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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 165, de 19/10/2012
cve: BOCG-10-D-165
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
19 de octubre de 2012
Núm. 165
ÍNDICE
Página
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000013 Calendario de sesiones plenarias para el periodo septiembre-diciembre de 2012. Modificación... (Página3)
PERSONAL
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramientos ... (Página3)
3
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre supresión de conciertos educativos con centros que segreguen a los alumnos por sexo ...
162/000449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre potenciación de las políticas activas de empleo, especialmente las relativas al Plan Prepara y Renta Activa de Inserción ...
162/000450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CIMA: La Izquierda PIural, sobre recuperación del Fondo de Inversiones de Teruel ... (Página7)
162/000451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a flexibilizar las condiciones para la capitalización de la prestación por desempleo ...
162/000452 Proposición no de Ley presentada por eI Grupo Parlamentario Socialista, sobre reprobación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte ... (Página9)
162/000453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a establecer medidas que prohíban la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de servidumbres y
de afección para realizar en ellas usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual ... (Página11)
162/000454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la cobertura del tratamiento de los inmigrantes indocumentados que están infectados por el VIH ...
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000046 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España ...
173/000047 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad
... (Página16)
173/000048 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones ...
173/000049 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión
social ... (Página19)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
Pleno
059/000013
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el periodo de sesiones septiembre-diciembre de 2012, en el sentido de que en la semana del
20 al 22 de noviembre no se celebre sesión plenaria.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Personal
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de octubre de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Lucía Rodríguez
Alcázar, a propuesta del Excmo. Sr. don Eduardo Madina Muñoz, con efectos de 18 de octubre de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de octubre de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Olga María
Calatrava Lesmes, a propuesta del Excmo. Sr. don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 15 de octubre de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para supresión de conciertos educativos con centros que segreguen a los
alumnos por sexo, para su debate en Pleno.
La educación mixta, si bien no es obligatoria en nuestro país, es un requisito necesario para que en una sociedad democrática la coeducación produzca una educación en y para la igualdad, que haga del alumnado, niños o niñas, personas
formadas en valores de no discriminación en función del sexo o en función de los roles de género que la sociedad, aún hoy, sigue atribuyendo.
Desde hace ya varios años y en distintas Comunidades Autónomas, se va produciendo una clara involución en el camino de la educación en y para la igualdad frente a lo que reclama la comunidad educativa de forma mayoritaria, a través de
facilitar y subvencionar con fondos públicos un número importante de colegios privados -la mayoría con un ideario católico integrista- que tienen como modelo la educación diferenciada, tanto en el alumnado como en el profesorado, haciendo hincapié
en la especificidad femenina y una oferta en los ciclos formativos que reproducen los roles atribuidos por sexos que pensábamos ya de otra época. Todo ello en detrimento de la escuela pública que está viéndose sometida a un fuerte deterioro por los
profundos recortes tanto en inversión educativa como en profesorado que se le están aplicando.
A todo esto habría que añadir que el argumentario utilizado para la defensa de este modelo educativo involucionista, tanto por los propios Centros como por los correspondientes responsables gubernamentales -mejor desarrollo de las
capacidades de chicas y chicos, mejor proceso de socialización y mejor resultado académico- es refutado por la comunidad científica internacional en numerosos estudios académicos, científicos, e incluso informes oficiales.
Las administraciones públicas competentes no deberían olvidar que el artículo 14 de la Constitución ampara un derecho fundamental y por tanto deberían fomentar que los Centros Educativos avancen en la no discriminación y no en la orientación
contraria.
En este sentido, recientemente el Tribunal Supremo en sus sentencias 5492/2012, de 23 de julio, y 5498/2012, de 24 de julio, si bien reconoce la legitimidad del sistema docente de educación diferenciada por sexos, excluye a esos centros de
la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos, reconociendo así lo dispuesto en el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (LOE) en el cual se recoge que: 'En ningún caso
habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social', que es una copia casi exacta del citado artículo constitucional.
Asimismo, de las sentencias se desprende que la imposibilidad de obtener conciertos por parte de esos centros docentes que optan por la educación separada por sexos, ni perturba ningún derecho constitucional de las familias, que conservan el
derecho de libre elección de centro, ni el de los titulares de la creación de centros con ideario o carácter propio. Tampoco se vulnera el número 9 del artículo 27 de la Constitución porque determinados centros no puedan acceder al concierto si no
reúnen los requisitos que la Ley establece.
Por último habría que hacer mención a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre integración del principio de igualdad en la política de educación, que
encomienda a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar entre otras actuaciones 'el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la
comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración con las Administraciones competentes, las medidas necesarias para:
- Hacer cumplir lo dispuesto por el Tribunal Supremo en sus sentencias 5492/2012, de 23 de julio, y 5498/2012, de 24 de julio, con el fin de que se retiren todos aquellos conciertos educativos que se hayan alcanzado con centros docentes que
segregan o discriminan en sus centros o aulas al alumnado por razón de sexo.
- Dedicar con absoluta prioridad a la enseñanza pública los fondos que se liberen del cumplimiento de las sentencias indicadas en el punto anterior, con especial dedicación a la concesión de ayudas a las familias para la compra de libros y
becas comedor.
- Proceder a reflejar en las distintas estadísticas educativas el número de centros que imparten educación diferenciada, así como el número de alumnos y alumnas afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2012.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
potenciación de las políticas activas de empleo, especialmente las relativas al Plan Prepara y Renta Activa de Inserción, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El mayor desequilibrio que tiene nuestro país es el desempleo. Así lo pone de manifiesto la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, que arroja una cifra de 5.693.000 personas desempleadas, alcanzando la tasa de desempleo el
25,1%. De estos desempleados, solo 2.922.000 reciben una prestación por desempleo. Especialmente grave es la tasa de desempleo de los jóvenes, que se sitúa en un 53%, y preocupante el número de familias que tienen todos sus miembros en paro y sin
percibir ningún ingreso -583.000-. Los parados de larga duración no dejan de incrementarse.
En 2012, hemos visto como esta situación se está viendo agravada por las medidas adoptadas por el Gobierno: 420.000 empleos netos destruidos y caída de 436.174 afiliados a la Seguridad Social, hasta la fecha. Las previsiones de los
organismos internacionales son aún peores: no habrá crecimiento del empleo, sino aumento del desempleo en lo que queda de 2012 y en todo el año 2013, donde la tasa superará el 25%.
Frente a esta situación, el Gobierno no ha presentado ninguna estrategia de crecimiento y empleo. No cree en las políticas dirigidas a la creación empleo, especialmente de los jóvenes y ha recortado la protección a las personas
desempleadas. Tampoco cree en las políticas de inserción y de recualificación profesional. Ha recortado drásticamente los recursos destinados a la financiación de las políticas activas de empleo, y ha decidido no prorrogar el plan PREPARA más allá
del 15 de febrero de 2013.
Además, el Gobierno ha dinamitado parte del Acuerdo Tripartito de febrero de 2011, vaciando de contenido el programa PREPARA y despidiendo a los 3.000 orientadores y promotores de empleo que habían sido contratados para reforzar los
servicios públicos de empleo en la atención de las personas desempleadas.
En cuanto a los jóvenes: el Gobierno ha reducido el presupuesto de formación en sus tres cuartas partes, ha eliminado la renta de emancipación, ha reducido las dotaciones de becas y ha aumentado las tasas universitarias y de formación
profesional, y les ha negado el acceso al plan PREPARA.
El Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, ha excluido del programa PREPARA a los jóvenes, a pesar de que, según la Memoria de 2011 del Consejo Económico y Social, el mayor éxito de este programa ha sido precisamente la inserción de los
mismos.
También ha excluido a todos los trabajadores con contratos temporales, habida cuenta de la nueva exigencia de ser parado de larga duración, es decir, tener una prestación por desempleo de más de 12 meses.
Las nuevas exigencias referidas a responsabilidades familiares y cómputo de rentas de los padres deja fuera a la inmensa mayoría de las personas que se encontraban en el PREPARA, un instrumento de recualificación e inserción profesional.
Pero esta situación es mucho más grave si tenemos en cuenta las modificaciones efectuadas en julio por el Real Decreto-ley 20/2012 que, entre otras medidas, excluye a la mayoría de los beneficiarios de la renta activa de inserción, al exigir
a estos parados de larga duración que previamente hayan agotado una prestación por desempleo para tener acceso a dicha renta.
Estos Reales Decretos-leyes también hay que analizarlos a la luz del séptimo informe sobre pobreza de Caritas, en el cual se resalta el incremento del número de personas que, como consecuencia de su expulsión del mercado de trabajo, se ven
abocadas a la pobreza y la marginación, alcanzando España unas cotas insólitas e insoportables, a las que las ONGs no pueden hacer frente. Se necesitan políticas estructurales de empleo y protección,
En esta misma línea, la Memoria del Consejo Económico y Social, anteriormente aludida, destaca la importancia que para la corrección de esta situación tienen programas como el PREPARA o la Renta Activa de Inserción.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, potencie las políticas activas de empleo, especialmente para aquellas personas desempleadas que, como consecuencia de la regulación contenida en
el Real Decreto-ley 23/2012 y Real Decreto-ley 20/2012, han quedado excluidas, respectivamente, del programa PREPARA y del programa de Renta Activa de Inserción (RAI).
A tal efecto,
1) Tendrán acceso al programa PREPARA las personas desempleadas que hayan agotado sus prestaciones por desempleo, incluidas sus prórrogas, con independencia del tiempo que lleven inscritas como demandantes de empleo y de sus
responsabilidades familiares. Tendrán derecho a la ayuda económica de acompañamiento los beneficiarios del programa cuyas rentas no superen en cómputo mensual el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, en los términos regulados en el artículo 3 c)
del Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medias urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.
2) Tendrán derecho a la RAI las personas desempleadas que se encuentren en situación de desempleo de larga duración, con especiales dificultades económicas y para encontrar empleo, que no tengan derecho a prestaciones por desempleo, y sin
necesidad de que previamente a la solicitud de este programa hubieran agotado una prestación de desempleo.
En la adopción de estas medidas se tendrán específicamente en cuenta las personas desempleadas que formen parte de familias en las que todos sus miembros están en paro y no reciben ninguna prestación.
Estos programas deberán mantenerse de forma estable, al menos, hasta que la tasa de paro esté por debajo del 15%. En todo caso, se efectuarán evaluaciones periódicas para favorecer una mayor inserción y formación de las personas
desempleadas teniendo en cuenta los requerimientos de nuestro mercado laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre recuperación del Fondo de Inversiones de Teruel, para su debate
en Pleno.
El Fondo de Inversiones de Teruel (FIT) es un instrumento de promoción económica que se creó en 1992 con el objetivo de ayudar al desarrollo de la provincia de Teruel a través de nuevas inversiones públicas que permitan generar empleo,
incrementar el nivel de renta y contribuir al asentamiento de población.
La justificación del FIT viene motivada por la exclusión de la provincia de Teruel de los principales instrumentos financieros de desarrollo regional (Objetivo 1 de los fondos comunitarios para zonas desfavorecidas y Fondo de Cooperación
Interterritorial del Estado de compensación a los territorios menos desarrollados).
El FIT nace con una asignación económica de 1.900 millones de pesetas cofinanciados al 50% entre el Estado y la Comunidad Autónoma mediante la firma de un convenio, que ha ido renovándose y actualizándose hasta alcanzar en los últimos años
la cantidad de 60 millones de euros.
Al igual que los Presupuestos Generales del Estado, los de la Comunidad Autónoma de Aragón recogen cada año la suma de la transferencia condicionada del Estado y su propia aportación, cuya gestión está encomendada al Departamento de Economía
y Empleo del Gobierno de Aragón, dando cobertura financiera a las inversiones que se aprueban a través de una Comisión Paritaria (Gobierno del Estado y de Aragón), que a su vez hace la función de Comisión de Seguimiento del Fondo.
Sin entrar a evaluar el destino final de cada una de las inversiones realizadas y la repercusión que ha tenido comarca a comarca durante los años de vigencia, no cabe duda que el FIT ha supuesto una inyección económica muy relevante para la
provincia de Teruel en su conjunto, que se ha materializado en un aumento significativo del Producto Interior Bruto.
Conocido el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013, en el que desaparece la partida correspondiente al Fondo de Inversiones de Teruel, es preciso recuperarlo y, por todo ello, con la finalidad de dar continuidad
a este Fondo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1.° Firmar antes del final de este año 2012 un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para prorrogar el Fondo de Inversiones de Teruel durante el periodo efectivo 2012-2016, sin reducción de la dotación económica establecida en
estos últimos años por la Comunidad Autónoma y el Estado, fijada en 60 millones de euros anuales aportados por ambas Administraciones, teniéndose que recoger, por tanto, la partida correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.
2.° Elaborar un Reglamento de Funcionamiento que permita analizar con mayor rigor las inversiones públicas a ejecutar y las ayudas-subvenciones a destinar a la iniciativa privada, primando la creación de
empleo y la fijación de población, y que introduzca criterios de control, participación, seguimiento y distribución equitativa de los recursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el
Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a flexibilizar las condiciones para la capitalización de la prestación por desempleo.
Antecedentes
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modifica a través de su disposición final decimotercera, la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de Reforma del Sistema
de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, relativa a las reglas del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, establecida en aplicación del apartado 3 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y supone un incremento del porcentaje de capitalización de la prestación en determinados casos.
De acuerdo con la Ley 3/2012, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el
límite máximo del 60 por 100 del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del cien por cien cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes hasta 30 años de edad o mujeres jóvenes
hasta 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud.
La medida debe obedecer a la voluntad de mejorar las condiciones y facilitar el autoempleo de las personas más jóvenes, quienes ante un mercado laboral complejo, pueden ver en la creación de su puesto de trabajo la mejor manera de iniciar o
reemprender su carrera profesional.
A pesar de la bondad de la propuesta, creemos que dicho objetivo puede no ver en el incremento de la capitalización un impulso significativo y suficiente básicamente por dos razones.
En primer lugar, el sector servicios parece ser donde mayoritariamente pueden darse las opciones de autoempleo, de la mano de actividades que no implican una inversión en activos inmovilizados. Aun así, solo estos últimos pueden ser objeto
capitalización. Y en segundo lugar, el principal obstáculo para iniciar un proyecto de autoempleo a partir de la capitalización o pago único, es que el emprendedor deja de cobrar la prestación sin que las rentas derivadas de su proyecto sean
necesariamente suficientes desde el primer momento. La única ayuda en forma de menor gasto, no de ingreso, es la posible capitalización en forma de pago de las obligaciones con la Seguridad Social (cuotas de autónomo).
En el caso de las personas que no disponen de otros recursos más allá de su prestación, ni de un entorno económico y social estable, estos factores pueden suponer una barrera insalvable para el inicio y consolidación de un proyecto de futuro
en el marco de la economía formal.
Para hacer frente a esta realidad, en el contexto actual, la capitalización de la prestación por desempleo debería flexibilizar los gastos iniciales para la puesta en marcha del proyecto que pueden ir a cuenta de la capitalización, y
posibilitar la percepción de parte de la prestación en forma de renta, a la vez que se inicia la actividad profesional por cuenta propia, asegurando un mínimo de ingresos que permitan realmente el inicio y la consolidación del proyecto de
autoocupación.
Si bien, una mayor flexibilidad de la capitalización de la prestación por desempleo puede requerir un esfuerzo en términos de gestión, sería una medida coherente en un contexto de mayor control de prácticas irregulares y podría marcar la
diferencia, suponiendo realmente una alternativa a la situación de desempleo,
al asegurar en mayor grado las posibilidades de financiar e impulsar un proyecto de autoempleo de forma viable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar en el plazo de tres meses, las modificaciones normativas oportunas con el objetivo de flexibilizar las condiciones para la capitalización de la prestación por desempleo y posibilitar
la percepción de parte de la misma, en forma de renta, a la vez que se inicia la actividad profesional por cuenta propia, con la voluntad de impulsar de forma decidida el autoempleo y el trabajo autónomo, y de apoyar en mayor medida a los
emprendedores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
reprobación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde su llegada al Gobierno, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte ha venido desarrollando un ataque continuado y sin precedentes contra una educación pública de calidad y en la que esté garantizada la igualdad de oportunidades. En
diez meses de gobierno, este ministro ha conseguido que se haya producido el mayor retroceso en materia educativa en nuestra reciente historia.
Su política se ha caracterizado por la aplicación sucesiva de recortes de recursos materiales y humanos que están causando un descenso irreparable en la calidad educativa y, lo que es más grave, en una merma sin precedentes en la equidad y
la igualdad de oportunidades. El mayor recorte presupuestario en educación, el cambio de filosofía para introducir criterios no económicos para las becas y una subida de tasas universitarias, han convertido este periodo en el más regresivo en
materia educativa de nuestra historia. Una regresión que se anuncia que tendrá continuidad con la aprobación de una nueva ley que pretende volver al modelo educativo de mediados del siglo pasado, implantar las antiguas reválidas, segregar a los
alumnos desde edades tempranas, recuperar contenidos curriculares de las Comunidades Autónomas, específicamente de aquellas con lengua propia cooficial, y propiciar la desaparición del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación, mientras facilita la financiación pública de centros que separan a los alumnos por razón de sexo.
Su labor como Ministro se ha plasmado en los sucesivos Presupuestos educativos con una reducción presupuestaria del 32,37 % desde el último presupuesto socialista, cayendo el peso de la educación respecto del total de políticas de gasto
desde el 0,9% al 0,6%. A esta reducción se han añadido medidas de recorte presupuestario aplicadas al resto de administraciones educativas que han tenido como consecuencia:
- La desaparición del programa de educación infantil de 0 a 3 años (EDUCA3), en consonancia con su convicción de que 'esta etapa de la educación infantil no es una etapa educativa', y del programa Escuela 2.0 que llevaba las Tics a las aulas
en la enseñanza obligatoria.
- La merma creciente de servicios educativos, alarmantes en muchas Comunidades Autónomas: el descenso en las ayudas para libros, material escolar, ayudas para comedor, el cierre y degradación sin precedentes de las redes de escuelas
rurales. De hecho ha abierto debates lamentables como la posibilidad de que los niños acudan con un 'tupper' a la escuela por la imposibilidad de acceder al pago del comedor por parte de las familias y el descenso de la ayudas a las familias con
menos recursos.
- La aprobación de medidas que degradan sustancialmente las condiciones básicas del sistema educativo, con más alumnos por clase y profesor, y estos, a su vez, con una carga mayor de horas lectivas, lo que conduce a la supresión de refuerzos
y apoyos educativos y a la desaparición de la atención a la diversidad y propicia el despido de 40.000 profesores.
La reducción presupuestaria es especialmente dolorosa en materia de becas y ayudas al estudio por lo que supone para la garantía de la igualdad de oportunidades.
Y sus intenciones son continuar, incluso en mayor medida, este descenso del gasto educativo en los próximos años, según consta en la última actualización del Programa Nacional de Reformas, de modo que en 2015 disminuya hasta el 3,9% del PIB,
reduciéndolo por tanto en apenas cuatro años en más de 1 punto de PIB y llevándonos hasta niveles presupuestarios de hace 25 años.
Esta reducción de medios del sistema educativo público ha sido una constante desde el inicio de su mandato. Así, su primera actuación consistió en derogar los temarios aprobados para la convocatoria de oposiciones de ingreso a los cuerpos
docentes, volviendo a unos temarios antiguos en los que ni siquiera se contemplaba la realidad de las nuevas tecnologías o de internet, con el único objetivo de impedir a las administraciones educativas autonómicas la convocatoria de procesos
selectivos durante este año, a pesar de que en este ámbito no se aplicaba la tasa de reposición 'cero' vigente para la mayoría de la Administración. Con ello, también se perjudicó gravemente a los más de 60.000 opositores que han invertido su
dinero en la adquisición de los temarios y que llevaban preparando durante varios meses las oposiciones.
Ha devaluado la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, suprimiendo de su temario el respeto a los distintos modelos familiares, la resolución pacífica de conflictos, la propia orientación sexual o materias como el
estudio crítico de las causas de la pobreza o el antisemitismo como forma de intolerancia, y tiene intención de suprimir esta asignatura en la Educación Primaria y mutilar sus contenido en la Secundaria.
En política universitaria también se ha empeñado este ministro en desarrollar la mayor regresión en igualdad de oportunidades, con la mayor subida de tasas, combinada con la reducción del presupuesto para ayudas y becas y la ampliación de
los requisitos académicos para obtenerlas y mantenerlas. Además, ha asestado también una brutal reducción al presupuesto, eliminando los programas de internacionalización y mejora de nuestras universidades como Campus de Excelencia Internacional
que constituían el punto de apoyo clave de una estrategia destinada a mejorar la competitividad, investigación e innovación de las universidades españolas. Unas medidas que van a dejar una situación financiera muy comprometida a nuestras
universidades y que de facto suponen una atentado a su autonomía, lo que provocó el mayor choque entre rectores y gobierno de nuestra historia y un plante sin precedentes al ministro.
Todo esto se ha llevado a cabo sin contar con el principal protagonista: la comunidad educativa. En lugar de defender al profesorado, se le ha denostado reiteradamente, haciéndole el blanco de sus críticas para justificar medidas y
recortes económicos y laborales.
Respecto de las competencias en materia de Cultura, al también drástico recorte presupuestario se ha sumado el incremento del tipo del IVA aplicable hasta el 21%, lo que pondrá en riesgo la viabilidad de muchas industrias culturales de
nuestro país, un sector que representa cerca del 4% del PIB y emplea a más de 500.000 trabajadores. Y una medida que supone renunciar a un modelo de crecimiento económico basado en la creatividad y en el valor añadido que va asociado al talento y a
la innovación. A ello, se añade, además, sus intenciones recogidas en el anteproyecto de reforma educativa, de suprimir el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza. Todo esto demuestra un grave menosprecio hacia un sector al que el Gobierno
ha considerado más relacionado con el 'entretenimiento' que con la Cultura.
La falta de respeto institucional, de sensibilidad y de tacto demostrada en la gestión de los asuntos de su competencia ha sido muy común. Ha venido prodigándose en manifestaciones que no se corresponden con la importancia y el rango del
cargo que ocupa. Todavía se recuerdan sus declaraciones sobre la ocupación de plazas escolares por marroquíes en Ceuta y Melilla, sobre la voluntad de las familias para pagar la educación de los hijos, sobre el excesivo número de Universidades y
universitarios, sobre la ausencia de relación entre calidad e inversión educativa, o la utilización espuria de falsos textos para atacar el temario de Educación para la Ciudadanía.
Y en la última sesión de control en el Congreso de los Diputados, cuando pretendía dar explicaciones sobre unas manifestaciones también suyas anteriores relacionando el sistema educativo de Cataluña con el sentimiento independentista, y
explicando sus intenciones al respecto en la próxima reforma educativa
aseguró: 'nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes', lo que demuestra escandalosa y sobradamente que el propósito de su gestión como ministro está muy lejos de formar ciudadanos mediante una educación de calidad, sino que su
actuación está determinada por una profunda carga ideológica, que atenta contra el modelo de Estado y el reparto competencial en materia educativa que recoge nuestra Constitución y los Estatutos de Autonomía.
Todo lo anterior le identifica como una persona incapaz para dirigir la política educativa, que si estaba ya degradada a consecuencia de los recortes que ha decidido, ahora estará bajo la continua sospecha de obedecer a intereses
adoctrinadores, y le inhabilita por tanto para seguir ejerciendo el cargo de Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, por su actuación en contra de la calidad y la equidad en la educación pública y la igualdad de oportunidades en el acceso a
la educación, desmantelando un sistema educativo público levantado con el esfuerzo de todos durante décadas; por su empeño en reducir los recursos destinados al sistema educativo hasta niveles superados mucho tiempo atrás; por sus intenciones
respecto de promover una reforma educativa profundamente ideológica, regresiva, segregadora y excluyente; por la aprobación de medidas que ponen en riesgo la viabilidad de las industrias culturales españolas; y por su reiteradamente demostrado
desprecio hacia los valores, los principios y los derechos que proclama y reconoce la Constitución, y especialmente hacia el modelo de Estado autonómico, su diversidad y su realidad plurilingüe.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en el Pleno,
una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a establecer medidas que prohíban la ocupación temporal de las zonas de dominio publico, de servidumbres y de afección para realizar en ellas usos y actividades relacionadas con la prestación
de servicios de naturaleza sexual.
La seguridad vial es una tarea transversal que tiene como objetivo la prevención de accidentes de circulación o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas. Las lesiones producidas a consecuencia de
acciones imprudentes en nuestras carreteras constituyen uno de los problemas de salud que tienen un mayor impacto en la movilidad y en la mortalidad de la población y motivan un gran número de discapacidades.
El artículo 9 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece la obligación de tener un comportamiento
diligente, de manera que no se entorpezca indebidamente la circulación ni se cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias. A los conductores se les exigen unos determinados comportamientos, como por ejemplo la obligación de utilizar elementos
reflectantes por la noche, la prohibición de utilizar teléfonos móviles mientras se conduce, o la obligación de circular por el carril más próximo a la derecha.
También las personas no conductoras deben tener este comportamiento para favorecer una circulación segura. En este contexto cabe señalar que, en los últimos años y en determinadas carreteras se ha producido un incremento de prestaciones de
servicios sexuales retribuidos, que suponen un abuso de los espacios de dominio público reservados a la circulación de vehículos y que conllevan un grave riesgo para la seguridad vial.
La realidad ha permitido constatar que el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales en zonas de dominio viario, comporta un grave riesgo a la seguridad vial, al poner en peligro la seguridad de los conductores y de las personas que
ocupan temporalmente el arcén de la vía o sus inmediaciones. Claro ejemplo, es el suceso acontecido a finales del año 2009, cuando una mujer que estaba en una carretera ofreciendo servicios sexuales fue arrollada por un vehículo, perdiendo la vida.
Por ello, Convergència i Unió considera necesario promover las modificaciones legales pertinentes, con el fin de regular de forma clara y precisa la prohibición de realizar usos y prácticas relacionadas con la prestación de servicios
sexuales en las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección de las carreteras dada la afectación que tienen dichas conductas en la seguridad vial y el riesgo que generan.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al gobierno a aprobar, en el ámbito de sus competencias, un Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el que:
a. Se prohíba la ocupación temporal del arcén de la vía o sus inmediaciones, zonas de dominio público, de servidumbres y de afección para realizar en ellas usos y actividades relacionados con la prestación de servicios de naturaleza sexual,
los cuales no son compatibles con la seguridad de la vía y con la finalidad propia de esta.
b. Se regule la tipificación expresa de la infracción de dicha prohibición, estableciendo que son responsables de las infracciones por la ocupación temporal del arcén de la vía y sus alrededores para realizar usos y actividades relacionados
con la prestación de servicios de naturaleza sexual, tanto la persona que ofrece la prestación de estos servicios como la persona que los solicita o acepta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la cobertura del tratamiento de los inmigrantes indocumentados que están infectados por el VIH, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La inmigración ha sido uno de los procesos que más ha transformado la sociedad española en las últimas décadas. La población extranjera con tarjeta de residencia o con certificado de registro en España en los últimos quince años ha pasado
de no llegar al millón de personas a rozar los cuatro millones quinientos mil.
La población inmigrante en España, ya tuviera su situación regulada o no, ha poseído cobertura sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos con nacionalidad española desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Para alcanzar esta cobertura sanitaria solo era necesario estar registrado en el padrón para recibir las coberturas sanitarias básicas.
Esta norma materializaba el compromiso que en septiembre del año 2000 de España con la Declaración del Milenio. Entre los objetivos de la Declaración del Milenio existe un compromiso 'para lograr el acceso universal al tratamiento del
VIH/sida de todas las personas que lo necesiten'. Sin embargo, este compromiso parece haber sido quebrantado por el actual Gobierno.
Con la entrada del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, se ha restringido el derecho de este acceso a los servicios sanitarios por parte de los inmigrantes indocumentados. Según este Real Decreto-
ley a partir de su publicación, los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes en España solo podrán recibir asistencia sanitaria en urgencias si son menores de 18 años o mujeres embarazadas. El texto añade que a fecha de 31
de agosto de 2012 dejarán de estar vigentes las tarjetas sanitarias expedidas previamente de aquellos beneficiarios que no puedan acreditar residencia legal en nuestro país. Esto significa que una parte de inmigrantes indocumentados dejarán de
recibir tratamiento para diferentes patologías, entre ellas, el tratamiento antirretroviral para la infección por VIH.
Esta medida, aprobada bajo criterios estrictamente económicos, puede suponer importantes consecuencias en el ámbito de la salud pública y más concretamente en el campo de los inmigrantes indocumentados infectados por el VIH, siendo
contraproducente en un medio plazo no solo en términos económicos, sino más importante, también sanitarios.
El VIH/sida ha dejado de ser una enfermedad de rápida evolución gracias al avance en el tratamiento clínico y farmacológico de esta patología. La terapia antirretroviral ha transformado un proceso clínico mortal en pocos años en una
enfermedad crónica y manejable que permite una supervivencia de más de 5 décadas, facilitando a los individuos afectados realizar sus actividades básicas de la vida diaria y su desarrollo social. Diferentes estudios, homologados por científicos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), han demostrado que un tratamiento continuo con antirretrovirales disminuye la transmisión de la infección en más de un 96%.
Estos datos clínicos suponen que el tratamiento preventivo en individuos infectados por VIH produce una disminución del gasto público a medio y largo plazo, siendo una medida preventiva eficaz para disminuir la progresión de la enfermedad y
la transmisión sexual del VIH.
Actualmente, el gasto derivado de la atención ambulatoria a los pacientes infectados por VIH se concentra mayoritariamente en el coste de los antirretrovirales, suponiendo un coste aproximado de 8.500 al año por paciente, estimándose un
ahorro directo con la supresión de estos tratamientos durante este año de entre 12.240.000 y 21.896.000 euros.
La evolución de los casos de infección por VIH diagnosticados en inmigrantes en España ha mostrado un aumento progresivo desde 1995. Entonces solo el 3% de las personas diagnosticadas como portadoras del virus VIH eran inmigrantes, mientras
que en 2010 la cifra alcanzó el 27% de los casos totales de VIH diagnosticados en nuestro país.
Organizaciones como el Grupo de Estudio del SIDA (GESIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), señalan que actualmente existe una población de entre 2.700 y 4.600 inmigrantes indocumentados
infectados por el VIH en nuestro país. De esta cantidad, un 70% conocería su infección y habría entrado en contacto con el sistema sanitario, siendo el principal tratamiento de este tipo de pacientes el tratamiento antirretroviral por las cifras de
linfocitos CD4 que presentan. El 30% restante de inmigrantes indocumentados no tendría constancia de su enfermedad, siendo por tanto potenciales transmisores del VIH. Cifra que no mejorará ya que el acceso universal a la sanidad existente antes de
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, suponía el medio de diagnóstico más común para este sector poblacional.
Al aumento de posibles infecciones de individuos sanos por parte de personas que desconozcan su infección por VIH, hay que añadir como riesgo para la salud pública, que aquellos indocumentados que ya estuvieran siguiendo un tratamiento
antirretroviral padecerán un rápido descenso de sus defensas así como un rápido incremento de la carga viral en su organismo. Esto supone una mayor probabilidad de contagio a otros individuos ya sea por vía parenteral o sexual, además de una mayor
probabilidad de contraer y contagiar enfermedades como tuberculosis, sífilis y hepatitis B. Al no poseer las defensas necesarias para luchar contra enfermedades oportunistas estas personas se convierten en reservorios y potenciales medios de
propagación de nuevas enfermedades en la población.
El criterio económico que ha motivado este recorte en materia sanitaria no ha evaluado correctamente las consecuencias tanto inmediatas como a medio plazo de su puesta en marcha. Los pacientes infectados a los que se les niegue el
tratamiento antirretroviral ingresarán en los centros sanitarios de nuevo como consecuencia de complicaciones asociadas o enfermedades oportunistas en tasas similares a las existentes previamente de que se instaurara el tratamiento de
antirretrovirales, lo que se ha estimado que supondría un gasto de entre 6.543.945 y 11.706.390 euros sin incluir el coste del tratamiento de nuevos contagios tanto por VIH como por las enfermedades transmisibles anteriormente nombradas.
Según el estudio del impacto en la salud pública de la retirada del tratamiento a los inmigrantes indocumentados seropositivos realizado por el GESIDA, la cifra de muertos directos por la retirada del
tratamiento sería entre 27 y 50 personas el primer año, aumentando también la incidencia de infecciones oportunistas 2,5 veces y un 68% más de complicaciones médicas en estos pacientes, con los ingresos hospitalarios y tratamiento médico que
ello supone. El estudio también calcula que la transmisión del VIH en pacientes con altas tasas de carga viral supondría 18 nuevas infecciones al año de la entrada en vigor del Real Decreto-ley por cada 100 pacientes ya infectados por VIH en el
momento en que entró en vigor. Es decir, entre 324 y 580 nuevas personas infectadas en las que habrá personas que sí poseen derecho al acceso a los servicios sanitarios.
La importancia de lograr el pleno acceso al tratamiento antirretroviral supone más que una buena estabilidad clínica en el proceso del infectado, una medida preventiva de alto impacto sobre la salud pública.
Por lo tanto, la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, supondrá un ahorro económico inferior al esperado a corto plazo, aumentando el gasto a medio-largo plazo por los nuevos casos de VIH/sida y otras enfermedades
transmitidas por estos pacientes en el medio-largo plazo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas legislativas pertinentes para restaurar la cobertura sanitaria a todas las personas inmigrantes indocumentadas infectadas por VIH/sida que hayan quedado sin prestación sanitaria al entrar en vigor el Real Decreto-ley
16/2012, con el fin de prevenir potenciales riesgos para la Salud Pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000046
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la Interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que
piensa adoptar para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social.
Exposición de motivos
El alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas. El riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo ha provocado un número creciente de hogares que carecen de ningún tipo
de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción.
Hasta ahora, todas las medidas adoptadas por el Gobierno se han dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas, mientras que el ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos y
prestaciones y a soportar los efectos negativos de esta crisis.
En efecto, son los servicios sociales públicos los que han de garantizar, por derecho, el apoyo a las personas que lo necesitan. Y redoblar los esfuerzos en situaciones críticas, como la que estamos atravesando. Sin embargo, en tan solo
unos meses, el Gobierno ha llevado a cabo un recorte brutal e indiscriminado con graves repercusiones en el acceso y la calidad de servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, debilitando aún más la cohesión social en
nuestro país.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que es nuestra obligación ofrecer soluciones para evitar que la fractura social que esta situación ya ha originado sea cada día mayor, incluso la Unión Europea ha advertido al Gobierno a este
respecto y, en el punto siete de las Recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas de 2012 de España, le pide que 'tome medidas específicas para combatir la pobreza'.
En este sentido, es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera inmediata a paliar los efectos que la crisis económica tiene entre las personas más desfavorecidas y los colectivos que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, sobre todo reforzando la atención directa a estas personas y potenciando los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral.
En efecto, esta atención se realiza mayoritariamente a través de los servicios sociales municipales y de las organizaciones de acción social del Tercer Sector, puesto que son las más próximas a ellos y a la realidad en la que viven. Tanto
ayuntamientos como organizaciones han demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y la eficiencia de su trabajo. Buena prueba de ello es que, en los últimos meses, se ha incrementado visiblemente la demanda
de atención de ambos. Por tanto, en un momento como el actual, tanto los municipios como las propias ONGs necesitan de más recursos que les permitan atender esta situación de manera más eficiente.
Igualmente, para lograr una lucha real contra la pobreza y ante el incremento del número de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción garantizadas, es necesario el apoyo presupuestario del Estado para que, junto con las Comunidades
Autónomas, se pueda hacer frente al incremento de esta demanda siendo necesario, además, que se afronten y resuelvan las dificultades en la tramitación y resolución de las rentas mínimas. Este sistema de protección básica, por sí solo no es
suficiente, pero sin él, la lucha contra la pobreza no es real.
Por todo ello, como consecuencia de la interpelación presentada por este Grupo, se formula la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que permita:
a) Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos tanto para la financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios educativos, los servicios de atención a las personas con
discapacidad y en situación de dependencia y los derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social, como para programas específicos de inclusión social, especialmente aumentando la eficacia del apoyo a
la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.
b) Incrementar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas de inclusión social, para que financien programas de integración laboral de las
personas en riesgo de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza, es decir, programas de inclusión activa que combinan la activación para el empleo con una adecuada cobertura de rentas y acceso a servicios de calidad.
c) Complementar, concertándolo con las Comunidades Autónomas, los recursos que estas destinan a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución de las dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas autonómicas.
2. Destinar a subvencionar actividades de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente a los
contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000047
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, Sabino Cuadra Lasarte, diputado de AMAIUR, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la
necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad.
Junto al desempleo creciente, las desigualdades sociales y la pobreza se extienden por la sociedad. El último Informe editado por FOESSA el pasado enero aporta datos y conclusiones muy relevantes al efecto.
En el debate de la interpelación que precedió a la presentación de esta Moción, el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, expuso las actuaciones que el Gobierno ha llevando e impulsa en esta materia. Es evidente, sin
embargo, que las mismas no han sido ni son suficientes para atajar los problemas comentados, pues el desempleo, las desigualdades y la pobreza no han hecho sino seguir aumentando desde que el Gobierno del PP está en funciones.
Los problemas abordados no tienen su origen únicamente en la crisis que padecemos. Mucho menos aún cuando, al hablar de esta, se hace de una forma abstracta y distante, ajena a las políticas impulsadas en el periodo anterior, denominado de
'crecimiento'. Durante los años y décadas pasados, los beneficios económicos derivados de un supuesto 'desarrollo económico' han sido repartidos de forma sumamente desigual. Junto a ello, se ha apostado sobre todo por una economía especulativa,
sin base firme, que al hacer crack está golpeando de forma principal a la población asalariada, juventud, mujeres, pensionistas, emigrantes...
Es preciso impulsar una política que tienda de forma decidida, entre otros objetivos, a redistribuir la riqueza existente en esta sociedad situándola, corno mínimo, en unos niveles en los que no exista ninguna persona que deje de tener todas
sus necesidades básicas suficiente y dignamente cubiertas: alimentación, vivienda, educación, sanidad, asistencia social, cultura...
En este sentido, y reafirmándonos en nuestro compromiso para con todas las personas que nos han dado su representación a fin de reclamar unas competencias plenas para Euskal Herria, sin injerencias presupuestarias ni cortapisa alguna para
desarrollar nuestra propia política económica, fiscal y social, presentamos la siguiente
Moción a fin de instar al Gobierno a
'1. Duplicar la cuantía del actual Salario Mínimo Interprofesional situando su importe en mil trescientos euros -1.300 euros- al mes.
2. Avanzar progresivamente en esta legislatura a fin de implantar una prestación social para todas aquellas personas que carezcan de ingreso salarial o social alguno, cuya cuantía garantice cubrir sus necesidades básicas: alimentación,
vivienda, educación, sanidad, atención social, cultura...
3. Anular la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP y duplicar los presupuestos y plantillas destinadas a combatir el fraude fiscal, fijando como objetivos de lo anterior la persecución de la evasión de capitales, de las
operaciones realizadas a través de paraísos fiscales y la derogación del régimen de las SICAV.
4. Modificar los tipos actuales del IRPF y del Impuesto de Sociedades a fin de aumentar substancialmente la progresividad de los mismos, de modo que las grandes rentas y beneficios vean agravadas sus aportaciones y aliviadas las de los
ingresos más bajos.
5. Anulación de la última subida del IVA llevada a cabo por el Gobierno el pasado verano.
6. Implantación de un Impuesto sobre las Grandes Fortunas que supere en progresividad y efectividad al anterior Impuesto sobre el Patrimonio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2012.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000048
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de
Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la situación de la Seguridad Social y la
garantía de las pensiones para su debate en el Pleno.
El sistema público de pensiones goza de gran legitimidad social entre la ciudadanía que lo considera una conquista social. Legitimidad adquirida, entre otras cosas, por hacer de la concertación social y el acuerdo político los ejes del
comportamiento de las organizaciones sindicales y empresariales y de las fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo.
En las últimas tres décadas el sistema de pensiones ha consolidado y ampliado cobertura de las pensiones al tiempo que se garantizaba estabilidad financiera. Continuar en esa línea requiere atender a las diferentes variables del sistema:
la esperanza de vida, los flujos migratorios, la evolución del empleo y la evolución de los salarios. El futuro de la Seguridad Social no depende ni única ni principalmente del aumento de la esperanza de vida, sino también de abandonar las
políticas de ajuste económico drástico y rápido y de empleo precario y bajos salarios que ejemplifica la Reforma Laboral. En estas políticas está el motivo de la caída de ingresos, fruto de la pérdida de cotizantes, en el sistema. Esta pérdida de
ingresos por la rebaja de cotizantes es la responsable del déficit coyuntural de la Seguridad Social, que en ningún caso viene de un exceso de gasto en pensiones.
Hay que tener en cuenta que el Estado español aún esta por debajo de la media de la UE en gasto de pensiones. Según los datos comparables más recientes a nivel comunitario, los de 2009, España gasta un 29% menos en pensiones que la media de
la UE 27. El gasto está situado de forma muy estable alrededor del 10% del PIB, siendo la media de la UE de más del 13%, cifra que superan países como Italia, Austria, Francia, Italia, Portugal, Grecia, los países nórdicos y Alemania.
En este contexto, el Gobierno no ha hecho más que generar incertidumbre sobre el futuro de la Seguridad Social y las pensiones. La respuesta del Gobierno ha sido confusa, cuando no contradictoria, ante las recomendaciones explícitas o
implícitas realizadas por la Unión Europea o el FMI. Ante ello, esta moción tiene por objeto instar al Gobierno a que de una manera nítida, sin confusiones, contradicciones interesadas o eufemismos concrete su política en materia de pensiones para
2013.
Hasta el momento, incluso la revalorización de las pensiones es una incógnita. Esta revalorización que no supone una mejora, sino simplemente mantener el poder adquisitivo de principios del 2012, parece no estar en los planes del gobierno.
Llama la atención que no se puedan conseguir los entre 4.000 y 5.000 millones de euros para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pero en cambio, se inyecten 46.000 millones de euros para limpiar los activos tóxicos de los bancos y salvar
los intereses de sus acreedores, también bancos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Moción consecuencia de interpelación urgente
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revalorizar las pensiones del 2012 en la cantidad resultante del diferencial entre el IPC de noviembre del 2012 y el incremento inicial del 1% aplicado en los PGE del 2012, en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley General
de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 20 de junio.
A estos efectos se abonará en un pago único el diferencial del IPC correspondiente a los 12 meses del año 2012. Y, asimismo, se incorporará este diferencial entre el IPC previsto en los PGE 2012 y el IPC real a 30 de noviembre del 2012, al
incremento de las pensiones del 2013, sumándolo al incremento inicial del 1% previsto en los PGE 2013.
2. Mejorar los ingresos del sistema de Seguridad Social adoptando medidas orientadas a:
2.1 Consumar el proceso de separación de fuentes, incorporando a la responsabilidad de los ingresos fiscales la financiación de gastos de naturaleza no contributiva que hoy se financian con cotizaciones sociales, incluyendo en este apartado
los gastos de gestión no contributivos del sistema de Seguridad Social.
2.2 Presentar un programa progresivo de subida de las bases máximas de cotización hasta aproximarlas al salario real. Y al mismo tiempo una mejora de las bases mínimas de cotización en paralelo a un incremento progresivo del Salario Mínimo
Interprofesional que comporte el cumplimiento de los objetivos de la Carta Social Europea en relación a un SMI de al menos el 60% del salario medio español.
2.3 Modificar los aspectos lesivos para el equilibrio financiero de la Seguridad Social previstos en el Real Decreto-ley 20/2012, en lo que hace referencia a las cotizaciones de las personas perceptoras de subsidios asistenciales, a la
recuperación de las cotizaciones en convenio especial de las personas cuidadores/ras profesionales, entre otras.
2.4 Presentar un proyecto de aportación paulatina y progresiva de recursos fiscales que complementen los ingresos contributivos del conjunto del sistema de Seguridad Social, como factor que contribuya a un reparto equitativo entre los
diferentes factores productivos -trabajo y capital- a los esfuerzos de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
2.5 Presentar un programa de transferencia transitoria de recursos fiscales de los PGE a la Caja de la Seguridad Social, en la línea de lo que en las últimas décadas se ha producido en el sentido inverso, desde la Seguridad Social a los
gastos fiscales de los PGE.
3. Mantener la regulación actual de acceso a la Jubilación a tiempo parcial, con el subsiguiente contrato de relevo, como mecanismo para propiciar procesos de incorporación de personas jóvenes al trabajo.
Mantener la edad de jubilación anticipada ordinaria a los 61 años, evitando procesos de mayor penalización de la jubilación anticipada. Sea esta penalización de manera directa, a través de cambios legislativos inmediatos o de manera
indirecta a través de la anticipación de los cálculos del factor de sostenibilidad, previstos en la legislación vigente a partir del año 2027.
4. No avanzar el proceso de transitoriedad hasta el 2027, previsto en la Ley 7/2011 en relación a la edad ordinaria de Jubilación. Ni a través de cambios legales, ni de manera indirecta a través de la incorporación del factor de
sostenibilidad, antes de la fecha prevista en la legislación anterior, o sea el año 2027.
5. Desarrollar la política de Seguridad Social en el marco de la concertación social con las organizaciones sindicales y empresariales y dialogo político en el marco del Pacto de Toledo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
173/000049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la
interpelación urgente sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el plazo de tres meses, un Plan de Medidas Urgentes orientado a garantizar la viabilidad del denominado Tercer Sector Social.
Dicho Plan incorporará entre otras medidas, las siguientes:
- Iniciativas financieras complementarias a las impulsadas por las Comunidades Autónomas en apoyo al Tercer Sector, y en concreto:
1. Una línea de actuación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a facilitar crédito para capitalización y circulante, a entidades sociales afectadas por la morosidad y los impagos de facturas y subvenciones de las
administraciones.
2. La prestación de avales financieros ante bancos y cajas, y avales técnicos terceros, como fórmula de facilitar el acceso al crédito en las mejores condiciones financieras posibles, a través del apoyo a las sociedades de garantía
reciproca existentes especializadas en la Economía Social.
- Una reforma de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el fin de facilitar financiación a los proyectos de interés general gestionados por
las entidades que trabajan en el ámbito del Tercer Sector Social.
- Una reforma del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de garantizar los principios de igualdad de trato y no discriminación para
las entidades sociales sin afán de lucro y que están exentas de IVA en la contratación pública.
- La creación de un Fondo para la Reestructuración de Entidades sin afán de lucro del Tercer Sector (FRETS), que actúan en actividades de interés general, similar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), regido y administrado
de forma compartida, por la Administración General del Estado y por las Comunidades Autónomas.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante las Cortes, antes de finalizar el presente año, al amparo del artículo 196 del Reglamento del Congreso de los Diputados, una Comunicación para su debate en el Pleno,
sobre los principales ejes de su política para reactivar y dinamizar el denominado Tercer Sector Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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