras hidráulicas:
10. Solucionar el déficit hídrico estructural que padece la Comunitat Valenciana.
2.º Tomar las medidas presupuestarias oportunas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y siguientes para garantizar que las prioridades establecidas se cumplan. Para ello:
a) Se establecerá un plazo de ejecución de 10 años para lo cual es necesario que en los 5 próximos años estén licitadas no menos del 75% de las obras.
b) Se destinará al menos el 10% del presupuesto estatal tanto por vía presupuesta como extrapresupuestaria a la Comunitat Valenciana en consonancia con su PIB (9,5%) y población (10,67%).
3.º El Gobierno deberá informar al Congreso de los Diputados antes de tres meses sobre las gestiones realizadas, y sucesivamente cada semestre hasta su cumplimiento definitivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado.-?aría Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002957
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan para su debate en la Comisión de Fomento la siguiente Proposición no de Ley en contra de la privatización de AENA y de la venta de los aeropuertos canarios.
Exposición de motivos
La decisión del ministerio de Fomento de poner en manos privadas el 49% de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) pone en serio peligro a un sector estratégico para la
economía, el turismo y el futuro de Canarias. Esta operación de privatización es una nueva agresión que compromete el futuro del archipiélago canario y que se sustenta únicamente en la ideología conservadora y recentralizadora del Gobierno
español.
No existe ninguna razón que avale la venta de los aeródromos canarios ya que cuatro de los diez aeropuertos que dan beneficios en la red estatal (casi 600 millones de euros en 2013) son canarios, eficientes, innovadores, seguros y de los más
modernos a nivel mundial.
Esta operación de privatización compromete el futuro de Canarias. Una de las primeras consecuencias puede ser el cierre de las instalaciones deficitarias como las de La Gomera o El Hierro, la subida de tasas, la reducción de conexiones, el
encarecimiento de los billetes de avión y la pérdida de inversión en infraestructuras. Los intereses de los nuevos socios que se sienten en el Consejo de Administración de AENA, y que primarán la rentabilidad frente al interés general, no
coincidirán con los planes que necesitaría desarrollar Canarias, entre los que hoy se encuentran, por ejemplo, la ampliación de la pista del aeropuerto de Lanzarote, la ampliación del horario de apertura de Fuerteventura, la solución al grave
problema al que se enfrentan los vecinos de Ojos de Garza, las nuevas pistas de Tenerife Sur y Gran Canaria o el trato diferenciado de los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro.
Además, en su carrera en solitario para reformar toda la arquitectura legislativa y los modelos de gestión de las administraciones y las empresas públicas, el Gobierno español ha dado un paso en falso al cerrar las puertas a las autonomías
en el sistema de gestión, apostando por un modelo que supone un gravísimo error para el futuro de la red aeroportuaria.
Como en anteriores ocasiones el Gobierno del Estado ha diseñado y aprobado sus planes en despachos cerrados y en reuniones reservadas a determinados sectores, en las que se ha vetado la presencia de las Comunidades Autónomas, y ha obviado
también que los Estatutos de Autonomía de Canarias, Cataluña o País Vasco 'asumen la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se haya reservado su gestión directa'. En concreto, el Estatuto de Autonomía de Canarias en su
artículo 33.13, establece que a la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia de ejecución en 'puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa'.
Por otra parte, los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias llevamos esperando nueves meses a que la ministra de Fomento comparezca ante la Comisión de Fomento del Congreso para informar sobre el proceso de privatización parcial de
AENA. Nueve meses en los que el Gobierno del Estado ha optado por eludir su responsabilidad de informar sobre su gestión ante las Cortes Generales y ha optado por la vía que más explotan en esta legislatura: la aprobación unilateral, sin debate
previo, de todas sus reformas, incluidas aquellas que afectan directamente al desarrollo económico y estratégico de territorios especialmente sensibles como Canarias.
Por todo lo anteriormente expuestos se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Rechaza la privatización del 49% de la sociedad mercantil AENA Aeropuertos S.A., hasta ahora de capital 100% de titularidad estatal, acordado por el Gobierno de España, por implicar un debilitamiento del interés general de la sociedad
canaria, que queda en segundo plano frente a particulares intereses económicos y de rentabilidad, poniendo en serio riesgo la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago.
2. Insta al Gobierno del Estado a que, ante el proceso de privatización acordado de la sociedad mercantil AENA Aeropuertos S.A., iniciado por el mismo, negocie con el Gobierno de Canarias la puesta en marcha de lo estipulado en el artículo
33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce a la comunidad autónoma canaria la competencia de ejecución de puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserva su gestión directa, como sucede en el
caso que nos ocupa al pasar AENA Aeropuertos S.A., a ser una sociedad mixta público-privada.
3. Insta al Gobierno del Estado a que negocie con el Gobierno de Canarias un sistema de gestión diferenciada y única de los aeropuertos canarios que se realice a través de un modelo consorciado donde participen el Gobierno de España, el
Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y las
organizaciones representativas de los empresarios y de los sindicatos, con específica representación de los trabajadores de AENA, tal como funciona en la actualidad la cogestión de los puertos canarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2014.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre inclusión de las obras necesarias en la mejora de la estación de
ferrocarril de Aranjuez que eliminen las barreras que dificulten o imposibiliten la accesibilidad universal al uso del transporte público de personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Fomento.
El pasado 20 de febrero, ADIF publicó en una nota de prensa la licitación de la segunda fase de las obras de mejora de la estación de ferrocarril de Aranjuez. Dichas obras tendrían un coste aproximado de tres millones de euros, con cargo al
programa del 1% Cultural del Ministerio de Fomento, el cual también invirtió previamente más de dos millones en una primera fase.
Globalmente, los arreglos, tan necesarios como urgentes, han venido a satisfacer una demanda histórica de la ciudad de Aranjuez, ya que la estación es utilizada diariamente por miles de viajeros que veían deteriorarse tanto las
infraestructuras funcionales como un preciado bien de nuestro patrimonio cultural y social.
Sin embargo, tanto en una como en otra fase se ha obviado algo que es prioritario para toda infraestructura pública, como es su funcionalidad y su obligatoriedad de dar respuesta a las necesidades de todos los usuarios, independientemente de
sus circunstancias vitales. Efectivamente, las personas con movilidad reducida no pueden acceder de manera autónoma al transporte público ferroviario salvo en condiciones concretas. La altura de los andenes es muy inferior a la pasarela de los
vagones. Y se depende totalmente de que el tren pare en el andén 5, ya que no existe paso accesible de ningún tipo a otros andenes para las personas con dificultades de movilidad.
Así, las obras realizadas y proyectadas se quedan en un mero ejercicio estético necesario pero insuficiente, máxime cuando en todos los aspectos de nuestra sociedad se van eliminando progresivamente las barreras que obstaculizan la autonomía
y la libertad de movimientos de todos los ciudadanos.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aborda la necesidad y la obligatoriedad de que los
poderes públicos resuelvan el problema de accesibilidad de los edificios e infraestructuras públicas a toda la ciudadanía, para evitar que ningún tipo de discapacidad limiten el ejercicio de derechos y libertades que deben ser universales. En otras
palabras: para acabar con la discriminación que, de facto, siguen sufriendo numerosas personas.
El artículo 27.1, en concreto, dice que 'las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los medios de transporte serán exigibles en los plazos y términos
establecidos reglamentariamente'.
Dado que se tiene previsto realizar la antes mencionada segunda fase de las obras de mejora de la estación de ferrocarril de Aranjuez, parece increíble que no se hayan previsto como es obligatorio que en dichas obras se proceda a eliminar
obstáculos y facilitar el acceso universal de toda la ciudadanía al uso del transporte público de personas, sin que la diversidad funcional física suponga un obstáculo para el pleno ejercicio de la autonomía personal como derecho inalienable de
todos y todas que los poderes públicos están obligados a garantizar.
En este sentido El Pleno de la Corporación Municipal de Aranjuez celebrado el pasado 23 de abril de 2014 aprobó por unanimidad de todos los grupos una Moción instando a ADIF para que acometiera las obras necesarias, sin que hasta la fecha
haya recibido una respuesta favorable.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados solicita al Ministerio de Fomento para que a través de ADIF cumpla la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, incluyendo en la segunda fase de las obras de mejora de la
estación de ferrocarril de Aranjuez la eliminación de barreras que dificulten o imposibiliten la accesibilidad universal al uso del transporte público de personas y la habilitación de los mecanismos necesarios para garantizar dicha accesibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de abordar soluciones tecnológicamente más avanzadas para el grave problema de seguridad vial en la autovía A-8 en el tramo situado entre los municipios de Mondoñedo y Abadín (Lugo), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El sábado 26 de julio se produjo en la autovía A-8 a la altura de O Alto do Fiouco, entre los municipios de Mondoñedo y Abadín, un espectacular accidente de tráfico en el que se vieron involucrados 35 vehículos. El punto exacto del
siniestro fue en el kilómetro 549, en el carril con sentido hacia Lugo, y en el punto más alto de la autovía (700 metros).
Dicho accidente se cobró la vida de una mujer y provocó un balance de 49 heridos de diversa consideración. La espesa niebla que envolvía la zona parece haber sido la causa de un choque en cadena en el que decenas de vehículos quedaron
atrapados como un acordeón, accidente agravado por el impacto de tres camiones.
Se trata de una zona caracterizada por habituales bancos de niebla cuya espesura puede llegar a anular por completo la visibilidad. El sábado 27 de julio no se podía ver a más de 4 metros de distancia.
En este grave siniestro muchas personas salvaron sus vidas gracias a abandonar el interior de sus coches, salvo la joven fallecida que precisamente fue arrollada por uno de los camiones cuando salía de su vehículo.
Diferentes conductores señalaron en sus declaraciones que la falta de visibilidad era tal que ni siquiera se percibían las luces especiales para la niebla coladas por Fomento sobre la bionda. Prueba de que dichas balizas son claramente
insuficientes para afrontar un problema que es estructural puesto que se trata de una zona de persistentes nieblas durante casi todo el año. Es un tramo de diez kilómetros en el que se pasa de una altitud de 176 metros a una de casi 700 metros,
lugar caracterizado por fuertes corrientes y espesa niebla.
El tramo de la A-8 que discurre entre Mondoñedo y Abadín fue inaugurado precisamente en febrero de este mismo año 2014. En la parte más alta de esta tramo, a la altura del accidente narrado, son continuos los bancos de niebla lo que lo
convierte en un tramo altamente peligroso. De hecho, dos meses más tarde de ser inaugurado el tramo ya se producía el primer accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos camiones. Días más tarde se volvía a registrar otro incidente que
contaba asimismo con la implicación de vehículos pesados y un turismo.
Desde el momento del accidente, y hasta la actualidad de este lunes 28 de julio, el tramo aludido permanece cortado por orden de Fomento, que no ha concretado cuándo volverá a abrirse.
El trazado de la A-8 por esta zona fue objeto de controversia y discusión en su día. Inicialmente, existía un trazado más bajo pero se descartó debido a que se consideraba que el terreno era inestable.
Se cambió el trazado por el actual más alto, pero de gran riesgo para la conducción debido a los bancos de niebla.
La gravedad de la situación exige por parte del Ministerio de Fomento una solución definitiva a un problema dé índole natural y estructural consustancial al lugar descrito. Está claro que las balizas antiniebla no son eficientes puesto que
cuando la visibilidad es casi nula, como sucede en muchas ocasiones, no se distingue toda la hilera de balizas para poder conducir con seguridad.
Una de las razones de existir de la A-8 es la de haber sido configurada como alternativa a otra peligrosa carretera, la N-634. La N-634 se caracteriza también por contar con numerosos puntos negros, así que los conductores de la zona se ven
obligados a elegir entre una carretera estatal plagada de insuficiencias y con puntos de riesgo, o una A-8 igualmente peligrosa por un tramo envuelto en constante niebla espesa.
Digamos que las opciones no son muy halagüeñas para quien tenga que conducir por este lugar.
Si el futuro de la A-8 va a consistir en continuos cortes de tráfico que vuelvan a situar a los usuarios en la N-634, habría que concluir cuál es su utilidad. Se ha invertido dinero público en un autovía que debe poder ser utilizada sin
problema por parte de los conductores y conductoras.
Por eso consideramos que desde el Ministerio de Fomento se deben estudiar otro tipo de dispositivos antiniebla, tecnológicamente más avanzados que mejoren la visibilidad puesto que las balizas resultan insuficientes.
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Proceder a la instalación de fórmulas o dispositivos antiniebla tecnológicamente más avanzados en la autovía A-8 a su paso entre los municipios de Mondoñedo y Abadín (lugar en el que se alcanza el punto más alto) para permitir la
visibilidad en una zona caracterizada por constante y persistencia niebla espesa.
- Extremar la vigilancia y control por parte del Ministerio en dicho tramo de la A-8 donde en apenas unos meses desde su inauguración se han registrado varios accidentes, uno de ellos con la implicación de 35 vehículos, una persona fallecida
y 49 heridos.
- En atención a este problema, y a fin de ofrecer una alternativa segura a los conductores y conductoras, aprobar un plan de mejora de carreteras estatales como la N-634 y la N-642 a su paso por la comarca lucense de A Mariña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a potenciar las
infraestructuras de transporte en España como sector estratégico de desarrollo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Se puede considerar la situación geográfica de España como privilegiada ya que se encuentra en el extremo suroccidental de Europa y a tan sólo 14 kilómetros de distancia del continente africano, dotando a nuestro pais de una ubicación
estratégica. Por un lado cuenta con una importante proyección mediterránea, y por otro como encrucijada de caminos hacia África y América. La situación de su litoral, distribuido entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo aporta importantes
ventajas competitivas respecto a otros países de su entorno.
En este ámbito, el transporte de viajeros y mercancías en España constituye un sector económico de una enorme y creciente importancia estratégica para la industria, el comercio y la movilidad de las personas. Sin embargo, con frecuencia se
desconoce el valor y la aportación que las infraestructuras de
transporte generan en la mejora y el equilibrio de la economía, hasta el punto de que un país con unas infraestructuras poco desarrolladas e insuficientes, tiene limitado su desarrollo socioeconómico.
En España el valor añadido del sector transporte representaba en el año 2011 el 3,8% del PIB a precios de mercado, y daban ocupación a más de 888.000 personas, de las cuales, 750.191 eran asalariados.
Este sector se ha convertido en una industria estratégica para unas economías cada vez más globalizadas, y por ello debería recibir una mayor consideración de las necesidades de este sector en las decisiones políticas, y una mayor atención a
los criterios empresariales en la actuación del sector público. A la hora de aplicar una estrategia en el sector y establecer prioridades, la opinión de las empresas puede ser capital para evitar expectativas irreales en los proyectos e inversiones
públicas.
Además este sector se ha visto claramente potenciado por el desarrollo de los corredores transeuropeos promovidos por la UE. El desarrollo de la Red transeuropea de transporte (RTE-T) propuesta en el seno de las políticas de la UE,
contribuye al buen funcionamiento del mercado internacional y a reforzar la cohesión económica y social. En particular, los corredores Atlántico y Mediterráneo, han constituido un elemento clave en la estrategia relanzada por el Ministerio de
Fomento en sus recientes propuestas para fortalecer la competitividad de nuestro país, y desempeñará un papel igualmente central en el logro de los objetivos de la nueva estrategia Europa 2020. Estos corredores fueron definidos en el Reglamento UE
1315/2013, en el que seis de los nueve corredores ferroviarios para transporte de mercancías están operativos desde el pasado 11 de noviembre de 2013. Entre ellos, dos transcurren por España y cuentan con la participación de Adif. Son los
Corredores 4 y 6, parte de los Corredores Atlántico y Mediterráneo de la Red TEN-T, respectivamente.
Una modernizada red transeuropea multimodal garantizará una movilidad eficiente de recursos de personas y mercancías conforme a las mejores condiciones sociales, medioambientales y de seguridad, al tiempo que promoverá la creación de puestos
de trabajo, el crecimiento económico y la cohesión territorial y social en toda la Unión Europea (UE).
España se ha beneficiado tradicionalmente de los recursos comunitarios procedentes de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, y para la siguiente programación comunitaria 2014-2020, se prevé que a través de fondos FEDER y de los
fondos CEF 'Connecting Europe Facility', continuarán haciendo una aportación positiva para determinadas regiones y ejes prioritarios por un importe estimado en unos 2.500 millones de euros para el período antes referido.
Por todo ello el grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con el esfuerzo de potenciar la red de infraestructuras con la que cuenta España para fortalecer las condiciones de ventaja comparativa de nuestra economía, y de forma muy especial
del sector industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de restituir el servicio ferroviario de contenedores que existía desde la terminal de San Diego en A Coruña. Debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
RENFE decidió el pasado mes de mayo suprimir el tren semanal de transporte de contenedores desde la terminal de San Diego en A Coruña.
Una decisión que consideramos muy perjudicial para el puerto coruñés, para muchos sectores económicos que operan desde allí, y para la ciudad en su conjunto porque será un freno para el necesario
desarrollo portuario, especialmente en estos tiempos de crisis económica, y cuando más se precisan las infraestructuras y los servicios para potenciar la economía.
Suprimir este servicio ferroviario de mercancías es una rémora que cercenará el desarrollo del puerto interior, necesario para la entrada y salida de mercancías de contenedores.
La decisión del Ministerio de Fomento hay que contextualizarla en un marco en el que el puerto exterior de Langosteira sigue sin contar con conexión ferroviaria. Por tanto, se suprime el servicio ferroviario de mercancías existente al
tiempo que nada se sabe de la conexión por tren con el Puerto Exterior.
Es un hecho que la mal denominada 'liberalización' de los servicios ferroviarios es a todas luces su privatización clara, el desmantelamiento del ferrocarril público para ofrecer un nicho de negocio suculento a los operadores privados. La
constante eliminación de servicios .de tren, o el retraso en la, ejecución de conexiones ferroviarias para el transporte de mercancías con infraestructuras básicas como son los puertos, está provocando que el tráfico de mercancías a nivel global en
Galicia se sitúe entre el 4 y el 5%, según los datos de profesionales del sector.
Para que !os puertos sean competitivos desde el punto de vista comercial deben contar con adecuadas conexiones que permitan el tráfico de contenedores. De no ser así, se está hurtando una parte importante del desarrollo de un puerto.
Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular se !imita a eliminar posibilidades del puerto con la supresión del transporte de mercancías por ferrocarril, amparándose en una política comercial de RENFE nefasta, provocando que A Coruña se
estanque a nivel portuario y se acaben las posibilidades de desarrollo del puerto. A día de hoy, el tráfico ferroviario de contenedores era muy testimonial, pues se había reducido el número de trenes que prestaban este servicio: de un tren al día
se pasó a tres a la semana, a uno a la semana y, finalmente, a ninguno.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Restituir cuanto antes el servicio ferroviario semanal de transporte de contenedores que existía desde la terminal de San Diego en A Coruña.
- Comprometerse a mantener dicho servicio ferroviario de transporte de mercancías mientras no esté ejecutada la conexión por tren en el Puerto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
la Autopista del Mar Gijón-Nantes, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La actual globalización económica está ocasionando una creciente circulación de personas y un constante incremento de tráficos de mercancías, en una economía con un funcionamiento altamente dependiente del petróleo. Esta dependencia, que
afecta de forma especial al sistema energético, ha ocasionado quizás el principal desafío del planeta: el cambio climático vinculado a las emisiones de gases efecto invernadero (GEl).
El transporte constituye una de las fuentes de emisión difusa de GEl (responsable del 25% de emisiones), cuya reducción depende de una planificación sostenible e intermodal de los distintos medios, a la vez que de la innovación para la mayor
eficiencia en el aprovechamiento de los combustibles.
Con estos objetivos, la UE se planteó la Estrategia Europea 2050, en el Libro Blanco de la Comisión Europea. Dentro de la RTE, las Autopistas del Mar constituyen la base para el Transporte Europeo. El estudio sobre el papel futuro de las
Autopistas del Mar (B2MoS) en la Red Transeuropea de Transportes tiene previsto su finalización en 2015.
En este contexto, el impulso al transporte marítimo y la potenciación del transporte de corta distancia mediante las autopistas del mar constituyen una pieza fundamental en el establecimiento de un sistema de movilidad más sostenible.
En esta estrategia, se enmarca la iniciativa de los Gobiernos español y francés de poner en marcha estas autopistas entre puertos de ambos países. Como consecuencia de este proyecto, se ponen en marcha en 2009 la firma de un protocolo y el
8 de septiembre de 2010 arranca la puesta en funcionamiento de la línea entre Gijón y Nantes. Frente a esta, la Línea entre Vigo y Nantes, Algeciras y Le Havre ha sufrido retrasos y tiene prevista su entrada en vigor en el último trimestre de 2014.
Teniendo en cuenta la coincidencia de los primeros años de la ADM Gijón-Nantes con la fase más intensa de la crisis, el entorno económico y comercial ha dificultado la consolidación de esta modalidad nueva de transporte y de los necesarios
flujos comerciales vinculados a ella y a los territorios implicados, por lo que se requiere de un renovado impulso para procurar el surgimiento de nuevos corredores marítimos y evitar peligros de desaparición de los existentes, como podría suceder
con la línea en marcha Gijón-Nantes.
Ante este riesgo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender ante la Unión Europea la apuesta por el transporte intermodal y sostenible, potenciando el transporte marítimo, en consonancia con la Estrategia Europea ?Transporte 2050' y el desarrollo de la Red TransEuropea de Transporte.
2. Defender el mantenimiento del proyecto de transporte marítimo de corta distancia mediante el funcionamiento de las Autopistas del Mar, propiciando la implantación de nuevos corredores marítimos que optimicen el potencial de los puertos
de interés general y contribuyendo a la descongestión de las infraestructuras de transporte por carretera.
3. Adoptar desde el Gobierno de España, en el marco de la Comisión Intergubernamental constituida con el Gobierno de Francia, un diálogo constructivo con la Sociedad Explotadora y demás medidas de apoyo necesarias para garantizar la
continuidad en el funcionamiento de la línea marítima Gijón-Nantes y procurando condiciones de igualdad en el acceso a los mercados entre las llamadas a compartir el mismo hinterland.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2014.-María Luisa Carcedo Roces, Antonio Ramón María Trevín Lombán y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reparación y ampliación de la carretera Ordes-Cerceda por Mercurín, Galicia, en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera que une los municipios de Cerceda y Ordes por la parroquia de Mercurín en Ordes, constituye una vía de comunicación fundamental para la población de estos municipios siendo el trayecto más corto entre ambos además de la vía de
unión entre los polígonos industriales de Acevedo en Cerbeda y Merelle en Ordes.
Esta carretera se encuentra en un estado de deterioro importante lo que agrava las situaciones de peligrosidad por el intenso tráfico que soporta debido principalmente al tránsito de camiones que se dirigen diariamente al vertedero de
Areosa, dependiente de Sogama, S.A., transportando residuos sólidos urbanos. La citada carretera presenta deformaciones y daños que traspasaron las capas de aglomerado
y afectan a la subbase y a la explanada provocando una alarmante situación de inseguridad viaria tanto para vehículos como para peatones.
Existen diversos proyectos de convenios de colaboración entre los citados Ayuntamientos, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Industria desde el año 2009. Uno de estos convenios de colaboración consiste en la incorporación de mejoras en
la citada carretera a través del Plan Miner, pendiente de formalización desde hace cuatro años y con obras ya presupuestadas que suponen un importe de 2,8 millones de euros destinados a ampliar la carretera hasta alcanzar los 10 metros
imprescindibles en el ancho de la vía así como la dotación a la misma de aceras de medio metro en cada margen.
De hecho, ya el 17 de junio de 2009 se realiza una solicitud, a través de la Consejería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, a efectos de recabar apoyo económico a través del Plan Miner para la financiación de un proyecto técnico
presentado por el Ayuntamiento de Cerceda con objeto de reparar la carretera Ordes-Cerceda por Mercurín.
Ante la desatención por parte de los Gobiernos central y autonómico, con fecha 1 de octubre de 2013, se realiza una petición al Presidente de la Comisión Europea solicitando su colaboración para que ambos Gobiernos adopten las medidas
presupuestarias necesarias de forma que se haga posible la ejecución de las obras de reparación y ampliación de esta infraestructura.
Con fecha 11 de noviembre de 2013 se remite escrito al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras en que se insta a la adopción de las medidas oportunas para proceder de
manera inmediata a la firma del convenio específico de colaboración para la financiación de las obras de ampliación y acondicionamiento de la citada carretera.
Hasta el momento este proyecto no ha sido formalizado a pesar de que de manera reiterada, entre 2011 y 2014, se ha apelado a la Administración central por parte de los ayuntamientos involucrados para dar respuesta al compromiso previamente
adquirido.
Como resultado, y para evitar un mayor deterioro en la carretera y no agravar la peligrosidad e inseguridad que presenta, el 30 de enero de 2014 la Junta de Gobierno local de Ordes acuerda la prohibición de circulación de vehículos
destinados al transporte de mercancías con mayor peso autorizado de 5,5 T, en la citada carretera, remitiendo copia de dicha circular tanto a las autoridades autonómicas como a la Subdelegación del Gobierno.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en el Congreso presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a formalizar con la Xunta de Galicia y con los Ayuntamientos de Ordes y Cercada, provincia de A Coruña, el convenio de colaboración comprometido para abordar la reparación y ampliación de la
carretera Ordes-Cerceda por Mercurín con dotación de fondos del Plan Miner en el ejercicio 2014-2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/002952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña, para
su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
El Consejo de Ministros del pasado viernes 11 de julio de 2014 aprobó un Real Decreto que desarrolla la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica de Educación. Esa disposición, denominada 'Lengua castellana, lenguas
cooficiales y lenguas que gocen de protección legal', establece la obligación, por parte de las Administraciones educativas, de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus
respectivos territorios.
El Real Decreto establece la potestad, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de asumir íntegramente, y repercutir a la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización en centros privados
'si la programación anual de la Administración educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular'.
En Cataluña, esta medida que se pretende poner en práctica el próximo mes de septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar 2014-2015, constituye un nuevo mecanismo de pago de cuotas a escuelas privadas y garantiza una segregación
lingüística que es nociva para la sociedad catalana.
Así mismo, representa una invasión de las competencias plenas en educación que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya tiene otorgadas en virtud del artículo 131 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, atenta de forma directa contra la
autonomía de los centros comprendida en el Título VII de la Ley de Educación de Cataluña y mina su capacidad para desarrollar su 'proyecto lingüístico, de acuerdo con las determinaciones del Título II, que se concreta a partir de la realidad
sociolingüística del entorno'.
El actual modelo lingüístico de la escuela pública en Cataluña garantiza las competencias lingüísticas del alumnado tanto en lengua castellana como en lengua catalana. Su aplicación a lo largo de más de tres décadas ha demostrado que es un
modelo de cohesión social, de garantía de igualdad de oportunidades y de justicia social. Tres características fundamentales que el Real Decreto pone en serio riesgo, avanzando en la segregación escolar y la eliminación de la participación y la
democracia interna de los centros que ya inició la LOMCE.
De igual manera, se evidencia que en el sistema escolar de Cataluña no existe ningún conflicto lingüístico y que, al contrario, son algunas fuerzas políticas las que promocionan un conflicto que es inexistente a nivel social.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno al cese del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert.
2. Solicita formalmente la retirada del Real Decreto aprobado el pasado 11 de julio de 2014, que regula la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
erradicación del trato discriminatorio a la mujer en el ámbito laboral, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La preocupación sobre la discriminación hacia la mujer en el mundo laboral forma parte del discurso de todos los gobiernos. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, mandata a la negociación de las medidas a aplicar en la empresa para hacer
frente a estas discriminaciones hacia la mujer. En el caso de las empresas con más de 250 trabajadores, deben implantar sus propios planes de igualdad. Sin embargo, cada año cuando se acerca la celebración del día de la Mujer trabajadora, nos
enfrentamos a la reiteración de las cifras de discriminación que abarcan tanto la diferencia salarial, como las dificultades para la promoción y la mayor dificultad de acceso al mercado laboral.
La realidad choca de pleno con la Estrategia Europa 2020 que contempla alcanzar una tasa de empleo femenino de un 75% antes de 2020.
El Ministerio de Sanidad anunció que firmaría un protocolo de actuación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para coordinar inspecciones de trabajo en materia de igualdad. Lo bien cierto es que desde hace años la inspección
coordina actuaciones dirigidas a este fin, que en algunos casos acaban en sanciones. Sin embargo, la situación no mejora para las mujeres.
Pero a pesar de las medidas que se suceden, de los anuncios de más medidas, y de la rentabilidad acreditada de la diversidad de género, como se plasma en el Informe de la Comisión Europea sobre igualdad hombre-mujer y crecimiento económico,
las mujeres siguen padeciendo discriminación en el mundo del trabajo, tanto a nivel retributivo como en el acceso a puestos de trabajo y en la incorporación a puestos directivos. Ya en el informe de 2011 sobre la Igualdad entre mujeres y hombres en
la Unión Europea, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pedía a los estados miembros que emprendieran acciones y multiplicaran sus esfuerzos para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre otras múltiples medidas.
Uno de los problemas denunciados es el desconocimiento de dónde acudir en caso de ser víctima de un trato discriminatorio, lo que repercute en la falta de denuncias por ejemplo en casos como las entrevistas de trabajo en las que se pide
información a los aspirantes sobre su condición de madre o expectativas de serlo.
Es por ello que el trato discriminatorio que históricamente viene padeciendo la mujer en el ámbito laboral y frente al que la medidas adoptadas hasta la fecha no han tenido éxito, debe ser erradicado mediante acciones sólidas de calado, como
es estructurar un equipo destinado en exclusividad a garantizar la igualdad, a perseguir toda vulneración de esta obligación constitucional, a sancionar a aquellos que adopten decisiones contrarias a la igualdad y a convertirse en un referente para
todas las mujeres que padezcan cualquier tipo de trato discriminatorio. Lógicamente la única manera de que este equipo tenga capacidad de acción y sanción es que sea parte de la Inspección laboral.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de tos Diputados insta al Gobierno a estructurar en el seno de la Inspección de Trabajo un equipo estable de Inspección de la igualdad, con una jefatura que dedique todos sus esfuerzos a perseguir los casos de discriminación en
el ámbito laboral hacia la mujer, a sancionados y elabore anualmente un informe de análisis de la situación y que incluya propuestas para mejorar la igualdad en el trabajo.
La creación de este equipo ha de ir acompañada de una campaña de información que garantice su conocimiento por parte de las mujeres para que sepan a dónde acudir en caso de padecer trato discriminatorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a
los bomberos que prestan sus servicios en cualquiera de los distintos organismos, entidades y empresas o sociedades mercantiles públicas, como Navantia, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
En abril de 2005, la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobó por unanimidad un acuerdo en relación al reconocimiento de la jubilación anticipada a los bomberos.
En este acuerdo se solicitaba el que se finalizaran los estudios técnicos necesarios para constatar los riesgos que concurren en la penosidad, peligrosidad e insalubridad del ejercicio de las funciones que desempeñan los profesionales
integrantes en cuerpos de bomberos, para que una vez constatada la existencia
y notoriedad de dichos riesgos, se buscasen con la participación y el diálogo de las organizaciones sindicales y la representación del colectivo las soluciones más adecuadas para la jubilación de estos trabajadores.
A raíz de este acuerdo, se aprobaron el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, y el
Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, en el que quedaron
incluidos los bomberos de AENA ante una posible privatización de dicho organismo que cada día está más cerca.
Pero estas normas no cubren a todo el colectivo de bomberos que de una u otra forma prestan sus servicios a sociedades mercantiles estatales como Navantia, cuyo capital social está al cien por cien en manos de la SEPI, entidad de derecho
público que conforma el sector público estatal.
En relación a este aspecto se debería haber tenido en cuenta que el colectivo de bomberos que presta sus servicios para Navantia está expuesto al igual que sus colegas de AENA a las mismas condiciones de nocividad, peligrosidad y situaciones
de riesgo, evitando de esta forma que no se produjeran discriminaciones entre profesionales y que distintas personas que iniciaron el proceso de jubilación acogiéndose a dichas disposiciones vieran como eran rechazadas sus peticiones.
Como hasta el momento no se han producido las modificaciones legales oportunas para que esta discriminación desapareciera, a pesar de las promesas de atender este caso por parte de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, realizadas
en comunicaciones a los bomberos. El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma urgente las medidas legislativas necesarias con el fin de que a todos los bomberos que prestan sus servicios en cualquiera de los distintos organismos, entidades y empresas o
sociedades mercantiles públicas, como Navantia, se les pueda aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación, del que ya se benefician otros cuerpos de bomberos, como el de ASNA, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 383/2008, de
14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, y en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el
régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley sobre territorialización de los fondos procedentes del Fondo Europeo de Asilo, Migraciones e Integración (FAMI) dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020.
Antecedentes
La reciente aprobación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Fondo Europeo de Asilo, Migraciones e Integración (FAMI) dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020, persigue:
a) Reforzar y desarrollar el sistema europeo común de asilo, incluida su dimensión exterior.
b) Apoyar la migración legal hacia la Unión, de conformidad con las necesidades económicas y sociales de los Estados miembros, tales como las necesidades del mercado de trabajo, y fomentar la integración efectiva de los nacionales de
terceros países.
c) Desarrollar unas estrategias de retorno equitativas y eficaces en los Estados miembros, apoyando la lucha contra la inmigración ilegal, haciendo hincapié en la sostenibilidad del retorno y la readmisión efectiva en sus países de origen.
d) Aumentar la solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, en particular con los más afectados por la migración y los flujos de asilo.
Para ello este instrumento se ha dotado con 3.100 millones de euros hasta 2020, de los que 2.400 serán gestionados por los Estados miembros. A España le corresponderán más de 250 millones de euros en el período 2014-2020.
La realidad de la inmigración es muy variada, tanto en lo que se refiere a cifras globales y a su evolución, como también en la diversificación del fenómeno migratorio en cada territorio.
En relación con el segundo objetivo previsto por el FAMI, con el apoyo económico de este instrumento europeo de cofinanciación, debe facilitarse la realización de actuaciones claves para favorecer la integración de las personas extranjeras y
poner las bases que ayuden a conseguir una mejor cohesión social.
La Comunidades Autónomas, en tanto que administraciones competentes en materia de acogimiento e integración de las personas inmigrantes, como reiteradamente han reconocido múltiples sentencias del Tribunal Constitucional, han desarrollado
estas políticas para este colectivo y para el conjunto de la sociedad, destinando importantes recursos públicos para financiarlas.
Cabe recordar también que el Estado dispuso, hasta el año 2011, de un Fondo de apoyo a la acogida e integración de emigrantes que se distribuía entre las Comunidades Autónomas y que permitió durante años ayudar al establecimiento de
programas y actuaciones para hacer frente al reto que supuso la importante llegada de ciudadanos de otros países.
El propio reglamento en su antecedente número 19 indica que en aras de la eficiencia y a fin de lograr el mayor valor añadido, el Fondo debería tener un enfoque más selectivo, que apoye estrategias coherentes concebidas específicamente para
promover la integración de los nacionales de terceros países a nivel nacional, local y/o regional, según proceda. Además, reconoce que la aplicación de dichas estrategias debería corresponder principalmente a las autoridades locales o regionales y
a los agentes no estatales.
El uso apropiado de estos fondos es más necesario que nunca para poder hacer frente a todas las peticiones existentes. Unos recursos limitados requieren una mayor concentración de esfuerzos y conocimiento real en el territorio de las
necesidades, siendo este un claro ejemplo de que el principio de subsidiariedad, aquí aplicable, es la mejor respuesta a una problemática común pero con respuestas concretas a cada caso.
En relación con el resto de objetivos que persigue el FAMI, muchas Comunidades Autónomas han desarrollado y están desarrollando planes y programas sobre protección internacional y retorno voluntario, por lo que sería positivo contar con sus
experiencias para la formulación de las actuaciones que se adopten con la financiación del instrumento europeo.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Distribuir entre las Comunidades Autónomas los fondos económicos destinados a la integración de nacionales de terceros países y migración legal procedentes del Fondo de Asilo, Migración e Integración y Emigración (artículo 3.2.b) del
Reglamento (UE) n.º 516/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014), para que estas administraciones con competencias en la materia gestionen los citados recursos y desarrollen programas adaptados a sus necesidades sociales y
territoriales.
2. Prever los mecanismos necesarios de participación de las Comunidades Autónomas en la concreción de planes y programas que elabore el Estado para su financiación por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, en relación con el resto de
objetivos específicos contemplados en Reglamento (UE) n.º 516/2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la
que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción, para su
debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por desempleo no previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de sus familias día a día se vaya agotando.
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.616.011 personas en situación de desempleo, de las cuales solo 1.773.573 perciben algún tipo de prestación.
El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al establecer que 'Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a
través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo'.
Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que 'Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad
Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo'.
Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a su protección en caso de
desempleo.
Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades y sin ningún tipo de ingreso económico. Según la Encuesta de Población Activa
mencionada, más de 740.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos.
Conculcar el derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando, además, que esta pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños y niñas con sus progenitores en paro. Los organismos
internacionales como UNICEF estima en más de dos millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza.
La situación de necesidad de todas estas familias está causada por su situación de desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo con el inequívoco mandato del artículo 41 de la Constitución, deban garantizar la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante la situación de desempleo.
Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de organismos internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá recuperado el volumen de empleo existente en 2011. Según las personas expertas en
este ámbito, con las políticas actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis.
En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de euros sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los graves recortes que el Gobierno asestó a la protección por desempleo a través del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, y del Real Decreto-ley 23/2012, de 23 de agosto. La cobertura por desempleo apenas alcanza a un 58 por ciento de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Si se continúa con la misma dinámica, al final
de año el gasto en protección por desempleo será 6.000 millones menos que en 2013. Todo ello a pesar de que la cifra de personas en desempleo de larga duración y de familias con todos sus miembros en paro continúa en niveles intolerables.
Ahora bien, además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. Son las mujeres víctimas de violencia, las personas con
discapacidad y las personas mayores de 45 años que, una vez que han agotado la Renta Activa de Inserción, no tienen acceso a ninguna prestación.
El Grupo Socialista, a través de esta Proposición no de Ley, y en consonancia con el acuerdo alcanzado con las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO. en la Mesa de Diálogo Social que por fin ha abierto el Gobierno, insta a este a ampliar la
protección por desempleo, a través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS).
Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su nivel asistencial ante las nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y prolongada crisis.
A través de esta Proposición no de Ley se exige que se garantice el derecho constitucional a una protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por desempleo a todas las personas que lleven más de un año inscritas como paradas,
siempre que tengan responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años que hubieran agotado la Renta Activa de
Inserción, dada su especial vulnerabilidad y dificultades de inserción.
El subsidio se concederá por un periodo de seis meses, prorrogables de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté
por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la actualidad 426 euros mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a
anteriores cotizaciones, sino a la carencia de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial.
A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Ahora bien, dicha cuantía se
aumentará en cien euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad.
También instamos al Gobierno a que financie la contratación de técnicos y técnicas de empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la atención individualizada, y así facilitar la incorporación al empleo de las personas
en desempleo de larga duración, dadas sus dificultades de inserción.
Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con carácter de urgencia, pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las personas en desempleo con responsabilidades familiares.
Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica no es posible dejar a las principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de una generación olvidada.
Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas personas que están sufriendo la tragedia del desempleo y desarrollar políticas de protección y de activación de su empleabilidad.
Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de personas paradas, en su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos momentos no tienen ningún tipo de ingreso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para que, a partir del 1 de agosto de 2014, se amplíe la
protección por desempleo en su nivel a asistencial a todas las personas desempleadas que lleven inscritas en los Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan responsabilidades familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se extenderá a las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o
superior al 33 por ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, y a las personas paradas mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la Renta Activa de
Inserción o se encontraran dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del derecho a la admisión a dicho Programa.
Este subsidio se concederá por un periodo de seis meses, prorrogables de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté
por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se
tratara de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo
217.2 LGSS, con independencia de su edad. Cuando las responsabilidades familiares alcanzaran a menores de edad, esta cuantía se incrementará en 100 euros por menor.
La incorporación a este subsidio no estará condicionada a haber agotado anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, sino exclusivamente a los requisitos exigidos en la propia definición de cada colectivo.
2. El Gobierno implementará de manera inmediata con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales un Plan de empleo específico para las personas en desempleo de larga duración.
Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios Públicos de Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención individualizada de las personas en desempleo de larga duración que, como mínimo, deberá
alcanzar las 3.000 personas expertas en orientación y promoción de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2014.-María Concepción Gutiérrez del Castillo y María Luisa Carcedo Roces, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para que los desempleados con anterioridad a abril de 2013 que hayan firmado un convenio especial puedan jubilarse a partir de los 61 años, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado una circular en junio de 2014 en la que recoge que aquellas personas que hubieran perdido su empleo por una rescisión de su contrato individual -esto es, quienes no lo
hayan perdido en un proceso de despido colectivo- y que hubieran suscrito un convenio especial de la Seguridad Social no podrán acogerse a la 'cláusula de salvaguarda' prevista desde la reforma del 2011 y modificada en el 2013.
Esa 'cláusula de salvaguardia' vigente transitoriamente hasta 2019 permite a los trabajadores que hubieran perdido su empleo antes de abril de 2013 jubilarse anticipadamente a partir de los 61 años, ya que podrán acogerse a la normativa
vigente de jubilación en el momento en que fueron despedidos y no se les aplicará la nueva normativa que retrasa la jubilación anticipada hasta los 63 o más años, según los casos. Esta medida estaba prevista, queremos entender, para evitar que
muchas de las personas afectadas gravemente por la crisis económica se vieran además perjudicadas por el cambio legal en la edad de acceso a la jubilación.
En la reforma impulsada por el Gobierno del PP de 2013, se introdujo una novedad en la regulación de esa 'cláusula' por la cual se dejó de aplicar a los desempleados que volvieran a tener un nuevo alta en la Seguridad Social en alguno de sus
regímenes. Si bien, no se consideran para la no aplicación de la 'cláusula' los periodos de cotización esporádicos si no suman más de 30,5 días.
En un primer momento, la Seguridad Social interpretó esta modificación de 2013 considerando que esa alta en algún régimen de la Seguridad Social tenía que derivar de una actividad laboral real y no simplemente de la firma de un convenio
especial. Una interpretación, por cierto, razonable con la finalidad de la cláusula de proteger a los trabajadores de edad avanzada que no pueden volver a encontrar un
trabajo y con la propia redacción de la Ley que no tiene en cuenta los días de cotización esporádica. Esto quiere decir que no bastan para perder ese derecho pequeños periodos de actividad laboral, o sea que el alta que excluye la
aplicación de la legislación anterior es la que se refiere a periodos de actividad laboral significativos y, obviamente, la firma de un convenio especial no es uno de esos periodos, ya que precisamente se firma por carecer de trabajo.
La Seguridad Social, desde abril de 2013 y hasta junio de 2014, ha estado informando a los trabajadores desempleados que podían firmar un convenio especial con la Seguridad Social sin por ello perder su derecho a jubilarse de acuerdo a la
normativa anterior. Sin embargo, como ya hemos dicho, en junio de 2014 ha cambiado de criterio y ha pasado a considerar el alta en la Seguridad Social por la firma de un convenio especial igual es igual que un alta derivada de una actividad
laboral. Esta decisión puede afectar a un colectivo de unos 35.000 desempleados con convenio especial, a razón de 7.000 cada año. No obstante, el Ministerio de Empleo para ese cálculo solo parte de las 132.445 personas que en julio tenían suscrito
uno de los dos convenios afectados por el cambio de criterio. La cifra no tiene en cuenta que la nueva interpretación de la norma llevará a que muchos potenciales suscriptores que en un futuro iban acogerse a algún convenio para mejorar su carrera
de cotización o mantener su base y percibir una mejor pensión no lo harán a partir de ahora. Y tampoco suma a quienes habiendo pagado convenio en algún momento han tenido que dejar de hacerlo sin llegar a jubilarse.
Este cambio de criterio en la aplicación de la Ley plantea varias cuestiones:
1. La existencia de inseguridad jurídica: La Seguridad Social durante más de una año ha estado informando que era posible jubilarse a partir de los 61 años firmando el convenio especial y de repente cambia sus propios criterios y deja sin
poder jubilarse al colectivo afectado. Esta inseguridad jurídica puede ocasionar un incremento significativo de la litigiosidad, que irá en detrimento de la propia Seguridad Social y, por supuesto, de confianza de los ciudadanos en sus
instituciones.
2. La existencia de discriminación: Los trabajadores que vieron rescindidos sus contratos en un despido colectivo sí que tienen derecho a jubilarse a los 61 años, aunque hayan firmado un convenio especial. Por otra parte, los desempleados
por un despido individual que se hubieran jubilado antes del cambio de criterio de junio seguirán jubilados mientras que los que lo soliciten después, aun estando en las mismas condiciones, ya no podrán.
3. Su injusticia: Un relevante colectivo de trabajadores desempleados no podrá acceder a la jubilación hasta años después y tendrá una pensión menor o deberá hacer frente a un elevado coste para que no sea muy inferior a la que sería de
poder jubilarse ahora.
4. Su arbitrariedad: Carece de justificación real y va contra el espíritu de la Ley.
5. Su falta de transparencia: El cambio se ha producido mediante una simple circular hurtándose del debate parlamentario y sin la debida información a los afectados.
En España se interpreta la Ley de la forma más restrictiva para que no puedan acceder a sus derechos ciudadanos en situación de dificultad. De nuevo, el coste de la crisis recae sobre las personas más débiles. Se busca ahorrar con esta
medida unos pocos euros, mientras otras leyes, que benefician a los más poderosos y los dirigentes políticos del partido del Gobierno, se interpretan de forma amplia y siempre beneficiosa para ellos.
Esta injusta situación debe cambiarse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que rectifique el criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y aplique la Ley de Seguridad Social en sus estrictos términos para permitir que los desempleados afectados por ese criterio que hayan suscrito un
convenio especial de Seguridad Social puedan jubilarse a partir de los 61 años conforme a la normativa vigente cuando perdieron su empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la paralización urgente de los proyectos de prospección e
investigación de hidrocarburos en la costa catalana, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El Golfo de León es una de las zonas más biodiversas del Mediterráneo. Es una zona con una productividad biológica alta y cuenta con una larga tradición pesquera artesanal y profesional. Es además una zona de interés turístico y con
excelentes condiciones para la práctica de la náutica de recreo y de las actividades subacuáticas.
La elevada diversidad tanto específica como de hábitats hace de la zona un caso destacable en el Mediterráneo. Además, a lo largo de la costa y de la plataforma se han observado enclaves que albergan representantes de casi todos los tipos
de comunidades típicamente mediterráneas, en algunos casos en peligro de extinción, lo que confiere al área una alta representatividad y extrema sensibilidad. Con el objetivo de conservar su biodiversidad marina y sus recursos naturales, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha propuesto a la Comisión Europea la inclusión de los Cañones de Cap de Creus y Lacaze-Duthiers como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en la Red Natura 2000. Según el propio
Ministerio, en este lugar se da una elevada abundancia de plancton y concentración de krill, lo que parece ser una fuente de alimentación preferencial de muchos peces y cetáceos. Se han censado unas 1.740 especies, lo que podría llegar a
representar una cuarta parte de todas las especies conocidas en el Mediterráneo. Destaca en las paredes sur de ambos cañones una de las comunidades de corales de aguas frías mejor conservadas del Mediterráneo. Estas extensiones de coral son
ecosistemas especialmente frágiles y sensibles a golpes bruscos según la memoria del Ministerio, que advierte del impacto que la pesca de recreo no regulada y la deposición de sedimentos estaba teniendo sobre la plataforma continental del golfo.
En estos momentos se están tramitando diferentes proyectos de prospecciones de hidrocarburos en el Golfo de León. Entre ellos, el permiso de investigación de hidrocarburos solicitado por Cairn Energy, a través de su filial española
Capricorn Spain LTD, que afecta a 11.550 km2; la campaña sísmica en áreas libres del Golfo de León que supuestamente realizaría la empresa Seabird Exploration FZLCC como empresa subcontratada por Cairn Energy, consiste en una prospección sísmica
marina 2D/3D, con el objeto de confirmar e identificar la existencia de yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo del fondo marino y se extiende sobre una superficie de unos 37.000 km2 con una penetración de las ondas acústicas generadas por los
'Airguns' que pueden llegar a 2.000± metros por debajo del nivel del fondo marino, que van desde el golfo de León a las Islas Baleares, su punto más próximo al Cap de Creus, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, unos 24 km, y en el punto
más cercano a Menorca, a unos 19 km; y el de la empresa Spectrum Geo Limited, que tiene una extensión muy superior a los dos anteriores, abarcando toda la costa catalana y la totalidad de las islas Baleares, se solaparía con los dos anteriores.
Las prospecciones sísmicas producen una contaminación acústica intolerable para la fauna marina que provoca daños físicos, en ocasiones hasta la muerte, y haciendo cambiar sus hábitos de comportamiento y hábitat en la mayor parte de las
especies con capacidad de movilidad, además de tener un impacto directo en los recursos pesqueros a causa del desplazamiento de los peces, como ya ha sucedido en otros lugares, llegando a disminuir un 50% las poblaciones de alto interés comercial.
Y todo esto se añade al riesgo de que ocurra un accidente y haya un vertido de hidrocarburos en el mar.
La apuesta por las plataformas de hidrocarburos en el mar se enmarca en una situación de agotamiento de los combustibles fósiles en la que se busca la continuidad de un modelo obsoleto y contaminante, a costa de los impactos que estas
plataformas tienen en el medio ambiente y en la población, todo ello a pesar de que el propio Gobierno ha reconocido la elevada biodiversidad de la zona.
Por todo lo expuesto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar de inmediato la tramitación de los permisos de investigación de hidrocarburos y los proyectos de prospección sísmica frente a la costa catalana.
2. Desistir de llevar a cabo más proyectos de prospección e investigación de hidrocarburos en la costa catalana, denegando los permisos solicitados a tal efecto.
3. Llevar a cabo una planificación energética coherente con la consecución de los objetivos de emisiones de cambio climático, renovables y eficiencia energética de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley para mejorar las condiciones de financiación de las líneas de innovación del CDTI.
Antecedentes
La competitividad de una empresa depende de la innovación tecnológica que incorpore la misma en sus procesos o producto, ya que es la creación de este valor añadido, de esta mejora subjetiva, la que dará solidez a su internacionalización.
Por lo tanto, la apuesta por la innovación es un factor necesario para la sostenibilidad del crecimiento del tejido productivo.
Sin embargo, y a pesar de que el propio Gobierno se ha mostrado partidario de que la innovación de las empresas es ineludible para que puedan ser competitivas tanto en el mercado interior como en el exterior, los esfuerzos puestos por parte
del Ejecutivo para canalizar la innovación a las pequeñas y medianas empresas son insuficientes e ineficaces.
En la actualidad, las ayudas públicas a la innovación para las empresas recaen principalmente sobre un único organismo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Esta entidad pública canaliza las solicitudes de
financiación y apoyo a los proyectos empresariales de I+D+i, en los ámbitos estatal e internacional, y recibe su financiación de tres fuentes: los Presupuestos Generales del Estado, fondos comunitarios de la UE y el retorno de los propios préstamos
que concede. A día de hoy es el principal organismo público al que pueden acudir las empresas para recibir apoyo financiero con el fin de renovarse tecnológicamente y mejorar su competitividad de forma estructural.
En este sentido, sorprende que tanto la Línea Directa de Innovación como la Línea de Innovación Global, únicas líneas de financiación pública destinadas íntegramente a la innovación, presenten condiciones financieras restrictivas y que para
nada responden a las mejoras de financiación ha experimentado el propio Estado Español en los mercados financieros con el descenso de la prima de riesgo.
No se comprende que, en el impulso a la innovación empresarial, el CDTI ofrezca condiciones financieras iguales o peores de las que puedan ofrecer las entidades bancarias o de las condiciones que el mismo organismo ofrece para financiar
proyectos de investigación y desarrollo o proyectos de internacionalización.
Es contraproducente que, en la coyuntura económica actual, con unas evidentes restricciones al crédito bancario y elevados costes asociados al mismo, resulte más favorable para las empresas recurrir a un banco que aceptar las condiciones de
financiación que propone el CDTI.
Algo no funciona en las condiciones de financiación que ofrece el CDTI para la innovación y ello es fácil de ver cuando se analizan las mismas y se contraponen al resto de líneas de financiación que este mismo organismo ofrece. No parece
comprensible que, a diferencia de lo que ocurre con las líneas de I+D e internalización, las líneas de innovación sean las únicas que no tienen un tramo no reembolsable. Tampoco parece justificable que las garantías del préstamo puedan llegar al
100% del mismo o que los tipos de
interés que se impongan a estas líneas estén muy por encima de las demás. El tipo de interés de las líneas del CDTI suele ser un tipo Euribor más un punto, mientras en las líneas de innovación los tipos de interés se sitúan en el Euribor
más dos o 2,5 puntos, pudiendo alcanzar el Euribor más cuatro puntos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar las condiciones de financiación de las líneas de innovación que ofrece el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para lograr una transferencia efectiva de valor
añadido al tejido productivo, a través de la innovación. Para ello se deberán contemplar aspectos tan importantes como son:
1. Establecer un tramo no reembolsable en las ayudas en forma de préstamos destinadas a la innovación.
2. Incrementar los años de amortización y/o carencia del préstamo.
3. Fijar tipos de interés más competitivos.
4. Limitar las garantías exigidas a un máximo del 25% del préstamo, a imagen del valor máximo de garantías exigidas en otras convocatorias, como, por ejemplo: Acción Estratégica o Economía y Sociedad Digital del Ministerio de Industria y
Turismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento del 'Big Data',
para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El llamado 'Big Data' se caracteriza por el tratamiento de grandes Volúmenes de datos, a una gran Velocidad y de una gran Variedad de fuentes (las tres 'V'). Pero lo más interesante del 'Big Data' no es tanto la 'gestión' de los datos, sino
la 'digestión' de los datos y su aplicación a materias y sectores concretos.
En este sentido, está cobrando especial importancia su aplicación a ámbitos, sectores y materias como las 'ciudades inteligentes', el turismo o la salud. Así, tenemos ejemplos de tratamiento y análisis de información, aplicado a las
'ciudades inteligentes', en lo que ha venido en llamarse el 'internet de las cosas'.
Ello permitirá identificar patrones de compras, pero también nuevas formas, mucho más participativas, de gobierno y de gestión eficiente de las ciudades.
Por su parte, la aplicación del 'Big Data' al turismo está teniendo su plasmación en los 'destinos turísticos inteligentes'.
En esta línea trabaja, por ejemplo, la empresa pública SEGITTUR, que impulsa un programa específico, dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015.
Finalmente, en el terreno de la salud, cada día hay más proyectos basados en la monitorización (voluntaria) de los pacientes orientados a la prevención. Y se empiezan a usar supercomputadores como herramientas de gestión del conocimiento y
de ayuda al diagnóstico y la toma de decisiones.
Está ampliamente aceptado que esta nueva área de la tecnología supone una gran oportunidad de desarrollo, tanto económico como social, que España no puede desaprovechar. Según distintos informes, el 'Big Data' puede aportar 206.000 millones
de euros a la economía de la UE en 2020, que supone un incremento del 1,9% del PIB.
Al mismo tiempo, se prevé que en 2015 se necesitarán 4,4 millones de puestos de trabajo para profesionales relacionados con esta área dentro del sector de las tecnologías.
Finalmente, conviene también tener en cuenta los aspectos del 'Big Data' que pueden afectan a la intimidad y protección de datos de los ciudadanos. Está claro que el conocimiento y utilización de la ingente cantidad de datos que generamos
inconscientemente pueden suponer un peligro para la privacidad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar, en colaboración público-privada, tanto la formación como la implantación y uso del ''Big Data'', aplicado a ámbitos, sectores y materias concretas, como las 'ciudades inteligentes',
el turismo o la salud; teniendo en cuenta, al mismo tiempo, aquellos aspectos que puedan afectar a la intimidad y a la protección de datos de los ciudadanos y, en particular, la necesidad de realizar evaluaciones de impacto en la protección de
datos y de adoptar medidas que garanticen su adecuada anonimización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para adaptar la Formación
Profesional a los sectores productivos que lo necesiten, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El estímulo del crecimiento económico y la generación de empleo constituyen en la actualidad un reto inequívoco para el Gobierno y para las fuerzas políticas, para así ofrecer oportunidad de futuro a nuestros ciudadanos y, a la vez, ser
capaces de atender las obligaciones que se derivan de nuestro Estado de Bienestar.
Actualmente, para el desarrollo de nuestro sistema económico, se ofrecen nuevas oportunidades vinculadas a la calidad y la competitividad, que nos permiten posicionarnos en el mercado exterior, y que ya está dando lugar a una cierta dinámica
de relocalización de estructuras productivas en nuestro país.
Por otra parte, no es menos cierto que existe un excedente de mano de obra procedente de sectores productivos que se encuentran afectados por el desempleo, y es por ello que se deben hacer esfuerzos -en opinión del Grupo Parlamentario
Popular- para conseguir adaptar la capacitación de la mano de obra con la actual demanda de empleo, de acuerdo con las necesidades de nuestras estructuras productivas. De manera que aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo
porque el sector en el que estaban contratados se ha visto afectado por la situación económica, por ejemplo la construcción, pudieran reubicarse en otro sector.
Se trata de un sistema que impulsa la colaboración entre la administración y los sectores productivos con resultados positivos para las partes, y especialmente para el interés general, logrando la creación de empleo. Así las empresas
obtienen la formación de sus futuros empleados y la Administración logra disminuir la cifra de los españoles en paro.
Por ello, a los efectos de facilitar la adecuada formación de la masa laboral oportunamente cualificada, de manera que contribuya al desarrollo de nuestra economía en condiciones de competencia, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados entiende necesario impulsar el diálogo entre nuestros sectores productivos y la Administración para que, en el ámbito de la Formación Profesional, se garantice la mejora
de la empleabilidad de nuestros trabajadores y así se puedan satisfacer las necesidades de los sectores productivos que requieren formación específica y cualificada de su mano de obra. Ello, por lo tanto, obligaría a:
1. Identificar en el conjunto de la estructura productiva aquellos sectores que tengan mejores condiciones para acceder a mercados en el exterior en cuanto a calidad y precio.
2. Elaborar por parte del Gobierno un catálogo de perfiles profesionales que han de contemplarse en la Formación Profesional y que permitan proveer las necesidades de nuestros sectores productivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002949
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Don Pedro Quevedo Iturbe y Ana María Oramas González-Moro, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley para el incremento de la cuota de pesca de atún rojo para Canarias.
Exposición de motivos
La recomendación de la pesca del atún rojo viene recogida en el Plan de Recuperación de esta especie, que se fundamenta a su vez en las recomendaciones que para su conservación adopta la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
del Atlántico, las cuales han sido incorporadas a la normativa de la UE, mediante distintos reglamentos en los que se fijan las cuotas de capturas asignadas a los distintos estados miembros y se les instan a elaborar un plan de pesca anual propio.
El reparto de la cuota debería situarse para Canarias en torno al 10% de la cuota asignada al Estado español, y no en 1,21 % que recoge la regulación actual, beneficiando a las flotas de otros países europeos en detrimento de las españolas.
Desde el año 2008, las asociaciones pesqueras canarias vienen reivindicando el incremento de la cuota asignada a Canarias y que se ajuste de forma real a los criterios de reparto del artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado, cuyo
contenido es el siguiente:
'Artículo 27. Reparto.
1. Para mejorar la gestión y el control de la actividad, así como para favorecer la planificación empresarial, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá disponer la distribución de las posibilidades de pesca entre buques o
grupos de buques habituales en la pesquería.
2. La distribución de las posibilidades de pesca podrá cifrarse en volúmenes de capturas, esfuerzo de pesca, tiempo de pesca, o presencia en zonas de pesca.
3. Los criterios de reparto serán los siguientes:
a) La actividad pesquera desarrollada históricamente, cifrada en volumen de capturas, esfuerzo de pesca, tiempo o presencia en zona, en cada caso.
Sus características técnicas.
Los demás parámetros del buque, así como otras posibilidades de pesca de que disponga, que optimicen la actividad del conjunto de la flota.
4. Asimismo, una vez aplicados los criterios del apartado anterior, se valorarán las posibilidades de empleo que se acrediten por el titular del buque, así como las condiciones sociolaborales de los trabajadores.'
En diciembre de 2013, el sector pesquero canario celebró que, tras años de negociaciones con la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, le permitiera salir a pescar exclusivamente el atún rojo durante los meses en
que este tipo de pez pasa por el archipiélago, en mayor cantidad entre febrero y junio, por lo que en la Comunidad Autónoma de Canarias se pasó de practicar la pesca accidental del atún rojo a la denominación de pesca dirigida, tras años de
reivindicaciones del sector.
A pesar de estos logros, queda por conseguir que el Gobierno de España aumente la cuota de captura del atún rojo permitida en Canarias, ya que de las 2.500 toneladas permitidas para España a Canarias le toca apenas 52 toneladas, es decir, el
1,3%. Este año 2014, el Gobierno de España ha reducido la cuota para Canarias con respecto a 2013. La consecuencia inmediata fue que, una vez que el Estado levantó la veda el pasado 24 de marzo, apenas 36 horas después, se comunicaba al sector
pesquero de la Comunidad Autónoma de Canarias el cierre de la misma, al haberse cumplido con el cupo asignado.
Las demandas de las asociaciones pesqueras canarias, así como de las distintas Cofradías de Pescadores, se centran en que el Estado haga un reparto más justo de las 2.500 toneladas que se permiten pescar en España, ya que, según los
pescadores, el atún rojo ha experimentado una recuperación, llegando a los niveles de los años 70. Además, en el archipiélago canario, el atún se captura de forma artesanal, es decir, con caña y anzuelo, una manera más sostenible en comparación con
la pesca de cercos y almadraba que se practica en otras comunidades autónomas, a las que el Estado español concede más del 90% del cupo.
Se trata de reclamar un aumento para la flota canaria apoyado en los datos del informe realizado por el Instituto Español de Oceanografía, responsable de propiciar el establecimiento de un periodo de pesca abierta en Canarias ante la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico. En dicho informe se indica que entre 1965 y 2007 los desembarcos de atún rojo en Canarias han representado un 10% de todos los desembarcos españoles de esta especie. Sin embargo,
desde el principio de la década de los 80 hasta la actualidad, el atún rojo desembarcado en el archipiélago ha supuesto únicamente un 2% del total de las capturas en España, porcentaje que se ha ido reduciendo desde la Administración central, quien
adopta un criterio de reparto del volumen de capturas por flota, que nada tiene que ver con el factor relativo a las capturas históricas, pues no guarda relación directa con la cuota reservada por el Estado a la flota canaria, ya que la cuota debe
ajustarse a los criterios de reparto de posibilidades de pesca, tal y como recoge el artículo 27 de la Ley 3/2001, de la Pesca Marítima del Estado.
De las 2.500 toneladas de atún rojo asignadas a España en el 2013 y 2014, la mayor parte se las lleva la flota de cerco del Mediterráneo, que acumula el 28,3%, un total de 707 toneladas; la Almadraba acumula el 27,2%, 680 toneladas; la
flota de cebo vivo del cantábrico asciende a un 21,7%, 542,5 toneladas; la flota de palangre y línea de mano, un 13,8%, 345 toneladas; y la flota de cañas y línea de mano del Estrecho, un 6,3%, 157 toneladas. La suma de estas cinco modalidades
asciende a un total de 2.431 toneladas. En definitiva, todas estas toneladas van a parar a las tres empresas industriales más importantes de España, cuyos criterios no se ajustan precisamente a una explotación artesanal y sostenible del recurso
pesquero. Es más, estas grandes empresas industriales parecen haberse especializado en la comercialización de los cupos de pesca, convirtiendo esta actividad en un mero elemento especulativo del sector pesquero. De las 69 toneladas sobrantes, 52
corresponden a Canarias, a los buques cañeros autorizados.
La diferencia de la Península con Canarias es que, mientras Canarias practica la pesca artesanal, autorizando a alrededor de 200 embarcaciones para la captura del patudo, un 1,2% del cupo nacional; esta cantidad contrasta con las más de 707
toneladas de la cuota de la flota industrial del cerco mediterráneo integrada por menos de 10 embarcaciones.
A todo lo expuesto debemos añadir que, según manifiestan los propios pescadores, de las 2.500 toneladas de pesca de atún rojo asignadas a España para la actual campaña 2014, un porcentaje de ellas no ha sido redistribuido por Comunidades
Autónomas y permanece sin asignar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Algo inaceptable para cualquiera que conozca la realidad pesquera de Canarias.
Somos conscientes de que en el próximo mes de noviembre se procederá a la nueva asignación de los cupos de pesca entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, motivo por el que entendemos que es la oportunidad para hacer
justicia entre los marineros artesanales canarios y proceder al justo incremento del cupo en los términos que se han relatado.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que:
Primero. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente proceda a la reasignación de más cuota de pesca de atún rojo en las próximas campañas para la Comunidad Autónoma de Canarias, y por ende para su sector pesquero
tradicional, hasta llegar, como mínimo, al 10% de las 2.500 toneladas asignadas para todo el Estado español.
Segundo. Este 10% se mantendrá de forma constante durante las próximas campañas.
Tercero. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dará respuesta inmediata a las reivindicaciones del sector pesquero tradicional canario, y procederá a incluir en esta nueva distribución de la cuota de pesca del atún
rojo el porcentaje sin asignar que conserva el ministerio para la actual campaña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2014.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.- Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y los siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para potenciar
la estructura organizativa del cultivo de la batata y la promoción de los diferentes usos alimenticios de esta producción, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La batata o boniato es un cultivo muy extendido en todo el mundo, con China, Indonesia, Nigeria, Japón, USA, India... como líderes en la producción de batata.
Aunque su origen es claramente tropical, oriunda de América del Sur, lo cierto es que, merced a sus numerosas variedades y a su adaptación a los diferentes territorios, es un cultivo con amplia aceptación en la alimentación tanto humana como
ganadera, siendo una fuente de hidratos de carbono, proteínas, cada vez más utilizada.
El reciente resurgir del interés por este cultivo, y su incremento proporcional de la producción, es motivado por su utilización en repostería e incluso, y debido a su más que notable rendimiento por hectárea, como planta energética para la
producción de biomasa.
En nuestro país, el cultivo, aunque minoritario a nivel nacional, tiene una especial relevancia en determinados territorios, especialmente en las islas Canarias. Tanto en terrenos arenosos como en el conocido como jable, su uso está siendo
potenciado por razones de oportunidad ante una demanda clara de la industria alimenticia y también, esto es determinante, como planta agroambiental y paisajística excepcional, al adaptarse su cultivo a zonas donde difícilmente otros cultivos más
tradicionales han fracasado.
A pesar de estas consideraciones, la batata no goza de la protección que otros cultivos y producciones ganaderas tienen en nuestro país y en la UE.
Se impone, pues, modificar la normativa nacional y comunitaria para fomentar esta producción, que claramente es merecedora de apoyo institucional para consolidar definitivamente una rentabilidad económica, social y paisajística apropiada y
justa.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la batata sea tenida en cuenta a la hora de decidir las prioridades para desarrollar la normativa nacional necesaria para la constitución de
Organizaciones de Productores (OPs).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación con ayudas para aminorar los daños ocasionados a la agricultura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En los primeros días de julio y finales de junio han tenido lugar lluvias torrenciales y fuertes granizadas en distintas comarcas de Extremadura, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz, que han afectado gravemente a la
producción agrícola de frutas, hortalizas, cereal, trigo, avena, cebada, girasol, tomate, cereza, ciruela, sandía y tabaco, entre otros, han resultado dañados.
Como ejemplo señalar que según la organización agraria UPA (Unión de Pequeños Agricultores) la cereza de Piornal habría sido dañada hasta un 80% por el granizo y las producciones de la Vegas Altas, como el tomate, la fruta y el maíz, han
quedado gravemente dañadas por las lluvias torrenciales y el granizo.
Ante situaciones similares la respuesta por parte del Gobierno fue la aprobación de un Decreto-ley que adoptaba medidas para paliar los daños ocasionados y la declaración de zona catastrófica implementando ayudas para paliar las cuantiosas
pérdidas actuales y las que se pueden derivar a futuro por aumento de los costes de producción, ente otros.
En la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, del pasado 23 de julio, el Grupo Parlamentario Socialista realizó una petición, solicitando la comparecencia urgente de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente para que informara de las medidas a adoptar por el Gobierno, para paliar los daños producidos por las inclemencias meteorológicas en diversas comarcas. Esta petición fue rechazada por el voto en contra del Grupo Popular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Valorar los daños ocasionados a la agricultura, como consecuencia de las lluvias torrenciales y fuertes granizadas ocurridas en distintas comarcas de Extremadura en los meses de junio y julio de 2014.
- Aprobar, con carácter urgente, un Real Decreto-ley para paliar los daños que se han producido como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, que en todo caso y como mínimo incluya medidas como las que se contemplan en el Decreto-ley
10/2005, de 20 de junio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2014.-María Soledad Pérez Domínguez, Leire Iglesias Santiago y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre protocolo unificado
de contención mecánica en centros hospitalarios y centros de salud mental, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Ya se han producido denuncias por la vulneración legal y malas prácticas de contenciones mecánicas en distintos establecimientos hospitalarios del país. Por ello parece urgente la puesta en marcha de un protocolo de contención mecánica que
reúna todos los requisitos éticos y legales para que las contenciones mecánicas sean admisibles, se asegure la seguridad de los pacientes, se protejan sus derechos fundamentales y se establezcan evaluaciones periódicas, tanto en hospitales como en
las unidades y centros de atención de Salud Mental para que las contenciones sean admisibles desde el punto de vista ético y legal. Resulta imprescindible, asimismo, una normativa administrativa sobre las condiciones materiales y personales del
internamiento involuntario y del empleo de otro tipo de medidas coercitivas.
Según la Organización Mundial de la Salud, algunas de las peores violaciones de los derechos de las personas con enfermedad mental se producen en el ámbito de los servicios sanitarios. La asociación Contenme ha obtenido el apoyo de la
Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad de la Asamblea de Madrid para impulsar protocolos unificados de tratamientos no agresivos en la atención a las personas con discapacidad o enfermedad mental cuando atraviesen episodios agresivos,
contra ellos mismos o contra los demás, en los momentos de crisis en los que se pone de manifiesto su incapacidad para autogobernarse. Se trata de apoyar, conteniéndoles, sin producir ningún daño o dolor. Los protocolos de actuación con
perspectiva de género que propone la Asociación incluyen las técnicas e intervenciones físicas y mecánicas para utilizar sobre las personas con discapacidad o en situación de dependencia, atendiendo a los principios de proporcionalidad y
oportunidad, bajo el Proyecto que han llamado 'Contenciones por la Libertad'.
Existe una gran variedad de protocolos en los distintos hospitales, y se registra la falta de medios mecánicos y formativos en los centros, por lo que sería conveniente la creación de la figura y titulación del Técnico/a en Contenciones, que
se encargue de verificar que los hospitales cuentan con todas las herramientas, así como de mantener al personal actualizado en los conocimientos preventivos y no invasivos. Asimismo perece necesario que los trabajadores de los centros, los
familiares, sanitarios y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad tengan esos conocimientos, por lo que resulta sorprendente que todavía no haya un protocolo unificado y siga haciendo falta la formación no lesiva de las personas con
discapacidad.
La contención mecánica es un procedimiento de protección de última elección en pacientes que se encuentran en estados de desorientación o agitación psicomotriz, después de que hayan fracaso el resto de medidas alternativas, como el abordaje
o contención verbal, las medidas ambientales y/o de conducta y la contención farmacológica.
Las principales indicaciones de uso de las contenciones mecánicas son evitar autolesiones, evitar lesiones a terceras personas, evitar interrupciones en el plan terapéutico de cada paciente y evitar desperfectos en mobiliario del centro. La
contención mecánica no debe usarse nunca como castigo, como sustitutivo de la falta de personal o si la situación puede resolverse por medidas alternativas verbales o farmacológicas. El riesgo o prevención de caídas en ancianos plantea un evidente
conflicto ético: las caídas son la primera causa de lesiones, incapacidad y pérdida de autonomía e incluso pueden ser causa de muerte en los ancianos, pero no se pueden considerar motivo suficiente como para contener mecánicamente, ni incluso
cuando hay riesgo de sufrir daño inmediato. Según J. Rafael Suárez Álvarez, presidente del Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, para que la contención mecánica sea admisible desde un punto de vista
ético debe cumplir ciertos requisitos que son:
- Que se respeten en los procedimientos la dignidad del paciente; privacidad, adecuación de medios físicos y humanos.
- Que los familiares o representantes del paciente sean informados del procedimiento antes, durante y después de la contención médica.
- Que la contención médica no se prolongue más allá de lo necesario.
- Que se ajuste a un protocolo establecido en el Centro. El conflicto ético que supone la contención mecánica, los riesgos descritos de esta restricción e inmovilización (incluso fracturas y muertes por asfixia) y sus posibles consecuencias
legales exigen que el procedimiento se aplique siguiendo una normativa que contemple claramente desde lo adecuado de la prescripción y metodología, hasta el papel de todo el equipo implicado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Elabore un informe sobre el balance de aplicación de las contenciones mecánicas en hospitales y centros de salud mental.
2. Impulse, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el establecimiento de un protocolo de contención mecánica con perspectiva de género que reúna todos los requisitos éticos y legales para que las contenciones mecánicas sean
admisibles, se asegure la seguridad de los pacientes, se protejan sus derechos fundamentales y se establezcan evaluaciones periódicas.
3. Valore la creación de la figura y titulación del Técnico/a en Contenciones, que se encargue de verificar que los hospitales cuentan con todas las herramientas, así como de mantener al personal actualizado en los conocimientos preventivos
y no invasivos.
4. Establezca medidas adicionales para la formación del personal sanitario en materia de contenciones mecánicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
promover un gran acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, fue aprobada con alto grado de acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las
Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo. Con esta Ley nuestro país avanzaba hacia la consolidación del estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución.
La Ley reconoce el derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la población y con garantía pública. Para ponerlo en marcha se establecía la
cooperación de todas las administraciones implicadas y se creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de implantación que se desplegaría de forma gradual hasta 2015.
Hasta noviembre de 2011 el Sistema se fue implantando según lo previsto. En aquel momento, un 80,7% de personas beneficiarias encuestadas consideraban positiva o muy positiva la atención que recibían.
En diciembre de 2011, pocos días después de la constitución del actual Gobierno, este decidió paralizar el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio.
Posteriormente, en los primeros Presupuestos Generales del Estado que elaboró el Gobierno, correspondientes al año 2012, eliminó la partida para el nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros. Este nivel de financiación previsto en
la Ley volvió a ser suprimido en 2013 y 2014.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron enorme perjuicio a las
personas en situación de dependencia. Entre ellas destacan la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; la
reducción en un 15% de la prestación
económica por cuidados en el entorno familiar; la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, cuyas cotizaciones pasan a ser exclusivamente a su cargo; la
aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Además, se volvió a revisar el calendario para retrasar, más aún, la entrada de dependientes moderados; se introdujo
un régimen de incompatibilidad de las prestaciones; y se excluyó del silencio positivo el reconocimiento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
aprueba los criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los nuevos criterios, todavía no publicados mediante Real Decreto, suponen
un importante incremento del copago. Pero, además, se permite a las Comunidades Autónomas establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas, lo cual han hecho muchas de ellas.
En definitiva, el Gobierno ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente
insuficientes; al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia.
Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del Sistema. De soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la Administración General del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013. En este periodo, la
aportación de las Comunidades Autónomas ha crecido del 50,8% al 62%, y el copago de los usuarios casi se ha duplicado.
En la práctica, se está vaciando de contenido el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Además, se está vulnerando el principio de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho, y los
principios inspiradores del Sistema: carácter público de las prestaciones, universalidad, equidad y accesibilidad están claramente cuestionados.
Las decisiones del Gobierno nos han llevado a una situación en la que resulta evidente la necesidad de reformular el Sistema. Existe un alto grado de consenso entre responsables políticos de todos los ámbitos, profesionales y beneficiarios
respecto a que, en este momento, es necesario intervenir. Para garantizar de forma efectiva el derecho de las personas en situación de dependencia, debe crearse un grupo de trabajo específico con los representantes de los grupos parlamentarios, que
realice una evaluación sobre la Ley, las modificaciones llevadas a cabo, su aplicación, sus resultados, así como para analizar qué medidas son necesarias para mantener y garantizar la sostenibilidad del Sistema.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la constitución de un grupo de trabajo con representantes de los grupos parlamentarios con el objetivo de alcanzar un amplio acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo
y la financiación por parte de las administraciones públicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Para ello, realizarán una evaluación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia, analizando su aplicación, las modificaciones llevadas a cabo, sus resultados, sus disfunciones, y su incidencia en la economía y el empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo y aplicación del programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La crisis económica y las políticas de recortes de derechos en sanidad, educación y política social llevadas a cabo por el Gobierno están contribuyendo a ampliar la desigualdad social. Ante esta dramática situación, se hace absolutamente
necesario reforzar, por parte de las Administraciones Públicas, la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social.
Uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España es el Plan de ayuda alimentaria a los más necesitados (PEAD), establecido por la Unión Europea y gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA). Este Plan
trata de poner a disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de calidad.
En el Plan del año 2013 la asignación correspondiente a España ascendió a 85,6 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), responsable de la ejecución
del Plan, compró mediante un procedimiento de licitación un total de 80 millones de kilos de alimentos: aceite de oliva, legumbres (lentejas y garbanzos), arroz, leche UHT, queso, macarrones, harina, galletas, fruta en conserva sin azúcar añadido,
judías verdes en conserva, tomate frito, cereales infantiles y potitos. Según información del FEGA, esta cesta de 14 productos, de fácil transporte y almacenamiento, poco perecederos y, sobre todo, de carácter básico, permitía preparar fácilmente
una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.
En 2013 Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), designadas por el FEGA, distribuyeron en todas las provincias el total de los alimentos, en una proporción del 50% cada una, a más de 9.000 entidades
benéficas que, a su vez, atienden a más de 2.000.000 de personas cuya situación económica o familiar de necesidad, les impedía adquirir alimentos de forma regular.
Para la ejecución del Plan 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del FEGA, ha comprado mediante un procedimiento de licitación pública los siguientes alimentos: arroz, lentejas, leche UHT, macarrones,
galletas, judías verdes en conserva, tomate frito, leche de continuación y potitos.
Se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica, que pasa de 14 en 2013 a solo 9 en 2014. Han desaparecido alimentos tan importantes como el aceite, los garbanzos, el queso, la fruta en conserva sin azúcar
añadido y los cereales infantiles. A pesar de ello, el propio FEGA sostiene que esta cesta permite que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos
bebés.
Es evidente que se ha producido una merma significativa en la calidad y variedad de los productos básicos que integran la cesta. Pero además, numerosas organizaciones están denunciando una importante disminución en la cantidad de alimentos
que se están repartiendo.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar la financiación pública destinada a garantizar a las personas más necesitadas alimentos básicos de calidad, a través de los Presupuestos Generales del Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el
apoyo a los servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados.
2. Garantizar que el Plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una cantidad de productos básicos suficiente para cubrir sus necesidades.
3. Garantizar que el Plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una calidad y variedad de productos igual o superior a la que ofreció el Plan de 2013.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2014.-Rosa Aguilar Rivero, María Luisa Carcedo Roces y María Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre infancia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.
Todas las organizaciones que trabajan con y por la infancia vienen reclamando, desde el inicio de la legislatura, que las organizaciones políticas establezcan pactos políticos para desarrollar normativas de cara a visibilizar los problemas y
las necesidades que acucian a la infancia.
El tiempo ha pasado, hemos superado el ecuador de la legislatura y la crisis ha acentuado los graves problemas que sufre la infancia en nuestro país. Los informes que se han realizado en los últimos tiempos por Save the Children, Oxfam,
Intermon, Cáritas y UNICEF muestran la cruda realidad de un país que ha hecho caso omiso durante estos años a las necesidades de la población infantil.
Entre octubre de 2013 y junio de 2014 un equipo de trabajo formado por la asociación 'Educación para la Acción Crítica', con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de la ONU y en colaboración con otras organizaciones
sociales internacionales, ha realizado un trabajo de investigación en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este trabajo, relacionado con la alimentación infantil, puede ser perfectamente extrapolable al resto del Estado español.
Según este informe, en 2012 existían en España 13,9 millones de personas expuestas al riesgo de pobreza o de exclusión social. Los niveles de pobreza infantil afectan a algo más de 2,5 millones de menores en nuestro país, lo que supone
300.000 más que en 2008.
La brecha social se ha profundizado en los últimos años y la desigualdad, según cifras de Eurostat, indica que el 20% más rico de España gana unas 7,2 veces más que el 20% más pobre. Este mismo estudio revela que al menos tres millones de
ciudadanos españoles viven con pobreza severa y ya no son capaces de afrontar el coste de la bolsa de la compra, viéndose obligados a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos.
En el informe elaborado por Save the Children titulado 'Pobreza Infantil y Exclusión Social en Europa' se dice lo siguiente: 'La pobreza infantil no solo significa que no se cubran las necesidades básicas de los niños y niñas, como
alimento, vestido y vivienda, también significa que no puedan participar en actividades deportivas, culturales y otras actividades de ocio. Además, los niños y las niñas que crecen en una situación de pobreza tienen menos posibilidades de adquirir
destrezas y capacidades que les permitan salir de la pobreza como adultos y contribuir al bienestar de la sociedad'.
UNICEF ha elaborado una serie de indicadores que vienen a mostrar cómo a día de hoy, 'uno de cada cuatro niños/as vive en España en riesgo de pobreza; las desigualdades entre hogares con hijos o sin ellos se acrecientan cada día que pasa
(se han triplicado en los últimos ocho años); el riesgo de pobreza en hogares donde los padres tienen un bajo nivel académico es 47,4% más que el de los hijos/as de padres con estudios universitarios'.
Se muestran igualmente preocupados 'por la reducción de la inversión en becas de libros de texto u otras ayudas sociales en los Presupuestos Generales del Estado'.
Las iniciativas al respecto llevadas a cabo por el Gobierno no cubren las necesidades de la población en general y en consecuencia no solucionan las graves dificultades por las que atraviesa la población infantil en nuestro país. Es más, el
Gobierno dedica el mismo dinero para rehabilitar ministerios que para el Fondo de Pobreza Infantil. Es un escándalo dedicar a mejorar el mobiliario de los ministerios (16 millones de euros) más dinero que el destinado a combatir la pobreza
infantil.
Por todo ello, y porque los niños y las niñas son un valor social, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reformar en profundidad nuestro sistema tributario para asegurar ingresos suficientes, obtenidos con mayor equidad y progresividad, para financiar políticas de gasto que mejoren los servicios públicos y nuestro sistema de protección
social.
- Poner en marcha de forma coordinada y con carácter de urgencia, en colaboración con las comunidades autónomas, una serie de medidas destinadas a:
Promover un mejor conocimiento de la situación infantil en España.
Acordar un marco común de actuación con el objetivo de garantizar plenamente la realización de los derechos de los niños y las niñas en todo el territorio. La realización de este marco de actuación debe contar con los recursos económicos
y sociales necesarios.
Todas las administraciones implicadas deben reflejar con claridad y exactitud los recursos que destinan a políticas de infancia.
- Asegurar que las políticas para abordar la situación de pobreza infantil tengan como objetivo la plena realización de los derechos de los niños y de las niñas, siendo absolutamente necesario que en el plazo de un mes elabore una evaluación
sobre el impacto en la infancia de las reformas estructurales y los recortes efectuados en los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales.
- Reforzar el sistema de prestaciones de la Seguridad Social destinadas a la protección de las familias:
Recuperación de la prestación única por nacimiento, adopción o acogimiento.
Aumentar las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo, adaptándolas a las necesidades y situación concreta de las familias.
- Derogar el RDL de 16/2012, de 20 de abril, ''de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud'', recuperando la asistencia y cobertura sanitaria de carácter universal:
Garantizar la asistencia y cobertura universal a todas las personas que se encuentren en España, incluidos los inmigrantes en situación irregular.
Garantizar la calidad del sistema dotándolo de los recursos económicos y humanos suficientes.
- Derogar el RDL de 14/2012, de 20 de abril, ''medidas urgentes de racionalización del gasto público'', recuperando y mejorando el Sistema Educativo, dotándolo de los recursos necesarios, tanto económicos como humanos:
Promover el acceso a la enseñanza 0-3 años.
Garantizar la estabilidad de los recursos económicos en el sistema educativo.
Reforzar el enfoque inclusivo del sistema, garantizando el apoyo escolar de los alumnos/as con necesidades especiales, garantizar las becas como derecho y no como premio, avanzar hacia la gratuidad real de la educación obligatoria y en el
conjunto del sistema público.
Promover la participación infantil y familiar y de la Comunidad Educativa en su conjunto, en el Sistema educativo.
- Asegurar en la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor el derecho de todos los niños y todas las niñas a crecer dentro de su entorno familiar sin que los motivos económicos puedan motivar la separación del núcleo
familiar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de agosto de 2014.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre intervención del Ejército israelí en la banda de Gaza, para su debate
en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La intervención militar 'Operación Marco Protector', iniciada por el Ejército de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania y especialmente en la banda de Gaza el pasado 8 de julio, ha causado ya más de 600 muertos y más de 2.000
heridos, la mayoría de ellos civiles. La ofensiva por tierra, mar y aire con incursión de tanques, ataques aéreos y lanzamiento de misiles por parte de las tropas israelíes ha focalizado su actuación en infraestructuras básicas y edificios
residenciales, provocando la muerte de civiles y numerosos heridos, entre ellos niños y mujeres.
La población civil de los territorios ocupados se encuentra en una gravísima situación de catástrofe humanitaria, aislada por una ofensiva militar que dificulta el acceso de los trabajadores humanitarios y de los suministros básicos. Más de
100.000 personas se han visto obligadas a desplazarse de sus casas, 600.000 no tienen acceso a agua potable de forma regular y existe una alarmante escasez de comida y leches infantiles que augura una inminente crisis alimentaria. Por su parte, el
Ejército de Israel ha autorizado el reclutamiento de 40.000 reservistas para una operación que según su Ministro de Defensa 'no acabará en pocos días'.
El castigo infligido a la población civil constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y de las Convenciones de Ginebra, que en el artículo 33 del Convenio IV de Ginebra relativo a la Protección debida a las personas
civiles en tiempos de guerra establece que 'No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación y de terrorismo y están prohibidas las
medidas de represalia contra las personas protegidas -población civil- y sus bienes'.
Así mismo, el número de puntos alcanzados por los proyectiles israelíes crece de forma alarmante y ya supera los 3.000 ataques. Durante las dos semanas de ofensiva militar ha sido bombardeado un centro de discapacitados causando la muerte y
graves heridas a varios de sus pacientes, así como centros escolares, hospitales y equipos de atención sanitaria, lo que constituye una grave vulneración del citado Convenio.
La Organización de las Naciones Unidas ha confirmado que dos terceras partes de los heridos son niños y su Secretario General, Ban Ki-moon, ha condenado los bombardeos israelíes, a los que calificó de 'atroces' y ha reiterado que Israel debe
proteger a los civiles.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su más enérgica protesta por la violenta intervención militar del Ejército Israelí en los territorios ocupados de la banda de Gaza, que ha generado una situación de emergencia humanitaria de graves consecuencias para la
población civil.
2. Insta al Gobierno español a que:
a) Emprenda de inmediato iniciativas diplomáticas propias y en el marco de la Unión Europea orientadas al cese de la ofensiva militar israelí en la banda de Gaza.
b) Despliegue una campaña urgente de ayuda humanitaria a la población palestina en los territorios ocupados.
3. Invita a los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas, así como a los sindicatos y demás organizaciones no gubernamentales, a desplegar una campaña urgente de ayuda humanitaria al pueblo palestino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cultura
161/002960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la aportación a los Consorcios de la Ciudad de Toledo y de la Ciudad de Cuenca en los PGE y la creación de los Consorcios de las ciudades de Ávila, Salamanca, Segovia y Alcalá de Henares, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
A instancias del Partido Castellano (PCAS), que impulsa la presentación de esta Proposición no de Ley, se pone en conocimiento de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que, desde que en el año 2000 fue creado el Consorcio de
la Ciudad de Toledo, formado por el Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad, con un presupuesto anual de más de 10 millones de euros (de los cuales seis millones los aportó el
Gobierno de España), aportados por las cuatro administraciones, el mismo se ha incrementado hasta los 15 millones de euros en el año 2005, descendiendo paulatinamente hasta los 3,9 millones de euros del año 2014 (en parte procedente del remanente de
tesorería del año 2013), de los cuales 1.626.050 euros ha sido la aportación del Estado en este año, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Según sus Estatutos, son fines esenciales del Consorcio de la Ciudad de Toledo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1424 de 1998, de 3 de julio, los siguientes:
a) Servir de apoyo administrativo y de gestión al Real Patronato de la Ciudad de Toledo para el mejor cumplimiento por este de sus fines propios.
b) Asegurar el mantenimiento y la adecuada gestión de las instalaciones, equipamientos y servicios dotados como consecuencia de actuaciones acordadas por el mismo Real Patronato.
c) Promover y, en su caso, facilitar, en el término municipal de Toledo, el ejercicio coordinado de las competencias de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Municipio.
Son funciones del Consorcio de la Ciudad de Toledo:
a) Facilitar al Real Patronato la infraestructura administrativa precisa para su funcionamiento, pudiendo elevar al mismo iniciativas y propuestas.
b) Impulsar, promover y coordinar la ejecución de los acuerdos adoptados por el Real Patronato.
c) Asumir, en su caso, la ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que las Administraciones miembros acuerden encomendarle.
d) Asumir la titularidad de la gestión de establecimientos y servicios públicos que, sirviendo a los fines del Real Patronato, le sea encomendada por la Administración competente.
e) Ejercer aquellas funciones que las Administraciones consorciales le atribuyan.
Por su parte, el Consorcio de la Ciudad de Cuenca fue creado el año 2004 y está integrado por la Administración General del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de
Cuenca. Su presupuesto correspondiente al año 2005 fue de 7,2 millones de euros (el Estado aportó tres millones de euros), subiendo hasta las 8,2 millones en 2006, 2007 y 2008 y bajando hasta los 2,5 millones en 2014 (1,6 millones aportados por el
Gobierno de España).
Son fines esenciales del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 112/2004, de 23 de enero, los siguientes:
a) Servir de apoyo administrativo y de gestión al Real Patronato de la Ciudad de Cuenca para el mejor cumplimiento por este de sus fines propios.
b) Asegurar el mantenimiento y la adecuada gestión de las instalaciones, equipamientos y servicios dotados como consecuencia de actuaciones acordadas por el mismo Real Patronato.
c) Promover y, en su caso, facilitar, en el término municipal de Cuenca, el ejercicio coordinado de las competencias de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Municipio.
Son funciones del Consorcio de la Ciudad de Cuenca:
a) Facilitar al Real Patronato de la ciudad de Cuenca la infraestructura administrativa precisa para su funcionamiento, pudiendo elevar al mismo iniciativas y propuestas.
b) Gestionar y desarrollar las tareas derivadas de la ejecución de los acuerdos adoptados por el Real Patronato.
c) Asumir, en su caso, la ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que las Administraciones miembros acuerden encomendarle.
d) Asumir la gestión de establecimientos y servicios públicos que, sirviendo a los fines del Real Patronato, le sea encomendado por la Administración competente.
e) Ejercer aquellas funciones que las Administraciones consorciadas le atribuyan.
Por su parte, el Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, el tercero que existe en España y primero en ser creado en 1992, disfruta para el año 2014 de un presupuesto de 9,7 millones de euros, de los cuales la aportación de la
Administración General del Estado es de 4.795.150 euros, el triple que Toledo o Cuenca.
En conclusión, plantearnos garantizar los recursos económicos suficientes para los Consorcios de las ciudades de Toledo y Cuenca, incrementando la aportación del Estado hasta la misma cantidad que recibe actualmente el Consorcio de la ciudad
de Santiago de Compostela, de manera que todos los Consorcios reciban del Estado la misma cantidad de recursos.
A su vez, plantearnos la necesidad de que, en un máximo de dos años, se creen los Reales Patronatos y los Consorcios correspondientes en las ciudades castellanas que están reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, de manera que Alcalá de
Henares (Madrid), Ávila, Salamanca y Segovia cuenten con los organismos y los presupuestos necesarios para garantizar las inversiones que permitan mantener de manera digna el amplio patrimonio que poseen, mejorando su proyección tanto nacional como
internacional.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, para que aporte al Consorcio de la Ciudad de Toledo y al Consorcio de la Ciudad de Cuenca no menos del presupuesto aportado en el
año 2014 al Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, esto es, 4.795.000 euros, en los próximos PGE.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que mantenga en todo momento la misma aportación a los distintos Consorcios de ciudades Patrimonio de la Humanidad que existan constituidos, de manera que no exista discriminación
económica entre ellos.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a través del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, se lleve a cabo la creación de los Reales Patronatos y los Consorcios de las ciudades castellanas de Alcalá de Henares
(Madrid), Ávila, Salamanca y Segovia, todas ellas declaradas Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con el fin de garantizar de manera digna el amplio patrimonio que poseen, mejorando su proyección tanto nacional como internacional y garantizando los
recursos necesarios para que cumplan con los fines y funciones que sus estatutos determinen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a la celebración del 750 aniversario del nacimiento de Ramon Muntaner.
Ramon Muntaner (1265-1336) es uno de los grandes nombres de la literatura y la historiografía medieval, fundamental para conocer y entender el devenir de la historia entre los siglos XII y XIV. En efecto, el cronista pasó muchos años de su
vida al servicio de los príncipes del Casal de Barcelona y tuvo una notabilísima participación en muchas de las campañas militares de la época, lo cual le llevó a recorrer lugares como Sicilia, Bizancio o el norte de África.
Los primeros contactos de Ramon Muntaner con las grandes dinastías de la época se remontan a su infancia: en 1274 su padre, Joan Muntaner, prohombre de Peralada, alojó en su casa a Jaume I el Conquistador y al Rey de Castilla Alfonso X el
Sabio, que de camino a Bellcaire (Langedoc) había ido recorriendo las tierras de la Corona.
La 'Crónica' de Ramon Muntaner es, sin duda, una de las obras más notables de la historiografía europea y una importante compilación de grandes acontecimientos históricos ocurridos entre los siglos XIII y XIV. Según afirma el propio autor
en el prólogo, Ramon Muntaner empezó a escribir su 'Crónica' el 15 de mayo de 1325, a la edad de sesenta y cinco años y a raíz de una extraña visión. Al parecer un día, mientras dormía en su alquería de Xirivella, en la huerta valenciana, se le
apareció en sueños un venerable anciano completamente vestido de blanco que le ordenó la composición de un libro sobre los grandes hechos y las maravillas de su época, hechos que Ramon Muntaner había vivido en primera persona y maravillas que eran
en buena parte las guerras mantenidas por la Corona de Aragón.
Pero la 'Crónica' de Ramon Muntaner no es solo un valioso documento histórico, sino que goza de un destacadísimo valor literario, que la lleva a ocupar un lugar privilegiado en el ámbito de la literatura medieval. Nos encontramos con la más
extensa de las cuatro grandes crónicas medievales escritas en lengua catalana (Crónica de Jaume I el Conquistador, Crónica de Pere III el Ceremonioso y la Crónica de Bernat Desclot), y abarca un periodo histórico que va desde el nacimiento de Jaume
I en 1208 hasta la coronación del rey Alfonso III en 1327.
El próximo año 2015 se conmemoran los setecientos cincuenta años del nacimiento de Ramon Muntaner y el Ayuntamiento de Peralada, población que le vio nacer, ya ha organizado diversas actividades para estimular el conocimiento del personaje y
la divulgación de la 'Crónica', una de las obras maestras de la literatura catalana medieval. Esta conmemoración, además, supone una gran oportunidad para promocionar la ciudad de Peralada.
El año 2015 será el Año Muntaner y tendrá un carácter cultural, cívico y participativo. Los objetivos que se persiguen con esta conmemoración son:
- Difundir la figura de Ramon Muntaner y la 'Crónica' y darlo a conocer a todas aquellas personas interesadas en la historia y la literatura,
- Impulsar la relectura y actualización de su obra, conjuntamente con las instituciones de la cultura y de la enseñanza, así como los medios de comunicación y
- Acercar la figura de Ramon Muntaner al público en general como cronista, como historiador y como personaje histórico testigo de grandes acontecimientos fundamentales de la historia.
En ese contexto, el Ayuntamiento de Peralada creará próximamente la Comisión del Año Muntaner, formada por representantes de las diferentes instituciones y entidades que participen en este acontecimiento, con el fin de concretar los
distintos actos conmemorativos programados.
Por todo ello, y dada la gran importancia de este escritor e historiador y el relativo desconocimiento por parte del gran público tanto de su figura como de su obra, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar, en colaboración con la Generalitat de Catalunya y las instituciones locales, los diferentes actos conmemorativos del 750 aniversario del nacimiento de Ramon Muntaner con el objetivo
de difundir y promover su figura y su obra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre rehabilitación de la ciudad romana de Clunia en Burgos, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En 1985 se aprobaba la Ley de Patrimonio Histórico Español en la que se incluía que el 1% del presupuesto de cada obra pública que fuera financiada total o parcialmente por el Estado se dedicaría a financiar trabajos de conservación o
enriquecimiento de nuestro patrimonio histórico o de fomento de la creatividad artística, señalando que debería aportarse preferentemente en la propia obra o en su inmediato entorno.
Esta previsión ha permitido realizar desde entonces innumerables intervenciones para mejorar el patrimonio de todo tipo, desde la arquitectura religiosa al Camino de Santiago, parques y yacimientos arqueológicos, un gran número de bienes de
interés cultural o el patrimonio industrial y minero. Todas las provincias y Comunidades Autónomas se han visto beneficiadas de un programa que destinó, entre 2007 y 2011, más de 290 millones de euros a obras de rehabilitación o conservación.
A finales de 2013, el Ministerio de Fomento firmó un acuerdo por el que los fondos destinados por este a la conservación del patrimonio se aumentaban en medio punto, pasando a denominarse 1,5% cultural. El objetivo era paliar el descenso
acusado de estos fondos por la disminución de las inversiones en infraestructuras.
Sin embargo, la realidad es que las obras que actualmente se están ejecutando o finalizando proceden de fondos asignados en convocatorias anteriores a 2012 y que en los últimos dos años y medio la paralización del programa del 1% cultural es
absoluta. El pasado 16 de junio, la Secretaria de Estado de Turismo afirmó en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado que no había podido dedicar fondos al Camino de Santiago porque en los años 2012 y 2013 no había existido
convocatoria del 1% cultural.
Estamos hablando de abandono de nuestro patrimonio histórico, pero también de oportunidades de desarrollo económico, de protección de recursos turísticos y de salvaguarda medioambiental.
En la provincia de Burgos, durante el periodo 2007-2011, se invirtieron más de nueve millones de euros en obras como el nuevo albergue de peregrinos de Burgos, la consolidación del Hospital de la Concepción, la rehabilitación de la plaza de
la iglesia y plaza Manuel de Mendoza de Vadocondes, el Monasterio de San Salvador de Oña, la rehabilitación del antiguo edificio de viajeros de Miranda de Ebro o la recuperación de yacimientos de icnitas de dinosaurios en Salas de los Infantes,
entre otras.
Una de las actuaciones más importantes fue la restauración del teatro romano de Clunia en Peñalba de Castro (Burgos) para la que el Ministerio de Fomento destinó 580.000 euros y que ha permitido recuperar en gran medida una de las partes más
importantes de este yacimiento. La ciudad romana de Clunia es uno de los enclaves arqueológicos más relevantes de nuestra península y ha permitido sacar a la luz, a juzgar por las excavaciones, una de las más significativas ciudades de la Hispania
romana con unas 120 hectáreas de extensión.
Durante los últimos años, se ha proseguido con las excavaciones y las labores de conservación, pero el deterioro provocado por la falta de inversiones y los constantes robos es muy importante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa solicitud de la administración competente, impulse la rehabilitación de la ciudad romana de Clunia en la provincia de Burgos con cargo al 1% cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2014.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el impulso a las inversiones para la protección del patrimonio histórico español a través del 1% cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En 1985 se aprobaba la Ley de Patrimonio Histórico Español en la que se incluía que el 1% del presupuesto de cada obra pública que fuera financiada total o parcialmente por el Estado se dedicaría a financiar trabajos de conservación o
enriquecimiento de nuestro patrimonio histórico o de fomento de la creatividad artística, señalando que debería aportarse preferentemente en la propia obra o en su inmediato entorno.
Esta previsión ha permitido realizar desde entonces innumerables intervenciones para mejorar el patrimonio de todo tipo, desde la arquitectura religiosa al Camino de Santiago, parques y yacimientos arqueológicos, un gran número de bienes de
interés cultural o el patrimonio industrial y minero. Todas las provincias y Comunidades Autónomas se han visto beneficiadas de un programa que destinó, entre 2007 y 2011, más de 290 millones de euros a obras de rehabilitación o conservación.
A finales de 2013, el Ministerio de Fomento firmó un acuerdo por el que los fondos destinados por este a la conservación del patrimonio se aumentaban en medio punto, pasando a denominarse 1,5% cultural. El objetivo era paliar el descenso
acusado de estos fondos por la disminución de las inversiones en infraestructuras.
Sin embargo, la realidad es que las obras que actualmente se están ejecutando o finalizando proceden de fondos asignados en convocatorias anteriores a 2012 y que en los últimos dos años y medio la paralización del programa del 1% cultural es
absoluta. El pasado 16 de junio, la Secretaria de Estado de Turismo afirmó en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado que no había podido dedicar fondos al Camino de Santiago porque en los años 2012 y 2013 no había existido
convocatoria del 1% cultural.
Estamos hablando del abandono de nuestro patrimonio histórico, pero también de oportunidades de desarrollo económico, de protección de recursos turísticos y de salvaguarda medioambiental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que retome el programa del 1% cultural (1,5% en el caso del Ministerio de Fomento) acelerando sus convocatorias y recuperando en la próxima los fondos no dispuestos en los años 2012 y 2013.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2014.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
avanzar en la lucha contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La 'Hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género', aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 4 de febrero de 2014, alienta a la Comisión y los Estados miembros a
recopilar de forma regular datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGBTI en la UE, la formación y el refuerzo de capacidades en los organismos nacionales que trabajan en pro de la igualdad y otras organizaciones encargadas
de promover y proteger los derechos fundamentales de las personas LGBTI, así como a esforzarse por sensibilizar a la ciudadanía con respecto a los derechos de las personas LGBTI.
Así mismo señala que la Comisión debe vigilar y prestar asistencia a los Estados miembros en relación con las cuestiones que atañen de manera específica a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género al aplicar la
Directiva 2012/29/UE, sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en particular si estos están motivados por prejuicios o discriminación que puedan estar relacionados con las características personales de las víctimas.
Señala el informe que la Comisión debe facilitar el intercambio entre los Estados miembros de las buenas prácticas adoptadas en ellos en materia de formación y educación de las fuerzas del orden, los ministerios fiscales, los magistrados y
los servicios de apoyo a las víctimas.
Solicita de la Agencia de los Derechos Fundamentales que preste asistencia a los Estados miembros para que mejoren la recopilación de datos comparables relativos a los delitos cometidos por odio contra homosexuales y transexuales. Y
solicita a los Estados miembros que registren e investiguen los delitos cometidos por odio contra las personas LGBTI y adopten una legislación penal que prohíba la incitación al odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.
En nuestro país, los datos hechos públicos por la Secretaria de Estado de Interior ponen de manifiesto que la mayoría de los ataques en España se producen por la orientación sexual y la identidad de género. Esas cifras señalan que, durante
los seis primeros meses de 2014, ha habido ya en nuestro país 235 incidentes motivados por la orientación o identidad sexual. Estas acciones de odio se traducen en abusos y agresiones sexuales, lesiones, amenazas, hurtos y violaciones. Estos datos
incluyen los delitos contabilizados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policía Local, a falta de los balances de la Policía Autonómica Vasca y de los Mossos D' Escuadra que se presentarán a final de año.
La tendencia de estos datos es similar a la que se presentó el año pasado en el primer balance que hizo el Ministerio del Interior sobre delitos de odio en España, que señalaba que durante el año 2013 el número de delitos de odio acontecidos
en España ascendió a 1.172. Los delitos por orientación o identidad sexual volvían a obtener los datos más altos, con 452 casos identificados en nuestro país durante ese periodo.
Si de acuerdo con las estimaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea entre el 80% y el 90% de los incidentes de odio no se denuncian, estamos asistiendo a un fenómeno preocupante ante el que los poderes
públicos deben actuar con rapidez y contundencia.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, presente un Plan integral para la protección y atención a las víctimas de delitos de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género, de acuerdo
con las consideraciones establecidas en el Informe sobre 'La Hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género', aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 4 de febrero de 2014.
Este Plan debe abordar un refuerzo del papel de las fiscalías que, por su especialidad, deban conocer de estos delitos, así como contemplar una mayor formación en delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, para jueces y fiscales, y en el ámbito educativo.
Asimismo, se insta al Gobierno a que inste a la Unión Europea para que ponga en marcha lo antes posible las actuaciones establecidas en la 'La Hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género', a fin de garantizar el derecho a la seguridad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de agosto de 2014.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la protección de la
maternidad de las mujeres con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Las personas con discapacidad conforman un grupo numeroso, alrededor de 4 millones en España y 80 millones en la Unión Europea; y especialmente vulnerable, ya que se enfrenta a importantes dificultades a la hora de acceder a ámbitos propios
de la vida diaria.
En nuestro país, según los últimos datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 60% de las personas con discapacidad son mujeres, porcentaje
que alcanza, el 57,5% en el ámbito de la Unión Europea, según fuentes de la misma. Estos datos son especialmente relevantes si tenemos en cuenta la doble discriminación, por razón de género y discapacidad, a la que se enfrenta este colectivo.
Es por eso que, en un país como España, para él que el avance de las políticas sociales es primordial y donde las personas con discapacidad juegan un papel importante, se hace necesario potenciar todas aquellas medidas que promuevan la
igualdad de oportunidades y la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad.
En consecuencia, en los últimos años, se ha tomado conciencia de la especial situación que viven las personas con discapacidad y sus familias, por eso, en el marco del reconocimiento de los derechos específicos de las personas con
discapacidad, se han adoptado medidas en distintos ámbitos como el legislativo.
En este sentido, en aplicación de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, destaca el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de la Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Se trata de un texto que, por primera vez, unifica toda la normativa
existente en la materia y que garantiza que la discapacidad esté contemplada en todas las actuaciones políticas y por todas las Administraciones, dando de este modo respuesta a una demanda histórica del colectivo de la discapacidad.
Sin embargo, a pesar de los innegables progresos sociales alcanzados, aún hoy, mujeres y hombres con discapacidad se enfrentan a un conjunto de impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos. Existen por lo tanto campos de
actuación en los que los poderes públicos pueden continuar trabajando con el fin de erradicar las diferencias entre las personas con o sin discapacidad.
El 11 de diciembre de 2013, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre las mujeres con discapacidad [201312065(INI)], en la que se destaca la importancia de la maternidad y los retos que la misma conlleva a todas las mujeres, más aún
cuando se trata de mujeres con discapacidad. Este colectivo, por sus dificultades particulares en el acceso a una vivienda adecuada, a servicios de asistencia sanitaria, transporte público, educación, formación profesional y empleo, son un grupo
especialmente desfavorecido, que soportan una carga desproporcionada por lo que respecta al embarazo y la maternidad.
Las mujeres con discapacidad que deciden ser madres deben tener derecho a disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que las mujeres sin discapacidad, a fin de evitar disuadirlas del embarazo. Por ello, la Unión Europea recomienda a
los Estados miembros la adopción de medidas positivas con el fin de incentivar la maternidad responsable y facilitar la vida futura de las mujeres con discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una mejora en la protección de la maternidad de las mujeres con discapacidad, habida cuenta de sus mayores dificultades para adaptarse a esta nueva situación teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para viajar en tren Almería-Madrid para personas con silla de ruedas eléctrica, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El artículo 49 de la Constitución Española señala que es responsabilidad de los poderes públicos realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a
las que deben prestar la atención especializada que requieran y ampararlas especialmente para el disfrute de los derechos que tiene todo ciudadano.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9, sobre accesibilidad, establece: 'A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas,
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo'.
Según nuestro ordenamiento jurídico, 'accesibilidad universal' es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de 'diseño universal o diseño para todas las personas', y se entiende sin perjuicio de
los ajustes razonables que deban adoptarse.
Son muchos los ámbitos en los que es necesario seguir avanzando para lograr la accesibilidad universal. Uno de los que debería ser prioritario es el de los bienes y servicios a disposición del público.
Ejemplo de limitaciones a la accesibilidad a todos los servicios, para las personas con discapacidad, se viven cada día por las personas que tiene que desplazarse en una silla de ruedas manual o eléctrica cuando quieren viajar en tren, ya
que a pesar de los avances producidos, son continuas las quejas, por la limitación en el número de viajeros con discapacidad que pueden desplazarse en cada viaje, limitadas a uno o dos espacios reservados o por otros motivos.
Los avances no se han producido con uniformidad en todas las estaciones a nivel nacional. Como en otros servicios las desigualdades son evidentes.
La provincia de Almería, especialmente olvidada por las inversiones del gobierno nacional en infraestructuras ferroviarias, presenta dificultades para los servicios diarios de los trenes de largo recorrido Almería-Madrid, que en la
actualidad, no disponen de plaza para viajar en silla de ruedas, por lo que se autoriza a viajar a aquellas personas que, utilizando silla de ruedas, puedan transferirse a un asiento convencional y cuya silla sea plegable.
Es imposible en este trayecto directo el desplazamiento de las personas usuarias de sillas de ruedas eléctricas, ya que no se disponen de plazas 'H' que son las habilitadas con el espacio y los anclajes que les permita viajar con seguridad y
a su vez que estén situadas en la proximidad de los aseos para que puedan ser utilizados por estas personas en caso necesario.
La única solución dada por RENFE es que se utilice el tren de Almería a Sevilla, que sí lo tiene, y luego de Sevilla a Madrid, que también está adaptado y dispone de medios técnicos; encareciendo así el coste y mortificando más aún el
trayecto.
Esto es inadmisible, que en pleno siglo XXI un transporte público no disponga de, al menos, una plaza en la que se pueda anclar, debidamente, una silla de ruedas, y que el usuario tenga la mínima seguridad. Y es inadmisible que se indique
que para ello se desplace a Sevilla y de esta ciudad a Madrid.
Con estas limitaciones, evidentemente no se cumple la normativa referida y la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la no discriminación en el acceso a los servicios públicos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la puesta en marcha de las medidas necesarias para que las personas con discapacidad, usuarias de sillas de ruedas eléctricas, puedan desplazarse en tren con todas las medidas de seguridad
necesarias, en los trayectos directos de Almería-Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2014.-Gracia Fernández Moya, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
181/002015
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa.
Diputado don Álvaro Sanz Remón.
Texto:
¿Por qué motivo el Gobierno de España declaró el pasado viernes 20 de junio de 2014, zonas de interés para la defensa nacional la base de El Goloso (Madrid) y el Campo de tiro y maniobras de San Gregorio (Zaragoza) desoyendo las
reclamaciones que solicitan su desmantelamiento y reversión a los municipios correspondientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2014.-Álvaro Sanz Remón, Diputado.
Comisión de Fomento
181/002031
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez.
Texto:
¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria de cada una de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en los años 2012 y 2013 del Ministerio de Fomento? ¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución total de cada año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2014.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
181/002033
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cuántas reclamaciones se han presentado en las estaciones de RENFE en la provincia de Ourense por parte de viajeros entre 2011, 2012, 2013 y hasta 25 de junio de 2014? Desglosar por estaciones y fechas de reclamaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/002035
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Diputada doña Rosa María Díez González.
Texto:
¿Le parece justo al Gobierno el cambio de criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación a las jubilaciones a los 61 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/002013
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputadas doña Laura Carmen Seara Sobrado y doña María Consuelo Rumí Ibáñez.
Texto:
¿En qué situación se encuentra la renovación de los acuerdos de pesca de la UE con terceros países que son de interés para la flota pesquera de nuestro país y qué gestiones ha hecho el Gobierno de España ante la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.
181/002032
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez.
Texto:
Una vez liquidados los Presupuestos de los años 2012 y 2013, ¿cuánto dinero se ha destinado, de manera efectiva, y por qué conceptos concretos, a los siguientes proyectos: de la provincia de Huelva, cada uno de estos años?:
Presa del Andévalo.
Presa de Alcolea.
Canal de Trigueros.
Modernización de Regadíos C.R. Fresno (Fases I y II).
C.R. Andévalo Pedro Arco.
C.R. Huércal Overa Fase I.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2014.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/002034
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad.
Diputada doña Carmen Montón Giménez.
Texto:
¿A qué atribuye el Gobierno que solo once de las víctimas de violencia de género registradas hasta la fecha en 2014, hayan presentado denuncia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de agosto de 2014.-Carmen Montón Giménez, Diputada.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/002025
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
Según los datos de la aplicación INTEGRA, durante el año 2012 se realizaron 3.388 actuaciones en materia de integración laboral de personas con discapacidad ¿cuáles son estas actuaciones desglosadas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002026
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cree el Gobierno que todas las empresas de más de 50 trabajadores cumplen con la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad, regulada en el artículo 42 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002027
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cuántas actuaciones en materia de integración laboral de personas con discapacidad se llevaron a cabo en 2013, desglosadas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002028
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cuál fue la comisión de las 162 infracciones que se produjeron en 2012 en empresas por incumplimientos en materia de discapacidad? Desglosar por provincias y empresas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002029
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cuántas infracciones se produjeron en 2013 en empresas por incumplimientos en materia de discapacidad? Desglosar por provincias y centros de trabajo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002030
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Afirma el Gobierno que las personas con discapacidad, después del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, están exentas del copago farmacéutico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.