Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 469, de 02/06/2014
cve: BOCG-10-D-469
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de junio de 2014
Núm. 469
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/002799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas para la mejora de la respuesta judicial al fenómeno de la violencia de género ... (Página3)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la reasignación de las tres décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el conjunto de administraciones en
2014 a las que ha renunciado el Gobierno ... (Página4)
Comisión de Fomento
161/002801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para reforzar la protección de las personas afectadas por desahucios y lanzamientos, regular las situaciones de
sobreendeudamiento de las personas físicas y promover la mediación para dar una segunda oportunidad a quienes puedan perder su vivienda habitual ... (Página5)
161/002802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre regulación del uso de los sistemas de aeronaves dirigidos por control remoto, también conocidas como 'drones', en el ámbito civil ...
(Página7)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Seguridad Social a aplicar a los distintos agentes que intervienen en el reproceso de resinado para la extracción de la miera y el mantenimiento del
monte ... (Página8)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de que el Gobierno rechace la propuesta del Comité de Expertos sobre medidas fiscales para que se introduzca un nuevo impuesto sobre el
vino ... (Página10)
161/002795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mantenimiento y promoción de la actividad investigadora del departamento de cultivos del Centro Oceanográfico de A Coruña, dependiente del Instituto Español
de Oceanografía ... (Página11)
161/002796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo al sector pesquero de Conil de la Frontera (Cádiz) ... (Página12)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar la atención primaria de salud ... (Página13)
161/002805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para la atención a los menores en situación de dependencia ... (Página14)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre salarios dignos ... (Página16)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre provisión de un número suficiente de puestos de trabajo funcionariales de examinador del carné de conducir ... (Página18)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/001886 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias i Arau (GC-CiU), sobre motivos por los que el firme de la autovía A-2 entre Barcelona y Lleida se encuentra en tan mal estado ... (Página19)
Comisión de Cultura
181/001885 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Ábalos Meco (GS), sobre adaptación del PEPRI del Cabanyal por el Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con la Orden Ministerial de 2009 ... (Página20)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputado, 27 de mayo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/002799
A la Mesa de la Comisión de Justicia
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la respuesta judicial al fenómeno de la
violencia de género, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
'Me pueden dar un golpe, me pueden llevar un pedazo, pero yo no vuelvo a denunciar' (mujer dominicana que vio denegada la orden de protección y archivadas sus dos denuncias por violencia de género).
En el Estado español, la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las vulneraciones de los Derechos Humanos más lacerantes. Desde el 2003 hasta la fecha de hoy, 727 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas
masculinas y según las últimas estimaciones oficiales disponibles e informes de Consejo General del Poder Judicial, más de dos millones de mujeres han sufrido maltrato de género a manos de su pareja o expareja alguna vez en la vida y cerca de
600.000 denunciaban haber sufrido este maltrato durante el último año.
Se han promulgado leyes específicas para atenuar esta patología social y en concreto la Ley 27/2003, reguladora del orden de protección, y la Ley Orgánica 1/2004, de protección integral contra la violencia de género. Asimismo, sucesivas
reformas del Código Penal han incrementado el reproche penal a estas conductas delictivas. La aprobación de estas Leyes constituyó un paso fundamental hacia la necesaria especialización de la respuesta judicial frente a este tipo de violencia, ya
que estableció los denominados Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las Fiscalías contra la Violencia sobre la Mujer.
Diversos informes de seguimiento de la eficacia de las normas anteriormente citadas comenzaron a alertar sobre la persistencia de trabas a la protección y a la justicia a pesar de la existencia de tan profuso cuerpo normativo.
En noviembre de 2012, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se constataba la existencia de graves obstáculos para la protección de las víctimas y el acceso y obtención de justicia. Desde la creación de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer en el año 2005 hasta el 2013, la tasa de enjuiciamiento ha experimentado una severa caída. El número de casos archivados, por no quedar acreditados los hechos, se ha incrementado un 158% en este período y desde el año 2008
la concesión de órdenes de protección experimenta un descenso sostenido. Desde la puesta en marcha de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer hasta la actualidad, el porcentaje de sentencias condenatorias ha descendido 10 puntos hasta situarse en
el 50%. El 36% de las mujeres con procedimientos judiciales previos contra quien fue su agresor mortal vieron su caso sobreseído o recibieron una sentencia absolutoria.
En el ámbito de la Fiscalía, analizando las Memorias de la Fiscalía General del Estado, se acredita que la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía en este tipo de delitos alcanza el 57%, lo que confirma que ante la falta de
investigación, la declaración de la víctima constituye a menudo la única prueba.
Según los informes disponibles de Consejo General de Poder Judicial en el año 2010 sobre mujeres muertas a causa de la violencia de género, no se realizó una valoración policial del riesgo en más de la
mitad de los procedimientos penales iniciados por mujeres que posteriormente murieron a manos de sus parejas o exparejas. Este alarmante dato se reproduce en el Informe de CGPJ en el año 2011.
El mismo Informe del CGPJ del año 2010 revela que solo en tres procedimientos judiciales de los 32 iniciados por las víctimas, existió un informe forense de evaluación del riesgo, siendo escaso el uso del protocolo médico forense de
evaluación urgente del riesgo.
En virtud de todo ello,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar las correspondientes modificaciones normativas de reforma de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, considerando además de la información de los profesionales del propio juzgado las opiniones del resto de profesionales del
ámbito judicial, de las propias víctimas y de las organizaciones especializadas en el estudio de esta fenomenología.
2. Presentar los correspondientes proyectos de reforma normativa para garantizar la especialización real, no solo nominal, de los jueces y juezas que acceden a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de la Fiscalía y del personal de las
Unidades de Valoración Forense Integral.
3. Presentar los correspondientes proyectos de reforma normativa para garantizar que la Fiscalía, a través de formación y de mecanismos de rendición de cuentas, realice una labor diligente a la persecución de los delitos relacionados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002803
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley sobre la reasignación de las tres décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el conjunto de Administraciones en 2014 a las que ha
renunciado el Gobierno central.
Exposición de motivos
A finales de mayo de 2013, la Comisión Europea, sumida ya en el paradigma de que la austeridad debe ser compatible con políticas de estímulo al crecimiento, abogó por flexibilizar los objetivos de déficit para España a cambio, eso sí, de que
hubiese perseverancia por parte del Gobierno en los esfuerzos de ajuste y las reformas estructurales.
De este modo, Bruselas concedió ampliar al 6,5% el margen de déficit para 2013, dos décimas más que el 6,3% que había pedido el propio Ejecutivo español, y confirmó una prórroga de dos años, hasta 2016, para que España redujese el déficit
por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Este nuevo calendario dejó el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas para el año 2014 en el 5,8%, lo que equivalía poner a disposición de las administraciones un preciado margen de maniobra para poder reactivar
la economía sin tener que lastrar el Estado de Bienestar. No obstante, el pasado 30 de abril el Gobierno central remitió a Bruselas el cuadro macroeconómico y el Plan de Estabilidad y Crecimiento actualizado, haciendo constar que terminaría el
ejercicio 2014 con un déficit del 5,5%, eso es, que renunciaría a las tres décimas que Bruselas había concedido al conjunto de administraciones para este año cuando otorgó un déficit conjunto del 5,8%.
¿Tanto cree el Gobierno que ha cambiado la situación de la economía real y de los ciudadanos para que el año pasado el Ejecutivo estuviese pidiendo a la Comisión Europea más margen de maniobra y este año renuncie al que se le concedió?
En cualquier caso sorprende la unilateralidad del Gobierno central a la hora de considerar que el conjunto de administraciones públicas no necesita para este año unos 3.000 millones de euros para reactivar la
economía y no lastrar el Estado de Bienestar. Resulta sorprendente y aún más cuando se tiene en cuenta que el reparto que hizo el Gobierno central de esa mayor flexibilidad en el cumplimiento del déficit para el conjunto de administraciones
para 2014 fue claramente desigual, y vulneraba la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, asignando un 3,7% de déficit para la Administración central, un 1% para las CC.AA., un 0% para las Corporaciones Locales y un
1,1% para la Seguridad Social. Es decir, el Gobierno central repartió el déficit omitiendo completamente el esfuerzo que los distintos niveles administrativos venían haciendo en términos de consolidación fiscal y olvidando la carga de gasto que
ostentan las administraciones territoriales en términos de preservación del Estado del Bienestar.
Cabe recordar que desde 2010 la mayor parte del esfuerzo para reducir el déficit público en el conjunto del Estado español ha recaído sobre las CC.AA. Son las CC.AA. las que han reducido el déficit en un 52% mientras que el Estado lo ha
hecho alrededor del 5%. Ello, además, asumiendo que son las Comunidades Autónomas las responsables de un tercio del gasto total, siendo responsables de partidas tan esenciales para el Estado del Bienestar como es la educación o la sanidad.
Por ello, en un momento que seguimos teniendo una tasa de paro que roza el 26%, parecería justo y acorde al principio de lealtad institucional que antes de que el Gobierno central renuncie unilateralmente a 3.000 millones de euros de
déficit, que Bruselas consideró pertinentes para evitar que el exceso de austeridad asfixie la salida de la crisis, proceda a revisar los objetivos de déficit asignados a las comunidades autónomas, lo cual contribuiría al doble objetivo de impulsar
el crecimiento desde las administraciones territoriales y de garantizar prestaciones y servicios básicos del Estado del Bienestar de los que son responsables las comunidades autónomas, es el caso de la educación, la sanidad, las políticas sociales,
las políticas activas de empleo, la universidad, entre otras.
Por todo, ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la atribución a las comunidades autónomas de las tres décimas del objetivo de déficit para 2014 a las que la Administración central está dispuesta a renunciar, permitiendo con ello
que el déficit de las comunidades autónomas para 2014 se sitúe en el 1,3% del PIB, con el doble objetivo de impulsar el crecimiento y la creación de empleo, a la vez que garantizar el mantenimiento de las prestaciones y servicios básicos a los
ciudadanos, que configuran el Estado del Bienestar y que son competencia de las comunidades autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento
161/002801
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para reforzar la protección de las personas afectadas por desahucios y lanzamientos, regular las situaciones de sobrendeudamiento de las personas físicas y promover la
mediación para dar una segunda oportunidad a quienes puedan perder su vivienda habitual.
Exposición de motivos
Una de las peores consecuencias de la crisis económica ha sido la pérdida de sus viviendas, por parte de medio millón de familias, al serles ejecutada su hipoteca. Unas 200.000 de estas familias ya han tenido que abandonar su hogar y al
resto les espera la misma suerte.
El artículo 47 de la Constitución establece que: 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación'.
A pesar del mandato constitucional, el Gobierno, que tanto se escuda en la Constitución, pocas medidas efectivas ha establecido en aras a solucionar el problema. En esta cuestión, el Gobierno ha realizado cambios, pero todo sigue igual.
El Código de Buenas Prácticas, para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, es una de las medidas adoptadas, entró en vigor en marzo de 2012, hace más de dos años y su impacto ha sido
mínimo.
Para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas, las personas deben encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Desde entonces se han solicitado 14.368 operaciones de reestructuración viable de las cuales únicamente 2.827 se
han ejecutado en la fase I de reestructuración viable, 6 en la fase II de reestructuración inviable y se han ejecutado 1.006 operaciones de dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda, es decir, solo han sido resueltas de forma
favorable 3.833 operaciones.
Para ver la ineficacia de esta medida, solo hace falta comparar esta cifra con el número de hipotecas ejecutadas desde la entrada en vigor del Código de Buenas Prácticas, en concreto 150.000. Es decir, para hacer frente a situaciones
límite, como las que se derivan de la ejecución de una hipoteca, una de las medidas estrella impulsadas por el Gobierno, solo puede ser aplicada al 3% de las familias a las que se les ha ejecutado la hipoteca.
En noviembre de 2012, el Gobierno estableció una moratoria del lanzamiento, en los casos de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria sobre viviendas habituales, de personas que formen parte de colectivos especialmente
vulnerables, la cual vence el 15 de mayo de 2015. Las personas acogidas son alrededor de 8.000. Se trata de una medida temporal que no soluciona el problema, lo aplaza, puesto que la suspensión de los lanzamientos fine dentro de un año, fecha en
la que opelegis deberá procederse por parte de los juzgados con expedientes en curso, a notificar a las personas afectadas la fecha en la que tendrá lugar el lanzamiento acordado por la sentencia dictada en el procedimiento ejecutivo; además, se
notificará a las personas deudoras, las cantidades por las que deben responder comprensivas del capital, más los intereses de demora, de alrededor del 20%, que se han ido devengando durante todo el plazo de la suspensión.
En enero de 2013 se constituyó el Fondo Social de Viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurrieran en ellas
circunstancias de especial vulnerabilidad. Este fondo está constituido por 6.000 viviendas, una cifra irrisoria si se tiene en cuenta el número de familias desahuciadas. Además, la gestión de este Fondo solo ha materializado 410 contratos en los
primeros catorce meses de su existencia.
En resumen, y al parecer de Convergència i Unió, las medidas impulsadas por el Gobierno hasta el momento son meros retoques cosméticos que no van al fondo del asunto. La grave crisis económica, la pérdida de muchos empleos, el pinchazo de
la burbuja inmobiliaria son cambios estructurales que han modificado las condiciones de vida de millones de personas sin que desde el Gobierno se hayan adoptado medidas efectivas en beneficio de las familias que están perdiendo la vivienda,
afectadas por una insolvencia sobrevenida y de buena fe.
Las medidas adoptadas no dan respuesta al problema, hoy convive el desahucio con la vivienda vacía; las familias pierden sus hogares, muchas quedan excluidas de la vida civil, y no se ha acertado a articular ningún mecanismo de liquidación
ordenada de sus deudas, ningún mecanismo de segunda oportunidad, como efectivamente tienen la mayor parte de los países de nuestro entorno.
Por otra parte, seguimos sin tener mecanismos que nos permitan conocer la realidad de la situación puesto que seguimos sin tener una homogeneización de las bases de datos y, por lo tanto, continuamos careciendo de datos que nos permitan
tener una radiografía de las familias afectadas para encontrar una solución en base a esta realidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la ampliación de los criterios objetivos y subjetivos de las personas beneficiarias de las medidas legales aprobadas para la protección de los deudores hipotecarios y para acogerse al Código de Buenas Prácticas, a los efectos de
incrementar el número de personas y familias que puedan acogerse a ellas.
2. Elaborar una base de datos eficaz que permita obtener una radiografía real del número de familias afectadas por desahucios y por lanzamientos, así como del número de familias que hayan solicitado y acordado una reestructuración de deudas
y de las que hayan solicitado y acordado una dación en pago.
3. Aprobar un Proyecto de Ley de medidas destinadas a afrontar el sobreendeudamiento de las familias, que adapte la ley concursal a la realidad de las personas físicas, con o sin actividad económica empresarial, y permita proceder a una
liquidación ordenada de sus deudas.
4. Impulsar las modificaciones necesarias de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los efectos de posibilitar la regulación de la figura de la mediación obligatoria en casos de ejecuciones hipotecarias por causa de insolvencia sobrevenida y de
buena fe de las personas afectadas, con el fin de que dispongan de una segunda oportunidad para enderezar su situación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la regulación del uso de los sistemas de aeronaves dirigidos por control remoto, también conocidas como 'drones', en el ámbito civil.
Exposición de motivos
Los RPAS, más conocidos popularmente como 'Drones', son sistemas de aeronaves dirigidas por control remoto. Es una de las tecnologías con más potencial de crecimiento. Así lo confirma el informe anual del Maschassuetts Institute of
Technology sobre las 10 tecnologías emergentes del 2014, donde se encuentran los RPAS.
Es conocida la utilización de esta tecnología en el ámbito militar y lo es menos en el ámbito civil, donde los RPAS o 'drones' tienen una gran variedad de aplicaciones: realización de cartografía a partir de técnicas fotogramétricas,
agricultura inteligente (que permiten un uso más eficiente del agua o del control de las plagas), inspección de líneas de alta tensión, detección de incendios forestales, inspección de líneas ferroviarias, reconocimiento de lugares afectados por
catástrofes naturales, seguimientos de acontecimientos deportivos, filmación de películas...
La principal ventaja que tienen los RPAS respecto a otras tecnologías más tradicionales es el coste, ya que permiten hacer trabajos a un coste muy inferior y con menos tiempo.
Es un sector con un elevado potencial de crecimiento. La Comisión Europea estima que llegará a acaparar el 10% del mercado aeronáutico en una década, con un volumen de negocio de 15.000 millones de euros al año.
Nueve países de la Unión Europea (Austria, Dinamarca, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Suecia y el Reino Unido), además de Islandia y Suiza, ya han aprobado leyes para regular el uso comercial y profesional de los RPAS.
En cambio, en el Estado español, el Gobierno no ha regulado este sector, es más, el pasado 7 de abril, la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea publicó un documento en el que especifica que está prohibido el uso de RPAS con fines comerciales
o profesionales, lo cual obliga a la paralización de actividades que ya venían desarrollando diferentes operadores del sector.
No tiene sentido paralizar que un sector con un potencial de crecimiento tan importante, por falta de regulación, cuando nuestros países vecinos ya han legislado y se esfuerzan en promoverlo a causa del elevado potencial de crecimiento que
tiene y de desarrollo de nuevos mercados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular de forma inmediata el uso de sistemas de aeronaves dirigidas por control remoto, también conocidos como 'DRONES', en el ámbito civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
Seguridad Social a aplicar a los distintos agentes que intervienen en el reproceso de resinado para la extracción de la miera y el mantenimiento del monte, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La resina es un producto natural y renovable que tiene una demanda importante por parte de la industria química, pero que necesita mejorar en su explotación la rentabilidad para que tenga futuro.
La extracción de la resina es un aprovechamiento forestal en el que los resineros desarrollan durante unos ocho meses múltiples y variadas labores sobre los pinos para conseguir una cierta cantidad de miera que venden a un tercero.
Es importante recordar que la miera es el producto formado por el jugo resinoso elaborado por las células resinógenas secretorias que integran los canales resiníferos de las pináceas, cuando al salir al exterior como consecuencia de la labor
realizada al árbol mediante una herida, se oxida en contacto con el aire y se mezcla con insectos e impurezas varias.
En el caso de España, existen 1,4 millones de hectáreas de pino negral o resinero, de las cuales cerca de un millón estuvieron en producción durante la década de los sesenta, en que España alcanzó su máxima producción histórica, con más de
60.000 Tm. Alrededor de 5.000 resineros mantenían en producción 25 millones de pinos y eran la base de una intensa actividad en las comarcas productoras, que configuró los paisajes del interior y contribuyó a un temprano desarrollo rural.
Ante la nueva coyuntura internacional, los expertos del sector se reunieron en abril de 2013 en la ciudad de Coca (Segovia), centro histórico de la producción de resinas en nuestro país, analizaron las posibilidades de recuperar la
resinación en el sur de Europa, y llegaron a la conclusión de que esta recuperación no solo es posible, sino muy conveniente; en línea con las recomendaciones de la Unión Europea para la industria química, para el desarrollo rural y para la gestión
forestal.
Esta actividad permitiría crear miles de empleos en áreas rurales desfavorecidas del país, garantizar el abastecimiento a la industria española, que junto a la portuguesa es una de las más importantes de la Unión Europea, y con la gran
ventaja añadida de contribuir a la prevención de incendios forestales.
Los pinares de negral, que son los segundos en extensión del país, tras los pinares de carrasco, con alrededor del 8 por ciento de la superficie arbolada nacional, representaron el 27 por ciento de la superficie arbolada quemada en España en
la pasada década, según el Informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de los incendios en España entre 2000 y 2010. Algunos de los mayores y más dañinos incendios del país como el de Guadalajara en 2006 o el de
Castrocontrigo (León) en 2012, afectaron principalmente a este tipo de pinares. Y, precisamente, entre las causas de esta elevada incidencia del fuego se encuentra el abandono de la gestión y el crecimiento del matorral que siguieron al abandono de
la resinación en la década de los ochenta.
La industria química y alimentaria nacional llegó a consumir, entre 2007 y 2009, sus años de mayor producción histórica, previa a la crisis económica, alrededor de 50.000 toneladas equivalentes de derivados de resinas naturales, procedentes
de colofonia y aguarrás, importados de China, Brasil, Indonesia y otros países. El valor de estas importaciones superaba los 50 millones de euros.
Entre 2008 y 2010, una profunda crisis afectó al mercado internacional de derivados de resinas naturales, multiplicando los precios por tres y reduciendo la oferta a la mitad. El motivo fue la caída de la producción en China y el incremento
de la demanda interna de ese país, que en las dos últimas décadas ha estado abasteciendo más del 80% del mercado internacional. Los expertos pronostican que la situación no es coyuntural y que podemos estar asistiendo a un cambio de las regiones
productoras de resinas naturales del mundo, similar al ocurrido en la década de los treinta del pasado siglo, cuando cayó la producción en Estados Unidos, y al ocurrido en la década de los setenta, cuando cayó la producción de la península Ibérica y
Portugal cedió el relevo a China como principal exportador internacional. España, que desde 1880 y hasta 1980 había sido país exportador de resina natural, pasó a ser importador neto de este producto, en perjuicio de nuestra balanza comercial, del
empleo en zonas rurales y de la conservación de los pinares negrales en los que se obtenía la producción.
Ante similares problemas en otros mercados de materias primas y ante la necesidad de buscar relevo a la utilización del petróleo como principal recurso base de la industria química, el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC),
dependiente de la Comisión Europea, ha aprobado recientemente (octubre 2012) una Estrategia para 2020, entre cuyas diez principales prioridades figura la de desarrollar la bio-economía y la industria química apoyada en biomateriales, como la resina
natural. La Estrategia persigue además el desarrollo de nuevas fuentes de materias primas y Bio-Materiales, tanto dentro como fuera de Europa, que permitan garantizar el suministro que requiere la industria química europea.
Afortunadamente, España y Portugal y otros países del sur de Europa, como Grecia, Turquía e incluso Francia, disponen de extensos pinares que podrían proporcionar una gran parte de la resina natural que necesita la industria química europea,
asegurando su abastecimiento y competitividad.
En otro orden de cosas, desde el punto de vista de la normativa laboral, la resinación es una actividad muy adecuada a la combinación con otras actividades económicas en el medio rural, pues se acomoda perfectamente a una actividad a tiempo
parcial. Muchos resineros, en lugar de atender los 5.000 o 6.000 pinos que requieren una dedicación a tiempo completo, pueden atender un número inferior de pinos, generalmente 2.000 o 3.000. Pero no tiene sentido que dichos trabajadores tengan que
cotizar en la Seguridad Social por el mismo importe que los dedicados a tiempo completo. Existen fórmulas sencillas para garantizar que la Administración laboral conozca exactamente el número de pinos atendido por cada resinero y las producciones
comercializadas, pues la Administración forestal autonómica tiene un control importante de la actividad, para garantizar que se realiza de manera sostenible, sin comprometer el futuro de los ecosistemas afectados.
Además de los aspectos legales y administrativos reseñados, es necesario valorar que los perjuicios sociales y ambientales que el abandono de parte de los resineros actualmente activos y la no incorporación de otros interesados, motivada por
esa incorrecta interpretación de la fiscalidad aplicable.
Esos mismos efectos negativos se dejarán sentir en el aspecto económico e incluso en los ingresos de las arcas públicas que perderán los correspondientes a las afiliaciones y al IVA que corresponde al régimen aplicable; además, este
abandono supondrá para la empresas del sector químico nacional la necesidad de importar esa materia prima natural y renovable que no va a poder ser producida en España.
En tres años la producción de resina en España se ha multiplicado, pasando de 2.000 toneladas en 2010 a unas 9.000 toneladas en 2013, con previsiones de poder llegar a 15.000 toneladas.
Por ello la extracción de resina natural puede ser una solución eficaz a la crisis económica, como forma de creación de empleo directo e indirecto en áreas rurales desfavorecidas y actuando como factor de equilibrio territorial de España,
generando actividad económica en zonas rurales, que pueden absorber parte del desempleo de jóvenes o trabajadores de otros sectores, pero teniendo en cuenta la necesidad de conseguir que dicha actividad laboral, dura por sus condiciones, pueda ser
atractiva para mantenerse en el tiempo con unas condiciones de cotización a la Seguridad Social lógicas y coherentes con la actividad desarrollada.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que consolide el criterio actualmente aplicado por el que los resineros puedan encuadrarse en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).
2. Que acepte y regule la multiactividad de trabajadores resineros ya cotizando por otra actividad, encuadrados en otro régimen, y la multitarea de resineros que ya coticen como trabajadores autónomos agrarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2014.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que el Gobierno rechace la propuesta del Comité de Expertos sobre medidas fiscales para que se introduzca un nuevo impuesto sobre el vino, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El esfuerzo realizado en los últimos años por el sector vitivinícola gallego en la mejora de las variedades autóctonas ha sido fundamental para que los vinos blancos y tintos de Galicia hayan escalado posiciones hasta alcanzar un gran
prestigio internacional. La producción vitivinícola en las provincias de Ourense y de Pontevedra ha situado los vinos de Galicia como un referente de la calidad en dicho ámbito.
En el territorio gallego existen cinco denominaciones de origen: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras, a las que debemos sumar las tres indicaciones geográficas protegidas de vinos de la tierra, como son el Barbanza e
Iria, Betanzos y Valdemiño-Ourense.
Al año se recogen en Galicia 20 millones de kilogramos de uvas y se producen cerca de 5 millones de litros de vino. El comercio exterior supone actualmente el 60% de su facturación.
Un sector de gran relevancia en diversas zonas de Galicia, como Ourense, Pontevedra o áreas de A Coruña, donde se concentran cuatro de las cinco denominaciones de origen gallegas.
Además de los excelentes vinos hay que destacar también la producción de aguardientes y licores tradicionales que cuentan asimismo con una protección especial.
Preocupa en Galicia, especialmente en las zonas de importante producción vitivinícola, algunas de las propuestas contempladas en el informe elaborado por el denominado Comité de Expertos para una reforma fiscal.
Una de sus propuestas es la posibilidad de crear un nuevo impuesto que grave el vino, algo que ha provocado el malestar de todo el sector.
No es la primera vez que se intenta establecer dicho impuesto, así como el intento de contemplar otras medidas que equiparen el vino con bebidas alcohólicas destiladas cuando el vino está definido como un alimento en la legislación.
Como hemos reseñado, el sector vitivinícola posee una enorme importancia en las economías gallegas de áreas ourensanas y pontevedresas. Es un sector productivo de gran importancia socioeconómica, que además fija población en el medio rural
y es una fuente de riqueza.
De llevarse a cabo esta medida que propone el Comité de Expertos se asestaría un duro golpe a un sector que realiza importantes esfuerzos por competir en el mercado internacional, y que en los últimos tiempos también ha experimentado las
consecuencias de la crisis económica por la caída en la demanda. En nada favorecería la competitividad de los vinos gallegos, así como de otros excelentes caldos del estado español, el recargo de un impuesto.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura a:
- Ignorar la propuesta del Comité de Expertos que entre sus medidas fiscales propone la aplicación de un nuevo impuesto que grave el vino, medida que perjudicaría gravemente al sector productor vitivinícola.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de mantener y promover la actividad investigadora del Departamento de Cultivos del Centro Oceanográfico de A Coruña, dependiente del Instituto Español de Oceanografía, para su debate en
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Después de cuarenta años de actividad sin pausa, se ha anunciado el cierre de la actividad pesquera del Departamento de Cultivos del Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía en A Coruña, tras la jubilación de los dos
investigadores que lo dirigían.
Algunos de los proyectos de este Centro estaban centrados en el estudio de la biología y el cultivo de diferentes especies de moluscos de interés comercial, como la almeja, el mejillón, la vieira, las zamburiñas, entre otros.
En el caso concreto de los pectínidos como las vieiras, o las zamburiñas, el Centro Oceanográfico de A Coruña fue el único organismo estatal con capacidad para asesorar en dicha materia. Además, era representante internacional en la
conocida como Pectinid Workshop, Foro Internacional de intercambio de conocimiento en este ámbito.
El gran deterioro de las instalaciones del Centro dedicadas a los cultivos precipitó la decisión de cesar las actividades del departamento y la construcción de un edificio anexo, que se dedicaría por entero a la investigación acuícola.
Sin embargo, a pesar de llevarse a cabo una inversión, el edificio anexo nunca se utilizó para la función proyectada, entre otros motivos, debido a que no se terminó la última fase de su construcción, consistente en las instalaciones de
conducción de agua al mar.
Debido a la imposibilidad de mantener los tanques dentro del edificio, en los últimos años el equipo de cultivos centró su trabajo en la captación de semillas de pectínidos mediante bolsas colectoras ubicadas en las rías gallegas, que
sirvieron de base para experiencias de engorde en bateas. Mediante esta técnica se han logrado importantes resultados tanto desde el punto de vista científico como comercial.
Desde verano del año 2013, una vez que se jubilaron los dos investigadores del departamento, se puso fin a la investigación que se venía realizando en este campo en el Centro Oceanográfico de A Coruña. El personal ayudante fue distribuido
en otros departamentos.
En fechas recientes se solicitó asesoramiento para colocar colectores de zamburiñas en la ría de Ferrol, sin embargo desde la dirección del Centro se respondió de manera negativa a dicha petición, a
pesar de que no solo supondría el empuje de una actividad económica, sino también el mantenimiento de una especie que está desapareciendo de las aguas gallegas.
Debe tenerse presente que aparte de las plaza de colaborador en I+D+I, en la relación de puestos de trabajo figura asimismo una plaza de investigador principal, específica de cultivos, que muy bien podría ser el punto de partida para
reconstruir el antiguo equipo investigador.
Además, la Dirección del Oceanográfico comunicó que una plaza de oferta pública de empleo de 2013 fue destinada al Departamento de Acuicultura del Centro de Santander, y para el 2014 existen dos plazas de investigador que no cuentan con
destino asignado de momento.
Después de tantos años de investigación rigurosa, de haber avanzado tanto en un campo muy importante para la actividad económica de Galicia como es el cultivo de moluscos, se procede sin más a cerrar una auténtica joya de la investigación en
un momento en el que precisamente más se necesita incentivar el I+D+I.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Mantener e incentivar la actividad investigadora del Departamento de Cultivos del Centro Oceanográfico de A Coruña, dependiente del IEO, que se va a cerrar después de cuarenta años de importante investigación en el campo del cultivo de
moluscos y pectínidos con relevante repercusión tanto desde el punto de vista científico como comercial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, relativa
al apoyo al sector pesquero de Conil de la Frontera (Cádiz), para su debate y votación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El sector pesquero de Conil agrupa a unas sesenta embarcaciones de pesca artesanal y a unas doscientas cuarenta familias aproximadamente. Todas estas embarcaciones se dedican al ejercicio de la pesca artesanal en las modalidades de anzuelo
y enmalle. Se han destacado por su compromiso con la sostenibilidad del caladero adoptando medidas de autorregulación con inclusión de vedas, más allá de lo estipulado por la propia normativa; y en cuanto a la comercialización se ha destacado en
la presentación de los productos alcanzando una calidad extra basados en las buenas prácticas a bordo de sus barcos desde la captura hasta su primera venta, lo que le ha valido tener una marca de calidad de reconocido prestigio 'Pescado de Conil'.
A la vista de la situación creada en el litoral y a pesar de que el sector pesquero, adopta medidas de sostenibilidad del caladero, deben tomarse medidas para extremar los cuidados o nos quedaremos sin recursos, ya que se están produciendo
una serie de acciones que no benefician al futuro del sector: arrastre en fondos prohibidos, furtivismo y utilización de determinadas artes de pesca utilizadas por el propio sector que no son respetuosas con el medio, por lo que hay que llevar a
cabo una actuación urgente, ya que la pesca está en riesgo y esto no es bueno, a corto medio plazo, en un país donde el turismo y el consumo de pescado autóctono ocupan un lugar preferente.
Desde la Cofradía de Pescadores, y como se trasladó al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en febrero de 2010, se está trabajando con la intención firme de crear una reserva marina en el ámbito territorial de su cofradía, es
decir, entre el Cabo de Trafalgar y el Islote del Castillo de Sancti Petri
(unas dieciocho millas) y hasta las doce millas náuticas, para así garantizar el futuro del sector pesquero de Conil.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a la Secretaría General de Pesca a que, de forma previa a los trámites oportunos y conforme al artículo 14 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima, se declare una reserva marina entre el Cabo de Trafalgar y el Islote
de Sancti Petri y hasta doce millas náuticas, con la particularidad de que sea en un sistema de cogestión.
2. Controlar las prácticas de furtivismo y llevar a cabo inspecciones y controles a aquellas personas que hacen uso de esta práctica ilegal y que perjudica al sector pesquero tradicional de la localidad de Conil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2014.-María Consuelo Rumí Ibáñez y María Carmen Sánchez Díaz, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para impulsar
la atención primaria de salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Sistema Nacional de Salud español alcanzó un buen nivel de calidad, equidad y eficacia a lo largo de los años y a partir de la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986 y así lo apreciaban los ciudadanos y ciudadanas hasta finales
de 2011.
Una de las razones que explican el avance en calidad, equidad y eficacia del sistema nacional de salud español es la labor que los profesionales sanitarios de todos los ámbitos competenciales y categorías realizan desde la atención primaria
de salud.
A lo largo de los años, la atención primaria de salud ha sido una prioridad en las actuaciones de las administraciones sanitarias; así el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud; la Ley General de Sanidad
de 1986, la Ley de Cohesión y Calidad de 2003 o la Ley General de Salud Pública de 2011 son hitos legislativos a señalar que se han truncado con el Real Decreto-ley 16/2012.
En el año 2006, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la estrategia AP-21 para actualizar e impulsar el primer nivel asistencial y hacer posible la modernización de nuestra atención primaria.
Sin embargo, los recortes presupuestarios y la modificación de nuestra sanidad pública derivadas de la aprobación unilateral del Real Decreto-ley 16/2012, han tenido su impacto negativo en la atención primaria de una manera más que
relevante.
Hasta tal punto afecta negativamente la falta de prioridad que el Gobierno ha desarrollado hacia el primer nivel asistencial, que incluso en la última convocatoria de plazas MIR han quedado vacantes un número relevante de plazas de medicina
familiar y comunitaria.
Esta situación hace necesaria la respuesta firme de todos para hacer posible un reforzamiento y un relanzamiento de la atención primaria de salud y conseguir así que la atención primaria ejerza su papel con las mejores posibilidades de
éxito, al tiempo que se refuerce y recupere el atractivo de este nivel asistencial para los médicos que acceden a la prueba MIR.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar y desarrollar una nueva estrategia para el impulso y modernización de la atención primaria de salud en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades
Autónomas.
2. Articular medidas de todo tipo en consenso con las Comunidades Autónomas y las organizaciones de médicos de atención primaria, para asegurar un relanzamiento de la especialidad de medicina familiar y comunitaria que la haga más atractiva
para los médicos que acceden a la prueba MIR.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2014.-José Martínez Olmos, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la atención a los menores en situación de dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, vino a reconocer el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes
públicos. Esta Ley se inspira en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad. Garantiza el carácter universal y público de las prestaciones, así como el acceso en condiciones de igualdad.
El actual Gobierno ha recortado derechos, ha eliminado recursos, ha desmantelado la Ley y ha desatendido a las personas en situación de dependencia. Sus recortes y reformas han expulsado a personas que no pueden valerse por sí mismas del
Sistema. Muchas de las que recibían una prestación o servicio ya no lo tienen. Y a otras se les ha rebajado hasta hacerlo absolutamente insuficiente.
Con este grado de desatención la situación de las familias con algún miembro en situación de dependencia se torna dramática. Y mucho más aún si se trata de un menor porque en estos casos las necesidades se multiplican.
Un estudio de FEAPS (Confederación Española de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) arroja el dato de que el esfuerzo económico medio de una familia con un hijo con discapacidad es de 31.878 euros al año, algo
que muchas de ellas no puede permitirse.
Los tratamientos y terapias suelen ser de larga duración y tienen un objetivo médico o terapéutico, como mejorar la calidad de vida, el estado de salud, la autonomía física y/o psíquica, la integración laboral o el desarrollo psicosocial.
Algunas medidas del Gobierno han incrementado sustancialmente el desembolso que deben efectuar las familias por estos conceptos.
Los programas y técnicas incluidas en la atención temprana, destinados al desarrollo psicomotor, cognitivo, del lenguaje y la comunicación, la autonomía y las áreas social y afectiva, así como el apoyo, información, habilitación y formación
de la familia, requieren establecer mecanismos de coordinación entre los ámbitos sanitario, servicios sociales y educativo. Además, es necesario que se presten mientras sean necesarios, sin límite de edad.
El impacto sobre las familias tiene una mayor relevancia si se tiene en cuenta que en la mayor parte de ellas solo trabaja uno de los progenitores, en el mejor de los casos, ya que en muchas ocasiones un hijo en situación de dependencia
requiere unos cuidados que precisan la dedicación completa de al menos uno de sus padres.
Para estos niños, beneficiarse de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales supone poder ser atendidos por uno de sus progenitores. Por ello esta prestación no debería tener carácter
excepcional para los menores.
Los ataques a la figura del 'cuidador familiar' tienen consecuencias especialmente perniciosas para este colectivo. La rebaja de las cuantías de la citada prestación, la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social o la
implantación de un plazo suspensivo de hasta dos años, han contribuido a hacer más difícil la situación de miles de familias con un hijo en situación de dependencia.
Además, el Gobierno ha introducido un régimen de incompatibilidades, que muchas comunidades autónomas han ampliado. Como consecuencia de la aplicación de estos sistemas de incompatibilidades se ha privado a los profesionales de la facultad
de diseñar programas individuales de atención acordes con las necesidades y circunstancias de cada persona, dando lugar a situaciones tales como la de los menores en situación de dependencia que son atendidos por uno de sus progenitores y no pueden
acceder a los servicios de promoción de la autonomía personal por ser estos incompatibles con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
Es necesario eliminar el régimen de incompatibilidades para recuperar la coherencia del Sistema con el objeto de la Ley, que es asegurar la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio; y con sus principios
inspiradores, de manera especial con: la universalidad, equidad y accesibilidad; la atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada; la personalización de la atención; el establecimiento de las medidas adecuadas
de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental; la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
A ello hay que añadir el incremento del copago en el ámbito estatal, que muchas comunidades autónomas han endurecido aún más, privando a las familias de un nivel suficiente de cobertura. De nuevo se rompe la coherencia con el objeto de la
Ley, que es asegurar la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio nacional; y con sus principios inspiradores, en concreto la universalidad, equidad y accesibilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de los menores en situación de dependencia a recibir una atención adecuada por
parte de los poderes públicos y, en concreto, a:
1. Establecer que para los menores en situación de dependencia la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales no tendrá carácter excepcional, garantizando el acceso a la misma cuando los
profesionales de los servicios sociales consideren que es la prestación más adecuada.
2. Mejorar la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es fundamental para que los padres y madres puedan atender a los
menores en situación de dependencia, situándola, al menos, en las mismas condiciones que tenía antes de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Para ello, se adoptarán las siguientes medidas:
- Incrementar las cuantías máximas de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar en un 15%.
- Revisar la regulación del convenio especial del Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, para que sus cotizaciones vuelvan a ser a cargo del Sistema.
- Eliminar el plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.
3. Derogar el artículo 25.bis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que fue introducido por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, para
suprimir el régimen de incompatibilidades de las prestaciones y evitar que las comunidades autónomas puedan establecer diferentes regímenes de incompatibilidades para las prestaciones con cargo al nivel mínimo.
4. Promover la adopción de unos nuevos criterios sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de los servicios y prestaciones del Sistema coherentes con el objeto de la Ley, que es asegurar la existencia de un
mínimo contenido común del derecho en todo el territorio nacional. Estos criterios deberán preservar el derecho a un nivel suficiente de cobertura, independientemente del lugar en el que residan los beneficiarios y establecer que las comunidades
autónomas en ningún caso podrán fijar condiciones más restrictivas para los beneficiarios del Sistema.
5. Mantener los programas y técnicas incluidas en la atención temprana, destinados al desarrollo psicomotor, cognitivo, del lenguaje y la comunicación, la autonomía y las áreas social y afectiva, así como el apoyo, información, habilitación
y formación de la familia, en los casos que los profesionales así lo consideren, mientras sean necesarios, sin límite de edad; establecer mecanismos de coordinación entre los ámbitos sanitario, servicios sociales y educativo; y garantizar un
contenido mínimo común de derechos para todos los niños que lo necesiten en todo el territorio del Estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2014.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002793
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre salarios dignos, para su debate en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Un salario digno, por definición, es un salario con el que una trabajadora puede mantenerse a sí misma y a su familia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 23.3 que 'Toda persona
que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social'.
Además, la definición de salario digno está recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICESCR, 1966) y su derecho se establece en varias declaraciones y pactos de la OIT:
- Constitución de la OIT, 1919: Preámbulo de la Carta.
- Declaración de Filadelfia, Conferencia Internacional del Trabajo, 1944.
- Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, 2008.
- Convención n.° 131 y 156 y Recomendaciones n.° 131 y 135 (indirectamente).
Sin embargo, a pesar de la definición tan clara del derecho a un salario digno, la realidad de la mayoría de las trabajadoras del sector textil es, ante todo, la pobreza. Los salarios mínimos legales de los países productores de la
industria textil están lejos de llegar a un salario digno.
Durante muchos años, la industria textil global ha justificado la ubicación de la producción en economías empobrecidas subrayando las oportunidades de empleo que da la industria, y resaltando que las mujeres en particular se benefician del
trabajo que ofrece la industria textil. Sin embargo, la realidad refleja que las fábricas textiles no ofrecen a las trabajadoras las ventajas económicas prometidas por la globalización, y muchas de las que entran en el sistema quedan atrapadas en
la pobreza. Las personas trabajadoras, especialmente las mujeres (que suponen el 80% del empleo de la industria textil), no obtienen una parte justa del valor que generan en la cadena de suministro y no reciben un salario suficiente como para
vivir, y mucho menos para ahorrar y romper su ciclo de pobreza. Al contrario, se ven atrapadas en el círculo vicioso de los salarlos bajos, las excesivas horas extra, el endeudamiento y la dependencia extrema, que las hace vulnerables como
empleadas.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respaldó de forma unánime los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que establecen claramente el papel y las responsabilidades de los
negocios y los Estados, basándose en tres pilares:
1. El deber del Estado de proteger los derechos humanos.
2. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos.
3. Acceso a la compensación.
Así, se establece un principio de responsabilidad compartida entre el estado y las empresas, estando obligados los Estados a establecer un salario mínimo a un nivel de subsistencia para proteger el derecho humano a un salario digno, y las
empresas, por su parte, deben respetar el derecho humano de pagar los salarios correspondientes.
También se establece que la responsabilidad de respetar los derechos humanos 'existe independientemente de la capacidad y/o interés que tengan los Estados de cumplir sus propias obligaciones respecto a los derechos humanos, y no reduce
dichas obligaciones. Existe más allá del cumplimiento de las leyes nacionales y los reglamentos que protegen los derechos humanos', por lo que en los casos en los que el Estado no cumple su deber de proteger los derechos humanos -por ejemplo,
cuando el salario mínimo legal no cumple el nivel mínimo de subsistencia (salario digno)-, las empresas siguen teniendo la obligación de respetar el derecho humano a un salario digno en la cadena de suministro, independientemente de donde ocurra el
impacto negativo (ya sea en sus propias instalaciones o en las de sus proveedores, en las de los proveedores de sus proveedores o respecto a las personas que trabajan desde su hogar).
Por lo tanto, a pesar de que la producción textil se deje en manos de terceros, las empresas siguen teniendo su responsabilidad y no pueden delegarla y dejarla en manos de los terceros de su cadena de suministro.
Los derechos de los trabajadores y trabajadoras son derechos humanos y constituyen un derecho fundamental de toda persona (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1, 3, 4, 5, 7, 23 y 24):
- Disfrutar de unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo.
- Obtener, sin ninguna discriminación, un salario igual por igual trabajo.
- Recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure para él y su familia una existencia conforme a la dignidad humana.
- Constituir sindicatos para la defensa de sus intereses y afiliarse.
- Disfrutar de tiempo de descanso y ocio y, particularmente, a una limitación razonable de la jornada de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Según la Campaña Ropa Limpia, alianza internacional que trabaja para mejorar las condiciones y apoyar el empoderamiento de las trabajadoras de la industria textil mundial, el primer paso que debería hacer una empresa es adoptar un código de
conducta que garantice:
- Los derechos sindicales, incluido el derecho a un convenio colectivo.
- Que no haya trabajo forzado.
- Que no haya trabajo infantil.
- Que no haya discriminación.
- El establecimiento de un máximo de horas de trabajo.
- Unas condiciones de higiene y seguridad.
- Un salario mínimo.
- La estabilidad laboral.
La presión a las firmas de ropa no puede ser una medida aislada. Los gobiernos de los países productores y a las instituciones internacionales deben adoptar un compromiso efectivo para garantizar el cumplimiento de los convenios
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Las limitaciones a los abusos de las empresas transnacionales no pueden venir solo de sus medidas de responsabilidad social voluntarias. Hace falta una regulación internacional y organismos que puedan imponer su cumplimiento y que tengan
capacidad sancionadora.
La promoción y defensa de los derechos humanos constituye una de las prioridades de la política exterior y de cooperación internacional con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Como consecuencia de la aprobación de
los principios rectores de Naciones Unidas por la Comisión de Derechos, la Comisión europea pidió a los Estados a lo largo del año 2013 un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos que trasladara y adaptara dichos principios a los marcos legales
nacionales.
El segundo borrador de dicho plan se presentó el pasado mes de noviembre a las organizaciones de la sociedad civil. Del mismo, se desprende que el marco de 'proteger, respetar y remediar' que establecen los principios rectores de Naciones
Unidad carece de naturaleza vinculante, tanto para los Estados como para
las empresas, no siendo por tanto, de obligado cumplimiento. Del mismo modo, la responsabilidad social corporativa, no se fundamenta sobra la base de la voluntariedad, la unilateralidad y la no exigibilidad jurídica.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos contemple como mínimo los siguientes elementos:
1. Integralidad. En consonancia con los tres principios contenidos en el ''Marco: Proteger, Respetar y Remediar'', de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas.
2. Participación. Fruto del consenso entre Estados, sociedad civil y sector privado.
3. Implementación. Inclusión de medidas concretas para su aplicación y difusión tanto en las administraciones públicas como en el sector privado.
4. Dotación presupuestaria. De forma que se garanticen los recursos humanos y económicos necesarios para su efectiva implementación.
5. Mecanismos de revisión y seguimiento. Inclusión de mecanismos que permitan plasmar los resultados y poder así proceder a su evaluación.
6. Carácter vinculante. De obligado cumplimiento.
7. Extraterritorialidad. De manera que las empresas españolas que operen en el extranjero cumplan el mismo estándar de derechos humanos que el aplicable en territorio español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
provisión de un número suficiente de puestos de trabajo funcionariales de examinador del carné de conducir, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En los últimos años las restricciones a las convocatorias de plazas de funcionarios, así como a la cobertura de las bajas y jubilaciones que se vienen realizando, producen como consecuencia la pérdida de examinadores que no han sido
reemplazados y, con ello, el incremento de los tiempos de espera para poder examinarse del carné de conducir. Esto ha llevado a que las autoescuelas en algunos lugares sufran una importante disminución de alumnos para las clases de prácticas.
En base a lo anterior, se ha recuperado la antigua reivindicación de privatizar la prueba misma del examen de conducir bajo el pretexto de que eso constituye una solución para reducir la lista de espera.
Conviene tener presente que la privatización no es otra cosa que un proceso mediante el cual las tareas son transferidas del sector público al sector privado. Este proceso está llevando a que en muchas áreas y de manera poco razonable los
actores no gubernamentales intervengan cada vez más en la prestación de servicios y, consecuentemente, a la limitación de las funciones públicas con la pérdida que de dicho trasvase se deriva de la objetividad que los funcionarios públicos,
independientes de intereses económicos, políticos o de cualquier otra índole, garantizan preservando los derechos de los ciudadanos al evaluar con estándares similares las pruebas de acceso a los permisos de conducir en todo el territorio español.
No podemos olvidar, además, que privatizar estos servicios exigiría un control público de la prestación que la Administración española, por esa carencia de recursos humanos de la que estamos hablando, no puede actualmente garantizar, tal y
como está ocurriendo en otros servicios ya privatizados. Por otra parte, hay que recordar que se trata de servicios de competencia estatal que, si no se han transferido a comunidades autónomas, parece poco razonable que puedan privatizarse.
El problema de la carencia de suficientes examinadores llevó en 2007 a la Dirección General de Tráfico a adoptar medidas extraordinarias de formación de examinadores procedentes de la Administración General del Estado para la posterior
provisión de puestos de trabajo de examinador adscritos a la Dirección General de Tráfico. Esta problemática no es nueva y ya tenemos una forma adecuada y contrastada de solucionar los problemas que existen.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo todas las medidas necesarias para la provisión de un número suficiente de puestos de trabajo funcionariales de examinador adscritos a la Dirección General de Tráfico y, con
ello, garantizar un número suficiente de examinadores del carné de conducir que asegure en todo el Estado que los tiempos de espera no excedan de plazos razonables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2014.-Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Fomento
161/001886
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unio).
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Pere Macias i Arau.
Texto:
¿Cuáles son los motivos por los cuales el firme de la A-2 entre Barcelona y Lleida se encuentra en tan mal estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2014.-Pere Macias i Arau, Diputado.
Comisión de Cultura
161/001885
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura.
Diputado don José Luis Ábalos Meco.
Texto:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que el Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con la Orden Ministerial de 2009, ha adaptado el PEPRI del Cabaynal dando cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2014.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.