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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 105, de 26/06/2007
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 105
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTÍN TURIEL SANDÍN
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 26 de junio de 2007
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacante. Mesa Comisión:
- Elección de la presidencia de la Comisión. (Número de expediente Congreso 041/000036 y número de expediente Senado 571/000004.)... (Página 2)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000084 y número expediente Senado 771/000082.)... (Página 3)
Informe de fiscalización del organismo autónomo Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000085 y número de expediente Senado 771/000084.)...
- Informe de fiscalización de la gestión de ingresos desarrollada por las Confederaciones Hidrográficas, ejercicio 2003. (Número de expediente Congreso 251/000135 y número de expediente Senado 771/000129.)... (Página
6)
- Informe de fiscalización de la privatización de Initec. (Número de expediente Congreso 251/000138 y número de expediente Senado 771/000135.)... (Página 7)
- Informe de fiscalización de la actuación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en el período 31 de diciembre de 2000 a 31 de diciembre de 2004.
(Número de expediente de Congreso 251/000146 y número de expediente Senado 771/000141.)...
(Página 8)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre los siguientes extremos:
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2004. (Número de expediente Congreso 250/000009 y número de expediente Senado 770/000010.)... (Página 11)
- Informe de fiscalización de los sectores públicos autonómico y local, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000147 y número de expediente Senado 770/000011.)... (Página 19)
- Informe de fiscalización de las principales actuaciones medioambientales realizadas por la autoridad portuaria de Barcelona en el período 2000-2004 en relación con el plan director del puerto de Barcelonoa y del proceso de formalización y
ejecución de los contratos de obras que han dado lugar a aquellas actuaciones. (Número de expediente Congreso 251/000139 y número de expediente Senado 771/000134.)... (Página 24)
- Informe de fiscalización del Consejo Económico y Social, ejercicio 2004.
(Número de expediente Congreso 251/000124 y número de expediente Senado 771/000120.)... (Página 28)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. (Número de expediente Congreso 041/000036 y número de expediente Senado 571/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Vamos a comenzar la sesión. El primer punto del orden del día es la elección del presidente de la Comisión. Vamos a proceder al llamamiento de los miembros de la Comisión, que irán depositando
la papeleta en la urna.
Por el señor vicepresidente, Martínez Herrera, se procede al llamamiento de los miembros de la Comisión, presentes y sustituidos, que depositan su voto en la urna preparada al efecto.
Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): El resultado de la votación ha sido: don Agustín Turiel, 20 votos; votos en blanco, siete. Por tanto, queda proclamado presidente de la Comisión don Agustín Turiel.
(Aplausos.-El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, quiero que mis primeras palabras como presidente de esta Comisión mixta sean de recuerdo para mi predecesor, el señor Antich, a quien quiero desear los mayores éxitos en esta nueva etapa en que retorna a la
política autonómica en las Islas Baleares, en beneficio tanto de las propias islas como de España. También quiero dar las gracias a quienes me han otorgado su confianza para presidir los trabajos de esta Comisión. Hago mío el deseo expresado por
mi predecesor de facilitar el debate como forma de obtener toda la información que sea necesaria para conocer de forma transparente cómo se gestiona realmente el sector público y como instrumento para formular propuestas que permitan mejorar su
funcionamiento en el aspecto económico y financiero para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos, que son a quienes deben servir todas las instituciones y empresas públicas. Muchas gracias a todos y
a todas.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000084 y número de expediente Senado 771/000082.)
El señor PRESIDENTE: Anuncio que la votación no será antes de las doce menos cuarto. Continuamos la sesión con el punto 2.º del orden del día: Informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002. Se han
formulado dos propuestas de resolución. En primer lugar, por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Le felicitamos por su nombramiento, señor presidente.
En relación con el informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002, el ponente que tuvo ocasión de debatir en la anterior sesión de la Comisión no puede estar hoy presente, por lo que voy a intentar
exponer las dos propuestas de resolución que han sido presentadas por nuestro grupo. La propuesta número 1 hace mención a que las cuentas anuales de la Oficina Española de Patentes y Marcas correspondientes al ejercicio 2002 representan
razonablemente la situación financiera y patrimonial así como el resultado de las operaciones realizadas y la liquidación de los presupuestos de dicho ejercicio. La propuesta número 2 del Grupo Popular establece que para una mejor y más eficaz
gestión del organismo y posterior fiscalización de dichas cuentas se insta a la Oficina Española de Patentes y Marcas a que extreme la eficiencia en la gestión y control de los inventarios de los bienes que integran el inmovilizado material,
completando la información de todos ellos sobre la fecha de adquisición, importe y baja de los mismos. Asimismo insta a que figuren en la contabilidad todos los derechos de cobro frente a los deudores por prestación de servicios; a que se ajuste
estrictamente a la normativa sobre subvenciones especificando claramente los requisitos relativos a plazo, forma de justificación del gasto y cumplimiento de la finalidad de las misma; a que se realice una revisión de todos los casos de
contratación con empresas externas para la realización de servicios o trabajos de cualquier índole, con el fin de ajustar dichos contratos a la normativa, especialmente en lo que se refiere a la provisión de puestos de puestos de trabajo de personal
laboral. Por último, insta a que tenga en cuenta la experiencia de las cuentas liquidadas en los ejercicios anteriores, especialmente en el remanente de tesorería para incluirlo por importe estimado al cierre del ejercicio anterior al presupuesto
de ingresos como recurso a financiar los gastos previstos.
Una vez que he leído las propuestas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, anuncio que vamos a mantener la propuesta de resolución número 1, porque no queda reflejada en las propuestas de resolución del Grupo Socialista, pero
vamos a retirar la número 2, porque equivale a las números 3, 4, 5, 6 y 7 del Grupo Socialista. El Grupo Popular votará a favor de estas propuestas de resolución y solo mantiene su propuesta número 1.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Señor presidente, sean mis primeras palabras de felicitación por su nombramiento en la mañana de hoy para un puesto que estoy convencido que va a saber llevar con mucha responsabilidad y rigor por sus cualidades
personales, pero también por su formación profesional como interventor del Estado y también por ser una persona que ha estado íntimamente vinculada a los trabajos de esta Comisión desde el principio de esta legislatura; prueba de ello es que hoy
mismo va a ser ponente de uno de los informes de fiscalización que van a ser presentados por el presidente del Tribunal de Cuentas, lo que le va a obligar a descender otra vez a estos escaños para defender la posición del Grupo Parlamentario
Socialista. Enhorabuena por su elección. Estoy seguro de que va a llevar muy bien la dirección de esta Comisión en lo que queda de legislatura. También quiero mostrar mi reconocimiento a la labor realizada por el anterior presidente de esta
Comisión, Francesc Antich, y desearle mucha suerte en la tarea que va a tener que realizar para formar un gobierno de progreso en les Illes Balears. Mucha suerte para él y para todo su equipo.
En relación con el informe que nos ocupa voy a hacer unas consideraciones muy breves. Como ya dijimos en nuestra intervención con motivo de su presentación por parte del presidente, este informe se dirigía precisamente a la fiscalización de
la actividad económico-financiera del organismo autónomo denominado Oficina Española de Patentes y Marcas durante el ejercicio del año 2002. Como consecuencia de esa labor fiscalizadora, se detectaron y se pusieron de manifiesto en el informe, y
también en la presentación que hizo del mismo el presidente del Tribunal de Cuentas, algunas irregularidades en relación con el cumplimiento de la legalidad en los sistemas de gestión internos básicamente y en relación con la contratación del
personal adscrito a la oficina. En nuestra intervención en aquella sesión de la Comisión ya dijimos que mi grupo iba a tener muy en cuenta las recomendaciones que el tribunal formuló a este informe. En la medida en que se trata eminentemente de
cuestiones técnicas muy relacionadas con la gestión contable, mi grupo, al igual que el Grupo Popular, ha hecho propias las recomendaciones que formulaba el Tribunal de Cuentas y, como consecuencia de ello, ha presentado un total de cinco propuestas
de resolución, coincidentes todas ellas con las presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, que van a dar lugar a una transaccional que va a permitir que se tomen en consideración las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y, en aras de esa transacción, decaigan las del Grupo Parlamentario Popular,
excepto la primera de ellas, que no resulta contenida en nuestras propuestas de resolución. En este sentido y en la línea de mejora de la contabilidad y de las cuestiones técnicas relacionadas especialmente con la contratación del personal en el
seno de la Oficina Española de Patentes y Marcas, mi grupo insta a la oficina, en primer lugar, a clarificar las diferencias existentes entre algunos saldos contables y los registros, según inventarios, así como a subsanar la falta de información
acerca de algunos elementos del inmovilizado y sus variaciones. En segundo lugar, insta a la oficina a que en su contabilidad figuren todos los derechos de cobro frente a los deudores por prestación de servicios, como consecuencia de una correcta
aplicación de los principios contables de carácter público. En tercer lugar, insta a la oficina a que las bases reguladoras y las resoluciones de concesión de subvenciones, incluso en el caso de las nominativas, especifiquen claramente los
requisitos relativos a plazo, forma de justificación del gasto y cumplimiento de la finalidad para la que se concedieron y todos los demás extremos contemplados en la normativa sobre subvenciones. En cuarto lugar, insta a la oficina a realizar una
revisión de todos los casos de contratación con empresas externas para la realización de servicios o trabajos de cualquier índole, si es que en la actualidad los hubiera, con el fin de impedir la permanencia de situaciones como la expuesta en el
informe de fiscalización en relación con la provisión de puestos de trabajo de personal laboral. Finalmente, en quinto lugar, insta a la oficina a adoptar las medidas necesarias para que las previsiones presupuestarias de ingresos y gastos se
ajusten a la realidad en la medida de lo posible. Agradezco la labor del Tribunal de Cuentas en esta cuestión. Agradezco también la buena voluntad del Grupo Parlamentario Popular en aras de una transacción en este informe, con el único objetivo de
mejorar internamente la forma de llevar la contabilidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de mejorar también el régimen de contratación de personal, como consecuencia de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en su
momento y puestas de manifiesto en este informe de fiscalización.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fi-jar posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Solamente quiero mostrar nuestra coincidencia con la respuesta que ha dado el portavoz del Grupo Socialista a la propuesta del Grupo Popular. En consecuencia, votaremos favorablemente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FONDO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000085 y número de expediente Senado 771/000084.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Informe de fiscalización del organismo autónomo Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, ejercicio 2002. Por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones para la presentación de sus propuestas de resolución.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero sumarme, señor presidente, a la felicitación de los demás grupos a su persona por su nuevo cargo de presidente de esta Comisión mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas, deseándole los mayores aciertos
en su labor. Dado que esta Comisión es eminentemente técnica, pues se ocupa de las memorias y auditorías o informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, precisa mucha serenidad en los análisis técnicos que realiza sobre las disposiciones de
dicho tribunal.
Paso a defender y exponer las dos propuestas de resolución con los informes que nos han llegado recientemente y que amablemente me ha facultado la portavoz que me contestará del Grupo Parlamentario Socialista. Anuncio que retiramos la
propuesta número 2 porque no ha lugar y lo explico. El informe de fiscalización que ha merecido nuestras dos propuestas de resolución se refiere al año 2002 y habla de un organismo autónomo como es el Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta, que está ubicado en el Ministerio de Defensa.
Quiero hacer un elogio de la labor que viene haciendo este organismo a lo largo de muchos años y ya hoy como organismo autónomo porque dentro del patrimonio caballar español y de
équidos viene representando una gran función, con amplísima aceptación, que con el control y disciplina del Ministerio de Defensa se ha podido llevar en defensa de nuestro patrimonio de la cría caballar y de la remonta, que es una prestación de
servicio, con sus tasas correspondientes. De aquí la competencia del Tribunal de Cuentas en entrar en informes de fiscalización con la iniciativa privada de todos los criadores de ganado equino en nuestro país, bien para usos militares, bien para
usos civiles. No olvidemos que el origen de este servicio está en cuando los caballos tenían una aplicación motriz mucho más fuerte que la actual, porque se han quedado prácticamente para desfiles, aunque no en la economía privada, en la que tiene
una tremenda tradición y una posición muy importante. Por tanto, respecto a la propuesta de resolución número 1, y dado que se está refiriendo también a 2002, la portavoz del Grupo Socialista me ha hecho llegar una enmienda transaccional que
adelanto que vamos a aceptar. En ese caso, señor presidente, retiraríamos el texto de la
número 1, que queda sustituido porque donde nosotros poníamos regularizar ahora se trata de modificar las reglas con que el Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta viene operando y que mereció la atención que el
Tribunal de Cuentas en este informe 2002. Superada ya esta circunstancia por el propio organismo y el Ministerio de Defensa, nos parece más adecuado llegar a este punto de modificación. Dicho esto, aceptamos plenamente la enmienda transaccional
que ofrece el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: El Grupo Popular ha presentado a este informe de fiscalización del organismo autónomo del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar dos propuestas de resolución que, aunque iban dirigidas a mejorar el
funcionamiento económico-financiero y la organización interna de este organismo, al final hemos detectado que la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista es más genérica, más amplia y más adecuada para corregir y mejorar la gestión
económico-financiera de este organismo. Al recogerse en esa propuesta del Grupo Socialista la existencia de un plan corrector elaborado por el Ministerio de Defensa con el fin de adecuar la gestión del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta a los criterios y recomendaciones establecidos por el propio Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, nos parece que esa propuesta recoge amplia y adecuadamente el espíritu que nuestro grupo había intentado plasmar en
nuestras dos propuestas de resolución. Por tanto, vamos a retirar las nuestras y votaremos a favor de la propuesta número 5 del Grupo Socialista. Me gustaría que en la intervención del portavoz del Grupo Socialista se aclarase cuál es la enmienda
transaccionada con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. No me ha quedado muy claro si se refiere a esta misma propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Socialista o es una nueva. Espero que en el turno de
intervención del portavoz nos aclare este extremo.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MATEOS: En primer lugar le transmito mi felicitación por su elección y le deseo lo mejor en su nueva responsabilidad en esta Comisión.
En la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas sobre el tema que estamos abordando en este punto se llegaba a una clara conclusión: la carencia de una ley de constitución del organismo fiscalizado y la falta de unos estatutos
son las causas principales de la actuación deficiente y desestructurada del fondo. Aun con estas deficiencias, el Grupo Parlamentario Socialista cree -y así lo dijimos en la sesión anterior de esta Comisión- en la oportunidad de este informe, ya
que desde su aprobación en julio de 2005 hizo que el ente tomara buena nota para su adecuación a un funcionamiento correcto. Comenzando por la situación jurídica y ateniéndonos a las alegaciones presentadas por el Fondo de cría caballar al informe
de fiscalización, en este se hace alusión a los anteproyectos de borradores de estatuto del organismo autónomo, que se han iniciado sin que ninguno haya llegado a su finalización. El pasado mes de mayo se ha dictado un real decreto sobre selección
y reproducción de ganado equino de razas puras, elaborado a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entre otras cuestiones, este real decreto liberaliza la gestión del libro genealógico de puras razas equinas, responsabilidad
que hasta ahora recaía en el Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta. La publicación de esta norma permitirá concluir la tramitación del nuevo reglamento del fondo, que se encuentra ya muy avanzado según las noticias que
tenemos, siendo previsible su finalización y publicación en fechas próximas. El resto de las conclusiones y recomendaciones contendidas en el informe de fiscalización son asumidas en su totalidad por el Ministerio de Defensa, que para ello
estableció un plan corrector que en algunas áreas ya ha adquirido plena efectividad con el fin de adecuar la gestión del organismo fiscalizado a los criterios establecidos en este plan por el Tribunal de Cuentas a lo largo de su informe.
Como consecuencia de lo anterior, mi grupo podría hacer una serie de propuestas de resolución recogiendo, como es usual, la mayoría de las recomendaciones del tribunal, o la otra opción es que, una vez conocido el plan corrector en el que se
asumen todas y cada una de las recomendaciones del informe fiscalizador, considerábamos más oportuno instar al Gobierno a que continúe con el cumplimiento estricto del plan.
Por tanto, y como consecuencia de nuestra propuesta de resolución, hemos
optado por llegar a una propuesta de resolución transaccionada con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. A la portavoz del Grupo Popular le quiero decir que el criterio del Grupo Socialista es modificar el texto cambiando la
palabra regularizar -con que se entendía que no existía nada en este aspecto- para que quedara como sigue: Instar al Gobierno a modificar la regulación del fondo de acuerdo con su situación actual y la normativa recientemente aprobada al respecto.
Esto viene a reforzar medidas que ya están elaborándose y que se recogen en el plan corrector, pero consideramos que podía hacerse un refuerzo en este sentido instando también al Gobierno en esta propuesta de resolución. Me alegro de que el Grupo
Popular entienda que instar al Gobierno al estricto cumplimiento del plan recoge todas aquellas recomendaciones que hacía el informe fiscalizador y que esté de acuerdo con ello.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS DESARROLLADA POR LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS, EJERCICIO 2003. (Número de expediente Congreso 251/000135 y número de expediente Senado 771/000129.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Informe de fiscalización de la gestión de ingresos desarrollada por las confederaciones hidrográficas, ejercicio 2003. Se han presentado propuestas de resolución por parte
del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Ramón.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: En primer lugar quiero felicitarle por su elección como presidente de esta Comisión en el día de hoy.
En este punto volvemos a hablar del informe de fiscalización de la gestión de ingresos desarrollada por las confederaciones hidrográficas en el ejercicio 2003, que fue analizado ya en la anterior sesión de esta Comisión el pasado 17 de mayo,
en la que mi compañero el diputado señor Bardisa ya manifestó la opinión del Grupo Parlamentario Popular. Teniendo en cuenta que las confederaciones hidrográficas tienen ingresos procedentes tanto de transferencias como de subvenciones de los
Presupuestos Generales del Estado y también otros ingresos, el informe se centró sobre la mayor parte de los ingresos. Nosotros entendimos, a pesar de las recomendaciones, lógicamente -aunque tras leer el 'Diario de Sesiones' vimos que no era
compartido por el Grupo Socialista-, que la gestión de esos ingresos de las confederaciones hidrográficas fue en general satisfactoria, teniendo en cuenta además algunos elementos importantes que quiero volver a señalar y que se recogen en el propio
informe, como que en ese mismo año 2003 se adoptaron algunas medidas importantes para mejorar la gestión de los ingresos. Reitero, porque como digo es importante, el hecho de que se puso en marcha el proyecto Alberca, de actualización de libros de
registro y catálogo, precisamente para incorporar todos los registros y los distintos aprovechamientos para ir subsanando las deficiencias que había en esos registros de las liquidaciones del cobro de cánones y tarifas.
En cualquier caso, nosotros compartimos en general las recomendaciones que ha hecho el Tribunal de Cuentas, que creo que han inspirado tanto nuestras propuestas de resolución como las del Grupo Socialista. En este sentido, las propuestas 1
y 2 del Grupo Popular dicen exactamente lo mismo, quizá redactado de diferente forma, que las números 4 y 5 del Grupo Socialista, por lo cual no habría ningún problema en adaptar la redacción a lo que hiciera falta porque, como digo, nos acogemos a
esas recomendaciones. En el punto número 3 nosotros planteamos la actualización de los registros administrativos y entendemos que la propuesta de resolución número 6 del Grupo Socialista también lo indica adecuadamente, y en este caso retiraríamos
la propuesta número 3 por la número 6 del Grupo Socialista. En esta misma línea que estoy indicando, como pensamos, y ya lo dijimos en la pasada sesión de la Comisión, que las cinco recomendaciones van dirigidas a mejorar la gestión de los ingresos
de las confederaciones hidrográficas en el transcurso del tiempo, consideramos que las propuestas de resolución 7 y 8 están dentro de lo que plantea el Tribunal de Cuentas y no tendríamos ningún inconveniente en aprobarlas porque pensamos que son
para mejorar la gestión y para ir subsanando todas las cuestiones que sean mejorables, como indudablemente lo serán en un futuro cuando se hagan posteriores informes, si se hacen, respecto a la gestión de otros muchos años con diferentes gobiernos.
Estamos seguros de que siempre habrá cuestiones susceptibles de ser mejoradas y desde el Grupo Popular no nos vamos a oponer a que todo ello mejore, no solamente porque debe ser así sino también porque, en este caso, las confederaciones
hidrográficas son unos instrumentos muy importantes y básicos para realizar una gestión eficaz y adecuada del agua en España. Este sería el planteamiento y la posición del Grupo Parlamentario Popular en este punto.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: El Grupo Socialista ha presentado una serie de propuestas de resolución en la línea de las recomendaciones que el informe exponía. El debate de fondo sobre ese informe ya se produjo en la Comisión y además está el
informe para consultar si cabe alguna duda sobre el funcionamiento de las confederaciones en la gestión de los ingresos en el año 2003, por lo que nosotros no vamos a entrar ahí.
Coincidimos con la portavoz del Grupo Popular en que las propuestas
de resolución que hemos presentado tanto por parte del Grupo Socialista como por parte del Grupo Popular, como ella ha señalado, son muy similares.
Las propuestas de resolución 1 y 2 del Grupo Popular coinciden con las propuestas 4 y 5 del Grupo
Socialista, por lo que estaríamos de acuerdo en hacer una redacción sintética que las resuma puesto que el fondo de las propuestas es el mismo; la número 3, si no he entendido mal, el Grupo Popular la retira, y en relación con las propuestas 6 y 7
del Grupo Socialista, que proceden también de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, si se me permite haré una enmienda in voce, de redacción. En la propuesta de resolución número 7, donde dice 'mejorar la gestión del procedimiento
sancionador', cambiaríamos la palabra procedimiento por 'expedientes sancionadores'. En resumen, con dos de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista se haría una propuesta conjunta con el Grupo Popular y el resto va en la línea que el
Tribunal de Cuentas especifica en su informe con el objetivo de mejorar el funcionamiento en la gestión de los ingresos
de las confederaciones hidrográficas, que creo que son muy interesantes.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DE INITEC. (Número de expediente Congreso 251/000138 y número de expediente Senado 771/000135.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día: Informe de fiscalización de la privatización de Initec. Se han presentado propuestas de resolución, en primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, que nos ha solicitado que se tengan por defendidas dado que en este momento no pueden estar en la Comisión.
Se han presentado también propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la
palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en relación con este informe de fiscalización de la privatización de Initec tres propuestas de resolución que van en la línea de las recomendaciones que efectúa el
Tribunal de Cuentas en su informe. Como hemos manifestado en otras ocasiones, estamos tan interesados como el que más en que se mejore la gestión de cualquier aspecto del sector público, incluido también el de las privatizaciones, y por ello hemos
formulado estas tres propuestas de resolución. La propuesta de resolución número 7 indica, en esencia, que deberán recogerse en un único documento todos los compromisos de las partes, evitando la suscripción de documentos adicionales que modifiquen
lo acordado en el principal; es decir, va en la línea de incrementar la transparencia en este tipo de operaciones. En nuestra propuesta de resolución número 8 proponemos que en la formalización de los contratos de enajenación de este tipo de
empresa pública el precio de la operación no quede sometido a ajustes más que en aquellos aspectos imposibles de cuantificar en el momento de formalizarse el contrato. Reitero lo que he dicho ya al hablar de la propuesta de resolución número 7
planteada por mi grupo: es conveniente que estas operaciones sean lo más transparentes posible y que su precio esté cuantificado de la manera más exacta posible para facilitar la transparencia. En nuestra propuesta de resolución número 9
proponemos que en los procesos de privatización en que se asuman por las partes compromisos que hayan de cumplirse con posterioridad a la formalización del contrato de transferencia de las participaciones sociales, el Gobierno requiera la actuación
del Consejo Consultivo de Privatizaciones hasta que aquellos compromisos queden ejecutados en su integridad. Esta propuesta de resolución número 9 va en la misma línea de mejora de estos procesos de privatización, de transferencia de
participaciones sociales de empresas públicas al sector privado. Las tres propuestas de resolución que ha planteado mi grupo son muy similares a las que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, con el cual hemos llegado al acuerdo de que
votaremos a favor de la número 10 del Grupo Socialista, que equivale a nuestra propuesta de resolución número 7, así como de la número 12, equivalente a la número 9 de nuestro grupo, aunque la nuestra era un poco más concreta y hacía referencia a la
actuación del Consejo Consultivo de Privatizaciones y la del Grupo Socialista es más genérica, pero entendemos que es suficiente para recoger y trasladar las recomendaciones del Tribunal. Por otro lado -así lo he acordado con el portavoz del Grupo
Socialista, como expondrá posteriormente-, ellos votarán a favor de nuestra propuesta de resolución número 8, que al fin y a la postre es idéntica a la propuesta de resolución número 11 del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López, don Carmelo.
El señor LÓPEZ VILLENA: Antes de nada, me adhiero a las felicitaciones expresadas a su persona y los reconocimientos al su ya antecesor, señor Antich, al que igualmente deseamos toda clase de aciertos en su nuevo empeño como presidente
balear.
Quisiera comenzar la exposición de las propuestas de resolución a este informe, primero, bajo un enfoque temporal, en que el informe al que se refiere, en este caso el informe de fiscalización de la privatización de Initec, es un hecho
pasado. Ya debatimos en su momento lo que nos pareció a la luz del informe del Tribunal de Cuentas. En síntesis, a mi grupo le pareció y le sigue pareciendo que fue una mala venta, una empresa mal vendida, casi regalada, lo que tuvo unas
consecuencias negativas para el patrimonio económico del Estado y para las economías de los casi 200 trabajadores que perdieron su trabajo mediante un ERE probablemente fundado en datos contables inciertos e inexactos. Pero, como decimos, eso es
pasado, y el informe del Tribunal de Cuentas nos remite a unas recomendaciones para el futuro encaminadas a una mejora de los procedimientos cuando surjan nuevos casos de privatización de empresas.
También habría otros enfoques, el económico y el
jurídico. En cuanto al económico, volvemos a retrotraernos a lo que ya dijimos en su momento, y el aspecto jurídico es el que va a prevalecer. Cuando el presidente del Tribunal de Cuentas nos expuso el informe, a preguntas de este portavoz nos
informó de que la fiscalía había detectado determinados indicios de delitos y que estaba actuando. Por tanto, se abre un procedimiento judicial y hay que dejar funcionar a la justicia. También nos informó de ciertas discrepancias de la Abogacía
del Estado respecto a esas actuaciones de la fiscalía. Entiendo, sin conocerlas, que deben ser aspectos técnico-jurídicos que no afectarán al fondo de las responsabilidades que pudieran derivarse y en las que no vamos a entrar, como he dicho
anteriormente, por respeto al proceso y a las actuaciones judiciales, que confiamos en que impartirán equidad y
justicia en este caso. Tengo que hacer una breve mención a ciertas suspicacias que me ha comentado algún grupo sobre las actuaciones de la Abogacía del Estado. No cabe duda -por lo menos así lo pensamos en el Grupo Socialista- de que la
actuación de la Abogacía del Estado será rigurosa y defensora de los intereses del Estado, como es su cometido, y de los intereses de los trabajadores afectados por este proceso de privatización, en aras de velar por la justicia social y la justicia
en general, que es su cometido como brazo del Estado en tanto en cuanto depende de la Secretaría de Estado de Justicia; a su vez, la Abogacía General del Estado del Tribunal de Cuentas depende funcional y orgánicamente de la Abogacía General del
Estado, Dirección de Servicios Jurídicos del Estado. Por tanto, mostramos nuestra confianza en esas actuaciones, que no nos cabe duda de que van a ir en la buena línea, como ya he dicho anteriormente, enmarcada en el aspecto jurídico, y por tanto
en el proceso judicial una sentencia impartirá la justicia.
Voy a hacer una breve referencia a las propuestas de resolución que presentó Izquierda Unida, cuyo portavoz me hubiera gustado que estuviera presente para poderle ofrecer la transacción a la que hemos llegado con el Grupo Popular. La
transacción que yo le hubiera ofrecido habría sido que retirara las propuestas 1, 2 y 3 en tanto en cuanto pudieran estar en sintonía con las presentadas por los demás grupos. En cuanto a la propuesta de resolución número 4, la Fiscalía General del
Estado, como ya ha actuado, tiene pleno conocimiento, además de ser público el informe del Tribunal de Cuentas y las actuaciones de esta Comisión. Respecto a la propuesta de resolución número 5 de Izquierda Unida, será la sentencia judicial la que
determine las responsabilidades que aquí enuncian. En cuanto a la número 6, para poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales determinados hechos, dicho ministerio tiene conocimiento, a través del informe público del Tribunal
de Cuentas y de los debates de esta Comisión, de lo que acontece.
No me queda más que certificar lo que hemos acordado y que ha explicado muy bien la portavoz del Grupo Popular, y votaremos en la línea que hemos comentado.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ EN EL PERIODO 31/12/2000 A 31/12/2004. (Número de expediente Congreso 251/000146 y número de expediente Senado 771/000141.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día: Informe de fiscalización de la actuación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en el periodo 31/12/2000 a 31/12/2004. Se han presentado propuestas de resolución por parte de
los grupos Popular y Socialista. Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández, don José Blas.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: En primer lugar me uno a la consideración de quien me ha precedido en el uso de la palabra al felicitarle por el nuevo cargo que va a desempeñar y desearle toda clase de aciertos y éxitos.
La relación de consideraciones que hacemos se ciñe a cinco, en las que estimamos que se pone con cordura de manifiesto, tanto por las consideraciones que hizo el Partido Socialista en aquel debate que hubo en la última sesión de esta Cámara
en relación con estas recomendaciones como por la información que daba el Tribunal de Cuentas, la disfunción que existe entre la Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas. De hecho, las resoluciones que trae el Grupo Parlamentario Socialista
coinciden con las del Grupo Popular. Nuestro grupo ha sido mucho más extenso en esta relación de la que vamos a dar cuenta. Tenemos cinco propuestas, como he dicho al principio, en la primera de las cuales pedimos que los estatutos de la Zona
Franca de Cádiz deban reflejar competencias en materia de creación de sociedades mercantiles de adquisición de participaciones mayoritarias que en ellas corresponden al Gobierno, tal y como se establece en la legislación actualmente en vigor.
En la
segunda decimos que se deben modificar los estatutos de la Zona Franca de Cádiz para asignar al pleno del consorcio las competencias que en la actualidad se encuentran atribuidas al comité ejecutivo en materia de concesión de préstamos y en la
cuantía que se considere importante y significativa en relación con el total del recurso del consorcio. La tercera pide que se modifiquen los estatutos del consorcio para que las actuales competencias atribuidas al delegado del Estado en la Zona
Franca de Cádiz en materia de enajenación de bienes inmuebles queden recogidas en ellos. La cuarta propone que se establezca por el consorcio una regulación específica sobre la autorización, justificación y liquidación de los gastos de viaje que
garantice que estos queden autorizados por los órganos competentes de la Zona Franca de Cádiz y se justifique su necesidad de forma previa a su realización. La última sería que todas las recomendaciones indicadas anteriormente se hagan extensivas
al resto de las zonas francas de España, con objeto de mejorar la transparencia y la gestión, así como armonizar su funcionamiento. Una vez más estamos dispuestos a transaccionar todo aquello que sea enriquecer las presentadas, sobre todo aquella
que hace única la del Grupo Socialista, porque se ciñe a que esas conclusiones se valoren convenientemente para modificar los estatutos de la Zona Franca de Cádiz; dice incluso que se valore la conveniencia de modificarlo. Creemos que ya está en
ello el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Nos congratulamos de este informe de fiscalización, del que ya se dio lectura en la última sesión de esta Comisión porque todo se ciñe a que hay que modificar los estatutos. No olvidemos que estos
estatutos surgen
en los años 40 y que curiosamente tanto el anterior Gobierno socialista como el anterior Gobierno del Partido Popular lo han mantenido con este desfase, cuando todos conocemos que el presidente del consorcio es el alcalde de la ciudad y, sin
embargo, el delegado está nombrado por el Gobierno que respalda el Partido Socialista en este momento. Dejo constancia de que hay una sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, que no fue tenida en cuenta en aquel momento por el Tribunal de
Cuentas, o no lo conocía. Habrá que esperar a que los tribunales se pronuncien sobre las situaciones de disfunción que ha habido y las actuaciones de cualquier tipo de delegado. Solo se ha querido verificar el periodo de 31 de diciembre de 2000 a
2004, pero los anteriores periodos no se han querido evaluar en su conjunto, vista la mayoría de los votos socialistas. Estamos abiertos a cualquier transacción que se quiera hacer, porque, mientras somos más receptivos a las consideraciones, todo
se ciñe a modificar los estatutos y adherirnos al informe definitivo; informe con el que en su momento estábamos de acuerdo, y para nosotros es una satisfacción que su interpretación respaldara la manifestación en conjunto que hicimos en el momento
precedente a la modificación. Ya se está cambiando por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Estamos abiertos a que se valore y se vote cualquier punto, porque en su conjunto van todos por el mismo camino y tienen la misma fuente para poder
modificar unos estatutos tan necesarios y que datan de los años 40.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Román.
El señor ROMÁN GUERRERO: Señor presidente, va usted camino de ser el presidente más felicitado de las dos Cámaras, en la historia de esta Cámara y de la otra. Yo también me adhiero a la felicitación y deseo que la legislatura dure hasta el
final para que disfrute de la presidencia más tiempo.
Concluye un largo periodo de discusión en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas y en el propio tribunal de distintos informes sobre el funcionamiento de la Zona Franca de Cádiz. Hace un par de años vimos un primer informe y ahora vemos
el segundo sobre la actuación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Es obligado que agradezcamos al Tribunal de Cuentas su trabajo y asumamos sus recomendaciones. Eso es lo que propone la resolución que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta ante esta Comisión mixta, quien comparte en su integridad el contenido de este informe porque es una manera de decirle al tribunal que agradecemos su trabajo, que valoramos adecuadamente su actuación, que le damos a los órganos
constitucionales el papel que les corresponde y lo reforzamos, ante la gravedad de los hechos narrados por el Tribunal de Cuentas que por otra parte son sustancialmente coincidentes en toda su narración con los distintos informes que sobre el
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz realizó tanto la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda como la Abogacía General del Estado. Lo que decimos nosotros es que la Comisión hace suyas las conclusiones y las recomendaciones, y deseamos que se
valore por los órganos del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que por cierto lo está evaluando en el día de hoy, la conveniencia de modificar los estatutos de acuerdo con las recomendaciones que efectúa el propio Tribunal de Cuentas. Este habla
de cuatro recomendaciones y todas ellas las inicia con: Sería conveniente que los estatutos de la entidad reflejaran..., y así sucesivamente en los cuatro puntos, que no los voy a leer porque los tienen SS.SS. y los vimos también en la anterior
sesión de la Comisión. Como la formulación que plantea el Tribunal de Cuentas dice que sería conveniente, nosotros, como no hay un mandato neto, expeditivo, claro y terminante sobre ese asunto, le traspasamos esa recomendación a los órganos de la
Zona Franca de Cádiz. Por cierto, en el día de hoy en Cádiz están considerando esa modificación, en línea con lo que contempla el Tribunal de Cuentas; pero tampoco nos vayamos a engañar.
El problema de fondo que tenía el Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz no era estatutario sino de funcionamiento y de prácticas que tenían que ver con la corrupción, y no lo digo yo, sino los tribunales de justicia.
Efectivamente, hay acusaciones muy graves de malversación de caudales públicos, de
apropiaciones indebidas, de estafa, de administración fraudulenta, de fraude y de exacciones ilegales contra anteriores mandatarios del consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Por otra parte, están plenamente vivos pleitos no solo de orden penal sino
de orden mercantil. También entrará en funcionamiento cuanto toque, si le toca, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en relación con este informe. Sobre el anterior ya actuó y hubo una sentencia condenatoria de la sección de
enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Cuando corresponda, si corresponde, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas también operará sobre el periodo aquí analizado. En ese sentido, debemos ser respetuosos; si decimos que le
corresponde a esa sección, será ella la que lo tenga que dictaminar. Por nuestra parte, el veredicto político concluye en el día de hoy, porque finaliza también todo el recorrido que teníamos por delante en la Comisión mixta. Se ha hecho un buen
servicio público, tanto desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas como del Parlamento, y eso hay que ponerlo de manifiesto. De los distintos órganos que tiene la Zona Franca de Cádiz (la presidencia, el comité ejecutivo, el pleno del
Consorcio y el delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz) el más importante de todos es el pleno en el que están representadas un gran número de administraciones, y será el que tenga que abordar estas cuatro recomendaciones que hace el Tribunal
de Cuentas.
Nosotros hacemos enteramente nuestras las conclusiones y las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y naturalmente nos parece muy bien que se cumpla el conjunto de las recomendaciones que se han puesto de manifiesto aquí.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante unos minutos hasta las 11:45. Ruego que las transaccionales que quieran añadir nos hagan llegar a la Mesa antes del momento de la votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votaremos las propuestas de resolución del informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002. Es una sola votación con la propuesta de
resolución número 1 del Grupo Popular y las propuestas de resolución números 3, 4, 5, 6 y 7 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del informe de fiscalización del organismo autónomo Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, ejercicio 2002. Hay una propuesta transaccional y la resolución número 5 del
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Es así?
El señor VALLÈS VIVES: Señor presidente, hay una transaccional número 1 de Coalición Canaria que retira la 2 y además es transaccional también con las del Grupo Popular, que retiraría las suyas. Es decir, se votan dos conjuntamente, la
transaccional número 1 de Coalición Canaria, Grupo Popular y Grupo Socialista con la del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar en un solo bloque la transaccional número 1 de Coalición Canaria más la propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del informe de fiscalización de gestión de ingresos desarrollados por las confederaciones hidrográficas, ejercicio 2003. Hay una propuesta transaccional, la número 2 del Grupo Popular con la
número 5 del Grupo Socialista; otra enmienda transaccional número 4 del Grupo Socialista con la número 1 del Grupo Popular más las números 5, 6, 7 y 8. Procedemos a una votación de conjunto.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
El señor VALLÈS VIVES: Señor presidente, simplemente deseo que quede constancia de que la número 3 del Grupo Popular ha sido retirada.
La señora ORTIZ RIVAS: La número 7 tenía una enmienda in voce que se incorporó.
El señor PRESIDENTE: La número 7 tiene la corrección de mejorar la gestión de los expedientes sancionadores.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del informe de fiscalización de la privatización de Initec. En primer lugar, tenemos las propuestas presentadas por Izquierda Unida, que dijo que las diéramos por defendidas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar conjuntamente las propuestas de resolución números 10 y 12 del Grupo Parlamentario Socialista más la número 8 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Por último, pasamos a votar las propuestas relativas al informe de fiscalización de la actuación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en el periodo 31 de diciembre de 2000 a 31 de diciembre de 2004.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Pedimos que se vote en función de las cinco propuestas que hemos hecho.
El señor PRESIDENTE: ¿Conjuntamente las cinco?
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: No, por separado. Que se vayan votando una por una.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación separada de las propuestas de resolución. Propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución número 2 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos la propuesta rotulada con el número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Suspendemos la sesión durante unos minutos, a la espera de la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004. (Número de expediente Congreso 250/000009 y número de expediente Senado 770/000010.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión.
Damos la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas que nos va a presentar una serie de declaraciones e informes de fiscalización. En primer lugar, la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio
2004. Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Pleno del tribunal, una vez realizado el examen y comprobación de la cuenta general del Estado del ejercicio 2004 y oído el fiscal, aprobó el 21 de diciembre de 2006 la
presente declaración sobre la misma. Por lo que se refiere a los aspectos generales de la cuenta, relacionados con su regularidad formal y su representatividad, debe señalarse que la cuenta general del Estado está integrada por la cuenta general
del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional. Se elaboró de conformidad con lo contemplado en la Orden ministerial de Hacienda de 12 diciembre de 2000, con
las modificaciones introducidas por la orden de 25 de febrero de 2005. Los estados contables que conforman las cuentas integrantes de la cuenta general del Estado de 2004 se han obtenido mediante la agregación, por la Intervención General del
Estado, de las cuentas individuales de las distintas entidades del sector público estatal. La opinión del Tribunal de Cuentas sobre la conveniencia de que se proceda a elaborar una cuenta general del Estado por el método de la consolidación, así
como sobre la viabilidad práctica de la aplicación de este método, consta en la moción elaborada a solicitud de esta Comisión mixta.
Precisamente a consecuencia de dicha moción, esta Comisión mixta aprobó una resolución, de fecha 8 de noviembre de
2005, por la que se insta al Gobierno a que se avance en el proceso de consolidación de las cuentas que conforman la cuenta general del Estado y se proceda a la formación de una cuenta única consolidada en un plazo de tiempo prudencial.
La cuenta general del Estado de 2004 se remitió al Tribunal de Cuentas el 28 de octubre de 2005, por tanto dentro del plazo legal establecido; no obstante se rindió incompleta, dado que no están incorporadas en la misma las cuentas de
determinadas entidades: siete en la cuenta de las administraciones, 30 en la cuenta de empresas y 10 en la de fundaciones.
Las modificaciones introducidas en la composición de la cuenta general por la citada orden de febrero de 2005 han traído
como consecuencia que se incluyan por primera vez, en relación con las cuentas del sector público administrativo, ciertas informaciones adicionales en la memoria que corrigen algunas insuficiencias detectadas por el tribunal en ejercicios
precedentes; no obstante sigue habiendo cierta falta de homogeneidad en la elaboración de los respectivos estados contables y, aunque por lo general las cuentas integradas presentan una adecuada consistencia interna, se han observado diversas
excepciones. Por su parte, la cuenta general del sector público empresarial, al igual que en los ejercicios precedentes, se ha formado mediante agregación de los saldos de las cuentas individuales de las entidades, sin que se haya efectuado ajustes
o eliminaciones por las muy relevantes operaciones realizadas entre ellas, lo que afecta a la representatividad de la cuenta; no obstante debe señalarse que esta cuenta se atiene también a lo previsto en la orden de diciembre de 2000, con
las modificaciones de la de febrero de 2005, y que la normativa vigente permite la utilización del señalado método de agregación de saldos. Para finalizar con el análisis de la regularidad formal y de la representatividad de la cuenta general del
Estado, la cuenta general del sector público fundacional también se ha formado según lo preceptuado en las citadas órdenes de diciembre de 2000 y de febrero de 2005.
Por lo que se refiere al examen de las liquidaciones presupuestarias contenidas en la cuenta general del Estado, el tribunal destaca que las modificaciones presupuestarias de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos
y otros organismos públicos se elevaron a 11.125 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,7 por ciento respecto a los créditos iniciales. Este porcentaje se había situado en el 2,1 por ciento en el ejercicio anterior. En las entidades
del sistema de la Seguridad Social las modificaciones presupuestarias se elevaron a 8.124 millones de euros. Todas las modificaciones de crédito registradas en el Presupuesto General del Estado por operaciones no financieras se financiaron en la
forma prevista en las Ley General Presupuestaria y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, excepto unos créditos extraordinarios por un importe conjunto de 2.500 millones de euros y unas ampliaciones de crédito por 154 millones, que se
financiaron con deuda pública. Por su parte, en las modificaciones de crédito por mayores recursos sobre los previstos aprobados por las entidades del sistema de la Seguridad Social no se indicaron en los expedientes los recursos que las
financiaban. En cuanto a los incrementos en operaciones financieras, aun cuando la Ley de Estabilidad Presupuestaria no exige que expresamente se indique las fuentes de financiación, el tribunal considera deseable que se haga constar en aplicación
del principio de transparencia. También se considera adecuado que se registren las modificaciones en el presupuesto de ingresos del Estado. El resultado presupuestario del ejercicio registrado en la cuenta del sector público administrativo fue
positivo por importe de 14 millones de euros; no obstante, como consecuencia de las deficiencias detectadas por el tribunal, se concluye que este resultado debería haber sido positivo por un importe de 115 millones de euros. El resultado previsto
en los presupuestos era negativo por 13.735 millones. Asimismo, el tribunal destaca la existencia de operaciones pendientes de imputar al presupuesto al final de ejercicio, cuantificadas en unos gastos de 1.615 millones y unos ingresos de 615
millones, que habrán sido o deberán ser soportados por los presupuestos posteriores al ejercicio de 2004.
A efectos de comprobar el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para el ejercicio 2004 -era de equilibrio en el ámbito del conjunto del Estado y de la Seguridad Social- el tribunal solicitó el informe que
elaboró al respecto la Intervención General del Estado en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Estabilidad. Según este informe, el resultado del ejercicio en términos de contabilidad nacional, por lo que se refiere al ámbito de la cuenta del
Estado, presenta una necesidad de financiación de 965 millones de euros, lo que supone una desviación negativa del 0,12 por ciento del PIB, incumpliéndose en consecuencia el objetivo de equilibrio presupuestario previsto. El tribunal no ha podido
contrastar en todos sus extremos la información específica empleada por la Intervención General del Estado para convertir el resultado presupuestario a términos de contabilidad nacional válidos para medir el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
Las cuentas generales de los sectores públicos empresarial y fundacional no contienen información alguna en materia de planificación presupuestaria ni de ejecución de sus presupuestos. En los análisis realizados sobre las cuentas individuales de
las empresas y de las fundaciones se han observado importantes desviaciones entre las cifras programadas y las realmente alcanzadas por las empresas estatales, así como discrepancias entre los presupuestos aprobados para las fundaciones en los
Presupuestos Generales del Estado y los incluidos en las cuentas individuales.
El segundo gran apartado del informe sobre el examen de la cuenta del Estado se refiere al análisis de la situación económico-financiera realizado a partir de los balances y cuentas de resultados incluidos en las tres cuentas integradas en
la cuenta general. Por lo que se refiere al balance agregado de la cuenta general del sector público administrativo, por un total de 241.035 millones de euros, el tribunal ha observado, al igual que en ejercicios anteriores, las siguientes
deficiencias significativas: la carencia de inventarios de inmovilizado o deficiencias significativas en su información, la falta de concordancia interna en el registro de operaciones recíprocas entre distintas administraciones y la necesidad de
proceder a la regularización o corrección de diferentes saldos de activos o pasivos en función respectivamente de su grado de realización o exigibilidad. En especial el tribunal vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de que se adopten las
medidas legales necesarias para que el Estado asuma la carga patrimonial derivada de las insuficiencias financieras de la Seguridad Social financiadas mediante préstamos del Estado por un importe de 3.372 millones de euros. Según la cuenta rendida,
el resultado económico patrimonial de las administraciones públicas estatales fue positivo por 12.088 millones de euros. Según se deduce de las observaciones formuladas por el tribunal, esta resultado se elevaría hasta 12.110 millones. Las
partidas de gasto e ingresos pendientes de aplicar o incorrectamente aplicadas al cierre del ejercicio se cuantifican en términos netos por el tribunal en 4.939 millones de euros y deberán ser soportadas por las cuentas de resultados
económico-patrimoniales de los ejercicios posteriores a 2004. El balance agregado en la
cuenta general de las empresas asciende a 70.487 millones de euros. Su representatividad se ve afectada negativamente por haberse aplicado en su formación, como se ha indicado, el método de agregación de las cuentas individuales, así como
por otras deficiencias en la aplicación de criterios contables. Lo mismo ocurre con la representatividad de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada, cuyo saldo se cuantifica en 3.902 millones de euros de pérdidas. Para finalizar con el análisis
económico-financiero, el balance agregado de la cuenta general de fundaciones asciende a 958 millones de euros, mientras que la cuenta de resultados agregada presenta un excedente positivo de 10 millones.
El tercer gran apartado del informe sobre el examen de la cuenta general del Estado se centra en el análisis de las memorias incluidas en cada una de las tres cuentas integrantes de la cuenta general. Comunmente, la información contenida en
las memorias, a pesar del avance que ha supuesto en esta materia la orden de febrero de 2005 a la que ya se ha hecho referencia, se considera insuficiente para poder conocer y evaluar la actividad económica-financiera del sector público estatal. Al
igual que en ejercicios precedentes, la declaración del tribunal sobre la cuenta general del Estado finaliza con la propuesta a las Cortes Generales de que se inste al Gobierno a que adopte las medidas que sean necesarias para que la cuenta general
y las cuentas que la conforman se ajusten plenamente a la legislación aplicable y a los principios que deben informar su elaboración y rendición, poniendo de manifiesto adecuadamente la situación financiera y patrimonial y los resultados de la
actividad económica del sector público estatal.
El señor PRESIDENTE: Para formular observaciones y aclaraciones al informe, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Quisiera agradecer, en primer lugar, la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas para presentarnos hoy el contenido de la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2004, tras el
examen pormenorizado que ha realizado el Tribunal de Cuentas por delegación de las Cortes Generales, según establece nuestra Constitución en su artículo 136. La función fiscalizadora de la actividad económico-financiera y presupuestaria de todo el
sector público que tiene atribuida el Tribunal de Cuentas encuentra en esta declaración sobre la cuenta general del Estado su máxima expresión, y esto en un doble sentido: por un lado, porque es una función delegada por el propio Parlamento y, por
otro, porque se refiere a la liquidación definitiva de los presupuestos y a la gestión de todo el sector público estatal, tanto del sector público administrativo, como ha dicho el señor presidente, como del empresarial y del fundacional, cerrando de
este modo todo el ciclo presupuestario, constituyéndose en un instrumento eficaz para que desde este Parlamento se pueda controlar la gestión económico-financiera del Ejecutivo. Es un documento necesario para evaluar la eficacia en la elaboración y
ejecución de los presupuestos, así como para analizar la eficacia y eficiencia alcanzadas en la gestión del sector público. El Grupo Popular considera necesario resaltar una vez más el retraso sufrido en el análisis de esta declaración y manifestar
un año más la necesidad de acortar estos plazos, algo que ya se ha recogido en las resoluciones aprobadas por esta Comisión mixta en el análisis de la cuenta general del Estado del ejercicio 2003. Hay una necesidad creciente de acortar los plazos
entre la elaboración y su análisis por esta Comisión, de manera que resulte un instrumento más eficaz para el control del Parlamento de la labor llevada a cabo por el Gobierno. Es una observación que se ha repetido una y otra vez -ya sé que soy
repetitiva, pero es necesario volver a resaltar la necesidad de acortar de esos plazos- y que incluso ha sido recogida en diversas resoluciones adoptadas por esta Comisión, en concreto en la que se aprobó el pasado 5 de diciembre de 2005. Tenemos
que seguir insistiendo en la necesidad de acortar esos plazos, por ello me gustaría hacerle la primera pregunta al señor presidente del Tribunal de Cuentas, sobre si él estima que ha sido suficiente el avance que se ha efectuado durante esta
legislatura -lo digo para poder situarnos respecto a la labor que aún nos queda por hacer-, si ha habido avances significativos en el proceso de elaboración y análisis de la cuenta general del Estado y en acortar estos plazos durante esta
legislatura; me refiero a toda la legislatura para que nos sirva de balance.
Este año nos encontramos con una situación diferente a la de los anteriores. El año 2004 la gestión económica y presupuestaria se llevó a cabo por dos gobiernos de diferente signo político: el Gobierno del Partido Popular elaboró los
presupuestos, pero su ejecución y su gestión económico-financiera correspondió en su mayor parte al Partido Socialista. Por tanto, el análisis de la declaración sobre la cuenta general del Estado permite comparar los resultados obtenidos con la
trayectoria de los ejercicios anteriores. Una de las cuestiones indudables en esta materia es que el Partido Popular puso orden en materia presupuestaria, haciendo presupuestos que se cumplían, transparentes, aprobando la Ley General Presupuestaria
y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y estableciendo elementos importantes para la buena gestión presupuestaria como el Fondo de Contingencias. Una de las principales obligaciones de todo gestor público es la rendición de cuentas, como medio de
control de la eficacia en la gestión económico-financiera y presupuestaria del Ejecutivo. Nosotros, como representantes de los ciudadanos y miembros de este Parlamento, debemos controlar esa gestión del dinero público -esa es nuestra labor y
nuestra obligación- y debemos tener como objetivo la mejora de esa buena gestión del sector público. En esta declaración se pone de manifiesto una vez más -vuelvo a ser reiterativa, porque esta cuestión se ha suscitado año tras año en el análisis
de la cuenta
general del Estado- que sigue existiendo un elevado número de entidades públicas que no han cumplido con la obligación de rendir cuentas o lo han hecho con un retraso considerable respecto a los plazos legalmente establecidos, algo que
resulta más llamativo cada día que pasa cuando dispone de los medios informáticos cada vez más amplios y que facilitan enormemente esta labor. Por eso le dirijo una segunda pregunta al señor presidente del Tribunal de Cuentas: ¿Cree necesario que
se adopten medidas sancionadoras o preventivas bien por este Parlamento o bien por la Intervención General del Estado para que esta obligación se cumpla de una vez de forma adecuada y en plazo? Desde el Grupo Popular debemos reiterar nuevamente
que, pese a que se encuentra ya recogido en la resolución adoptada por esta Comisión en su sesión de 17 de noviembre de 2005, sobre la moción relativa a los procedimientos de formación, alcance y contenido de la cuenta general del Estado y las
posibilidades de su consolidación elaborada por el Tribunal de Cuentas, abogando por la integración y consolidación de las cuentas individuales en una cuenta general única, la cuenta general del Estado que hoy analizamos se ha elaborado -a pesar de
esas resoluciones y como pone de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas en su declaración- mediante la simple agregación de cuentas individuales, sin efectuar los ajustes y eliminaciones que requiere la integración, lo que afecta, evidentemente, a
la representatividad de la cuenta. En los acuerdos adoptados por los plenos del Congreso y del Senado hace ya casi un año respecto a la cuenta general del Estado del año 2003 se insta al Gobierno a adoptar medidas en este sentido y por eso le
pregunto al señor presidente del Tribunal de Cuentas: ¿Es conocedor el Tribunal de Cuentas de las medidas que ha adoptado el Gobierno en el sentido de las resoluciones aprobadas por los plenos del Congreso y del Senado? ¿Sabe si se ha tomado
alguna medida por parte del Gobierno en este sentido?
Como pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas, además de no efectuarse esos ajustes propios de la consolidación evitando duplicidades, hay que añadir la no agregación de determinadas cuentas -que también se pone de manifiesto en la
declaración- bien porque algunas entidades no las han rendido o porque se han elaborado muchos errores en su elaboración o incluso en algunos casos por la incorporación de algunas de ellas que, a pesar de que el informe de auditoría ha sido
negativo, se han agregado a esta cuenta general. Todas estas situaciones son injustificables, desde nuestro punto de vista, en el ámbito público y, por tanto, cada día que pasa y cada año que repetimos este tema se hace más urgente adoptar medidas
correctoras para disponer de una cuenta general del Estado representativa que sirva de instrumento eficaz para analizar y controlar la gestión económico-financiera y presupuestaria del Gobierno.
Otra pregunta que quisiera dirigirle al señor presidente del Tribunal de Cuentas es si considera que estamos ante un ejercicio de transición -si así lo estima quisiera que lo manifestara hoy- y si será posible que en la cuenta general del
Estado del año 2005 pueda analizar el Tribunal de Cuentas unos datos fiables que le permitan obtener conclusiones efectivas para intentar mejorar la gestión del dinero público. Por otro lado, le pido que nos diga qué recomendación nos podría hacer
para que, con las resoluciones que adoptemos en esta Comisión mixta referidas a la cuenta general del Estado del año 2004, aceleremos ese proceso de transición para corregir las carencias y limitaciones de esta cuenta general.
Entrando en el análisis de la liquidación presupuestaria ofrecida por el Tribunal de Cuentas, se observa, en primer lugar, un empeoramiento en el incremento de las modificaciones de los créditos iniciales, que alcanzan, como ha dicho el
presidente del Tribunal de Cuentas, al 5,69 por ciento, frente al 2,08 por ciento del ejercicio anterior, y eso a pesar de las restricciones que en esta área ha establecido la nueva normativa presupuestaria. Sin duda, el rigor presupuestario exige
que la presupuestación inicial sea adecuada, para lo que el ministerio ha de analizar la correspondencia de sus políticas de gasto con las dotaciones presupuestarias y su distribución; rigor que ha de mantenerse en la fase ejecutoria eliminando en
lo posible, y justificando en todo caso, las modificaciones que hayan de efectuarse, así como las vías de financiación de las mismas; una carencia que el tribunal ha acusado en el análisis de la declaración de esta cuenta general del Estado del año
2004. Es preciso reconocer también desde el Grupo Parlamentario Popular que el resultado presupuestario reflejado en cuenta es superior al inicialmente previsto, pero hay que destacar que al final del ejercicio quedan obligaciones pendientes de
imputar a presupuesto por importe de 1.615 millones de euros. Se abre, por tanto, de nuevo en este ámbito otro campo donde la Intervención General deberá intensificar esfuerzos para que el importe de estas obligaciones quede reducido
significativamente en futuros ejercicios. Sorprende que el tribunal manifieste en su declaración que no ha dispuesto de información suficiente sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria, a pesar de que el cumplimiento del principio de
transparencia incorporado por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria a la normativa reguladora de esta materia exige disponer de información suficiente y adecuada para verificar el cumplimiento de este objetivo, tanto en la fase de elaboración
y tramitación de los presupuestos a la que antes he aludido como en la de su liquidación. A este respecto se estima de interés desde nuestro grupo conocer -y sería otra pregunta dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas- qué actuaciones ha
llevado a cabo el Tribunal de Cuentas para poder verificar dicho objetivo que, pese a todas las bondades del sistema económico en el año 2004 -porque, efectivamente, ha habido un aumento significativo de los ingresos presupuestarios,
fundamentalmente vía incremento sustancial de la recaudación tributaria- no llegó a cumplirse en los términos establecidos, si bien con una desviación negativa imperceptible, como ha dicho el presidente del Tribunal de
Cuentas, del 0,12 por ciento del producto interior bruto. El tribunal continúa reiterando un año más la falta de información sobre los presupuestos de los sectores públicos empresarial y fundacional, que los convierte en cifras meramente
orientativas muy alejadas de la realidad y que debería corregirse lo antes posible. Existen en estos sectores desviaciones muy significativas, por lo que le dirigimos otra pregunta desde el Grupo Popular: a su juicio, ¿qué medidas correctoras se
pueden adoptar en estos sectores públicos empresarial y fundacional para que no se repita año tras año esta situación?
Por último, me parece destacable que en el análisis de la situación patrimonial y financiera el tribunal deja constancia de una serie de deficiencias que restan fiabilidad a los saldos presentados. De modo muy acertado el tribunal ha
añadido un nuevo capítulo a sus habituales análisis, y esto es una novedad en la cuenta general del Estado del año 2004 que nos parece encomiable y digna de resaltar, y felicitamos por ello al Tribunal de Cuentas. Es el apartado 7 de la declaración
de la cuenta general emitida por el Tribunal de Cuentas, en el que se efectúa un seguimiento de las principales conclusiones obtenidas en ejercicios anteriores y que se siguen manteniendo al final del ejercicio 2004. Así, se destacan las
discrepancias observadas entre la contabilidad de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado y se insiste en la falta de criterios uniformes en la contabilidad de distintos organismos; la antigüedad de muchas operaciones para las
que el tribunal sugiere que se revise su grado de exigibilidad y de realización; la falta de registro de muchos derechos de la Seguridad Social, tanto en vía voluntaria como con providencia de apremio; la carencia de inventarios adecuadamente
elaborados y actualizados, la insuficiencia de las amortizaciones. Para solucionar algunos de estos problemas el propio Tribunal de Cuentas nos ofrece propuestas alternativas que desde el Grupo Popular analizaremos detalladamente a fin de plantear
las resoluciones que estimemos oportunas con objeto de lograr que la cuenta general del Estado refleje adecuadamente la situación.
Antes de concluir este breve repaso a cuestiones planteadas por el tribunal y de reconocer la colaboración prestada por esta institución, que es muy necesaria para el seguimiento e interpretación de las cuentas públicas por parte de esta
Comisión, es preciso señalar el reducido grado de cumplimiento de muchas de las resoluciones reiteradamente adoptadas por el Congreso y el Senado en relación con la cuenta general del Estado, lo que a nuestro juicio obliga a reconsiderar -como viene
a insinuar el tribunal en el nuevo capítulo mencionado- la fórmula hasta ahora aplicada y quizá efectuar un seguimiento más pormenorizado de las resoluciones tomadas, reclamando que sean debidamente atendidas a fin de que la cuenta general responda
al objetivo que le es propio.
La conclusión al final del examen de la cuenta general de 2004 no puede resultar a estos efectos plenamente satisfactoria, como cabe exigir al sector público, al constatar el elevado número de irregularidades y deficiencias puestas de
manifiesto por el tribunal, si bien es verdad que, como he mencionado, el ejercicio 2004 se puede denominar un ejercicio de transición, puesto que muchas de las resoluciones adoptadas por esta Comisión y por los Plenos del Congreso y del Senado se
han aprobado con posterioridad a la elaboración de esta cuenta. Desde el Grupo Popular felicitamos el compromiso del Tribunal de Cuentas para comprobar el cumplimiento en ejercicios futuros de estas resoluciones.
Eso sin duda ayudará a seguir
avanzando en la labor que es propia de esta Comisión y de este Parlamento, que no es otra que el control económico, financiero y presupuestario de la labor del Gobierno. Por último, las propuestas de resolución que formularemos desde el Grupo
Parlamentario Popular seguirán avanzando en la dirección de lograr una cuenta representativa y sintética que proporcione información suficiente y relevante a esta Cámara y a toda la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz don Francesc Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Quiero dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas esta mañana a la Comisión de Economía. Siempre es motivo de satisfacción cuando llega a esta Comisión una cuenta general, aunque sea la cuenta
general de 2004, porque estamos ante el principio del fin de un ciclo presupuestario, una vez que termine la tramitación parlamentaria en esta Comisión mediante la aprobación del dictamen que formulemos, y en su momento y de manera oportuna,
mediante su aprobación por el Pleno de ambas cámaras, del Congreso y del Senado. También es cierto -y no voy a incidir excesivamente en ello- que esto pone de manifiesto una vez más que entre todos deberíamos hacer un esfuerzo para seguir
insistiendo en la necesaria reducción de los plazos que se tienen en cuenta para poder tramitar esta cuenta general, entre otros motivos para ganar en eficacia e incluso también en actualidad respecto al debate y las propuestas de resolución que
formulemos, lo cual puede ser entendido como una autocrítica con relación a esta Comisión y a esta Cámara. También es verdad que la declaración de la cuenta general del Estado que presenta el Tribunal de Cuentas hace una crítica incisiva respecto a
la extralimitación temporal que lleva a cabo la Intervención General de la Administración del Estado a la hora de confeccionar la cuenta, pero evidentemente esto es en la línea de dotar de mayor calidad y rigor técnico el magnífico trabajo elaborado
por la Intervención General de la Administración del Estado.
Después de esta pequeña introducción me gustaría entrar en el contenido de la cuenta general del Estado 2004, que efectivamente tiene algunas singularidades que merece la pena destacar. La cuenta de 2004 es la primera cuenta que se elabora
de acuerdo con la Ley 43/2003, General Presupuestaria, lo cual implica
entre otras cosas que esté integrada por la cuenta general del sector público administrativo, por la cuenta general del sector público empresarial y por la cuenta general del sector público fundacional, con el contenido que la ley establece
para cada una de estas distintas cuentas. Al mismo tiempo, es la primera en la que se recogen las modificaciones de la Orden de 25 de febrero de 2005 para la confección de esta cuenta general del Estado, lo que ha supuesto que en la memoria de la
cuenta se incluyan una serie de estados de ejecución presupuestaria que completan la información del estado de liquidación agregado sobre modificaciones de crédito, sobre las distintas fases de ejecución presupuestaria, de derechos y obligaciones
pendientes de ejercicios anteriores, de compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, y también de operaciones comerciales. De esta forma se supera en gran medida la principal crítica que venía haciendo el Tribunal de
Cuentas en ejercicios anteriores, tal y como el propio tribunal ha señalado expresamente en la declaración sobre la cuenta que hoy estamos analizando. Se ha realizado un gran esfuerzo, y eso se expresa claramente en la redacción de esa declaración.
En la propia página 9, al inicio de esta declaración, el tribunal afirma que con ello han quedado corregidas en gran parte las insuficiencias de información que a este respecto había reiterado el tribunal en sucesivas declaraciones de la cuenta
general. Y se percibe también por el hecho de que han desaparecido del texto que nos presenta el Tribunal de Cuentas determinadas expresiones que venían apareciendo de manera sucesiva, en forma de encabezamiento e incluso de coletillas, con las que
venía redactándose la declaración de la cuenta general respecto a las llamadas limitaciones y salvedades con las que históricamente se venía presentando la cuenta general del Estado. Eso ha enriquecido, creo yo, la propia declaración sobre esta
cuenta, la ha hecho más ágil, la ha hecho distinta, se percibe la diferencia respecto a anteriores, y eso es en gran medida también como consecuencia del gran esfuerzo que ha llevado a cabo la Intervención General de la Administración del Estado.
Vaya pues por delante la felicitación de este grupo parlamentario hacia esta labor desarrollada por la IGAE en la confección de la cuenta general.
A pesar de ello, es cierto que aún queda mucha tarea por hacer y que el Tribunal de Cuentas sigue manifestando la existencia de insuficiencias en la memoria, entre las que cabe destacar información adecuada y suficiente en relación,
principalmente, al sector público empresarial. En este ámbito, el del sector público empresarial, siempre conflictivo, se reitera la principal crítica histórica que viene haciendo el Tribunal de Cuentas en la medida en que los estados contables se
obtienen mediante el método de agregación y que, con ello, no se han realizado los ajustes y eliminaciones exigidos en un proceso de consolidación. Como consecuencia, se recogen transacciones económico-financieras que se efectúan entre empresas de
un mismo grupo, que tienen una relevancia muy considerable tanto en número como en cuantía, lo que significa una distorsión en gran medida de la información contenida en los estados financieros, y ello afecta también a su representatividad. Ahora
bien, yo creo que en este punto cabe decir -respondiendo a la intervención de la portavoz del Grupo Popular sobre esta cuestión- que la Intervención General de la Administración del Estado se ha comprometido -y creo que a eso obedecía también una de
las preguntas que formulaba la portavoz del Grupo Popular- a que en la cuenta correspondiente a 2005 se vaya a aplicar finalmente el método de consolidación, integrando por primera vez las cuentas consolidadas de los grupos empresariales que estén
obligados a presentarlas. Así lo ha hecho constar la Intervención General de la Administración del Estado en las alegaciones presentadas al informe del Tribunal de Cuentas, y además se han aprobado circulares y directrices para trabajar en esa
dirección, con un gran esfuerzo de la Intervención General de la Administración del Estado que merece la pena destacar, sobre todo sabiendo que estábamos partiendo de cero en esa cuestión, es decir, que no había nada más allá de las indicaciones que
venían formulando tanto el Tribunal de Cuentas como las propuestas de resolución que este Parlamento iba aprobando. Con esa firme voluntad de presentar unas cuentas consolidadas del sector público empresarial para la cuenta general de 2005, creo
que estamos ante las puestas de un escenario que todos estamos deseando desde hacía mucho tiempo. Ahora bien, vayamos por partes en relación con las distintas cuentas generales que constituyen esta declaración.
En cuanto a la situación económico-financiera de la cuenta general del sector público administrativo, se ha comprobado que el resultado económico patrimonial del sector público administrativo fue positivo, y voy a dar las cifras: En 2.001
millones de euros para la Administración General del Estado, en 1.800 millones de euros para los organismos autónomos del Estado, en 8.190 millones de euros para las entidades de la Seguridad Social y en 95 millones de euros para otros organismos
autónomos, lo que suma un total de 12.086 millones de euros. Dicho esto, también cabe señalar que el Tribunal de Cuentas ha cuantificado -y ese es uno de los datos que tiene que añadirse a esta primera cifra de 12.088 millones de euros- en 4.939
millones el importe negativo neto derivado de las operaciones pendientes de regularización y que, en consecuencia, deberá ser soportado por la cuenta del resultado económico-patrimonial de ejercicios posteriores, a los que también efectúa el
Tribunal de Cuentas unos ajustes de 566 millones de euros, que, o bien por retrasos o bien por imprevistos, deberán imputarse a ejercicios posteriores. Eso aparece recogido en el anexo 2.1.5-2 de la declaración sobre esta cuenta general de 2004.
Para que nos hagamos una idea, en ejercicios anteriores esta cantidad venía a ser de un importe de entre 4.000 y 5.000 millones de euros, por lo cual la Intervención General de la Administración del Estado ha hecho un enorme esfuerzo en términos
contables, como también destacaba el Tribunal de Cuentas y
me ha parecido entender que cuestionaba la portavoz del Grupo Popular, y la reducción ha sido considerable. Bien es cierto también que estos datos pueden lucir en buena medida estos buenos resultados como consecuencia del superávit obtenido
por la Seguridad Social, de 8.190 millones de euros.
Por lo que se refiere al sector público empresarial, el balance agregado ascendió al final del ejercicio a un total de 70.487 millones de euros, pero sigue presentando a criterios del tribunal, como ya hemos hecho referencia antes, una
estructura excesivamente abreviada, teniendo en cuenta el número y la magnitud de las entidades públicas incluidas en esta cuenta, aunque efectivamente, como no podía ser de otra manera, son consistentes y por ello se las ha tenido en cuenta. El
resultado de pérdidas y ganancias del sector público empresarial tiene un total de 3.902 millones de euros de pérdidas, frente -y eso sí es importante compararlo de un ejercicio a otro- a unos beneficios de 773 millones de euros obtenidos en el
ejercicio anterior. Entre estas empresas con pérdidas, cabe destacar las pérdidas obtenidas por IZAR, SEPI, Radiotelevisión Española y Hunosa, en otros términos, simplemente hablando de grandes magnitudes.
Finalmente, por lo que se refiere a la cuenta general del sector público fundacional, el balance agregado de las 41 fundaciones integradas en esta cuenta general ascendía a 958 millones de euros, presentando un excedente positivo de 10
millones de euros. El tribunal aprecia en esta cuenta que hay tres fundaciones que no han rendido las cuentas anuales. Eso viene siendo un tópico cuenta general tras cuenta general, incluso una de ellas incumple con esta obligación desde el año
1999. Bien es cierto que esa fundación y otras no han mantenido prácticamente actividad en este ejercicio y su patrimonio también carece de relevancia, pero no deja de ser sospechoso e irregular que algunas fundaciones no cumplan con ese deber.
Simplemente, hay cuatro de ellas que no las presentan dentro del plazo legalmente previsto. Como bien dice el tribunal también, aunque hay aspectos que afectan a su homogeneidad y a su consistencia interna, en general se ha comprobado que la
agregación de esta cuenta efectuada por la IGAE es correcta y coincide con las cuentas individuales rendidas al tribunal. En este punto no le voy a hacer ninguna pregunta al presidente del Tribunal de Cuentas, simplemente le haría una petición que
ya le hemos planteado sobre las anteriores cuentas generales de esta legislatura y que fue objeto de una de las propuestas de resolución aprobadas por esta Comisión a iniciativa de este grupo parlamentario. Me refiero a la idoneidad de poder
disponer de un cuadro comparativo de resultados de la cuenta general del ejercicio en cuestión, donde aparezca el resultado presupuestario fruto de operaciones no financieras, el resultado económico patrimonial y, en caso de que fuera posible, el
resultado de la contabilidad nacional segregado por los distintos ámbitos que conforman esta cuenta general. Es una petición que hemos hecho con anterioridad y que facilita el examen y lectura de esta declaración. La cuenta está llena de anexos
muy útiles, muchos gráficos y muchos datos, pero también es cierto que no se dispone de un cuadro comparativo con resultados globales de grandes magnitudes, y eso requiere un esfuerzo de interpretación, de sumas y restas, como consecuencia de la
aplicación e interpretación de los distintos anexos que el Tribunal adjunta a la declaración que presenta a esta Cámara. Creo que eso resultaría muy útil a este grupo y a todos los otros grupos parlamentarios para tener una imagen global del
resultado total de esta liquidación presupuestaria de la cuenta general.
Dicho esto, uno de los datos más significativos de esta cuenta general es el que se obtiene del análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En efecto, el proceso de elaboración y gestión de los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2004 estuvo, como bien ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, sometido al marco jurídico definido por la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, que en sus artículos 3 a 6 establece que la
actuación de todas las administraciones públicas en materia de política presupuestaria se ha de regir por los siguientes principios generales: estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos. El principio de estabilidad presupuestaria exige que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley se realice bajo unos parámetros de
estabilidad, si bien esta se define de forma distinta dependiendo del régimen presupuestario al que esté sometido cada agente económico. En concordancia con el nuevo marco financiero presupuestario introducido por esta Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, se ha efectuado un análisis del grado de cumplimiento del límite máximo de gastos y del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Cuando antes la portavoz del Grupo Popular decía que esta era una cuenta general de transición creo que se refería, entre otros aspectos, a que el techo de gasto fue fijado por la mayoría del Grupo Popular en su momento y, sin embargo, la
ejecución presupuestaria o una parte de ella más la elaboración de la cuenta general han sido llevadas por un Gobierno posterior. Creo entender que la transitoriedad reside precisamente en esta duplicidad de agentes que han tenido algún tipo de
intervención en esta cuenta general, pero, como le decía, del análisis del grado de cumplimiento del límite de máximo de gastos y del objetivo de estabilidad presupuestaria se desprende que el importe de las obligaciones reconocidas netas -116.076
millones de euros- no superó el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado, fijado por acuerdo del Consejo de Ministros en 117.260 millones de euros. Sin embargo, aunque esa es la afirmación que realiza el tribunal en su
declaración, la conclusión ofrecida por el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado es que el objetivo del equilibrio presupuestario previsto para el ejercicio 2004 no se ha cumplido, habiéndose
registrado, como también nos ha dicho en su primera intervención el presidente del Tribunal de Cuentas, una desviación negativa del 0,12 por ciento del producto interior bruto, que no es menor, aunque la portavoz del Grupo Popular ha dicho
que casi era insignificante. Esa desviación negativa del 0,12 por ciento del PIB, que implica un incumplimiento como consecuencia del objetivo de equilibrio presupuestario, es el resultado de la agregación de un déficit -y quiero insistir en esta
palabra-, un déficit de 9.552 millones de euros, en términos de contabilidad nacional, presentado por la Administración General del Estado, organismos autónomos y otros entes públicos y, por su parte, un superávit de 8.513 millones de euros de las
entidades del sistema de Seguridad Social, frente al respectivo déficit, y superávit, inicialmente previsto de 3.830 millones de euros. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí, con relación a la cuenta general o el resultado económico patrimonial,
el resultado de contabilidad nacional, y el Estado y organismos del sector público administrativo, es una diferencia entre lo que aparece en este resultado económico patrimonial de 3.886 millones y un déficit en términos de contabilidad nacional de
9.552 millones de euros. ¿Cuál es la explicación de esta diferencia sustancial, porque estamos hablando de un déficit del Estado que pone de manifiesto este informe aprobado por la Intervención General de la Administración del Estado que fue
enviado en su momento, como ustedes conocen bien a la Comisión Europea a finales de agosto de 2005? La explicación de esta diferencia no es otra que la aprobación del Real Decreto-ley 7/2004, de 27 de septiembre, con relación a la liquidación
definitiva del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el aval del Estado al préstamo a la República Argentina y el reconocimiento por parte del Estado de la deuda de Renfe.
Eso es lo que en su momento se llamó la operación
Transparencia, una operación que lo que hizo fue aflorar un déficit oculto del Estado que se cifraba, y por eso aparece en este ejercicio 2004 como consecuencia del llevado a cabo por este Real Decreto-ley 7/2004, en 9.552 millones de euros.
Con relación a este asunto, y esta es la segunda observación que le haría al presidente del Tribunal de Cuentas, lo que me ha sorprendido, en parte, es que el Tribunal de Cuentas no se refiera a estas magnitudes en términos absolutos
monetarios en la declaración que presenta a esta Cámara; hasta hace una pequeña mención con relación a la desviación del PIB en el 0,12 que antes citábamos, pero no se refiere a ello y en estas magnitudes hasta las páginas 120 a 130 de la
declaración, que corresponde a un nuevo epígrafe 2.4, relativo al análisis del cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria, tampoco hasta más adelante, hasta la página 108 de la declaración, menciona la ejecución de este Real Decreto-Ley
7/2004. Simplemente hace una referencia muy sucinta, en parte ambigua, al inicio de la presentación de la declaración en la página 13, que a mí me ha dejado alguna duda, sin entrar en mayor detalle, añadiendo como párrafo que el Tribunal de Cuentas
no ha podido constatar su razonabilidad a partir de la información deducida de los estados contables y la documentación complementaria remitida. Es decir, la Intervención General de la Administración del Estado cifra este déficit en 9.552 millones
de euros, pero estas grandes magnitudes no aparecen hasta más adelante en el texto de la declaración. Eso tiene cierta coherencia con la petición que formulaba al principio de que sería muy útil para esta Comisión disponer de este cuadro
comparativo de grandes magnitudes para poder comparar en su totalidad las distintas cifras de esta liquidación presupuestaria. Eso va a comportar, como consecuencia de esta operación de transparencia que hizo aflorar este déficit y que aparece en
esta cuenta general de 2004, que sea mucho más sencillo el análisis de la cuenta general del ejercicio 2005, entre otras cosas porque aquello que atañe a la consolidación de las cuentas del sector público empresarial, a lo que ya hemos hecho
referencia antes, pero también en la medida en que esa va a ser la primera cuenta en que se van a reflejar unos resultados positivos y con superávit, llevados a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por los motivos que he expuesto, por el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Intervención General de la Administración del Estado y por el propio Tribunal de Cuentas, creo que vamos por buen camino. Estamos mejorando los métodos de
contabilidad y la gestión económico-financiera del sector público estatal, mediante la asunción de nuevos compromisos y técnicas contables y mediante la aplicación y puesta en práctica de las recomendaciones y mociones que viene sugiriendo
históricamente el Tribunal de Cuentas como consecuencia de las propuestas de resolución que esta Comisión y el Parlamento ha ido aprobando. Quiero felicitar, una vez más, al presidente por la elaboración de esta cuenta. Sin duda vamos a tener muy
en cuenta las recomendaciones formuladas en la declaración y las sugerencias que tenga a bien sugeriremos en su próxima intervención.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y observaciones que le han sido expuestas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Voy a procurar contestar a las observaciones que se han ido formulando. La primera de ellas es si habido causas en el plazo del examen de la cuenta general. No ha habido cambios
normativos, a pesar de que el tribunal los está solicitando constantemente. El tribunal siempre ha dado prioridad a los trabajos de la cuenta general porque, además, es el único documento que hace por delegación de las Cortes y sabe que tiene que
ser examinado por esta Comisión Mixta antes de pasar al Pleno de las cámaras. Le recuerdo que esta cuenta general fue enviada a esta Comisión Mixta por el Pleno que lo aprobó el 21 de diciembre del año pasado. Es decir, lleva aquí seis meses.
Medidas para que se rindan cuentas. Las hay y el Tribunal las aplica. Al margen de ello, si esta Comisión mixta estima que se necesitan nuevas medidas, se adoptarán. Medidas para llegar a la consolidación. El tribunal ya lo ha dicho en
una moción y no olvidemos que se tiene que atener a una regulación que es la que viene desde el Gobierno y desde estas Cortes. Preguntan si esta era una cuenta de transición. Para el tribunal la transición consiste en que si ha habido dos
gobiernos, se le envían las alegaciones al anterior, pero una de las características es que su trabajo tiene continuidad. Este factor de transición si es ajeno a los procedimientos y las normas es como si no existiera.
Se ha hablado aquí de la transparencia y de la estabilidad. En materia de transparencia, en la elaboración de los presupuestos esta cuenta no trae absolutamente nada. Para ello, tengo que referirme a mi intervención al presentar la cuenta
general del año anterior, cuando dije que se había cambiado el modelo dadas las dificultades que había para analizar, tanto la transparencia en la elaboración como la estabilidad, en un esquema de cuenta general que obedecía a otros esquemas
legales, donde no existía la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y donde esos principios no habían sido incorporados a la Ley General Presupuestaria. Hace algo más de un año ya anuncié aquí que el tribunal iba a hacer una fiscalización de
transparencia en la elaboración de los presupuestos por el procedimiento específico del artículo 12, que además daba más oportunidad, porque es un procedimiento más contradictorio, la cuenta general, y también una fiscalización más específica en lo
que se refiere a la estabilidad. Naturalmente, para aproximar la fiscalización a los actos de gestión, teniendo en cuenta que la transparencia empezaba a regir desde el presupuesto de 2006, es lo que se ha hecho para el presupuesto aprobado para
2006. El resultado de ese trabajo es una comunicación que se ha enviado a las Cortes y ustedes la conocen. Lo único que cabe decir aquí es que hay que tener en cuenta que una comunicación no es un informe en el que se defiende la postura del
tribunal, es simplemente una comunicación. Por eso, la comisión de gobierno elevó un escrito a la Presidencia de esta Comisión poniendo de manifiesto la conveniencia de que cuando nos reunamos -cuanto antes- tratemos el tema de que las
comunicaciones que envía el tribunal sean consideradas como se considera el resultado de cualquier fiscalización.
Esto es por lo que se refiere a la transparencia en la fase de elaboración.
En lo que concierne a la estabilidad, me parece que ya lo han repetido lo suficiente. Lo que hace el tribunal es que ha pedido el informe a la Intervención General de la Administración del Estado, y refleja los resultados de ese informe,
para el que además de pedir el informe ha reclamado también otros datos. Sin embargo, la Intervención General de la Administración del Estado ha incorporado diferentes partidas al resultado ofrecido por la liquidación de esos presupuestos, porque a
partir de la contabilidad pública hay que alcanzar los objetivos en términos de contabilidad nacional. Ahí hace falta efectuar unos ajustes. ¿Qué es lo que dice el Tribunal en este informe? Que está conforme en aquellas cuantías que están basadas
en los registros de la contabilidad pública y que el Tribunal conoce, pero es que la intervención para pasar de la contabilidad pública a la contabilidad nacional se ha basado también en informaciones extracontables, en otro tipo de informaciones.
Entonces el tribunal dice en el informe que la razonabilidad, a partir de estos estados contables y de la información extracontable, no se puede manifestar. Sin embargo, lo que también mantiene el Tribunal en este informe es que en la memoria
reclama más información sobre el cumplimiento de estos principios de estabilidad. Yo no puedo decir otra cosa que lo que dice el tribunal, que, además, por otra parte, ha sido repetida por los portavoces.
En cuanto a presentar cuadros comparativos, hay que tener en cuenta que el informe se refiere a un año. En efecto, ya se ha hablado en esta Comisión de que, si se maneja una cifra, a veces conviene compararla con las del año anterior y que
le es mucho más fácil hacerlo al tribunal que no aquí, sobre la marcha. Les puedo decir que en todas las cuentas, por lo que se refiere al sector público administrativo, traigo las cifras más representativas: por ejemplo, el resultado
presupuestario de la cuenta general, las observaciones que hace el tribunal y el resultado presupuestario que saca el tribunal de un año o de otro; por ejemplo, puedo dar aquí la del año 2004, la del año 2003 y la del año 2002; por ejemplo, los
gastos pendientes de imputar al presupuesto; incluso hay una especie de gráficos. Yo no sé si en lo sucesivo habrá que buscar un sistema, porque, dentro de la cuenta, como se refiere a un año, se puede hacer una pequeña comparación con el año
anterior o con otros, pero la desbordaríamos. En todo caso, yo lo transmitiré, pero si trasciende a otros aspectos, de los cuales el tribunal no tiene información, como puede ser transformar los objetivos en términos de contabilidad nacional, en
contabilidad pública y los de contabilidad pública en contabilidad nacional, para eso necesitamos que se nos dé la información.
Por lo demás, señor presidente, he intentado contestar como he podido con los datos que tengo aquí.
El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado este punto.
Señor Aja, le ruego que asuma la Presidencia porque voy a intervenir en el siguiente punto. (El señor vicepresidente, Aja Mariño, ocupa la Presidencia.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICO Y LOCAL, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000147 y número de expediente Senado 771/000011.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Vamos a asumir temporalmente la Presidencia.
Pasamos al punto 8.º, el segundo de esta comparecencia: Informe de fiscalización de los sectores públicos autonómico y local, ejercicio 2002.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de los sectores públicos autonómico y local del ejercicio 2002, aprobado por el Pleno del tribunal en marzo pasado, contiene la síntesis de los resultados más
relevantes de las fiscalizaciones aprobadas por el Tribunal de Cuentas y por los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Respecto al sector público autonómico sigue siendo una limitación en el proceso de elaboración del informe la
diferente estructura y conformación de las cuentas generales elaboradas por las comunidades autónomas y la ausencia de homogeneidad en la estructura y contenido de los informes anuales de los distintos órganos de control externo de las mismas.
Ambas circunstancias impiden lograr un mayor grado de homogeneidad en la presentación de los resultados, conforme ha solicitado esta Comisión, en la resoluciones de 28 de septiembre de 2004 y 19 de diciembre de 2005. Permanece la imposibilidad de
pronunciarse sobre el grado de eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos al no haberse implantado sistemas de contabilidad analítica ni elaborado memorias sobre el coste y rendimiento de los servicios públicos, así como sobre el
cumplimiento de los objetivos programados.
Por otra parte, el sector público fundacional de competencia autonómica adolece de un marco jurídico completo y homogéneo a la hora de confeccionar y rendir sus cuentas.
Todas las administraciones generales de las comunidades autónomas han rendido sus cuentas en plazo. Del conjunto de las entidades que conforman este sector público han rendido sus cuentas en plazo 664, fuera de él 152, y no han rendido sus
cuentas sesenta y nueve. Además, veinte universidades no rindieron sus cuentas en los plazos previstos legalmente y, de las 191 fundaciones públicas de las que se dispone de información en este ejercicio, no rindieron cuentas veintiocho.
Con la aplicación del nuevo sistema de financiación que entró en vigor el 1 de enero de 2002, las comunidades autónomas se financian en un 70 por ciento con recursos procedentes del mismo. Los recursos propios representan un 14 por ciento y
los procedentes de fuera del sistema un 16 por ciento. El informe señala que las administraciones generales deberían realizar los esfuerzos necesarios tendentes a conseguir que las cifras representativas de los resultados del patrimonio estén en
concordancia con la realidad económico-financiera de cada comunidad, mediante la inclusión de todos los bienes en inventario debidamente valorados y dotados de las amortizaciones correspondientes, además de presentar los saldos de deudores y
acreedores debidamente depurados y de registrar los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago de manera adecuada. En el endeudamiento se aprecian algunos tratamientos indebidos e irregulares debido a que diversas
comunidades autónomas imputan incorrectamente al presupuesto determinadas operaciones de crédito a largo plazo y no imputan al mismo las variaciones netas de las operaciones de endeudamiento a corto plazo. En el ámbito de las subvenciones, se
observan ayudas no justificadas o justificadas deficientemente sin que, en general, se controlen de forma adecuada los procedimientos de reintegro de las que se encuentran sin justificar. La Ley 22/2001, reguladora del Fondo de Compensación
Interterritorial, entró en vigor en el ejercicio fiscalizado con dos innovaciones: la dotación de un fondo complementario para la financiación de los gastos corrientes asociados a la inversión y la inclusión de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla como beneficiarias del fondo. Permanecen las irregularidades detectadas en anteriores informes que hacen referencia a la falta de concreción y definición de los proyectos, reconocimiento de derechos por mayor valor de las solicitudes
presentadas en el ejercicio, ausencia de una contabilidad específica y libramientos de años anteriores pendientes de justificación. Se mantiene de forma generalizada la situación deficitaria de los resultados generados por el sector empresarial
autonómico, cuyas pérdidas agregadas ascendieron en el ejercicio a 2.215 millones de euros. Esta situación conlleva el consiguiente apoyo financiero por parte de las administraciones autonómicas mediante la concesión de subvenciones y ayudas
públicas y el afianzamiento del endeudamiento financiero de las sociedades participadas. En el área de la contratación se han comprobado fraccionamientos indebidos de los contratos, la adjudicación de los contratos por concurso y con preferencia
sobre la subasta y con respecto a la ejecución se detectan frecuentes retrasos, no siempre amparados en la concesión de prórrogas sin imposición de sanciones a los contratistas y modificaciones que no responden a nuevas necesidades.
En cuanto al sector público local, el informe hace referencia a 12.336 entidades locales, así como a 2.878 entes dependientes de las mismas, integrados por organismos autónomos, 1.805, y 1.072 por sociedades mercantiles, en cuyo capital
participan aquéllas total o parcialmente. El grado de cumplimiento de las obligaciones de rendir cuentas en general por los 8.106 ayuntamientos existentes ha sido del 74 por ciento, lo que determina que 2.077 no las rindieran y, de estos, 1.863
eran municipios con población inferior a 5.000 habitantes. El incumplimiento reiterado de la obligación de rendir cuentas durante el periodo 1998-2002 afectó a 2.416 ayuntamientos, siendo especialmente relevante que 823, el 10 por ciento del total
de estos, no presentaron las cuentas en ninguno de los cinco ejercicios. El número de empresas públicas locales creció un 6 por ciento respecto del año anterior, situándose en 1.072. En el País Vasco se localizaron 51 de las nuevas sociedades, lo
que
representa el 50 por ciento del aumento producido. La actividad a la que se dedica la mayor parte de estas empresas, el 37 por ciento del total, es con referencia a la inmobiliaria, seguidas de las empresas dedicadas a las actividades de
promoción y desarrollo económico y de las que prestan servicios culturales y recreativos. En general, las empresas públicas locales y, en concreto, el 71 por ciento de las empresas activas han precisado de un continuo sostenimiento materializado a
través de las subvenciones que ascendieron en el ejercicio a 111,5 millones de euros.
Todas las empresas muestran resultados de explotación negativos que principalmente compensan mediante subvenciones corrientes procedentes del ayuntamiento
titular.
En el área de la contratación permanecen las deficiencias e irregularidades observadas en ejercicios anteriores: ausencia de la justificación de la necesidad de contratación; y declaración de urgencia por el órgano de contratación, sin que
en ningún caso se determinen las causas; deficiencias en los criterios de selección y error de la clasificación de los contratistas; deficiencias en la constitución de las mesas de contratación y en la aplicación de las adjudicaciones realizadas,
así como retrasos en los pagos de las facturas e incumplimiento de los plazos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Nuestra felicitación desde el Grupo Parlamentario Popular al señor presidente del Tribunal de Cuentas y a todos los miembros del mismo, así como a los servicios técnicos por la elaboración de este informe de
fiscalización que, a la vista de las propias palabras del presidente y de lo que se desprende del informe, la verdad es que es complicado llevarlo a cabo y elaborarlo.
Continuando con la argumentación de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el punto anterior, es reiterado el incumplimiento de empresas públicas y de propios ayuntamientos de rendir las cuentas y, por muchos informes y muchas
recomendaciones que el tribunal hace y por muchas resoluciones que aprobamos en estas cámaras, año tras año vemos como el resultado es infructuoso. Mi portavoz le hacía una pregunta, que yo también tenía prevista, sobre si era necesario adoptar
algunas nuevas medidas para forzar a que se presenten las cuentas y el propio tribunal tenga la capacidad de elaborar los informes con todos los datos que son precisos. Voy a ser muy directo porque no creo que este sea un turno para hablar sobre
las cuentas que el propio informe presenta, sino para hacer algunas consideraciones y sobre todo pedir la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas a la vista de su experiencia y del conocimiento de la materia. Hay un dato que sí es relevante
para nosotros y es que el informe se refiere a un incremento del 6 por ciento del sector público local, en concreto, me parece, 1.072 empresas. Me gustaría, relacionado con eso, saber la opinión del presidente, es decir, si considera justificado el
incremento de empresas públicas por la actividad que desarrollen; porque también es significativo, y me gustaría conocer la opinión del presidente, que hayan sido tan contundentes al afirmar que si no fuera por las subvenciones las empresas
públicas estarían absolutamente en una situación de pérdida importante; me parece que es la expresión que utiliza. Esa es una cuestión que preocupa al Grupo Parlamentario Popular y me gustaría saber la opinión del tribunal sobre estas fuertes
pérdidas que las empresas públicas presentarían si no fuera por las que se contraprestan con las subvenciones que reciben.
También me gustaría conocer la opinión del presidente con respecto a la ratio de endeudamiento, que se ha cifrado en un 57 por ciento, si lo considera razonable; si a la vista de los análisis que ustedes tienen de las cuentas de las
empresas consideran que es una cifra asumible o si verdaderamente se encuentra el sector público local en una situación económica y financiera delicada. Hacen una serie de consideraciones sobre la falta de justificación en muchos casos de la
necesidad de contratación del plazo de 30 días de la obra que se fija para que tenga lugar la formalización de los contratos y que se supera ampliamente. En fin, hace una serie de consideraciones y de análisis sobre aspectos de índole
administrativa que son permanente y reiteradamente incumplidos y nos gustaría saber si usted entiende que es necesario llevar a cabo alguna actuación por parte de estas Cámaras o por parte del propio Gobierno para que se cumpla la normativa y más
cuando son empresas públicas que deberían ser las primeras obligadas en el cumplimiento. Respecto a la falta de presentación de las cuentas, hemos visto recomendaciones del propio tribunal que hablaban del apoyo que en muchos casos las diputaciones
provinciales tenían que prestar a los ayuntamientos, sobre todo a los de pequeña población, que lógicamente tienen pocos recursos.
Me gustaría saber si a usted le consta que se esté produciendo una mejora en esa colaboración entre diputaciones y
ayuntamientos para la presentación y rendición de las cuentas anuales.
En cuanto a su intervención, se ha referido a la ausencia de homogeneidad en el sector autonómico. Basándome en su afirmación, le agradecería que nos dijera si considera que se puede articular algún sistema que permita que se homogeneicen
las cuentas de las distintas administraciones autonómicas para facilitar la labor de todos. Es curioso y es un dato significativo lo que usted nos ha dicho, y que se refleja en el informe, que un número muy importante de universidades, -en torno a
20- no haya rendido cuentas. No sabemos si existe algún motivo que lo justifique y que usted pudiera aclararnos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, voy a hacerle una serie de preguntas, pero quiero empezar con una consideración. El informe del año 2001 fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el día 27 de
octubre de 2005, presentado en esta Comisión mixta el día 29 de noviembre y aprobado en las resoluciones de la misma el día 19 de diciembre del año 2005. En la primera resolución se instaba al Tribunal de Cuentas a realizar los trabajos de aprobar
estos informes con una mayor celeridad. Sin embargo, el informe del año 2002 fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el día 29 de marzo de 2007. Es decir que el retraso se aumentó en cinco meses sobre el que había habido en años
anteriores. Por eso, tengo que pedirle, señor presidente, que nos explique cuál es la razón de este mayor retraso, cuando había una resolución de esta Comisión mixta en sentido contrario.
Respecto al sector público autonómico, observamos que, auque no tan acusadamente como en el año 2001, en 2002 se produce un nuevo incremento del número de entidades. El año pasado le hice una pregunta y este año tengo que reiterársela,
porque no me ha sido contestada, y es si el Tribunal de Cuentas tiene previsto hacer o encomendar a los OCEX que hagan una evaluación de la eficacia de la organización decidida por cada comunidad autónoma. Además, del sector público autonómico, me
interesa destacar -y sobre ello formularemos una propuesta de resolución- la existencia de defectos de imputación presupuestaria de recursos del sistema de financiación autonómico. Se reconocen derechos por las comunidades autónomas que aún no han
sido reconocidos como obligaciones por el Estado. Otro hecho también importante a destacar del informe del Tribunal de Cuentas es que el resultado presupuestario negativo invierte la tendencia a crecer con respecto a años anteriores, si bien esto
no se puede predicar del conjunto de todas las comunidades autónomas.
En el informe del año 2001, señor presidente del Tribuna de Cuentas, también le hice dos preguntas que no me contestó y que voy a formulárselas nuevamente. En primer lugar, con relación a la revisión de contratos, los contratos remitidos
por la Comunidad Autónoma de Galicia, respecto al año 2002, a su OCEX ascienden en conjunto a solo 11 millones de euros aproximadamente; los remitidos por la Comunidad Autónoma de La Rioja al Tribunal de Cuentas -obviamente La Rioja es la comunidad
autónoma más pequeña y mucho más pequeña que Galicia- ascienden a casi 145 millones de euros. La pregunta que le hice y que vuelvo a reiterarle es si tiene Galicia una legislación diferente o simplemente es que la Comunidad Autónoma de Galicia, al
menos en el año 2002, cumplía rematadamente mal. La segunda pregunta se refiere a la forma de adjudicación de los contratos. La Comunidad Autónoma de Galicia no tiene un solo contrato adjudicado mediante subasta; algunas otras comunidades, y
destaco por su tamaño Madrid y Cataluña, en el año 2002 tienen un solo contrato adjudicado mediante subasta, por cierto, además uno de ellos de cuantía simbólica. La pregunta que le hacía -se la reitero- es si Galicia, Madrid, Cataluña y alguna
otra comunidad autónoma tienen una legislación diferente o si simplemente pasan de la subasta como forma de adjudicación de los contratos.
En el sector público local, hay que destacar, respecto al ejercicio 2001, que 2002 no ha supuesto ninguna mejora en el cumplimiento de la obligación de presentar cuentas. En 2001 se presentó el 75 por ciento y en 2002 el 74 por ciento; es
decir, ha empeorado algo. En relación con una cuestión que ha señalado antes el portavoz del Grupo Popular, yo sí me quiero referir a la Comunidad Autónoma de Madrid, que sigue siendo la comunidad autónoma con un mayor número de ayuntamientos, el
70 por ciento, que no presentan cuentas; muchos de ellos tienen una escasa población. Quizá la Comunidad de Madrid haya olvidado que tiene que asumir el servicio de asistencia a municipios. Yo quiero preguntarle si la Comunidad de Madrid está
prestando de verdad asistencia a municipios, al haber asumido las funciones de la Diputación Provincial, en este caso, uniprovincial.
Por último, quiero terminar hablando de un tema que cada vez está más de actualidad, por los avances tecnológicos. Me refiero a la presentación electrónica de cuentas. Quiero preguntarle, señor presidente del Tribunal de Cuentas, si el
Tribunal de Cuentas solo o en colaboración con algún OCEX está trabajando para facilitar al sector público, autonómico y local, la telepresentación de sus cuentas. Como sin duda sabe, señor presidente del Tribunal de Cuentas, existe en estos
momentos un estándar en lenguaje XBLR, en el que España ocupa una posición de liderazgo, que podría ser extraordinariamente importante para registrar, almacenar y transmitir la información financiera de los entes que integran el sector público,
autonómico y local. Por eso quiero preguntarle si el Tribunal de Cuentas está trabajando de alguna manera en esto.
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, en cuanto a las observaciones que se han hecho relativas a nuevas medidas para la rendición de cuentas, lo que el tribunal está haciendo son requerimientos,
requerimientos combinatorios, incluso poniendo multas. No hay que olvidar que estamos ante un informe en el que el control también está descentralizado, los órganos de control externo. En nuestra legislación está descentralizado a nivel de
operatividad, es decir, los órganos de control tienen que coordinarse, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para ser más eficaces, pero, aunque estemos en el Parlamento nacional, no se nos escapa que las
tensiones de demanda de legitimidad a veces oscurecen y dificultan un poco la eficacia, porque la coordinación está montada sobre
principios de jerarquía y, cuando se esgrime la legitimidad, se va a la cooperación. Esta es una realidad que en parte justifica estos retrasos, la dificultad de que la estructura y composición de las cuentas generales sean diferentes. Y
no solamente eso, sino también la falta de homogeneidad en la estructura y contenido de los informes que se rinden al tribunal. Por eso se pone esto como una limitación. Se dice que se dé cumplimiento a las resoluciones de la Comisión mixta de
septiembre de 2004 y de diciembre de 2005, que se establezca un contenido común para los informes y que sea posible un análisis y un estudio comparativo; esto como una limitación.
En cuanto a preguntas sobre ratios y sobre razonabilidad, yo tengo que decir lo que dice el informe, porque, si no, estaría exponiendo mi criterio personal y técnico. Me preguntan qué opina el presidente del tribunal sobre las empresas
públicas del ámbito local, aunque también podía decirse del ámbito autonómico. Yo vengo presentando muchos informes y no sería honesto que no contestara esta pregunta en función de los informes que ya se han presentado, que no expresara la opinión
que a mí esto me merece; son informes que han pasado por esta Comisión mixta en diciembre de 2004 y en mayo de 2005. En todos estos informes se reiteraba que las irregularidades y la problemática son comunes a estas sociedades que se crean en los
ayuntamientos. Se decía que los objetivos sociales de estas abarcan servicios que trascienden el ámbito de los servicios municipales y ahora, en estos informes, se está diciendo el porcentaje y el número de ellas que se dedican a temas de tipo
urbanístico e inmobiliario y que su creación y su adquisición no se hace con procedimientos rigurosos. Existe falta de control por parte de los ayuntamientos y, lo que también es muy importante, incide sobre la garantía que tienen que tener los
controles internos dentro de cada ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que estamos en una Comisión que es control externo y los controles externos, si no gozan de buenos controles internos, pierden eficacia, dificultan esta tarea fiscalizadora y
la propia exigencia de responsabilidades contables, penales y de otra naturaleza. Se viene insistiendo en todos estos informes en la necesidad de adecuar la normativa de las sociedades mercantiles locales donde se reduzca ese margen de
discrecionalidad y esa falta de control que les está produciendo una huida del derecho administrativo y de los controles que exigen tener una gestión pautada y adaptar, por tanto, las normas a estas reglas también normales y lógicas de contratación
a los principios de publicidad y concurrencia. El diagnóstico del tribunal en este tema es reiterativo. Recuerdo que en alguna Comisión mixta he dicho ya lo que dice el tribunal y empieza a estar agotado lo que dice nuestra institución. Asimismo,
he hecho alguna reflexión en el sentido de que esto también se traduce en la opinión que se tiene de nuestro tribunal, de una institución sobre la que a veces nos preguntan -incluso consta en el 'Diario de Sesiones'-: ustedes para qué sirven.
Yo no puedo sustraerme a mencionar, porque está latiendo en el informe y alguno de ustedes lo ha dicho, que gracias a los recursos de los ayuntamientos se satisfacen los déficits de estas sociedades. Además, observamos un incremento de
ellas, hay una proliferación de esta especie de fauna de sociedades mercantiles en el ámbito territorial, que además es una imitación de lo que sucedió en un Estado centralizado en donde ya se puso de manifiesto con motivo de la integración de las
deficiencias de todo este sistema y que precisamente en el Estado central se ha ido depurando y se han ido privatizando. Esto se ha clonado, por utilizar esta palabra, en el ámbito autonómico y en el ámbito local y el pronóstico de este presidente,
como el de cualquier doctor, sería que, cuando lo que se clona lleva el germen de lo viejo, está llamado a no durar, por lo menos con criterios de eficacia y de racionalidad, mucho tiempo. Algo así sucede con la oveja Dolly, que se ha clonado, que
el germen no es el adecuado. El tribunal lo viene repitiendo.
El nuevo presidente de esta Comisión mixta me pregunta sobre el retraso.
Es verdad que seguimos con este retraso. Ahora se va a tratar de compensar al hacer una cuenta conjunta 2002-2004, para a ver si a partir de ese momento se soluciona,
pero comprenderá que las dificultades son notorias. Me pregunta si Galicia tiene distintos criterios. Ya se dice en el informe. Cómo no van a diferir incluso en criterios de contratación si están difiriendo en los planes de contabilidad, porque
unos los elaboran con respecto al Plan General de Contabilidad, otros con respecto a un plan que está pendiente de aprobación, otros con respecto al plan del Estado. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid todavía no ha implantado el Plan General de
Contabilidad. No digamos en todos los demás aspectos de contratación, etcétera. Aquí hay una diferenciación de criterios que están muy relacionados con el tema de una gestión descentralizada. En este sentido no tengo información ni puedo
pronunciarme. Si le puedo decir que en materia de presentación electrónica de cuentas se ha avanzado mucho. Ha habido unas reuniones con los OCE e incluso, siendo más o menos adecuada la palabra convenio, con muchos de ellos ya se han hecho
convenios y con otros se está hablando. Hay que tender a facilitar que se rindan las cuentas por estos procedimientos de una manera casi única y que sea dentro de la propia administración donde nos coordinemos.
Lo primero que hay que hacer es dar
facilidades al cuentadante para que rinda las cuentas, porque tampoco esto es ajeno a que, cuando los controles se proliferan, el propio gestor, el propio cuentadante, se sienta un poco acosado y hay que ponerse en su posición, sobre todo en el caso
de las corporaciones locales más pequeñas. Incluso nosotros nos estamos tomando muy en serio la firma electrónica y se están produciendo grandes avances en este ámbito.
El señor VICEPRESIDENTE (Aja Mariño): Acabado este punto, ruego al presidente titular que nuevamente
tome posesión de su lugar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA EN EL PERIODO 2000-2004 EN RELACIÓN CON EL PLAN DIRECTOR DEL PUERTO DE BARCELONA Y DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAN DADO LUGAR A AQUELLAS ACTUACIONES. (Número de expediente Congreso 21/000139 y número de expediente Senado 771/000134.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9 del orden del día: Informe de fiscalización de las principales actuaciones medioambientales realizadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona en el periodo 2000-2004 en relación con el Plan director
del puerto de Barcelona y del proceso de formación y ejecución de los contratos de obra que han dado lugar a aquellas actuaciones. Para presentar el informe tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Pleno del tribunal aprobó en marzo de 2005 la fiscalización de las principales actuaciones medioambientales realizadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona en el periodo
2000-2004 en relación con el Plan director del puerto de Barcelona y del proceso de formalización y ejecución de los contratos de obras que han dado lugar a aquellas actuaciones, realizadas a iniciativa del propio tribunal. El procedimiento de
contratación de las obras se ajustó, con carácter general, a las normas de contratación de Puertos del Estado y de las autoridades portuarias, aunque las modificaciones de los contratos, con frecuencia, no se formalizaron por escrito. Los
expedientes aportados no contienen los antecedentes que permitan conocer el número de ofertas presentadas ni los criterios que fueron determinantes para la adjudicación de los contratos. Los anticipos a los contratistas en concepto de maquinaria,
en la medida en que no se recuperan en el modo y los plazos establecidos en los contratos, supusieron de hecho una fuente de financiación a largo plazo sin interés.
Los anticipos se registraron con mayor valor del valor ejecutado en el inmovilizado
en curso, en lugar de figurar en el activo como derecho de cobro. Con frecuencia se certificaron unidades de obra que no aparecían en las relaciones posteriores, lo que dio lugar a facturaciones mensuales por un importe superior al de la obra
realmente ejecutada, aunque luego se regularizaban en facturas posteriores y al finalizar la obra.
La Autoridad Portuaria había iniciado y concluido antes de la declaración del impacto ambiental del Plan director del puerto algunas de las actuaciones que fueron consideradas de forma independiente y aprobadas sin haberse llevado a cabo
ninguna tramitación previa ante el órgano competente en materia ambiental. No obstante, algunos de estos proyectos fueron acompañados de estudios ambientales que describían los principales impactos negativos y proponían medidas correctoras, aunque
la Autoridad Portuaria no desarrolló los correspondientes programas de vigilancia ambiental ni realizó ningún seguimiento o control ambiental para estas obras. Pese a que en el pliego de bases para la contratación de la dirección ambiental de la
obra no se autorizaba la extensión de su objeto para otras obras de la ampliación del puerto de Barcelona, distintas de las expresamente citadas en él, la Autoridad Portuaria amplió el objeto del contrato de la dirección ambiental a las obras del
muelle Prat, fase I. Además, la Unión Temporal de Empresas adjudicataria ejerció la dirección ambiental de otras obras de ampliación del puerto de Barcelona sin que se formalizaran nuevos contratos por escrito. La Autoridad Portuaria no utilizó un
criterio uniforme para la activación de los gastos ambientales imputables a las obras, ya que, aunque activó los derivados de contratos de asistencia técnica por redacción de proyectos o los visados, no consideró activables los gastos de los
estudios ni de los informes ambientales. El coste de las medidas correctoras en la línea de costa se registró considerando como inmovilizado propio los gastos derivados de una serie de actuaciones ambientales impuestas por la declaración de impacto
ambiental, que tienen carácter compensatorio por los daños irreparables causados al ambiente, sin que la titularidad de la inversión la ostente la Autoridad Portuaria de Barcelona. A 31 de diciembre de 2004, el importe de los gastos que se habían
activado indebidamente y que debieron aplicarse a la cuenta de resultados, para constituir una provisión con el objeto de hacer frente a las medidas compensatorias impuestas por la declaración de impacto ambiental referidos, a la protección de la
línea de la costa, ascendía a 20,9 millones de euros. El tribunal recomienda fundamentalmente promover mayor concurrencia en la contratación de estudios ambientales de esta autoridad, recuperar los anticipos, realizar con mayor precisión las
certificaciones de obra, efectuar el seguimiento de los programas de vigilancia y llevar una adecuada contabilidad de costes.
El señor PRESIDENTE: Para formular observaciones y preguntas al presidente del Tribunal de Cuentas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su informe, que tengo que señalar que al Grupo Popular le sugiere algunas cuestiones a las que luego haré referencia; también alguna consideración. Es
un informe que consideramos importante, aunque también es verdad que parece que se establecen criterios contables traspasados al
medio ambiente. En primer lugar, no alcanzamos a comprender bien por qué se efectúa esta fiscalización de las actuaciones medioambientales. El título de la actuación debería referirse no solamente a las actuaciones medioambientales, sino
también a las obras que han dado lugar a las actuaciones del Plan director del puerto de Barcelona, pero la referencia que encontramos es a temas medioambientales, lo que genera cierta incertidumbre, por cuanto nos ha parecido que las alegaciones
contundentes y serias efectuadas por los nuevos gestores de la Autoridad Portuaria de Barcelona no han sido en absoluto tenidas en cuenta a la hora de modificar las conclusiones provisionales que se habían hecho en el primer informe. Esta es una
cuestión que hemos encontrado en casi todos los expedientes de fiscalización. Si el Tribunal de Cuentas no va a hacer caso a ninguna de las alegaciones, en este caso contundentes y convincentes, que se hacían sobre la valoración provisional del
propio tribunal, deberíamos pasar a un solo informe. La Autoridad Portuaria se ha esforzado no solo en justificar sino también en dar cumplida cuenta de las decisiones que ha tomado en un tema tan difícilmente asumible en rubros contables como es
el medioambiental. Se trata de decisiones de carácter dinámico, puesto que tienen que tomarse sobre situaciones que se van produciendo en el día a día y que son difíciles de prever e imposibles de valorar desde la perspectiva estática del análisis
al que está acostumbrado el Tribunal de Cuentas. Es un informe que creemos que se aleja de lo que debía ser el objeto propiamente dicho de una fiscalización medioambiental, que no contable.
A mi grupo parlamentario, señor presidente, se le plantean algunas cuestiones que le voy a formular a modo de preguntas. ¿El Tribunal de Cuentas ha solicitado informe a la Comisión mixta de seguimiento y control ambiental creada
expresamente para el seguimiento de la adecuación de las actuaciones que ha llevado a cabo la Autoridad Portuaria de Barcelona? En la Comisión mixta, que se creó como consecuencia de la declaración de impacto ambiental, se integran entidades y
organismos administrativos que, de suyo, tienen competencias medioambientales. ¿Se ha solicitado el informe de esos organismos que se han integrado en ella para valorar si las actuaciones de la Autoridad Portuaria, que es la única que se somete a
esta fiscalización, han tenido el respaldo suficiente?
En las conclusiones hay también algunas cuestiones que nos extrañan, entre ellas la no admisión de las actas en soporte no físico, distinto del papel, porque todo lo que tiene soporte es, de alguna manera, físico. En un momento en el que,
como usted acaba de señalar, se presentan cuentas vía electrónica y se admite la firma, las justificaciones y explicaciones que ha dado la Autoridad Portuaria en cuanto a que la redacción inmediata de las actas de las comisiones, la abundancia de
documentación y el soporte informático de esas actas distribuidas entre todos los miembros no tienen las garantías suficientes, se contradicen no solamente con su afirmación sino con el devenir de los hechos. Este diputado se pregunta qué va a
pensar el Tribunal de Cuentas cuando dentro de unos pocos meses en el Congreso de los Diputados no exista papel, como nos ha prometido el presidente del Congreso de los Diputados, y nos movamos vía informática o electrónica. ¿Vamos a perder la
seguridad y las garantías de la documentación y de todo lo tratado en el Congreso a los ojos del Tribunal de Cuentas porque desaparezca el papel en nuestras tramitaciones, que es en definitiva lo que se ha hecho en las actuaciones de la Comisión
mixta de seguimiento y control de Barcelona? Nos preocupa esta cuestión.
Señor presidente, ¿en qué norma se basa el Tribunal de Cuentas para considerar indebidamente activados los gastos medioambientales a pesar de que el artículo 50 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina
mercante, el manual de tratamiento contable de los activos materiales del sistema portuario, el Plan General de Contabilidad, en su apartado 2, inmovilizado material, aprobado por Real Decreto 1643/1990 y el boletín número 49 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicado en marzo de 2002 señalan, de acuerdo con el manual de tratamiento de activos portuarios en su sección cuarta, que el coste de estas inversiones será capitalizable y, por tanto, se incorporará al activo
de la Autoridad Portuaria con mayor valor del mismo? Como se dice en el propio informe estamos hablando de unas inversiones compensatorias de los beneficios que a la Autoridad Portuaria le reporta la ejecución de las obras, que están amparadas en
esa declaración de impacto ambiental y que justifican ese tipo de inversiones. La justificación de la Autoridad Portuaria es suficientemente contundente.
Señor presidente, se critican los anticipos de algunas cantidades referidas a maquinaria pesada. ¿Ha tenido en cuenta el tribunal (o no lo tiene que tener, en cuyo caso estamos en una auditoria contable, no en una auditoria medioambiental)
la dificultad de movimiento, el carácter de auxilio de otras empresas a la hora de concluir sobre estos anticipos de maquinaria y señalar que no se han devuelto suficientemente durante la ejecución de la obra, que es lo que sí se ha hecho? Nos
parece -y esa es otra de las cuestiones- que las alegaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona no tienen ninguna fiabilidad para el Tribunal de Cuentas. Nos da la sensación de que ustedes no se fían de la Autoridad Portuaria de Barcelona y si
eso fuera así, deberían realizar otras actuaciones. A pesar de unas conclusiones tan contundentes no hemos apreciado ninguna conclusión, ni por supuesto recomendación, en la que se diga que hay un deterioro del medio ambiente. Yo le pregunto: ¿Se
ha producido o no un deterioro? Si estamos hablando de una evaluación medioambiental tendríamos que saberlo, sobre todo para justificar las recomendaciones, porque si no, como este grupo parlamentario piensa, los métodos utilizados para la
evaluación medioambiental han sido distintos de las cuestiones medioambientales. Señor presidente -y con esto termino-, se pone especial énfasis en su conclusión
quinta, en las posibles afecciones de la población del chorlitejo patinegro y resulta que luego no apreciamos que la población de esta especie avícola haya sufrido perjuicio alguno por la posterior realización de una obra, como en este caso
es la playa artificial que estaba justificada en la declaración de impacto ambiental y que en el momento de su ejecución estaba justificado suficientemente en las conclusiones. Apreciamos que la cuestiones medioambientales señaladas en su informe
han tenido cumplida respuesta en la Autoridad Portuaria de Barcelona. Es una cuestión compleja que no responde a planteamientos matemáticos de dos y dos son cuatro sino bastante distintos y no parece que haya habido perjuicio económico ni el que
parece más importante, medioambiental. Señor presidente, dentro de la información de la que disponga en este momento me gustaría que respondiera a estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Me gustaría empezar mi intervención en relación con este informe de fiscalización haciendo un poco de memoria histórica y recordando que ya vimos en esta Comisión, en el año 2005, un informe de fiscalización con un
objeto similar al de hoy, relativo a las obligaciones legales relacionadas con el impacto ambiental en las obras promovidas por las empresas estatales, fiscalización que se circunscribió al periodo 1998-2002. En esa ocasión nuestro grupo manifestó
-como también lo he hecho yo en otras ocasiones- que es bueno que el control externo del gasto público vaya avanzando en este tipo de controles de eficacia y eficiencia en la gestión de la Administración pública y que, por lo tanto, vaya avanzando
en otros ámbitos como el control de temas medioambientales, una vez que -lo podemos afirmar con toda seguridad y orgullo- que el control de legalidad y contable está afianzado en nuestra democracia. Es cierto que ello debe conllevar el
establecimiento de unas determinadas garantías y unos requisitos de especialización en la elaboración de este tipo de informes de fiscalización. En relación con ese informe esta Comisión aprobó en su momento cinco propuestas de resolución en este
ámbito, al cual después me referiré en otra parte de mi intervención.
Quisiera hacerle una pregunta formal en relación con el alcance y el objeto de la fiscalización. El Puerto Autónomo de Barcelona -el ente fiscalizado en este informe- alega que inicialmente la fiscalización obedecía a la denominación de
fiscalización de las principales actuaciones medioambientales realizadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona en relación con el Plan director del Puerto de Barcelona y que no fue hasta después cuando se extendió la fiscalización que se tenía que
llevar a cabo al proceso de formalización y ejecución de los contratos de obras. Me gustaría saber si efectivamente se ha producido una modificación de ese objeto de fiscalización -entre otras cosas, porque este informe se lleva a cabo como
consecuencia de la iniciativa fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, como reconoce la ley-, y en caso de que eso haya sido así, cuáles han sido los motivos que en su momento provocaron esa extensión del ámbito material del objeto de fiscalización
por parte del Tribunal de Cuentas.
Después de esta pequeña introducción me gustaría entrar en el contenido del informe. Las obras de construcción de nuevos puertos, así como la realización de nuevas obras de infraestructura y ampliación o mejora de puertos ya existentes que
modifiquen sustancialmente la configuración y los límites exteriores de los puertos han de contar con sus respectivos proyectos y estudios de impacto ambiental que deben ser sometidos a procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En términos
generales, las obras que pueden tener efectos adversos en el medio ambiente son, como bien define el Tribunal de Cuentas en la página 6 del informe: los accesos marítimos, que incluyen los dragados de primer establecimiento; los puentes de
fábrica; esclusas y puentes metálicos; las obras permanentes de encauzamiento y defensa de márgenes; las obras de abrigo y mejora, como diques y dragados de primer establecimiento y boyas de amarre; las obras de atraque, que comprenden muelles
de fábrica, de hormigón y metálicos, y las instalaciones para reparaciones de barcos como diques secos, varaderos y diques flotantes.
Señorías, el proyecto de ampliación del Puerto de Barcelona es una de las apuestas de mayor calado en materia de infraestructuras en que está inmerso actualmente el Estado español. Constituía un proyecto que podríamos llamar excepcional por
lo que representa de inversión económica y de recursos humanos, por la multiplicidad de actores públicos y privados involucrados en su diseño y ejecución, y también por el tiempo en que transcurre este proyecto de tan gran envergadura. Pero este
proyecto de ampliación del Puerto de Barcelona es también excepcional en términos ambientales. Ello es así tanto por lo que respecta a los impactos considerados en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental formal que ha acompañado su
gestación, como por la forma en que se está gestionando el seguimiento y control ambiental durante el día a día de la ejecución de las diversas infraestructuras. La trascendencia y magnitud de los impactos ambientales detectados y compensados a
partir del proyecto de ampliación del Puerto de Barcelona es sobradamente conocida por el portavoz del Grupo Popular que ha intervenido antes y por el Tribunal de Cuentas, pero también lo es el particular celo con el que la Autoridad Portuaria de
Barcelona está llevando a cabo el seguimiento ambiental de las obras en el marco de la comisión mixta creada al efecto, a la cual ya se han referido los portavoces que han hablado anteriormente, en un contexto de innovación y de duda al que en
ocasiones aboca la declaración de impacto ambiental en tanto que instrumento singular y dinámico que ha de servir a una ampliación portuaria que integra múltiples
proyectos y que se dilata en el tiempo desde 1997 hasta 2011.
La Autoridad Portuaria entiende -y así se aprecia también en las alegaciones que ha presentado- que la totalidad de mandatos que impone la legislación ambiental vigente y la declaración de impacto ambiental han sido cumplimentados y que son
atendidas las diversas necesidades impuestas por las administraciones ambientales. En todas las ocasiones -y así lo expone en las alegaciones el Puerto de Barcelona como ente fiscalizado; valga señalar, tal como lo ha recordado el portavoz del
Grupo Popular, que las alegaciones las formula el nuevo presidente del Puerto de Barcelona-, en que los aspectos ambientales que acompañan a la ampliación portuaria han sido cuestionados ante la Comisión Europea, con ocasión de la financiación vía
fondos de Cohesión o vía BEI, en el contexto de relaciones frente a administraciones públicas con distinto signo político y del ámbito local, autonómico y estatal, la actuación de la Autoridad Portuaria de Barcelona en materia medioambiental ha
resultado especialmente adecuada y ajustada a derecho.
Señor presidente, yo creo que las cosas en el Puerto Autónomo de Barcelona se están haciendo razonablemente bien. No hay desviaciones presupuestarias significativas, a diferencia de otras desviaciones que sí ha habido en otras
infraestructuras importantes y que ya hemos visto en esta Comisión como consecuencia de otros informes de fiscalización presentados por el Tribunal de Cuentas -por ejemplo, Barajas, dicho sea de paso, que tenemos muy reciente-; la contratación,
como bien ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, se ajusta en términos generales a la ley; se crea la comisión mixta de seguimiento y control ambiental de las obras de ampliación a la que hace referencia la declaración de impacto
ambiental. Reitero que las cosas se están haciendo razonablemente bien teniendo en cuenta la envergadura de las obras que se están llevando a cabo. Como consecuencia del contenido del informe y de las alegaciones presentadas por la Autoridad
Portuaria, voy a formularle unas preguntas, algunas de las cuales coinciden -sin que sirva de precedente- con las que ha formulado el portavoz del Grupo Popular señor Ayala.
En primer lugar, me gustaría saber, en la medida en que sea posible y refiriéndome a aquello que le he dicho al principio de mi intervención, si el Tribunal de Cuentas ha detectado en esta fiscalización algún incumplimiento de las
resoluciones aprobadas por esta Comisión el 27 de septiembre de 2005 como consecuencia de aquella fiscalización más genérica sobre cuestiones medioambientales, porque entraron en vigor, son mandatos claros dirigidos a la Administración pública, por
lo que deben ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Cuentas en las fiscalizaciones que se lleven a cabo con posterioridad a las examinadas en esta Comisión.
En segundo lugar, quisiera preguntarle -y ahí coincido con una pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Popular- si el Tribunal de Cuentas llega a la conclusión (porque no parece claro después del análisis efectuado) de que se haya
producido algún daño medioambiental como consecuencia de la gran envergadura de las obras que se están llevando a cabo en el Puerto de Barcelona. En relación con esta pregunta y muy vinculado también a mi primera reflexión genérica sobre la
voluntad del Tribunal de Cuentas de avanzar hacia este tipo de fiscalizaciones, puesto que el informe se refiere a aspectos ambientales de la Autoridad Portuaria, me gustaría saber si el equipo fiscalizador del Tribunal de Cuentas contó en algún
momento con asesoramiento técnicamente especializado desde el punto de vista medioambiental; es decir, si en el equipo de fiscalización desplazado a la Autoridad Portuaria, o más adelante, se incluye a alguna persona experta en cuestiones
medioambientales.
Finalmente -aquí también voy a coincidir con una pregunta hecha con anterioridad-, en relación con la contabilidad llevada a cabo por la Autoridad Portuaria de Barcelona, el Tribunal de Cuentas formula dos recomendaciones importantes sobre
la necesidad de llevar una contabilidad de costes detallada que permita determinar con exactitud los gastos ambientales y de otra naturaleza derivados de cada actuación, así como la necesidad de aplicar un criterio uniforme para el registro contable
de los gastos derivados de contratos de asistencia técnica en materia ambiental. Esta Comisión va a tomar buena nota de esta recomendación porque podría favorecer el que se llevase a cabo una contabilidad analítica, aunque como bien sabe el señor
presidente este aspecto no esté expresamente exigido en la legislación ambiental ni en la legislación sectorial aplicable a la Administración estatal portuaria. Tales circunstancias quizás aconsejen que este tipo de prescripciones, en caso de que
sean necesarias, sean exigibles y aplicables al sector portuario español, a todo el sector público potencialmente afectado. Quizás debería ser una recomendación extensible a todo el sector portuario y no exclusivamente a la Autoridad Portuaria de
Barcelona. En la medida en que se pudiese clarificar, en función de esas recomendaciones, ello contribuiría a dotar de mayor seguridad jurídica a los puertos, y en este caso al de Barcelona, que, atendiendo a las alegaciones presentadas, parece
haber actuado conforme a la ley y a los criterios de contabilidad legalmente establecidos y de acuerdo con ellos celebra sus contratos y presenta sus cuentas. Le pido una aclaración sobre cuál es la legislación aplicable que atañe a la
Administración portuaria estatal. En función de esta reflexión, mi grupo va a tomar en cuenta esa recomendación, no solamente aplicable para el caso del Puerto de Barcelona sino, si fuera oportuno, para el conjunto de la Administración portuaria
estatal.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las observaciones tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, hay unas observaciones comunes sobre el alcance de la fiscalización. El Pleno ha aprobado unas directrices técnicas para hacer una fiscalización, cuyo objeto
aparece en la página 1 del informe, y a partir de este momento eso es lo que se está haciendo.
Respecto a las alegaciones, se reitera lo mismo: se le escucha al cuentadante y al fiscalizado. ¡Cómo no va a tener fiabilidad para el tribunal el fiscalizado! Lo que sucede es que no se está de acuerdo con sus opiniones. Supóngase que el
fiscalizado le pide un informe de la asesoría jurídica. ¿Por qué el tribunal va a coincidir con esa asesoría jurídica? Es un procedimiento contradictorio y lo que vale es la palabra última del tribunal. Yo vengo a presentar aquí lo que dice el
tribunal y no a pronunciarme sobre si el tribunal da fiabilidad o no al alegante o si tiene o no en cuenta lo que éste dice. Esto es lo que dice el informe y lo que yo presento. Todo lo demás supone querer examinar al tribunal, cosa que me parece
muy bien, aunque tengo que reconocer que yo ya estoy un poco viejo para que se me examine a mí mismo.
En cuanto a los datos de la comisión de seguimiento, los tiene el fiscalizado y, por tanto, los habrá tenido en cuenta el ponente, el que ha hecho la fiscalización. Quizá esos informes estén en el departamento.
Si se tiene en interés por
ellos, se pueden pedir. Por lo que se refiere a las actas, estamos cuestionando el tema electrónico. Lo que se dice en las páginas 170 y 171 del informe es que no hay constancia de los acuerdos, informaciones verbales a las que se refieren esas
páginas. Por supuesto los métodos electrónicos son válidos, pero para eso tienen que estar reconocidos. No es este el caso, porque en el cuerpo del informe se van citando. Activación de gastos. Me parece que en la página 170 ó 173 del informe se
dice que no se utilizaron criterios uniformes; no se activaron los derivados de las asistencias técnicas; se consideró indebidamente el inmovilizado propio, cuando se iban cargando a un inmovilizado que no era propio y debieran dotarse provisiones
para posibles daños irreparables.
En cuanto a la maquinaria, lo que dice el Tribunal de Cuentas es que ha sido una fuente de financiación con cargo sin interés. El informe del Tribunal habla de recuperar en modo y plazos estos anticipos. Me piden que me pronuncie sobre si
ha habido daños ambientales. Yo no puedo trascender lo que dice el informe. No se cumplieron las medidas de protección de la avifauna, como dice el informe en la página 172: se vio amenazado gravemente el hábitat del chorlitejo patinegro. ¿Se
van a hacer de cara al futuro estas auditorías e informes? Yo asisto a muchos coloquios internacionales y es algo que todos los países se están tomando muy en serio. Aquí viene uno con un informe y parece como si hubiera que estar pidiendo cuentas
al Tribunal de Cuentas de por qué se ha metido aquí y hasta dónde llegó. Se podrá decir que habrá que mejorar o hacer de otra forma el informe.
En cuanto a las demás conclusiones, lo he explicado ya. ¡Claro que debería avanzarse en este tipo de fiscalizaciones! Me preguntan si se han detectado grandes avances con relación a un acuerdo de la Comisión Mixta que se tomó con carácter
general. No tengo aquí información para comparar lo que dijo la Comisión Mixta con lo que dice este informe. Por otra parte, en mi lectura empecé diciendo que el procedimiento de contratación de las obras se ajustó con carácter general a las
normas de contratación de los puertos del Estado y de las autoridades portuarias, aunque las modificaciones de los contratos con frecuencia no se formalizaron por escrito. Es la primera introducción que se hace, diciendo que la contratación en
general ha sido algo normal. ¿Que no se distingue bien si es un informe sobre actuaciones medioambientales o contractuales? Es que están relacionadas. En este ámbito de las auditorías medioambientales hay todavía mucho que recorrer y yo lo veo en
las reuniones internacionales.
Se me ha preguntado si se han utilizado medios o informes técnicos. Lo desconozco, quien lo sabe es el ponente, pero lo más seguro es que se haya informado adecuadamente para reflejar lo que se contiene en el
informe.
No tengo muchas más cosas que contestar, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, EJERCICIO 2004.
(Número de expediente Congreso 251/000124 y número de expediente Senado 771/000120.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día: Informe de fiscalización del Consejo Económico y Social, ejercicio 2004. Para la presentación del informe tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización del Consejo Económico y Social, ejercicio 2004, ha sido aprobado en septiembre de 2006 y fue promovido a instancia del tribunal.
Las cuentas anuales
reflejan la imagen fiel, sin perjuicio de las observaciones que merecen algunos aspectos que se detallan en el informe.
El sistema de control interno resulta adecuado, excepto por la llevanza manual de los libros auxiliares de las cuentas
registradas de tesorería.
El edificio donde se ubica la sede es utilizado sin que conste la cesión o adscripción por parte de la Administración General del Estado, por lo que se recomienda estudiar la posibilidad de una cesión formal. El informe
destaca el elevado saldo en tesorería, con una reducida retribución, por lo que se recomienda la elaboración de un plan de tesorería para optimizar la gestión de excedentes. La gestión de personal se ha considerado correcta en todos los aspectos
examinados. Las compensaciones por los gastos de alojamiento de los consejeros residentes fuera de Madrid
por la existencia de reuniones del consejo supera en ocasiones el importe máximo fijado en la normativa. Se han detectado deficiencias en la justificación de las subvenciones otorgadas a grupos y organizaciones representadas en el consejo,
así como en las becas concedidas. La relación de contratos enviada al tribunal era incompleta. Los resultados de la fiscalización en esta materia se han incorporado al informe especial sobre la contratación de las entidades del sector público
estatal. La planificación no se basa en una adecuada definición de objetivos indicadores, lo que dificulta el seguimiento y evaluación de la ejecución , por lo que se pronuncia el tribunal sobre unas recomendaciones para su mejora.
El señor PRESIDENTE: Para la formulación de preguntas y observaciones al presidente del tribunal tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Voy a intentar ser muy breve dado lo avanzado de la hora. Comienzo mi intervención diciendo que nos parece muy acertado efectuar este informe de fiscalización del Consejo Económico y Social porque, como pone de
manifiesto el señor presidente del Tribunal de Cuentas, es una entidad que nunca había sido objeto de una fiscalización específica. Por tanto, nos parece que es muy importante y tiene gran relevancia hacer una revisión de sus procedimientos de
gestión. Analizar estos procedimientos de gestión interna, el cumplimiento de la normativa que le es aplicable y las cuentas anuales que rinde este organismo público nos parece un acierto que implicará, sin duda, que esta Comisión mixta adopte las
resoluciones que redunden en el mejor funcionamiento de esta entidad. El Consejo Económico y Social es un organismo de derecho público y tanto en materia presupuestaria como contable y en materia de contratación se rige por la Ley General
Presupuestaria, por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y por el Plan General de Contabilidad Pública. Siendo, por tanto, la primera vez que se efectúa una fiscalización específica de esta entidad, me gustaría preguntarle si el
Tribunal de Cuentas ha encontrado a lo largo del proceso fiscalizador algún tipo de responsabilidad contable. Por otro lado, forman parte del Consejo Económico y Social, como pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe, tres grupos
representativos de sectores socioeconómicos muy importantes, lo que revela la importancia del buen funcionamiento de este organismo, que, por otro lado, actúa como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral y emite dictámenes
sobre la normativa que en materia economicolaboral pretende aprobar el Gobierno.
Respecto a las conclusiones extraídas me gustaría resaltar las siguientes.
En cuanto a los procedimientos internos utilizados para la gestión de gastos y selección del personal, son los establecidos por la normativa que le es aplicable y,
por tanto, el tribunal los considera correctos y adecuados. Las cuentas anuales del año 2004 del Consejo Económico y Social reflejan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, del resultado de sus operaciones y de la
ejecución del presupuesto. Pone de manifiesto también el tribunal que la titularidad del edificio en que el Consejo Económico y Social desarrolla su actividad corresponde al Estado, sin que hasta la fecha haya sido cedido formalmente. Por otro
lado me gustaría también resaltar que en cuanto a los gastos de la cuenta de resultados la mayor cuantía se refiere a los gastos de personal, poniendo de manifiesto el Tribunal de Cuentas que los criterios y procesos de selección cumplen con la
normativa aplicable, así como sus retribuciones. Los pagos correspondientes a las compensaciones económicas a los consejeros por asistencia a plenos o comisiones se ajustaron a lo establecido por la normativa, según establece en su informe el
tribunal. Sin embargo, se pone de manifiesto que los pagos por manutención y alojamiento de los consejeros residentes fuera de Madrid por asistencia a las reuniones del Consejo Económico y Social han rebasado en algunos casos los importes fijados
por la normativa aplicable, habiéndose pagado la mayor parte de las veces los gastos realmente satisfechos sin tener en cuenta los citados límites. Queremos manifestar desde el Grupo Parlamentario Popular que nos extraña que a pesar de que el
tribunal ha incluído este aspecto entre sus conclusiones, luego no parece hacer ninguna recomendación al respecto. No sabemos si esto se debe a la poca importancia cuantitativa del exceso de esas dietas respecto a los límites legalmente
establecidos, que son 2.500 euros, cantidad no muy significativa, y le quiero preguntar al señor presidente si por ello no ha sido incluida ninguna recomendación al respecto y si sabe el señor presidente del Tribunal del Cuentas si se han tomado
medidas tendentes a corregir esos excesos en los límites de las dietas.
Por último, la irregularidad más destacable que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas se refiere a las compensaciones económicas o subvenciones destinadas a los grupos y organizaciones representados en el Consejo Económico y Social,
donde el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas deficiencias relativas a la justificación concreta del gasto realizado con cargo a esas cantidades recibidas, no quedando acreditada, a juicio del Tribunal de Cuentas, la relación de esos gastos
con las actividades realizadas por esos grupos para el Consejo Económico y Social. Esto fue origen en su momento de ciertas filtraciones a los medios de comunicación y se magnificó, a nuestro juicio, el tema controvertido al hablarse de una
desviación por parte del Consejo Económico y Social de 900.000 euros. Quiero aprovechar esta circunstancia para manifestar hoy aquí mi extrañeza de que esas conclusiones lleguen en ocasiones antes a la prensa que a esta Comisión, que es la que
tiene atribuida la competencia para extraer las conclusiones pertinentes y formular las recomendaciones y resoluciones que estimemos oportunas, todo ello con el único fin de mejorar el funcionamiento del sector público, es decir, mejorar el
servicio público a los ciudadanos. Por ello, nuestro grupo hará las recomendaciones oportunas una vez que analicemos y debatamos con rigor el informe, pero no antes, pues de lo contrario podemos llegar a conclusiones precipitadas. Sí me
gustaría aclarar en este punto, y es mi última pregunta al señor presidente, si en la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas se ha comprobado si esas irregularidades se han detectado en relación con todos los grupos que forman parte del
Consejo Económico y Social o si, por el contrario, se han cometido de forma específica y concreta por alguno de esos grupos en particular. En caso de que se refiera únicamente a alguno de los tres grupos, le pregunto si nos podría aclarar hoy con
qué grupo de los tres se corresponden esas irregularidades. Al Grupo Parlamentario Popular no nos ha quedado claro ese extremo y considero que es importante para elaborar las propuestas de resolución que elabore mi grupo respecto a este informe.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Juan Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Aprovecho la oportunidad para felicitar al presidente por su nombramiento, a pesar de la hora que es.
Paso a hacer una serie de comentarios generales sobre el informe que acaba de presentar el presidente del Tribunal de Cuentas, del cual se deduce, como él ha dicho bien, que las cuentas del Consejo Económico y Social reflejan una imagen fiel
de lo que ahí ocurre y una gestión interna adecuada. Permítame que haga una serie de valoraciones sobre el Consejo Económico y Social, organismo creado por la Ley 21/1991 y que constituye en la actualidad el principal organismo de participación de
los agentes económicos y sociales tanto en la vida económica como social, como la única plataforma organizada en la cual las organizaciones socioprofesionales tienen un ámbito para discutir, para elevar informes y recomendaciones al Gobierno y para
elevar los dictámenes preceptivos sobre legislación. Cuando se creó el consejo, con la Ley 21 del año 1991, se cerró un debate que comenzó con la Constitución y que correspondía a si este consejo era el que la Constitución cita en el artículo 131.2
o si, por el contrario, se debe a la consecuencia del artículo 23 de la Constitución, que habla de la participación de los ciudadanos y de las organizaciones socioprofesionales en la vida económica y social. En cualquier caso, sea cual sea su
ámbito constitucional, se trata de un órgano constitucional que ya en su creación dio lugar a ciertas discusiones entre los constitucionalistas y los administrativistas sobre las características que la ley contemplaba. En particular, poco tiempo
antes de su creación, en el año 1987, el Tribunal Constitucional había emitido la sentencia 99/87, en que discutía la procedencia de utilizar, por ejemplo, la contratación con cargo a personal laboral en órganos constitucionales.
El consejo -del que yo formo parte como personal excedente, y quiero que el presidente lo sepa para que entienda algunas de estas valoraciones- comenzó en ese marco, y ya, por ejemplo, cuando se aprobó la Lofage, en el año 1997, algunos
informes del MAP se refirieron al carácter sui géneris del marco general que regulaba un órgano supuestamente constitucional en materia de personal, en materia presupuestaria, en materia de contratación, en materia de posesión de bienes, etcétera;
polémicas discusiones que han llegado incluso este año en relación con la discusión del Estatuto básico del empleado público, en el que se ha vuelto sobre la cuestión del personal. En definitiva, se trata de un ente público, un órgano muy
importante, fundamental, que responde a unas características especiales y muy particulares por cuanto en él están representadas organizaciones sociales, algunas tan importantes como los sindicatos y los empresarios o los consumidores, que tienen
aval constitucional, que está constituido, incluso, como expertos, por ciudadanos a título personal, cuestión que subyace detrás de algunas de las polémicas respecto a las concesiones y subvenciones, puesto que no es lo mismo conceder una subvención
a UGT, Comisiones o la CEOE que a un experto consejero particular. Cuestiones, las de los grupos y las subvenciones, que -permítamelo, ya que estamos en el Parlamento- pueden tener cierta analogía con cuestiones que se debaten en esta casa. A
pesar de que dice la ley del consejo que consta de personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional total para el cumplimiento de sus fines, sin embargo, por ejemplo, la ley no regulaba el régimen de concesión de
subvenciones a las organizaciones o grupos que lo conforman. Por eso, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular -con la que coincido en la mayor parte de su intervención-, resulta muy importante que un órgano como este sea sometido por primera
vez a fiscalización, por cuanto es un órgano nuevo que debe adaptarse y evolucionar hasta encontrar un encaje adecuado y perfecto en el ámbito de las instituciones, toda vez que en este caso es una institución constitucional.
Centrándome en el informe, y en cuanto a las recomendaciones que se presentan, tengo que decir que nosotros también en su día estudiaremos las posibles propuestas de resolución, pero me consta que desde el año 2004, desde que se publicó, el
consejo ha ido adoptando algunas cuestiones, se ha adaptado a instrucciones nuevas y resoluciones internas que se acomodan a esas recomendaciones y también se han tomado medidas precisamente para hacer lo que decía, esto es, acomodar esas
subvenciones, en el caso de los consejeros, a la casuística y variedad de las organizaciones que las componen, porque si bien el consejo está compuesto de tres grupos, en cada grupo a su vez existen diferentes organizaciones y son ellas las
destinatarias finales de esas subvenciones. Me gustaría plantear al señor presidente la cuestión de si se cree oportuno o relevante que en posibles modificaciones de la ley del CES -hay que recordar que en esta Cámara existe alguna proposición de
ley, presentada por dos grupos, sobre reformas de
otros ámbitos de CES, lo que demuestra que el tema está sobre la mesa y el Gobierno lo está estudiando- se pueda recomendar alguna reforma del CES en estos ámbitos, los de su organización, su carácter jurídico, la regulación de su personal o
de las contrataciones, subvenciones, etcétera; también, en cuanto a la Ley de Presupuestos, de las cuestiones relacionadas con las subvenciones a organizaciones. En definitiva, estamos ante un informe importante y novedoso, sobre todo muy valioso
para el propio CES, que espera con mucho interés -tanto él como los grupos que lo componen- las conclusiones a las que pueda llegar esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas que han sido formuladas por los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar se ha preguntado aquí por las responsabilidades. En efecto, tanto el fiscal como la Abogacía del Estado las han detectado en estos tres ámbitos: en las dietas
por alojamiento de los consejeros satisfechas por encima de los gastos correspondientes y también en las subvenciones a los grupos, y la Abogacía del Estado también apreció indicios de responsabilidad en la concesión de becas. Estos antecedentes
han sido remitidos por el departamento correspondiente a la sección de enjuiciamiento.
En cuanto a la otra cuestión que se me planteaba sobre que no había recomendaciones, en efecto, la única recomendación que hay es la que yo leí al final del informe respecto a la planificación, que se recomendaba que se mejora. No suelen
hacerse recomendaciones a lo que es el puro cumplimiento de la legalidad y, por tanto, no la lleva. También se me pregunta aquí por las subvenciones y a qué grupos. No dispongo de la información correspondiente, pero supongo que estará en el
departamento y se podría pedir si le interesara. Después se me pide una opinión sobre si sería oportuno reformar el CES. No me puedo pronunciar, lo único que puedo decir es lo que dice el informe, que en general la gestión ha resultado ser
adecuada, aunque hemos hablado de algunas diferencias en la justificación de subvenciones a los grupos organizados y representados en la misma; es decir, otras razones tendrían que ser, pero no esta puesto que el tribunal concluye que la gestión ha
resultado adecuada, aparte de que es un tema que exigiría un debate especial y no dimensionar una fiscalización, y menos esta. Como digo, la principal conclusión es que lo importante es que la gestión ha resultado adecuada.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos su presencia al presidente del Tribunal de Cuentas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.