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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 145, de 17/09/2012
cve: BOCG-10-D-145
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de septiembre de 2012
Núm. 145
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a
nivel nacional ... (Página3)
Comisión de Justicia
161/000880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la concesión de indulto en casos de corrupción ... (Página6)
161/000881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la liberación del ciudadano Hervé Daniel Falciani ... (Página7)
Comisión de Defensa
161/000882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la cesión de las instalaciones militares y policiales en desuso o infrautilizadas a los Ayuntamientos que lo soliciten ...
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la regularización del tipo de retención a cuenta del IRPF a los trabajadores y trabajadoras del sector público ...
(Página9)
Comisión de Fomento
161/000874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la red transeuropea de transporte ... (Página10)
161/000877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el restablecimiento del servicio de enfermería en el aeropuerto Girona-Costa Brava ... (Página12)
161/000879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con un Plan de Dinamización del aeropuerto de Córdoba ... (Página13)
161/000885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de las condiciones básicas de accesibilidad en metro convencional, metro ligero y tranvía ... (Página14)
161/000887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conversión de la carretera N-2 (tramo urbano de Sant Julià de Ramis) en una vía urbana ... (Página15)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un Fondo para el Empleo en las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores y para el autoempleo de jóvenes desempleados ...
161/000889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las trabajadoras autónomas que se reincorporan a la actividad económica
por cuenta propia tras su maternidad ... (Página17)
Comisión de Cultura
161/000876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al sector
cultural ... (Página18)
161/000888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Centro Memorial Walter Benjamin ... (Página19)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/000499 Pregunta formulada por el Diputado don Andrés José Ayala Sánchez (GP), sobre planes del Gobierno para hacer frente a las expropiaciones por razón de obra pública que no fueron atendidas por los gobiernos del PSOE ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000494 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Camarero Benítez (GP), sobre características fundamentales de las modificaciones que se impulsan desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación a la
atención a las personas dependientes ... (Página21)
181/000495 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Camarero Benítez (GP), sobre razones por las que es necesario modificar el modelo de atención a las personas dependientes ... (Página21)
181/000496 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Camarero Benítez (GP), sobre objetivos previstos con las modificaciones que se pretenden introducir en relación a la atención de personas dependientes ...
Comisión de Cultura
181/000497 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Figueres Górriz (GP), sobre medidas previstas para consolidar eI sistema de preservación a largo plazo del Patrimonio Cultural Cinematográfico ...
181/000498 Pregunta formulada por la Diputada doña María de la O Ares Martínez-Fortún (GP), sobre medidas previstas para facilitar la cooperación y comunicación cultural entre las Administraciones Públicas y otras instituciones culturales
... (Página22)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a nivel nacional, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El sistema o régimen retributivo de los cargos políticos electivos es una cuestión de gran relevancia en cualquier sistema democrático, que debería estar regulado de una forma clara, transparente y racional.
En primer lugar, es importante desde un punto de cuantitativo. Baste señalar al respecto que, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en las últimas elecciones locales, forales y autonómicas celebradas el pasado año 2011 se
eligieron, sin contar aquellas Comunidades que no celebraron elecciones autonómicas, 68.462 concejales, 8.116 alcaldes, 3.304 alcaldes pedáneos (de entidades locales menores), 1.040 diputados provinciales, 157 consejeros de cabildos insulares, 824
Diputados de las Asambleas Legislativas de ias Comunidades Autónomas, 153 Procuradores, Apoderados y Junteros (de las Juntas Generales Territorios Históricos del País Vasco), 13 Consejeros (del Consejo General Valle de Arán-Lérida), 1.101
Representantes a Concejos de Navarra, 59 Consejeros Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y 71 miembros de las Entidades Locales Menores de las Comunidades de Valencia, Extremadura y Andalucía.
A las anteriores cifras hemos de unir los restantes diputados autonómicos (de aquellas CCAA que no celebraron elecciones), que totalizan, conjuntamente con los ya indicados antes, 1.206 parlamentarios autonómicos, 450 diputados nacionales,
200 senadores y todas aquellas personas nombradas directamente por los cargos electivos, que conforman los órganos de gobierno ejecutivo del Estado (Ministros, Secretarios de Estado, etc.), de las Comunidades Autónomas (Presidentes, Consejeros,
etc.), las altas magistraturas y organismos estatales y autonómicos (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, organismos reguladores y supervisores, etc.) y de la administración local, inclusive las más de
1.000 mancomunidades y los más de 3.000 organismos autónomos o entidades de naturaleza pública.
El régimen retributivo de todos los cargos públicos es también relevante desde un punto de vista cualitativo, pues se trata de todo un estamento o nivel político, directa o indirectamente elegido por los ciudadanos, que integra todos los
niveles del poder territorial y conforma el esqueleto del propio Estado. De ahí la importancia de que la regulación en este ámbito sea racional, clara, transparente y sencilla, garantizando la necesaria calidad y profesionalidad de nuestros
representantes y evitando que se convierta
en una cuestión que alimente demagogias y sospechas, sino todo lo contrario, que sirva para prestigiar a nuestras instituciones y, por ende, al propio sistema democrático.
Tradicionalmente, en nuestro país primaba un concepto paternalista y elitista de la función pública y de la política, a la que solo podían acceder personas de grandes recursos económicos, que desempeñaban sus cargos de forma gratuita, por el
honor que ello conllevaba.
El advenimiento de la democracia en España, el crecimiento y modernización de nuestras instituciones y el incremento de la tarea pública prestacional del Estado provocó la creación de una nueva clase política profesionalizada, elegida a
través del sistema general de elecciones y reclutada por los partidos políticos, que ha ido creciendo de forma paralela al propio desarrollo y descentralización de la estructura territorial del Estado y al propio crecimiento económico de las últimas
décadas.
La profesionalización de la clase política ha sido un proceso sin duda positivo, que ha provocado la democratización de nuestras instituciones y ha colaborado a la modernización y mejora de nuestro país, pero que -visto en perspectiva-
adolece también de deficiencias que es preciso corregir a fin de mejorar nuestra calidad democrática y evitar de paso que los partidos políticos o la llamada 'clase política' siga siendo una de las instituciones peor valoradas por los españoles.
Para ello es necesario, en primer lugar, contar con un sistema retributivo de los cargos políticos racional, coherente y objetivo, del que actualmente carecemos.
En efecto, en la práctica y ante la falta de regulación legal a nivel nacional sobre la materia, las retribuciones de los presidentes de las diferentes Comunidades Autónomas, de los diputados autonómicos, de los miembros del ejecutivo de las
distintas Comunidades, de alcaldes, concejales, portavoces en plenos, etcétera, han sido fijadas de forma unilateral en cada nivel de gobierno por la propia Asamblea Legislativa Autonómica o el ayuntamiento respectivo en su primer pleno
constituyente, adoleciendo todo el sistema retributivo de lógica o coherencia interna y transmitiendo una impresión de absoluta arbitrariedad.
Por poner algún ejemplo ilustrativo de lo que decimos: el sueldo del presidente del Gobierno, asciende actualmente a 78.185,04 euros, pero se ve superado por los de los presidentes de siete Comunidades Autónomas (Aragón, Islas Canarias,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco). Tales incoherencias son en algunos casos especialmente llamativas: el presidente de la Generalitat de Cataluña, con 144.030,12 euros, duplica el sueldo del Presidente del Gobierno y
las retribuciones del Lehendakari vasco o el presidente de Castilla-La Mancha superan los 100.000 euros.
Tales diferencias carecen de justificación alguna, pero hay casos todavía peores. Por ejemplo, el Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, se ve también superado no solo por los alcaldes de Barcelona (110.000 euros), Zaragoza (92.000 euros) o
Madrid (101.987 euros), sino también por ciudades que no son siquiera capital de provincia como Alcalá de Henares (90.500 euros), Alcobendas (97.000 euros), Las Rozas (86.894 euros), Pozuelo de Alarcón (85.419 euros) o Leganés (80.697 euros).
Sin salir del ámbito municipal resulta que las retribuciones de los portavoces de los grupos municipales de la oposición de algunos municipios, inclusive de algunos directores generales o concejales presidente de Distrito, como es en el caso
de Madrid (91.788 euros de retribución), superan también el sueldo del presidente del Gobierno, así como el de algunos concejales de la oposición superan al de muchos alcaldes, cuando en pura lógica deberían ser menores. Por no hablar de que por lo
general prácticamente no existe diferencia entre los sueldos de los concejales delegados y los de los portavoces de los grupos municipales de la oposición, fruto de los acuerdos que se toman en el primer pleno, en el que realizando una subida global
se busca neutralizar cualquier tarea de oposición real.
También las retribuciones de los presidentes de las Diputaciones Provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida, Vizcaya o Palencia, por citar algunos, superan ampliamente el sueldo del Presidente del Gobierno y el de los restantes miembros del
Gobierno e, incluso, el de sus correspondientes Presidentes autonómicos, adoleciendo todo el sistema retributivo de la más mínima lógica o coherencia.
Si analizamos otros órganos constitucionales podemos observar que se producen idénticas disfunciones. Según se indica en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados, un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) percibe
112.249,60 euros y su presidente 130.152,62 euros y todos los magistrados del Tribunal Constitucional y consejeros del Tribunal de Cuentas rondan los 110.000 euros de retribución anual.
Ninguna duda cabe de que la remuneración de nuestros representantes y cargos políticos tiene que ser lo suficientemente atractiva como para atraer el talento hacía la función pública y prestigiar de esta manera la importante labor que
realizar. Pero también es cierto que a los mismos ha de exigírseles la necesaria diligencia y profesionalidad, la máxima transparencia y la adecuación de sus retribuciones a la
situación económica general, dando en propia persona ejemplo respecto de los esfuerzos y privaciones que se exigen a los administrados.
Según un estudio publicado en el año 2007 por diversos medios, tras las elecciones locales del 27 de mayo de ese año, el 92% de los alcaldes de las capitales de provincia se subió el sueldo en torno al 30% nada más acceder al cargo. Tras
las últimas elecciones de mayo del pasado año 2011, y a la vista de la persistente crisis económica que nos afecta, algunas corporaciones municipales han acordado -mediante un gesto sin duda loable- rebajar voluntariamente sus retribuciones o
incluso prescindir de ellas, pero tales rebajas se han realizado también sin ningún tipo de criterio general o plan preconcebido, ahondándose las diferencias entre unos municipios y otros y entre los cargos públicos desempeñados en distintas
Comunidades Autónomas.
Tal desbarajuste no sirve desde luego para prestigiar la política ni ganarse la confianza de la ciudadanía, en una materia en la que deberían extremarse las garantías y los controles, habida cuenta que se da la peculiar circunstancia de que
los destinatarios del dinero (los propios cargos públicos) son los mismos que tienen la facultad de aprobarlos, elemento que las diferencia radicalmente de cualquier otra disposición de dinero público.
A lo anterior no ayuda tampoco la notable opacidad y falta de transparencia que afecta a las retribuciones de nuestros representantes políticos. Al ya complicado sistema retributivo, compuesto por cantidades fijas y periódicas, dietas por
la asistencia a reuniones de órganos colegiados (que en muchas ocasiones se han convertido en 'sueldos encubiertos') e indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, se une la inexistencia de un registro público general y la
inexistencia de un régimen exigente de incompatibilidades, impidiéndose a la ciudadanía conocer a ciencia cierta el importe de las retribuciones percibidas por sus representantes con el dinero de sus impuestos, lo cual a su vez provoca la
publicación de alarmantes noticias en prensa sobre los casos más llamativos y el consiguiente desprestigio de la política, mediante un círculo vicioso que es preciso romper mediante una regulación racional, homogénea y transparente.
Con la intención de corregir las citadas disfunciones se han aprobado algunos protocolos de actuación en algunas Comunidades, a fin de intentar poner orden en la disparidad de retribuciones de los diferentes alcaldes, concejales y otros
cargos de cada comunidad autónoma, pero en el mejor de los casos únicamente se ha llegado a recomendaciones frente a las que se ha impuesto finalmente la autonomía administrativa de cada uno los municipios o entes.
Más recientemente, también han fracasado otros intentos de regulación, como el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que planeaba el ex ministro socialista Jordi Sevilla, y que incluía una propuesta en línea con lo que
defendemos en la presente iniciativa, así como el Código de Buen Gobierno Local que aprobó en 2009 la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que incluía recomendaciones en materia de retribuciones económicas de los electos.
Sin duda el actual Gobierno es consciente de la necesidad de solucionar este problema y por ello ha venido realizando manifestaciones sobre la necesidad de cambiar el sistema retributivo de los alcaldes y los concejales para adecuar los
salarios al tamaño de los municipios y en el reciente Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012 incluye una disposición final sexta que establece que
'las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán cada año el baremo al que habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de las órganos de gobierno de las Entidades Locales atendiendo al tipo de entidad local de que se trate, así
como a criterios objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras circunstancias de carácter administrativo'.
Tales propósitos e iniciativas nos merecen sin duda una valoración positiva, pero consideramos que la necesidad de establecer un baremo general al que, dentro de unos límites mínimos y máximos, han de ajustarse las citadas retribuciones, ha
de establecerse de forma generalizada en todo el ámbito del Estado, inclusive el Gobierno, las Cortes Generales, los órganos constitucionales, las Asambleas Legislativas y ejecutivos de las Comunidades Autónomas y los entes locales, de forma que
todos los cargos políticos electivos, tanto directos como indirectos, tengan un régimen retributivo transparente, racional y objetivo, asignado bajo los principios de coordinación y jerarquía y en función de la responsabilidad asumida por cada uno
de los cargos públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo máximo de seis meses apruebe un Proyecto de Ley que contemple las reformas legales necesarias a fin de establecer un sistema o régimen general retributivo de
los cargos políticos electivos, sencillo, transparente, racional, coherente y objetivo, diseñado bajo los principios de coordinación y jerarquía y en función de la responsabilidad asumida por cada uno de los cargos públicos en las distintas
instancias de la administración territorial del Estado, inclusive Comunidades Autónomas y Administración Local.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Justicia
161/000880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
concesión de indulto en casos de corrupción, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reformó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objetivo de humanizar nuestro derecho penal y mejorar el cumplimiento de los mandatos constitucionales de rehabilitación y
reinserción del delincuente y, a la vez, endureció el tratamiento y tipificación de tres bloques de delitos: delitos de terrorismo, los delitos sexuales más graves y en especial los producidos contra menores y los conocidos como 'delitos de cuello
blanco', es decir, la lucha contra la corrupción pública y privada, que probablemente fuera la causa que movió a la abstención al Partido Popular en la votación de dicha reforma.
Gracias a esta reforma, nuestro Derecho Penal cuenta con mejores instrumentos para combatir, con mayores garantías de eficacia, todos los fenómenos de corrupción cuyo poder destructivo atenta contra el núcleo mismo del Estado de Derecho.
Se tipifica de forma más exhaustiva el delito de cohecho, incorporando varios instrumentos internacionales, y se agravan las penas de este delito y el tráfico de influencias.
En el ámbito urbanístico las acciones como la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección o la omisión de inspecciones obligatorias, pasan a tener carácter delictivo por sí mismas y se agravan las penas en correspondencia con
la gravedad de este tipo de conductas.
En la lucha contra la corrupción en el sector privado: la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. El refuerzo de las medidas para el
seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los productos del delito en el marco de una organización criminal. Además del incremento de la penalidad y de las multas y la mejora técnica del delito de corrupción de funcionario público extranjero
en las transacciones comerciales internacionales. Y, como cierre, con el fin de evitar la impunidad se aumenta los plazos de prescripción de estos delitos.
En patente contradicción con esta opción de política legislativa, el Gobierno del Partido Popular lleva, desde el inicio de su gestión, adoptando decisiones que debilitan gravemente esta lucha, cuando no favoreciendo a los delincuentes
económicos, con decisiones como la amnistía fiscal, que permite legitimar capitales de origen dudoso, o mediante relevos en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en la Comisaría de Policía Judicial, o reduciendo los efectivos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como los Grupos de Respuesta Contra el Crimen Organizado (GRECO,s) o disminuyendo los recursos de
la lucha contra la corrupción. Y, unido a todo ello, no menos preocupante le parece al Grupo Socialista la tendencia a conceder el indulto en una serie de supuestos vinculados claramente a la corrupción, con lo difícil que ha sido, hasta
ahora, conseguir que los culpables de delitos tan despreciables se vean en situación de cumplimento de condena.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter general, no se conceda el indulto en casos relacionados con delitos de corrupción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2012.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado, Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la liberación del ciudadano Hervé Daniel Falciani, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Hervé Daniel Falciani es un ingeniero informático francoitaliano que durante años recopiló datos del banco suizo HSBC en los que se documentaban más de 130.000 supuestos evasores fiscales, que habrían defraudado miles de millones de euros a
decenas de países, entre los que se encuentra España.
Según Falciani, en 2006 alertó de las irregularidades bancarias a las autoridades suizas, pero no obtuvo respuesta. En 2008 es detenido e interrogado porque supuestamente intentó vender los datos en Beirut. Fue puesto en libertad y huye a
Francia, a quien Suiza envía una petición para que registre su domicilio, incaute el ordenador donde guarda la documentación y envíe los ficheros a Suiza. Pero cuando Francia se da cuenta de la información contenida decide utilizar la información y
así identificar a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses a los que invita a regularizar su situación fiscal, recuperando gracias a ello unos 1.200 millones de euros.
En medio de una crisis diplomática entre Francia y Suiza, Francia decide enviar el ordenador a Suiza, pero enviando copia de los ficheros a todos los países con los que tiene tratados de cooperación en materia fiscal. Entre ellos, España.
Gracias a las 3.000 cuentas españolas que se hallaban entre la documentación, Hacienda identificó a 659 supuestos defraudadores, que habrían evadido unos 6.000 millones de euros, entre los que se encuentran 200 millones de Emilio Botín.
El 1 de julio del presente año, Hervé Falciani es detenido en el puerto de Barcelona en virtud de una orden de detención internacional contra él efectuada por Suiza, que le imputa delitos de encubrimiento y revelación de secretos. Por orden
del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es retenido en prisión provisional desde entonces. Suiza reclama la extradición y el Gobierno español, lavándose las manos, acordó en el Consejo de Ministros del día 3 de agosto
que la petición de extradición siguiera su curso por la vía judicial. La resolución depende de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.
Proceder a la extradición no solo supondría reconocer que los datos fueron obtenidos de manera ilícita, cosa que podría evitar el proceso contra los defraudadores, sino que supondría una paradoja para la legalidad española: España no
reconoce los hechos como delitos. Contrariamente, el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a denunciar 'cualquier hecho u operación, incluso la mera
tentativa', respecto al que exista indicio o constancia de tales delitos. En esta misma línea hay que señalar que Falciani se ofreció al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para seguir colaborando con la justicia española.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Liberar inmediatamente al ciudadano francoitaliano Hervé Daniel Falciani y ofrecerle la protección necesaria para su seguridad.
2. Denegar la solicitud de extradición de Hervé Daniel Falciani que solicita Suiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Defensa
161/000882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la cesión de las instalaciones militares y policiales en desuso o infrautilizadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros dio luz verde en enero de 2005 a la primera fase de la 'Operación Campamento', nombre con el que se conoce una actuación urbanística de enajenación de nueve millones de metros cuadrados de suelo público propiedad del
Ministerio de Defensa en la ciudad de Madrid, que pretendía cumplir con el compromiso del gobierno español de facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda mediante la enajenación de suelo público. En este sentido, el proyecto contempla en
estos terrenos 7.000 viviendas protegidas, 1.100 de las cuales destinadas a alquiler y a jóvenes, así como zonas verdes, equipamientos o servicios públicos. Una operación que sigue encallada pero que mostraba el compromiso del gobierno español de
enajenación de suelo público para facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda.
Un compromiso que no puede restringirse solo a la ciudad de Madrid y que debería hacerse extensible a aquellas poblaciones con cuarteles o instalaciones militares no utilizadas o infrautilizados.
La situación, además, está agravada en muchos municipios porque antiguos cuarteles, a menudo ubicados en medio de sus poblaciones, se encuentran vacíos, sin mantenimiento adecuado y padeciendo una paulatina degradación que afecta a su valor
económico, así como a la seguridad e imagen de la localidad.
En algunos casos, como el de Sant Quintí de Mediona, fueron los propios municipios quienes cedieron gratuitamente el terreno al Ministerio para hacer el cuartel y, una vez abandonado, el Ministerio pretende vender a la población los terrenos
que esta les cedió gratuitamente, en un manifiesto abuso e injusticia.
Ante esta consideración y ante las demandas de Ayuntamientos de otras zonas del Estado para la cesión o enajenación de espacios de titularidad estatal infrautilizados o en total desuso, sería necesario recopilar y estudiar dichas demandas
para el aprovechamiento económico y social de las poblaciones.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones legales o administrativas oportunas para que cualquier edificio público perteneciente a los Ministerios de Defensa o Interior pase a pertenecer al municipio, en caso que este lo reclame, tras un periodo de 5
años sin ocupación a un precio simbólico de 1 euro/m2.
2. Realizar las modificaciones legales oportunas para que aquellos municipios que realizaron una cesión del suelo a los Ministerios de Defensa o Interior puedan recuperar la titularidad del mismo si no se cumple el objetivo para el que se
cedió. En casos de compra-venta, se establecerán los mecanismos necesarios para una nueva compra-venta que retorne los terrenos a un precio máximo que el estipulado en la primera compra.
3. Abrir un periodo de seis meses en que los Ayuntamientos puedan demandar al Ministerio de Defensa la enajenación o cesión de espacios (suelo o edificios) de su titularidad, infrautilizados o en desuso, con el objetivo de realizar
proyectos con finalidades sociales para poblaciones necesitadas de ellas.
4. Hacer efectiva la enajenación o cesión de aquellos espacios de titularidad del Ministerio de Defensa, infrautilizados o en desuso, a los Municipios que lo soliciten, siempre que el Ministerio de Defensa no acredite en el periodo de un
mes, a partir de la fecha de finalización del periodo de seis meses de los Ayuntamientos para solicitarlo, un proyecto de uso para aquel espacio.
5. Realizar las modificaciones legales o administrativas oportunas para establecer los canales adecuados con el fin de que los Ayuntamientos puedan solicitar directamente la cesión o enajenación de espacios del Ministerio de Defensa que
estén en un futuro infrautilizados o en desuso, garantizando el espíritu de los dos puntos anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
AI amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regularización del tipo de retención a cuenta del IRPF a
los trabajadores y trabajadoras del sector público, solicitando su tramitación en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La disminución en la cuantía de las retribuciones del año 2012 que van a sufrir los empleados y empleadas públicos, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, hace necesario regularizar el tipo de retención que, en función del artículo
87.2.3.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se viene aplicando en las nóminas de los trabajadores y trabajadoras del sector público hasta el momento.
Tal y como señala el artículo 87.4 del mismo Reglamento, debe efectuarse dicha regularización cuando se produce, como ahora, una merma de la cuantía de las percepciones salariales. Ello quiere decir que deben comenzar a aplicarse los nuevos
tipos de retención, que obligatoriamente serán más bajos que los actuales, en la nómina del mes de octubre.
Esto tiene que hacerse para evitar el desfase temporal que provocaría en el Tesoro Público el cumplimiento de las normas de regularización de las retenciones del IRPF citadas, ya que los ingresos por retenciones de todo el personal al
servicio de las AA.PP. disminuirán respecto de los actuales al menos dos meses antes de que sea efectiva la reducción de haberes en la paga de diciembre 2012.
Debe procederse a esta regularización, además, para evitar las repercusiones económicas, técnicas y administrativas que pudieran producirse. Si no se produce la regularización citada en la nómina de octubre, el personal afectado, en el
ejercicio de su legítimo derecho, podría interponer reclamaciones económico-administrativas contra las retenciones practicadas, por excesivas, e instar la rectificación de las autoliquidaciones, lo que, evidentemente, tendría importantes
repercusiones económicas y administrativas.
Por todo ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que se proceda de inmediato, o a más tardar en la nómina del mes de octubre de 2012, a la regularización del tipo de retención a cuenta del IRPF que se ha
venido aplicando hasta este momento a los trabajadores y trabajadoras al servicio de las distintas Administraciones Públicas, empresas públicas, Entes y Organismos Autónomos, Fundaciones y Consorcios dependientes de las mismas, que vayan a ver
disminuida la cuantía de sus retribuciones del año 2012 motivado por la regulación establecida en el Real Decreto-ley 20/2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Fomento
161/000874
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta
para su debate en la Comisión de Fomento la siguiente Proposición no de Ley sobre la Red Transeuropea de Transporte.
En el marco del desarrollo de las nuevas propuestas reglamentarias para el próximo periodo de programación de las políticas comunitarias, la Comisión Europea presentó el pasado mes de octubre propuesta de reglamento del Consejo y del
Parlamento Europeo sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. El principal objetivo de dichas orientaciones, que sustituirán a la Decisión 661/2010/UE, es establecer una red de transporte
transeuropea completa e integrada, que abarque todos los Estados miembros y regiones y que aporte la base para el desarrollo equilibrado de todos los modos de transporte (aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y fluvial) a fin de facilitar sus
ventajas respectivas, aumentando así al máximo el valor añadido para Europa de la red.
La propuesta es un instrumento básico para Ia planificación futura y financiación de las infraestructuras de transporte en la UE, determinando las prioridades, los objetivos de interconexión, tanto territoriales como intermodales, y no cabe
duda que, para regiones como la nuestra, desenclavadas y situadas en un entorno alejado, representan a la vez una oportunidad extraordinaria para mejorar nuestra interconectividad y propiciar un desarrollo equilibrado de nuestro territorio.
Tal como establece el propio preámbulo de la propuesta, la red global debe ser una red de transporte de ámbito europeo que garantice la accesibilidad de todas las regiones de la Unión, incluidas las remotas y ultraperiféricas, al igual que
persigue la Política Marítima Integrada, y que refuerce la cohesión entre ellas.
Sin entrar a valorar la importancia de estas propuestas para el conjunto de la Unión, el correcto desarrollo de esta red debe tomar en consideración las especiales circunstancias de las islas Canarias, afectadas por un enorme alejamiento de
la UE pero, al mismo tiempo, con un gran potencial corno plataforma para extender el desarrollo de los servicios de transporte hacia el sur de la Unión.
Sin embargo, el análisis de la metodología utilizada como base para la propuesta de Reglamento sobre las orientaciones de la UE para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes, en relación a la clasificación de los nodos urbanos en
la red principal, permite detectar importantes errores en lo que se refiere a su aplicación en las islas Canarias.
Por un lado, se minusvalora la importancia del sector turístico en la definición de los flujos de transportes, tanto de personas como de mercancías, y en las necesidades que dichos flujos generan en el desarrollo de una infraestructura
europea de transportes integrada (la mayor parte de los flujos turísticos en Europa se produce infra UE). Este tratamiento contrasta con el peso que se les da a las relaciones
industriales, produciéndose como consecuencia de ello, un sesgo evidente en la selección de los nodos urbanos, identificando aquellos que tienen un peso predominante de la economía industrial y no de la economía de servicios. A ello hay que
añadir que en el caso de Canarias se minusvalora el peso de la actividad turística, en relación con otras regiones con menor peso turístico que aparecen mejor posicionadas, y se producen otros errores, como la no consideración de su capitalidad
regional alternante o el funcionamiento de su sistema de forma integrada como factor de atracción económica.
Las islas Canarias es una región europea nivel NUTS2, con una población que ha ido evolucionando positivamente hasta alcanzar la cifra de más de 2,1 millones de habitantes. Archipiélago formado por siete islas, la distribución por islas
muestra la concentración de la población en las dos islas centrales, Tenerife y Gran Canaria.
Población;2011
Tenerife;908.555
Gran Canaria;850.391
Lanzarote;142.517
Fuerteventura;104.072
La Palma;87.163
La Gomera;23.076
El Hierro;10.995
Total Canarias;2.126.769
Si tomáramos la población de hecho (incluyendo en esta cifra la pernoctación turística) ambas islas superarían de largo el millón de habitantes. Cada una de las islas se considera un territorio NUTS3.
El peso de las dos islas centrales en el desarrollo económico y territorial del archipiélago es, no obstante, similar, funcionando la región, como una región binodal.
Ambas islas comparten la capitalidad del archipiélago: el Parlamento de Canarias se sitúa de manera permanente en Tenerife pero la capitalidad rota cada cuatro años entre las dos islas; los departamentos del Gobierno Autónomo se reparten
equilibradamente entre ambas islas y los servicios disponen de medios en ambas islas centrales. Ambas islas disponen de Universidad.
Este sistema binodal tiene importante ventajas desde el punto de vista del transporte (al reducir los costes de aprovisionamiento de manera significativa, sobre todo en las islas periféricas) y es un elemento estructural del sistema. Por
poner un ejemplo, aunque el puerto de Las Palmas ha conseguido una posición relevante en el transporte internacional de mercancías (con una importante actividad en el transbordo), la isla de Tenerife (y con ella el resto de islas occidentales, La
Gomera, El Hierro y La Palma) se aprovisionan directamente con líneas regulares de transporte nacionales e internacionales. Este reparto también se observa en el transporte aéreo en donde Tenerife coge ventaja sobre Gran Canaria (más de dos
millones de pasajeros más, que se distribuyen en las dos instalaciones aeroportuarias existentes TFN y TFS) que sin embargo permiten a Gran Canaria tener un importante número de conexiones directas con el continente.
La posibilidad de que regiones insulares NUTS2, con una población superior al millón de habitantes, puedan tener un nodo urbano dentro de la propuesta de reglamento, tal como está planteando la posición del Parlamento Europeo, abre la
posibilidad de mejorar la posición de las islas Canarias en la propuesta de red principal, actualmente solo contemplada por la inclusión del puerto de Las Palmas en la lista de puertos principales. No obstante esta mejora, queda por definir cuál
debe ser el nodo principal, circunstancia que se encuentra con la dificultad, ya explicada con anterioridad, de la naturaleza binodal del archipiélago canario.
Por un lado, Tenerife es la isla que a nivel NUTS3 dispone de más población, cerca de un millón de habitantes. Podemos considerar al conjunto de la isla como una zona urbana amplia (LUZ según sus siglas en inglés Larger Urban Zones),
utilizando el nivel NUTS3 como referencia territorial.
También Tenerife es la que concentra el mayor volumen de tráfico de pasajeros tanto por vía marítima como por vía aérea. En el caso del transporte aéreo, este tráfico se distribuye en los dos aeropuertos existentes en la isla, corno ocurre
en otras áreas metropolitanas que disponen de varios aeródromos,
distribuidos en el norte y sur de la isla (TFN y TFS). En conjunto dispone de más de 140 conexiones directas (tanto nacionales como internacionales). En el caso del transporte marítimo de pasajeros, el puerto de Santa Cruz de Tenerife
ocupa el tercer lugar a nivel nacional, solo superado por los puertos de Barcelona y de Algeciras.
Gran Canaria dispone, por el contrario, del puerto de Las Palmas que concentra una parte importante del tráfico portuario por la captación de transbordo, habiendo sido ya incluido en la lista de puertos del anexo II.2 de la propuesta de
reglamento. Del mismo modo Gran Canaria tiene, en su capital, la población del archipiélago con mayor número de habitantes (383.343), mientras que en Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla de Tenerife, la población es de 222.271 habitantes.
Por otro lado, las infraestructuras portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife funcionan en buena parte de los tráficos como infraestructuras complementarias (es así en el caso del tráfico de pasajeros, fundamentalmente de
cruceros, y en el de mercancías destinadas al aprovisionamiento interior), actuando de esta forma como un clúster que, por otro lado, realiza de manera conjunta actividades de cooperación y transferencia de conocimiento con los puertos de la costa
occidental africana.
A todas estas razones se le une el carácter singular de Canarias en el conjunto de regiones insulares de la UE por dos razones:
1. No existen islas con una población de más de un millón de habitantes que distribuyan su actividad en dos nodos principales, como es el caso de Canarias.
2. Las islas Canarias disponen de una base jurídica autónoma en el Tratado FUE, el artículo 349, propia de las islas que permite aplicar medidas específicas a favor de las regiones ultraperiféricas.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a la realización de cuantas gestiones considere necesarias ante las distintas instituciones comunitarias, Parlamento, Consejo y Comisión, para incluir en la propuesta de Reglamento
sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, a los nodos siguientes en el anexo II.1.a: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y sus infraestructuras en los anexos II.1.a (aeropuertos de
Tenerife y Gran Canaria) y II.2 (puertos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife) de la propuesta de reglamento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
restablecimiento del servicio de enfermería en el aeropuerto Girona-Costa Brava, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Girona-Costa Brava ha tenido un crecimiento en término de pasajeros muy importante en los últimos años. El establecimiento de la compañía Ryanair en Girona, además de otras compañías aéreas de 'Low cost' han hecho de este
aeropuerto uno de los que ha registrado un mayor incremento de la red de Aena, y que presenta en términos generales en los últimos ejercicios presupuestarios un saldo positivo en término de beneficios. Pese a la reducción de algunas rutas que
operan desde este aeropuerto, la media de pasajeros en los últimos cinco ejercicios se sitúa en torno a los 4,5 millones de pasajeros/año. Concretamente en el periodo estacional de verano los servicios del aeropuerto de Girona atienden una media de
14.000 pasajeros/día, además de, aproximadamente, unos 1.000 trabajadores si contabilizamos los propios trabajadores de AENA y unas 50 empresas que operan en dichas instalaciones.
AENA contaba en este aeropuerto con un servicio de asistencia sanitaria proporcionado a través de una enfermería, y atendido por personal sanitario. En fecha 16 de julio de 2012 sorpresivamente el Ministerio de Fomento (AENA), decidió la
supresión de este servicio sin ninguna solución de continuidad. Se despidieron a los profesionales sanitarios que prestaban dicho servicio y fueron retirados todos los recursos médicos y farmacéuticos con los que estaba dotada la enfermería. Esta
decisión se tomó precisamente en plena campaña de verano, desmantelando un servicio absolutamente necesario, deteriorando con ello la calidad de los servicios de un aeropuerto en una provincia (Girona) que tiene en la calidad de su oferta turística,
un elemento clave de dinamización económica.
La Dirección de AENA en el aeropuerto de Girona ha establecido un nuevo procedimiento de actuación, por el cual se deriva cualquier afectado por urgencia sanitaria a los centros de atención primaria más cercanos que distan 12 kilómetros del
aeropuerto.
Durante la campaña de verano se han producido distintos incidentes y necesidades de atención sanitaria que no han podido ser atendidos. Resulta imprescindible contar con un local que permita atender de inmediato a afectados por una
indisposición o emergencia a la espera que puedan ser trasladados al centro de asistencia primaria o a las urgencias de un hospital, además del personal sanitario adecuado.
La pérdida de este servicio de asistencia sanitaria en el aeropuerto de Girona preocupa no solo a los trabajadores y usuarios del aeropuerto, sino al conjunto de instituciones públicas en Girona. La delegación de las comarcas de Girona de
la UGT ha iniciado una campaña de sensibilización y recogida de firmas para el restablecimiento del servicio. Estas firmas fueron entregadas en la subdelegación del Gobierno en Girona. También han dirigido una carta a la ministra de Fomento, Ana
Pastor, para dar cuenta de la actual situación y solicitar el restablecimiento de la enfermería.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación por estos recortes de servicios sanitarios que se añaden a los recortes que está sufriendo la sanidad pública en general. Resulta necesario que el Ministerio de Fomento (AENA)
revise sus prioridades de atención sanitaria en su red aeroportuaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que establezca una revisión de los servicios de atención sanitaria que presta en los aeropuertos internacionales de España, en la que se obligue a AENA a prestar este servicio, con el personal sanitario, las instalaciones y recursos
adecuados, y conforme a los métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
2. Que restablezca el servicio de enfermería en el aeropuerto de Girona-Costa Brava que fue desmantelado el pasado 15 de julio de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2012.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con un Plan de Dinamización del aeropuerto de Córdoba, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Córdoba es una infraestructura productiva de transporte claramente infrautilizada. Su uso se mantiene para vuelos sanitarios, de apoyo al Hospital Reina Sofía, vuelos forestales en la lucha contra incendios del INFOCA y
vuelos formativos de una escuela de aviación.
En la actualidad el número de movimientos mensuales está entorno a 700-800. Para este uso, el aeropuerto tiene 30 empleados.
La pista de vuelo no tenía la longitud suficiente para que hubiera vuelos comerciales. Por ello, AENA ha hecho, en los últimos anos, una importante inversión de más de 60 millones de euros, entre expropiaciones y obra civil, para ampliar Ia
pista hasta los 2.050 metros de longitud, longitud suficiente para los vuelos comerciales.
Para que la pista ampliada se haga operativa, sólo queda el soterramiento de un cableado de alta tensión que ha sido solicitado por ENDESA.
Recientemente el Ministerio de Fomento ha anunciado un Plan de Reestructuración de este Aeropuerto que significaría pasar de 2.002 horas/semanales de apertura a 725 horas, una reducción de la plantilla de 30 a 8 empleados y una reducción de
movimientos hasta una media de 200.
Si la infraestructura estaba infrautilizada por los impedimentos señalados, el Plan previsto reduciría su uso de forma significativa, con el perjuicio correspondiente para la Provincia de Córdoba, en el sector sanitario, medio ambiental,
formativo, comercial y turístico.
La esperanza de Córdoba era justamente que esta nueva infraestructura pudiese significar un importante apoyo al sector turístico y comercial, en pro de la creación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la puesta en marcha de un Plan de Dinamización del aeropuerto de Córdoba, para lo que:
- Se concluiría el soterramiento del cableado que impide el uso de la pista ampliada, y que permitiría sacarle provecho a la inversión de fondos públicos que superan los 60 millones de euros.
- Abordar la inversión programada de una nueva terminal en el aeropuerto de Córdoba.
- La creación de un Comité de Rutas que permita encontrar vuelos comerciales y turísticos para sacar el máximo de utilidad a esta infraestructura productiva de Córdoba.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
mejora de las condiciones básicas de accesibilidad en metro convencional, metro ligero y tranvía, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Desde principio de los años 80, los poderes públicos han impulsado en España un importante proceso de mejora de las condiciones de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Este proceso de mejora, que tiene su base
constitucional en los artículos 9.2, 14 y 49 de la Constitución, tuvo su principal hito legislativo en la aprobación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido; ley que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico tras
los trabajos parlamentarios encomendados a una Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de los Minusválidos, creada en 1977 en el Congreso de los Diputados.
Uno de los aspectos destacables en esta materia, tiene que ver con la mejora de la accesibilidad en el transporte a las personas con movilidad reducida que en España, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de
Dependencia, suponen un colectivo de más de dos millones y medio de ciudadanos. Hoy resulta obvio que se exija que cualquier medio o modo de transporte deba cumplir el mandato constitucional en materia de accesibilidad y a ello han contribuido de
manera importante, durante
los últimos años, en el ámbito normativo, tanto la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, como el desarrollo que de su disposición final octava se lleva a cabo en el Real Decreto 1544/2007, de
23 de noviembre, así como la numerosa normativa autonómica al respecto y los planes que, en cumplimiento de la anterior normativa, se han desarrollado desde las Administraciones públicas con competencias en esta materia.
A pesar de este progreso, la normativa en materia de accesibilidad debe de ser objeto de una continua revisión que permita adaptarla a los avances técnicos en la materia y a la superación de los obstáculos que la actividad cotidiana de las
personas con movilidad reducida ponga de manifiesto. Así, desde diversos colectivos de afectados, se ha manifestado que uno de los problemas de accesibilidad que hoy sigue afectando a las personas con movilidad reducida que tienen que desplazarse
en silla de ruedas en medios de transporte como el metro o el tranvía, es la necesidad de salvar el hueco entre el andén y el piso de la unidad, debido a que las ruedas delanteras de muchas de estas sillas tienen un radio muy pequeño y una gran
capacidad de giro, por lo que, si no son ayudados, pueden quedar encajadas entre el tren y el andén, con el consiguiente riesgo para su seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el apartado 2 del anexo VI del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, reduciendo la altura entre el andén y el suelo del vehículo (h) y la distancia entre el borde del andén y el borde del vehículo (s) a la distancia mínima que permita a los
viajeros en silla de ruedas salvar el hueco sin dificultad ni ayuda externa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2012.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
conversión de la N-2 (tramo urbano de Sant Julià de Ramis) en una vía urbana, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera N-2 (A-2) a su paso por la provincia de Girona sigue pendiente de desdoblarse desde Tordera a la Jonquera (frontera francesa). Se trata de una reclamación histórica, un clamor popular que condena a los ciudadanos de Girona, a
los usuarios de la vía a optar mayoritariamente por el uso de la autopista de peaje AP-7 para sus desplazamientos.
Las condiciones actuales de la N-2, especialmente en algunos tramos en que la ejecución del desdoblamiento quedó paralizada (Maçanet-Sils, Sils-Caldes, Medinyà-Orriols) son especialmente complicadas al ser una vía de tráfico muy denso y con
desplazamiento pesado de camiones y mercancías, y que además presenta deficiencias de seguridad vial, hecho que ha convertido alguno de éstos tramos en auténticos puntos negros por su alta siniestralidad.
El municipio de Sant Julià de Ramis, además de verse directamente perjudicado por la falta de desdoblamiento de la N-2 al paso por su municipio que es atravesado por ésta vía en su núcleo urbano de Sant Julià de Ramis y Medinyà (el tramo
Medinyà-Orriols fue adjudicado pero acabó siendo paralizado a consecuencia de reprogramaciones del Ministerio de Fomento), también ha venido reclamando la conversión del tramo urbano de Sant Julià de Ramis de la N-2 en vía urbana.
El proyecto de 'Acondicionamiento y mejora de la travesía de Sant Julià de Ramis del pk. 721,25 al 722,67 redactado el año 1996 por la demarcación de carreteras del Estado en Catalunya, acordado con
el Ayuntamiento para la conversión del tramo de vía nacional en vía urbana no se ha ejecutado por falta de voluntad política y dotación presupuestaria.
Así mismo, se hacen precisas la construcción de rotondas de acceso al pueblo de Medinyà, al vecindario del Terri y en el cruce con la carretera de Cervià de Ter (proyectos 'carretera N-II acondicionamiento de los accesos al veinat del
Terri', 'mejora de la intersección de la N-2, pk. 725,20 con la carretera G1-514 en Cornellà de Terri' y 'mejora de la intersección de la N-2, pk. 727,10 con la ctra. GI-633 en Cervià de Ter').
El pleno del Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis acordó el pasado 17 de mayo de 2012 instar al Ministerio de Fomento que permita la conversión de la A-2 en Sant Julià de Ramis en vía urbana, así como a la redacción, aprobación y ejecución de
las obras de construcción de las rotondas de acceso, y medidas de alternativas libres de peajes en la Autopista AP-7 mientras subsista la falta de desdoblamiento de la A-2 a su paso por Girona.
El grupo parlamentario socialista se suma a esta necesidad del municipio de Sant Julià de Ramis y de Girona y a la denuncia de falta de compromiso en el Gobierno en relación al desdoblamiento de la A-2 en Girona, y en particular también a la
falta de conversión en vía urbana del tramo urbano de la N-2 a su paso por este municipio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A que incluya en las prioridades de inversión de carreteras del Estado el desdoblamiento de la A-2 en Girona (Tordera-La Jonquera ), y que establezca un calendario de licitación y adjudicación de obra para la presente legislatura.
2. A que mientras no se produzca el desdoblamiento de la A-2, y a fin de descongestionar el tráfico y mejorar las condiciones de seguridad autorice la gratuidad a los usuarios de la autopista AP-7 en el tramo comprendido entre los
municipios de Maçanet de la Selva y La Jonquera.
3. A iniciar los procedimientos oportunos para la conversión de la N-2 (tramo urbano de Sant Julià de Ramis) en una vía urbana.
4. A que redacte, apruebe y ejecute las obras de los proyectos de rotondas de acceso al pueblo de Medinyà, al vecindario del Terri y en el cruce con la carretera de Cervià de Ter.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2012.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
creación de un Fondo para el Empleo en las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores y para el autoempleo de jóvenes desempleados, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La situación de crisis económica, que tiene su origen en la crisis financiera internacional, se ha traducido en una intensa destrucción de empleo, agudizada extraordinariamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria: casi tres millones
de empleos destruidos entre 2007 y 2011, dos tercios de los mismos en el sector de la construcción, lo que a su vez lastra las posibilidades de recuperación de la economía española a medio y largo plazo.
La creación de empleo es la necesidad más urgente para nuestro país, es la base de la recuperación económica. La base para abrir nuevas oportunidades al conjunto de la sociedad y, especialmente, a los jóvenes y debe ser un proyecto del
conjunto de la sociedad, que requiere la movilización de la actividad empresarial, la competitividad de las empresas, la mejora de la cualificación de los trabajadores y la paz social. No es posible construir un proyecto de futuro sin que ese
proyecto reciba el apoyo de empresarios y trabajadores. A los poderes públicos les corresponde crear las condiciones para que ese esfuerzo conjunto sea posible y tenga éxito.
Una de las causas principales de esta destrucción de empleo es la falta de crédito. El deterioro del sistema financiero ha provocado una reducción drástica de la financiación para empresas y familias, imprescindible para movilizar inversión
en el sector privado y la consiguiente generación de empleo. Los recursos y esfuerzos dedicados a mantener la estabilidad de las instituciones financieras no han servido, hasta la fecha, para que estas cumplan satisfactoriamente sus funciones en la
movilización de crédito hacia las empresas. En estos momentos el estrangulamiento del crédito, sobre todo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, está siendo el principal obstáculo para el mantenimiento de la actividad y el desarrollo
de nuevos proyectos de inversión, retrasando con ello la salida de la crisis.
En este contexto, es fundamental la actuación de los poderes públicos, a través de la creación de un mecanismo que logre financiar las iniciativas de las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y los autónomos, ligando el crédito a
la generación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un Fondo para el empleo en las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores y para el autoempleo de jóvenes desempleados, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, que tenga como finalidad dar créditos a un interés
equivalente a Euribor a doce meses más 50 puntos básicos a las Pymes y emprendedores, vinculando estos créditos a la creación de empleo indefinido por parte de dichas empresas.
2. Que dicho Fondo esté dotado con una aportación inicial de mil millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
3. Que el Fondo se dote, además, con las aportaciones realizadas por las grandes empresas a las que se autorice un ERE, de acuerdo con la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social.
4. Que el Fondo pueda captar financiación en los mercados nacionales y extranjeros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
la recuperación de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las trabajadoras autónomas que se reincorporan a la actividad económica por cuenta propia tras su maternidad, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, en su disposición derogatoria única, ha derogado la disposición adicional sexagésimo quinta de la Ley
30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, por la que se establecía que las trabajadoras por cuenta propia del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos que, habiendo cesado en su actividad por maternidad, vuelvan a la actividad por cuenta propia en un periodo no superior a dos años, tendrán derecho a una bonificación del 100 % de la cuota de la Seguridad
Social durante un periodo de 12 meses.
La aplicación de la disposición transitoria sexta del citado Real Decreto-ley 20/2012, ha supuesto la supresión de forma automática de estas bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se venían beneficiando de las mismas, con gran
sorpresa para las afectadas y graves perjuicios para sus intereses y para el desarrollo de su actividad que con gran esfuerzo habían reiniciado tras su maternidad.
En unos momentos de difícil situación económica, con un progresivo deterioro del empleo, en el que el autoempleo y el emprendimiento en general y de la mujer en particular deben ser objeto de una especial atención por el Gobierno, se ha
adoptado una decisión que cercena la incorporación y mantenimiento de la mujer en el trabajo por cuenta propia tras su periodo de maternidad, de manera incomprensible, errónea y contradictoria con todas aquellas manifestaciones públicas que se hacen
en defensa del emprendedor y del trabajador y trabajadora autónoma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para recuperar las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de las trabajadoras autónomas que se reincorporen a su actividad económica por cuenta
propia tras su maternidad, y a que mantenga y reponga, con efectos retroactivos, las mismas para aquellas autónomas que vieron interrumpida su aplicación como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas
para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al sector cultural.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, establece un aumento del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido de un 13 % al aumentar el
tipo impositivo desde el 8 % hasta el 21 % para la mayor parte de prestaciones y servicios que gravan el consumo de los productos culturales, con el objetivo de reducir el déficit público del Estado.
La actual crisis económica ha tenido un impacto negativo general sobre toda la actividad económica y laboral, sin embargo hay sectores en los que su incidencia ha sido mayor, uno de estos el sector de la cultura, en buena parte, a causa de
la pérdida de apoyo público.
El artículo 44 de la Constitución dice: 'Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho'. En este contexto, tradicionalmente las administraciones públicas han contribuido activamente a
financiar parte de las actividades culturales, financiación que con la crisis y ante la urgencia por reducir el déficit de las administraciones, se ha reducido significativamente. Son muchas las subvenciones y convenios para el desarrollo de
actividades culturales que las administraciones locales, autonómicas y estatal han eliminado o reducido en los tres últimos años.
El sector de la actividad cultural y de las industrias culturales es un sector relevante en nuestra economía y actividad laboral. Hacer coincidir sobre este sector y en un mismo momento, los efectos de la crisis, con reducción de la
demanda; los efectos de la debilidad del sistema financiero, los cuales comportan que se niega la financiación a numerosas actividades culturales otrora perfectamente viables; los efectos de la reducción drástica de la financiación pública de
actividades culturales; y ahora los efectos de un alza explícita de la fiscalidad que grava con un 13% más de IVA a las actividades del sector cultural, constituyen demasiados efectos, todos negativos, sin medida compensatoria alguna que permita
favorecer el mantenimiento o reactivación de las actividades culturales.
De todos los efectos negativos que padece el sector, el alza de la fiscalidad, a través del IVA, sobre el sector es el que más sorprende, ya que responde a una explícita decisión política respecto a este sector y tendrá consecuencias
negativas evidentes sobre la producción, distribución y la explotación de bienes y actividades culturales, contribuyendo a la destrucción del empleo y al empobrecimiento cultural del país.
Convergència i Unió siempre se ha manifestado en contra de la subida de impuestos, pero en el caso de la subida del IVA planteada, se trata de un alza explícitamente discriminatoria respecto a los sectores culturales. Para la mayoría de los
demás bienes y servicios los tipos impositivos del IVA aumentan en 3 puntos si están sometidos al tipo impositivo general, en 2 puntos para los tipos impositivos reducidos y no aumentan para los bienes y servicios sometidos al tipo impositivo
superreducido. En cambio, para la mayoría de las prestaciones de servicios de carácter cultural los tipos impositivos aumentan 13 puntos. Incomprensible.
La cultura es un bien a proteger tanto si estamos en crisis como si estamos en crecimiento. La mayoría de países europeos protegen al sector cultural, y tiene unos tipos impositivos reducidos del IVA para la cultura y que esta fiscalidad en
muchos casos, por ejemplo en Reino Unido y Francia, vienen acompañadas de unos incentivos fiscales muy potentes al mecenazgo. ¿Qué razones tiene el gobierno español para diferenciarse en esta cuestión?
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència ì Unió), propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconsiderar el aumento del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las prestaciones de servicios de carácter cultural, que contempla el Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, con el fin de promover las actividades culturales y facilitar el acceso a la cultura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
Centro Memorial Walter Benjamin, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El filósofo alemán Walter Benjamin murió en Portbou (Girona) hace setenta y dos años (27 de septiembre de 1940) cuando huía de los nazis, camino del exilio a los Estados Unidos.
La ciudad de Portbou fue un centro de paso para quienes huían, camino del exilio, atravesando la frontera, por los caminos de montaña, a través de la ahora conocida como ruta Benjamin (o ruta Lister) que une a través del Pirineo, Portbou con
Banyuls (Francia). Por el hecho de que Ia conexión ferroviaria entre los dos Estados tiene lugar a través de los municipios de Portbou y Cervera, pasaron por la localidad de Portbou civiles y militares, y también un numeroso grupo de judíos que
huían de los nazis de Ia Francia
ocupada y que intentaban llegar a Portugal para así poder llegar hasta los Estados Unidos. Benjamin se encuentra enterrado en el cementerio de Portbou. Un monolito en memoria del pensador -obra del escultor Dani Karavan- le rinde homenaje
cerca del cementerio y del hostal donde pasó sus últimos días.
Próximo al Ayuntamiento, se encuentra un edificio modernista pendiente de rehabilitación que ha de convertirse en el Centro Walter Benjamin de la Memoria. Se trata de un edificio construido en 1910, en dos fases, una primera fase destinada
a un uso inicial de escuelas públicas con un patio central, y una segunda fase de planta baja y dos pisos destinada a sede del Ayuntamiento y viviendas de los funcionarios locales. El edificio dejó de tener un uso público en el año 1975.
El proyecto de Centro Walter Benjamin de la Memoria está dedicado a fomentar la memoria del filósofo Walter Benjamin, la reflexión sobre la frontera de la libertad y a promover turísticamente la zona transfronteriza.
El Ayuntamiento de Portbou impulsa la rehabilitación de este edificio modernista para destinarlo a sede del Centro Walter Benjamin de la Memoria. Un espacio adecuado que se convierta en eje central del proyecto memorialístico de Portbou.
Situado en el centro de Portbou, y muy cercano al memorial de Dani Karavan y el cementerio. El proyecto memorialístico de Portbou, el Centro Walter Benjamin se centraría en la frontera de la libertad de pensamiento sobre dos ejes: Las fronteras de
Walter Benjamin (exposición permanente centrada en el filósofo con especial incidencia en la huida que se inició en la Alemania nazi, el tiempo que vivió en París y que acabó conduciéndolo a Portbou, donde finalmente falleció) y las fronteras de la
libertad (complementarían el discurso los exilios de otros intelectuales catalanes, españoles que tuvieron que atravesar la frontera buscando la libertad). El proyecto se concibe también como un elemento clave en la dinamización cultural y
económica de Portbou.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Cultura preste su apoyo al proyecto Centro Walter Benjamin de la Memoria de Portbou, y, en colaboración con las administraciones locales y la Generalitat de Catalunya,
incluya en sus presupuestos dotaciones económicas suficientes para hacer frente a la completa rehabilitación del antiguo Ayuntamiento de Portbou como sede permanente del Centro Walter Benjamin de la Memoria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2012.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Fomento
181/000499
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Andrés Ayala Sánchez
Texto:
¿Qué plan tiene definido el Gobierno para hacer frente a las expropiaciones por razón de obra pública que no fueron atendidas por los gobiernos del PSOE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2012.-Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000494
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña Susana Camarero Benítez
Texto:
Al Gobierno
¿Cuáles son las características fundamentales de las modificaciones que se impulsan desde el Ministerio en relación a la atención a las personas dependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-Susana Camarero Benítez, Diputada.
181/000495
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña Susana Camarero Benítez
Texto:
Al Gobierno
¿Cuáles son las razones por las que es necesario modificar el modelo de atención a las personas dependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-Susana Camarero Benítez, Diputada.
181/000496
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña Susana Camarero Benítez
Texto:
Al Gobierno
¿Qué objetivos se desean alcanzar por el Gobierno con las modificaciones que se pretenden introducir en relación a la atención de personas dependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-Susana Camarero Benítez, Diputada.
Comisión de Cultura
181/000497
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Ascensión Figueres Górriz
Texto:
¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno para consolidar el sistema de preservación a largo plazo del Patrimonio Cultural Cinematográfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-María Ascensión Figueres Górriz, Diputada.
181/000498
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña María de la O Ares Martínez-Fortún
Texto:
¿Qué medidas piensa poner el Gobierno en marcha para facilitar la cooperación y comunicación cultural entre las Administraciones Públicas y otras instituciones culturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-María de la O Ares Martínez-Fortún, Diputada.