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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 97, de 24/04/2007
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 97
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MARTÍNEZ HERRERA
Sesión núm. 26
celebrada el martes, 24 de abril de 2007
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la gestión de la Tesorería para el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, ejercicio 2003. (Número de expediente Congreso 251/000098 y número de expediente Senado 771/000096.)...
Moción sobre la aplicación de Principios y Normas Contables Uniformes en el Sector Público. (Número de expediente Congreso 251/000127 y número de expediente Senado 773/000020.)... (Página 4)
- Informe de fiscalización de las Inversiones de la Jefatura Central de Tráfico en Seguridad Vial, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000128 y número de expediente Senado 771/000122.)... (Página 5)
- Informe de fiscalización de las Contabilidades Electorales de las elecciones al Consejo General de Arán, celebradas el 25 de mayo de 2003, y de las elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el 16 de noviembre de 2003. (Número de
expediente Congreso 251/000131 y número de expediente Senado 771/000125.)... (Página 6)
- Informe de fiscalización de la gestión de personal del Grupo Radio Televisión Española, ejercicios 2002 a 2004. (Número de expediente Congreso 251/000134 y número de expediente Senado 771/000131.)... (Página 7)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, EJERCICIO 2003. (Número de expediente Congreso 251/000098 y número de expediente Senado 771/000096.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la sesión y se fija como hora de votación, en principio, no antes de las 12 horas.
El primer punto del orden del día es el informe de fiscalización de la gestión de la tesorería para el funcionamiento de los tribunales de Justicia, ejercicio 2003. Las primeras propuestas de resolución que se presentaron fueron las del
Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, para defenderlas tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular presento las propuestas de resolución como continuación y de acuerdo con lo manifestado en nuestra anterior intervención en que hacíamos referencia a
las debilidades puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas referente al programa 142.A gestionado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en el ámbito temporal del ejercicio 2003.
Respecto a la primera propuesta de resolución que presentamos, de la lectura de las incidencias se deducía que el mecanismo en la gestión de las cuentas y depósitos puede resultar en la mayoría de los casos excesivamente complicado, por lo
que instamos al Gobierno a impulsar la creación de un protocolo de actuación que simplifique, concrete y fije de forma clara cuáles son los órganos competentes y las personas habilitadas, así como la óptima aplicación de los medios informáticos que
ya existen para la mejora en el control de la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales. Con esta propuesta no hacemos sino seguir las recomendaciones finales del informe de fiscalización del tribunal que persiguen extremar el
control sobre dichas cuentas bancarias, tanto las que tienen por objeto la gestión de los créditos del programa 142.A como las que se refieren a la gestión de los depósitos y consignaciones judiciales.
En la segunda propuesta de resolución instamos a establecer un plazo en el tiempo para que las entidades bancarias, a instancia del órgano competente, procedan a la identificación exhaustiva de todas las cuentas que conforman el sistema, a
la cancelación de las cuentas inactivas y a la subsanación de los errores o defectos de que adolezcan, con el fin de establecer una relación de las cuentas existentes operativas y en vigor que permita un control riguroso y transparente de las
mismas.
Presentamos una tercera propuesta de resolución en la que instamos a proceder al nombramiento formal de los cajeros pagadores y a la elaboración del censo de los mismos cuando sea necesario, siguiendo las recomendaciones tendentes a la
subsanación de las incidencias detectadas ya señaladas por el Tribunal de Cuentas en su informe.
En la cuarta propuesta de resolución instamos a los responsables del ministerio a que, mediante las oportunas circulares a las entidades bancarias, clarifiquen las actuaciones necesarias en relación a la no compensación de posibles
comisiones y gastos con los intereses en la cuenta, ingresos fuera de plazo o el abono de dichos intereses, ya que en este punto había una importante confusión.
En la quinta propuesta de resolución instamos a que se establezcan por los órganos competentes procedimientos, como ya existen en otras áreas, de corresponsabilidad con las entidades bancarias para el cumplimiento fiel de la normativa
bancaria, dado que de la lectura del informe se deducía que gran parte de las incidencias se producían y podrían haberse evitado en sus inicios de haberse exigido por los responsables de las oficinas bancarias el cumplimiento escrupuloso de la
normativa vigente.
Por último, presentamos la sexta propuesta de resolución en la que siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas instamos a la unificación y centralización de la gestión de las cuentas-pozo para su más eficaz control por los órganos
competentes.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Señorías, las propuestas que formularé en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de otra manera, también tienen en cuenta las recomendaciones del propio tribunal en su exhaustivo informe y son las
siguientes. La primera propuesta es culminar el proceso de centralización del control de las cuentas corrientes asociadas al sistema de tesorería. La segunda propuesta es incrementar la eficacia de la gestión de las gerencias territoriales a
través de análisis exhaustivos de los estados de situación de tesorería. La tercera, continuar el proceso ya iniciado de depuración de cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, en particular de las 47 cuentas-expedientes pozo aún activas.
Y la cuarta, seguir con la elaboración de normas para la homogeneización de la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales.
Brevemente quiero indicar que desde la emisión del informe del año 2003 por el tribunal, el Ministerio de Justicia ha asumido en gran medida las deficientes prácticas de gestión detectadas por el mismo y, por ello, a pesar del interés que
tienen las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular y sin perjuicio de que posteriormente podamos llegar a un acuerdo en la redacción de alguna de las propuestas, si no llegáramos a dicho acuerdo rechazaríamos sus propuestas de
resolución no tanto por el interés que tiene el Grupo Parlamentario Popular en la mejora de la gestión del control, sino porque a criterio del Grupo Parlamentario Socialista las seis propuestas de resolución en gran parte han sido ya corregidas por
la actual dirección del Ministerio de Justicia en los últimos ejercicios. En la única propuesta que estaríamos en desacuerdo por un tema competencial es en la quinta, en la que el Grupo Parlamentario Popular propone establecer por los órganos
competentes procedimientos de corresponsabilidad con las entidades bancarias para el cumplimiento fiel de la normativa bancaria. No estaríamos de acuerdo porque entendemos que el Ministerio de Justicia no es competente en el establecimiento de
procedimientos de corresponsabilidad con las entidades bancarias, aunque no obstante intenta establecer controles informales mediante comunicaciones con las entidades bancarias para que velen por el estricto cumplimiento de la normativa bancaria a
través de auditorías internas y de las empresas auditoras externas que informan sobre el cumplimiento general de la entidad y, en concreto, en materia de consignaciones y depósitos judiciales.
En cuanto a la primera propuesta del Grupo Popular queríamos destacar que posteriormente al periodo estudiado y fiscalizado por el tribunal se publicó el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico de efecto valores que introdujo nuevos e importantes procedimientos de control en la gestión de cuentas, como son, por ejemplo, que el secretario judicial es la única persona autorizada para disponer de los
fondos de las cuentas, se centraliza en el Ministerio de Justicia la autorización para la apertura, baja y en su caso cambio de denominación de las cuentas, se determina que la gestión de las cuentas se ha de llevar a cabo a través de la aplicación
informática propiedad del Ministerio de Justicia que éste determine, que el Ministerio de Justicia podrá supervisar el estado de las cuentas a través de la aplicación informática desarrollada al efecto por la entidad adjudicataria, y se establece
también que cada órgano judicial cuente con una única cuenta.
En cuanto a la segunda de las propuestas, también entendemos que si no encontramos una fórmula que precise la continuidad de este cambio que ha introducido el Ministerio de Justicia, la rechazaríamos también por entender que está plenamente
operativa ya por el Ministerio de Justicia tanto en lo que hace referencia a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales como al resto de cuentas, tanto la del sistema de anticipo de caja fija como las de cuentas a justificar, pago de
retribuciones, etcétera.
En cuanto a la tercera resolución, también queremos poner de manifiesto que la rechazaríamos porque se ha procedido ya a elaborar el censo de cajeros pagadores y se han nombrado incluso formalmente tanto los cajeros titulares como los
suplentes de los mismos, estando en estos momentos subsanadas completamente las incidencias que hacía constar en el informe del Tribunal de Cuentas el punto 2.13.
En cuanto a la cuarta propuesta de resolución, entendemos que el Ministerio de Justicia ha tomado nota de ello y ya se hace, ya que al inicio de cada año se recuerda a las entidades bancarias los compromisos adquiridos en sus respectivos
contratos respecto de los plazos de liquidación de intereses, de exención de cobros, de comisiones y gastos.
Por otra parte, si en algún caso puntual se produce algún cobro de comisiones se pide inmediatamente
a la entidad que corresponda el abono en cuenta de dicha comisión.
Finalmente, en cuanto a la sexta propuesta de resolución del Grupo Popular, también la entendemos operativa ya que en marzo de 2006 la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dictó la instrucción 2/2006 sobre el
procedimiento a seguir por los secretarios judiciales para la detección y depuración de las cuentas-expedientes pozo. Por tanto, sugeriríamos al Grupo Popular el apoyo de nuestra propuesta de resolución número 3 a su propuesta número 6.
- MOCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES UNIFORMES EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente Congreso 251/000127 y número de expediente Senado 773/000020.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el primer punto, pasamos al segundo punto del orden del día que es la moción sobre la aplicación de principios y normas contables uniformes en el sector público. Las primeras propuestas de resolución
presentadas fueron las del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, tiene la palabra la señora Madrazo para defenderlas.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, todos sabemos que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas y, por tanto, nos parece importante que para ejercer esa función disponga de la herramienta
adecuada, que no es otra que tener unas normas contables comunes en todo el sector público, tanto el estatal como el autonómico y el local, y esas normas contables deben tener unos criterios homogéneos porque en caso contrario se dificulta
enormemente la posibilidad de hacer comparaciones sobre el funcionamiento de las diferentes administraciones.
La estructura del sector público español con tres subsectores, el estatal, el autonómico y el local, a su vez está subdividida en otros
tres subsectores que son el administrativo, el empresarial y el fundacional, y el Tribunal de Cuentas debe tener una información consolidada, una información uniforme y homogénea que le permita hacer su función fiscalizadora de la actividad
económico-financiera del sector público. Por otro lado, España está comprometida con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, como dije en mi intervención en la pasada Comisión del Tribunal de Cuentas, y se hace necesario poder verificar el
cumplimiento de este objetivo de estabilidad presupuestaria.
Con todo ello en los últimos años se ha producido una tendencia a normalizar, a homogeneizar los criterios de la contabilidad de estos tres sectores de la Administración pública, pero ya
pusimos de manifiesto en la anterior sesión de la Comisión mixta que ha tenido un desarrollo diferente en el ámbito de la contabilidad privada que en el ámbito de la contabilidad pública. Es decir que en el ámbito de la contabilidad pública existe
un Plan General de Contabilidad que no ha tenido la misma amplitud de aplicación en todos los ámbitos, en el estatal, en el local y en el autonómico; no existen unas normas jurídicas comunes a todo el sector público que regulen la contabilidad
aplicable con carácter obligatorio. Por otra parte, las comunidades autónomas, como se puso de manifiesto en la moción, han ejercido sus competencias en esta materia sin sujetarse a una normativa contable común y obligatoria, aprobándose planes
contables propios en cada una de ellas, lo que produce disparidad de criterios y diferencias en la regulación contable que afectan fundamentalmente al sector público administrativo; diferencias en las normas contables que afectan tanto a los
principios contables aplicables a los cuadros de cuentas anuales como a la estructura y contenido de las mismas. También afectan esas diferencias a la configuración de los sectores administrativo y empresarial en los ámbitos estatal, autonómico y
local.
Por todo lo dicho nosotros hemos preparado unas propuestas de resolución que tienden a uniformizar y homogeneizar los criterios contables aplicables en los distintos sectores de la Administración, tanto a nivel autonómico como estatal y
local. En principio hemos preparado siete propuestas de resolución en la línea de las recomendaciones que efectuaba en su moción el Tribunal de Cuentas. Posteriormente hemos tenido conocimiento de las que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista y, aunque se han dividido solo en dos apartados, nos parece que ambos contienen en su mayoría las propuestas que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado. Por tanto, como son un compendio de estas siete resoluciones
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, votaremos a favor de estas propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista en la medida en que, en definitiva, el objetivo que pretendemos alcanzar de la aprobación de estas propuestas de
resolución hoy por parte de la Comisión mixta es la elaboración de un plan general de contabilidad pública que sea aplicable a todas las administraciones públicas, tanto la autonómica como la estatal y la local, y en el caso de las comunidades
autónomas tener en cuenta que, como tienen competencias propias en materia de contabilidad pública, el impulso y la elaboración de ese plan general de contabilidad pública deberá tener en cuenta la coordinación con los órganos que elaboren dicho
plan en las comunidades autónomas para establecer esa uniformidad y homogeneidad que nos parece necesaria a la hora de poder tener una información consolidada y comparable en el ámbito del sector público. En la segunda propuesta de resolución que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista con el número 9 se establece la elaboración de una norma de consolidación de cuentas en el sector público una vez concluida la elaboración del nuevo plan general de contabilidad pública y después de
analizar y, en su caso, tramitar los cambios legislativos necesarios para aplicar dicha norma en el ámbito del sector público estatal y
local. Vuelve a repetir que teniendo en cuenta que las competencias en materia de contabilidad pública corresponden a la comunidad autónoma, la Administración estatal pondrá en marcha los oportunos mecanismos de coordinación. Como todo
ello nos parece acorde con las recomendaciones que hacía la moción del Tribunal de Cuentas, votaremos a favor de estas propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Señor presidente, entendiendo que existe esa coincidencia básica de concepto entre las propuestas de resolución del Grupo Popular y el Grupo Socialista, hemos concluido que para no entrar en transacciones de carácter
sintáctico procedamos a votar las del Grupo Socialista. Efectivamente, como se ha comentado, en las recomendaciones del Tribunal de Cuentas expresadas en la moción sobre la aplicación de principios y normas contables uniformes del sector público
hay algunas pequeñas cuestiones que han quedado matizadas con nuestras propuestas de resolución, como aquel apartado en que se especifica que los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas tienen competencia en materia contable. Por tanto,
la elaboración de ese plan general de contabilidad pública unificado debería contar con la participación de las comunidades autónomas, de tal manera que aceptasen en conjunto esa elaboración única y así se permitiese una teneduría de la contabilidad
en todos los ámbitos de la Administración pública homogénea. También hay que tener en cuenta que se pueden producir circunstancias como las de los entes locales, que aun siguiendo la línea de un plan general de contabilidad pública por sus
circunstancias particulares les sean de difícil aplicación. Por utilizar el símil, lo mismo que ocurre en el Plan General de Contabilidad de la empresa privada, existen adaptaciones sectoriales que ponen de manifiesto la mejor aplicación del Plan
General de Contabilidad a cada uno de los sectores, y en este caso sería aconsejable que existiese esa adaptación sectorial por lo menos en el ámbito de los entes locales.
No voy a detallar muchas más circunstancias por no hacer excesivamente larga mi intervención, habida cuenta de que entiendo que estamos todos de acuerdo con lo propuesto y el carácter técnico de esta moción. Solo quiero decir que ponemos el
acento en nuestras propuestas de resolución en esas necesarias normas de consolidación de cuentas en el sector público para que consigamos, en un futuro cercano, tener unas cuentas consolidas de todas las administraciones públicas que sean el más
fiel reflejo de la situación real de todo el país.
El señor PRESIDENTE: Si he entendido bien se van a votar las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista y las demás se retiran.
(Asentimiento.) Muchas gracias.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO EN SEGURIDAD VIAL, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000128 y número de expediente Senado 771/000122.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el segundo punto, pasamos al tercero que es el informe de fiscalización de las inversiones de la Jefatura Central de Tráfico en seguridad vial, ejercicio 2002. Las primeras propuestas de resolución
presentadas fueron las del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, para defenderlas tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, tras haber estudiado con interés el informe del Tribunal de Cuentas relativo a las inversiones de la Jefatura Central de Tráfico en materia de seguridad vial realizado durante el año 2002, y
después de haber oído la presentación de ese mismo informe en esta Comisión por el presidente del Tribunal de Cuentas, desde el Grupo Parlamentario Popular hacemos una propuesta de resolución que trata de solucionar el origen de los problemas
detectados en el trabajo de fiscalización del Tribunal de Cuentas y que están ni más ni menos que en la confusión normativa, en las dificultades de perfil de las personalidades jurídicas de la Jefatura Central de Tráfico y de la Dirección General de
Tráfico. Por tanto, lo que proponemos es que se delimiten con precisión las funciones, competencias y responsabilidades de estos dos organismos, se aprueben los preceptivos estatutos de la Jefatura Central de Tráfico con expresión de su sistema de
control interno y se elabore el inventario completo de su inmovilizado.
Coincidimos en el espíritu y en el contenido con las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, dejando al margen los matices y tratando de solucionar un
problema que nos parece fundamental en cuanto que tiene mucho que ver con la solución de un problema como el de la inseguridad vial, que es capital en nuestra sociedad, matices aparte -repito-, estamos de acuerdo con las propuestas del Grupo
Parlamentario Socialista. Es una paradoja que cuando hace falta perfilar claramente un organismo en la Administración con capacidad de coordinación y de acción real sobre la inseguridad vial asistamos a lo que nos ha puesto de relieve el Tribunal
de Cuentas, que es la existencia de organismos distintos y mal perfilados. Es lo que intentamos superar y arreglar y ese va a ser el sentido de nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Oliver.
La señora OLIVER SAGRERAS: Señor presidente, hemos presentado dos propuestas de resolución más pormenorizadas y detalladas que la que ha presentado el Grupo Popular. Las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del
Tribunal de Cuentas para las inversiones de la Jefatura Central de Tráfico en seguridad vial en el año 2002 son suficientemente importantes, tanto por la parte legal y económica de lo que pone de manifiesto como por el tema al que se dedican, que es
la seguridad vial. Entendemos, y así lo expresamos en nuestra propuesta de resolución número 2, que es necesario avanzar en esta regularización jurídica de las figuras de la Jefatura Central de Tráfico y de la Dirección General de Tráfico, como
también ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Popular. Ahora bien, nos parecen igual de importantes y no achacables únicamente a esta cuestión todas las otras medidas que proponemos, siguiendo las recomendaciones del informe, en cuanto a
mejorar el control interno de la jefatura y ajustar su actuación a las disposiciones legales, y se van detallando hasta la letra f) todas y cada una de ellas. Estas dos propuestas de resolución, que de hecho ya se están llevando a cabo de una forma
u otra por la Dirección General de Tráfico, es necesario que consten en el 'Diario de Sesiones' de esta Comisión y se eleven como propuesta, por lo que las hemos formulado de esta forma. Nuestras propuestas de resolución contienen la que ha
presentado el Grupo Popular, la amplían, y entiendo que se van a votar las nuestras que incluyen las de su grupo.
El señor PRESIDENTE: En relación con este punto del orden del día se mantendrán las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista y se retira la del Grupo Parlamentario Popular.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES DE LAS ELECCIONES AL CONSEJO GENERAL DE ARÁN, CELEBRADAS EL 25 DE MAYO DE 2003, Y DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA, CELEBRADAS EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2003. (Número de
expediente Congreso 251/000131 y número de expediente Senado 771/000125.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el punto tercero, pasamos al punto siguiente que es el informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Consejo General de Arán, celebradas el 25 de mayo de 2003, y de las
elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el 16 de noviembre de 2003. En relación con este punto del orden del día no hay presentadas propuestas de resolución, pero los portavoces han pedido un turno para fijar posición. Tiene la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, en relación con este informe de fiscalización de las contabilidades electorales, desde el Grupo Parlamentario Popular quisiéramos poner de manifiesto alguna matización que ya se hizo en la anterior
sesión de esta Comisión mixta pero que nos parece importante recalcar. En primer lugar, nos parece importante resaltar que las formaciones políticas han mejorado notablemente, como decía el presidente del Tribunal de Cuentas, el cumplimiento de sus
obligaciones contables para dar cuenta al mismo de sus contabilidades electorales. Es un hecho importante que fortalece sin duda nuestra democracia y nuestro Estado de derecho y, por tanto, nos parece muy interesante que se recalque este aspecto
del informe efectuado por el Tribunal de Cuentas.
Por lo que se refiere al Partido Popular y, en concreto, a su contabilidad electoral relacionada con estas elecciones al Parlamento de Cataluña y al Consejo General de Arán, el Tribunal de Cuentas no ha detectado ninguna irregularidad en la
contabilidad electoral que ha presentado el Partido Popular y por tanto no hace ninguna propuesta de reducción de la subvención que corresponde a nuestra formación política. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha decidido no presentar ninguna
propuesta de resolución, puesto que, como digo, no se había detectado ninguna irregularidad en nuestra formación política. Sí que hace referencia a irregularidades detectadas en las elecciones al Parlamento de Cataluña por parte de la Federación
Convergència i Unió, donde se ha superado el límite de gastos electorales así como el límite de gastos en publicidad en prensa y radio; eso ha motivado una propuesta de disminución de la subvención por parte del Tribunal de Cuentas. Asimismo, el
Tribunal detectó que el Partido Socialista de Cataluña no había justificado suficientemente los ingresos electorales por aportaciones, al no haberse acreditado su origen y que también se había superado el límite en gastos en publicidad en prensa y
emisoras de radio. Por tanto, propone una disminución de la subvención electoral. No hemos querido presentar ninguna propuesta de resolución puesto que, como vuelvo a repetir, en nuestra formación política no ha detectado el Tribunal de Cuentas en
su informe ninguna irregularidad. Sí quiero decir que, como ya manifestaba en su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cuando se refería a este punto, en el informe que había efectuado la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, sí
que se había detectado alguna posible irregularidad pero como ya dije en su momento, de lo que estamos debatiendo hoy y en la anterior sesión de esta Comisión es del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas. Traer ahora cosas, o datos, o
informes, de los que no tenemos conocimiento, no me parece oportuno.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Únicamente voy a fijar la posición y a justificar la no presentación de propuestas de resolución relacionadas con este informe de fiscalización, entre otras cosas porque aparte de la propuesta de sanción que formula
el Tribunal de Cuentas sobre dos formaciones políticas, y que ya manifestamos en nuestra intervención anterior que nos parecían desproporcionadas en relación con el distinto límite en el exceso de gastos electorales en materia de publicidad, la
única recomendación que formula el Tribunal de Cuentas con respecto a este informe se refiere a la necesidad de que el Parlament de Catalunya elabore o apruebe una ley electoral propia y que esa ley abarque también la materia de las sanciones
imponibles. Evidentemente, mi grupo parlamentario entiende que, aunque esto pueda ser una buena recomendación por parte del Tribunal de Cuentas, que es al que finalmente compete esta fiscalización, no lo es en relación con esta Cámara ni tampoco
con esta Comisión. Entendemos que una propuesta de resolución instando al Parlament de Catalunya a aprobar una ley electoral propia excedería del ámbito competencial de esta Cámara y que por tanto no es preciso llevarla a cabo.
Quiero recuperar mi intervención en la anterior sesión de la Comisión, también el compromiso del presidente del Tribunal de Cuentas y la intervención de la portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que comparto que no debería ser objeto
de análisis y de discusión en esta Cámara un informe de fiscalización que ya ha sido elaborado por otro órgano de control externo, como es la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, y que ya ha sido objeto de discusión en el Parlament de Catalunya, en
sede de la Comisión de Relaciones con la Sindicatura de Cuentas. Es ahí donde debe celebrarse el debate, es ahí donde entiende el presidente del Tribunal de Cuentas, como dijo en su anterior intervención en esta Comisión, que debe celebrarse el
debate, y eso implica que de cara al futuro no debería llegar a debate en esta Comisión ningún otro informe relacionado con procesos electorales celebrados en Cataluña, entre otras cosas por la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y por
la reforma de la Ley de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, que otorga esta competencia a la propia sindicatura y al propio Tribunal de Cuentas.
Y la mejor prueba de todo ello es, aunque la portavoz del Grupo Popular ha insistido y ha reiterado
su intervención, de la anterior sesión, como ya le indiqué en su momento, que el informe de la Sindicatura de Cuentas es mucho más exhaustivo, mucho más concreto, detallado y amplio. El informe del Tribunal de Cuentas, en todo caso, no deja de ser
un resumen, aunque sea un buen resumen, de la aportación y de la tarea de fiscalización que ha elaborado la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Ahí sí, en ese trabajo más extenso de la Sindicatura de Cuentas, es donde se pueden detectar no solo los
excesos en los límites del gasto electoral, sino también las irregularidades contables que cometen los distintos partidos políticos. Y aunque no le parezca oportuno ni razonable discutir eso aquí, sí es cierto que, como antecedente e inspiración
del informe que realiza el Tribunal de Cuentas, es ahí donde se detectan esas irregularidades del Partido Popular en Cataluña. Evidentemente, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular no ha tenido tiempo ni intención alguna de leer ese informe de
la Sindicatura de Cuentas, pero es mucho más detallado.
En definitiva, lo que quiero decir es que, a partir de ahora, y como establece la normativa y es el compromiso del presidente del Tribunal de Cuentas, este tipo de informes de fiscalización van a verse únicamente en la sede del Parlament de
Catalunya elaborados por la Sindicatura de Cuentas de una forma más detallada, exhaustiva, clara y concreta, y con un debate mucho más rico. Esta es nuestra posición y la justificación de por qué mi grupo no ha presentado propuestas de resolución
en relación con este punto.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EJERCICIOS 2002 A 2004. (Número de expediente Congreso 251/000134 y Número de expediente Senado 771/000131.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el punto 4 del orden del día, pasamos al quinto, que es el informe de fiscalización de la gestión de personal del Grupo Radiotelevisión Española, ejercicios 2002 a 2004. Me han informado de que las
propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista se retiran y el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, que en estos momentos no puede estar aquí, me ha pedido que a ver si podíamos dar por defendida su propuesta de
resolución y llevarla a votación, si no tienen nada en contra los portavoces.
Entonces pasaríamos a ver las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que fueron las primeras que se presentaron, y para defenderlas
tiene la palabra el diputado señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En efecto, el Grupo Parlamentario Popular, tal y como ya expuso en la intervención que tuvo lugar en su momento y que viene recogida en el 'Diario de Sesiones' de 20 de marzo, tenía intención de presentar una
propuesta de resolución muy en la línea de las recomendaciones que el presidente del Tribunal de Cuentas había presentado en relación con el informe de fiscalización de gastos de personal del Grupo Radiotelevisión Española. La propuesta de
resolución que mi grupo hoy somete a la consideración de esta Comisión en síntesis pretende y considera que deberíamos apoyar como Comisión mixta las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas formulaba. Y queríamos hacer especial hincapié en
animar a que la nueva corporación recoja los criterios, que siempre son objetivos en el Tribunal de Cuentas y que pueden
dar una pauta de lo que se entiende que pudiera ser una forma correcta de administrar los recursos humanos que la corporación va a tener. Por eso, queremos insistir en la necesidad de desarrollar una estructura orgánica racional y por eso
también damos especial importancia a elaborar un método objetivo que permitiera configurar esa estructura orgánica racional en función de las necesidades que ha de satisfacer la Corporación Radiotelevisión Española, que nace el 1 de enero de 2007;
también queríamos mandar desde aquí un mensaje en apoyo de algo que, como después comentaré, el presidente de la corporación ha hecho público en esta Cámara y que es dar un especial impulso a la producción propia, lo que significa por un lado la
utilización al máximo, correcta, de los recursos y materiales humanos que la corporación puede tener y, además, al ser producción propia le ofrece la posibilidad de trabajar en un planteamiento que mi grupo ha apoyado durante muchos ejercicios y
muchas legislaturas en esta Cámara, que es una mejor comercialización de los derechos de producción, abriendo así una vía posible de ingresos adicional que complemente lo que hasta el momento eran las dos fórmulas de ingresos que tenía el Grupo de
Radiotelevisión Española, la venta por inserciones publicitarias y en su momento la subvención que se recibe del Estado.
Esta propuesta que acabo de presentar en síntesis y que en su literalidad es la que sometemos a consideración para su votación era la consecuencia lógica del análisis que habíamos hecho del informe de fiscalización, y así lo habíamos hecho
constar en la primera intervención; para nosotros tenía una gran importancia porque, como decíamos entonces, la corporación comienza su andadura y era bueno que conociera la experiencia y las cosas a corregir de la época anterior y por el gran peso
que tenía este conjunto de gastos de personal en el presupuesto de explotación. Como digo, buscando puntos en común y buscando cuál podíamos intuir que iba a ser la receptividad al planteamiento que mi grupo hacía, pude comprobar que estaba
perfectamente en sintonía, como no podía ser de otra forma, con la síntesis o con los ejes fundamentales del análisis del Tribunal de Cuentas, donde, tal y como conocimos por la intervención de don Ubaldo Nieto de Alba, se constataba que había una
sobredimensión en el capítulo de gastos de personal y de efectivos en comparación con otros operadores con los que Televisión Española en cierta parte compite en el mercado, que se consideraba necesario la reordenación de efectivos, racionalizarlos.
Y desde luego el propio Tribunal y el propio presidente mencionaba la necesidad de elaborar un procedimiento objetivo para conseguir ese fin. El siguiente grupo que intervino en aquella sesión, que era el Grupo Socialista, continuaba trabajando en
esa misma línea de razonamiento, hablando de equilibrar, mejorar, sanear el conjunto de los recursos humanos del Grupo Radiotelevisión Española, llegando incluso a hablar de una reducción de categorías, que es algo importante a los efectos de dotar
a la estructura de personal de Televisión Española de una agilidad y de una capacidad de competencia, ganando al final en eficiencia de esta partida tan importante de gastos.
No contento con esto, en mi grupo nos tomamos el trabajo, cumpliendo con nuestra obligación, de analizar lo que aquel mismo día hacía constar en la Comisión mixta que sigue y que controla a la nueva corporación, por cuanto que en aquella
fecha se estrenaba en su comparecencia en esta Cámara el presidente de la nueva Corporación, don Luis Fernández, quien teniendo las responsabilidades que tiene en la nueva corporación, también se ponía en la misma línea de mejorar los recursos
disponibles. El presidente de la corporación en aquella primera comparecencia hablaba, con relación a la política inmobiliaria, que es otro grandísimo concepto en esta ocasión no del presupuesto de explotación, sino del balance del grupo, de una
concentración de los distintos centros de trabajo en Madrid, con la construcción de un nuevo edificio, ganando así sinergias y evitando la dispersión. Por cierto, yo entiendo que él debe sacar esta idea del entorno de Madrid y revisar la política
inmobiliaria del grupo en las distintas partes de España. El Grupo Radiotelevisión Española, que hereda la corporación, tiene un patrimonio inmobiliario muy importante, con distintos usos y muy desperdigado por España, y probablemente pudiera ser
una fuente de recursos importante para la nueva corporación. También el presidente de la corporación entraba de lleno en algo que estaba directamente relacionado con el informe de fiscalización, que era el expediente de regulación de empleo, que
estaba en marcha y al cual se habían acogido 1.800 efectivos hasta alcanzar la cifra de 4.500. El presidente hablaba asimismo de la necesidad de estimular la producción propia.
Si sumamos todos estos comentarios y todas estas posiciones, doy por hecho que, aunque no es habitual pero algunas veces sí lo hemos conseguido, las propuestas que mi grupo presenta pueden ser perfectamente apoyadas por otros grupos de la
Cámara y por lo tanto salir adelante, porque, como digo, siguen la línea argumental del Grupo Socialista, siguen la línea argumental del informe de fiscalización presentado por don Ubaldo Nieto de Alba y, además, casan perfectamente con lo que
entendemos que puede ser el espíritu del propio presidente de la corporación. Si la experiencia acumulada, evaluada, valorada y con una serie de recomendaciones del Tribunal de Cuentas es aprovechada en esta nueva andadura de la Corporación de
Radiotelevisión podremos conseguir satisfacer convenientemente la demanda social y las obligaciones que a este grupo de comunicación de cobertura nacional le configura la ley y le exigen los ciudadanos.
En relación con la propuesta de Coalición Canaria, habiendo sido retiradas las propuestas del PSOE, simplemente quería hacer una reflexión: la propuesta de Coalición Canaria pretende que se produzca una modificación
del decimoséptimo convenio colectivo de Radiotelevisión Española, persona jurídica extinguida, incorporando las recomendaciones del Tribunal de Cuentas o la modificación siguiendo las pautas marcadas por las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas. Yo entiendo que la propuesta de Coalición Canaria, para ser estrictamente correcta desde el punto de vista jurídico, sería que en el nuevo convenio colectivo que habrá de nacer, producto de las transformaciones que se han producido ya en
lo que a la persona jurídica Grupo de Radiotelevisión Española, que está extinguida, se refiere y habiendo aparecido la corporación, habrá que suscribir un nuevo convenio con los efectivos residuales del expediente de regulación de empleo. Por
tanto, si Coalición Canaria tuviera a bien manifestar que su propuesta de resolución debe ser que en el nuevo convenio colectivo se recojan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, mi grupo no tendría ningún problema, pero yo entiendo que habría
que hacer ese ajuste de carácter técnico. Si no es así, dejando la responsabilidad formal al redactor, podríamos aprovecharlo entendiendo que el espíritu es el que yo he señalado, que es que en el nuevo convenio la corporación habrá de recoger las
recomendaciones. Me hubiera gustado que Coalición Canaria me hubiera dado una contestación a esta especie de transacción que le propongo, pero, dando por hecho que el espíritu es el que es en el texto de Coalición Canaria, mi grupo, si no está
Coalición Canaria presente en el debate, podrá administrar su voto en sentido favorable.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Con relación a este informe, mi grupo quiere reseñar que la fiscalización sobre la gestión del personal del Grupo de Radiotelevisión Española, ejercicios 2002/2004, se refiere al antiguo ente de Radiotelevisión
Española, habiéndose producido la creación de una nueva Corporación de Radiotelevisión Española por Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión española de titularidad estatal. Esta nueva corporación que garantizará la independencia,
competitividad y la suficiencia financiera de Radiotelevisión Española, prevé una Radiotelevisión Española con un grado relevante de aceptación social, sin renunciar a su naturaleza de servicio público claramente diferenciado, manteniéndose la
titularidad pública y el objetivo de servicio público con una programación competitiva y de calidad. Consideramos que el nuevo modelo garantizará una Radiotelevisión Española con una estructura ágil y adaptada a las innovaciones tecnológicas, una
Radiotelevisión Española, presente en todas las comunidades autónomas, que contribuye a la vertebración territorial de nuestro Estado con una dirección general independiente del Gobierno y controlada por el Parlamento, con una producción propia de
calidad y eficiencia alineada con los referentes del mercado. El nuevo modelo permitirá por tanto a los españoles dotarse de una plataforma audiovisual de servicio público sólida y relevante y preparada para afrontar los nuevos retos y desafíos.
En resumen, una Radiotelevisión Española independiente del Gobierno que garantice un servicio público de calidad y competitivo con responsabilidad financiera con respecto a la competencia; una Radiotelevisión Española saneada, como nos exige
Bruselas. Hay que mencionar que el proceso de reforma se ha hecho desde el diálogo permanente entre la SEPI y la dirección de Radiotelevisión Española con el conjunto de los sindicatos; por tanto, también es algo acordado con los trabajadores. Y
motivado por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que adicionalmente las propuestas de resolución responden a temas y aspectos que ya han sido contemplados en el Plan de saneamiento y futuro de Radiotelevisión Española, siendo objeto
de ejecución y desarrollo a través de los procedimientos organizativos adecuados a través de lo dispuesto en el acuerdo para la constitución de la Corporación de Radiotelevisión Española, y aun estando de acuerdo con las propuestas del Tribunal de
Cuentas y de otros grupos, entendemos que no resulta procedente la aprobación de las propuestas de resolución referidas, pudiendo comprobarse en los sucesivos informes cuando la fiscalización corresponda a la gestión del nuevo ente creado por Ley
17/2006, de 5 de junio, la adopción de facto de las propuestas y recomendaciones hechas por el propio tribunal y también por el resto de los grupos, incluyendo al Grupo Popular, con el que nosotros hemos pactado en esta Comisión en innumerables
ocasiones muchas de las propuestas de resolución y lo seguiremos haciendo siempre que consideremos que pueden ser oportunas y positivas. Y en este momento, viendo que las propuestas que presenta el Grupo Popular son absolutamente razonables, pero
teniendo en cuenta las razones que yo he mencionado anteriormente, compartiéndolas de fondo, votaremos que no, simplemente por el cambio de titularidad.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Presidente, simplemente quería hacer una reflexión al ponente socialista, que anuncia el voto negativo a nuestra propuesta de resolución. Lo que ha venido a decir es que el trabajo realizado por el Tribunal de
Cuentas es un trabajo inservible y no aprovechable. Las propuestas de resolución y las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas incorpora en su informe de fiscalización pudieran ser aprovechables como aportaciones positivas a quien debe en este
momento no solamente culminar una reordenación del importante número de efectivos de personal que tiene la corporación todavía. Obsérvese que de los 4.500 que el expediente de regulación de empleo contempla, hasta el momento se han licenciado, por
hablar en términos claros, 1.800. Quedan dos mil y pico personas pendientes de salir. El grupo residual de efectivos debería, compartiendo
como comparte el Grupo Socialista las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, aprovechar ese trabajo hecho por el órgano fiscalizador. Y lo único que señala nuestra propuesta, de forma casi -y si me permiten utilizar el término, que puede
sonar un poco altisonante- académica, desde el punto de vista de manual de escuela de negocios, es aprovechar el trabajo hecho por los muy competentes efectivos del Tribunal de Cuentas para que don Luis Fernández lo tenga en consideración. Si le
damos un corte porque la corporación es nueva, a lo mejor el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas no es valorado ni tenido presente a la hora de configurar la nueva plantilla. Una de las reflexiones que el Grupo Socialista hacía en la
primera intervención, y me consta porque conozco las dificultades que había en la administración de los recursos humanos de televisión, una de las reflexiones más aprovechables y que puede servir para que don Luis Fernández pueda actuar tratando de
conseguir el objetivo que pretende es la reducción de escalafones o la reducción de categorías en la plantilla de Televisión. Todos sabemos que, en parte, para conseguir la competitividad de la producción propia, como también ha mencionado el
portavoz del Grupo Socialista, es fundamental garantizar y conseguir incrementar la eficiencia, la eficacia y por tanto la competitividad en el mercado de la producción propia, aprovechando las magníficas cualificaciones de los profesionales del
grupo que nadie jamás ha cuestionado. Si la propuesta de resolución nuestra es aprobada, al final podremos trabajar todos juntos en conseguir el objetivo que la corporación, según parece, don Luis Fernández, ha anunciado y mi grupo se encargará de
hacer un seguimiento para ver que no solo es un desiderátum, sino que va alcanzando los niveles de realización que deben ser.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el senador señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Quiero decir al portavoz del Grupo Popular que hemos tenido en cuenta las propuestas que realiza el Tribunal y que al final hemos ido a un nuevo modelo de Radiotelevisión Española. Nosotros no hemos tenido la
culpa en los últimos años de encontrarnos con una plantilla absolutamente sobredimensionada, con una deuda galopante que ponía en peligro la viabilidad de Televisión y pensábamos que había que hacer una reforma del modelo de Televisión que
garantizase los principios que he defendido en mi exposición anterior. Con relación a si tenemos en cuenta o no las propuestas que hace el Tribunal de Cuentas, tengo que decir que siempre las hemos tenido en cuenta, hasta el punto de que el órgano
fiscalizado es el primero que ya tiene estas propuestas de resolución y he dicho literalmente que las propuestas de resolución responden a temas y a aspectos que ya han sido contemplados en el Plan de saneamiento y futuro de Radiotelevisión Española
y están siendo objeto de ejecución y desarrollo a través de los procedimientos organizativos adecuados, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo con la constitución de la Corporación de Radiotelevisión Española. Eso, si no se me entiende muy
mal, viene a decir que estando de acuerdo con las propuestas realizadas por el Tribunal y teniendo en cuenta que se están aplicando en el nuevo modelo, no parece normal aprobar algo que ya se está haciendo porque ya se ha tenido en cuenta. Hay que
recordar que el expediente lo tiene Radiotelevisión Española y que lo está aplicando a rajatabla. Yo no he dicho en absoluto que no estemos de acuerdo con las propuestas que ustedes presentan, estamos hablando exclusivamente de una cuestión de
forma. Hemos dicho que ya se ha incluido en la reforma de Radiotelevisión Española, que en este momento estamos hablando de un ente nuevo y he mencionado al final que, cuando se vuelva a fiscalizar, se comprobará si se están aplicando o no esas
propuestas que ha hecho el Tribunal de Cuentas, a las que he dicho que somos absolutamente sensibles, igual que lo somos a las propias propuestas que realice su grupo. Y no me cabe ninguna duda de que, como todos pretendemos en esta sala lo mismo,
seguiremos colaborando para que el futuro de la nueva Televisión sea bastante mejor, porque desgraciadamente casi estuvimos a punto de hacer que se perdiera la garantía de viabilidad de un ente tan importante para el Estado español.
El señor PRESIDENTE: El presidente entiende que ya está perfectamente debatido el tema. Lo damos por concluido. Vamos a pasar a la votación de los distintos puntos del orden del día que hemos visto en el día de hoy.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, en relación con la votación de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el primer punto del orden del día, sobre el informe de fiscalización de la gestión de la
Tesorería para el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, quería manifestar que nuestro grupo parlamentario retira las propuestas de resolución segunda, tercera y cuarta; y en la sexta se ha llegado a una transaccional con el Grupo
Parlamentario Socialista; votaremos conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las propuestas de resolución del punto primero y, una vez escuchada la intervención de la representante del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar procedemos a votar la transaccional que atiende al
punto número 6 de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, y a la número 9 de las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Es una transaccional que dice así: De acuerdo con la instrucción 2/2006 de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, continuar el proceso de designación de cuentas-pozo, de depósito y consignaciones judiciales.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
A continuación, pasamos a votar las propuestas números 1 y 5 de las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, puesto que las demás, como hemos podido escuchar, se han retirado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se rechazan estas propuestas.
A continuación, pasamos a votar las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista números 7, 8 y 10, puesto que la 9 se ha transaccionado.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.
A continuación, pasamos al segundo punto del orden del día. Se han retirado las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y vamos a votar únicamente las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.
Con relación al punto tercero, también se ha procedido a retirar la propuesta de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular y vamos a votar únicamente las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.
En relación con el punto cuarto no hay propuestas de resolución. Pasamos al punto número cinco, en el que también se han retirado las propuestas de resolución, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, y votamos las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en primer lugar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se rechazan las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
A continuación pasamos a votar la propuesta de resolución presentada por el Grupo de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se rechaza la propuesta presentada por Coalición Canaria.
Una vez concluida la votación de todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.