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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 92, de 27/03/2007
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 92
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTÍ CERDÀ I ARGENT
Sesión núm. 12
celebrada el martes, 27 de marzo de 2007
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del Defensor del Pueblo sobre:
- Informe sobre 'Violencia escolar: El maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria 1999-2006'. (Número de expediente del Senado 781/000004 y número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000004.)...
Se abre la sesión a las once horas y veinte minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Soriano): Buenos días, señorías, se abre la sesión.
El único punto del orden del día es la comparecencia del señor defensor del pueblo para informar sobre 'Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria 1999-2006'.
Tiene la palabra el señor defensor del pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Gracias, señor presidente.
Señorías, en mayo de 2001 comparecí ante la comisión para presentar el primer informe monográfico sobre violencia escolar, elaborado por el defensor del pueblo en colaboración con el comité español de Unicef. La idea de abordar esta tarea
había surgido de la propia Comisión Mixta para las Relaciones con el defensor del pueblo, en la que se planteó la conveniencia de estudiar un fenómeno emergente, grave, generador de una creciente alarma social pero insuficientemente conocido y al
que en nuestro entorno social y cultural ya se le estaba prestando atención algunos años antes.
Ya en los primeros años setenta del pasado siglo se iniciaron trabajos e investigaciones en los países escandinavos, que han sido pioneros en el estudio del fenómeno de la violencia en las aulas, definiendo su alcance, determinando su
incidencia y creando programas de intervención para sus escuelas. En los años ochenta, el peso de la investigación en la materia se desplazó al Reino Unido e Irlanda, y desde comienzos de los noventa se aportaron innovaciones tanto en el
tratamiento del problema como en la tipología de las intervenciones en Alemania y Holanda.
A finales de los noventa, aunque se disponía de algunos estudios parciales, se carecía en España de datos suficientes y fiables que permitieran conocer el alcance real del problema, sus características principales y las necesidades
prioritarias de la intervención. Por eso, a lo largo de 1998 y 1999, un ambicioso trabajo permitió conocer de primera mano, de forma precisa, y con alcance nacional la situación real de la convivencia en los centros escolares, la incidencia de cada
tipo de conducta violenta, y las necesidades de intervención que la prevención y la solución de los conflictos en las aulas hacían imprescindibles.
Se trataba pues, de llenar un vacío científico con la elaboración de un trabajo destinado a cubrir un triple objetivo. En primer lugar, contribuir al proceso de concienciación y sensibilización contra la violencia escolar, poniendo de
manifiesto la incidencia real del problema en los centros docentes de nuestro país y alertando públicamente sobre la necesidad de atajarlo en cualquier estado en que se encontrase. En segundo lugar, proporcionar a la comunidad educativa,
especialmente a padres y profesores, así como a las administraciones públicas con competencias en la materia, una base objetiva y cierta a partir de la cual pudieran definirse políticas, diseñarse estrategias y proponerse intervenciones y
actuaciones concretas para erradicar la violencia escolar. Y, en tercer y último lugar, aunque no menos importante, para impulsar y facilitar futuras tareas de investigación que completasen y mejorasen el conocimiento del fenómeno y permitiesen
evaluar las iniciativas e intervenciones que se hubieran puesto en marcha. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señor presidente, desde la presentación de aquel informe hasta hoy han ocurrido muchas cosas, algunas positivas, como lo es sin duda la sensibilización social hacia el problema, la puesta en marcha de numerosas líneas y políticas de
prevención y de resolución de conflictos así como la realización de numerosos trabajos y estudios en torno al fenómeno de la violencia escolar; otras, en cambio, muy negativas, como lo han sido los episodios de violencia escolar, algunos de extrema
gravedad, de los que se han hecho eco los medios de comunicación y que han propiciado un clima de temor y preocupación sobre lo que está ocurriendo en las aulas y sobre cuál es la situación de convivencia en los centros educativos.
Seguramente recordarán ustedes una película documental exhibida hace unos años, en la que con toda crudeza se alertaba sobre las terribles consecuencias de la indiscriminada y masiva posesión de armas de fuego en Estados Unidos y que
arrancaba con unas espeluznantes imágenes de la matanza llevada a cabo por dos estudiantes entre sus compañeros y profesores de instituto. Tampoco habrán olvidado el terrible suceso acontecido hace pocos años en la localidad alemana Erfurt, donde
un joven expulsado del liceo Gutemberg, de dicha localidad, abrió fuego contra la comunidad educativa y abatió a varios profesores, a un par de compañeros y a un policía que había acudido al lugar de los hechos. Después se suicidó.
En España está en la mente de todos el caso del joven Jokin Ceberio, el alumno de un instituto de la localidad guipuzcoana de Hondarribia, que se suicidó tras sufrir el acoso reiterado de un grupo de compañeros. Este suceso, y algunos otros
casos similares de los que diversos medios de comunicación se hicieron eco en su momento, generaron una comprensible y creciente alarma social a la que el defensor del pueblo no podía hacer oídos sordos. Por tanto, tratando de compatibilizar con el
nada escaso trabajo en la institución, hemos vuelto a interesarnos por el problema y hemos acometido la elaboración de un segundo estudio sobre el fenómeno de la violencia escolar, al que hemos dedicado un intenso esfuerzo durante el último año y
medio.
Para expresarlo de una manera muy sintética, les diré que con ese nuevo trabajo han pretendido alcanzarse dos objetivos principales. El primero, obtener una radiografía general y actualizada de la convivencia escolar en los centros
educativos españoles, prestando una especial atención a esa forma de violencia escolar más insidiosa
y continua, y de peores consecuencias, que es el acoso escolar, el matonismo, el abuso de poder entre iguales o, si lo prefieren, por decirlo con el término de moda, el bullying: El segundo, posibilitar que esa nueva radiografía pudiese ser
comparada con la obtenida hace siete años y que quedó plasmada en el anterior informe monográfico de la institución sobre este mismo asunto, de manera que se perciba la evolución del fenómeno y puedan asimismo extraerse conclusiones válidas sobre la
efectividad y la adecuación de las políticas e intervenciones que hasta el momento presente se han venido poniendo en marcha.
Para ello, a lo largo del curso 2005-2006 fueron seleccionados 3.000 estudiantes de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria de 300 centros públicos, privados y concertados y los 300 profesores de estos centros que ocupaban en
cada uno de ellos la jefatura de estudios.
Utilizando la terminología propia de los análisis estadísticos, debo poner de relieve que la selección de los componentes de la encuesta se llevó a cabo mediante un muestreo estratificado por conglomerados polietápicos - esta es la palabra
empleada, los pedagogos son así-, cuya muestra se determinó a partir de los datos del censo de centros de educación secundaria y los estratos en función de las siguientes variables: comunidad autónoma; tamaño del hábitat; titularidad del centro;
género del alumnado y nivel educativo.
A estos alumnos se les pasaron diversos cuestionarios prácticamente idénticos a los que se habían diseñado para la investigación en el año 2000, a fin de que proporcionaran información sobre lo que ocurre en sus centros desde la triple
óptica de agresor, víctima o testigo de los diferentes tipos de maltrato, sobre las características de los agresores, curso, género, etcétera; sobre el lugar en el que ocurre cada tipo de maltrato; sobre las personas a las que se informa de los
hechos y sobre las que intervienen para evitarlo o corregirlo; y sobre las relaciones sociales y los sentimientos que el alumnado tiene en los centros de enseñanza en los que se encuentra escolarizado.
Por su parte, a los profesores se les pasó otro cuestionario para conseguir información sobre la situación existente en sus centros, en su doble condición de profesores de aula y jefes de estudio, lo que les proporciona una visión de
conjunto más amplia que la que hubieran tenido exclusivamente desde la posición de personal docente de los respectivos centros.
No es fácil resumir en pocos minutos y algunas frases un trabajo de más de un año y que ha precisado algo más de 80.000 palabras y un centenar largo de tablas y gráficos para ser expuesto en el informe que ahora les presento. Es mucha la
información que ahí se contiene y varias las lecturas que esta información permite y exige. Por un lado, están los resultados que conforman esa radiografía de la convivencia escolar en el momento presente, y, por otro, está la comparación de los
resultados actuales con los obtenidos en la investigación anterior. Además, en este informe hay una revisión exhaustiva de los estudios sobre incidencia de la violencia escolar realizados en España en los últimos años, con lo que no sólo
complementa la información obtenida actualmente con la procedente de otros ámbitos y fuentes diversas, sino que posibilita la realización de cotejos y comparaciones más completos, de manera que la radiografía que aporta este informe deje de ser
plana y se convierta al menos en tridimensional.
Pese a las dificultades, es mi deber dar una opinión sobre los resultados obtenidos a fin de que sus señorías participen de la visión de conjunto que con este análisis hemos conseguido. Para no arriesgarme demasiado, les trasladaré la
valoración general que se hace en la presentación del propio informe, y a continuación les aportaré algunas cifras - pocas, se lo prometo- en las que me ceñiré tan sólo a las informaciones que los alumnos encuestados aportan cuando hablan en su
condición de víctimas. La tendencia que muestran estas cifras es válida para las restantes posiciones, es decir, para las informaciones que los alumnos aportan en su posible condición de agresores o de testigos, si bien es preciso advertir que la
lectura detallada del informe pone de manifiesto que entre unas posiciones y otras existe en ciertos casos algunas variaciones significativas.
Con estas cautelas me permito afirmar que los resultados actuales comparados con los obtenidos hace siete años apuntan hacia una clara disminución de la incidencia del maltrato, especialmente en aquellas conductas violentas más frecuentes y
menos graves.
Así, por ejemplo, en la forma del maltrato verbal consistente en insultar, el porcentaje de víctimas ha pasado del 39 por ciento en el estudio anterior al 27 por ciento en el actual. En otra forma de maltrato verbal, la consistente en poner
motes ofensivos, el porcentaje de víctimas ha descendido del 38 por ciento al 27 por ciento. En la forma de maltrato por exclusión social consistente en ignorar, el descenso ha ido del 14,2 por ciento al 9,5 por ciento. Y en el caso de la agresión
física indirecta consistente en esconder cosas, la disminución ha ido del 22 por ciento al 16 por ciento. En otras conductas más graves, como sería el caso de las amenazas para meter miedo, el descenso, menos significativo, pasa del 9,8 por ciento
anterior al 6,4 por ciento actual. Y el acoso sexual desciende del 2 por ciento al 0,7 por ciento, si bien hay que tener en cuenta que la escasa incidencia de esa conducta hace que el porcentaje de disminución no resulte especialmente
significativo.
En relación con los factores estudiados que pudieran tener influencia en la incidencia del maltrato, no se han encontrado diferencias significativas entre los datos obtenidos hace siete años y los que arroja el estudio actual. En cuanto al
género, los agresores siguen siendo preferentemente chicos, aunque como ya había ocurrido en el estudio anterior, hay una conducta, concretamente el maltrato verbal consistente en hablar mal de otros, respecto de la que es superior el porcentaje de
chicas implicadas que el de chicos.
En lo que se refiere al curso, tampoco aparecen diferencias significativas entre los dos estudios llevados a cabo, si bien se observa una tendencia a que los primeros cursos de secundaria obligatoria presentan porcentajes más elevados en
algunas situaciones de maltrato. Esta tendencia se vería confirmada por los resultados de otros estudios realizados en España y que se reseñan en este informe, en cuyas muestras se incluía no solo alumnado de secundaria, sino también de primaria y
en cuyos resultados se apunta a los últimos cursos de esta etapa educativa como foco principal de diversas formas de maltrato.
La titularidad de los centros educativos tampoco provoca variaciones, aunque existen algunas diferencias relativamente significativas en relación con algunas conductas concretas. Sería el caso de ciertas formas de exclusión social que
presentan tasas más elevadas en los centros concertados que en los restantes y el caso también de una forma concreta de agresión verbal, la conducta consistente en hablar mal de otros, que tendría la mayor incidencia en los centros privados y
concertados que en los públicos.
Finalmente, cabe reseñar que ni la comunidad autónoma ni el tamaño del hábitat en el que se ubica el centro educativo da lugar a diferencias significativas, aunque tanto para este punto como para los anteriores hay que advertir que el nivel
de confianza estadística utilizada en el contraste de las variables ha sido muy alto, más de lo que suele ser habitual en este tipo de estudios. De este modo, se tiene la garantía absoluta de que las diferencias ofrecidas en el estudio por
distintas causas son verdaderamente significativas.
Además de estos aspectos en los que pueden compararse los resultados anteriores y los presentes, les hago notar que en el trabajo realizado en 2006 se incluyen algunas informaciones de interés que no aparecían en el trabajo anterior. Me
estoy refiriendo, por una parte, a lo relativo a una modalidad de acoso inexistente hace siete años como es el ejercido o padecido mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación, es decir, el cyberbullying, y, por otra a las
informaciones sobre el papel que corresponden en el problema de la violencia escolar a un sector ya considerable del alumnado, como es el de origen inmigrante.
En cuanto al cyberbullying, los datos son relativamente tranquilizadores, pese a la notoriedad que esta forma de maltrato está teniendo últimamente en los medios de comunicación, tan solo un cinco por ciento de los alumnos encuestados
declaran ser víctimas de esta modalidad de acoso y un porcentaje similar se reconoce como acosador a través de las nuevas tecnologías, particularmente la red y los móviles.
En cuanto al alumnado de origen inmigrante, se han encontrado diferencias significativas en la incidencia de dos tipos de conductas de maltrato cuando estos alumnos informan en su condición de víctimas. Concretamente, los estudiantes de
origen inmigrante afirman que son ignorados en una proporción del 20 por ciento, que casi duplica a la de los estudiantes autóctonos que afirman padecer dicha conducta. Asimismo, es significativamente mayor el porcentaje de escolares de origen
inmigrante en relación con los autóctonos que declaran ser víctimas de una de las formas más graves de violencia, como es la de sufrir amenazas con armas -respectivamente, un 1,9 por ciento para los inmigrantes y un 0,4 por ciento para los
autóctonos-. No obstante, estos datos hay que tomarlos con cierta cautela por cuanto que el alumnado de origen inmigrante considerado supone únicamente el siete por ciento del total de la muestra, ya que ese dato no fue contemplado a la hora de
hacer la selección de dicha muestra, aunque sí ha permitido obtener estas informaciones que pueden ser de interés.
¿Qué conclusión cabe extraer de todo esto? Pues en mi opinión, los resultados de este informe invitan a pensar que las políticas preventivas y la línea de intervención que se han seguido durante estos años parecen haber logrado detener el
avance de la violencia escolar, incluso parecen haber obtenido ciertos éxitos parciales al lograr disminuciones significativas en algunas conductas de abuso. Bienvenidos sean, por tanto, estos logros, que no son, en absoluto, desdeñables. Pero
dicho esto también hay que decir inmediatamente a continuación, y así se afirma en la presentación del informe, que tales logros son absolutamente insuficientes en la medida en que están muy lejos de erradicar el problema.
La violencia sigue estando presente en todos nuestros centros educativos y, lo que es peor, según se deduce de lo que informan los alumnos y docentes encuestados, todas las formas de violencia escolar estudiadas están presentes, aunque en
porcentajes inversamente proporcionales a su gravedad, en todos los centros estudiados. Un 30 por ciento de los alumnos de secundaria son víctimas habituales de conductas de exclusión social, aunque también hay que decir que ese porcentaje baja
hasta el 2,6 por ciento cuando se trata de comportamientos muy reiterados. Casi un cuatro por ciento declara ser víctima de agresiones físicas directas y más de un cinco por ciento padece con alguna frecuencia amenazas de sus compañeros.
Todo esto es inadmisible y hay que atajarlo. Es cierto que se ha detenido el avance del problema y que algunos aspectos parciales presentan mejoras significativas. También es de celebrar que la realidad de la convivencia en nuestros
centros educativos está lejos de algunas visiones apocalípticas que, a la sombra de hechos tan graves como puntuales, pretenden presentar a la escuela como una selva inextricable, en la que es muy arriesgado penetrar. Y también es cierto que en
estos últimos años se ha acrecentado notablemente la sensibilidad social hacia este problema, oculto hasta hace no mucho tiempo, y que las autoridades y las administraciones educativas han realizado un notable esfuerzo para diseñar y aplicar
políticas e intervenciones preventivas y paliativas con las que dar solución a las demandas en ese sentido de la comunidad educativa.
Todo eso es verdad pero todo eso es insuficiente. La escuela tiene que ser un ámbito completamente ajeno a la violencia. Ni un solo acto de violencia en la escuela debe ser admisible. Ya sé que vivimos en un mundo violento y que
posiblemente sea ingenuo esperar que alguna vez deje de serlo. Pero como ya dije ante esta comisión en la presentación del informe anterior, aspirar a un mundo sin violencia o menos violento que el que hoy tenemos será posible únicamente si
conseguimos excluir la violencia del mundo infantil y juvenil, empezando por la casa y la escuela. Porque como decía entonces, si en algún ámbito, junto con la familia, los niños deben estar a salvo de los comportamientos y las actitudes violentas,
este, sin duda alguna, es la escuela, a la que acuden no solo para la mera adquisición de conocimientos, sino también, como dice y exige la ley, para formarse en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
Así que hay que hacer algo. Pero ¿qué se puede hacer? No tengo una solución mágica, como sus señorías pueden suponer, pero sí hay varias ideas que dicta el sentido común y que creo que podrían aplicarse. Y sobre estas ideas precisamente
se organiza el apartado de recomendaciones que se incluyen en el informe que les presento, de cuyo contenido paso a darles cuenta a continuación.
La primera idea tiene que ver con los logros alcanzados. Si se ha conseguido, como parece, detener el avance del problema, incluso algunas mejoras significativas en ciertos aspectos es, sin duda alguna, por la atención que se le ha prestado
y por las iniciativas que la comunidad educativa y las autoridades competentes en la materia han puesto en práctica.
Esas iniciativas responden en buena medida a las recomendaciones incluidas en el anterior estudio, publicado en el año 2000, con las que se pretendía, entre otras finalidades, mejorar el conocimiento del problema, involucrar en su prevención
y resolución a todos los agentes implicados, señalar pautas de actuación en razón de los supuestos a atender, y dotar a los centros y al personal docente de los medios y recursos necesarios.
Todas aquellas recomendaciones mantienen plenamente su
vigencia y, por eso, en este nuevo informe se dan todas ellas por reproducidas.
Pero queda mucho trabajo por hacer, como demuestra el resultado de este nuevo estudio, aunque algo se haya avanzado en la buena dirección. No basta con mantener y proseguir con actuaciones y políticas que hasta ahora solo han conseguido
resultados parciales, hay que mejorar el conocimiento del problema e incidir en los aspectos más resistentes a la solución para darles un tratamiento particularizado. Por eso se recomienda que en cada ámbito territorial, y especialmente en aquellos
en los que hasta ahora no se han hecho, se realicen estudios epidemiológicos que concreten los datos y resultados nacionales aquí presentados, y que posibiliten un mejor conocimiento de la incidencia actual del problema de la violencia entre iguales
en el territorio del que en cada caso se trate. Hay que recordar aquí que si bien no han aparecido diferencias significativas entre comunidades autónomas o entre centros de ámbito rural o de ámbito urbano, entre otras variables consideradas, puede
haber influido en ello el elevadísimo nivel de confianza que se ha utilizado en las pruebas de significación estadística al analizar la influencia de las correspondientes variables en la incidencia del maltrato.
El rigor, la neutralidad y la objetividad con que se ha querido afrontar esta investigación exigía hacerlo así para presentar resultados incuestionables de ámbito nacional. Sin embargo, en ámbitos territoriales más limitados y en estudios
más específicos sería de interés comprobar si existen desviaciones o diferencias respecto de los datos nacionales, a fin de tomar las medidas oportunas.
Además, la información que aporte este trabajo y la que se obtenga de otros más específicos que se hayan hecho o que puedan hacerse, debería servir para evaluar minuciosamente las líneas de prevención e intervención seguidas hasta ahora, no
solo para contrastar su eficacia, sino también para adecuarlas a la situación actual y para añadir campos de trabajo en relación con aspectos que han adquirido relevancia en estos últimos años. Así, por ejemplo, y aunque los resultados no son
especialmente alarmantes, sería conveniente tomar medidas concretas para combatir el fenómeno conocido como ciberbullying, es decir, el acoso a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, cuyas características específicas de
anonimato del agresor y de reiteración y amplificación de sus efectos por el número de personas que puedan presenciarlo o tener conocimiento de ello, requiere la adopción de medidas adecuadas. También requiere una atención específica el riesgo de
victimización del alumnado de origen inmigrante que, como se ha visto en los resultados de este trabajo y con las cautelas que en su momento se hicieron constar, duplica en porcentaje al alumnado autóctono en el padecimiento de conductas de
exclusión social y de la forma más grave de amenazas, como es el de la conducta de amenazas con armas. Asimismo, sería conveniente prestar atención a lo que ocurre en los últimos cursos de Primaria, en los que ya se vienen produciendo fenómenos de
acoso escolar, según apuntan algunos trabajos en los que se ha incluido como objeto de estudio este nivel educativo, tal y como ya les he mencionado.
Conviene, por otro lado, no perder de vista que tanto este estudio como el anterior se centran en un tipo concreto de violencia escolar: las conductas de abusos o maltrato reiterado entre iguales que dan lugar a un proceso de victimización,
que no es la única aunque sí quizá la más frecuente y perniciosa de las que se pueden dar en los centros docentes.
Ambos informes aportan datos sobre algunas de esas otras formas específicas de violencia escolar de las que son víctimas esporádicas
o reiteradas los alumnos y los docentes, y que puede ser
ejercida por estos o por aquellos, por otros miembros de la comunidad educativa, e incluso por elementos ajenos a ella. La incidencia declarada por los propios alumnos sobre abusos cometidos por personas ajenas al centro y la declarada por
los profesores sobre agresiones entre ellos y los alumnos, así como la alarma social que provoca este tipo de conductas cuando se hacen públicas, sugiere la conveniencia de efectuar trabajos e investigaciones específicas que permitan conocer la
incidencia real de ese problema. Sería recomendable, por tanto, que se abordaran estudios de este carácter y se hicieran públicos los resultados.
Por otra parte, resulta preocupante, aunque explicable, que siga siendo mayor el porcentaje de alumnos que se reconoce en el papel de agresor que el que se reconoce como víctima. Dicho de otro modo, resulta desalentador que en términos de
valoración personal y de conciencia propia a muchos alumnos les resulte menos costoso situarse en el campo de los que abusan de sus iguales que en el de aquellos que son víctimas de tales abusos. Y es preocupante que ello ocurra pese a la mayor
concienciación social frente a las conductas de abuso, y pese a la abundante labor formativa e informativa que se ha llevado a cabo en los centros docentes estos últimos años.
Parece, pues, que lo hecho hasta ahora no es suficiente y que no se ha conseguido que cale en el alumnado el rechazo a la realización y a la participación en actos de abuso. Los valores de solidaridad y apoyo a las víctimas y de repulsa y
censura a los agresores no están lo suficientemente extendidos, y habrá que insistir en su transmisión y asentamiento hasta conseguir que la percepción negativa y el rechazo social del alumnado hacia actitudes violentas y abusivas aíslen a quienes
las practican, y les resten no solo su apoyo, sino también las miradas cómplices o comprensivas.
Tampoco son suficientemente satisfactorios los avances habidos en lo que se refiere a la ayuda que reciben las víctimas de las conductas violentas, particularmente en lo que hace al profesorado y a los servicios y equipos de orientación y a
los servicios de ayuda. Los resultados que arroja este estudio parecen indicar que estos no son percibidos como el auxilio más inmediato al que se pueda acudir y que, pese a su posición más próxima al alumnado, no reciben de hecho información ni
peticiones de ayuda más que en pequeños porcentajes. Habrá que insistir, pues, en las líneas de actuación tendentes a fomentar en los alumnos el recurso a los adultos de su entorno educativo, especialmente a sus profesores, y a los servicios y
especialistas que se ponen a su disposición. Eliminar el carácter oculto de las situaciones de acoso y conseguir que las víctimas y testigos pidan y reciban ayuda prioritaria y mayoritariamente de alguien más que de compañeros o amigos es una tarea
urgente que hay que atender. En este sentido, dotar al alumnado de habilidades de relación interpersonal y de estrategia de comunicación puede resultar de sumo interés.
Es positivo, en cambio, comprobar que existe una tendencia creciente a la resolución de los conflictos de convivencia en el ámbito propio del centro educativo y constatar, asimismo, que se ha producido un incremento en la relación con las
familias en el proceso de detección y resolución de los conflictos, aunque esta relación sea todavía insuficiente y como tal la perciba el profesorado, según revelan sus testimonios. Son estas líneas de trabajo en las que conviene insistir, de
manera que se logre una mayor implicación de las familias en la prevención y resolución de los conflictos de violencia escolar, y que estos puedan resolverse en el ámbito interno de los propios centros sin acudir a medidas excepcionales fuera de
ellos.
Finalmente, entre las recomendaciones que figuran en este nuevo informe hay una que considero de sumo interés trasladar a sus señorías, porque su convicción al respecto puede tener decisiva influencia para que sus objetivos se cumplan: me
refiero a la llamada de atención que, a mi juicio, es necesario hacer a administraciones e instituciones relacionadas con la educación y, también, a los medios de comunicación, a fin de que extremen el ejercicio de su responsabilidad a la hora de
presentar y difundir datos relacionados con la violencia escolar, evitando la generación de estados de preocupación o alarma social entre los ciudadanos, que en ningún caso benefician al buen desenvolvimiento de nuestro sistema educativo. Rigor,
ponderación y prudencia son siempre imprescindibles cuando se tratan estos temas, y todos estos valores son exigibles en su grado máximo a quienes tienen cualquier responsabilidad relacionada con la educación.
Para concluir esta intervención, quiero manifestar aquí el agradecimiento de la institución del Defensor del Pueblo a UNICEF, que generosa y desinteresadamente ha colaborado, una vez más, en la realización de este trabajo, facilitando no
solo una parte de los imprescindibles recursos económicos necesarios para abordar una tarea como esta, sino también un competentísimo equipo profesional procedente del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia. A todos ellos mi reconocimiento por su colaboración y a ustedes por la atención que me han prestado. Les doy las gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Múgica.
Vamos a seguir el procedimiento habitual de otras comisiones y con motivo de otros informes, no sin antes pedir disculpas por el retraso, pero eso es lo que tiene la lluvia. Intervendrán de menor a mayor, y creo que diez minutos por
interviniente es suficiente. Luego contestará el Defensor del Pueblo para satisfacer sus demandas.
Como creo que no hay nadie del Grupo Parlamentario Mixto ni del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ni de Izquierda Unida, corresponde el turno al señor Maqueda, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos y a todas. Señor defensor del Pueblo, quiero darle las gracias a usted y a todo su equipo por el informe que nos ha presentado.
Creemos que el Informe 'Violencia escolar: El maltrato entre iguales en la Educación
Secundaria Obligatoria 1999-2006' es de candente actualidad.
Usted ha comentado el caso de Yokin, en Hondarribia, y parece que lo conoce bien. Hace poco, en una reunión de la ponencia creada en el Senado a tal efecto, comenté un caso que viví muy de cerca y que sucedió en Erandio Goikoa, en Vizcaya.
Una alumna tuvo que salir de su colegio en Erandio como consecuencia del bullying, de las amenazas que recibía por parte de sus compañeros. Se trasladó a otro centro en Vizcaya, pero la localizaron a través de un primo de uno de los agresores, y
tuvo que cambiar nuevamente de centro. Hasta la fecha, aunque no sé si la situación sigue igual, está yendo al centro escolar acompañada por la policía.
Por fortuna, este tipo de cosas no son tan habituales. No son tan extremos los casos como el de Yokin o el de esta alumna de Erandio Goikoa u otros casos que saltan a los medios de comunicación, pero todos sabemos que el maltrato escolar
existe. Usted lo ha comentado y en el informe se recogen y, como bien ha señalado en el resumen que ha hecho y en el informe, los datos mejoran pero el problema persiste.
Evidentemente, se está trabajando en todas las instituciones de forma coordinada tratando de conseguir que esta lacra desaparezca de la sociedad, aunque desgraciadamente persisten muchos factores que hacen que todavía no haya sido así. Hay
que seguir trabajando y, en ese sentido, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos anima al defensor del Pueblo y a su equipo a que sigan en esta línea.
A la ponencia constituida en el Senado para tratar el problema del acoso y de la violencia física y psicológica entre los escolares asistieron expertos. El 20 de noviembre de 2006 celebramos la última reunión y se han recogido una serie
conclusiones de catedráticos y profesores titulares de universidades, así como representantes de los centros escolares, en las que nos vienen a decir que, efectivamente, existe este tipo de violencia; además, como usted también ha dicho, en
Internet es cada vez mayor, con fotos y vídeos.
Pero no solo hay que tener en cuenta la violencia que sufren los alumnos, que es muy importante y, como sabemos, hace que muchos no quieran ir al colegio, sino también la que padecen los profesores por parte de los padres, las madres,
etcétera. Todo esto que rodea a la enseñanza en los centros escolares aparece mezclado con el problema de la inmigración, que en determinadas zonas viene a agravar todavía más el conflicto. Con esto no quiero decir que sean los culpables de esta
situación, pero lo cierto es que por inadaptación u otro tipo de conductas agravan el problema que estamos comentando.
Pensamos que hay que tomar medidas, y en su momento nuestro grupo emitió un comunicado en este sentido. En él se viene a decir que aquellos alumnos, padres y profesores que no quieran convivir en la sociedad deben adaptarse a las leyes de
convivencia con las que esta y las instituciones que la conforman se han dotado para que se cumplan. Además, como bien saben el defensor y su equipo, existen muchos tipos de violencia. Voy a hacer aquí un pequeño inciso con el permiso del
defensor, pero dentro un minuto vuelvo al tema que nos atañe.
Existe la violencia de género, el mobbing laboral y muchos tipos de violencia en otros órdenes, y nosotros nos preguntamos si es que la sociedad se ha vuelto violenta o si es que no somos capaces, como también ha comentado el defensor en
otras ocasiones al hablar de los programas que existen en televisión, de entender qué esta pasando en esta sociedad.
Recuerdo que el Defensor vino a explicar un informe sobre violencia en el deporte en el seno de la Comisión especial de estudio
para erradicar el racismo y la xenofobia del deporte español, donde nos referimos también, desgraciadamente, al caso de otro chico guipuzcoano que fue asesinado, Aitor Zabaleta.
Y es que existe violencia, y lo vemos en los medios de comunicación un día sí y otro no. Aparecen frases puestas en boca de determinadas personas o actuaciones como la que vivimos ayer en Bilbao, se ofrece determinada información y luego
sucede lo que sucede. Según sea un medio de una u otra tendencia, y afortunadamente para la democracia no sucede todos los días, oyen determinadas noticias y se informa de una u otra manera; en función del periódico, la emisora de radio o la
televisión aparece un tipo de información, y así llegamos a situaciones como la de con estos hablo y con estos no.
Creo que todos, señor defensor del Pueblo, y a eso apelo, tenemos que trabajar con rigor en estas actuaciones en el ámbito social. En este momento, evidentemente, nos preocupa mucho el caso de los escolares y, como ha comentado, en el
informe se recogen una serie de conclusiones y recomendaciones que van muy de la mano de la UNICEF. En este sentido cuenta con nuestro total apoyo, y nos encontrará codo con codo al lado de usted y de su equipo. Esperamos entre todos hallar una
solución, y aunque no sabemos si será por medio de leyes porque son muchos los posibles caminos en el escenario de la resolución de la violencia, insisto en que nos va a tener a su lado para, entre todos, erradicar de las aulas este problema que
abarca, como he expuesto, diferentes frentes.
Nada más. No quiero hacerle perder ni un segundo más, señor defensor.
Traslade al equipo la felicitación en nombre de nuestro grupo por el brillante trabajo que han hecho.
Muchas gracias. Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Maqueda.
Tiene la palabra el senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el señor Batlle.
El señor BATLLE FARRÁN: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar al defensor del Pueblo y al equipo que lo acompaña.
Estamos, como usted ha dicho antes, en el debate de ese segundo informe -el primero es bastante reciente, del año 2000- sobre violencia escolar, que, como casi todo, tiene o puede tener diferentes lecturas e interpretaciones, pero demuestra
que las medidas tomadas y aplicadas como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones del informe del año 2000 han permitido mejorar la situación en relación con el estudio anterior en casi todos los campos comparados, y en aquellos que no
mejora ofrece datos esperanzadores simplemente porque no empeoran. Como es evidente, eso no es un buen dato pero estabilizan el problema, lo cual no es negativo, sobre todo si tenemos en cuenta que el punto de inflexión puede permitir en el futuro
invertir la tendencia y situarla a la baja.
El estudio de referencia pone de manifiesto que las respuestas obtenidas de los profesores y alumnos son coincidentes y confirman que la tendencia a la baja en las conductas abusivas más frecuentes y menos graves y la ausencia de incremento
en las otras tendencias se deben en gran medida a la existencia de un clima social que rechaza las conductas abusivas, así como a las medidas de prevención aplicadas, que son fundamentales para que el alumnado no se convierta en maltratador,
incidiendo de forma positiva en la conciencia personal y colectiva.
De la respuesta de los alumnos observamos que el trato entre iguales mejora y mucho en todos los aspectos excepto en las agresiones referentes a chantajes, a amenazas con armas o a acoso sexual y apuntan, aunque es aún una tímida tendencia,
a la baja, lo cual demuestra claramente que las políticas correctoras aplicadas no han dado ni mucho menos los resultados que eran de desear.
De las respuestas de los alumnos deducimos como algo positivo unas mejores relaciones sociales en los centros entre alumnos y alumnas, pero también entre alumnos y alumnas y profesores. Es importante, pues, resaltar que el porcentaje de
ayuda que se atribuye al profesorado es bastante mayor que el que se le atribuía en el estudio anterior, y es lógico pensar que es la consecuencia de una evidente mayor implicación del personal educativo en la resolución de los conflictos que se
generan en los centros.
Positivo es también que el número de víctimas que no comunican a nadie la agresión haya descendido un 5 por ciento, concretamente del 15 al 10 por ciento, aunque sigue siendo preocupante ese 10 por ciento que no lo comunica ni pide ayuda a
nadie, lo cual los hace excesivamente vulnerables con las consecuencia negativas que ello puede implicar.
En el aspecto negativo de las respuestas del alumnado merece destacarse que las agresiones físicas se dan mucho más del chico a la chica y que inciden cada vez de forma más temprana en cursos inferiores a la Educación Secundaria. Habrá,
pues, que prestar atención a los últimos cursos de Primaria y al porcentaje de alumnos inmigrantes de primera o segunda generación que son ignorados por los compañeros o compañeras y que duplica el de los estudiantes autóctonos. Habrá que prestar
especial atención a estos dos fenómenos y habrá que seguir de cerca también la creciente y la relativamente nueva forma de abuso que significan las agresiones de carácter informático.
Entre las respuestas del profesorado se deduce que la situación en los centros ha mejorado y que las agresiones de alumnos y alumnas hacia el profesorado y viceversa no han aumentado, más bien han disminuido, aunque de forma poco
significativa. Se observa una mayor confianza del alumnado hacia el profesorado que se traduce en un incremento de peticiones de ayuda al departamento de orientación educativa.
Es, pues, progresiva, la toma de conciencia de la necesidad de contar con la ayuda de expertos y es justo reconocer como un hecho muy positivo el aumento significativo del porcentaje de centros que han puesto en práctica programas de mejora
de la convivencia y actuaciones específicas de prevención, orientadas a incidir en las pautas de actuación en función del problema a atender y a dotar a los centros y al personal docente de medios y recursos suficientes.
No deja de ser la consecuencia lógica de la aplicación en todo o en parte de las recomendaciones del estudio del año 2000, el estudio anterior. El problema no se ha agravado. Ha mejorado, pero no ha desaparecido, lo cual nos induce a
pensar que debemos insistir en esa línea con la aplicación de aquellas medidas que se han revelado como eficaces y complementarlas con nuevas propuestas y recomendaciones, que son las que se hacen en este estudio, para aplicar nuevas medidas y
nuevas soluciones.
Compartimos plenamente ese estudio y compartimos plenamente las recomendaciones y sugerencias que se hacen y que se apuntan en él tendentes, lógicamente, a una mayor implicación de las familias, a una mejora de la convivencia en los centros
y a una mayor implicación también del profesorado y de los equipos de orientación, de esos equipos profesionales que son tan necesarios y que con toda seguridad nunca podrán atender o nunca serán capaces de atender todas las demandas.
Creo que estamos en el camino adecuado. Hay que seguir caminando por él y hay que incidir en esas aplicaciones de medidas positivas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Batlle.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Esquerra Republicana, la senadora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Gracias, señor presidente.
Doy las gracias al defensor del Pueblo por esta presentación y también a todo el equipo que ha elaborado este informe tan preciso y tan útil.
En Esquerra Republicana vemos como algo positivo que las recomendaciones que se hacen en el informe son más respetuosas con las competencias autonómicas que las del informe del año 2000. Y lo vemos positivo por dos razones. Primero, por
una cuestión competencial y, segundo, por una cuestión de eficacia. La mejor manera de solucionar los casos de acoso escolar es hacerlo desde los propios centros educativos. De hecho, ya se señala en el informe la importancia de incentivar la
resolución de los conflictos en el ámbito interno de los centros educativos. Así pues, legislarlo de forma centralizada, estatalmente, a nuestro entender sería un error.
El informe será útil para tener un mejor conocimiento de la realidad y su función debe ser complementar y reajustar las medidas adoptadas o que se estén adoptando ya a través de las administraciones autonómicas. Así será un buen instrumento
para tener en cuenta, para reajustar y precisar las actuaciones que, por ejemplo, está realizando la Generalitat de Cataluña la cual, como se señala en el informe, realiza cada cuatro años un informe elaborado por el departamento de Educación y de
Interior sobre este asunto. También se ha creado una unidad de apoyo a la convivencia escolar para dar una mejor atención a los casos de acoso escolar. Se han impulsado nuevas directrices de formación del profesorado para detectar y solucionar los
posibles casos. Y, por último, también se han incrementado los programas de mediación escolar entre los alumnos. Así pues, viendo que estas actuaciones están funcionando y alcanzando buenos resultados, una nueva legislación estatal que no tuviera
en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y lo que ellas ya están realizando iría en detrimento de conseguir resolver los casos de acoso escolar.
Por otro lado, si analizamos los resultados y nos centramos, por ejemplo, en el caso de Cataluña, vemos que el año pasado, sobre una población de un millón de alumnos, solo existieron cuatro casos graves de acoso escolar. Vemos que el
número de casos graves que encontramos es reducido y, de hecho, se va reduciendo. A nuestro entender, tenemos que tomar muy en serio estos casos y realizar todos los esfuerzos para solucionarlos, pero tampoco aceptamos, como está haciendo en estos
momentos el Partido Popular, que se tome este reducido número de casos aislados y se convierta en un conflicto generalizado. Primero porque esto no es verdad.
Segundo, porque lo único que consigue esta actuación es deslegitimar el sistema
educativo en general, las personas que día a día están trabajando en los centros escolares para asegurar una educación de calidad a los alumnos y, además, trabajando para que el ambiente escolar sea el más adecuado. Y, por último, porque están
deslegitimando a los propios jóvenes.
Para terminar, es importante que se tenga en cuenta que no podemos coger la agresividad que se vive en las aulas, sobre todo la agresividad verbal, y aislarla del contexto social en que vivimos, porque si nos fijamos en diferentes tipos de
maltrato que se señalan en el informe como los insultos, los motes ofensivos, la conducta de ignorar, las amenazas para meter miedo o, incluso, el hecho de no dejar participar, nos encontramos con que estos fenómenos no son aislados y no se
encuentran solo en el ámbito escolar; todo lo contrario. Debemos buscar las causas de estos fenómenos en otros ámbitos de la sociedad, en el ámbito, por ejemplo, de los medios de comunicación o del deporte, pero también en el de la política.
El Pleno del Congreso y el Pleno del Senado deben ser los primeros sitios donde nosotros mismos, los políticos demos una lección de conducta. En este sentido, un instituto de Castelló, del País Valencià ha enviado a todos los grupos
parlamentarios del Congreso una serie de recomendaciones, lamentando el conflicto que se vive continuamente en las instituciones políticas. En ellas nos instan a ofrecer, desde el puesto que ocupamos, un modelo de convivencia y de actuaciones
pacíficas, en las que se respete la palabra de modo que resulten un verdadero modelo para los jóvenes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañigueral.
Tiene la palabra el señor Maldonado, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president.
Señor defensor, en primer lugar, le agradezco su informe amplio y detallado. Le agradezco también el trabajo que ha llevado a cabo su equipo y aplaudo la colaboración de una entidad prestigiosa y conocedora del mundo infantil y juvenil como
es Unicef. Le agradezco el informe, sobre todo y por desgracia, por la actualidad del tema que trata. La violencia escolar, física y psíquica, es una realidad en el mundo, en todas partes. No se trata solo de Cataluña, de España o de Europa; es
una situación social que se da en todas partes. Si me lo permite, llevaré el agua a mi molino y hablaré de Cataluña, aunque sea para decir que tampoco escapa a esta lacra.
En Convergència i Unió nos preocupa mucho esta situación de violencia física y psíquica, que se hace cada vez más profunda en el mundo escolar.
Se ha dicho que la situación mejora. Nosotros tenemos dudas de que sea así. Y no porque el
informe no esté bien hecho o bien redactado, que ocurre todo lo contrario, sino porque sabemos que hay acoso y violencia ocultos, no denunciados, que no forman parte de las estadísticas. Por nuestra parte, queremos aprovechar la oportunidad que nos
ofrece el informe del defensor del pueblo para hacer un llamamiento a la clase política: que se dé prioridad a
este problema dentro de las instituciones. Hay que articular instrumentos que protejan a los niños y a los jóvenes de estas situaciones. Estos instrumentos tienen que estar presentes en diferentes ámbitos. Por ejemplo, deben existir
instrumentos jurídicos para actuar sobre los alumnos -sobre los jóvenes- que provoquen situaciones de violencia física o psíquica. Hoy, el periódico 'La Razón' dice en su portada: los profesores denuncian las trabas para sancionar a los alumnos.
El artículo es más largo, pero el título es bastante explícito, ¿no? Nosotros no hablamos de sancionar, pero sí de instrumentos jurídicos que ayuden, traten y den apoyo a los alumnos que bordeen la desestructuración social.
Además, hay que
orquestar instrumentos jurídicos que apoyen a los educadores para que puedan actuar de manera eficaz. Igualmente, hay que orquestar instrumentos jurídicos que permitan exigir a los padres que actúen o que dejen actuar. Cuántos padres, cuando
alguna autoridad social o escolar les llama, niegan la realidad, niegan que su hijo o hija pueda tener algún problema y niegan que pueda hacer falta alguna actuación de apoyo que reconduzca la situación de la persona que ha manifestado actuaciones
de este tipo.
Por otra parte, no solo hay que dar instrumentos jurídicos a las escuelas y a los educadores, y a las instituciones, para que puedan exigir a los padres para trabajar en la reconducción de estos chicos y jóvenes, sino que hay que orquestar
igualmente instrumentos que obliguen a las escuelas a actuar. Hay violencia física y psíquica a edades muy tempranas. Aunque no lo parezca, este fenómeno que ha presentado el defensor se produce entre niños y niñas muy pequeños. Les voy a poner
solo un ejemplo. El de una niña de siete u ocho años que, para poder jugar en el patio con los demás niños y niñas, se le exigía que diera vueltas a la pista deportiva y que buscara papeles en la basura. Solo con estas condiciones se le aceptaba a
la niña en el grupo para jugar. Esto es violencia psíquica.
Además, cuando los padres fueron a hablar con el tutor, la respuesta fue que la niña era débil; ¡que la niña era débil! A esta escuela hay que exigirle una actuación. No se puede
sancionar ni encarcelar a niños y niñas de seis o siete años, solo podemos ayudarles. Los débiles son objeto de abuso de los fuertes. En este caso, la escuela dejó a los padres sumidos en la impotencia con la respuesta de que su hija era débil y
por eso abusaban de ella sus amigas y le hacían buscar papeles en la basura y dar vueltas a la pista para permitirle jugar con ellas. La autoestima de esta niña estaba por los suelos y hubo que someterla a tratamiento psicológico. Sin embargo, los
padres recibieron de la escuela la respuesta de que la niña era débil. Los padres tendrían que contar con instrumentos que les permitiera exigir a la escuela una respuesta diferente. Por muy débil que fuera la niña, que no lo era; por mucho
problema que tuvieran las otras niñas, que lo tenían, hacen falta medidas que permitan dar apoyo a la vez a las niñas que inconscientemente provocan esta situación y a la niña que es objeto de abuso.
¿Qué pide Convergència i Unió? Campañas de sensibilización, trabajo pedagógico de apoyo a los profesores para que puedan actuar y elevación del nivel de actuación del mundo pedagógico puesto que los profesores necesitan instrumentos para
trabajar en un campo tan difícil y específico.
Le agradezco una vez más que haya traído este tema a la comisión. Por desgracia, es actual y creo que irá a más; no creo que vaya a menos. No obstante, ojalá tenga razón el defensor y este problema oculto sea menor de lo que parece y las
cifras vayan bajando. Sin duda, estos niños y niñas, estos jóvenes que sufren la presión del acoso violento físico y psíquico en la sociedad, en sus casas o en la escuela son ciudadanos con potenciales problemas futuros. Unos, de violencia, y
otros de menosprecio de su autoestima.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Maldonado.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Begoña Contreras.
La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señor presidente.
Señor defensor del pueblo, señores del equipo del defensor del pueblo, adjuntos, bienvenidos a esta comisión. Gracias, sobre todo, por el informe detallado y, una vez más, riguroso que hoy tenemos el gusto de debatir y profundizar.
Mi grupo parlamentario, además de leer con detenimiento cada uno de sus apartados, ha hecho una mayor reflexión sobre el capítulo de conclusiones, recomendaciones y propuestas. Nos parece muy interesante el hecho de que seis años después de
la elaboración del primer informe, lo que en él se recomendó y se puso en marcha haya dado resultados positivos, aunque tampoco se deben lanzar las campanas al vuelo.
Por tanto, hay que seguir trabajando sobre esos índices, sobre la evaluación y la concreción de ámbitos específicos, como ha dicho el defensor del pueblo, para que los estudios epidemiológicos puedan cobrar una mayor incidencia en cada
territorio y adoptar las medidas oportunas, es decir, no la generalización de todo el territorio nacional sino líneas de prevención específicas en unos campos que últimamente se han mostrado muy relevantes: la aparición de las nuevas tecnologías y
el nuevo tipo de bullying, el cyberbullying, al que ha hecho mención también el resto de los portavoces.
Hay que poner un acento especial en lo apuntado por el señor Múgica en su exposición sobre el riesgo a la victimización de los alumnos inmigrantes, que se han multiplicado por dos, y que se sienten excluidos socialmente en el ámbito escolar;
se duplica este alumnado y, por tanto, también estas malas prácticas.
Y es necesario asimismo poner un mayor énfasis si cabe, aunque el porcentaje sea mínimo, en las amenazas con armas, dada su gravedad.
En lo relativo a la Educación Secundaria Obligatoria, los cursos entre segundo y cuarto, el informe menciona que en los últimos cursos de primaria, en esos incipientes visos de violencia escolar es cuando la prevención puede dar mejores
resultados; cuanto antes se detecte, se ataje y se reconduzca el comportamiento personal de los alumnos en edades más precoces más fácil será que los resultados sean más satisfactorios.
El defensor del pueblo ha dicho que es desalentadora - palabra que llama la atención- la valoración personal de la conciencia propia, que haya más alumnos en esas edades que prefieran ser agresores, que se conciencien más y se pongan más en
el papel del agresor que en el de la víctima o incluso que en el del testigo. Verdaderamente es desalentador, y en este punto me gustaría preguntar al defensor del pueblo qué se podría hacer para acabar con ese tipo de conciencia.
Nos ha dicho que las administraciones - en esta Cámara todos nos sentimos parte de la administración - y las instituciones, fundamentalmente las relacionadas con el mundo educativo, deberíamos extremar la prudencia. Y, ya que hace poco, en
el pasado periodo de sesiones se aprobó una nueva Ley Orgánica de Educación, quiero preguntarle si ésta tiene visos de favorecer la erradicación de la violencia en la escuela, en nuestros jóvenes. También pide prudencia a los medios de comunicación
para no exagerar los datos y tratarlos con extrema cautela, y evitar así crear una alarma social en ocasiones de todo punto perjudicial.
El defensor del pueblo comenzaba su informe sobre violencia escolar hablándonos de cine, de las películas americanas en las que aparecen imágenes impactantes de una violencia exagerada . Pues bien, creo que no se puede dejar de ver las
imágenes de algo que ayer sucedió en la realidad, no era ninguna película: unos actos de violencia entre mayores, no entre escolares, una agresión no verbal sino física, que se produjo a la entrada de la Audiencia Territorial de Bilbao contra el
abogado del Foro de Ermua y que, desde aquí, mi grupo desea condenar.
Una reflexión que podríamos hacer todos hoy es que difícilmente podremos erradicar la violencia en educación primaria, secundaria, etcétera, en nuestros jóvenes, en nuestras futuras generaciones, si damos ejemplos como éste; no se trata
únicamente de la violencia verbal que en algunos casos hemos llegado a padecer todos, también la amenaza verbal es un reflejo de la sociedad que vemos continuamente en nuestras televisiones.
Hay que diferenciar el hacer político, evitar trasladar a
la oposición política la crispación y la amenaza que estamos sufriendo en estos días.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Contreras.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Encarnación Niño.
La señora NIÑO RICO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor defensor del pueblo, señor Múgica, por su comparecencia y por este magnífico y exhaustivo trabajo que hoy nos presenta su defensoría.
Señorías, me van a permitir traer a esta comisión las palabras de una persona afectada por el fenómeno que hoy tratamos y que literalmente dice así: Además de pegar, hay otras maneras de destrozar la vida de una persona; hay gente, como
sucede en mi caso, a la que insultan, insultan e insultan, que ya cansa; muchos de vosotros diréis que eso no es nada, pero la gente no tiene por qué aguantar el más mínimo insulto y, sin embargo, a la mayoría de nosotros no nos queda más remedio.
Señorías, este testimonio anónimo es una muestra de la situación que desafortunadamente existe en nuestros centros escolares, el denominado bullying o maltrato entre iguales, y que hoy es objeto de preocupación y debate en esta comisión.
Del extenso y pormenorizado trabajo que hoy nos presenta en esta comisión el defensor del pueblo es importante destacar varios aspectos: en primer lugar, el fenómeno del maltrato entre iguales por abuso de poder en los centros educativos no
es nuevo, así lo demuestran los estudios que a este respecto se han venido desarrollando desde hace décadas; de hecho, una parte fundamental de este trabajo tiene su base en la comparativa con el primer informe del defensor del pueblo y de Unicef
del año 2000.
En segundo lugar, tampoco es un fenómeno que concierna sólo a nuestro país, y en este sentido son significativos tanto los estudios realizados en otras naciones de nuestro entorno cultural como la extensa bibliografía que ha sido consultada
y tomada como referencia para este trabajo.
En tercer lugar, son significativas también las distintas perspectivas valoradas en función de los distintos puntos de vista: el de la víctima, el del agresor y el de los testigos; además de las perspectivas según el curso, el género o las
relaciones sociales de los distintos protagonistas.
Este nuevo trabajo de la oficina del defensor del pueblo que actualiza el informe del año 2000 ha tenido como objetivo general la investigación empírica del maltrato entre iguales en el contexto de la Educación Secundaria Obligatoria en
España.
Es destacable la importancia que para todos los implicados en una situación de acoso escolar supondrán todos estos datos exhaustivos que se han desarrollado en este informe; datos que van a hacer posible la búsqueda de medidas necesarias a
adoptar por las administraciones para prevenir, en primer lugar, y paliar, en segundo, las consecuencias del fenómeno al que nos referimos.
Los resultados del estudio del año 2006, realizados con alumnos y profesores, y su comparativa con el informe del año 2000 nos muestran una mejora durante los últimos años en el panorama sobre el maltrato escolar.
Pero, aun cuando hoy
podemos sentir cierta
tranquilidad acerca de estas conclusiones, en ningún caso debemos sentirnos satisfechos, ya que los distintos tipos de violencia siguen irrumpiendo en nuestras aulas.
Creo que es necesario referirnos en este ámbito de las Cortes Generales a lo que nos compete, en este caso, a la Ley Orgánica de Educación, aprobada recientemente, que incluye entre sus principios y fines, en el proyecto educativo y sus
recursos, la mención expresa a la convivencia y la resolución de conflictos en los centros escolares, así como a las medidas específicas que hay que poner en marcha. De hecho, en el marco de esta nueva ley, se establece la firma del plan para la
promoción y la mejora de la convivencia escolar, que es la respuesta política y global a un problema serio que se ha venido denunciando desde hace décadas.
Aprender a vivir juntos aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial de
la educación, representa uno de los principales retos para cualquier sistema educativo. No obstante, una de las percepciones más extendidas entre el profesorado sigue haciendo referencia al progresivo incremento de las dificultades para la
convivencia en los centros educativos, de forma muy especial, como bien se ha señalado, en secundaria.
Entre los factores que se han apuntado como responsables del deterioro de la convivencia, unos son de carácter psicológico, otros son de carácter social y otros propiamente educativos. Por tanto, la complejidad y variedad de estos factores
exige intervenir en distintos ámbitos.
Actualmente existe un acuerdo básico entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las organizaciones sindicales sobre las condiciones sociolaborales del profesorado, un acuerdo que fue firmado en octubre de
2005 y que establece el compromiso del ministerio de potenciar, entre otras, las actuaciones relacionadas con la convivencia y las estrategias para la resolución de conflictos.
De igual modo, este plan de actuación para promover y mejorar la convivencia escolar no es, unilateralmente, del Gobierno, sino que está consensuado con la mayoría de los sindicatos: Comisiones Obreras, ANPE, UGT, CSIF, USO, y a él también
se han adherido organizaciones que consideramos necesarias para el buen desarrollo del plan, como son Ceapa, Concapa y la patronal, así como la Fundación Escuela Cristina.
Entre los compromisos que ya se han cumplido respecto a los objetivos de este plan, cabe destacar la puesta en marcha del Observatorio estatal de convivencia escolar y prevención de conflictos, que se creó el pasado 23 de febrero del
presente año. Este organismo, de ámbito estatal, estará encargado de recabar información y tomar el pulso a nuestras aulas, con recogida de datos e informes anuales, y en él participarán miembros del ministerio, de los sindicatos, de las
comunidades autónomas, así como una representación de padres y alumnos.
En esta línea también se articulan programas de actuación en los centros que por sus características específicas requieran mayores recursos, ya sean humanos o materiales. En este punto, me gustaría señalar que en la comunidad a la que
pertenezco, Andalucía, hay proyectos innovadores como los denominados Escuela para la paz, que están teniendo una notable incidencia y por los que, con la colaboración del profesorado, la dirección del centro, los padres y los alumnos, se vienen
organizando actividades en la línea de la concienciación a la que nos hemos referido.
También es importante el último acuerdo firmado por los ministerios de Educación y del Interior relativo a la necesidad de colaborar y coordinar la actuación de ambos ministerios por lo que se refiere a agresiones y maltrato.
El señor defensor del pueblo ha resaltado como medida fundamental la necesidad de la prevención y entendemos que la incorporación del profesorado y los padres a programas de formación también será una buena forma de incidir en la misma. La
muestra es un primer curso de formación para padres pertenecientes a la Confederación de Padres Católicos y la Ceapa, organizado desde el Ministerio de Educación, a realizar desde este mismo mes de marzo durante cinco meses, para que posteriormente
estos padres formen a otros más en sus propias comunidades o regiones.
Asimismo, la apertura de una página web sobre convivencia, como se refleja en el plan al que venimos haciendo referencia, o la convocatoria de premios anuales por buenas prácticas en los centros, respecto a la que este año ya se ha
galardonado a dos de 144 que presentaron proyecto, creemos que son iniciativas que hacen que los implicados de una forma o de otra en la cuestión puedan participar en la erradicación del maltrato en nuestras escuelas.
Queremos incidir en la necesidad de modificar el plan relativo al marco jurídico abordando las formas de tratar las sanciones a fin de que se logren protocolos de actuación rápidos y eficaces. Quiero subrayar que todas ellas son propuestas
que, evidentemente, cuentan con medidas presupuestarias, lo que es necesario para que toda propuesta legal tenga una respuesta práctica. Los recursos humanos y materiales deben ser adecuados y puestos a disposición por parte del Ministerio de
Educación.
Sin duda, todo esto no será suficiente, como ha expresado también el señor defensor del pueblo. La resolución de este problema no acaba aquí, pero creemos que las políticas activas, el consenso social y los recursos suficientes son un buen
cóctel para una adecuada y fructífera línea de trabajo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista valoramos muy positivamente la guía que supone este informe del Defensor del Pueblo para conocer las directrices que debemos exigir a las distintas administraciones y a los colectivos implicados y
pensamos que con la concienciación sobre la existencia de un problema a resolver, aunque sin producir alarma social, como demuestran estos datos que hoy nos mueven a un cierto optimismo, con el esfuerzo de todas las instituciones, conseguiremos en
el futuro mejores resultados, haciendo que continúe
esa tendencia a la baja por lo que se refiere a los datos sobre maltrato en nuestros centros educativos.
Desde aquí queremos pedir a la oficina del Defensor del Pueblo que siga alerta sobre esos nuevos casos que vienen apareciendo sobre acoso desde la red y la victimización de inmigrantes. Estaremos acompañándole en su trabajo durante todo el
proceso y sepa que el grupo socialista se compromete en esta comisión a realizar las iniciativas parlamentarias que creamos necesarias para que el trabajo sea más fructífero. Le damos nuestra enhorabuena por este informe.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor defensor del pueblo para contestar a las diferentes preguntas y planteamientos que han expresado sus señorías.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Gracias.
Señorías, muchas gracias a todos. Mila esker, Maqueda jauna. Zurek hitzek indarra emango digute horrela jarraitzeko. Sus palabras nos animan a seguir por el mismo camino. Tengo pocas ocasiones de hablar en euskera y aprovecho que está el
senador Maqueda en la sala. (El señor Puche Rodríguez-Acosta: Nos viene bien porque así aprendemos los demás.) Lo que aprendí de euskera lo aprendí en dos años en el penal de Burgos que es lo que sé de euskera que tampoco es el mejor sitio para
ello.
Realmente las palabras son estimulantes y no creo que haya que contestar más que, simplemente, dando las gracias.
Un gran escritor que contribuyó enormemente a la cultura moderna fue Jean-Jacques Rousseau, entre cuyas relevantes obras el más fecundo para construir la democracia moderna fue 'El contrato social', además de 'Emilio', respecto a la
educación. Hay que tener en cuenta que Rousseau escribió estos libros en pleno absolutismo y, naturalmente, la forma de reaccionar frente al despotismo ilustrado era la proclamación de la libertad y la igualdad, como se manifiesta en 'El contrato
social', y la forma de decir que todos los niños son buenos y es la sociedad la que los perturba se manifiesta en 'Emilio'. Naturalmente, tras estos procesos hemos llegado, por una parte y afortunadamente, a la democracia y, por otro, a las teorías
de María Montessori, que tanto influyeron entre nuestras generaciones cuando tuvimos hijos.
El problema se halla en el ambiente en que nacen y viven los niños. Un ambiente de violencia es malo y todo lo que nosotros, instituciones, partidos, Parlamento, hagamos en favor de la comunidad educativa, ayudándola, estoy convencido de
que dará buenos resultados. Hay que evitar que la crispación llegue a los centros educativos. En este sentido, hemos mejorado algo. Por ejemplo, recuerdo que en Andalucía nosotros colaboramos para la paz en algunas escuelas, que reúnen a varios
centros; en alguna ocasión yo mismo di alguna conferencia en dichos centros y también la Adjunta primera y el Adjunto segundo. Todo eso es bueno, pero seamos realistas, porque el optimismo puede conducir, por una parte, a la utopía y, por otra, al
pesimismo. Vamos a quedarnos en el término medio y vamos a dar pasos adelante. Este informe significa que hemos dado unos pasos adelante y que seguramente daremos más. Sin embargo, desgraciadamente, nos encontramos en un momento en donde los
nietos de los que somos mayores y los hijos de los que no lo son tanto están viviendo una sociedad del espectáculo verdaderamente dura, como ocurre, por ejemplo, en las grandes producciones de cine, que son tremendas. Con ello no quiero decir que
esto penetre en las mentes adolescentes o juveniles, pero está ahí. Por ejemplo, mis nietos, que tienen quince años fueron a ver una película de espartanos que era excesivamente violenta -yo no voy a verla, porque no me gusta la violencia- y les
encantó, y eso no es bueno. Por lo tanto, todo lo que hagamos en la escuela por que aprendan, por enseñar la tolerancia, la convivencia y la amistad, es necesario. Creo que estamos en el buen camino, pero no debemos tirar fuegos artificiales como
si fuera la nit del foc, que conoce muy bien nuestro presidente. Por lo tanto, prosigamos todos de común acuerdo por ese camino.
Muchas gracias a todos. Milesker.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, damos las gracias al defensor del pueblo por su comparecencia.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cuarenta y cinco minutos.