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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 72, de 27/09/2006
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 72
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN ALBORCH BATALLER
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles, 27 de septiembre de 2006,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia para elaborar un dictamen informativo sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país. (Número de expediente Congreso 154/000009 y número de expediente Senado 573/000003.)
... (Página 3)
Preguntas:
-De la señora Camarero Benítez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre previsiones acerca de la puesta en marcha del Fondo de garantía de pago de alimentos para mujeres víctimas de violencia de género. (Número de expediente
Congreso 181/000090 y número de expediente Senado 683/000011.) ... (Página 3)
-De la misma señora diputada, sobre reuniones mantenidas con la conferencia sectorial competente en la materia, para la puesta en marcha de los mecanismos de cooperación que den prioridad a las víctimas de la violencia de género en los
programas de fomento de empleo. (Número de expediente Congreso 181/000092 y número de expediente Senado 683/000013.) ... (Página 5)
-De la señora Quintanilla Barba (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre medidas para favorecer el asociacionismo de mujeres en el medio rural. (Número de expediente Congreso 181/000130 y número de expediente Senado 683/000018.)
... (Página 8)
-De la misma señora diputada, sobre cumplimiento del Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en lo relativo al fomento y creación de canales y redes de información que favorezcan la formación y empleo de las mujeres en el
medio rural. (Número de expediente Congreso 181/000131 y número de expediente Senado 683/000019.) ... (Página 8)
De la señora Camarero Benítez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Medidas que el Gobierno piensa aplicar ante el incremento de casos de violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/001203 y número de expediente Senado 683/000059.) ... (Página 12)
-Modificación prevista de la ley orgánica reguladora del derecho a la educación para adaptarla a la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/001309 y número de
expediente Senado 683/000061.) ... (Página 16)
-Modificación prevista de la ley orgánica de ordenación general del sistema educativo para adaptarla a la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/001310 y número de
expediente Senado 683/000062.) ...
(Página 16)
-De la señora Sainz García (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre criterios para dar valor científico a la investigación y publicaciones en materia de igualdad de género. (Número de expediente Congreso 181/002390 y número de
expediente Senado 683/000103.) ...
(Página 19)
De la señora Camarero Benítez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Información sobre el reparto de las ayudas económicas para mujeres maltratadas. (Número de expediente Congreso 181/001422 y número de expediente Senado 683/000065.) ... (Página 21)
-Información sobre el plan nacional de sensibilización y prevención contra la violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/001423 y número de expediente Senado 683/000066.) ... (Página 24)
-Funciones y actividad desarrollada por la Delegación especial contra la violencia. (Número de expediente Congreso 181/001424 y número de expediente Senado 683/000067.) ... (Página 27)
-Información sobre la creación del observatorio de violencia de género.
(Número de expediente Congreso 181/001425 y número de expediente Senado 683/000068.) ... (Página 30)
-Medidas implementadas por el Gobierno para las mujeres maltratadas que sufren discapacidad. (Número de expediente Congreso 181/001426 y número de expediente Senado 683/000069.) ... (Página 32)
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
-SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS TRABAJOS DE LA PONENCIA PARA ELABORAR UN DICTAMEN INFORMATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN EN NUESTRO PAÍS. (Numero de expediente Congreso 154/000009 y número de expediente Senado 573/000003.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la sesión.
Quería plantear primero, porque es preceptivo, la solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia sobre la situación actual de la prostitución en España para realizar el dictamen informativo. Pedimos a la Comisión la solicitud de
prórroga; creo que no hay inconveniente porque todos estamos implicados. (Asentimiento.)
PREGUNTAS:
-DE LA SEÑORA CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL FONDO DE GARANTÍA DE PAGO DE ALIMENTOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente
Congreso 181/000090 y número de expediente Senado 683/000011.)
La señora PRESIDENTA: Hay alguna alteración en las preguntas por compromisos de algunos de los miembros de la Comisión. Las preguntas 7 y 8 se acumulan y tras ellas se formulará la 14. (Rumores.) Las personas que tengan que mantener
conversaciones agradeceríamos que lo hicieran fuera de la sala, aunque como tampoco escuchan da igual.
Damos la bienvenida a la señora Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad, quien ha acudido para contestar a las preguntas. En primer lugar tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora presidenta, le pido un momento porque estoy distribuyendo las preguntas para que todo el mundo las tenga.
La señora PRESIDENTA: Muy bien.
Tiene la palabra para formular la pregunta 2 del orden del día la señora Campo Piñeiro.
La señora CAMPO PIÑEIRO: Con fecha 14 de septiembre de 2004 se le formulaba el Gobierno una pregunta escrita sobre las actuaciones y plazos previstos por el Gobierno para crear un fondo de garantía de pago de alimentos para responder ante
los incumplimientos del pago de alimentos a favor de los hijos menores de edad en los supuestos previstos legalmente.
El Gobierno, con fecha 8 de febrero del 2005, contestaba que la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la
violencia de género, ha previsto en su disposición adicional decimonovena lo siguiente: El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en
resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura de dichos supuestos y que en todo caso tendrá en cuenta las circunstancias de la víctimas de violencia de género. Por lo tanto -decía en su
respuesta-, el Gobierno dará cumplimiento en el plazo oportuno, a partir de la entrada en vigor de la ley, a dicha previsión, proponiendo las medidas legislativas necesarias.
Señora Murillo, un año y siete meses después de esta respuesta escrita y dos años después de ser registrada esta pregunta en esta Comisión, le volvemos a preguntar sobre las previsiones acerca de la puesta en marcha del fondo de garantía de
pagos de alimentos para mujeres víctimas de la violencia de género.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLITICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Respecto a la pregunta que usted me hace, señora Campo, precisamente es una de las preocupaciones del Gobierno, porque esto se manifiesta en la introducción de esta
actuación tanto, como usted ha mencionado, en la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, como en la Ley 15/2005, de 8 de junio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en
materia de separación y divorcio, que establece en su disposición adicional única que el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución
judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos, y que en todo caso tendrá en cuenta las circunstancias de la víctimas de violencia de género. Yo creo que para nosotros ha constituido una
prioridad introducirlo en ambas leyes, porque no tenemos en absoluto el compromiso, sino todo lo contrario, lo adoptamos y lo afrontamos. La puesta en marcha de un fondo de garantía de alimentos, en el cual se tendrán en cuenta las especiales
circunstancias, supone encontrar una fórmula, en la que estamos trabajando los tres ministerios implicados (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Justicia y Ministerio de Hacienda). Evidentemente existen en este campo pocos
ejemplos a los cuales podamos acogernos, por lo tanto tenemos que empezar directamente por implementar un modelo que pueda servir para esta cobertura que está considerada, como usted sabe, desde la Conferencia de Pekín como uno de
los rasgos de la violencia de género, la violencia patrimonial, en la medida en que una separación y divorcio por lo que sabemos hasta la fecha empobrece a la mujeres y además las deja en un estado de mayor vulnerabilidad. Nosotros queremos
crear un fondo reintegrable de garantía de alimentos y una pensión compensatoria en supuestos de ruptura matrimonial y familiar, y queremos hacerlo directamente encontrando, ya le digo, un modelo que pueda resarcir del problema a que se enfrentan
muchísimas mujeres. Ahora, también le digo que la fórmula no es fácil.
Como he planteado anteriormente, tenemos pocos antecedentes en la Unión Europea, y en otros países desde luego es más improbable que encontremos modelos que pudieran ser
aplicables a nuestra legislación, y aún así estamos trabajando, porque evidentemente no responde como fondo de garantía de otro tipo, que sería los trabajadores, como fondo de garantía del que Hacienda dispone por ejemplo para la contribución de la
renta.
Estamos encontrando una fórmula nueva pero, como le digo, esta falta de antecedentes nos pone en situación de trabajar por un modelo que pueda cubrir este compromiso de manera eficaz. Estamos trabajando en ello los tres ministerios
implicados: Hacienda, Justicia y Trabajo. Nosotros queremos hacer frente a esta circunstancia, porque además tiene que ver directamente con la igualdad de los derechos civiles. Una separación, que hasta ahora constituía un arreglo entre la
partes, debe también tener el complemento necesario de hacerse cargo de que la paternidad no termina en absoluto con la disolución del vínculo marital.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Campo.
La señora CAMPO PIÑEIRO: Señora secretaria general, yo no dudo de que ustedes estén trabajando, pero voy a hacerle un poquito de historia. El 18 de mayo del 2004 el señor Caldera, ministro de Trabajo, anunció que estudiaría crear un fondo
de garantía de pensiones para mujeres maltratadas -eso lo tenemos publicado-, y dijo que estaban estudiando fórmulas para garantizar la percepción de las pensiones alimenticias de las mujeres maltratadas en posesión de una orden de protección; un
fondo que podría ir, según sus propias palabras, dentro de la ley o bien aprobarlo durante su tramitación parlamentaria. Es más, añadió que no sería un fondo con carácter general, porque no podía disponer de recursos suficientes ni creía
conveniente unir las situaciones de mujeres que no reciben la pensión alimenticia sin sufrir violencia y aquellas mujeres que la están sufriendo, padeciendo la violencia. Señora secretaria general a su paso por el Senado, como usted ha dicho, a la
Ley integral contra la violencia se presentaron una serie de enmiendas y en concreto una transaccional; también es verdad que el Grupo Parlamentario Popular había presentado una enmienda en ese sentido, enmienda que no fue aceptada, y en la que
quizás iba más allá para que en un plazo breve esto pudiese verse realizado. Es más, el Grupo de Convergència y Unió presentó otra enmienda que, si hubiese ido adelante, como podía haber ido adelante poque el Grupo Popular la apoyaba, quizá
podríamos ver en los próximos Presupuestos Generales del Estado la dotación de esos fondos. Es vedad que en el Senado se modificó la ley a través de una enmienda transaccional, que nos está llevando a lo que tenemos hoy, es decir que no haya un
fondo de garantía.
Señora Murillo, la ley entró en vigor en enero del 2005 y desde esa fecha ustedes no han hecho nada al respecto. Yo le pregunto si ustedes siguen estudiando y cuánto van a durar esos estudios, o si aún están pensando, o si van a ponerse de
acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía. Usted nos tiene que decir aquí en qué momento, en qué situación se encuentra esto, porque somos conscientes de que ahí existe una problemática y que a
día de hoy seguimos igual. A la desgracia que ya padece una mujer víctima de violencia se añade otra lacra, que es ese impago de pensiones. Es verdad que todos los legisladores y legisladoras hemos luchado para intentar conseguir el cumplimiento
efectivo de las pensiones alimenticias en favor de los hijos, porque no nos olvidemos que son para los hijos, incluso se consiguió en un tipo penal. Por lo tanto hemos luchado, y buena muestra fue la introducción de esa enmienda en la Ley de
violencia con el objeto de que estas mujeres consiguiesen esa protección integral. Señora Murillo, yo le pregunto a qué siguen esperando ustedes. En su programa electoral prometieron la creación de ese fondo que garantice el pago, mediante el cual
claramente decían que el Estado garantizará a través de un sistema de anticipos el pago de alimentos reconocido a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial; repito, eso está recogido en
su programa electoral.
Tenemos dos leyes aprobadas: la Ley de protección integral contra la violencia de género y la Ley de reforma de divorcio, pero vemos que en este periodo de sesiones seguimos igual. Señora Murillo, las promesas electorales,
sobre todo las acciones legislativas, requieren un cumplimiento, y eso es lo que desde el Grupo Popular transmitimos y le requerimos a usted, a su Gobierno, porque de momento no vemos ni compromiso ni intención de resolverlo.
Señora Murillo, usted sabe muy bien cómo los delitos de impago siguen duplicándose en los últimos diez años y cómo según la Fiscalía del Estado los datos en 1994 eran de 4.336 y en 2004 son de 9.136; a pesar de esto su Gobierno aún no ha
empezado a dar esos primeros pasos. ¿A qué esperan? Está claro que las leyes, tanto la de la reforma del divorcio como la de violencia de género, le obligan a crear ese fondo estatal que garantice ese pago de alimentos. El Gobierno por lo tanto
no se puede quedar de brazos cruzados cuando esos delitos de impago de pensiones han aumentado un 110 por ciento en los últimos años, según datos de la fiscalía.
La señora PRESIDENTA: Señora diputada tiene que ir concluyendo.
La señora CAMPO PIÑEIRO: Señora senadora, si no le importa. Termino, señora presidenta, simplemente con el último dato. En esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, se ha debatido una proposición no de ley presentada por Convergència
i Unió el 14 de febrero del 2006, y el portavoz del grupo parlamentario se comprometía a que antes de acabar el pasado periodo de sesiones, es decir antes de final de junio del año 2006, ustedes iban a presentar el proyecto.
La señora PRESIDENTA: Señora senadora tiene que concluir.
La señora CAMPO PIÑEIRO: Por lo tanto, se lo volvemos a requerir.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Yo le agradezco mucho la preocupación que siente sobre el tema del que estamos ocupándonos, el impago de pensiones; ahora, también le recuerdo una cosa, señora
senadora, la Ley de divorcio es de 1981. Usted aporta una serie datos, se triplican los delitos de impago, la memoria de la fiscalía de 1994 ya llama la atención sobre el incremento de los delitos de impago. Como Gobierno hemos dado un paso
fundamental, y ha sido introducir primero como intención a cumplir en nuestro programa electoral dar una respuesta clara y un fórmula adecuada para trabajar este tema concreto, pero además nos hemos comprometido por medio de dos leyes, la Ley contra
la violencia de género y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, entendiendo su preocupación, no creo que en absoluto sea imputable al Gobierno una falta de compromiso, porque no hay nada más que obligue, no hay nada más que vincule para
establecer directamente normas en relación con la pregunta que usted me está planteando, que dos leyes: la Ley Orgánica contra la violencia de género y además la modificación del Código Civil. Por si fuera poco usted recordará también que fueron
los primeros compromisos que adoptó el ministro de Trabajo. Es importante que entienda que nosotros tenemos ese compromiso adoptado por medio de dos mandatos judiciales, de dos normas legislativas importantes, y que desde luego hasta el momento,
hasta que nosotros no hemos llegado y hemos implementado en dos normas la necesidad de combatir esta dejación de responsabilidades, ha habido un caso omiso de los anteriores gobiernos. Usted debe entender que en este caso no se pretende establecer
un mecanismo de huida o de evitación, sino todo lo contrario; nos hemos comprometido por dos leyes que hemos establecido nosotros como norma. Le recuerdo que la Ley de divorcio es de 1981 y que usted expone los datos, los datos de la fiscalía y
los delitos de impago, con un crecimiento exponencial. Bien, pues para eso hemos estado introduciendo una norma en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el compromiso también del propio Ministerio de Trabajo. Me gustaría además que nos hubiéramos
encontrado con propuestas ya hechas de la anterior legislatura. Este ha sido hasta ahora un problema, y nosotros lo hemos reflejado en la normas como una solución que tenemos que arbitrar con la fórmula que le digo, porque no tenemos experiencia, y
ustedes comprenderán que son importantes los modelos europeos a aplicar a este caso.
-DE LA SEÑORA CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE REUNIONES MANTENIDAS CON LA CONFERENCIA SECTORIAL COMPETENTE EN LA MATERIA, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN QUE DEN PRIORIDAD A LA
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO. (Número de expediente Congreso 181/000092 y número de expediente Senado 683/000013.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para formular la pregunta número 2, que figura como número 3, la senadora señora Rodríguez.
La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Presidenta, soy la senadora Fernández-Delgado.
La señora PRESIDENTA: Yo lo siento muchísimo, pero me lo han pasado así, además improvisadamente y a lápiz. Yo no sabía que iba a intervenir la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Pues se lo ha pasado mal, se lo digo para que lo sepa. No se preocupe, es para lo que sepa.
Señora Murillo, me gustaría por favor que me contestara a la pregunta, con fecha 9 de junio de 2004, de qué reuniones ha mantenido con la conferencia sectorial competente en la materia para la puesta en marcha de los mecanismos de
cooperación que den prioridad a las víctimas de la violencia de género en los programas de fomento de empleo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señora Fernández paso a contestar su pregunta. Antes de contestarle sobre las reuniones que hemos mantenido a tal efecto, me gustaría aclarar los términos en los
cuales hemos establecido como prioridad las actuaciones que debíamos emprender
para mejorar el sector laboral de las víctimas de violencia de género, y después le plantearé las reuniones que se han mantenido a tal efecto. En este tema, y siguiendo además la Ley contra la violencia de género, los programas de fomento
de empleo contemplan entre sus prioridades la inserción laboral de las víctimas de violencia de género, y a tal efecto se han flexibilizado los requisitos legalmente exigidos para que estas mujeres puedan ser contratadas, y además lo hemos reflejado
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006, que contempló específicamente el Plan de fomento del empleo en cuanto a las bonificaciones que debían hacerse a las empresas para que contrataran a las mujeres víctimas de violencia de
género. Por si esto no fuera suficiente, se elaboró el Real Decreto-ley de mayo de 2006, para la mejora del crecimiento del empleo, cuyo programa de fomento del empleo sustituye al plan anterior mediante bonificaciones a la contratación de víctimas
de violencia de género, priorizando el fomento de contratación de estas mujeres y dando flexibilidad a los requisitos para aplicar dichas bonificaciones en la contratación. ¿De qué manera? En el caso de que la mujer esté desempleada; ya no se
exige que la mujer esté en situación de desempleo, situación que sí se exigía para que pudiera ser aplicada la bonificación. Ahora bien, una mujer puede estar en situación de no desempleo, pero se le va a aplicar bonificación a las empresas en el
caso de que fuera contratada. En el caso de lo contratos temporales, también de acuerdo con el real decreto, dejan de bonificarse con carácter general las contrataciones temporales excepto en tres supuestos: el de determinados colectivos -aquí
tengo que utilizar la palabra colectivo-, que son las mujeres con discapacidad, también las personas que están en situación de exclusión social y por supuesto esta excepcionalidad llega a la víctimas de violencia de género. Estas bonificaciones son
permanentes durante la duración del contrato temporal. En el caso de la contratación indefinida hemos elevado y duplicado la bonificación; si antes teníamos dos años, ahora tenemos cuatro años, y en este caso las mujeres víctimas de violencia de
género se sienten absolutamente amparadas con estos cambios importantes en la legislación.
Por otra parte, tenemos un real decreto de políticas activas de empleo, que actualmente se está tramitando, que prevé introducir mejoras en cuanto a establecer mayores subvenciones a las mujeres víctima de violencia de género en los
programas de creación de actividad, que saben ustedes que son programas de autónomos, de fomento de iniciativas locales de empleo, así como la contratación de estas mujeres que además sean discapacitadas en los centros especiales de empleo, y se
otorga una especial prioridad a estas mujeres para su incorporación a los programas integrados para el empleo que se realicen con entidades promotoras al objeto de atender a los colectivos de difícil inserción. Yo quiero aprovechar, porque esta
pregunta sirve para ello, para felicitar a todas las comunidades autónomas que sin reservas, sin ninguna reserva, sin ninguna objeción acogieron como suyos los programas que estaba planteando el Gobierno en cuanto a la aplicación de cuantías
adicionales para el colectivo de víctimas de violencia de género. Todas las comunidades autónomas, bien a través de los servicios de empleo, bien a través de los organismos de igualdad, y en acción cooperativa de ambos -tengo que manifestar nuestra
gran satisfacción porque la acción coordinada de los servicios de empleo y los organismo de igualdad ha dado excelentes frutos-, están participando en diversas actuaciones destinadas a la inserción laboral. Como saben, nosotros siempre tenemos la
idea de la transversalidad como forma de hacer operativas con eficacia las políticas de igualdad -ya no deben ser sectoriales sino que deben transversalizarse-; por eso se han llevado a cabo estos acuerdos en conferencia sectorial de asuntos
laborales, es decir no a través de mi secretaría sino de la Secretaría General de Empleo, la de don Valeriano Gómez. En estas conferencias sectoriales se han trabajado los planes de empleo en que era necesaria la colaboración de las comunidades
autónomas, y reitero mi agradecimiento a las comunidades autónomas por entender permanentemente que esos programas eran suyos y los hacían suyos.
Específicamente en esa Conferencia de empleo, se ha trabajado la parte laboral de la Ley de Igualdad,
que ya tendrán ustedes oportunidad -está en fase de tramitación, ustedes conocen perfectamente el texto- de entender que es ambiciosa. Se informó también en esas comunidades autónomas de la marcha del diálogo social, que también recoge en la
reforma laboral actuaciones específicas respecto a mujeres víctimas de violencia de género. Hemos tratado el borrador que se va a abordar en otra conferencia sectorial del Real Decreto de políticas activas de empleo.
Además de mi propia conferencia sectorial, cuando hemos tratado la Ley de igualdad en materia de empleo, las comunidades autónomas no solamente la han hecho suyas, sino que nos han felicitado por la iniciativa, sin excepción. Esta es una
forma de entender que además de las reuniones se están implementando una serie de medidas, y además las medidas, bien por fórmulas de reales decretos, bien por reformas laborales, bien por leyes orgánicas, como la Ley de Igualdad, se están acogiendo
como si verdaderamente fueran su propio patrimonio, su propio patrimonio legislativo y su propio patrimonio de actuación. Eso me da una enorme garantía de que realmente con las victimas de violencia de género se está trabajando de manera seria y
responsable.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Señora Murillo, la verdad es que ustedes no han tenido ninguna reunión en conferencia sectorial con los organismos de igualdad sobre este tema, sobre cómo se puede realmente hacer una inserción real de
las mujeres víctimas de violencia. Acaban de convocar hace tres días una reunión para el próximo 18 de octubre con los organismos de igualdad; hace tres días es antesdeayer. Ustedes han convocado una reunión para el 18 de octubre con los
organismos de igualdad para hablar del tema de la inserción de las mujeres víctimas de la violencia de género. Menos mal que esta competencia está transferida, señora Murillo, porque es inaudito que en un año en el que han aumentado de
manera alarmante las muertes por malos tratos desde el Instituto de la Mujer no se haya convocado ninguna reunión concreta donde se hable de mejoras, de medidas, de soluciones, y que las propias comunidades autónomas, los propios organismos de
igualdad de las comunidades autónomas no sepan cómo están funcionando las cosas en materia de empleo. Ustedes no han creado una red de solidaridad interterritorial, no han creado una base de datos con la que las comunidades autónomas puedan saber
realmente qué es lo que está pasando en este tema. Ustedes el 30 de junio del 2005 en conferencia sectorial acordaron que las comunidades autónomas les remitieran con carácter bimensual un documento relativo a los datos de las solicitudes de ayuda
del artículo 27 de la Ley integral de violencia de género; realmente el artículo 27 recoge un tipo de mujer muy específico que puede percibir este tipo de ayudas. Luego, como usted bien dice, en vez de hacerlo desde el Instituto de la Mujer, lo
han hecho desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desde el departamento de Trabajo, y han creado unos convenios en los que realmente se ofrecen unas ayudas sociales, que no de inserción laboral, para un tipo de mujer que supera cierta
edad, que tiene unas deficiencias muy características, que no ha tenido formación; en fin, que se reivindican ayudas sociales.
Señora Murillo, hay que plantearse las cosas de otro punto de vista.
Ustedes no reunieron a las conferencias sociales ni a los agentes sociales para tramitar la Ley Integral de violencia de género, desde mi grupo parlamentario se lo hemos
comentado muchas veces, y las propias comunidades autónomas también, y la inserción laboral de las mujeres victimas es un tema que tiene unas graves carencias. Esto distorsiona muchísimo también el trabajo de las ONG, que son las que realmente
están trabajando para erradicar la violencia de género y esta lacra que cada día nos está sorprendiendo más, porque desde que se aprobó la ley en diciembre del 2005 en vez de ir para atrás lo que ha hecho es ir para adelante. Realmente a mí me
parece que ustedes en vez de exponer las causas de las mujeres están exponiendo intereses partidistas, señora Murillo, y se lo digo con muchísimo afecto. Me duele muchísimo decir que no veo que se den soluciones para que las mujeres que están
siendo víctimas de la violencia puedan tener una independencia económica.
Sabemos que las principales causas por las que no acabamos con la violencia de género son la independencia afectiva y la independencia económica de las mujeres. La
independencia económica de las mujeres no se puede conseguir -usted, yo y todas las personas que están en esta Comisión esta mañana lo sabemos- si realmente no acceden a un puesto de trabajo digno, a una posibilidad de tener una independencia
económica que les permita alejarse del agresor, alejarse de las condiciones de vida que tienen, pero desde el Instituto de la Mujer no se está solucionando esto.
Las comunidades autónomas en sus propios planes contra la violencia de género han
incluido artículos que reflejan esta prioridad con los agentes sociales para que realmente se solucione el problema de la prioridad en el empleo, pero ustedes, aunque en el artículo 27 y en el artículo 19 de la Ley integral de violencia de género
viene recogida esta prioridad, no han hecho nada, ni en la conferencia sectorial han solucionado este problema. Yo le pido, señora Murillo, que desde el Instituto de la Mujer que usted dirige, que hasta ahora era el órgano de mayor visibilidad, no
pasen competencias a otros departamentos, sino que asuman de verdad esta competencia que tienen y podamos concederles a las mujeres y a los organismos de igualdad la prioridad para que las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género
puedan incorporarse al mundo laboral, puedan tener realmente trabajo y pueden conseguir con ello la independencia económica que les llevará a la independencia afectiva que necesitan para acabar con esta lacra.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Senadora Fernández, yo no soy la directora del Instituto de la Mujer. La directora del Instituto de la Mujer tiene el honor de acompañarme aquí, doña Rosa María
Peris Cervera. Yo soy la secretaria general de Políticas de Igualdad. El Instituto de la Mujer no convoca conferencias sectoriales, lo hace un cargo político como el mío, o un cargo político como el de don Valeriano Gómez, que es el que se encarga
de la parte de empleo. Si usted piensa que la transversalidad no sirve, debe pensar que estamos ya en otra etapa en la que la eficacia se mide por la implicación de todas las instancias que llevan la materia de la que estamos tratando.
El 18 de octubre se va a convocar una conferencia sectorial para el artículo 22. Se han convocado dos conferencias sectoriales para el artículo 27, donde se reparte el fondo, y con unos excelentes diagnósticos de todas las comunidades
autónomas. ¿Usted se cree que nos iban a enviar diagnósticos sin conferencia sectorial? ¿Usted se cree que no tenemos relaciones con los organismos de igualdad, unas excelentes relaciones con los organismos de igualdad? Allá donde me ha tocado
defender la Ley de Igualdad la primera persona que me recibe, sea Murcia, sea La Rioja, sea Baleares, es la presidenta, la que ostenta el cargo del organismo de igualdad, porque las relaciones están engrasadas a través de reuniones, de convocatorias
y de tareas. No confunda las cosas, y de verdad le digo que no inhabilite la ley en este sentido. Los planes de empleo se defienden desde la Secretaría General de Empleo, y mi éxito y el éxito de mi equipo, de la Delegación de Gobierno, del
Instituto de la Mujer, es que estén concernidos e implicados en la defensa de los planes de empleo, porque no es inserción, es orientación laboral. No estamos tratando con débiles, estamos tratando con
mujeres que tienen un castigo fehaciente de su compañero sentimental, precisamente por defender su autonomía, y por lo tanto mi obligación, como la de todo el Ministerio de Trabajo, es que no sea sectorizado el problema sino amplificado
desde la Administración General del Estado, desde todas las comunidades, desde el Estado y por todas las personas responsables de cualquier institución.
No estamos haciendo las cosas mal en absoluto, se lo garantizo. Nuestra preocupación precisamente pasa por reunir, y nos reunimos, y no tiene usted ninguna queja de ningún instituto de la mujer, se lo garantizo; ninguna queja del Instituto
de la Mujer. He dicho que existe cooperación entre servicios públicos y el Instituto de la Mujer, y cada vez que ellos plantean cualquier tipo de disfunción inmediatamente nos ponemos de acuerdo con el servicio público de empleo y con los
organismos de igualdad y a su disposición para establecer cuantos acuerdos sean necesarios. El programa específico del artículo 22 es la próxima reunión del 18 de octubre; insisto, no se pueden mezclar las ayudas con la inserción laboral. El
artículo 22 ya cuenta con un fondo y este año lo amplía un 20 por ciento; nunca se había repartido dinero a las comunidades autónomas, jamás se había repartido dinero a las comunidades autónomas, lo hemos hecho desde esta ley porque no estamos
jugando...
La señora PRESIDENTA: Señora Murillo, tiene que ir concluyendo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Estamos responsabilizándonos. (Varias señoras diputadas y senadoras: Muy bien.)
-DE LA SEÑORA QUINTANILLA BARBA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS PARA FAVORECER EL ASOCIACIONISMO DE MUJERES EN EL MEDIO RURAL. (Número de expediente Congreso 181/000130 y número de expediente Senado 683/000018.)
-DE LA SEÑORA QUINTANILLA BARBA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LO RELATIVO AL FOMENTO Y CREACIÓN DE CANALES Y REDES DE INFORMACIÓN QUE
FAVOREZCAN LA FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA MUJERES EN EL SECTOR RURAL. (Número de expediente Congreso 181/000131 y número de expediente Senado 683/000019.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para el planteamiento de las siguientes preguntas la señora Quitanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Quiero en primer lugar, secretaria general, darle la bienvenida al seno de esta Comisión, en nombre de mi grupo parlamentario, por comparecer como lo hace esta mañana para contestar a las distintas preguntas
parlamentarias que le vamos a hacer los distintos grupos parlamentarios. No se me enfade, señora secretaria general; es normal que desde la oposición le hagamos las preguntas que creemos que debemos hacer para seguir avanzando en este reto de la
lucha contra la violencia de género y la igualdad de oportunidades de las mujeres de toda España.
Yo quisiera, querida secretaria general, comentarle la pregunta que le quiero hacer desde el planteamiento de la importancia que ha supuesto el asociacionismo de mujeres del medio rural en España. Usted sabe como yo que la primera ley de
asociacionismo que se hace en España fue una ley anterior a la democracia, fue la ley del año 1964 que cubrió...
(Rumores.)
Señora presidenta, le pediría que guardaran silencio SS.SS.
La señora PRESIDENTA: Agradeceríamos silencio.
La señora QUINTANILLA BARBA: Efectivamente, como le decía, secretaria general, la primera ley que se hace en España es anterior a nuestra democracia, es la ley de 1964, que desempeño -hay que decirlo- un papel relevante a la hora del
movimiento de las asociaciones de mujeres en España; pero es verdad también que el movimiento de asociaciones de mujeres en España, sobre todo el movimiento de asociaciones de mujeres rurales, empieza a ser importante y positivo a partir de los
años ochenta. Las primeras organizaciones de mujeres, por no decir una de las primeras, se produce en el año 1982, al cubrir una laguna tremendamente importante en la historia de la mujeres, de la igualdad de oportunidad de las mujeres, de los
derechos de las mujeres; una laguna que era el mundo asociativo de la mujeres del mundo rural. Las mujeres del mundo rural hoy representan alrededor del 5,5 millones de mujeres que todavía sufren una discriminación clara, por una parte la de ser
mujer y por otra la de ser rural, porque no podemos hablar de las mismas oportunidades en el mundo rural que en el mundo urbano, a pesar de que no me gustan -jamás lo he hecho- las comparaciones, pero esa es la realidad.
Desde mi grupo parlamentario, queriendo ceñirme a la pregunta y ser concreta y breve, quiero hacerle una pregunta. A pesar de que conocemos cómo desde el 0,5, desde las ayudas del IRPF, cómo a través del Instituto de la Mujer, del régimen
general, se está implicando claramente en la importancia que supone el movimiento asociativo de mujeres rurales, desde mi grupo parlamentario debemos seguir impulsando este movimiento, en el que tenemos que seguir trabajando con mucho más énfasis,
con mucha más medidas para romper realmente las barreras que todavía sufren miles de mujeres del mundo rural. Por lo tanto quiero preguntarle, como así es mi intención y la de mi grupo parlamentario, cuáles son las
medidas que en estos momentos desde la Secretaría General de Igualdad de Oportunidades y también desde el Instituto de la Mujer -porque no en vano usted es la jefa de la directora general de la Mujer- van a dictar para favorecer el
asociacionismo de mujeres rurales.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): No, no estoy enfadada, es mi entusiasmo. Cuando se trabaja mucho en un proyecto se tiene una vigilancia absolutamente puntillosa. Ahí está la delegación especial
del Gobierno, y además las comunidades autónomas nos dicen que estamos haciéndolo bien en conferencia sectorial. Es mi entusiasmo. No hay enfado, todo lo contrario; que no se entienda así.
Respecto a su pregunta de medidas para favorecer el asociacionismo de mujeres en el medio rural, señora Quitanilla -usted lo sabe perfectamente-, también estamos en una nueva etapa. Estamos inaugurando etapas. Desde hace tiempo es un
proceso acumulativo, y ahora se trata no solamente de subvencionar asociaciones sino de empoderar a asociaciones de mujeres del medio rural para que no se esté trabajando desde un punto de vista, muy centrado en sus tareas, muy centrado en sus
actividades, sin que eso tenga un reflejo en los grandes acuerdos. Cómo podemos potenciar la figura de la mujer rural. Una de nuestras primeras intenciones con la Ley de Igualdad fue pensar que tienen que estar las mujeres rurales; es decir tiene
que estar el Ministerio de Agricultura y Pesca en este proyecto de ley de carácter orgánico. El artículo 27 de la ley -aparte de que la ley se llama de igualdad efectiva de mujeres y hombres, es decir ya no hablamos de igualdad formal sino de
efectiva-, es un artículo que precisamente... Me gusta hablar de empoderamiento no solamente cuando se dice de manera estética sino cuando se aplica. Cómo podemos visibilizar lo que las mujeres rurales están haciendo. En el artículo 27 de una ley
orgánica que ustedes van a debatir, a discutir, queremos que para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el sector agrario las administraciones públicas adopten medidas de acción positiva que favorezcan la cotitularidad de las
explotaciones familiares agrarias, con el fin de que las mujeres agricultoras puedan acceder a las ayudas y a los derechos de producción relacionados con la política agraria común. Las asociaciones de mujeres -yo he trabajado en ello, sobre todo en
Castilla y León que es una comunidad con amplio espectro de ámbito rural- están trabajando fundamentalmente en productos de denominación de origen, están trabajando en redes de ayuda, están arraigando el territorio, porque al final la estrategia
familiar pasa por las asociaciones de mujeres; pero había otra parte importante que era participar de los grandes fondos. Esa participación de los grandes fondos pasaba necesariamente por la cotitularidad, que era la asignatura pendiente, y lo
sabemos todas las personas que hemos trabajado en ese tema, y usted muchísimo más, porque lo hemos comentado personalmente. En el artículo 27, en las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural se incluirán acciones dirigidas a mejorar el
nivel educativo y la formación de la mujeres, pero especialmente -esto me interesa mucho, y usted lo sabe, señora Quintanilla, porque compartimos este criterio- que la mujer acceda al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y -le
digo más- de asociaciones. Las asociaciones del medio rural donde se están calibrando las grandes decisiones, o aquellas que participan en los ámbitos importantísimos, como es el Consejo Económico y Social, no tienen mujeres. Hay que darle una
vuelta de tuerca a las cosas. ¿Seguimos trabajando en nuestros temas o bien ganamos la cuota de influencia que nos garantiza mayor efectividad, que es que en aquellas asociaciones también estemos para que las organizaciones agrícolas que realizan
los intereses agrarios, que además disfrutan de los fondos agrarios, tengan en cuenta los intereses de las mujeres? No nos situemos como satélites, sino entremos en las grandes organizaciones.
Usted me había preguntado qué medidas concretas se están poniendo en marcha. El Instituto de la Mujer evidentemente tiene una convocatoria de subvenciones y un programa destinado -así sale recogido en el Boletín Oficial del Estado de 26 de
mayo de este año- específicamente a la mujer rural. El artículo 2 de la orden establecida precisamente sigue con este criterio de ir un poco más allá, es decir programas dirigidos a potenciar el reconocimiento y la visibilización; usted lo ha
nombrado, visibilización de las aportaciones realizadas desde los puntos de vista jurídico, social y laboral. Las mujeres aportamos una serie de saberes que no están en absoluto recogidos por aquellas mujeres que trabajan y habitan en el medio
rural, y el objeto de estos programas consistirá en poner en valor la aportación de las mujeres en el medio rural a la vida social, económica y laboral. No se pone en valor lo que las mujeres aportan. ¿Cuando estábamos discutiendo la Ley de
Igualdad, verdaderamente podríamos encontrar mujeres en municipios de menos de cinco mil habitantes? Señora Quintanilla, usted sabe como yo que hay muchísimas mujeres que están en asociaciones rurales, que está trabajando directamente por el
entorno; ahí está dónde pueden encontrar mujeres.
Precisamente tenemos que trabajar en la doble dirección: asociaciones y empoderar a las asociaciones de mujeres o darles mayor capacidad de influencia. Dentro de esta convocatoria precisamente
que el Boletín Oficial del Estado realiza a instancias del Instituto de la Mujer, estamos hablando de lograr una auténtica situación de igualdad en aspectos tales como la titularidad de las explotaciones rurales, herencias y papel desempeñado en el
ámbito familiar. ¿De dónde logro yo autoridad como mujer rural si mi trabajo está subsumido en el del ámbito familiar, y es igual que esté cuidando la ganadería que esté trabajando dentro del ámbito doméstico? En ningún lugar.
Estamos colaborando, precisamente a través del Instituto, de la Mujer, como es una línea habitual en el
instituto, con organizaciones no gubernamentales para programas de cooperación y voluntariado a favor de las mujeres en el ámbito rural, con asignación tributaria al IRPF, como bien sabe. Le quiero decir que se ha gestionado en concepto de
subvenciones un presupuesto aproximado de 984.000 euros. Esto significa una enorme preocupación por nuestra parte, preocupación en cuanto a visibilización de recursos. Yo no creo que las mujeres rurales sufran una doble discriminación porque estén
en una situación de debilidad, lo que pasa es que no se conoce bien lo que aportan. Por eso en las subvenciones hemos hablado de este aspecto.
Queremos hacer también, dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acuerdos sobre
mujeres y medio rural y pesquero, incluso, aunque parezca simbólico, establecer un premio, porque nos parece importante.
Usted ha denunciado un tema que a mí me preocupa, las barreras entre ese ámbito urbano y ese ámbito rural. A este respecto quiero decirles que nuestros convenios, los convenios del Instituto de la Mujer, son convenios de colaboración con
corporaciones locales; es decir, aquellos municipios que tengan un menor número de habitantes serán los que prioritariamente accederán a los convenios con corporaciones locales, a través de planes de igualdad y a través de subvenciones. Pero lo
que más me gusta, precisamente para el concepto de barrera que usted ha utilizado, es que el programa de teleformacion, Cetex, tiene como finalidad fomentar el empleo femenino mediante la utilización de nuevas tecnologías. Yo creo que hay que
trabajar ya directamente con nuevas tecnologías, porque es la manera de que los ayuntamientos puedan financiar los telecentros como un lugar de trabajo, los call centers, evitando esa dispersión y esas barreras que existen entre un núcleo urbano que
ofrece servicios y un núcleo rural que no los ofrece. Tenemos el programa Innova, que atiende a sectores profesionales de núcleos más pequeños, con entidades locales también en núcleos más pequeños.
Constantemente estamos trabajando mercado,
inserción en el mercado y planes de formación en núcleos más pequeños.
La señora PRESIDENTA: Tiene que concluir, señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Una ley de igualdad, subvenciones que han aumentado, que se han distribuido con un equilibrio importante, señora Quintanilla, y cada vez más asociaciones de mujeres
rurales están encontrando en los planes de igualdad de oportunidades y en las convocatorias de subvenciones una vía para seguir trabajando y que las mujeres rurales no queden como mujeres débiles, sino como aportadoras de recursos al medio rural.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Quiero pasar, secretaria general, a formularle mi segunda pregunta y también, como siempre, en el movimiento de mujeres hay que hacer historia. Usted sabe, lo sabe perfectamente, que el III Plan de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres, aprobado por el anterior Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, dedicó por primera vez un área dedicada a las mujeres rurales; fue importante para las mujeres rurales de toda España, porque por
fin los planes de igualdad de oportunidades empezaron a ser visibles ante el Gobierno de España en aquel momento. También las comunidades autónomas apostaron firmemente por lo que significaba trabajar por la igualdad de oportunidades de las mujeres
rurales. El cuarto plan no recogió en un marco o en un área la problemática de la mujer rural y en estos momentos ya estamos hablando de una ley de igualdad de oportunidades, cuando en Europa estamos ante el V Plan de Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres. Es verdad, por qué no decirlo, que indiscutiblemente las organizaciones no gubernamentales de mujeres rurales han cumplido un papel primordial a la hora de hacer visible el papel de las mujeres del mundo rural y de que la
sociedad en general lo reconozca. Usted manifestaba, en mi pregunta anterior, que hoy todavía no está valorado el trabajo de esas mujeres, porque desgraciadamente, ante dos millones de personas que hoy sufren el desempleo en España, casi 1.200.000
son mujeres, y esas mujeres mayoritariamente son del mundo rural. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, acceso a las nuevas tecnologías. Yo le puedo asegurar que sé, por mi contacto con las organizaciones de mujeres, que hay lista de espera
para poder recibir formación en las nuevas tecnologías y que piden subvenciones a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Ministerio de Agricultura y de otros ministerios. Por lo tanto es muy importante, de verdad se lo
digo.
Desde mi grupo parlamentario, desde mi posición como parlamentaria, insisto en la importancia que significa seguir avanzando en fomentar la formación de las mujeres del mundo rural y la información. Información y formación, secretaria
general, que debe pasar irremediablemente por seguir ayudando y subvencionando a los que trabajan a pie de obra con las mujeres del mundo rural, como son las organizaciones no gubernamentales de mujeres. Yo le podría dar datos de mujeres rurales
que a través de las ONG han montado cooperativas de ayuda a domicilio, que han montado casas de turismo rural, que han montado cooperativas de transformación de productos autóctonos, muchos de los cuales están compitiendo hoy con las grandes marcas
multinacionales en empresas tan importantes como puede ser El Corte Inglés o Carrefour. Yo le pido por favor que, con relación al cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades, del que usted ahora me va a informar, me diga, considerando lo que
va hacer y aquello en lo que va trabajar la secretaría general, la directora general del Instituto de la Mujer, la Dirección General del Instituto de la Mujer,
cómo se va a trabajar en seguir fomentando en un primer lugar la información de las mujeres del mundo rural y la formación para el acceso al empleo.
El mayor reto que tenemos las mujeres es tener independencia económica a través de un puesto de trabajo, para poder decidir sobre nosotras mismas.
Las mujeres del mundo rural quieren vivir en sus pueblos. Hoy tenemos la mejor generación de
mujeres jóvenes, tanto del mundo urbano como del medio rural, formadas y que quieren estar en el mundo del empleo, y desgraciadamente, a través de encuestas y de estadísticas que hemos realizado, conocemos cómo tienen que abandonar sus pueblos para
encontrar un puesto de trabajo en el medio urbano, cuando muchas de ellas, dos de cada tres, quieren tener ese puesto de trabajo en el mundo rural. Por lo tanto, secretaria general, me gustaría de verdad que me informara claramente de cuáles van a
ser los principios para favorecer la formación y el empleo de los mujeres de los pueblos de España.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Yo creo que usted ha enfocado muy bien el problema. Precisamente las mujeres constituyen el principal indicador de arraigo territorial, eso es así. Y,
evidentemente, en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades nosotros lo tenemos reflejado en cuanto a los siguientes criterios: primero, hemos aumentado sustancialmente las subvenciones; le digo, por ejemplo, que en el 2003 el total de subvenciones
a organizaciones del ámbito rural era 155.864 euros (lo digo en euros para que se pueda hacer perfectamente la comparación de cifras) y actualmente estamos en 513.027 euros; a mí me parece que es un dato importante. Pero le digo más, si vamos a la
asignación del impuesto sobre la renta de personas físicas, las asociaciones que tienen las mayores cuotas en cuanto al ámbito de subvenciones, porque entendemos y valoramos absolutamente su papel, son la Asociación de familias de mujeres del medio
rural, seguida por la Asociación de federación de la mujeres rurales, por la Federación de mujeres, familias y ámbito rural, y por la Asociación del Instituto de Desarrollo Comunitario de Murcia. Estas cuatro asociaciones tienen un implemento
importante, precisamente porque la labor que están haciendo es absolutamente útil, en la medida en que recogen de manera integral tanto el empleo como la inserción laboral y lo que significa el estímulo a los trabajos realizados dentro del ámbito
rural. En la convocatoria destinada a la recepción de investigaciones, hemos tenido muy en cuenta en el Plan Nacional de Investigación Científica la subvención a estudios e investigaciones que versaran sobre las mujeres rurales. Y en los convenios
de colaboración con corporaciones locales también lo hemos tenido en cuenta; desde el año 2005 se ha dado prioridad a aquellas corporaciones que cuenten con un número pequeño de habitantes. Ha sido un criterio que hemos establecido en el 2005,
antes no existía; simplemente eran municipios de tamaño diferente, pero hemos querido dar prioridad a aquellos que tuvieran menor número de habitantes, precisamente para fomentar el arraigo.
Es importante asimismo establecer criterios de corresponsabilidad.
Nosotros, como Gobierno, podemos introducirlo en una ley orgánica, ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres; podemos introducirlo también en las reformas laborales
en cuanto a aquellos colectivos que tienen especiales dificultades de inclusión laboral, como se ha trabajado en la reforma laboral dentro del diálogo social; podemos introducirlo desde nuestra actividad, subvencionando a las asociaciones, porque
yo estoy de acuerdo con usted en que las asociaciones de mujeres han sido movilizadoras y dinamizadoras de ese tejido asociativo del ámbito rural.
Pero evidentemente también es importante todo lo que significan los empleos de los ayuntamientos,
todo lo que significa que las comunidades autónomas lo tengan recogido en sus propios programas. Usted me ha dicho: están ustedes haciendo una ley de igualdad y hay un quinto plan en Europa. Bien. Yo, cuando voy a Europa, siempre digo: por
favor, hagan leyes. Mis socios comunitarios, cuando España interviene, siempre dicen: por favor, hagan leyes. Los planes no son vinculantes, los planes son solo intenciones y declaraciones, y cada Estado después implementa eso a su modo. Pero
una ley tiene otro carácter, tiene un carácter de obligatoriedad, y a mí lo que me importa de una ley es que genere instrumentos para que las comunidades los puedan poner en macha.
Cuando estábamos trabajando en la Ley de igualdad, en la Ley de contratos, decíamos que también pueden contratar los ayuntamientos a aquellas empresas que tengan mujeres. En la página que tenemos el Instituto de la Mujer, soyempresaria.com,
que es una página interactiva on line, se están presentando mujeres que tienen lo que usted ha mencionado, productos que pueden competir mucho más en el mercado. Quiero insistir en que, aunque esto lo tengamos en el IV Plan de igualdad, cuando
enfocamos la Ley de igualdad lo que queríamos era que fueran verdaderamente representativos.
Yo creo que nos queda tarea, señora Quintanilla, y se lo digo porque usted está absolutamente motivada, preocupada y lleva una enorme trayectoria de
prestigio en este tema: tenemos que pedir a las organizaciones rurales que existan mujeres dentro de su cúpula de decisión, es nuestra inspiración de toda la Ley de Igualdad. Si nos quedamos trabajando dentro de la asociación y mirando a la
asociación, es absolutamente viable para las mujeres, pero hace falta que se vean representadas en los grandes repartos, porque donde hay una gran decisión hay dinero, y la igualdad pasa por la distribución de recursos, no por la distribución de
carga moral; distribución de recursos. Por lo tanto nuestro papel es subvencionar, nuestro papel es poner instrumentos como soyempresaria.com, nuestro papel es poner las nuevas tecnologías, al servicio de los municipios pequeños, de las
corporaciones locales. Nos hace faltar dar un paso más. Y le digo que las asociaciones
están ahí, lo que pasa es que lo hemos distribuido, señora Quintanilla, de veras; antes no había un equilibrio, y usted lo sabe. Hay más asociaciones de mujeres rurales, de lo cual nos congratulamos la directora del Instituto de la Mujer y
yo misma. A mí me parece que se está implementando muchísimo esta política, no considerando a las mujeres rurales ni las débiles ni las perdedoras, sino fundamentalmente un capital humano de un país que tiene pymes y que tiene un vasto territorio
de carácter rural.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Quintanilla Barba.
La señora QUINTANILLA BARBA: Yo creo, secretaria general, que es muy importante que también seamos capaces de ver, cuando estamos hablando de la participación y de la toma de decisión de las mujeres del mundo rural, con ese criterio que
comparto perfectamente con usted, otras realidades, unas realidades que no son las que viven las mujeres del mundo rural. Le explico un detalle, y voy a ser muy breve, señora presidenta, ya que me ha dado la posibilidad de replicar; no sabía que
tenía esta posibilidad.
Cuando trabajamos en su día con los programas Proder y Leader, al principio no dieron posibilidad de que las mujeres estuvieran representadas. Fue gracias a las organizaciones no gubernamentales de mujeres rurales
representadas en Europa como pudimos tener posibilidad de que en los otros programas europeos, por decirlo de otra manera, el Leader Plus y el Proder II, tuviéramos representación, una representación que Europa impulsó diciendo que tuviéramos un 50
por ciento de representatividad dentro de las agrupaciones de desarrollo local. Muy pocas mujeres, en esos programas de desarrollo, han tenido la posibilidad de tener una subvención para crear su propio puesto de trabajo. Al final, esos programas
de desarrollo se han convertido en una burocracia tremendamente insalvable por parte de muchas mujeres. Es verdad que estamos, pero seguimos pensando, por eso le contesto, seguimos practicando una cultura machista y superprotectora, y efectivamente
las mujeres quieren implicarse. Por eso es tan importante seguir fomentando la formación y la información, como yo le decía, a través de las ONG.
Estoy de acuerdo con usted. ¡Cómo no voy a estar a favor de la toma de decisión de las mujeres del
mundo rural!
La señora PRESIDENTA: Señora Quintanilla, tiene que ir concluyendo.
La señora QUINTANILLA BARBA: Claro. Pero no solamente hay que hablar de esa participación, sino que hay que hacerla de cara, cuando una mujer tiene empleo e independencia económica, para poder estar en la toma de decisión, porque si no la
falta de servicios sociales, de infraestructuras y de empleo les hace tener una vida tremendamente más complicada que a otras mujeres.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señora Quintanilla, estoy de acuerdo con usted en cuanto a la burocracia, Europa es precisamente experta en establecer procedimientos de una complejidad
extraordinaria. No solamente en este tema, en cualquier ámbito, con cualquier fondo, con fondos estructurales, con el Fondo Social Europeo. La complejidad de procedimiento es tremenda, es un espacio que ha burocratizado mucho sus procedimientos de
ayudas, de subvención y de impulso a las actuaciones de los Estados miembros. Los servicios sociales, y hablaba antes de la corresponsabilidad -las sociedades de mujeres rurales lo conocen muy bien-, tienen que trabajar también con las mujeres no
solamente desde el punto de vista del problema, sino de los recursos que aportan. Yo creo que esa mirada no se ha contemplado; no lo digo precisamente por usted, que usted sí la tiene.
Hay enormes recursos que aportan las mujeres, es decir,
mantienen arraigo territorial en comunidades como la mía, donde prácticamente se tiene la misma población que en el siglo XVII. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Agradecería un poco de silencio, señorías.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Me parece que tenemos que trabajar en esa doble dirección, impulsar lo que son los programas que puedan servir de instrumento para las asociaciones de mujeres y
desde las ONG tendrán en el Instituto de la Mujer un lugar de subvención seguro, un lugar de subvención muy objetivo.
Saben que no se han eliminado subvenciones, sino todo lo contrario, se han repartido, se han equilibrado, y desde nuestra
posición, en lo que nos toca, tenemos que ver, tenemos que cotitularizar y hablar de ascenso en la toma de decisiones, que son verdaderamente el reparto de recursos.
Yo le agradezco sus planteamientos, su seriedad y rigor, porque usted conoce
muchísimo, muchísimo, lo que son las asociaciones de mujeres rurales.
DE LA SEÑORA CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-MEDIDAS QUE EL GOBIERNO PIENSA APLICAR ANTE EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente Congreso 181/0001203 y número de expediente Senado 683/000059.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Camarero para el planteamiento de la siguiente pregunta.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: En primer lugar, señor Murillo, bienvenida a la Comisión. Ya sabe que nos agrada mucho tenerla con nosotros, tanto a usted como a todo su gabinete, a la directora general, a la delegada y a todas las mujeres y
hombres que trabajan con usted.
Voy a hacer una previa consideración a la realización de la pregunta.
Quiero manifestar en nombre de mi grupo mi más radical condena por las manifestaciones del teniente de alcalde del Partido Socialista de Puertollano, que realizó un
ejercicio de machismo impropio de un cargo público, al insultar, humillar y faltar al respeto a una concejala del Partido Popular. Como es mi primera intervención y como portavoz de esta Comisión, aprovecho, con el consentimiento de la Presidencia,
este momento para hacerlo. Esta Comisión, la Comisión de la Mujer, que trabaja por la igualdad, debe hoy mostrar su rechazo y repulsa más absoluta y más firme ante este tipo de comentarios que tanto nos perjudican a las mujeres, especialmente a las
que trabajamos y defendemos los derechos de las mujeres. Además, creo que supone un retroceso para todo este trabajo que llevamos tanto tiempo realizando. Gracias, presidenta, por permitirme hacer esta previa, y voy a empezar con la pregunta.
En primer lugar, también como le decía la señora Quintanilla, señora secretaria general, yo le pedería, porque sé de su sensibilidad, que no se acalorase tanto con las preguntas que le formulamos desde la oposición. (Rumores.) Nuestro
trabajo es controlar al Gobierno y destacar los defectos que tiene esta ley y otras que se pudieran producir. Usted se puede esforzar mucho, sabemos que trabaja mucho, pero quizá los resultados no son tan buenos como esperábamos algunos de
nosotros. Esta pregunta que ahora le formulo, señora secretaria general, está hecha en septiembre del 2005 y obedecía a nuestra preocupación por un incremento de casos ocurrido durante el verano del 2005. Hoy, tras un año desde la realización de
la misma, esta pregunta vuelve a estar en plena vigencia ante el dramático verano que hemos padecido.
La cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas y las denuncias, que, como todo el mundo sabemos, no son nada más que la punta del iceberg de esta realidad, nos obligan a hacer una reflexión. Yo creo que nos debe
preocupar y ocupar a todos y, como manifestamos siempre, debemos ser concientes de que el camino hasta terminar con la violencia de género y doméstica es muy largo. Eso siempre lo hemos dicho desde el Grupo Parlamentario Popular; lo manifestamos
durante el debate de la ley integral por ser un problema, como se decía anteriormente, demasiado arraigado en la sociedad, en la educación, y ya dijimos que una ley por sí sola no era la solución, no era un varita mágica para poner fin a esta lacra,
a pesar de que algunos sectores o algunos miembros del Gobierno intentaron trasladarlo de esta manera. Ahora todos han caído en la cuenta de que no era suficiente una ley y que no podíamos estar tan contentos o tan expectantes ante su aprobación.
Continuamos pensando, como lo hemos hecho siempre, que esta lucha debe ser de todos, que todos tenemos que unir nuestra fuerzas y sobre todo nuestros esfuerzos para acabar con esta lacra. Sin embargo, a nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, no
nos gusta la actitud del Gobierno. El Gobierno piensa que tiene que ir solo, no está contando con los grupos parlamentarios, está actuando de espaldas a las comunidades autónomas. Usted decía que tenían reiteradas conferencias sectoriales, que las
comunidades autónomas están encantadas con el trabajo que se está haciendo, usted ve todo de color de rosa. Yo, evidentemente, tengo un contacto permanente, diario, con mis directoras generales, con las directoras generales de mi partido, y su
visión no tiene nada que ver con la suya. Las directoras generales que acuden a esas reuniones manifiestan en ellas todas las controversias y todas las deficiencias que están viendo, todos los defectos. Ni el fondo les está resultando suficiente,
ni otros muchos aspectos de esta ley les están gustando, diga usted lo que diga y le parezca a usted lo que le parezca.
Esa es la realidad, aunque evidentemente en esas mismas conferencias sectoriales otras directoras generales puedan expresar otra
cosa.
Insisto, ustedes pretenden hacer la guerra por su cuenta, sin dar cuentas a nadie, sin querer venir a explicar qué se está haciendo, qué se va a hacer y cuáles son los resultados de lo que se está haciendo hasta el momento. Señora Murillo,
el Gobierno del Partido Socialista por desgracia, por desgracia le insisto, está fracasando en la lucha contra la violencia de género. Tras más de dos años, la Ley de Protección Integral no está dando los resultados esperados por la falta de
esfuerzo de este Gobierno, no le digo por el suyo personal, que me consta, pero sí por la falta de esfuerzo de este Gobierno. Y esto no lo estamos diciendo solamente el Grupo Popular, sino también los informes de Amnistía Internacional, del Consejo
General del Poder Judicial, de la comisión de violencia de Jueces para la Democracia, el fiscal general del Estado tuvo que dar un tirón de orejas en la presentación del año judicial, en su informe, y las propias asociaciones de mujeres están
pidiendo planes urgentes y actuaciones urgentes al Gobierno para terminar con esta barbaridad que estamos padeciendo.
Señora Murillo, debemos volver a las cifras, porque estas nos demuestran que llevamos uno de los peores años en cuanto a víctimas de violencia. El año comenzó de una forma trágica, rompiendo todas las estadísticas, durante el primer
trimestre del año murieron 23 mujeres, mientras que las cifras de años anteriores fueron durante ese mismo periodo del 2003, 18; del 2004, 13; 2005, 17; 23 este año. Como verá, las cifras son para preocuparse, pero es que ha llegado el verano y
volvemos a tener cifras imposibles de sostener, con un goteo de muertes de mujeres permanente, 9 solo en el mes de agosto, sin contar con lo niños, con la joven de Granada embarazada de cinco meses que fue asesinada por su padre junto con su madre
por tenerla acogida en su casa;
es decir, esas víctimas indirectas que ustedes no quisieron incluir en la ley y que yo creo que son víctimas absolutamente directas de esta violencia de género. Nos encontramos en la actualidad con que han fallecido prácticamente tantas
mujeres como las que fallecieron el año pasado, porque las cifras ya sabemos que varían dependiendo de quien las cuente. Yo siempre hago referencia a las cifras que constan en la página web de la Dirección General de la Mujer del propio ministerio,
para evitar que ustedes me digan otra cosa. Y mientras nos preguntamos qué ha hecho el Gobierno. Sabemos que, para su desgracia, señora secretaria general, y sobre todo para la desgracia de quienes tienen que padecer su incompetencia, el ministro
Caldera no se ha inmutado, no tuvo a bien suspender sus vacaciones ni dar la cara después de todo lo que estaba pasando. Pero, señora Murillo, yo, que sinceramente, y lo sabe usted, considero que su sensibilidad tiene poco que ver con la del
ministro y que usted se cree de verdad estos temas y le preocupan, debo decirle, porque así lo siento, que no han estado ustedes a la alturas de las circunstancias. Yo esperaba una respuesta más ágil, más rápida, de ustedes, esperaba que saliesen
durante el verano, que propusiesen alguna medida urgente, alguna medida valiente para frenar estas muertes, esperaba desde luego algo más que el silencio del Gobierno. Y le decía antes que creía que el Gobierno desprecia a los grupos parlamentarios
y a las comunidades autónomas. Ustedes no aceptan las aportaciones que realizan otros grupos parlamentarios, solamente aquellas que pueden descafeinar, por ejemplo la moción de la semana pasada.
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene que ir concluyendo.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Enseguida termino, voy a ir bastante rápido.
Insisto en que no aceptan otras medidas que pudiéramos presentarles, porque alternativas desde este grupo hemos presentado. Y esta actitud les impide llegar a
soluciones conjuntas, a pedir colaboración. Supongo que esperarán hasta que esto se les vaya completamente de las manos para, como en la inmigración, pedir un pacto de Estado a todos los partidos políticos. Y, además, ese desprecio -insisto- lo
mantienen con las comunidades autónomas.
Como el tiempo no me permite decirle todo lo que le tenía que decir en este momento, sí quiero insistir, señora Murillo, en que son muchas las deficiencias que mantiene la ley, algunas estructurales, propias de la concepción de la misma, y
que nosotros denunciamos desde el principio -y el tiempo creo que nos ha dado la razón-, y otras debidas a la falta de compromiso del Gobierno. Y estas son las que le pedimos que solucione sin demora.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señora Camarero, yo participo de la preocupación que usted manifiesta y de la preocupación que manifiesta su grupo y todos los grupos, pero yo no puedo compartir la
formulación de la pregunta y le voy decir por qué. Yo creo que existe un tratamiento diferencial de esta ley frente a otras leyes, no se tienen en absoluto en cuenta los efectos que producen ese tratamiento diferencial. Una pregunta del tipo de si
las mujeres mueren la ley no funciona no se hace con otras leyes; no se hace con otras leyes, repito. Otro tratamiento diferente es el número de víctimas que se reflejan de la violencia de género, cuando el número de víctimas no es imputable ni a
códigos penales ni a leyes excepcionales; se sabe perfectamente quien tiene la responsabilidad de la muerte de esas víctimas. Y aquí estamos haciendo dos tratamientos diferenciales, estamos pidiendo que una ley cambie los comportamientos cuando
nosotros tenemos en esa ley integral una absoluta intención en todo lo que significan los planes de sensibilización y prevención. El ministro de Trabajo lo planteó el otro día precisamente cuando estaba contestando a la diputada Carmen García. Es
una cuestión de ideas, es una cuestión también de comportamientos entre hombres y mujeres. Yo no sé por qué a esta ley se le pide lo que no se pide al Código Penal ni a leyes excepcionales, no sé por qué se está utilizando a las víctimas de esta
manera; no son ustedes, no son los grupo parlamentarios, se hace constantemente desde la prensa.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Se dice que el número de mujeres que ha muerto está contradiciendo la ley. ¿Por qué esta ley? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque a mí me preocupa que las mujeres se
inhiban, porque el 80 por ciento de las mujeres que han muerto no había denunciado. Yo no tengo ninguna razón.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Tenemos una Delegación de Gobierno para este tema. Yo les digo que es importante que pensemos como todas las instituciones. Ustedes, además, con las
intervenciones que hicieron cuando estábamos tramitando la ley, con las enmiendas, planteaban lo que significaba un cambio de comportamientos, esos comportamientos que hacen que, considerando ese 80 por ciento que ha fallecido sin denunciar, el 20
por ciento restante no solicitara la orden de protección nada más que en tres casos. En este sentido las mujeres siguen dando una oportunidad al agresor, lo cual es absolutamente entendible desde el punto de vista
de esas relaciones que se han establecido, donde el ámbito sentimental y familiar está por encima de salvar la vida y de ponerse en una situación de preserva ante la muerte.
Hemos trabajado este verano, pero no tenemos en absoluto en ningún caso, por nuestra parte, conciencia de que algo está fallando por el número de víctimas, porque repasamos circunstancia por circunstancia. Nuestro primer paso: Delegación
del Gobierno, policías, también nos interesamos a través de la fiscalía, nos interesamos a través de los jueces. ¿Qué está ocurriendo? Usted sabe que todas las violencias siguen estando formuladas y vivas en la medida en que exista una base
social, usted sabe que hay una inhibición todavía por parte de los vecinos, de personas que conocen la situación, y también una inhibición muy preocupante por nuestra parte; cómo es posible que estemos ante una situación en la que esto se considera
todavía un asunto privado. Ustedes lo recalcaron en sus trabajos, ustedes plantearon que una ley no puede cambiar los comportamientos en primera instancia. ¿Sabe cuándo bajó el número de cifras? En el 2005. ¿Y por qué? Porque se debatió la ley;
la ley se debatió en el 2005. Se estaba debatiendo la ley, para bien o para mal, con los derechos de autor, o con el derecho penal, o con cualquier aspecto de la ley, pero se estaba debatiendo.
Tenemos que poner la ley en relación con la igualdad, tenemos que saber por qué mueren esas mujeres sin denunciar, y tenemos que insistir, y es lo que estamos haciendo en el Plan de sensibilización con las comunidades autónomas, en que,
mientras ponen la denuncia -porque sabemos que es complicadísimo, que es difícil- que, mientras ponen la denuncia, acudan a Servicios Sociales y rompan esa necesidad de clandestinizar los malos tratos. Nunca hemos hecho responsable a la ley,
sabíamos quien mataba a quien. Pero aquí otra vez jugamos con la diferencia. No se está debilitando la ley por el número de muertes, la ley funciona porque se ha incrementado el número de denuncias, se está actuando en 24 horas en algunos casos,
se están planteando juicios rápidos de manera permanente.
Es decir, estamos vigilando, así tenemos una Delegación especial de Gobierno que tiene encomendado ese fin y que además lo tiene encomendado precisamente para recabar información.
No quiero entrar en cifras, porque sé que inhiben a las víctimas, que son las que a mí me preocupan. Además, no solo es responsable el Gobierno en cuanto a cómo formulemos la pregunta. Si formulamos la pregunta de esta manera, el problema
sigue siendo un problema en el que al final no identificamos quién es el agresor; quien ha incumplido las órdenes de alejamiento ha sido el agresor. Ha habido una persona de un caso conocido, que se focalizó en los medios de comunicación
escandalosamente creo, bajo mi punto de vista, donde el agresor pasó por el pueblo con un arma y nadie le dijo nada. Tenemos que concienciar a todo el mundo. ¿Y qué es concienciar? Lo mejor que tiene esta ley es la unanimidad, la cual no es
solamente una votación; es que existiera la posibilidad de que entendiéramos que no debería existir ninguna base social para justificar la violencia. Y usted sabe que esto significa que, si hacemos la pregunta de otra manera, por ejemplo: ¿cómo
ha crecido el número de denuncias, cuáles son las retiradas de denuncias, que ahora se van manteniendo de manera mucho más contundente?, estamos hablando de la confianza en la ley. No tenemos ningún dato que justifique que la ley no está
funcionando en cuanto a su aplicación, pero si seguimos pensando en el número de víctimas, evidentemente yo me hago la pregunta ¿por qué eso no se ha hecho con otras leyes? Yo quiero decirle que me comprometo a comparecer ante ustedes para explicar
detalladamente la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género, para que vean exactamente el esfuerzo que se ha hecho. Pero si formulamos así la pregunta, habrá mujeres que se inhiban.
Es una llamada a la responsabilidad. No piense en otra
cosa.
La señora PRESIDENTA: Tiene que concluir, señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Es una llamada a la responsabilidad, porque a esta ley se le pide lo que no se ha pedido ni al Código Penal ni a una ley excepcional, como la que todos sabemos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Murillo, tomamos buena nota de su petición de comparecencia para explicar la ley. Damos la palabra a continuación a la señora Sainz, para la formulación de las preguntas 7 y 8, que se van a ver
de forma acumulada.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: ¿Y la réplica?, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Es que no tenía tiempo, señora Camarero, ha agotado su tiempo. (Rumores.)
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Vamos ver, las preguntas son cinco y dos minutos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Las preguntas son siete minutos y medio en su totalidad. La señora Camarero es una diputada con experiencia y sabe que, si agota el tiempo... La señora letrada controla los tiempos.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Y he gastado los siete minutos.
La señora PRESIDENTA: La he avisado, como a todo el mundo, con medio minuto de antelación. Cuando falta medio minuto, aviso diciendo que tienen que finalizar, y siempre se deja un segundo. (Rumores.)
La señora LETRADA: La senadora Do Campo está poniendo en duda que haya medido el tiempo correctamente, y eso me afecta personal y profesionalmente.
La señora PRESIDENTA: La señora letrada yo creo que goza de la confianza de todo el mundo y está midiendo el tiempo correctísimamente. Estoy segura de que la señora Do Campo hace gestos no refiriéndose a esto en concreto, sino a otro tipo
de comentario.
-MODIFICACIÓN PREVISTA DE LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN PARA ADAPTARLA A LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente Congreso 181/001309 y número de
expediente Senado 683/000061.)
-MODIFICACIÓN PREVISTA DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA ADAPTARLA A LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente Congreso 181/001310 y número de
expediente Senado 683/000062.)
La señora PRESIDENTA: Para la formulación de las siguientes preguntas tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora secretaria general, la educación para nuestro grupo es de importancia capital, porque solo la educación en valores, en los valores de respeto y de igualdad, permitirá superar a medio y a largo plazo la
terrible lacra de la violencia; no solo de la violencia sino también la terrible lacra que supone que se puedan producir, como perfectamente ha denunciado nuestra portavoz, frases tan machistas y tan humillantes como las que se dirigieron a una
concejala del Partido Popular, y que a mí me gustaría que la señora secretaria general denunciase claramente. Por ello nos interesamos en esta pregunta por un tema que pensamos que es importante, cual es lo relativo a la aplicación y desarrollo en
la Ley de Educación de las previsiones recogidas en la Ley contra la Violencia de Género, señora secretaria general.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señora Sainz, yo coincido con usted, y además usted es una experta en educación; en ese sentido ocurre como con la señora Quintanilla, ustedes llevan muchísimo
tiempo trabajando en este tema. La educación significa una educación o bien para cambiar o bien para reforzar papeles, y usted coincidirá conmigo en que cambiar papeles y cambiar formas de conducta es importante. El respeto y la autonomía deben
formar parte de la educación, también en la privada, donde desgraciadamente no existen en los casos que nos ocupan de violencia de género. Y evidentemente un agente de socialización básico es todo el ámbito educativo, desde la escuela hasta la
universidad y la educación de adultos.
Como sabe, uno de los méritos de la Ley integral contra la Violencia de Género es su gran capacidad reformadora. La Ley orgánica reguladora del derecho a la educación fue modificada a través precisamente de esta ley, concretamente en la
disposición adicional tercera de la Ley orgánica de medidas de protección contra la violencia de género. Se recogían los dos fines que usted conoce muy bien, la formación y el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre
hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. A mí es uno de los capítulos que más me gustan de la ley, porque habla de libertad. Usted sabe que cuando las víctimas van
a separarse están en situación de riesgo. Habla de tolerancia y principios democráticos de convivencia, es decir, del respeto y de la capacidad de concederse a uno mismo la igualdad de trato y de concedérsela al otro. Además, en la ley incluíamos
la formación para la paz, la cooperación, la solidaridad y la prevención de conflictos; modificábamos el Consejo Escolar del Estado, para dar entrada a organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio y también entrada al Instituto
de la Mujer y a personalidades de reconocido prestigio en la lucha contra la erradicación de la violencia de género.
Es importantísimo pensar que, cuando estábamos trabajando en esta ley, queríamos hacer del ámbito educativo un ámbito partícipe de redes de reconocimiento de saberes para que se trabajaran los temas de respeto, de corresponsabilidad y
libertad. Por eso el Consejo Escolar del Estado tiene que elaborar y hacer público un informe sobre el sistema educativo, donde deberán recogerse y valorarse diversos aspectos del mismo. A mí me parece importante que impliquemos, como decíamos
antes, a los máximos órganos de decisión, como es el Consejo Escolar del Estado, a través de un informe que todos tendremos la oportunidad de ver. El Consejo Escolar del Estado será consultado en cuanto al desarrollo que ha implementado en el
capítulo de igualdad de derechos y de oportunidades. Usted sabe también, señora Sainz, que, para dar cumplimiento a los mandatos de esta ley en el capítulo 1 del título 1 de la Ley integral, dedicado al ámbito educativo, se ha aprobado la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que a su vez ha derogado la Ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta ley orgánica ha introducido los mandatos de la ley integral; por eso insistía antes en la necesidad de que
hagan leyes y no solo planes, porque tienen esa capacidad reformadora de introducir en textos
ya específicos de las materias que se ocupan los principios de igualdad de trato y consideración.
La Ley Orgánica de Educación introduce en su articulado los mandatos de la ley integral y los introduce en sus principios, en sus objetivos, tal y como demanda la ley integral. Se consideran de manera expresa aquellos principios sobre la
transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Va más allá en el sentido de cualquier tipo de diferencia que puede darse en el
ámbito educativo. La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, y la no violencia en todos los ámbitos de la vida, porque hasta la Ley contra la Violencia de Género no habíamos tocado un ámbito, que
estaba fuera incluso del ámbito familiar, que era el ámbito de las relaciones afectivas. Por eso hablamos del ámbito de la vida personal, del ámbito de la vida familiar y del ámbito de la vida social. Y en esta ley orgánica del 3 de mayo, de
Educación, también se recoge el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de igualdad efectiva. Esta ley va a tener estos objetivos implementados en la educación infantil, para fomentar entre niños y niñas el respeto en los
objetivos de la educación primaria, de la secundaria, del bachillerato, de la formación profesional, de lo que significa la educación para erradicar comportamiento sexista.
Yo quizás de lo que estoy más orgullosa, digo orgullosa en el sentido de que no la hemos llevado directamente, pero sí hemos informado sobre ello, es de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Fíjese que es una asignatura
que trajo bastante controversia. Cuando la educación de la ciudadanía y el concepto de ciudadanía es un concepto que obliga a pensar en el otro como una persona diferente que tiene todos los derechos de los cuales soy portador, hubo unos debates
que me parecían que carecían de prevenciones con respecto al derecho a la ciudadanía. Ser ciudadano es fundamentalmente ser un sujeto que va a luchar por la autonomía y el respeto de los demás sin tener en cuenta diferencias de opinión, diferencias
de trato, diferencias de sexo, diferencias de creencias. Yo tengo unas grandes expectativas con respecto a la educación para la ciudadanía. Esta ley acaba de aprobarse, se está desarrollando por reales decretos, como todas la leyes, que usted sabe
que necesitan un posterior desarrollo de los decretos, y, al introducir una ley orgánica, otra vez cumplimos con ese principio de transversalidad que nos parece que es el que nos garantiza la eficacia en cuanto a hacer efectiva, no solamente formal,
la igualdad entre hombres y mujeres.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora secretaria general, la verdad es que es un área importante; para mí mucho, porque es mi profesión, sin duda, y además creo firmemente en ello; creo que el progreso de un país dependerá mucho de la educación
que tengan; también el futuro de su sociedad y de su comportamiento. Pero yo creo sinceramente que, siendo un área tan importante, no se ha desarrollado nada. Usted misma hablaba de un futuro, hablaba en futuro en todo, se hará, se hará, se hará,
se desarrollará. Y nosotros estamos hablando de medidas de educación que son básicas, señora secretaria general, para que a medio y largo plazo se pueda acabar con esa lacra social de la violencia, pero también de la humillación de las mujeres, y
sigue usted sin condenar esa humillación. Parece que ustedes no lo consideraran prioritario. ¿Por qué? Pues porque las pospone ad kalendas graecas o a desarrollos que se harán de la ley. Ya nos sorprendió, señora secretaria general, y usted ahí
no tenía nada que ver, cuando el anteproyecto de la Ley de Educación llegó y se hizo sin que se hubiese incorporado para nada el tema de igualdad, y ya estaba aprobada la ley. Tuvo que denunciarlo el informe del Consejo Escolar del Estado y nuestro
grupo tuvo que incorporar alguna enmiendas, porque no aparecían ni recogidos siquiera los principios de la ley; es decir, que el Ministerio de Educación se tomaba tan en serio esta ley y tan en serio esta cuestión que se había olvidado de
incorporar los principios de la ley.
Pues bien, aprobada la ley nos encontramos con que todo sigue igual, no se está haciendo de momento nada, y ya hace tiempo que se aprobó, y no me sirve además que se diga que se está aplicando, que estamos en periodo de desarrollo, porque
siendo ello cierto no lo es menos que la normativa de la Ley de Violencia es obligatoria ya, y que además ustedes tienen también el territorio. Porque yo comprendo que el tema de las competencias puede a veces dificultar -eso lo conozco
perfectamente y sé en donde está la responsabilidad de cada uno-, pero cuando ustedes lo llevan a una ley es obligatorio. Y también hay servicios de inspección.
En todo caso, ustedes tienen un territorio de gestión del Ministerio de Educación y
Ciencia, no solamente de Ceuta y Mellilla, sino también de todo el exterior, y de ahí que muchísimas cuestiones se pueden claramente aplicar, porque están en vigor, y cuando están en vigor también se pueden aplicar. Y yo le pregunto, por ejemplo,
¿qué se ha hecho para incorporar en el plan de actuación de la inspección esos objetivos que ya están en la ley? Yo tengo conocimiento de cuáles son los planes y no están; nada se ha incorporado. En el plan de trabajo de la inspección, ¿qué se ha
hecho? Pues nada. Para la aplicación de las medidas también relativas al Consejo Escola ¿dónde están ya los miembros que en los consejos escolares deben impulsar medidas educativas a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género? Eso
se podía haber instrumentalizado y no se ha hecho. ¿Por qué?
Hay una cuestión, revisando y leyendo todo, la ley y las medidas contra la violencia, que a mí me choca de manera especial. ¿Por qué estos principios de igualdad
se olvidan en enseñanzas que para mí son fundamentales, como las enseñanzas deportivas? No hay ninguna mención en las enseñanzas deportivas. Y eso, señora secretaria general, creo que es básico y fundamental cuando hay tanta discriminación
precisamente en el terreno del deporte. ¿Qué han hecho para que se cumpla lo relativo a lo que incorporaban los libros de texto y demás materiales curriculares? Porque a todos nos llegan, y a mí me llegan a veces, cuestiones de este tipo que nos
estremecen. El otro día me decía una compañera: tengo un libro que voy a guardar, no sé si es de este año o del año pasado, pero en todo caso es para figurar también en el libro de récords. ¿Qué instrucciones han cursado, qué medidas está
realizando la inspección en el territorio MEC? Luego tienen ustedes también una alta inspección para que todo esto se pueda cumplir en aquello que es competencia, que yo sé que lo es: los libros de texto en la comunidades autónomas. Por lo tanto,
¿cómo se vela por la incorporación, el cumplimiento y la aplicación de esos principios y valores recogidos en esta ley y en todo? Porque no me pueden decir ustedes: es que ahora hay 17 -que eso es lo que lamentamos- sistemas educativos?
Señora secretaria general, más allá del desarrollo reglamentario de la Ley de Educación, creo que es obligación del Gobierno y de todos los poderes públicos articular medidas educativas que contribuya a que la educación impulse ese cambio
necesario de mentalidades de la sociedad y de comportamientos. Y creo sinceramente que el Gobierno hasta la fecha se ha quedado en la letra. Nosotros preguntamos por qué, porque competencias tiene, porque tiene leyes, y tiene por lo tanto
posibilidad de hacerlo.
El Grupo Popular considera que desde el momento en que se aprobó la Ley de la Violencia era su obligación articular actuaciones eficaces en esta línea, que no se han hecho. Tenían competencias, tienen medios y podían
claramente haberlo articulado. Tal vez haya sido porque no tengan ustedes las previsiones presupuestarias y los recursos necesarios para su implementación o para que las comunidades autónomas lo hagan, porque ustedes son muy cicateros a veces; son
muy diligentes para las leyes, pero en cambio muy cicateros para distribuir recursos necesarios a las comunidades autónomas.
Nuestra portavoz, Susana Camarero, con mucha brillantez, denunció en el momento de la aprobación de la ley por unanimidad que pensábamos que la ley tenía algunos defectos importantes, y entre ellos decía que era genérica, que era imprecisa y
que estaba llena de declaraciones de principios y de medidas en cambio poco efectivas. Pues bien, esas palabras casan perfectamente con lo que está sucediendo en educación, es la clave de lo que está pasando. Las medidas son además sumamente
genéricas, señora secretaria general, y se lo dice una persona que conoce y sabe de la dificultad de la aplicación de lo que es un principio genérico para llevarlos después a la práctica. Son genéricas, son inconcretas, y por lo tanto no nos sirven
lo suficiente; son además en muchos casos reiteración de las existentes, y esas, las que ya había, necesitan de unos instrumentos más eficaces cada vez para poder poderlas llevar a la práctica. Creo sinceramente que nada ha cambiado, que el tiempo
pasa mientras el Gobierno se pierde en palabras, que son bonitas, que todos compartimos, señora secretaria general, pero que luego el viento se lleva porque son inconcretas y nada al final tiene un crédito, una partida, algo que pueda servir.
La señora PRESIDENTA: Señor Sainz, tiene que ir concluyendo.
La señora SAINZ GARCIA: Termino, señora presidenta, diciendo que creemos que falta en esta área una implementación necesaria, precisa, para caminar por la senda urgente del cambio y para que se acabe de verdad en la sociedad española con la
ruptura de unas mentalidades trasnochadas, que solo traen humillación, desigualdad y agresión.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señora Sainz, usted ha dicho que el Gobierno tiene la obligación y tiene las competencias. Las competencias no las tenemos en Educación.
Anoto y le agradezco lo
que ha dicho de la inspección; no es la primera vez que lo oigo, no de un grupo parlamentario. No quería yo que la igualdad entrara por la inspección, que fuera solo por la inspección. La ley es un instrumento, las competencias están
transferidas. Yo de verdad que, cuando se transfirieron las competencias de Educación, siempre pensé que era un tema importante, pero que la transversalidad quedaba un poco a salvo, digamos, más protegida, más preservada.
Los consejos escolares de las diferentes instancias educativas. Hemos discutido muchísimo con el tema de la propia autonomía, incluso de los centros escolares, y usted conoce muy bien a lo que me estoy refiriendo.
Las leyes, insisto, son
un instrumento que tiene que implementarse y las comunidades autónomas tienen también que velar por ello. Usted dice: hagamos mayores esfuerzos, sobre todo a efectos de inspección, para comprobar cómo se esta aplicando en esa medida. Nosotros
hemos puesto la ley a disposición y desde luego la obligatoriedad de la misma. Cuando estábamos redactando la ley contra la violencia de género introdujimos un concepto genérico como igualdad, porque no podíamos hacerlo de otra manera, porque como
ustedes han dicho, y lo ha dicho la señora Camarero también, las comunidades autónomas son las que tienen la última palabra sobre este tema, y la educación usted sabe que ya está en los programas específicos sobre ello.
La señora PRESIDENTA: Tiene que concluir, señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Yo condeno todo tipo de comentario por parte de una persona pública, sea en el Pleno del Parlamento o sea en una institución, que atente contra la dignidad de las
mujeres. Y en esto creo que debemos ser exigentes todas, independientemente de quién lo proclame.
-DE LA SEÑORA SAINZ GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE CRITERIOS PARA DAR VALOR CIENTÍFICO A LA INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. (Número de expediente Congreso 181/002390 y número de
expediente Senado 683/000103.)
La señora PRESIDENTA: Como habíamos anunciado al principio, por obligaciones de la señora Sainz, trasladamos la pregunta número 14, o sea la última pregunta, para que la exponga a continuación y pueda cumplir con el resto de sus
obligaciones. Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora secretaria general, yo supongo que conocerá que a propuesta del Grupo Popular se aprobó en febrero de este año, en el Congreso, una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a que se estableciera,
en colaboración con el Consejo General de la formación profesional, la titulación de la profesión de agentes de igualdad, algo que nuestro grupo considera fundamental, habida cuenta de que la igualdad de género requiere, además del respeto y el
impulso de este principio, acciones positivas para promover la igualdad en todas las esferas de la vida pública, política y privada. Existe por lo tanto una evidente interconexión entre la no discriminación y la acción positiva.
Sabemos que las
distintas administraciones vienen fomentando, en colaboración con la universidad, centros educativos diferentes, también la formación de los llamados agentes de igualdad, sin que hasta la fecha se haya diseñado perfiles profesionales definiéndolos,
ni el sistema, ni el nivel de enseñanza, ni las enseñanzas adecuadas para obtener el título que acredite esta profesión. En la actualidad seguimos igual, no existe definido como título profesional la figura de los agentes de igualdad, y esto sucede
también, señora secretaria general, en el área universitaria.
No hay reconocimiento a nivel universitario de los estudios de género, no se tiene en cuenta en la actividad investigadora. Y por ello, señora secretaria general, yo le pregunto cuáles
son los criterios para dar valor científico a la investigación y publicaciones en materia de igualdad de género que se están realizando.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señora Sainz, yo coincido con usted en cuanto que la no discriminación, acción positiva. Creo que también tenemos que ir más allá, o sea, que la no discriminación,
acción positiva en la medida en que estamos consideradas como un colectivo. Desgraciadamente todavía se cuestionan cuotas, se cuestiona representación, estamos considerados un colectivo; no estamos ahí ahora. Somos, en pura democracia, juego de
mayorías, somos la mayoría de la población, concepto de representación.
No de no discriminación, acción positiva. Las agencias de igualdad están muy bien formadas; yo me he reunido tres veces con las representantes de agencias de igualdad de
varias comunidades autónomas y reconocemos absolutamente el valor de su trabajo. Ahora bien, el reconocimiento de una profesión tiene unos cauces completamente distintos. Tampoco tenemos reconocidas otras profesiones que también nos han solicitado
otro tipo de colectivos.
Para nosotros lo que ha sido fundamental es trabajar precisamente donde usted no ha tocado, en la LOU, en la nueva Ley orgánica de Reforma Universitaria. ¿Y como lo hemos trabajado? Convocando a los seminarios de estudios de la mujer,
entre el Instituto de la Mujer y mi propia secretaría, a efectos de que en la discusión de los espacios de nuevas titulaciones y nuevas licenciaturas, tanto en cuanto a licenciaturas de tres años como de cinco años, existiera el reconocimiento de
los estudios de género; incluso que existieran títulos propios y posgrados. Cuando nosotros entramos en el Ministerio de Educación y Ciencia, a principios de la legislatura, se estaban discutiendo todos estos espacios de Bolonia, con una falta
absoluta de representación femenina, es decir, que, de las personas que tenían a su cargo la convalidación, validación de los supuestos de Bolonia, solo había tres mujeres frente al resto de varones y, sin dudar de su prestigio, evidentemente
adolecía de una fórmula importante de reconocimiento científico. Además, usted, en la pregunta que me hace, dice: qué criterios utilizan para dar valor científico a la investigación y publicaciones en materia de igualdad de género. El valor
científico en materia de igualdad de género es verdad que no ha venido determinado por los criterios de ningún Gobierno, eso es así, pero nosotros hemos introducido en la Ley de Igualdad, yo me remito de nuevo a la Ley de Igualdad, la necesidad de
que se reconozcan los estudios de género. Y fíjese que, a pesar de que había un real decreto en el que así se planteaba, que los estudios de género fueran reconocidos también como una situación válida y que los tribunales contaran con una
proporción de hombres y mujeres, y que los investigadores principales fueran también hombres y mujeres, fue bastante contestado por la comunidad científica.
Lejos de desanimarnos, lo que hemos hecho es que, trabajando con el Ministerio de Educación y Ciencia, hemos articulado un sistema integral de seguimiento y evaluación, que es una herramienta que hemos diseñado como Gobierno para controlar
la gestión de los programas públicos de ayuda en actividades de I+D+i, porque usted sabe que se han depreciado, en el sentido de subestimado, los estudios de género, como si fueran un tema de segundo rango.
Yo recuerdo un tribunal de oposición donde se decía que la políticas públicas de igualdad no eran materia de derecho ni de tribunal de oposición para una persona titular. Quien lo estaba diciendo era experto en derecho canónigo. O sea que
cada uno tiene una forma de pensar las cosas, lo cual hace más difícil todavía el seguimiento, pero eso no nos desanima. Tenemos que hacer un análisis serio y por supuesto introducirlo en lo que le digo, en el sistema integral de seguimiento, la
convocatoria anual de ayudas para la investigación. Como Gobierno, en el ámbito de las 54 medidas adoptadas, hemos creado una Dirección General de Mujer y Ciencia, para trabajar dentro del Ministerio de Educación. Hemos creado con el Instituto de
la Mujer, en las dos convocatorias, 2005-2006, unos requisitos básicos por encima de la materia de investigación que se quiera proponer para lograr la subvención: que en el análisis de los datos se tengan en cuenta las especificidades de género,
las variables sexo, que hasta ahora no se han tenido en cuenta en muchísimos datos; que los cuestionarios a aplicar, así como todo el cuerpo del trabajo, estén redactados en lenguaje igualitario -todavía se habla en masculino y todavía se habla del
cónyuge o de la cónyuge-, que en la composición de los equipos de investigación el porcentaje de hombres y mujeres sea lo más equitativo posible. Cumplido esto, miramos el proyecto.
Además, queremos recordar que el objetivo final de toda investigación es poner los conocimientos obtenidos al alcance de las personas interesadas.
Aquí tenemos que plantearnos el mismo criterio rector que figura en la Ley de Igualdad; es
decir, ninguna organización puede cuestionar la presencia de mujeres en los ámbitos de decisión y en los ámbitos de saber, ninguna organización. No se trata de cuotas, eso pertenece a una lucha por parte exclusivamente de las mujeres socialistas, y
ahora estamos en otro escenario, en el concepto de representación, y si las organizaciones no democratizan su composición en órganos de evaluación, en órganos de investigación, en lo que significan las materias a investigar, evidentemente no podemos
poner en valor lo que significa el conocimiento que aplican las mujeres. Nuestras herramientas: Ley de Igualdad, Ley Orgánica de Reforma Universitaria, ley orgánica que evidentemente afecta a la universidad. Y que no se puede hablar de autonomía
de criterio, que no se blinde y que no se establezcan diques a la democratización de la instituciones. Yo soy la primera interesada en que exista una valoración de los estudios de género y desde luego le digo que no contemplamos el reconocimiento
de profesiones nuevas en ningún ámbito. A mí, cuando se aplica la regla universal, no me parece injusto, en ningún ámbito. Le puedo decir que se han rechazado peticiones de otras colectivos de profesionales, que nos han pedido también ser
reconocidos como profesionales.
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir concluyendo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Es decir, no se reconocen nuevas profesiones, y esto es un criterio de carácter universal no solamente aplicado para las mujeres, sino para otros ámbitos. De todas
formas estamos tratando de trabajar con el Ministerio de Administraciones Públicas para ver cómo podemos certificar calidades, y especialmente para que se trabaje en ayuntamientos. Usted sabe que hay ayuntamientos que no tienen ni siquiera planes
de igualdad, usted sabe que hay ayuntamientos o comunidades autónomas que todavía lo tienen a nivel muy general pero sin descender a unas fórmulas. Los agentes están ahí, son personas con capacidad, son free lances y se pueden contratar. Ahora
bien, como Gobierno lo estamos haciendo con todas las profesiones, no tenemos en este sentido un criterio para la mujeres y otro para otros ámbitos. No se ha creado ninguna nueva profesión desde que estamos a cargo del Gobierno, por lo tanto no
puedo darle otra respuesta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora secretaria general, usted me ha hablado de que ya ha creado una Dirección General de Mujer, no le he entendido muy bien en qué lugar de la Administración, pero en todo caso yo de lo que quiero hablarle es de
los problemas que tienen las mujeres que están trabajando precisamente para luchar por ese cambio de mentalidades en el área de la igualdad. La realidad es que ellas tiene el siguiente problema: no hay reconocimiento a nivel universitario de los
estudios de género, se han reconocido algunos másters pero no hay un reconocimiento oficial de cuáles son los estudios de género que habilitan para trabajar en estos temas en la Administración pública o en la empresas o en la ONG, del mismo modo que
hay estudios en materia, por ejemplo, de medio ambiente. No hay reconocida un área de conocimiento que se refiera a estudios de género tampoco en la universidad, lo que significa que cualquier persona hace incursiones en estos temas sin tener
primero ninguna formación. Del mismo modo que una persona no enseña literatura española, lo digo porque es lo mío, o universal, sin haber estudiado, lo mismo debería suceder con los estudios de género para ser rigurosos. Esta laguna tiene además
una consecuencia
importantísima: cuando se trata de hacer la evaluación de la actividad investigadora de las personas que ya han sacado sus plazas en la universidad, las comisiones de profesores que juzgan la investigación realizada -habitualmente además
cinco catedráticos, ustedes hablaban también de que esas cosas se iban a corregir, pero no lo hacen- no tienen formación en temas de género, no tienen ni idea de ello, lo que motiva que las profesoras que están trabajando en esos temas sean
penalizadas respecto a otra personas que trabajen en cambio en otras áreas, alegando que los estudios de género no está reconocidos, y esto no es justo cuando desde la Administración se está impulsando que se haga, que se trabaje, y esto tienen que
arreglarlo, porque ustedes están en el Gobierno, no pueden permitir que esto lo estén sufriendo tantas mujeres. Está sucediendo actualmente y hay, usted lo sabe, presentados numerosos recursos en la Secretaría de Estado de Universidades, y ustedes
desde la secretaría tienen que hacer algo, tienen que hacer valer los principios por los que estamos luchando en toda nuestra sociedad. Tiene además consecuencia importantísima en los sexenios de investigación: los estudios de esta materia no son
valorados a la hora de contabilizar los sexenios de investigación, debido a que los estudios de género no se consideran propios del ámbito científico, y esto es muy grave, esto está causando un gran perjuicio a muchas mujeres, a mujeres que están
luchando, que vienen trabajando por ese principio tan justo, y esto, señora secretaria general, no puede ser. Eso es lo que yo le pido que hagan, que reaccionen, y desde luego eso posiblemente tenga que ver mucho con que no hay ninguna titulación
universitaria, y usted me dice que no lo van a hacer. La verdad es que en el fondo usted sabe que hay una demanda, no nuestra, sino de toda la comunidad universitaria que está trabajando en esto, de profesores que solicitan que esos estudios de
género tengan también un reconocimiento académico. Yo sinceramente creo que en este momento se trata de un tema de justicia con unas mujeres que están trabajando, que están investigando, a las que de alguna manera llamamos hasta a concursos, a
premios, porque es necesario, y son las dinamizadoras, las que nos ayudan, las que nos dan los instrumentos para ese cambio que todas queremos, y al final están penalizadas, están penalizadas académicamente, están penalizadas en el área de la
investigación. Yo le pido, en nombre de eso y en nombre de la justicia que eso supone, que ustedes impulsen un cambio, que es una demanda social, que es una demanda política, que es una demanda académica y que además es una demanda justa, señora
secretaria general.
La señora PRESIDENTA: Lamentamos muchísimo que la señora secretaria general no tenga tiempo seguro que para compartir, me atrevería a presumir, parte de las afirmaciones de la señora Sainz.
DE LA SEÑORA CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-INFORMACIÓN SOBRE EL REPARTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MUJERES MALTRATADAS. (Número de expediente Congreso 181/001422 y número de expediente Senado 683/000065.)
La señora PRESIDENTA: Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: La pregunta que le dirige el Grupo Parlamentario Popular a la señora secretaria general de Políticas de Igualdad va más al terreno de lo práctico, de lo real, de lo diario, de aquellas ayudas económicas de que
disponen las mujeres víctimas de violencia para lograr la necesaria independencia económica, sin la que es imposible lograr todo lo demás. Seguramente todas las mujeres maltratadas lo primero que se preguntan a la hora de dar un paso como es el
denunciar una situación de violencia, es con qué ayudas económicas puede contar para poder emprender una nueva vida, para alimentarse ellas y sus hijos. Desde luego, una primera crítica que le tenemos que hacer desde el Grupo Parlamentario Popular
a la señora secretaria general de Políticas de Igualdad, es que, por lo menos a mi modo de ver y he buscado, falta información sobre esta materia de ayudas económicas. Le aseguro que he intentado encontrar toda la información disponible sobra
ayudas económicas y datos de ejecución presupuestaria, y sinceramente, yo no sé si es por falta de voluntad del Gobierno o por incompetencia de las instituciones implicadas en esta materia, pero lo que sin duda es una realidad es que se han creado
diversos organismos como instrumentos que permitieran una mejor coordinación e impulso de todas las medidas contempladas en la Ley integral de lucha contra la violencia de género, estoy hablando por ejemplo de la delegación especial del Gobierno o
del Observatorio estatal de lucha contra la violencia de género, pero sigue faltando información integrada y actualizada que nos permita evaluar la situación de las diferentes políticas que se han puesto en marcha. Como muestra de ello le diré que
aún no disponemos, o por lo menos yo no lo he encontrado en su página web, del informe anual de las actuaciones efectuadas por comunidades autónomas y Administración General del Estado relativo al año 2005, solo he encontrado el relativo al año
2004. Parece ser que ayer nuestra portavoz en esta Comisión recibió un informe apresurado que se le remitió del balance de aplicación de la ley en este tiempo, ¿pero me podría aclarar si dispone ya el Gobierno de algún informe sobre la evolución de
las medidas económicas que se han aplicado y la efectividad de las medidas acordadas? Me gustaría hoy despejar esa duda.
Mi grupo es consciente de que la violencia de género es un problema complejo y de enormes implicaciones sociales y económicas. Pero no basta ese reconocimiento, como hemos repetido una y otra vez, es necesario poner los medios
presupuestarios adecuados. El Gobierno del Partido Popular ya impulsó la renta activa de inserción como importantísima medida económica de apoyo y de impulso para la promoción y el empleo de estas mujeres, pero necesitamos otro tipo de ayudas. Se
contemplaban en la ley las ayudas sociales que se regulan en el artículo 27, que nos parecen importantes, porque van dirigidas a víctimas especialmente vulnerables, que son aquellas que por su falta de preparación, su edad o por sus circunstancias
sociales, tengan especiales dificultades para obtener empleo. Tanto en esa página web donde he buscado información, como en la memoria que nos han remitido ayer, no encuentro información sobre la ejecución de estas ayudas, y como van destinadas
precisamente a colectivos especialmente vulnerables, quisiéramos contar con eso tipo de información, sobre todo para que ninguna mujer se abstenga de denunciar esta situación que padece por falta de recursos económicos; no podemos dejar
desprotegidas a estas mujeres. En los Presupuestos Generales del Estado para 2006 aparece una partida presupuestaria de un millón de euros dentro del programa 232B, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, destinada a este tipo de
ayudas sociales. La información que hoy pedimos es si ha sido suficiente hasta el momento esa dotación para hacer frente a esa ayudas sociales, cuánto se lleva ejecutado a fecha de hoy de esa partida y, por otro lado, queremos aclarar también por
qué en los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 no aparecía ninguna partida específica destinada a este fin, y si al final del años 2005 efectivamente se han efectuado, se han hecho pagos de esas ayudas sociales. Es necesario también
señalar aquí que el desarrollo reglamentario de estas ayudas se efectuó en diciembre de 2005, casi un año después de aprobarse la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Desde mi grupo entendemos que hay mucha lentitud
por parte del Gobierno socialista en la aplicación efectiva y eficaz de la ley. Tanto en la ley como en el real decreto se especifica que las ayudas serán concedidas y abonadas en un pago único por las administraciones competentes, que en este caso
son las comunidades autónomas, siendo reembolsadas posteriormente con cargo a los Presupuestos General del Estado. No hace falta que le diga la importancia, seguro que usted es consciente, de que todo el trámite se efectúe con la mayor celeridad
posible, la situación de las potenciales beneficiarias de esas ayudas puede ser de desamparo total y podría darse algún caso en que su concesión llegase demasiado tarde. ¿Dispone en este sentido la secretaría general de algún informe sobre el
tiempo de tramitación de esos expedientes? Nos interesaría conocerlo.
No me gustaría terminar sin que nos facilitara información, que tampoco hemos encontrado por ninguna parte, sobre las ayudas económicas que perciben las víctimas de violencia de género para la adquisición o alquiler de vivienda, otra
cuestión que también nos parece importantísima, porque aparte de poder alimentarse ella y sus hijos necesitan un techo bajo el que poder cobijarse. En ese sentido le pedimos hoy este tipo de información, porque -desde luego una primera crítica es
que es absolutamente difícil acceder a ella- por lo menos yo no he sido capaz de encontrarlo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señora Madrazo, no está en una página web. Evidentemente, cuando usted ha planteado lo de las ayudas, la conferencia sectorial se tuvo en abril de 2005, y las
comunidades autónomas también tenían la necesidad de aquilatar los procedimientos a su propia comunidad autónoma, es decir, que en este sentido por nuestra parte la conferencia sectorial se hizo pronto, lo más pronto posible. Luego, se han tenido
reuniones permanentes y bilaterales por parte de la delegación del Gobierno con cada comunidad autónoma para las ayudas del artículo 27; próximamente, se va a tener una conferencia sectorial para el artículo 22. Es decir, que en ese sentido no es
imputable al Gobierno, porque lo hemos hecho en forma y hora, pero es verdad que las comunidades autónomas también tenían que establecer sus propios procedimientos de cobro para esas ayudas. La ley tenía fondos y tiene fondos, y el incremento con
respecto al fondo ha sido de un 20 por ciento. Sobre el reparto de ayudas económicas, es cierto que la RAI es un instrumento absolutamente eficaz, se trata de una ayuda específica para personas desempleadas con especiales necesidades económicas y
dificultad para encontrar empleo; usted ha mencionado cuál fue su origen y no lo voy a repetir aquí. En cuanto a nuestra aportación, es el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de inserción laboral, entre las que se incluyen a las
mujeres víctimas de violencia de género. En el 2006 se mantiene la ayuda como en el 2005.
Paso a comentarle lo que usted me está solicitando en su pregunta oral. El incremento de mujeres víctimas de violencia beneficiarias es de un 8,05 por ciento en el 2005 con respecto al 2004. En el periodo de enero de 2005 hasta marzo de
2006 se ha beneficiado del programa RAI una media de mensual de 6.290 mujeres víctimas de violencia de género. En el mismo periodo se han registrado un total de 5.907 nuevas altas en el programa RAI, 778 mujeres han visto aumentada la cantidad de
la ayuda por cambio de residencia y, evidentemente, durante el 2005 tenemos que establecer también la inclusión de 5.267 mujeres como nuevas altas y 759 ayudas por cambio de residencia. Por comunidades autónomas el mayor número de beneficiarias se
encuentra en Valencia, en Andalucía. Ahora bien,
poniendo en relación el número de beneficiarias con la población relativa de mujeres y con las denuncias por violencia de género presentadas por cada comunidad autónoma, sí puedo afirmar que este recurso esta siendo más utilizado por
víctimas de violencia de género en Ceuta, Melilla y Andalucía. Dése cuenta que la RAI es un programa de orientación especialmente concebido para personas con especiales circunstancias, es decir, que no sean empleables, y en este sentido creo que es
importante subrayarlo, porque el recurso está siendo más utilizado por aquellas personas que, como víctimas de violencia de género, tienen menos posibilidades de emprender un itinerario formativo de cara a su ingreso en el mercado de trabajo. Como
digo, está siendo más utilizado por las comunidades autónomas de Ceuta, Melilla y Andalucía, y lo utilizan en menor medida Cataluña, Madrid y Baleares con respecto a la renta activa de inserción.
Las ayudas económicas previstas en el artículo 27 de la ley integral para aquellas víctimas que además de escasos recursos presenten especiales dificultades, se establecen por Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, y a partir de ese
momento las comunidades autónomas son las competentes para establecer, a través de su regulación específica, el procedimiento de concesión. Es a lo que me refería anteriormente, que cada comunidad autónoma tiene un procedimiento exclusivo, ahí
radica la soberanía de las comunidades autónomas, y a fecha de hoy son nueve las comunidades autónomas que ya han aprobado dicha normativa, que le paso a platear por orden alfabético: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja. Tenemos constancia, eso sí, de que el resto de la comunidades autónomas aprobarán la normativa en breve. Ha de tenerse en cuenta que la aprobación de dicha normativa, y yo entendiendo a
las comunidades autónomas que lo harán en breve, conlleva una tramitación muy compleja, pero también conlleva el respeto a unos trámites y a unos plazos.
Nosotros este procedimiento lo aprobamos en conferencia sectorial, las comunidades autónomas y
las ciudades autónomas de Ceuta y Mellilla, responsables de la tramitación y concesión de las ayudas, realizan los pagos correspondientes a las ayudas. Estas ayudas sociales son concedidas en sus respectivos territorios y posteriormente, con
carácter semestral, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales les reembolsa el importe que ya se ha desembolsado. El plazo para comunicar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales las ayudas concedidas y su importe, al objeto de proceder a su
reembolso, finaliza el 31 de octubre de 2006, porque las comunidades autónomas nos han pedido también que, en función de la complejidad de la tramitación, establezcamos un plazo prorrogable, en la medida que puedan hacerlo efectivo. Pues muy bien,
31 de octubre de este año. El único dato de que disponemos hasta el momento es el facilitado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, cuya orden para la tramitación de las ayuda entró en vigor el 16 de marzo de 2006 y a fecha de 3 julio
había recibido 10 solicitudes, de las cuales 4 habían sido denegadas y 6 se encontraban en tramitación. Me parece que es importante entender que esta denegación significa que tiene un itinerario formativo que les puede posibilitar el empleo, no
estamos hablando de dejarles sin ayuda, sino de buscar otra vía de ayuda más ligada a sus posibilidades de formación e integración en el mercado de trabajo. En los Presupuestos Generales del Estado de 2007 hay ampliable un crédito destinado al pago
de ayuda del artículo 27. Es decir, hemos dado todo tipo de facilidades, pero era nuestra obligación, no hemos hecho aquí ningún tipo de trato especial, era nuestra obligación. Comprendemos que cada comunidad autónoma, y así lo poníamos de
manifiesto en conferencias sectoriales y después de manera bilateral entre la delegación del Gobierno y cada comunidad autónoma, tiene un procedimiento de tramitación diferente y que a veces la gestión dificulta mucho la entrega de ayudas. La
verdad es que hasta el momento no hemos tenido por parte de las comunidades autónomas un reproche en este sentido, o sea, nos han pedido colaboración, nos han dicho cómo trabajan otras comunidades autónomas, hemos puesto en conocimiento mutuos
procesos y transferencias, porque además es que es una ayuda que plantea el Gobierno...
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir concluyendo, señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Queremos realmente que resulte eficaz. Ya le digo que aquí nos hemos encontrado con distintos procedimientos y que la fecha final para establecerlos es el 31 de
octubre de este año. Yo insisto, como he dicho antes, que quiero comparecer no por página web, sino directamente para que se sepa exactamente cómo se está aplicando la ley y se tenga una visión integral, porque no sólo son mujeres con falta de
ayuda económica, le puedo decir que la violencia es interclasista, interterritorial, inter-étnica, intergeneracional; desgraciadamente estamos ante un fenómeno, bueno, un fenómeno, es decir, una falta de interación de la vida privada importante en
este campo.
La señora PRESIDENTA: La señora Madrazo tiene un minuto y medio.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señora secretaria, sigo insistiendo en que nos falta información, nos sigue faltando información, y sobre todo estoy segura de que les falta información a esas mujeres que necesitan de forma urgente, rápida y para su
subsistencia esas ayudas económicas. Me ha hablado usted de la renta activa de inserción, que efectivamente es un instrumente muy útil para la promoción profesional y la empleabilidad de este tipo de mujeres y una ayuda económica que sin duda
contribuye a que puedan emprender una nueva vida, pero esa renta activa de inserción ya le dije en mi primera intervención que la puso en marcha el Partido Popular. Referente a las ayudas sociales del artículo 27, en las que he insistido,
sigue faltándonos información sobre cuál ha sido la ejecución presupuestarias de esa partida que efectivamente aparece en los presupuestos. No sabemos si han necesitado ampliar créditos, si ha habido muchas solicitudes, pocas. Otro tema en el que
me interesa incidir es en la agilidad de los procedimientos.
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir concluyendo, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Ya sé que es competencia de las comunidades autónomas, pero supongo que usted, desde su responsabilidad, será consciente de que deberá impulsar, coordinar, hacer efectivas y eficaces toda esa serie de medidas, para
que no nos conformemos con lo que hoy está ocurriendo, porque creo que estas mujeres desde luego lo merecen y la sociedad que formamos entre todos también.
-INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente Congreso 181/000423 y número de expediente Senado 683/000066.)
La señora PRESIDENTA: Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora secretaria general, voy a ser muy estricta para evitar perder el tiempo. Me gustaría que me diese información sobre el Plan nacional de sensibilización y prevención contra la violencia de género.
(La señora vicepresidenta, Martínez García, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Tiene la palabra, señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Muy bien, señora Camarero. Simplemente quiero dedicar medio segundo a decirle a la anterior señoría que tenemos toda la valoración del fondo, la aplicación del
fondo por comunidades autónomas. Dicho esto, para la comparecencia que vamos a tener sobre la aplicación de la Ley de igualdad, le puedo pasar información detallada y la documentación prevista para ello.
Sobre el Plan nacional de sensibilización y prevención contra la violencia de género, hemos querido recoger en este Plan de sensibilización y prevención los siguientes elementos: una nueva definición del concepto de violencia de género, en
el sentido de introducir nuevas escalas de valores basadas en el respeto de derechos y libertades fundamentales. Yo, a medida que lo repito, creo que hay que sustanciarlo cada vez más, porque en este sentido creo que tenemos que introducir un
trabajo intercultural, un trabajo comunitario y un trabajo responsable que liga a las personas que forman parte del Plan nacional de sensibilización y prevención, a todos los interlocutores sociales que hemos convocado para la puesta en marcha del
Plan nacional de sensibilización y prevención.
Queremos trabajar dentro del Plan de sensibilización y prevención de la violencia de género un amplio programa de formación complementaria y reciclaje de profesionales que intervienen en estas
situaciones. Como antes muy bien decía la señora Sainz, los estudios de género vienen a complementar y a fundamentar la intervención cada vez más cualificada de las personas que forman parte de cualquier tipo de intervención con respecto al proceso
que siguen las mujeres maltratadas. Queremos además que este Plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género esté controlado por una comisión de amplia representación, en la que se ha de asegurar la presencia de las personas
afectadas, de las instituciones, de los profesionales y de las personas que cuentan con un reconocido prestigio social para el tratamiento de estos temas. El 13 de abril de 2005 se celebró una primera reunión para abordar la elaboración del Plan de
sensibilización y prevención de la violencia de género, a la que asistieron representantes de departamentos ministeriales, asociaciones de mujeres, víctimas de violencia de género y expertos en la materia. A partir de las conclusiones de esta
reunión se inicia un procedimiento de elaboración del plan. El primer paso fue la elaboración de un diagnóstico sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de sensibilización y prevención. Le tengo que decir que nos sirvió
muchísimo lo que las comunidades autónomas están trabajando en violencia de género. Es decir, cuando estamos aplicando ayudas, pidiendo diagnósticos y solicitando no solamente procedimientos administrativos en ese campo, cuando nos devuelven
información tomamos muy buena nota de cuáles son los problemas que ellas detectan como de máxima urgencia o aquellos problemas que deben impulsarse de una manera distinta. Vaya desde aquí el agradecimiento a las comunidades autónomas.
Una vez constituido el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer que, como muy bien saben, fue constituido a través del Real Decreto 253/2006, de 3 marzo, se dispuso un marco adecuado para culminar la elaboración del plan estratégico.
Su composición plural y multidisciplinar lo convierten en un elemento perfecto, porque es lo que tendríamos que realizar de acuerdo con la ejecución del mandato que proviene del artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/2004. Por ello y por acuerdo del
pleno del observatorio, el día 28 de junio de este año se creó un grupo de trabajo específico dedicado al Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género, documento marco en el que deben insertarse
las políticas públicas en esta materia. El pasado 14 de septiembre se realizó la primera reunión del grupo de trabajo, y estamos en fase de elaboración del plan estratégico, porque no queremos hacerlo a iniciativa solo del Gobierno, sino
insertarlo en el ámbito cualificado de colaboración y la idea de compromiso que supone el Observatorio contra la violencia de género. Aquí tenemos dos pasos importantes. Hay que avanzar en el derecho a la ciudadanía. Yo creo que tenemos que
eliminar cada vez más, o digamos modular, el lenguaje en cuanto a epifenómeno. A veces yo no sé si estamos hablando de un tema no solo educativo, sino también político, en cuanto a que es un tema de derechos y de principio de libertad, principio de
reciprocidad y principio de igualdad que guía la democracia. En este plan estratégico hemos dado tres ejes: La ciudadanía, el derecho a la ciudadanía, es decir, no se puede regatear la presencia de mujeres en ningún ámbito. Hemos ligado la
violencia con la necesidad de incrementar la igualdad en todos los procesos. Nos podríamos quedar tranquilamente con el golpe, el insulto, la amenaza y la coacción, pero creemos que no se puede gozar de autoridad en el ámbito doméstico ni en el
ámbito de relaciones sentimentales si se está regateando la presencia de mujeres en cualquier ámbito de decisión. Por tanto, lo que hemos hecho en este plan es decir: ciudadanía, derecho a la autonomía. Se habla demasiadas veces de que las pobres
víctimas de violencia..., están luchando por su autonomía. Si hubieran respetado los papeles tradicionales, en los papeles tradicionales jamás se contempla ni la amenaza, ni la coacción, ni mucho menos las lesiones y la muerte. Por tanto,
ciudadanía, derecho a la autonomía, trabajo en redes. No se puede responsabilizar únicamente a las instancias públicas, y ustedes además tienen en sus respectivas comunidades autónomas esa enorme oportunidad también, como están haciendo de manera
reiterada, de trabajar en red. Y por supuesto el empoderamiento. Con estos ejes hemos formado los siguientes grupos: un grupo destinado a la educación -lamento que la señora Sainz haya tenido que salir, sé que por motivos también propios de su
cargo- de cara a formar yo diría en derechos. Los valores son cuestionables, los derechos no. Insisto, la educación en la formación en derechos y una resocialización en lo que significa que las relaciones de pareja no pasan por que yo soporte el
proyecto de otro señor que conviva conmigo o que tenga con él una relación sentimental.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señora Murillo, lleva consumidos seis minutos; se lo digo a efectos de información.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Formación y especialización a profesionales, justicia, comunicación, investigación, redes, movilización de actores, seguimiento y evaluación del propio plan
estratégico para su cumplimiento y valoración de su eficacia. Como no demos un cambio de concepción a lo que es la violencia, vamos a hablar de epifenómenos, de epidemias, no vamos a hablar de maltratadores, no vamos a hablar de compromisos, sino
que vamos a tener un carácter político en cuanto a protección de derechos, que es lo que necesita la violencia, un absoluto tratamiento político, sin olvidar que la educación y la cultura son absolutamente complementarios, pero el tratamiento es
político y desde el derecho a la ciudadanía.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora Murillo, la ley les mandataba a poner en marcha este plan de manera inmediata. Tras dos años, no tenemos plan, lo que supone que no se ha desarrollado nada del título I de la ley, todo lo que hace
referencia a la sensibilización, prevención, que es la parte de la ley que a usted le gusta remarcar como la más importante, porque trata de sensibilizar a las mujeres, porque trata de que saquen a la luz la violencia, porque regula la publicidad
discriminatoria, etcétera. Es decir, usted dice que esta ley es diferente a otras leyes porque trata de remover el fondo del asunto y, sin embargo, la desidia del Gobierno lleva a la falta de desarrollo de la parte más estratégica y eficaz de la
ley a medio y largo plazo, que ustedes mismos reconocen. Usted decía que por qué sacamos las cifras de mujeres asesinadas, pues porque no tenemos otros parámetros para cuantificar el resultado de la ley; pero no lo digo yo, en la interpelación lo
dijo la propia señora García, y así consta en el 'Diario de Sesiones'. No voy a releer lo que ella dijo, pero todos coincidimos en que no tenemos otros parámetros para verlo. Y además por otros motivos. Porque ustedes vendieron esta ley diciendo
que iba a terminar con las mujeres muertas, porque ustedes, el Partido Socialista, al que creo que usted pertenece, utilizaba electoralmente, eso sí, electoralmente, a las víctimas la pasada legislatura. Cada vez que una mujer era asesinada, y hay
miles de declaraciones de todos los miembros de Partido Socialista, salían a la calle, se manifestaban, decían que era culpa del Gobierno, del propio presidente Aznar, y que era su responsabilidad, la del Gobierno anterior, porque no era capaz de
poner en marcha una ley que solucionase este problema; y ustedes han puesto en marcha esta ley y no ha solucionado el problema, y ustedes siguen sin asumir un ápice de responsabilidad. Así que no venga aquí a hacer demagogia, a hacernos filosofía,
que en todo eso ya coincidimos y ya nos lo sabemos. Yo entiendo que su deformación profesional le lleva aquí a mucha filosofía y a mucha teoría, pero aquí queremos práctica, queremos saber qué se está haciendo con datos y señales. No me remita a
otra comparencia posterior que nunca llega, que así llevamos dos años y pico.
Ustedes mantienen contradicciones permanente, y siento que no me vaya a poder contestar porque se le ha acabado el tiempo de respuesta. (La señora secretaria general de
Políticas de Igualdad
Murillo de la Vega: Creo que me queda un minuto.) No, ha pasado de los siete minutos porque le he controlado el tiempo; a ver si controlamos el tiempo a todo el mundo por igual. Usted decía: en el 2005 han bajado las cifras por el debate
de la ley. ¿Entonces por qué sube en el 2006? ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué no hay debate? ¿Por qué no hay recursos? ¿Por qué? ¿Y por qué no reaccionan? Entonces se felicitaban y decían: qué bien, esto ha dado lugar a que han bajado
no sé cuánto victimas. ¿Por qué no reaccionan ahora y hacen algo? Desde mi punto de vista, sigue siendo un fallo político que las mujeres no denuncien, y sigue siendo un fallo que las mujeres que tienen orden de protección, por pocas que sean,
sigan muriendo a manos de sus asesinos.
Volviendo al plan, si ustedes tras estos dos años no han aprobado el plan, qué han hecho. Nosotros lo de la filosofía y la sensibilidad, ya se comenzó a hacer la pasada legislatura. La orden de protección junto con la orden de alejamiento,
se aprobó en la legislatura pasada. La renta activa de inserción, tres cuarto de lo mismo. Las unidades específicas de policía, se pusieron en marcha en la legislatura pasada y se demuestra que hoy en día, por mucho que ustedes digan que las han
incrementado, son insuficientes, porque las mujeres, por desgracia, siguen falleciendo. Los juzgados están colapsados y están creando más problemas que soluciones.
Algo sí que sabemos que han hecho, y es crear organismos, comisiones, es decir,
repartir cargos que no sabemos de verdad qué eficacia tienen, porque al final usted reconoce que el diagnóstico para elaborar el plan lo tienen que hacer las comunidades autónomas. ¿Pues no se lo habían encargado a la delegada especial? ¿Es que la
delegada es incapaz, después de un año y pico de funcionamiento, de realizar este diagnóstico? Entonces, ¿a qué se dedican? ¿Qué están haciendo? La falta de interés de ese Gobierno ha llevado a que la semana pasada tuviésemos que aprobar una
moción todos los grupos de esta Cámara, a iniciativa de Izquierda Unida, para desde el Parlamente exigirles la puesta en marcha inmediata de este plan, porque es un tema importante, y todo los intervinientes destacaron, todos los de la oposición
destacamos que esta ley se está desarrollando insuficientemente, especialmente en la parte más sensible y más importante de la misma, que es la sensibilización y la protección de la víctimas, este título I. Y siguen ustedes demorando la presentación
del mismo, pero el ministro dice: si no pasa nada, está casi todo puesto en marcha o empezado a ponerse en marcha, quitando el plan. Oiga, es que sin el plan no se puede desarrollar la parte de la publicidad discriminatoria, no se puede
desarrollar toda la parte de sensibilización, es la más importante. Claro, la sensibilidad y la falta de conocimiento de esta ley por parte del ministro demuestra que pueda realizar este tipo de declaraciones y el ministro sigue retrasando el plan.
Las fechas sobre la puesta en marcha de este plan han variado a lo largo de los últimos meses. Tanto usted como la delegada han ido pasando de una cifra a otra cada vez que pasaban los meses. Ahora me gustaría que se comprometiese en esta Comisión
a decirnos para cuándo el plan, por fin cuándo vamos a tener este plan, porque ya no nos fiamos si va a terminar la legislatura con plan o sin plan, es decir, si vamos a seguir sin tener en marcha toda esta parte tan importante. Quiero también
saber qué presupuesto y qué memoria económica va a tener este plan, porque así se comprometieron a hacerlo, y qué problemas se han encontrado; es decir, ¿por qué no tenemos plan todavía? ¿Qué problemas han encontrado para la elaboración del mismo?
¿Por qué desde que se puso en marcha la Comisión, aquel 13 abril, ahora tienen que circunscribirlo a una comisión en el seno del observatorio que se pone en macha el 28 junio? ¿Estamos perdiendo el tiempo o a qué nos estamos dedicando? Porque del
13 de abril a junio creo que no se ha hecho nada cuando se pasa dando bandazos de un sitio a otro. ¿A qué se ha dedicado, otra vez le repito, la delegada, que era la impulsora de este plan?
Para terminar, quiero decirle que ustedes no están reaccionando. Desde el Grupo Parlamentario Popular les hemos dicho, y les insistimos, que reaccionen, que no se conformen con lo que está pasando, que se pongan a trabajar en este plan y en
el desarrollo general de esta ley.
Evidentemente, el desarrollo de esta ley daba muchos trabajo, eso ya lo sabíamos todos, que iba a ser muy costoso de aplicar, que iba a dar mucho trabajo, pero es su obligación, y además para eso usted se ha
rodeado de un equipo inmenso de personas que le pueden ayudar a trabajar, porque cada vez, insisto, creamos más organismos para la puesta en marcha de esta ley. Porque, señoría, el compromiso con la igualdad no se cumple, y lo reiteramos una vez
más, con la aprobación de una ley, sino con un trabajo diario y eficaz en el desarrollo de la misma.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señora Camarero, me gustaría saber si me está pidiendo una ampliación de los tiempos.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Le estoy diciendo que he medido el tiempo y que la secretaria general...
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): No me refiero a eso, sino que como está formulando a la compareciente infinidad de preguntas, y además esta con cierto tono de exigencia, me pregunto si lo que está pidiendo a la Mesa es que
ampliemos o modifiquemos el tiempo. Entonces, si me lo permiten, les avisaré a ambos lados del banco cuando llevan cinco minutos de intervención.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora presidenta, tampoco me ha dado a mí tiempo anteriormente para contestar las declaraciones de la secretaria general. Seguro que por escrito me podrá contestar a estas preguntas, como ha hecho otras veces.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Bien, pues que quede así formulado y así constará en el 'Diario de Sesiones'. Lo que me parece una descortesía es formular preguntas sin tiempo para responder. Si usted quiere que lo haga por
escrito...
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora presidenta, yo estaría de acuerdo con que la secretaria general me respondiese si yo tuviese después tiempo asimismo, porque si no, me va a contestar cosas que yo no voy a poder replicarle, con lo cual no
acepto ese tiempo de más.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Queda clarísima su actitud y su posición.
-FUNCIONES Y ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA DELEGADA ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA. (Número de expediente Congreso 181/001424 y número de expediente Senado 683/000067.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): La pregunta número 11 la va a formular la diputada señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Señora secretaria general, hemos formulado esta pregunta porque aunque sabemos efectivamente cuáles son las funciones, ya que vienen detalladas, como no podía ser menos, en el Real Decreto 237/ 2005, lo que no
sabemos es cuál ha sido la actividad que ha desarrollado la delegada del Gobierno a casi ya un año y medio de su nombramiento. En efecto, buceando en la prensa, en la página web del ministerio en el apartado que hace referencia al departamento, en
Internet y en todos aquellos foros que podían servirnos de fuentes de información, pues no hemos encontrado absolutamente nada, digo bien, señora secretaria general, absolutamente nada, tan solo una enumeración del elenco de las competencias que le
atribuye el real decreto y una pequeña nota sobre su presencia en el foro que sobre la violencia de género se ha celebrado estos días atrás en Colombia. También una entrevista que le hace a la delegada del Gobierno el diario El Mundo en junio de
este año, y en la que, perdóneme, no dice nada, tampoco nada, sobre las actividades de su departamento, sobre las actividades que está realizado o sobre las que piensa poner en práctica. Ante esta laguna informativas, y lógicamente extrañadas por
esta total ausencia de información, no hemos dudado en venir a formularle esta pregunta de cuáles han sido las actividades desarrolladas como delegada especial contra la violencia de género.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señora Murillo, cuando quiera.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Con respecto a la actividad y funciones desarrolladas por la delegación especial de Gobierno contra la violencia sobre la Mujer, le paso a informar de las que tiene
en estos momentos. Como usted dice que conoce el real decreto, no voy a referirme al real decreto porque ya lo conoce. En lo que estamos trabajando en estos momentos, que forma parte de las actividades que tiene encomendadas, es la elaboración de
protocolos de actuación para que se garanticen las actuaciones y procedimientos de prevención, asistencia y persecución de actos de violencia de género. Estamos trabajando directamente con administraciones sanitarias, con la Administración de
Justicia, con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con los servicios sociales y con organismo de igualdad también, porque evidentemente el Plan de sensibilización, por ejemplo, tiene entre sus cometidos establecer campañas, redes y compromisos para
identificar la violencia y esperar que las mujeres tampoco la minimicen y se pongan a salvo. Pero evidentemente también cuando digo que se está trabajando con organismo de igualdad, es porque el Instituto de la Mujer de manera continuada ha
establecido campañas de sensibilización, también una exposición, de la cual me siento especialmente orgullosa, que fue la que se expuso en el Círculo de Bellas Artes, donde las actrices colaboraron para sensibilizar a las personas. Hemos trabajado
también en aquellos lugares que han sido tradicionalmente masculinizados, como el ámbito de los deportes, el fútbol especialmente, teniendo además relación con el Consejo Superior de Deportes, donde estamos tratando que las mujeres lleguen a los
centros de decisión para que implementen nuestras políticas de igualdad y erradicación de la violencia de género. Por tanto, la delegada del Gobierno trabaja constantemente y en relación con la directora del Instituto de la Mujer. Tengo que decir
que en eso me siento especialmente orgullosa, somos un equipo absolutamente dispuesto, engrasado, con los medios necesarios para trabajar en este sentido.
Colaboramos, y en esto la delegación del Gobierno lo hace de manera prioritaria, como la
directora del Instituto de la Mujer lo hace con los organismos de igualdad, con las comunidades autónomas y con las entidades locales, para elaborar un diagnóstico conjunto sobre la violencia de género. En este sentido, estamos trabajando en la
homologación de indicadores, y para trabajar con la homologación de indicadores, como bien sabe usted, necesitamos un diagnóstico y una valoración de las comunidades autónomas, y eso nos lo plantean siempre que vamos a foros internacionales,
especialmente en la última CEDAO en la que participó España como Gobierno. Las comunidades autónomas tienen una particular forma de medir la violencia de género, como es lógico por la idiosincrasia que cada una considera necesaria en la elaboración
de sus ítem. Lo importante en esto es que contamos con un recurso, que ha sido la última macroencuesta con respecto a la violencia de género, en la que hemos participado
también la delegación especial del Gobierno, el Instituto de la Mujer y la Secretaria General de Políticas de Igualdad; una macroencuesta que se pasa a todas las comunidades autónomas y sobre la que informaremos en la comparencia que tengo
prevista, la que he solicitado aquí para hablar de la aplicación de la ley y también de la macroencuesta.
Estamos promoviendo la participación con entidades y asociaciones de la propia sociedad civil que luchan contra la violencia de género.
Estamos trabajando en la responsabilidad social corporativa para que las mujeres víctimas de violencia de género formen parte de lo que son los programas de la responsabilidad social corporativa, en cuanto a los programas que tenemos con La
Caixa y los que estamos estableciendo con centros comerciales de amplio nivel y tamaño. Estamos trabajando en los foros internacionales, especialmente con Alemania, Inglaterra y Holanda, sobre la responsabilidad social corporativa. Participamos en
actividades relacionadas con informes requeridos en diferentes organizaciones internacionales. Para mí es un auténtico orgullo, porque eso es verdaderamente lo que pone encima de la mesa cuál es el pulso y la valoración que tienen de ti los
organismos internacionales, que en todos los ámbitos donde hemos hablado de la Ley integral con respecto a la violencia de género nos han felicitado, porque hay leyes que trabajan fundamentalmente en la parte penal, la parte más punitiva del ámbito
normativo, y esta ley es muy integral. En los ámbitos internaciones estamos haciendo difusión de la ley a efectos de que se implante en el resto de los países. Cuando hemos trabajado con países como Rumania, cuando hemos trabajado para implementar
los planes de igualdad, los organismo de igualdad, hemos trabajado violencia de género, y ha sido la delegada especial del Gobierno, junto con la directora del Instituto de la Mujer, quien ha puesto en marcha este tema. El Instituto Nacional de
Estadística está trabajando a efectos de difundir las estadísticas absolutamente adecuadas en cuanto a los ítem basados en la diferencia de sexo. Es decir, estamos ejerciendo funciones en lo que nos corresponde ejercer funciones. Se ha personado
directamente en juicios con respecto a esta materia. Hemos participado en cursos, jornadas y seminarios, y aquí estamos trabajando fundamentalmente para explicar cómo aplicar la ley, es decir, no solo estamos haciendo una labor credencial, de
identidad, sino trabajando en cómo aplicar la ley implicando a la abogacía, fiscalía -ahí tenemos a la fiscal especial de sala-, jueces. La delegación especial del Gobierno está trabajando también con la Secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Familia y Discapacidad, con un servicio de teleasistencia móvil, que para mí es uno de los principales éxitos de la ley para las víctimas de violencia de género. Estamos trabajando protocolos, lo estamos haciendo ya, están ahí, y por eso quiero
decirles lo que estamos haciendo en toda la ley, porque tienen una idea muy parcial, y yo no estoy de acuerdo con la señora Camarero. No sé por qué en esta ley tenemos que juzgarlo por las víctimas y en el resto de las leyes no. Si aceptamos esa
diferencia estamos perdiendo absolutamente la batalla, y si es un ajuste de cuentas, que me lo digan. Servicios de cursos, jornadas, seminarios y además el Plan estratégico de ciudadanía e integración con los servicios sociales y familia. Estamos
trabajando con las mujeres con discapacidad, con las políticas activas de empleo, con las ayudas económicas, con la personación, como he dicho anteriormente, en todos aquellos procesos judiciales que interesaba darle ese relieve para que la delegada
especial tuviera en ese momento una información directa y personificada. Con la Administración General del Estado, formando por primera vez, por primera vez, señoría, en toda la Administración General del Estado para formar parte de la Función
pública, a los funcionarios y funcionarias en ámbitos de igualdad. El Observatorio de violencia de género, el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, estamos verdaderamente trabajando en todos los frentes. No está en la página web, no es el
sitio, tiene que estar en un sitio como este y en comparencia, como he solicitado.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Bueno, es que ya de verdad me he perdido, porque es que estamos trabajando, estábamos haciendo... Señora secretaria general, mire, nosotros no dudamos de sus buenas intenciones y de su compromiso con esta
causa, en la que todas estamos de acuerdo, absolutamente. Yo no dudo de que usted en el cargo que ocupa tenga una estrategia, tenga una forma de trabajar, tenga unas ambiciones sobre esta causa, las mismas que podamos tener todas, por supuesto, de
lo que dudo es de la eficacia real del trabajo que realiza.
Antes de seguir quiero hacer una anotación. Lo que usted ha dicho sobre que medimos la aplicación de la ley por el número de víctimas, no se trata de un ajuste de cuentas, perdóneme; se trata de que no se puede tener una doble vara de
medir, primero como mujer y segundo como político, cuando lo hace un partido político o cuando lo hace otro. No podemos hacer una cosa y cuando estamos en la oposición hacer justamente lo que hemos criticado. Pero cerrando este paréntesis sí le
quiero decir que extraña, extraña mucho que cuando uno entra en Internet y teclea el nombre de la delegada especial del Gobierno contra la violencia de género, no se encuentra con ninguna noticia, la única es un viaje hecho, en el mes de junio creo,
a Bolivia, a un foro al que han asistido ustedes. Me alegra mucho que sean un equipo de amiga. (La señora secretaria general de Políticas de Igualdad, Murillo de la Vega: No, no es eso.) Creo que dentro del trabajo conjunto debe reinar un buen
clima de amistad, pero es que además tenemos que ser eficaces. No dudo que todas estamos trabajando en lo mismo, pero lo que sí pongo en cuestión es la eficacia
de esos trabajos, es que esos trabajos tengan nombre y apellido y se evalúen y den una serie de resultados, lentamente, nadie con sensatez pide que este problema se resuelva en dos días. Pero mire, la ley asigna como funciones a la delegada
del Gobierno: diseño, elaboración y seguimiento de planes de acción contra la violencia de género, algo muy genérico; pero tenemos algo muy concreto, que es el Plan de sensibilización al que se ha referido mi compañera Susana. El Plan de
sensibilización que era fundamental ya tenía que estar en marcha, ya tenía que estar ejecutándose, y no lo está. Yo, cuando me pregunto por qué no lo está, me imagino que a lo mejor es que ustedes no tienen medios. Por tanto, también es
responsabilidad del Gobierno dotar de medios suficientes, y si son escasos, ustedes, socialistas, mujeres socialistas, son las primeras obligadas y las primeras responsables en exigir de su Gobierno que se les dote de más medios.
En segundo lugar, se le asigna también como función la aplicación del principio de transversalidad en las medidas destinadas a luchar contra las diferentes formas de violencia. Eso es algo también muy genérico, porque tenemos que estar
trabajando, por supuesto, en la aplicación del principio de transversalidad. Pero, por ejemplo, una noticia que ha salido hace poco de un informe de Naciones Unidas, más del 50 por ciento de los casos de violencia de género tienen como causa el
consumo de alcohol. (Rumores.) Yo creo que nadie pone en duda esa conclusión del informe de Naciones Unidas, lo sabemos perfectamente. ¿Por qué no hacemos campañas que liguen el consumo de alcohol con la violencia de género? (Rumores.) Yo no he
visto ninguna, a la mejor la hay, pero yo no la he visto. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señorías, por favor.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: No es solamente un anuncio, no es solamente que salga cada equis minutos o equis segundos una publicidad en televisión. Son campañas a fondo, y me refiero al ámbito sanitario, y me refiero al ámbito de ayuda a
hombres que efectivamente son alcohólicos y que no pretenden a lo mejor agredir a su mujer, simplemente es una consecuencia del consumo de alcohol. (Rumores.) Es una medida fundamental. Ya que el porcentaje es tan elevado, es una medida que
debería ocupar muchísimo más tiempo de debate, de propuestas y de ejecución de propuestas en el seno de esa delegación.
En relación con el tema de la educación -mi compañera también habla de la aplicación, por supuesto, del principio de transversalidad en la educación-, en la última encuesta que yo he leído el 76 por ciento de los chicos de educación primaria
considera al padre y al hombre en general superior a la mujer. Me fui al colegio de mi hijo, que cursa quinto de primaria. Le pedí a la directora del colegio que hiciera entre sus alumnos una encuesta para ver si consideran superior al padre o la
madre, y en una determinada clase se le dijo a los niños de quinto de primaria: Los niños que crean que su madre es superior a su padre, que se pongan a este lado. Se pusieron 4 en una clase de 26. Eso se repitió por todas la aulas del colegio y
el porcentaje fue similar, el 80 por ciento. La misma pena que me da a mi le da a usted, estoy segura, pero el 80 por ciento de los niños consideraban que el padre o el hombre era superior a la mujer.
Entonces, es que estamos fallando, estamos
fallando en la aplicación de las políticas, en la aplicación del principio de transversalidad.
En cuanto a las funciones de impulsar y desarrollar medidas de sensibilización y prevención de la violencia de género...
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Vaya concluyendo, señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Ya termino. Nos gustaría saber cuáles han sido las que desde el 15 de abril ha adoptado la delegada del Gobierno, que está nombrada desde el 15 de abril.
Por otro lado, en la formación de los colectivos profesionales que intervienen en la protección de la víctimas, que es otras de la funciones asignada por el real decreto a la delegada del Gobierno, tenemos colectivos y asociaciones de
profesionales que están intentando conseguir del ministerio ayudas para poner en marcha programas dirigidos a la rehabilitación de los maltratadores. Obtienen la callada por respuesta, y eso nos lo han dicho los propios colectivos.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Concluya, señora Sánchez, por favor.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: En el mes de junio más 1.700 condenados por maltrato están sin recibir terapia, o sea, sin rehabilitar. Así que cumplido más de un año de la total entrada en vigor de la Ley contra la violencia de género,
siguen si implantarse los programas de rehabilitación en la mayor parte de España, programas de rehabilitación que efectivamente dan resultado, porque el 80 por ciento de los hombres maltratadores rehabilitados no reinciden, y eso lo sabemos.
Tendría muchas más cosas que decir, pero por desgracia estoy sujeta a los límites del tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Tiene medio minuto, señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Por favor, entre en el informe de la ONU, ya verá cómo está compuesto el equipo de investigación, y además mire en el informe de la ONU cómo se especializan en su
mujer y no pegan a nadie más que a su mujer. Mírelo, el informe de la ONU es muy interesante. El equipo de investigación está muy interesado en considerar la violencia
patología y no desigualdad de poder. Para que el 80 por ciento de las niñas y de los niños consideren a sus padres y a sus madres iguales, hay que empezar por aplicar que las mujeres tienen la misma capacidad de decisión y de estar en los
ejecutivos, en los ejecutivos de los gobiernos. Es una esperanza que yo tengo, la retirada de recursos en aquellas comunidades autónomas donde hay más mujeres que hombres.
-INFORMACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
(Número de expediente Congreso 181/000425 y número de expediente Senado 683/000068.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): La pregunta número 12 la formulará la senadora señora Casado.
La señora CASADO SOBRINO: En primer lugar, y con permiso de la presidenta, me gustaría expresar mi más firme y mi más profundo rechazo a las palabras formuladas por un concejal del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano, unas
palabra machistas y disparatadas que dedicó amablemente, entre comillas, a nuestra compañera. Y permítame decirle que lo hago como mujer y lo hago como castellano-manchega.
Señora Murillo, como no podía ser de otra manera, bienvenida de nueva a esta Comisión. Me gustaría que nos informara acerca de la creación del Observatorio estatal de violencia de género.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señora Murillo, cuando quiera.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Sobre la creación del Observatorio estatal de violencia de género, como sabe, se crea por ley orgánica. Es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, al que corresponden las funciones de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, propuestas de actuación en materia de violencia de género. En ese mismo artículo se establece su
composición, a la que se garantiza una amplia participación de las comunidades autónomas, entidades locales, agentes sociales, asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones de mujeres. De acuerdo con estas exigencias legales, hemos dado
audiencia a un borrador del proyecto de real decreto por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio estatal, ya en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Una vez elaborado el
borrador, fue sometido a la consideración no solo de los ministerios, sino que es preceptivo que también sea sometido a la consideración de comunidades autónomas, Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial. Hemos dado
audiencia, como es preceptivo, a los agentes sociales, organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones de mujeres que trabajan en materia de violencia de género. Del conjunto de observaciones recibidas, y partiendo de los
condicionantes legales, es cuando se elabora el proyecto del real decreto por el que se regula el observatorio. El día 3 de marzo, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 253/2006, por el que se establecen las funciones, el régimen de
funcionamiento y la composición del Observatorio estatal sobre la violencia en la mujer, estamos hablando de marzo. En abril tenemos la primera reunión, en junio tenemos la segunda reunión, agosto no es mes hábil, y ya hemos convocado y tenemos un
grupo de trabajo permanente, es decir, no estamos dilatándolo en absoluto en el tiempo, sino todo lo contrario. Quiero recordar esta fecha para que se tenga en cuenta, es decir, el 3 marzo es cuando el Consejo de Ministros aprueba el observatorio,
en abril se reúne, en junio se reúne, en agosto tenemos ese paro preceptivo también por el propio periodo estival, y después estamos ya a punto de ultimar, pero no de manera particular, sino consensuada con todos los que intervienen, el Plan
estratégico nacional contra la violencia de género.
El observatorio se tiene que encargar, y de hecho lo está haciendo, de cuanta información obre en poder de las instituciones, tanto públicas como privadas. No es un grupo de amigas, como se ha dicho aquí; somos profesionales; la amistad
si viene, bingo, y si no viene, no pasa nada.
Al ámbito sanitario, educativo, judicial y todos aquellos ámbitos que estén implicados en la violencia de género. El observatorio evalúa un impacto de la políticas y medidas que se desarrollen con el
fin de erradicar la violencia de género, y remite al Gobierno y a las comunidades autónomas un informe con periodicidad anual, que todavía no se ha cumplido. Por tanto, el informe no está en página web, porque las primeras personas que tendrían que
saberlo son las implicadas directamente en el ámbito de la violencia de género, y por supuesto con el repertorio de audiencias conforme al prestigio y mantenimiento que tienen dentro de las instituciones.
En la regulación de su composición se contempla una amplia participación en paridad de las instituciones públicas implicadas en la erradicación de la violencia de género. También está convocada la sociedad civil, destacándose la presencia
de organizaciones de mujeres que protagonizan la lucha contra esta lacra. De este modo, se garantiza la imparcialidad del órgano. Además, de la delegada especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, que preside el pleno del
observatorio, está integrado por trece vocales en representación de los agentes sociales, organizaciones y asociaciones cívicas, que incluyen cinco vocales en representación de organizaciones de mujeres de ámbito estatal. Es una proporción
importante que nos parece que amplía el ámbito de cualificación, porque las mujeres y las asociaciones de mujeres movieron precisamente esta ley, junto con el Grupo Socialista, que en el 2002 ya reclamó su implantación.
A las organizaciones de mujeres les corresponderá la vicepresidencia primera del observatorio. Igualmente, hay 12 vocales en representación de las administraciones públicas, ministerios y comunidades autónomas -correspondiendo a estas
últimas la vicepresidencia segunda del observatorio-, la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer, el Consejo General del Poder Judicial, la Federación Española de Municipios y Provincias y dos personas expertas en materia de
violencia de género, a propuesta del pleno del observatorio. Se nos advertía que era una comisión muy amplia, se nos advertía que era un observatorio muy amplio, pero como siempre nos arriesgamos. Igual que nos arriesgamos -y cuando digo riesgo
significa: hagamos las cosas transparentes, hagamos las cosas con eficacia y con responsabilidad- a que hubiera una delegación especial del Gobierno que controlara la aplicación de la ley, además tenemos un observatorio de los más amplios que tiene
este Gobierno. Este observatorio cuenta con una comisión permanente, de composición igualmente paritaria, que vela por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el pleno, con cinco vocales en representación de organizaciones de mujeres. Es
mérito de este Gobierno convalidar la actuación de las comisiones a través de que las cinco vocales de las organizaciones de mujeres están siempre presentes en aquellas comisiones que el observatorio estime oportunas, la comisión permanente es una
de ellas. Por tanto, ¿qué composición tiene la comisión permanente? Las personas que en el pleno representan a los ministerios de Justicia e Interior, que son precisamente aquellos ministerios que tienen un protagonismo importante en la ley en lo
que se refiere a la parte normativa con respecto al agresor; dos personas en representación de comunidades autónomas; un representante de la Federación Española de Municipios; la fiscal de sala; la representante del Consejo General del Poder
Judicial; organizaciones de mujeres, cinco; las dos personas que representan a organizaciones empresariales y sindicatos. He de decir que hemos tenido la vocación de aunar esfuerzos, de hacer un observatorio amplio y de implicar a asociaciones de
mujeres en la más alta proporción.
Funcionamiento del observatorio: trabajará de manera permanente en las actividades que tiene encomendadas y, evidentemente, con esta composición llevará a buen término las actuaciones que tiene que realizar en el
plazo de tiempo que le corresponda.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señora Casado.
La señora CASADO SOBRINO: No le voy a decir nada nuevo. Sabe usted que el Grupo Popular cree profundamente en este observatorio, cree profundamente en este órgano y cree que sus objetivos fundamentales evidentemente son los que ha
descrito, que pueden ser la recogida de datos, que pueden ser el análisis de los mismos y, cómo no, la difusión de esta información que obtenga el observatorio. A este observatorio además le corresponde el asesoramiento, la evaluación, la
colaboración interinstitucional, la elaboración de estudios e informes y, por supuesto, las propuestas de actuación en materia de violencia de género. Como sabe usted, toda ellas son tareas muy importantes. En definitiva, le vuelvo a repetir,
señora Murillo, creemos profundamente en él, creemos en él como instrumento que contribuye a luchar contra la violencia de género y sabe usted que desde este grupo siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando cualquier medida que ayude a acabar con
esta lacra. Sin embargo, hay algo en lo que no estamos de acuerdo respecto a este observatorio y es en la composición que se ha dado al pleno del mismo. Usted ha hecho muchísimo hicanpié en la composición de este pleno y habla de amplitud, habla
de intento de aunar voluntades y criterios. A nuestro juicio la verdad es que no se ha respetado el protagonismo que se les debe de conceder a las asociaciones de mujeres. Este órgano, que debe ser un órgano independiente, concede muy poca
representación a las asociaciones de mujeres y eso que incluso ellas han salido protestando, han hecho declaraciones en prensa y tras distintas presiones tan solo les han concedido cinco plazas, cinco vocalías dentro de las trece que corresponden a
los agentes sociales y a las organizaciones y asociaciones cívicas. Usted, señora secretaria general, antes hacía un alarde y una encendidísima defensa de la mujer rural, del asociacionismo rural y hablaba de la necesidad y de la importancia de la
representación de estas asociaciones de mujeres rurales en los ámbitos de mayor importancia. Pues bien, hoy por hoy, estas asociaciones, por ejemplo, de mujeres rurales, no forman parte de ese Observatorio estatal contra la violencia de género y
algunas de ellas incluso han llegado a mostrar su desacuerdo, como le he dicho antes, en público y de manera contundente. Por ejemplo, leo textual, una asociación de mujeres rurales habla de que es indignante e intolerable que la mujeres rurales no
tengan presencia en el observatorio recientemente constituido cuando son ellas precisamente las que sufren la violencia de género en mayor medida y de forma más oculta y más callada y además cuentan con mayores dificultades a la hora de poder
denunciar y de salir de este proceso, que sigue siendo una las mayores lacras sociales de este siglo, y evidentemente -sigue el artículo- siguen protestando por su no presencia en este observatorio.
Señora Murillo, nos da la sensación de que el Gobierno ha querido justificar con estas cinco plazas un supuesto respaldo a estas asociaciones y nos da la sensación de que desde el Gobierno se las apoya de boquilla, pero a la hora de la
verdad, a la hora de darles el protagonismo que se merecen simplemente se las ha intentado conformar con cinco plazas de las trece que componen esta algo menos de la mitad de la composición del pleno de este observatorio. Como ya le digo, han sido
muchas las que han salido criticando esta exigua representación de asociaciones de mujeres en este pleno del observatorio. Señora Murillo, las asociaciones de mujeres que
trabajan desde hace mucho tiempo en contra de este tipo de lacra y en contra de este tipo de violencia deben tener muchísima más representación, porque son ellas las que están más en contacto con la víctimas y porque son ellas las que
conocen mejor la realidad de la mismas, y, por lo tanto, es indispensable y fundamental escuchar su voz dentro de este observatorio. En este sentido, sabe usted que desde mi grupo hemos presentado una proposición no de ley, que se debatirá en el
seno de esta Comisión, en la que planteamos la necesidad de una mayor presencia en este observatorio de las asociaciones de mujeres que trabajan con la mujeres víctimas de la violencia de género. Este observatorio debe tener una composición
multidisciplinar que asegure un buen conocimiento de la problemática sobre la que estamos trabajando y de la que estamos tratando, que asegure que se tenga una suficiente experiencia en el trabajo con estas mujeres víctimas de violencia de género, y
eso evidentemente lo cumplen a rajatabla las asociaciones de mujeres y por ello es imprescindible que en su composición tengan mucha más cabida estas organizaciones de mujeres como agentes sociales que son, expertas, como le digo, en este fenómeno
de la violencia de género, y esto desde luego nos va a garantizar una transparencia total, una independencia total y permitirá analizar perfectamente la incidencia de la acciones puestas en marcha para erradicar la violencia contra esta mujeres.
Por lo demás, sabe usted que seguiremos apoyando, cómo no, cualquier medida que venga a contribuir a luchar contra esta lacra que es la violencia doméstica.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señora Murillo, tiene un minuto y medio.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Gracias por su apoyo al observatorio, me parece magnífico que lo manifieste. Nosotras hubiéramos querido que hubiera doscientas asociaciones de mujeres, por eso
planteamos en la Ley de Igualdad un consejo nacional de participación de la mujer, precisamente para tener más canales. ¿Cuáles han sido los criterios para establecer las cinco vocales en representación de las asociaciones de mujeres? Se lo voy a
contar ahora para que además tenga en cuenta la dificultad que ha supuesto por nuestra parte tener que elegir. Tenían que ser de ámbito estatal; necesariamente tener entre sus objetivos, de acuerdo con sus estatutos, el trabajo respecto a la
materia que nos ocupa, que es la lucha contra la violencia de género. Esto estaba en el real decreto de la formación del observatorio. Se hizo la propuesta de organizaciones de mujeres y hemos valorado fundamentalmente su experiencia en materia de
violencia de género y el ámbito de actuación, que era el ámbito estatal.
Introdujimos la Federación de asociaciones de mujeres separadas y divorciadas, que hasta hoy es el único centro integral contra la violencia de género de carácter integral, no
es la casa de acogida, sino un centro de carácter de integral contra la violencia de género.
Introdujimos la Federación nacional de asociaciones de mujeres para la democracia, que usted conoce muy bien, porque precisamente tiene en sus estatutos la
lucha contra la violencia de género y además recibe una subvención importante del Instituto de la Mujer precisamente porque trabaja en esa dirección y trabaja de manera muy integral y muy multidisciplinar en esa dirección. Introdujimos la Fundación
Mujeres porque evidentemente también lo tiene dentro de sus estatutos. La Federación de mujeres progresistas y también de mujeres juristas, Themis.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Tiene que concluir, señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Es decir, tienen carácter estatal y especialización. ¿Tuvimos muchas críticas? Pues mire, yo no sé, también hemos tenido muchas felicitaciones, porque avalaban
esta composición. Había respecto a alguna asociación alguna diferencia y hemos defendido estas asociaciones que trabajan sobre la violencia de género y que tienen ámbito estatal. En los grupos permanentes están todas las asociaciones de mujeres,
todas, están las mujeres con discapacidad, están las mujeres rurales, es decir, no hemos atomizado. Están en todos los grupos permanentes, van a ser invitadas y además se les planteó cuando nos escribieron: van a ser ustedes invitadas. ¿Que otras
quisieron estar y que no están, incluso quisieran quitar algunas que no eran? Mire, hemos mantenido un criterio que puede ser objetivamente comprobado: ámbito estatal y especialización.
-MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO PARA LAS MUJERES MALTRATADAS QUE SUFREN DISCAPACIDAD. (Número de expediente Congreso 181/001426 y número de expediente Senado 683/000069.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): La última de la preguntas la formula la diputada señora González.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Señora Murillo, con el mayor de los respetos y desde luego con muchísimo cariño me gustaría que usted moderase lo que usted llama entusiasmo. Me gustaría que lo moderase porque me ha hecho sentir mal. Me
recodaba otros tiempos cuando en un colegio cualquier pregunta de un niño suponía una agresión verbal de algunos profesores. Me he sentido así. ¿Cómo ajuste de cuentas? ¿Qué frase es esa? ¿Cómo ha podido caer en la tentación de, fuera de su
tiempo hablar de ajuste de cuentas en la Comisión de la Mujer? ¿Hoy en día ajuste de cuentas? ¿Cómo es eso señora Murillo, cómo es eso? Creo que el espíritu no se debe contagiar y no se debe de traer aquí ese entusiasmo. Aquí necesitamos
serenidad, tranquilidad, ser
apacibles. (Una señora diputada: ¿Qué es esto, una clase de yoga?)
Dicho esto, me van permitir, señorías, una reflexión. Hablar de mujeres discapacitadas y que además sufren malos tratos es hablar de mujeres doblemente azotadas por injusticias sociales. Convendrán, señorías, conmigo que apenas existen
cifras precisas que evidencien cuántas mujeres o cuántas niñas discapacitadas sufren violencia de género o simplemente violencia. Señorías, produce escalofríos pensar cuánta indefensión, cuánta vulnerabilidad existe sin que se dé cobertura de
protección social, la que sería deseable. ¿Se dan cuenta de cuánta miseria se está escondiendo? Creo, señora Murillo, que la autocomplacencia que muestra el Gobierno y que hoy ha mostrado ampliamente usted solo conduce a empeorar la situación de
estas personas que ven atentados sus derechos más fundamentales en la más absoluta de las indefensiones. Reclamo en mi nombre y en nombre del Grupo Popular no más demagogia, no más autocomplacencia con un asunto de tanta gravedad.
Señorías, estamos ante un Gobierno que se llama socialista con una política de mínimos, de propaganda, de frases. Debería este Gobierno situar en lugar prioritario las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad y, por el
contrario, comprobamos que ni siquiera crea la conciencia social ante situaciones tan espeluznantes, y por consiguiente la sociedad ni siquiera percibe la existencia de mujeres o niñas discapacitadas que están padeciendo violencia. En este
maremágnum es reconfortante comprobar como algunas comunidades autónomas han dado pasos. Por ejemplo, la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana sí ha puesto en marcha un programa de lucha contra la violencia de género destinado
a mujeres discapacitadas, sirva de ejemplo para todas nosotras. Y mientras tanto, señora Murillo, los diputados de esta Cámara recibimos respuestas ambiguas o tardías o no recibimos contestación a nuestras iniciativas parlamentarias y, lo que aún
es mas grave, el Consejo de Ministros aprueba los criterios para la distribución de 12 millones de euros entre las comunidades autónomas y la ciudades de Ceuta y Melilla en concepto de ayuda para la puesta en funcionamiento de los servicios de
atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de la mujeres víctimas de violencia de género, pero, señorías, señora Murillo, sin nombrar las mujeres que padecen discapacidad, repito, sin hacer ni siquiera una pequeñita mención a las
mujeres y niñas discapacitadas que sufren violencia. Aquí, señora Murillo, en este tema es donde debería usted mostrar lo que llama entusiasmo y debería mostrar su crítica al Gobierno que hace este reparto. ¿De verdad que no le sonroja que esto
haya sido así o prefieren buscar, como siempre, la respuesta atacando al Partido Popular? Esto ha sido un olvido, señora Murillo y, discúlpeme, un olvido imperdonable. Reproduzco mi pregunta, pero reconozco que son pocas las esperanzas ya en la
respuesta que usted me va a dar. Me gustaría comprobar que la autocrítica suple a la autocomplacencia, el trabajo bien hecho a la demagogia, la eficacia a la dejadez. Creo que estamos ante una preocupación que debería de ser de gran calado y por
consiguiente objeto de un debate más amplio, pero mi tiempo es limitado y bien lo siento.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Cuando quiera tiene el uso de palabra, señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señora González, yo no puedo coincidir con usted en sus sosegadas palabras de que esta ley haya obviado a las víctimas de violencia de género con una discapacidad,
porque la Ley contra la violencia de genero acoge a todas la mujeres bajo cualquier circunstancia. No hemos dicho mujeres inmigrantes, mujeres rurales, mujeres con discapacidad, madres solteras, mujeres que están en situación de desempleo, mujeres
que están divorciadas, mujeres que están pendientes de la pensión alimentaria. No hemos abierto un catálogo, sino que hemos, de manera omnicompresiva, establecido la relación. Si usted no lo entiende así, si usted cree que esta ley no para va las
mujeres con discapacidad, creemos que merece una lectura más acorde. La omisión significa que están incluidas en la ley, como en la Ley de Igualdad. En la Ley de Igualdad tampoco hemos abierto el catálogo de mujeres inmigrantes, con discapacidad,
madres solteras...
No hemos abierto catálogos. La norma beneficia a todas las mujeres de manera inclusiva. Además, a nosotros nos interesa tanto este tema que tenemos una Secretaría de Estado de Familias y Discapacidad, es decir, hemos nombrado a
una persona con un cargo político sobre esta materia y con estas competencias. Pero la Ley orgánica del 28 de diciembre, insisto, señora González, incluye a todas las mujeres víctimas de violencia de género. Si usted quiere hacer de un tema
omnicompresivo una omisión, es un asunto completamente suyo y obedece a su interpretación.
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, contempla en su artículo 3 como beneficiarios a las personas preferentes que son víctimas de violencia
de género, pero añade, ahí sí, en el desarrollo de la ley sí, ahí sí: personas con discapacidad y sus familias. En lo que respecta el acceso de las mujeres discapacitadas a la información sobre la violencia de género, se garantiza dicho acceso
adecuando diversos canales de información a las especialidades de este colectivo. También son un colectivo, evidentemente que sí. La página web del Instituto de la Mujer está pensada, no es de hace dos días, para que la información que en ella se
recoge pueda ser utilizada por cualquier persona sin limitación alguna por razón de discapacidad. Así, esta página web ha superado la validación del test de accesibilidad, herramienta de trabajo creada para el análisis de la información del grado
de accesibilidad que presentan las páginas web. Yo he tenido entrevistas continuadas con
la Asociación Cermi y con las mujeres que son bilingües en el sentido de sordas para trabajar las herramientas y los materiales, y ellas han confesado muchas veces que el gran problema es como en el caso de otras mujeres que no denuncian, es
decir, que las relaciones sentimentales tienen una relación de dependencia. El problema es que yo no estoy atacando a nadie. Aquí se ha sacado lo que hizo otro partido, yo no he sacado en absoluto eso, aquí se ha sacado que el número de muertes
valora y evalúa la ley y a mí me parece una falta de responsabilidad enorme, señora González. En ese sentido, para mí lo importante es que sepan cómo estamos trabajando. Yo no estoy complacida en absoluto, no es complacencia y desde luego cuando
se está trabajando muchísimo y están todas la instituciones implicadas y se pone en duda un aspecto diferencial de la ley debilitando el proyecto de norma para que la mujeres se inhiban, pues sí, pongo entusiasmo, lo siento. El problema no es para
mí solamente un problema a tratar, sino un problema que vivo a diario, como lo viven ustedes, no me lo apropio, lo vivimos todas, y en esta Comisión mixta se puede jugar fuerte y a póquer, porque tenemos que ser responsables también de lo que
significa la violencia de género y lo que conlleva de igualdad de oportunidades para erradicarla. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuenta con un teléfono 24 horas de alcance nacional para mujeres bilingües sordas, con el fin de informar
a las mismas acerca de aspectos jurídicos. Se ha elaborado un material informativo de sensibilización. Esto lo viene haciendo el Instituto de la Mujer desde hace años. El Instituto de la Mujer, le recuerdo, tiene una labor importante y los
organismos de igualdad fueron impulsados por el Gobierno socialista en el año 1983. Tenemos una guía de salud sobre violencia sobre las mujeres, tenemos una guía de salud sobre la mujeres con discapacidad. Se crea en el Ministerio de Sanidad y
Consumo e, insisto, la transversalidad es lo único que nos puede acreditar como ciudadanas y no como un sector a proteger. Hay que ir a proteger derechos y no a proteger solo invalidaciones. En el Ministerio de Sanidad y Consumo tenemos un
organismo para abordar la relación entre salud y género. El Observatorio de salud de la mujer de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Comisión contra la violencia de género en el propio Consejo Interterritorial del Sistema de
Salud cuentan con las mujeres con discapacidad. Hay la aprobación de un Plan de acción para las mujeres con discapacidad. La puesta en marcha de un observatorio estatal, del nuestro, como órgano colegiado, en toda la actuación considera de
especial importancia a las mujeres con discapacidad. También le digo que lo que he sostenido siempre con Ley de Igualdad. En el observatorio hemos establecido actuaciones preferentes para las mujeres que tengan algún tipo de discapacidad, pero con
la Ley de Igualdad hemos mantenido también otro criterio. Igual que estamos planteando que en todas las organizaciones haya mujeres, que en los puestos de responsabilidad existan mujeres y que no se hable de cuota sino de representación y
democratización, tendrá que convenir conmigo que muchas asociaciones que trabajan con la discapacidad tienen poca representación femenina. Tendrá que convenir conmigo que todo que lo signifique trabajo protegido, incluso la Lismi, también requiere
una lectura desde la perspectiva de género. No se trata de abrir una instancia para que estén, porque están, porque la ley lo tiene de manera inclusiva. Se trata de que verdaderamente todo lo que conlleve discapacidad de las mujeres no se
sectorialice, sino que en aquellos órganos de decisión, de actuación, de elaboración de programas, de materiales y de documentos de referencia, estén la mujeres. Se trata de que en el empleo protegido se defienda también la entrada de mujeres y de
hombres, y eso lo hemos hecho con el diálogo social, desde el área de igualdad y en el área de empleo del Ministerio de Trabajo y es inédito, no se había hecho hasta el momento.
En el observatorio estatal, insisto, se está precisamente en estos
grupos de trabajo permanentemente estableciendo la especial dificultad que tienen las mujeres discapacitadas. Yo creo que las mujeres discapacitadas, con la cuales he trabajado en el año 1985, tienen unos enormes recursos que no se han puesto en
conocimiento. Es decir, creo que hay que hablar no solamente de las dificultades, sino de los enormes recursos que tienen las mujeres con discapacidad, porque en la mayoría de ocasiones, y usted lo sabe muy bien, señora González, están solas,
mientras que los hombres con discapacidad tienen siempre a una persona y una red de mujeres que cuidan de ellos.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Tiene que concluir, señora Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Las mujeres con discapacidad adquirida o congénita están solas.
Fomentemos la presencia de mujeres discapacitadas en aquellas asociaciones que están en los foros
de discapacidad internacionales y nacionales y fomentemos también que el empleo protegido y la Lismi tengan perspectiva de género, que es lo que tienen que tener. Por nuestra parte la ley es inclusiva. ¿Que usted quisiera un catálogo? Mire, eso
pierde eficacia a efectos jurídicos, por eso no abrimos un catálogo, ni discapacitadas, ni madres solteras, ni mujeres inmigrantes. No abrimos el catálogo, pierde eficacia a efectos jurídicos y de vinculación con la norma. Tenemos una parte
competente que está dentro del propio Ministerio de Trabajo y un pleno específico para la mujeres con discapacidad, y añadamos también las mujeres que con muchos recursos personales que se ponen encima de la mesa están consideradas mujeres con
alguna discapacidad, desde esa perspectiva de género, de igualdad de trato y de consideración, en lo que estoy segura que coincide usted conmigo porque trabaja en la misma dirección.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Señora González.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Señora Murillo, creo que se está equivocando o no ha entendido mi intervención. Yo no he hablado de catálogos, solo usted ha hablado de catálogos. Yo he hablado de mujeres maltratadas con discapacidad y sabe
que las mujeres maltratadas y que además sufren discapacidad tienen que tener un tratamiento distinto. ¿Cómo van a oír las campañas en los medios audiovisuales las mujeres sordas? ¿Cómo van a ver la propaganda la mujeres ciegas? ¿Cómo puede
acudir hasta una comisaría una mujer discapacitada que no tiene opción de movilidad? Claro que hay que hacer distinciones en la ley y en todos los programas con el tema de mujeres discapacitadas, claro que sí. Me gustaría que analizase el grado de
autocomplacia de su intervención leyéndola luego. Lamento, señora Murillo, sus respuestas, que desde luego no me dan satisfacción, no la deseada, y no es porque a mí me la dé; es que me gustaría que su respuesta diese satisfacción a todas las
mujeres que sufren violencia y que además son discapacitadas. Lamento las afirmaciones que no son apropiadas y mucho menos en esta Comisión, lo lamento profundamente. Y, señora Murillo, hay símiles que no se deberían utilizar. No se puede hablar
de jugar al póquer, porque en este juego se está jugando la vida de alguien.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Agotado el orden del día...
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Con permiso de la presidenta, me hago eco de una petición de Esquerra Republicana, que ahora no está aquí, que nos parecía bien, que es elevar a la Mesa la propuesta de un acto de condena hacia el asesinato
de Safia Ama Jan, que era la directora provincial para Asuntos de la Mujer en Kandahar, Afganistán, y que ha sido asesinada hace tres días. Aunque la compañera Rosa Bonàs no está, creo que todos hemos visto como una buena idea, que al menos esa
Comisión haga un nota de condena a este asesinado y de preocupación por la situación de las mujeres en Afganistán.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Esta Mesa tiene conocimiento de ese documento, no lo hemos puesto de manifiesto precisamente porque no estaba la proponente, pero si lo asume como tal el Grupo Socialista, lo someto a la decisión
de resto de los grupos parlamentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): No está la portavoz del Grupo Popular. Tendremos que esperar.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): ¿No está la señora Camarero?
La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Ha salido un momentito.
Habría que esperar.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): En cualquier caso, como la propuesta es elevarlo a la Mesa del Congreso, creo que no hay ningún inconveniente en que los grupos parlamentarios lo propongan a la misma.
¿Tenemos que suspender la
sesión? Es un asunto que no está ni siquiera en el orden del día.
La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Efectivamente, no esta en el orden del día, con lo cual no puede tomarse una decisión sin oír al resto de los portavoces.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Bueno, no importa, porque si el acuerdo no lo toma la Comisión, se puede hablar con los portavoces.
La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): No está en el orden del día.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Lo aplazamos, lo dejamos para los portavoces porque me parece lógico.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Yo no he propuesto el tema a la Comisión en primer lugar porque no está el grupo parlamentario que lo ha suscrito y además no está en el orden del día. Por tanto, si el Grupo Parlamentario
Socialista lo asume como propio, se hace una ronda. Ante la ausencia del resto de parlamentarios yo propongo que lo dejemos sobre la mesa y que los grupos parlamentarios lo propongan a la Mesa del Congreso.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: De acuerdo.
Una última cuestión. Como se han condenado aquí a la largo de la mañana las manifestaciones de un concejal de Puertollano, yo quiero sumarme a la condena y matizar que efectivamente tenemos un enfermedad social en este país que sufren
también muchos representantes públicos de todo signo político, que son los exabruptos machistas, cuya cura en ese país y en el mundo, pero estamos en este país, cuya vacuna, yo no conozco otra, es precisamente que la mujeres estemos en paridad, en
igualdad en todos lo cargos públicos, en todas las instituciones públicas y, a la vez y cuanto más podamos, privadas. Cuando esa realidad sea así esa enfermedad de exabruptos machistas seguramente se acabará, tenemos una oportunidad en este
Parlamento dentro de unos meses de aprobar la reforma de ley electoral para eso.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): ¿Algún otro grupo quiere sumarse a esa repulsa? (Pausa.)
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.