Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 410, de 24/02/2014
cve: BOCG-10-D-410
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de febrero de 2014
Núm. 410
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para garantizar el pluralismo político en las campañas electorales ... (Página5)
161/002428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desmantelamiento de una escultura en la ciudad de Maó ... (Página7)
Comisión de Justicia
161/002441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elevación a la categoría profesional de magistrados de los jueces de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar en la provincia de Almería
... (Página8)
Comisión de Defensa
161/002431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al reconocimiento de los servicios de los veteranos del Ifni-Sahara (1957-1960) ... (Página10)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el derecho pero no la obligación de usar medios electrónicos para cumplir con las obligaciones tributarias ...
161/002447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la elaboración de un estatuto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ... (Página13)
Comisión de Fomento
161/002416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de la oferta de tren directo Asturias-Madrid ... (Página14)
161/002421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de una tarifa especial en la red ferroviaria de interés general para las personas desempleadas ...
161/002423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la sustitución del firme de la carretera nacional 550 a su paso por calle Alfonso Senra en la localidad de Ordes (A Coruña) ...
161/002424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reurbanización de las carreteras FE-14 y N-551 en A Coruña ... (Página17)
161/002425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto de ampliación del polígono industrial de Vilar do Colo en A Coruña ... (Página18)
161/002430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas para mejorar la seguridad vial en la autovía A-55, Vigo-Porriño ... (Página19)
161/002436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la apertura continua del aeropuerto de Foronda ... (Página20)
161/002443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la alta velocidad Madrid-Asturias ... (Página20)
Comisión de Educación y Deporte
161/002426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reducción del IVA del material escolar ... (Página21)
161/002429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el fomento y el impulso de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) en el exterior ...
161/002435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ampliación de capital exigida por el Consejo Superior de Deportes a la Sociedad Deportiva Éibar (Club de Fútbol) ...
161/002439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplazamiento del inicio de la Formación Profesional Básica ... (Página25)
161/002444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la intención del Gobierno de implantar la licencia deportiva única ... (Página25)
161/002452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de la inversión educativa en Ceuta y Melilla ... (Página26)
161/002453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el alcance en el sector de la educación de la modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, relativa a las
cotizaciones a la Seguridad Social, incluida en el Real Decreto 16/2013 ... (Página28)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales ... (Página29)
161/002432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre deportistas no profesionales extranjeros ... (Página30)
161/002433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a luchar contra el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas ...
161/002434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a derogar las modificaciones establecidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en materia de exención fiscal de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador ...
161/002445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Expediente de Regulación de Empleo en Coca-Cola Iberian Partners ... (Página33)
161/002450 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), sobre el Expediente de Regulación de Empleo en Coca-Cola Iberian Partners ... (Página34)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el apoyo al sector primario y agroindustria para disminuir su negativa balanza energética ...
161/002422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la tercera fase del proyecto de saneamiento del río Coroño (Galicia) ... (Página35)
161/002438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la paralización de las actividades de prospección de combustibles fósiles en el Mediterráneo ...
161/002440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a realizar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para reforzar la escollera del muro de costa en el frente litoral
más afectado de San Sebastián ... (Página37)
161/002442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas extraordinarias de solidaridad con los afectados por los diversos y graves temporales que han afectado las costas gallegas y cantábricas ...
Comisión de Cultura
161/002446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento y conservación del Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela (A Coruña) ... (Página40)
161/002449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la financiación de las industrias culturales y creativas y la promoción del mecenazgo cultural ...
Comisión de Igualdad
161/002413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de mantener las actuaciones de los Ayuntamientos en materia de violencia de género, afectadas por la Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local ... (Página43)
161/002427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el establecimiento de un plan especial para la igualdad salarial entre mujeres y hombres ... (Página43)
161/002451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las previsibles consecuencias pandémicas del aborto inseguro ... (Página44)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ... (Página46)
161/002420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre inclusión de las personas con discapacidad en el bono social eléctrico ... (Página47)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001667 Pregunta formulada por el Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU), sobre previsiones acerca de la mejora de la información sobre localización telefónica que los operadores están obligados a dar a los servicios de
emergencias 112 ... (Página49)
Comisión de Fomento
181/001664 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre razones por las que la Presidencia de RENFE ha decidido unilateralmente suspender la reunión prevista con el Presidente de la Diputación provincial
de Huelva y una representación de la Federación Onubense de Empresarios para el día 31/01/2014 para abordar la situación de las conexiones ferroviarias entre Huelva y Madrid ... (Página49)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001668 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si el nuevo cálculo de la tarifa eléctrica garantiza la seguridad jurídica de consumidores y usuarios ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001665 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre explicación de si entiende el Gobierno como responsabilidad propia la ejecución del Proyecto de Regeneración de la playa de Carabuxeira (y
Lavapanos), así como previsiones acerca de su ejecución ... (Página50)
Comisión de Igualdad
181/001663 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre evaluación del impacto que en la lucha contra la violencia de género va a tener la eliminación de competencia en esta materia en los Ayuntamientos,
según lo dispuesto en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ... (Página50)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000014 Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los
desplazamientos entre ambas Comunidades ... (Página51)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000022 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por doña Isabel Franco Carmona y otros, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular por la Renta Básica Estatal ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/002419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para garantizar el pluralismo político en las campañas electorales, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La actual situación de crisis política, económica y social que atraviesa España tiene en gran parte un origen político. Por todo ello, aumenta progresivamente un consenso por el cual la situación de crisis exige cambios radicales en las
instituciones y poderes públicos que busquen una mejora de la calidad de la democracia. No es aceptable exigir a los ciudadanos más renuncias y sacrificios económicos, laborales y sociales mientras las instituciones siguen sin reformar aquellos
mecanismos que favorecen una participación más activa, como los debates y la toma de decisiones.
Con el fin de aumentar la participación de los ciudadanos en la mejora de la democracia, es urgente cumplir de manera estricta los derechos fundamentales garantizados en el artículo 20 de la Constitución Española (CE), donde se consagra el
derecho a la libertad de expresión, de difusión de ideas y opiniones, así como el derecho a comunicar. Concretamente hacer cumplir el espíritu del artículo 20.3 que regula la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación
públicos y que garantiza el acceso a estos medios de los grupos sociales y políticos significativos; así se consigue respeto al pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España, según consta en la Constitución.
Después de 35 años de democracia, y tras analizar lo ocurrido en los últimos años, observamos con preocupación como los distintos medios de comunicación públicos interpretan, según consideran conveniente, su imperativo legal a la hora de dar
efectivo cumplimiento a los citados derechos fundamentales recogidos en la CE durante los procesos electorales, a través de la elaboración de distintos Planes de Cobertura tal y como se establece el artículo 60 y concordantes de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, y en su posterior modificación a través de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.
Esta disparidad de criterios para la elaboración de los distintos Planes de Cobertura genera inseguridad jurídica, tanto para las distintas formaciones políticas que concurren en los distintos procesos electorales, como para los ciudadanos,
ya que durante los distintos procesos electorales no existe una normativa clara y genera una desigualdad de criterios para que los medios de comunicación realicen los citados planes de cobertura, con el objetivo de que como estableció el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 156/1986, Fundamento de Derecho 6.º: 'Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda
ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas'.
En la misma línea, y sobre la importancia de la televisión pública en las contiendas electorales es importante tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de junio de 2000 (voto particular del Magistrado D. Manuel Jiménez
de Parga) sobre la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral y sus consecuencias en las contiendas electorales.
Con estos antecedentes la Junta Electoral Central tras conocer los numerosos recursos y reclamaciones en la materia consideró necesario realizar la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo sobre la 'interpretación del artículo 66 y concordantes de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo relativo a las garantías de respeto a los principios del pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación en periodo electoral', ya que la JEC
consideró la necesidad de realizar la misma para fijar los requisitos y procedimientos relativos a los Planes de Cobertura informativa en campañas electorales.
Tras la aprobación de la citada Instrucción de la JEC, no se ha cumplido el objetivo de la misma, ya que si analizamos los Planes de Cobertura realizados por distintos medios a partir del momento, observamos la disparidad de criterios que se
utilizan para la elaboración de los mismos, incurriendo como consecuencia en el incumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la CE.
Esta diversidad de criterios, tal y como le consta a la Junta Electoral Central, ha producido situaciones como que durante las pasadas Elecciones a Cortes Generales de noviembre de 2011, Radio y Televisión Española recogiera en su Plan de
Cobertura un 'debate a cinco' en el que solo participaran las formaciones políticas con Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, obviando el número de votos conseguidos en las anteriores elecciones equivalentes. Para estos mismos
comicios la Radio y Televisión Pública Valenciana incluía en su plan de cobertura un 'debate a cuatro' aunque por las circunscripciones del ámbito de difusión del medio solo dos formaciones políticas habían obtenido representación, alegando
textualmente que 'aunque no tuvieron representación parlamentaria en las pasadas elecciones a Cortes Generales de 2008 dado su arraigo en nuestra comunidad' dichas formaciones serían incluidas en debates e informativos. Asimismo en la Región de
Murcia el ente público de radio y televisión decidió realizar un 'debate a tres' a pesar de que solo dos formaciones habían obtenido representación por dicha circunscripción. Esta disparidad de criterios se repitió al igual en las Televisiones
públicas de Aragón, Andalucía o Galicia.
Asimismo, en los procesos electorales al Parlamento de Andalucía y al Parlamento Vasco en el año 2012, fruto de esta disparidad de criterios distintas formaciones políticas interpusieron recurso contra los planes de cobertura elaborados a
tal efecto, tanto por la Radio y Televisión Pública de Andalucía (Canal Sur) como por la Radio y Televisión Pública del País Vasco (EiTB). Estos recursos fueron estimados por la Junta Electoral Central, lo que obligó a cambios de última hora en los
citados planes de cobertura, con el fin de dar cumplimiento al artículo 66 de la LOREG y por lo tanto a los derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución.
De forma clara, nos encontramos que los distintos planes de cobertura no garantizan la igualdad de oportunidades y el derecho de los ciudadanos a recibir información equitativa sobre las distintas sensibilidades políticas y sociales, no
respetando el pluralismo político y social, ni la igualdad, ni la proporcionalidad, ni por lo tanto la neutralidad informativa.
Es por esto que, en el inequívoco mandato en relación a la exigencia a los medios de comunicación de titularidad pública y privada del respeto a los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa recogidos como derecho fundamental
artículo 20 de la Constitución, es urgente y necesario la reforma de la LOREG en su Sección VI sobre la 'Utilización de medios de comunicación para la campaña electoral' con el fin de establecer de forma clara los criterios y procedimientos
necesarios que garanticen el derecho de acceso en igualdad de condiciones, a la información por parte de los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a las Cortes en el plazo máximo de 3 meses un Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que incorpore los siguientes cambios que afectarán a la
Sección VI:
1. Sobre los espacios gratuitos de propaganda electoral, el artículo 63.7 será modificado en el siguiente sentido:
a) Regulación expresa de la distribución de espacios en los medios de comunicación de titularidad pública, aplicando el criterio de mayor a menor por el orden de los resultados logrados por cada formación política en las últimas elecciones
equivalentes en el ámbito de difusión del medio.
b) Regulación de las franjas horarias para la emisión de los espacios gratuitos de propaganda electoral, ordenando estas en mañana, tarde y noche, tanto en radio como en televisión.
c) Regulación expresa de la duración de los spots en televisión y cuñas de radio.
2. Sobre la distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación, el artículo 64.1 se modificará en el siguiente sentido:
a) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes.
b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que hayan obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes. A estos quince minutos se sumará un minuto más por cada 1% o fracción superior a 0,5% de votos
obtenidos.
3. Sobre la garantía del pluralismo político y social, el artículo 66 se modificará en el siguiente sentido:
a) En él se incorporaran criterios objetivos para la elaboración de los Planes de Cobertura por parte de los Entes Públicos de Radio y Televisión, y regulará los contenidos mínimos de los mismos.
b) El criterio para la inclusión de formaciones políticas en debates, entrevistas y demás espacios informativos, será el haber obtenido representación en las elecciones anteriores equivalentes, o en caso de no haber obtenido representación,
haber obtenido el 1% o más de los votos válidos emitidos en el ámbito de difusión del medio, garantizando así el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de
la sociedad y dando cumplimiento efectivo a derecho de acceso consagrado en el artículo 20.3 de la Constitución Española.
c) Establecer los contenidos mínimos en los planes de cobertura que garanticen la igualdad de oportunidades y el derecho de los ciudadanos a recibir información equitativa sobre las distintas sensibilidades políticas y sociales. Para esto
los planes de cobertura tendrán que incorporar:
1. Una entrevista (tanto en radio como en televisión) a los representantes de cada una de las fuerzas políticas que cumplan los requisitos establecidos en el punto 3b. Todas ellas en la misma franja horaria, y a ser posible en horario de
máxima audiencia.
2. Un debate televisado en horario de máxima audiencia con los representantes de cada una de las fuerzas políticas según los requisitos establecidos en el punto 3b.
3. Formato televisivo en el que un número de ciudadanos mínimo tengan la oportunidad de realizar preguntas directas a los distintos candidatos en horario de máxima audiencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
161/002428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre, desmantelamiento escultura en la ciudad de Maó, para su debate en
la Comisión de Constitucional.
El artículo 15 de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, determina:
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas
por la ley.
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.
4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.
En la ciudad de Maó, en una de sus plazas principales, enclavada en terrenos que son propiedad del Ministerio de Defensa o Patrimonio nacional, existe aún una escultura de extraordinarias dimensiones que originalmente servía para homenajear
a los caídos del bando nacional, de los sublevados.
A pesar que posteriormente se añadió un texto de referencia a todas las víctimas de la guerra civil, en el imaginario cultural y histórico de Maó, el monumento continúa siendo de clara apología del franquismo. El hecho que en su
construcción se obligó a trabajar a presos republicanos, muchos de los familiares de los cuáles residen en Maó y contemplan el monumento escarnio de su memoria.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1. Adopte las medidas oportunas para que, en cumplimiento de la ley de la Memoria Histórica, ordene el desmantelamiento de dicho monumento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Justicia
161/002441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
elevación a la categoría profesional de magistrados de los jueces de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar en la provincia de Almería, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial (LOPJ) hace referencia literalmente en su artículo 299 a las tres categorías para la carrera judicial, Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez.
Asimismo en dicha ley se regula el ingreso y ascenso en la carrera (artículo 301) y su nombramiento y toma de posesión.
Conocidos los requisitos y las formas de ingreso o superada la judicatura para comenzar la carrera judicial, en primer lugar se ostenta la condición de Juez, por lo que ocupará un órgano unipersonal, el Juzgado. A partir de ahí, la
condición de Magistrado se ostenta transcurridos, al menos, tres años después de la condición de Juez. En este caso, los Magistrados podrán ocupar tanto Juzgados (órganos unipersonales), como Tribunales (órganos pluripersonales).
Entendemos que estamos ante uno u otro órgano en virtud de si sólo hay un solo Magistrado o, por el contrario, la Sala se constituye por un mayor número de Magistrados.
La Ley de Demarcación y planta determina (artículo 21) los criterios (población y volumen de cargas competenciales) para clasificar los juzgados y establecer las categorías de quienes deban ocuparlas.
En la provincia de Almería, la Audiencia Provincial reivindica de forma constante, la insuficiencia de medios personales, en particular de magistrados.
Debido a que en los últimos años se ha producido un incremento importante en los asuntos ingresados respecto a fechas anteriores. Esto ha supuesto un gran retraso en los señalamientos, incidiendo así mismo en el ritmo de las resoluciones
dictadas tanto por los magistrados corno por los secretarios.
Las Audiencias Provinciales con competencia mixta civil y penal, como es la de Almería, tienen que atender un cúmulo de señalamientos de ambas materias. Sobre todo debe destacarse que los juicios orales ocupan gran parte de la agenda de
cada una de las secciones y debido a la complejidad de los mismos motivada por el número de acusados. Esta situación incide necesariamente en los señalamientos civiles, que poco a poco se vienen retrasando en el tiempo por mantener la necesaria
preferencia del orden jurisdiccional penal.
Esta situación se agrava con el aumento vertiginoso de juicios de jurado y juicios orales que la Audiencia Provincial ha soportado durante el año 2012, siendo una tendencia que se mantiene incluso en 2013.
Las cifras sobrepasan en mucho el nivel de resolución que se aprecia en Audiencias Provinciales próximas y de similares características a la de Almería.
Debido a la gran litigiosidad que se ha registrado en los últimos años tanto en la ciudad como en la provincia se ha creado un gran número de órganos unipersonales, en concreto 13 órganos judiciales con incidencia directa en las competencias
de la Audiencia Provincial.
Ya expusimos en otra iniciativa, la necesidad de ampliación de los recursos en los distintos juzgados de la provincia y nos alegra que, según han informado desde el CGPJ, este refuerzo pueda producirse próximamente.
Todos estos Juzgados, necesarios sin duda e insuficientes a esta fecha para dar respuesta al volumen de asuntos que en algunos casos han colapsado su funcionamiento, no se ha correspondido con la ampliación de la plantilla, sobre todo de
magistrados, de la Audiencia Provincial.
Los datos de los ultimos años reflejan el gran volumen de asuntos penales graves y la gran cantidad de señalamientos de juicios orales que tienen que soportar las tres secciones de la Audiencia Provincial. Esto es sin duda debido a
diferentes factores, destacando:
- Los movimientos migratorios. En ambas poblaciones de Roquetas de Mar y El Ejido se contabilizan más de 100 etnias diferentes. Son especialmente recurrentes los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
- La costa es también lugar de desembarco de alijos de droga a gran escala detectados en su mayoría por la Guardia Civil. En el ámbito judicial este tipo de procesos suelen ser complejos en la fase instructora y en los juicios orales porque
en su mayoría resultan implicada una gran cantidad de acusados y de testigos. A efectos estadísticos estos juicios se computan como un solo asunto a pesar de la gran complejidad que presentan y de la carga de trabajo que suponen en la Secretaría y
para los Magistrados de esta Audiencia.
En el ámbito de la Jurisdicción Civil la situación se ha visto acuciada por los efectos devastadores de la crisis económica que atraviesa España y más en concreto zonas de nuestra provincia que sobresalían con una renta per capita por encima
de la media europea. En los ultimos años se han generado cierres de empresas, impago de deudas y despidos de trabajadores, situaciones de enorme incidencia en el ámbito de la jurisdicción civil.
Todo ello justifica el incremento de juicios concursales, hipotecarios, monitorios y en definitiva reclamaciones judiciales diversas que generan un gran volumen de asuntos con la consiguiente repercusión en los Juzgados civiles y también en
las diferentes secciones de la Audiencia a quienes compete la resolución de los recursos planteados frente a las resoluciones de los Juzgados Mixtos o de Primera Instancia.
La problemática de los Juzgados de El Ejido y Roquetas de Mar, grandes poblaciones de la comarca del poniente almeriense, está condicionada por las especiales características de grandes poblaciones de crecimiento muy rápido (muy próximas a
los 100.000 habitantes, cada una) con multitud de nacionalidades y una situación económica que ha variado considerablemente en los últimos años. De ser una zona de gran desarrollo por la innovación de la agricultura intensiva, ha pasado a sufrir de
forma directa los efectos de la crisis económica. La situación que atraviesan los Juzgados de El Ejido y Roquetas, con circunstancias
similares de una gran acumulación de asuntos civiles, en particular de procedimientos de ejecución y de escritos pendientes que sólo obedece a una plantilla insuficiente.
Es de destacar la gran complejidad de los asuntos penales que se tramitan en los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar, ubicados en los dos municipios más poblados de la provincia de Almería, en los que es fácil encontrarse una
multiplicidad de acusados, lo que dificulta la tramitación de los asuntos. Aparte de ello la situación se agrava con la inestabilidad de la plantilla judicial hasta el punto de convertirse en Juzgados de paso, lo que genera constantes vacantes.
Para evitar la inestabilidad de los equipos y garantizar una mayor experiencia y profesionalidad, la propia memoria de la Audiencia Provincial recoge como posible solución la elevación a la categoría de magistrados de los jueces de El Ejido
y Roquetas de Mar.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elevar a los jueces de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar en la provincia de Almería a la categoría profesional de magistrados, para conseguir una mayor estabilidad de los
equipos y con ello un mejor funcionamiento de dichos juzgados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Gracia Fernández Moya y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de los servicios de los veteranos del Ifni-Sahara (1957-1960).
Antecedentes
La relación entre el Estado español y el reino de Marruecos a lo largo del último siglo es esencial no sólo para entender los sucesos que han venido ocurriendo últimamente, sino también para poder acercarse con cierto rigor a la misma
historia de España.
No puede entenderse, por ejemplo, el papel del Ejército español durante la primera mitad del siglo XX sin adentrarse en lo que supuso la ocupación española del territorio magrebí. Sin lo que se conocía como el ejército 'africano', con sus
hazañas y sus derrotas, no se puede entender la relación del Ejército con el poder político durante la II República.
Con el final de la II Guerra Mundial y el inicio de los procesos de descolonización también llegaría el turno al Magreb, y con ello al Marruecos 'francés' y también al Marruecos 'español'.
Así, en 1956 Marruecos consigue su independencia, manteniendo España el control de Sidi-Ifni (cedería ese territorio en 1969) y el territorio del Sahara Occidental (todavía hoy en disputa entre Marruecos y el pueblo saharaui).
En 1957 da comienzo el conflicto/asedio de Sidi-Ifni, en el cual se vieron implicados soldados de reemplazo españoles. Se trataba de jóvenes de 19 y 20 años, que en el marco de un Servicio Militar Obligatorio, en el contexto de una
situación de dictadura militar, y como consecuencia de los sorteos que se realizaban en las Cajas de Reclutamiento, vieron transformada su condición de soldados de reemplazo por la de 'voluntarios' o fuerzas expedicionarias, con destino en una
Guerra colonial, en la que sufrieron considerables sacrificios humanos y materiales.
Entiende el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que la participación de aquellos jóvenes enrolados en el ejercito durante el conflicto de Ifni-Sahara, a finales de los años 50, respondía a finalidades de Estado diferentes a las
que ha respondido la participación del ejército español en el conflicto de los Balcanes, en una operación auspiciada por las Naciones Unidas, sin embargo, en uno y otro caso estas personas han puesto en riesgo su propia vida en cumplimiento de las
obligaciones que tenían con el ejercito, por lo que es voluntad de esta Cámara rendir homenaje a aquellas personas -como ya se ha hecho en el caso de los Balcanes-, miembros de las Fuerzas Armadas, que han participado en dichos conflictos, al
servicio de España, destacando por su valor y su entrega al servicio de los intereses del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presenta la siguiente la siguiente
Proposición no de Ley
'1) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la legislación vigente o, caso de que así fuera necesario, a promover una Ley, para posibilitar que se honre y premie a aquellos soldados que en los años 1957, 1958 y 1959
estuvieron presentes en el conflicto de Sidi-Ifni y el Sahara, en cumplimiento de sus deberes y obligaciones con el ejército, equiparando dicho homenaje a los realizados en atención de las tropas destinadas en los Balcanes, impartiendo así de forma
justa una reparación moral y económica a su sacrificio personal.
2) Dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada en marzo de 2010 en la comisión de defensa, a instancia del grupo parlamentario popular, relativo a las cuantías de indemnización y al reconocimiento de los soldados que participaron en
el conflicto del Ifni-Sahara durante los años 1957-1959.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el derecho pero no la obligación de usar medios electrónicos para cumplir con las obligaciones tributarias, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó el pasado noviembre la Orden HAP/2194/2013, en virtud de la cual a partir del 1 de enero de 2014 se deberán presentar por medios electrónicos la gran mayoría de autoliquidaciones
y declaraciones informativas de naturaleza tributaria, con independencia de que el obligado a su presentación sea persona jurídica o física.
Esta decisión, en relación con las personas físicas, resulta de dudosa conveniencia y legalidad, por numerosos motivos.
Según los datos del INE, el 30% de los hogares españoles no tienen acceso a internet. Respecto al 70% restante, tampoco quiere ello decir que sean necesariamente capaces de cumplir sus obligaciones tributarias por esa vía.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 96, apartados 1 y 2, establece lo siguiente:
'1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la
Constitución y las leyes establezcan.
2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos,
informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento'.
Nótese que 'promover' no es sinónimo de 'imponer' y que la relación de los ciudadanos por medios electrónicos con la Administración se establece como algo potestativo y no imperativo: la norma dice 'podrán relacionarse con ella', no
'deberán'.
Lo anterior debe ponerse también en relación con el contenido de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que es muy clara al respecto.
Así, ya en su propia exposición de motivos se dice que la Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos, y como una obligación correlativa para tales Administraciones.
El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central de dicha Ley.
En el apartado primero de su artículo 1 claramente se configura la relación del ciudadano con la Administración por medios electrónicos como un derecho, y no como una obligación:
'1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad
administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad
administrativa en condiciones de seguridad jurídica'.
En el mismo sentido, podemos citar el artículo 6.1) de la misma norma:
Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.
A mayor abundamiento, el artículo 27, en sus apartados primero y segundo, prevé que son los ciudadanos, y no lo Administración, los que pueden elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por
medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en
cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido. Las Administraciones sólo pueden comunicarse por medios electrónicos con los ciudadanos cuando éstos así lo hayan solicitado o consentido expresamente.
Precisamente, para evitar decisiones como la tomada por el Ministerio Hacienda, el apartado sexto del propio artículo 27 establece que las Administraciones Públicas únicamente podrán establecer la obligatoriedad para las personas físicas de
comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos cuando se trate de grupos o colectivos que (por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados) tengan garantizado el acceso y disponibilidad de
los medios tecnológicos precisos.
Es decir, que el que una persona física se vea obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos es algo de carácter excepcional, siempre sobre la base de que ese deber venga justificado por su capacidad económica o
técnica, dedicación profesional u otros motivos de igual peso, que no se pueden predicar de la ciudadanía en general por motivos de mera comodidad de la Administración, haciendo caso omiso de lo dispuesto en las normas citadas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para rectificar la obligación impuesta a todas las personas físicas (en virtud de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de
noviembre) de presentar a partir del 1 de enero de 2014 la mayoría de autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria exclusivamente por medios electrónicos, restituyendo a los ciudadanos la posibilidad de presentar
dichos documentos en soporte físico como marca la Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
161/002447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la elaboración de un estatuto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La aprobación de un Estatuto de funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria es una exigencia legal, que no se ha cumplido desde su creación en 1991. Sin embargo, hace unos meses el propio Ministro de Hacienda, ante el
descrédito que había generado su actuación en la opinión pública, propuso a los Grupos Parlamentarios la redacción de esta norma. El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia considera que, para que el Estatuto resuelva los problemas que
atraviesa la Agencia Tributaria en lugar de crear otros nuevos, es fundamental que limite la discrecionalidad política en su gestión, que frecuentemente ha degenerado en abierta arbitrariedad.
Por otra parte, España dedica menos personal y recursos presupuestarios que prácticamente ningún país de la OCDE a la lucha contra el fraude. Se debería aprovechar la oportunidad del Estatuto para establecer normas que permitan ir
equiparando los medios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con los de otros países, como Francia, Alemania o Gran Bretaña.
En este sentido, y siguiendo también la propuesta de resolución que UPyD presentó sobre 'lucha contra el fraude' en el Debate sobre el Estado de la Nación del año 2010, que fue aprobada por el Grupo Parlamentario Popular, el Estatuto debería
estar basado en los siguientes principios:
- El Director General de la Agencia Tributaria será nombrado por el Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5. El mandato del Director General será de 5 años y sólo podrá ser cesado por causas legalmente tasadas.
- El Presidente de la Agencia Tributaria, actualmente el Secretario de Estado de Hacienda, tendrá exclusivamente funciones de representación, para separar adecuadamente las funciones de propuesta, coordinación y normativa tributaria (que
corresponden al Ministerio de Hacienda) de las funciones de aplicación de los tributos (que, sin interferencias políticas indebidas, corresponden a la Agencia Estatal de Administración Tributaria).
- El Director General comparecerá trimestralmente ante el Congreso para dar cuenta de la gestión de la Agencia Tributaria y sus resultados en la lucha contra el fraude. Los objetivos de la Agencia Tributaria serán objeto de una auditoría
anual independiente, con carácter previo a su presentación.
- Se reducirán al mínimo imprescindible los puestos de libre designación. En este sentido, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) deberá aprobarse, previo informe de las organizaciones profesionales representativas de los distintos cuerpos
adscritos a la Agencia Tributaria, como máximo 3 meses después de la entrada en vigor del Estatuto. En dicha RPT sólo se considerarán puestos de libre designación, y por consiguiente de libre cese, aquellos que sean puramente directivos, así como
los de asesoramiento directo al Director General de la Agencia.
- Para todos los puestos que no se estime adecuado sean de concurso de méritos (y por tanto inamovibles) se creará un sistema de provisión de méritos específicos con un plazo de nombramiento que no podrá ser inferior a dos años. En
cualquier caso, la provisión de las plazas de inspectores que realicen la aplicación directa de los tributos deberá realizarse siempre por concurso de méritos.
- Los concursos de méritos se resolverán por una Comisión en la que estarán presentes las organizaciones que representen a los cuerpos de funcionarios afectados por el mismo. Estas organizaciones deberán ser oídas en los nombramientos y
ceses del personal directivo.
- En todas las actuaciones de colaboración con la Justicia, la designación y revocación de los funcionarios encargados del auxilio corresponderá a los Jueces y Tribunales que lo solicitan, sin perjuicio, en su caso, de las propuestas que
pueda realizar la dirección de la Agencia Tributaria.
- Se incorporará a este Estatuto una memoria económica con las medidas presupuestarias necesarias para ir equiparando los medios humanos y materiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a los de las Agencias Tributarias de
los países de nuestro entorno.
- En la actualidad, la independencia financiera de la Agencia Tributaria respecto del Ministerio de Hacienda no está garantizada. Una parte de la financiación (en concreto el porcentaje del 5% de la recaudación derivada de los acuerdos de
liquidación) se aplica total o parcialmente a la lucha contra el fraude en función de la decisión discrecional y no motivada del Ministro de Hacienda. Para acabar con esta situación se tomarán las medidas adecuadas para garantizar la independencia
financiera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de tal forma que en ningún caso, su financiación pueda estar condicionada, a las decisiones discrecionales del Ministro.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo máximo de tres meses, presente un Proyecto de Ley de Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria conforme a los principios y criterios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Fomento
161/002416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa mesa, para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
incremento de la oferta de tren directo Asturias-Madrid, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El número de viajeros de los trenes que unen Madrid y Asturias creció, el pasado año 2013, un 25%. Dicho aumento es de los más importantes que se produjeron en España.
Las previsiones de la propia compañía son que dicho crecimiento podría seguir incrementándose si la oferta de servicios se aumentara con soluciones competitivas en horarios y tiempos.
Los propios responsables de RENFE reconocen públicamente que el directo Madrid-Asturias constituye el de mayor grado de ocupación de España.
Por otra parte, la potenciación de una movilidad más sostenible, como la que el modo ferroviario brinda, es un reto indeclinable para las instituciones, por su contribución al ahorro y la eficiencia energética, a la reducción de emisiones
causantes del cambio climático y a la mejora de la calidad del aire.
Las mayores demandas de los usuarios coinciden en dos aspectos: Reducción de tiempos, sobre todo con la supresión del 'fondo de saco' de la estación de León y nuevos horarios, más en consonancia con la necesidad del viaje de ida y vuelta en
el mismo día.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ofertar, al menos, un convoy diario directo de tren, en cada sentido, en la línea Madrid-Asturias, a primera hora de la mañana con origen en Gijón y Oviedo y destino Madrid; y a última hora
de la tarde desde Madrid a Asturias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Luisa Carcedo Roces y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una tarifa especial en la red ferroviaria de
interés general para las personas desempleadas, para su debate en la Comisión de Fomento.
España vive una situación de emergencia en materia laboral caracterizada por un desempleo escandalosamente elevado, un deterioro de la calidad del empleo y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Una situación provocada por la aplicación
de las políticas de austeridad, los recortes sociales y una regresiva reforma laboral que está teniendo efectos muy negativos sobre el mercado de trabajo.
2013 ha sido el sexto año en el que se destruye empleo y la crisis ha devuelto el número de ocupados al nivel de 2001. En el último trimestre del pasado año 5.896.300 personas se encontraban en desempleo, situándose la tasa de paro en el
26,03% de la población activa.
El paro de larga duración, más de un año en situación de desempleo, ya afecta a casi 3,6 millones de personas representando al 61% del total de personas desempleadas. Y de este colectivo, más de 2,3 millones están desempleados desde hace
más de dos años.
Existen 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja y el número de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha multiplicado por dos desde que se inició la crisis económica hasta computar 686.600.
Por último la cobertura por desempleo no deja de descender. En la actualidad 2,8 millones de personas reciben algún tipo de prestación por desempleo, sea ésta contributiva o asistencial. Esto significa que sólo el 47,5% de las personas
desempleadas percibe una prestación por desempleo. En otras palabras, más de 3 millones de personas en paro carecen de cobertura por desempleo.
Esta situación exige aumentar los recursos destinados al sistema de prestaciones económicas y de políticas activas, articular una renta mínima garantizada que dé cobertura a quienes lo necesiten, y potenciar los sistemas públicos de
servicios esenciales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, para corregir el aumento de las desigualdades sociales y la marginación económica y social.
Además, es importante facilitar la movilidad de las personas en situación de desempleo, en particular para favorecer el transporte para la búsqueda de trabajo. Esto podría hacerse creando una tarifa especial aplicable al colectivo de
personas en desempleo en la red ferroviaria de interés general que les permita obtener títulos de transporte con descuentos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para crear una tarifa especial para las personas en situación de desempleo que utilicen la red ferroviaria de interés general, con las siguientes
características:
1. Serán beneficiarias las personas inscritas como demandantes de empleo que se encuentren en proceso de búsqueda de trabajo y los hijos menores de edad a su cargo. Para acreditar la situación de desempleo, las personas interesadas deberán
obtener un certificado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.
2. El nuevo soporte en forma de tarjeta o documento similar dará derecho a obtener títulos de transporte en la red ferroviaria de interés general con una bonificación del 25% sobre la tarifa normal. Esta bonificación será acumulable a
cualquier otro descuento que establezcan los prestadores del servicio ferroviario.
3. La adquisición del soporte acreditativo para poder viajar con este descuento se realizará en los puntos de venta que establezca la entidad pública empresarial Renfe. Así mismo, la adquisición de viajes con este descuento se podrá
realizar, como mínimo, en estaciones abiertas al público, máquinas autoventa, internet y agencias de viaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
sustitución del firme de la carretera nacional 550 a su paso por calle Alfonso Senra en la localidad de Ordes, A Coruña (Galicia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera nacional 550 a su paso por el Ayuntamiento de Ordes, A Coruña, en el tramo que constituye la vía principal de la localidad, está construida enteramente por bloques de cemento.
La calle Alfonso Senra, por la que discurre esta carretera, concentra una gran cantidad de vehículos circulando en ambos sentidos así como una gran afluencia de personas desplazándose a pie ya que constituye el punto neurálgico del municipio
en la que se concentra el comercio local, el edificio del Ayuntamiento y el principal espacio de esparcimiento y ocio ciudadano constituido por la alameda municipal.
Este tramo de carretera urbana presenta múltiples desperfectos en la superficie del firme de rodaje debido a la dilatación de las placas de cemento lo que ha producido la separación de dichas placas en múltiples puntos, la descompensación en
el firme, que presenta diferentes niveles así como por las diversas fracturas debidas al rodaje de vehículos pesados por la localidad.
Estos desperfectos representan deficiencias en la movilidad accesible, en la seguridad vial y un peligro cotidiano tanto para el tráfico rodado de los vehículos a motor y de tracción humana y animal como para las y los peatones que se
desplazan por la zona.
Esta situación de falta de seguridad vial se ve agravada por la insuficiencia y deficiencia de viales para los desplazamientos peatonales ya que las aceras que bordean la carretera nacional 550 en ese tramo presentan ancho irregular en
diversos tramos además de múltiples elementos de mobiliario urbano y señalización viaria vertical que impiden el paso peatonal y obliga a la utilización de la calzada por parte de la población que se desplaza por la zona. En concreto, las aceras en
ambas bandas de la calzada cuentan con diversos puntos de iluminación vertical, mobiliario urbano, puntos de recogida de residuos y señales verticales viarias.
Este conjunto de deficiencias, tanto en el firme de la carretera nacional 550 como en los espacios habilitados para los desplazamientos peatonales, producen una situación constante de inseguridad vial y constituyen una fuente incremento de
la accidentalidad en el municipio de Ordes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer a la mayor brevedad los trabajos necesarios para la sustitución del firme de la carretera nacional 550 a su paso por calle Alfonso Senra en la localidad de Ordes, A Coruña, así como
a la remodelación de las aceras que la bordean de forma que se garantice la seguridad para el tráfico rodado y para los desplazamientos peatonales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reurbanización de las carreteras FE-14 y N-551-A Coruña (Galicia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera F-14 con origen en Ferrol enlaza con la carretera N-651 a su paso por Fene. En la actualidad ambas vías unificadas en Fene, presentan un conflicto entre el necesario carácter viario y su condición de travesía a su paso por el
centro urbano del municipio de Fene.
La carretera sirve a un tráfico viario de paso, que requiere un trayecto seguro a través del núcleo urbano de la localidad, a la vez que constituye la travesía principal del Ayuntamiento de Fene.
Esta circunstancia unida a la densidad de población influye de forma muy negativa en los desplazamientos peatonales creando un problema importante derivado principalmente de la falta de pasos adecuados en la travesía y la ausencia de
itinerarios peatonales en gran parte del tramo urbano lo que provoca que los trayectos y desplazamientos a pie se realicen en distintos puntos de la vía de forma indiscriminada.
La edificación existente, el arbolado ornamental o las señales viarias horizontales junto con el alumbrado público ejercen un estrangulamiento sobre la sección de la Carretera N-651 a su paso por Fene que provoca la escasez de espacio en las
aceras en diversos puntos que son, además, especialmente irregulares tanto en la planta como en el alzado. La mencionada irregularidad deriva en parte de las diferentes alineaciones de los edificios adyacentes a la calzada que presentan distintos
niveles de retranqueos en varios tramos con respecto a la línea de edificación de planificación.
En los últimos años ha crecido significativamente la edificación en diversas parcelas colindantes a la Avenida Naturales de Fene en la carretera N-651 y consecuentemente existe un mayor número de población usuaria de la vía, tanto en
desplazamientos en vehículos como peatonales.
La adecuación de la citada vía requiere la dotación de aceras y sendas con un ancho adecuado según la normativa en materia de accesibilidad y de seguridad vial que permitan itinerarios peatonales en los márgenes de la vía y que proporcionen
a la población usuaria el acceso a las edificaciones colindantes.
Al mismo tiempo se considera necesario regular y redistribuir aquellas plazas de aparcamiento y paradas de autobuses urbanos e interurbanos que dificultan la visibilidad y producen estrechamientos de las aceras así como disponer de cruces
peatonales regulados que mejoren la seguridad viaria de la travesía.
Con objeto de conjugar las necesidades de circulación en vehículos y el tránsito peatonal se precisa la ampliación de zonas y espacios peatonales de los márgenes y mediana de la FE-14 entre los puntos kilométricos 4.300 y 4.8360 para su
integración en el entorno urbano del municipio de Fene como prolongación de la Avenida Naturales hasta la parroquia de San Valentín, homogeneizando la sección y los remates, además de la reposición y mejora de los servicios existentes en la travesía
como drenajes, saneamiento, alumbrado, semaforización, soterramiento de líneas eléctricas, etc.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder, en cooperación con las Administraciones implicadas, a la reurbanización de las carreteras FE-14 y N-551 a su paso por la Travesía de Fene, en el Ayuntamiento de Fene provincia de A
Coruña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
proyecto de ampliación del polígono industrial de Vilar do Colo-A Coruña (Galicia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El polígono industrial Vilar do Colo en los municipios de Fene y Cabanas de la provincia de A Coruña, inaugurado en el año 2000, tiene con una superficie de más de 850.000 metros cuadrados. Su construcción se realizó en dos fases, la
primera de 300.000 metros cuadrados y la segunda con más de 550.000 metros cuadrados que integra equipamiento deportivo así como 85.000 metros cuadrados para viales y zonas verdes.
Cuenta además con una extensa red viaria vinculada al polígono que ocupa 83.000 metros cuadrados así como espacios reservados para la instalación de servicios complementarios con una ocupación de 10.000 metros cuadrados y dispone de cerca de
200 parcelas de distintas dimensiones entre las que se hallan instalados una gasolinera y un centro de negocios.
Su excelente ubicación con proximidad al aeropuerto de A Coruña, al puerto de Ferrol y su comunicación directa con la autopista AP-9 hacen de este polígono el lugar idóneo para la revitalización económica de las comarcas de Ferrolterra y
Eume y la generación de puestos de trabajo.
Esta consideración ha hecho que se tome por parte del Ministerio de Fomento, la decisión de proceder a prestar apoyo a su ampliación por lo que en marzo de 2011, la SEPES, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Fene, firmaron en
Madrid un protocolo de colaboración para impulsar dicha ampliación del polígono en 700.000 metros cuadrados.
El objetivo del acuerdo consiste en aumentar el suelo industrial disponible en los municipios de Fene y Cabanas que permita la implantación de nuevas empresas, impulse el progreso socioeconómico y potencie un desarrollo urbano racional y
sostenible.
Dicho protocolo, fruto de la colaboración interinstitucional, pretendía adelantarse a las nuevas necesidades de suelo empresarial a través de la preparación de suelo urbanizado necesario para la implantación de empresas y negocios con el fin
de reactivar la economía y crear empleo. Destaca la importancia que una actuación como la ampliación del polígono industrial de Vilar do Colo tendrá para Fene, Cabanas y la provincia de A Coruña en términos de empleo, no sólo por las empresas que
se instalen en el futuro, sino también por los puestos de trabajo que serán generados por las obras de urbanización y de construcción de las naves industriales.
Con objeto de proceder a la concreción del protocolo de ampliación del polígono se han realizado en el mismo diversas medidas destinadas a mejorar su equipamiento como la dotación de la red necesaria para la posterior instalación de
telecomunicaciones o la mejora del alumbrado público y la señalización viaria vertical.
En definitiva, la concreción de este protocolo que abre un camino a nuevas actuaciones urbanísticas industriales y de servicios en la zona y posibilitará la necesaria y urgente generación de puestos de trabajo en las comarcas de Ferrolterra
y Eume, está a la espera de la realización de varios estudios técnicos de carácter arqueológico y medioambiental, entre otros, que determinen la evaluación de la viabilidad técnica de la ampliación del polígono industrial de Vilar do Colo.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar la elaboración de la evaluación sobre la viabilidad técnica necesaria para proceder con la máxima urgencia a concretar el proyecto de ampliación del polígono industrial de Vilar do
Colo en los municipios de Fene y Cabanas, provincia de A Coruña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de adoptar medidas para mejorar la seguridad vial en la autovía A-55, Vigo-Porriño, para su debate en Comisión Fomento.
Exposición de motivos
A lo largo de varias legislaturas, el BNG registró numerosas iniciativas parlamentarias por la alta peligrosidad que revisten algunos tramos de la autovía A-55 entre Vigo y Porriño. Fueron numerosas las iniciativas en este sentido que
aludían a la inseguridad vial de las curvas de Tameiga, entre otras.
Tramos que a pesar de algunos retoques o ligeras actuaciones siguen revistiendo una gran peligrosidad para la circulación.
El propio Ministerio de Fomento ha concluido en su estudio anual sobre accidentes en las carreteras de titularidad estatal, que la curva de Segade (Bembrive), la más larga de las numerosas curvas de la A-55, es el punto más peligroso de toda
la red de autovías del estado español.
Según los datos del informe de Fomento, el índice de peligrosidad del kilómetro 4 de la autovía Vigo-Tui que se corresponde con la curva de Segade, alcanza una tasa de 138 puntos. Un dato que Fomento calcula tomando como base el número de
accidentes, la intensidad del tráfico diario y la longitud de la vía.
El Ministerio sitúa a la A-55 como la autovía más peligrosa del estado. Se incluyen cuatro puntos kilométricos de este vial entre los cinco con mayor índice de peligrosidad de todo el estado.
Además de la curva mencionada, el kilómetro 9 de la curva de Tameiga en ambos sentidos se señala como el tercer tramo más complicado de la red.
En cuarto lugar también figura otro tramo de la A-55, situado en el kilómetro 7 a la altura de Puxeiros. Otra curva peligrosa es la de Los Molinos en Mos, en el punto kilométrico 12 que figura como el quinto de mayor riesgo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Aprobar un Plan de mejora de la seguridad vial en la autovía A-55, Vigo-Porriño, que es, según los datos del propio Ministerio de Fomento, la autovía más peligrosa del estado, con cuatro puntos kilométricos señalados entre los cinco de
mayor índice de peligrosidad del estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002436
A la Mesa de la Comisión de Fomento
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la apertura continua del aeropuerto de Foronda,
para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La reducción horaria del aeropuerto de Foronda, que el Gobierno del Estado español puso en marcha en agosto de 2012, hizo que el aeropuerto gasteiztarra pasara de estar operativo 24 horas al día los 365 días del año, a que su horario quedara
reducido a 60 horas semanales y sólo en horario nocturno. Una reducción que vino acompañada de un drástico recorte del personal y que como consecuencia ha supuesto una pérdida progresiva de actividad en la terminal alavesa.
Desde que se conocieran las intenciones del Gobierno, han sido ya varias las ocasiones en las que todas las fuerzas políticas alavesas y este Grupo Parlamentario, han exigido al Ministerio de Fomento la no desmantelación de la plantilla de
Foronda y que éste tenía que mantenerse abierto 24 horas los 365 días del año.
Todas estas peticiones han sido sucesivamente desatendidas por el Ministerio de Fomento y el aeropuerto de Foronda sigue hoy sin estar operativo la mayor parte del día.
Las circunstancias meteorológicas adversas registradas en los últimos días han causado importantes trastornos en el tráfico aéreo debido al cierre de varios aeropuertos, entre ellos el de Bilbao.
Varios vuelos con destino al aeropuerto de Loiu tuvieron que ser desviados y obligados a aterrizar en Pamplona, Zaragoza, Biarritz incluso en Barcelona, a más de seiscientos kilómetros de distancia de Bilbao o en Toulouse (Francia). De
todos los vuelos desviados, solo unos pocos pudieron ser atendidos en Foronda, que se encuentra a escasos 60 kilómetros de distancia, y donde la climatología no impedía el aterrizaje de las aeronaves.
Por lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que adopte las medidas adecuadas para que el aeropuerto de Foronda se halle operativo sin limitaciones de horario y sin estar sujeto a acuerdos puntuales para su apertura a la
demanda, dotándose con los recursos necesarios para garantizar la operatividad durante 24 horas al día, a fin de poder acoger vuelos de pasajeros, incrementar el número de vuelos de carga y, en aquellas circunstancias excepcionales en las que la
seguridad así lo aconsejara, actuar como aeropuerto de contingencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002443
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la alta
velocidad Madrid-Asturias, para su debate ante esta Comisión.
Exposición de motivos
En 2000, el Gobierno presidido por José María Aznar rectificó la histórica marginación ferroviaria que padecía Asturias e incorporó la línea Madrid-Asturias a la red europea de alta velocidad, iniciándose las obras de la variante de Pajares
en 2004, de modo que los dos grandes túneles de 25 kilómetros cada uno, deberían entrar en servicio en 2010.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió la construcción de una nueva estación de tren en León, al margen de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, el llamado 'Fondo de saco', inaugurado en 2011.
De esta forma, se obligaba a todos los trenes que paran en León a desviarse de la línea Madrid-Asturias, a detenerse y a retroceder marcha atrás antes de continuar, bien a Asturias, bien a Madrid, según el sentido de la marcha.
Así, se penaliza a los viajeros con la pérdida de 25 minutos en León para circular por una línea de alta velocidad que estaba diseñada para acortar los tiempos de viaje.
Las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy en la línea ferroviaria Palencia-León-Asturias no rectifican, sino ratifican y confirman este anacronismo ferroviario, impropio del siglo XXI e insólito en la moderna política ferroviaria europea,
que tanto daño hace a los asturianos.
El final en León de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias supone también un acto muy grave de despilfarro de una inversión superior a los 3.000 millones de euros ya realizada en la variante de Pajares.
En consecuencia, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.° Suprimir, de manera urgente, el denominado 'Fondo de saco' de la nueva estación ferroviaria de León, para corregir sus efectos penalizadores sobre los tiempos de recorrido de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias.
2.° En tanto se transforma al ancho internacional el tramo León-Asturias de la línea de alta velocidad, instalar el intercambiador de ancho en Pola de Lena y no en León donde actualmente proyecta construirlo el ADIF.
3.° Poner urgentemente en servicio con carácter prioritario y en ancho internacional (UIC) los dos túneles del tramo de alta velocidad La Robla Campomanes (Variante de Pajares), habida cuenta de la alta inversión ya realizada en este tramo y
de los requerimientos comprometidos ante la Unión Europea que cofinanció su construcción como línea de alta velocidad.
4.° Licitar y adjudicar en 2014 la redacción del proyecto correspondiente al acondicionamiento para alta velocidad del tramo León-La Robla, con plazo de ejecución no superior al 31 de diciembre de 2015.
5.° Redactar y aprobar antes de finalizar el año 2015 el Estudio Informativo del Trazado de las obras de acondicionamiento de la línea desde Pola de Lena hasta Oviedo, Gijón y Avilés, para garantizar la llegada de la alta velocidad
ferroviaria a toda Asturias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Deporte
161/002426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reducción del IVA del material escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
En enero el Gobierno ha realizado una reducción del IVA para determinados sectores en el ámbito cultural y el pasado 2 de febrero, el Presidente del Gobierno anunció bajadas sucesivas de impuestos que dejarán pronto su huella en la lista de
la compra de cada familia.
Los cursos escolares 2012/13 y 2013/14 han sido los más caros y caóticos de la historia de la democracia. Desde septiembre de 2012 todo es más caro porque el Gobierno subió el IVA. Lo mismo a los que cobran mucho que a los que cobran poco
o a los que no cobran nada. Tradicionalmente el mes de enero era conocido como 'la cuesta de enero' pero ahora todos los meses son 'cuesta de enero'.
Los fuertes recortes, la subida del IVA del material escolar del 4% al 21%, la reducción de las becas de comedor, becas de transporte, desaparición del plan educa 0 a 3 años, más alumnos por aula, menos profesores, subida desproporcionada de
las tasas universitarias, ha supuesto que cada inicio del curso escolar sea más caro y difícil de soportar para las familias.
Han subido 17 puntos los impuestos para portalápices, agendas, cartulinas, blocs de manualidades, compases, papel coloreado, plástica, lápices de cera, pinturas, témperas, cuadernos de espiral, rollos de plástico para forrar libros y también
las mochilas infantiles y juveniles. Le pasa lo mismo al material didáctico de uso escolar como los puzles y los demás juegos didácticos.
El material considerado de oficina, como los bolígrafos, pegamentos, gomas, etc., también utilizados por los escolares ha pasado del 18 al 21%. Sólo continúan al 4% los libros de texto, mapas y cuadernos de dibujo.
La subida del IVA en el material escolar ha supuesto una carga más para miles de familias a la que se añade la amenaza de realizar un desembolso extraordinario si se confirma el cambio de libros de texto en primaria al aplicarse la nueva
ley.
En España hay dos millones de familias que tienen a todos sus miembros en paro. Tres millones de niños están en el umbral de la pobreza. Los recortes del actual gobierno a la educación pública han causado un profundo descontento entre
padres, profesores y alumnos y los cambios legislativos del ministerio también.
Y sin embargo, a pesar de todos los recortes y subidas de impuestos, en el IVA cultural, ciertas publicaciones pornográficas siguen teniendo un IVA superreducido del 4% frente al IVA del 21% del material escolar.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar el IVA superreducido del 4% para el material escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento y el impulso de las Agrupaciones de Lengua y Cultura
Españolas (ALCE) en el exterior, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Desde que en 1931 se publicaran las disposiciones pertinentes a la selección y nombramiento de Maestros Nacionales, que han de actuar en escuelas del extranjero donde existan núcleos de población española, hasta hoy se ha recorrido un largo
camino.
Tras la Guerra Civil se produjeron diversos movimientos migratorios como consecuencia de diferentes factores como el exilio o los flujos económicos de los años 50 y 60. En la actualidad estamos asistiendo a un nuevo flujo migratorio de
carácter económico, motivado por la crisis económica y financiera que estrangula nuestro país y que impide a buena parte de sus ciudadanos, fundamentalmente a los más jóvenes, crecer y desarrollarse profesionalmente dentro de nuestras fronteras.
Desde entonces, diferentes normativas han legislado para garantizar los derechos de los emigrantes y sus hijos así como para arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar a los descendientes de los españoles residentes en el exterior el
conocimiento de la lengua y la cultura españolas. Tal y como se recoge en la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio,
regula la acción educativa en el exterior. Y, por otra parte, 'la ley 40/2006, de 14 de diciembre, del estatuto de la ciudadanía española en el exterior, en su artículo 25, señala la responsabilidad del Estado en el establecimiento de
programas que faciliten a los españoles residentes en el exterior el conocimiento del castellano'.
Según indica la mencionada orden, 'con este fin, la administración educativa española organiza enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas a través de aulas creadas al efecto. A su vez, estas aulas se ordenan en Agrupaciones de
Lengua y Cultura Españolas (ALCE), cuya creación y supresión compete al Ministerio de Educación, de acuerdo con el de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Los alumnos de las aulas de lengua y cultura españolas se encuentran integrados en el medio escolar y social del país donde residen. El objetivo prioritario de este programa es ahora el mantenimiento de los vínculos de los ciudadanos
españoles residentes en el exterior con su lengua y cultura de origen, desde el convencimiento del valor que ello aporta, para el enriquecimiento personal de estos ciudadanos y para la difusión del acervo cultural español en sus países de
residencia'.
En los últimos años, sobre todo desde que la crisis económica comenzó a hacer sentir sus efectos, hemos asistido a un menoscabo y una merma en los servicios prestados por el Gobierno a los ciudadanos españoles residentes en el exterior en el
capítulo educativo al que nos estarnos refiriendo. Así, a partir del año 2006 y 2007 las disposiciones (decretos, órdenes, instrucciones, etc.) van relegando las enseñanzas de Lengua y Cultura para hijos de residentes, no se difunden
suficientemente, se recrudecen los requisitos para acceder a ellas, se eliminan aulas y agrupaciones, se nombran profesores interinos -en condiciones precarias- y cada vez menos funcionarios en adscripción temporal, se obliga al profesorado a
elaborar Unidades Didácticas para su aplicación generalizada sin tener en cuenta los diferentes contextos, etc.
La última agresión al programa procede de las Instrucciones Complementarias para la planificación del curso 2013-2014, remitidas por la Subdirección de Promoción Exterior Educativa en la que a alumnos de 7 y 8 años (primer nivel) se les
reduce el horario presencial de 3 horas a 1,5 horas, sustituyendo ese tiempo por una atención on-line para la que no están preparados y que será tutorizada por un profesor diferente al que le imparta la docencia presencial (con una disposición
horaria de tres minutos aproximadamente por alumno).
Tal y como han indicado las organizaciones sindicales, las nuevas instrucciones emanadas del Ministerio de Educación, de manera inmediata, suponen una rebaja considerable de la calidad de la enseñanza del programa de ALCE, y reducen al 50%
el tiempo de enseñanza presencial del alumno. Eliminan puestos de trabajo docente, aumentan significativamente la ratio (número de alumnos atendidos por cada profesor) y modifican y empeoran sustancialmente las condiciones laborales del profesorado
que queda. Pero sobre todo, y lo que es más importante, porque son el preámbulo que conducirá a la inexorable desaparición de un programa educativo que tiene como beneficiarios a los hijos y nietos de los millones de emigrantes españoles que tan
significativamente contribuyeron al desarrollo económico de España, y con quienes este país tiene una deuda histórica de primer orden.
En vista de que cada vez son más los ciudadanos españoles que se ven obligados a buscar un futuro fuera de su país, es más necesario que nunca que programas como ALCE no sólo se mantengan vigentes, sino que también sean mejorados e
impulsados por el Gobierno. Las cifras no pueden ser más elocuentes: según datos de enero de 2013, los residentes españoles fuera de las fronteras superaron los 1,9 millones. Cerca de 40.000 españoles emigraron al extranjero durante el primer
semestre de 2013, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son un 26,3% más que en el anterior semestre y un 53,6% más que en el mismo periodo de 2012, cuando emigraron 37.432 y 25.835 españoles, respectivamente.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Mantener e impulsar la creación de Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) para los españoles residentes en el exterior atendiendo a la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado Español.
2) Retirar las Instrucciones Complementarias, redactar una nueva Orden para regular las ALCE y derogar todas las anteriores.
3) Renegociar la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, que contempla la imposición de la no presencialidad dentro del cómputo del horario lectivo y que es origen y causa de las instrucciones. La
negociación inmediata con todos los colectivos implicados: padres de alumnos, asociaciones de residentes, profesores, alumnos mayores y organizaciones sindicales, de un proyecto coherente, de calidad y con futuro para las ALCE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la ampliación de capital exigida por el Consejo Superior de Deportes a la Sociedad Deportiva Éibar (Club de Fútbol), para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El Consejo Superior de Deportes notificó recientemente a la S.D. Éibar que ha de ampliar su capital social con 1.724.272,95 euros. El plazo para la suscripción de dicha cifra es de seis meses a partir de la notificación, es decir, hasta el
6 de agosto.
En virtud de lo dispuesto en la legislación de Sociedades Anónimas Deportivas el capital social del Club debería ascender a los 2.146.525,95 euros que es el resultante del 25 por ciento del gasto medio hecho por los clubes y sociedades
anónimas deportivas que participaron en Segunda de la Liga de Fútbol Profesional durante la temporada 2011/2012.
El Éibar, que en la actualidad cuenta con un capital social de 422.253 euros, correspondientes al momento en el que se convirtió en sociedad anónima, es uno de los pocos Clubes de la Primera y Segunda de la Liga de Fútbol Profesional, que,
con sus arcas perfectamente saneadas, no tiene contraída deuda alguna.
Resulta paradójico, que, este Club, habiendo sido puesto como ejemplo de buena gestión por la Liga de Fútbol Profesional a pesar de su modestia y sus limitaciones económicas, deba hacer frente a una ampliación de capital de semejante
magnitud mientras la deuda acumulada con Hacienda por los equipos que no han cumplido con sus obligaciones tributarias asciende a 752 millones de euros.
Consideramos de absoluta injusticia las afecciones que dicha imposición pudiera provocar a este y otros clubes de similares características, habida cuenta de que el espíritu de la ley es conseguir una garantía de pago así como la solvencia
económica de todos los clubes, y dichos objetivos están sobradamente cumplimentados por la Sociedad Deportiva Éibar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Consejo Superior de Deportes reconsidere la obligatoriedad de ampliar el capital social de aquellos clubes que no poseen deuda alguna, entre los cuales se encuentra la Sociedad Deportiva Éibar.
2. Que el Consejo Superior de Deportes exima o, en su caso, flexibilice la ampliación de capital a aquellos clubes cuyas cuentas estén saneadas y acrediten la inexistencia de deudas con la administración pública.
3. Que el Consejo Superior de Deportes valore la estimable labor y esfuerzo realizado por la Sociedad Deportiva Éibar en aras al mantenimiento de un modelo deportivo de gestión económicamente racional, equilibrado, saneado y acorde a su
capacidad financiera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley dirigida a
aplazar el inicio de la Formación Profesional Básica, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El calendario de aplicación de la LOMCE establece que la Formación Profesional Básica deberá comenzar en el curso 2014-15, sustituyendo todos los primeros cursos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs).
Con esta decisión el Ministerio transfiere a las CC. AA. problemas de una dimensión que, tal vez, no ha medido con la suficiente seriedad. Todo se hace demasiado deprisa. Esta rápida transformación y sus inconvenientes afectarán, como
mínimo, a la falta de tiempo para desarrollar la norma básica, a la planificación de los ciclos, a la financiación y a la oferta de titulaciones.
Hasta el momento el Real Decreto que regula la Formación Profesional Básica (FPB) se encuentra en borrador.
Cuando el Ministerio publique el Real Decreto, las CC. AA. deberán elaborar sus decretos de desarrollo, esto conlleva no menos de seis o siete meses, lo que significa que difícilmente estarán a tiempo para el comienzo de curso. También
los catorce reales decretos que regulan los distintos perfiles que el Ministerio ha decidido que se impartan, están en borrador. El tiempo para desarrollar y publicar estos Decretos en las CC. AA. será el mismo que para el anterior. En este caso
el profesorado no tendrá tiempo de leerlos y elaborar sus programaciones antes del comienzo de curso.
Si los Decretos en las comunidades no están publicados en tiempo y forma la legalidad del inicio es dudosa.
La planificación será aún más difícil, pues los perfiles de PCPIs y los de la FPB no coinciden. Habrá que modificar espacios y equipamientos en los talleres, pero lo realmente preocupante es la ampliación necesaria para ofrecer el segundo
curso. El número de unidades deberá aumentar en un tercio de las existentes actualmente en PCPIs y el número de profesores deberá aumentar prácticamente en la misma proporción, sin que la financiación se haya asegurado por el Ministerio de
Educación.
Por último no se han desarrollado el mínimo de perfiles profesionales que existen en los PCPIs, por lo que las oportunidades que se ofrecen a un tipo de alumnado que, en principio, ofrece más dificultades se reducen de una forma muy
importante.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a retrasar los desarrollos normativos de la LOMCE para que la Formación Profesional Básica se comience a implantar en el curso 2015-2016, concediendo a las CC.AA. el tiempo y la financiación
necesarios para que la implantación se realice en condiciones de máxima calidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-María José Vázquez Morillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
intención del Gobierno de implantar la licencia deportiva única.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros aprobó el 17 de enero de 2014 el anteproyecto de la Ley de Racionalización del Sector Público estatal y otras medidas de reforma administrativa que conlleva, entre otras medidas, la modificación del artículo 32.4 de
la Ley 10/1990, del Deporte, en relación a la Licencia Deportiva Única.
La Administración central ha decidido cambiar dicho artículo que afecta a las federaciones deportivas bajo el argumento de que se pretende 'eliminar duplicidades y reducir trámites administrativos' (Consejo de Estado).
La denominada licencia deportiva única supondrá que una vez obtenida se habilita a su titular a participar en cualquier competición oficial, ya sea estatal o autonómica.
Además de vulnerar competencias autonómicas, y quebrantar el actual modelo deportivo, en la tramitación de la citada norma se ha ignorado por completo la opinión de las Federaciones Deportivas Territoriales, así como la de sus miembros
afectados, como son los colectivos de deportistas, clubes, entrenadores y jueces-árbitros.
La modificación que pretende llevar a cabo el Gobierno central en esta materia conculca lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Galicia, así como lo recogido en la Ley del Deporte gallega, puesto que ambas normas indican que la gestión
del deporte es una responsabilidad de la Xunta de Galicia.
Alegan y defienden que la actual normativa vigente, permite alcanzar acuerdos en materia de emisión de licencias entre las Federaciones Territoriales y las españolas, a través de los legítimos representantes de sus respectivas Asambleas
Generales, tal y como de hecho sucede en determinados deportes, sin que exista necesidad alguna de modificar el artículo 32.4 de la Ley 10/1990 en esta materia.
Federaciones deportivas como las de Galicia, que son las que promueven el deporte de base, se han opuesto a esta medida que consideran va en perjuicio del deporte en general. Cabe añadir que algunas federaciones de Galicia ya tuvieron
licencia única estatal en el pasado. Cuando se dejó en manos de las CC.AA., lograron duplicar el número de federados y federadas. Es pues un mal precedente que el Gobierno debería tener en cuenta.
El cambio propuesto por el Gobierno central conllevaría consecuencias muy negativas para el futuro del deporte en cada territorio autonómico, así como a nivel estatal.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Anular del anteproyecto de Ley de Racionalización del Sector Público estatal y otras medidas de reforma administrativa, la modificación del artículo 32.4 de la Ley del Deporte 10/1990, que supone la implantación de la denominada 'licencia
deportiva única', decisión que vulnera las competencias de las CC.AA. en dicha materia y perjudica a la actividad deportiva en general, tal y como ponen de manifiesto las federaciones deportivas.
Abrir una mesa de diálogo con las CC.AA. y las Federaciones Deportivas Territoriales, así como con colectivos del ámbito deportivo a fin de conocer sus impresiones y visiones sobre esta cuestión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
recuperación de la inversión educativa en Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Ceuta y Melilla son los únicos territorios del Estado en los que la programación y la gestión de la educación son competencia directa del Ministerio de Educación.
La composición social, cultural y económica de las dos ciudades hace que las tasas de fracaso y abandono estén por encima de la media del Estado, lo cual hace absolutamente necesario la puesta en marcha de medidas específicas de atención a
la diversidad para los más vulnerables.
El Gobierno socialista realizó esfuerzos importantes para mejorar la calidad de los sistemas educativos de las dos Ciudades Autónomas. Desde el año 2005 se llevaron a cabo actuaciones concretas con el fin de mejorar su dotación de
infraestructuras, así como de reducir los porcentajes de abandono escolar propios de estos territorios.
En el marco del Plan de acción 2010-2011 que se presentó en Consejo de Ministros en octubre de 2010, se presentaron planes específicos y singulares para ambas ciudades con el objetivo principal de reducir el abandono escolar a través de
medidas como la puesta en marcha de unidades piloto de orientación y seguimiento de jóvenes que abandonan los estudios, la creación de foros consultivos con agentes sociales y educativos o la puesta en marcha de las propuestas producto de los
estudios que fueron encargados a la Universidad de Granada que, dicho sea de paso, hizo un excelente estudio para identificar las medidas necesarias para luchar contra el abandono escolar.
Algunas de esas medidas fueron, entre otras: la creación de más de trescientas nuevas plazas para ambas Ciudades en el primer ciclo de educación infantil para favorecer la escolarización temprana; la promoción de planes de éxito escolar
impulsando estrategias y acciones integrales que permitiesen la mejora de los resultados de los alumnos; el incremento de los Programas de Apoyo y Refuerzo educativo (PROA); o la extensión del programa Escuela 2.0 a sexto de Primaria. El Plan de
Acción pretendía ser un complemento y un refuerzo de los programas Ceuta Educa y Melilla Educa que se estaban desarrollando en aquel momento.
Todas estas medidas supusieron una inversión de 45 millones de euros (exactamente, 45.328.940 euros) en el curso 2010-2011.
En esos años se aumentaron las plazas de educación infantil del primer ciclo mediante convenios con los gobiernos de Ceuta y Melilla y con el Ministerio de Defensa para la creación de nuevas escuelas de educación infantil, lo que supuso la
creación de 630 plazas públicas, con una inversión durante 2011 cercana a 1.500.000 euros.
Durante el curso 2010-2011, se pusieron en marcha los contratos-programa con los centros para incrementar el éxito escolar y se inició el programa Profundiza, dirigido al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender, en el que
llegaron a participar más de 350 alumnos de cada una de las dos ciudades autónomas con el desarrollo de diferentes actividades.
Como ejemplo, y con relación a las inversiones educativas en Melilla, se iniciaron las obras necesarias para la remodelación del antiguo mercado central, que acogerá el conservatorio de música, la escuela oficial de idiomas y el centro de
personas adultas. Además se comenzó a poner en marcha los pasos necesarios para la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria, el IES Jardín Valenciano, terreno que fue cedido al Ministerio de Educación por la ciudad autónoma en
2011.
La realidad a día de hoy, es que son las propias ciudades quienes tienen que sufragar los gastos de las escasas actuaciones que se puedan llevar a cabo, puesto que el Gobierno del Partido Popular está dejando de invertir lo que Ceuta y
Melilla, por su particularidad, necesitan.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Recuperar la inversión del Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa para ejecutar las medidas contempladas en dicho Plan en Ceuta y Melilla.
2. Recuperar la dotación en infraestructuras educativas en ambas ciudades autónomas.
3. Poner en marcha las medidas necesarias para disminuir la ratio por aula en todos los niveles educativos.
4. Del mismo modo, elaborar y hacer efectivo de forma inmediata un Plan específico de medidas de atención a la diversidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Mario Bedera Bravo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002453
A la Mesa de la Comisión de Educación
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre el alcance en el sector de la educación de la modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, relativa a las cotizaciones a la
Seguridad Social, incluida en el Real Decreto 16/2013.
Antecedentes
El Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores contempla la modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, para
incluir nuevos conceptos computables en la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social, con efecto desde el 1 de enero de 2014.
Entre los nuevos conceptos incluidos en las bases de cotización cabe citar los siguientes:
1. El importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte y distancia.
2. Las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, salvo las correspondientes a la incapacidad temporal.
3. Las asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a los gastos de estudios del trabajador o asimilado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características del puesto de trabajo.
4. La totalidad de gastos normales de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar de trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia.
Esta modificación significa un importante incremento de los costes no salariales de numerosas empresas, entre estas, en el sector de la educación perjudica directa y gravemente a los centros educativos privados, los cuales quedan
obligatoriamente afectados por las propias cláusulas contenidas en los convenios colectivos que regulan las condiciones laborales de los trabajadores del sector: ayudas al estudio, manutención y alojamiento, plus de transporte y otros aspectos como
son los seguros de responsabilidad civil y accidente, que afectan igualmente a los costes de los centros.
La práctica totalidad de los Convenios colectivos que regulan el sector educativo contemplan estas ayudas. Con la legislación vigente hasta finales de 2013, la gratuidad total de la enseñanza reglada y actividades complementarias de los
hijos de los trabajadores del sector de la educación privada estaban exentas de cotizar y tampoco se consideraban retribución en especie. Incluir este concepto como cotizable, supondría un nuevo y elevado coste económico para el centro que se
sumaría al coste de la prestación del servicio que, por convenio colectivo, no se cobra. Lo mismo sucede con los gastos de manutención, a menudo financiados por los centros en beneficio del trabajador y que, especialmente en enseñanza infantil y
primaria, permiten una mejor atención en el comedor escolar al alumnado.
En cuanto al Plus de transporte, también está incluido en el convenio colectivo de colegios privados para todos los trabajadores.
Por otra parte cabe destacar que hay una mayoría de centros privados que son concertados. Con la suscripción de los conciertos educativos es la administración la que asume el abono de los salarios del personal docente, mientras que el
centro privado concertado se compromete a la impartición de la enseñanza obligatoria en condiciones de gratuidad. De acuerdo con el Convenio Colectivo las enseñanzas
complementarias impartidas poseen carácter gratuito para los trabajadores del centro, e incluirlas en la Base de cotización de la Seguridad Social junto a los demás conceptos supone un gasto inasumible para los centros.
La precipitada modificación del artículo 109 de la vigente Ley de la Seguridad Social, aprobada el 20 de diciembre y aplicable con efectos del 1 de enero de 2014, sin duda quiebra los equilibrios presupuestarios de los centros educativos
privados, al comportar un aumento imprevisible y desproporcionado de los costes, que en muchos casos puede conducir inevitablemente al cierre de empresas educativas. Por otra parte, la medida incrementará la presión sobre las administraciones
educativas que gestionan la educación, las comunidades autónomas, en una coyuntura en la que se han visto obligadas a emplear una gran austeridad. Finalmente conlleva también un grave perjuicio económico para el personal docente y no docente por la
tributación que se les va a imputar por unos conceptos que hasta ahora no se consideraban retribución en especie.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a excluir del cómputo en las bases de cotización de la Seguridad Social, con efectos del día 1 de enero de 2014, a todas aquellas ayudas contempladas en el convenio colectivo del sector
educativo y de colegios privados, que han sido introducidos, a través de la modificación del artículo 109 de la vigente Ley General de la Seguridad Social, por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002384
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre medidas para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria, pase a debatirse en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, y trasladar a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, comunicando este acuerdo a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, así como al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 399, de 10 de febrero de 2014.
161/002432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre deportistas no profesionales extranjeros, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 43.3, dispone un mandato a los poderes públicos en relación al fomento del deporte, como mecanismo de protección y fomento de la salud, sin distinguir entre el deporte profesional y el no profesional.
La realidad es que mientras el deporte profesional recibe facilidades por parte de los poderes públicos para su desarrollo y tiene garantizada la atracción de los medios de comunicación, el deporte no profesional suele sustentarse con el
esfuerzo de sus participantes, aficionados y familiares, que son los que asisten mayoritariamente a sus eventos y la utilización de los polideportivos y campos municipales.
En el caso de las autorizaciones de residencia para deportistas extranjeros ajenos al espacio Schengen que vengan a competir al Estado español, la Resolución de 12 de agosto de 2005, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de julio de 2005, por el que se aprueban las Instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia y el desarrollo de actividades
laborales deportivas profesionales por extranjeros, ofrece una solución que abarca únicamente a algunas disciplinas deportivas y competiciones de ámbito profesional, dejando excluidos a muchos deportes, como el atletismo o el fútbol americano, y en
definitiva excluyendo todo el deporte no profesional.
La inexistencia de un Acuerdo que abarque el deporte no profesional ha conducido al uso de la visa de turismo, de duración máxima legal de 3 meses, como única alternativa viable para los deportistas extranjeros que han venido a participar en
las competiciones no profesionales, cuya duración es mayor. Sobrepasar el límite temporal ha acarreado la negativa del Gobierno a permitir su entrada en territorio español el siguiente año, causando serios problemas a los clubs que contaban con ese
jugador y ya le habían costeado el billete de avión.
La alternativa consistente en solicitar un permiso de trabajo bajo un contrato remunerado es inviable para los clubs que subsisten con las aportaciones de sus socios y colaboradores, y que actúan sin ningún ánimo de lucro, siendo notorio que
únicamente pueden sufragar los gastos de pervivencia de la actividad sin que encaje en la promoción del deporte pretender exigirles más esfuerzo económico. Es conocido que los deportistas extranjeros que vienen a competir en las ligas no
profesional no reciben remuneración alguna, más allá de que el club les ofrezca vivienda, la manutención y el vuelo, para evitar que les cueste dinero su participación, pero no como retribución salarial alguna.
De otra parte, tener un contrato de trabajo, que los clubs no pueden sufragar, tampoco les garantizaría el permiso de residencia de modo automático.
A la vista de lo expuesto, y siendo que es obligación de los poderes públicos el fomento del deporte, a sabiendas de que sin el deporte no profesional se merma sustancialmente el deporte profesional del que es su cantera, resulta evidente la
necesidad de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Consejo Superior de Deportes y las federaciones del deporte no profesional, como la Federación Estatal de Fútbol Americano FEFA, se reúnan a los efectos de encontrar una solución legal
económicamente viable y realista al permiso de residencia de extranjeros que vienen a participar en las competiciones de deporte no profesional.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar una solución consensuada con el Consejo Superior de Deportes y con las asociaciones deportivas del ámbito no profesional reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, en especial
las federaciones deportivas, como la FEFA, que facilite el
permiso de residencia para los jugadores extranjeros ajenos al espacio Schengen que vienen a participar en las competiciones deportivas no profesionales sin percibir remuneración, permiso que habría de abarcar toda la duración de la
competición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a luchar contra el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas.
Antecedentes
La lucha contra la economía irregular es imprescindible para preservar y garantizar la estabilidad económica del sistema y para salvaguardar especialmente la sostenibilidad de la Seguridad Social, por esa razón, es importante combatir desde
todos los frentes posibles los efectos negativos que ocasiona el empleo no declarado o encubierto.
En el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 25 de enero de 2011, concretamente en el punto 10, ya se constata la necesidad de adoptar medidas contra el fraude laboral y
a la Seguridad Social, y se señala que debe seguirse actuando para evitar usos inadecuados de afiliación a regímenes que no responden a las características propias del trabajo efectivamente realizado. Se trata de regularizar situaciones alegales
que encubren relaciones laborales reforzando los derechos laborales y, a la vez, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.
El encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas estaría incluido entre esos usos inadecuados. Los períodos formativos, de prácticas, de especialización y/o de colaboración de titulados universitarios y/o de grado medio/superior,
cuando no están integradas en planes de estudio oficiales, deberían realizarse vía laboral, sin embargo, en la mayor parte de casos, dichas estancias formativas se remuneren en régimen de beca a pesar de que no están asociadas a ningún convenio
educativo.
En estas circunstancias, dichos períodos en régimen de beca en realidad, encubren puestos de trabajo, conllevan irregularidades laborales graves y un fraude a la Seguridad Social. Es preciso reforzar de forma decidida la lucha contra la
bolsa de empleo sumergido que su existencia supone.
Si bien regulaciones, como la introducida en la disposición adicional vigésimo octava de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que establece una regulación laboral a los programas de ayudas a la
investigación, han supuesto una herramienta eficaz en la lucha contra el uso fraudulento de becas que encubren puestos de trabajo en la Investigación, al parecer otros sectores requieren de nuevas modificaciones normativas.
Con el fin de extender dicha regulación laboral a estos otros sectores susceptibles de prácticas fraudulentas, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social introdujo la
disposición adicional cuadragésima primera. Sin embargo, el Punto 1 de dicha disposición ha resultado ser impreciso y difuso, generando confusión a la hora de aplicar la gestión de las altas y bajas en el Régimen de la Seguridad Social por parte de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Es por ello que consideramos necesaria una modificación de la citada disposición que permita contar con una regulación laboral explícita que dote de herramientas eficaces contra la lucha de los fraudes laboral, fiscal y a la Seguridad Social
derivados de una extendida mala praxis consistente en encubrir puestos de trabajo de titulados académicos mediante estancias formativas, de especialización, etc. remuneradas en régimen de beca y sin ningún vínculo con centros educativos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y modernización del Sistema de la Seguridad Social, relativa a las estancias de
formación, prácticas, colaboración o especialización, para establecer que las ayudas procedentes de fondos públicos o privados que tengan por objeto subvencionar la realización de las citadas estancias, cuando no estén integradas en planes de
estudio oficiales y vayan dirigidas a titulados académicos, se deberán establecer y deberán estar condicionadas a la contratación laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
161/002434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a derogar las modificaciones establecidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introducidas por
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en materia de exención fiscal de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador.
Antecedentes
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012 y de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, normas que dan nuevo redactado al artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y que modifican el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por
despido, se ha producido un incremento muy notable en el número de expedientes de solicitud de conciliaciones por despidos reconocidos como improcedentes.
La exigencia legal de que las indemnizaciones no pueden derivar de convenio, pacto o contrato entre las partes, obliga, de forma artificiosa, a acudir ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación, ya que este acto se ha
convertido en requisito ineludible para gozar de la exención fiscal.
En todos estos supuestos, la norma legal provoca la presentación artificiosa de una solicitud de conciliación que, obviamente, acabará y acaba en un pacto que en la mayoría de los casos ya existía 'ab initio', desde el mismo momento del
despido y, por tanto, el acto de conciliación se convierte en estos casos en un mero trámite que no aporta ningún valor añadido y que, además, colapsa los Servicios de Conciliación.
Por este motivo sería necesario y conveniente recuperar el antiguo redactado del artículo 7 e) de la citada Ley 35/20061, para así establecer la exención fiscal para las indemnizaciones por despido reconocido como improcedente, para los
supuestos de despido cuando se extinga el contrato con anterioridad al acto de conciliación, siempre que no se trate de extinciones de mutuo acuerdo.
Con esta medida los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación ganarían en eficacia sin que por ello, en la práctica, se viera alterada en modo alguno la efectividad real de la fiscalidad de las indemnizaciones por despido, suponiendo
un gran ahorro para usuarios, letrados y personal de la Administración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar las modificaciones establecidas en el artículo 7.e) de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, introducidas por el apartado uno de la disposición final undécima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en
materia de exención fiscal de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley contra el Expediente de Regulación de Empleo
en Coca-Cola Iberian Partners, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Coca-Cola lberian Partners ha presentado un ERE sobre la restructuración de las embotelladoras y delegaciones comerciales. A grandes líneas, plantean 1.253 despidos de un total de 4.270 trabajadores/as, es decir un treinta por ciento de
toda la plantilla y el cierre inmediato de 4 plantas de producción asentadas en Asturias, Madrid, Alicante y Palma de Mallorca. Si bien, como medida para minimizar el impacto la empresa plantea 481 recolocaciones, las condiciones y dificultades del
traslado nos hacen indicar que el total de despedidos seguirá siendo prácticamente el mismo.
Coca-Cola España tiene unos beneficios de alrededor de 900 millones de euros y una facturación de más de 3.000 millones en el último ejercicio, por lo que no tiene sentido ni justificación alguna el cierre de centros de producción y el
despido de trabajadores y trabajadoras que se pretende, con un planteamiento erróneo tanto en lo social, económico ecológico y medioambiental, de una supuesta reestructuración/optimización organizativa y productiva.
Por todo ello, y a petición de los sindicatos más representativos del sector agroalimentario, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a la Dirección de la Empresa que suspenda el ERE porque no tiene sentido y justificación alguna cerrar centros de producción y despedir a miles de trabajadores en Coca-Cola cuando tiene unos beneficios sustanciosos.
2. Implicarse para propiciar un espacio de diálogo y negociación entre Coca-Cola lberian Partners y su matriz The Coca-Cola Company con los sindicatos representativos, que conlleve la presentación y discusión de un Plan Industrial y de
Empleo, al objeto de establecer el escenario adecuado para dotar de una solución al conflicto que haga posible y compatible la prioridad del empleo y el mantenimiento de las plantas de producción, junto con la implantación de las políticas y
estrategias que la empresa considere para competir en el mercado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Expediente de Regulación de Empleo
en Coca-Cola Iberian Partners, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Coca-Cola Iberian Partners ha presentado un ERE sobre la restructuración de las embotelladoras y delegaciones comerciales. A grandes líneas, plantean 1.253 despidos de un total de 4.270 trabajadores/as, es decir un treinta por ciento de
toda la plantilla y el cierre inmediato de 4 plantas de producción asentadas en Asturias, Madrid, Alicante y Palma de Mallorca.
El impacto que estas medidas pueden tener en el empleo y la alarma social que pueden haber generado en un momento tan delicado de la situación económica y social que estamos viviendo aconsejan extremar al máximo la prudencia.
Por todo ello presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a la Dirección de la Empresa que agote todas las posibilidades de negociación con los representantes de los trabajadores.
2. Implicarse para propiciar un espacio de diálogo y negociación entre Coca-Cola Iberian Partners y su matriz The Coca-Cola Company con los sindicatos representativos, que conlleve la presentación y discusión de un Plan Industrial y de
Empleo, al objeto de establecer el escenario adecuado para dotar de una solución al conflicto que haga posible y compatible la prioridad del empleo y el mantenimiento de las plantas de producción, junto con la implantación de las políticas y
estrategias que la empresa considere para competir en el mercado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo al sector primario y agroindustria para disminuir su
negativa balanza energética, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El desarrollo de la actividad económica y ganadera ocupa una gran parte de nuestro territorio y es la base de la economía de cientos de municipios al ser pilar económico fundamental de muchos de ellos, a ello habría que sumarle la aportación
que realiza en bienes sociales como son los vinculados a la conservación de los recursos naturales o al mantenimiento del ámbito rural.
La producción final agraria y el sector agroalimentario es la base de un crecimiento de actividades de servicios, financieras e industriales generadoras de empleo y exportaciones que tanta falta nos hacen para salir de la crisis, aunque la
renta agraria ha retrocedido bastante dado que las políticas europeas destinadas a compensar la caída de ésta no han obtenido los resultados esperados y que los consumos
intermedios (energía, fertilizantes, piensos,...) y la evolución alcista de sus precios y del IVA, junto con las amortizaciones, recortan en gran medida el margen o beneficio a disposición de los profesionales del sector agrario.
En esta misma dirección, aunque en los últimos años se han realizado en distintas partes del Estado inversiones en modernización de regadíos que ha propiciado que aumente la eficiencia hidráulica de éstos, nos encontramos con que su
evolución ha ido acompañada por un peor dato de eficiencia energética, una creciente demanda de energía y la desaparición de las tarifas especiales para riego al liberalizarse el mercado eléctrico, que ha dejado el regadío en una situación un tanto
delicada.
También tenemos que poner de manifiesto que la agroindustria está fundamentalmente en manos de entidades de marcado carácter social, como son las cooperativas, por lo que el sector asume también los gastos correspondientes a la
transformación de sus producciones.
Si tenemos en cuenta que el término de energía viene determinado, en parte, por la evolución del mercado energético, y que el grado de dependencia energética español en 2010 se sitúa en el 74,1%, muy lejos del 50% promediado en la UE-27
(Informe de Sostenibilidad en España, 2011), parecen lógicas las conclusiones de los expertos que vaticinan futuras evoluciones al alza de la factura eléctrica del sector.
A esta situación ayudará sin ninguna duda la reforma energética emprendida por el Gobierno del Partido Popular, que está provocando que la pobreza energética se extienda en nuestro país, siendo ya cientos de miles de familias las que vienen
sufriendo cortes en el suministro eléctrico debido principalmente a esta situación de desempleo, que les imposibilita poder hacer frente al importe de los recibos. Una reforma injusta donde además de omitir una auditoría sobre las subastas
realizadas, viene a abundar y profundizar en la desprotección de las personas consumidoras, y que generará mayor pobreza y exclusión energética, a la vez que mayor opacidad de un mercado eléctrico especulativo dominado por el oligopolio de las
grandes empresas y entidades financieras.
Por ello es necesario que el Gobierno de España se ponga del lado de las familias, de las personas y de las pequeñas empresas y autónomos que están sufriendo la crisis, que establezca una regulación de la tarifa clara y justa para los
consumidores y deje atrás la gran estafa especulativa que ha supuesto la 'liberalización del sector' que solo ha provocado un aumento desproporcionado de los precios de la electricidad.
Por todo ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para:
1. Modificar la normativa eléctrica aprobada en agosto de 2013 por las consecuencias tan negativas que tiene este incremento en la tarifa eléctrica en el regadío.
2. Poner en marcha, en colaboración con las Administraciones Públicas competentes:
- Una línea específica de apoyo para agricultores, ganaderos, comunidades de regantes y agroindustria, que incluya apoyos para la eficiencia y el ahorro energético, con el fin de reducir costes y que disminuya el saldo negativo en la balanza
energética.
- Una estrategia que fomente el uso de las energías alternativas al objeto de asegurar una producción de energía que nos ayude a depender menos energéticamente de terceros países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
tercera fase del proyecto de saneamiento del río Coroño (Galicia), para su debate en la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El río Coroño discurre por el Ayuntamiento de Boiro, A Coruña, formando un estuario en su desembocadura en la ría de Arousa. En el final de su trayecto se ve rodeado por vegetación típicamente lacustre formada por pinos, robles, etc.,
formando un varadero natural muy adecuado para pequeñas embarcaciones de pesca y recreo.
Por dicho río cruza el puente que une Escarabote con Boiro y comienza el paseo marítimo de Barraña, y dado el interés turístico y medioambiental de la zona, se acometió la rehabilitación de los molinos de agua en el lugar de Ponte Goians y
la instalación de zonas de ocio por lo que constituye un lugar idóneo para actividades de recreo tanto para la población de la zona como para los múltiples visitantes que, fundamentalmente en épocas de verano, recalan en esta comarca.
El río Coroño ha sido durante años objeto de vertidos incontrolados produciendo la consiguiente contaminación de sus aguas y riberas, aspecto parcialmente solventado mediante la instalación de una red de colectores de aguas residuales en
diferentes núcleos poblacionales del municipio.
Las dos fases iniciales de esta actuación afectan a lugares como Mieites, Comoxo y A Cuncheira y a través de ella se gestionan los residuos urbanos evitando vertidos incontrolados al río, afectando positivamente a los cerca de 20.000
habitantes de la zona.
Mediante estas obras se recogen las aguas residuales de diferentes núcleos de población procediendo a su transporte a través de colectores, tanto por gravedad como por impulsión, al depósito de Coroño, situado en el lugar de Pazos y, tal
como consta en el proyecto inicial, requieren para su finalización dos estaciones de bombeo, un pozo de anillos prefabricados y otro de hormigón.
No obstante, la ejecución de la tercera fase de trabajos de las mismas características está pendiente de acometer para abordar el saneamiento del río a su paso por las localidades de Enseño, Pomar do Río, Loxo de Arriba y Loxo de Abaixo,
actuación que requiere un dimensionamiento hidráulico adecuado de algunos de los colectores generales existentes y los bombeos necesarios a tal objeto.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar, en colaboración con las Administraciones competentes, los trabajos necesarios para acometer la tercera fase del proyecto de saneamiento del río Coroño en el municipio de Boiro, A
Coruña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la paralización de las actividades de prospección de
combustibles fósiles en el Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las Islas Baleares están acosadas por una serie de propuestas de prospección buscando combustibles fósiles en el mar Mediterráneo con la utilización de artefactos de gran potencia.
La explotación industrial de recursos subterráneos de gas y petróleo es una clara amenaza para la economía y estructura productiva de las Islas Baleares ya que supone un riesgo cierto de pérdida de valores ambientales, sociales y económicos
alcanzados. Además representan, por sí mismos, una alteración geológica de consecuencias y alcance imprevisibles, desde terremotos a contaminación irreversible de acuíferos o afectación a especies marinas vulnerables, especialmente en los cetáceos,
que incidirán sobre la situación ambiental, económica y social de las Islas, abarcando una superficie del Mediterráneo de más de 30.000 kilómetros cuadrados.
Además existe un rotundo rechazo social, empresarial e institucional a este proyecto, lo que ha motivado que, en Ibiza y Formentera, se haya constituido la Alianza Mar Blava, una alianza intersectorial integrada por administraciones públicas
(ambos Consells insulares y los Ayuntamientos), entidades de sectores económicos afectados como la pesca, el turismo o el náutico, organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos e instituciones públicas y privadas, sumando hasta el momento más de
50 entidades con repercusiones internacionales.
Esta semana acaba el plazo de presentación de alegaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto de prospecciones petrolíferas de la empresa Cairn Energy entre las costas valencianas y la isla de Ibiza. Proyecto que ha suscitado un
rechazo desconocido hasta la fecha, donde la alianza institucional y de la sociedad civil ha recogido más de 40.000 alegaciones y se ha internacionalizado la movilización en contra del mismo. Además no es éste el único proyecto que afecta a las
costas españolas del Mediterráneo que afectarían todo el Levante llegando a Girona y envolviendo las islas Baleares.
La magnitud de los sectores que se oponen a las prospecciones es extraordinaria, desde las grandes cadenas hoteleras a las organizaciones ecologistas, todos los partidos políticos y numerosísimas organizaciones sociales.
Desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental es evidente el impacto negativo de este tipo de explotaciones, no sólo desde el punto de vista de los ecosistemas marinos y la biodiversidad, sino también considerando el cambio
climático de acuerdo a la ley de evaluación ambiental de actividades aprobada en 2013 que prevé tenerlo en cuenta y si se consideran los informes del IPCC que urgen a dejar las reservas de combustibles fósiles sin quemar.
Ante esta situación, recientemente el Parlamento balear ha aprobado una declaración institucional unánime de todos los grupos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su rechazo a las referidas actuaciones, e insta al Gobierno a su inmediata paralización, de acuerdo con los informes de la Comisión Balear de Medio Ambiente y la Declaración Institucional del
Parlamento de las Islas Baleares del día 11 de febrero de 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Laia Ortiz Castellví y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez y Joan Josep Nuet Pujals, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.
161/002440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
actuaciones a realizar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para reforzar la escollera del muro de costa en el frente litoral más afectado de San Sebastián, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La ciudad de San Sebastián viene padeciendo en el último año importantes destrozos como consecuencia de los temporales de mar. La fuerza de las olas ha provocado daños cuantiosos que afectan a bienes particulares, paseos públicos, puentes,
instalaciones en la bahía, playas, etc.
Con ocasión de los debates sobre los Presupuestos Generales del Estado, ya presentamos una enmienda, que fue rechazada, para que el Departamento de Medio Ambiente redactara un proyecto y ejecutara, desde la Dirección General de
Sostenibilidad de las Costas, las obras de reforzamiento de la escollera con grandes bloques de piedra. El objetivo es el de frenar la fuerza de las olas en todo el frente marítimo del Paseo Nuevo y Paseo de Salamanca, así como para reducir la
energía de las olas en la desembocadura del Río Urumea, que penetran río arriba ocasionando daños.
El Ministerio ya conoce el movimiento y desmontaje que han experimentado con el paso del tiempo los bloques de piedra vertidos a finales del pasado siglo en dicha escollera así como la debilidad de la misma a lo largo del Paseo de Salamanca
y Paseo Nuevo, lo que no evita que las grandes olas rompan directamente contra el muro de costa y penetren en la Parte Vieja donostiarra provocando inundaciones. También se viene insistiendo, con enmiendas al Presupuesto del Ministerio, en el
pendiente trabajo de reforzar la frágil escollera de protección de la Playa de la Zurriola para evitar la pérdida de arena.
Lo cierto es que en muchas ocasiones resulta imposible evitar o prever las consecuencias y los riesgos ante la fuerza de las olas provocada por un temporal o una ciclogénesis. Pero sí hay actuaciones pendientes que se deben acometer sin
dilación para paliar sus efectos en la Parte Vieja donostiarra.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte con urgencia las medidas precisas para reforzar la escollera existente junto al muro de costa situado en el frente litoral del Paseo Nuevo y Paseo de Salamanca, en la ciudad de San
Sebastián.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
extraordinarias de solidaridad con los afectados por los diversos y graves temporales que han afectado las costas gallegas y cantábricas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los graves, diversos y sucesivos temporales que están afectado las costas gallegas y cantábricas, con vientos huracanados, con rachas superiores a los 150 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y el fuerte oleaje, están provocando
inundaciones, daños en la línea de costa, malecones, paseos marítimos, en las flotas pesqueras, incluso, en el caso de Galicia, ha provocado víctimas mortales, así como otros innumerables y cuantiosos daños materiales en Galicia, Asturias, Cantabria
y el País Vasco.
La intensidad y gravedad de los fenómenos atmosféricos han puesto a las Comunidades Autónomas de los litorales cantábrico y atlántico (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) en situación de alerta máxima.
Los importantes daños provocados en infraestructuras necesitan ser reparados con urgencia ya que aunque sea pronto para cuantificar todos los efectos provocados por el temporal, sí que se evidencian ya los graves daños en playas e
infraestructuras.
Los daños que han afectado fundamentalmente a la línea de costa han afectado a diversas infraestructuras en todas las Comunidades Autónomas, tanto de titularidad municipal como autonómica y estatal. Tanto a bienes públicos de las distintas
administraciones como a propiedades particulares.
Las Comunidades Autónomas y municipios afectados han evaluado los destrozos que, en una valoración inicial, superan ampliamente los 30M, cifra que por desgracia sufre incrementos diariamente.
El conjunto de las administraciones afectadas, especialmente las autonómicas y locales, están trabajando intensamente en la tramitación de ayudas, asesoramiento, actuaciones en materia de prevención e intentar restituir las zonas afectadas a
la normalidad.
Con respecto al conjunto de estos fenómenos meteorológicos, en concreto de estos temporales marítimos, los expertos están advirtiendo de que el número y la intensidad de los mismos será cada vez mayor, debido en gran parte a los efectos del
Cambio Climático.
La Administración del Estado no puede quedar al margen en lo que respecta a la adopción de medidas de compensación y reparación de los daños provocados, pero también en lo que se refiere a medidas de prevención, mitigación y adaptación
relativas al Cambio Climático.
Ante este tipo de situaciones provocadas por catástrofes naturales, el Gobierno, en el marco del principio constitucional de solidaridad, con la mayor celeridad posible, debe actuar poniendo a disposición de los afectados y las demás
administraciones competentes los medios necesarios para proceder a la reparación de los daños producidos y adoptando medidas extraordinarias. Medidas que ya han venido siendo adoptadas con ocasión de otras catástrofes precedentes y que deben
adoptarse también en este caso.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante los graves, diversos y sucesivos temporales que están afectado las costas gallegas y cantábricas, con vientos huracanados, con rachas superiores a los 150 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y el
fuerte oleaje, están provocando inundaciones, daños en malecones, paseos marítimos, en las flotas pesqueras, incluso ha provocado el fallecimiento de personas, así como innumerables daños materiales en Galicia, Asturias y el País Vasco, con
numerosos afectados, insta al Gobierno a:
1. Establecer, de forma extraordinaria y con vigencia inmediata, mediante la aprobación del correspondiente Decreto-ley, un conjunto de medidas urgentes de solidaridad dirigidas, en lo posible, a compensar y facilitar la recuperación de las
personas y de las zonas afectadas, y que contemplen en todo caso:
- ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe,
- ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de locales y viviendas siniestradas,
- subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria, en malecones, paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y otras de titularidad pública,
- atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos servicios, así como a las obras de reposición de bienes perjudicados por la
catástrofe, específicamente las relativas a la reconstrucción de obra pública que afecten a la seguridad de las personas,
- indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas, en su caso,
- beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas,
- bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social,
- establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los
siniestros,
- concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe, y
- habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.
- las medidas que se aprueben deberán, al menos, contemplar el nivel de ayuda previsto en los últimos decretos-leyes aprobados para compensar daños producidos por otras catástrofes naturales.
2. Presentar, en el plazo de seis meses, un Informe al Congreso de los Diputados evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los
riesgos y se propondrán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, José Blanco López, María del Carmen Silva Rego, Miguel Ángel Cortizo Nieto, María Paloma Rodríguez Vázquez, María del Puerto Gallego Arriola,
María Luisa Carcedo Roces, María Virtudes Monteserín Rodríguez, Antonio Ramón María Trevín Lombán, José María Benegas Haddad y Odón Elorza González, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
mantenimiento y conservación del Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela (A Coruña-Galicia), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela, A Coruña, creado en los años 60 del siglo XX, está ubicado en la Casa Gótica, edificio construido a mediados del siglo XIV, al que se añadieron diversas dependencias durante el siglo
XVII y posteriores además de distintas modificaciones durante las últimas décadas del siglo XX que conformaron su actual configuración de volúmenes y espacios.
El nacimiento del Museo das Peregrinacións procede de los descubrimientos arqueológicos en la Catedral de Santiago a partir de 1949 y de la acumulación de fondos en los sótanos del conjunto catedralicio. Con posterioridad, las distintas
actuaciones de restauración efectuadas por la Administración estatal en diversos edificios y espacios públicos del conjunto histórico de la ciudad pusieron al descubierto múltiples restos arqueológicos indispensables para el conocimiento del pasado
de Santiago.
Estos hallazgos constituyen la primera colección con la que explicar el fenómeno de las peregrinaciones, el origen de la ciudad y la incidencia que en el conjunto de Europa ha tenido, a lo largo de los siglos, el Camino de Santiago.
Si bien en sus inicios, los fondos que integraban la exposición inaugural pertenecían en su mayor parte a fondos de titularidad eclesiástica o a particulares que cedieron su utilización de forma temporal, en los años setenta del siglo XX el
Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte destina al Museo das Peregrinacións importantes depósitos que incrementan la colección que cuenta en la actualidad con fondos de gran valor en escultura, pintura, platería, azabache o grabado
a los que se añaden los etnográficos y arqueológicos.
El objetivo de esta institución se basa en el acopio y conservación de bienes culturales destinados a la divulgación y el estudio de forma que se enriquezca el conocimiento de la sociedad en general por lo que sus principales actuaciones se
centran en la difusión de todos aquellos temas relacionados con el origen, desarrollo y entorno cultural del Camino de Santiago hasta la actualidad.
Cuenta además con varias áreas específicas de trabajo relacionadas con la conservación, restauración, difusión e investigación dirigidas a los estudiosos de los diversos temas que promueve el Museo das Peregrinacións, así como la
organización de visitas y actividades a realizar en el marco del Museo.
Así mismo su importante biblioteca alberga un fondo general dedicado a distintas áreas temáticas, un fondo dedicado específicamente a Galicia y obras referentes a distintos aspectos relacionados con el Camino de Santiago.
El Museo das Peregrinacións constituye no sólo un referente en materia de estudio y divulgación del Camino de Santiago, de la ciudad de Compostela y del conjunto de Galicia, sino también un factor esencial en la economía turística y cultural
de la ciudad y de Galicia, a pesar de ello la situación económica del Museo das Peregrinacións en la actualidad impide el óptimo desarrollo de las actividades anteriormente expuestas debido al desinterés por la cultura que reiteradamente se muestra
desde la Administración competente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, en colaboración con las Administraciones implicadas, todas cuantas acciones se consideren necesarias para el apoyo, mantenimiento y conservación del Museo das Peregrinacións de
Santiago de Compostela y de las actividades esporádicas y permanentes que dicha institución museística realiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la financiación de las industrias culturales y creativas y la promoción del mecenazgo cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En un contexto de crisis como el actual deben conjugarse los necesarios esfuerzos para hacer sostenibles y eficientes las actividades y proyectos culturales con el cumplimiento del derecho de los ciudadanos a una oferta cultural diversa y de
calidad. A tal fin, entre otras medidas, es fundamental fomentar la cultura de mecenazgo y la participación de la sociedad en el sostenimiento de las entidades culturales, al tiempo que se facilita a los emprendedores culturales el acceso al
crédito y unas condiciones de fiscalidad acordes con la labor de interés general que realizan, conforme a la Constitución y los acuerdos y declaraciones internacionales (Pacto Internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966, Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad Cultural de 2001, Declaración de Friburgo de 2007 sobre los derechos culturales, entre otros).
Sin embargo, estudios recientes como el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea del primer semestre de 2013 revelan un deterioro de la actividad cultural en los últimos cinco años, y un escaso empleo de técnicas de captación
de fondos como el micromecenazgo (tan solo el 17,3 % de las organizaciones culturales lo emplean de forma habitual). A su vez, el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte refleja la destrucción de
24.000 puestos de trabajo y de 2.000 empresas en el sector cultural, mientras que el gasto público en cultura ha retrocedido un 17,7 % entre 2008 y 2011 para el conjunto de las Administraciones Públicas. Por último, el Anuario de la Fundación SGAE
2013 de las artes escénicas, musicales y audiovisuales arroja un resultado negativo en todos los sectores objeto de estudio en términos de espectadores y recaudación.
El 26 de septiembre de 2012, la Comisión Europea aprobó una Comunicación titulada 'Promover los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la UE', en la que se define a la cultura como elemento esencial para el
crecimiento económico y la creación de empleo en Europa, pues se trata de una ventaja competitiva propia de nuestro continente y una fuente de innovación que beneficia a otros sectores. No obstante, se destaca que: 'El acceso a la financiación
sigue siendo muy difícil: el sector bancario no dispone de los conocimientos especializados necesarios para analizar los modelos empresariales de estos sectores y no valora adecuadamente su activo inmaterial. La crisis financiera y
económica no hace más que agravar esta situación, justo cuando se necesitan inversiones para adaptarse'. A este respecto, 'el pequeño tamaño de las empresas culturales y creativas, la incertidumbre en cuanto a la demanda de sus productos,
la complejidad de sus planes empresariales y su falta de activos materiales constituyen obstáculos para la obtención de financiación externa. Si bien la financiación mediante fondos propios, businessangels, capital riesgo y garantías son
posibilidades de financiación alternativas, siguen estando muy infrautilizadas'. Debido a lo anterior, la comunicación expresa que 'las instituciones financieras deben aumentar su concienciación sobre el potencial económico de estos sectores y
desarrollar su capacidad de evaluar las empresas en función de su activo inmaterial. Paralelamente, se debe ayudar a los empresarios de estos sectores a comprender mejor los requisitos de planificación empresarial y de asignación de fondos para
financiar sus actividades y su crecimiento'.
Entre otras medidas, la Unión Europea ha aprobado el programa Europea Creativa 2014-2020, cuya primera convocatoria se ha publicado en diciembre de 2013.
En cuanto a la Administración General del Estado, desde 2009 se han consignado en el Ministerio de Cultura (hoy Educación, Cultura y Deporte) partidas destinadas a 'préstamos para la financiación de proyectos de empresas e industrias
culturales' (concepto 83110 del programa 334 A), por importe que ha oscilado entre los 22 millones y los 11 millones de euros, pero que no se ha ejecutado en 2010, 2011, 2012 ni 2013.
A pesar de que actualmente existe en España una normativa fiscal de mecenazgo que podría beneficiar el desarrollo de las industrias culturales (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo), se trata de una normativa poco conocida y aprovechada por los agentes culturales, al tiempo que no existe en España una cultura de mecenazgo cultural en la sociedad y el sector empresarial como sí ocurre en los
países anglosajones. Además, los incentivos son claramente insuficientes si los comparamos con los existentes en países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido. Un aumento de los incentivos fiscales haría incrementar más que
proporcionalmente la inversión en cultura y por tanto la recaudación por impuestos sobre la renta, IVA, Seguridad Social, etc., redundando en un saldo positivo para los ingresos públicos, un aumento del empleo y, a la postre, un mejor cumplimiento
del derecho de los ciudadanos a la participación y disfrute de la vida cultural.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley sobre Mecenazgo que haga más atractiva fiscalmente la inversión en actividades culturales, amplíe la definición de las entidades beneficiarias de mecenazgo y promocione la cultura de
mecenazgo entre ciudadanos y empresas.
2. Poner en marcha una campaña de comunicación institucional de fomento del mecenazgo, dando a conocer los mecanismos actualmente existentes y los beneficios de esta práctica para el enriquecimiento cultural de nuestra sociedad, con
especial atención a mecanismos innovadores como el micromecenazgo.
3. Apoyar, sensibilizar y asesorar a las empresas de todos los sectores culturales a la hora de solicitar créditos bancarios, como aconseja la Comunicación de la Comisión Europea de 26 de septiembre de 2012, y preparar proyectos en el marco
del programa Europa Creativa 2014-2020.
4. Tomar las medidas necesarias para ejecutar la partida presupuestaria 83110 del programa 334 A de los Presupuestos Generales del Estado ('préstamos para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales'), dotada con 11
millones de euros en 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Igualdad
161/002413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la necesidad de mantener las actuaciones de los Ayuntamientos en materia de violencia de género, afectadas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para su debate en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Son muchos los Ayuntamientos que están llevando a cabo importantes iniciativas dirigidas a la lucha contra la violencia de género como Casas o Centros de Acogida, servicios de atención e información a las mujeres en situación de violencia u
otras actuaciones de tipo socioeconómico, que tienen el claro objetivo de facilitar que las víctimas de esta lacra social puedan salir de una situación que las condena a ellas y, en la mayoría de los casos, también a sus hijos.
El hecho de que administraciones locales cuenten con estos servicios no supone en absoluto una duplicidad con las actuaciones que realizan otras administraciones como las autonómicas que tienen la obligación de garantizarlos.
La gravedad del problema de la violencia de género exige mayores esfuerzos. Desde el BNG consideramos imprescindible el papel de los Ayuntamientos en el combate de la violencia de género con el fin de poder erradicarla.
En la disposición transitoria segunda de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se establece que 'la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los
servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponden a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas necesarias para la racionalización del servicio'.
La cuestión es que las políticas en materia de violencia de género en los entes municipales están integradas en los servicios sociales, por lo tanto, y de acuerdo a la Ley, dejan de ser competencia de estas administraciones. Sin lugar a
duda, esta limitación en las competencias municipales va a conllevar graves consecuencias en la lucha contra la violencia de género, algo que no se debería permitir porque es mucho lo que está en juego.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Llevar a cabo, en coordinación con las CC.AA., las medidas necesarias a fin de garantizar el mantenimiento de todos aquellos servicios y actuaciones socioeconómicas que en la actualidad desarrollan los gobiernos municipales, como los
relativos a la violencia de género. Medidas que deberán incluir la dotación financiera adecuada y necesaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
establecimiento de un plan especial para la igualdad salarial entre mujeres y hombres, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Parlamento Europeo considera la lucha contra las diferencias salariales entre mujeres y hombres como una prioridad política. La desigualdad salarial entre mujeres y hombres representa en la actualidad uno de los indicadores más evidentes
y persistentes de que, en materia de igualdad entre los sexos, aún quedan notables retos pendientes.
La participación de la mujer en el mercado laboral y la desigualdad de oportunidades a las que se enfrenta condicionan su situación económica, en los periodos en los que está inactiva y es perceptora de prestaciones sociales, la jubilación o
el desempleo.
La brecha salarial, no sólo supone una discriminación en el día a día de nuestro trabajo asalariado, sino que tiene repercusión en las desigualdades que forja, hipotecando el futuro de protección social de las mujeres.
En los tiempos de crisis, el desempleo es la primera parada a la que se han visto sometidas una parte importante de las mujeres, y en esta interrupción de su vida laboral comprueban que sus inferiores salarios se traducen en menores cuantías
que las de un hombre al acceder a la prestación por desempleo. Y lo mismo sucede al finalizar la vida laboral y acceder a una pensión de jubilación. Hay más mujeres que hombres que viven en la pobreza tras la jubilación.
Hoy, en pleno siglo XXI, se conoce que el paro, el empleo a tiempo parcial, los contratos temporales tienen rostro de mujer. Cuando son asalariadas por cuenta ajena, sus currículos y experiencia suelen verse marginados ya que el salario que
perciben por el mismo puesto y con la misma calificación profesional, es inferior al de los hombres.
En España, las mujeres ganan de media un 20 % menos que los hombres por un mismo trabajo y tienen que trabajar un mes y 22 días más de media que un hombre para obtener el mismo salario.
El desempleo femenino está creciendo espectacularmente en España. La Reforma Laboral aprobada por el Gobierno expulsa del empleo a los sectores más vulnerables y, entre estos, están mayoritariamente las mujeres (trabajo a tiempo parcial,
trabajo temporal). La pérdida de derechos laborales hace casi imposible la conciliación y afectan mucho a quienes tienen responsabilidades familiares. La práctica desaparición de políticas activas de empleo, el desmantelamiento del Estado del
Bienestar, la reducción de los derechos relacionados con la educación o con la salud y la consecuente minoración de los servicios públicos, como consecuencia de los recortes, están dejando sin empleo a muchas mujeres que tenían mayor presencia que
los hombres en estos ámbitos de trabajo.
Con el fin de combatir las discriminaciones directas e indirectas que provoca la actual brecha salarial y contando con la participación indispensable de los interlocutores sociales, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar las actuaciones de las Inspecciones de Trabajo y de Seguridad Social para garantizar la igualdad de percepciones económicas entre mujeres y hombres.
2. Establecer la obligatoriedad de que las empresas dispongan de un libro de registro actualizado en el que figuren, desagregadas por sexo, todas las retribuciones, cualquiera que sea su concepto, que perciben los trabajadores y
trabajadoras de la empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a las previsibles consecuencias pandémicas del aborto inseguro, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La realización de abortos por personas que carecen de la titulación, los conocimientos y las habilidades necesarias, que no garantizan estándares médicos mínimos, o la práctica de abortos autoinducidos, generalmente en malas condiciones
higiénicas y sanitarias, es una de las causas más importantes en el mundo de mortalidad y morbilidad maternas.
La práctica de abortos inseguros supone complicaciones como el aborto incompleto, la sepsis -infección generalizada-, hemorragias y lesiones en órganos internos, como perforación o desgarro del útero. Los pasos dados hasta el momento por el
Gobierno en materia de iniciativa legislativa para penalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) supondrán indiscutiblemente que las mujeres que no cuenten con recursos suficientes para pagarse una intervención profesional en otros países
recurran a la práctica generalizada de abortos clandestinos e inseguros.
Ya en 2004, la Asamblea Mundial de la Salud, órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud cuya función principal es determinar las políticas de esta organización, estimaba en su 57.ª sesión que los abortos peligrosos se
cobraban cada año la vida de 68.000 mujeres, representando un 13 % del total de defunciones relacionadas con el embarazo y que una de cada cinco mujeres que se sometían a abortos peligrosos padecían como consecuencia de ello infecciones del aparato
reproductor, señalando la restricción y penalización de la interrupción voluntaria del embarazo como una de las causas de mortalidad y morbilidad materna.
Las experiencias anteriores y de otros países, en que la legalización ha venido acompañada de una reducción significativa de complicaciones y muertes relacionadas con el aborto permite deducir el impacto que tendría en España una reforma
como la que plantea al Gobierno en daños para la salud de las mujeres, circunstancia que implicará la necesidad de prever en el sistema Nacional de Salud toda una serie de procedimientos de atención post-aborto que permitan el cuidado de las
consecuencias pandémicas del aborto inseguro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar en el plazo de seis meses un estudio sobre las consecuencias sanitarias, psicológicas y jurídicas que tendría para las mujeres la aprobación del anteproyecto de penalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
2. Realizar una previsión estadística que permita identificar el impacto sanitario y económico de las disposiciones de este anteproyecto en el Sistema Nacional de Salud como consecuencia de prácticas peligrosas o inseguras en materia de
interrupción voluntaria del embarazo y complicaciones derivadas de las mismas, tales como:
- Infecciones y/o lesiones intra-abdominales.
- Embolias por bombeados en el útero.
- Lesiones cervicales y shock endotóxico.
- Ruptura del saco amniótico en la matriz con objeto punzante o alambre.
- Introducción de mezclas tóxicas.
- Retención de tejido.
- Reacciones tóxicas a la auto-administración de medicamentos abortivos de venta libre o medicamentos obtenidos ilegalmente.
- Inyecciones vaginales de distintas soluciones jabonosas, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado 11 de noviembre se presentó el Informe sobre la situación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, elaborado por más de 200 expertos en la materia. Este informe, ha vuelto a poner de manifiesto la difícil situación
en la que se encuentran los niños en nuestro país que presentan este trastorno y la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de coordinación para mejorar los tratamientos del mismo.
Se estima que, en España, un 6,8 % de jóvenes padece este trastorno, pero tan sólo un 3 % ha sido diagnosticado y, lo que resulta todavía mas alarmante, sólo un 1 % recibe algún tipo de tratamiento. Según el citado informe, desde el momento
en el que se presentan los síntomas hasta que finalmente se produce un diagnóstico pueden pasar entre dos y seis años, debido principalmente al importante desconocimiento que existe sobre este trastorno del neurodesarrollo.
Cuando finalmente el niño es diagnosticado, las familias se enfrentan a importantes dificultades en el llamado circuito asistencial. Estas, siguen tras la detección del trastorno, pero sobre todo cuando los jóvenes llegan a la adolescencia,
ya que muchos deciden en ese momento no continuar con el tratamiento -más de la mitad continuará sufriendo éste trastorno en edad adulta-.
Una de las más importantes personalidades en la investigación de este trastorno es el Profesor de la Universidad de Nueva York don Luis Rojas Marcos. Habiendo sido diagnosticado este trastorno de niño, argumenta que 'el no prestar atención
específica tiene un importante precio para la sociedad [...] el de poner en riesgo la autoestima de estos niños y que se sientan culpables de los que les pasa, lo que les puede abocar a la depresión crónica'. En un informe que realizó para la
Universidad de Nueva York, observó el alto número de presidiarios que sufrían este trastorno, 'porque la impulsividad llevada sin control les ha hecho irse al camino de la delincuencia'.
Si bien es cierto que en Junio del 2013 se aprobaba por unanimidad en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad una Proposición no de Ley del Grupo de la Izquierda Plural que abordaba la materia, desde diferentes
asociaciones y colectivos se reclama una Ley estatal para establecer protocolos de actuación a nivel sanitario y educativo para hacer frente a estos casos.
En España no existe una legislación estatal sobre esta materia, seis comunidades autónomas sí cuentan con un protocolo general de coordinación, pero sigue existiendo una discriminación territorial tanto en tratamiento como en las ayudas que
reciben los afectados dependiendo de donde vivan.
Además de la necesidad de establecer criterios uniformes a nivel nacional sobre la materia, se vienen reclamando medidas en el entorno escolar para facilitar su desarrollo, entre estas medidas estarían el darles tiempo suficiente para
responder a los exámenes -hay que recordar que los niños que sufren este trastorno no pueden mantener la atención mas de 30 segundos-, proporcionarles espacios en el entorno escolar con el menor número de estímulos posibles o proporcionarles áreas
donde puedan desfogarse dentro de un control.
Se trata de uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la infancia y la adolescencia y una de las principales causas de fracaso escolar y de incapacidad para mantener y desarrollar relaciones sociales. Sin unos protocolos
adecuados de actuación para hacer frente a estos casos, no se puede llegar a aprovechar al completo el potencial de estos niños, abocándolos a la exclusión social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de 6 meses un Plan Nacional donde se establezca un protocolo de coordinación entre los Ministerios de Sanidad y Educación para tratar a los niños que sufren el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y
que así estos puedan tener derecho a unos ajustes en el entorno escolar, dotando los medios necesarios tanto a los equipos de orientación psicopedagógica escolar como a los equipos de Neuropediatría y de Psiquiatría lnfanto-Juvenil y favoreciendo la
coordinación entre éstos.
2. Establecer una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado para los afectados por este trastorno.
3. Utilizar los medios de los que dispone el Estado para concienciar a la sociedad sobre esta realidad, incluyendo formación específica a personal docente y sanitario.
4. Promover la aplicación de protocolos de consenso para todo el territorio nacional para que un niño que recibe tratamiento en una Comunidad Autónoma siga recibiendo el mismo o similar tratamiento si cambia de residencia a otra Comunidad
Autónoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el bono social eléctrico.
Antecedentes
Una de las consideraciones que ha de tenerse en cuenta al contemplar la discriminación que sufren las personas con discapacidad es el sobrecoste que habitualmente suponen las situaciones de discapacidad.
Un estudio encargado por Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona confirma la premisa de que a mayor grado de discapacidad más agravio económico comparativo existe con relación al resto de la población. La empresa
Antares Consulting ha elaborado este informe a partir de una exhaustiva investigación de fuentes estadísticas, publicaciones y literatura sobre discapacidad, así como la opinión y conocimiento de expertos en este ámbito. Las personas con
discapacidades que precisan más apoyos tienen, a menudo, serias dificultades para desplazarse de forma autónoma, manipular objetos o comunicarse. Así pues las prestaciones y productos de apoyo (ayudas técnicas como sillas de ruedas eléctricas) que
suplen estas dificultades suponen un coste de inversión para la persona en cuestión, no siendo mínimamente suficientes las ayudas públicas existentes para cofinanciar dignamente los costes que conlleva la discapacidad.
Por otra parte, e íntimamente vinculado a la anterior idea, hay que señalar que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión en la comunidad, debiendo los poderes públicos establecer medidas
contra la discriminación y de acción positiva, de conformidad con lo dispuesto, tanto en el artículo 9.2 de la Constitución Española, como en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las personas con discapacidad y de inclusión social, en su artículo 64 sobre Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades y en su artículo 68 relativo a las medidas de acción positiva que estas podrán consistir en
apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables, pero también podrán ser ayudas económicas.
Así pues, conforme a las normativas básicas sobre igualdad, resulta coherente ampliar el colectivo de beneficiarios del bono social eléctrico a aquellas personas con discapacidad y a las familias en las que se integran.
Esta medida social se adecua plenamente a la propia norma de creación del bono social, el cual se configura como una protección adicional del derecho al suministro de electricidad y se considera obligación de servicio público según lo
dispuesto en la directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
Actualmente, los beneficiarios del bono social son:
- Consumidores, siendo personas físicas, tengan una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual.
- Consumidores con 60 o más años de edad que acrediten ser pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, y que perciban las cuantías mínimas vigentes en cada momento para dichas clases de
pensión con respecto a los titulares con cónyuges a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no
contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años.
- Consumidores que acrediten pertenecer a familias numerosas.
- Consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.
No obstante, la recién aprobada Ley del Sector Eléctrico establece en su artículo 45 que el Gobierno reglamentariamente definirá los consumidores vulnerables y los requisitos que deben cumplir, y que el bono social resultará de aplicación a
los consumidores vulnerables que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que por real decreto del Consejo de Ministros se determinen.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la inclusión, como beneficiarios del bono social eléctrico, a aquellos consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que integre en su seno a una o más personas que
tengan reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, tanto en la actual regulación normativa como en la futura, prevista en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/001667
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en Comisión de Interior
Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
Texto:
Al Ministro del Interior:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para mejorar la información sobre localización telefónica que los operadores están obligados a dar a los servicios de emergencias 112?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputado.
Comisión de Fomento
181/001664
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en Comisión de Fomento
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Cuáles son las razones por las que desde la presidencia de RENFE se ha decidido, unilateralmente, suspender la reunión prevista con el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva y una representación de la Federación Onubense
de Empresarios para el viernes día 31 de enero y que tenía por objeto abordar la situación de las conexiones ferroviarias entre Huelva y Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2014.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001668
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Considera el Gobierno que el nuevo cálculo de la tarifa eléctrica garantiza la seguridad jurídica de consumidores y usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001665
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Entiende el Gobierno como responsabilidad propia la ejecución del Proyecto de Regeneración de la playa de Carabuxeira (y Lavapanos)? ¿Qué fases, calendario y presupuesto contempla el gobierno para dicha ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
Comisión de Igualdad
181/001663
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Ha evaluado el Gobierno el impacto que en la lucha contra la violencia de género va a tener la eliminación de competencia en esta materia en los Ayuntamientos, según lo dispuesto en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000014
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencial.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas
Autor: Senado.
Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los
desplazamientos entre ambas Comunidades.
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA RENOVACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTULOS DE ABONO TRANSPORTES DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID EN LOS
DESPLAZAMIENTOS ENTRE AMBAS COMUNIDADES
En Toledo a 2 de julio de 2013.
Reunidos, de una parte, el Excmo. Sr. a Ignacio González González, Presidente de la Comunidad de Madrid, cargo para el que fue designado por Real Decreto 1361/2012, de 26 de septiembre, y habilitado para este acto por los artículos 7.b) y
21.j) de la Ley 1/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 4.1 de la Ley 8/1999, de 9 de abril, y con el punto 4.1 del Acuerdo de 16 de octubre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
los criterios de coordinación convencional de la Comunidad de Madrid.
De otra, la Excma. Sra. doña María Dolores de Cospedal García, Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Reconociéndose ambas partes la capacidad, suficiente para la realización de este acto,
MANIFIESTAN
Que la Comunidad de Madrid puede celebrar convenios de cooperación con otras Comunidades Autónomas, en especial con las limítrofes, para la gestión y prestación de servicios propios de la competencia de las mismas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de su Estatuto de Autonomía. Por otra parte, tiene competencia exclusiva en materia del transporte terrestre que transcurra íntegramente por su territorio.
Que, por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está facultada para celebrar convenios en idénticos términos a los expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de su Estatuto de Autonomía. Igualmente,
tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de transporte terrestre cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Región, según determina el artículo 31.4.ª del Estatuto de Autonomía.
Que, por otra parte, desde 2001 funcionó a satisfacción de ambas partes el Convenio suscrito el 22 de noviembre de 2000, regulador de las condiciones de utilización de los títulos de Abono Transportes creados expresamente entonces con el
objeto de facilitar los desplazamientos entre diversas poblaciones de las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.
Dicho convenio fue renovado para mantener su continuidad en el año 2007, por un nuevo acuerdo que se mantuvo en vigor en dicho ejercicio. Por su parte, en virtud del Convenio de 17 de octubre de 2011 se acordó la renovación de la
utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas Comunidades durante el periodo comprendido entre los años 2008 a 2011, ambos incluidos. Por consiguiente, y con el
fin de garantizar la continuidad de los beneficios que los ciudadanos han podido disfrutar durante estos años en virtud de la aplicación de los mencionados convenios, la Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consideran
oportuno suscribir un nuevo Convenio de cooperación con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera. Objeto.
El objeto del presente Convenio es mantener la utilización de los títulos de Abono Transportes ya existentes, que permiten realizar desplazamientos entre ambas Comunidades en las condiciones establecidas, así como la determinación del marco
regulador de las obligaciones de las partes en relación con la utilización y financiación de tales títulos de transportes.
Segunda. Características de los títulos.
Los títulos de abono existentes y cuya continuidad se mantiene responden a la siguiente denominación:
- Abono Normal Zona E1.
- Abono Normal Zona E2.
- Abono Joven Zona E1.
- Abono Joven Zona E2.
Los títulos anteriores atienden, por, tanto, a la distinción de dos colectivos de usuarios:
- Jóvenes: hasta el 30 de junio del año en que se cumplen los 23 años; cuando esté implantada la nueva Tarjeta de Transporte Público, hasta el día en que el usuario cumpla los 23 años de edad.
- Normarles: resto de usuarios
Y dos zonas tarifarias, internas al territorio de Castilla-La Mancha, establecidas con criterio de distancia respecto del término municipal de Madrid, de manera que:
- Zona Exterior 1 (E1): límite de distancia 59 kilómetros.
- Zona Exterior 2 (E2): límite de distancia 85 kilómetros.
Tercera. Condiciones de utilización de los títulos.
Los títulos tienen las siguientes características y condiciones de utilización:
- Títulos personales e intransferibles, integrados por una tarjeta permanente, con foto, datos de identificación y número de abonado, más un cupón magnético de periodicidad mensual.
- Posibilitan realización de un número ilimitado de viajes en cualquier medio de transporte público durante el periodo mensual de validez con las siguientes restricciones:
- En el caso de RENFE, sólo son válidos en la red de Cercanías.
- No podrán utilizarse en ninguna concesión de transporte interurbano por carretera que no esté formalmente vinculada al Convenio de Utilización del Abono Transportes establecido entre estos operadores y el Consorcio de Transportes. A este
respecto, en el Anexo se indica la relación de poblaciones atendidas por estas concesiones y la empresa operadora.
Para todo lo no contemplado en este Convenio, se consideran de aplicación las condiciones vigentes establecidas con carácter general para los títulos de abono.
Cuarta. Titularidad.
Los abonos son de titularidad exclusiva del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de la Comunidad de Madrid, correspondiendo a este la emisión, fabricación, comercialización, venta y recaudación de los ingresos tarifarios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid.
Las poblaciones de Castilla-La Mancha que en la actualidad disponen de puntos de venta de los abonos exteriores continuarán ofreciendo dicho servicio.
Quinta. Precios de venta.
Los precios de aplicación al usuario para los nuevos títulos de abono serán los aprobados en cada momento por el CRTM, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de
Transportes Públicos Regulares de Madrid, siendo los vigentes 1 de enero de 2012 los siguiente:
- Abono Normal Zona E1: 96,20 uros.
- Abono Normal Zona E2: 114,80 euros.
- Abono Joven Zona E1: 68,20 euros.
- Abono Joven Zona E2: 84,90 euros.
Desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2012 los siguientes:
- Abono Normal Zona E1: 103,80 euros.
- Abono Normal Zona E2: 123,80 euros.
- Abono Joven Zona E1: 73,50 euros.
- Abono Joven. Zona E2: 91,50 euros.
Y desde el 1 de septiembre de 2012 los siguientes:
- Abono Normal Zona E1: 105,70 euros.
- Abono Normal Zona E2: 126,00 euros.
- Abono Joven Zona E1: 74,80 euros.
- Abono Joven Zona E2: 93,10 euros.
Son asimismo de aplicación los precios reducidos aprobados por el CRTM para estos mismos abonos en los casos de familias numerosas de categorías general y especial y personas con discapacidad igual o superior al 65%.
Sexta. Financiación.
Las aportaciones económicas necesarias para la financiación derivada de la utilización de los abonos se distribuirán entre ambas Administraciones según la residencia de los abonados y la movilidad do los mismos.
A este respecto, los estudios realizados han dado lugar a un reparto, teniendo en cuenta la combinación de ambas variables, del 34% para la Comunidad de Madrid y el 66% para la Comunidad de Castilla-La Mancha por lo que durante la eficacia
de este convenio la financiación se asumirá con esta distribución entre las dos Comunidades Autónomas.
Séptima. Liquidación de las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Anualmente, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha liquidará al Consorcio el importe de financiación que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la anterior estipulación.
El importe de liquidación deberá ser abonado al Consorcio en el primer trimestre de la anualidad siguiente a la que corresponda la prestación del servicio.
El pago se hará en la cuenta corriente 2100-2338-90-0200057050, y se imputará a la partida 4590 'Otras transferencias de Comunidades Autónomas' del presupuesto de ingresos del Consorcio.
El incumplimiento o retraso en el pago facultará a la Comunidad de Madrid para resolver el presente Convenio.
Octava. Protección de datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal facilitados por los beneficiarios gozarán de la protección establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de la
Comunidad de Madrid, reguladora del uso de la informática en el tratamiento de datos personales por la Comunidad de Madrid, incorporándose al fichero de datos de carácter personal que al efecto obra en el Consorcio.
Novena. Comisión de seguimiento.
En los dos meses siguientes a la firma de este Convenio se constituirá una Comisión paritaria de Seguimiento, compuesta por dos miembros de la Consejería de Fomento, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y dos
miembros del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en representación de la Comunidad de Madrid.
Las funciones de la Comisión serán:
- Resolver las cuestiones que puedan plantearse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente Convenio.
- Analizar y considerar cualquier petición en relación con la inclusión o exclusión de nuevas líneas o concesiones, así como toda la información necesaria para controlar la ejecución del presente Convenio en los términos acordados.
- Analizar las consecuencias que se deriven de las modificaciones de las tarifas y de los cambios en el tipo y/o características de los títulos descritos en la estipulación segunda.
- Cuantas otras deriven de este Convenio o que las partes firmantes de común acuerdo le confieran.
Décima. Facultades de modificación.
Se faculta a los Consejeros competentes por razón de la materia de cada una de las Administraciones autonómicas firmantes, y dentro de su ámbito de facultades, previas las autorizaciones que en su caso, fueran necesarias, para que de común
acuerdo modifiquen los límites de distancia establecidos en la estipulación segunda para las respectivas zonas exteriores; para que adapten los porcentajes de reparto fijados en la estipulación sexta a la combinación de las variables, si estas se
modifican, y a variar el Anexo.
En particular, las Administraciones firmantes estudiarán la posibilidad de extensión del Convenio a ciudades castellano-manchegas con un importante flujo de transporte hacia la Comunidad de Madrid.
Undécima. Efectos.
El presente Convenio producirá efectos desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive. Tales efectos se podrán prorrogar a los años naturales sucesivos, salvo denuncia de cualquiera de las partes, comunicada
con un preaviso de al menos un mes. La extensión a años naturales sucesivos requerirá la aprobación expresa por parte de los Consejos de Gobierno de cada una de las Comunidades Autónomas,
Decimosegunda. Ratificación y vigencia.
El presente Convenio habrá de ser ratificado por la Asamblea de Madrid y aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.j) del Estatuto de Autonomía de Madrid, y en el artículo 9.2.d) del.
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, respectivamente.
El presente Convenio entrará en vigor, a los treinta días de su remisión a las Cortes Generales, si estas no formulan reparos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del Estatuto de Autonomía de Madrid y en el artículo 40.1 del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. En caso de que las Cortes Generales o alguna de las Cámaras manifiesten reparos, la entrada en vigor del Convenio se producirá una vez obtenida la autorización de las Cortes Generales.
Decimotercera. Extinción.
El presente Convenio se extinguirá por denuncia en los términos de la estipulación décima o por resolución, por alguna de las siguientes causas:
- Incumplimiento de alguna de las partes.
- Renuncia de alguna de las partes, por causas excepcionales debidamente justificadas que obstaculicen e impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, realizada, en forma fehaciente, con un mínimo de tres meses de antelación a su
efectividad.
- Mutuo acuerdo de las partes.
- Cualesquiera otras que fueran de aplicación conforme a la legislación vigente.
En caso de resolución, y para no perjudicar los legítimos intereses de los usuarios, se mantendrá durante un periodo de dos meses la posibilidad de utilización de los títulos descritos en este Convenio, con el modo de financiación en él
contemplado,
Decimocuarta. Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y, para que conste, y surta los efectos oportunos, se suscribe el presente Convenio de cooperación, en lugar y fecha indicados al principio.
ANEXO
Relación de poblaciones, concesiones y operadores incluidos en el convenio
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000022
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Doña Isabel Franco Carmona y otros.
Proposición de Ley por la Renta Básica Estatal.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín, conforme a
los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.