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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 417, de 07/03/2014
cve: BOCG-10-D-417
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de marzo de 2014
Núm. 417
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la autorización de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias .... (Página2)
162/000889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos .... (Página3)
162/000890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la defensa de unos salarios dignos ante el proceso de devaluación salarial ... (Página5)
162/000891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para la realización de una política penitenciaria más humanizada ... (Página6)
162/000892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para garantizar la lucha real y efectiva contra la pobreza infantil en España ... (Página8)
162/000893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para la protección de los menores frente a la violencia en España ... (Página9)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2014.-P.S. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
162/000888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguiente del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su
debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre la autorización de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.
En el año 2001 la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S. A., solicitó al Gobierno de España los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas canarias, permisos que fueron otorgados por el Real Decreto 1462/2001, de 21 de
diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación, de hidrocarburos denominados 'CANARIAS-1', 'CANARIAS-2', 'CANARIAS-3','CANARIAS-4', 'CANARIAS-5', 'CANARIAS-6', 'CANARIAS-7', 'CANARIAS-8' y 'CANARIAS-9', situados en el Océano
Atlántico frente a las costas de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote.
En el año 2002 fueron presentados recursos contencioso-administrativos contra la resolución del Gobierno, uno de ellos por el Cabildo Insular de Lanzarote. El 24 de febrero de 2004 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo dictó sentencia declarando la anulabilidad del programa de trabajo e inversiones contemplado en el Real Decreto 1462/2001, para los años tercero a sexto, por falta de control medioambiental.
En abril de 2005 el ministerio trasladó al Gobierno de Canarias el expediente con nuevos informes medioambientales. Desde el Gobierno de Canarias se solicitó una ampliación de dichos informes al considerarlos poco rigurosos.
En mayo de 2010 el Gobierno de España afirmó en respuesta escrita a pregunta parlamentaria que 'la situación del expediente administrativo de los Permisos de Investigación de Hidrocarburos Canarias 1 a 9 no ha cambiado significativamente
desde el fallo de la sentencia' y que 'No está prevista ni hay solicitudes para la realización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las Islas Canarias'.
En esta legislatura el Gobierno del Partido Popular, a instancias del ministro de Industria, Energía y Turismo ha vuelto a abrir el tema de una forma unilateral, con una decisión que ha generado inquietud y alarma en amplios sectores de la
opinión pública canaria y, de forma muy significativa, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Hasta ahora lo que ha existido es confusión, ausencia de información clara y precisa, y mensajes de imposición por parte del gobierno español, que ha
desoído la posición de las instituciones públicas y de las organizaciones sociales canarias. Desinformación sobre una amplia variedad de asuntos, que van desde conocer con certeza si existen o no hidrocarburos en aguas canarias; cuál sería el
grado de impacto medioambiental; cuál sería la repercusión sobre la economía canaria, su empleo y su riqueza; o cuáles los riesgos asociados; hasta saber si el gobierno de España piensa aprovechar esta cuestión para abordar otra de enorme
importancia para la comunidad canaria desde hace décadas: la oportunidad de definir con precisión la mediana de España con el Reino de Marruecos, esencial para delimitar la zona económica exclusiva española, y en consecuencia canaria, fundamental a
la hora de determinar ámbitos competenciales y sobre todo, de definir un estatus que genere tranquilidad para el presente y para el futuro.
Desde el inicio de su tramitación, la autorización para realizar prospecciones petrolíferas en aguas Canarias ha sido objeto de preocupación constante tanto para las administraciones públicas afectadas, como para la ciudadanía en general.
En Lanzarote y en Fuerteventura ha habido ya contestación generalizada sobre las consecuencias de iniciar este procedimiento. Y es que la preocupación sobre la cuestión de si existen o no hidrocarburos en aguas canarias va más allá del mero hecho
de que se confirme su existencia. Se trata de una decisión que afecta a nuestro actual modelo económico, centrado en el turismo, que representa el 30% del PIB de la Comunidad Autónoma Canaria, y al medio natural por las catastróficas consecuencias
de un posible vertido, como hemos podido ver en otras partes del mundo, así como por los efectos negativos de las técnicas utilizadas en las propias prospecciones en la fauna y flora marina, como han señalado numerosos miembros de la comunidad
científica.
Una decisión de esta naturaleza requiere consenso institucional, ya alcanzado en Canarias, pero también escuchar la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del archipiélago, máxime cuando la posición del Gobierno de Rajoy y del Partido
Popular es distinta en relación a las prospecciones petrolíferas frente a las islas Baleares y la costa valenciana. El Gobierno de Canarias ha propuesto y el Parlamento de Canarias aprobó en el día de ayer el acuerdo sobre requerimiento de
aprobación previa para la solicitud de convocatoria, en el ámbito territorial de Canarias, de consulta popular vía referéndum sobre las prospecciones de hidrocarburos aprobadas por el Gobierno de España.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Instar al Gobierno de España a que autorice a la Comunidad Autónoma Canaria la realización de una consulta popular en la que los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias puedan expresar su parecer en torno a la realización de
prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
tarifa eléctrica aplicable a regadíos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La agricultura de regadío juega un papel transcendental en la economía española desde hace decenas de años. Supone en la actualidad más del 50% de la producción final agrícola y ocupa solo el 13% de las tierras agrícolas.
Sobre la agricultura de regadío, que ocupa en España una 3,4 millones de hectáreas, se asientan las explotaciones más dinámicas y más competitivas de nuestro país.
Las cifras son elocuentes: el regadío supone el 2,8% del PIB nacional, pero si tenemos en cuenta su relación con el conjunto del sector agroalimentario, estas cifras se sitúan en el entorno al 15% de la economía nacional.
También desde un punto de vista social el regadío cobra su importancia puesto que la transformación en regadío de toda o parte de su explotación ha sido la única salida rentable para miles de agricultores. Una hectárea de regadío produce
seis veces más que una de secano y genera una renta cuatro veces mayor. Una hectárea de regadío genera hasta 50 veces más empleo que una de secano. Por último destacar que a partir de los productos del regadío español se ha constituido un potente
sector industrial agroalimentario.
Es un sector que se ha modernizado mucho en los últimos años, introduciendo los mejores y más modernos sistemas de regadío, hasta situarnos como país en los mejores niveles tanto por ahorros en consumo de agua como en los mínimos costes
ambientales. Los productos del regadío español son la principal base de nuestra oferta exportadora que constituye el principal motor de la recuperación de nuestra economía.
No obstante, la situación actual de nuestros regadíos es muy preocupante. Estamos asistiendo a una permanente pérdida de competitividad debido a la presión de incremento de costes de producción, situación que viene siendo denunciada por las
Organizaciones Profesionales Agrarias y por las entidades representativas de las Comunidades de Regantes.
Los agricultores de regadío vienen soportando unos incrementos de los costes de la energía y también de fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, etc., frente a un estancamiento de los precios de venta de los productos. Es evidente la
permanente pérdida de competitividad y el permanente abandono de explotaciones.
En este crecimiento de los costes de producción agrícola son los costes eléctricos los que más preocupan. Las tarifas eléctricas de regadío han experimentado unos crecimientos alarmantes en los últimos años. Según FENACORE (Federación de
Comunidades de Regantes de España) 'con la modificación de la legislación energética del pasado mes de agosto, vamos a soportar un sobrecoste de 100 millones de euros, lo que supone una subida media de la factura de la luz de un 16%. Concretamente,
el coste fijo del término de potencia, que se paga mensualmente, aunque la instalación de riego no esté funcionando, se ha incrementado un 115%, lo que se suma a la subida acumulada del 450% que ha experimentado desde la desaparición de las tarifas
especiales; un coste fijo injusto que está haciendo inviable gran parte del riego modernizado y, sinceramente, nos está llevando a la ruina'.
Para ASAJA, 'las nuevas tarifas eléctricas son un peligro de ruina para el campo' y 'exige al Gobierno Central que abarate las tarifas eléctricas para riego porque son un atraco'. Para la COAG las nuevas tarifas 'son inasumibles, un ataque
frontal...'. La UPA también considera que las nuevas tarifas 'Son un ataque al sector del regadío'. La UNIÓ, alerta 'Que tras la reforma energética la electricidad en los pozos de riego se ha encarecido de media más de un 100%'.
Solo la subida de los costes regulados, fijados en la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, ha supuesto un aumento del término de potencia de un 112 % para los costes fijos del regadío, que sumado a las subidas anteriores va a suponer para
muchas zonas regables un incremento superior al 1.000% por este concepto de coste regulado, que ha de pagar el agricultor utilice o no los motores.
El Partido Popular fue muy beligerante con el entonces gobierno Socialista en relación con la cuestión de las tarifas eléctricas de regadío, prometiendo en su momento su reposición cuando llegara al gobierno. Es evidente que no ha cumplido
esta promesa electoral. Ahora alega que las tarifas especiales para el regadío son incompatibles con la legislación europea. Pero, además, todas sus decisiones en esta materia están suponiendo los mayores incrementos de tarifas de la historia para
los regantes como consecuencia de la modificación del término de potencia de la tarifa eléctrica. Es necesario parar esta dinámica de incrementos de precios tarifas de acceso de la energía.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar, con carácter inmediato, las medidas para el establecimiento de unas tarifas de acceso eléctricas para las explotaciones de regadío que se ajusten a las particularidades de consumo estacional de este sector, más baratas que las
actuales, para evitar la pérdida de competitividad de la agricultura de regadío española. Estas medidas deben, en todo caso:
- Evitar la penalización actual de los consumidores estacionales debido al aumento del peso del término de potencia de la tarifa de acceso y que discrimina de manera desproporcionada a este tipo de consumidores.
- Asegurar que se factura por potencia real registrada en contador y no por la potencia teórica contratada.
2. Fomentar el establecimiento de los contratos de temporada, eliminando las penalizaciones actuales y abriendo la posibilidad legal de que, con un solo contrato, se pueda disponer de distintas potencias para su uso en los meses de
temporada de riego y en el resto de los meses del año.
3. Aprobar un Plan de fomento para que las Comunidades de Regantes y explotaciones de regadío consuman la energía eléctrica que produzcan ellas mismas.
4. Establecer medidas para favorecer las centrales de compra, que constituyan las Comunidades de regantes u otras fórmulas de asociación, y la despenalización de la tarifas de temporada mediante la firma de más de un contrato por año: uno
anual con una mínima potencia para el mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo.
5. Aplicar un IVA reducido a las Comunidades de Regantes en la misma línea que la establecida en Italia para las instalaciones de riego y drenaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de unos salarios dignos ante el proceso de devaluación
salarial, para su debate en el Pleno.
El boletín económico de febrero de 2014 del Banco de España, acaba con la siguiente frase sus conclusiones sobre el impacto de los cambios en la composición del empleo sobre la evolución salarial: 'El proceso de moderación salarial que
comenzó en 2010 podría ser algo más intenso de lo que indican las estadísticas agregadas sobre costes laborales'. En el citado boletín, el Banco de España calcula que los salarios reales (netos de efectos composición) habrían disminuido alrededor
del 2% tanto en 2012 como en 2011, acumulando 3 años de caída consecutiva.
Tanto las cifras de la Agencia Española de Administración Tributaria como las del Instituto Nacional de Estadística, a pesar de no coincidir, muestran un descenso importante en los salarios. Según el INE el salario medio anual de 2012 fue
de 22.635 euros mientras que en 2011 era de 22.775, es decir, un descenso del 0,6%. Por su lado, la AEAT afirma que el descenso fue aún mayor: si en 2012 el salario medio eran 18.601 , en 2011 era de 19.102, cosa que supone un descenso de más del
2,5%.
La reducción salarial es un objetivo Programa Nacional de Reformas (PNR) de España desde el año 2011, mantenido en 2012 y 2013 en el epígrafe de 'mejora de la competitividad e impulso de la productividad'. En las recomendaciones específicas
del Consejo de 12 de julio de 2011 relativas al Programa Nacional de Reforma de 2011 de España, incluye en su recomendación número 5 que se inicie el proceso 'de la moderación salarial'. En los años 2012 y 2013, las recomendaciones del Consejo al
PNR apuntan en sus considerandos a que la reforma laboral de 2012 ha contribuido a la moderación salarial en España. El considerando 12 de la Recomendación del Consejo de 19 de junio de 2013 no deja lugar a dudas: 'Según los datos de que se
dispone, la reforma del mercado de trabajo de 2012 ha empezado a dar como resultado una mayor flexibilidad interna (dentro de las empresas), cierta reducción de los costes de despido y un aumento de la moderación salarial'.
Un elemento fundamental para una política salarial justa es la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional digno. Sin embargo, el Gobierno decidió congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2014, lo que supone una nueva
disminución en términos reales de esta renta. Entre 2010 y 2013 el SMI ya ha perdido 5,5 puntos de su capacidad adquisitiva y la congelación para 2014 supone una nueva pérdida de poder adquisitivo que contribuye también al debilitamiento de la
cohesión social y al aumento de desigualdades. Es importante considerar igualmente que desde el año 2007 el SMI ha ido perdiendo peso sobre el salario medio, de tal forma que hemos ido retrocediendo progresivamente en la consecución del compromiso
suscrito por España en la Carta Social Europea de que el SMI alcance el 60% del salario medio neto. Nuestro SMI es uno de los más reducidos de los países de la UE-15 que lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico con cobertura general y, en
sus niveles actuales (645,3 euros mensuales), bordea el umbral de la pobreza en hogares con un solo miembro y se sitúa por debajo de dicho umbral en hogares compuestos por al menos dos personas.
El pasado mes de enero el gobierno presentaba ante esta cámara el proyecto de ley de desindexación de la economía española Su finalidad básica es que cualquier valor monetario público (subvención,
prestación, ayuda, multa, sanción, valor referencial, etc.), precio público, precio regulado o precio de los contratos suscritos por las Administraciones Públicas con empresas privadas concesionarias, se estabilice y deje de crecer por la
costumbre e inercia de revisarlos (indexarlos) con el IPC. Ahora bien, uno de los objetivos de esta ley es la rebaja de los sueldos y salarios de los empleados públicos y de una parte de los trabajadores del sector privado. Aunque el articulado
del proyecto excluye la negociación colectiva de su ámbito de aplicación, se propone no indexar los 'valores monetarios públicos', concepto muy genérico que incluye los salarios de los empleados públicos. Indirectamente, se ve afectados también los
salarios de los empleados de las empresas privadas que atienden concesiones públicas, a través de la desindexación de sus contratos. Cabe recordar que esta ley también se contempla en el primer punto de la Recomendación del Consejo de la UE de 19
de junio de 2013.
La variación salarial media pactada para el año 2013 y calculada con la información disponible al final de diciembre es del 0,57%, cifra que continúa siendo provisional, pero que en cualquier caso es la mitad que en 2012. Ello es resultado
del 'II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014' firmado por los interlocutores sociales en enero de 2014.
Sin embargo, la reducción salarial va mucho más allá por culpa de la Reforma Laboral introducida con la Ley 3/2012 que ha comportado cambios importantes en la regulación de la negociación colectiva. La voluntad de hacer de la depreciación
interna, vía reducción de salarios, es uno de los principales mecanismos de ajuste frente a la crisis económica. Por ello, se debilitó la fuerza vinculante de los convenios colectivos, al introducir mecanismos que permiten que en determinadas
circunstancias las empresas puedan desvincularse de las obligaciones derivadas del contenido de los convenios colectivos que le son de aplicación. A nivel salarial, en 2013 se han depositado en los registros de las distintas Autoridades Laborales
un total de 2.512 inaplicaciones que afectan a 159.550 trabajadores. De éstas, 1.672 inaplicaciones del acuerdo salarial, el triple que el año anterior.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acabar con la estrategia económica de ganar competitividad mediante la devaluación interna mediante la reducción salarial y la precariedad del empleo.
2. Incrementar el SMI de forma que se recupere el poder adquisitivo perdido entre 2010 y 2014; equiparar progresivamente la cuantía del SMI al 60% del salario medio neto estatal, estableciendo objetivos intermedios en función de la
evolución de la economía española; y reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI y evitar que se produzcan pérdidas de poder adquisitivo.
3. Retirar el proyecto de ley de desindexación de la economía española.
4. Recuperar la fuerza vinculante de los convenios, la capacidad de obligar de la negociación colectiva sectorial como instrumento de solidaridad y mecanismo anti-dumping salarial y limitar los procesos de inaplicación salarial a los
supuestos en que exista acuerdo entre las partes negociadoras, evitando los mecanismos de unilateralidad en la fijación de condiciones salariales de cualquier tipo.
5. Derogar la Ley 3/2012 y legislación posterior o de desarrollo en todos aquellos aspectos que incentivan la reducción de salario y las estrategias de competitividad basadas en salarios bajos y precariedad en el empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rafael Larreina Valderrama, Diputado de AMAIUR, integrado en el Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en favor de una política
penitenciaria más humanizada, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En la interpelación que desde el Grupo AMAIUR planteamos en su día al ministro del Interior, alertábamos sobre un modelo penitenciario ineficiente a la hora de abordar el objetivo de la resocialización y reinserción de la población reclusa y
denunciábamos la apuesta por un modelo basado en las macro cárceles, que deviene profundamente inhumano e imposibilita el tratamiento personalizado para lograr la pronta reincorporación de las personas que están en prisión a su entorno social.
Desgraciadamente esta denuncia que planteábamos en su día, sigue totalmente vigente. Este pasado 8 de febrero otra persona presa, varón de 22 años y vecino de Gipuzkoa, ha aparecido muerto en su celda de la prisión de Burgos.
Esta muerte se suma a otras dos personas fallecidas en prisión en el último mes: un vecino de Bizkaia, que apareció el pasado día 12 de enero de 2014 ahorcado en su celda, también en la prisión de Burgos; era un joven de 25 años de edad,
que pronto iba a cumplir el tiempo de la condena por la que se encontraba recluido en prisión; y el vecino de Bordo, de 36 años de edad, que apareció muerto en su celda en la prisión de Puerto de Santa María I, el 5 de febrero de 2014 y que,
después de 13 años en prisión, iba a cumplir su condena y recuperar su libertad el mes de mayo.
Este último hecho luctuoso que ha tenido lugar en la prisión de Burgos, nuevamente no notificado y ocultado por Instituciones Penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como hemos venido
denunciando. Y tenemos que señalar que, desgraciadamente, no es un hecho aislado, pues tenemos constancia de la existencia de más de 38 personas muertas por motivos no naturales durante los cuatro últimos años en las cárceles ubicadas en la
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, o de personas vascas presas residentes en Euskadi muertas en otras prisiones del sistema penitenciario español.
Hay que recordar que estas personas, muchas de ellas jóvenes, están internados en instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial, y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las
mismas. Por tanto, la administración del Estado -y éste mismo- tiene la obligación de garantizar entre otros, el derecho a la vida de estas personas. Por eso mismo esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían
evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.
En base a estos hechos y consideraciones, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, en favor de una política penitenciaria más humanizada:
'El Congreso de los Diputados con el fin de impulsar una política penitenciaria más humanizada, que respete la dignidad de las personas que están en prisión, y contribuya a evitar que se produzca su fallecimiento en el sistema penitenciario,
acuerda:
1. Solicitar al Ministerio Fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, no se inhiba e investigue de oficio estas muertes -la mayoría de ellas en extrañas circunstancias-, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos que las han
ocasionado, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que, en su caso, se desprendan de estos hechos.
2. Exigir al Gobierno que, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, articule los procedimientos legales y las medidas necesarias para proceder a la inmediata excarcelación de las personas presas gravemente
enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en
muchas ocasiones está en la base de los problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
3. Instar al Gobierno a proceder a la inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que, en su actual formulación y desarrollo reglamentario, alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida,
tercer grado y libertad condicional, que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y mal trato psicológico que sufren las personas
presas.
4. Requerir a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que proceda a la reducción del número de reos en cada prisión de forma que éste coincida con la capacidad óptima de cada centro penitenciario, con el objetivo de
evitar la actual masificación, que aunque no es el único, si es uno de los motivos que influye en estas muertes.
5. Que, con el fin de cumplir el objetivo marcado por la propia legislación penitenciaria del Estado Español y por los pronunciamientos de los Tribunales Europeos, el cumplimiento de las condenas se realice en el centro penitenciario más
cercano al lugar habitual de residencia de la persona presa o de sus familiares más directos.
6. Instar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a tomar las medidas necesarias para poner fin a los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios que, como han señalado repetidamente los organismos
internacionales de defensa de los Derechos Humanos, propician espacios de impunidad para torturas y/o malos tratos, son a la vez espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas enfermedades mentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2014.-Rafael Larreina Valderrama, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre medidas que garanticen la lucha real y efectiva contra la pobreza infantil en España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crisis económica que golpea nuestro país está provocando un evidente riesgo de pobreza y exclusión social entre amplias capas de la población. Los datos son alarmantes: a día de hoy, un 38,7% de los españoles llega a final de mes con
dificultad o mucha dificultad. Pero peor aún son los datos de percepción de subsidios y rentas familiares: Se han duplicado desde el año 2007 el número de familias que no recibe ningún tipo de subsidio o renta, situándose en una cifra cercana a
los dos millones de hogares. Por último, según Cáritas, la pobreza severa (es decir, las familias que reciben menos de 307 al mes) afecta a más de tres millones de personas (un 6,4% de la población española).
Este fenómeno ha sido ya alertado por numerosos informes publicados recientemente por ONGs, como es el caso de Save The Children. El informe del año 2013 de la organización no gubernamental pone un especial énfasis en la pobreza de uno de
los grupos más vulnerables de la sociedad: la infancia. En este sentido, Save The Children señala que en la actualidad hay casi tres millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social. Este dato supone que el 34% de los menores de 18 años
se encuentra en una situación casi límite. El dato sobre pobreza para el resto de la sociedad ronda el 28%.
Si analizamos la situación de los niños en nuestro país en función de la situación de la unidad familiar, el 45,6% de los menores que conviven en familias monoparentales vive en riesgo de pobreza. Este porcentaje es del 57,6% para los
menores cuyos padres no alcanzaron la educación secundaria y, en las familias en las que alguno de sus progenitores es extranjero, los menores que viven en riesgo de pobreza se sitúan en el 49,2%.
En 2010 España se comprometió ante la Unión Europea a reducir en 250.000 el número de niños en situación de pobreza hasta 2020, pero el número de niños pobres sigue aumentando de manera progresiva. En 2012 nuestro país asumió que la pobreza
infantil sería una prioridad en los planes de acción en materia de inclusión social y apoyo a las familias. Como consecuencia de este compromiso a finales del 2013 se incluyó la pobreza infantil como prioridad en el Plan Nacional de Inclusión
Social. Sin embargo, el número de menores expuestos a la pobreza continúa aumentando.
Así, si comparamos la situación de nuestro país con la del resto de países de nuestro entorno, España es a día de hoy el octavo país de la UE en el índice de riesgo de pobreza infantil. En este aspecto, sólo nos superan: Bulgaria, Rumania,
Hungría, Letonia, Irlanda, Grecia e Italia.
A pesar de las múltiples iniciativas que se han ido aprobando a lo largo de la presente legislatura sobre este tema, lo cierto es que todavía queda un largo recorrido para poder combatir esta lacra.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar de manera anual un informe sobre la situación de los niños en España analizando el impacto de las políticas estatales sobre su situación así como la inversión dedicada a la infancia en los Presupuestos Generales del Estado,
además de las medidas concretas adoptadas en este sentido y su impacto.
2. Elaborar y aprobar un Plan de Apoyo a las Familias que tome como referencia la recomendación de la Comisión Europea 'Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas'.
3. Crear una partida presupuestaria específica, adicional al fondo de 17 millones de euros destinados a la lucha contra la pobreza ya que dicha cantidad resulta claramente insuficiente, que dote de manera estable las políticas de lucha
contra la pobreza infantil en el marco del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016.
4. Elaborar metas e indicadores cuantificables en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016.
5. Valorar de forma previa el impacto que las medidas legislativas puedan tener en la pobreza y el bienestar de niños y niñas.
6. Garantizar la coordinación y cooperación institucional, a todos los niveles de la administración, entre los diferentes planes en marcha.
7. Destinar los recursos materiales, humanos y formativos que sean necesarios para abordar de manera eficaz la puesta en marcha de las medidas más convenientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000893
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Proposición no de Ley sobre medidas para la protección de los menores frente a la violencia en España.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que en su apartado a. se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa
legislativa en la materia, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2014.-P.S. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre medidas para la protección de los menores frente a la violencia en España para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El reconocimiento de la condición de titulares de derechos a los niños y niñas en los términos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño plantea una serie de retos fundamentales a los Estados en varios niveles: la garantía
de la protección efectiva de los menores, especialmente cuando sus familias de origen no pueden asumir ésta, así como la elaboración de los mecanismos necesarios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que la Convención consagra en
determinados ámbitos.
La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación en 1989 se han producido numerosos avances en el cumplimiento de los derechos de la
infancia a la supervivencia, a la salud y a la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales, así como un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un entorno protector para los menores. Sin embargo,
todavía queda mucho por hacer en diferentes ámbitos siendo uno de los más significativos y graves la violencia ejercida contra la infancia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en Europa podría haber 18 millones de menores víctimas de abuso sexual, 44 millones de víctimas de violencia física y 55 millones de violencia psicológica. La misma organización añade que
casi un millar de niños muere al año en nuestro continente como resultado del maltrato infantil.
En nuestro país se han llevado a cabo medidas para luchar contra la violencia ejercida sobre los menores como, por ejemplo, la elaboración y aprobación del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia en abril de este año, el
aumento de la vigilancia sobre la protección de los niños frente a abusos sexuales, explotación sexual de menores y pornografía infantil, así como la ratificación del III Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño.
Sin embargo, a pesar de todos estos avances todavía quedan retos a los que hacer frente para garantizar la protección efectiva de los menores. Organizaciones que fundamentan su actuación sobre el bienestar y protección de la infancia han
señalado la necesidad de aprobar, de manera urgente, una ley de medidas integrales para la protección de todos los niños y las niñas frente a la violencia que sirva, entre otras cosas, para abordar realidades como el acoso escolar, ciberacoso,
situaciones que requieran una atención integral y coordinado hacia menores que han padecido sucesos de violencia, etc. Organizaciones como Save the Children apuntan que es necesario establecer definiciones claras de lo que se considera violencia
contra los menores y todas las formas posibles en las que se ejerce, además de reforzar los mecanismos de coordinación de recogida de datos, profundizar en las medidas de prevención, detección e intervención temprana en casos de violencia sobre
menores, así como establecer mejores mecanismos de denuncia accesibles para los menores.
También se pueden llevar a cabo otras medidas coadyuvantes a las ya iniciadas como, por ejemplo, la aprobación de la solicitud conjunta de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, pendiente de debatir, para la creación
de una subcomisión para el estudio de la violencia ejercida contra los niños y niñas, mejora de los servicios de recogida de información y datos que permitan visibilizar correctamente este problema y abordarlo de manera más eficaz, dotar de los
recursos adecuados a las normas y medidas adoptadas para la protección de los menores y elaborar medidas para que las desigualdades territoriales en materia de protección de la infancia converjan, así como prestar especial atención a los grupos
especialmente vulnerables, como los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata. El Reglamento de Extranjería, reformado en 2011, encomendaba a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la adopción de un Protocolo Marco de
Menores Extranjeros No Acompañados con el de coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas. Dos años después, todavía no se ha elaborado dicho protocolo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a. Elaborar una Ley de medidas integrales para la protección de los menores que contemple nuevas situaciones de riesgo que afectan a los menores y que proteja a los menores de manera efectiva contra la violencia, estableciendo una definición
clara de violencia y de las formas que padecen los menores.
b. Aprobar un IV Plan nacional contra la explotación sexual de la infancia que parta de la evaluación del anterior, dotado de los recursos suficientes para alcanzar sus objetivos.
c. Elaborar un protocolo para la identificación y atención de los menores utilizados en diversos tipos de trata, como la trata con fines de mendicidad o de comisión de delitos menores que complementen a los protocolos ya existentes.
d. Mejorar el sistema de recolección de información y datos para visibilizar y analizar con mayor precisión la dimensión en que se ejerce la violencia contra los menores en nuestro país.
e. Elaborar un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación,
determinación de su edad, puesta a disposición del servicio público de protección de menores y documentación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
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