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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 108, de 25/09/2007
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 108
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTÍN TURIEL SANDÍN
Sesión núm. 29
celebrada el martes, 25 de septiembre de 2007
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la Ponencia designada para informar la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 2004, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 21 de diciembre de 2006. (Número
de expediente del Senado 770/000010 y número de expediente del Congreso 250/000009.)... (Página 4)
Dictamen, a la vista del Informe emitido por la Ponencia y votación tras el debate de las propuestas de resolución presentadas:
- De la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 2004, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 21 de diciembre de 2006. (Número de expediente del Senado 770/000010 y número de
expediente del Congreso 250/000009.)... (Página 4)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de Fiscalización del Consejo Económico y Social, ejercicio de 2004, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de septiembre de 2006. (Número de expediente del Senado 771/000120 y número de expediente
del Congreso 251/000124.)... (Página 10)
- Informe de fiscalización de las principales actuaciones medioambientales realizadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona en el período 2000-2004 en relación con el Plan Director del puerto de Barcelona y del proceso de formalización y
ejecución de los contratos de obras que han dado lugar a aquellas actuaciones, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 27 de febrero de 2007. (Número de expediente del Senado 771/000134 y número de expediente del Congreso
251/000139.)...
(Página 12)
- Informe Anual relativo a los Sectores Públicos Autonómico y Local correspondiente al ejercicio de 2002, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 29 de marzo de 2007. (Número de expediente del Senado 770/000011 y
número de expediente del Congreso 251/000147.)... (Página 3)
Comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2003, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 1 de junio de 2006. (Número de expediente del Senado 771/000110 y número de
expediente del Congreso 251/000110.)... (Página 15)
- Informe de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2004 de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aprobado por el Pleno del
Tribunal de Cuentas en su sesión del día 27 de junio de 2007. (Número de expediente del Senado 771/000145 y número de expediente del Congreso 251/000151.)... (Página 15)
- Informe de fiscalización de la actividad desarrollada por las unidades de módulos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en el ejercicio 2002, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 27 de
octubre de 2005. (Número de expediente del Senado 771/000093 y número de expediente del Congreso 251/000096.)... (Página 18)
- Informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en relación con los beneficios fiscales, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 19 de julio de 2007. (Número
de expediente del Senado 771/000148 y número de expediente del Congreso 251/000154.)... (Página 22)
- Informe de fiscalización sobre los criterios de adjudicación utilizados en el ámbito de la contratación de la Seguridad Social durante los ejercicios 2004 y 2005, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de
abril de 2007. (Número de expediente del Senado 771/000142 y número de expediente del Congreso 251/000149.)... (Página 25)
- Informe de fiscalización de la Fundación Biodiversidad, ejercicio 2003, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 29 de marzo de 2007. (Número de expediente del Senado 771/000140 y número de expediente del
Congreso 251/000141.)... (Página 28)
Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
Les anuncio que las votaciones no tendrán lugar antes de las once y media, y que a las doce está prevista la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, se ha solicitado un cambio en el orden del día, para que en primer lugar se debata el punto número cinco.
¿Hay algún inconveniente u objeción? (Pausa.)
En ese caso, comenzaremos por el punto número cinco.
Le ruego al señor vicepresidente que ocupe la Presidencia. (El señor vicepresidente, Martínez Herrera, ocupa la Presidencia.)
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME ANUAL RELATIVO A LOS SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICO Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2002, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente del Senado 770/000011 y
número de expediente del Congreso 251/000147.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Empezamos por el punto número cinco del orden del día: Informe anual de los sectores públicos autonómico y local correspondiente al ejercicio de 2002.
Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco a los portavoces que hayan aceptado este cambio en el orden del día al objeto de facilitarme mi intervención en otra comisión en el Congreso de los Diputados.
En lo relativo a la fiscalización del sector público autonómico y local, en este caso referido al ejercicio de 2002, todos sabemos las dificultades que conlleva la elaboración de las cuentas, su presentación y formalización -sobre todo, en
el caso de la administración local, y aún más cuanto menor es su tamaño-, pero es evidente la necesidad de avanzar y buscar elementos de coordinación porque en el informe del Tribunal de Cuentas se puede observar que cada uno entiende la
contabilidad, la fiscalización y la actuación dentro de las normas contables como mejor considera. Esa situación, lógicamente, provoca unas distorsiones en los distintos ámbitos autonómicos y locales que es necesario aclarar y unificar al objeto
del mayor beneficio de todos, así como buscar los mecanismos -como siempre insistimos- que permitan que las administraciones locales pequeñas cuenten con la colaboración de administraciones de mayor envergadura a la hora de la elaboración de sus
cuentas.
Por ello, hemos presentado una serie de propuestas de resolución -en concreto, diez- que, en definitiva, pretenden lo siguiente: Impulsar las medidas legales necesarias al objeto de que el conjunto de las administraciones públicas imputen
de forma correcta en sus presupuestos las operaciones de crédito a largo plazo. Que se favorezcan las medidas legales que correspondan al objeto de que las administraciones públicas reconozcan de forma adecuada los derechos en concepto de recursos
procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial. Que se promuevan las medidas legales que correspondan para que las administraciones públicas cumplan la normativa legal relativa a la contratación administrativa. Que se impulsen las medidas
necesarias con el fin de que las corporaciones locales menores -subsector en el que se aprecia un menor cumplimiento de la obligación de rendir cuentas al Tribunal- dispongan de los medios adecuados que faciliten dicho cumplimiento en forma y plazo.
Que se impulsen medidas dirigidas a que todas las comunidades autónomas asuman un mismo marco normativo presupuestario y contable. Que se lleve a cabo la elaboración de un inventario permanente y actualizado de las entidades públicas, de los
sectores públicos autonómico y local. Que se requiera el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas aplicando los instrumentos previstos en las normas vigentes. Que se vigile, dentro de las actuaciones de coordinación con los órganos de
control internos de las comunidades autónomas, que todas ellas son fiscalizadas con semejante intensidad en áreas tan significativas como la de contratación administrativa. Que se efectúe el análisis comparativo sobre la evolución en los cuatro
últimos ejercicios de las diferentes comunidades autónomas en el área de inversiones, gastos sanitarios, educación, así como en el nivel de endeudamiento. Y que se haga un estudio sobre el incremento de las empresas públicas en el ámbito local y
sobre su justificación.
Creemos que estas propuestas de resolución vienen a favorecer una mayor transparencia y eficacia dentro del sector público autonómico y local, y confiamos en el apoyo del resto de las formaciones políticas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Muchas gracias.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, don Agustín Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha presentado once propuestas de resolución que, en gran parte, son similares
a las de años anteriores y que, en algunos casos, son coincidentes con las del Grupo Popular. Aunque lo cierto es que hasta ahora no he tenido oportunidad de leerlas en profundidad, creo que en ciertos casos las propuestas del Grupo Popular
son más precisas y las nuestras más genéricas, y que en otros ocurre justamente lo contrario: que las nuestras son más precisas y las del Grupo Popular más genéricas. Por lo tanto, en principio no parece que haya contradicciones importantes.
Paso a exponer aquellas propuestas de resolución del Grupo Socialista que entendemos que tienen alguna enjundia. La primera de ellas es una reiteración de las de años anteriores, en el sentido de solicitar al Tribunal de Cuentas que agilice
la presentación de los informes porque cada vez llegan con mayor retraso y, dado que el problema puede estar en el ámbito local, y puesto que son dos informes perfectamente separados, si fuese necesario se podrían rendir por separado.
Asimismo, solicitamos nuevamente que extreme la coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas.
Por otro lado, esto sí que es una novedad -y, además, me gustaría que en el Tribunal de Cuentas tomaran buena nota de ello-, me gustaría que faciliten la telepresentación de cuentas al Tribunal a través de Internet. España es líder en un
lenguaje, el XBLR, y desde luego consideramos importante que el Tribunal de Cuentas -y lo digo a los efectos de que se recoja en el Diario de Sesiones- se sume a una corriente mayoritaria en España en los organismos públicos y también en muchas
empresas privadas, que están adoptando como estándar el XBLR. Como digo, España es líder en este lenguaje y, por ello, sería bueno que el Tribunal de Cuentas -que hasta ahora se ha mostrado indeciso a la hora de tomarlo en consideración- hiciera un
esfuerzo para propiciar la unificación con el Banco de España, la Intervención General del Estado y otros muchos organismos públicos, y se sumara también a la presentación de cuentas en ese estándar.
Leeré someramente el resto de las propuestas de resolución que, tal y como se ha mencionado con anterioridad -y como señala el Partido Popular refiriéndose a un caso concreto-, proponen, por un lado, que se ajuste el reconocimiento de las
obligaciones a la corriente real de bienes y servicios que las generan; que en el estado de ingresos se consignen las modificaciones presupuestarias que hayan de financiar las correspondientes partidas del presupuesto de gastos; y que las
comunidades que no lo hayan hecho revisen los derechos derivados de la situación de endeudamiento a largo plazo. Esta propuesta es igual a la del Partido Popular, por lo que sería deseable que eligiésemos la que sea mejor de las dos.
Asimismo, proponemos que se reconozcan los derechos de la participación en los ingresos del Estado cuando este haya reconocido la correspondiente obligación; que las comunidades reconozcan los derechos de transferencias finalistas y que no
lo hagan si el Estado no ha establecido la liquidación previa; que se inste a la coordinación de los órganos de control externo para que remitan los contratos en el momento adecuado; que se inste a las comunidades autónomas y a las entidades
locales a la adjudicación por el sistema ordinario de subasta; y, tal como solicitábamos el año pasado, que se inste a los órganos de control externo de las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas uniprovinciales, y de las distintas
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares a incrementar sus esfuerzos en la tarea de prestar ayuda a aquellos municipios que no disponen de medios propios para llevar a cabo las recomendaciones emanadas del Tribunal de Cuentas y, muy
singularmente, para la rendición de las cuentas en tiempo oportuno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2004, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2006.
(Número de expediente del Senado 770/000010 y número de expediente del Congreso 250/000009.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, según el orden establecido: Ratificación de la ponencia designada para informar la declaración sobre la Cuenta General del Estado.
¿Se puede ratificar por asentimiento? (Asentimiento.)
DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA Y VOTACIÓN TRAS EL DEBATE DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS:
- DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2004, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente del Senado 770/000010 y número de
expediente del Congreso 250/000009.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 2004.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
En esta mi primera intervención, me pongo a disposición de todas sus señorías como nuevo portavoz de Coalición Canaria en el Senado.
Únicamente voy a defender una propuesta de resolución que presentó mi compañero Luis Mardones, relativa al tema concreto de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
En la propuesta de resolución se pide que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno -dado que estamos en una comisión mixta, creo que sería más conveniente instar a las Cortes Generales- a que se hagan efectivas las indicaciones y
recomendaciones del Tribunal de Cuentas para que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social reintegren, por medio de su patrimonio privativo, a la Seguridad Social los pagos realizados a su personal
jubilado, indebidamente imputados a su presupuesto e improcedentes de acuerdo con el Real Decreto 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Igualmente, se solicita que la Intervención General de la Seguridad Social lleve a cabo las medidas necesarias que corrijan las deficiencias contables detectadas por este alto Tribunal en relación con la dotación de provisiones para
responsabilidades probables o ciertas procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones pendientes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Este es el contenido de la propuesta de resolución en lo referente a la Cuenta General del Estado del año 2004.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Me corresponde presentar ante esta comisión las resoluciones que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado sobre la declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2004, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas.
Como ya expuso ante esta comisión el señor presidente del Tribunal de Cuentas durante el pasado mes de junio, la Cuenta General del Estado de 2004 se remitió al Tribunal de Cuentas el 28 de octubre de 2005; por tanto, dentro del plazo legal
establecido al efecto. También advirtió el señor presidente del Tribunal de Cuentas que era incompleta, dado que no están incorporadas las cuentas de determinadas entidades, una situación que se viene reiterando a lo largo del análisis de la cuenta
general de ejercicios anteriores.
Por otro lado, manifestó algunas mejoras introducidas en la composición de la Cuenta General del Estado por la nueva Orden del Ministerio de Hacienda de 25 febrero de 2005, que modificó la anterior, de 12 de diciembre de 2000, y que ha
traído como consecuencia que se incluyan, por primera vez en la memoria de las cuentas del sector público administrativo, ciertas informaciones que corrigen algunas deficiencias que se detectaban en ejercicios anteriores; por ello, nos debemos
felicitar, porque en parte se debe al trabajo de esta Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, en aquella sesión de esta comisión, celebrada durante el pasado mes de junio, se puso de manifiesto que siguen existiendo determinadas carencias, tanto de criterios contables como de falta de información, que impiden conocer de
una forma sintética y totalmente fiable la situación financiera y patrimonial, así como los resultados de la actividad económica del sector público estatal. A tal fin deben ir encaminados los esfuerzos de esta comisión mixta al analizar la Cuenta
General del Estado de cada ejercicio, de manera que resulte un instrumento más eficaz para el control del Parlamento de la labor llevada a cabo por el Gobierno y, en definitiva, una herramienta más útil al servicio de todos los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular también puso de manifiesto que el ejercicio de 2004 dio lugar a una situación peculiar, ya que el Gobierno del Partido Popular elaboró los presupuestos, pero su ejecución y su gestión económico-financiera
correspondieron en su mayor parte al Partido Socialista.
El objetivo del Partido Popular al presentar estas propuestas de resolución no es otro que el de conseguir que la Cuenta General del Estado sea una herramienta útil, como decía antes, para intentar superar las deficiencias que, año tras año,
y de forma reiterativa, se ponen de manifiesto en el seno de esta comisión. Sin embargo, entendemos que es necesario que abundemos en ellas, hasta que podamos superar esas diferencias de criterio entre la Intervención General de la Administración
del Estado y el Tribunal de Cuentas con el fin de lograr, con la aportación de todos los grupos políticos, y al margen de diferencias partidistas, una cuenta que sea representativa de la actividad del sector público, que proporcione información
suficiente a esta Cámara y, por ende, a toda la sociedad.
Pasaré a continuación a exponer las propuestas de resolución que ha presentado mi grupo, según la numeración que figura en la relación que ha sido enviada.
La propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario Popular pretende simplemente dejar constancia de que estamos de acuerdo con la aprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2004, según la declaración que ha
presentado el Tribunal de Cuentas a esta comisión mixta.
La propuesta de resolución número 3 quiere reiterar una vez más una situación que hemos denunciado todos los grupos año tras año: la necesidad de que todas las entidades públicas cumplan con la obligación de rendir cuentas en los plazos
legalmente establecidos, ya que sigue siendo llamativo que exista un elevado número de ellas que, o bien no las rinden o lo hacen con un retraso
considerable, con el agravante de que hoy disponemos de sistemas informáticos que facilitan esa labor.
Por otro lado, el Grupo Popular pretende transaccionar la propuesta de resolución número 4 con las números 23 y 26 del Grupo Socialista. Tiene como finalidad algo que también ha sido reiterado muchas veces en esta comisión y que se ha
recogido en la resolución aprobada relativa a la moción sobre los procedimientos de formación, alcance y contenido de la Cuenta General del Estado, así como en los acuerdos de los Plenos del Senado y del Congreso relativos a la Cuenta General del
Estado del año 2003. Se trata de conseguir la integración y consolidación de las cuentas individuales en una cuenta general única.
La propuesta número 5 insta a la Intervención General de la Administración del Estado a que elabore una memoria de la cuenta general con información suficiente para interpretar adecuadamente la situación patrimonial al final del ejercicio,
así como sus resultados presupuestarios y económico-patrimoniales. Es una petición que también se ha hecho reiteradamente, por lo que sorprende que el Tribunal haya manifestado en su declaración sobre la Cuenta General del año 2004 que no ha
dispuesto de información suficiente sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Por otra parte, proponemos una transacción entre nuestra propuesta de resolución número 6 y la número 25, del Grupo Socialista, ya que son muy similares.
Asimismo, solicitamos a la Mesa la votación separada de las propuestas números 8, 11 y 16, y, al mismo tiempo, queremos llamar la atención por el hecho de que no hayamos podido llegar a una transaccional con el Grupo Socialista sobre estas
propuestas de resolución.
Nos gustaría alcanzar en esta comisión el mayor consenso posible en las resoluciones que se adopten, porque, como ya he dicho, se trata de mejorar entre todos la representatividad de las cuentas públicas, de manera que sirvan de instrumento
de control de la gestión del Gobierno en relación con el dinero público, el dinero que es de todos. Y nos llama la atención que no se haya podido llegar a ese consenso sobre algunas propuestas de resolución, por ejemplo, en el caso de la número 11,
que sólo pretende que en el análisis del Tribunal de Cuentas se refleje el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Ese principio de transparencia se ha incorporado a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y exige que se
disponga de la información suficiente y adecuada para verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria -que nos parece fundamental-, tanto en la fase de elaboración y tramitación de los presupuestos como en su liquidación. Mi
grupo estima muy importante y de mucho interés el conocer el cumplimiento de ese objetivo, y por eso pedimos la votación separada de la propuesta de resolución número 11.
Por ese mismo motivo, y para alcanzar el mayor grado de consenso posible, retiramos nuestras propuestas números 10, 13 y 20, que no someteremos a votación.
Por otro lado, también intentaremos transaccionar nuestra propuesta número 14 con el Grupo Socialista. En ella se insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias dirigidas a subsanar las deficiencias contables señaladas por el
Tribunal de Cuentas en relación con las operaciones de crédito a la exportación, así como las de fondos de ayuda al desarrollo y para concesión de microcréditos. Todos los grupos que intervienen en esta comisión han reiterado esta propuesta a lo
largo de varios ejercicios, porque viene siendo una constante que el Tribunal de Cuentas ponga de manifiesto en su informe la necesidad de mejorar la contabilidad de este tipo de operaciones.
Nuestra propuesta número 15 insta al Gobierno -reiterando la resolución de la cuenta general de ejercicios anteriores- a que se acelere la elaboración de inventarios detallados y rigurosos de todas y cada una de las rúbricas que integran el
inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado. Mi grupo considera que se trata de una propuesta muy acertada, y también lo ha venido reiterando el Tribunal de Cuentas en sus informes sobre la declaración de la Cuenta General
del Estado de ejercicios anteriores. Por tanto, nos parece adecuado mantener esta propuesta de resolución y que se someta a votación.
Asimismo, mantendremos las propuestas números 17, 18 y 19, porque nos parecen importantes para una mejor información sobre la contabilidad del sector público estatal. En ellas se insta al Gobierno a velar por la especial rigurosidad a la
hora de establecer las previsiones de ingresos y gastos presupuestarios, evitando en lo posible las modificaciones de crédito que, caso de producirse, deberán financiarse con cargo al Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria o mediante baja
en otros créditos, tal y como se establece en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
La propuesta de resolución número 18 insta a las diferentes entidades a que modifiquen los estados contables elaborados para corregir las salvedades puestas de manifiesto en los informes de auditoría realizados, con el fin de potenciar la
representatividad de la cuenta general en que aquellos estados contables estén integrados.
La propuesta de resolución número 19 insta a las entidades integrantes del sector público fundacional a impulsar el rigor en la elaboración de sus correspondientes presupuestos con el fin de superar las diferencias puestas de manifiesto en
la declaración del Tribunal de Cuentas, así como el cumplimiento del Plan General de Contabilidad que les es de aplicación, distinguiendo los resultados propios de su actividad no lucrativa de los obtenidos por la actividad mercantil que en su caso
desarrollen. Esta es una situación que también se reitera en los informes del Tribunal de Cuentas a lo largo de los ejercicios y, por tanto, consideramos importante que se mantenga esta propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular y que
se proceda a su votación.
Tal como dije anteriormente, retiramos la propuesta número 20. Y por lo que se refiere a las números 21 y 22,
las mantendremos para su votación en esta comisión porque nos parecen fundamentales, en especial esta última, que insta al Tribunal de Cuentas a que en futuras declaraciones prosiga realizando el seguimiento sobre las cuestiones pendientes
de regularizar en ejercicios anteriores. En particular, efectuará un seguimiento sobre el cumplimiento de las propuestas de resolución aprobadas por las Cortes Generales, comprobando si se han adoptado las medidas oportunas para corregir las
deficiencias detectadas, con el fin de potenciar la representatividad de la Cuenta General del Estado.
Esta propuesta de resolución nos parece importantísima, así como que el trabajo de esta comisión sea eficaz y que a lo largo de los ejercicios en que se analicen estas cuentas, la cuenta general del sector público, no tengamos que reiterar
constantemente las mismas deficiencias, detectadas tanto en el aspecto contable como por la insuficiente información que en ocasiones aportan determinadas entidades para el análisis de la citada cuenta general. Por ello, he de felicitar al Tribunal
de Cuentas porque este año haya introducido ese apartado en la declaración sobre la Cuenta General del Estado del año 2004 y por potenciar este instrumento, el análisis en ejercicios posteriores, lo que redundará en la eficacia del trabajo que
efectúe año tras año la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Por último, quiero señalar que además de las propuestas de resolución transaccionadas con el Grupo Socialista, mi grupo votará favorablemente la número 24, de ese mismo grupo, en un intento de consensuar el mayor número posible de propuestas
de resolución y llegar a una propuesta unánime que podamos presentar ante el Pleno que debata la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2004. Asimismo, votaremos favorablemente la propuesta de resolución número 30, del Grupo Socialista, que
tiene relación con la número 15, del Grupo Popular.
Nos vamos a abstener en la votación de la propuesta número 31, del Grupo Socialista, porque creemos que no encaja o, al menos ese es el punto de vista de esta portavoz, en el análisis de la Cuenta General del Estado del año 2004. Por tanto,
como no tengo elementos de juicio para poder pronunciarme sobre esa propuesta, insisto en que nos vamos a abstener.
Por lo que se refiere a la propuesta de resolución número 1, de Coalición Canaria, he de manifestar que sólo está destinada al análisis de un aspecto muy concreto de la cuenta general del sector público del año 2004, y nos parece que las
propuestas deben tener una visión más global, que redunde en esa cuenta más sintética para ejercicios posteriores; en consecuencia, también nos vamos a abstener.
Por último, quiero decir que todas las propuestas de resolución que ha planteado el Grupo Popular o que han sido transaccionadas con el Grupo Socialista avanzan en la dirección correcta, aunque nos gustaría que lo hicieran con mayor
celeridad, porque muchas de ellas se reiteran año tras año, y el objetivo que persigue esta comisión es lograr una cuenta representativa para efectuar el control económico-financiero y presupuestario de la gestión del Gobierno, proporcionando una
información suficiente y relevante a esta Cámara para poder evaluar esa gestión del sector público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
Mi intervención en relación con esta cuestión será breve. Tal como vimos en la anterior sesión de la comisión, antes del verano, la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2004 se elaboró de acuerdo con la Ley 47/2003, General
Presupuestaria y, a su vez, fue la primera que se elaboró de acuerdo con las modificaciones que se introdujeron en la Orden de 25 de febrero de 2005, lo que supuso que en la memoria de la cuenta general se incluyera una relación de estados de
ejecución presupuestaria que completaban la información del estado de liquidación agregado sobre modificaciones de créditos en las distintas fases de ejecución presupuestaria, de derechos y obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, de
compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores y también de operaciones comerciales.
Con este sustento normativo, se superaba una de las principales críticas del Tribunal de Cuentas en relación con la confección de la cuenta general. Pero a pesar de ese esfuerzo, y como también ha puesto de manifiesto el propio Tribunal,
aún queda mucho por hacer en esta cuestión. Así, en la declaración sobre la elaboración de esa cuenta general sigue poniendo de manifiesto la existencia de insuficiencias en la memoria, entre las que cabe destacar la falta de información adecuada y
suficiente en relación principalmente con el sector público empresarial.
En cualquier caso, este Gobierno, y en especial, la Intervención General de la Administración del Estado, han hecho un verdadero esfuerzo técnico para la confección de esta cuenta, que me atrevería a calificar como un excelente trabajo
contable; y también es cierto que se ha hecho un esfuerzo de transparencia en la confección de la cuenta que ha sacado a relucir un déficit de 9.552 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Este hecho no ha sido consecuencia de una
mala gestión del Gobierno socialista de lo que quedaba de ejecución presupuestaria del año 2004, como ha manifestado hoy la portavoz del Grupo Popular -que nos ha hecho corresponsables a partes distintas, en relación con la cronología de ese año-,
sino que ese déficit más bien aparece como consecuencia de la liquidación definitiva del sistema de financiación de Andalucía, del aval que el Estado prestó en su momento a Argentina y del reconocimiento del Estado de la deuda de Renfe, que hasta
entonces estaba oculta. Esto es lo que en su momento se
llamó operación transparencia, que sacó a relucir ese déficit en términos de contabilidad nacional.
Por otro lado, y como ya hice en su momento, les avanzo que los datos de la cuenta de 2005, que en breve va a ser enviada al Tribunal de Cuentas para su declaración, van a ser evidentemente mucho mejores, y será la primera cuenta que refleje
unos resultados positivos y con superávit.
Espero que eso lo podamos ver en lo que queda de esta legislatura. Este hecho es fruto, entre otros motivos, de la buena gestión económica del Gobierno, del rigor presupuestario llevado a cabo y también
de los esfuerzos realizados en términos de contabilidad, puesto que esa cuenta, la de 2005, va a ser la primera en la que se vaya a aplicar finalmente el tan esperado método de consolidación, integrando por primera vez las cuentas consolidadas de
los grupos empresariales que están obligados a presentar sus cuentas.
Sin embargo, y en eso coincidimos con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno y este grupo parlamentario quieren seguir trabajando con empeño en la mejora de los métodos de contabilidad y de la gestión económico-financiera
del sector público estatal, mediante la aprobación o adopción de nuevos compromisos y técnicas contables que doten de mayor eficacia nuestra gestión pública y también a nuestro erario público.
Mi grupo parlamentario ha presentado un total de nueve propuestas de resolución, que espero que puedan ser en su mayor parte asumidas también por el Grupo Popular; cuando menos, intentaremos llegar a transaccionar alguna de ellas. En
primer lugar, me gustaría hacer alguna consideración sobre algunas de estas propuestas de resolución, y posteriormente fijaré nuestra posición en relación con las presentadas por otros grupos.
Mi grupo se ha centrado especialmente en algunas propuestas de resolución relativas a acelerar el proceso de consolidación de las cuentas públicas, lo que, evidentemente, va a ser una realidad en la siguiente cuenta general, como les acabo
de explicar. También hay una en relación con la rendición de la memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero reguladas en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, con el fin de que a partir del momento en que
entre en vigor el nuevo Plan General de Contabilidad para la empresa española se proceda a la regulación de la rendición, en soporte informático, de las cuentas anuales de las entidades que integran los sectores públicos empresarial y fundacional.
Asimismo, hay una propuesta de resolución orientada a cumplir lo dispuesto en el capítulo IV de la moción sobre los procedimientos de formación, alcance y contenido de la Cuenta General del Estado del Tribunal de Cuentas, que fue aprobada en
esta comisión y está relacionada en términos de consolidación.
Instamos igualmente al Gobierno a utilizar las cuentas consolidadas de los grupos empresariales en la elaboración de la cuenta general del sector público empresarial, y sólo en el caso de que no se disponga de ellas, que se integre la
información de las cuentas individuales de las entidades que conforman dicho sector.
Otra propuesta de resolución está dirigida a que el tratamiento de las operaciones relativas al Fondo de Ayuda al Desarrollo y al Fondo para la Concesión de Microcréditos se ajuste a lo dispuesto en la Resolución de 29 de diciembre de 2005
de la Intervención General de la Administración del Estado, como también requiere el propio Tribunal de Cuentas. Una más, a que en la contabilidad del Estado la amortización de los bienes integrantes del inventario CIBI, Central de Información de
Bienes Inventariables del Estado, se realice individualmente, atendiendo las peculiaridades de cada bien.
Finalmente, instamos al Gobierno a adoptar el criterio de porcentaje de participación nominal mayoritario para la determinación de las sociedades mercantiles estatales en lugar del de participación efectiva estatal. En relación con este
punto, me gustaría aportar algún dato más a la portavoz del Grupo Popular -que ha anunciado su abstención sobre esta propuesta-, en el sentido de que ésta es una petición que viene realizando el Tribunal de Cuentas en sucesivos informes sobre la
declaración de la Cuenta General del Estado y que conlleva, entre otros aspectos, ampliar el concepto de sociedad mercantil estatal, de forma que sean más y no menos -si esa pudiese ser la duda- las sociedades mercantiles que estén obligadas a
presentar esas cuentas y, como consecuencia, formen parte también de la Cuenta General del Estado.
En cuanto a las propuestas de los otros grupos parlamentarios, principalmente del Grupo Popular, debo decirle, señora Madrazo, que mi grupo también quiere llegar al máximo consenso posible sobre esta cuestión. En su intervención ha dicho
que le llamaba la atención la falta de consenso en algunos aspectos, y pudiera ser así. Espero y deseo que podamos llegamos a algún acuerdo transaccional, aunque sea en el último minuto, sobre alguna de las cuestiones que tenemos encima de la mesa.
Pero creo que es necesario recordar que ese acuerdo se va a producir, y de hecho se ha producido en lo que llevamos de legislatura, no sobre todas y cada una de las propuestas de resolución, sino sobre el dictamen final que esta comisión aprueba y
eleva finalmente al Pleno, donde será objeto de discusión. Por tanto, cuanto mayor sea el número de propuestas de resolución que se puedan aprobar, consensuar o transaccionar, mejor será para nuestra Hacienda Pública; pero, como digo,
evidentemente, el acuerdo llegará en la aprobación del dictamen, y repito que en lo que llevamos de legislatura ha sido aprobado con el acuerdo de todos los grupos. Desde luego, esta es una situación muy distinta de la que había en la legislatura
anterior, y eso me gustaría recordarlo; simplemente hay que repasar el Diario de Sesiones para comprobar que las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista eran sistemáticamente rechazadas, lo que implicaba un voto contrario en el
dictamen y, también, que mi grupo parlamentario mantuviese una posición contraria en el Pleno.
Pero, como digo, creo que en esta legislatura han cambiado un poco las cosas para bien, y espero que podamos llegar a un acuerdo lo más amplio posible sobre la Cuenta General del Estado del año 2004.
Para terminar, me voy a centrar en dos cuestiones. Ha hecho usted una especial mención a la propuesta de resolución número 11 de su grupo parlamentario, relativa al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
Pues bien, le anuncio
nuestro voto en contra en relación con esta propuesta de resolución, pero por una cuestión de coherencia política, no de capricho, al igual que usted también hace gala de coherencia política al presentar esta propuesta de resolución, que no es
baladí. ¿Por qué? Porque deriva, entre otras cosas, de una proposición no de ley que ustedes mismos ya presentaron ante esta comisión con el mismo objetivo y que fue rechazada en el debate parlamentario, con la que se pretendía instar al Tribunal
de Cuentas a efectuar una fiscalización en estos mismos y justos términos. Evidentemente, ustedes son coherentes y nosotros, también, pero son coherentes sobre la base de un rechazo de esta comisión en relación con esta misma cuestión. Ustedes
trajeron su propuesta, que fue debatida y rechazada; insisten en volverla a traer, y nosotros también volvemos a manifestar nuestra posición contraria por los motivos expuestos en su momento.
En cuanto a las propuestas de resolución números 21 y 22, con las que se insta al Tribunal de Cuentas a realizar determinadas actuaciones en relación con la cuenta general -en ningún momento estamos instando al Gobierno sino al Tribunal de
Cuentas-, mi grupo las va a aceptar, aunque podríamos intentar llegar a alguna pequeña transacción. En cualquier caso, insisto en que tenemos en cuenta que lo que se propone es instar al Tribunal de Cuentas a colaborar con la Intervención General
del Estado en algunos casos para facilitar el procedimiento de confección de la declaración de la cuenta general. Repito que podemos llegar a un acuerdo sobre esta cuestión, máxime si tenemos en cuenta que lo que estamos haciendo es instar al
Tribunal de Cuentas a ejercer sus funciones que, con independencia, debe hacer también en el caso de la confección de esta declaración de la cuenta general.
Finalmente, respecto de la proposición presentada por el Grupo de Coalición Canaria, les anuncio que mi grupo va a votar en contra por los mismos motivos por los que el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que se va a abstener.
Muchas gracias, señor presidente. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.
Señora Madrazo, tiene un turno breve de réplica.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
No puedo dejar pasar algún comentario del portavoz socialista relativo al déficit oculto, que ya ha sido debatido en el Congreso de los Diputados, porque si de algo no se le puede acusar al Partido Popular es de haber dejado las cuentas
públicas poco saneadas. Insisto en que esta cuestión ya se debatió en el Congreso y, sin duda, no se trata de un déficit oculto sino de una serie de deudas pendientes: con la Comunidad Autónoma de Andalucía por el sistema de financiación anterior
al aprobado para el año 2002, como consecuencia del aval de un crédito concedido a la República Argentina y en relación con la deuda de Renfe. No se trata, pues, de algo que el Partido Popular hubiera metido en el cajón sino que era conocido,
existía ya en la contabilidad y, por tanto, no se puede hablar de déficit oculto. Otra cosa es que al Partido Socialista le haya interesado en el año 2004 aparecer como el gran salvador de las cuentas públicas, pero creo que es conocido por todos
los españoles que en el año 1995 heredamos una situación presupuestaria absolutamente deficitaria, que las cuentas públicas presentaban un déficit muy elevado, y que con rigor presupuestario y una buena gestión económica se consiguió alcanzar el
equilibrio presupuestario.
Por otro lado, en cuanto a la transparencia y el rigor presupuestario en la elaboración, he de reiterar que nos parecería muy importante que a la hora de estudiar la Cuenta General del Estado se analizase siempre el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria, porque, además, así lo establece la propia Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Por tanto, sólo quiero dejar claro que no podemos consentir que se hable de déficit oculto del Partido Popular porque nos parece injusto y porque, además, no es creíble ni para los miembros de esta comisión ni para la sociedad española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que esto quedó suficientemente claro en el debate anterior que celebramos en esta comisión, pero en el momento en que la portavoz del Grupo Popular nos hace responsables o corresponsables de esta cuenta, nosotros ponemos encima de la
mesa la aparición de este déficit en términos de contabilidad nacional. No le diré que aparece oculto en términos muy visibles en la declaración, pero aparece de una forma clara; fuimos nosotros quienes lo hicimos aflorar y fuimos nosotros quienes
lo ejecutamos y lo solucionamos. Asimismo, he avanzado que como consecuencia de ello hacemos frente a estas deudas y a este déficit, lo afloramos, lo ponemos de manifiesto, lo asumimos y, además, gracias a una gestión eficiente hemos conseguido y
conseguiremos -como se va a ver en breve- que en la cuenta del año 2005
aparezcan unos resultados positivos por primera vez y en términos de superávit.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vallès.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN: (CONTINUACIÓN).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, EJERCICIO DE 2004, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente del Senado 771/000120 y número de expediente
del Congreso 251/000124.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Debate de las propuestas de resolución sobre el Informe de Fiscalización del Consejo Económico y Social.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya comentamos después de escuchar la exposición del informe presentado por el señor presidente del Tribunal de Cuentas el pasado 26 de junio, en el seno de esta comisión, nos parece muy acertado que el Tribunal de Cuentas haya efectuado
este informe de fiscalización del Consejo Económico y Social porque es una entidad que nunca había sido objeto de una fiscalización específica. Por tanto, nos parece muy importante y que tiene gran relevancia hacer una revisión de sus
procedimientos de gestión. Se trata de un acierto que implicará, sin duda, que adoptemos hoy las resoluciones que redunden en un mejor funcionamiento de la entidad.
Por otra parte, como ya tuvimos ocasión de analizar, forman parte del Consejo Económico y Social tres grupos representativos de sectores socioeconómicos, lo que revela la necesidad del buen funcionamiento de este organismo; y, por ello, el
Grupo Parlamentario Popular considera que las resoluciones que hoy aprobemos para mejorar su funcionamiento tendrán una importancia digna de resaltar.
En las conclusiones del informe de fiscalización efectuado por el Tribunal de Cuentas se consideraba que los procedimientos internos utilizados para la gestión de gastos y selección de personal eran correctos y adecuados.
Además, en relación con las cuentas anuales del año 2004 del Consejo Económico y Social, el informe decía que reflejaban adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y del resultado de sus operaciones, así como de la
ejecución de su presupuesto.
Por otro lado, el presidente del Tribunal de Cuentas ponía de manifiesto algunas irregularidades que, a través de las propuestas de resolución que hoy vamos a presentar, esperamos que sean corregidas en el futuro. En este sentido, el
informe señalaba que la titularidad del edificio en el que el Consejo Económico y Social desarrolla su actividad corresponde al Estado, sin que hasta la fecha haya sido cedido formalmente. Por ello, en nuestra propuesta de resolución número 1 se
recoge que, para un mejor reflejo contable de la situación patrimonial del CES, la Administración General del Estado proceda a estudiar la posibilidad de adscribir o ceder formalmente el inmueble en el que la entidad desarrolla su actividad.
Asimismo, el informe evidenciaba que los pagos por manutención y alojamiento de los consejeros residentes fuera de Madrid por asistencia a las reuniones del Consejo Económico y Social habían rebasado en algunos casos los importes fijados por
la normativa aplicable, habiéndose pagado la mayor parte de las veces los gastos realmente satisfechos sin tener en cuenta los citados límites. Mi grupo parlamentario ha querido tener en cuenta también esta observación en las propuestas de
resolución que hemos presentado. Así, en la número 6 instamos al Consejo Económico y Social a que ajuste a la normativa vigente los pagos de los gastos por dietas y alojamiento de los consejeros residentes fuera de Madrid.
Por otra parte, la irregularidad más destacable que ponía de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización se refería a las compensaciones eco- nómicas o subvenciones destinadas a los grupos y organizaciones representados
en el Consejo Económico y Social. En este sentido, el Tribunal de Cuentas detectó numerosas deficiencias relativas a la justificación concreta del gasto realizado con cargo a las cantidades recibidas, no quedando suficientemente acreditado, a
juicio del Tribunal de Cuentas, la relación de esos gastos con las actividades realizadas por esos grupos para el Consejo Económico y Social.
El Grupo Popular solicitó una aclaración al presidente del Tribunal de Cuentas sobre cuáles de los grupos que forman parte del Consejo Económico y Social eran los que no habían justificado suficientemente las subvenciones que habían
recibido, pero en su momento el señor presidente del Tribunal de Cuentas no nos pudo facilitar esa información. Por ello, hemos tenido que elaborar una propuesta de resolución genérica, la número 4, que establece que esta comisión mixta apruebe la
implantación de un procedimiento interno de control de las subvenciones y becas concedidas que reciben los diferentes grupos y organizaciones presentes en el Consejo Económico y Social, de manera que se garantice un seguimiento pormenorizado de la
correcta aplicación de los fondos recibidos a aquellas actividades que dichos grupos lleven a cabo y que estén directamente relacionados con su trabajo dentro del Consejo Económico y Social.
Consideramos que las propuestas de resolución números 2, 3 y 5 son mejoras técnicas relativas a la
organización y funcionamiento de la entidad, en diversos aspectos comentados en el informe del Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, la propuesta de resolución número 7 guarda relación con la número 4, en el sentido de que el Tribunal de Cuentas haga un seguimiento posterior sobre las subvenciones de los grupos representados en el Consejo Económico y
Social.
Esperamos que las propuestas de resolución que hoy aprobemos sirvan para una gestión más eficaz del Consejo Económico y Social -que es, en definitiva, lo que todos los grupos perseguimos-; gestión que, por otro lado, el propio presidente
del Tribunal de Cuentas, en su comparecencia para explicar este informe, calificó como adecuada.
Asimismo, quiero poner de manifiesto que estaremos encantados de llegar a alguna transacción con el Grupo Socialista sobre estas propuestas de resolución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
A la vista del informe de fiscalización del Consejo Económico y Social para el ejercicio 2004, como ya señalamos en su momento, la irregularidad más destacable se refiere a la justificación de las compensaciones económicas destinadas a los
grupos y organizaciones representadas en el Consejo Económico y Social.
El CES es un órgano consultivo de Gobierno en materia socioeconómica y laboral, de entre los previstos en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. Como ya dijo el presidente en su momento y también nosotros, en una
intervención anterior, se trata de un ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines y que, además, está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
En este sentido, el CES conserva su naturaleza jurídica y su legislación específica, aún después de la entrada en vigor de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, porque tal y como establece la
disposición adicional novena de dicha ley, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Consejo Económico y Social y el Instituto Cervantes continuarán rigiéndose por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General
Presupuestaria que les sean de aplicación y, supletoriamente, por esta ley.
Por tanto, cabe traer a colación, en primer lugar, la singular composición de este órgano, creado por mandato constitucional, en el que los miembros que lo constituyen y configuran pertenecen a instituciones con personalidad jurídica
diferente a la del propio CES y se fundan en el mismo para constituir, a su vez, un ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines.
Asimismo, existe un debate abierto acerca de la reforma del Consejo Económico y Social en varios ámbitos: organizativo, jurídico, en materia de estabilidad presupuestaria, contratación, posesión de bienes y la regulación de su personal
propio. Se trata de un debate que está avalado por informes del Ministerio de Administraciones Públicas, que se refieren al carácter sui géneris de su regulación como órgano constitucional, para el cumplimiento de sus fines y funciones y, por
añadidura, por el propio funcionamiento del Consejo, ya que es consustancial la participación de sus miembros en las actividades aprobadas en el mismo, que son las propias actividades del Consejo Económico y Social. Estas actividades, como todos
ustedes saben, consisten en la presencia de sus miembros en el ejercicio de las funciones institucionales del propio Consejo, para lo cual se dota a los grupos en que los consejeros han de integrarse por imperativo legal, de los recursos económicos
necesarios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento de organización y funcionamiento interno del CES.
Desde esta perspectiva y según han señalado los distintos órganos consultados, las compensaciones económicas que perciben las organizaciones, según han puesto de manifiesto los distintos órganos consultados, no tienen una identificación
plena ni total de estas compensaciones con el concepto de subvenciones.
En definitiva, la cuestión de fondo es encontrar un encaje adecuado a la singular naturaleza de esta institución de relevancia constitucional, ya que la propia ley de subvenciones, a la que alude el informe de fiscalización del Tribunal de
Cuentas, el fundamento de la irregularidad detectada no constituye en ningún caso el marco jurídico completo y adecuado que regula estas compensaciones.
Por ello, el carácter general de dicha norma no contempla las singularidades específicas del supuesto que nos ocupa -y que sí reconoce para otros casos de similar finalidad-, al excluirlos de su ámbito de aplicación, y todo ello desde el
deber inexcusable que compete al Consejo Económico y Social del establecimiento de las directrices e instrucciones que al respecto se establezcan, en función de su potestad legislativa, estableciendo mecanismos que garanticen el control necesario
para que, efectivamente, la compensación económica se aplique a la finalidad para la cual ha sido concebida.
Por estos motivos mi grupo ha presentado dos propuestas de resolución, instando al Gobierno y, en consecuencia al CES, a ajustar normativamente la auténtica naturaleza jurídica de las compensaciones económicas recibidas por las
organizaciones que formen este Consejo, dado su carácter institucional, de modo que se contemple su tratamiento en un marco similar al de otras instituciones con fondos para una finalidad parecida; es decir, el cumplimiento de las funciones y fines
que justifican su creación y existencia.
En relación con las propuestas presentadas por el Grupo Popular, anuncio ya que mi grupo entiende que su propuesta de resolución número 4 podría estar incluida entre la propuesta de resolución número 7 y quizá también la 8, por lo que
podríamos llegar a una transaccional. Asimismo, le ofrecería también la posibilidad de transaccionar sus propuestas números 3 y 5. Por otro lado, votaremos en contra de las restantes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vallès.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA EN EL PERÍODO 2000-2004 EN RELACIÓN CON EL PLAN DIRECTOR DEL PUERTO DE BARCELONA Y DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAN DADO LUGAR A AQUELLAS ACTUACIONES, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2007. (Número de expediente del Senado 771/000134 y número de expediente del Congreso
251/000139.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 4 del orden del día: debate de la propuesta de resolución sobre el informe de fiscalización de las principales actuaciones medioambientales realizadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona en el período
2000-2004, en relación con el Plan Director del puerto de Barcelona y del proceso de formalización y ejecución de los contratos de obras que han dado lugar a aquellas actuaciones.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En este caso, voy a ser muy breve y me voy a limitar a exponer la única propuesta de resolución que ha presentado el Grupo Popular sobre este informe y a manifestar nuestra postura sobre las que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.
En la única propuesta de resolución de mi grupo se insta a la autoridad portuaria de Barcelona a que implante un sistema de contabilidad analítica detallada que permita evaluar los gastos ambientales, diferenciándolos de cualquier otra
actuación llevada a cabo por la entidad.
Por lo que se refiere a las propuestas de resolución del Grupo Socialista, avanzo que votaremos a favor de la número 2, la número 3 y la número 5; y, votaremos en contra de la número 4, porque entendemos que no es factible que se aplique a
la autoridad portuaria de Barcelona.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo, creo que voy a pedir una copia de este Diario de Sesiones, debido a mis numerosas intervenciones.
En relación con este informe de fiscalización, y como ya dijimos en la reunión de la comisión en la que el presidente del Tribunal de Cuentas expuso los resultados y conclusiones de este informe, el proyecto de ampliación del puerto de
Barcelona es una de las obras públicas de mayor envergadura en las que está inmerso actualmente el Gobierno de España.
Se trata de un proyecto excepcional, tanto por lo que se refiere a su inversión económica como también por la pluralidad y la magnitud de los actores públicos o privados involucrados en el diseño y ejecución de esa obra, que abarca también
un período temporal amplísimo. En consecuencia, debido a esas características, este proyecto es también excepcional en términos ambientales, que es precisamente el objeto de esta fiscalización, tanto por lo relativo a los impactos medioambientales
considerados en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como por la forma en que se gestiona diariamente el seguimiento y el control ambiental de las obras que se están llevando a cabo durante todo este período de tiempo.
Precisamente, como consecuencia de la magnitud de esa obra pública, el puerto de Barcelona ha sido especialmente diligente, eficaz e innovador en los métodos de control y seguimiento de los efectos de los impactos medioambientales.
Asimismo, como pone de manifiesto el informe, también lo ha sido en la adecuación a la legalidad y a la normativa, tanto estatal como europea, en relación con estas cuestiones.
Sin embargo, y a pesar de que la autoridad portuaria de Barcelona ha venido haciendo las cosas razonablemente bien, el Tribunal de Cuentas en un informe riguroso, exigente y también novedoso -por la materia que está evaluando, en términos de
eficacia y de evaluación medioambiental-, ha encontrado algunas irregularidades en dicha gestión. Lógicamente, esas irregularidades no se pueden pasar por alto y, en consecuencia, mi grupo parlamentario -como no podría ser de otra manera y en aras
de la mejora de los mecanismos de control y seguimiento de esas actuaciones medioambientales vinculadas a las obras de ampliación del puerto de Barcelona- ha formulado un total de 4 propuestas de resolución: dos, dirigidas al Gobierno y, las otras
dos, a la propia autoridad portuaria de Barcelona, encaminadas a la mejora de la concurrencia y transparencia en los mecanismos de contrataciones y de seguimiento e impacto ambiental.
Me sorprende que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular no comparta nuestra propuesta de resolución
número 4, que insta a la autoridad portuaria a promover una mayor concurrencia en relación con los mecanismos de contratación, entre otras cuestiones porque se deriva directamente del informe del Tribunal de Cuentas, tal y como también
expuso su presidente. En cualquier caso, entendemos que su propuesta puede quedar subsumida perfectamente en cualquiera de las cuatro que nosotros formulamos y, en la medida en que sea así, llegaremos a una transaccional sobre esta cuestión; si
bien es cierto que si no modifican su criterio -tal y como nos ha anunciado en relación con nuestra propuesta de resolución número 4-, votaríamos en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vallès.
Vamos a hacer una pausa de unos minutos para intentar acordar las transaccionales que se han anunciado. (Pausa.)
Señores portavoces, vamos a iniciar las votaciones. Lo haremos siguiendo lo establecido en el orden del día.
En primer lugar, las propuestas de resolución presentadas a la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 2004.
Propuesta de resolución número 1, de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Se ha solicitado votación separada de las números 8, 11 y 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, las números 2, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21 y 22.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Han sido retiradas las propuestas números 10, 13 y 20. Por tanto, sometemos a votación las transaccionadas: la número 4, con la número 23 del Grupo Socialista; la número 6, con la número 25, del Grupo Socialista; la número 7, con la
número 27 y 28, del Grupo Socialista; y, la número 14, con la número 29, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Vamos a votar la propuesta número 31, del Grupo Parlamentario Socialista, que ha pedido votación separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, números 23 a 30, excluidas las transaccionadas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Vamos a votar el dictamen de la Cuenta General del Estado.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a votar las propuestas de resolución del informe de fiscalización del Consejo Económico y Social.
¿Se ha pedido alguna votación separada?
El señor VALLÈS VIVES: Sí, señor presidente.
Si le parece bien a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, podríamos agrupar en una votación las propuestas de resolución números 1, 2, 5 y 6; su propuesta de resolución número 4 quedaría transaccionada con la número 7 del Grupo
Parlamentario Socialista; y, por otro lado, la propuesta de resolución número 3.
La señora MADRAZO DÍAZ: De acuerdo.
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a votar las propuestas de resolución números 1, 2, 5 y 6, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la propuesta de resolución número 3, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Popular, que ha quedado subsumida en la número 7, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, vamos a votar la propuesta de resolución número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a iniciar la votación del punto número 5 del orden del día: Informe Anual relativo a los Sectores Públicos Autonómico y Local correspondiente al ejercicio de 2002.
Sobre la propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario Popular existe una transacción que dice lo siguiente: instar a las comunidades autónomas que lo hacen incorrectamente a que reconozcan de forma adecuada los derechos en
concepto de recursos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
Asimismo, se ha presentado una transaccional a las propuestas de resolución números 7, 8, 9 y 10, del Grupo Popular, en el sentido de que en lugar de instar al Gobierno se inste al Tribunal de Cuentas.
Por tanto, vamos a votar en primer lugar las propuestas de resolución no transaccionadas del Grupo Parlamentario Popular, números 1, 3, 4, 5 y 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar a continuación las propuestas de resolución números 2, 7, 8, 9 y 10, en la forma transaccional en que ha sido acordada con el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido tres votaciones separadas: en primer lugar, la propuesta de resolución número 11; a continuación, la número, 20; y, finalmente, el resto.
Votación de la propuesta de resolución número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la propuesta de resolución número 20, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Queda pendiente de votación el punto número 4 del orden del día: Informe de fiscalización de las principales actuaciones medioambientales realizadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Si no hay ninguna petición de votación por separado, vamos a votar primero las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular y, a continuación, las del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Había alguna petición de votación por
separado?
La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, pedimos votación separada de la propuesta de resolución número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VALLÈS VIVES: Además, la número 1 del Grupo Parlamentario Popular quedaría subsumida en la número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MADRAZO DÍAZ: Más que subsumida, sería una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Votaremos separadamente, tal y como están las propuestas.
Votación de la propuesta de resolución número 1, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las propuestas de resolución números 2, 3 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a hacer una pausa, para dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EJERCICIO 2003, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2006. (Número de expediente del Senado 771/000110 y número de
expediente del Congreso 251/000110.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO 2004 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA EN LAS CORTES GENERALES O EN LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, APROBADO POR EL PLENO DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente del Senado 771/000145 y número de expediente del Congreso 251/000151.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas, a quien damos la bienvenida.
Vamos a agrupar la presentación y las intervenciones de los puntos 6 y 7: El informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2003 y el informe de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2004 de
los partidos políticos.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas, para exponer los mencionados informes.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
El informe de fiscalización relativo a los partidos políticos, en el ejercicio 2003, fue aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 1 de junio de 2006. Sus resultados coinciden, en líneas generales, con los obtenidos en las
fiscalizaciones de los últimos ejercicios y con el contenido la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos.
Con carácter general, las cuentas anuales presentadas no recogen la actividad económico-financiera completa de la organización local ni la de los grupos de los cargos electos de las corporaciones locales.
Por otra parte, en la mayoría de las formaciones políticas con representación en el Parlamento Europeo no figura incluida la contabilidad de la representación parlamentaria.
Las deficiencias observadas en la documentación justificativa de una de las formaciones limitan significativamente la representatividad de sus estados financieros.
Por otra parte, la falta de presentación de estados financieros de toda la estructura territorial de otra formación ha supuesto una importante limitación al alcance de su fiscalización.
La financiación pública para funcionamiento ordinario se elevó a 165 millones de euros. En este importe se incluyen, por primera vez en este ejercicio, las asignaciones para gastos de seguridad, por 3 millones de euros, cuya regulación aún
no había sido desarrollada reglamentariamente.
Entre las subvenciones para funcionamiento ordinario recibidas por las formaciones políticas se encuentran 42 millones procedentes de las corporaciones locales para subvencionar a los grupos constituidos en las mismas, así como 3,6 millones
del Gobierno del País Vasco para el funcionamiento ordinario de las formaciones con representación en el Parlamento de dicha comunidad.
Como se ha señalado en informes anteriores y en la moción a la que se ha hecho referencia, estos dos recursos no están incluidos entre las fuentes de financiación pública enumeradas en el artículo 2 de la entonces vigente Ley Orgánica
3/1987.
Asimismo, el Parlamento de Cataluña ha concedido nuevamente asignaciones extraordinarias a los grupos parlamentarios representados en dicha Cámara, que se elevaron en 2003 a 6 millones de euros, importe que procede a su vez de una
transferencia del Gobierno catalán al propio Parlamento. El Tribunal destaca dos aspectos en relación con dichas asignaciones: por un lado, la singularidad de que el Ejecutivo transfiera créditos al Legislativo, que dispone de autonomía
presupuestaria; y, por otro, que la aplicación de estas asignaciones extraordinarias al funcionamiento ordinario de los partidos, como se ha podido constatar en alguna formación, no se ajusta a lo previsto en el citado artículo 2 de la Ley Orgánica
3/1987.
Por otra parte, las subvenciones electorales recibidas en 2003, correspondientes a las elecciones locales y autonómicas celebradas en dicho año, ascendieron a 51 millones de euros.
Las aportaciones privadas no finalistas ascendieron a 12,1 millones de euros. Las de carácter nominativo han respetado en general la normativa, excepto en el caso de cuatro formaciones. Por su parte, las de carácter anónimo han ascendido a
9,4 millones y, dada su naturaleza, no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite establecido para las procedentes de una misma persona.
En relación con las operaciones de endeudamiento, se han puesto de manifiesto deficiencias en el registro contable y en el control interno similares a las de ejercicios anteriores.
Una formación política ha cancelado dos operaciones de crédito suscritas con una misma entidad, mediante la formulación de una nueva operación, a consecuencia de lo cual ha regularizado intereses de demora por 27.255 euros. La misma
formación ha renegociado una deuda con dos proveedores electorales obteniendo una quita en el pago de 105.530 euros. El Informe destaca que ambas operaciones suponen una aportación extraordinaria no regulada expresamente en la Ley Orgánica 3/1987.
Por lo que se refiere al informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2004, fue aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 27 de junio de 2007. La principal novedad respecto del informe presentado anteriormente es que, por
acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2005, la fiscalización del ejercicio 2004 se ha extendido no sólo a las formaciones con representación en el Congreso de los Diputados, sino también a las representadas en las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas.
Al igual que en el ejercicio anterior, las cuentas anuales presentadas no recogen, con carácter general, la actividad económico-financiera completa de la organización local ni la de los grupos de cargos electos de las corporaciones locales.
Asimismo, en la mayoría de las formaciones políticas con representación en el Parlamento Europeo no figura incluida la contabilidad de la representación parlamentaria.
Del mismo modo que en el ejercicio 2003, las deficiencias observadas en la documentación justificativa de una de las formaciones limitan significativamente la representatividad de sus estados financieros, y la falta de presentación de
estados financieros de toda la estructura territorial de otra formación ha supuesto una importante limitación al alcance de su fiscalización.
La financiación pública para funcionamiento ordinario se elevó a 176 millones de euros. En este importe se incluyen, por segunda vez, las asignaciones para gastos de seguridad, por 3 millones de euros, cuya regulación aún no había sido
desarrollada reglamentariamente.
Como en ejercicios anteriores, entre las subvenciones para funcionamiento ordinario recibidas por las formaciones políticas se encuentran recursos que no están incluidos entre las fuentes de financiación pública enumeradas en el artículo 2
de la entonces vigente Ley Orgánica 3/1987: se trata de los 46,3 millones procedentes de las corporaciones locales para subvencionar a los grupos constituidos en las mismas, así como los 3,6 millones del Gobierno del País Vasco para el
funcionamiento ordinario de las formaciones con representación en el Parlamento de dicha Comunidad.
Asimismo, el Parlamento de Cataluña ha concedido nuevamente asignaciones extraordinarias a los grupos parlamentarios representados en dicha Cámara, que se elevaron en 2004 a 7,5 millones de euros, en las mismas condiciones que se han
señalado anteriormente para el ejercicio 2003.
Por otra parte, las subvenciones electorales recibidas en 2004, correspondientes a las elecciones celebradas en dicho año y en ejercicios anteriores, ascendieron a 94 millones de euros.
Las aportaciones privadas no finalistas ascendieron a 9,6 millones de euros. Las de carácter nominativo han respetado en general la normativa, excepto en el caso de tres formaciones. Por su parte, las de carácter anónimo han ascendido a
7,9 millones y, dada su naturaleza, no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite establecido para las procedentes de una misma persona.
En relación con las operaciones de endeudamiento, se han puesto de manifiesto deficiencias en el registro contable y en el control interno similares a las de ejercicios anteriores.
Durante el ejercicio fiscalizado dos formaciones suscribieron sendos acuerdos para la renegociación y pago de la deuda vencida con entidades de crédito, lo que ocasionó la formalización de una nueva póliza para cada una de las formaciones.
La cancelación de estas deudas ha supuesto la condonación de los intereses vencidos, por importes respectivos para cada formación de 2,7 y 7,2 millones de euros. Como se indica en el informe, la condonación de intereses supone una correlativa
disminución de las deudas y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos, situación no regulada expresamente en la entonces vigente Ley de Financiación de los Partidos Políticos.
Al margen de ello, otra formación política ha regularizado una deuda con acreedores, con abono a los resultados del ejercicio, por un importe de 1,3 millones de euros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. Iniciamos el turno de observaciones al señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor presidente.
También quiero dar las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas por el resumen que ha hecho de los informes, pero sobre todo por la fiscalización, que demuestra el rigor y la competencia con que está actuando el Tribunal en
relación con un tema tan fundamental para la democracia como es la financiación de los partidos políticos.
Hay algunos aspectos de su intervención que me interesa destacar y es que estamos analizando el año 2004 y, como acaba de decir, se han vuelto a repetir unos acontecimientos que ya se denunciaron con respecto al ejercicio de 2002, pero que
hasta ahora no habían sido fiscalizados por el Tribunal; me refiero a la escandalosa condonación de deudas a dos formaciones políticas que, aunque usted
no las haya citado, yo sí lo voy a hacer expresamente: el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya. En un caso, estamos hablando de más de 7 millones de euros de condonación y, en el otro, de más de 2 millones de
euros. Eso es un auténtico escándalo, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
A la vista de estos hechos, el Tribunal se ha limitado a decir que esta circunstancia no era congruente con la ley, pero a mí me gustaría pedirle que especificara algo más; no es congruente con la ley, ¿por qué? ¿Quizá porque establece un
trato privilegiado a favor de formaciones políticas que luego concurren con otras, en condiciones de superioridad? ¿Le parece que no es congruente con el espíritu y la letra de la ley porque supone algo ilegal?
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, me gustaría saber si está de acuerdo con lo que se recoge en el preámbulo de la nueva ley -que, seguramente, habrá merecido su atención-, donde dice que incorpora las recomendaciones de la moción
relativa a la modificación de la normativa que aprobó el Tribunal y que nos remitió a las Cortes para que las tuviéramos en cuenta con el objetivo de garantizar la suficiencia, la regularidad y la transparencia. ¿Considera que la nueva ley responde
a las recomendaciones que ustedes hicieron en su día?
En relación con la condonación, y al margen de las dos precisiones que le he pedido, me gustaría saber si son conformes a los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes. En este sentido, en la nueva ley se permite la
posibilidad de llegar acuerdos para regularizar deudas con entidades financieras siempre que sean conformes con los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes. Por ello, me gustaría saber si, en su opinión, la condonación de
más de 1.000 millones de las antiguas pesetas -para que todo el mundo me entienda- al PSC, y de casi 500 millones de pesetas a ERC, son conformes a los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes.
Finalmente, quiero hacer una consideración con respecto a otro de los objetivos en los que, históricamente, el Tribunal ha venido insistiendo en sus informes de fiscalización: que la contabilidad de los partidos integre toda su realidad
económica, sea de las sedes nacionales, regionales, de las organizaciones provinciales o de las organizaciones locales. Pues bien, me temo que en este asunto han fracasado rotundamente, porque se observa que algunos partidos han tratado de seguir
esas recomendaciones, pero la inmensa mayoría no lo han hecho e incluso hay algún partido político sobre el que ni siquiera sabemos cuál es el importe de las cuotas recaudadas, porque la formación política en cuestión alega que se recaudan a través
de las organizaciones locales, lo que significa que la actividad económica de las organizaciones locales ha quedado totalmente al margen de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Por ello, quisiera preguntarle, y con esto termino, señor
presidente, qué opinión le merece una ley que excluye de la obligación de consolidar las cuentas de los partidos nada menos que a las organizaciones locales. ¿No constituye un impulso extraordinario para garantizar la impunidad, así como prácticas
absolutamente irregulares y mafiosas en la financiación de los partidos políticos a través de organizaciones locales, que no van a tener que rendir cuentas al Tribunal de su gestión y de su actuación porque la ley ya permite que la contabilidad
general no refleje la actividad económica de las organizaciones locales?
Para terminar, me gustaría hacer una sugerencia en el sentido de que -o bien espontáneamente o quizá solicitándolo por los cauces reglamentarios- viniera otro día a la Cámara y expresara su opinión, así como la del Tribunal de Cuentas, sobre
el funcionamiento de la fiscalización a la luz de la nueva ley y, a su vez, de las recomendaciones de la famosa moción que se supone que la ley ha incorporado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Vallés tiene la palabra.
El señor VALLÈS VIVES: Intervengo brevemente porque, aunque he dicho al principio que su señoría estaba esperando esta sesión como un niño en la noche de Reyes, también es cierto que la carga y la profundidad de las críticas ha disminuido
con el paso del tiempo y no ha sido tan duro como en anteriores ocasiones. Sin embargo, se ha sacado a relucir la deuda del Partido Popular en relación con el último informe del Tribunal de Cuentas y se ha hablado de un aumento del 400 por ciento,
pero tengo que decir que tampoco es insignificante el tema de las donaciones anónimas. Hoy hemos visto únicamente dos informes, pero si nos remontamos a los últimos diez años pues estas donaciones anónimas llegan a un montante total importantísimo.
Usted ha dicho en anteriores ocasiones que eso representa únicamente el 3 por ciento aproximadamente de lo que percibe el Partido Popular. También he apreciado el matiz que ha dicho en relación con la defensa de los intereses de los partidos
políticos, usted del suyo que es UPN y también, en su caso, del Partido Popular. Pero tengo que recordarle que el esfuerzo que se ha hecho en relación con la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos tenía un claro objetivo que no
era otro que evitar esa disfunción, esa opacidad y que hubiera transparencia para que a todo el mundo, también los ciudadanos pudieran conocer cuáles son las formas, los cauces, los métodos y los mecanismos de financiación de los partidos políticos.
Pueden existir financiaciones extraordinarias no contempladas en la ley como es el caso de condonaciones de deudas, que no son ilegales, y eso hay que matizarlo, pero también hay que conocer cuál es el coste económico de nuestra democracia y eso se
puede conocer suprimiendo las donaciones anónimas, y yo creo que aunque ustedes siempre han estado de acuerdo en suprimirlas, finalmente se han acabado desmarcando de este acuerdo definitivo en la medida en que la búsqueda de la transparencia a la
hora de reformar la
ley se vinculara al establecimiento de unas sanciones o multas en el caso de financiaciones ilegales. Yo creo que el resultado de la reforma de la ley es bueno, que nos permitirá un amplio grado de salud democrática y económica por parte de
los partidos políticos, y esto es precisamente lo que reclaman los ciudadanos, y a la consecución de ese objetivo ha contribuido en parte la moción a la que antes hacíamos referencia.
Con todo eso queda un poco desfasado el que sean tenidas en cuenta algunas de las recomendaciones que formula el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización en parte por culpa de esta comisión, por haber tratado con alguna dilación
algunos de estos dos informes de fiscalización en la medida en que la ley ha sido definitivamente aprobada por ambas Cámaras, con lo cuál, aunque nosotros tomemos en consideración las recomendaciones formuladas, sin embargo difícilmente van a poder
ser asumidas en la medida en que esa ley ha sido reformada en esta legislatura con un alto grado de apoyo parlamentario. Igualmente sería importante conocer cuál es el parecer del Tribunal de Cuentas en relación con esta ley. Yo creo que podemos
encontrar el foro más adecuado para conocer cuál es su opinión y para mejorar los sistemas de financiación de los partidos políticos, y en la medida en que seamos capaces de encontrar un espacio para discutir cómo podemos mejorar la implantación de
la ley y la consecuente fiscalización que realiza el Tribunal respecto a la aplicación de esa ley, ello redundará en beneficio del sistema democrático y será mucho mejor para el funcionamiento de estas Cámaras.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.
Tiene la palabra el señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias.
Por las preguntas que se me han hecho se me ha pedido un análisis de la moción y en esta última intervención parece que también se considera que sería oportuno conocer el criterio del Tribunal. En consecuencia, puedo decir en el pleno que
se haga un estudio, pues siempre es mejor -además en este tema funciona una ponencia en el Tribunal-, y que ese estudio preceda a un posible debate, a una posible comparecencia mía. Es lo único que se me ocurre en ese afán de ofrecer nuestra
colaboración y, por lo demás, no tengo nada más que añadir.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
Se nos ha pedido si se puede analizar el punto 10 antes de los puntos 8 y 9. Señora Madrazo, hay ponentes que también se quieren marchar y no podemos acceder a la petición.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LAS UNIDADES DE MÓDULOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) EN EL EJERCICIO DE 2002, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 27 DE
OCTUBRE DE 2005. (Número de expediente del Senado 771/000093 y número de expediente del Congreso 251/000096).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 8 del orden del día que es el informe de fiscalización de la actividad desarrollada por las Unidades de Módulos de la Agencia Tributaria en el ejercicio 2002.
Tiene la palabra el señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias señor Presidente.
Este Informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 27 de octubre de 2005. Los objetivos de la fiscalización han sido comprobar el cumplimiento de la legalidad en la actuación de las Unidades de Módulos de la Agencia Tributaria y
evaluar la adecuación de su actividad en relación con las funciones que deben desempeñar.
Las Unidades de Módulos se encargan de la gestión y del control integral de los contribuyentes que tributan por módulos, es decir, los acogidos a los regímenes de estimación objetiva del IRPF y al simplificado y a otros especiales del IVA.
El Informe destaca que la normativa aplicable a la tributación en régimen de módulos permite ciertas prácticas que dificultan el control por parte de la Agencia Tributaria, dando lugar a posibles situaciones de fraude fiscal corno la emisión
de facturas falsas o sobrevaloradas.
En la dotación de personal de las Unidades de Módulos se ha observado una cobertura desigual de los puestos, con vacantes que se mantienen durante prolongados periodos de tiempo. Debe destacarse, a este respecto, que la Unidad Central de
Módulos no se constituyó hasta finales de 2004, cuando se la dotó de personal, pese a que su creación estaba prevista en la normativa desde 1999.
Una de las funciones principales de las Unidades de Módulos es mantener y depurar el censo de los contribuyentes acogidos a estos regímenes. En este ámbito de actuación se han detectado en el periodo fiscalizado dos debilidades relevantes:
por un lado, los contribuyentes que renuncian al régimen de módulos no eran objeto de control por estas Unidades, situación que fue corregida a partir de 2004; por otro, la ausencia de objetivos de control específico respecto de los contribuyentes
por los regímenes especiales de actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
El Plan de Control Integral vigente en el periodo fiscalizado definió unos objetivos que el Tribunal de Cuentas considera claramente insuficientes.
Además, se
observa un empeoramiento de los resultados obtenidos en 2003 respecto de los ejercicios anteriores.
Por lo que se refiere al control de los incumplimientos, el informe destaca que el nivel de actuación de las Unidades de Módulos fue escaso, de modo que aproximadamente la mitad de los incumplimientos detectados no dieron lugar a actuaciones
de control. El nivel de actuación fue además poco homogéneo entre las distintas delegaciones y administraciones examinadas en el curso de la fiscalización.
Se ha detectado también que un elevado porcentaje de los expedientes sancionadores estaban en realidad caducados, por haber transcurrido seis meses desde su iniciación.
Como es habitual, el informe finaliza con una serie de recomendaciones, dirigidas fundamentalmente a perfeccionar las actuaciones de control desarrolladas por las Unidades de Módulos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Madrazo Díaz.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias señor Presidente.
El informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las Unidades de Módulos de la Agencia Tributaria que hoy nos ha presentado el Presidente del Tribunal de Cuentas, al cual agradezco su exposición, es una actuación que se
incluía en el Programa de Fiscalizaciones para el año 2003 del Tribunal de Cuentas. Una vez más me gustaría reiterar la necesidad de acercar lo más posible las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas a sus análisis por parte de esta comisión mixta
para poder así subsanar las posibles insuficiencias y corregirlas en el menor tiempo posible. El universo colectivo al que se dirige la fiscalización, siendo la Agencia Tributaria una organización territorial presente en toda España a través de sus
delegaciones, especiales delegaciones y administraciones, se ha centrado en los servicios centrales y en las delegaciones especiales de Madrid, Andalucía y Valencia, según expone el Tribunal de Cuentas en su informe, seleccionando aleatoriamente
distintos expedientes en las administraciones de Alcobendas, Parque y Guillén de Castro. Resalta el Tribunal que durante el año 2002 efectuó un cambio en las aplicaciones informáticas de la Agencia Tributaria, pasando de efectuar las actuaciones de
control desde la base de datos provincial a la base de datos centralizada, estableciéndose un nuevo sistema de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que ha supuesto una dificultad a juicio del Tribunal de Cuentas para la
obtención de información, así como la falta de datos históricos.
Mi primera pregunta iría dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas: ¿Cree que ese cambio en las aplicaciones informáticas desde la base de datos provincial a la central ha influido o ha supuesto algunas de las irregularidades que ha
detectado el propio Tribunal de Cuentas en el control de estos contribuyentes incluidos en la Unidad de Módulos?.
Las Unidades de Módulos fueron creadas por Resolución de 2 de junio 1994 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, correspondiéndoles la gestión y el control integral de los contribuyentes acogidos al Régimen de
Estimación Objetiva en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) y el Régimen Especial Simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Ejercen, por tanto, estas unidades tanto las funciones propias del ámbito de la gestión
tributaria como las propias de los órganos de inspección. El Régimen de Estimación Objetiva se incluyó por primera vez, como ustedes saben, en la Ley del IRPF 18/1991 regulándose como un régimen voluntario al que se acogen por voluntad propia los
contribuyentes que cumplen una serie de requisitos establecidos en la normativa y de aplicación a unas determinadas actividades desarrolladas en general por pequeños empresarios, que determinan el rendimiento de su actividad empresarial mediante la
aplicación de unos signos, índices o módulos en lugar de la diferencia entre los ingresos y gastos que se reflejen en su contabilidad. De esta forma, se simplifican significativamente las obligaciones formales, la llevanza de libros que tienen que
hacer estos contribuyentes acogidos a estos regímenes especiales. Por tanto, siempre hemos valorado muy positivamente lo que esto ha simplificado las obligaciones formales de los pequeños y medianos empresarios y, por consiguiente, la facilidad que
se ofrece a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Posteriormente este régimen especial ha sufrido diversas modificaciones, pero se ha mantenido una cierta continuidad en el tiempo, aunque con un grado de complejidad
creciente, porque se han ido añadiendo algunos requisitos para estos contribuyentes tanto a nivel formal como de cumplimentación de sus declaraciones. Los contribuyentes acogidos a este Régimen Especial del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) se encuentran también acogidos, como he dicho, al Régimen Simplificado de IVA, cuyo cálculo se hace igualmente mediante la aplicación de módulos o índices, o bien a los regímenes especiales de agricultura, ganadería y pesca o el
recargo de equivalencia. Es de resaltar la importancia de este régimen al afectar a un gran número de pequeños empresarios y, sobre todo, un gran número de agricultores y ganaderos, como lo demuestra el dato puesto de manifiesto por el Tribunal de
Cuentas en su informe de que hay un millón ochocientos setenta y dos mil contribuyentes acogidos a este régimen, y más del cincuenta por ciento de este millón ocho cientos mil están acogidos al Régimen Especial de Agricultura. Es decir, que un gran
número de estos contribuyentes son agricultores o ganaderos. A pesar de que se efectúa un
elevado número, como se refleja en el informe, de renuncias a la aplicación de este régimen, aproximadamente un 20 por ciento de los potenciales contribuyentes que se podrían acoger a este régimen no lo hacen.
Respecto al análisis y a las conclusiones que hace el Tribunal de Cuentas sobre la normativa aplicable, se detectan, efectivamente, algunas deficiencias que podrían ser corregidas principalmente en la dificultad que plantea la regulación
actual de este régimen para poder controlar esos parámetros o módulos que se aplican para determinar el beneficio de estas actividades y, por lo tanto, aquel rendimiento por el que van a tributar tanto en el Impuesto sobre la Renta como en el
Impuesto sobre el Valor Añadido. Por ejemplo, hace referencia el tribunal al personal no asalariado y al tiempo que dedica a la actividad, tanto el empresario, y como las personas vinculadas por grado de parentesco al propio empresario, y es
difícil a veces determinar cuántas horas dedican realmente a la actividad, lo cual se tendrá en cuenta a la hora de elaborar las recomendaciones.
Llama la atención de nuestro grupo en la lectura de este informe el número tan reducido de delegaciones especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, parece ser que solo Aragón, Cataluña, Galicia y Andalucía, que dictan
directrices sobre las visitas a realizar por las Unidades de Módulos para el control de sectores de elevado riesgo. Por eso le dirijo también otra pregunta al presidente del Tribunal de Cuentas de si él cree que esa falta de directrices tiene
relación con la falta de dotación de medios personales en estas Unidades de Módulos, como también ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe, y si el señor presidente del Tribunal de Cuentas conoce si en ejercicios posteriores al
fiscalizado se han subsanado estas carencias en las dotaciones de personal. Mi grupo considera que estas visitas de los funcionarios adscritos a las Unidades de Módulos son fundamentales para el control de este tipo de actividades que tienen muy
pocas obligaciones formales y, por tanto, la visita personal a la actividad puede ser la única manera de detectar fraudes en este tipo de sectores.
Llama también la atención en el análisis que hace el tribunal de cuentas sobre el sistema de control de presentación de autoliquidaciones el elevado número de contribuyentes en módulos sobre los que no se han realizado actuaciones tendentes
a la presentación de autoliquidaciones, casi un 50 por ciento, pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas. Aunque parece también estar relacionado con los problemas de dotación de efectivos de personal en estas Unidades de Módulos, en la actualidad
no sabemos si se habrán subsanado estas deficiencias detectadas, pero también es de resaltar que, a nuestro juicio, gran parte del número de contribuyentes acogidos al Régimen Especial de Módulos cumple con sus obligaciones tributarias de
presentación de la autoliquidación precisamente porque se les facilita el cumplimiento a través de medios informáticos, incluso asistiendo a la propias administraciones o delegaciones se facilita incluso la cumplimentación de esas declaraciones a
través de sistemas informáticos, por lo que no creemos que precisamente en la presentación de las autoliquidaciones se produzca un elevado grado de incumplimiento.
Del análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas sobre el sistema de control de presentación de autoliquidaciones implantado desde el año 2002 se desprende que esta aplicación presentaba numerosas incidencias, si bien es verdad que creemos
desde nuestro grupo que se deba a la implantación de ese nuevo sistema precisamente ese año. ¿Está de acuerdo el señor Presidente del Tribunal de Cuentas con que a esas deficiencias pueden deberse a esa implantación en el año 2002? ¿O es conocedor
de si, con posterioridad, se ha mejorado esta aplicación y, por tanto, los resultados alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones formales de presentación de autoliquidaciones?
Por último, en el ámbito de las actuaciones de inspección, que corresponde efectuar también a estas Unidades de Módulos que, recordemos, son un híbrido entre el ámbito de gestión y el de inspección, porque realizan actuaciones en los dos
ámbitos, los resultados, según pone de manifiesto el informe en su página ochenta y cuatro, superaron las previsiones de cada ejercicio, y están incluidas en el Plan de Control Integral de Inspección Tributaria, es decir, que se han efectuado mayor
número de inspecciones alcanzándose unos resultados superiores a los previstos inicialmente en los planes de inspección. También en este ámbito se pone de manifiesto el cumplimiento de la normativa relativa a las actas de inspección y al régimen
sancionador.
En definitiva, de entre las principales conclusiones mi grupo quiere poner especial énfasis en una serie de aspectos que plantearemos en las propuestas de resolución que presentemos en la próxima sesión de esta comisión mixta y que sobre
todo irán destinadas a mejorar el funcionamiento de estas Unidades de Módulos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuya eficacia en el control y asistencia al contribuyente consideramos esencial, porque si por algo se ha distinguido
la Agencia Tributaria a lo largo de su trayectoria ha sido precisamente por los resultados brillantes alcanzados tanto en el ámbito de gestión, como de inspección y recaudación, así como de asistencia a los contribuyentes. Y como precisamente las
Unidades de Módulos trabajan fundamentalmente para controlar a un gran número de pequeños empresarios, estamos hablando de casi dos millones de contribuyentes y de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el Grupo Parlamentario
Popular siempre ha destacado en esta labor y pondrá especial cuidado a la hora de elaborar esas propuestas de resolución de manera que este régimen siga siendo una herramienta útil para que los pequeños y medianos empresarios puedan cumplir con sus
obligaciones tributarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Armas Dárias.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, en nombre de mi grupo quiero expresar nuestro reconocimiento al trabajo realizado por el Tribunal que usted dirige, por la sección dedicada a elaborar este informe, porque es bastante concluyente y
en su recomendación final sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal, concretamente en la tramitación tributaria y en este caso en el sistema de módulos.
Yo estoy de acuerdo con algunas de las manifestaciones de la portavoz del Grupo Popular, sobre todo cuando dice que deberíamos tener más celeridad tanto el tribunal, ya que esto fue aprobado en el año 2005 cuando se trata del ejercicio 2002,
como la propia comisión a la hora de tramitar estos informes para hacer más próxima la actividad fiscalizadora a las posibles recomendaciones que podamos aportar esta Cámara, la comisión mixta, los senadores y senadoras y los diputados y diputadas.
Este informe proviene también de otro general de la Agencia Estatal Tributaria correspondiente a los ejercicios de 1998-1999. En aquella ocasión se daban una serie de opiniones y recomendaciones que reproduzco ahora y que, por disponer de
la mayoría suficiente, aprobó el Grupo Popular, rechazando las que había presentado el Grupo Socialista. Entre ellas se decía que había que mejorar y adaptar la normativa a unas situaciones reseñadas por el Tribunal de Cuentas, que había que
mejorar los sistemas informáticos, utilizar las herramientas informáticas, etcétera...
A la vista de lo que decía el propio Tribunal de Cuentas en su informe, respecto a la normativa que se dictó en su momento así como las mejoras informáticas introducidas, dicho Tribunal señala que se dificulta la propia actividad
fiscalizadora y de gestión de la Agencia Estatal Tributaria en esta medida con la implantación de nuevos sistemas informáticos en el año 2002; y les recuerdo que estamos analizando los ejercicios 2002 y 2003, que en esos momentos estaba en el
Gobierno el Partido Popular. A la vista de estos cambios normativos, tal vez aquí cabe aquella recomendación del enfermo que iba a Lourdes y a la vista de los incidentes que le habían ocurrido dijo: Virgencita ,Virgencita, que me quede como estoy;
porque los inconvenientes que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha encontrado a partir del cambio de esa normativa para ejercer con rigor y eficacia su labor han quedado patentes en este informe del Tribunal de Cuentas. Este informe
analiza si precisamente la actividad de la agencia como servicio público es capaz de aplicar el sistema que las normativas de las Cámaras aprueban. Entonces y ahora es aceptable como sistema que una organización de la Administración Tributaria,
moderna, avanzada, facilite una buena gestión a través de unos procedimientos normalizados dando una información adecuada u ofreciendo unos servicios amplios y diversos para facilitar precisamente la gestión de aquellos que son cumplidores con su
obligación tributaria.
Y en paralelo, debe establecerse un sistema que fiscalice a aquellos que son contrarios al cumplimiento de esas obligaciones. Ambas deben ir en paralelo y reforzarse individualmente. El informe señala la reducida dotación
de personal y de medios en esos ejercicios analizados, por lo que habría que reforzar el personal para facilitar en cumplimiento de aquellos que tributan voluntariamente y la persecución de aquellos que no lo hacen, me estoy refiriendo a los jefes
de servicio, y más aún en aquellas agencias tributarias donde, más contribuyentes por el sistema de módulos, pueda haber. En aquel momento la Agencia Tributaria solo tenía una dotación de personal de un agente por cada mil quinientos contribuyentes
mientras que en el resto de Europa había aproximadamente uno por cada quinientos contribuyentes. En consecuencia, la Administración Tributaria, además de pequeña, según el informe del tribunal, era ineficaz.
En las conclusiones del Tribunal de Cuentas, repito, se dan todas estas anomalías que ponen de relieve normativas que a veces dificultan la realización activa y con eficacia para ejercer ese control. Las aplicaciones informáticas en algún
momento pudieron crear mas problemas que beneficios a esa Administración porque no contaban con los datos históricos comparativos. Cada vez más contribuyentes voluntarios del sistema de módulos van desapareciendo, más los industriales que los
contribuyentes agrícolas y ganaderos, y todo esto tiene que corregirse.
Un dato esencial que puso de manifiesto el Tribunal e incluso el presidente en su resumen de informe fue que la Unidad Central de Módulos creada desde el año 1999, sólo comenzó
a ser operativa a finales del año 2004; ya había cambiado el Gobierno.
En nuestras propuestas de resolución atenderemos las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, pero sería conveniente -de ahí mi coincidencia con la portavoz del Grupo Popular, señora Madrazo- que hubiera una proximidad entre los informes del
Tribunal de Cuentas y nuestro tratamiento en esta comisión para saber si el funcionamiento actual de la agencia se está adaptando a nuestras recomendaciones y si se está convirtiendo de verdad, y yo estimo que sí, en una Administración Tributaria
mucho más moderna de la que en su momento se disponía.
Me llama la atención en las recomendaciones un único hecho y de ahí mi petición al Tribunal de Cuentas para que se manifieste, y es la referencia que se hace a una siempre necesaria coordinación entre las administraciones autonómicas,
locales y la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sin embargo en todo el informe no he leído que haya manifestación expresa alguna en el sentido de que se impida el funcionamiento por esa falta de coordinación. Por eso solicito esa
aclaración, porque a raíz del cambio de muchas normativas se produce ahora esa siempre necesaria cooperación entre administraciones, hay que tener en cuenta que hay comunidades autónomas que cuentan con una Administración
autonómica propia o tienen trasnferida esa competencia y, en muchos casos, según los estatutos va a haber alguna agencia estatal mixta para controlar el abono de los impuestos, especialmente en lo que hace mención el tribunal, en lo
referente a las subvenciones y concesión de ayudas dadas por la propia Administración, que supongo que también incluirán las europeas, porque aunque las europeas que vienen a través del Estado y sí son más controlables, parece que hay una aportación
que no puede ser recogida o está difícilmente contemplada por la Agencia Estatal Tributaria a la hora de ver si las aportaciones hechas por módulos están suficientemente controladas por parte de los que tienen que hacerlo. Me gustaría que me
aclarara este punto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Armas. Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba): Muchas gracias señor presidente.
En primer lugar, el primer interviniente se ha referido a los cambios informáticos. El informe del tribunal habla del bajo nivel de actuación sobre estos, a pesar de la aplicación informática del ejercicio de 2002, recogida en las páginas
65 y 66, pero no dice que esa sea la causa de las irregularidades detectadas, sino que hay un escaso control de incumplimientos.
En cuanto a la falta de personal y el bajo grado de ejecución del programa, seguramente hay una relación lógica, pero el informe no lo afirma. En materia de dotación de personal lo que se dice es que se ha observado una cobertura desigual,
especialmente en materia de jefes de unidad.
Por lo que respecta a las intervenciones referentes a la conveniencia de que dispusiera de informaciones de ejercicios posteriores como las autoliquidaciones o el cumplimiento de obligaciones formales, he de decir que no dispongo de esa
información; además, yo siempre me limito a presentar el informe en su ámbito temporal, que es el que tiene.
Al segundo interviniente la única preocupación que realmente parece que le asalta es la falta de coordinación, y ha dicho que el informe no se adentra mucho en ese tema. Yo tampoco tengo mucha información; en cualquier caso, estando el
ámbito territorial de por medio, hay que tener mucho cuidado si en lugar de hablar de coordinación tengo que hacerlo de cooperación, porque siempre hay unas susceptibilidades subyacentes que laten en cualquier momento. Pero esto no es más que una
apreciación personal; yo tengo mi filosofía de lo que es colaborar, de lo que es coordinar, de lo que es cooperar y sobre cómo en cada uno de estos ámbitos hacen falta estructuras organizativas que en el caso de la coordinación permitan la
existencia de una jerarquía que coordine, mientras que en la cooperación esa jerarquía no se da, porque de lo contrario no se estarían respetando unos cánones de independencia. Por tanto, este es un tema muy sugestivo, pero me extralimitaría en mis
modestas funciones de presentador del informe.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) EN RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS FISCALES, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2007. (Número
de expediente del Senado 771/000148 y número de expediente del Congreso 251/000154)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Pasamos al punto número 9 del orden del día. Para presentar el informe tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Gracias.
Este informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 19 de julio de 2007. El objetivo principal de la fiscalización ha sido verificar si la Agencia Tributaria comprueba que los beneficios fiscales son disfrutados únicamente en las
condiciones previstas en la normativa.
Por lo que se refiere a la elaboración del presupuesto de beneficios fiscales, se ha verificado la existencia de ciertas dificultades para calificar algunos incentivos como auténticos beneficios fiscales, así como para su correcta
cuantificación. Asimismo, y aun cuando no existe la obligación legal de hacerlo, el Tribunal recomienda la elaboración de un documento de ejecución del Presupuesto de Beneficios Fiscales, que permita analizar con fundamento el importe alcanzado por
éstos en comparación con las previsiones y, partiendo de ello, permita obtener conclusiones sobre el logro o no de los objetivos de política económica y social para los cuales fueron creados. El Tribunal recomienda también a este respecto que la
creación de beneficios fiscales venga precedida de la realización sistemática de estudios sobre esos objetivos que se pretende alcanzar con ellos, así como de indicadores que permitan verificar el grado de su cumplimiento.
Ciertos beneficios fiscales, los denominados de carácter rogado, deben ser autorizados de manera específica por la Agencia. En algunos de estos casos se ha verificado un insuficiente control sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos
para que pueda concederse tal autorización.
Las actuaciones de comprobación que realiza la Agencia sobre los beneficios fiscales disfrutados por los contribuyentes se basan en los denominados 'filtros'. Por medio de ellos se preseleccionan las declaraciones tributarias
que se someten a ciertas comprobaciones, que en unos casos son obligatorias mientras que en otros son discrecionales. Se ha observado que la mayoría de los filtros son de aplicación discrecional, de modo que las declaraciones pueden
continuar su proceso de tramitación por la Agencia sin que se practiquen las correspondientes comprobaciones.
Factores como la carga de trabajo de la oficina tributaria o la mayor o menor eficacia recaudatoria esperada de las actuaciones de
comprobación son criterios que determinan si se aplican o no las correspondientes comprobaciones. Ello da lugar, entre otras consecuencias, a que las actuaciones de las distintas dependencias de la Agencia resulten notablemente heterogéneas. A
este respecto, el informe recomienda que se incremente el número de filtros de comprobación obligatoria relativos a los beneficios fiscales de los principales impuestos.
Por último, debe destacarse que la mayoría de la plantilla de la Agencia dedicada al control de las declaraciones tributarias en materia de beneficios fiscales corresponde a los niveles menos cualificados. Resulta conveniente, a estos
efectos, que se dote a los órganos de gestión tributaria de un número suficiente de funcionarios de los grupos superiores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente, y gracias de nuevo al señor presidente del Tribunal de Cuentas por la exposición que nos ha hecho de este Informe de Fiscalización de las Actuaciones de la Agencia Tributaria en relación
con los beneficios fiscales.
Desde el Grupo del Partido Popular nos parece muy acertado que este informe se haya hecho a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas para detectar las posibles deficiencias que se produzcan sobre el control en la concesión de determinados
beneficios fiscales o exenciones que, en definitiva, lo que suponen son una minoración de los ingresos públicos, ingresos que son de todos, y por tanto exigen una especial vigilancia del cumplimiento de los requisitos que determinan su concesión.
Estos beneficios fiscales se articulan fundamentalmente a través de distintos instrumentos, como bien pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe; puede ser a través de exenciones, reducciones en la base imponible, tipos
impositivos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota de los diferentes tributos. Por otro lado, estos beneficios fiscales deben estar consignados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, como también pone de manifiesto el
informe, al suponer una pérdida potencial de recursos públicos, y suelen concederse por razones de índole económica, social o de política fiscal o económica.
En la elaboración del presupuesto de beneficios fiscales no sólo interviene la Agencia
Tributaria sino otros organismos, como la Dirección General de Tributos, la Dirección General de Presupuestos, el Instituto de Estudios Fiscales, y el Gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, como asimismo se indica por el
Tribunal en su informe.
Por otro lado, a la Agencia Tributaria le corresponde, como vemos en el informe, el reconocimiento de determinadas exenciones fiscales así como el control posterior sobre el cumplimiento de los requisitos para disfrutar de esas exenciones
por parte de los obligados tributarios. Unas veces la Agencia Tributaria hace ese control a priori para conceder determinadas exenciones sobre la base del cumplimiento de unos requisitos, y otras es necesario efectuar un control a posteriori para
confirmar que, efectivamente, esas deducciones o exenciones a los contribuyentes estén bien aplicadas.
Nos hacemos una idea de la importancia y magnitud de estos beneficios fiscales al leer este informe del Tribunal de Cuentas, en el que se dice que para el año 2004 el importe estimado en el presupuesto de beneficios fiscales ascendió a casi
38.000 millones de euros, un importe elevado, aunque, como muy bien dice el Tribunal de Cuentas, después no sabemos el grado de cumplimiento de ese presupuesto; por tanto, no sabemos si esa magnitud es fiable o no. Pueden ser 38.000 o 40.000 o
20.000 millones porque dicho presupuesto de beneficios fiscales no esta recogido en un documento de ejecución. En cualquier caso, hablamos de una disminución del dinero que es de todos, del dinero público, de una cuantía importante.
Llama la atención el Tribunal de Cuentas sobre la ausencia de información acerca de la eficacia de estos beneficios fiscales, una cuestión que sería interesante, en la consecución de los objetivos de política económica que se pretenden
conseguir mediante su establecimiento.
Normalmente el Gobierno establece unas deducciones fiscales y unos objetivos de política económica y en función de esas deducciones pretende alcanzar esos objetivos, pero no sabemos si realmente existe un
informe o un estudio sobre si esas exenciones o deducciones contribuyen eficazmente a conseguir esos objetivos. Por poner un ejemplo que está ahora muy de moda, tendríamos que saber si la deducción por alquiler de vivienda que el Partido Socialista
ahora está proponiendo a través de los medios de comunicación y en el propio Parlamento va a contribuir efectivamente a que aumente el número de viviendas alquiladas por los jóvenes. En nuestra opinión, sería muy interesante efectuar ese tipo de
estudio.
Analiza también el Tribunal de Cuentas la incidencia de estos beneficios en las distintas figuras impositivas y aporta datos muy interesantes como que en el Impuesto sobre el Valor Añadido dichos beneficios fiscales suponen la disminución,
si hemos entendido bien -si no que nos lo aclare el presidente del Tribunal de Cuentas-, de un 40 por ciento en la recaudación, dato que nos parece muy significativo. Y me gustaría preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si esas cifras
son similares a las de otros ejercicios distintos al analizado -estamos hablando del ejercicio de 2004, si no
me equivoco-, es decir, si conoce el presidente si se han realizado informes relativos a estos beneficios fiscales sobre años anteriores para poder hacer un análisis comparativo.
Respecto del análisis que hace el Tribunal de Cuentas a lo largo del informe sobre los controles efectuados por los órganos de gestión de la Agencia Tributaria, los resultados no parecen ser muy concluyentes porque hay bastante disparidad de
unas delegaciones a otras y también de unas administraciones a otras. Por tanto, me gustaría saber el criterio del señor presidente del Tribunal de Cuentas sobre si considera los resultados de este informe extrapolables a toda la Agencia Tributaria
o debe ceñirse a la muestra analizada.
Por otro lado, también se observa a lo largo del informe que los órganos de inspección contemplan también en su Plan Nacional de Inspección programadas destinados a la comprobación de estos beneficios fiscales, con una deuda total instruida
como consecuencia de esas comprobaciones de 226 millones de euros, lo cual es una cuantía también significativa, y un número total de 4.326 actas de inspección instruidas.
En cuanto a los medios personales destinados por la Agencia a la comprobación masiva de declaraciones, cuestión muy importante y puesta de manifiesto en este informe, el Tribunal de Cuentas encuentra diversas dificultades; por un lado,
concluye que no existe una delimitación clara de las tareas a desempeñar en los órganos de gestión por cada uno de los grupos de funcionarios, y por otro, que hay una falta de homogeneidad entre las distintas oficinas analizadas. No obstante,
parece desprenderse que la carga de trabajo que soportan los funcionarios destinados a los órganos de gestión tributarias, presenta unas diferencias significativas de unas delegaciones a otras, llamando también la atención que gran parte de las
tareas de control, especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los órganos de gestión se lleve a cabo por los grupos C y D, que como ya ha dicho el presidente en la exposición del informe, en principio son los grupos
menos cualificados en cuanto a la formación tributaria.
En definitiva, desde el Grupo Popular creemos que el informe sirve, como siempre, para mejorar el funcionamiento de la Administración Tributaria, lo que nos parece importante porque al final redunda en beneficio de todos los ciudadanos. Por
tanto, a través de las resoluciones que aprobemos intentaremos incidir en la mejora del funcionamiento de los servicios públicos, que son para todos los ciudadanos, especialmente en el ámbito de los beneficios fiscales aplicados a los
contribuyentes. Así, desde nuestro Grupo contribuiremos también planteando propuestas de resolución encaminadas a mejorar la aplicación de nuestro sistema tributario, para que tienda al objetivo fundamental que para nosotros debe tener todo sistema
tributario: que sea más equitativo, más justo y que mejor reparta la carga tributaria entre todos los ciudadanos.
Y antes de concluir me gustaría preguntarle al señor presidente si a lo largo de esta fiscalización ha detectado la existencia de responsabilidades contables y si han sido remitidas a la Sala de Enjuiciamiento que tiene el Tribunal de
Cuentas.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Madrazo Díaz.
Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor López Villena.
El señor LÓPEZ VILLENA: Gracias señor presidente.
Agradezco también al señor presidente del Tribunal de Cuentas su exposición sintética del objeto de este Informe de Fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales.
Desde mi Grupo debemos decir que la exposición y lectura detenida del informe de fiscalización que nos ocupa, y más en concreto de las conclusiones y recomendaciones que se hacen en él, deducimos una serie de deficiencias en materia de definición de
conceptos, cuestiones técnicas, criterios de valoración, necesidad de mejora de los procedimientos de gestión y control, etcétera.
Efectivamente, se habla de que en la elaboración del presupuesto de beneficios fiscales, que se integra en los
Presupuestos Generales del Estado en el seno de la Comisión de Ingresos, se ha verificado la existencia de ciertas dificultades para calificar determinados conceptos, expresiones que ilustran lo que el presente informe quiere poner de manifiesto. Y
todo ello, para determinar si ciertas partidas son o no auténticos beneficios fiscales o si existe una correcta cuantificación de su importe. Se refieren a varios apartados, como el régimen de tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, que presenta peculiaridades en la cuantificación del mínimo personal y familiar, lo que puede ser cuestionable en tanto sea diferente la tributación individual o conjunta; la deducción por maternidad, también en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas; las deducciones por reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades, diciéndose que surgen problemas para estimar el importe del beneficio fiscal imputable a cada ejercicio; la no
existencia de obligación de elaborar un documento de ejecución del presupuesto de beneficios fiscales, que se entiende como una carencia importante, para evaluar la calidad de las estimaciones realizadas; etcétera.
También en cuanto al reconocimiento de beneficios fiscales, la exención prevista en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los premios literarios, a los cuales se ha hecho referencia, etcétera, por no abundar en todo lo que ya
muy sintéticamente nos ha expuesto el señor presidente del Tribunal de Cuentas y que viene con toda extensión en el informe. Lo que nosotros observamos es que este, informe en principio no hace mención, quizás por que no sea su objeto, a la
afectación a la fiabilidad de las cuentas públicas -tanto del
presupuesto como de su ejecución- con motivo de estas deficiencias que se han podido observar tras el informe de fiscalización que nos ocupa. Por todo ello, queremos preguntarle al señor Presidente del Tribunal de Cuentas si efectivamente
existen ajustes por variación de cantidad que no haya recogido el informe por no ser objeto de la fiscalización, es decir si se han puesto de manifiesto diferencias cuantitativas. Tampoco observamos ninguna cuestión en susceptible de actuación de
la Fiscalía, pero creo que la pregunta es obligada: ¿Ha habido alguna actuación u opinión técnico- jurídica por parte de la Fiscalía respecto de estas cuestiones que, por un lado, tienen un aspecto económico y, por otro, un aspecto
jurídico-tributario?
No quisiera extenderme mucho más. Sintéticamente, entendemos que este informe pone de manifiesto defectos de control a la hora de conceder esos beneficios fiscales, defectos en cuanto a su cuantificación, y finalmente un defecto de
evaluación y efectividad o, como moderadamente se dice, de retroalimentación de las políticas económicas y fiscales para que se llegue a obtener los beneficios fiscales que se pretenden, de lo cual podría incluso deducirse la posibilidad de
arbitrariedad por parte de la Agencia Tributaria.
Solo me queda decir que tendremos en cuenta las recomendaciones del presente informe de cara a las propuestas de resolución que mi grupo presente, con el fin de mejorar los métodos, y las definiciones las prácticas para un mejor
funcionamiento de la Agencia Tributaria, de manera que, y que coincido con la portavoz del Grupo Popular, consigamos tener un sistema tributario cada vez más justo y más eficaz, conceptos estos que a veces, se contraponen pero que no son totalmente
opuestos, sino que se pueden conjugar para una mayor eficiencia y un mayor aprovechamiento de los recursos públicos que, como bien se ha dicho, son de todos.
Nada más por mi parte. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor López Villena.
Tiene la palabra el señor PRESIDENTE del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias señor presidente.
En cuanto a las observaciones más concretas, se me ha preguntado si son extrapolables los resultados obtenidos de las delegaciones que se han visitado. Hay que tener en cuenta que hay un ámbito cuantitativo y otro cualitativo, y este último
se refiere a los procedimientos de actuación, que si son comunes a todas las Agencias; luego en materia de procedimiento los resultados son extrapolables.
Por lo que se refiere a si hay datos con respecto a otros años para que se puedan hacer estudios comparativos, ni están contenidos en el informe ni yo los tengo; son más bien objeto de estudios específicos, no del ámbito de la
fiscalización.
Otras consideraciones que se han hecho entrañan valoraciones sobre la ausencia de documentos, la falta de estudios previos a la creación de los beneficios fiscales y también la falta del análisis a posteriori para ver qué efectos han tenido
esos beneficios fiscales sobre las políticas económicas y sociales, que en el informe se describen en la página 28.
Pues bien, eso es lo que dice el informe, y entra en lo que se llama una racionalidad mínima y elemental de tipo económico; y de
ahí no pasa. Otra cosa es que la comisión mixta tuviera mucho interés, por ejemplo, en tener una sesión con este presidente y les explicara lo que él piensa sobre los análisis de los efectos que van a tener las medidas económicas, pues no hace
falta muchas veces esperar a sus resultados; debe haber un debate previo antes de esperar los resultados y conocer algunas de las posibles consecuencias. Pero eso no es objeto del informe, lo que este dice ahí está.
Por otro lado, los posibles ajustes de cuentas no son objeto de la fiscalización y, por tanto, es lógico que el informe no los trate.
Se coincide en preguntar sobre si hay responsabilidades contables.
Naturalmente, ustedes tienen el informe, y cuando un consejero o un miembro del pleno no está conforme hace un voto particular; y ahí lo tienen ustedes: es el del fiscal,
un voto basado en normas de procedimiento -en esta comisión mixta no se debaten los votos particulares-. Pidío la ampliación del proyecto para identificar más posibles ilegalidades, con la remisión a Enjuiciamiento, de unos testimonios del
Proyecto. Pero ya saben que el que tiene las competencias es el consejero, y este estima que los hechos a los que se refiere el dictamen del fiscal no suponen menoscabo de caudales públicos. Para que haya responsabilidad contable no solamente hace
falta que haya infracción de norma sino también perjuicio para el Tesoro. No se trata de meterse en explicaciones, pero, en efecto, al analizar el juego del IVA declarado y repercutido, como se trata además de un IVA rogado, puede haber una
concesión indebida. Pero, como digo, lo que el consejero estima es que no hay responsabilidades contables. Y con esto, no tengo nada más que decir.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor presidente del Tribunal de Cuentas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN UTILIZADOS EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LOS EJERCICIOS 2004 Y 2005, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DE DÍA 26 DE
ABRIL DE 2007. (Número de expediente del Senado 771/000142 y número de expediente del Congreso 251/000149)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 10 del orden del día.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias señor presidente.
El Pleno del Tribunal, en abril de 2007, aprobó el 'Informe de Fiscalización sobre los criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad Social, durante los ejercicios 2004 y 2005'.
Con carácter general, las Entidades Gestoras y la Tesorería General, no han justificado en los expedientes de contratación los motivos para la elección de los criterios de adjudicación, ni de su ponderación en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, tal y como resultaría deseable en aras de la transparencia y objetividad de la actuación administrativa.
Existe una excesiva diversidad en la ponderación de los criterios de adjudicación utilizados por el conjunto de las entidades que integran la Seguridad Social para su aplicación a contratos de idéntica naturaleza y objetivo análogo,
diferencias que podrían producir cierta opacidad e inseguridad jurídica para las empresas contratantes. Las diferencias más significativas fueron observadas en los contratos de servicios de limpieza y en los de seguridad y vigilancia. En concreto,
la ponderación atribuida al criterio económico osciló, entre los distintos órganos de contratación, desde un 30 por ciento otorgado en unos casos, hasta el 90 por ciento asignado en otros.
El Tribunal ha comprobado que las Entidades Gestoras y la Tesorería han utilizado numerosas fórmulas de valoración para el criterio económico inadecuadas por no ser acordes en sus resultados con los principios de economía y eficiencia.
Entre ellas cabe destacar, por ejemplo, las fórmulas de valoración que puntúan mejor a aquellas ofertas que más se aproximen a la media aritmética de todas las ofertas presentadas, lo que resulta antieconómico, al no puntuar mejor a la oferta
simplemente más económica.
También ha resultado frecuente la utilización indebida como criterios de adjudicación en los contratos fiscalizados de factores o requisitos determinantes en realidad de la solvencia técnica de los licitadores, como es el caso de la
experiencia, de las titulaciones académicas o profesionales, o de los certificados de garantía de calidad. Estos requisitos de solvencia, como reiteradamente ha manifestado el Tribunal en anteriores informes de fiscalización, no son susceptibles de
ser utilizados como criterios objetivos de adjudicación.
Con carácter general, se ha constatado en los contratos fiscalizados una escasa regulación de la figura de las bajas temerarias (ofertas muy ventajosas para la Administración pero de dudosa realización), pese a ser el precio uno de los
criterios de adjudicación más utilizados, siendo frecuente, sin embargo, el establecimiento de un 'nivel de saciedad' o limite máximo de valoración del factor precio, por encima del cual la baja o rebaja ofertada por las empresas licitadoras no es
valorada, lo que a juicio de este Tribunal, resulta antieconómico.
Asimismo, el Tribunal ha constatado que en numerosos contratos celebrados por el conjunto de las entidades que integran la Seguridad Social, no ha quedado acreditado el cumplimiento del importante trámite legal de la emisión del informe
previo por parte de la asesoría jurídica respectiva, relativo al sometimiento a derecho del contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
El informe concluye con recomendaciones relativas a la correcta determinación, establecimiento y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto sobre este particular en la normativa reguladora de los
contratos administrativos, que pueden y deben hacerse extensivas a la contratación que celebren las Mutuas, siempre y cuando ésta se encuentre sujeta al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias señor presidente, presidente del Tribunal de Cuentas, señorías.
Analizamos el Informe de Fiscalización sobre los criterios de adjudicación utilizados en la contratación en el ámbito de la Seguridad Social, durante en los ejercicios 2004 y 2005. Es una institución evidentemente importante por lo que
significa su volumen de contratación, más de 324 contratos a lo largo de sus dos años fiscalizados con un importe superior a los 329 millones de euros. Importante también porque a lo largo de los últimos meses hemos tenido la oportunidad de conocer
la intención del Gobierno, de someter parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir de la hucha de las pensiones de nuestra Seguridad Social, a la Bolsa española y, por tanto, dedicarla a inversiones en renta variable, lo cual
entendemos que se haría a través de la contratación pública y, en consecuencia, cualquier elemento que distorsiones de una forma esencial la contratación pública de la Seguridad social, entendemos que puede ser muy peligroso para esa intención
puesta de manifiesto repito por parte del Gobierno de España.
¿ Qué subraya el Informe del Tribunal de Cuentas? Subraya respecto a los pliegos, en primer lugar, falta de uniformidad y de concreción en lo que significan los criterios objetivos de adjudicación, por tanto falta de uniformidad y de
concreción. Y también de algo que es muy importante como son los métodos para la valoración en los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares, es decir no hay homogeneidad, se hace un análisis de falta de precisión y la heterogeneidad
es, desde luego, excesiva o no deseable especialmente en los contratos que son similares, análogos
o de identica naturaleza. Además pone de manifiesto la utilización de la figura jurídica de los pliegos-tipo, que es contraria a los principios de buena gestión, de forma poco eficiente -resalta-, desvirtuando, además, el sentido de lo que
para ellos ha previsto la ley, con una deficiente regulación de los criterios objetivos de adjudicación y de los métodos para su valoración en estos pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares y la falta de acreditación del informe previo
por parte de la asesoría jurídica de estos pliegos de cláusulas administrativas particulares. Por lo tanto repito, algo enormemente grave en una institución que tiene estas competencias otorgadas por el Estado y que en el caso de la fiscalización
puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas se exime de la obligación de los informes previos de asesoría jurídica. Incumplimiento del respeto al carácter secreto de las proposiciones de los licitadores, en la medida en que se producen
aperturas previas al acto público de licitación que dan información evidente sobre fases distintas de la oferta, lo cual sin duda desvirtúa la posición de igualdad de las mismas ante esa licitación.
Esto en cuanto a lo que significa los pliegos, pero si nos centramos en los criterios objetivos de adjudicación el Tribunal de Cuentas hace alusión a la falta de acreditación suficiente en el expediente, por parte del órgano de contratación,
de los motivos para la elección y también para la ponderación de los criterios de adjudicación. Es decir, la Seguridad Social no está acreditando en el expediente suficientemente cuáles son los criterios de elección y de ponderación en la
adjudicación.
También la falta de determinación en los pliegos del método de valoración de los criterios de carácter objetivo de la adjudicación, y si nos centramos en lo relativo a los criterios económicos la aplicación en primer lugar de fórmulas
que son inadecuadas para la valoración del criterio económico, acercamiento a la media aritmética, proporción entre las bajas económicas con unos resultados que remite a situaciones desproporcionadas, porcentajes fijos sin relación a la proporción
de tramos, o falta de relación entre ponderación del criterio del precio y las mejoras económicas valorables económicamente, etcétera.
Hace alusión también a la escasa regulación de la baja temeraria, que no está prevista su apreciación y, por lo tanto, entendemos que la Administración en algunos casos está perdiendo oportunidades y no valorando suficientemente ofertas que
pueden ser más ventajosas o más baratas para la misma.
Aplicación indebida de los niveles de saciedad para evitar ofertas que puedan ser anormalmente bajas con límites máximos de rebaja lo cual, repito, puede suponer el no aprovechamiento, por parte de la Administración de la Seguridad Social de
ofertas más económicas o más ventajosas.
Lo mismo podemos relatar en lo referente a lo relacionado con los criterios técnicos; hay excesivo grado de discrecionalidad y falta de transparencia en la ponderación y en la valoración de este criterio técnico y no se acredita en
cualquier caso la motivación de la valoración en los informes posteriores a la adjudicación de estos contratos.
Exactamente lo mismo que en el criterio técnico y el económico ocurre en la valoración y la ponderación de las mejoras que forman parte
también de las ofertas: utilización como criterio de adjudicación de mejoras que son indeterminadas o empleo indebido de factores de solvencia utilizándolos como criterios de adjudicación. Los criterios de solvencia de una empresa que licita son
criterios de solvencia y no son criterios ponderables a la hora de valorar una oferta por parte de la Administración de la Seguridad Social , o las relacionadas a la falta de consulta de negociación en los procedimientos negociados.
Además todas estas referencias que hace el Tribunal de Cuentas, las hace respecto de todos y cada uno de los organismos o entidades que forman parte de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de Instituto de
Gestión Sanitaria, Ingesa, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, del Instituto Social de la Marina o de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto no son elementos excepcionales de un órgano de contratación de una
de estas entidades gestoras sino que es algo común a toda la Seguridad Social, lo cual sin duda produce especial inquietud a nuestro grupo parlamentario.
El procedimiento negociado en la Seguridad Social también nos produce cierta preocupación en lo que significa la radiografía que realiza el Tribunal de Cuentas sobre estas cuestiones, sobre 180 contratos y 206 millones de euros pone de
manifiesto que más del 50 y hasta el 58 por ciento de los procedimientos en los que era posible, repito, en los que era posible promover la concurrencia y, por tanto la transparencia, la competencia y la eficacia en este sistema, no se ha solicitado
varias ofertas. Es un procedimiento que nos parece excepcional y sumario, incluso antiformalista y en este sentido nos parece que esa utilización de un menor grado de publicidad y de concurrencia competitiva no permite aprovechar suficientemente
los beneficios de la contratación para la Administración de la Seguridad Social.
Hemos tenido la oportunidad también de analizar las alegaciones de los distintos departamentos de la Seguridad Social y, en cualquier caso, yo dejaría sobre la mesa como conclusiones que el ámbito de contratación de la Seguridad Social
durante los ejercicios 2004 y 2005, como queda reflejado en el informe presentado por el Tribunal de Cuentas en lo que se refiere a criterios de adjudicación es deficiente, y poco eficiente, hay falta de uniformidad y concreción, hay falta del
oportuno secreto en el conocimiento de los ofertas, hay mala utilización por parte de los pliegos-tipos que son muy importantes en una Administración que gestiona este volumen de contratos, hay una falta de informes en algunos casos grave, de la
asesoría jurídica, métodos de valoración que son inadecuados y, en definitiva una falta de objetividad e imparcialidad en la resolución de esos contratos y por tanto discrecionalidad, falta de transparencia, opacidad y falta de publicidad o
concurrencia adecuada, lo cual empieza a ser algo enormemente habitual en este Gobierno y de una forma muy particular en la Seguridad Social, lo cual no supondría más preocupación que la
política si no fuera antieconómico y desincentivador especialmente de la competencia ineficaz, ineficiente en la Administración de la Seguridad Social lo cual sin duda genera falta repito de eficacia y eficiencia.
Termino como comenzaba, la Seguridad Social es una institución enormemente importante en nuestro país, gestiona las pensiones de muchas decenas de millones de españoles y por lo tanto en la medida en que tiene un volumen económico
importantísimo en los Presupuestos Generales del Estado consolidados y en la medida en que este Gobierno esta intentando poner en marcha operaciones que ponen en la Bolsa española fondos muy importantes de la hucha de nuestras pensiones, este grupo
parlamentario se siente especialmente preocupado porque la mecánica en la metodología y la actuación de los órganos de contratación de la Seguridad Social no sean lo suficientemente escrupulosos y ortodoxos para que todas estas cuestiones puedan
llegar a buen término.
Espero, que el grave toque de atención que ha producido en su informe el Tribunal de Cuentas sirva para que a partir del 2005, es decir en el 2006 y en lo que llevamos del 2007 la Administración de la Seguridad Social realice los cambios
pertinentes en sus prácticas y desde luego este grupo parlamentario propondrá a través de sus propuestas de resolución las medidas y las condiciones que nosotros creemos pertinentes para la mejora de esta situación y desde luego seguiremos
realizando un seguimiento pormenorizado de todas estas cuestiones.
Muchas gracias señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Echániz.
El Grupo Parlamentario Socialista me ha comunicado que entiende perfectamente el informe y que pasará directamente a las propuestas de resolución en la siguiente sesión.
Tiene la palabra el Señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): No se han hecho sugerencias ni preguntas y, por tanto, no procede que vaya a introducir ahora aquí ningún elemento nuevo. Por tanto no tengo nada que añadir señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor presidente del Tribunal de Cuentas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, EJERCICIO 2003, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente del Senado 771/000140 y número de expediente del
Congreso 251/000141.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas:
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS: (Nieto de Alba): Muchas gracias señor Presidente.
El Informe de Fiscalización de la Fundación Biodiversidad, ejercicio 2003, fue aprobado por el Pleno del Tribunal en marzo de 2007.
Los estados financieros son representativos, si bien en el informe se expone alguna excepción referida, fundamentalmente, al registro de ciertos ingresos y de algunos derechos de cobro.
Con relación al activo y al referirse al elevado saldo mantenido en tesorería, que asciende a 18,7 millones de euros, el informe señala que se debe a la disposición de fondos procedentes del Ministerio de Medio Ambiente con exceso de
anticipación respecto al ritmo real de ejecución de las actividades de la Fundación, y pone de manifiesto la necesidad de adecuar las transferencias de recursos públicos procedentes del ministerio a las necesidades financieras reales de la entidad.
Los fondos propios presentan grandes variaciones anuales debido a las fluctuaciones de los excedentes del ejercicio de dichos años, cuya causa se encuentra en el método utilizado para contabilizar los gastos e ingresos producidos por la
actividad que desarrolla en la gestión del Programa 'Iniciativa Empresarial y Formación Continua' en las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el que participa.
El gasto total por ayudas monetarias a entidades, neto de reintegros, derivados de convenios cofinanciados por el Fondo Social Europeo, ascendió durante el período 2001-2004 a 34,5 millones de euros, mientras que las certificaciones de
gastos a la Unidad Administradora del Fondo alcanzaron la cifra de 21millones de euros, originando con ello un desfase de, al menos, 13,5 millones de euros entre los ingresos y los gastos derivados de estos convenios.
Esta falta de correlación, que debe ser matizada ya que la Fundación Biodiversidad aplica con carácter preferente el principio de prudencia, obedece por una parte, al retraso en la gestión de las liquidaciones definitivas de los convenios y,
por otra, al procedimiento contable para registrar el gasto en el momento en que se suscriben aquéllos, mientras que los ingresos se registran tras la aceptación por la Unidad Administrativa del Fondo de las certificaciones presentadas.
El registro contable de las operaciones cofínanciadas por el Fondo Social Europeo no refleja adecuadamente los derechos de cobro que la Fundación mantiene sobre la totalidad de las ayudas comprometidas por el Fondo que se derivan de los
convenios firmados con entidades, ya que solamente registra los derechos mencionados en el momento del cobro de las ayudas, en lugar de hacerlo en el momento de la firma de los convenios, y por el importe de éstos.
En el ámbito del control interno y de la gestión de la actividad, el informe destaca que se carece de un manual de procedimientos para la gestión de las ayudas para la realización de actividades medioambientales, rigiéndose en la práctica
por las disposiciones de las bases de la convocatoria.
Para las ayudas instrumentadas mediante convenios de colaboración, no existe un procedimiento interno en sentido estricto que regule su tramitación y seguimiento.
En relación con los convenios de colaboración suscritos por la Fundación con entidades para desarrollar actuaciones cofínanciadas por el Fondo, se han puesto de manifiesto ciertas deficiencias de gestión, entre ellas algunas referidas a la
justificación técnica y económica de los proyectos, y ello pese a que la Fundación tiene contratado con una consultora externa la asistencia técnica necesaria para desarrollar, entre otros aspectos, funciones de supervisión y control de la
justificación de los mismos.
El Tribunal concluye que la actividad desarrollada por la Fundación es adecuada al logro de su objeto fundacional, si bien no se dispone de indicadores que permitan verificar la eficacia y eficiencia en el logro del objetivo pretendido en
muchas de las actuaciones que llevan a cabo las entidades colaboradoras, por lo que cabría cuestionarse la utilidad real de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sánchez Fernández.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Gracias señor presidente.
Quiero, en primer lugar, agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su comparecencia en la misma para dar cuenta del Informe de Fiscalización de la Fundación Biodiversidad referido al ejercicio 2003. Hemos leído detenidamente el citado
informe cuya redacción está presidida por los cinco objetivos que su propia introducción señala. Tomando precisamente como criterio los cinco objetivos que el informe señala, nos gustaría referirnos, por un lado, a las cuestiones de forma cuyas
deficiencias puedan y deban haber sido corregidas oportunamente en los supuestos en que se hubiese incurrido en alguna o en todas las incidencias señaladas y en las que englobaríamos los objetivos del primero, verificar el cumplimiento de la
normativa a la que esta sometida la Fundación; segundo, la comprobación de que las cuentas anuales para el ejercicio 2003 representan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, así como el resultado económico del
ejercicio, tercero, la comprobación de que los criterios para la evaluación de los proyectos presentados se ajustan a principios de objetividad y transparencia, y por último la comprobación de los procedimientos aplicados por la entidad para
efectuar el seguimiento, la gestión y el control de los proyectos desarrollados.
Por otro lado nos encontramos con el objetivo consistente en analizar si las actividades desarrolladas por la Fundación se ajustan a su objetivo fundacional, podemos decir que se trata este de un objetivo subjetivo, valga la cacofonía, que
no por difícil de demostrar resulta menos interesante a los ojos de este grupo y que comentaremos después.
Verificado por ese Tribunal el cumplimiento de la normativa a la que está sometida la Fundación, la comprobación de las cuentas anuales de la Fundación, que expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera en términos
generales, no entendemos la alegación expresada en el punto uno sobre las normas de valoración de los inmuebles que ocupa la Fundación ya que no hemos encontrado en el informe de fiscalización ninguna alusión al tema. Compartimos la necesidad de
aplicar el principio de prudencia valorativa a la contabilización de los gastos e ingresos de la Fundación y que son el motivo del importante saldo de la cuenta de Tesorería, no obstante y tal como señala el propio Tribunal, estas puntas de
tesorería son, según deducimos del informe, adecuadamente rentabilizadas desde el punto de vista económico.
Además, el problema detectado en el informe que nos ocupa, sobre la contabilización de los reintegros producidos por la menor o total falta de ejecución de los convenios, parece que ha sido subsanado, con lo cual el efecto distorsionador
sobre los resultados contabilizados de los años afectados debería haber dejado de producirse.
Creemos importante insistir, como lo hace el Tribunal, en que se respeten rigurosamente los principios de concurrencia, publicidad, y transparencia que deben presidir la contratación con la Fundación en relación a la contratación con la
empresa de asistencia técnica y consultoría para el seguimiento de las actuaciones relacionadas con el Fondo Social Europeo, según se desprende del trámite de alegaciones, y en este punto también se ha corregido la situación anterior.
En relación al objetivo número cuatro, esto es, el relativo a la gestión y al control de la actividad de la Fundación y respecto a la gestión de las ayudas para la realización de las actividades medioambientales que la Fundación concede,
parece, a tenor de las alegaciones realizadas por la Fundación, que se han subsanado las deficiencias que producía el hecho de no tener un manual de procedimiento interno, que ya existe desde el 3 de marzo de 2005, lo cual evitará sin duda los
defectos de que adolecía el anterior procedimiento. Aunque la alegación realizada aduciendo falta de personal para explicar la ausencia de algunos requisitos como la preevaluación de las propuestas u otras, no parece convincente puesto que de
acuerdo con los expedientes seleccionados, se da en unos sí y en otros no, lo cierto es que en la actualidad, el manual de procedimiento citado del año 2005 recoge pormenorizadamente todas estas exigencias. En cualquier caso, la exigencia de estar
al corriente de pago con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria debería poder no dejarse al factor discrecional por cuanto los mecanismos informáticos actuales permiten tener un seguimiento permanente del cumplimiento de esta obligación.
Otro de los aspectos sobre el que consideramos que debería guardarse un celo escrupuloso es el de la baremación utilizada para evaluar y seleccionar las solicitudes, así como la necesidad de dejar constancia de las puntuaciones obtenidas por
las distintas solicitudes, lo cual asegurará sin duda, el cumplimiento estricto del principio de objetividad. En cuanto a los anticipos, coincidimos con el Tribunal en que, al parecer, la guía de solicitudes de los convenios es clara en los
supuestos en los que procede estos y en qué porcentajes, por tanto discrepamos con la argumentación reflejada en las alegaciones, en la que se alega una percepción, cuando menos, subjetiva, de cuando y cuanto corresponden con fecha de anticipo. En
ese sentido irá nuestra propuesta de resolución. Asimismo coincidimos en la amplitud de los plazos que puedan dar lugar hasta el transcurso de un año desde la aprobación de la convocatoria y su resolución, y no dudando, como se dice en las
alegaciones, de que este plazo cumple con las disposiciones legales vigentes, también creemos que deberían arbitrarse mecanismos que agilizaran este dilatado periodo de tiempo y que contribuiría a la optimización de los recursos dispuestos.
Con causa o sin ella resulta, cuando menos chocante la diferente percepción que tien el Tribunal y la Fundación puesta de manifiesto de continuo en aspectos como el nivel de detalle reflejado en las facturas sobre los artículos adquiridos y
su precio, la diferencia entre originales y copia de las facturas, lo que debe considerarse como justificante de pago, por ejemplo el sello de pagado, el recibí, y otro pormenores que estimamos, no afectando a cuestiones importantes, sí producen una
cierta confusión, que sería fácil evitar, a nuestro juicio, con la adopción de formatos estandarizados sobre estos aspectos. A juzgar por el contenido de las alegaciones, la mayor parte de las incidencias señaladas, podrían haberse evitado de
contar la Fundación con un manual operativo como el que actualmente rige desde el 9 de enero del 2006. No obstante, creemos que en términos generales, se ha cumplido con los objetivos marcados y que del informe de Fiscalización, y las posteriores
alegaciones, podemos concluir la práctica solución de las incidencias, a nuestro juicio, defectos de forma subsanables detectadas.
Quiero felicitar a este Tribunal por su eficaz trabajo y asimismo a la Fundación Biodiversidad por la diligencia con que han normalizado las mínimas alteraciones, más de forma que de fondo como hemos dicho. Como reconoce el propio Informe,
las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2003, de acuerdo con las comprobaciones efectuadas, expresan en su aspectos más significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de los resultados de sus
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio.
Pero antes de finalizar, queremos reseñar la importancia del objetivo señalado como número cinco en el expediente, y que hemos considerado en el principio de nuestra intervención como cuestión de fondo, frente a los otros cuatro nombrados en
el informe de fiscalización. La persecución de su cumplimiento se plasma en las recomendaciones de Tribunal cuando se recomienda como conveniente, que la Fundación defina con carácter previo a su ejecución, y para todas las instrucciones,
actuaciones que financia e indicadores cuantificados que permitan medir el cumplimiento del objetivo proyectado. La consecución de los objetivos que dan razón de ser a la existencia de la Fundación, es de primera importancia. Sin la consecución de
estos, efectivamente, la Fundación carecería de sentido y sería solamente un mecanismo de imagen en un tema tan importante como constituye el objeto de la misma. Los objetivos y tareas que se propone una organización deben concretarse en
expresiones medibles que sirvan para expresar cuantitativamente dichos objetivos y tareas, y son los indicadores, los encargados de esa concreción, es decir, sería aconsejable introducir en la metodología aplicada datos esencialmente cuantitativos
que midan la eficacia de los programas de la Fundación, que la Fundación desarrolla para el cumplimiento de los objetivos y lo plasmaremos también en nuestra propuesta de resolución. En este sentido, tal y como se reconoce en las alegaciones
formuladas, actualmente la Fundación Biodiversidad aplica procedimientos en los que se exige un informe técnico de los proyectos finalizados, en los que se especifica el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos lo que redundará, sin duda,
en la consecución de este importante objetivo que señala en Tribunal y que da razón de ser a la Fundación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Muñoz Resta.
La señora MUÑOZ RESTA: Muchas gracias señor presidente. Señorías, antes de empezar quiero dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas y, cómo no, aprovechar en nombre del Grupo Socialista, para agradecer el trabajo que ha
hecho hoy el Tribunal en este informe, así como su claridad y rigurosidad. La Fundación Biodiversidad, como marca en sus estatutos concretamente en el 6.1 tiene como objetivo responder básicamente, mediante la formación, investigación y la
cooperación internacional, al desarrollo y a la conservación de la biodiversidad biológica, no solo en el ámbito nacional sino en el internacional, colaborando con cuantas entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, supranacionales, o
internacionales actúen en el campo de la biodiversidad. Al ser una entidad sin fines lucrativos la Fundación Biodiversidad encuentra su razón de ser en la consecución del objeto nacional definido en sus Estatutos.
Por este motivo, en el procedimiento fiscalizador se ha considerado necesario analizar la financiación obtenida por la entidad. Pero como pone de manifiesto el Informe de Fiscalización del ejercicio 2003, en ningún momento se ha previsto
ningún instrumento o indicador que permita valorar de alguna forma en qué medida los recursos empleados en el desarrollo de las actividades de la fundación contribuyen a la consecución de los
objetivos. Ahora bien, resulta relevante la falta de definición de indicadores en los convenios suscritos que permitan verificar la eficacia y la eficiencia en el logro de los objetivos perseguidos en muchas de las actuaciones realizadas
por entidades que cuentan con financiación de la Fundación Biodiversidad, por lo que en ciertas ocasiones podría llegar a cuestionarse la utilidad real de las mismas. Como queda reflejado en el informe, el registro contable de las operaciones
cofinaciadas por el Fondo Social Europeo no refleja adecuadamente los derechos de cobro que la fundación tiene sobre la totalidad de las ayudas mantenidas ya que solamente registra los derechos mencionados en el momento del cobro de las ayudas, en
lugar de hacerlo en el momento de la firma de los convenios y por el importe de estos. Hay que comentar con respecto a la selección de los proyectos, objeto de ayudas, que en términos generales se considera adecuado el procedimiento seguido por la
Fundación Biodiversidad. No obstante, se ha comprobado que en un caso no se aplicaron correctamente los criterios de puntuación, algo que queda manifestado a lo largo de todo el informe, por lo que la baremación resultó deficiente y en dos casos no
se ha podido comprobar si se han respetado de forma estricta los plazos para la aceptación de la ayuda por parte de la entidad beneficiaria.
En relación con la ejecución, justificación, seguimiento y control de los proyectos, se ponen de manifiesto algunas deficiencias o incumplimientos de las condiciones establecidas en las bases de las convocatorias, principalmente la falta de
observancia de plazo de justificación, la existencia de deficiencias en los justificantes de gastos presentados al incorporar conceptos de gasto genérico o de indeterminación. También se ha comprobado en algún caso la concesión de cantidades
anticipadas por encima de lo previsto en las bases de la convocatoria y a la realización de las actividades del proyecto con carácter previo a la propia concesión de las ayudas, lo que supone la falta de adecuación a los términos previstos.
Para finalizar, como indica el informe, podemos manifestar que resulta relevante la falta de definición de indicadores en los convenios de colaboración financiados con fondos de la entidad que permitan verificar la eficacia y eficiencia en
el logro del objetivo perseguido en muchas de las actuaciones realizadas por las entidades colaboradoras, por lo que puede plantearse la utilidad real de las mismas.
El Grupo Socialista tendrá muy en cuenta las recomendaciones que el presidente, don Ubaldo Nieto, hace en el informe, la necesidad urgente de corregir las deficiencias que hemos encontrado en este informe, deficiencias básicas para el buen
desarrollo de las actividades que lleva a cabo la fundación.
Antes de finalizar, me gustaría preguntar al presidente lo siguiente: ¿cómo valora el presidente que la fundación no tenga previsto indicadores o instrumentos para estimar de alguna forma los recursos empleados en el desarrollo de las
actividades que contribuyen a la consecución de los objetivos? Y agradecer nuevamente la labor y la rigurosidad de su equipo en la realización del informe.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz Resta.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Realmente, la única pregunta que se me ha formulado es cómo valora el presidente que la fundación no tenga indicadores que permitan verificar la eficacia y la eficiencia en el
logro de objetivos. Pues, en efecto, si no hay indicadores no se puede saber si es eficaz; es decir, si se consiguen los objetivos y si se es eficiente en la gestión de los medios en cuanto a principios de racionalidad económica que nos prescribe
a nosotros la ley.
Por eso, en la recomendaciones se dice no sólo que se mejoren la gestión y el control interno sino también que se establezcan indicadores que permitan fiscalizar estos objetivos de eficacia y de eficiencia y gestionarlos con
racionalidad económica.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cuarenta minutos.