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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 327, de 23/09/2013
cve: BOCG-10-D-327
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de septiembre de 2013
Núm. 327
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la posición del Gobierno español ante una posible intervención armada en Siria ... (Página15)
Comisión de Justicia
161/001962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la Demarcación y Planta Judicial y afectación al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria ...
161/001972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas contra el incremento de acciones violentas de grupos de extrema derecha ...
Comisión de Interior
161/001955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a desarrollar el Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación a las competencias de la Generalitat en
materia de seguridad y protección civil ... (Página19)
161/001957 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de impedir que continúe el deterioro en determinadas dependencias de la Dirección General de Policía derivadas de la falta de mantenimiento
que ha generado la suspensión del contrato con 'Arción Construcciones' ... (Página20)
Comisión de Defensa
161/001960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a los puestos de trabajo y desarrollos de la industria de tecnologías de defensa ... (Página22)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001965 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados ... (Página23)
Comisión de Fomento
161/001956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el plan extraordinario para la comarca del Campo de Gibraltar ... (Página25)
161/001971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre accesos al Puerto del Musel (Gijón) ... (Página26)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001967 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, y a presentar un Proyecto
de Ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que ésta pueda reconocer el periodo destinado al Servicio Militar Obligatorio o a la Prestación Social Sustitutoria como computable para el acceso a las prestaciones del
sistema y para el cálculo de su importe ... (Página27)
161/001968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para que las administraciones autonómicas gestionen los fondos y políticas contra el paro juvenil procedentes de la Unión Europea ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de las Directrices Básicas de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales ...
161/001963 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de que el Gobierno realice todos los esfuerzos posibles ante la Unión Europea para defender a la conserva gallega y española en la
negociación entre la Unión Europea y Tailandia ... (Página31)
161/001966 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los servicios veterinarios ... (Página32)
161/001970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Acuerdo de Pesca Unión Europea-Reino de Marruecos ... (Página34)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de un 'Plan de Alimentación Infantil' ... (Página35)
161/001969 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la clarificación, por parte del Banco de España, de las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de préstamo y crédito
hipotecarios vigentes, como medida de protección al consumidor ... (Página36)
Comisión de Igualdad
161/001973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo y las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la
consideración de familia numerosa ... (Página37)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/001964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma del mercado europeo de carbono ... (Página39)
161/001976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación de una ley de lucha contra el cambio climático ... (Página40)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/001222 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre modificaciones que el Gobierno prevé incorporar en el Código Penal para evitar el aumento de los delitos de incitación al odio ...
Comisión de Interior
181/001226 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si se está prestando una atención sanitaria 'integrada' y en igualdad de condiciones a los internos de los centros
penitenciarios ubicados en Galicia ... (Página42)
Comisión de Educación y Deporte
181/001223 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre previsiones en relación con las consecuencias de pasar de 42 millones de euros en 2011 a 0 euros en 2012 en el Convenio de Infraestructuras
Educativas de Canarias ... (Página42)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/001224 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre previsiones en relación con las consecuencias de la Financiación Estatal del Servicio Canario de Empleo ... (Página42)
181/001225 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre fecha prevista para transferir a Canarias los 128 millones de euros que se adeudan en materia de empleo ... (Página43)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001221 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre valoración del Gobierno respecto a los positivos datos que hemos conocido en relación al sector de la automoción ... (Página43)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
ÍNDICE
CANONGIA GERONA, Joan (GS) (núm. expte. 005/000384/0000) 1 ... (Página5)
FAJARNÉS RIBAS, Enrique (GP) (núm. expte. 005/000006/0001) 2 ... (Página10)
1 Declaración inicial.
2 Declaración de modificación.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la posición del Gobierno español ante una posible intervención armada en Siria, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El jueves 5 de septiembre comenzó la cumbre del G-20 en San Petersburgo, en Rusia, donde también se abordó la intención de la Administración norteamericana de llevar a cabo una intervención armada en Siria.
Precisamente el presidente de EE.UU., Barack Obama, logró arrancar en dicha cumbre una declaración apoyada por diez países, entre ellos el Estado español, para realizar una intervención militar en suelo sirio como castigo por el uso de armas
químicas del que acusa al régimen de Bachar el Asad sin aportar ningún tipo de pruebas, en clara similitud con la posición mantenida sobre Irak hace unos años.
Un apoyo que ni siquiera se circunscribe como condición sine qua non a un pronunciamiento o a una resolución al respecto de la ONU. Una declaración que supone un auténtico cheque en blanco para que una vez más EE.UU. ejerza su histórica
función de policía mundial con arrogancia, prepotencia y moviéndose unicamente por intereses nada relacionados con la cuestión humanitaria. Desde un punto de vista humanitario, nunca se puede justificar la violencia, la agresión o una guerra que
sólo empeorará la vida de la población, aumentará las muertes y la larga cola de exiliados.
El documento aludido fue apoyado por el Estado español, por Francia, Canadá, Reino Unido, Italia, Turquía, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia. Un texto en el que se afirma que 'hay claras evidencias que apuntan a la
responsabilidad del régimen sirio' en el uso de armas químicas, cuando ni siquiera se ha demostrado sólida y rigurosamente.
Desde el BNG consideramos injustificable que el Gobierno del PP decidiese, en un foro totalmente inapropiado como el G-20, rubricar una declaración de apoyo a EE.UU. para una intervención armada en Siria, cuando ni siquiera se ha debatido
en el Congreso de los Diputados esta cuestión, cuando ni siquera existe una resolución de la ONU y cuando el mismo Ministro de Exteriores se pronunció el martes 3 de septiembre diciendo que 'hay que dar tiempo a que la misión de los inspectores de
la ONU termine con sus trabajos y el Consejo de Seguridad tenga un debate sobre este tema, porque es el corazón de la legalidad internacional'.
Dada la afirmación del titular de Exteriores, resulta contradictorio que se decida en la cumbre del G-20 dar apoyo a EE.UU. cuando otros países de la UE como Alemania no han ido tan lejos. Cabe preguntarse
¿qué movió al Ejecutivo español a firmar la declaración de EE.UU.?, ¿qué hay detrás de esta decisión cuando se suponía que se debía esperar a las conclusiones de los inspectores de la ONU?
Aunque en el caso del Gobierno español se hable de apoyo político, no debe olvidarse que supone respaldar una guerra con todas sus nefastas consecuencias, y un ataque frontal a los derechos de una nación soberana como Siria. Una
intervención armada que rechaza mayoritariamente la opinión pública mundial.
Los casos de Afganistán y de Irak han demostrado con creces que las guerras son inútiles, sólo contribuyen a provocar más destrucción, más muertes, más conflicto, Las sociedades han comprendido hace tiempo que fas intervenciones armadas no
son una solución, son un problema. Si bien es cierto que detrás de muchas de estas decisiones se esconden intereses partidistas nada relacionados con cuestiones humanitarias: intereses geostratégicos, o de la industria armamentística, como es el
caso que nos ocupa.
Debemos recordar asimismo que el supuesto 'apoyo moral y político' de España no se queda sólo en eso porque supondrá que se autorizará a EE.UU. a utilizar las bases de Rota y Morón.
Para el BNG sólo cabe explotar hasta la extenuación la vía diplomática y pacífica para resolver la situación de Siria, evitando caer en el juego hipócrita de EE.UU. y otras potencias europeas que desde hace tiempo alimentan la guerra contra
el país sirio, apoyando a los denominados 'rebeldes'.
De nuevo, nos situamos en un escenario en el que se fabrica una gran mentira para justificar una intervención militar como otrora sucediera con Irak. Otra agresión imperialista ilegal porque vulnera el derecho internacional y constituye una
decisión unilateral de EE.UU., fuertemente cuestionada incluso por su propia opinión pública ya que las encuestas internas señalan que Obama no cuenta con el apoyo de su población.
De igual modo, las sociedades europeas, y la población del Estado español se oponen frontalmente al uso de la guerra para abordar los conflictos. Sería deseable y pertinente que sus gobernantes no cayesen en los mismos errores del pasado y
la historia se repitiese otra vez.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Demandar al Gobierno español que se oponga a una intervención armada en Siria capitaneada por EE.UU.
- No prestar apoyo ni político, ni moral, ni militar a la Administración norteamericana para efectuar una operación armada en suelo sirio.
- Trabajar en todos los organismos internacionales, en la UE, y en la ONU para que se aborde la situación de Siria desde la vía del diálogo, intensificando las vías diplomáticas y rechazando en todo momento la agresión armada y la guerra.
- Contribuir a aprobar en el seno de la UE una declaración contraria a una intervención armada en Siria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/001962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reforma de la Demarcación y Planta Judicial y afectación al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial elaborada por la Comisión Institucional a la que se encomendó su redacción.
El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto por la misma Comisión
Institucional que elaboró esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció, sembrando la confusión, que
no hacía suyo el texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de expertos, para no asumir su directa responsabilidad.
La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la
Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos.
El Ministro de Justicia viene afirmando, como hizo el 9 de julio en Valladolid, que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se
extrae que la 'implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquél deberá localizarse en los
edificios e instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas' que estarán sólo radicadas en las capitales de provincia según se deriva del articulado de la propuesta de texto articulado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y de los anexos de la propuesta de demarcación y planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario y obstaculizador del acceso a la tutela judicial.
Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas.
En caso de llevarse a cabo, Cantabria sería una de las Comunidades Autónomas más afectadas y sufriría un nuevo ataque a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos que viven en los pequeños municipios.
Cualquier propuesta para merecer una mínima consideración tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad
existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc. y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas en una propuesta de la propia Comunidad Autónoma de
Cantabria.
En caso de llevarse a cabo la propuesta en Cantabria, desaparecerán los Partidos Judiciales de Torrelavega, Reinosa, San Vicente, Medio Cudeyo, Santoña, Laredo y Castro Urdiales, quedando sólo el Partido Judicial de Santander, que asumirá
todos los órganos de la Provincia y será la sede de veinte tribunales de justicia.
Desaparecen los Juzgados de Paz en diversos municipios de Cantabria, donde no tienen sede los Juzgados de Primera Instancia.
Será suprimida, además, la Audiencia Provincial de Cantabria, cuyas competencias asumirá el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.
2. Elaborar una nueva propuesta que tenga en cuenta las distintas competencias que concurren, respetando la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales.
3. Garantizar el mantenimiento de los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de la Audiencia Provincial de Cantabria y los Juzgados de Paz, para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de
justicia, tan contraria a los intereses de la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2013.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas contra el incremento de acciones violentas de grupos de
extrema derecha, para su debate en la Comisión de Interior.
Nuestro Grupo Parlamentario ha mostrado en reiteradas ocasiones y a través de diversas iniciativas su preocupación por el aumento de agresiones fascistas y la proliferación de organizaciones de extrema derecha en el Estado, tanto en la
presente legislatura como en anteriores.
Igualmente hemos denunciado y exigido la prohibición de manifestaciones y exhibiciones públicas convocadas por grupos fascistas con el objeto de difundir su ideología racista y xenófoba, defendiendo explícitamente la discriminación por
razones de raza y origen.
Desde el inicio de los 90 se han producido varios millares de agresiones protagonizadas por grupos de extrema derecha, con varios miles de víctimas agredidas y más de medio centenar de asesinatos. En España, a diferencia de Alemania, Gran
Bretaña y otros países de la Unión Europea, no se dispone de ninguna estadística oficial de las agresiones racistas y de la violencia neonazi en general. Los únicos datos generales son proporcionados por el Informe RAXEN que elabora periódicamente
el Movimiento contra la Intolerancia.
En los últimos meses en la Comunidad de Madrid se han incrementado de forma alarmante los ataques, amenazas y agresiones fascistas que han tenido como respuesta la pasividad de Delegación del Gobierno. Entre otros, varias sedes de IU han
sido atacadas, o han amenazado a cargos públicos, afiliados o simpatizantes. Ayer mismo, 11 de septiembre, un grupo de fascistas irrumpió violentamente durante la celebración de la Diada en el Centro Cultural Blanquerna, sede de la Delegación del
Gobierno de la Generalitat en Madrid, agrediendo y amenazando a los asistentes y causando importantes daños materiales.
Estas acciones no pueden ni deben considerarse hechos aislados e inconexos. Los gobiernos deben responder ante lo que verdaderamente son: ataques de corte fascista que tienen anclaje en organizaciones y grupúsculos que difunden su
ideología nazi poniendo en peligro la seguridad y la convivencia pacífica y democrática de los ciudadanos.
Por tanto, no solo debemos quedarnos en la denuncia institucional sin paliativos de la actuación de grupos de extrema derecha o de los delitos que éstos pudieran cometer. En este contexto, es necesario exigir al Gobierno que ponga en marcha
todos los instrumentos que la legalidad vigente pone a su alcance para actuar también en la investigación de las actividades de aquellos grupos sospechosos de participar en movimientos de extrema derecha, sus redes de financiación, la difusión de su
ideología por diversos medios, sus actuaciones, sus conexiones con otras organizaciones en España y a escala internacional. El Parlamento Europeo denuncia la existencia de 1.300 grupos ultras, coherentes entre sí, con comportamientos similares y
muy activos
Por último es preciso reseñar que el Código Penal español vigente (Art. 515. 5) establece que son asociaciones ilícitas 'las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su
ideología, religión y creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía o incitan a ello.'
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Investigar las conexiones nacionales e internacionales, su funcionamiento y organización, sus actuaciones, las redes de financiación, los objetivos y fines de las organizaciones y grupos de extrema derecha que promueven la violencia
fascista, el racismo y xenofobia en el Estado español.
2. Adoptar las acciones legales necesarias para la persecución penal en aquellos casos en los que de su organización u actividad pudiera derivarse responsabilidad conforme establece nuestra legislación.
3. A la vista de las investigaciones, iniciar los trámites para la declaración de ilegalidad de los partidos políticos de extrema derecha, y su consecuente disolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias y Gaspar Llamazares Trigo, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Interior
161/001955
A la Mesa del Congreso
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Interior, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar el Estatut de Autonomia de Catalunya en relación a las competencias de la Generalitat en materia de Seguridad y Protección Civil.
Antecedentes
El sistema de distribución competencial establecido en la Constitución es flexible y pretende dar participación a los distintos entes territoriales, con el fin de que las Comunidades Autónomas puedan gozar de plena autonomía para gestionar
sus propios intereses.
En base al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataiunya del año 2006, se reconoce y se asignan ciertas competencias exclusivas o ejecutivas en materia de seguridad o protección civil. Sin embargo, en la actualidad, no se han adoptado aún las
medidas necesarias para facilitar y garantizar dichas competencias.
En primer lugar, en materia de protección civil, la Generalitat tiene la competencia exclusiva en cualquier suceso o emergencia que se produzca en territorio catalán. Sin embargo, hay supuestos en el que el hecho alcanza a diferentes
Comunidades Autónomas, y son necesarios mecanismos de colaboración al respecto. En este sentido, Convergència i Unió considera imprescindible una colaboración entre el Ministerio del Interior y la Generalitat de Catalunya con el fin de poder
articular los supuestos y la forma en el que se activa un plan de ámbito estatal, en relación con la competencia que en exclusiva ostenta la Generalitat en materia de protección civil.
En segundo lugar, con respecto al salvamento marítimo, cabe destacar que es una facultad compartida entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, ya que el Gobierno central tiene competencias legislativas sobre salvamento marítimo y
Comunidades Autónomas, como Catalunya, tienen competencias ejecutivas en esta materia. Una reivindicación tradicional de Catalunya, y que urge llevar a cabo, es el traspaso de los medios y servicios personales de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (SESAMAR), con la finalidad de poder coordinar y realizar operaciones de búsqueda, salvamento de vidas humanas y de lucha contra la contaminación marina, tanto en las Administraciones Públicas catalanas
como en las instituciones públicas y privadas, en base al artículo 132.2 del Estatuto de Autonomía de Catalunya.
En tercer lugar, con respecto a la materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, la Ley Orgánica 6/1997, transfirió a la Comunidad Autónoma de Catalunya las facultades de ejecución en dicha materia. Es por ello, que la
Generalitat de Catalunya, mediante el Servei Català de Trànsit, es la autoridad competente que asume la vigilancia de todas las carreteras del territorio de Catalunya, con independencia de la titularidad de la carretera. Dicha vigilancia se ejecuta
a través del Cuerpo de Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, con la facultad de denuncia y sanción de las infracciones de las normas de circulación y seguridad. Sin embargo, sobre el procedimiento tramitado y la sanción de multa impuesta, el
Estado determina como sanción, la detracción de puntos y, en su caso, la suspensión o retirada del carnet de conducir, obligando al conductor infractor que circula por Catalunya a recurrir por un solo hecho infractor ante dos administraciones
diferentes y en momentos también diferentes. Por ello, sería necesario poder ampliar la competencia ejecutiva transferida, y que la Generalitat pudiera sancionar, juntamente con la multa, la detracción de puntos y la retirada o suspensión del
carnet de conducir.
Y en último lugar, pero no por ello menos importante, se debe garantizar el cumplimiento de la competencia estatutaria de la Generalitat en materia de prevención y seguridad de la conservación de la naturaleza, medio ambiente y los recursos
hidrológicos, asegurando las funciones propias del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra en esta materia, que substituirían a las que ahora realiza la Guardia Civil a través del SEPRONA.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar el cumplimiento de la transferencia estatutaria de Salvamento Marítimo prevista en el artículo 132 del Estatuto de Autonomía de Catalunya con los recursos humanos y materiales necesarios para prestar dicho servicio.
2. Ampliar las competencias ejecutivas en materia de tráfico de la Generalitat de Catalunya, concretamente, en el traspaso de la competencia para la retirada de puntos y para la suspensión y retirada del carnet de conducir, impulsado un
proyecto de ley orgánica por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.
3. Garantizar el cumplimiento de la competencia estatutaria de la Generalitat en materia de prevención y seguridad de la conservación de la naturaleza, medio ambiente y los recursos hidrológicos, asegurando las funciones propias del Cuerpo
de los Mossos d'Esquadra en esta materia, que substituirían la actuación de la Guardia Civil a través del SEPRONA.
4. Garantizar la colaboración entre el Ministerio del Interior y la Generalitat de Catalunya, con el fin de articular los supuestos y la forma en el que se activan en el territorio de Catalunya los planes de ámbito estatal de protección
civil, que afectan a varias Comunidades Autónomas, con la finalidad de respetar la competencia que en exclusiva ostenta la Generalitat en materia de protección civil de acuerdo con su Estatuto de Autonomía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
161/001957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de impedir que continúe el deterioro en determinadas dependencias de la Dirección General de Policía derivadas de la falta de mantenimiento que ha generado la suspensión del contrato con 'Arción Construcciones', para su debate en
Comisión.
Exposición de motivos
A primeros de este año 2013, se llevó a cabo, por parte del Ministerio del Interior-Dirección General de la Policía, la adjudicación del contrato de 'mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal en inmuebles de la Dirección General
de la Policía, y de los elementos e instalaciones inherentes a los mismos' en distintas provincias del Estado español, entre ellas las cuatro gallegas, a la empresa valenciana 'Arción Construcciones'.
Esta empresa era ya la adjudicataria antes de esa fecha y volvió a obtener el contrato a pesar de que el propio Ministerio del Interior la habla apercibido en varias ocasiones por incumplimiento grave de contrato en las zonas de Valencia y
Andalucía, e incluso la había penalizado. La adjudicación se realizó por un plazo de 24 meses prorrogables y por un importe total de 2.461.016,96 euros.
El mantenimiento que la empresa venía llevando a cabo en la zona de Galiza ha sido también objeto de apercibimiento y 'Arción Construcciones' ha solicitado la autorización para ceder el contrato, que se encuentra suspendido, a otras
empresas.
La situación para los trabajadores de dicha empresa se hizo insostenible desde el mismo momento de la adjudicación, ya que poco tiempo después dejó de abonarles sus nóminas y ha llevado a cabo un ERE de extinción que ha afectado a 136
personas en todo el Estado que, a día de hoy, todavía no han cobrado las mensualidades que se les adeudan ni las indemnizaciones que les corresponden. Todo esto, además, sin que los operarios hayan podido mantener contacto directo en ningún momento
con la empresa que carecía de instalaciones propias en todas las provincias y que, para el caso de Galiza, operaba desde León.
La mayoría de los trabajadores despedidos entienden que la extinción de sus contratos se originó injustamente porque el Ministerio dejó de abonar las facturas de 'Arción' en el mes de diciembre de 2012 y esta, a su vez, dejó de pagar a sus
empleados que fueron despedidos definitivamente en el pasado mes de julio.
Estos hechos han provocado, además, diversas acciones legales de los ya ex-empleados de 'Arción' contra el Ministerio sin que, por el momento, este haya respondido y mucho menos se haya responsabilizado de la situación de la que son
víctimas.
Tampoco ha producido ningún tipo de reacción por parte de Interior al paulatino y cada vez más evidente agravamiento de la relación laboral entre 'Arción' y sus trabajadores, sobre todo en los dos últimos años, que ha llevado a que el propio
Ministerio obviase continuadamente que eran sus propios funcionarios en determinadas comisarías los que daban las órdenes concretas a los operarios de 'Arción' sobre los trabajos a realizar diariamente y dónde, los que les abonaban en muchas
ocasiones las dietas, los que les establecían los días libres, los horarios y las vacaciones e, incluso, los que les asignaban trabajos ajenos al contrato que formalmente tenían con la firma valenciana y les proporcionaban el material y las
herramientas para realizarlo.
En muchos casos, un gran número de esos operarios eran subrogados y, a la vista del reciente anuncio del Ministerio sobre la adjudicación de un nuevo concurso en este mes de septiembre y de la actitud mantenida con ellos hasta ahora, y
desconocen si la nueva adjudicataria se hará o no cargo de ellos ya que, al parecer, no es uno de los requisitos exigidos.
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, los ex-operarios de 'Arción' entienden que el Ministerio debe responder solidariamente y, por lo tanto, hacerse cargo de las obligaciones salariales
incumplidas en este caso por la empresa adjudicataria.
Por otra parte, las consecuencias que han generado las circunstancias descritas están ya siendo nefastas para los administrados y para las personas que trabajan o se ven obligadas a realizar distintos trámites en las dependencias de la
Policía. Los problemas de la falta de mantenimiento están exponiendo a los edificios a cualquier tipo de avería o grave desperfecto, incluso en zonas tan sensibles como los laboratorios de ADN existentes, donde se guardan evidencias de numerosos
delitos que corren serio riesgo de malograrse y, como consecuencia, perjudicar gravemente a investigaciones y a personas implicadas.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio del Interior a:
- Adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para impedir que continúe el deterioro en determinadas dependencias de la Dirección General de Policía derivadas de la falta de mantenimiento que ha generado la suspensión del contrato
con 'Arción Construcciones'.
- Atender las demandas de los ex-trabajadores de 'Arción Construcciones' afectados por el ERE de extinción, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
- Incluir en el nuevo contrato de adjudicación del mantenimiento de las dependencias de la Dirección General de Policía la cláusula de subrogación del personal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Defensa
161/001960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a los puestos de trabajo y
desarrollos de la industria de tecnologías de defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Históricamente, la industria de defensa no tenía una especial incidencia fuera del ámbito estricto de la defensa. Por tanto, su mantenimiento era posible dentro de un concepto muy aislado de la seguridad; con una industria de dependencia
estatal, cuando no directamente propiedad del Estado, como única forma de poder asegurar su supervivencia.
Más adelante este concepto quedó desfasado; la industria de defensa se convirtió en un sector cada vez más tecnificado, más asociado a los sectores científico-tecnológicos avanzados, más exigente en el campo de la I+D.
En el ámbito de la tecnologia de defensa ya no se habla de armas sino de sistemas de armas. El carro de combate, el aeroplano o el buque son contenedores de sistemas altamente avanzados, con electrónica y nuevos materiales, que hacen más,
duran más y consumen menos que los propios de la generación anterior. Se trata, además, de sistemas que pueden ser intercambiados con el fin de realizar distintas misiones con una sola plataforma.
La tecnologías para la defensa han dado lugar a productos que no habrían existido de no haber sido por su necesidad militar. En ocasiones, equipos inicialmente diseñados para fines militares han tenido una variedad de usos y una producción
mucho mayor con destino al mercado de consumo que ha llegado a eclipsar su origen inicial. A estos productos, que pueden ser usados indistintamente dentro del campo del consumo y del militar, los denominarnos productos duales.
Puede ponerse como ejemplo el rayo láser, que tras años de investigación, inversión y proyectos como 'rayo de la muerte', tiene usos hoy día que van de cortadores de metales duros o incluso diamante, a bisturíes, lectores de CD, calculadores
de distancia y señalizadores. Sirva también de ejemplo la fibra de carbono, hoy en día utilizada ampliamente pero cuyo impulso procede de la aeronáutica militar.
Sin embargo, tal vez los mejores ejemplos de investigación militar explotada con gran éxito en el ámbito civil sean Internet, surgida de la colaboración de un grupo de científicos que buscaban mejorar la conexión entre ordenadores y el apoyo
financiero militar, y el GPS.
Par otro lado, la Industria de Tecnologías de la Defensa crea puestos de trabajo de alta cualificación e incentiva la investigación y el desarrollo, lo que a su vez sustenta, como consecuencia de esa inversión, a una industria de bienes de
consumo de alto nivel y valor añadido que pueden ser derivados fácilmente al mercado de la exportación.
En el caso de España, la industria de tecnologías de la defensa se encuentra en cuarta posición europea y es líder en algunos nichos de mercado. Pueden señalarse como características de su aportación cualitativa a la economía nacional: la
internacionalización, ya que un 60% de la facturación son exportaciones; la generación de empleo de calidad, un 50% de los empleados son licenciados e ingenieros superiores; su productividad, siendo el sector un 55% más productivo que la media
española; y la innovación, teniendo en cuenta que un 8% de la facturación se reinvierte en I+D+i.
La facturación del sector ronda los 90.000 millones de euros, generados por más de 500 empresas, de los cuales, unos 5.500 millones corresponden a ventas en el sector de la defensa. El sector mantiene un elevado nivel de empleo, calculado
en 200.000 empleos en total, de los cuales, unos 23.000 son empleos directos generados únicamente en actividades de defensa.
Renunciar a una industria de tecnologías de la defensa representa renunciar a multitud de programas de alto nivel tecnológico, a la participación en proyectos industriales internacionales y, en último término, a condenar a la industria
española a una categorización de segundo orden, obsoleta y fuera de fas posibilidades de exportación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Continuar apoyando, dentro del marco de austeridad actual y en función de la evolución económica, la carga de trabajo vinculada a los Programas Especiales de Armamento y, con ello, los puestos de trabajo y la I+D+i asociados, en los
centros de producción relacionados con la Industria de Defensa, así como facilitar el máximo soporte a su actividad comercial en los mercados internacionales.
- Proseguir con el análisis de las necesidades futuras de las Fuerzas Armadas para poder concretar las capacidades necesarias y los recursos a disponer para llevar a cabo las misiones que en cada momento les sean encomendadas dentro del
marco de la Directiva de Defensa Nacional, de la Directiva de Política de Defensa, de las demás normas del planeamiento de la Defensa, del escenario internacional y de nuestros compromisos en el contexto de la ONU, OTAN y UE.
- Proseguir la búsqueda de acuerdos que abunden, siguiendo la línea iniciada por el Ministerio de Defensa, en generar las sinergías y optimizaciones oportunas con respecto a las políticas de gasto e inversión que repercuten en la industria
de defensa nacional.
- Continuar participando, de acuerdo con el resto de socios europeos, en las labores de la European Defence Agency como instrumento de cooperación para la defensa y mejora de las capacidades de defensa de Europa.
- Fomentar, dentro del ámbito de sus competencias, la reestructuración de la Industria de Tecnologías de la Defensa española y, siguiendo las recomendaciones de la European Defence Agency, ayudar a la reestructuración de la Industria de
Defensa Europea, a fin de constituir empresas más competentes y resistentes ante un ambiente cambiante globalizado.
- Elaborar una estadística oficial del aporte de la Industria de Tecnologías de la Defensa al PIB nacional, a la I+D+i, el número de puestos de trabajo directos e indirectos que genera, su cualificación y el efecto en las exportaciones.
- Establecer mecanismos formales y estructurados, en el ámbito de la cooperación industrial inserta en los contratos de Tecnologías de la Defensa, para ofrecer los activos y recursos españoles de I+D+i, en sentido amplio, dentro de los
contratos de suministro de las mencionadas tecnologías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley en relación con medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
En los últimos meses a muchos emigrantes retornados, principalmente de Galicia y Andalucía, se les está comunicando por la Agencia Tributaria, el inicio de un expediente de gestión tributaria de comprobación limitada. Los emigrantes
retornados están recibiendo requerimientos y liquidaciones del IRPF, por las pensiones que percibieron del extranjero durante el ejercicio del 2008, último no prescrito. También se les ha notificado, a algunos de ellos, las comprobaciones de años
posteriores y el inicio de un expediente sancionador por no haber declarado, en su día, la renta percibida. Las multas se están extendiendo incluso a los familiares de emigrantes fallecidos.
La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER) denuncia que la Agencia Tributaria ha aportado una información errónea, al considerar antes que estas rentas no tenían que ser declaradas en el IRPF. Esa era la postura
que la Administración les había hecho llegar, a través de las distintas Delegaciones Provinciales de la Agencia Tributaria. Tan es así, que estas rentas percibidas no aparecían en los borradores que les aportaba Hacienda para hacer la declaración
de la Renta. Agader considera que 'la Administración está actuando con afán recaudatorio y mala fe, porque nunca cobraron, ahora lo hacen y encima multan'. Se considera una persecución a los más débiles, mientras se amnistían a los grandes
defraudadores.
Todos los afectados son personas mayores, que emigraron al extranjero durante la década de los 50, 60 y 70. Personas con escasa cultura tributaria, pero que muchos de ellos se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración, que
siempre les manifestó que eran rentas exentas de tributación en España. Los emigrantes retornados no pueden comprender el enorme perjuicio que les va provocar tener que regularizar los años no prescritos, puesto que nunca ha habido por su parte
voluntad de defraudar. No existe culpa, ni siquiera mera negligencia, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Es necesario que la Agencia Tributaria informe con detalle el tratamiento fiscal que deben tener estas rentas, que se lleve a cabo una campaña informativa entre los emigrantes retornados para que conozcan con exactitud sus obligaciones
fiscales y que se les ayude a regularizar su situación, en caso de que se detecten incumplimientos con la normativa tributaria, como consecuencia de una mala información suministrada.
Es muy preocupante que se estén iniciando expedientes de comprobación sólo en algunas Comunidades Autónomas y por rentas obtenidas de algunos países, puede estarse incumpliendo el principio básico de igualdad ante la ley. Y por otra parte,
se está aplicando con la máxima dureza la norma tributaria a personas que, por ignorancia, han podido incumplir con la ley, no pudiéndose considerar un incumplimiento en ningún caso punible.
Es injusto que los beneficiarios de la amnistía fiscal, hayan recibido un continuo asesoramiento del Gobierno, pudiendo regularizar su fiscalidad con un gravamen 'teórico' del 10% y real del 2%, sin sanciones y sin intereses de demora,
mientras que los emigrantes retornados, que no han querido defraudar, tengan que pagar el gravamen que les corresponda, más intereses de demora, sanciones y recargos.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
- Desarrollar una campaña informativa sobre las obligaciones tributarias de los emigrantes retornados y el tratamiento fiscal de las rentas y pensiones que perciben.
- Colaborar con los emigrantes retornados para que puedan regularizar su situación fiscal, prevaleciendo la mesura y la consideración sobre un colectivo que no ha tenido ninguna intención de defraudar a la Hacienda Pública.
- No iniciar ningún expediente sancionador sobre las pensiones de los emigrantes residentes no declaradas en el IRPF, y cerrar de oficio los expedientes abiertos.
- Abrir, a través del ICO, una línea de crédito a medio y largo plazo, sin interés remuneratorio, para que los emigrantes retornados puedan regularizar su situación fiscal.
- Promover los cambios normativos necesarios para:
1. Dar más y mejores facilidades de pago, mediante la ampliación del período de aplazamiento.
2. No se devenguen intereses de demora en las liquidaciones del IRPF que se practiquen por ejercicios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2013.-Antonio Hurtado Zurera, Gracia Fernández Moya, Miguel Ángel Heredia Díaz, María Luisa Carcedo Roces y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/001956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el plan extraordinario en la comarca del Campo de Gibraltar, para
su debate en la Comisión de Fomento.
El Gobierno ha reconocido en reiteradas ocasiones en los últimos meses que la existencia en Gibraltar de un régimen fiscal ventajoso y una actividad comercial que condiciona la situación de su entorno, perjudica el desarrollo económico de la
Comarca del Campo de Gibraltar. Sin embargo, una vez utilizados estos argumentos para justificar el endurecimiento de la presión sobre el tránsito de personas y vehículos en la verja de Gibraltar, nada ha presentado el Gobierno para hacer frente a
esta realidad.
Pasados los días en los que era necesario mantener la tensión, el Gobierno vuelve a dejar en el olvido a una de las comarcas con más paro y déficit de inversiones del Estado, por lo que es necesario asumir la responsabilidad y hacer frente a
una situación que la propia Administración ha denunciado, para ello se presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Incluir en los PGE de 2014 un Plan Extraordinario de Actuaciones para esta comarca de la provincia de Cádiz.
Este Plan debe empezar por contemplar una partida específica en los citados PGE de 2014 destinada a realizar medidas de choque que mejoren la situación de paro que sufre la mayoría de la población de la Comarca del Campo de Gibraltar.
Además este Plan Extraordinario de Actuaciones debe incluir, entre otras medidas, actuaciones en relación con la protección y recuperación de la pesca en todo el litoral, medidas de industrialización que no perjudiquen el medio ambiente,
iniciativas que protejan el medio ambiente dañado con las acciones derivadas de la extracción de arena que se ha vendido a Gibraltar.
Al mismo tiempo el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a resolver la actual situación y se tenga en cuenta a los españoles que trabajan en el interior de Gibraltar.
Para la realización del Plan se deberá tener en cuenta las aportaciones de los Ayuntamientos y Mancomunidad de la zona, de la Diputación de Cádiz y de la Junta de Andalucía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2013.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
accesos al puerto del Musel (Gijón), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Puerto de Gijón es, en España, uno de los principales puertos marítimos del Arco Atlántico y el puerto líder en el movimiento de graneles sólidos. Conectado con más de 200 puertos de todo el mundo a través de una importante red de líneas
regulares, ofrece una posición privilegiada en la vertiente cantábrica de la Península Ibérica.
Recientemente, en este Puerto, se ha acometido una ampliación de gran envergadura, para apostar decididamente por la modernización, la eficiencia y la competitividad económica asturiana.
Por ello es necesario impulsar todas aquellas acciones que ayuden a convertir el Puerto de Gíjón, a medio plazo, en plataforma logística en la cornisa cantábrica, consolidando y desarrollando, al mismo tiempo, los tráficos energéticos e
industriales que suponen la base del negocio en la actualidad y, en paralelo, estudiar e identificar oportunidades de negocios HUB que ayuden a posicionar el puerto como un enclave referente en el Arco Atlántico a medio-largo plazo.
Asturias puede aspirar, con ello, a convertirse en una gran plataforma intermodal de alcance nacional y europeo y para ello es necesario impulsar la intermodalidad marítimo-terrestre del Musel, tanto con la adecuación de sus infraestructuras
como en la gestión de los servicios logísticos.
A este respecto resultan fundamentales los accesos por carretera y ferrocarril al puerto, especialmente si tenemos en cuenta que se ha puesto en servicio, en septiembre de 2010, la primera Autopista del Mar de la Unión Europea entre España y
Francia que, con tres salidas semanales en cada sentido, conecta el Puerto de Gijón con el Puerto de Nantes-Saint Nazaire. Una ruta que une autopistas terrestres a través de un servicio marítimo seguro, cómodo, rápido y económico, lo que aumenta,
exponencialmente, el transporte de corta distancia y rápida comunicación.
Como complemento básico a estas infraestructuras portuarias y a la modernización de sus instalaciones, se está desarrollando, desde comienzos de 2005, una zona de actividades logísticas e industriales cerca del puerto de Gijón.
Por todo ello, las infraestructuras de conexión del puerto con la red de transporte terrestre precisan, con urgencia, una adecuación y reordenación de cara a la mejora de su intermodalidad y competitividad.
Existe, al respecto, un Protocolo entre el Ministerio de Fomento, el Principado de Asturias, la Autoridad Portuaria de Gijón y el Ayuntamiento de Gijón para la financiación del proyecto de accesos por carretera al Musel y Zafia, por el que
corresponde al Ministerio de Fomento financiar la redacción de proyecto y construcción del tramo de autovía, que se apoya en la AS-19 titularidad del Principado de Asturias y discurre entre Moreda (enlace con la A-8) y el Empalme (enlace de la AS-19
con la AS-239 y el acceso por Aboño), incluyendo en el mismo el enlace intermedio de La Peñona, donde conectan con esta autovía los Accesos a Zafia y el vial de Jove de acceso al Musel.
Asimismo le correspondía al Ministerio de Fomento la cofinanciación, al 50%, con la Autoridad Portuaria de Gijón, la construcción del vial de acceso al Musel, por Jove, cuyo proyecto redactaría la Autoridad Portuaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Fomento lleve a cabo:
- La aprobación del proyecto de accesos por carretera al Musel y Zalia e inicio del expediente expropiatorio, en este año 2013.
- La licitación y adjudicación de la obra en el próximo año 2014 y la incorporación de su financiación en los PGE 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2013.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Luisa Carcedo Roces y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, y a presentar un Proyecto de Ley que establezca un sistema de
compensación a la Seguridad Social para que ésta pueda reconocer el período destinado al servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria como computable para el acceso a las prestaciones del sistema y para el cálculo de su
importe.
Antecedentes
Durante muchos años, miles de ciudadanos del Estado español tuvieron que dedicar, de forma obligatoria, parte de su tiempo a la realización del Servicio Militar Obligatorio o, en su caso, a la Prestación Social Sustitutoria. Mientras
prestaban dichos servicios, durante meses o años, según iban marcando las diferentes leyes, la mayoría de estas personas se veían forzadas a aparcar sus responsabilidades laborales o, en tiempos ya más recientes, a retrasar su entrada en el mercado
de trabajo.
La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas determinó, en su disposición adicional decimotercera, que la prestación del Servicio Militar quedaría suspendida a partir del 31 de diciembre del año 2002.
Posteriormente, el período transitorio hasta su definitiva eliminación, se acortó mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, dictado de conformidad con la autorización otorgada al Gobierno en la disposición transitoria decimoctava de la Ley
17/1999. Y finalmente, la fecha en que se hizo efectiva la suspensión del Servicio Militar fue el 31 de diciembre de 2001.
Dada la evidente 'simetría constitucional' entre la realización del Servicio Militar Obligatorio y la realización de la Prestación Social Sustitutoria, se suspendió asimismo, la obligación de realizar ésta última para los objetores de
conciencia.
Resulta en estos momentos, como poco, sorprendente que habiendo desaparecido la obligación de prestar el Servicio Militar o la PSS y habiéndose profesionalizado el ejército hace más de diez años, el tiempo que muchas personas dedicaron a
este fin no sea considerado como 'de servicios al Estado', no se compense a estos ciudadanos reconociéndoles de algún modo este lapso de tiempo, y que el Gobierno, además, haya incumplido en este sentido, los mandatos establecidos en la Ley y
aprobados en las Cortes.
En diversas ocasiones y a través de numerosas iniciativas parlamentarias, se ha propuesto, reclamado, e incluso aprobado, que este periodo, el tiempo dedicado al Servicio Militar Obligatorio y a la Prestación Social Sustitutoria, fuera
considerado por la Seguridad Social como efectivamente cotizado a la hora de acceder a las prestaciones del sistema. Entre las citadas iniciativas, quizás cabe destacar por su importancia, la incorporación de esta cuestión en la Ley 27/2011, de 1
de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
En concreto, la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, relativa al cómputo a efectos de Seguridad Social, del periodo de Servicio Militar Obligatorio o de Prestación Social Sustitutoria, compromete al Gobierno a presentar,
en el plazo de un año, un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de Servicio Militar Obligatorio
o de Prestación Social
Sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias, acorde con los incrementos en el ámbito de la contributividad y con la sostenibilidad del sistema.
También por ejemplo, en este sentido, podríamos referirnos a la reforma de la Seguridad Social llevada a cabo a través de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas de Seguridad Social, que incluyó en el texto dispositivo la citada
problemática, en el supuesto del acceso a la jubilación anticipada en determinadas circunstancias pero que a pesar de su carácter novedoso ha tenido un impacto limitado. O incluso, a una Proposición no de Ley (161/001255) presentada por el grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, aprobada por la Comisión de Defensa en su sesión del día 28 de febrero de 2006, en la que entre otras cuestiones, instaba al Gobierno literalmente 'a reconocer a todos aquellos
ciudadanos que cumplieron el Servicio Militar Obligatorio como periodo de cotización de la vida laboral a todos sus efectos'.
Sin embargo, a pesar de la reiterada solicitud, convertida, como hemos señalado en diversas ocasiones en mandato aprobado por las Cortes al Ejecutivo, tanto a través de iniciativas no legislativas como de iniciativas legislativas, la
cuestión continúa pendiente de resolución.
Por todo ello y con el objetivo de seguir avanzando y compensar a todos aquellos ciudadanos que de forma obligatoria, tuvieron que dedicar parte de su tiempo a cumplir con la obligación de realizar el Servicio Militar o la Prestación Social
Sustitutoria, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social relativa al cómputo
del período de Servicio Militar Obligatorio o de Prestación Social Sustitutoria, y a presentar antes de finalizar el presente período de sesiones, un Proyecto de Ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta
se pueda reconocer, a favor de las personas interesadas, un período de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de Prestación Social Sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales
circunstancias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley para que las administraciones autonómicas gestionen los fondos y políticas contra el paro juvenil procedentes de la UE.
Antecedentes
Aunque el paro es un problema muy grave respecto de cualquier colectivo que lo padezca, adquiere en el caso de los jóvenes un plus de trascendencia. El impacto del desempleo juvenil, a medio y largo plazo, es enorme para el conjunto de la
sociedad: riesgo de exclusión social, inexistencia de perspectiva de futuro, pérdida de capital humano, retraso en el inicio de la vida adulta, incluyendo la creación de sus propias familias; la repercusión del fenómeno es enorme porque es social,
económica, política, demográfica.
En 2013, un 23% de los jóvenes activos en Europa están sin trabajo, porcentaje que varía desde el 15% o menos en estados como Austria, Dinamarca, Alemania u Holanda, hasta porcentajes por encima del 55% en lugares como Grecia o España.
Reducir el paro juvenil es, sin duda, una de las prioridades en la agenda europea y prueba de ello, son la cantidad de iniciativas: resoluciones, recomendaciones, comunicaciones, propuestas, informes,
acuerdos políticos -como el alcanzado en el Consejo Europeo de 28 de febrero de 2013, en relación al establecimiento de la Garantía Juvenil-, e incluso declaraciones de los líderes europeos con motivo de jornadas, seminarios o reuniones
diversas.
En este último sentido, quizás cabe destacar por ejemplo, declaraciones como las del Presidente francés, en mayo de este año, en las que urgía al resto de Estados a actuar con celeridad, a aprobar un plan de empleo para los jóvenes en la
cumbre de líderes europeos a finales del mes de junio, que pudiera empezar a funcionar en 2014, y a materializar el compromiso de ofrecer a los menores de 25 años, una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de
prácticas, adecuada a su perfil, en un plazo de cuatro meses, tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Lo que ha venido denominándose la Garantía Juvenil.
Sin duda, está claro que la UE intenta avanzar y concretar medidas que supongan un ataque efectivo contra el paro juvenil y para ello tiene previsto movilizar un importante volumen de fondos y recursos.
Por otro lado, desde la UE, y en el caso de España, desde el propio Gobierno, no debería obviarse la importancia de las políticas de acompañamiento para facilitar la incorporación de los jóvenes a la actividad laboral, políticas que
requieren que sean llevadas a cabo por las administraciones más próximas a los ciudadanos y a la realidad del territorio. Estas administraciones son las que mejor pueden identificar las necesidades del tejido productivo de su territorio, las
oportunidades, las condiciones para cambiar las dinámicas y tendencias, las características de sus poblaciones, y desarrollar más adecuadamente conexiones con pymes y actores económicos, por lo que es preciso que sean las administraciones
autonómicas las que gestionen los fondos para el empleo juvenil y las correspondientes políticas de ocupación.
Y tampoco debería olvidarse, que en el caso de Catalunya, por ejemplo, corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, y que incluye, en todo caso, las políticas activas de ocupación y la
gestión de los recursos correspondientes.
En este sentido, se ha manifestado ya el Parlament de Catalunya a través de las Resoluciones que fueron aprobadas tras el debate sobre la situación de la juventud que se celebró a finales del pasado mes de julio. Concretamente, el Parlament
insta al Gobierno a distribuir de forma justa los recursos entre las Comunidades Autónomas para que éstas puedan desarrollar sus propios programas en base a sus distintas realidades, y a llevar a cabo las actuaciones que posibiliten que la
Generalitat de Catalunya gestione todos los recursos destinados a la implementación de la Garantía Juvenil en Catalunya.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados constata la necesidad y urgencia de impulsar Políticas Activas de Ocupación para reducir el desempleo juvenil, que este impulso debe materializarse de acuerdo con la distribución competencial establecida entre
las distintas administraciones en esta materia, y que la implementación de estas políticas desde la proximidad incrementa su eficacia.
Por ello, insta al Gobierno a distribuir de forma justa los recursos económicos destinados a luchar contra el desempleo juvenil procedentes de la UE, entre las Comunidades Autónomas, y a posibilitar que sean estas administraciones las que
gestionen los citados recursos, incluidos los que tengan por objetivo la implementación de la Garantía Juvenil, y puedan desarrollar programas propios adaptados a sus realidades sociales y territoriales.
Dicha distribución deberá efectuarse proporcionalmente al número de desempleados menores de 25 años de cada Comunidad Autónoma, según la Encuesta de Población Activa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la revisión de las
Directrices Básicas de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La normativa estatal en materia de protección civil, bajo el principio de que la protección de la vida y la seguridad de las personas ha de prevalecer frente a cualquier otro valor, persigue la protección física de las personas y de los
bienes y reconoce la necesidad de detectar, prever, ordenar y planificar las actuaciones que deben llevarse a cabo ante situaciones de grave riesgo para la seguridad y la vida de las personas.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, al regular los planes de protección civil distingue entre planes territoriales, para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial, y planes
especiales, para hacer frente a riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología técnica adecuada para cada uno de ellos.
En desarrollo de la Ley de Protección Civil se aprueba la Norma Básica de Protección Civil en la que se establece que el riesgo de incendios forestales será objeto de planes especiales y remite, en cuanto a los criterios mínimos que habrán
de seguirse por las diferentes Administraciones Públicas para la confección de los Planes de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, en el ámbito territorial y de competencias que a cada una corresponda y criterios operativos, a una
Directriz Básica que debería aprobar el Gobierno.
La citada Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, al amparo de la Norma Básica de Protección Civil, fue aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de marzo de 1993.
La Directriz expone claramente, en su texto introductorio, que 'Los incendios forestales constituyen un grave problema, tanto por los daños que ocasionan de modo inmediato en las personas y bienes, como por la grave repercusión que tiene la
destrucción de extensas masas forestales sobre el medio ambiente, lo que contribuye a degradar las condiciones básicas para asegurar la necesaria calidad de vida a la población'.
La Directriz considera tres niveles de planificación y exige que los diferentes tipos de planes dispongan los órganos y procedimientos de actuación necesarios y prevean las relaciones entre las diferentes administraciones implicadas. Los
planes que se elaboren con arreglo a esta Directriz se referirán a las medidas de protección civil que permitan reducir los riesgos de situaciones catastróficas para personas y bienes.
Así encuentra su fundamento el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales por el que se asegura una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas ante situaciones de emergencia por incendios
forestales en las que esté presente el interés nacional y garantizar el apoyo a los Planes de las Comunidades Autónomas en el supuesto de que éstos lo requieran.
El objetivo último era establecer un modelo nacional de actuación, coordinada y conjunta de los diversos servicios y Administraciones implicadas, siempre en coherencia con los principios básicos de protección civil.
Se preveía la posibilidad de modificar la Directriz Básica mencionada cuando existiera una propuesta de los órganos competentes de las Administraciones Públicas que intervienen en la gestión de los Planes de Protección Civil de Emergencia
por Incendios Forestales y así se considerase necesario como consecuencia de la experiencia adquirida en la aplicación de los mismos.
El modelo de coordinación, tanto en las labores de extinción como en las que resultan necesarias para la protección de las personas y los bienes amenazados, en la lucha contra los incendios, ha funcionado razonablemente bien durante los
últimos años, aunque este aspecto no siempre quede reflejado en las estadísticas anuales. Sin embargo los incendios forestales están siendo reflejo de una evolución de la
estructura socioeconómica en el ámbito agroforestal. El cambio del paisaje por las dinámicas naturales y por el abandono rural provoca que en muchas comarcas estos incendios sean cada vez de mayor superficie y más peligrosos. De igual
manera, esos incendios ponen en riesgo, cada vez con más frecuencia, las zonas habitadas próximas a entornos naturales, conocidas como interfaces urbano-forestales. También han cambiado los medios técnicos y de comunicación, que permiten una mayor
coordinación entre las administraciones implicadas.
El Congreso ya ha instado al Gobierno a que proponga una revisión de la normativa de 1985 sobre Protección Civil, y el Ministerio de Interior ha reconocido esta necesidad y trabaja en esa reforma, pero se hace necesario realizar avances de
forma inmediata en campos, como el de los incendios forestales, que producen riesgos cada verano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y aprobar la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, que mejore los mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
2. Realizar una revisión de los respectivos Planes de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, de cada una de las Administraciones Públicas implicadas, especialmente los planes en el ámbito local, en el que se solicitarán
medidas especiales de autoprotección para las interfaces urbano-forestales.
3. Exigir la aprobación y establecer un registro de los respectivos Planes de actuación de ámbito local o de otras Entidades locales de Emergencia por Incendios Forestales y los Planes de Autoprotección de Empresas, núcleos de población
aislada, urbanizaciones, camping, que se encuentren ubicados en zonas de riesgo, así como de asociaciones o empresas con fines de explotación forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la necesidad de que el Gobierno realice todos los esfuerzos posibles ante la UE para defender a la conserva gallega y española en la negociación entre UE y Tailandia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
Durante tres días se celebró en Vigo la sexta Conferencia Mundial del Atún, desde el 9 al 11 de septiembre, que fue organizada por Anfaco-Cepesca.
Se reunieron en Vigo 300 expertos y miembros de empresas de casi 30 países que generan el 90% de la producción mundial de conservas de pescados y mariscos.
Como el BNG ha puesto de manifiesto en numerosas iniciativas parlamentarias a lo largo de estos años, a la industria conservera gallega le preocupa especialmente la situación de competencia desleal provocada por la masiva importación de
conservas procedentes del sureste asiático, como Papúa Nueva Guinea, Vietnam o Tailandia,
A estas alturas ya está asumido y superado el fiasco de la renovación del Acuerdo de Paternariado entre la UE y Papúa Nueva Guinea, en el que la UE nada ha hecho por salvar a la conserva europea, en concreto la gallega y española, porque ha
vuelto a permitir que las conservas procedentes de dicho país asiático estén exentas del pago de aranceles, lo cual perjudica sobremanera al sector.
Pero la industria gallega y española se enfrentan ahora a otro competidor gigante: Tailandia, que constituye el principal productor del mundo de conservas de atún. De nuevo planea la amenaza de un acuerdo con la UE que permitiría la
entrada de conservas tailandesas exentas de aranceles y a las que no se obligaría a cumplir las reglas de origen.
El mercado de la UE es uno de los objetivos de la conserva tailandesa, cuyas empresas más importantes ya han invertido alrededor de 680 millones de dólares en plantas en Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.
La industria conservera gallega es una de las que más peso tiene en la UE, contribuye con un 2,8% al PIB y aporta el 6,5% del empleo industrial en el territorio gallego.
La entrada masiva de conserva originaria de gigantes como Tailandia sería un duro golpe para nuestro sector conservero, y la exención de aranceles supone un cheque en blanco además de una competencia desleal evidente.
La ronda de negociaciones entre el Gobierno tailandés y la Comisión Europea se va a reanudar en el próximo mes de noviembre a fin de alcanzar un acuerdo para el año 2014.
Tailanda produce a unos costes muy bajos y no se puede pasar por alto el Informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que denuncia coacciones y empleo infantil en dicho sector en Tailandia, a pesar de que dicho país niegue la
vulneración de derechos laborales y la explotación infantil.
Además, conviene recordar que el pasado año 2012 se detectaron 17 partidas sin esterilizar provenientes de Tailandia.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar todas las gestiones posibles ante la Comisión Europea para evitar que cualquier Acuerdo comercial con Tailandia contemple la exención de aranceles a las conservas procedentes de dicho país asiático.
- Adoptar una posición activa en relación al inicio de la ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y Tailandia prevista para final del año 2013 que tiene la intención de alcanzar un acuerdo para 2014, con el objetivo de defender al
sector conservero gallego y español, preservando su viabilidad futura.
- Trabajar en el seno de la UE para que se cuide el factor de sostenibilidad de los recursos pesqueros.
- Demandar a la UE que cualquier Acuerdo comercial con terceros países como Tailandia implique el cumplimiento estricto de las normas vigentes en materia laboral, derechos humanos y sociales, así como los aspectos relacionados con la materia
higiénico-sanitaria.
- Adoptar medidas para incentivar el consumo de conserva propia, especialmente gallega, por su alta calidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los
servicios veterinarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Resulta un hecho innegable que la profesión veterinaria está al servicio de la sociedad y cumple unas funciones que han de ser consideradas esenciales en relación con la protección de la salud y bienestar animal pero también con la promoción
y prevención de la salud pública, en especial, al evitar las
denominadas zoonosis, es decir, las enfermedades que pueden transmitirse de los animales al ser humano.
Al cuidar de las mascotas que conviven con los seres humanos -más de 20 millones de personas según estimaciones de los colegios de veterinarios, el 49,3% de los hogares españoles- contribuyen también a evitar la transmisión de enfermedades
de los animales a los seres humanos y de éstos entre sí. Así se deduce, entre otros, del artículo 24.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que define a los establecimientos veterinarios como uno de los colaboradores en la
defensa y protección de la salud pública.
Tampoco puede ponerse en duda que la actual crisis económica afecta de forma especialmente grave a la profesión veterinaria.
En relación a la actividad que realizan las clínicas de animales de compañía hay dos asuntos que están siendo puestos de manifiesto por el colectivo profesional de veterinarios que considera necesario afrontar. Nos referimos a la
injustificable subida del IVA realizada en el presente año y la preocupación por la aparición de la Rabia en España.
De un lado, la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que amenaza la supervivencia de muchos de los profesionales especializados en pequeños animales y mascotas. Como es bien sabido, la reforma del IVA, llevada a cabo por Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, supuso elevar el gravamen a que están sometidos los servicios veterinarios, desde el 1 de septiembre de 2012, del 8%
(tipo reducido) al nuevo tipo general del 21%. Desde ese momento, los colectivos de veterinarios se han movilizado a través de sus Colegios Profesionales y Asociaciones, para conseguir suprimir este gravamen de la actividad veterinaria,
considerándolo como una profesión de carácter sanitario con incidencia sobre la salud pública o, como mínimo, someterlo al tipo reducido del 10% que se aplica a los servicios veterinarios en explotaciones ganaderas.
De otro lado, el control de una zoonosis mortal como es la rabia. Si bien, según la Organización Mundial de la Salud, España es una zona de bajo riesgo para esta enfermedad, tiene frontera con el Norte de África, zona declarada de alto
riesgo en relación con la misma. Recientemente, se ha dado en Castilla-La Mancha -concretamente en la provincia de Toledo- el caso de un perro infectado por esta enfermedad, proveniente de Marruecos, que atacó a varias personas. Es el primer caso
en los últimos diez años. Frente a esta situación las asociaciones de veterinarios han llamado la atención, y solicitado la modificación de los protocolos vigentes para garantizar la protección de los animales domésticos residentes en nuestro país
y la protección de la salud humana frente a la rabia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la remisión a esta cámara de un Proyecto de Ley que incluya la modificación del artículo 91.Uno.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA reducido), para introducir un nuevo apartado
13.°, referido a los servicios de prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades o dolencias de los animales de compañía, ocio y deporte.
2. Promover la modificación de los vigentes protocolos para la prevención y vacunación de la rabia, aplicables en toda España, siguiendo las recomendaciones del Consejo General de Colegios Veterinarios y de la Asociación de Veterinarios
Españoles Especialistas en Pequeños Animales que deberán incluir, en todo caso, la vacunación obligatoria a todos los perros que residan en nuestro país así como de los gatos y hurones expuestos a un posible contagio y reforzar las medidas de
control y vigilancia del tránsito de animales en aquellas zonas -Ceuta y Melilla o Andalucía- que puedan ser puerta de entrada de animales afectados por esta enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2013.-Alejandro Alonso Nuñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001970
A la Mesa de La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al Acuerdo de Pesca
UE-Reino de Marruecos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado 24 de julio finalizaba la negociación del nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, lo que permitirá a la flota comunitaria, principalmente española, regresar a los caladeros que gestiona el Gobierno de
Marruecos y que fueron cerrados hace casi dos años por los problemas para renovar el convenio anterior.
El nuevo acuerdo garantizará la actividad a un centenar de buques españoles, en su mayoría de carácter artesanal, con más de 700 tripulantes, principalmente de Andalucía, Canarias y Galicia.
El acuerdo de pesca fraguado tras nueve meses de intensivas negociaciones supone una mejora con respecto al acuerdo anterior, ya que se han aumentado las posibilidades de pesca, lo que incidirá de manera positiva en la rentabilidad de la
flota y le confiere a ésta una enorme importancia económica, social y política.
En diciembre de 2011, el Parlamento Europeo puso fin a la aplicación provisional del pasado protocolo de pesca rubricado en febrero de ese mismo año.
El Gobierno de Mariano Rajoy, consciente de la difícil situación en la que quedaba la flota pesquera afectada, se volcó desde el inicio de su mandato en aplicar una situación satisfactoria para el sector afectado con un doble objetivo:
1. Impulsar una rápida puesta en marcha de un nuevo acuerdo.
2. Establecer un marco de ayudas transitorio para los tripulantes y armadores afectados en el periodo comprendido entre la suspensión del acuerdo y la puesta en marcha del nuevo.
Los contactos de los responsables pesqueros con las autoridades comunitarias y marroquíes fueron constantes y a todos los niveles, incluido el Presidente del Gobierno, que lo incorporó en la agenda de asuntos a tratar con las autoridades
marroquíes en su primer viaje a Marruecos.
Los objetivos españoles para una nueva negociación de un acuerdo de pesca con Marruecos eran claros:
1. Debe estar fundamentado en condiciones de sostenibilidad ecológicas, económicas y sociales.
2. Deben mejorarse las condiciones técnicas para asegurar una mayor utilización de las posibilidades de pesca en las distintas modalidades.
Las condiciones técnicas del nuevo acuerdo suponen una sensible mejora con respecto al protocolo anterior, lo que hace prever que se produzca una utilización mayor que en el pasado, por haber aumentado las posibilidades de pesca y establecer
condiciones de sostenibilidad del recurso compatibles con la rentabilidad de las embarcaciones.
El acuerdo, como han manifestado responsables de la Confederación Española de Pesca, 'es un acuerdo que respeta el mandato del Consejo y las recomendaciones del Parlamento Europeo, permitiendo acceder a los excedentes de pesca de Marruecos
de forma sostenible y respetando el derecho internacional'
La contrapartida financiera es equilibrada y el mayor esfuerzo económico solicitado a los armadores españoles es aceptado por las mejoras en las condiciones técnicas.
Queda pendiente por parte de la UE para la entrada en vigor, su firma y ratificación por el Consejo de Ministros y el Parlamento de la UE; en este último, es donde el Gobierno centra sus actuaciones para que finalmente el protocolo entre en
vigor y no se produzcan sorpresas como aconteció en diciembre de 2011.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proseguir sus actuaciones ante el Consejo y Parlamento Europeo para conseguir la ratificación del acuerdo de pesca firmado entre la UE y el Reino de Marruecos.
2. Promover con los portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados la petición del respaldo del Parlamento Europeo, previa información a los mismos de los contactos mantenidos con la Comisión Europea, Consejo y
Parlamento Europeo, de cara a conseguir la ratificación del acuerdo de pesca UE-Reino de Marruecos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
creación de un 'Plan de alimentación infantil' para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En España cerca de 300.000 familias con niños y niñas pasan hambre. La pobreza, cada vez más, tiene nombres y rostros infantiles. Actualmente, en España, una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de pobreza. Según UNICEF más
de dos millones son niños y niñas.
Tres de cada diez niños y niñas españoles se van a la cama con hambre y van al colegio sin desayunar. No se trata de ser alarmistas pero sí conscientes de que en nuestro país están apareciendo síntomas de esos males que aquejan al
denominado Tercer Mundo. Incluso diversas organizaciones humanitarias como Cruz Roja han hecho compañas de sensibilización a la ciudadanía. O en algunos casos, como en Alicante, estas situaciones han propiciado incluso la aparición de la
tuberculosis, una enfermedad que parecía desterrada.
Un país que tiene 30.000 euros de renta per capita no se puede permitir que haya gente que pase hambre, que no coma.
La presencia de menores en los comedores sociales se ha duplicado en menos de un año.
La mayoría de los casos de desnutrición se deben a causas sobrevenidas, fruto de la crisis económica y de la falta de ingresos de las familias. Esta es una realidad a la que se ha llegado por el desempleo generado por la crisis económica y
que se ha visto especialmente agravada en estos últimos dos años por las políticas antisociales y recortes del Gobierno.
Esta situación de pobreza y exclusión social a la que han llegado muchas familias ha generado unos datos alarmantes y preocupantes sobre la desnutrición infantil en nuestro país.
Este mes se inicia el curso escolar. Los directores de los centros educativos constatan que cada vez hay más niños y niñas que hacen su única comida en el colegio. La comunidad educativa viene advirtiendo de los grandes recortes en becas
de transporte y comedor, y las graves consecuencias que están teniendo en los escolares. Niños y niñas que sufren mareos o buscan en las papeleras.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Adoptar, de manera inmediata, en coordinación con las Comunidades Autónomas y corporaciones locales, un 'Plan de Alimentación Infantil' que contenga las medidas y recursos suficientes para garantizar a niños y niñas que se encuentren en
situación de necesidad tengan cubiertas sus necesidades básicas
de alimentación, accediendo, al menos, a tres comidas diarias; habilitando para ello todos los medios a disposición de las administraciones públicas y en colaboración con las entidades del tercer sector.
2. Adoptar las medidas necesarias, en coordinación con las Comunidades Autónomas y corporaciones locales, para incrementar el número de becas de comedor para el curso escolar 2013-2014 de manera que se asegure el acceso a ellas a todas las
familias que lo precisen.
3. Crear, de manera urgente, un fondo destinado a dotar la red de equipamientos gestionados por las administraciones locales, con la finalidad de atender las prestaciones de emergencia social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre la clarificación, por parte del Banco de España, de las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de préstamo y crédito hipotecarios vigentes, como medida de protección
al consumidor.
Antecedentes
El Tribunal Supremo en su sentencia n.º 241/2013, del pasado 9 de mayo, relativa a las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios para consumidores acordó, en la misma, declarar nulas las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios de
determinadas entidades, en delimitados supuestos.
En concreto, el fallo de Tribunal Supremo, declara lícita la cláusula suelo, si bien sentencia que ésta es nula cuando no ha habido la suficiente transparencia en el proceso de contratación de la hipoteca. Es decir, el consumidor no ha sido
debidamente informado para que pudiera conocer el alcance y consecuencias económicas negativas de la inclusión de dicha cláusula en su contrato de préstamo hipotecario.
En este sentido, el Tribunal establece en qué supuestos se produce una falta de transparencia en el proceso de contratación de la hipoteca. Estos son:
- La creación de apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las obligaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero.
- La falta de información suficiente cuando se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
- La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo.
- Su ubicación ante una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.
- La ausencia de simuladores de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontratual.
- Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.
Fruto de la mencionada sentencia son muchas las personas que vienen denunciando ser tenedoras de préstamos hipotecarios que contienen cláusulas suelo y encontrarse, a su vez, en uno de estos supuestos de falta de trasparencia descritos en la
sentencia, al suscribir el préstamo.
Por otro lado, el Tribunal Supremo venía interpretando que el interés de demora del 29% en los procedimientos hipotecarios se consideraba abusivo, por lo que los jueces debían declarar la cláusula nula y tenerla por no puesta siendo entonces
de aplicación el derecho dispositivo, doctrina que viene avalada por la sentencia del TJUE, de 14 de junio de 2012 (asunto 618/2010).
Paralelamente, la recién aprobada Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha encarecido los costes
judiciales en relación a la adopción de acciones por parte de cada una de las personas afectadas, lo cual es un obstáculo adicional para que aquellas cláusulas que puedan ser nulas, dejen de aplicarse.
No se trata que cada ciudadano o ciudadana afectado por estas circunstancias deba abordar un proceso judicial, sino que sea el Banco de España quien, de acuerdo con la jurisprudencia, identifique los casos en que dichas cláusulas deban ser
consideradas nulas.
Por último, destacar que para aquellos afectados por las cláusulas suelo que consigan su nulidad verán reducida su cuota mensual. Además, muchas familias con serias dificultades para poder asumir el pago de la cuota mensual de su hipoteca,
con la eliminación de la cláusula puedan hacer frente a este pago y evitar así un posible desahucio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al objeto de facilitar la eliminación de aquellas cláusulas que puedan considerarse abusivas y, en particular, las cláusulas suelo, en préstamos hipotecarios suscritos por
personas físicas, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar al Banco de España la inmediata clarificación, antes de fin de 2013, de las cláusulas que deban considerase abusivas contenidas en los contratos de préstamos y créditos hipotecarios
vigentes, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo y la vigente Ley 1/2013, de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, con el fin de proceder a su
supresión, y adecuar así los contratos de crédito y préstamos hipotecarios a la sentencia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013, en el asunto C 415/11.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Comisión de Igualdad
161/001973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo y las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la consideración de familia numerosa, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En las sociedades modernas uno de los mayores cambios en la familia lo constituye el aumento de familias monoparentales, en su mayoría tuteladas por una mujer, pero también por un hombre. Este entorno familiar está experimentando un aumento
motivado por múltiples causas según los estudios sociológicos: el crecimiento de las rupturas conyugales y la libre decisión de personas (mujeres esencialmente) que quieren tener hijos pero sin una pareja, entre otras. Las estadísticas de la UE
relativas a ingresos y condiciones de vida muestran que los menores que crecen en familias monoparentales no pueden generalmente acceder a los mismos recursos ni grado de bienestar que los niños de familias biparentales, incrementándose el riesgo de
pobreza. Además las familias monoparentales encuentran mayores dificultades en formar y mantener hogares autónomos, teniendo la madre o padre mayores dificultades para encontrar un empleo y para conciliar la vida laboral y familiar cuando lo
tienen. La falta de tiempo del progenitor para conciliar influye muy negativamente en la crianza y educación de los menores. Por otro lado, el nuevo desplome de la natalidad en nuestro país hace que estos temas adquieran
una dimensión política de primer orden, al estar relacionados con variables económicas y sociológicas esenciales. En los países avanzados resulta obvia la necesidad de desarrollar políticas de apoyo activo a este modelo de familia.
Así se ha planteado desde hace años en nuestro país. Como tímido primer paso se propuso incluir a la familia monoparental con dos hijos en la consideración de familia numerosa. Si nos remitimos al recorrido legislativo de la propuesta, la
disposición adicional septuagésima sobre protección a las familias numerosas de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, establecía que: 'El Gobierno llevará a cabo las oportunas modificaciones
legales para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa.' Un año después -dado que no se había dado cumplimiento a la ley- se aprobó dentro de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, sobre los
Presupuestos Generales del Estado para 2009, la disposición sexagésima cuarta que instaba a su cumplimiento: 'Sexagésima cuarta. Consideración de familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos a cargo. El Gobierno, en el plazo de un
mes desde la entrada en vigor de esta Ley, dará cumplimiento a la disposición adicional septuagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, llevando a cabo las oportunas modificaciones legales
para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa.'
Pasados dos años desde el primer mandato y un año desde que el segundo mandato fijaba el plazo de un mes al Gobierno para reformar la ley, hubo de aprobarse nuevamente otra disposición en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010, que volvía a instar al Gobierno, incluyendo en el texto a las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo: 'Sexagésima octava. Consideración de familia numerosa a las familias monoparentales con
dos hijos a cargo. El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley, dará cumplimiento a la disposición adicional septuagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 y a la disposición adicional
sexagésima cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, llevando a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo, así como las familias con un cónyuge discapacitado y
dos hijos a cargo, tengan la consideración de familia numerosa.'
En la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se incluyó la disposición final décima tercera, que modificaba el artículo 3 de Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, pero no reformaba el artículo 2 para incluir a las familias monoparentales con dos hijos a cargo ni a las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo.
No resulta de recibo que haya habido un incumplimiento legislativo de casi seis años a la hora de poner en vigor una medida de apoyo tan básica. Y ello a pesar del cada vez mayor reconocimiento por parte de la sociedad de los distintos
tipos de familia, del acuerdo social común de que los menores, especialmente quienes puedan verse en situaciones más desfavorecidas, deben contar con mayores medidas de apoyo en su infancia, del apoyo constitucional a la hora de corregir los
desequilibrios y desigualdades sociales.
Por ello Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses dé cumplimiento a la Ley 51/2007, la Ley 2/2008 y la Ley 26/2009, modificando para ello la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, con el objeto de que las familias monoparentales con dos hijos a cargo, así como las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la consideración de familia numerosa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/001964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del mercado europeo de carbono, para su debate en la
Comisión no permanente para el estudio del cambio climático.
La Comisión Europea elaboró una propuesta para hacer frente al creciente desequilibro que se está produciendo en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE entre la oferta y la demanda de dichos derechos, en la que
revisaba el calendario y aplazaba la subasta de 900 millones de derechos de emisión en la tercera fase del RCDE durante los tres próximos años.
Según Connie Hedegaard, comisaria europea de Acción por el Clima, no se debería inundar un mercado que ya adolece de un exceso de oferta. Debido a este exceso, el régimen de comercio de derechos de emisión no está logrando cumplir los
objetivos de eficiencia energética y ecotecnología, lo cual es negativo para la innovación y la competitividad de la UE.
El sistema se diseñó para que el precio de los derechos de emisión se mantuviera entre los 25 y los 30 euros, pero hoy, emitir una tonelada de carbono cuesta lo mismo que una hamburguesa, 3,59.
Este superávit de derechos de emisiones se ha generado, entre otros, porque con la crisis económica se han reducido antes de lo previsto las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, lo cual se ha traducido en la reducción de
la demanda de derechos por parte de las empresas. Se estima que el superávit continuará durante la tercera fase del régimen, la cual abarca de 2013 a 2020.
La Comisión proponía reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a subasta entre 2013 y 2015 e incrementar en la misma cantidad el volumen subastado al final de la tercera fase.
A través de esta estrategia de aplazamiento se ofrecerían en las subastas menos derechos de emisión a corto plazo, mientras la demanda siga muy baja, pero se ofrecerán en mayor medida más tarde, cuando se prevé que la demanda se haya
recuperado.
Pero el Parlamento Europeo rechazó el 16 de abril, por un estrecho margen de 315 votos a favor, 334 votos en contra y 63 abstenciones, la propuesta de la Comisión para estabilizar el mercado de emisiones de la UE y evitar que siga cayendo el
precio del CO2. De hecho, después de la votación, el precio de la tonelada sufrió un descenso histórico llegando a 2,63 .
La reducción de emisiones de cambio climático queda afectada por esta decisión, ya que si finalmente no se aprobara la propuesta de la Comisión, los precios de la tonelada continuarían descendiendo, desincentivando de esta manera un cambio
de las tecnologías bajas en carbono y por lo tanto un descenso de las emisiones de CO2.
Se sigue anteponiendo los intereses de la industria a los del medio ambiente y por lo tanto al conjunto de la ciudadanía. Hay que recordar que según el informe Stern, será necesario invertir un 1% del PIB mundial de mediados de siglo para
combatir el cambio climático, pero no hacer nada significaría multiplicar por 20 esta factura. Así que finalmente, acabaremos pagando, nuestra generación y las futuras los costes que las empresas no quieren asumir, en otro episodio de socialización
de los impactos negativos de la industria.
Es necesario y urgente modificar el mercado de emisiones de CO2 de la UE incorporando cambios estructurales como los siguientes: limitar el exceso de oferta, combatir la especulación con los derechos de emisión, incluir sectores clave como
el aeronáutico, retirar al menos 1,4 millones de permisos, y asumir el compromiso de reducir las emisiones, como mínimo en un 30% para el año 2020, como medida para recuperar un mayor liderazgo internacional en la lucha contra el cambio climático.
Es realmente necesario y urgente que los Estados apuesten decididamente por una propuesta a nivel europeo que evite el colapso del mercado de emisiones, con el objetivo de fomentar una economía baja en carbono y así lograr una disminución de
las emisiones de cambio climático.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Apoye decididamente la propuesta de la Comisión Europea de reforma del mercado europeo de carbono de reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a subasta entre 2013 y 2015.
2. Adopte una posición de liderazgo en la Unión Europea y proponga una modificación del mercado de emisiones de CO2 de la UE incorporando cambios estructurales como los siguientes: limitar el exceso de oferta, combatir la especulación con
los derechos de emisión, incluir sectores clave como el aeronáutico, retirar al menos 1,4 millones de permisos, y asumir el compromiso de reducir las emisiones, como mínimo en un 30% para el año 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la aprobación de una ley de lucha contra el cambio climático.
Antecedentes
Tal y como señala el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, el calentamiento del sistema climático es inequívoco y ello lo evidencian los aumentos observados
del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. Las consecuencias y efectos del aumento de temperatura pueden ser tan importantes que si
no se adoptan medidas de mitigación, desbordarán probablemente, a largo plazo, la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, gestionados y humanos.
El cambio climático es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Los datos científicos, técnicos y socioeconómicos facilitados por los expertos, pueden y deben ayudar a los gobiernos y a otros decisores de los
sectores público y privado, a formular e implementar respuestas adecuadas frente a la amenaza del cambio climático inducido por los seres humanos.
Muchos de los impactos pueden ser reducidos, retardados o evitados con políticas y medidas de mitigación adecuadas. Los esfuerzos y las inversiones de los dos o tres próximos decenios, influirán en gran medida, en las oportunidades de
conseguir unos niveles de estabilización de la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, más bajos. Por contra, un aplazamiento de la reducción de emisiones limitaría considerablemente las posibilidades de alcanzar esos
niveles de estabilización más bajos e incrementaría el riesgo de impactos más graves del cambio climático. Es, sin duda alguna, imprescindible y urgente intervenir, y se debe hacer utilizando todos los instrumentos posibles. La crisis económica no
puede suponer un obstáculo para llevar a cabo un cambio de modelo económico, sino que debe servirnos de estímulo para lograr una transición hacia economías verdes, bajas en carbono y sostenibles.
La estabilización de la concentración de los GEI en la atmósfera debería ser un objetivo prioritario a nivel global, y en parte así lo es. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kioto lo
evidencian. Sin embargo, en esta materia todavía hay que intensificar los esfuerzos. Según señala el IPCC las emisiones de GEI globales deberían reducirse en 2050 a la mitad respecto a las de 1990. Ello supone que alrededor del 2020 deberían
reducirse entre un 25 y un 40% respecto a las consideradas como punto de referencia.
La UE ha avanzado de manera importante en esta senda, asumiendo compromisos y adoptando medidas en el ámbito comunitario. Ejemplo de ello es el compromiso asumido por la UE de reducir las emisiones de GEI en un 20% respecto a las de 1990 en
el 2020, porcentaje que podría elevarse a un 30% si se alcanzase un acuerdo internacional. El objetivo de la Unión de reducir las emisiones de un 80 a 95 % en 2050, en comparación con los niveles de 1990. O la Hoja de ruta para una economía baja
en carbono en 2050, que establece objetivos de reducción para 2030, 2040 y 2050.
El Estado español, como parte integrante de la UE, deberá cumplir también con estos compromisos y no cabe duda, que para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y para adoptar medidas de adaptación, resulta imprescindible que se
dote de un marco jurídico adecuado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley de lucha contra el Cambio Climático, que de manera coherente con los acuerdos internacionales y en consonancia con la normativa comunitaria en esta materia:
- conceda a las Comunidades Autónomas y entidades locales el protagonismo que les corresponde en relación a sus competencias, por ejemplo, en materia de sectores difusos,
- concrete los objetivos de reducción de emisiones y de adaptación en territorios y sectores, y los criterios generales que deben regir las acciones para alcanzarlos, y
- distribuya territorialmente los recursos para materializar las políticas de mitigación, adaptación e investigación climática que otras administraciones deben llevar a cabo.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la participación de las administraciones autonómicas en los 'Proyectos Clima' derivados del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, tanto en la recepción de
solitudes, como en la definición de criterios y en la selección final de los proyectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Justicia
181/001222
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña Rosa María Díez González.
Texto:
¿Qué modificaciones en el Código Penal prevé incorporar el Gobierno para evitar el aumento de los delitos de incitación al odio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Interior
181/001226
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Considera el Gobierno que se está prestando una atención sanitaria 'integrada' y en igualdad de condiciones a las/los internos de los Centros Penitenciarios ubicados en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Educación y Deporte
181/001223
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte.
Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez.
Texto:
¿Tiene previstas, el Gobierno, las consecuencias de pasar de 42 millones de euros en 2011 a 0 euros en 2012 en el Convenio de Infraestructuras Educativas de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2013.-Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/001224
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez.
Texto:
¿Tiene previstas el Gobierno las consecuencias de la Financiación Estatal del Servicio Canario de Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2013.-Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada.
181/001225
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Diputada Doña Patricia Hernández Gutiérrez.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno transferir a Canarias los 128 millones de euros que le adeuda en materia de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2013.-Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001221
Grupo Parlamentario Popular.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Diputado don Celso Delgado Arce.
Texto:
¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los positivos datos que hemos conocido en relación al sector de la automoción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-Celso Delgado Arce, Diputado.