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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 226, de 22/02/2013
cve: BOCG-10-D-226
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de febrero de 2013
Núm. 226
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre
161/001408 juego limpio financiero en el fútbol profesional. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Educación y Deporte ... (Página3)
162/000535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Corrección de error ... (Página3)
162/000562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de retirada del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas (versión reformulada) ... (Página4)
162/000565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Cuarto Cinturón ... (Página5)
162/000566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la destitución de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ... (Página6)
162/000567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica ...
162/000568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a los procedimientos de gestión de los recursos de la cooperación financiera del Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE) ... (Página8)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000059 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para controlar el gasto público y prevenir las prácticas
irregulares en el manejo de fondos públicos y subvenciones en los entes y fundaciones culturales en las que participa el Estado ... (Página9)
173/000060 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las
necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación de empleo ... (Página11)
173/000061 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la finalidad, las consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas ante los resultados de la amnistía fiscal ... (Página13)
173/000062 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000368
161/001408
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre juego limpio financiero en el fútbol profesional, pase a debatirse en la Comisión de Educación y Deporte.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (nuevo núm. expte. 161/001408).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 127, de 13 de julio de 2012.
162/000535
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre la jubilación a tiempo parcial, en el sentido de que donde dice: 'Proposición no de Ley sobre la jubilación a tiempo parcial', debe decir: 'Proposición no de Ley sobre la jubilación de
los trabajadores a tiempo parcial'.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 214, de 1 de febrero de 2013.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley de retirada del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, hasta que se aclaren los presuntos pagos de constructores al Partido Popular con el fin de despejar la existencia de un posible interés espurio y oculto interesado en esta
reforma, para su debate en Pleno.
La reforma de la Ley de Costas, en actual trámite parlamentario, supone uno de los mayores retrocesos en protección ambiental de los últimos años, a pesar de que nuestro litoral es el más degradado de Europa. Es una reforma arbitraria y que
sólo beneficia a unos pocos.
Como ya expusimos en la enmienda de totalidad que presentamos, el Gobierno se olvida de la costa, la deja a su suerte, o más bien la deja en manos privadas. Abandona el concepto global de protección del litoral, favoreciendo la especulación
y privatización del dominio público hidráulico, primando los intereses económicos sobre los ambientales y sociales y protegiendo el interés particular a costa del dominio público.
La ampliación de las concesiones a 75 años junto con el permiso de transmitir inter vivos las mismas supondrá en la práctica introducir en el dominio público marítimo terrestre el comercio privado, la posibilidad de especulación y su plena
inserción en el mercado, en suma una privatización de la costa que además encarecerá extraordinariamente el coste de rescate o expropiación de los derechos concesionales por la cantidad de dinero que tendría que abonar el Estado a los afectados
cuando éste quiera recuperar los espacios por motivos de seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral, entre otros.
Así mismo, en diciembre de 2012 Greenpeace presentó el informe 'Amnistía a la Destrucción', una investigación que revelaba el posible conflicto de intereses del Partido Popular en la reforma de la Ley de Costas. En este informe Greenpeace
señalaba a varios constructores como posibles beneficiarios de esta reforma. Uno de los casos documentados era el del Grupo Villar Mir.
Se ha conocido a través de la prensa que el presidente de esta empresa, está entre aquellos que supuestamente realizaron pagos al Partido Popular.
Nuestro Grupo Parlamentario considera que, de ser cierta la información aparecida en El País, se refuerza la existencia de intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas y demanda su retirada del Parlamento hasta que se aclaren
los pagos de constructores al Partido Popular.
El Grupo Villar Mir posee empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, entre otras empresas Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria). Estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre, se
ven beneficiadas de los recortes de protección de la nueva Ley de Costas. Además, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, a las órdenes del Ministro Arias Cañete es la exdirectora de Planificación de Fertiberia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que retire el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas hasta que se aclaren los presuntos pagos de
constructores a personas que pudieran condicionar ilícitamente las decisiones de
la Administración en este campo, con el fin de despejar la existencia de un posible interés espurio y oculto interesado en esta reforma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Cuarto Cinturón, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
El Ministerio de Fomento ha tramitado, en diversas fases, el proyecto denominado 'Cierre de la autovía orbital de Barcelona' conocido también como Cuarto Cinturón. Una parte importante de esta tramitación corresponde a la emisión del
informe de impacto ambiental, en línea de la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que establece,
en los artículos 6 y 7, los plazos que disponen las partes interesadas en los expedientes de evaluación ambiental de planes y programas y los informes de impacto ambiental de infraestructuras para realizar los diversos trámites y emitir los informes
pertinentes.
Hace ya 20 años que organizaciones cívicas, sociales, ecologistas, sindicales y políticas así como numerosos ayuntamientos, vienen denunciando, en el marco de la Campaña contra el Cuarto Cinturón, que esta vía formaba parte de un modelo de
territorio y de infraestructuras caduco, que no responde a los retos de movilidad de la sociedad del siglo XXI, que se debería de priorizar el transporte público, la mejora de la red viaria existente y las infraestructuras ferroviarias con el
objetivo de superar el déficit histórico de la red respecto a otros países europeos y para garantizar la movilidad sostenible en el conjunto del territorio.
Es necesario reconocer públicamente la labor de ADENC -Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura- que, en representación de la Campaña contra el Cuarto Cinturón, remitió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la
petición de caducidad del referido expediente, entendiendo que cualquier otra resolución supondría una clara conculcación del derecho ambiental, demanda a la cual se sumaron ayuntamientos como el de l'Ametlla del Vallès, Cardes de Montbuí, les
Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Sabadell y Terrassa. También partidos políticos como ICV-EUiA, ERC y las CUP han participado activamente en las reivindicaciones y han presentado iniciativas parlamentarias de apoyo.
El 17 de diciembre de 2012 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural emitió la resolución declarando el fin del procedimiento y acordando el archivo del expediente de evaluación ambiental del proyecto 'Cierre de
la Autovía Orbital de Barcelona'. Esta resolución tiene una gran trascendencia: implica poner a cero el contador en la tramitación del procedimiento ambiental del Cuarto Cinturón para garantizar los objetivos de máximo respeto a los valores
ambientales del territorio.
Ahora es un buen momento para recordar que en el Plan Territorial Parcial de la Región Metropolitana de Barcelona se incluyen diversas propuestas de trazado del Cuarto Cinturón, una de las cuales era la del Ministerio de Fomento que ahora ha
quedado sin efecto.
Por otro lado, un eventual interés en tramitar nuevamente el proyecto del Cuarto Cinturón o Autovía Orbital, no tendría sentido desde la visión centralizadora del Ministerio. En este sentido, es necesario recordar que, el artículo 140.5 de
l'Estatut d'Autonomía de Catalunya otorga a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva sobre la red viaria en todo el ámbito territorial de Catalunya, y también la participación en la gestión de la red del Estado a Catalunya, conforme se
estable en la normativa estatal. Esta competencia incluye la ordenación, la planificación y la gestión integrada de la red viaria de Catalunya y la conectividad de los elementos que integran la red viaria de Catalunya entre ellos o con otras
infraestructuras del transporte u otras redes.
En este sentido, la Campaña contra el Cuarto Cinturón ha reclamado reiteradamente el cambio de titularidad del Cuarto Cinturón a favor del Gobierno de la Generalitat junto con los recursos económicos que la Administración General del Estado
tenga destinados a esta inversión y, ante el archivo del
expediente, resulta obvio que esta debería dejar de ser una infraestructura de interés general del Estado y cualquier decisión sobre su oportunidad, utilidad o trazado se debería de tomar des del territorio y con el máximo consenso del
pueblo catalán.
La tramitación del nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por parte del Ministerio de Fomento es una oportunidad inmejorable para desprogramar el Cuarto Cinturón y superar el viejo concepto de modelo de movilidad y desarrollo
que representa.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las gestiones oportunas ante el Ministerio de Fomento para la desprogramación definitiva del proyecto 'Cierre de la autovía orbital de Barcelona' tramo entre Terrassa y la Roca del Vallès, conocido como Cuarto Cinturón, en el
marco de la tramitación del nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, reservando los recursos públicos estatales presentes y futuros que se prevean invertir, para el traspaso a la Generalitat de Catalunya para mejora de las
infraestructuras y planes de movilidad basados en el transporte público y medios no motorizados que se aprueben por las dos comarcas del Vallès.
2. Realizar las gestiones oportunas ante el Ministerio de Fomento para incorporar al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, las actuaciones correspondientes a la adaptación para el tráfico de viajeros y la construcción de nuevos
tramos en las comarcas del Vallès del proyecto de la Línea Orbital Ferroviaria.
3. Realizar las gestiones oportunas ante el Ministerio de Fomento para que ejecute las obras ya comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado para la finalización del tramo ejecutado a su paso por Viladecavalls'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la destitución de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, para su debate en Pleno.
En las últimas fechas, las noticias en torno a la red Gürtel culminaron la crisis de credibilidad ética y política del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Primero fue el Decreto-ley 16/2012 que ha provocado el rechazo de los ciudadanos (repago) de los profesionales (a la exclusión de inmigrantes sin papeles) y de los grupos políticos, ante la decisión unilateral de cambio del modelo universal
por el de seguro.
En las Comunidades Autónomas, las medidas de recorte de servicios y en particular las privatizaciones funcionales han provocado importantes movilizaciones y huelgas que muestran el malestar en el sistema público de salud y la desconfianza
sobre el conflicto de intereses entre los gestores políticos y las empresas adjudicatarias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que cambia el modelo universal del Sistema Nacional de Salud por un modelo de seguro, recuperando el consenso sobre el sistema sanitario público.
2. A derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS que está siendo utilizada como palanca para la privatización del sistema sanitario a manos de oligopolios privados, a pesar de la oposición
de los profesionales y de la ciudadanía.
3. Al Presidente del Gobierno a que destituya a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su responsabilidad en el cambio de modelo, la pérdida de liderazgo y prestigio del Sistema Sanitario Público y la no asunción de
responsabilidades políticas y éticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
impulsar la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 'Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y la violencia doméstica' fue aprobado por el Consejo de Europa, en Comité de Ministros el 7 de abril de 2011, y se abrió a la firma
el 11 de mayo de 2011, en el marco de la 121.a reunión del Consejo de Ministros en Estambul.
En diciembre de 2008, el Comité de Ministros estableció un grupo de personas expertas encargadas de preparar un proyecto de Convención en la materia. A lo largo de poco más de dos años, este grupo, llamado CAHVIO (Comité Ad Hoc para
prevenir y combatir la violencia contra la mujer y violencia doméstica), elaboró un proyecto de texto que cristalizó en el proyecto de la Convención en diciembre de 2010.
La Convención adoptada implica establecer normas generales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en el ámbito europeo, La citada Convención, insta a los Estados Parte a adoptar medidas legislativas
y de otra índole para ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia, tratando de consolidar respuestas eficaces de la policía, los tribunales y los servicios sociales. En este sentido, a través de su
articulado, se estipula como han de articularse las políticas integrales y la correspondiente recogida de datos, haciendo referencia a la importancia de que los Estados desarrollen políticas preventivas, al tiempo que se determinan las obligaciones
de carácter general relativas a la protección y el apoyo especializado, las indemnizaciones, el régimen de custodia y el derecho de visita y seguridad en casos de violencia.
Así mismo, el Convenio del Consejo de Europa marca las obligaciones generales en relación a la investigación, procedimientos, derecho procesal y medidas de protección, estableciendo los cauces de la Cooperación internacional en esta materia.
Por otra parte, la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento del Convenio establecido al efecto, implica poder contar con procedimientos específicos, así como la constitución de un Grupo de personas expertas en la lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica.
Es importante además hacer notar que la Convención abre una importantísima plataforma para la relación con otros instrumentos internacionales y permite la participación activa de toda la sociedad no solo en su debida aplicación sino en la
evaluación del desarrollo de las acciones que los Estados han de implementar, abriendo cauces para que la sociedad civil y las personas expertas en la materia se conviertan en agentes activos del seguimiento de las acciones encomendadas en el marco
de dicho Convenio.
En cuanto a la firma y entrada en vigor de la Convención, hasta la fecha de hoy, son 24 los países miembros del Consejo de Europa que han firmado el Convenio, encontrándose entre ellos España y un
gran número de países europeos, pero únicamente un país, Turquía, ha procedido a ratificar dicho instrumento, que requiere para su entrada en vigor que, al menos, se produzcan diez ratificaciones, de las cuales ocho al menos, han de ser de
Estados miembro del citado Consejo.
El Convenio, representa el mayor esfuerzo del Consejo de Europa por animar a los Estados a entender las políticas en materia de violencia de género como un elemento que impide la igualdad real entre mujeres y hombres y es uno de los mejores
instrumentos puestos en marcha para atender plenamente y, en todas sus formas, las medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas y enjuiciar a los responsables, incluyendo también el marco de protección que abarca a
menores y personas mayores que están expuestas a la violencia dentro de la familia o unidad doméstica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, con el fin de impulsar la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica insta al Gobierno a:
1. La urgente remisión y tramitación parlamentaria en las Cortes Generales del Convenio Consejo de Europa sobre prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, para su ratificación, como mejor instrumento a nivel
europeo y, en cada uno de los países signatarios de la Convención, para atender plenamente y en todas sus formas la violencia que se ejerce contra las mujeres, incluyendo las medidas para prevenir la violencia, proteger a las proteger a las víctimas
y enjuiciar a los responsables.
2. Impulsar en el ámbito de las relaciones bilaterales y, ante las instancias correspondientes en el ámbito de la UE, las acciones oportunas para promover su debida ratificación por el resto de países miembros del Consejo de Europa, de
conformidad con sus procedimientos internos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a los procedimientos de gestión de los recursos de la cooperación financiera del FONPRODE, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde la entrada en vigor del reglamento de funcionamiento del Fondo para la Promoción del Desarrollo, FONPRODE, a mediados de 2011, se vienen observando saldos innecesariamente elevados en las cuentas que este fondo tiene en el Banco de
España.
Dichas cuentas se nutren con dos tipos de ingresos: a) los realizados por parte del Tesoro, como consecuencia de las decisiones de inversión en cooperación financiera, o para subvención de programas de la cooperación española, aprobadas por
el Consejo de Ministros; y b) los ingresos procedentes de retornos de inversiones de cooperación reembolsable realizadas previamente, fundamentalmente del extinto Fondo de Concesión de Microcréditos.
Hipotéticamente el saldo de las cuentas debería recoger solamente el importe de los retornos de las operaciones de cooperación financiera de carácter reembolsables, habida cuenta que cada una de las aportaciones del Tesoro debe ir seguida de
un desembolso, por igual importe, destinado a objetivos previamente aprobados por el Consejo de Ministros. No obstante, es frecuente que la realización de los desembolsos se retrase algún tiempo, debido a la necesidad de realizar determinadas
formalidades recogidas en los contratos que el ICO, agente financiero del FONPRODE, suscribe con los destinatarios de los mismos. Pero en ningún caso, esta circunstancia justifica los elevados saldos acumulados, por importe varios cientos de
millones, durante prolongados periodos.
Por otra parte, habida cuenta de las altas primas que el Estado debe satisfacer para colocar su deuda soberana en los mercados, es recomendable que cualquier tipo de proceso financiero se ajuste, de forma que los saldos ociosos en las
cuentas públicas sean los menores posibles. Por tal motivo, y en lo que respecta a los saldos de las citadas cuentas que el FONPRODE tiene en el Banco de España, sería deseable que los ingresos que debe realizar el Tesoro en las mismas se minoren
por el importe de los ingresos previamente percibidos de operaciones de cooperación reembolsable.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un procedimiento administrativo en la gestión de los fondos destinados a la cooperación para el desarrollo que:
1. Evite la acumulación de saldos superiores a los 5 millones de euros en las cuentas que el FONPRODE tiene en el Banco de España.
2. En base al compromiso de transparencia recogido por el IV Plan Director de la Cooperación, hagan públicos, en la página web de la AECID, los saldos de las citadas cuentas que el FONPRODE tiene en el Banco de España, con una periodicidad
mensual.
3. Permita minorar los desembolsos previstos del Tesoro, para dotar de fondos operaciones previamente aprobadas por el Consejo de Ministros, en las cantidades existentes en las cuentas procedentes de retornos de las operaciones de
cooperación financiera de tipo reembolsable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000059
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para controlar el gasto público y prevenir las prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y subvenciones en los
entes y fundaciones culturales en las que participa el Estado.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Enrique Álvarez Sostres, de FORO, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política
general del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para controlar el gasto público y prevenir las prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y subvenciones en los entes y fundaciones culturales en las que participa el Estado.
Exposición de motivos
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla, en el ámbito de su actuación en fundaciones y mecenazgo, la gestión de las industrias culturales en colaboración con diferentes instituciones y entidades. Es función del Ministerio,
lógicamente, vigilar el destino del gasto y la prevención de prácticas irregulares en el uso de los fondos públicos y las subvenciones que destina el Estado a aquellos entes culturales en los que participa.
La Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés fue constituida en escritura pública el 29 de diciembre del 2006 con el objetivo, recogido en sus estatutos fundacionales, de convertir este centro cultural en uno de los
principales motores dinamizadores de la vida cultural, social y económica del Principado de Asturias, contribuir a la promoción de la cultura, luchar contra la pobreza, el fortalecimiento de los derechos humanos, el reforzamiento de la cohesión
social y la reducción de las desigualdades sociales.
Forman parte del Patronato de la Fundación el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés, la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Educación y otros patronos privados minoritarios.
Este ilusionante proyecto se ha convertido, sin embargo, en un escándalo de gigantes proporciones, a causa de una nefasta e irregular administración económica por parte de sus gestores y de la permisibilidad de sus patrones, con
incumplimientos formales graves en materia de subvenciones y de obligaciones de la Fundación, y con presunta malversación de caudales públicos.
Todo ello ha sido motivo de interposición de sendas denuncias ante los tribunales de Justicia por parte de la actual Consejería de Educación del Principado y por parte del partido político FORO, además de la creación de una comisión de
investigación en el parlamento autonómico.
Todos los datos que tanto el administrador concursa' como la auditoría externa practican, reflejan la negligente actuación de los gestores responsables de la administración de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, con un
evidente despilfarro y falta de transparencia en la gestión de fondos públicos y subvenciones. El conjunto de irregularidades e incumplimientos han supuesto una deuda superior a los 3 millones de euros, y un número de 148 acreedores, pequeños
empresarios y autónomos de distintos sectores, más allá del cumplimiento de la formalidad en la presentación de la documentación oficial pertinente.
En el entendimiento de que nos encontramos ante una oportunidad para, en medio del actual ambiente de descreimiento social en la ejemplaridad de los poderes del Estado, dar un paso positivo para cambiar esa imagen, exigiendo
responsabilidades en la gestión de los dineros públicos a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, como medida de lucha contra el fraude en las subvenciones, como ha puesto de manifiesto el Gobierno en el debate de la interpelación que sirve de
base a esta moción, se presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Definir los rasgos generales de la política de control de las subvenciones y aportaciones a entes y fundaciones privadas en los que participe o apoye, en cooperación cultural en régimen de concurrencia competitiva o en cualquier otra
modalidad.
2. Efectuar el ejercicio de responsabilidad civil -tras la imputación judicial de algunos de los gestores-, a través del Ministerio de Educación, frente a los gestores de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y, en su
caso, frente a las personas físicas representantes de los patronos públicos en los años en que se generó la deuda, al ser responsables de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.902 del Código Civil, así como con las previsiones de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Todo ello, con el fin de que no recaiga sobre los ciudadanos una nueva carga económica por las deudas contraídas.
3. Adoptar las medidas para que, en tanto no se sustancien las responsabilidades existentes en la administración y gestión de la Fundación Niemeyer, se paralice cualquier posible subvención o transferencia que provenga de los Presupuestos
Generales del Estado, ya sea por vía directa o a través de los presupuestos de las entidades que forman parte del Estado, como pudiera ser la Autoridad Portuaria de Avilés.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2013.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000060
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y
facilitar la creación de empleo.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU; ICV-EUiA; CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre el papel a
desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación de empleo, para su debate en el Pleno de la Cámara.
En las últimas décadas la economía española ha ido acumulando importantes desequilibrios económicos que se han derivado de la dinámica del frágil modelo de crecimiento imperante hasta el estallido de la crisis. Tres son los desequilibrios
más importantes, todos ellos interrelacionados:
a) Desequilibrio comercial: la economía española ha sido neta y crecientemente importadora, lo que ha llevado a la generación de un extraordinario déficit por cuenta corriente que requería su financiación. Aunque esta brecha se ha ido
reduciendo, es debido fundamentalmente al desplome de las importaciones y no al necesario cambio de modelo productivo.
b) Desequilibrio financiero: para financiar el déficit de la cuenta corriente la economía española se endeudó durante años con el exterior, fundamentalmente con objetivos de inversión y consumo vinculados al sector de la construcción, lo
que quedó reflejado en la cuenta financiera de la balanza de pagos.
c) Desequilibrio fiscal: aunque las finanzas públicas estaban saneadas hasta 2007, las medidas anticíclicas y los rescates financieros han disparado en los últimos años el déficit primario, el déficit público y el endeudamiento público.
En la actualidad el capitalismo español está en proceso de ajuste, buscando un nuevo tipo de inserción internacional que garantice un nuevo modelo de crecimiento económico. Esa decisión determinará el modelo de sociedad de los ciudadanos
españoles, especialmente en lo que se refiere a condiciones laborales y acceso a los servicios públicos esenciales.
Todos los sujetos económicos de la economía española permanecen con importantes índices de endeudamiento, pero es especialmente elevado el nivel de las sociedades no financieras. Éstas encuentran importantes dificultades para poder
refinanciar sus deudas como consecuencia de la falta de ingresos, mientras que aquellas que desean invertir enfrentan restricciones al crédito. Todo ello agrava la situación de recesión y empuja al alza la tasa de desempleo.
En España había en 2011, según el Ministerio de Industria, un total de 3.246.986 empresas y de las cuales el 99,89 % son pequeñas y medianas empresas (pymes). La inmensa mayoría, de hecho, son autónomos y empresas con menos de 10
trabajadores. Lo más característico de estas pymes es que en ese año generaban el 63,9 % del empleo, incluso tras varios años perdiendo empleados. Por otra parte, y según los datos de la encuesta del Banco Central Europeo sobre acceso a la
financiación, el principal problema de las empresas españolas, más acuciantes en las pymes que en las grandes empresas, es la incapacidad de encontrar clientes (33 %). Es decir, falta demanda. En segundo lugar destaca el problema de falta de
acceso a la financiación (27 %), también más elevado en las pymes. Y sólo muy de lejos aparecen otros problemas, ligeramente más importantes para las grandes empresas, como son la competencia (10 %), los costes laborales (9 %) y la regulación (5
%).
En este sentido, las reformas estructurales del Gobierno sólo consiguen agravar los problemas que reconocen las propias empresas. No podemos olvidar que desde mayo de 2010 el Gobierno cambió la orientación de la política económica para
centrarse en la consolidación fiscal como objetivo último. Y en agosto de 2011, y siguiendo las indicaciones del Nuevo Tratado de Gobernanza Europea, el Partido Popular y el Partido Socialista reformaron la constitución para garantizar por la vía
jurídica la consolidación fiscal y la prioridad en el pago de la deuda pública.
Desde entonces las reformas fiscales no han sido útiles porque los efectos contractivos de los recortes han sido muy superiores al crecimiento limitado de los ingresos impositivos. Además, en un contexto como el actual -de recesión y
desendeudamiento- la política fiscal está muy limitada si no se apoya en otros instrumentos. Por otro lado, la mayor parte de estas deudas están contraídas con bancos alemanes y franceses, los cuales tienen una importante capacidad para determinar
las decisiones de las instituciones europeas supranacionales y establecer así las prioridades en política económica nacional.
Además, la mayor parte de las deudas tiene origen en la propia dinámica de la burbuja inmobiliaria. Según la Comisión Europea, en 2007 el 65 % de los préstamos bancarios fue a empresas de la construcción (promotoras, constructoras,
inmobiliarias) y el 90 % del endeudamiento de los hogares tenía como objetivo financiar una vivienda. La exposición de nuestra economía al riesgo financiero tiene origen en estos sujetos económicos y en la dinámica del modelo promovido por los
distintos Gobiernos de España. Las pérdidas, derivadas de los impagos, y las deudas y los riesgos se han contabilizado en los balances de las entidades financieras, en primer lugar, y en el Estado, en segundo y último lugar. Ello ha agravado el
desequilibrio fiscal de la administración pública.
Por otra parte, el modelo de crecimiento que persigue el Gobierno -un modelo de crecimiento dirigido por las exportaciones en palabras del ministro de economía-- carece de sentido económico en España. Según el Consejo Económico y Social de
España sólo el 3 % de las empresas españolas son exportadoras mientras que, según la Comisión Europea, el 66 % de las exportaciones españolas está concentrada en el 1 % de las empresas. Hablamos por lo tanto de un sector muy concentrado, con
creación muy reducida de puestos de trabajo y caracterizado por tener empresas de gran tamaño. Las reformas laborales y la estrategia de la troika estimulan el crecimiento de este sector, pero ese efecto es absolutamente neutralizado por el daño
inmenso que se causa al mercado interior (pequeñas empresas y autónomos) que concentraban la mayor parte de los empleos.
Por todo ello y ante esta situación, se presenta la siguiente
Moción
'a) Instar al Gobierno a defender en las instituciones de la Unión Europea un modelo de modernización industrial en los países de la periferia europea, con financiación del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Central Europeo. El
objetivo ha de ser acabar con los desequilibrios comerciales no por la vía de
la inserción exterior derivada de las ventajas comparativas -que separará aún más el centro de la periferia europea- sino por un proceso de planificación solidaria de la estructura productiva europea.
b) Instar al Gobierno a utilizar las entidades financieras nacionalizadas, y saneadas contablemente, para crear líneas de financiación barata que promuevan un nuevo diseño del modelo productivo, orientado éste al fortalecimiento de los
sectores industriales de alto valor añadido y a la generación de tecnologías.
c) Instar al Gobierno a defender en la Unión Europea un cambio en la naturaleza del Banco Central Europeo, con objetivo de convertirlo en un instrumento al servicio del desarrollo económico europeo y permitir que pueda financiar planes de
estímulos que contribuyan a acabar con el endeudamiento por la vía del incremento de ingresos y de un nivel ligeramente más alto de inflación.
d) Instar al Gobierno a la creación de líneas financieras especiales, en las entidades nacionalizadas, para sujetos económicos excluidos actualmente del sistema financiero.
e) Instar al Gobierno a comprometerse en el mantenimiento de las entidades financieras nacionalizadas como empresas públicas del Estado, sometidas todas ellas a un claro objetivo económico de desarrollo industrial con equidad, y gestionadas
por personal cualificado y preparado para tal fin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
173/000061
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la finalidad, las consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ante los resultados de la amnistía fiscal.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre la finalidad, las consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir ante los resultados de la amnistía fiscal.
Moción
'1. El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro Romero, por su actuación en contra de los principios de capacidad
económica y justicia del sistema tributario, incrementando de forma notable la carga impositiva de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, y aprobando, a la vez, una amnistía fiscal que ha beneficiado a los
defraudadores y que puede haber permitido el blanqueo de capitales y, en consecuencia, haber amparado la corrupción.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para:
a) Que la Agencia Tributaria realice las actuaciones que sean necesarias para que de forma real e inmediata no se beneficien de su amnistía fiscal personas físicas que, directamente o mediante sociedades instrumentales, hayan podido
pretender acogerse a ella con causas pendientes ante la justicia, y específicamente el que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y todos los demás implicados en la trama Gürtel.
b) Poner inmediatamente a disposición de los Inspectores de Hacienda toda la información procedente de la amnistía fiscal para que pueda ser utilizada por los órganos encargados de combatir el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de
capitales o cuales quiera otros delitos, incluidos el Ministerio Fiscal, los Jueces y Tribunales y el SEPBLAC.
c) Comprobar el origen de los capitales aflorados en la amnistía fiscal y así evitar que puedan blanquearse capitales obtenidos ilícitamente.
d) Modificar la Ley General Tributaria para que se puedan hacer públicos el nombre de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se han acogido a la amnistía fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000062
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, entendiendo que la tramitación de la comunicación a la que se hace referencia en el punto 2 se realizaría, en su caso, por el cauce
reglamentario pertinente, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la
interpelación urgente sobre la política energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un consenso con todos los operadores del sector energético, fuerzas políticas y CCAA para definir una Estrategia Energética Global estable, rentable y sostenible que proporcione estabilidad y seguridad jurídica, reduzca la
dependencia energética, mejore la competitividad de un sector transversal para la economía como es la energía y garantice la sostenibilidad económica y ambiental y la eficiencia energética. Concretamente, dicha estrategia deberá considerar:
a) Buscar una solución resolutoria y sostenible al déficit de tarifa eléctrica, evaluando con rigor los costes e introduciendo metodologías más homogéneas para la retribución de todas las actividades reguladas.
b) Evaluar la demanda energética futura para garantizar un modelo de crecimiento sostenible, incorporando hipótesis de efecto ahorro y uso eficiente.
c) Determinar el 'mix' de fuentes de energía primaria con el que se pretende cubrir esta demanda, a medio y largo plazo, sin excluir, a priori, ninguna tecnología disponible.
d) Implementar un marco normativo estable para la cogeneración que, de forma coherente con el objetivo europeo de que la industria represente el 20 % del PIB en 2020, integre adecuadamente a los consumidores industriales, para garantizar los
puestos fijos y especializados que caracterizan a esta actividad económica.
e) Concretar una propuesta estable, eficiente y económicamente sostenible que contemple las energías renovables, reconociendo sus especificidades, tanto por lo que respecta a su obtención como sus beneficios.
f) Elaborar una regulación específica para la biomasa que contemple sus particularidades, reconozca las aportaciones socioeconómicas y medioambientales de este tipo de energía y garantice la viabilidad económica de sus instalaciones.
g) Definir una propuesta específica y estable sobre la energía nuclear que permita su aprovechamiento durante la vida útil de las plantas, en el marco de las propuestas planteadas por la Unión Europea.
h) Promover la inversión en calidad y seguridad en los suministros energéticos, asegurando un esquema retributivo para la distribución que garantice la realización de las inversiones necesarias.
i) Promover programas de evaluación de potencial para almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas comunes en el territorio español.
j) Desarrollar un mercado secundario del gas natural o HUB, que sea un referente europeo y que permita a los comercializadores realizar las operaciones de compraventa de gas con la máxima seguridad.
k) Priorizar el ahorro y la eficiencia energética sin olvidar ningún sector y prestando especial atención al sector del transporte y la vivienda.
l) Desarrollar una política energética firme ante la Unión Europea que incremente las interconexiones eléctricas y de gas natural, tanto terrestres como marítimas, valore el esfuerzo realizado por los consumidores españoles y las
posibilidades de sacar partido de la sobrecapacidad que existente en nuestro sistema, tanto en gas como en electricidad.
m) Impulsar un programa interanual de inversiones destinadas a investigación y desarrollo para maximizar el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía primaria, contemplando la participación de las CCAA en la gestión del programa.
n) Prever un mecanismo anual de seguimiento de los objetivos que se determinan en la estrategia energética, contrastable con la realidad, con la obligación de adoptar medidas correctoras en caso de existir desviaciones.
2. Remitir, en el plazo máximo de dos meses, una comunicación al Congreso de los Diputados sobre la Estrategia Global en política energética para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, en virtud de lo establecido en los
artículos 196 y 197 del Reglamento de la Cámara y con presentación de propuestas de resolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).