Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 82, de 19/12/2006
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 82
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC ANTICH OLIVER
Sesión núm. 23
celebrada el martes, 19 de diciembre de 2006,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Proposición no de ley:
-Relativa a la colaboración de los órganos de la Administración General del Estado con el Tribunal de Cuentas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 161/001954 y número de expediente
Senado 663/000068.) ... (Página 3)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
-Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Seguridad Social para el desarrollo, implantación y mantenimiento de la administración electrónica como nueva modalidad de prestación de servicios y de relación con los
ciudadanos, tanto a través de Internet como de otras plataformas de comunicaciones. (Número de expediente Congreso 251/000095 y número de expediente Senado 771/000092.) ...
(Página 9)
-Informe de fiscalización de la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000107 y número de expediente Senado 771/000105.) ...
-Informe de fiscalización de la financiación pública a la Real Federación Española de Fútbol y control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes, ejercicios 2002 y 2003. (Número de expediente Congreso
251/000123 y número de expediente Senado 771/000119.) ... (Página 14)
-Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villablino (León) sobre la gestión económica financiera y presupuestaria y política de personal llevada a cabo entre 1998 y 2002, ambos inclusive. (Número de expediente Congreso 251/000118 y
número de expediente Senado 771/000115.) ...
(Página 17)
-Moción sobre control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación de las entidades locales. (Número de expediente Congreso 251/000122 y número de expediente Senado 771/000017.) ...
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión.
En primer lugar, debido a que hoy hay Pleno en el Senado, quiero proponer, después de haber hablado con algunos portavoces, una modificación del orden del día que consiste en tener únicamente en esta sesión el debate y votación de la
proposición no de ley y las propuestas de resolución y quedaría para una próxima sesión, que fijaremos cuando termine esta en una reunión de Mesa y portavoces, la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas sobre los expedientes que debía
de informar en el día de hoy. ¿Les parece bien? (Asentimiento.)
En segundo lugar, la votación se celebrará no antes de las doce. (Un señor diputado: Un poco antes.) Bien, a las once y media.
El señor VALLÈS VIVES: Señor presidente, hay seis puntos en el orden del día y una proposición no de ley. Se puede fijar la votación antes, pero parece difícil que lleguemos a esa hora; en cualquier caso, a las doce menos cuarto.
El señor PRESIDENTE: ¿Les parece bien a las doce menos cuarto? (Asentimiento.)
Así queda fijado.
El señor PRESIDENTE: La portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiere hacer una propuesta. Tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Con el beneplácito de la Comisión, únicamente quería dar por defendidas las propuestas de resolución al informe de fiscalización de la financiación pública a la Real Federación Española de Fútbol y control del
destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes, dado que me tengo que ausentar para acudir a la reunión del pacto antitransfuguismo.
El señor PRESIDENTE: Se dan por defendidas estas propuestas de resolución y en su momento se someterán a votación.
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
-RELATIVA A LA COLABORACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001954 y número de expediente
Senado 663/000068.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día: Debate y votación de la proposición no de ley relativa a la colaboración de los órganos de la Administración General del Estado con el Tribunal de Cuentas. En el turno a
favor tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular señora Madrazo.
La señora MADRAZO DIÁZ: Antes de pasar a exponer los distintos puntos que contiene la iniciativa presentada por mi grupo parlamentario, me gustaría repasar los antecedentes que han llevado al Tribunal de Cuentas a adoptar un acuerdo, con
fecha 24 de octubre pasado, en el que pone de manifiesto a esta Comisión mixta la negativa del Ministerio de Economía y Hacienda a entregar la documentación que le ha sido requerida con el fin de iniciar la fiscalización de la transparencia en el
proceso de elaboración de los presupuestos para 2006 de las entidades del sector público. Me gustaría también recordar que este acuerdo del pleno del Tribunal de Cuentas se ha adoptado prácticamente por unanimidad de todos sus miembros excepto uno,
lo que pone de manifiesto la gran relevancia que tiene para nuestro máximo órgano fiscalizador la cuestión que hoy estamos debatiendo.
El Tribunal de Cuentas, como todos ustedes saben, es un órgano constitucional del Estado, lo que nos da una idea de su máximo rango.
Tanto la Constitución como las leyes orgánicas y de funcionamiento que regulan sus funciones definen al
Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y de todo el sector público. Estas normas le sitúan en la órbita del Poder Legislativo, con dependencia directa de las Cortes Generales,
estableciendo con absoluta claridad las dos funciones que se le encomiendan al tribunal, que son la de fiscalización y la jurisdiccional.
Centrándonos en la primera función, la fiscalizadora, consiste en comprobar si la actividad económica
financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía, y su destinatario natural son las Cortes Generales a través de esta Comisión mixta. Ejerce así el Tribunal de Cuentas el control externo, permanente y
consuntivo, como órgano técnico que es, y somos las Cortes, apoyándonos en sus informes, las que desplegamos el control político parlamentario.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no ha querido dejar pasar por alto algo que, a nuestro juicio,
forma parte de nuestras obligaciones, que es el control político del Gobierno. Esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de la que formamos parte, no puede mirar para otro lado y no pronunciarse sobre un acuerdo adoptado
por el pleno del Tribunal de Cuentas en el que viene, primero, a poner en nuestro conocimiento unos hechos ocurridos en el transcurso de una fiscalización y, segundo, a solicitar el amparo o, al menos, nuestro pronunciamiento ante la negativa por
parte del Ministerio de Economía y Hacienda de entregar una documentación que precisa para efectuar la tarea que tiene constitucionalmente asignada. Si no adoptáramos ninguna decisión al respecto, estaríamos vaciando de contenido las funciones del
propio Tribunal de Cuentas, así como de esta Comisión mixta, que les recuerdo que fue creada por mandato de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, precisamente para proponer las medidas que estimemos oportunas
en esta Comisión a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia del sector público.
Una vez expuestos los motivos que nos han llevado a presentar esta proposición no de ley, entraré en el análisis del fondo del asunto que hoy estamos debatiendo. Como bien explica en su acuerdo el propio Tribunal de Cuentas, este informe de
fiscalización fue aprobado en su programa de fiscalizaciones para el año 2006. El artículo 3.a) de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas confiere al pleno del tribunal la atribución para aprobar el programa de fiscalizaciones de cada
año. La elaboración del programa anual de fiscalizaciones es una actuación fundamental, a nuestro juicio, en el ejercicio de su función fiscalizadora. Este programa, como ustedes conocerán, no se elabora al tuntún ni porque sí, sin ningún
criterio, sino por la importancia cuantitativa o cualitativa que a juicio del Tribunal de Cuentas generará un mayor valor añadido en el conocimiento y control de la actividad económica financiera del sector público. En ese marco de selección de
objetivos es donde debemos encuadrar la iniciativa de elaborar durante 2006 un informe de fiscalización de la transparencia en el proceso de elaboración de los presupuestos para el año 2006. La actividad fiscalizadora no se puede limitar a un
procedimiento mecánico, repetitivo y carente totalmente de ambición, sino que debe innovarse y mejorarse año a año, puesto que el objetivo que tanto el Tribunal de Cuentas como nosotros mismos debemos perseguir es mejorar el funcionamiento del
sector público. El Grupo Parlamentario Popular entiende que esa es nuestra labor; si no avanzamos en este proceso de mejora ponemos en tela de juicio nuestra propia razón de ser. Estamos hablando aquí de algo tan importante como el control del
uso del dinero público aportado por todos los ciudadanos y que el Gobierno determina en qué se debe gastar en función de sus prioridades. Por ello, los objetivos marcados por el pleno del Tribunal de Cuentas en las directrices técnicas, a los que
debería sujetarse la fiscalización de la elaboración de los presupuestos para 2006,
nos parecen los adecuados para poder ejercer ese control. Por un lado, pretendía el tribunal comprobar si los órganos competentes han actuado con arreglo a las normas que regulan el proceso de elaboración de los presupuestos, especialmente
las que establecen la Ley General Presupuestaria y la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Por otro lado, pretendía el tribunal verificar si la elaboración de los presupuestos se ha acomodado al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado
por las Cortes. Nos parecen dos objetivos muy razonables y con los que, sin duda, avanzamos en el control de la actividad económica financiera del sector público.
El señor presidente del Tribunal de Cuentas ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de verificar el cumplimiento del principio de transparencia. Este principio ha sido ya regulado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tanto en
la del año 2001 como en la modificación hecha por el Gobierno socialista en el año 2006. Por tanto, este principio ha dejado de ser ético para convertirse en un principio legal y, por consiguiente, de obligado cumplimiento. Ya en la declaración de
la cuenta general del año 2003 se decía por el Tribunal de Cuentas que la aplicación por primera vez de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria conformaba un nuevo marco jurídico para la actuación de todas las administraciones públicas en
materia de política presupuestaria. En el examen de la cuenta general de ese ejercicio, el primero afectado por la entrada en vigor de la Ley de estabilidad, el Tribunal de Cuentas incluyó entre sus objetivos el análisis del procedimiento seguido
en la elaboración de los presupuestos generales, así como la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria acordado por las Cortes Generales, solicitando en consecuencia al Ministerio de Economía y Hacienda la documentación necesaria para
verificar ese cumplimiento. Así pues, el tribunal ya ha realizado una fiscalización del proceso de elaboración de los presupuestos generales para el año 2003 (les recuerdo que en ese año quien gobernaba era el Partido Popular) y el propio tribunal
ha manifestado que pudo realizar sus actuaciones fiscalizadoras accediendo a la documentación elaborada por los distintos órganos administrativos en la preparación del proyecto de presupuestos. Bien es cierto que el Tribunal de Cuentas se encontró
con problemas de método y entendió, por ello, que era necesario efectuar una fiscalización especial para evaluar la transparencia en el proceso de elaboración de los presupuestos.
Con estos antecedentes llegamos ya a la cuestión que hoy nos ocupa, porque el Gobierno socialista presume con demasiada frecuencia de aquello de lo que carece. Nos encontramos con que el Ministerio de Economía y Hacienda, amparándose en la
interpretación estricta y cicatera, a mi juicio, de la normativa aplicable, se niega a colaborar con el Tribunal de Cuentas e incumple de forma flagrante el deber de colaboración, negándose a entregar la documentación que le ha sido requerida para
el cumplimiento de la función fiscalizadora. Más allá de la interpretación de la normativa aplicable, existen unos principios éticos de transparencia en el funcionamiento de la Administración sobre la necesidad de dar a conocer a los ciudadanos, a
través de sus representantes en las Cortes Generales, cuáles son sus actuaciones en la aplicación y disposición de los recursos públicos, y todo esto se lo está negando el Gobierno del Partido Socialista no al Tribunal de Cuentas ni a esta Comisión
mixta, sino a los ciudadanos. Confieso que la lectura de este acuerdo del pleno del Tribunal de Cuentas, donde denuncia la no colaboración por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, nos ha producido perplejidad, máxime cuando la actuación
obstruccionista procede de un Gobierno que hace de la transparencia su bandera pero que a la hora de la verdad no predica con trigo. Este Gobierno está demostrando, día tras día, que su actuación no se corresponde con lo que predican, porque ni
hacen lo que dicen ni dicen lo que hacen. Para demostrar mis afirmaciones pueden acudir ustedes a un documento elaborado por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de fecha 21 de septiembre de 2004, firmado por el responsable del área
don Miguel Ángel Fernández Ordóñez y titulado precisamente La transparencia en las cuentas públicas y en la información económica. Les voy a leer algunas afirmaciones que se vierten en este documento y que refuerzan lo que estoy tratando de
argumentar. Decía en este documento la Secretaría de Estado de Hacienda: La Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley General Presupuestaria han recogido la transparencia como principio básico que debe orientar la programación
presupuestaria; sin embargo, hasta la fecha no se ha producido el desarrollo de este principio, por lo que su aplicación práctica podría quedar sin efecto si no se identifica el contenido concreto del principio de transparencia. Continuaba
diciendo: En el ámbito público, la eficiencia exige que el principio de transparencia presida todas y cada una de las fases que configuran la actividad económica financiera del sector público, puesto que solo de esta manera se podrá llevar a cabo
una correcta evaluación de los objetivos que persigue la política económica.
Y continuaba diciendo: La transparencia en las cuentas públicas no solo sirve a los fines anteriores, su implantación es fundamental con el fin de coadyuvar a la
estabilidad macroeconómica y al crecimiento sostenido, puesto que una exposición clara y veraz de las cuentas públicas permitirá conocer con todo rigor las implicaciones de la actuación del sector público en los mercados y mostrar los efectos que
dicha actuación puede tener sobre la evolución futura de los agregados macroeconómicos.
¿Se corresponden estas declaraciones de principios con la actitud que está teniendo ahora el Ministerio de Economía y Hacienda, con el señor Solbes a la cabeza? Incluso se llega a alegar, para defender la negativa a entregar la
documentación requerida, que la competencia exclusiva para la elaboración de los presupuestos corresponde al Gobierno, y efectivamente así es, por supuesto que sí, nadie está negando que las decisiones de las Cortes Generales y el contenido de las
propuestas del
Gobierno plasmadas en el proyecto de presupuestos no puedan ser objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas porque eso forma parte de las prioridades políticas que fije el Gobierno. La documentación que el Tribunal de Cuentas
está requiriendo al Ministerio de Economía y Hacienda se limita, como el propio tribunal expresa en su acuerdo, a la necesaria para poder examinar si los distintos órganos que intervienen en el proceso de elaboración de los presupuestos han
realizado todos los trámites exigidos por la normativa y si se acompaña la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de este principio de transparencia. Esa normativa se aprobó por el propio Gobierno socialista mediante Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de abril del año 2005, que por cierto decía textualmente en su exposición de motivos que la transparencia de las cuentas públicas y la calidad de la información presupuestaria son una responsabilidad pública
básica y un elemento necesario para el buen gobierno de la Administración pública y para la eficiencia económica. ¿Es que han cambiado de opinión negándose a entregar la documentación que ustedes mismos han regulado a través de esta norma? ¿Es que
incumplen ustedes sus propias normas? ¿O es que los presupuestos que elabora este Gobierno socialista tienen algo que ocultar, lo que tampoco sería de extrañar después de los sudokus que tiene que resolver el señor Solbes?
Sinceramente, desde el Grupo Parlamentario Popular no entendemos la postura obstruccionista en este caso del señor Solbes y del Ministerio de Economía y Hacienda. Por ello hemos planteado esta proposición no de ley, que nos parece muy
interesante, con objeto de mejorar la eficacia y la transparencia en el funcionamiento del sector público.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar tiene la palabra el señor Mardones por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Me ha llamado la atención la iniciativa de esta proposición no de ley para hacer una interpretación de las obligaciones que el Gobierno debería tener ante una supuesta competencia del Tribunal de Cuentas. Con la
aprobación de la Constitución española se introduce en la misma la creación de la figura del Tribunal de Cuentas como uno de los dos instrumentos que tiene el Congreso de los Diputados y el Senado, es decir, las Cortes Generales; por un lado el
Tribunal de Cuentas para todos los aspectos económico-financieros y de control de aplicación del dinero público y, por otro lado, la figura del también comisionado Defensor del Pueblo. ¿Qué puede ocurrir? No conozco que se haya pedido jamás al
Ministerio de Economía y Hacienda un documento para crear un principio de legalidad y de transparencia en los documentos que puede emplear el Gobierno legítima y constitucionalmente para elaborar el presupuesto. Ha dicho la portavoz del Grupo
Popular que no se trata de cuestionar la capacidad que tiene el Gobierno para elaborar lo que tiene por mandato constitucional, el proyecto de presupuestos, que después tienen que aprobar las Cortes Generales. Pero ¿qué puede producir la
introducción de una demanda de documentación bajo un supuesto principio de transparencia? El principio de legalidad está claro, es decir, disponer del documento escrito, aprobado democráticamente por el Parlamento, de lo que es un bien que puede
ser objetivable presupuestariamente como son los Presupuestos Generales del Estado, pero algo que es más etéreo en el derecho administrativo es el principio de transparencia. Podría interpretarse que si en el Reglamento se crease por ley la figura
de la oficina presupuestaria del Congreso de los Diputados, pudiera recabar del Gobierno democrático que le facilitara documentación que permitiera, a priori, hacer una auditoría. El Tribunal de Cuentas actúa como órgano auditor, y las auditorías
son a cifra aprobada y luego ver si se acomoda al principio de legalidad, de transparencia, de control y de ecuanimidad.
A priori es prejuzgar que el Tribunal de Cuentas puede entrar en algo que no está legitimado por principio de legalidad.
Aconsejaría mucha prudencia en este tema para no meternos en un jardín que en este momento no haría más que complicar y oscurecer las competencias constitucionales que señala la Ley 2/1982, que es la que fija las competencias del Tribunal de
Cuentas, y la Ley 7/1988, que es la que justifica la legitimidad del principio de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Pero volviendo a la Ley 2/1982, no encuentro motivos que permitan una legitimidad para que el Tribunal de Cuentas solicite a
un Gobierno democrático someter su presupuesto. Lo que aprueba el Gobierno no es el presupuesto, es el proyecto. Quien aprueba el presupuesto es el Parlamento español, las Cortes Generales. Cuando este presupuesto se empieza a aplicar es cuando
se producen los efectos de la actuación del Tribunal de Cuentas al efectuar las auditorías, sobre todo en los capítulos de transferencias de créditos, subvenciones, etcétera, que van a las distintas instituciones, entidades u organismos. Por tanto,
o se crea en su momento la oficina del presupuesto dentro de las Cortes Generales, o vamos a una modificación de la Ley del Tribunal de Cuentas, porque si no estaremos sobrevalorando su capacidad y entrando en un principio de ilegitimidad y de abuso
de proyecto, de prepotencia de ley, por parte de un organismo que no es más que el instrumento que tiene el Congreso de los Diputados para pedir ese documento. No olvidemos que es el Congreso de los Diputados, no el Tribunal de Cuentas, quien por
sí mismo y por amparo constitucional tiene la capacidad de pedir al Gobierno cualquier documento público (si no es público que vaya a la Comisión de Secretos Oficiales) para poder dictaminar.
En resumen, aconsejaría prudencia y no meternos en este jardín mientras no se hagan propuestas concretas de creación de la oficina presupuestaria en el Congreso y en el Senado, o que se vaya a una modificación competencial para garantizar el
principio de legitimidad, que es cuestión objetiva de ley, y no se vulnere el principio
de competencia del Gobierno de elaborar sus presupuestos, sometiéndose después al principio de control de la transparencia del mismo. Si se entiende así, no tendría inconveniente en apoyar cualquier iniciativa que proponga la modificación
de la Ley orgánica 2/1982, de competencias del Tribunal de Cuentas. Por este principio de legalidad -no entro en cuestiones de oportunidad política- no vamos a votar favorablemente esta iniciativa. Es la reflexión que hago con un sentido de
prudencia y de acatamiento del ordenamiento constitucional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vallés.
El señor VALLÉS VIVES: El Grupo Popular trae una iniciativa cuanto menos singular, y después de oír la intervención de su portavoz me atrevería a calificar incluso de sorprendente, aunque me he quedado más tranquilo después de oír la
intervención del portavoz de Coalición Canaria, el señor Mardones, que profundo conocedor de la historia de esta casa ha puesto cierto juicio sobre cuáles son las relaciones entre los poderes constitucionales del Estado. Eso es de lo que estamos
hablando hoy aquí y el Grupo Popular -como después me voy a referir en mi intervención- ha querido confundir a este Parlamento y también a la opinión pública sobre un conflicto institucional, que es de donde trae causa esta proposición no de ley,
entre el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía, como consecuencia de la voluntad del tribunal de realizar una fiscalización sobre la transparencia del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 de las
entidades del sector público. Es un conflicto que ya se intuía desde su inclusión en el plan anual de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, aprobado en enero de este mismo año, y se advertía también en el proceso de elaboración de las
directrices técnicas que tenían que guiar al Tribunal de Cuentas en relación con la elaboración de este informe de fiscalización. Es decir, un conflicto que se intuía desde su inicio y que incluso se advirtió. Lo primero que sorprende es cómo un
órgano constitucional del Estado como es el Tribunal de Cuentas, con unas competencias de fiscalización tasadas y delimitadas por la Constitución española, por la ley orgánica y por su propia ley de funcionamiento, pretende llevar a cabo una
actuación fiscalizadora de las decisiones políticas, como debe ser, del Gobierno respecto a la propuesta de distribución de los Presupuestos Generales del Estado. Esa es la cuestión. Todos sabemos que la competencia para ejercer el control
político de la institución presupuestaria corresponde a este Parlamento, quien, tras la discusión correspondiente, enmienda y modifica, si cabe, la propuesta presupuestaria que presenta el Gobierno, siempre en los márgenes permitidos por la
Constitución española. Es decir, el Gobierno presenta ante esta Cámara un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, esta Cámara discute, en su caso enmienda y después aprueba esos Presupuestos Generales del Estado que habilitan al
Gobierno para ejecutarlos, y finalmente este Parlamento vuelve a comprobar si se han ejecutado de acuerdo a la habilitación presupuestaria que este Parlamento ha aprobado. Esa es la verdadera relación de poderes, el verdadero equilibrio entre los
distintos poderes del Estado que mediante la presentación de esta proposición no de ley quieren ustedes desvirtuar, llegando incluso a la confusión. Sabemos también que la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas queda circunscrita, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución española, relativo al Tribunal de Cuentas, y de conformidad también con lo establecido en los artículos 9.2 de la Ley orgánica del tribunal y 27.1 de la Ley de funcionamiento, a la
ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos, es decir, a la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, sin que dicha función fiscalizadora, en definitiva, comprenda en ningún caso la actividad administrativa de elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno.
En consecuencia, es claro que esa intención del Tribunal de Cuentas excede de la función fiscalizadora del propio tribunal. Por tanto, la realización de una fiscalización de la transparencia del proceso de elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006 es abiertamente contraria a las disposiciones constitucionales y a las habilitaciones legislativas. En estos mismos términos se ha manifestado no el Gobierno socialista, no el Partido Socialista, no el ministro de
Economía, sino la Abogacía del Estado mediante un informe preceptivo que el ministro debe respetar porque la ley le obliga. En ese informe jurídico emitido por la Abogacía del Estado se dice exactamente lo mismo que acabo de decir yo, incluso con
términos más contundentes. En ese informe jurídico el abogado del Estado dice: Estamos ante una extralimitación competencial del Tribunal de Cuentas contraria a la Constitución y a la ley. Así de corto y así de contundente. Lo que sorprende
también -y permítanme que me refiera a esta cuestión- es la insistencia por parte del Tribunal de Cuentas en la elaboración de este singular informe de fiscalización, que ha sido incluido en el plan anual de fiscalizaciones, como les decía al
principio, en enero de este mismo año que estamos a punto de terminar. ¿Por qué no se ha planteado hasta la fecha la elaboración de un informe de fiscalización de estas características? ¿Por qué aparece ahora, en 2006? ¿Por qué no se ha planteado
esta pretensión fiscalizadora respecto de ninguno de los proyectos de Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del Partido Popular cuando ya estaba en vigor la Ley General de Estabilidad Presupuestaria? ¿Por qué no se hizo
entonces? ¿Qué es, en definitiva, lo que pretende el Tribunal de Cuentas? Usted se ha referido en su intervención al propio presidente del Tribunal de Cuentas empecinándose en la realización de este informe de fiscalización. ¿Qué es lo que se
pretende realmente cuando se pone este informe de fiscalización encima de
la mesa y en el plan anual de fiscalizaciones? Es evidente que el presidente del Tribunal de Cuentas ha estado liderando a título personal -y me referiré también a algún aspecto de esta cuestión- esa voluntad de llevar a cabo un informe de
estas características, contrario a la Constitución, contrario al equilibrio de poderes y contrario también a su propia legislación. ¿Cuántas iniciativas más de fiscalización ha tenido el presidente del Tribunal de Cuentas en la confección del
programa anual de fiscalizaciones? Como saben ustedes, los distintos consejeros del Tribunal de Cuentas presentan sus propuestas de fiscalización para que sean incluidas en el plan anual de fiscalizaciones. Esa fiscalización, que ya tiene vicios
de origen y dudas sobre su constitucionalidad y sobre su legalidad, es presentada por el presidente del Tribunal de Cuentas llevándola hasta sus últimos extremos. ¿Cuántas iniciativas más de fiscalización ha tenido personalmente el presidente del
Tribunal de Cuentas a lo largo de su mandato al frente de este organismo? No deja de ser curioso también que el promotor de esta iniciativa de fiscalización sea el presidente del Tribunal de Cuentas. Habría que saber también por qué, con qué
motivo -y muchos de los que están hoy aquí saben perfectamente a lo que me refiero-, en este empecinamiento de llevar adelante ese informe con tantas dudas jurídicas y constitucionales, hace unos meses, el presidente del Tribunal de Cuentas, con
motivo de la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo ante el Senado, expuso públicamente en esa Cámara el litigio entre ambas instituciones, el Ministerio de Economía y Hacienda y el Tribunal de Cuentas; también deberíamos
saber por qué aireó su malestar y cuestionó públicamente el informe del abogado del Estado sobre esta solicitud de fiscalización. Esta es una prueba más de la extralimitación del Tribunal de Cuentas, al que respetamos, pero también entiendo, en la
medida en que estamos en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que es una extralimitación en relación con las funciones de representación del propio presidente del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ha hablado a
través de un acuerdo que ha llegado hasta esta Comisión, pero su presidente, a título personal, cuando está representando a una institución, y ante la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas europeo, se atreve a cuestionar y a
criticar públicamente, por ejemplo, la fundamentación jurídica del abogado del Estado.
Esta fiscalización, señorías, mal llamada de transparencia, desde el mismo momento de su inclusión en el programa anual de fiscalizaciones ha sido objeto de polémica y de debate, tanto desde el punto de vista de respeto a la legalidad como
también de su oportunidad, como les he dicho antes, en el mismo momento de su inclusión en el programa, pero también cuando se empezaban a discutir las directrices técnicas para su elaboración. La pretensión sin precedentes, a la cual también se
refería el señor Mardones, de fiscalizar una toma de decisiones de carácter eminentemente político, como es la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado con criterios de oportunidad, decididos por el Tribunal de Cuentas,
no encuentra apoyo legal en ninguno de los preceptos de la Constitución ni de la Ley General Presupuestaria ni de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria ni de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas ni de la Ley de su funcionamiento, ni existe
tampoco ningún precepto que regule los criterios y condiciones de ejercicio de dicho control.
En relación con la colaboración del Gobierno con el Tribunal de Cuentas en el control de la ejecución presupuestaria, que ustedes han puesto en duda hoy aquí en su intervención, se lleva a cabo cada año, de forma habitual y con toda
naturalidad, mediante la fiscalización por el Tribunal de Cuentas de la cuenta general del Estado. Intervienen el Ministerio de Economía y la Intervención General del Estado en la ejecución presupuestaria, pero no en la realización de controles a
priori, porque una fiscalización siempre tendrá que ser a posteriori. Esa actividad de control es consustancial a la función fiscalizadora de la actividad económico-financiera del sector público que tiene encomendada constitucionalmente el Tribunal
de Cuentas, y este ha contado siempre con el apoyo del Gobierno para el desempeño de su tarea. Transparencia, señora Madrazo, y colaboración institucional que, como sabe, son los principios de este Gobierno, que siempre ha respetado pero atendiendo
a las disposiciones legales y a lo que establece la Constitución. Además, el Ministerio de Economía y Hacienda ha reiterado en múltiples ocasiones su voluntad de colaboración con el Tribunal de Cuentas, a fin de que este cuente con un bagaje lo más
amplio posible de información para realizar su labor, pero siempre, como decía, atendiendo a los límites marcados por las leyes y por la Constitución. Por eso no puede alegarse, como se ha hecho hoy aquí y como se ha hecho también en algún momento,
falta de colaboración por parte del Gobierno con el Tribunal de Cuentas, porque de ser así el tribunal tenía dos posibilidades: por un lado, imponer una sanción por falta de colaboración al Ministerio de Economía y Hacienda; por otro lado,
promover un conflicto de competencias entre el ministerio y el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal Constitucional. No ha hecho ninguna de las dos cosas. El Tribunal de Cuentas se ha limitado a elevar un acuerdo de su pleno ante esta Comisión en
el que simplemente se relata el intercambio de cartas entre el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía y Hacienda, poniendo de manifiesto la discrepancia surgida entre ambos acerca de la constitucionalidad de la pretendida fiscalización. Y
el mismo acuerdo -lo que nos ha llegado a esta Comisión es ese acuerdo-, vistos los argumentos jurídicos por la Abogacía del Estado, da el asunto por concluido. Eso es lo que dice el informe, eso es lo que dice el acuerdo que nos manda a esta
Comisión el Tribunal de Cuentas. Y ante esta situación y ante este acuerdo, ¿qué es lo que hace el Grupo Popular?, ¿cuál es la aportación del Grupo Popular a ese debate o a ese conflicto institucional? En vez de fomentar un
debate de fondo sobre esta cuestión en relación con el acuerdo al que se ha llegado aquí o incluso de respetar los mecanismos jurídicos existentes para conciliar o solucionar los conflictos constitucionales que pueda haber entre los
distintos poderes del Estado, lo que hace el Grupo Popular es presentar una proposición no de ley ante esta Comisión para, yo creo -después de oír la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, politizar una de las pocas
instituciones independientes que nos quedan en este país. (Rumores.) Para politizar, se lo repito, una de las pocas instituciones independientes que nos quedan en este país.
Si el Ministerio de Economía y Hacienda está obligado a facilitar esa documentación que el Tribunal de Cuentas le ha pedido y que ustedes estiman oportuno que se haga, eso lo dirá la Constitución o lo dirán las leyes, incluso lo pueden
llegar a decir aquellos que tienen la competencia o habilitación para interpretar la Constitución y las leyes, pero lo que no puede ser en ningún caso es que el Ministerio de Economía y Hacienda esté obligado a facilitar esa documentación a expensas
de lo que decida esta Comisión. Si la ley y la Constitución obligan a facilitar información sobre el proceso de confección de los presupuestos, lo dirán la ley y la Constitución o quien pueda interpretar la ley y la Constitución, pero no lo puede
decir una mayoría de este Parlamento mediante una proposición no de ley. O existe la obligación jurídica o no existe y para eso hay mecanismos de resolución de conflictos constitucionales e institucionales que prevé nuestra Constitución. Creo que
ustedes han querido aprovechar un intento de extralimitación funcional por parte del Tribunal de Cuentas para llevar un conflicto ante esta Comisión, pero no han querido entrar en un debate de fondo.
Usted se ha referido también -y termino ya- a intervenciones del presidente del Tribunal de Cuentas en relación con la transparencia que todos compartimos, pero en cada momento y en cada plazo del proceso de confección de los Presupuestos
Generales del Estado existen los elementos que tienen que llevarse a cabo. (Rumores.) Atención, el presidente del Tribunal de Cuentas puede haber liderado este informe de fiscalización, pero me gustaría leerles una intervención del presidente del
Tribunal de Cuentas, que está publicada en el 'Diario de Sesiones' de esta Comisión de 27 de junio de este mismo año, para poner de manifiesto cómo el propio presidente del Tribunal de Cuentas puede haber caído en algún tipo de contradicción. Dice
el presidente del Tribunal de Cuentas en el 'Diario de Sesiones' de 27 de junio de 2006: El artículo 31.2 de la Constitución dice que la asignación del gasto público tiene que hacerse con criterios de eficacia, de eficiencia y de racionalidad
económica. Nos lo dice nuestra ley orgánica. En lo que no puede entrar el tribunal -dice el presidente- es en la prioridad de las políticas económicas; las prioridades las marca el Gobierno; es una fiscalización ex post, consultiva, y no puede
incidir en la programación ni en la gestión, pero después sí porque, además del principio de legalidad puede analizar el principio de eficacia, de eficiencia y de racionalidad. Eso es lo que piensa el presidente del Tribunal de Cuentas; eso es lo
que ha dicho ante esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Voy a dar un turno de réplica, pero les quiero recordar que a la una los senadores tienen la primera votación en el Senado, con lo cual vamos muy mal de tiempo y, por lo tanto, les pido que limiten sus intervenciones lo
máximo que puedan.
Tiene la palabra la diputada señora Madrazo por parte del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MADRAZO DÍAZ: Voy a ser muy breve, pero creo que la intervención del portavoz del Grupo Socialista merecía nuestra réplica y es que considero que ha traspasado la raya de lo políticamente correcto porque ha acusado directamente al
presidente del Tribunal de Cuentas de falta de independencia. Eso nos parece especialmente grave y debería ponerlo de manifiesto cuando el presidente del Tribunal de Cuentas comparece ante esta Comisión para que se pueda defender. ¿Por qué no se
hacían estos informes de transparencia con los gobiernos del PP? Sencillamente porque la Ley de estabilidad presupuestaria entró en vigor, como usted mismo sabe, en el año 2003 y los primeros presupuestos del Partido Popular a los que afectó fueron
los del año 2003, y en ese momento ya se requirió ese tipo de documentación y el tribunal se encontró dificultades metodológicas para tener acceso a esa documentación. Por eso precisamente se planteó hacer un informe especial de transparencia. Es
decir, que esa argumentación no es válida.
También quiero recordarle que esto no es una cuestión personal del Tribunal de Cuentas, sino que el acuerdo en el que el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto la falta de colaboración del Ministerio de Economía y Hacienda negándose a
entregar una documentación al Tribunal de Cuentas no es una manifestación de su presidente, sino un acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, además, aprobado, como ya dije en mi intervención, por mayoría, casi unanimidad de todos sus miembros:
votaron doce a favor y solo uno en contra. Por último, quiero volver a recalcar algo que ha mencionado y es que, efectivamente, las prioridades políticas las marca el Gobierno y después el proyecto de presupuestos se debate en el Parlamento y es
aprobado por las Cortes Generales. Sin embargo, lo que está pidiendo el Tribunal de Cuentas es simplemente una documentación regulada en una normativa legal, que es básica para poder analizar si efectivamente se cumple el procedimiento que se
establece en la normativa para la elaboración de los presupuestos. En cuanto a politizar esta cuestión, creo que la ha politizado bastante más el portavoz del Grupo Socialista que mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: También intervendré muy brevemente. Es evidente el intento de politización por parte del Grupo Popular y, si no, si lo que querían era hablar y hacer un debate de fondo sobre esa cuestión, lo que teníamos que haber
discutido es el acuerdo del Tribunal de Cuentas que ha llegado hasta esta Comisión, y no instar al Gobierno a facilitar una información respecto de la cual ya existe un informe de la Abogacía General del Estado que dice que no debe facilitarla en
atención al principio de separación de poderes. Antes el señor Mardones ha recordado la necesidad de la creación de una institución que puede ser imprescindible para esa función que es la oficina presupuestaria del Congreso, que de alguna cosa le
debe sonar a su grupo parlamentario: el derecho del parlamentario a la información en el proceso de aprobación de la principal ley de este Parlamento que son los Presupuestos Generales del Estado. Es ahí donde el Parlamento puede solicitar toda
aquella información que precise antes de aprobar esa ley tan importante, pero no después, porque la propia Constitución y la ley dicen cuáles son las competencias del Tribunal de Cuentas y en este caso ha habido una extralimitación funcional por
parte de este tribunal. Ya me hubiese gustado haber podido discutir estas cuestiones con el propio presidente del Tribunal de Cuentas porque quien ha politizado eso ha sido él cuando ha hablado sobre ello ante el Pleno del Senado a raíz de la
presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo. Esa es la cuestión.
¿Por qué se airean esos asuntos ahí cuando estamos ante un posible conflicto institucional y cuando hay instrumentos jurídicos y políticos para solucionar esa
cuestión como, por ejemplo, la presentación de un conflicto ante el Tribunal Constitucional? ¿Por qué no hace eso el Tribunal de Cuentas y se limita a presentarnos un acuerdo ante esta Comisión? Como le he dicho antes, lo único que hace ese
escrito -y me imagino que usted lo ha podido estudiar con detalle- es relatar el intercambio de correspondencia entre el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas, poniendo de manifiesto esa discrepancia entre ambos y, vistos esos argumentos
jurídicos de la Abogacía General del Estado, dar el asunto por concluido y poner punto final sobre esta cuestión. Así lo comunica a las Cortes. Por eso la mayoría de los consejeros del Tribunal de Cuentas votaron a favor de ese escrito. No
confundamos los términos porque los consejeros del Tribunal de Cuentas no han votado a favor de si el Ministerio de Economía debe o no facilitar esa documentación -que el abogado general del Estado ya ha dicho que no-, sino que han votado a favor de
un acuerdo que expone cuál ha sido el conflicto y al cual pone punto y final. Eso es lo que llegó aquí y lo que ustedes no han querido discutir. Sin embargo, pretenden que instemos al Gobierno a facilitar una documentación respecto de la cual hay
impedimentos jurídicos, constitucionales y legales.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA COMO NUEVA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE RELACIÓN CON LOS
CIUDADANOS, TANTO A TRAVÉS DE INTERNET COMO DE OTRAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES. (Número de expediente Congreso 251/000095 y número de expediente Senado 771/000092.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate sobre el punto número 1 pasamos al punto número 2, debate y votación de las propuestas de resolución. En este caso del informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Seguridad Social
para el desarrollo, implantación y mantenimiento de la Administración electrónica como nueva modalidad de prestación de servicios y de relación con los ciudadanos, tanto a través de Internet como de otras plataformas de comunicaciones. En relación
con este punto han presentado propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, para defender sus propuestas de resolución tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, la señora Martín.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado tres propuestas de resolución tras el estudio de este informe relativo a la contratación en materia informática para el desarrollo, implantación y
mantenimiento de la Administración electrónica en el ámbito de la Seguridad Social.
Quiero comenzar reiterando la felicitación al presidente del Tribunal de Cuentas y al propio tribunal por el informe; informe que tengo que decir que es profundo, que es riguroso y que -repito con la misma frase- está realizado
absolutamente con los pies en el suelo. Esto significa -lo digo porque se ve- que el Tribunal de Cuentas tiene un gran conocimiento de la Administración de la Seguridad Social. Tengo que decirlo con todo aprecio. Y es todo lo contrario que lo que
parece sucederle al portavoz socialista porque, si observamos su intervención en la Comisión anterior, debo decir que o desconoce profundamente la Administración de la Seguridad Social o tuvo la habilidad de embadurnar todo para que no nos
enteráramos de nada o de casi nada. Digo esto por lo siguiente. No es la primera vez que sucede que en su intervención cuando se refería al objeto del informe -no a Info XXI y otras cosas de las que se habló- dice las cosas a medias. Por ejemplo,
cuando habla de 250 ordenadores que terminaron en un almacén
sin darles ninguna utilidad omite tres cosas importantes que constan en el expediente y que el propio director general actual del INSS, es decir, director del Gobierno del Partido Socialista, expone. Dice, en primer lugar, que este
expediente de compra de ordenadores fue impulsado bajo la perspectiva de una rápida puesta en funcionamiento de un nuevo centro de gestión telefónica y telemática del INSS, quizás con excesiva diligencia pero para que no entorpeciera la puesta en
marcha de un nuevo servicio por parte del INSS. Cualquiera que conozca el INSS o cualquier otra entidad de la Seguridad Social sabe que sin informática no se puede hacer nada. En segundo lugar, se omite que este expediente incluía una clave de
descuento por no instalar los equipos y, en tercer lugar, se omite que fueron reutilizados para la renovación de ordenadores. Repito que esto lo alega el propio director actual del INSS. La consecuencia es que el propio tribunal no establece
recomendación al respecto. Otro ejemplo es que cuando habla de la utilización en los concursos de la contratación de fórmulas de aproximación a la media aritmética -a las que califica de antieconómicas- a la hora de valorar el precio omite que el
propio Tribunal de Cuentas da la explicación. Dice: Quizá esta actuación se realiza para evitar que las empresas presenten ofertas anormalmente bajas o incursas en temeridad. Por ello, como el propio Tribunal de Cuentas conoce este aspecto,
tampoco traslada ninguna recomendación en este sentido.
Señorías, quiero resaltar que la utilización de medios informáticos aplicados a la gestión en su sentido más amplio de la Seguridad Social, y por tanto en su contratación porque todo eso requiere una serie de contratos, viene desde hace unos
veinte años. No quiero ser pesada pero sí les voy a nombrar algunos para que nos demos cuenta de qué estamos hablando y esto es una décima parte de la contratación informática en la Seguridad Social porque todos los aspectos informáticos tienen
muchísimo peso. Por ejemplo, el Progespress, el Carpa, el Iris, el Inca, el Fiss-web, el Red, el Alfa, el Modelo informática de gestión de la Tesorería, el Informa-INSS, el Plan de modernización del ISM, etcétera y podríamos estar así hasta la hora
del Pleno. Además -y lo recoge también otras intervenciones del Grupo Socialista sobre otros informes relativos a esta contratación-, todo ello realizado con una rápida adaptación cuando hay un cambio normativo. Todo eso es en muchas ocasiones
difícil de prever. Esto denota que el Tribunal de Cuentas lo conoce bien.
El otro día el portavoz socialista hablaba de los antecedentes de este informe y me animó a ir a ellos porque reconozco que no había tenido esa pretensión. En esos antecedentes que, brevemente, señor presidente, se los voy a comentar, se
observa una cosa. En la Comisión del Tribunal de Cuentas en junio de 1997 se ve un informe relativo a la contratación en los ejercicios 1993 y primer trimestre de 1994 y el Tribunal de Cuentas en ese informe dice lo siguiente: Solo el 60 por
ciento de los expedientes de contratación sometidos a fiscalización fueron remitidos directamente por las entidades de la Seguridad Social, el resto tuvieron que ser reclamados; que el concurso -dice el Tribunal de Cuentas-, sistema normal junto
con la subasta de adjudicación de los contratos, se usa de forma escasa; que el 65 por ciento de la contratación se adjudica mediante la contratación directa, y esta, además, no está debidamente justificada, como debería producirse al tratarse de
un sistema excepcional, de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado; que el Insalud y el Inserso celebran contrataciones por importe superior al que le les permite la ley, sin autorización ministerial, según la Ley de Presupuestos Generales del
Estado; que en el Insalud -que en esa época su gestión en el aspecto económico todavía estaba incluida en la Seguridad Social- se han producido delegaciones de atribuciones a cargos que ni siquiera existían en las normas de su organización; que
las ampliaciones contractuales no siempre cuentan con el preceptivo informe de la asesoría jurídica. De todo ello surge una propuesta de resolución aprobada y es que se amplíe la fiscalización al año 1995 y primer trimestre de 1996.
Por el Grupo
Parlamentario Socialista se solicitó, aunque no tuvo apoyo parlamentario, que se extendiera a todo el año 1996. Podemos decir que diligentemente el Tribunal de Cuentas amplía el periodo fiscalizado hasta el primer semestre de 1998. Esto da lugar a
un nuevo informe que se ve en diciembre de 2002 en esta Comisión. Tengo que decir que si bien todavía existen disfuncionalidades, en ese momento se observa que en el año 1998 ya se habían tomado una serie de medidas para evitar todas las
situaciones que he comentado anteriormente. Así, puedo decir que se había introducido en la Ley de acompañamiento la obligatoriedad de solicitar informes a las comisiones ministeriales de Informática; que a partir de la año 1997 se dejan de
utilizar los procedimientos de negociado o de contratación directa en las adquisiciones informáticas. Podríamos seguir citando otras actuaciones, pero basta con decir que ya llegamos al informe actual, que se refiere a los ejercicios 2002 y 2003 y
de cuyas recomendaciones están extraídas las propuestas de resolución del Grupo Popular. ¿Qué quiero resaltar? Pues si vemos con los antecedentes la evolución de la contratación en la Seguridad Social en sus diferentes años, actualmente todas las
propuestas de resolución presentadas -tres por el Grupo Popular y seis por el Grupo Socialista- son de mejora, evidentemente como toda obra humana, pero sin que se aprecie ni haya ninguna irregularidad, ni siquiera disfuncionalidad.
Por ello, nuestra propuesta de resolución número 1 es relativa a la mejora en la planificación previa de las contrataciones informáticas y a una mayor coordinación en las actuaciones entre todas las entidades de la Seguridad Social. Este es
un aspecto que también viene de antiguo, que se repite en los tres informes, y es necesario hacer ese esfuerzo, aunque tengo que decir que esas planificaciones muchas veces, como he indicado antes, se ven alteradas por los cambios normativos, que
tienen una alta incidencia y muy directa en su gestión; por tanto,
su puesta en marcha requiere muchas veces la modificación concreta de aplicaciones informáticas. Tenemos que darnos cuenta que la Seguridad Social afecta a millones de trabajadores, a millones de pensionistas y a miles de empresas.
La propuesta número 2 se refiere a que las entidades gestoras, recogiendo también las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, adecuen las relaciones de puestos de trabajo a sus necesidades estructurales de personal de tipo informático.
Tengo que decir en este sentido que en marzo de 2004, cuando el Gobierno del Partido Popular dejó de ser Gobierno, dejó sobre la mesa realizado un análisis y un estudio completo de cargas de trabajo y de necesidades; luego podemos decir que parte
de esa labor para alcanzar una nueva relación de puestos de trabajo está realizada. A ello se añade la voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, plasmada en declaraciones públicas del propio secretario de Estado de la Seguridad Social
-incluso esta diputada lo ha oído de su propia voz- de realizar esta RPT y, por tanto, entiendo que sería necesaria y factible. No obstante, dado que en este sentido el Grupo Socialista no ha presentado ninguna propuesta de resolución y se me ha
ofrecido la posibilidad de transacción a efectos de poder votar la propuesta de resolución número 2 del Grupo Popular, el texto quedaría en: tiendan a adecuar sus relaciones de puestos de trabajo, en vez de decir que se adecuen.
Por último, la propuesta de resolución número 3 del Grupo Popular es relativa a que se impulse el aumento de los procedimientos y trámites administrativos realizables on line, evitando el desplazamiento físico por parte del ciudadano siempre
que ello sea posible. Creo que aquí se recoge en varias de las propuestas de resolución del Partido Socialista, que anticipo votaremos todas a favor puesto que, reitero, todas son relativas a la mejora y perfeccionamiento y a continuar
profundizando en la labor realizada. Por tanto, votaremos a favor las propuestas de resolución del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: En primer lugar manifiesto mi sorpresa porque el otro día con mi intervención molestase tanto a la señora diputada del Partido Popular (La señora Martín Mendizábal: Es la falta a la verdad lo que molesta.), pero,
poco más o menos, creo recordar, después de la intervención del presidente exponiendo el informe, lo contundente que era el informe en detallar la mala gestión precisamente que se había producido en la contratación para la Seguridad Social con
relación a la Administración electrónica, y lo que vino a decir la señora diputada era que el informe resaltaba lo bien que había funcionado todo. Es algo que se cae por cualquier sitio por donde se mire, entre otras cosas porque en este país todo
el mundo sabe que lo único que comenzaba a funcionar como Administración electrónica en la Administración gobernada por el Partido Popular era la Agencia Tributaria; ahí lo hizo muy bien, y en el resto prácticamente no tocaron bola. Solamente voy
a tocar el pequeño ejemplo que ha puesto -porque no vamos a entrar ahora mismo al trapo de todo lo que ha dicho porque entonces haríamos esta sesión mucho más larga y vamos un poquito ajustados de tiempo- sobre los 250 equipos que terminaron en un
almacén. Eso lo dice el informe del Tribunal de Cuentas, después usted encima ha intentado justificarlo y, por tanto, esa será su visión de cómo tiene que funcionar la Administración. Es verdad que se contrataron para un determinado servicio y que
como ese servicio después no fue el adecuado, se hizo un bono de descuento y se le dio otra utilidad. Si a usted le parece eso eficacia y planificación dentro de la Administración y un buen funcionamiento, pues como lo hagamos todos igual, apañados
vamos.
Solamente quiero decirle que entiendo que cuando a usted se le menciona la palabra Info XXI y España.es, le moleste porque ha sido el fracaso más sonoro que se ha producido en este país en gestión de sociedad de la información y del
conocimiento; pero, ¡ojo!, quien dice que Info XXI fue un fracaso es la gente que ustedes pusieron en la Comisión soto para evaluarlo y después producir el Plan España.es, que tampoco incorporó el Plan de Convergencia con Europa, por tanto no
servía para nada, y del que también todos los agentes económicos y sociales del sector dijeron que fue un sonoro y rotundo fracaso. Este Gobierno es un gobierno coherente, porque la coherencia en política es decir lo mismo cuando uno está en el
Gobierno y cuando está en la oposición. Si cuando uno está en el Gobierno, todo le parece bien y está dispuesto a negar todo lo que hace la oposición y cuando cambian las tornas, vuelve a cambiar el discurso, es incoherente. Nosotros como Gobierno
reconocemos la realidad de las situaciones y, a partir de ahí, aportamos soluciones. Por tanto, hemos presentado no seis, sino siete propuestas de resolución precisamente para mejorar algo que le va a corresponder ahora arreglar al Gobierno del
Partido Socialista. La otra vez fui más discreto, simplemente dije que usted había dicho que el informe había demostrado que todo había funcionado bien, lo cual no era correcto porque decía todo lo contrario; ahora le digo que en su época esto
funcionó bastante mal, y aquí han venido el expediente Rodas sobre la contratación de software libre y otros expedientes sobre estas temáticas que lo detallan. Repito que fue la Comisión soto, suya, la que dijo que INFO XXI fue un desastre y
después fueron todos los agentes económicos y sociales del sector los que dijeron que España.es fue un desastre. Cambiaron tres veces de ministro en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y cambiaron decenas de veces de secretarios de Estado, lo
cual demuestra que era un absoluto desastre.
Perdóneme que se lo diga, pero usted me ha obligado porque ha entrado a un ataque directo que no he entendido muy bien.
Dicho esto, yendo a la parte positiva y dando rapidez a las intervenciones, estoy de acuerdo con todas las propuestas que ustedes han presentado. Simplemente hemos propuesto una transaccional, que agradecemos haya sido aceptada, en donde
hemos convertido un tiempo presente en: la próxima ocasión en que se pueda solucionar y acometer ese problema. Entre otras cosas, porque toda la gente que comprende la importancia que tiene hoy la informática en las administraciones, que es
absolutamente transversal, sabe que hoy existen muchas funciones informáticas que no están destinadas solo y exclusivamente a personal informático, sino al resto del personal de otras profesiones. Por tanto, nos parecía que se tenía que adecuar con
un poquito de flexibilidad.
Dicho lo cual, aceptamos completamente sus propuestas y con ese matiz también estamos de acuerdo con ella. Simplemente detallo que las siete propuestas que hemos presentado y que comprometen a nuestro Gobierno a
demostrar esa coherencia tienen que ver con: 1.-Encomendar a la Seguridad Social a que acometa el estudio, mejora y optimización de la accesibilidad de su página web; 2.-Encomendar a la Seguridad Social a que estudie e incorpore los servicios on
line que considere oportunos para la mejora de sus prestaciones; 3.-Encomendar a la Seguridad Social al desarrollo del proyecto RED hacia aquellos usuarios que todavía no estén incorporados al sistema, así como contribuir a su divulgación;
4.-Encomendar a la Seguridad Social que el proyecto RED-Directo entre para empresas de menos de 15 trabajadores, así como contribuir a su divulgación; 5.-Establecer una estrategia general para la mejora en la transparencia de la información y en la
comunicación con el ciudadano a través de los distintos medios disponibles, y en particular los que se derivan de las nuevas tecnologías; 6.-Continuar perfeccionando la presentación de información en la página web de la Seguridad Social, dando
prioridad a las necesidades del usuario, incluyendo información sobre todas las prestaciones que figuran en la Ley General de la Seguridad Social, además de las pensiones contributivas. En el caso de que dichas prestaciones no sean gestionadas por
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, la información podría ofrecerse mediante enlaces con las páginas correspondientes entidades gestoras. La última, aumentar el número de las gestiones que se realizan sin tener que desplazarse a las
oficinas públicas, ofreciendo a los usuarios opciones cada vez mejores, en conexión con los objetivos que previsiblemente serán desarrollados en una futura ley de Administración electrónica.
Quiero decirle para terminar que, después del desastre del Info XXI y del Plan España.es -y si ustedes no entran a saco, lo dejaremos de decir-, Plan Avanz@ está en este momento plagado de buenos resultados, que, en breve, conocerá. (La
señora Martín Mendizábal pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, vamos limitadísimos de tiempo, no podremos terminar el orden del día. Tiene un minuto, señora Martín Mendizábal.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Efectivamente, ahora se observa que el portavoz socialista ni siquiera conoce esta Comisión porque el informe no se refiere al Info, sino a la contratación informática en materia de Seguridad Social, y se ve que
lo que le costó al Partido Popular no se refiere a mejoras como usted ha dicho, que es lo que hay que hacer ahora, mejorar, evidentemente; lo que le costó al Partido Popular es corregir todas las irregularidades en la contratación administrativa.
(El señor Salvador García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Salvador, un minuto.
El señor SALVADOR GARCÍA: Sin comentarios.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000107 y número de expediente Senado 771/000105.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto 3 del orden del día: Informe de fiscalización de la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón, ejercicio 2002. A este expediente se han presentado
propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Isidro
Fernández.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos propuestas de resolución que ya desde el principio anuncio que son coincidentes en gran medida con las propuestas que hace el otro grupo parlamentario, en este caso
porque no hay más, el Grupo Parlamentario Socialista. La filosofía de fondo es exactamente la misma porque el Tribunal de Cuentas hace unas recomendaciones y unas observaciones que a mi juicio encajan perfectamente con las propuestas de resolución,
por lo que al final la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos ofrece una transaccional y por no alargarme en el tiempo dejaré que sea ella misma quien dé conocimiento a esta Comisión de su contenido, solo anuncio que en torno a esa parte de
propuestas de resolución en el fondo estamos de acuerdo. Lo que ocurre, señorías, y esta es una preocupación que me viene de lejos, es que el Plan de la minería del carbón 1998-2005 y el actual mantienen una filosofía a lo largo de los años de
gobierno del Partido Popular que sospecho se está incumpliendo y que va a dar lugar a que en posteriores fiscalizaciones nos encontremos con
problemas que yo quiero poner de manifiesto en sede parlamentaria antes de que finalice el año 2006.
Nos dicen que la fiscalización de las cuentas hace referencia siempre a cuál es la filosofía de fondo de este Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras y una de esas razones es justamente la aplicación de
criterios que puedan conducir a que a los municipios más desfavorecidos por la pérdida de empleo en la minería se les asigne porcentualmente con relación a ese empleo que pierden las inversiones contenidas en este Plan de la minería, que pueden ser
de formación, infraestructuras o ayudas a la propia minería, como saben. Yo decía que trabajé -y lo tengo a honra- muy humildemente para convencer al Gobierno de José María Aznar sobre la necesidad de llevar adelante un Plan de la minería del
carbón y desarrollo alternativo que supusiese inversiones claras y precisas dentro de las zonas mineras afectadas por la regulación del empleo que tanto Europa como el Gobierno español exigían en las comarcas mineras. Resulta que esa convicción
firme hizo que se estableciese el plan -al cual no me voy a referir- que suponía un aditamento especial para las comarcas mineras. Sigo manifestando en sede parlamentaria que esta filosofía hoy se está perdiendo a marchas forzadas. Consiste,
fundamentalmente, y me refiero concretamente al Gobierno de Asturias, en perder esa idea o filosofía de fondo para convertir el Plan de la Minería en un plan más de inversión del Principado dentro de lo que es el conjunto de la región impidiendo que
se consiga esa adicionalidad que tenían las comarcas mineras, además de los presupuestos de su propia comunidad, dentro de los límites de las zonas mineras. Esto, señorías, no se está haciendo y yo quiero así expresarlo para que cuando vengan aquí
nuevos informes no nos lamentemos de que no ha sido puesto en evidencia, así como manifestar lo que observamos quienes vivimos en las comarcas mineras, la pérdida de confianza en las propias comarcas, porque es una evidencia. En estos momentos
necesitamos crear empleo y al margen de lo que puedan crear a través de los cursos de formación comprometidos por las empresas, es evidente que los gobiernos, los sindicatos y la patronal intentan conseguir terrenos, suelo industrial, para que
puedan implantarse las empresas y crear el empleo que se destruye en la minería. En el Principado de Asturias no ocurre así, el enfrentamiento entre los sindicatos mayoritarios Soma-UGT y Comisiones con el Gobierno del presidente del Principado,
señor Areces, es evidente y todos vamos a salir muy perjudicados. Por eso quiero finalizar pidiendo, al margen de lo que se solicita en las propuestas en torno a la fiscalización del año 2002, que son unas recomendaciones que hace el tribunal muy
benévolas, que sobre todo el Grupo Parlamentario Socialista se vaya percatando de que al no cumplir los objetivos del Plan de la minería del carbón y se estén suplantando de alguna forma inversiones en las comarcas mineras haciéndolas valer como
inversiones del Principado y así impedir esa adicionalidad, que se tenga en cuenta que el compromiso en polígonos industriales en el Principado de Asturias es prácticamente nulo cada año; que del primer Plan de la minería en el segundo cuatrienio
aún quedan más de 400 millones sin ejecutar y que del Plan 2006-2012, por el que durante este año deberíamos haber invertido en Asturias 150 millones, no se ha firmado ningún convenio aunque sí algún protocolo, con lo cual son 150 millones más los
que tampoco vamos a poder ejecutar.
Señorías, el tema del carbón es preocupante, el Plan de la minería del carbón exige reflexión por parte de todos acerca de cómo se está llevando a efecto y que esta apuesta decidida que sindicatos, patronal y gobierno del señor Aznar
hicieron en su tiempo para compensar a las comarcas mineras y conseguir un desarrollo alternativo en ellas no se debe desvirtuar por el afán de algunos presidentes como el del Principado de Asturias de incluirlo como un presupuesto añadido de
inversión al presupuesto del Principado. Por lo que suponen estas recomendaciones y propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Socialista en torno a la fiscalización de las cuentas del año 2002, que es lo que se va a votar, vamos a estar de
acuerdo, e insisto en que será leída por la portavoz socialista.
El señor PRESIDENTE: A continuación, y en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Rosario Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: Señor presidente, como sé que debemos ser breves no voy a entrar a debatir los criterios del Plan del carbón, habrá oportunidad de hacerlo en el ámbito de la Comisión de Industria, pero sí le diré al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas es del ejercicio 2002, época en la que gobernaba el Partido Popular, y se refiere al Plan del Carbón que finalizó en el año 2005. Por tanto las reflexiones respecto
a las actuaciones en estos momentos no proceden dado que estamos revisando ese tema.
Respecto a los criterios que utiliza el Principado de Asturias en las negociaciones o acuerdos con los sindicatos, el Principado, el Gobierno de Asturias, está cumpliendo lo que está firmado y acordado del nuevo Plan del Carbón, que le
recuerdo que está firmado por los sindicatos, por el Gobierno, por los empresarios y con el acuerdo de las comunidades autónomas, por tanto no es cierto lo que usted dice. No voy a dedicar más tiempo a comentar este aspecto; sí me referiré a las
propuestas de resolución. Efectivamente, como decía el portavoz del Grupo Popular, los objetivos que nos llevan a presentar estas propuestas son los mismos.
Realmente, las propuestas que han presentado el Grupo Popular y el Grupo Socialista siguen
en parte lo que indica el Tribunal de Cuentas y, por tanto, la enmienda transaccional que presentamos complementa y aúna las propuestas de ambos grupos. La transaccional es la siguiente: Instamos al Gobierno a supervisar y controlar, a través de
los instrumentos de seguimiento previstos en el Plan del
Carbón 2008-2012, las actividades de formación de acuerdo con la legislación vigente y con los compromisos firmados en dicho plan; asimismo, verificar las condiciones de las convocatorias procediendo a controles físicos sin previo aviso y
aplicando penalizaciones a las entidades que incumplan los compromisos de crecimiento de empleo.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Perdón, el Plan del Carbón 2006-2012.
La señora VELASCO GARCÍA: Sí, 2006-2012, efectivamente.
El señor PRESIDENTE: Ahora procederíamos a votar las propuestas de resolución que hemos visto hasta este momento. Por tanto, haríamos la votación del punto 1, que es la proposición no de ley, y de los puntos 2 y 3, que son los que hemos
visto hasta ahora, y así los senadores podrán irse al Pleno, y después, con más tranquilidad, podríamos seguir viendo los demás puntos del orden del día. No sé si podemos empezar ya las votaciones o suspendemos un minuto.
La señora MADRAZO DÍAZ: ¿Solo votamos estos tres puntos?
El señor PRESIDENTE: Sí, estos tres puntos.
El señor RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA: Suspendemos mejor un minuto.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos pues un minuto. (Pausa.) Señorías, vamos a continuar la sesión y procedemos a votar, como decía, los puntos 1, 2 y 3. En primer lugar, el punto relativo a la proposición no de ley en relación con la
colaboración de los órganos de la Administración General del Estado con el Tribunal de Cuentas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el punto 2, que es el informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Seguridad Social para el desarrollo, implantación y mantenimiento de la Administración electrónica como nueva modalidad de prestación de
servicios y de relación con los ciudadanos, tanto a través de Internet como de otras plataformas de comunicaciones.
En relación con este punto hay que decir que se han transaccionado las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular -o
así lo he entendido- en relación con la propuesta número 2, que consistiría en emplear la expresión tiendan a adecuar en lugar de la palabra adecuen. En relación con las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, no había ninguna
duda sobre ellas. Pasamos a votar las propuestas conjuntamente porque de alguna forma hay una transaccional entre los dos grupos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos al punto 3. Se ha presentado también respecto a este punto una transaccional que ha sido leída por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; la damos, pues, por leída y podemos proceder a su votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL Y CONTROL DEL DESTINO DE DICHOS FONDOS POR PARTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, EJERCICIOS 2002 Y 2003. (Número de expediente Congreso
251/000123 y número de expediente Senado 771/000119.)
El señor PRESIDENTE: Terminadas las votaciones, los portavoces me han pedido adelantar el punto 6 para tratarlo ahora de forma inmediata.
Empezamos por tanto con el punto 6.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la financiación pública de la Real Federación Española de Fútbol y control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes mi grupo
ha presentado cinco propuestas de resolución de las que anuncio que retiramos la número 3, la que hace referencia a una sugerencia de un nuevo real decreto que aclare el tema del 10 por ciento de la recaudación de las quinielas de fútbol,
entendiendo mi grupo en las negociaciones que hemos mantenido, y atendiendo también al recto criterio del Consejo Superior de Deportes, que es suficiente... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento. Por favor, señorías, mantengan silencio porque si no es imposible oír al interviniente.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su amparo, señor presidente.
Entendemos que existiendo los reales decretos 258/1998 y 98/2003 están suficientemente garantizados los principios de legitimidad y de legalidad en relación con que el 10 por ciento del fondo de las quinielas futbolísticas son fondos
públicos y, por tanto, auditables por la competencia constitucional del Tribunal de Cuentas. Por tanto, retiramos esta propuesta de resolución número 3 y mantenemos para su votación, en los términos expuestos en la documentación que tienen SS.SS.,
las propuestas de resolución 1, 2, 4 y 5, coincidiendo con las presentadas por otros grupos parlamentarios. Por tanto, como se ha cambiado el orden de votación, me excuso a priori y pido que se sometan a votación en la forma indicada y de acuerdo
con las correcciones de forma que se indicarán por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: En cuanto a este informe hay propuestas de resolución presentadas también por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y su portavoz al inicio de la sesión ha pedido que se dieran por defendidas. Por tanto, las
damos por defendidas, y en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Antonio González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Después de haber visto todas las propuestas de resolución, creo que son coincidentes prácticamente todas salvo una nuestra que no coincide con las del resto de los grupos, pero que creo que es perfectamente
asumible. Paso a explicar brevemente el planteamiento de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular y, lógicamente, a pedir el apoyo del resto de los grupos a estas propuestas ya que entendemos que son perfectamente asumibles por
todos.
Si ha habido algún detalle que haya sido característico en este caso de la revisión de las federaciones deportivas desde el Consejo Superior de Deportes ha sido la imposibilidad de que el consejo lo hiciera de una forma exhaustiva y tal como
lo demanda el Tribunal de Cuentas y como lo demandaría en este caso la Ley del Deporte. Por tanto, nuestra primera propuesta de resolución se refiere a que se aumente el personal de la subdirección general correspondiente del Consejo Superior de
Deportes para que las subvenciones públicas a federaciones deportivas se realicen, como no puede ser de otra forma, conforme a la normativa vigente y que así no haya ninguna llamada de atención por parte del Tribunal de Cuentas en caso de que
fiscalice alguna otra federación en un futuro próximo. Ya anunciamos que nosotros pediremos la fiscalización de alguna federación más adelante, grandes federaciones en este caso, porque entendemos que es bueno que de vez en cuando se vean
claramente cuáles son los trabajos que realizan las federaciones con los dineros públicos.
La segunda propuesta de resolución que planteamos se basa en que a lo largo de este tiempo yo he visto que ha habido contradicción de informaciones, tanto de un lado como de otro, de grupos políticos, del Tribunal de Cuentas y de la propia
Federación Española -la Federación Española a través de su página web manifiesta que no ha sido atendida la entrega de documentos o, bien dicho y desde nuestra parte, que la Federación no ha puesto a disposición del Tribunal de Cuentas, en el tiempo
que el Tribunal de Cuentas le pedía, los documentos que la Federación al parecer tiene-, por lo que pedimos en este caso apoyo a los grupos para que se apruebe esta segunda resolución, que es que sea reclamada, a través del Consejo Superior de
Deportes, la justificación de los gastos de la Real Federación Española de Fútbol, que precisamente en el informe del Tribunal de Cuentas se detecta como no justificada y que se le dé un plazo de tres meses, y si este plazo no es cumplido y no son
entregadas estas facturas al Consejo Superior de Deportes justificando los gastos realizados, obviamente ese dinero sea devuelto. Porque aquí hemos oído y se está oyendo que son un millón y medio, 2 millones o 23 millones. Si en el Consejo
Superior de Deportes la persona que está en la actualidad y que estuvo en su momento certificó que habían sido entregadas todas las cuentas, lo razonable y lógico sería que aquellas que no sean presentadas en la actualidad sean el déficit que tiene
la Federación Española de Futbol respecto a la subvención dada. Por tanto, si es justificado quedará perfectamente establecida la relación del Consejo Superior de Deportes con la Federación Española de Futbol y justificadas sus cuentas respecto al
consejo, y si no es así, pedimos que se proceda, lógicamente, a la aplicación de la normativa actual y que sean devueltas en este caso las subvenciones realizadas por el Consejo Superior de Deportes en el ámbito público, que es lo que entendemos que
se debe hacer en el caso de que no sean justificadas ante el Consejo Superior de Deportes.
La tercera propuesta de resolución que hacemos está unida de alguna manera a reforzar lo que el propio secretario de Estado presentó como código de buen gobierno de las federaciones. Nosotros lo entendemos perfectamente, está bien este
código de buen gobierno, pero queremos reforzarlo de una forma jurídica, que se le dé la forma jurídica para que con medidas complementarias, a través de la Ley de Subvenciones, y adaptadas a la relación que existe entre las federaciones y el
Consejo Superior de Deportes, la aplicación del código de buen gobierno tenga un respaldo jurídico para que esto se lleve a cabo, porque si no, al final el código de buen gobierno respecto a las federaciones deportivas queda en el ámbito de la ética
de quien la adopte y no en la aplicación jurídica porque es un ente que no tiene aplicación normativa adecuada o establecida en este caso ni en reglamentos ni en leyes. Por tanto, pedimos que esto se adecue de
forma que si alguna federación no cumple el código ético reforzado jurídicamente se atenga a las consecuencias, y las consecuencias, pueden ser incluso la pérdida de las subvenciones públicas para el desarrollo de este trabajo que vienen
desarrollando las federaciones.
Respecto a las propuestas de resolución de los otros grupos, entendemos que prácticamente todas van en el mismo sentido y algunas se subdividen en segundas o terceras partes. A nosotros nos parece que en líneas generales todos coincidimos
en que tiene que haber una aplicación de la normativa vigente, que tenemos que facilitar al Consejo Superior de Deportes que disponga de personal para que estas cuentas sean fiscalizadas en todo orden y de la forma mejor posible por el Consejo
Superior de Deportes, y para eso es necesario ese personal. El resto de las propuestas de resolución entran dentro de lo razonable, aplicando la normativa actual, la normativa vigente, la Ley del Deporte y las sugerencias que nos hace el Tribunal
de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Algo de lo que debemos sentirnos todos satisfechos es que ante una situación como la del informe que presentó el Presidente del Tribunal de Cuentas a esta Comisión y que tan concluyentes datos daba en su interior
todos los partidos políticos hemos demostrado que, en vez de echar balones fuera -valga el símil a la actividad que estamos en este caso fiscalizando-, lo que hemos hecho ha sido comprometernos en presentar propuestas de mejora para intentar evitar
que estas cosas puedan volver a suceder en el futuro. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con las propuestas de resolución presentadas por todos los grupos políticos, y quiero resaltar esto, que no haría falta decirlo en otra situación, dado que
somos el grupo que apoyamos al Gobierno y eso quiere decir que estamos dispuestos a que todo lo que los grupos están planteando que hay que hacer -y me parece bien la última apreciación del señor Mardones de que a un elemento que forma parte del
código de buen gobierno, que se sabe que es un principio y un valor, se le dé un poquito más de forma para que tenga un compromiso y tenga una aplicación-... (El señor González Pérez: El señor González.) Perdón. Es algo oportuno para demostrar
que todos -y me ha fallado lo del señor Mardones- los grupos políticos estamos comprometidos. Este posiblemente no haya sido un buen año para la gestión de la Federación Española de Fútbol, como se demostró en otro hecho acaecido después en
relación con la sentencia sobre su campo de fútbol, pero espero que esto sirva para mejorar de aquí en adelante la gestión de dicha federación, que tan importante es para el deporte español, porque probablemente sea la federación que sirva de
ejemplo para el conjunto de las federaciones de este país.
Nosotros, igual que en el punto que presenté anteriormente, como somos un Gobierno y un grupo parlamentario comprometidos, hemos presentado nueve propuestas de resolución, superando ampliamente las propuestas que nos hacía el propio
Tribunal, que ya anunciamos en su momento que estábamos dispuestos a incorporar porque nos parecía que eran de justicia. Voy a exponer las nueve muy rápidamente porque soy uno de los senadores que se tienen que ir a la votación del Senado. En
nuestra primera propuesta encomendamos al Consejo Superior de Deportes la adaptación de la normativa reguladora de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes a una nueva regulación de subvenciones públicas. También encomendamos al CSD la
adopción de criterios reguladores de su política de subvenciones fundamentadas en los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, eficacia, eficiencia y economía. Asimismo instamos al CSD a que establezca criterios de justificación de
las subvenciones acordes con las nuevas normativas reguladoras, lo cual nos parece imprescindible.
También encomendamos al Consejo Superior de Deportes que se efectúe un adecuado seguimiento de la gestión y justificación de las subvenciones
mediante el refuerzo de las unidades encargadas de esa labor, que era uno de los grandes déficits que se planteaban en la gestión del informe anterior, y también a que efectúe un adecuado control de la aplicación de las subvenciones a la actividad
subvencionada así como del cumplimiento del fin para el que fueron otorgadas a través de la elaboración de un plan de comprobación de subvenciones, que nos parece un elemento imprescindible y que puede ser muy eficaz. Instamos asimismo al CSD a la
incoación de expediente de reintegro de las subvenciones que se deriven de las actuaciones del Tribunal de Cuentas así como de las actuaciones del Consejo Superior de Deportes. Encomendamos también al Consejo Superior de Deportes la creación de una
comisión dedicada, de acuerdo con la nueva normativa reguladora de las subvenciones públicas, a la comprobación de las subvenciones otorgadas por el CSD a la Real Federación Española de Fútbol, algo que también dará mayor transparencia y eficacia.
La penúltima sería encomendar también al CSD el refuerzo de las unidades de control y comprobación de las subvenciones otorgadas por el Consejo Superior de Deportes, y la última encomendar al CSD la adaptación de la normativa reguladora de las
subvenciones del Consejo Superior de Deportes a las nuevas disposiciones reguladoras de las subvenciones públicas, atendiendo fundamentalmente a las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas.
Para concluir, manifestamos que estamos de acuerdo con las propuestas presentadas por todos los grupos y hemos presentado un paquete de propuestas que son ambiciosas, y con este compromiso de todos los grupos políticos conseguiremos que no
se vuelvan a producir situaciones como la que, desgraciadamente, hemos
tenido que comprobar en el informe del Tribunal de Cuentas que se nos presentó recientemente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir el turno de fijación de posiciones.
Tiene la palabra el señor Maldonado, en representación de Convergència i Unió.
El señor MALDONADO I GILI: Mi grupo también se añade a la valoración positiva de las propuestas llevadas a cabo por los grupos que forman parte de este Congreso. En todas ellas se ve la voluntad de aportar sentido común a lo que podríamos
llamar el affaire, la situación producida en la Federación Española de Fútbol. A nuestro grupo le congratula este tono y esta voluntad de aportar en un tema que se podría haber politizado y que incluso anteriormente tenía tintes de politización, lo
que no aportaría nada al fútbol español ni al deporte en general. Del informe del Tribunal de Cuentas se deduce que ha habido actuaciones que no han sido correctas y que se deben subsanar. El Consejo Superior de Deportes ha realizado una labor de
seguimiento seria, de propuesta e incluso de subsanación de algunas partidas no claras, por decirlo de alguna forma. Esto no debe conllevar que se entre en una guerra mediática que sobre todo perjudicaría al deporte, a las federaciones y al fútbol.
Desde el consejo se debe seguir la línea actual de seriedad, de fiscalización y de que se denuncie aquello que no se aclare. Pero sería bueno que no se entrara en una guerra de personalismos, de afinidades, de si este perfil gusta o no al Gobierno.
Ahora no se está en esta línea, aunque anteriormente hubo algunas de estas tentaciones, y la autonomía de las federaciones debe ir por aquí.
Desde Cataluña, desde la misma Federación Catalana de Fútbol, alguna vez se ha denunciado que algunas cosas
de la española no gustan, pero se ha denunciado en los debates internos de la federación, de federación territorial a federación estatal, que es lo que toca. Desde Convergència i Unió hacemos nuestras las propuestas que han presentado todos los
grupos en el debate que hoy estamos llevando a cabo. Sería bueno que las federaciones tuvieran una actuación muy de acuerdo con el protocolo de funcionamiento. No es bueno en absoluto que el Tribunal de Cuentas tenga que elevar de vez en cuando
informes sobre actuaciones no correctas, porque esta autonomía que desde Convergència i Unió reclamamos para las federaciones no va avalada con lo que se puede expresar como: ancha es Castilla, es decir que se haga lo que se quiera en las
federaciones. Hay un modus operandi que se debe respetar, hay una legalidad, y las federaciones son las primeras que deben cumplirla. Desde Convergència i Unió consideramos que se debe presuponer la actuación correcta de todas las federaciones,
también la de fútbol, y las cuestiones que el Tribunal de Cuentas denuncie se deben subsanar y aclarar para que en el futuro no haya ninguna federación en el punto de mira, entre ellas la Federación Española de Fútbol.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO (LEÓN) SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA Y POLÍTICA DE PERSONAL LLEVADA A CABO ENTRE 1998 Y 2002, AMBOS INCLUSIVE. (Número de expediente Congreso 251/000118 y
número de expediente Senado 771/000115.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del punto 6, pasamos al punto 4, al que se han presentado propuestas de resolución por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista. Para defender las propuestas de
resolución del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villablino sobre su gestión económica financiera y presupuestaria y sobre su política de personal hemos presentado ocho propuestas de resolución, y el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado nueve. Estamos de acuerdo con la mayoría de ellas, puesto que nuestro objetivo es mejorar el funcionamiento de todas las administraciones públicas, que debe ser nuestro cometido. A la vista de los resultados
del informe expuesto en la anterior sesión de la Comisión por el presidente del Tribunal de Cuentas, en el que se ponían de manifiesto numerosas irregularidades que se habían cometido en la gestión de los fondos públicos por parte de los
responsables del Ayuntamiento de Villablino, tanto mi grupo como el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado varias propuestas de resolución encaminadas, lógicamente, a mejorar esa nefasta gestión municipal que a lo largo de muchos años han
tenido que padecer los ciudadanos, los residentes y los vecinos de ese municipio. Nosotros vamos a votar a favor de nuestras propuestas de resolución, y además vamos a retirar nuestras propuestas de resolución números 3 y 8 porque votaremos a favor
de las propuestas números 10 y 11 del Grupo Parlamentario Socialista, que nos parecen muy similares. Hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista para añadir en nuestra propuesta de resolución número 5 la palabra igualdad, de
manera que esta transaccional quede redactada de la siguiente manera: El ayuntamiento deberá proceder a efectuar una relación de puestos de trabajo ajustada a sus necesidades y garantizar que en los procesos de selección para su cobertura se
cumplan los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad. Esta enmienda transaccional la apoyaremos junto con el Grupo Parlamentario Socialista. El resto de nuestras propuestas de resolución se mantienen, y quiero anunciar que
votaremos en contra de las propuestas de resolución números 15, 16 y 17 del Grupo Parlamentario Socialista: la número 15, porque escapa de las recomendaciones y de las conclusiones a las que llega el informe del Tribunal de Cuentas, por lo que no
nos parece adecuado
plantear esta cuestión; la propuesta número 16, porque insta al Tribunal de Cuentas a evaluar los daños patrimoniales que haya podido sufrir el Ayuntamiento de Villablino, y entendemos que esta es una cuestión que también escapa de las
competencias propias del Tribunal de Cuentas, cuya responsabilidad es fiscalizar si la actividad económica financiera del ayuntamiento se ha adecuado a los principios de legalidad, economía y eficiencia, pero en ningún caso debe evaluar cuáles han
sido los daños patrimoniales que se hayan podido derivar de las irregularidades cometidas por los responsables municipales del Ayuntamiento de Villablino; también votaremos en contra de la propuesta de resolución número 17, porque el abanico de
ayuntamientos y de entidades locales que existe en España es lo suficientemente amplio como para no repetir en el año 2007 una fiscalización de este mismo ayuntamiento. Cuando el número de ayuntamientos es tan amplio y tan elevado, debemos centrar
nuestros esfuerzos en diversificar la fiscalización del Tribunal de Cuentas lo más posible y no reiterar otra fiscalización sobre el mismo ayuntamiento.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Agustín Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Mi grupo ha presentado nueve propuestas de resolución, junto con las ocho que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, respecto a la fiscalización del Ayuntamiento de Villablino. Sin duda, el Ayuntamiento de
Villablino es el que peores resultados ha dado de todos los que hemos tenido ocasión de examinar a lo largo de esta legislatura. Estoy convencido de que por muchos ayuntamientos más que se examinen en esta legislatura difícilmente ninguno le va a
quitar el liderato al Ayuntamiento de Villablino, por su nefasta, complicada y absurda gestión, que desde el punto de vista financiero ha llevado a la más absoluta quiebra a dicho ayuntamiento
Hemos presentado propuestas de resolución y, como decía también la portavoz del Grupo Popular, hemos llegado a un acuerdo con la transaccional respecto a su propuesta número 5, que incluye el principio de igualdad, entendido en el sentido
que marca la Constitución -creo que en su artículo 20 ó 22-, que dice que no puede prevalecer discriminación por razón de sexo, raza, religión, etcétera, que se sigue para todos los cargos públicos. Normalmente, cuando hablamos de funcionarios o de
trabajadores de la Administración pública no solemos incluirlo y solo se contemplan los de mérito y capacidad en la parte específica de Administración pública, pero puesto que son cargos públicos también les es aplicable el principio de igualdad.
En ese sentido, le reconozco a la portavoz del Grupo Popular haber tenido la deferencia de incluir el término igualdad, lo que nos permite votar su propuesta y retirar la propuesta número 12, que sin duda era más inconclusa, no tan completa como la
que ha propuesto la diputada del Grupo Popular.
Parece que existe coincidencia en el resto de las propuestas que planteamos, excepto en las números 15, 16 y 17, que voy a analizar y defender. Respecto a la número 15, la portavoz del Grupo Popular sabe perfectamente cuál es el motivo, y
es que en las páginas 33 y 34 del informe del Tribunal de Cuentas se menciona que se aprobó una operación de refundición de créditos con infracción de los artículos 50 y 52 de la Ley de Haciendas Locales. La infracción ya se cometió, señora
Madrazo, y lo que estamos haciendo es instar al Ministerio de Economía y Hacienda actual, gobernado por el Partido Socialista, a que no cometa otra vez una infracción similar de los artículos 50 y 52. Es verdad que podríamos retirarla, porque estoy
convencido de que mientras gobierne el Partido Socialista el Ministerio de Economía y Hacienda no va a cometer esa ilegalidad. Estoy absolutamente convencido y podríamos retirarla, pero no pasa nada porque quede para el futuro, aunque es verdad que
en el momento actual es innecesario ya que estoy absolutamente convencido de que esto no va a volver a suceder, por lo menos mientras gobierne el Partido Socialista. Respecto a la número 16, le voy a decir una cosa, señora Madrazo, y no se me
ofenda, y es que debería usted conocer la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En esta ley se establece como una función la de evaluar los daños patrimoniales que se hayan podido sufrir a consecuencia de la mala gestión económica
financiera, lo que figura también en la Ley General Presupuestaria. Ya sé que los dos somos de Hacienda, pero yo soy de una materia y usted de la contraria, y yo conozco mi materia. En la Ley General Presupuestaria está el tema de la evaluación de
los daños patrimoniales. Está también en la Ley de exigencias de responsabilidad por daños patrimoniales y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas contempla la evaluación de los daños patrimoniales. Por eso le pido que al menos en esta
reconsidere su postura. Lo que estamos pidiendo es absolutamente ajustado a la ley. Le recomiendo que varíe su postura y que al final vote a favor de esta propuesta. Respecto a la última, yo lo he estado pensando. El problema de instar al
Tribunal de Cuentas a que incluya en el programa de actuaciones para el año 2007 la fiscalización de la actividad económica financiera del Ayuntamiento de Villablino de los ejercicios 2005 y 2006 es que, como ya le he dicho, es difícil que ningún
ayuntamiento, en lo que se refiere a gestión económica financiera, vaya a robarle el liderato al Ayuntamiento de Villablino. Por tanto, parece lógico que el tribunal compruebe nuevamente qué es lo que ha pasado en 2005 y 2006. Usted dice que va a
votar en contra, y yo le digo lo siguiente, señora Madrazo: ¿No será que usted va a votar en contra de que se fiscalice la actividad de 2005 y 2006 porque ha entrado en el equipo de gobierno el Partido Popular? Si no es eso, no nos induzca al
error y vote a favor. Usted decía hace unos días que en el Ayuntamiento de Villablino nunca había
gobernado el Partido Popular. Ahora está cogobernando, y se refiere a los años 2005 y 2006. Si usted o los tres concejales del Partido Popular que están cogobernando con Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Villablino no tienen nada que
ocultar, vote a favor de la fiscalización. Ya me dirá usted qué temor tiene a que se fiscalice la actividad del Ayuntamiento de Villablino cuando ha estado gobernada por el Partido Popular. Le pido que reflexione y que, salvo que usted tenga otra
razón más poderosa, cambie el sentido del voto y vote a favor. No pasa nada porque también se fiscalice la actividad del Ayuntamiento de Villablino en la época en que está gobernado por el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: En turno de réplica tiene la palabra la señora Madrazo, en representación del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MADRAZO DÍAZ: Intervengo brevemente para decirle al portavoz del Grupo Socialista que el Partido Popular no tiene nada que ocultar y que no es esa la razón que he alegado en mi intervención para votar en contra de esta
fiscalización. La razón, como le dije ya en mi intervención, es que entendemos que el Tribunal de Cuentas tiene por delante una tarea ingente, tiene que fiscalizar la actuación de todo el sector público, que no es poco, y que además existe una gran
cantidad de ayuntamientos en España que posiblemente también merezcan la atención del Tribunal de Cuentas y de esta Comisión Mixta para intentar mejorar su funcionamiento.
Las propuestas de resolución que hoy hacemos están dirigidas precisamente a
que el Ayuntamiento de Villablino realice una mejor gestión económica financiera, una gestión seria y responsable. Por tanto, entendemos que no es necesario que se repita una fiscalización del mismo ayuntamiento, pero la razón de votar en contra no
es que tengamos nada que ocultar. Por otro lado, respecto a la propuesta número 16, ha vuelto a insistir en que el Tribunal de Cuentas es perfectamente competente para evaluar los daños patrimoniales. He reconsiderado mi primera postura y al menos
nos abstendremos en esa propuesta de resolución.
El señor PRESIDENTE: En el turno de réplica tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señora Madrazo, me resulta muy difícil creer que sea porque usted ha decidido aliviarle la carga al Tribunal de Cuentas, pero si así fuera, le voy a proponer en este momento una transaccional.
Consistiría en añadir,
a continuación de instar al Tribunal de Cuentas: para que directamente o con encomienda al Consejo de Cuentas de Castilla y León se incluya en el programa de actuaciones para el año 2007 la fiscalización de la actividad económica financiera del
Ayuntamiento de Villablino de los ejercicios 2005 y 2006. Si acepta la transacción, la someteríamos a votación, y si no, la votaríamos tal y como figura en nuestra propuesta de resolución. Si, efectivamente, el problema es que el Tribunal de
Cuentas está muy recargado, que lo haga mediante encomienda al Consejo de Cuentas de Castilla y León.
El señor PRESIDENTE: Les ruego que si hay alguna transacción la hagan llegar en su momento a esta Mesa. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Solicito un minuto para aclarar el tema de la transaccional que me propone el portavoz del Grupo Socialista. Quisiera que me hicieran llegar una copia de dicha transaccional.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pedir al proponente de la transacción que le haga llegar una copia, pero podemos seguir con el orden del día mientras ustedes están negociando la transacción, y en todo caso antes de la votación háganla llegar a
la Mesa.
-MOCIÓN SOBRE CONTROL INTERNO, LLEVANZA DE LA CONTABILIDAD, GESTIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente Congreso 251/000122 y número de expediente Senado 773/000017.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, que es la moción sobre control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación de las entidades locales. En relación con este punto se han presentado solo
propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para defenderlas tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muy brevemente voy a defender las propuestas de resolución que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la moción sobre control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación de las
entidades locales por parte del Tribunal de Cuentas.
Las cuatro propuestas de resolución que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la moción del Tribunal de Cuentas pretenden mejorar el funcionamiento de nuestras corporaciones locales.
Los que hemos trabajado en el ámbito de las corporaciones locales sabemos que esta moción del Tribunal de Cuentas refleja una situación que existe en los ayuntamientos y en las corporaciones locales en cuanto al planteamiento de gestión de personal,
de contabilidad y de control. Queremos aprovechar la ocasión para felicitar al Tribunal de Cuentas por la moción que presentó y por el informe elaborado.
Las propuestas en sí -las resumo brevemente- pretenden instar al Gobierno a establecer mediante el procedimiento
reglamentario oportuno el desarrollo del régimen de control y fiscalización que contempla el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales; a establecer un régimen estatutario para los funcionarios de la Administración local con
habilitación de carácter nacional, similar al de los interventores de la Administración General del Estado, para ejercer el control con plena autonomía; a realizar las actuaciones precisas que permitan que la Administración General del Estado pueda
ejercer las acciones necesarias contra actos o acuerdos de las entidades locales en materia de personal, con lo cual conseguiríamos evitar muchas de las situaciones que estamos viendo -que en un punto anterior se han abordado en relación con algún
ayuntamiento en concreto, pero que parece ser que son generalizadas-, y a modificar la normativa del régimen local en orden a limitar la condición de contratación a los órganos ejecutivos del Gobierno local, sin perjuicio de establecer, lógicamente,
los sistemas idóneos de control por los plenos municipales y los grupos de oposición.
Creemos sinceramente que son unas propuestas de resolución que tienden a mejorar el funcionamiento de las corporaciones locales. Pedimos el apoyo del resto de
los grupos parlamentarios, porque entendemos que esto va en beneficio de una buena gestión en el ámbito local.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, en turno de fijación de posiciones, el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Intervengo con mucha brevedad. Mi grupo no duda de la buena voluntad de las propuestas de resolución del Grupo Popular en relación con esta moción ni tampoco de su objetivo final. Sin embargo, el Grupo Socialista
entiende que esta Comisión no puede asumir sin más esas propuestas de resolución ni tampoco las recomendaciones que se deriven de la moción elaborada por el Tribunal de Cuentas, aunque evidentemente agradecemos el trabajo que se ha realizado.
Estamos hablando de una moción, no de un informe, y entendemos que eso debe ser objeto de un debate mucho más profundo y sosegado en otras sedes parlamentarias; me refiero a otras comisiones, concretamente las de Economía y Administraciones
Públicas. Es difícil aceptar sin más esas recomendaciones y esas propuestas de resolución cuando falta un debate más profundo e intenso sobre la intencionalidad de las medidas propuestas y sobre los efectos que estas pueden producir.
Por otra parte, aun compartiendo en parte las propuestas de resolución que el Grupo Popular ha presentado a esta moción me gustaría indicarle que las números 1, 3 y 4 ya están recogidas en el proyecto de Ley de Bases de la Administración
Local que el Gobierno ha redactado y va a remitir a esta Cámara a principios del año próximo. Además, la propuesta número 2 está incluida, en una fase similar, en el Estatuto básico del empleado público. Por tanto, teniendo esas bases para un
debate más sosegado de estas cuestiones le remito a discutirlas en esas comisiones y a llegar en el trámite legislativo de esas leyes mucho más allá de lo que esta Comisión pueda llegar a discutir e incluso a sugerir al Gobierno y a convertirlas
definitivamente en ley, si el Grupo Popular lo entiende así y accede -aunque me temo que no- a retirarlas sobre la base de lo que le he propuesto. En cualquier caso, mi grupo va a votar en contra de esas propuestas por los motivos expuestos.
El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Con muchísima brevedad, quiero devolverle la pelota al portavoz del Grupo Socialista. Si todo lo que ha dicho es verdad, si esto va a venir al Congreso, tenemos aquí un punto de origen para el debate. Tenemos cuatro
propuestas de resolución que pueden dar pie a debates muchos más profundos e intensos que nosotros estamos de acuerdo en mantener porque consideramos necesaria la mejora del funcionamiento de la Administración local. Usted sabe tan perfectamente
como yo que su argumentación -esto no lo aprobamos porque va a venir- no se sostiene políticamente. Apruébenlo, empecemos a debatir y luego, a raíz del debate que surja de estas propuestas de resolución, abordemos en profundidad ese debate, que
nosotros también estamos dispuestos a mantener -usted sabe que queremos hacerlo- en un tono absolutamente positivo para mejorar nuestra Administración local. No es un argumento de peso -usted que es persona inteligente y buen político lo sabe- el
que ha expuesto de que no lo aprobamos porque ya vendrá en su momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Procesalmente no es oportuno debatir sobre esto, entre otras cosas porque un proyecto de ley está listo y otro está a punto de entrar en esta Cámara. Si estamos instando al Gobierno a hacer una cosa que ya tiene
lista y a otra que ya está terminada, esto va a caer en saco roto. Me parece que hacer ese ejercicio desde el Parlamento es poco procedente y oportuno, más si sabemos que dentro de poco tiempo vamos a poder tener un debate sosegado sobre esta
cuestión, como antes he dicho.
El señor PRESIDENTE: Llegados a este momento, vamos a suspender la sesión durante un minuto, mientras nos hacen llegar las propuestas transaccionales. Después procederemos a la votación de estos tres puntos.
(Pausa.)
Señorías, vamos a continuar la sesión y vamos a proceder a la votación de los puntos 6, 4 y 5 del orden del día, según los hemos visto en la Comisión. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra.)
Sí.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, solo quiero decir, para que conste en acta, que la transaccional en la que finalmente el Grupo Socialista y el Grupo Popular han llegado a un acuerdo, referida a la fiscalización del Ayuntamiento de
Villablino, pone de manifiesto que el Grupo Parlamentario Popular en ningún momento ha tenido ánimo ni intención de ocultar ninguna actuación política de ningún ayuntamiento.
Por tanto, vamos a votar a favor de esa transaccional.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación, en primer lugar, del punto número 6. Creo que se pueden votar conjuntamente las propuestas de Coalición Canaria, excepto la número 3, que se ha retirado, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución relativas al punto número 4, en primer lugar, las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular teniendo en cuenta que la número 3 y la número 8 se han retirado y que hay una transacción en
cuanto a la número 5 por la que se añade la palabra igualdad. ¿Podemos votar todas las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular conjuntamente? (Asentimiento.) Procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. La número 12 ha sido retirada y existe una transacción en relación con la número 17, que sería la siguiente: Instar al
Tribunal de Cuentas para que, directamente o por encomienda al Consejo de Cuentas de Castilla y León, realice la fiscalización de la actividad económica financiera del Ayuntamiento de Villablino de los ejercicios 2005 y 2006. ¿Podemos votar todas
las propuestas de resolución, excepto la número 12, o piden votación separada?
La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, le pido votación separada de las propuestas de resolución números 15 y 16.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. En primer lugar, procedemos a votar las propuestas de resolución 15 y 16 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos ahora las restantes propuestas de resolución, excepto la número 12, que se ha retirado.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar el punto número 5 del orden del día, en el cual solo hay propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
¿Podemos votarlas tal y como vienen? (Asentimiento.) Procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Llegados a este punto, damos por concluida la Comisión. Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.