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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 348, de 28/10/2013
cve: BOCG-10-D-348
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de octubre de 2013
Núm. 348
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/002054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial y afectación al ámbito territorial de Canarias ... (Página4)
161/002057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar con la modernización de la Administración de Justicia, especialmente de la Oficina Judicial ...
161/002069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la Demarcación y Planta Judicial y afectación al ámbito territorial de Castilla-La Mancha ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/002064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un Informe anual sobre los procesos de valoración de desempeño del personal militar profesional para promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres en la carrera militar ... (Página7)
161/002068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre potenciación del papel y de la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas y perspectiva de género ... (Página9)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre implementación equitativa de las tasas aeroportuarias bonificadas ... (Página11)
Comisión de Fomento
161/002049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Declaración de Excepcionalidad del Aeropuerto de San Sebastián ... (Página12)
161/002051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas para conservar el servicio ferroviario que conecta la ciudad de Tarragona y el sur de la provincia de Tarragona (Terres de l'Ebre) ...
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y trabajadores domésticos ... (Página14)
161/002070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la mejora del contrato a tiempo parcial ... (Página15)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al tratamiento de Galicia en el Plan del Carbón 2013-2018 y en el PL del Sector Eléctrico ... (Página17)
161/002055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la influencia de las distintas modificaciones del sector energético en la empresa siderometalúrgica MEGASA, de Narón (A Coruña) ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas destinadas a asegurar un futuro a la flota gallega cefalopodera ... (Página20)
161/002046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la falta de partida presupuestaria para el 2014 destinada a la regeneración medioambiental de la ría de O Burgo-A Coruña ...
161/002061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de que la Unión Europea aumente las cuotas de pesca de merluza en el Gran Sol ... (Página21)
161/002063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Márgenes del Duero fase III ... (Página22)
161/002065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el IVA de la alimentación ... (Página23)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cierre de las urgencias, así como previsión del cierre de hospitalización y de la UVI del Instituto Nacional de
Silicosis ... (Página25)
161/002056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia ... (Página25)
161/002058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la formación de los profesionales sanitarios y la eficiencia en el Sistema Nacional de Salud ... (Página26)
161/002059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la atención prestada por los servicios de atención al cliente ... (Página27)
161/002067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la regulación de los cigarrillos electrónicos ... (Página28)
161/002071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de
seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas ... (Página29)
Comisión de Cultura
161/002066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la retirada del anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual ... (Página30)
Comisión de Igualdad
161/002072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de
seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas ... (Página32)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas de apoyo a la bicicleta en las ciudades ... (Página33)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001311 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre motivos que alega el Ministro del Interior para destituir al director de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) ...
Comisión de Defensa
181/001303 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre motivos por los que considera el Ministro de Defensa que existe una formación insuficiente en nuestras Fuerzas Armadas ...
Comisión de Economía y Competitividad
181/001302 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para mejorar el acceso al crédito a las familias y las pymes ... (Página36)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/001301 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre razón por la que el Gobierno persigue a las personas desempleadas para exhibir datos falsos de fraude en el cobro de la prestación de paro y no el
fraude fiscal y laboral que practican las grandes empresas, multinacionales y grandes fortunas ... (Página36)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/001304 Pregunta formulada por los Diputados don José Martínez Olmos y doña Gracia Fernández Moya (GS), sobre incorporación de Médicos APD, de cupo y zona, según el artículo 10.cuatro del Real Decreto-ley 16/2012 ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Justicia
161/002054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial y afectación al ámbito territorial de Canarias, para su debate en Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El ministerio de Justicia ha dado a conocer la propuesta de texto articulado de dos leyes: la de Demarcación y Planta Judicial y la Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que
formula continúa la senda de las reformas de la Administración que viene proponiendo el Gobierno del Partido Popular. Como en otras, ignora a los ciudadanos/as, a la Constitución y a las competencias que los Estatutos reservan a las Comunidades
Autónomas, y con el pretexto de un supuesto ahorro, se reduce además la Administración y se desmantelan los servicios públicos. Hay que destacar que la presentación de la propuesta se hace incumpliendo el artículo 152.1 de la Constitución Española,
además del artículo 35 de la LOPJ que obligan al ministro de Justicia a recabar informe sobre la propuesta a las distintas Comunidades Autónomas y contar con la opinión de las mismas para elaborar el Anteproyecto.
Se trata ahora de dar, desde las instituciones, una respuesta adecuada a estas reformas legislativas, al considerarlas regresivas y lesivas para los justiciables y operadores jurídicos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reivindicar la opinión de las Comunidades y el respeto a la titularidad de las competencias que concurren.
- Mantenimiento de la demarcación y planta judicial vinculada a los territorios, garantizando los partidos judiciales y suprimiendo que su ámbito territorial sea provincial.
- Dejar sin efecto la recentralización que el nuevo texto legal lleva a cabo en las capitales de provincia.
- Mantenimiento de las audiencias provinciales y de los Juzgados de Paz, e
- Implantación de los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva Oficina Judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-José Segura Clavell, Patricia Hernández Gutiérrez, Sebastián Franquis Vera y Pilar Grande Pesquero, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a continuar con la
modernización de la Administración de Justicia especialmente de la oficina judicial, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Plan de Acción de la Administración de la Justicia 2012-2014, a día de hoy en desarrollo, responde a la especial situación económica por la que atraviesa nuestro país y a las solicitudes de los sectores relacionados con la Justicia con el
fin de dar un mejor servicio a los ciudadanos. La importancia de las reformas que se están acometiendo en la Administración de Justicia radica en su condición de pieza elemental del sistema de derechos y deberes fundamentales. Sobre la misma se
asientan, además, principios como la seguridad jurídica o la confianza en el tráfico jurídico, tan importantes para revitalizar la actividad económica.
Es conveniente subrayar, por otro lado, que otras experiencias pasadas relacionadas con la modernización de la Administración de Justicia han demostrado que fijar un presupuesto para acometer esta reforma no es garantía de éxito.
Concretamente, con el Plan estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2011 se invirtieron alrededor de 388 millones de euros y se contempló el desarrollo de 96 proyectos, que en su mayoría ni llegaron a ver la luz.
El nuevo sistema de modernización de la Administración de Justicia, que se articula en torno al Plan de Acción de la Administración de la Justicia 2012- 2014, tiene su raíz en los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia para la
presente legislatura, especialmente en cuanto a la eficacia y eficiencia en la gestión y el funcionamiento; se centra, por tanto, en las actuaciones dirigidas a la transformación del modelo organizativo, la coordinación de actuaciones, la
modernización de las infraestructuras tecnológicas y la mejora de la gestión. Se trata de un Plan eficiente, con el que se facilita el diagnóstico de los problemas a la vez que la búsqueda y puesta en práctica de soluciones.
El Grupo Parlamentario Popular apoya esta acción del Gobierno y solicita que se adopten medidas concretas para avanzar en la implantación de la oficina judicial. Tal y como indica la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Oficina Judicial es 'la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales'.
Los objetivos de su creación fueron los siguientes:
- Conseguir una Administración de Justicia que garantice una tutela judicial efectiva accesible, rápida y que asegure una adecuada defensa de los derechos de todos los ciudadanos.
- Lograr que la Administración de Justicia sea un servicio público de calidad, dotado de una organización adecuada, de profesionales altamente cualificados y de los medios materiales y técnicos precisos para desempeñar su misión de modo
ágil, efectivo, accesible y atento con la ciudadanía.
- Consagrar un modelo de cooperación y coordinación eficaz con todas las instituciones que participan en el ámbito de la justicia y con la comunidad internacional en su conjunto.
La implantación de la oficina judicial se inició el 10 de noviembre de 2010 con la entrada en funcionamiento de las Oficinas Judiciales de Burgos y Murcia. Sin embargo, el planteamiento erróneo con
el que se ha ido realizando ha conducido en muchos casos a su fracaso. Es por ello que hacía falta un nuevo planteamiento del modelo de oficina judicial en el que el Ministerio de Justicia ha estado trabajando.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar modernizando la Administración de Justicia bajo la premisa de eficiencia y eficacia de los medios de que dispone, y en consecuencia, a proseguir y extender territorialmente la
implantación del nuevo esquema de oficina judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reforma de la Demarcación y Planta Judicial y afectación al ámbito territorial de Castilla-La Mancha, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la Propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial elaborada por la Comisión Institucional a la que se encomendó su redacción.
El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto también por una Comisión
Institucional designada al efecto, como es el caso de esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció,
sembrando la confusión, que no hacía suyo el texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de expertos, para no asumir su directa
responsabilidad.
La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la
Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos.
El Ministro de Justicia viene afirmando, como hizo el 9 de julio pasado en Valladolid, que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura
se extrae que la 'implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquél deberá localizarse en los
edificios e instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas' que estarán sólo radicadas en las capitales de provincia según se deriva del articulado de la propuesta de texto articulado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y de los Anexos de la propuesta de demarcación y planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario y obstaculizador del acceso a la tutela judicial.
Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas.
En caso de llevarse a cabo, la Comunidad de Castilla-La Mancha se vería afectada y sufriría un nuevo ataque a los servicios públicos que se prestan a las ciudadanos, ya que ha de tenerse en cuenta que
Castilla-La Mancha tiene una extensión cercana a los 80.000 kms cuadrados y apenas dos millones de habitantes, repartidos en 919 municipios.
Cualquier propuesta para merecer una mínima consideración tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad
existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc., y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas en una propuesta de la propia Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
A esto se añade que la propuesta recogida en el texto del Ministerio de Justicia, pretende suprimir las Audiencias Provinciales. En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con cinco Audiencias Provinciales (Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Toledo). Son los órganos jurisdiccionales colegiados de mayor rango en las diferentes provincias castellano-manchegas y tienen competencia en apelación y segunda instancia sobre todos los procesos y sentencias provenientes de los
juzgados de la región.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.
2. Elaborar una nueva propuesta que tenga en cuenta las distintas competencias que concurren, respetando la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales, que son 31 en el caso de Castilla-La
Mancha, dejando sin efecto la recentralización que llevaría a cabo en las cinco capitales de provincia.
3. Mantener las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos.
4. Implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio
público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Magdalena Valerio Cordero, Alejandro Alonso Núñez, José María Barreda Fontes, Isabel Rodríguez García, María Guadalupe Martín González, Manuel González Ramos y Luis Carlos
Sahuquillo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
elaboración de un Informe anual sobre los procesos de valoración de desempeño del personal militar profesional para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la carrera militar, para su debate ante la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El artículo 81 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece que el informe personal de calificación (IPEC) es la valoración objetiva que permite apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, competencia y forma de
actuación profesional del/la militar y facultó al Ministro de Defensa para que determinase sus normas reguladoras con indicación expresa de los procedimientos de alegación de que dispondrá el/la militar objeto del informe.
Es la Orden ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, la que determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales de calificación y la que reguló todo el proceso de calificación del/la militar; así como la composición de
las Juntas de Calificación, su régimen de actuación, la periodicidad de los informes y los motivos de la calificación.
Establece la Orden el objeto y ámbito de aplicación, y cataloga la información trascendente que permite determinar las cualidades, el desempeño profesional, la capacidad de liderazgo y las potencialidades de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Este instrumento se convierte en un elemento básico en los procesos de evaluación que afectan al personal militar a lo largo de su carrera, tanto para ascensos como para la provisión o designación de destino.
Como pone de manifiesto la Ley 39/2007, para los procesos de ascenso el orden de escalafón de los interesados juega un papel cada vez menos relevante mientras adquiere magnitud los sistemas 'de elección' y 'clasificación', ambos derivados de
un proceso de evaluación que mide el nivel de conocimientos, aptitudes, habilidades, capacidades físicas, etc. Esta circunstancia hace necesario contar con elementos que permitan valorar el impacto de dichos informes, ya que se constituyen en el
elemento clave para determinar las aptitudes para el ascenso al empleo superior, provisión de destinos o para seleccionar los asistentes a cursos.
Más allá de la imparcialidad que se le supone al informe personal de calificación como valoración objetiva de unos conceptos predeterminados, es necesario garantizar y certificar que no se producen inercias, usos o prácticas discriminatorias
que supongan un obstáculo a la promoción de las mujeres en la carrera militar.
La realización de informes que permitan identificar cómo favorece u obstaculiza -en términos de igualdad entre mujeres y hombres- el procedimiento y las normas de valoración estipuladas en la Orden ministerial 55/2010, de 10 de septiembre,
encajaría en la filosofía de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando señala la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad como manifestación clara de la desigualdad
real e insta a la identificación y remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El Congreso de los Diputados, en aras a identificar automatismos o inercias que en los procesos de valoración de desempeño del personal militar profesional supusiesen prácticas discriminatorias por razón de sexo, insta al Gobierno a
realizar un informe anual acreditativo de los resultados generales de los informes por sexo, ejército, y Junta de Valoración, sobre los resultados de todos los indicadores de valoración global (generales y por apartado) incluyendo el número de
alegaciones por desacuerdo en la valoración y las modificaciones de los resultados vía alegaciones, desglosado, en ambos casos, por sexo.
2. Dicho informe ha de estar referido a las evaluaciones del Consejo Superior del Ejército y las Juntas de Valoración, así como las evaluaciones de los centros de formación militar y cualquiera otra que compute para la provisión, asignación
de destino y/o concesión de ascensos.
3. Asimismo, dicho informe recogerá la información relativa a estas valoraciones desde el 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Orden ministerial 55/2010, de 10 de septiembre.
4. El informe será remitido al Congreso de [os Diputados, mediante comunicación para su traslado y debate en la Comisión de Defensa, de acuerdo con las previsiones que a tal efecto recoge el Reglamento de la Cámara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
potenciación del papel y de la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas y perspectiva de género, para su debate ante la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Hace 25 años, se inició la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas en igualdad plena. El año 1988 marcó un hito significativo en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con la aprobación por parte de un Gobierno
Socialista del Real Decreto-ley 1/1988, de 22 cíe febrero, par el que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, decisión que aportó un carácter normalizador a uno de los estamentos estatales más alejados hasta aquel momento de
las cuestiones relacionadas con la igualdad de género.
La incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas ha impulsado una importante modificación normativa para adecuar al principio constitucional de igualdad las condiciones de acceso, promoción y permanencia de mujeres en el Ejército de Tierra,
la Armada, el Ejército del Aire y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Estas modificaciones normativas culminan con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que a su vez genera la consolidación de la igualdad de oportunidades en las Fuerzas Armadas
dedicando su Capítulo IV a este ámbito y recogiendo en su artículo 65 sobre el respeto del principio de igualdad que 'las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en
especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas'. De igual forma, en el artículo 66 del mismo capítulo, sobre aplicación de las normas referidas al personal de las Administraciones
públicas obliga a la aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica, de las normas referidas al personal de las Administraciones públicas en materia de
igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Igualmente significativa es la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, concluyendo un conjunto de modificaciones legislativas ha dado lugar a que en un periodo relativamente corto de tiempo, las Fuerzas Armadas españolas
hayan sido objeto de una profunda transformación en relación con su composición, El ámbito de la Defensa, tradicionalmente masculinizado, ha realizado un cambio en su configuración trabajando para la integración de las mujeres en condiciones de
igualdad con sus compañeros varones.
Uno de los aspectos esenciales en esta rápida transformación lo constituye la creación de estructuras que reflejan rigurosamente los datos relacionados con la situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas. De especial relevancia el Centro
de Estudio sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas y su posterior cambio de denominación y asignación de funciones a través de la Orden ministerial 51/2011, de 28 de julio, por la definición más adecuada de Observatorio militar para la
igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.
Es a través de este Observatorio como se realiza el seguimiento de la incorporación de las mujeres en el campo de la Defensa y constituye el organismo que revela las desigualdades que aún persisten. Su finalidad fundamental es analizar y,
en su caso, hacer sugerencias sobre la incidencia que en los hombres y en las mujeres tiene el conjunto de actividades que conforman el ingreso, la enseñanza, la carrera, la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los miembros de
las Fuerzas Armadas.
Se constata, a través de los datos, que la equiparación legal no garantiza la igualdad real y, en la estructura de las Fuerzas Armadas, aunque en los años que siguieron a la regulación del ingreso de mujeres su presencia creció de forma muy
significativa, en la actualidad suponen únicamente el 12,4 % de los militares y un 16,9 % de los efectivos de tropa y marinería mientras su porcentaje es muy inferior entre los cuadros de mando: 7,3 % de oficiales y 3,2 % de suboficiales.
Otros aspectos como la escasa presencia femenina en los contingentes en el extranjero, o la dificultad de conciliación de la vida familiar y laboral, obstáculo fundamental en la carrera profesional de las mujeres
en las Fuerzas Armadas, señalan un fuerte impacto de las desigualdades que todavía perviven. A ello se añade la dificultad de acceso a seguros médicos en supuestos de modificaciones contractuales.
De igual manera, el riesgo de acoso sexual, sobre el cual en la última década los tribunales castrenses han dictado 25 condenas por abuso de autoridad o trato degradante, mientras que la Fiscalía togada ha intervenido desde 2010 en 86
procedimientos o diligencias por este delito, forma parte de las desigualdades a que se enfrentan las mujeres en las Fuerzas Armadas.
De todo ello se deduce la necesidad de incrementar los esfuerzos para modificar las condiciones desfavorables que afectan y condicionan el acceso, la permanencia, la diversificación profesional y la promoción de las mujeres en las Fuerzas
Armadas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un estudio del proceso de integración de la mujer en las Fuerzas Armadas y su actual situación contemplando la implantación de medidas de acción positiva.
2. Seguir efectuando cuantas reformas legislativas, reglamentarias y de gestión sean necesarias para asegurar en las Fuerzas Armadas la asunción y aplicación del principio de igualdad de género al que se refiere el artículo 6 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y el artículo 4 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de deberes y derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas.
3. Establecer medidas de estímulo y campañas de captación, así como de remoción de obstáculos con la revisión de las pruebas físicas exigidas en el acceso, con objeto de aumentar el porcentaje de incorporaciones de personal femenino a las
Fuerzas Armadas en las plazas que se convoquen, tanto en los centros de formación de oficiales y de suboficiales como en tropa y marinería. Deberán establecerse los mecanismos para que, al menos, el porcentaje de mujeres aspirantes sobre el total
de presentados se mantenga en el de admitidas sobre el total de ingresados.
4. Seguir impulsando los Planes que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
5. Relanzar un nuevo programa para la creación y puesta en funcionamiento de centros educativos infantiles.
6. Reforzar la protección penal y disciplinaria, y aplicarla con el máximo rigor, en todos los hechos que puedan ser considerados como de acoso sexual o que puedan afectar a la libertad sexual de las mujeres tanto a sus autores como a
aquellos mandos o compañeros que los toleran.
7. Aumentar progresivamente la presencia de mujeres en los órganos de evaluación a los que se refiere el Capítulo IV del Título V de la Ley de la carrera militar teniendo siempre presente la aplicación del criterio de género.
8. Reforzar en los planes de estudios de la enseñanza militar el tratamiento de los asuntos de género e igualdad.
9. Acercar el porcentaje de mujeres participantes en operaciones al del correspondiente en cada uno de los Ejércitos.
10. Incorporar en todo caso la perspectiva de género en el planeamiento y ejecución de las operaciones de las Fuerzas Armadas y de gestión de crisis.
11. Aplicar las medidas anteriores y otras complementarias en el marco y coadyuvando a los objetivos de la Resolución 1325 de Naciones Unidas del año 2000 sobre mujer, paz y seguridad.
12. Potenciar el Observatorio militar para la igualdad en el ejercicio de sus responsabilidades, el cual elaborará un informe anual que será remitido al Observatorio de la vida militar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Gabriel Echávarri Fernández y Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para una implementación equitativa de las tasas aeroportuarias bonificadas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Los últimos datos publicados el 7 de octubre por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) informan de la pérdida o incremento de pasajeros en los aeropuertos españoles durante el pasado mes de agosto.
Por tramos, entre los aeropuertos de 10 a 25 millones de pasajeros, el de Gran Canaria sufrió una caída en su número de viajeros del 4,7 %, mientras que Málaga y Palma de Mallorca registraron un aumento del 2,8 % y 1,5 %, respectivamente.
Para aeropuertos de entre 5 a 10 millones de pasajeros: Alicante (9,7 %), Lanzarote (4,7 %), Tenerife (3,1 %), Ibiza (1,7 %) y Girona (- 0,6 %).
En la categoría de más pequeños (menos de 5 millones de pasajeros) destacaron la bajada de Sevilla (16,7 %), así como las de Bilbao (10,5 %), Valencia (6,9 %), Tenerife (5,8 %) y Menorca (2,2 %), y los aumentos de Biarritz (1,5 %) y
Fuerteventura (0,3 %).
En cuanto a los dos grandes, Barcelona-El Prat mantiene un incremento del 0,8 % pero Madrid-Barajas lidera la pérdida de pasajeros con un 11,7 %.
Justo después de conocerse estos datos el Ministerio de Fomento y AENA han anunciado la aplicación para el ejercicio 2014 de un plan de bonificaciones dirigido a las aerolíneas que abran nuevas rutas y contribuyan al crecimiento del tránsito
aéreo.
Estas bonificaciones tendrían un presupuesto el primer año de 50 millones de euros y 25 millones en el 2015, calculándose un probable incremento de 4 millones de pasajeros fruto de tal medida.
Estas medidas han recibido ya algunas críticas y serias dudas sobre su efectividad.
Tanto la ministra como el presidente de AENA han insistido en señalar que las bonificaciones se aplicarán igual en todos los aeropuertos. Sin embargo, dado que los descuentos se aplicarán tanto en las salidas como en las llegadas, el
descuento para vuelos nacionales será doble. Y el tráfico doméstico tiene especial peso en Madrid-Barajas, por lo que es previsible que esta instalación lo aproveche más que otros.
En el pasado Fomento y AENA han apostado por el mantenimiento y incremento de tasas aeroportuarias o han cuestionado sistemas de bonificación de tasas aplicadas en diferentes aeropuertos como el de Girona o los de las Islas Canarias.
No deja de ser contradictorio que ahora se anuncie con suma celeridad un sistema de bonificaciones que, como se ha apuntado, puede suponer especial beneficio para un determinado aeropuerto.
El volumen de las tasas de los aeropuertos españoles tiene que ser proporcional a los costes que soportan las infraestructuras y de esta manera es inapelable que un aeropuerto como Madrid-Barajas, con inversiones como la T4 que supusieron
6.000 millones de euros o un coste de inversión (91 millones para el ejercicio 2014) y de gestión anuales elevados, tenga repercutidas unas tasas superiores a otros aeropuertos.
No sería justo que un nuevo sistema de bonificaciones primase el aeropuerto de mayor coste y que, por tanto, las otras infraestructuras tuviesen un que soportar un trato no equitativo.
Dado, además, que se pone en entredicho la efectividad del sistema de bonificaciones que ahora se pretende y que, en su conjunto, AENA ha de buscar la rentabilidad de todos sus aeropuertos, puede considerarse más útil, equitativo, práctico y
racional impulsar una medida que persiga la competitividad por igual de todas las instalaciones aeroportuarias.
En esta línea, pues, lo lógico y demandado es la aplicación de una reducción igual en las tasas de todos los aeropuertos españoles, con lo cual se impulsaría una medida y equitativa conjunta de estímulos, con el mismo e idéntico coste que se
ha previsto para el sistema de bonificaciones que ahora se ha anunciado.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Retirar el plan de bonificaciones propuesto y aplicar una rebaja lineal de las tasas por transporte de pasajeros en todos los aeropuertos gestionados por AENA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2013.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/002049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la Declaración de Excepcionalidad del Aeropuerto de San Sebastián, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Declaración de Excepcionalidad para el Aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia, anunciada en su día por el Ministerio ante la imposibilidad del cumplimiento de las dos normas técnicas 3.4.2 y 3.5.1. del Real Decreto 862/2009, de 14
de mayo, relativas a la norma internacional OACI que afecta a la longitud de la pista y a las franjas de seguridad en los extremos de pista (RESA), aún no se ha producido. Tampoco las preguntas, la petición del informe de AENA y la solicitud de
comparecencia de la Sra. Ministra para dar una explicación, presentadas por este Diputado del Grupo Parlamentario Socialista para activar el expediente, parecen haber surtido efecto en el Gobierno.
Lo cierto es que el expediente se va retrasando y se desconoce si el Estudio y valoración por parte de AENA ha concluido, encuentra algún tipo de problemas o simplemente se trata de un retraso en la resolución de la Declaración de
Excepcionalidad. Una decisión que es clave para la vida del Aeropuerto por sus especiales condiciones de ubicación, urbanísticas, afecciones medioambientales así como las limitaciones derivadas del Convenio Internacional con Francia. Tampoco se
puede olvidar el importante retraso que sufren las obras del proyecto ferroviario denominado 'Y vasca' y, por tanto, la llegada del tren AVE hasta Irún.
Por otra parte, la escasa disponibilidad de sistemas de transporte público de largo recorrido por avión y tren para la capital y buena parte de Gipuzkoa, las 5 h y 30 minutos de duración del viaje en tren -en el mejor de los casos- hasta
Madrid, el precio abusivo de las tarifas aéreas (612 euros para hacer el trayecto San Sebastián-Madrid-San Sebastián), la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del Aeropuerto para atender las actividades económicas, comerciales y turísticas
del Territorio, son razones para demandar una actitud diligente y eficaz del Ministerio de Fomento poniendo final a la incertidumbre existente en la ciudadanía guipuzcoana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar con urgencia la Declaración de Excepcionalidad para el Aeropuerto de San Sebastián de manera que permita el mejor aprovechamiento de sus instalaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la necesidad de no perder el servicio ferroviario que conecta la Ciudad de Tarragona y el sur de la provincia de Tarragona (Terres de l'Ebre), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En diciembre de este pasado 2012 la Ministra de Fomento, la Sra. Ana Pastor hacía público que en 2015 estaría implantado el ancho U1C en el tramo del Corredor Mediterráneo, Tarragona (Vandellós)-Castellón-Valencia-Almussafes, Una de las
consecuencias de dicha obra será que una vez finalizada tan solo existirá entre las localidades de Castelló y Vila-Seca (Tarragona) el ancho ferroviario del tipo mencionado.
Actualmente y por ancho ibérico el sur de la provincia de Tarragona (Terres de l'Ebre) está conectado con la ciudad de Tarragona gracias a las paradas que efectúan los trenes de Renfe-operadora en las estaciones de Ulldecona y en la de
Aldea-Amposta-Tortosa, entre otras. Como puede verse en el cuadro siguiente un día laborable cualquiera (13 de junio de 2013 ) con 15 trenes en un sentido y 16 en otro en dirección contraria.
Tarragona dirección Tortosa;Salida;Llegada;Duración
R. EXPRESS 18090;06.23;07.42;1 h. 19 min.
R. EXPRESS 18084;08.00;09.15;1 h. 15 min.
R. EXPRESS 18094;09.30;10.49;1 h. 19 min.
R. EXPRESS 18258;10.59;12.15;1 h. 16 min.
TALGO 01102;11.48;12.34;46 min.
R. EXPRESS 18052;13.36;14.48;1 h. 10 min.
TALGO 00460;14.47;15.37;50 min.
ALARlS 01142;15.55;16.39;44 min.
R. EXPRESS 18054;16.05;17.17;1 h. 12 min.
R. EXPRESS 18056;17.35;18.48;1 h. 13 min.
TALGO 00694;17.48;18.37;49 min.
TALGO 00264;18.53;19.38;45 min.
R. EXPRESS 18058;19.03;20.16;1 h. 13 min.
R. EXPRESS 18096;19.50;21.17;1 h. 27 min.
TALGO 01202;21.44;22.40;56 min.
Tortosa dirección Tarragona;Salida;Llegada;Duración
R. EXPRESS 18059;07.07;08.07;1 h.
R. EXPRESS 18051;09.09;10.03;54 min.
TALGO 00697;10.27;11.06;39 min.
R. EXPRESS 18093;10.41;11.37;56 min.
TALGO 01111;11.55;12.36;41 min.
R. EXPRESS 18053;12.07;13.01;54 min.
TALGO 00463;12.54;13.34;40 min.
R. EXPRESS 18055;14.35;15.31;56 min.
TALGO 00165;15.55;16.33;38 min.
Tarragona dirección Tortosa;Salida;Llegada;Duración
R. EXPRESS 18057;16.08;17.09;1 h. 1 min.
R. EXPRESS 18253;17.38;18.35;57 min.
TALGO 01171;17.55;18.40;45 min.
R. EXPRESS 18091;19.09;20.17;1 h. 8 min.
ALARIS 01391;20.25;21.11;46 min.
R. EXPRESS 18087;20.40;21.42;1 h. 2 min.
R. EXPRESS 18259;22.08;23.06;58 min.
Como puede verse en el horario, no solo se trata de trenes 'Regionales Express' sino también de trenes Talgo y Alaris que efectúan trayectos entre Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia.
El anuncio de la Ministra ha creado la lógica preocupación entre los ciudadanos y ciudadanas afectados, y en especial entre los de las 'Torres de l'Ebre' (Sur de la provincia de Tarragona) que hacen servir dichos servicios, al ver peligrar
el medio con el que se trasladan cada día a su lugar de trabajo, a la Universidad o sencillamente a hacer gestiones, pues la línea de ancho europeo no entra en la ciudad de Tarragona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que les Terres de l'Ebre (sur de la provincia de Tarragona) conserven los servicios ferroviarios que les unen con la ciudad de Tarragona, así como para que
los trenes Talgo y Alaris que efectúan trayectos entre Barcelona y Valencia sigan prestando servicios desde la estación urbana de Tarragona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2013.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ratificación del Convenio núm. 189 de la OIT y la Recomendación
núm. 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El 8 de mayo de 2013 la Comisión de Empleo y Seguridad Social aprobó por unanimidad una enmienda transaccional a la Proposición no de Ley de la Izquierda Plural sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número
201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
Dicha enmienda transaccionada y consensuada con todo los grupos de la Cámara instaba al Gobierno a: 'que en un plazo razonable evalúe la posibilidad de someter a ratificación el Convenio número 189 y la recomendación número 201 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos'.
En este sentido, es importante señalar que el pasado 5 de septiembre de 2013 entró en vigor el histórico convenio de la OIT, extendiendo los derechos laborales fundamentales a los trabajadores
domésticos de todo el mundo. Hasta la fecha, diez Estados Miembros de la OIT han ratificado el convenio (Alemania, Bolivia, Filipinas, Italia, Mauricio, Nicaragua, Paraguay, Guyana, Sudáfrica y Uruguay).
El Gobierno Español, a pesar del compromiso adquirido en sede parlamentaria, todavía no ha llevado la ratificación al Congreso, dejando a los trabajadores del hogar en condiciones de desigualdad con respeto al resto de sectores, en este
sentido cabe recordar que aunque la normativa española regula el empleo doméstico, los últimos cambios legislativos -Real Decreto 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y
otras medidas de carácter económico y social- han permitido, entre otros, que el empleador no tenga que dar de alta al trabajador doméstico cuando no llegue a las 60 horas, medida que sin duda incrementa la economía sumergida.
Es incomprensible que el Gobierno no ratifique un convenio dirigido a dignificar el trabajo del servicio doméstico a no ser que quiera retroceder en el reconocimiento de derechos de este sector, que a nivel estatal ocupa a 658.000 personas,
de las cuales un 90 % son mujeres. Según el movimiento laboral registrado el 54 % de las personas afiliadas al régimen del hogar son extranjeras.
Por último cabe recordar que la firma del Convenio además del compromiso formal que implica en lo relativo a legislar para hacer efectivo todas las disposiciones contenidas e informar periódicamente a la OIT de las medidas adoptadas, es
también un compromiso solidario puesto que cuantos más países lo ratifiquen mayor será su implantación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin más demoras, el Convenio núm. 189 de la OIT y la Recomendación núm. 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora del contrato a tiempo parcial, para su debate en la Comisión
de Empleo y Seguridad Social.
Desde su regulación inicial en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, el contrato a tiempo parcial ha vivido numerosas modificaciones. Su objetivo inicial era, y teóricamente continúa siendo, dar respuesta a las necesidades empresariales
que requieren mayor flexibilidad en la duración de la jornada de trabajo o su distribución semanal, mensual o anual. Pero a lo largo de estos años, casi todos los cambios legales producidos lo han sido en la dirección de una mayor desregulación en
su uso, con el argumento de hacerlo más atractivo a las empresas. El resultado de este proceso de desregulación ha sido una permanente degradación de las condiciones de trabajo de las personas que tienen contratos a tiempo parcial, así como su uso
abusivo o en fraude de ley por parte de determinadas empresas y sectores empresariales.
Además esta desregulación comporta una gran dificultad, cuando no imposibilidad, de establecer mecanismos adecuados de control del cumplimiento de la Ley por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en consecuencia un mayor
riesgo de fraude en su utilización.
El resultado de este proceso es que cada vez las empresas lo utilizan más, no para satisfacer necesidades de flexibilidad organizativa de la producción de bienes y servicios, sino para eludir el cumplimiento de las condiciones ordinarias del
contrato de trabajo.
De otra parte es una modalidad contractual cada vez menos atractiva para los trabajadores, por la degradación de condiciones de trabajo que comporta. Ello lo confirma el hecho que según los datos de
la EPA de 2012, el 73.6 % de los hombres, y el 53 % de las mujeres, que tienen un contrato a tiempo parcial lo hacen de manera no voluntaria, sino impelidos por la imposibilidad de disponer de otro tipo de contrato. Ello tiene además un
importante impacto de género dada la concentración de esta modalidad contractual en las mujeres. Del total de puestos de trabajo cubiertos por contratos a tiempo parcial, el 72 % están ocupados por mujeres según datos del 2.º trimestre de 2013 de
la EPA.
Los cambios introducidos por la Reforma Laboral de la Ley 3/2012 han agravado este proceso al permitir la realización de horas extraordinarias, de manera que se está generalizado su uso, no como mecanismo de creación de empleo o de reparto
solidario del trabajo, sino como forma de precarización, vía desregulación del contrato de trabajo.
Además se está produciendo un proceso de conversión obligada y fraudulenta de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, utilizando la nueva facilidad para realizar horas extraordinarias como mecanismo para disponer de un
contrato a la carta, con jornadas de plena disponibilidad unilateral por parte de las empresas. De hecho, la nueva regulación del contrato a tiempo parcial se ha convertido en el principal instrumento de las prácticas de 'flexifraude' laboral, con
consecuencias graves en el terreno de la vulneración de los derechos de los trabajadores y también de fraude a la seguridad social.
Vale la pena destacar que el aumento en el uso del contrato a tiempo parcial se produce al mismo tiempo que se reduce el volumen de contratos a tiempo completo, especialmente los indefinidos y en paralelo un aumento de la realización de
horas extraordinarias. A ello contribuye que la regulación actual no contiene exigencia para que en el contrato de trabajo se haga constar el horario de trabajo a realizar ni la obligación de comunicar con carácter previo los cambias que se puedan
producir en el horario de trabajo inicial, fijado en el contrato.
La actual regulación propicia todo tipo de abusos que se manifiestan especialmente a través de cuatro formas de fraude. Trabajadores a quienes se obliga a modificar el contrato a tiempo completo por contrato a tiempo parcial, contra su
voluntad. Trabajadores a quienes se obliga a prolongar su jornada de trabajo o a variar su horario. Trabajadores a los que no se abona la prolongación extraordinaria de su jornada de trabajo. Trabajadores a los que se abona esta prolongación,
pero de manera no declarada, sin incluirla en las bases de cotización de la seguridad social del trabajador.
A ello contribuye y mucho los cambios introducidos por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Con anterioridad a la Reforma Laboral, las horas extraordinarias estaban vedadas y solo era
posible la realización de horas complementarias con el límite del 15 % de la jornada pactada en el contrato de trabajo. Después de la Reforma laboral, aprobada por Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, y después convertido en la Ley mencionada, se permite la realización de horas extraordinarias.
La no exigencia explícita de hacer constar en el contrato de trabajo el horario del trabajador, comporta grandes dificultades, cuando no imposibilidad de ejercer el control de los incumplimientos, abusos y fraudes por parte de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
El resultado es que mientras asciende el número de personas con contrato a tiempo parcial, asciende también desde el 2.º trimestre del 2013 el número de horas extraordinarias realizadas en un 13 % y asciende también el número de horas
extraordinarias realizadas y no pagadas por la empresa en un 18 %, según detecta la EPA.
No deja de ser sorprendente que en las sucesivas reformas de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) se haya incorporado como causa de sanción el hecho de no notificar con carácter previo al Servicio de Empleo Público
Estatal (SEPE) los cambios producidos en la aplicación de los ERES de reducción de Jornada o suspensión de contratos de trabajo, sin que en cambio se haya incorporado la obligación de comunicar los cambios producidos en el desarrollo horario de los
contratos a tiempo parcial.
No quisiéramos pensar que esta diferencia en el trato normativo sea porque en el primer caso, se trata de un fraude en la percepción de las prestaciones de desempleo que ocasiona un mayor gasto. Y en el segundo supuesto, no tipificado, se
trata de un fraude que afecta a los ingresos por la vía de menos ingresos.
Otra de las sinrazones de la política del Gobierno, es el impacto ocasionado en las prestaciones por desempleo, derivadas de los contratos a tiempo parcial. Mientras las prestaciones contributivas han visto reducidas su cuantía en un
volumen cercano al 20 %, en el caso de las prestaciones asistenciales de desempleo, derivadas de contrato a tiempo parcial, la reducción de su cuantía alcanza el 50 %.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover los cambios legislativos que garanticen la correcta utilización del contrato a tiempo parcial. Y entre ellos:
a) Prohibir la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, ya que las necesidades de flexibilidad de las empresas se resuelve mediante la utilización de la figura de horas complementarias limitadas.
b) Incorporar como contenido básico del contrato de trabajo a tiempo parcial la consignación de los días en que se presta servicio y el horario ordinario. Estableciendo que en caso contrario se presumirá concertado por tiempo completo.
c) Establecer la obligación legal de comunicar al trabajador afectado y al SEPE, con carácter previo, los cambios que se puedan producir en el horario establecido inicialmente en el contrato de trabajo a tiempo parcial.
d) Introducir como falta y causa de sanción el no cumplimiento de la obligación de comunicar con carácter previo a trabajador y SEPE los cambios en el horario inicial del trabajador.
2. Promover la reforma del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaría y de fomento de la competitividad, por el que se reduce el importe del subsidio asistencial de desempleo para
aquellos beneficiarios provenientes de un contrato a tiempo parcial. Recuperando la regulación anterior y el derecho a la percepción integra de los 426 euros mensuales, dada su condición de subsidio asistencial de supervivencia.
3. Poner en marcha campañas específicas de control del fraude en los contratos a tiempo parcial, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
tratamiento de Galiza en el Plan del Carbón 2013-2018 y en el PL del Sector Eléctrico, para su debate en la Comisión de Industria.
Exposición de motivos
Las dos centrales térmicas gallegas han quedado definitivamente sentenciadas con el nuevo Plan del Carbón 2013-2018, formando parte del ámbito territorial establecido en el mismo tan solo con carácter excepcional. Aunque el BNG siempre ha
considerado que el cupo de producción que el carbón español precisa no puede ser a cuenta exclusivamente del carbón importado y debe ser compartido por todas las tecnologías de producción eléctrica (nuclear, hidráulica, gas natural, etc.), el
tratamiento específico para el carbón español, en detrimento del carbón importado que se establece en el Plan, marca claramente el rumbo que han de seguir las térmicas gallegas de Meirama y As Pontes y que no es otro que el de reducir su producción.
El Gobierno no ha tenido en cuenta en ningún momento la importancia del sector energético en Galiza, al que ha venido aplicando durísimas medidas como la eliminación de primas en el sector de las
energías renovables, la suspensión del registro de preasignación que, entre otras consecuencias, supuso la práctica eliminación de las fábricas del sector eólico, la modificación de la interrumpibilidad, etc.
Ahora, esta medida se da en el momento en el que las centrales térmicas deben decidir si acomenten una gran inversión para cumplir la Directiva de Emisiones Industriales, que fija el plazo de esta decisión en el primero de enero de 2014 y
que, de no ser así, restringe su funcionamiento a 17.500 horas o hasta el 31 de diciembre de 2023.
Las minas de Meirama y As Pontes están en fase de cierre porque ya no tienen actividad extractiva, pero esta no concluye hasta que las labores de restauración no finalicen y, mientras, forman parte necesaria de la vida de la mina. Formal y
oficialmente, la mina de As Pontes está en fase de cierre hasta el 2016, tal y como se recoge en el Plan de Cierre de la Mina, aprobado por la Xunta de Galiza el 10 de noviembre de 2008. De hecho, todavía hay trabajadores realizando estas
actuaciones que, al no formar parte del nuevo Plan, no tendrán derecho a acogerse a las ayudas por costes sociales (prejubilaciones).
A este respecto, en la mina de As Pontes ya se produjo en el Plan anterior 2006-2012 una situación única en todo el Estado al rechazar el Ministerio el derecho a la prejubilación de 30 trabajadores que ahora, en este nuevo Plan, tampoco ven
aclarada y contemplada su excepcional situación.
Por otra parte, tanto Meirama como As Pontes están ubicadas en comarcas altamente dependientes de la minería y, sin embargo, el trato que reciben en el Plan 2013-18 es claramente injusto en relación con otros territorios mineros del Estado y
confirma la discriminación que han venido sufriendo desde el I Plan del Carbón 1998-2005. Así, se contempla, como uno de los objetivos del nuevo Plan el de 'promover actuaciones que colaboren a la reactivación de las Comarcas Mineras, así como la
mejora del medio ambiente mediante actuaciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida en las mismas'. Sin embargo, Galiza, ya en el Plan 1998-2005 no recibió 140 millones de euros que le correspondían por infraestructuras, según la
propia fórmula de cálculo de ese Plan que estaba ligada a la pérdida de empleo directo en la mina. Posteriormente, en el Plan 2006-2012, tampoco el Ayuntamiento de As Fontes recibió ni un solo euro cuando le correspondían 53 millones de euros.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Compartir entre todas las tecnologías del sector eléctrico el cupo del 7,5 % que se reserva para el carbón español en el mix energético contemplado en el Plan del Carbón 2013-18.
- Cumplir los compromisos pendientes con Galiza derivados de los Planes del Carbón 1998-2005 y 2006-2012 correspondientes a infraestructuras.
- Tener en cuenta la especificidad de Galiza como exportadora neta de energía, accediendo a una tarifa más baja, en el nuevo Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
influencia de las distintas modificaciones del sector energético en la empresa siderometalúrgica MEGASA, de Narón (A Coruña), para su debate en la Comisión de industria.
Exposición de motivos
Metalúrgica Galaica (Megasa) es una empresa siderometalúrgica, fundada en el año 1953 en Narón (A Coruña). Su actividad fundamental es una fundición de acero en horno eléctrico para la elaboración de acero corrugado, chatarra y otros
elementos de construcción. Además, es uno de los mayores operadores del puerto de Ferrol por donde salen, cada año, unas 400.000 toneladas de material.
En la actualidad cuenta con 190 trabajadores directos y cerca de 1.000 indirectos (transportistas, estibadores, distribuidores, etc.). La energía es su principal coste de transformación, llegando al 30 % sobre sus costes totales. De esa
porcentaje, un 75 % corresponde a la energía eléctrica y otro 25 % al gas natural.
Por este motivo tienen una gran influencia en esta empresa las modificaciones producidas en el sector energético, después de la aprobación de la Orden IET/2804/2012, de 27 de diciembre, que modificaba la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio,
por la que se regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibílidad para los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción.
Con la publicación de esa Orden, el Ministerio de Industria modificó substancialmente los costes energéticos para grandes industrias acogidas al servicio de interrumpibilidad, en el caso de Galiza, para Alcoa. Sin embargo, como recoge
explícitamente el Informe 27/2012 de la Comisión Nacional de Energía, este cambio permitiría ampliar de 6 usuarios en el Estado a otras 29 empresas que, incrementando la potencia, podrían acogerse a los nuevos beneficios económicos.
La interrumpibilidad, que forma parte de los costes del sistema eléctrico, es decir, que pagan solidariamente todos los consumidores/as, se justifica por la necesidad del sistema eléctrico de tener empresas gran consumidoras que, por
necesidades del propio sistema (fundamentalmente porque la demanda pueda ser superior a la capacidad de producir), están en disposición de desconectarse y así favorecer el normal funcionamiento del sistema.
Ahora mismo en el Estado hay unos 105.000 Mw de potencia instalados y el máximo consumo fue en el año 2007, con una demanda de 44.000 Mw/h. Es decir, en estos momentos hay casi el doble de capacidad de producir que de consumir. Es cierto
que hay mucha potencia nueva en el sector de las renovables, que no es predecible, depende mucho de la climatología, pero, de los 105.000 Mw, podemos considerar que entre 60.000 y 70.000 son firmes, no sujetos a incertidumbres atmosféricas.
Durante el año 2012 hubo 30 órdenes de interrumpibilidad pero sólo para comprobar el perfecto funcionamiento del sistema. Sin embargo, el método chapucero y no planificado de intervención en el sector eléctrico por parte del Gobierno,
genera nuevos problemas como el de Megasa.
En este sentido, tenemos que recordar que el Real Decreto-ley 13/2012, en su artículo 13, pretendía rebajar la retribución de interrumpibilidad en un 10 %, pasando de 562 ME/anuales a 505 ME/anuales y que, sólo 9 meses después, el Gobierno
aprobó la Orden IET/2804/2012, que incrementa el gasto en esta partida. Todo un ejemplo de la errática política en el sector eléctrico.
Con la publicación de la última Orden mencionada, pueden acogerse a este servicio las empresas con una potencia contratada de 100.000 kW y el descuento pasa de los anteriores 20 E/Mwh a 35 E/Mwh, una rebaja muy importante que, como preveía
la CNE, podría provocar que nuevas empresas con una potencia muy próxima a los 100.000 kW considerasen esta modificación como un incentivo para incrementar su potencia, pues el beneficio de una tarifa más baja es superior al incremento de costes por
aumento de potencia. Claro está que esta situación sólo se puede dar en los casos de empresas con potencias medias en un rango de variación del 10 %, es decir, en los 29 suministros que ya preveía el Informe de la CNE.
Entre estos posibles nuevos clientes, con el incremento de potencia necesario, está la empresa Celsa, competidora directa de Megasa, y que ahora tiene unos precios energéticos más bajos. Por eso, la situación de Megasa, con una potencia
contratada de 85.000 kW, lejos de la prevista en la última modificación legal, es muy difícil. Además, Megasa compró en el año 1995 la sociedad portuguesa Siderurgia de Productos Largos, con dos fábricas, una en Seixal, cerca de Lisboa y otra en
Mala, cerca de Porto, lo que le puede permitir una fácil deslocalización.
A la situación anteriormente descrita, tenemos que sumar la incertidumbre que crea la propuesta de Orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación de gestión de la demanda de interrumpibilidad para consumidores que
adquieren su energía en el mercado de producción, presentada en la CNE el pasado 17 de julio. En ella se establece un mecanismo de subasta para la asignación de dicho servicio gestionado por el operador del sistema y se fijan dos tipos de productos
a subastar en función de la potencia: El producto de bloques de reducción de demanda de 5 Mw como mínimo y el producto de reducción de 90 Mw como mínimo, con muy alta disponibilidad. Con esta propuesta, el Gobierno, desdiciéndose de la Orden de
2012, pretende ahora un ahorro de 200 ME/anuales pero sin aclarar si va a seguir alterando gravemente las condiciones de mercado para empresas industriales que trabajan en el mismo sector.
Por todo lo expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados/as insta al Gobierno:
A tomar las medidas oportunas para que la futura subasta para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibildad del sector eléctrico no produzca situaciones de competencia desigual entre empresas industriales del mismo
sector, tal y como sucede ahora mismo con la empresa Megasa de Narón (A Coruña), en aplicación de la actual Orden ITC/2804/2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de adoptar medidas destinadas a asegurar un futuro a la flota gallega cefalopodera, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
Exposición de motivos
El pasado 8 de octubre el Parlamento europeo aprobó el nuevo Acuerdo de Pesca entre la UE y Mauritania. Un acuerdo pesquero nefasto para la flota cefalopodera gallega puesto que la excluye por completo de poder pescar en aguas mauritanas.
Sin embargo, y a pesar del duro golpe a los pescadores de Galicia, a la hora de la votación en el plenario de la eurocámara, no todos los eurodiputados del estado español lo hicieron en contra, y hubo división de posturas entre los
representantes de las dos formaciones políticas mayoritarias cuyos europarlamentarios no votaron en bloque en contra de dicho acuerdo pesquero.
Finalmente, el Acuerdo de Pesca fue aprobado por 467 votos a favor, 154 en contra y 28 abstenciones. Se trata del Convenio más importante en volumen y variedad de especies de los negociados por la UE con terceros países. Un Convenio por el
que la UE pagará a Mauritania 70 millones de euros al año.
La exclusión de los cefalopoderos gallegos es una pésima noticia para los pescadores de Galicia que cada vez ven más reducidas sus posibilidades de faenar. La situación de esta flota es preocupante después de 14 meses amarrada a puerto sin
poder trabajar y sin perspectivas de futuro. Por eso es importante que el Gobierno español presione a la UE para que cuanto antes procure acuerdos pesqueros con otros países que ofrezcan posibilidades de pesca a la flota gallega.
Se necesitan caladeros alternativos. En ese sentido, se piensa en Senegal o Guinea-Bissau, donde podrían pescar los cefalopoderos gallegos.
Mientras tanto el Gobierno español debería tranquilizar a los cefalopoderos y mantenerles las ayudas mientras no encuentren otras alternativas de pesca.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Presionar a la UE para que agilice los Acuerdos pesqueros con terceros países como Senegal, y desbloquee el Protocolo firmado con Guinea-Bissau a fin de ofrecer caladeros compensatorios de pesca a la flota gallega cefalopodera excluida del
Acuerdo de Pesca UE-Mauritania.
- Mantener las ayudas a los cefalopoderos de Galicia mientras no se les garantice otros caladeros alternativos de pesca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
falta de partida presupuestaria para el 2014 destinada a la regeneración medioambiental de la ría de O Burgo-A Coruña, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En el pasado mes de febrero, la delegación de eurodiputados que visitó la ría gallega de O Burgo-A Coruña, certificó lo que los mariscadores de la zona, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de A Coruña y el propio BNG vienen denunciando
desde hace años. Una situación de deterioro medioambiental que el propio presidente de la delegación europea calificó de 'escándalo' y que ha provocado ya sanciones de la UE al Estado español.
La presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 evidencia, una vez más, el nulo interés del Gobierno por acometer la regeneración de dicha ría: Cero euros es la partida destinada a esa acción en el
2014. Cero euros que ponen de relieve la desidia del Gobierno español que, junto con el de la Xunta de Galiza, están llevando a los trabajadores del mar en esa zona a su desaparición definitiva. Cero euros que hacen inviable el cumplimiento de los
objetivos de la Directiva Marco del Agua, centrados en conseguir el buen estado de las masas de agua para el año 2015 y promover su uso sostenible. Cero euros que paralizan la continuidad de los importantes fondos europeos recibidos en los últimos
años para tal fin.
El proyecto para la retirada de los lodos de materia orgánica y fecal depositados en la ría de O Burgo, que alcanzan casi los dos metros de altura, ha sufrido continuas demoras y modificaciones. El Gobierno, en respuesta del mes de febrero
a esta Diputada, indicaba que se habían llevado a cabo nuevas muestras por parte del Centro de Experimentación y Obras Públicas (CEDEX), y el propio jefe de la Demarcación de Costas en Galiza trasladó al colectivo de mariscadores que SUS resultados
-base para la redacción del proyecto de regeneración medioambiental de la ría- se harían públicos en el mes de septiembre.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Iniciar con carácter urgente la redacción del proyecto para la regeneración medioambiental de la ría de O Burgo-A Coruña.
- Establecer un calendario de actuaciones, con las dotaciones presupuestarias correspondientes, que permitan cumplir la Directiva Marco del Agua en la ría de O Burgo-A Coruña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de que la UE aumente las cuotas de pesca de merluza en el Gran Sol, para su debate en Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Comisión Europea recortó de manera importante los TAC y cuotas pesqueras para este año 2013. Entre los numerosos recortes de especies, figura la reducción en la pesca de merluza en el Gran Sol, a pesar de su abundancia y de contar con un
stock en un estado muy saludable.
Un recorte que está afectando a 33 barcos del estado español, especialmente a la flota pesquera gallega con base en el puerto de Celeiro (A Mariña, Lugo), Burela y A Coruña donde permanecen amarrados más de 20 barcos dedicados a la pesca de
la merluza en el Gran Sol. Pescadores que han decidido reservar para fin de año la poca cuota que todavía les queda dado que en el periodo navideño se cotiza mejor.
En los puertos pesqueros de la comarca lucense de A Mariña preocupa esta falta de actividad que calculan que les hará perder 10 millones de euros. Y afecta asimismo a los comercializadores o a empresas auxiliares.
La abundancia del stock de merluza es una evidencia, los mismos pescadores señalan que hay tanta que resulta complicado no pescarla. Por eso no se entendió ni se entiende la disminución de las cuotas de pesca de merluza en el Gran Sol por
parte de la UE.
Tanto el sector pesquero de Irlanda como el del estado español demandaron a la UE hace un mes que ampliase la cuota de esta especie unas 14.000 toneladas más, Para este año sólo se asignaron 55.000 toneladas. De hecho, el pasado 23 y 24 de
julio se hizo público un informe de la Vicepresidenta del Consejo Asesor del CIEM para la merluza, donde se constata la recuperación del stock de esta especie en el Atlántico Noroccidental CIEM VI, VII. En el Informe aludido quedan patentes dos
aspectos muy importantes: que la mortalidad por pesca está en niveles de Rendimiento Máximo Sostenible y que la biomasa de reproductores está en los mejores niveles históricos desde los años 70.
Dados los buenos datos, el propio CIEM propone incrementar el TAC para el 2014 en un 49 %. De igual manera se plantea que se aumenten este mismo año 2013 las capturas,
Esta Diputada también presentó iniciativas parlamentarias para demandar al Gobierno español una renegociación de las cuotas pesqueras en la UE, ampliando las posibilidades de pesca de especies que están totalmente recuperadas, algo que
testimonian estudios científicos como los mencionados.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar gestiones con carácter urgente ante la Comisión Europea para aumentar las cuotas de pesca de merluza en el Gran Sol (Atlántico Noroccidental CIEM VI, VII) dada la recuperación del stock de esta especie, tal y como acreditan
diversos informes.
- Hacer valer el Informe del Consejo Asesor del CIEM que evidencia que la biomasa de reproductores está en los mejores niveles históricos desde los años 70.
- Atender las demandas de los barcos merluceros gallegos de A Mariña (Lugo) y A Coruña que permanecen amarrados a puerto debido a la falta de cuota de pesca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2013.-Rosana Pérez Fernández y Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre Márgenes del Duero fase III, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las diferentes actuaciones para la recuperación de las márgenes del río Duero a su paso por la ciudad de Soria, impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad en convenio con el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, ha permitido ir
consolidando un entorno medioambiental y de disfrute para los vecinos que es preciso continuar.
Las inversiones ejecutadas hasta la fecha (de un proyecto que consta de tres fases) han permitido la realización de las inversiones previstas, con una aportación del 70 % por parte del Gobierno de España; y el 30 % restante con una
participación del 15 % de la Junta de Castilla y León y el restante 15 % por parte del Ayuntamiento de Soria, Desde la ampliación de la Pradera de San Polo, el camino de la ermita de San Saturio, y la continuidad del camino natural, por los dos
márgenes, hasta Garray.
Según el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, con las actuaciones, pendientes, incluidas dentro del nuevo proyecto a redactar de actuaciones en el entorno del río Duero en Soria, se busca un doble objetivo:
a) Intentar completar los trabajos realizados en el primer proyecto, dado que a la hora de la ejecución del mismo se han visto que eran convenientes nuevas actuaciones no previsibles en principio, tales como el acondicionamiento de las
puertas de la muralla, la naturalización del azud del Pereginal, los cerramientos del Pereginal y el Arenalejo, etc.
b) Tratar de reforzar la integración del río en la ciudad, la cual hasta la acometida de estas obras vivía bastante de espaldas al río, habiéndose comprobado que desde que se comenzó la primera fase de estas obras, dicha realidad se está
invirtiendo a pasos agigantados.
La relación de actuaciones prioritarias, pendientes, a acometer es la siguiente:
- Naturalización zona Azud Pereginal.
- Senda de madera unión río Duero con Castillo.
- Mirador al río Duero ladera Castillo.
- Pasarela pivotada Molino Puente Medieval-Pasarela Soto Playa.
- Adecuación del camino de La Rumba y Pasarela sobre el río Golmayo.
- Señalización márgenes entorno río Duero.
- Adecuación y Tratamiento entorno río Duero.
- Adecuación antigua zona baile junto a la elevadora.
Se pretende hacer una obra atrayente y singular que pueda atraer a la zona a sorianos y visitantes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar de forma inmediata todas las actuaciones previstas descritas en el proyecto 'márgenes del Duero' (fase III) , recuperando el tiempo perdido desde el año 2012, y finalizar su
ejecución concreta antes de diciembre de 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-Félix Lavilla Martínez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
IVA de la alimentación, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La industria española de alimentación y bebidas, junto con las actividades de comercio y hostelería con ella relacionados, constituyen sin duda uno de los principales sectores de la economía española. En conjunto alcanzarán una producción
efectiva de 369.352 millones de euros en 2014 y darán empleo a 3.980.318. Estas cifras, según datos de las organizaciones empresariales, representan el 19,7 % y el 24,1 %, respectivamente, de las registradas en el conjunto de la economía del país.
Actualmente las actividades relacionadas con la alimentación soportan tres tipos de IVA:
- Un tipo superreducido del 4 %, que grava al pan común, harinas panificables, leche, quesos, huevos, frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tengan la condición de productos naturales.
- Un tipo reducido del 10 %, que grava entre otros los servicios de las actividades agrícolas y ganaderas.
- Y el tipo normal del 21 %.
La existencia de un IVA superreducido está justificado por tratarse de productos de primera necesidad.
La última subida del impuesto se realizó en septiembre de 2012, el tipo general se elevó en tres puntos hasta el 21 %, y el reducido hasta el 10 %, manteniéndose sin variación el tipo superreducido.
Ahora diversos medios de comunicación han publicado que el Gobierno estaría estudiando diversos escenarios de incremento del IVA de la alimentación que pasaría o por incrementar el tipo superreducido del 4 % al 10 % y el reducido del 10 % al
general del 21 % u otras alternativas (hasta ocho parecen ser que están siendo estudiadas), que en cualquier caso supondrían un mayor gravamen para los productos de la alimentación.
El Gobierno no ha descartado ni rechazado las informaciones que en este sentido se han publicado en diversos medio económicos, generando una lógica inquietud en el sector. En este contexto de incertidumbre las organizaciones empresariales
FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas), ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados), ANGED (Asociación de Grandes Empresas de Distribución), ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores y Supermercados), FERH
(Federación Española de Hostelería), FEHRCAREM (Asociación de Cadenas de Restauración Moderna), Confederación Española de Comercio, Cooperativas Agroalimentarias y AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores) han alertado de los efectos
negativos que una medida como la comentada produciría.
Dichas organizaciones han presentado recientemente un estudio que alerta de la caída en la actividad (producción y empleo) de la industria de la alimentación, el comercio y la hostelería. Pero es que, además, el efecto perjudicial no sólo
se produce en el sector sino que conllevaría un descenso de los ingresos de la Hacienda Pública (la recaudación pública por IVA y otros impuestos lógicamente disminuiría) y un incremento del gasto público, por ejemplo, en las prestaciones por
desempleo.
Estas organizaciones evalúan la pérdida de producción en unos 16.000 millones de euros, la destrucción de empleo entre 155.295 y 174.022 trabajadores, y la disminución de la recaudación de entre 2.183 y 2.303 millones de euros y los gastos
por desempleo aumentar entre 556 y 629 millones de euros.
Consideramos que una modificación impositiva que supusiera incrementar el IVA actual de la alimentación podría ser muy negativa y es por ello por lo que proponemos que el Congreso se manifieste en sentido contrario a cualquier posible
incremento de dicho impuesto.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que no se va a producir ninguna modificación al alza del IVA que grava a los productos de la alimentación manteniendo el actual gravamen en los tres tipos vigentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre de las urgencias, así como previsión del cierre de
hospitalización y de la UVI del Instituto Nacional de Silicosis, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El cierre de las urgencias, así como la previsión del cierre de hospitalización y de la UVI han creado incertidumbre y malestar en el personal y los pacientes del Instituto Nacional de Silicosis.
Las enfermedades respiratorias de origen laboral, que motivaron su inauguración en 1970 y su reconocimiento en 1991 como unidad de referencia nacional, son la razón para la inversión por parte de la Administración Central de 72 millones de
euros, en el nuevo hospital central de Asturias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener el Instituto Nacional de Silicosis como unidad de referencia estatal de enfermedades respiratorias de origen laboral.
2. Garantizar un emplazamiento propio en el marco del nuevo HUCA que garantice la prevención ocupacional, la atención clínica y la investigación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2013.-Gaspar LIamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la conmemoración del
vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las Naciones Unidas proclamaron en 1994 el 'Año Internacional de la Familia', con el tema 'Familia, recursos y responsabilidades en un mundo en evolución'. Una iniciativa global dirigida a lograr una mayor comprensión de las cuestiones
relacionadas con la familia y mejorar la capacidad institucional de las naciones para hacer frente, mediante la aplicación de políticas amplias, a los problemas relacionados con la familia.
En 2014 se celebrará el 20 aniversario del Año Internacional de la Familia, un año que servirá para reflexionar sobre la importancia de esta institución para la sociedad en su conjunto y para analizar los retos sociales y políticos aún hoy
pendientes para su óptimo desarrollo.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido a través de las resoluciones 66/126 de la Asamblea General y 2012/10 del Consejo Económico y Social, que la celebración en 2014 de este aniversario es una
oportunidad única para incrementar la cooperación en todo aquello
que haga referencia al fomento de la familia y para emprender acciones que refuercen los programas centrados en ella.
Se trata de una iniciativa que servirá para replantear una seria reflexión sobre la importancia de esta institución tan elemental para la sociedad y para analizar los retos sociales y políticos aún hoy pendientes para su óptimo
funcionamiento.
Asimismo, la Asamblea General de Naciones Unidas subraya, la importancia de formular, ejecutar y supervisar políticas relativas a la familia, haciendo especial énfasis en los ámbitos de erradicación de la pobreza, a favor del pleno empleo,
por la integración social y la solidaridad intergeneracional.
La Organización de las Naciones Unidas también insiste en que las familias han de ser una prioridad para las administraciones públicas y las políticas familiares han de ser un conjunto de actuaciones que, de una manera articulada,
transversal e integral tengan por objeto reconocer, apoyar y proteger a la institución familiar.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, creemos firmemente que las familias son una unidad social básica que proporcionan a sus miembros cuidados materiales e inmateriales de forma personalizada, y constituyen el pilar de la solidaridad
intergeneracional y de la cohesión social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, con motivo del vigésimo Aniversario del Año internacional de la Familia, acciones y eventos de repercusión nacional de apoyo a las familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la formación de los
profesionales sanitarios y la eficiencia en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La solvencia y la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud son, junto con la consolidación y el desarrollo de la calidad, la cohesión y la equidad asistenciales, el principal objetivo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Desde el comienzo de la X Legislatura, el Ministerio de Sanidad trabaja en constante coordinación con las Comunidades Autónomas para diseñar y aplicar medidas con las que proteger el modelo de asistencia sanitaria vigente en España frente a
la difícil situación económica actual.
Iniciativas en materia de prestación farmacéutica, de evaluación continuada para garantizar el coste-efectividad de toda tecnología y prestación incluida en la cartera pública de servicios, de coordinación entre la asistencia sanitaria y los
servicios sociales, de políticas de recursos humanos ... Están siendo impulsadas desde el consenso mayoritario entre el Gobierno central y las Autonomías en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el fin de mantener y
desarrollar los niveles de excelencia en la asistencia al tiempo que se promueve la eficiencia y la sostenibilidad.
En este contexto, el papel desempeñado por los profesionales sanitarios es esencial. De sus aportaciones y su implicación depende en gran medida la estabilidad y la modernización del modelo asistencial. En consecuencia, el Ministerio de
Sanidad está impulsando iniciativas como los Acuerdos Marco suscritos en los meses de marzo y abril de 2013 con los colegios profesionales y los sindicatos de los médicos y de los enfermeros para avanzar en la consecución del Pacto de Estado por la
Sanidad, para mejorar la planificación del desarrollo profesional y laboral de los profesionales, y para definir estrategias con las que implementar la gestión clínica en todos los servicios de salud.
Por su parte, los profesionales, desde la colaboración que médicos, enfermeros y farmacéuticos han ofrecido en reiteradas ocasiones a las administraciones para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario, manifiestan su interés por la
creación de instrumentos y mecanismos de planificación, evaluación y coordinación, así como por la materialización de un gran acuerdo -el citado Pacto de Estado- con el que asegurar un presente estable y gestionar adecuadamente los cambios
necesarios para adaptar la estructura y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud a las necesidades que surjan en los próximos años.
En consecuencia, contando con lo establecido en Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; partiendo de la voluntad compartida entre las administraciones y los profesionales sanitarios por blindar y
modernizar el Sistema Nacional de Salud, y teniendo presente el trabajo ya desarrollado por el Ministerio de Sanidad en materia de planificación, evaluación, coordinación y consecución del Pacto de Estado por la Sanidad.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los colegios profesionales, las sociedades científicas y los agentes sociales, medidas con las que favorecer que los profesionales
sanitarios cuenten con la formación en gestión de recursos necesaria para impulsar la eficiencia y promover la solvencia y la sostenibilidad asistencial del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la atención prestada por los servicios de
atención al cliente, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Constitución Española en su artículo 51.1 establece expresamente de forma bastante genérica la defensa de los consumidores y usuarios por parte de los poderes públicos, 'Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos'.
La norma básica que recoge los derechos de los consumidores es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que, a pesar de ser aprobada en 1984, no tuvo su desarrollo normativo hasta 2007, a través del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Este RDL 1/2007 en el apartado 2 de su artículo 21, hace referencia a los Servicios de Atención al Cliente de la siguiente forma: 'Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del
consumidor deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la
posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance'.
A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, lo cierto es que la mayor parte de las reclamaciones de los consumidores están relacionadas con la deficiente atención telefónica que reciben los consumidores por parte de los operadores de
telefonía e internet.
En la actualidad existen líneas telefónicas de atención al cliente, en muchos casos gratuitas, que permiten al consumidor trasladar sus quejas, dudas o problemas. Sin embargo, el servicio que se presta a través de estas líneas generalmente
es insuficiente y produce, en infinidad de ocasiones, una sensación de 'impotencia' ante la imposibilidad de establecer una interlocución adecuada y fluida entre el consumidor y el operador de telefonía.
Es frecuente también que esta asistencia se preste por medio de un sistema de atención robotizada en el que se facilita al usuario información sobre diferentes servicios de la empresa, que normalmente no interesa al consumidor. Cuando el
sistema transfiere la llamada a un operador, es frecuente que estén todos ocupados o que el tiempo de espera sea excesivo.
Una cantidad considerable de estos procesos termina sin haber resuelto satisfactoriamente el problema, después de invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, trasladando la incidencia a diversos interlocutores, comenzando el
procedimiento desde el principio en numerosas ocasiones.
Otro problema con el que nos podemos encontrar en la prestación de estos servicios es la mala o contradictoria información que se recibe. Puede ocurrir, por ejemplo que la misma consulta reciba diferentes respuestas en función de la persona
que nos atienda o que el operador desconozca la información necesaria para resolver o gestionar la reclamación. Esta situación muchas veces se debe a la escasa formación o preparación del personal que trabaja en estos departamentos de atención al
público.
Todos estos inconvenientes se ven agravados cuando los servicios son utilizados por personas de avanzada edad poco familiarizada con las nuevas tecnologías y con las dificultades sensoriales propias de su edad, encontrándose absolutamente
desprotegidos ante este tipo de atención telefónica por parte de los operadores.
La defensa de los derechos de los consumidores constituye una parte esencial de la política de consumo llevada a cabo por las Administraciones Públicas. Por ello, y en respuesta al mandato constitucional anteriormente citado, los poderes
públicos deben de promover las medidas necesarias para poner fin a este tipo de prácticas que en ocasiones sitúan a los consumidores y usuarios en situaciones de inferioridad o indefensión.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un cambio en los servicios de atención al cliente, para asegurar una adecuada atención a consumidores y usuarios que garantice que el personal que presta estos servicios esté adecuadamente formado y capacitado para atender las
quejas de sus clientes.
2. Este cambio en los servicios de atención al cliente deberá tener en cuenta las especiales circunstancias de las personas de avanzada edad. Por lo que se solicita la mejora de la accesibilidad de dicho colectivo a los servicios de
atención al cliente, mediante la simplificación de los mismos.
3. La información que se facilite y, en general, los servicios de atención al cliente, bajo cualquier formato, deben de ser accesibles a las personas con discapacidad, prestando especial atención a la eliminación de barreras de comunicación
que afecten a personas con discapacidad visual y auditiva, poniendo a disposición los medios alternativos que sean precisos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecida en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre la regulación de los cigarrillos electrónicos.
Antecedentes
El consumo de cigarrillos electrónicos se ha triplicado en dos años, a juzgar por las cifras que se desprenden de sus ventas: 233 millones de euros en Estados Unidos en 2011. Según la consultora Euromonitor la cifra podría superar los 500
millones de euros en Europa y los 2.000 millones en todo el mundo a finales del 2013.
Estos cigarrillos electrónicos están ganando terreno a los tradicionales, sin que se sepa aún si son o no perjudiciales para la salud. Los estudios son ahora, contradictorios e insuficientes. Sin embargo, expertos en salud pública aseguran
que estos cigarrillos contienen sustancias como el glicerol o el propilenglicol, que pueden ser cancerígenas, además miembros de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica han advertido recientemente que este tipo de cigarrillos contienen
algunas sustancias idénticas a las que llevan los cigarrillos convencionales y en consecuencia pueden causar cambios en los pulmones a corto plazo muy parecidos a los que se producen al fumar tabaco normal. Por otro lado, tampoco está certificado,
como alertó la Organización Mundial de la Salud en 2008, que sirvan para lo que los usa mucha gente: abandonar el hábito de fumar.
A nivel normativo, no hay Directiva común, aunque Europa ya prepara una que tardará tiempo en hacerse efectiva ya que por ahora solo hay una propuesta de la Comisión que debe pasar por el Consejo y el Parlamento Europeo, En algunos países de
nuestro entorno este vacío legal existente a nivel europeo parece llegar a fin: Reino Unido ha anunciado que a partir de 2016 este producto será tratado como un medicamento, con todas las pruebas previas y requisitos que esto supone. Francia
decretó a finales de mayo la prohibición de su uso en los lugares en los que no se puede fumar tabaco. Italia anunció recientemente que lo quiere prohibir en las escuelas.
En el estado español, este vacío legal, permite su compra en centros comerciales, en tiendas especializadas o a bordo de un avión de una compañía low cost. No hay ningún tipo de normativa sobre su consumo en lugares públicos, se pueden ver
jóvenes fumando cigarrillos electrónicos en las bibliotecas. Es más, ni siquiera se prohíbe su venta a menores. En conclusión, esta falta de regulación permite estar comercializando productos que contienen nicotina sin autorización ni control
previo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas pertinentes al objeto de regular la comercialización y consumo de los llamados cigarrillos electrónicos, así como la elaboración, junto con las
Comunidades Autónomas, de campañas divulgativas y educativas sobre su uso y posibles consecuencias para la salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
instar al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas, para su debate
en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Entre los principios rectores de la Ley 1/2004 figura la coordinación de los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción
adecuada a los culpables de los mismos.
Cabe reseñar que para dar cumplimiento a este principio en el ámbito sanitario la Ley en su artículo 15 dispone que las Administraciones sanitarias, 'promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección
precoz de la violencia de género y propondrán 'las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia'.
Es el artículo 16 el que mandata constituir en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 'una Comisión contra la Violencia de Género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias
contempladas en este capítulo, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia'.
En la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del SNS, celebrada el día 22 de septiembre de 2004, el Pleno acordó la creación de dicha Comisión que con posterioridad creo cinco Grupos de trabajo que comenzaron sus trabajos específicos
en el segundo trimestre de 2006.
Tras la aprobación en 2007 del Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género la Comisión elaboró una revisión que se refrendó en 2012 y que incluye propuestas específicas para la detección precoz, la valoración, la
actuación y el seguimiento de la violencia de género en el ámbito sanitario.
La puesta en marcha de muchas de las acciones propuestas implica la incorporación a las historias clínicas de indicadores que permitan hacer seguimiento de casos y la gestión de los tamizados en consulta, que propone el protocolo sanitario.
Impulsar e implantar en todo el territorio los sistemas de identificación de la incidencia implica la adaptación de instrumentos que permitan sistematizar en consulta información de seguimiento e identificación de lesiones, físicas o
psicológicas asociadas con violencia de género.
Esta circunstancia reclama dotar de soporte técnico y herramientas de medición, detección y diagnóstico del maltrato en la pareja a los profesionales de primaria y conciliar los soportes informáticos de seguimiento en los servicios de
urgencia, atención primaria y salud mental, unificando criterios en la historia clínica de primaria y especialidades para mantener la continuidad de los cuidados. Dada la complejidad y amplitud de circunstancias que cabe considerar para satisfacer
las necesidades técnicas, operativas y legales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a encomendar a los grupos de trabajo de Vigilancia epidemiológica, el de Protocolos asistenciales sanitarios y el de Aspectos éticos y legales constituidos en la Comisión contra la violencia de
género creada en el seno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a que realice un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento en el sistema informático
de las historias clínicas relacionados con la violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada del anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, para
su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El pasado 22 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12
de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Tras más de un año de gobierno del PP, se esperaba una nueva legislación de propiedad intelectual que permitiera conciliar los legítimos derechos de los creadores y el
igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y que en concreto contribuyera a resolver el problema generado en torno a la compensación equitativa por copia privada. Sin embargo, no ha sido así. La reforma legislativa que
impulsa el Gobierno ha concitado la unidad de todos los sectores culturales en su contra.
Tras el fracaso del canon indiscriminado, el ministerio ha renunciado a buscar, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada,
optando por dar continuidad a la salida provisional instaurada en diciembre de 2011, esto es, el pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque en una cuantía muy reducida, un 95 % inferior a fa que se recaudaba por el canon, lo que
supone un notable perjuicio para los creadores, según han denunciado al unísono las asociaciones de titulares y las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que ven cómo peligra el mantenimiento de su función social.
Esta nueva configuración legal de la compensación por copia privada podría no adaptarse plenamente a la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información, ya que se seguiría compensando inadecuadamente las copias privadas, alejándose de la finalidad perseguida con el artículo 5.2.b) de dicha directiva.
Además, el anteproyecto declara ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, perjudicando al consumidor, para justificar la reducción de la compensación a pagar al creador con cargo
de los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, el anteproyecto menoscaba la dimensión cooperativa de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores. De hecho, se desregulariza la actividad de gestión de los derechos de autor, liberalizando la actividad
para empresas y compañías internacionales, lo que contribuirá a desproteger al autor español, especialmente al que comienza su carrera. En esa línea, también se imposibilita la reclamación colectiva ante los tribunales. Tampoco satisface a los
colectivos de creadores los mecanismos que van a fijar las nuevas tarifas.
Tampoco reconoce adecuadamente el anteproyecto los derechos de autor de los periodistas y fotoperiodistas, a pesar de haber sido expresamente reconocidos por la Comisión Europea.
Por otra parte, los autores, intérpretes y ejecutantes, en suma el conjunto de los creadores, tienen derecho a escoger entre autogestionarse o adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor. En todo caso podemos generar mejores
condiciones para la difusión cultural, garantizando el apoyo a la creación y a los creadores y creadoras, consolidando la accesibilidad universal y a la vez un compromiso en la defensa de la diversidad cultural, la libertad y el impulso del procomún
y el trabajo colaborativo en la red.
Nos hayamos pues ante un anteproyecto de ley elaborado sin diálogo con los sectores implicados, sin alcanzar el más mínimo acuerdo, y que debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas.
Por tanto, resulta imprescindible retirarlo inmediatamente y abrir un proceso de diálogo que permita abordar sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual, que garantice la máxima transparencia y el control público
en las entidades de gestión de derechos y que resuelva definitivamente la fórmula que permita atender la compensación equitativa por copia privada, a la que tienen derecho los creadores, sin cargar sobre el conjunto de contribuyentes ni penalizar al
conjunto de la ciudadanía.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta fa siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retirar de fauna inmediata el Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y a elaborar una nueva legislación con la participación de todas las parles implicadas -creadores, consumidores, industrias culturales, etc.- que garantice:
a) La máxima transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor, así como el control y fiscalización por parte tanto de los poderes públicos como de los creadores y asociaciones culturales, manteniendo su carácter cooperativo
y la función social hacia los afiliados.
b) Una regulación acordada entre las partes que permita de forma definitiva atender la compensación equitativa por copia privada, no a cargo de los Presupuestos Generales del Estado ni como canon indiscriminado en la adquisición de productos
digitales, sino explorando otras fórmulas que tengan en cuenta a los actores actuales en el entorno digital.
c) El reconocimiento a las diversas modalidades de protección y autorización de derechos, partiendo del principio del reconocimiento del procomún y el trabajo colaborativo en red y el impulso del dominio público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-José Luis Centella Gómez, Chesús Yuste Cabello y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Igualdad
161/002072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
instar al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas, para su debate
en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Entre los principios rectores de la Ley 1/2004 figura la coordinación de los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción
adecuada a los culpables de los mismos.
Cabe reseñar que para dar cumplimiento a este principio en el ámbito sanitario la Ley en su artículo 15 dispone que las Administraciones sanitarias, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz
de la violencia de género y propondrán 'las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia'.
Es el artículo 16 el que mandata constituir en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 'una Comisión contra la Violencia de Género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias
contempladas en este capítulo, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia'.
En la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del SNS, celebrada el día 22 de septiembre de 2004, el Pleno acordó la creación de dicha Comisión que con posterioridad creo cinco Grupos de trabajo que comenzaron sus trabajos específicos
en el segundo trimestre de 2006.
Tras la aprobación en 2007 del Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género la Comisión elaboró una revisión que se refrendó en 2012 y que incluye propuestas específicas para la detección precoz, la valoración, la
actuación y el seguimiento de la violencia de género en el ámbito sanitario.
La puesta en marcha de muchas de las acciones propuestas implica la incorporación a las historias clínicas de indicadores que permitan hacer seguimiento de casos y la gestión de los tamizados en consulta, que propone el protocolo sanitario.
Impulsar e implantar en todo el territorio los sistemas de identificación de la incidencia implica la adaptación de instrumentos que permitan sistematizar en consulta información de seguimiento e identificación de lesiones, físicas o
psicológicas asociadas con violencia de género.
Esta circunstancia reclama dotar de soporte técnico y herramientas de medición, detección y diagnóstico del maltrato en la pareja a los profesionales de primaria y conciliar los soportes informáticos de seguimiento en los servicios de
urgencia, atención primaria y salud mental, unificando criterios en la historia clínica de primaria y especialidades para mantener la continuidad de los cuidados. Dada la complejidad y amplitud de circunstancias que cabe considerar para satisfacer
las necesidades técnicas, operativas y legales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a encomendar a los grupos de trabajo de Vigilancia epidemiológica el de Protocolos asistenciales sanitarios y el de Aspectos éticos y legales constituidos en la Comisión contra la violencia de
género creada en el seno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a que realice un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento en el sistema informático
de las historias clínicas relacionados con la violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
adopción de medidas de apoyo a la bicicleta en las ciudades, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad.
Exposición de motivos
La bicicleta se ha asomado a nuestras ciudades y su utilización está empezando a modificar las pautas en favor de una movilidad sostenible. Las ventajas que aporta su uso para la ciudadanía y el funcionamiento de las ciudades están
ampliamente contrastadas: humaniza la ciudad, calma el tráfico, mejora la salud de las personas, reduce la contaminación ambiental y acústica, ahorra energía fósil, promueve la igualdad ...
En la actualidad, la aplicación coherente de políticas integrales de transporte y desarrollo sostenible, la incidencia de la crisis económico-financiera en los hábitos de las personas, el precio del petróleo y la experiencia positiva sobre
la bici que proyectan muchos ciudades del resto de Europa, junto a las ventajas antes apuntadas, son razones de peso para que en España el Gobierno se plantee la adopción de medidas normativas, políticas fiscales medio ambientales y procesos de
participación, todo ello como impulso a la bicicleta y con el objetivo de favorecer un cambio de cultura ciudadana en materia de desplazamientos.
Lo cierto es que desde hace diez años y por parte de diferentes Ayuntamientos como los de Sevilla, Zaragoza, San Sebastián, Barcelona, Córdoba, Murcia o Vitoria, entre otros, y gracias a la acción de las asociaciones de ciclistas, ya se
viene aplicando una política integral de movilidad sostenible en la que la bici se ha incorporado como un sistema con enorme potencial de crecimiento.
La cultura de la bicicleta, algo tan presente en muchas ciudades de Europa, ha llegado con retraso a nuestro país y exige de los gobiernos -en cada uno de los tres niveles administrativos- un apoyo normativo y político decidido así como una
planificación urbanística de las ciudades que contemple las necesidades de la bicicleta. El objetivo es reducir la congestión del tráfico y potenciar alternativas frente al uso abusivo del coche en zonas urbanas.
Sin embargo, los hechos parecen demostrar que los distintos Ministerios no están apostando de manera coherente por un apoyo decidido a la bicicleta. Así por ejemplo, el Gobierno aprobó en su Consejo de Ministros del pasado 26 de abril un
Real Decreto 294/2013 por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013. En su texto, la norma explica que 'las medidas de impulso de vehículos eléctricos no pretenden solo fomentar
tecnologías más eficientes y ecológicas, se trata además de facilitar una mayor utilización de este tipo de vehículos a efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos
de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad de situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente'.
No se entiende, por tanto, la desacertada exclusión que el Gobierno hace de las llamadas 'bicicletas eléctricas' entre los vehículos perceptores de las subvenciones que establece el citado Real Decreto. Es evidente que no ha tenido en
cuenta razones como la de facilitar el acceso a barrios en zonas altas, la condición física o edad avanzada de potenciales usuarios o la existencia de cuestas y desniveles entre los viales. Frente a ello, las bicis de pedaleo por una pequeña
batería recargable resultan una solución ideal para minimizar y superar esas dificultades en los desplazamientos por las ciudades, con un coste notablemente inferior al resto de vehículos eléctricos. Por otra parte, estas bicicletas eléctricas, con
sus correspondientes dispositivos para transportar pequeñas cargas, constituyen una excelente alternativa a los vehículos motorizados para el reparto de mercancías en espacios peatonales o históricos, como cada vez más se constata en otros países
europeos.
Además, según establece una normativa europea aprobada el pasado diciembre, en los países de la Unión Europea una bici de pedaleo asistido con batería de hasta 250 W -con la que no pueda superar los 25 km/h (conocido como 'pedelec')- se
considera una bicicleta asimilada a la convencional y por tanto no requiere licencia de conducción ni matrícula. Si ello añadimos que su consumo no llega a 0,5 kWh por cada 100 km, con una autonomía de 50 km, no hay tan vehículo eléctrico
particular en la ciudad que sea más eficiente energéticamente que una bici eléctrica. Cuestión añadida sería la de promocionar desde el Ministerio de Industria planes de diseño y producción propia de un modelo de bicicleta eléctrica por parte de
las empresas españolas del sector.
El apoyo a esta modalidad de bicicleta eléctrica de pedaleo asistido en nuestras ciudades, bien para un uso particular o para ofrecer en los sistemas públicos de bicicleta de alquiler como ya sucede en San Sebastián, aporta las ventajas
señaladas y contribuye a que la movilidad general sea más sostenible y eficiente.
Otro factor de preocupación es la falta de canales de diálogo y la inexistencia de un órgano de participación y concertación para abordar los retos de la bicicleta. De ahí que sorprenda la pretendida obligatoriedad del uso del casco en las
ciudades, inicialmente para todos los ciclistas urbanos y ahora para los menores de 18 años, según la medida recién aprobada por el Consejo de Ministros con ocasión de su reforma de la Ley de Seguridad Vial. Se trataría de una decisión
desproporcionada que desincentiva su utilización precisamente en las franjas de edad de los 15 a 18 años cuando los adolescentes suelen adquirir el hábito del uso de la bicicleta como medio de transporte.
La obligación del uso del casco también en las ciudades es, además, una medida inexistente en la inmensa mayoría de los países europeos con mayor tradición ciclista en los entornos urbanos. Es evidente que con esta nueva regulación legal,
de espalda a los usuarios, en lugar de promocionar la bici como medio de transporte se le ponen dificultades a su expansión.
Por último, Organizaciones europeas del sector como COLIBI (Asociación del sector de la bicicleta en Europa) COLLIPED (Asociación del sector de componentes y accesorios de los vehículos de dos ruedas), ETRA (Asociación europea de minoristas
de bicicletas), ECF (Federación de Ciclistas Europeos) o la propia ConBici ya en 2008 vienen proponiendo reducir el IVA de las bicicletas, de los productos relacionados y de los servicios derivados atendiendo a la función social de la misma. Así
mismo, en distintas ocasiones la Unión Europea ha manifestado la necesidad de prestar especial atención a la reducción del IVA en las políticas comunitarias, como las relativas a proteger el medio ambiente, a mejorar la movilidad o en aquellos
servicios que cumplan una función social.
Sin duda, el tipo reducido de IVA supondría una sustancial rebaja en el precio final de las bicicletas. La motivación de un nuevo tipo impositivo se basa, en lo que respecta a las bicicletas urbanas (entre las que so incluyen las bicicletas
de pedaleo asistido, más conocidas como eléctricas), en que su mayor uso disminuiría la utilización de vehículos motorizados y por tanto reduciría las emisiones de CO2, el ruido, la congestión en las calles y mejorarían el medio ambiente de las
ciudades y la salud pública.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas en relación con el apoyo a la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible:
1. Incluir en el Decreto correspondiente a 2014 la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería, considerándola como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas
destinadas a su adquisición.
2. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para rebajar el IVA que se aplica en la venta de bicicletas convencionales y eléctricas de pedaleo asistido, pasando del 21 % actual a un IVA reducido del 10 % para fomentar un medio de transporte
no contaminante que produce importantes retornos y ahorros también evaluables económicamente.
3. Presentar en el plazo de tres meses un Plan Nacional de la Bicicleta de carácter estratégico, como existe en otros Estados Europeos, para promover su uso en las ciudades así como una cultura del transporte sostenible.
4. Constituir el Consejo Estatal de la Bicicleta como entidad de participación plural que acoja a los diferentes Ministerios implicados, entidades, asociaciones, empresas y colectivos del sector que permita el diálogo sobre el Plan y las
nuevas normativas y realice funciones de impulso, coordinación y seguimiento de las acciones a poner en marcha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/001311
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Qué motivos concretos alega el Ministro del Interior para destituir al director de la UDEF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Defensa
181/001303
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Por qué considera el Ministro que existe una formación insuficiente en nuestras Fuerzas Armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Economía y Competitividad
181/001302
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Cómo pretende el Gobierno mejorar el acceso al crédito a las familias y las pymes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/001301
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Fernández Davila, M.ª OIaia (GMx).
Razón por la que el Gobierno persigue a las personas desempleadas para exhibir datos falsos de fraude en el cobro de la prestación de paro y no el fraude fiscal y laboral que practican las grandes empresas, multinacionales y grandes
fortunas.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la reformulación contenida en el escrito número de registro 83743, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Por qué razón concentra el Gobierno todas sus energías en una estrategia de persecución a los sectores más débiles de la población como las personas desempleadas para exhibir datos falsos de fraude en el cobro de la prestación de paro?
¿Por qué razón no concentra el Gobierno sus fuerzas en perseguir el fraude fiscal y laboral que practican las grandes empresas, multinacionales y grandes fortunas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/001304
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputados don José Martínez Olmos y doña Gracia Fernández Moya
Texto:
El 31 de diciembre de 2013 finaliza el plazo previsto en el RD 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (artículo
10.cuatro y DA decimosexta) respecto a la situación jurídica de los médicos de APD y los de cupo y zona.
- ¿Cuál ha sido el acuerdo en el Consejo Interterritorial en relación a la incorporación de Médicos APD, de cupo y zona, según el artículo 10.cuatro del RD-ley 16/2012?
- ¿Hay unanimidad en todas las Comunidades para hacer la interpretación 'flexible' recomendada en el acuerdo/Foro Médico y Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad?
- ¿Qué medidas se tomarán por parte del Ministerio si alguna Comunidad no está de acuerdo con esta recomendación?
- ¿Puede asegurar taxativamente que la demanda de los profesionales sanitarios va a ser atendida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2013.-José Martínez Olmos y Gracia Fernández Moya, Diputados.