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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 452, de 06/05/2014
cve: BOCG-10-D-452
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de mayo de 2014
Núm. 452
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la cooperación con los gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas
discriminatorias por orientación sexual o de género ... (Página4)
162/000938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al conflicto en la distribución detallista de gasóleo a tipo bonificado del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos por las cooperativas
agroalimentarias ... (Página5)
162/000939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para corregir el injusto tratamiento que sufren los preferentistas estafados en su declaración del IRPF de 2013 ...
162/000940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre fondos para políticas de empleo en Andalucía anunciados por el Gobierno de España ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la cooperación con los gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas
discriminatorias por orientación sexual o de género ... (Página9)
161/002696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre adhesión y ratificación definitiva de la Carta Social Europea ... (Página10)
Comisión de Justicia
161/002700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Betanzos (A Coruña) ... (Página11)
161/002701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Corcubión (A Coruña) ... (Página12)
161/002702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Negreira (A Coruña) ... (Página13)
161/002703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Noia (A Coruña) ... (Página14)
161/002704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Arzúa (A Coruña) ... (Página14)
161/002705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Muros (A Coruña) ... (Página15)
161/002706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Santiago (A Coruña) ... (Página16)
161/002707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Ortigueira (A Coruña) ... (Página17)
161/002708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Padrón (A Coruña) ... (Página17)
161/002709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Carballo (A Coruña) ... (Página18)
161/002710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Ordes (A Coruña) ... (Página19)
161/002711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Ribeira (A Coruña) ... (Página20)
161/002712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del partido judicial de Ferrol (A Coruña) ... (Página20)
Comisión de Defensa
161/002692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al mantenimiento y promoción del empleo del personal laboral español de la Base Naval de Rota (Cádiz) ... (Página21)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para corregir el injusto tratamiento que sufren los preferentistas estafados en su declaración del IRPF de 2013 ...
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al conflicto en la distribución detallista de gasóleo a tipo bonificado del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos por las cooperativas
agroalimentarias ... (Página23)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre fondos para políticas de empleo en Andalucía anunciados por el Gobierno de España ... (Página24)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de rechazo al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la Ley de La Rioja que prohíbe el 'fracking' en
su territorio ... (Página25)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la denominación de origen de Alicante y su mantenimiento ... (Página26)
161/002693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sector del ajo ... (Página28)
161/002694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para conseguir un sector pesquero más sostenible ... (Página29)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el adecuado tratamiento al Tercer Sector de Acción Social en la reforma de la Ley General de Subvenciones ... (Página30)
Comisión de Igualdad
161/002698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las deficiencias e insuficiencias de medios humanos y materiales en las comisarías de Policía y puestos de la Guardia Civil para la atención a mujeres
en situación de violencia de género ... (Página32)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/001864 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para evitar que ciudadanos que tienen derecho a prestaciones por dependencia reconocido fallezcan sin que puedan acceder a las mismas ...
Comisión de Igualdad
181/001865 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre opinión del Gobierno acerca de si las comisarías de Policía y puestos de la Guardia Civil están suficientemente dotados para tratar adecuadamente a
las mujeres en situación de violencia de género, así como existencia de unidades especializadas en las Comisarías de Policía ... (Página33)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la cooperación con los Gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas discriminatorias por orientación sexual o de género, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 24 de febrero de 2014 el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la ley que el Parlamento del país aprobó y que aumenta las penas de prisión contra los homosexuales, incluyendo la cadena perpetua para aquellos ciudadanos que
'reincidan' en sus prácticas homosexuales. Además, la ley castiga a familiares y allegados que no denuncien estas prácticas a las autoridades del país.
Bajo la falacia de que la homosexualidad es una enfermedad, la ley establece penas de hasta 14 años de cárcel a los ciudadanos gays. También establece condenas de prisión perpetua para quienes cometan lo que la ley define como
'homosexualidad agravada', es decir, ciudadanos que practiquen relaciones sexuales que involucren a menores o en los que uno de los participantes esté contagiado de VIH/SIDA.
La reacción internacional ya ha comenzado: grupos internacionales defensores de los Derechos Humanos y gobiernos como el de EEUU han criticado duramente la norma por tratarse de una ley antidemocrática. La Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció la ley que castiga la homosexualidad en Uganda porque se trata de facto de una ley que institucionaliza la discriminación por razón de orientación sexual o de género.
Otros países, como Suecia, han ido más lejos y han anunciado a comienzos de marzo de este año la decisión de suspender parte de su ayuda financiera a Uganda tras la aprobación de la ley. Según el Gobierno sueco la ayuda no es incondicional,
y por lo tanto ha decidido suspender la ayuda de auxilio económico a Uganda. Otros países como Dinamarca, Noruega y Países Bajos han advertido que dejarán de enviar ayuda económica directa al Gobierno de Uganda, como condena a la nueva ley y
solidaridad a los homosexuales, bisexuales y personas transexuales que se ven afectados por la nueva normativa ugandesa.
En nuestro país, el Congreso de los Diputados ya aprobó en junio de 2013 una Proposición no de Ley que condena la criminalización de las personas por su orientación sexual e identidad de género y reafirma su compromiso en la defensa y
promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos, así como muestra su repulsa a la presentación en el Parlamento de Uganda del Proyecto de Ley contra la homosexualidad, y al resto de legislaciones que la persiguen con pena de muerte o
prisión en 75 Estados. Igualmente, se instaba al Gobierno a impulsar, en el marco de sus relaciones bilaterales y a través de su participación en las organizaciones internacionales, la adopción en dichos países de legislaciones que
prohíban la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Pero desgraciadamente el caso ugandés no es el único. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y personas de Intersexo (ILGA), en 76 países del mundo ser homosexual es ilegal y en siete se castiga con
pena de muerte (Mauritania, Sudán, algunos Estados del norte de Nigeria, el sur de Somalia, Irán, Arabia Saudí y Yemen). En otros, como Rusia, a pesar de no estar prohibido, se han legislado en los últimos años leyes denominadas como 'anti
propaganda gay' que castiga la publicidad y discusión pública sobre los derechos y relaciones homosexuales en cualquier lugar donde haya menores.
En definitiva, lo que pide esta iniciativa es solicitar en las instituciones internacionales sanciones adecuadas contra Uganda por su legislación contra la homosexualidad, suspender a su vez la cooperación con los gobiernos e instituciones
públicas que mantengan legislación o normas administrativas contra la homosexualidad e incluir la persecución legal o administrativa por orientación sexual o de género entre las causas para la concesión de asilo a extranjeros en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar en las instituciones internacionales sanciones adecuadas contra Uganda y cualquier otro Estado que apruebe o mantenga en vigor legislación que estigmatice, discrimine, prohíba o persiga la homosexualidad, o cualquier
orientación sexual o de género respetuosa con los derechos básicos pero diferente a la considerada legal.
2. Suspenda la cooperación con los Gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas discriminatorias como las citadas, y en general a que supedite la cooperación internacional y al
desarrollo a la libertad legal de la homosexualidad en dichos Estados, de acuerdo con la cláusula democrática en el ámbito de la cooperación al desarrollo aprobada en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo el 19 de septiembre de
2012.
3. Coopere con las organizaciones civiles, educativas y de defensa de los Derechos Humanos que defienden la libertad de orientación sexual o de género en Estados donde exista discriminación legal por esta causa, y trabajan para conseguir la
libertad y plenitud de derechos civiles de las personas discriminadas.
4. Incluya la persecución legal o administrativa por orientación sexual o de género entre las causas para la concesión de asilo a extranjeros en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al conflicto en la distribución detallista de gasóleo a tipo bonificado del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos por las cooperativas agroalimentarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde que gobierna el Partido Popular, se ha originado un conflicto como consecuencia de las inspecciones impulsadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las cooperativas agroalimentarias en su actividad de
distribución como detallista de gasóleo agrícola a tipo bonificado del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y respecto a los medios de pago utilizados al efecto.
Estas cooperativas han venido actuando conforme a la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales de 1995, utilizando la tarjeta-gasóleo bonificado como medio de
pago. No obstante, en estos últimos dos años están recibiendo un importante número de inspecciones basadas en una Consulta Vinculante de 2006, contradictoria con otras Consultas también del Ministerio de Hacienda anteriores, así como de
Resoluciones de Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Central, también previas a la Consulta.
Se trata de actuaciones ordenadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en las que se rescata una parte de dicha Consulta que exige, sin tener base ni en la propia Ley ni Reglamento de Impuestos Especiales, que tal
tarjeta-gasóleo bonificado se utilice no sólo como medio de pago del gasóleo bonificado, que es a lo que obliga esta normativa, sino también en el momento en que se retira el producto del poste produciendo el suministro. De no hacerse así, el
criterio seguido por la inspección del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, sería la pérdida del derecho a la aplicación del tipo impositivo reducido del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley de Impuestos Especiales (LIE)
para las cooperativas agroalimentarias. Como antes se indicaba, la propia Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales ya aclaró en 1994 a consulta de las cooperativas agroalimentarias, que éstas podían vender a crédito el gasóleo bonificado
a sus socios sin ser necesaria la utilización de la tarjeta-gasóleo bonificado en el momento del suministro, no produciéndose riesgo de regularización del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Tal criterio fue también ratificado por Resoluciones
del TEAR y el TEAC, no dando lugar ni a regularizaciones del impuesto, ni infracción tributaria alguna.
A pesar de haberse reformado a 1 de enero de 2014, a propuesta de la Dirección General de Tributos, el Reglamento de Impuestos Especiales para aceptar que otros medios distintos a la tarjeta-gasóleo bonificado pueden ser utilizados por las
cooperativas agroalimentarias en el momento del suministro del gasóleo bonificado, tal como lo vienen haciendo desde hace veinte años con pleno control de la trazabilidad del producto, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales mantiene que
tal modificación es insuficiente para solucionar el conflicto, en contra del criterio de la Dirección General de Tributos, de manera que no solo continúa con las inspecciones abiertas hasta dicha fecha, sino que está abriendo nuevas inspecciones
también en este ejercicio 2014.
Estas regularizaciones del Impuesto, están suponiendo ingresos por las cooperativas agroalimentarias a Hacienda, pese a no existir importe por sanción ya que la propia Hacienda ha reconocido que no hay fraude alguno, sino que no se ha
aplicado la Consulta de 2006, en algunos casos superiores a 600.000 euros, con el consiguiente riesgo de paralización de la actividad de estas cooperativas que, en el ámbito de Andalucía, C.A. en la que se están centrando las inspecciones, podría
llegar a afectar a cerca de 300.000 agricultores y ganaderos y a 50.000 empleos directos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en especial al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a intervenir suspendiendo, con carácter inmediato, las inspecciones aludidas, y dar solución a este conflicto que está
afectando a las cooperativas agroalimentarias en su actividad de distribución como detallista de gasóleo a tipo bonificado, revocando los efectos de la Consulta de 2006 citada desde su publicación, que están siendo utilizados por las inspecciones
para la regularización del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de dichas cooperativas, sin abrir nuevas vías de infracción tributaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2014.-Alejandro Alonso Núñez y María Carmen Sánchez Díaz, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para corregir el injusto tratamiento que sufren los preferentistas estafados en su declaración del IRPF de 2013, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Como es sabido, los titulares de participaciones preferentes han experimentado fuertes pérdidas en su inversión, aunque buena parte de las entidades financieras las comercializaron fraudulentamente como productos de renta fija. El FROB (es
decir, el gobierno) impuso una quita de entre el 38% y el 63% de la inversión, al realizar su conversión en acciones. En consecuencia, a causa tanto de una comercialización incorrecta, como de una negligente gestión de las cajas controladas por los
partidos, los preferentistas experimentaron fortísimas pérdidas.
No obstante, desde el canje las acciones que estos ciudadanos percibieron a cambio de sus participaciones preferentes han experimentado cierta revalorización. Por ejemplo, las acciones de Bankia a fecha de 14 de abril de 2014 acumulan una
revalorización del 16,05%. Esto implica que los preferentistas puedan recuperar una pequeña parte de las pérdidas sufridas en su inversión cuando vendan las acciones.
Sin embargo, el régimen de tributación actualmente vigente, establecido por la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos CV 1765-13 (de 29 de mayo de 2013), establece que las pérdidas experimentadas en el canje de preferentes
por acciones se consideren rendimientos negativos del capital mobiliario. Estos rendimientos negativos sólo pueden compensarse con rendimientos positivos que se produzcan en el plazo de 4 años. Por otra parte, en esa misma Consulta Vinculante se
establece que las eventuales plusvalías que se obtengan en la venta de las acciones se consideren ganancias de patrimonio (que tributan entre el 21 y el 27%) y que de las mismas no se puedan deducir las pérdidas sufridas en el canje.
Esto quiere decir, por ejemplo, que si un preferentista invirtió 100.000 euros y se le aplicó la quita mínima de un 38%, perdió 38.000 euros en 2013 al realizarse el canje de preferentes por acciones. Si los 62.000 euros que recibió en
acciones los vendiese con una 'plusvalía' del 16,05% obtendría 71.951 euros. Es decir, en conjunto habrá perdido 28.049 euros. Sin embargo, en la declaración del IRPF de 2014 deberá pagar sobre una 'ganancia ficticia' de 9.951 euros (6.000 euros
al 21% y el resto al 25%, es decir 2.247,75 euros), al no poder compensar las ganancias patrimoniales por las plusvalías en la venta de las acciones con los rendimientos negativos del capital mobiliario sufridos en el canje de preferentes por
acciones.
Esta situación absolutamente injusta, y contraria al principio constitucional de capacidad económica, podría evitarse modificando el artículo 49 de la Ley del IRPF, de forma que los rendimientos negativos del capital mobiliario derivados del
canje de instrumentos financieros puedan compensarse con las eventuales ganancias de patrimonio que produzcan los instrumentos financieros que se reciban en el canje.
Conviene, en este contexto, recordar la celeridad con la que se modificó la tributación de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la tributación de los afectados por la estafa de las preferentes para que, tras haber soportado enormes pérdidas en sus inversiones, no deban además tributar por unos beneficios que
no han obtenido en realidad. Con ese fin, se modificará la Ley del IRPF de forma que los rendimientos negativos del capital mobiliario derivados del canje de instrumentos financieros puedan compensarse con las eventuales ganancias de patrimonio que
produzcan los activos que se reciban en el canje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
fondos para políticas de empleo en Andalucía anunciados por el Gobierno de España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La alta tasa de paro que soporta el conjunto de España hace más que necesario que todas las administraciones tengan en el mantenimiento y la generación de empleo su máxima prioridad. El trabajo conjunto y el esfuerzo común han de ser el
elemento de coordinación de todas las políticas de empleo que se desarrollan en nuestro país, tanto por la Administración General de Estado como por el conjunto de las Comunidades Autónomas.
Ante una situación de desempleo que soportan más de 4.700.000 españoles y viven con desesperanza más de 1.800.000 familias con todos sus miembros en desempleo, se hace más que prioritario articular y destinar todos los fondos públicos
necesarios a esas políticas de empleo, y que su distribución sea acorde al número y el peso de desempleados por comunidades autónomas.
En este marco, Andalucía es, por desgracia, por sus variables poblacionales y por las condiciones de su mercado laboral, la comunidad autónoma que mayor tasa de paro soporta y, por tanto, debe ser una de las comunidades autónomas donde el
esfuerzo de estas políticas se ha de destacar por su importancia.
Recientemente, el Gobierno de España, y en concreto su Ministerio de Empleo y Seguridad Social mediante nota de prensa, ha anunciado que Andalucía recibirá 2.700 millones de euros para esas políticas de empleo y que el conjunto de las mismas
se gestionaran entre 2014 y 2020, fruto, como manifiesta la titular del Ministerio, 'del compromiso del Gobierno de España con el empleo y los andaluces'.
Desde este punto de vista, la Ministra de Empleo y Seguridad Social argumentaba que 'el Gobierno de España es también Gobierno de los andaluces, y trabaja para que tengan más y mejores oportunidades de empleo'. Unas oportunidades que,
anunció, estarán condicionadas por la aportación de 1.200 millones de euros de la dotación que hace la Unión Europea al Fondo Social Europeo complementada con 1.500 millones más de fondos que el Estado central destina en esta región.
A ese anuncio poco aclaratorio de fondos para el empleo, que recoge una nota pública realizada por ese Ministerio, le ha seguido una aclaración efectuada por la Delegada del Gobierno central en Andalucía, especificando que esos 2.700
millones de euros serán independientes de las partidas que el Gobierno de España destinará a Andalucía para esas mismas políticas en ese mismo marco 2014-2020.
Ante tal discordancia de declaraciones e incertidumbre en el anuncio y declaraciones públicas y ante la más que probable errónea interpretación que este anuncio pueda conllevar del destino de estas políticas de empleo derivadas del Fondo
Social Europeo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a certificar la procedencia de todas y cada una de las partidas presupuestarias que componen la dotación económica anunciada por la Ministra de Empleo y Seguridad Social de 2.700 millones de
euros para Andalucía, destinadas a políticas de empleo en el marco comunitario 2014-2020, trasladando dicha certificación de estas dotaciones económicas a la Administración autonómica de la Junta de Andalucía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-Miguel Ángel Heredia Díaz y María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002688
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la cooperación con los Gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas discriminatorias por orientación sexual o de género, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El 24 de febrero de 2014 el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la ley que el parlamento del país aprobó y que aumenta las penas de prisión contra los homosexuales, incluyendo la cadena perpetua para aquellos ciudadanos que
'reincidan' en sus prácticas homosexuales. Además, la ley castiga a familiares y allegados que no denuncien estas prácticas a las autoridades del país.
Bajo la falacia de que la homosexualidad es una enfermedad, la ley establece penas de hasta 14 años de cárcel a los ciudadanos gays. También establece condenas de prisión perpetua para quienes cometan lo que la ley define como
'homosexualidad agravada', es decir, ciudadanos que practiquen relaciones sexuales que involucren a menores o en los que uno de los participantes esté contagiado de VIH/SIDA.
La reacción internacional ya ha comenzado: grupos internacionales defensores de los Derechos Humanos y gobiernos como el de EEUU han criticado duramente la norma por tratarse de una ley antidemocrática. La Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció la ley que castiga la homosexualidad en Uganda porque se trata de facto de una ley que institucionaliza la discriminación por razón de orientación sexual o de género.
Otros países, como Suecia, han ido más lejos y han anunciado a comienzos de marzo de este año la decisión de suspender parte de su ayuda financiera a Uganda tras la aprobación de la ley. Según el Gobierno sueco la ayuda no es incondicional,
y por lo tanto ha decidido suspender la ayuda de auxilio económico a Uganda. Otros países como Dinamarca, Noruega y Países Bajos han advertido que dejarán de enviar ayuda económica directa al Gobierno de Uganda, como condena a la nueva ley y
solidaridad a los homosexuales, bisexuales y personas transexuales que se ven afectados por la nueva normativa ugandesa.
En nuestro país, el Congreso de los Diputados ya aprobó en junio de 2013 una Proposición no de Ley que condena la criminalización de las personas por su orientación sexual e identidad de género y reafirma su compromiso en la defensa y
promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos, así como muestra su repulsa a la presentación en el Parlamento de Uganda del Proyecto de Ley contra la homosexualidad, y al resto de legislaciones que la persiguen con pena de muerte o
prisión en 75 Estados. Igualmente, se instaba al Gobierno a impulsar, en el marco de sus relaciones bilaterales y a través de su participación en las organizaciones internacionales, la adopción en dichos países de legislaciones que prohíban la
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Pero desgraciadamente el caso ugandés no es el único. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y personas de Intersexo (ILGA), en 76 países del mundo ser homosexual es ilegal y en siete se castiga con
pena de muerte (Mauritania, Sudán, algunos Estados del norte de Nigeria, el sur de Somalia, Irán, Arabia Saudí y Yemen). En otros, como Rusia, a pesar de no estar prohibido, se han legislado en los últimos años leyes denominadas como 'anti
propaganda gay' que castiga la publicidad y discusión pública sobre los derechos y relaciones homosexuales en cualquier lugar donde haya menores.
En definitiva, lo que pide esta iniciativa es solicitar en las instituciones internacionales sanciones adecuadas contra Uganda por su legislación contra la homosexualidad, suspender a su vez la cooperación con los gobiernos e instituciones
públicas que mantengan legislación o normas administrativas contra la homosexualidad e incluir la persecución legal o administrativa por orientación sexual o de género entre las causas para la concesión de asilo a extranjeros en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar en las instituciones internacionales sanciones adecuadas contra Uganda y cualquier otro Estado que apruebe o mantenga en vigor legislación que estigmatice, discrimine, prohíba o persiga la homosexualidad, o cualquier
orientación sexual o de género respetuosa con los derechos básicos pero diferente a la considerada legal.
2. Suspenda la cooperación con los Gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas discriminatorias como las citadas, y en general a que supedite la cooperación internacional y al
desarrollo a la libertad legal de la homosexualidad en dichos Estados, de acuerdo con la cláusula democrática en el ámbito de la cooperación al desarrollo aprobada en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo el 19 de septiembre de
2012.
3. Coopere con las organizaciones civiles, educativas y de defensa de los Derechos Humanos que defienden la libertad de orientación sexual o de género en Estados donde exista discriminación legal por esta causa, y trabajan para conseguir la
libertad y plenitud de derechos civiles de las personas discriminadas.
4. Incluya la persecución legal o administrativa por orientación sexual o de género entre las causas para la concesión de asilo a extranjeros en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre adhesión y ratificación definitiva de la Carta Social Europea, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Consejo de Europa es una organización internacional, de ámbito regional, formada en la actualidad por 47 Estados miembros, 28 de ellos son miembros a su vez de la Unión Europea. Nace el 5 de mayo de 1949 con un claro propósito: la
protección y promoción de los derechos fundamentales, los principios democráticos y la defensa del Estado de derecho.
Entre los tratados y convenios del Consejo de Europa sobresalen dos: el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales y la Carta Social Europea.
La Carta Social Europea (CSE en adelante) nace como complemento necesario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues establece derechos de carácter eminentemente social. La Carta se aprobó en 1961 y en la actualidad 43 Estados la han
ratificado (33 la Carta Social Europea revisada y 10 la Carta originaria, entre ellos España, Instrumento de ratificación de 29 de abril de 1980, 'BOE' de 26 de junio). De esos 43 Estados, únicamente 15 se han adherido al Protocolo sobre
Reclamaciones colectivas.
La Carta Social Europea se revisó en 1996 y se incluyeron derechos como el acceso a una vivienda en condiciones dignas o la lucha contra la exclusión social y la pobreza. España ha firmado esta nueva versión de la Carta pero no la ha
ratificado aún, pese a que en el Plan de Derechos Humanos, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008, se establecía en la medida n.º 23 'una revisión del estado de ratificación por parte española de los instrumentos
principales del Consejo de Europa en el ámbito social, en particular la Carta Social Europea Revisada y el Código Europeo de Seguridad Social, con vistas a su posible ratificación'.
En cuanto al Procedimiento de reclamaciones colectivas, el protocolo quedó abierto para su firma en 1995 y entró en vigor en 1998. Las reclamaciones sobre la aplicación insatisfactoria de la Carta pueden presentarse al Comité Europeo de
Derechos Sociales.
Con respecto a las observaciones realizadas por el Comité Europeo de Derechos sociales en las Conclusiones publicadas en enero de 2014, se ha considerado que la actual redacción del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, vulnera lo dispuesto por la Carta Social Europea en su artículo 11, en relación con la asistencia sanitaria de los
extranjeros en situación irregular.
En conjunto el CEDS ha dictado en total 6 Conclusiones de no conformidad al Comité Europeo de Derechos Sociales, específicamente cinco respecto a la Carta Social Europea, artículo 12, apartados primero y cuarto, artículo 13 apartado primero,
artículo 14 apartado primero y segundo, y una al Protocolo Adicional, artículo 4.
Las materias a las que se refieren los incumplimientos son, entre otras, la cuantía resultante de prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, que dispone que del cuarto al vigésimo día se cobre el 60% de la base
reguladora (artículo único Real Decreto 53/1980, de 11 de enero). Aplicado ese porcentaje sobre el IPREM, la cifra resultante (4.473 ) está claramente por debajo del umbral de pobreza, por lo que se resuelve que España vulnera la CSE al establecer
unas prestaciones derivadas de enfermedad insuficientes. Asimismo se alerta de la vulneración del derecho a los beneficios de los servicios sociales y a la protección social de las personas ancianas.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
- A la adhesión al Protocolo de Reclamaciones colectivas para así facilitar mayores garantías de protección de los derechos sociales contenidos en la Carta Social Europea.
- A finalizar el procedimiento de ratificación de la Carta Social Europea revisada, para así incrementar el catálogo de derechos sociales y ampliar los reconocidos por la Constitución en el capítulo III del título I.
- A anular el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, por vulnerar lo dispuesto por la Carta Social
Europea en su artículo 11, en relación con la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular.
- A revertir todas las medidas que suponen recortes sociales y vulneran la Carta Social Europea derogando la normativa que sitúa al Estado español en el incumplimiento de los tratados internacionales suscritos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/002700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Betanzos (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Betanzos que atiende a la población de Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Oza-Cesuras, Coirós, Curtis, lrixoa, Miño, Monfero, Paderne, Pontedeume, Sada, Sobrado, Vilamaior e Vilasantar,
desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Betanzos se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada
por un número aproximado de 80.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Betanzos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Betanzos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Corcubión (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Corcubión que atiende a la población de Camariñas, Cée, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo y Zas desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Corcubión se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada
por un número aproximado de 42.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Corcubión.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Corcubión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Negreira (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Negreira que atiende a la población de A Baña, Brión, Negreira y Santa Comba desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Negreira se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada
por un número aproximado de 30.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Negreira.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguientes
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Negreira.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Noia (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Noia que atiende a la población de Lousame, Noia y Porto do Son desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Noia se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada por
un número aproximado de 28.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Noia.'
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Noia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Arzúa (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Arzúa que atiende a la población de Arzúa, Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Toques y Touro desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Arzúa se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada por
un número aproximado de 30.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Arzúa.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Arzúa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Muros (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Muros que atiende a la población de Carnota, Mazaricos, Muros y Outes desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Muros se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población
formada por un número aproximado de 25.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Muros.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Muros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Santiago (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Santiago que atiende a la población de Ames, Boqueixon, Santiago, Teo y Vedra desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Santiago se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada
por un número aproximado de 153.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Santiago.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Santiago.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Ortigueira (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Ortigueira que atiende a la población de Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche y Ortigueira desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Ortigueira se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población
formada por un número aproximado de 22.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Ortigueira.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Ortigueira,'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Padrón (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Padrón que atiende a la población de Dodro, Padrón, Rianxo y Rois desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de asas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Padrón se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada
por un número aproximado de 28.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Padrón.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Padrón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Carballo (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Carballo que atiende a la población de Cabana, Carballo, Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica y Ponteceso desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de asas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Carballo se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población
formada por un número aproximado de 70.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial Carballo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Carballo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Ordes (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Ordes que atiende a la población de Ordes, Frades, Mesía, Oroso, Tordoia, Trazo y Val do Dubra desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Ordes se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada por
un número aproximado de 38.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Ordes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Ordes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Ribeira (Galicia), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales, de los cuales 13 corresponden a la provincia de A Coruña, lo que supone una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a
la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Ribeira que atiende a la población de Boiro, A Pobra y Ribeira desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de asas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Ribeira se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada
por un número aproximado de 57.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial e Ribeira.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Ribeira.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
supresión del partido judicial de Ferrol (Galicia), para su debite en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de anunciar la supresión de los partidos judiciales en Galicia para concentrar a juezas y jueces en las capitales provinciales y crear tribunales de instancia.
En Galicia esta medida supondrá la desaparición de 41 partidos judiciales y una grave alteración del funcionamiento de la Justicia, de la accesibilidad de la ciudadanía a la misma y de los costes derivados.
La existencia de una Administración de Justicia accesible a la ciudadanía y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en nuestra Carta Magna en el artículo 24, es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de la democracia.
El Gobierno ha paralizado los procesos de modernización tecnológica, de puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y de la creación de plazas de la carrera judicial. Ahora se propone la desaparición de los partidos judiciales y
la concentración de la actividad jurisdiccional en las capitales de provincia.
Según esta planificación, la sede judicial de Ferrol que atiende a la población de Ares, Cabanas, A Capala, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño, desaparecería.
Así el Gobierno Rajoy con el respaldo de la Xunta de Galicia, continúa la labor de alejamiento de la ciudadanía de la Justicia. Tras la promulgación de una nueva Ley de tasas judiciales, disuasorias por su cuantía y restrictivas para las
personas con menos recursos, con esta nueva medida de supresión del partido judicial de Ferrol se incrementarán los costes de desplazamiento y consecuentemente la imposibilidad de acceder a la Justicia para una gran parte de una población formada
por un número aproximado de 163.000 habitantes de los municipios pertenecientes al partido judicial de Ferrol.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la propuesta de supresión del partido judicial de Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa al mantenimiento y promoción del empleo del personal laboral español de la Base Naval de Rota, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Ya se está haciendo efectivo el estacionamiento en la Base Naval de Rota de los destructores 'Aegis' de la Marina de los Estados Unidos para la participación en el despliegue del sistema de defensa antimisil de la OTAN. En febrero ha
llegado el primer destructor y en pocos meses se espera que se complete la llegada de 4 barcos y de 1.300 militares norteamericanos. Rota se convertirá entonces en la base norteamericana con más personal de Europa, unos seis mil militares.
Sin embargo, el aumento del personal americano, tanto militar como civil, no se está traduciendo en una mayor cantidad de trabajo para el personal laboral local, que ha visto como, en dos años, ha perdido 100 puestos de trabajo entre
jubilaciones, invalidez y fallecimientos, sin que se haya cubierto ni uno sólo de ellos. Una situación que, de no solucionarse, se saldará en nuevas pérdidas de puestos de trabajo.
Es preocupante este hecho, no sólo porque no se creen puestos de trabajo, sino porque se percibe una cierta 'moronización' de Rota, es decir se está sustituyendo el trabajo que hacen los trabajadores locales, dependientes laboralmente del
Ministerio de Defensa, por contratas que hacen empresas externas, como sucede en la Base de Morón. Esto no solamente sucede con el personal jubilado, sino que hay cada vez más personal laboral local sin funciones porque su trabajo también se está
externalizando. Es decir, se cambia el trabajo fijo y de calidad por contratos precarios, mal pagados y temporales.
Por otra parte, el aumento de actividad en la Base Naval de Rota, producido por el escudo antimisiles, se debe traducir en la creación de nuevos puestos de trabajo del personal laboral local y no en un aumento sólo del empleo en el personal
civil americano, como se viene produciendo.
Nos encontramos, pues, ante una gran oportunidad para solucionar todo lo relativo a las cuestiones laborales de los trabajadores españoles, así como la salvaguarda del trabajo que éstos hacen.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cubrir con nuevos contratos de personal laboral local en la Base Naval de Rota las bajas por jubilación, invalidez y fallecimiento, mientras permanezca el despliegue del escudo antimisiles, y recuperar los puestos de trabajo amortizados
en los dos últimos años.
2. Promover el empleo del personal laboral local en la Base Naval de Rota de modo que el aumento de actividad en la misma se traduzca en la creación de nuevos puestos de trabajo para trabajadores españoles.
3. No externalizar la actividad que desempeña el personal laboral español en la Base Naval de Rota.
4. Velar porque en todo momento se cumpla el número de personal civil americano autorizado en la Base Naval de Rota según el Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos y exigir a la administración norteamericana que
facilite a la administración española el número de puestos de trabajo ocupados por personal civil norteamericano (en la Base y en contratas externalizadas), así como la identificación de este personal, para hacer posible el cumplimiento efectivo del
Convenio Bilateral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.-Diego López Garrido, María Carmen Sánchez Díaz y Manuel Chaves González, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para corregir el injusto tratamiento que sufren los preferentistas estafados en su declaración del IRPF de 2013, para su debate en Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
Como es sabido, los titulares de participaciones preferentes han experimentado fuertes pérdidas en su inversión, aunque buena parte de las entidades financieras las comercializaron fraudulentamente como productos de renta fija. El FROB (es
decir, el Gobierno) impuso una quita de entre el 38% y el 63% de la inversión, al realizar su conversión en acciones. En consecuencia, a causa tanto de una comercialización incorrecta, como de una negligente gestión de las cajas controladas por los
partidos, los preferentistas experimentaron fortísimas pérdidas.
No obstante, desde el canje las acciones que estos ciudadanos percibieron a cambio de sus participaciones preferentes han experimentado cierta revalorización. Por ejemplo, las acciones de Bankia a fecha de 14 de abril de 2014 acumulan una
revalorización del 16,05%. Esto implica que los preferentistas puedan recuperar una pequeña parte de las pérdidas sufridas en su inversión cuando vendan las acciones.
Sin embargo, el régimen de tributación actualmente vigente, establecido por la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos CV 1765-13 (de 29 de mayo de 2013), establece que las pérdidas experimentadas en el canje de preferentes
por acciones se consideren rendimientos negativos del capital
mobiliario. Estos rendimientos negativos sólo pueden compensarse con rendimientos positivos que se produzcan en el plazo de 4 años. Por otra parte, en esa misma Consulta Vinculante se establece que las eventuales plusvalías que se obtengan
en la venta de las acciones se consideren ganancias de patrimonio (que tributan entre el 21 y el 27%) y que de las mismas no se puedan deducir las pérdidas sufridas en el canje.
Esto quiere decir, por ejemplo, que si un preferentista invirtió 100.000 euros y se le aplicó la quita mínima de un 38%, perdió 38.000 euros en 2013 al realizarse el canje de preferentes por acciones. Si los 62.000 euros que recibió en
acciones los vendiese con una 'plusvalía' del 16,05% obtendría 71.951 euros. Es decir, en conjunto habrá perdido 28.049 euros. Sin embargo, en la declaración del IRPF de 2014 deberá pagar sobre una 'ganancia ficticia' de 9.951 euros (6.000 euros
al 21% y el resto al 25%, es decir 2.247,75 euros), al no poder compensar las ganancias patrimoniales por las plusvalías en la venta de las acciones con los rendimientos negativos del capital mobiliario sufridos en el canje de preferentes por
acciones.
Esta situación absolutamente injusta, y contraria al principio constitucional de capacidad económica, podría evitarse modificando el artículo 49 de la Ley del IRPF, de forma que los rendimientos negativos del capital mobiliario derivados del
canje de instrumentos financieros puedan compensarse con las eventuales ganancias de patrimonio que produzcan los instrumentos financieros que se reciban en el canje.
Conviene, en este contexto, recordar la celeridad con la que se modificó la tributación de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la tributación de los afectados por la estafa de las preferentes para que, tras haber soportado enormes pérdidas en sus inversiones, no deban además tributar por unos beneficios que
no han obtenido en realidad. Con ese fin, se modificará la Ley del IRPF de forma que los rendimientos negativos del capital mobiliario derivados del canje de instrumentos financieros puedan compensarse con las eventuales ganancias de patrimonio que
produzcan los activos que se reciban en el canje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al conflicto en la distribución detallista de gasóleo a tipo bonificado del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos por las cooperativas agroalimentarias para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Desde que gobierna el Partido Popular, se ha originado un conflicto como consecuencia de las inspecciones impulsadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las cooperativas agroalimentarias en su actividad de
distribución como detallista de gasóleo agrícola a tipo bonificado del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y respecto a los medios de pago utilizados al efecto.
Estas cooperativas han venido actuando conforme a la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales de 1995, utilizando la tarjeta-gasóleo bonificado como medio de pago. No obstante, en estos últimos dos años
están recibiendo un importante número de inspecciones basadas en una Consulta Vinculante de 2006, contradictoria con otras Consultas también del Ministerio
de Hacienda anteriores, así como de Resoluciones de Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Central, también previas a la Consulta.
Se trata de actuaciones ordenadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en las que se rescata una parte de dicha Consulta que exige, sin tener base ni en la propia Ley ni Reglamento de Impuestos Especiales, que tal
tarjeta-gasóleo bonificado se utilice no sólo como medio de pago del gasóleo bonificado, que es a lo que obliga esta normativa, sino también en el momento en que se retira el producto del poste produciendo el suministro. De no hacerse así, el
criterio seguido por la inspección del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, sería la pérdida del derecho a la aplicación del tipo impositivo reducido del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley de Impuestos Especiales (LIE)
para las cooperativas agroalimentarias. Como antes se indicaba, la propia Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales ya aclaró en 1994 a consulta de las cooperativas agroalimentarias, que éstas podían vender a crédito el gasóleo bonificado
a sus socios sin ser necesaria la utilización de la tarjeta-gasóleo bonificado en el momento del suministro, no produciéndose riesgo de regularización del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Tal criterio fue también ratificado por Resoluciones
del TEAR y el TEAC, no dando lugar ni a regularizaciones del impuesto, ni infracción tributaria alguna.
A pesar de haberse reformado a 1 de enero de 2014, a propuesta de la Dirección General de Tributos, el Reglamento de Impuestos Especiales para aceptar que otros medios distintos a la tarjeta-gasóleo bonificado pueden ser utilizados por las
cooperativas agroalimentarias en el momento del suministro del gasóleo bonificado, tal como lo vienen haciendo desde hace veinte años con pleno control de la trazabilidad del producto, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales mantiene que
tal modificación es insuficiente para solucionar el conflicto, en contra del criterio de la Dirección General de Tributos, de manera que no solo continúa con las inspecciones abiertas hasta dicha fecha, sino que está abriendo nuevas inspecciones
también en este ejercicio 2014.
Estas regularizaciones del Impuesto, están suponiendo ingresos por las cooperativas agroalimentarias a Hacienda, pese a no existir importe por sanción ya que la propia Hacienda ha reconocido que no hay fraude alguno, sino que no se ha
aplicado la Consulta de 2006, en algunos casos superiores a 600.000 euros, con el consiguiente riesgo de paralización de la actividad de estas cooperativas que, en el ámbito de Andalucía, C.A. en la que se están centrando las inspecciones, podría
llegar a afectar a cerca de 300.000 agricultores y ganaderos y a 50.000 empleos directos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en especial al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a intervenir suspendiendo, con carácter inmediato, las inspecciones aludidas, y dar solución a este conflicto que está
afectando a las cooperativas agroalimentarias en su actividad de distribución como detallista de gasóleo a tipo bonificado, revocando los efectos de la Consulta de 2006 citada desde su publicación, que están siendo utilizados por las inspecciones
para la regularización del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de dichas cooperativas, sin abrir nuevas vías de infracción tributaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2014.-Alejandro Alonso Núñez y María Carmen Sánchez Díaz, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
fondos para políticas de empleo en Andalucía anunciados por el Gobierno de España, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La alta tasa de paro que soporta el conjunto de España hace más que necesario que todas las administraciones tengan en el mantenimiento y la generación de empleo su máxima prioridad. El trabajo conjunto y el esfuerzo común han de ser el
elemento de coordinación de todas las políticas de empleo que se desarrollan en nuestro país, tanto por la Administración General de Estado como por el conjunto de las Comunidades Autónomas.
Ante una situación de desempleo que soportan más de 4.700.000 españoles y viven con desesperanza más de 1.800.000 familias con todos sus miembros en desempleo, se hace más que prioritario articular y destinar todos los fondos públicos
necesarios a esas políticas de empleo, y que su distribución sea acorde al número y el peso de desempleados por comunidades autónomas.
En este marco, Andalucía es, por desgracia, por sus variables poblacionales y por las condiciones de su mercado laboral, la comunidad autónoma que mayor tasa de paro soporta y, por tanto, debe ser una de las comunidades autónomas donde el
esfuerzo de estas políticas se ha de destacar por su importancia.
Recientemente, el Gobierno de España, y en concreto su Ministerio de Empleo y Seguridad Social mediante nota de prensa, ha anunciado que Andalucía recibirá 2.700 millones de euros para esas políticas de empleo y que el conjunto de las mismas
se gestionaran entre 2014 y 2020, fruto, como manifiesta la titular del Ministerio, 'del compromiso del Gobierno de España con el empleo y los andaluces'.
Desde este punto de vista, la Ministra de Empleo y Seguridad Social argumentaba que 'el Gobierno de España es también Gobierno de los andaluces, y trabaja para que tengan más y mejores oportunidades de empleo'. Unas oportunidades que,
anunció, estarán condicionadas por la aportación de 1.200 millones de euros de la dotación que hace la Unión Europea al Fondo Social Europeo complementada con 1.500 millones más de fondos que el Estado central destina en esta región.
A ese anuncio poco aclaratorio de fondos para el empleo, que recoge una nota pública realizada por ese Ministerio, le ha seguido una aclaración efectuada por la Delegada del Gobierno central en Andalucía, especificando que esos 2.700
millones de euros serán independientes de las partidas que el Gobierno de España destinará a Andalucía para esas mismas políticas en ese mismo marco 2014-2020.
Ante tal discordancia de declaraciones e incertidumbre en el anuncio y declaraciones públicas y ante la más que probable errónea interpretación que este anuncio pueda conllevar del destino de estas políticas de empleo derivadas del Fondo
Social Europeo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a certificar la procedencia de todas y cada una de las partidas presupuestarias que componen la dotación económica anunciada por la Ministra de Empleo y Seguridad Social de 2.700 millones de
euros para Andalucía, destinadas a políticas de empleo en el marco comunitario 2014-2020, trasladando dicha certificación de estas dotaciones económicas a la Administración autonómica de la Junta de Andalucía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-Miguel Ángel Heredia Díaz y María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley de rechazo al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno
contra la Ley de La Rioja que prohíbe el 'fracking' en su territorio, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
En junio de 2011, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó un informe cuestionando el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas, lo que motivó que diversos
Estados de la Unión Europea llevaran a cabo una moratoria. En España, la Comunidad Autónoma de Cantabria promulgó la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la
técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
En el 'Boletín Oficial del Estado' n.º 89, de 12 de abril, se ha publicado la Providencia de 8 de abril del Tribunal Constitucional por la que el Pleno de dicho Tribunal acuerda admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número
1800/2014, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de La Rioja 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la técnica de fractura hidráulica como técnica de
investigación y extracción de gas no convencional. Esto significa que el Gobierno central utiliza todas sus armas para evitar que las Comunidades Autónomas legislen sobre esta materia y puedan establecer límites o prohibiciones respecto al
'fracking'. Con ello, se quiere asegurar vía libre para poder dar permisos en todo el territorio del Estado, con el consiguiente perjuicio medioambiental.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
Retirar el recurso de inconstitucionalidad 1800/2014, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de La Rioja 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la
técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
Promover una legislación que prohíba la utilización de esta técnica extractiva en todo el territorio español, suspendiendo y paralizando los permisos que se han otorgado hasta el momento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-José Luis Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre apoyo a la denominación de origen de Alicante y su mantenimiento, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Denominación de Origen de Alicante, ubica su zona de producción en terrenos de la provincia de Alicante comprendidos en unidades geográficas, denominadas sub-zonas y formadas por los términos municipales de I'Alacantí, l'Alcoiá, Alto,
Medio y Bajo Vinalopó, Marina Alta y Baja, el Comtat, y también viñedos ubicados dentro de la demarcación 'parque natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja'.
El cultivo es milenario en la zona, se han encontrado yacimientos arqueológicos de los siglos VI a.C, con representación de la viña en muchos ritos religiosos y funerarios.
Durante los siglos XVI y XVII hay un desarrollo de la enología y un proteccionismo feroz especialmente en la ciudad de alicante con la creación de su 'Junta de inhibición del vino de Alicante', germen para muchos de una de las primeras D.O.
de España, que potencia la fama de este tipo de vinos creados en la Provincia de alicante, en especial con variedades y elaboraciones propias.
Posteriormente la exportación de vinos con el nombre de 'Alicante', fue una clave para el conocimiento de esta región en todo el mundo como atestiguan los vinos que viajaron con Magallanes en su primera vuelta al mundo.
Ya en el año 1241, se habla de Alicante en un concurso de vinos celebrado en París, hay referencias en el 'Conde de Montecristo' y en otras piezas literarias de autores extranjeros como nacionales: Gabriel Miró, Azorín o Miguel Hernández
etc...
Además el desarrollo del viñedo en la Montaña y en el Vinalopó ha sido uno de los motores de desarrollo económico y social de toda la región en el siglo XIX con la aparición de la primera estación enológica en Cocentaina.
Los vinos de la D.O. de Alicante, se caracterizan por tener buen cuerpo, y en muchos casos toques minerales. Son vinos que destacan por su sequedad, buena acidez y que trasmiten toques de fruta madura, pasificada. Tienen un color intenso,
especialmente los tintos, todo esto debido a las condiciones del clima, del suelo y de las propias variedades.
Las cepas de Monastrell y Moscatel son las más comunes en la región por su gran resistencia a la escasa pluviosidad.
La D.O. de Alicante ampara los siguientes tipos de vinos: Joven, criado en barrica, Crianza, Reserva, Espumosa, Moscatel de Alicante i Fondillón.
Todos ellos elaborados con las variedades tradicionales de la región, junto a otras de reciente incorporación a partir de las cuales también se elaboran excelentes vinos.
En la actualidad la superficie de cultivo inscrita en la D.O. supera las 9.000 hectáreas con una producción de unos 170.000 hl de los cuales 130.000 se destinan al mercado interior, 27.000 hl al mercado europeo y 13.000 hl al mercado
exterior, países como China, Japón o Suiza.
La producción supera los 12 millones de botellas según los datos del Consejo regulador y agrupa entre bodegas embotelladoras (40) y no embotelladoras (15) un total de 55 bodegas.
Sostiene la economía de unos 2.000 viticultores en 101 municipios.
Una economía, la del cultivo de la vid, que es primordial y de importancia capital para la economía de viticultores y bodegueros que están elaborando vinos de gran calidad y que han hecho un esfuerzo inversor en infraestructuras para
modernizar sus explotaciones y bodegas pero también en investigación para obtener nuevas variedades más resistentes a la sequía que sufre la región de Alicante, y poder ser más competitivos en un mercado cada día más exigente en calidad.
Podríamos decir que todo ello está repercutiendo en estos momentos en el prestigio que tienen los vinos de la Denominación Origen de Alicante, que sigue respetando las variedades de Monastrell y Moscatel, más tradicionales. Las bodegas han
sabido adaptarse a los nuevos tiempos para realizar vinos de gran personalidad donde destacan su 'terroir', vinos modernos para consumidores exigentes.
La protección de Denominaciones de Origen, con la Denominación de Alicante, es una estructura a defender. Una estructura pequeña en cantidad pero grande en calidad, por el valor añadido que aporta cada finca de los 101 municipios, pero
también por el sustento de toda una economía familiar, de toda una red de pequeñas empresas, desarrolladas de norte a sur de la provincia en torno al cultivo y elaboración de vinos con dedicación y esfuerzo bajo la D.O. de Alicante.
La iniciativa de suprimir la D.O. de Alicante puede suponer un auténtico peligro y tal vez la ruina para las zonas y subzonas de producción de la región de Alicante que comprende 8 comarcas y engloba a 101 municipios, todos amparados por la
D.O. de Alicante.
Las diferentes administraciones deberían de apoyar la Denominación Origen de Alicante para que siga siendo motor de desarrollo de todos esos municipios y de empleo de sus habitantes y no plantear iniciativas de agrupación bajo una misma D.O.
todo un territorio por las peculiaridades de cada región y por el trabajo que vienen haciendo desde la Denominación Origen de Alicante para tener un producto de alta calidad diferenciado del resto.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Entablar un diálogo institucional con la Generalitat Valenciana que, con respeto a las competencias de cada administración, apoye a la Denominación de Alicante y su mantenimiento hasta que no existan razones que aconsejen su
desaparición.
2. Realizar estudios desde la propia administración que avalúen las ventajas económicas y sociales de la desaparición de las denominaciones de origen consolidadas en favor de otras genéricas.
3. Promocionar las figuras de calidad diferenciada de cara a que el consumidor pueda identificar los elementos diferenciales y característicos que ofrece un producto protegido cuyas características se deben al medio geográfico en el cual ha
sido producido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2014.-Herick Manuel Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer y José Luis Ábalos Meco, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
sector de ajos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Recientemente la Unión Europea ha formalizado un nuevo acuerdo comercial con China que supone incrementar en 12.375 toneladas el contingente arancelario de la UE asignado a ese país.
En concreto, este acuerdo adoptado como consecuencia de la adhesión de Bulgaria y Rumanía en el 2007, supone un aumento de un 21% con respecto al total del contingente anterior de 58.870 toneladas y un 36% más con respecto al contingente de
33.700 toneladas asignadas a China. El acuerdo no guarda unos mínimos criterios de proporcionalidad ya que la población de ambos países representa el 6% del total europeo.
Se trata de un incremento muy importante y difícil de justificar desde un punto de vista racional y que de hecho va a poner en grave riesgo las economías del sector de la producción de ajos de España así como su continuidad, al menos con la
dimensión actual.
El sector organizado en torno a la Mesa Nacional del Ajo ha denunciado dichos acuerdos, reiterando su total desacuerdo con su contenido y con la forma en la que han sido negociados. 'Casi en secreto y de espaldas al sector ajero'.
No parece razonable que el Gobierno español no haya hecho nada por impedir este acuerdo comercial ni que tan siquiera haya informado a los productores de sus consecuencias. Pueden darse dos circunstancias o que el Gobierno español no se
haya enterado de lo negociado y firmado por la Unión Europea y el Gobierno Chino, lo cual sería muy grave, o que haya aceptado estas nuevas condiciones de importación de ajos de China sin valorar ni informar de sus consecuencias.
Por otra parte y de cara al futuro podrían plantearse nuevos incrementos del contingente como consecuencia de las nuevas adhesiones a la Unión, especialmente por el caso de Croacia lo que agravaría aún más la situación.
En España, los precios de los ajos en esta campaña están en unos límites extremadamente bajos y a pocas semanas de que comience la recolección en una nueva campaña las existencias alcanzan unos volúmenes preocupantes. Por eso la entrada de
más cantidad de ajos chinos preocupa enormemente al sector productor.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar ante las Instituciones Europeas cuantas gestiones sean necesarias para rebajar las cifras actuales del contingente de ajos con China por las graves consecuencias socio-económicas que tendrá sobre el sector.
2. Garantizar que no se van a producir nuevos incrementos del contingente.
3. Informar permanentemente al sector de las gestiones realizadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.-Alejandro Alonso Núñez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley por un sector pesquero más sostenible, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La nueva Política Pesquera Común (PPC) pretende garantizar que la pesca y la acuicultura sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y social, así como dinamizar el sector pesquero y asegurar un nivel de vida justo
para las comunidades pesqueras.
En consecuencia, esta nueva PPC tiene por finalidad la de recuperar la sostenibilidad de las poblaciones de peces, poner fin a las prácticas pesqueras excesivas y crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las zonas costeras.
Para ello, su labor se dirigirá a prohibir progresivamente los descartes, conceder poder de decisión al sector pesquero, dar prioridad a la acuicultura, apoyar la pesca artesanal y mejorar los conocimientos científicos sobre la situación de las
poblaciones y asumir responsabilidades en aguas exteriores a través de los acuerdos internacionales de la UE.
En este contexto, resulta absolutamente necesario comprometer al Gobierno de España en una futura política pesquera de apoyo y fomento de la pesca sostenible, definida en función de la utilización de las embarcaciones de artes de pesca
respetuosas con el medio ambiente y la conservación de los recursos pesqueros.
Dentro de la pesca sostenible es necesario prestar una especial atención a la pesca artesanal, definida, no sólo en base al tamaño de la embarcación o a la marea máxima en la que faenan, sino, sobre todo, en función de su respeto al medio
ambiente y la conservación de los recursos pesqueros, con escaso impacto en el medio marino, y sus beneficios sociales, dado que fomenta el entramado socioeconómico de las comunidades costeras en las que se asienta. Así definida, la pesca artesanal
supone el 77% de la flota española, sin contar el marisqueo a pie o en embarcación.
Esa política habrá de tener en cuenta a todos los actores que participan en la actividad pesquera, desde tribunales y armadores a gestores de las asociaciones pesqueras.
Todo ello resulta absolutamente imprescindible, tanto desde un punto de vista de política de medio ambiente como desde el punto de vista de los beneficios sociales y económicos que puede producir la apuesta por una pesca sostenible.
Con medidas dirigidas a un sector pesquero más sostenible se puede crear empleo, permitir el acceso al mismo de sectores con dificultades para ello como son las mujeres y los jóvenes, y contribuir a la fijación de población en las zonas
rurales costeras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en coherencia con la nueva Política Pesquera Común:
1. Adoptar medidas efectivas y concretas de apoyo a la pesca artesanal y sostenible que, en todo caso, incluirá:
a) El acceso exclusivo a los recursos pesqueros dentro de las 12 millas del mar territorial para la pesca sostenible.
b) Medidas de asesoramiento a la flota acerca de mejoras en las embarcaciones que las acerquen a la eficiencia energética.
c) El fomento del turismo pesquero mediante planes concretos de apoyo, que cuenten con la suficiente dotación presupuestaria.
2. Adoptar las medidas necesarias para reconvertir, antes de 2023, las pesquerías de arrastre, palangre y cerco, tanto de altura como de bajura, a modelos de explotación sostenibles.
3. Avanzar en la conversión de la pesca de altura hacia un modelo medioambientalmente sostenible a través de las siguientes medidas:
a) La adopción de sistemas de certificación de sostenibilidad y compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas.
b) La evaluación del número de embarcaciones de altura y gran altura en función el Rendimiento Máximo Sostenible de las especies objetivo.
c) La prohibición de importaciones de pescado que no cumplan una severa normativa de calidad, seguridad alimentaria y que garantice el origen legal de la pesca.
d) La mejora de los mecanismos de supervisión y control sobre la pesca ilegal.
4. Aplicar, en coordinación con las Comunidades Autónomas competentes en la materia, los principios de sostenibilidad que presiden la PPC a las explotaciones de acuicultura.
5. Adoptar medidas dirigidas a informar y concienciar a los consumidores sobre los beneficios sociales de la pesca sostenible, en términos medioambientales pero también de creación de empleo y desarrollo económico. En especial, la creación
de un sistema de etiquetado específico que permita al consumidor reconocer el pescado que procede de la pesca artesanal y sostenible, así como reforzar los mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de lo establecido en las etiquetas de
productos pesqueros y en los requisitos de trazabilidad.
6. Apostar decididamente, también desde un punto de visto presupuestario, por la investigación y desarrollo en el sector pesquero que permita, entre otros aspectos, una valoración adecuada de los stocks, el estudio de las causas de sus
variaciones y, en definitiva, una más correcta definición de las cuotas y totales admisibles de captura de cada pesquería.
7. Ampliar la red de Reservas Marinas hasta alcanzar, al menos, el 10% de la superficie marina nacional y apoyando el desarrollo y promoción en su seno de actividades de formación, investigación y turismo compatibles con los niveles de
protección de estas reservas. Asimismo apoyar, en el ámbito internacional, el establecimiento de Reservas Marinas en aguas internacionales.
8. Evaluar el cumplimiento de la normativa europea y de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino en materia de control de la contaminación en el litoral marino y, proceder en su caso, a la adopción de medidas
concretas que garanticen su pleno cumplimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2014.-María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
adecuado tratamiento al Tercer Sector de acción social en la reforma de la Ley General de Subvenciones, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las organizaciones del Tercer Sector de acción social han puesto de manifiesto su preocupación por el contenido del borrador de Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que el
Gobierno está preparando.
La causa de la alarma que se ha generado reside en que el Gobierno no está teniendo en cuenta las singularidades del Tercer Sector de Acción Social y como consecuencia de ello, algunas de sus líneas esenciales supondrían para este sector
graves perjuicios con repercusión no sólo en las entidades destinatarias de las subvenciones, sino también en los más de 10.000.000 de personas en situación de vulnerabilidad o desventaja social a las que va dirigida su labor.
Todo ello iría en detrimento de la acción social privada sin ánimo de lucro, surgida de la iniciativa ciudadana, que responde a criterios de solidaridad y fines de interés general, que impulsa el reconocimiento y el ejercicio de los derechos
sociales en España. Y esto ocurre en un momento en el que su labor es más necesaria que nunca debido al impacto que la crisis y los recortes en protección social están teniendo en la sociedad y, particularmente, en los colectivos más vulnerables.
La preocupación se centra en cuestiones como la obligación para las entidades de financiar con fondos propios un importante porcentaje de cada proyecto que lleven a cabo; el aumento en tipo y cantidad de las sanciones que llegan hasta la
inhabilitación para la solicitud de subvenciones y acceso a concursos públicos; el establecimiento del pago post justificación; y la práctica desaparición de las subvenciones directas.
Con todo ello, el Tercer Sector estaría recibiendo un trato similar al del sector lucrativo, cuando su posición de partida es de enorme debilidad financiera, tratándose por igual situaciones absolutamente desiguales, y se estaría olvidando
que su objetivo no es maximizar su rentabilidad, sino ocuparse de las personas más vulnerables.
Dado que estas subvenciones no están destinadas a la generación de beneficios económicos, sino a la atención, promoción y capacitación de las personas que más lo necesitan, es necesario que el Tercer Sector Social tenga un marco de
subvenciones adecuado a sus especificidades. De lo contrario, se produciría inexorablemente un proceso de desaparición de entidades sociales, que tendría dramáticas consecuencias en desatención a personas y en pérdida de capacidad de participación
de la sociedad civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los trabajos previos a la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se tenga en cuenta la
necesidad de actualizar la regulación del proceso para las entidades del Tercer Sector de acción social, para permitir un control más ágil y menos burocrático, sin menoscabo de la obligación de acreditar el buen fin de los recursos obtenidos.
En dicha regulación se tendrán en cuenta las específicas circunstancias y necesidades del Tercer Sector de acción social para evitar disfunciones relacionadas, entre otras cuestiones, con la obligación de cofinanciar las actividades, de la
que deberán quedar excepcionadas, en aras al interés social que promueven, y de anticipar el pago de los gastos, con un régimen sancionador inadecuado, y con la desaparición de las subvenciones directas.
Asimismo, en la elaboración de la propuesta de modificación de régimen legal de subvenciones, el Gobierno mantendrá consultas con las organizaciones más representativas del Tercer Sector de Acción Social, con las que buscará el consenso para
preservar la aportación que la iniciativa social sin ánimo de lucro hace al bienestar, a los derechos y a la inclusión de la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las
deficiencias e insuficiencias de medios humanos y materiales en las comisarías de Policía y puestos de la Guardia Civil para la atención a mujeres en situación de violencia de género, para su debate en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La violencia de género es un problema que preocupa al BNG desde siempre, de difícil y complicada solución, pero que empeorará si el camino por el que se opta es el de los recortes, el de una reducción de los medios, o el incumplimiento
flagrante de la Ley Integral de Violencia de Género, fruto de un amplio consenso.
No es la primera vez que nos dirigimos al Gobierno debido a la intranquilidad que nos causa las importantes deficiencias que se detectan en muchas comisarías de Policía y puestos de la Guardia Civil para atender los casos de violencia de
género. No sólo tenemos que hablar de Unidades Especializadas insuficientemente dotadas de personal, casi inexistentes, sino que también tenemos que reiterar la nula formación especializada de agentes lo que provoca situaciones muy desagradables a
las mujeres que son víctimas de malos tratos.
Lo que acabamos de describir no es producto de la imaginería ni de visiones partidistas, nos remitimos a los hechos y a las denuncias que realizan organizaciones y asociaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que ha
señalado que la mayoría de los casos de violencia de género son atendidos por agentes que no están preparados en esta materia, y tan sólo un 5% de los casos están en manos de personal especializado.
Además, ponen de manifiesto la falta de personal y de medios destinados a esta grave lacra social. Se dan situaciones en las que una única persona se tiene que ocupar de atender hasta 100 casos de violencia de género y su puesto no es
sustituido en periodos vacacionales.
Es evidente que la Ley Integral contra la Violencia de Género no se está cumpliendo puesto que no se está dotando de medios suficientes, ni de personal adecuado y formado a las áreas de la Policía y de la Guardia Civil.
El problema viene de atrás y no se ha querido afrontar porque ya hay datos negativos y preocupantes en la Memoria Anual de 2011 del Ministerio de Interior sobre las quejas y reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante actuaciones
policiales y de la Guardia Civil.
Un informe que recogía 6.964 quejas presentadas por los ciudadanos donde llama la atención las críticas relacionadas con el ámbito de la violencia de género. Se contemplaban 30 casos en los cuales las víctimas se quejaban de no haber sido
tratadas adecuadamente. Entre los motivos, se señalaban que los agentes no han cumplido los protocolos, que hayan disuadido a las mujeres a no presentar las denuncias correspondientes, que no hayan dado credibilidad a sus testimonios o que no se
hayan completado las gestiones para su protección.
Ya en dicho informe se resaltaba la necesidad de formar a los agentes en este campo y la necesidad de dimensionar las áreas de atención a las mujeres en situación de violencia de género, sobre todo en las Unidades donde se registra un mayor
número de denuncias.
Consideramos que el Gobierno está desatendiendo este problema que tanto sufrimiento genera a muchas mujeres. El objetivo debe ser siempre el mismo: avanzar en la reducción del número de víctimas año tras año, sin alzar la vista ni
practicar recortes donde se está jugando con la vida de las mujeres y su entorno.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Aprobar, con carácter urgente, un fondo económico destinado a:
- Dotar del suficiente y necesario personal especializado a las comisarías de Policía y puestos de la Guardia Civil con unidades dedicadas a la atención a las mujeres en situación de violencia de género.
- Realizar un adecuado programa formativo dirigido a los agentes policiales y de la Guardia Civil destinados a atender los casos de denuncias de violencia de género.
- Garantizar que todas las comisarías de Policía y puestos de la Guardia Civil cuenten con la cobertura adecuada para ofrecer una atención óptima a las mujeres en situación de violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/001864
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo el Gobierno para evitar que ciudadanos que tienen derecho a prestaciones por dependencia reconocido, fallezcan sin que puedan acceder a éstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/001865
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Cree el Gobierno que las comisarías de policía y puestos de la Guardia Civil están suficientemente dotados para tratar adecuadamente a las mujeres en situación de violencia de género? ¿Existen Unidades especializadas en todas las
comisarías de Policía, al menos donde más denuncias se producen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.