DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 63

PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO PERALES PIZARRO

Sesión núm. 9

celebrada el martes, 4 de abril de 2006,

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno a favor del Pazo de Bayón. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente Congreso 161/000992 y número de expediente Senado 663/000038.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

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-Para establecer, con carácter de urgencia, un plan de acción para aumentar la percepción de riesgo ante el creciente consumo de drogas.
(Número de expediente Congreso 161/001387 y número de expediente Senado 663/000057.) ... href='#(Página6)'>(Página 6)


-Para la adopción urgente de medidas preventivas y rehabilitadoras ante el aumento del consumo de drogas y alcohol entre menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 161/001482 y
número de expediente Senado 663/000059.) ...
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-Relativa al impulso de campañas de información para prevenir el consumo de drogas entre los inmigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 161/001498 y número de expediente Senado
663/000061.) ... (Página 13)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-RELATIVA A LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO A FAVOR DEL PAZO DE BAYÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente Congreso 161/000992 y número de expediente Senado 663/000038.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión de la Comisión. Hemos acordado, en la Mesa una duración máxima total de diez minutos por cada intervención y esperamos votar entre las doce y las doce y cuarto.



Iniciamos la primera proposición no de ley, relativa a las medidas a adoptar por Gobierno a favor del Pazo de Bayón. Tiene la palabra la diputada doña María Dolores Pan.



La señora PAN VÁZQUEZ: Hace ahora ya más de tres meses que mi grupo, el Grupo Popular, al que yo representé entonces, al igual que hoy mismo, le dirigía al Gobierno una pregunta oral en esta Comisión mixta en relación con el tema que hoy
nos vuelve a ocupar, el Pazo de Bayón. En aquel momento, el argumento del representante del Gobierno fue que la administración judicial no había cesado en sus funciones, que no se habían puesto todavía a disposición de la mesa de coordinación de
adjudicaciones las sociedades incautadas y el propio Pazo de Bayón. Nos informaba asimismo que habían realizado diversas gestiones para su puesta a disposición y parecía un poco preocupado por el hecho de que criticáramos la inactividad del
Gobierno en materia tan importante y que atañe de forma tan preocupante a los ciudadanos, sobre todos a los de mi Comunidad Autónoma, Galicia. No nos pareció a mi grupo ni a mí personalmente una respuesta aceptable por una persona que llevaba ya
dos años en el Gobierno, no nos pareció, la verdad, una respuesta que fuera de recibo. Fue una respuesta lamentable en un Gobierno que, tras prometer mejoras con el traslado al Ministerio de Sanidad y Consumo de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional de Drogas está demostrando día a día que después de dos años hay una absoluta incapacidad y una despreocupación por un área que sí preocupa a los ciudadanos, porque son los que los que lo sufren en sus propias carnes, en las de sus
familias y en las de sus hijos, y que, por supuesto, siempre ha preocupado al Partido Popular. Por lo visto, a día de hoy seguimos esperando o se sigue esperando en el Ministerio de Sanidad y Consumo que se resuelva un trámite administrativo. Se
sigue esperando la llegada de un papel que posibilite que el gran símbolo del narcopelotazo en Galicia y yo creo que en toda España revierta de alguna manera en beneficio de aquellos a los que se les arrebató la juventud, la salud y la propia vida
en muchas ocasiones, de aquellos que cayeron en las engañosas redes de la droga.



El Gobierno, nos decían, necesitaba algunas aclaraciones en relación con la sentencia -que ya la hay, y se lo recordé hace más de tres meses al representante del Gobierno- de decomiso y de adjudicación al Estado de las sociedades y de la
propia finca denominada Pazo de Bayón. Se han realizado ya algunas auditorías de las cuentas y además informes complementarios. Entendemos que no hay ninguna razón para que el Gobierno no agilice esta situación y ponga solución a este problema,
porque lo que sí es real y no es mera acción propagandística ni de márquetin, que tanto gusta al PSOE por otra parte, es que a fecha de abril de 2006, tras más de dos años de gestión socialista, tras más de año y medio de haber sido dictada la
sentencia de decomiso y tras más de tres meses de la respuesta dada a esta Comisión y que presuponía que inmediatamente se pondría solución a este asunto, el Ministerio de Sanidad y la propia ministra siguen enfrascados en otros asuntos sin dedicar
prácticamente nada de su tiempo a un grave problema como es el de las drogas. Al actual Gobierno no le interesan los problemas de los ciudadanos. Están absortos en otros jardines en los que nadie les ha pedido que entraran y que están generando
problemas en lugar de procurando soluciones a los mismos. Aquí lo que


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pedimos, como lo hace la mayoría de la sociedad, es solución a los problemas. Le pedimos al Ejecutivo soluciones, que se enteren de una vez que han sido puestos ahí por los ciudadanos para resolver sus problemas, y este, el del Pazo de
Bayón, no es tan complicado. El Gobierno del Partido Popular les ha dejado la herramienta para solucionarlo, ha dejado aprobada la Ley 17/2003, que regula el fondo de bines decomisados y que permite que estos puedan destinarse a programas de
prevención, a la investigación y a la persecución de los delitos. Además, tienen ya una sentencia dictada y declarada firme. Por lo tanto, sus manidos argumentos, tras más de dos años de responsabilidad de Gobierno, no les sirven ya. Ahora no se
dediquen a culpar ustedes ni nadie a los funcionarios ni a otros del inexplicable retraso en la toma de decisiones. De vez en cuando, la prensa, la prensa gallega al menos, se hace eco de lo que está aconteciendo en el Pazo de Bayón. Se ha
incrementado la producción de vino en esta explotación vitivinícola; de vez en cuando también aparece en la prensa que hay una afectación por plagas del propio viñedo. En fin, no sabemos claramente qué es lo que está pasando y qué se está buscando
con el mantenimiento de esta situación. Entendemos, por tanto, que la subasta pública y abierta de la gestión del Pazo Bayón, además de transparente, será un ejemplo y un modelo para quienes se ponen al margen de la ley. Además, pondrá en pie de
igualdad a todo el que quiera hacerse cargo de la explotación de sus viñedos. Los fondos obtenidos por ello deben destinarse a Galicia para su utilización en programas y políticas de prevención y reinserción, ya que fueron los gallegos los más
perjudicados por las actividades ilícitas que en este pazo se urdieron.



La mesa de coordinación de adjudicaciones, junto con la Xunta de Galicia, debe establecer convenios que favorezcan el empleo de los drogodependientes, por ser el trabajo la mejor inserción sociolaboral que ha de darse a cualquier persona, y
máxime a aquellas que están en situación de exclusión social, como son los propios drogodependientes.
Galicia entera exige respuestas ya, sin más demoras. Es obligado que este símbolo del narcopelotazo pase, como dije antes, a revertir beneficios
a los damnificados y a integrar social y laboralmente a los perjudicados.
Es hora de que los jóvenes, los niños y toda la sociedad actual vean cómo terminan los bienes que se incautaron con motivo de algunos famosos narco pelotazos que distinguían
a otras épocas. El ejemplo de lo que no se debe y no se puede hacer es otra de las razones que deberían animar al Gobierno a ser más diligente, en definitiva, a agilizar este asunto.



No queremos pensar que con esta demora se esté favoreciendo a nadie, pero no es de recibo el trato que se le ha dado a este asunto. Por todo ello es por lo que mi grupo les pide a todos, sin duda concienciados por este problema, que apoyen
la proposición no de ley que hoy les presentamos. No les estamos pidiendo el apoyo para algo que beneficie políticamente a nadie. Les pedimos que se haga justicia y que se beneficie a todos con una proposición no de ley cuuya redacción entendemos
que es neutra y sencilla, sin ningún matiz partidista, que es lo que la sociedad nos demanda y fundamentalmente la sociedad gallega. Creemos que esta proposición no de ley es asumible por todos los grupos políticos sin distinción, ese es nuestro
deseo, y queremos que salga hoy de aquí una voz unánime de llamada para un problema que nos afecta a todos.
Simplemente quiero recordarles que hoy lo que vamos a votar es el texto que paso a leerles: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a, primero, adjudicar en subasta pública y abierta la gestión del Pazo de Bayón; segundo, destinar los fondos resultantes de la adjudicación a las políticas de prevención, tratamiento y reinserción en materia de drogas en la Comunidad Autónoma de
Galicia; y tercero, establecer convenios entre la Xunta de Galicia y la empresa beneficiada de la adjudicación para favorecer al empleabilidad de ex drogodependientes, así como planes de formación para los mismos. Visto que no se han presentado
enmiendas a esta proposición no de ley, aunque hayamos sido firmes en la exposición, queremos entender, como les decía antes, y deseamos que todos los grupos políticos la apoyen.



El señor PRESIDENTE: La diputada señora Couto tiene la palabra para el turno en contra.



La señora COUTO RIVAS: Tratamos hoy un tema que afecta a la sensibilidad y a la memoria: a la sensibilidad de muchas familias y colectivos con familias afectados por la drogadicción y la lacra del narcotráfico, y a la memoria colectiva
entendida como conjunto de acciones, luchas y esfuerzos de asociaciones y grupos políticos para denunciar, frenar y poner fin a unas actividades delictivas que se habían convertido en un estilo de vida donde la ostentación, el lujo y la pérdida de
referentes morales condicionaban la convivencia.



Su señoría ha hecho referencia a la pregunta formulada por el Grupo Popular el 21 de diciembre del año pasado en esta Comisión. No le voy a leer el texto literal de la misma, pero sí le voy a decir que esta pregunta fue contestada
exhaustivamente por el secretario general de Sanidad, señor Martínez Olmos, y siendo esta proposición no de ley anterior a la pregunta que ya le han respondido hace escasas fechas, la lógica de la práctica parlamentaria llevaría a que fuese
retirada, pero como no ha sido así, señoría, entiendo que usted necesita la reiteración de la respuesta que ya conoce para llegar al convencimiento de que estamos abordando una cuestión que está bajo la consideración judicial.
Mi respuesta será
exhaustiva, seguramente no será la correcta para usted, pero se la daremos siguiendo la aplicación de la Ley 17/2003, de 27 de mayo, por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en cuya
exposición de motivos destaca con especial interés la colaboración de los órganos judiciales competentes y la obligación de remitir a la mesa de coordinación de adjudicaciones en un breve plazo de tiempo toda la documentación


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que permitirá apreciar de forma adecuada la situación material o judicial de los bienes desde el momento de la aprehensión hasta su integración en el fondo. En cumplimiento de lo mencionado, el 12 de abril de 2004, la Sala cuarta, de lo
Penal, de la Audiencia Nacional, comunicó a la mesa la sentencia en que se decreta el comiso y la adjudicación al Estado de la finca denominada Pazo de Bayón, junto con otra de menor entidad y cuatro sociedades, dos de las cuales estaban bajo
administración judicial. La actividad de la mesa no se quedó en la mera recepción de documentación, sino que realizó diversos requerimientos a la sala reclamando información sobre la situación de los bienes que deben integrarse en el fondo y sobre
el alcance de la administración judicial. También se realizan gestiones ante los registros mercantiles y de la propiedad. La aprobación de las de cuentas judiciales, previamente auditadas por la Intervención General del Estado, y el cese del
administrador judicial se prevé que tendrán lugar en los próximos meses, momento a partir del cual la mesa podrá hacer efectiva la integración en el fondo de los citados bienes, y este es el momento en qué tendremos que hablar de la gestión de los
mismos, pero no es una labor fácil, pues no estamos hablando solo de un pazo de considerable valor sino también de sociedades y contratos actualmente en vigor, de arrendamiento y de servicios, con una empresa que está gestionando la explotación
vinícola.



Va a ser exhaustiva, señoría, mi respuesta, porque en cuanto a la gestión de los bienes tendremos que ir al artículo 4 de la mencionada ley, que habla sobre el destino de los mismos, y aquí hay dos opciones, una con carácter general, en que
se prevé la enajenación por subasta de estos bienes una vez realizada la correspondiente valoración económica, dejando los supuestos de enajenación directa muy limitados en el caso de bienes inmuebles. La mesa podrá enajenar esos bienes si su valor
no supera los 18 millones de euros correspondiendo la decisión al Consejo de Ministros si la valoración supera esa cantidad. Con carácter excepcional hay otra opción. La ley posibilita la cesión de los bienes del fondo a los destinatarios y
beneficiaros, a su solicitud, para la satisfacción de cualesquiera de las actividades o fines previstos en el artículo 2 de la ley, si bien la naturaleza de estos bienes y su dimensión económica haría improbable la utilización de esta opción.



Respecto al destino de los fondos, el artículo 2 de la ley establece cuáles son ellos: programas de prevención de las toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de ellos, intensificación y mejora de las
actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos a los que se refiere la ley o la cooperación internacional en la materia. Con respecto al procedimiento de distribución por la mesa, la ley establece que los recursos
del fondo se distribuyen de acuerdo con los criterios que anualmente acuerda el Consejo de Ministros, destinándose al menos un 50 por ciento a la realización de programas de prevención de las toxicomanías y a la asistencia de drogodependientes e
inserción social y laboral de estos. No podría entenderse que solo una comunidad autónoma fuera beneficiaria de los bienes procedentes de la sentencia concreta, por lo cual no podemos admitir ese apartado. El dolor de las víctimas que sufrieron el
infierno de la dependencia de las drogas es universal, no puede circunscribirse a una sola comunidad autónoma, como tampoco el tráfico y la existencia de redes organizadas, que no conocen más fronteras que las derivadas de sus propios intereses. La
prevención y la reinserción deben beneficiar por igual a todos los que sufren, independientemente de su origen o de su residencia. No puede haber una estación llamada esperanza para unos cuantos, sino para todos.



Por último, con relación a los posibles convenios entre la Xunta de Galicia y empresa beneficiaria de la posible adjudicación, es obvio que queda fuera de la competencia del Gobierno el establecimiento de este tipo de acuerdos. Compartimos
y sentimos el valor simbólico que representa el pazo en la lucha contra el narcotráfico y la creación de la respuesta popular encarnada en la madres que se levantaron con indignación contra uno de los símbolos que significaba el dolor y la muerte
por los suyos, pero por todas las razones que hemos expuesto, votaremos negativamente a esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, en primer lugar, doña María Olaia Fernández Davila, en nombre del Bloque Nacionalista Gallego, puede hacer uso de la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Voy a posicionarme ante esta proposición no de ley que acaba de defender la señora Pan, fundamentalmente porque está relacionada con la problemática del tráfico de drogas y al mismo tiempo de la drogodependencia
ubicada en Galicia, en una zona tremendamente castigada además por las mafias del narcotráfico, como es la del Salnés.
En ese sentido nos preocupamos en relación con el Pazo de Bayón de las circunstancias actuales, tanto por la gestión de la
explotación vitivinícola como por la forma en que están repercutiendo los beneficios de esa explotación, que por cierto, y creo que se dijo con anterioridad, es la mayor de la zona del Salnés y además con un nivel de calidad muy elevado.



Las propuestas que hace la señora Pan fueron siempre reivindicaciones de las organizaciones sociales relacionadas con la drogodependencia, desde el momento en que surge el problema de la incautación por parte del Estado de las propiedades
del, entre comillas, señor Oubiña, el narcotraficante que en estos momentos aún está en prisión. En ese sentido y dado que las dos partes fundamentales de la propuesta de la señora Pan, como digo, fueron reivindicaciones históricas del movimiento
asociativo en relación con la drogodependencia y también de los grupos políticos en Galicia, concretamente en la provincia de Pontevedra, es por lo que nos interesamos exhaustivamente por este tema, pero hay algunas cuestiones que van a hacer que no
votemos a favor de la propuesta, no tanto porque no estemos de


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acuerdo con lo que dice, sino porque en este momento no sería viable su ejecución por parte del Gobierno.



Aparte de la información que acaba de dar la diputada del Grupo Socialista y la propia respuesta que en su momento dio el Gobierno, según nuestras propias averiguaciones, que yo comentaba al principio, sobre el Pazo de Bayón, efectivamente
en estos momentos está siendo gestionada la explotación vitivinícola por una empresa privada desde el inicio, que es la propia Freixenet; hay una parte de los beneficios de la explotación que por decisión judicial está dirigida al Plan Nacional de
Drogas, con lo cual se cumple ya uno de los objetivos que se hacen en la propuesta y con el que nosotros estamos de acuerdo, que efectivamente los beneficios de este tipo de explotaciones económicas repercutan en políticas orientadas a las personas
con drogodependencia para su inserción y curación al mismo tiempo. Uno de los objetivos se está cumpliendo y el otro no es posible cumplirlo en este momento porque sigue estando pendiente judicialmente, ya que aún no han sido transferidos los
fondos de los bienes en decomiso para que puedan ser puestos, como dice el primer punto de la propuesta, a subasta pública, cuestión que efectivamente entendemos que tiene que darse en su momento, además con toda transparencia. Por ello entendemos
que hasta que no se haga la correspondiente transferencia de los fondos de decomiso para que puedan ponerse en subasta esta no se podría hacer. Esas son las razones que harán que no votemos a favor, porque entendemos que la propuesta no podría ser
ejecutada por el Gobierno.



También queríamos hacer algún comentario sobre alguna de las argumentaciones que ha hecho la señora diputada del Grupo Socialista que no compartimos, y es concretamente aquella que dice que los problemas relacionados con o creados por el
narcotráfico y que por lo tanto se suscitan en toda drogodependencia son problemas universales. Estamos de acuerdo en que son problemas universales, pero tendremos que afrontar ese problema universal desde aquellos lugares concretos en que el
problema se plantea, en ese universo, y el universo del Pazo de Bayón está en una zona de la Comunidad Autónoma de Galicia tremendamente castigada por el narcotráfico, y al mismo tiempo que por el narcotráfico, por la drogodependencia, con
situaciones dramáticas que no es necesario exponer en una Comisión en la que consideramos que todos sus miembros son conocedores de lo que esto representa. Por lo tanto, participando del problema universal de la drogodependencia, no estamos de
acuerdo con que la solución de este problema, ubicado en el Salnés, en Galicia, no se oriente a la política que se tiene que realizar desde esta comunidad autónoma, donde justamente está ubicado el Pazo de Bayón para lograr la financiación y actuar
sobre la drogodependencia, con la inserción laboral y curación de los drogodependientes. Esperamos que en el momento en que el Estado tenga que poner a subasta pública este pazo y esta explotación vitivinícola, esta cuestión sea tenida en cuenta y
que no se dé una consideración universal a aquellos beneficios que pueda aportar la referida explotación, porque no creo que vayamos a distribuir estos beneficios económicos en todo el planeta, y dado que en esa parte del planeta tenemos que ubicar
las soluciones, el Pazo de Bayón está en el Salnés, el Salnés está en Galicia y pensamos que dichos beneficios deben tener una orientación autonómica.



El señor PRESIDENTE: No es obligatorio emplear todo el tiempo en las intervenciones, es un tiempo de referencia. Si no, terminaremos muy tarde; ustedes calculen para las cuatro proposiciones con todo el tiempo.
Tiene la palabra, en
nombre de Convergència i Unió, la senadora Aleixandre.



La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Yo suelo ser breve. Estamos de acuerdo en que sería educativo que las incautaciones revirtieran en la sociedad, en toda la sociedad a la que el narcotráfico perjudicó. La justicia en este país no es rápida
y por lo tanto habitualmente deja de ser justa; cuando llega, a veces, lo afectados ya no están y la mayoría no recuerdan el conflicto. Sabemos que la gestión de los bienes incautados es compleja, así como su adjudicación directa o indirectamente,
por subasta pública.
No creemos que deba revertir solamente en los afectados en Galicia, porque los drogadictos que fueron afectados por este comercio de drogas lo fueron en todo este país, pero sí es cierto que los más perjudicados fueron de esta
comunidad y creemos que en ella debe revertir la mayoría de los fondos. De todos modos, nosotros instamos al Gobierno a que acelere las gestiones de cara a los poderes judiciales y ejecutivos para acabar lo que se inició hace diez años.



Votaremos en contra porque no somos partidarios de la interferencia del Poder Ejecutivo directamente en el Poder Judicial, ya que dicha interferencia atañe a su independencia, que debe ser básica en la democracia. La prevención y la
reinserción deben ser básicos para esta Comisión muy especialmente. Esperamos que con ellas se solucione parte de los problemas que existen. Entendemos que es complejo y largo, pero largo y complejo puede ser poco justo. Por lo tanto, no estamos
de acuerdo en que ya se están haciendo bien las cosas. Creemos que se están haciendo mal, pero no de ahora sino desde hace mucho tiempo, y que la justicia debía haber intervenido antes.



El señor PRESIDENTE: Senador Espasa.



El señor ESPASA I OLIVER: Haciendo caso de su recomendación mi intervención va a ser muy breve. Podríamos estar de acuerdo, y de hecho lo estamos, con el énfasis puesto por la diputada señora Pan en el primer punto de su moción, es decir,
en el efecto ejemplarizante que puede y debe tener la puesta en subasta pública de este bien decomisado cuando se hayan cumplido todos lo requisitos judiciales, como bien nos recordaba la diputada señora Couto. En este punto podríamos estar de
acuerdo, pero no podemos estarlo, y eso condicionará


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nuestro voto no favorable, con los otros dos puntos de su moción. Es evidente que el principal de lo decomisado debe orientarse al tratamiento y a lo que prevé el artículo 2 de la ley tantas veces mencionada, en la propia Galicia y en la
propia comarca, pero hacer de ello un absoluto nos parece del todo punto no razonable y, por lo tanto, con la contundencia con la que está expresado, no podemos votarlo, y mucho menos aún el tercer punto, con esa condición ad futurum de un consorcio
o de un vínculo entre la Xunta y la empresa o las empresas adjudicatarias, en su caso, de lo que decida la mesa de adjudicación del fondo de bienes decomisados. Se ha dicho muy claramente que el administrador judicial no ha cesado aún, por lo
tanto, falta un requisito típico y esencial de carácter judicial para que puedan entrar en funcionamiento las previsiones de la ley. Nosotros creemos que el Gobierno debe estar atento a que no se pierda ni un segundo en la aplicación de lo que
prevé la ley que hemos mencionado anteriormente, pero, lamentándolo mucho, no podemos poner la carreta delante de los bueyes y, señora Pan, no podemos votar su moción del Pazo de Bayón.



-PARA ESTABLECER, CON CARÁCTER DE URGENCIA, UN PLAN DE ACCIÓN PARA AUMENTAR LOS PERCEPCIÓN DE RIESGO ANTE EL CRECIENTE CONSUMO DE DROGAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso
161/001387 y número de expediente Senado 663/000057.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley. Para su defensa tiene la palabra la señora diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco.



La señora VÁZQUEZ BLANCO: Ante de comenzar mi intervención sobre la proposición no de ley que me corresponde defender ante esta Comisión, no sé si pedirle, señor presidente, con toda la benevolencia, cinco minutos de receso para reflexionar
dónde estoy, porque después de cuatro años en esta Cámara representando a Galicia y siendo diputada por Ourense, de alguna forma estoy intentando asimilar el debate anterior de una cuestión que en este Congreso de los Diputados llenó folios y no
precisamente por el Partido Popular sino por el Partido Socialista. Ahora me gustaría hacer una mención muy especial a una ex diputada, doña María Jesús Arrate, que era de Pontevedra, que defendió el Pazo de Bayón cuando era diputada socialista, y
no como hoy, que viene una diputada de Coruña a intentar votar en contra de una cuestión que afecte a Pontevedra, que la diputada en concreto, doña María Jesús, defendía siempre en esta Cámara y sobre la que en algún momento hemos llegado a acuerdos
con ella.
Simplemente, pido que conste en el 'Diario de Sesiones' la mención a la defensa que esa diputada hacía del Pazo de Bayón.



Me gustaría comenzar mi intervención diciendo que sabemos que posiblemente no sea aprobada ninguna de las proposiciones no de ley que hoy traemos aquí, como viene siendo usual en esta Comisión. Nos hartamos de hablar y hablar del problema
de los jóvenes ante el consumo de drogas y de alcohol. Todos los días tenemos informes del ministerio alertando de que cada vez es más creciente el consumo de drogas, pero cada vez vemos la ineptitud de este Gobierno para hacer algo realmente
eficiente y eficaz en la lucha contra las drogas, y cuentan para ello con el amparo de algunos grupos representados en esta Cámara y muy en concreto del Grupo Parlamentario Socialista, que ampara este no hacer nada de este Gobierno.
Seguiremos
trayendo aquí estas proposiciones no de ley, aunque nos las voten todas en contra, pero por lo menos levantaremos la bandera diciendo que queremos para los jóvenes un pasado que intenten olvidar pronto y un futuro que sea lo más reciente para ellos.



Hoy pedimos un plan de acción para aumentar la percepción de riesgo ante el creciente consumo de drogas. No me negarán, señorías, y se lo dice la ONU, que en materia de droga España ocupa el primer lugar mundial en consumo de cocaína,
considerada hasta hace poco una droga al alcance de muy pocos bolsillos, sin embargo, ahora, cualquier persona joven, en un colegio, en una zona de ocio, puede de forma habitual conseguir esta sustancia, así como el hachís o el éxtasis. En España
la adicción a la heroína, aunque ha descendido en los últimos años, afecta a unas 120.000 personas. El consumo de hachís ha aumentado entre los jóvenes, situando a España entre los principales países europeos consumidores. Además, el consumo de
éxtasis también ha aumentado en los últimos tiempos, hasta tal punto que el 2,5 por ciento de la población escolar ha consumido éxtasis en los últimos doces meses. Naciones Unidas estima en 13,3 millones los consumidores de cocaína en todo el
mundo, siendo España, como he dicho anteriormente, el país que va a la cabeza. El 2,6 por ciento de la población española consume cocaína; el 2,1 en el Reino Unido, por ejemplo; o en Francia el 0,3, es decir, cifras muy inferiores a las que
tenemos en España.



Antes estos datos desoladores, y ante este no hacer del Gobierno, con un plan de acción sin presupuesto, con un plan de acción que no lleva ninguna medida, ahora se nos dirá que hay que esperar a que se acabe la ponencia en la que estamos
estudiando...¡Pero cuántos jóvenes van a tener que morir por el consumo de sustancias como drogas o alcohol hasta que aquí se tome la decisión de hacer algo! Por eso instamos al Gobierno a que, con carácter de urgencia, y por eso pusimos carácter de
urgencia, adopte las siguientes medidas. Primero, realizar campañas permanentes, y no de forma ocasional, en los medios de comunicación, y sobre todo en los medios audiovisuales, para alertar a los jóvenes sobre el peligro del consumo de drogas.
Segundo, promover desde la etapa de la educación primaria una formación educativa y de prevención sobre el consumo de drogas. Tercero, trasladar a los jóvenes una información clara y suficiente de las drogas, sus diversos tipos, así como los
gravísimos riesgos que entraña su consumo. Cuarto, incrementar las inspecciones policiales en los lugares de ocio juvenil. Quinto, incrementar la vigilancia policial en las zonas escolares. Sexto, reforzar la política


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presupuestaria de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, que lleva dos años sin aumentar ni un céntimo de euros, cuando en ocho años de Gobierno del Partido Popular, ya que a ustedes les gusta tanto comparar, se incrementó el 73 por
ciento el presupuesto destinado a la lucha contra las drogas. Y por último, establecer un calendario donde la comisión sectorial sobre Drogas se reúna a menos una vez al trimestre con las comunidades autónomas.



Consideramos que esto es un hacer, y lo demás son paradojas de la vida, porque aquí venimos con muy buenas intenciones a hacer elocuentes discursos, no grandes discursos, y después todo se queda en nada. En este momento, si ustedes son
responsables y si realmente creemos en el problema de las drogas y en lo que le está pasando a esta sociedad, deberían de votar en conciencia a favor de esta iniciativa. Nada más.



El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer los turnos de fijación de posición. No hay miembros del Grupo Mixto, por tanto la senadora Aleixandre tiene la palabra.



La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Senadora Vázquez, es difícil no aprobar una proposición no de ley como la suya. Usted ha dicho que aquí no se aprueban nunca sus proporciones no de ley, y algunas veces sí lo conseguimos, no diga que nunca
lo conseguimos. Señoría, sus preocupaciones son las nuestras, sus miedos son los nuestros, y precisamente fue un problema el pedir a esta Comisión que se realizase la ponencia, lo que al final conseguimos, porque, si yo no recuerdo mal, la primera
vez que la propusimos se votó en contra y la perdimos, pero la segunda vez la ganamos todos, porque en este problema todos estamos implicados.



¿Por qué pedimos una ponencia? ¿Porque nosotros no estamos convencidos del riesgo? Yo estoy convencidísima del riesgo. Mi problema y el suyo, y el de todos, es que es la sociedad la que no tiene conciencia del riesgo, es la sociedad la
que está lejos de percibir el riesgo de fumar marihuana, o en el caso del cannabis, de que el cannabis no afecta a los niños y pueden fumarlo sin ningún problema. Ayer decía en la ponencia que tenemos la sensación de que el tabaco mata y el
cannabis cura. Falso totalmente, el tabaco mata y el cannabis también, y entonces necesitamos argumentos técnicos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo un falso progresismo se ha apoderado de toda nuestra sociedad, y quedaba muy bien eso de
fumar porros, era muy progre y muy moderno, y los niños debían fumar porros.
Incluso muchos padres, que en su momento fumaron aquel porro transgresor, ahora creen que sus hijos por qué no. ¿Por qué no? Porque no es lo mismo un porro transgresor
de la época de los años ochenta que el niño que fuma cada día cuatro o cinco porros. No es lo mismo, porque le afectan muchísimo.



Entonces, estoy de acuerdo con que este problema nos afecta a todos, estoy de acuerdo con sus miedos, pero creo que se hizo la ponencia para esto, para obtener datos técnicos, porque los necesitamos, porque a los políticos no nos hacen caso.
Porque usted es del Partido Popular y el solo hecho de que usted diga que la droga es mala, lleva a lo contrario.
No, no, necesitamos que nos lo digan profesores universitarios, que nos lo digan investigadores, que nos lo digan médicos, que nos los
digan psiquiatras, y con estos datos podemos ir a las escuelas, a los centros, y el Plan Nacional puede hacerlos públicos para desterrar de una vez la idea de que el cannabis es bueno, con independencia de que se utilice para curar. Son dos cosas
distintas. Farmacológicamente, posiblemente el cannabinol y sus derivados pueden ser interesantes. Ayer un profesor universitario nos lo explicó perfectamente, creo que muchos de nosotros ya lo conocíamos, pero no importaba, fue explicado de nuevo
por alguien con muchos más conocimientos que nosotros.



Por este motivo no votaremos esta vez a favor, porque estamos totalmente de acuerdo con usted, pero necesitamos argumentos técnicos para sostener que los niños que toman cannabis están destrozándose el cerebro y no lo saben, y desterrar esta
falsa idea de que por un porro no pasa nada. Sí que pasa, es tan malo como el fumar, peor. Nos dieron datos sobre la temperatura de ignición de la materia orgánica, mucho más alta que la del tabaco. Nos dieron datos sobre cómo perjudica a su
sistema respiratorio, pero muy especialmente cómo perjudica a su cerebro, un cerebro inmaduro.
Y yo creo que esto es lo que necesitábamos, una ponencia que nos dé datos para exponerlos en todas las escuelas. Yo después le pediré a usted y a toda
la Cámara que le pida al Gobierno, y si no lo vamos a hacer nosotros personalmente, y espero que ustedes también lo hagan, que lleve a todas las escuelas, a todos los padres esta información técnica, desnuda de problemas políticos, puramente
técnica. Es un problema de salud, vamos a tener niños enfermos, vamos a tener un aumento de la psicosis, un aumento de las paranoias, un aumento de los suicidios en el caso de la coca.
Somos el primer país consumidor de coca de Europa, no es
precisamente algo de lo podamos vanagloriarnos. Entonces les pediremos apoyo a ustedes y a todos los miembros de la Cámara, y esperamos tenerlo. Pero hoy creo que la moción no ha lugar. Esperemos que la ponencia se acabe pronto, yo espero tenerla
antes del próximo curso escolar para que podamos ponerlo delante de los padres y de las escuelas, para que nos hagan caso de una vez, que parece que últimamente no hacen caso a los políticos, y eso no es bueno.



El señor PRESIDENTE: Senador Espasa.



El señor ESPASA I OLIVER: Siguiendo de nuevo sus amables consejos, vamos a ser breves en la intervención, pero no por ello dejar de señalar al menos tres cuestiones. La primera. En su generalidad, los seis puntos de la moción que ha
defendido tan vehementemente la señora Ana Belén Vázquez son perfectamente asumibles y, más allá, incluso votables. Son políticas generales que se practican mejor o peor, que deberían intensificarse, que deberían mantenerse siempre en una buena
articulación de una política de información y prevención del consumo de drogas por cualquier Gobierno.
Por lo tanto, en su abstracción, en su generalidad,


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sería una moción votable. ¿Por qué no la podemos votar? Pues por dos razones, señora diputada. Una es que no creemos que se pueda deducir de la existencia de uno u otro Gobierno, ahora el Gobierno del PSOE, antes, durante ocho años, el
Gobierno del PP, las cifras de consumo social de drogas. Me parece que imputar al Gobierno in office, como dicen los ingleses, el consumo puntual de drogas es una superficialidad o una frivolidad no digna de esta Cámara. Si usted repasa los
consumos y las tendencias de consumo de años, en tendencias estadísticas largas, verá que varía el tipo de consumo, varía la moda de las sustancias adictivas que consume la sociedad, y desgraciadamente nuestra juventud, pero que no se puede ni mucho
menos achacar al Gobierno de turno el que el consumo sea tal o cual. Por lo tanto, no la podemos seguir en utilizar esta cuestión tan grave, tan importante, esta cuestión de tipo social, para erosionar al Gobierno de turno cuando no está haciendo
la cosas mal, ni mucho menos. Esta es la razón importante y fundamental por la que no podremos votar su moción, pero hay otra, que quiero apuntar como reflexión general a la Comisión. Se ha dicho, usted lo ha dicho, lo ha dicho de forma
superficial también mucha prensa de nuestro país, y han echado la campanas al vuelo, que cómo es que España es el primer país consumidor de cocaína del mundo, apelando a las famosas estadísticas de Naciones Unidas. Yo les quiero recodar, señoras y
señores diputados y senadores, que España, y creo que es un motivo de orgullo para nuestro país, es uno de los pocos países en el mundo que ante el problema de la droga tomó una decisión muy importante, una decisión de tipo político y social, y es
que el consumo individual no está penado, y esto, señoras y señores diputados y senadores, altera completamente los resultados de las encuestas. Sería, como decía Bernard Shaw de los ingleses que tenían paraguas, que vivían mucho más que los que no
tenían paraguas.
Evidentemente había una contracción en su razonamiento, los ingleses que tenía paraguas eran generalmente más ricos que los que no tenían paraguas, y esta era la razón por la que vivían más. Que las estadísticas haga aparecer a
España con consumos distintos del Reino Unido, de Francia o de los Estados Unidos, por favor, señorías, recuerden que la contestación a una encuesta en España es distinta que en el Reino Unido y no caigan en la superficialidad de comparar
estadísticas en contexto legales completamente distintos. Esto pude servir de información para tomar decisiones y votar, como no, y como siempre, en conciencia, determinadas proposiciones de ley. Nada más.



El señor PRESIDENTE: La diputada, señora Gómez, tiene la palabra.



La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Quería también hacer un inciso antes de entrar en la proposición no de ley, simplemente para decirle a la señora Vázquez que los socialistas defendíamos y defendemos el Pazo Bayón, como no puede ser de otra
manera, pero también lo que defendemos es que su paso a la mesa de adjudicaciones del fondo de decomisos se haga con las garantías necesarias. Dice la señora Vázquez que entiende y está segura de que nosotros no tenemos ningún interés en retrasar
ese paso a la mesa de decomisos, absolutamente ningún interés, de la misma forma que yo entiendo que el Partido Popular tampoco tiene ningún interés en que se haga con premura y sin las garantías necesarias. Dicho esto, voy a tratar de explicarles
por qué no vamos a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.



Señorías, es cierto que las cifras de consumo en España de sustancias como el cannabis y la cocaína han aumentado considerablemente. Pero también es necesario recordar que el fuerte incremento producido en el número de personas que consumen
estas drogas ha tenido lugar en el periodo de 1994 a 2004. Lo ponen de manifiesto las encuestas a la población general, las que se hacen entres los 15 y los 64 años, y también las encuestas a la población escolar, las que se realizan entre los 14 y
los 18 años. Según la encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanza secundaria, el consumo de cannabis entre los escolares de 14 a 18 años, referido a los últimos doce meses, era de un 18,2 en el año 1994, y pasó a ser de un 36,6 en el 2004.
En el caso de la cocaína la prevalencia de consumo en los últimos doce meses entre los jóvenes ha pasado del 1,8 en el año 1994 al 7,2 en el 2004. Como ustedes puede comprobar, el periodo temporal al que me he referido se corresponde prácticamente
con las dos legislaturas en las que la responsabilidad al frente del Gobierno, y por tanto de la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas, correspondió al Partido Popular.



Pero señorías, yo no voy a decir que el Partido Popular no hiciese nada ante está situación. El Partido Popular sabía lo que estaba ocurriendo, porque tenía datos para conocer la evolución del consumo, y esto le llevó a promover, con el
consenso de todas las fuerzas políticas, la aprobación de una estrategia nacional sobre drogas, la estrategia 2000-2008, a pesar de que parecía que todo iba muy bien. Al comenzar esta nueva legislatura, el Gobierno procedió a evaluar esta
estrategia conjuntamente con los responsables de los planes autonómicos y de otras instituciones que forman parte del Plan Nacional sobre Drogas. Esta evaluación intermedia reveló importantes déficit en cuanto a la consecución de los objetivos
previstos en la citada estrategia, especialmente en el área de prevención. El resultado de esta evaluación y el aumento constatado del consumo de drogas, llevan al ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Plan Nacional sobre Drogas, a elaborar
un plan de acción sobre drogas para el período 2005-2008, que permita un nuevo impulso para avanzar en el cumplimiento de la estrategia nacional y en la línea marcada por la Unión Europea.



Como ustedes ya saben, el Plan de acción 2005-2008 comprende 68 acciones en torno a seis grandes ejes de actuación, que conocen muy bien y que por lo tanto yo no voy a repetir. Todas estas líneas de actuación han recibido un fuerte impulso
en el primer año de vigencia del plan de acción, de forma que a día de hoy puede afirmarse que a finales del año 2005 se han puesto en


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marcha más de 230 programas que desarrollan el 75 por ciento de las acciones previstas en el mismo, programas apoyados financieramente desde los presupuestos propios de la delegación y de cantidades provenientes del fondo de bienes
decomisados. Por ponerles un ejemplo, el concepto 458 del fondo de bienes decomisados, que transfiere fondos a las comunidades autónomas, se ha incrementado en un cien por cien entre el año 2004 y el 2005, pasando de 2.420.000 euros a 4.840.000
euros, cantidades destinadas a apoyar económicamente los programas incluidos en el plan de acción que se han entendido como prioritarios.



Señorías, solo el desconocimiento o el olvido pueden explicar que se presenten en diciembre de 2005, para el debate en esta Comisión en forma de proposición no de ley, un plan de acción que contiene tan solo siete medidas y que, por cierto,
se dirige a un único objetivo, que es del incrementar la percepción de riesgo que conlleva el consumo de drogas entre los jóvenes. Olvida no ya el carácter integral que debe de perseguir el abordaje de las políticas en materia de drogas, sino la
propia existencia de un plan de acción sometido a la consideración de esta Comisión, elaborado tras una rigurosa evaluación del grado de cumplimiento de la estrategia nacional, y con acciones diseñadas para poder alcanzar los objetivos que esta
estrategia señala en cada una de la áreas para el año 2008.



Por lo que respecta a las reuniones de los diferentes órganos del Plan Nacional sobre Drogas que aparecen en la proposición no de ley, quisiera señalar que estas han experimentado un notable incremento tras la asunción de responsabilidades
por parte del nuevo equipo del ministerio y de la delegación. La Conferencia sectorial, que preside la ministra y a la que asisten los consejeros responsables del tema de drogas en las comunidades autónomas, se ha reunido una vez en 2004 y dos en
2005. En la anterior legislatura, por ponerles un ejemplo, en el periodo 2000-2004, la Conferencia sectorial solo celebró una reunión, la del 19 de abril de 2001, es decir, una vez en cuatro años. En cuanto a la comisión interautonómica, presidida
por la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y en la que participan los responsables directos de los 19 planes regionales o autonómicos del Estado, se ha reunidos cuatro veces en 2005, de modo que las expectativas de reuniones
trimestrales que pretende el plan que presenta el Grupo Popular, parecen estar más que satisfechas sin necesidad alguna de recurrir a esta proposición no de ley, sino limitándose a cumplir el propio reglamento de régimen interno de la conferencia
sectorial.



Respecto a otras dos de la medida contenidas en la propuesta del Partido Popular, en concreto las relativas al incremento de inspecciones policiales en lugares de ocio juvenil, y de la vigilancia policial para impedir la venta de drogas en
las zonas escolares, son también cuando menos extemporáneas. El Plan de acción 2005-2008 contiene acciones de reducción de oferta en esta dirección, y el Ministerio de Interior ha puesto en macha ya sendos planes de respuestas policial al tráfico
minorista y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión, y en los centros educativos y su entorno. A este respecto decirles que mañana hay una pregunta, que yo misma le voy a hacer al ministro del Interior en la sesión de control.



Respecto a las campañas, me gustaría subrayar que la delegación no se limita a organizar sus propias campañas de publicidad, sino que, en consonancia con lo dispuesto en las acciones 10 y 11 del Plan de acción, ha apoyado en el año 2005
otras campañas de información: la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el proyecto de comunicación social de Principado de Asturias o la campaña de sensibilización de la Comunidad de Madrid para la prevención de consumo de alcohol en los jóvenes.



En cuanto a la segunda y tercera medidas que se nos propone en la en la proposición de no ley, me gustaría decir también que son medidas incluidas en el Plan de acción, en concreto en la acción número 6 la primera de ellas, y en las acciones
7, 10 y 11 la segunda, acciones que se están desarrollando tanto por la propia delegación como a través de programas con las comunidades autónomas, la organizaciones no gubernamentales y la asociaciones.



Me gustaría, para finalizar, hacer referencia al Foro de la Sociedad ante la Drogas, foro que tiene como objetivo principal concienciar a la sociedad en su conjunto acerca de los riesgos y problemas a los que conduce el consumo de drogas.
En definitiva, desde marzo de 2005 se está ejecutando un Plan de acción que contempla numerosas acciones para mejorar la percepción, la prevención, la asistencia y la reinserción de las personas afectadas por problemas de drogodependencia. No
solamente esto, sino que también se contemplan líneas de actuación para mejorar la coordinación y la comunicación entre las diferentes administraciones públicas que forman parte del Plan de acción, y de estas con las organizaciones no
gubernamentales y la asociaciones que llevan muchos años trabajando en este ámbito.



Señorías, el plan de acción, como ustedes pueden comprobar, desarrolla con mucha mayor amplitud los objetivos planteados en la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular, por lo tanto, como ya les he anunciado, nuestro voto será
en contra.



-PARA LA ADOPCIÓN URGENTE DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y REHABILITADORAS ANTE EL AUMENTO DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL ENTRE MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001482 y
número de expediente Senado 663/000059.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la tercera proposición no de ley, y para su defensa tiene la palabra la diputada Ana Belén Vázquez Blanco.



La señora VÁZQUEZ BLANCO: Presentamos ahora una proposición no de ley para la adopción urgente de medidas preventivas y rehabilitadoras ante el aumento del


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consumo de drogas y alcohol entre los menores. ¿Y por qué la presentamos? No voy a dar otra vez los datos, ya he dado muchos datos, y lo peor de todo es que en estas proposiciones no de ley, todo el mundo dice que sí, que están muy bien,
pero nadie presenta alternativas. De poco vale que esté yo dando lectura a mis iniciativas si no conozco ninguna de las iniciativas de los otros grupos parlamentarios, que de alguna forma dejan entrever la preocupación que tienen por este tema. La
portavoz del Grupo Socialista viene a criticar todo lo hecho por el anterior Gobierno, ¿pero cuándo se va a dar cuenta, señoría, de que esta gobernando el Partido Socialista y que la responsabilidad de gobernar la tienen ustedes? Está muy bien lo
de los colegios, pero cuando se presentó esta proposición no de ley todavía no había la vigilancia delante de los colegio. Y menudo resultado el que le va a dar mañana el ministro, 129 detenidos de 17.000 colegios que hay en España, es decir, no
tocamos ni a una cuarta de detenido por colegio, para hacernos una idea de lo bien que está funcionando ese plan. Pero no vamos a entrar en eso.



Ustedes dicen que no a la proposición no de ley, que el plan ya lo está haciendo todo. Pues mire, los ciudadanos creen que no se está haciendo todo, porque una vez más, después de muchos años, el problema de las drogas vuelve a ocupar el
sexto lugar en las encuestas del CIS. Cada vez más lo médicos, los psiquiatras, nos informan de que los jóvenes llegan a situaciones graves de enfermedad e incluso de muerte con estas sustancias. Esta preocupación, que está justificada para casi
todos los españoles, no está justificada para el Ministerio de Sanidad y Consumo y no está justificada para el Grupo Socialista. En el caso del consumo entre jóvenes y escolares resulta especialmente preocupante el incremento del consumo de
cocaína, como he dicho anteriormente; pero a ello hay que añadir los policonsumos de drogas, que los jóvenes ahora no solo toman una sustancia, sino que al mismo tiempo que toman cocaína nos dicen que el 99 por ciento la toman con alcohol, que el
96 por ciento la toma con cannabis, que el 94 por cierto la toma con tabaco y que el 43 por ciento la toma con éxtasis, por si fuera poco. También resulta preocupante el descenso, como he dicho antes, en la percepción del riesgo ante el consumo de
la drogas pero a ustedes parece que no les preocupa. Me acuerdo, señoría, cuando hace unos años todos los jóvenes recibimos en nuestra casa una guía informativa de que no se podían consumir sustancias, que no podían consumir drogas. Simplemente
les pido eso: qué van a hacer con las familias, y a ustedes por lo visto no les preocupa.
(La señora Vicepresidenta Maestre Martín de Almagro, ocupa la Presidencia.)


Los últimos datos de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas reflejan ese incremento también en el alcohol. Ahora los escolares empiezan a fumar a los 13 años y a beber alcohol a los 14 años y, al igual que los adultos,
el riesgo que perciben ante el consumo, tanto habitual como esporádico, es muy bajo. Los jóvenes menores piensan que el cannabis es la droga ilegal cuyo consumo es menos problemático, creen que está permitido. No me extraña que lo crean y que lo
consideren así cuando, por ejemplo, el propio ministro del Interior estaba a favor de legalizar esta sustancia. Mal puede luchar contra la droga cuando cree que algunas drogas son favorecedoras de la salud.



Ya no se lo digo yo, ya no se lo dicen las encuestas aquí en España, se lo dice la OEDT. En el informe reciente de la OEDT, en el capítulo dedicado al seguimiento y control de la prevención, la única referencia que se hace a nuestro país es
la siguiente, y leo entre comillas para que conste bien el texto de la OEDT 'Lamentablemente, España ha abandonado en el 2005 el Programa idea-prevención, que fue durante años el sistema de seguimiento y calidad de la prevención más desarrollado de
Europa', se lo dice la OEDT.



¿Nosotros qué creemos? Señorías, nos parecen muy bien las ponencias; hemos votado la dos veces a favor de la subcomisión que CIU nos proponía, por supuesto que estamos a favor de estudiar, pero no vamos a pasar toda la legislatura
estudiando, tenemos la responsabilidad de hacer algo. ¿O no se hacía antes? Es cierto que el Partido Popular cuando gobernaba hizo cosas, pero tampoco las hizo todas, puso en marcha una estrategia conjuntamente con otros grupos parlamentarios. Ha
creado el Observatorio contra las Drogas, ha creado el Instituto de Investigación contra las Drogas, es que no todo lo malo lo hemos hecho nosotros. Todo lo contrario. En algún momento se nos ha tachado de que éramos demasiado exigentes en la
lucha contra la droga. Yo creo que en este momento es necesario más firmeza en la lucha contra la droga, hay que tener tolerancia cero con todas las sustancias. España, me atrevo a decir, y no solo yo, sino que algunas organizaciones así nos lo
hacen saber, esta pasando el peor momento en la lucha contra las drogas. El Ejecutivo en estos momentos carece de iniciativas concretas para hacer frente al incremento del consumo de drogas, y el Plan de acción, permitanme, señorías, no es más que
humo. A día de hoy no se ve nada de ese plan de acción.



Ya sé que ustedes van a votar otra vez que no a nuestra iniciativa, pero no me faltarán fuerza, ni tampoco tinta de impresora para hacer proposiciones no de ley, y mi grupo parlamentario, como está muy concienciado del problema que suponen
las drogas, estará dando esta batalla todos los días, aunque la tengamos perdida, no les quepa la menor duda, señorías. Pedimos intensificar la campañas porque ¿qué campaña tenemos en marcha, por ejemplo, contra el consumo del cannabis? Había una
aprobada por el Gobierno del Partido Popular que ustedes prohibieron y que, de forma unilateral, las comunidades autónomas, sin el permiso de la Delegación del Plan Nacional sobre Droga, pusieron en marcha. Pedimos programas de educación para la
salud, que prioricen la prevención del consumo de alcohol y drogas. Después así tenemos problemas de botellón, así tenemos problemas de macrobotellones y así tendremos otros futuros problemas. Pedimos aumentar los convenios de colaboración con los
ayuntamientos y las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas dicen que


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este problema no se les puede dejar a ellas solas. Es más, por si fuera poco, ahora la salud en la prisiones les dicen que es problema de las comunidades autónomas. Saben lo que decían algunas comunidades autónomas el otro día: que a ver
qué van a aportar, cuando la competencia es de prisiones, que no es de las comunidades autónomas, y ahora les dejan la competencia a las comunidades autónomas. ¿Con qué recursos? Increméntenles los recursos, no solo es dar competencias, porque las
comunidades autónomas ya están desbordadas. ¡Qué me dicen de los ayuntamientos que no pueden hacer unos planes integrales de lucha contra las drogas poque no tienen dinero! Pedimos aumentar el apoyo a las ONG, ellas mismas se quejan, no creo que
solamente me remitan a mí emails y cartas quejándose, yo me imagino que también a SS.SS. les remitirán las quejas. ¿Promover actividades alternativas? Por supuesto. Hay que promover actividades alternativas al consumo de alcohol y drogas entre
los escolares, pero dígame cuáles tiene puestas en marcha este Gobierno a día de hoy. Ninguna. Tambien pedimos crear más centros de rehabilitación y programas específicos para menores con problemas por consumo de alcohol y drogas. No hay espacio,
no hay recursos, cada ven son más lo menores que consumen drogas y alcohol, y aquí se intenta mirar hacia otro lado, olvidándonos de todo esto y con la autocomplacencia de decir que todo está recogido en el Plan de acción. Pues no, señorías, el
Plan de acción es humo, el Plan de acción se lo dejo para ustedes. Nosotros, todos los diputados y senadores del Partido Popular, creemos en la lucha contra las drogas, somos conscientes de este problema, y vendremos aquí a luchar para erradicarlo.
Hoy, ustedes votan a todo que no, pero no vean la satisfacción que llevo de que por lo menos lo hemos intentando, y eso para un político ya es consuelo suficiente muchas veces, y para mí lo es.
Yo pongo mi granito de arena, ustedes pongan el suyo.
Nada más.



La señora VICEPRESIDENTA (Maestre Martín de Almagro): Fijación de posiciones. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Aleixandre.



La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Miren, señorías del PP y señorías del PSOE, si todos ustedes lo hubiesen hecho muy bien, incluidos nosotros en nuestra comunidad, hoy no teníamos el problema que tenemos o sea, alguien ha dejado de hacer
algo bien. Yo creo que todos ¿Por qué? Porque quizás nos hemos basado en que durante estos últimos años todo el plan de lucha contra la droga se focalizaba en un tipo de droga que era la heroína. La heroína provocaba inestabilidad en la sociedad,
provocaba marginados, y esto es lo que preocupaba a la sociedad. Nos focalizamos en la heroína, y es verdad que actualmente hay menos heroinómanos y de los que hay, algunos se han muerto, porque precisamente su vía de entrada era por punción y esto
provocaba otros efectos secundarios, como el sida, o como era la hepatitis; tenemos menos heroinómanos y, por tanto, el problema parecía que disminuía. Pero dentro la sociedad estaba latente lo que han dicho ustedes, la sociedad no tienen
sensación de riesgo delante del cannabis o delante de la coca, pero no es solamente porque un actual ministro dijese en un momento dado que le parecía bien que se legalizase, sino porque realmente el consumo no está penado aquí en España, como ha
dicho el senador Espasa. El señor Espasa sabe perfectamente que uno de los problemas que hubo es que un momento determinado este país se debatía entre drogas duras y drogas blandas, en que no había ningún problema, con ninguna droga, legales e
ilegales. No, vamos a verlo desde el punto de vista sanitario y no desde el punto de vista político, que es lo que a veces a mí me da temor. Políticamente correcto. Oigan, a mí déjenme de políticamente correcto, ¿es bueno o es malo?, ¿lesiona o
no lesiona?, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijos? Este es el problema. Yo creo que es un problema social, no político, aunque evidentemente, como es un problema social, y nosotros somos representantes de la sociedad, es un problema político.
Estamos de acuerdo en que es necesario atajarlo precisamente, porque los menores nos dan mucho miedo, porque creemos que estamos destruyendo una generación, señorías. El que los niños consuman cannabis desde jovencitos, que se emborrachen los fines
de semana es una verdadera barbaridad, estamos destrozando toda una generación, yo llevo diciéndolo años, pero nadie me hace caso. Yo no sé si los señores del Partido Popular lo hicieron bien durante los ocho años que estuvieron el poder, pero algo
no debió estar bien para que calara en la sociedad esta sensación de que no pasaba nada. He dicho antes que era un problema de falso progresismo, es cierto, quedaba muy progre, y en esta sociedad parece que esto es bueno, políticamente correcto.
Pues no señores, no es ni políticamente correcto, porque es sanitariamente incorrecto; por lo tanto, no es correcto.



No vamos a votar a favor porque estamos esperando precisamente la ponencia. Nosotros tenemos mucha fe en esta ponencia. Y, señora Vázquez, si para usted es suficiente con presentar una moción y que no se la aprueban, para mí no, yo lucho
hasta que la aprueban. Y espero que usted continúe luchando y nosotros la apoyaremos cuando dentro de unos meses, espero que sea rápido, tengamos las conclusiones de la ponencia para aprobarla entre todos. Yo le conmino a ello. Mire, yo estuve en
Cuenca con todos los del Plan Nacional contra la Droga, había de todo los colores, de los suyos también, y algunos estaban muy, muy satisfechos de lo que había pasado con la heroína, y cuando yo les decía: no, pero además está el cannabis. Me
decían: y el alcohol. No, no, el cannabis. Es que la cocaína... Bueno, poco, esto en las clases altas. No, no, es que no lo vemos. Claro que no lo vemos. Ayer algunos especialista nos dijeron porque qué no lo veían, porque no van a los
centros de rehabilitación los que tienen problemas con cannabis y con cocaína, van al psiquiatra, van al psicólogo, van a su médico de cabecera, y no van a los centros de rehabilitación. Entonces, qué pasa. Que hemos


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diseñado un programa contra la droga que no es válido, que hay que replantearlo. ¿Por qué? Porque la droga es distinta, no estamos hablando de heroína, estamos hablando de cannabis y estamos hablando de coca y estamos hablando de drogas de
diseño, que parece, no sé por que milagro, que están disminuyendo, quizás porque se han muerto en las discotecas más de uno y esto les ha asustado; pero como no se mueren de coca, o no los ven, y no se mueren de cannabis, porque nos los ven, los
esquizofrénicos van a manicomios y no se enteran, pues será por eso. Eso es lo que tenemos que explicarles. Espero, señora Vázquez que usted, nos ayude cuando tengamos la ponencia terminada, que espero que sea, ya le dicho, antes del mes de junio,
a llevarlo a toda la sociedad, con la ayuda o no del Partido Socialista, que sí espero que nos ayude, el Partido Socialista, Entesa, el Grupo Mixto, todos, porque nos afecta a todos, porque son nuestros hijos los que está sufriendo las
consecuencias. Y estoy de acuerdo en que tenía que haber mucha más implicación de la policías autonómicas, y muy especialmente de las policías municipales, porque el que ve al niño de doce o trece años fumando en la calle droga es el policía
municipal, y es el que podía hacer algo. Tampoco entiendo por qué un niño de ocho años corre por la calle a la hora del estudio, cuando aquí la enseñanza es obligatoria hasta los dieciocho. Y este es otro problema del que un día tendremos que
hablar, porque muchos de los problemas vienen de la educación, pero no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y entonces les apoyaremos en todo lo que sea necesario. Ustedes saben perfectamente lo que opinamos, y muy especialmente lo que opina
esta senadora. Por lo tanto, hoy no vamos a votar a favor de ustedes, sabiendo que tienen razón, porque esperamos tener un arma mejor, que es la que hemos pedido, que es la ponencia.



La señora VICEPRESIDENTA (Maestre Martín de Almagro): Por el Grupo Socialista, la diputada Encarnación Ibáñez.



La señora IBÁÑEZ VÁZQUEZ: Decirle a la Señora Vázquez que se relaje, que no porque grite más tiene más intención de erradicar esta lacra y este problema social. Y al hilo de su intervención no tengo nada más que decirle, y no pensaba
hacerlo, pero la verdad es que no lo puedo evitar.
No voy a dejar de decirle que algunos de los alcaldes que, tengo la certeza, han potenciado y fomentado, solo hace dos semanas, el consumo de alcohol en el macrobotellón y que han sido denunciados
públicamente por los medios de comunicación son de su partido, señora Vázquez. Por lo tanto, yo creo que sería bueno, y se lo digo como apunte, que a ellos también les hable de esta forma tan enérgica para ver si alguna vez también ustedes se ponen
de acuerdo. Por lo tanto, ya le indico que efectivamente, como vaticinaba usted, nuestro voto va a ser en contra, y le voy a explicar además por qué.



Mire usted el resultado de la evaluación de la estrategia, como los datos de consumo de drogas, que han resultado del análisis de las encuestas, decidieron al Ministerio de Sanidad y Consumo a elaborar un plan de acción sobre drogas en el
periodo 2005-2008, que permitiera un nuevo impulso para avanzar en el cumplimiento de la estrategia nacional en la línea marcada por la Unión Europea. Este Plan de acción, elaborado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
contando, naturalmente, con el parecer de los planes autonómicos, así como con la opinión de las ONG más destacadas del sector de la droga, fue presentado por la ministra de Sanidad y Consumo a la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de
las Drogas en marzo del 2005, y le recuerdo que fue favorablemente acogido por todos los grupos políticos allí representados.



El Plan de acción, cuya vigencia se extiende desde el año 2005 al 2008, supone una movilización de recursos e iniciativas para avanzar en los objetivos de la estrategia nacional sobre drogas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras
la evaluación del primer cuatrienio de vigencia de la estrategia nacional, el Plan de acción centra los mayores esfuerzos en la prevención de los consumos de sustancias psicoactivas, sobre todo entre los más jóvenes; en la mejora de la capacidad
del sistema para diagnosticar y tratar precozmente este problema; en la disminución del daño en las personas consumidoras; así como en potenciar la integración social y laboral de los antiguos consumidores.



Para no hacerlo muy extenso, le diré a modo de síntesis, que tenemos un plan con un diseño de doce líneas prioritarias de acción que son las siguientes: Reforzar las actuaciones en el ámbito de la familia; potenciar acciones de
sensibilización y colaboración con los medios de comunicación; profundizar y mejorar los programas y actividades desarrolladas en el ámbito educativo; incrementar las actuaciones específicas dirigidas a la población joven; reforzar el papel de la
atención primaria en la intervención precoz y la atención a las personas con problemas de drogodependencia; incorporar la perspectiva de género en todas las áreas de intervención en materia de drogas; garantizar la atención integral a los internos
en centros penitenciarios con problemas de droga; reforzar la investigación y los sistemas de información; diversificar e incrementar las actuaciones en prevención del riesgo y reducción del daño; actuar sobre los consumos de tabaco y alcohol;
fomentar la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las acciones preventivas; fortalecer la participación española en la política europea sobre drogas. Señoría, todas estas líneas han recibido ya un fuerte impulso en el primer año
de vigencia del Plan de acción, de forma que puede afirmarse ahora que a finales de 2005 se han puesto en marcha más de 230 programas, que desarrollan un total del 75 por ciento de las 68 acciones previstas en el mismo.



Por centrarme en su propuesta, le diré que respecto a los puntos 1.3 y 6, el Plan Nacional sobre Drogas, dotado en el presupuesto de 2005 con un crédito de 32.130.000 euros, y gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, coordina y
desarrolla, contando con las participación de las


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administraciones públicas, acciones encaminadas a abordar los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas, al objeto de reducir su incidencia. En ese sentido le diré que ya se realizan campañas publicitarias dirigidas a la
prevención del consumo por parte de la población joven y contamos con dos páginas web, edición de manuales y guía informativa y servicio de información telefónica. En relación al punto dos, tengo que decirle que tanto en la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de calidad de la educación, como en el anteproyecto de la nueva ley orgánica de educación, se contempla como un objetivo de la educación primaria el valorar la higiene y la salud.



En relación con el punto cuatro sobre el incremento de las inspecciones policiales en los lugares de ocio juvenil, como son bares, discotecas, conciertos y demás, dentro del programa Seguridad ciudadana se contempla el diseño de programas
concretos en aquellas zonas y sectores con una mayor incidencia de criminalidad, conducente a la elaboración de programas específicos de seguridad en los barrios, planes de seguridad para el comercio, mayor incidencia en la protección al turismo,
atención especial a la víctimas de delitos de carácter sexual o violencia doméstica, entre otros. También se potencian las unidades de la investigación dedicadas a combatir bandas organizadas, cuya actividad criminal se orienta al narcotráfico y
otros delitos. La aplicación de planes operativos en todo el territorio nacional, y de forma especial en las ciudades de mayor índice de delitos, y otras operaciones especiales que tratan de acercar la policía al ciudadano y conseguir unos índices
de eficacia más positivos en la prevención de la delincuencia son, sin duda, elementos que tienen una incidencia importante en la represión delictiva.



Respecto al punto cinco, dentro del programa Actuaciones policiales en materia de droga, hay que destacar el esfuerzo realizado por la elaboración de planes especiales en diversas comunidades autónomas, destacando el Plan sur. También se
potencian las unidades operativas de la policía judicial, servicios centrales, regionales, provinciales y locales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Se ponen en marcha dispositivos operativos especiales en todo el territorio
nacional, que actúan con carácter puntual sobre la problemática de la droga y sus secuelas, concienciando a la ciudadanía mediante acciones de carácter informativo a nivel nacional y provincial.



Por tanto, tengo que decirles, señorías, y a usted especialmente, que resultan sorprendentes algunas de las medidas que el pretendido plan de acción contiene; por ponerle solo un ejemplo, la última de ellas dice textualmente: establecer un
calendario donde la Comisión sectorial (sic) sobre drogas se reúna al menos una vez al trimestre con la comunidades autónomas. Pues bien, tengo que decirle que dicho órgano ya existe, que es el máximo órgano colegiado del Plan Nacional sobre
Drogas, bajo la denominación de conferencia sectorial, que actualmente preside la ministra y en la que participan tanto los departamentos ministeriales, que forman el grupo interministerial del Plan Nacional sobre Drogas, como los consejeros de la
comunidades autónomas y de la ciudades autónomas con responsabilidad en política de drogodependencia. Difícilmente, por mucho que se establezca un calendario, podrá acordarse que la Comisión sectorial sobre drogas se reúna en las comunidades
autónomas, por la sencilla razón de que estas ya forman parte de la conferencia sectorial.
Por eso quiero decirle que no estamos sin hacer nada y, por todo lo que he intentado explicarle anteriormente, nuestro voto será en contra.



-RELATIVA AL IMPULSO DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LOS INMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001498 y número de expediente Senado
663/000061)


El señor PRESIDENTE: Vamos a terminar con la proposición no de ley número 4. Para su defensa tiene la palabra el diputado don Aurelio Sánchez.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: El importante incremento de inmigrantes, su situación desperada, con desarraigo, muchos sin trabajo, sin papeles, sin integración, sin información, les hace caer en el mundo de la droga. Esta población de diferentes
razas, culturas, religiones y costumbres, se encuentra de golpe en una sociedad difícil para ellos. Algunos no tienen papeles, como he dicho, ni vivienda, ni familia, ni trabajo, y están en manos de organizaciones mafiosas. Muchos vienen ya con
adiciones a sustancias desde sus países de origen, otros lo descubren a su llegada y lo potencian ante cualquier incidencia negativa de las que hemos citado, y con ello se colocan en una situación de riesgo y exclusión social. La mayoría de los que
vienen es una población joven y sana, pero las nuevas condiciones que encuentran y el contacto con un mundo distinto, con unas normas y preceptos que desconocen, les pueden llevar a un cambio en sus vidas con grandes riesgos y daños.



Inmigración y droga son dos conceptos unidos también por el uso que de ello hacen las mafias. Un estudio al que he tenido acceso del Defensor del Pueblo andaluz, del año 2003, que tiene unos datos muy interesentes, dice que el mayor consumo
de drogas se produce entre los extranjeros comunitarios, del orden de un 45 por ciento; que las drogas más consumidas son la cocaína y el cannabis, sustancias, sobre todo esta última, sobre las que ya existe cierta aceptación y tolerancia en sus
países de origen, y que siguen manteniendo a su llegada, y además a estas se une el uso y abuso del alcohol. Otros inmigrantes cambian por novedad, necesidad o falta de medios, por ejemplo, lo jóvenes marroquíes que esnifan pegamento en una bolsa
de plástico, cosa que no suelen hacer, por ejemplo, los jóvenes españoles, o al menos no de forma mayoritaria. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que se ven envueltos además en el tráfico para poder consumir, tener unos ingresos y poder subsistir. Las
jóvenes, que de dedican a la prostitución,


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muchas abocadas y obligadas a ello por las mafias, consumen fundamentalmente cocaína, y un 90 por ciento de ellas tienen problemas de consumo , que además en este estudio se justifica como un agarrarse a algo que les haga afrontar su
situación. La nueva situación en la que se encuentran al llegar a España, el desconocimiento del idioma, la falta de papeles, de trabajo , la carencia de apoyo familiar y un fuerte desarraigo social, les hace ser una población de riesgo que no se
integra, cae en la droga y, lógicamente, posteriormente hay que tratarlos como tales enfermos. También tienen fuertes problemas legales que se empiezan a dar cuando han empezado a consumir. Dice este estudio que, previo al consumo, un 88 por
ciento no había tenido problemas con la policía o la justicia, después lógicamente, sí. Con relación a las demandas de atención que tienen estos inmigrantes cuando surge el problema, es que ellos, al no tener percepción ni conocimiento del riesgo,
ocultan el problema y no solicitan, por desconocimiento, la ayuda asistencial y los tratamientos a los que tienen derecho por ley, por cierto, leyes muy numerosas que amparan estos tratamientos y que deben conocer. Está la Ley 4/1997, de prevención
y asistencia de drogas, modificada por la 1/2001; la 12/2003; la Ley de Extranjería; la 4/2000; la 8/2000; la 14/2003; el Real Decreto 2612 de 1996, que dice que tienen derecho a las asistencia sanitaria, siendo su único requisito para los que
no tengan papeles el estar inscritos en el padrón municipal de su lugar de residencia. Como se ve, hay una cantidad de leyes importantes, como también se observa por las fechas, elaboradas en una época de Gobierno del Partido Popular, que no es que
tenga mayor importancia, pero sí da idea del grado del compromiso de ese Gobierno con este problema.
Según ese estudio que estaba citando, el 50 por ciento no cuenta con la información necesaria de las enfermedades más corrientes y peligrosas, el
VIH, la tuberculosis, la hepatitis. También desconocen los centros de tratamiento y no participan en programa de desintoxicación por falta de información y por miedo a ser identificados, y prefieren no hacerlo ante el riesgo de que pudieran ser
teóricamente expulsados por carecer de papeles o de contratos.



El problema es de tal magnitud que hay que afrontarlo con intensidad para no empeorar la situación. Los problemas de salud en esta población se convierten, desde una perspectiva sanitaria y asistencial, una preocupación importante para el
control de la enfermedad y evitar su expansión. Si en el año 2000 la población inmigrante era poco significativa -era de 1.300.000, lo que significaba el 3,2 por ciento de la población total- ahora pasan de cuatro millones, son el 10 por ciento de
la población española, con lo que es necesario aumentar el número de centros y tratamientos, así como la información a esta población. Esta información es fundamental, como he venido desarrollando, para prevenir y evitar la adición y la enfermedad.
Por ello, presentamos esta proposición no de ley, que creo que ha sido expuesta sin acritud y de forma razonable, con lo cual espero de mis compañeros de comisión su apoyo para sacarla adelante. Esta proposición dice que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a realizar campañas específicas de información para extranjeros e inmigrantes dirigidas a prevenir tanto el consumo como los riesgos legales que comporta en nuestro país el consumo , el tráfico y todos los delitos
relacionados con las drogas. En particular, se traducirán dichas campañas en las lenguas de las comunidades de inmigrantes mayoritarias en España, y serán dirigidas a medios de comunicación de inmigrantes. Y un segundo punto, para difundir
materiales informativos traducidos a las diversas lenguas mayoritarias de la comunidad de inmigrantes, que tuviesen divulgación a través de las asociaciones y organizaciones representativas de inmigrantes que trabajan con los colectivos de
extranjeros.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Aleixandre.



La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Nuestra comunidad es especialmente sensible a los problemas de la inmigración. Como ya se ha dicho en la Cámara Alta, en numerosas ocasiones, Salt es un municipio sin solución de continuidad con Girona
capital y tiene actualmente un 30 por ciento de la población empadronada inmigrante. Eso significa que casi el 50 por ciento real de la población de Salt es inmigrante. Imagínense ustedes si somos sensibles a los problemas de la inmigración; algo
impensable para muchas comunidades de este país.



Señorías, no creo que debamos hacer nada especialmente para los inmigrantes si no lo hacemos para el resto de los españoles, y menos en un problema tan sensible como el tema de las drogas. De lo contrario, y por desgracia, se empieza a
instaurar la sensación de que estamos haciendo más por los nuevos que han venido que por lo que ya estaban aquí. Tenemos ancianos en muchas ocasiones totalmente solos y abandonados después de una vida de trabajo, pagando impuestos durante esa vida
a favor de gentes que acaban de llegar y están sin papeles. Por cierto, en nuestra comunidad el tema de la tarjeta sanitaria es clarísimo y universal para todos, y todos lo inmigrantes saben perfectamente que en cuanto lleguen, con solo presentarse
en un centro de asistencia sanitaria, reciben su tarjeta sanitaria. Por tanto, creo que el tema de la atención sanitaria a los inmigrantes lo tenemos, al menos en nuestro caso, totalmente cubierto, y lo saben todos, perfectamente todos.



He dicho antes que no creemos que deba hacerse nada para la inmigración, en este caso información, que no deba hacerse también para los españoles, porque creo que si es cierto que a los inmigrantes debemos de informarles, no solamente
debemos informarles de los problemas de la droga, sino de otros muchos problemas; de las formas de vida, de nuestros valores y de otras condiciones de las que creemos que deberían ser informados. Y no hablo de nada que no haga, por ejemplo, Gran
Bretaña con los inmigrantes; un país que está acostumbrado a tener gran número de inmigración o de gente procedente de sus colonias durante una época.



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Sí ha un temor, que apareció ayer precisamente en el grupo de expertos, que se llama crack. Los procedentes de las zonas sudamericanas pueden traer a nuestro país una forma distinta de utilizar la cocaína, que es el crack. El crack hace
que los drogadictos sean extraordinariamente violentos y que puedan provocar un problema que no lo provocan los cocainómanos por esnifar; o esnifando crack, que es totalmente la vía distinta, pueden provocar verdaderos problemas. Quizá en este
sentido sí deberíamos vigilar estas nuevas poblaciones, porque pueden deformar a nuestros consumidores, y esto sí atañe a esta comisión. Nosotros votaremos en contra porque no creemos que las campañas de información deban ser solamente para los
inmigrantes, sino también para los inmigrantes, y estoy de acuerdo en que se hagan en las distintas lenguas.
Pero no solamente información sobre droga, sino información sobre costumbres, sobre nuestras formas de hacer, sobre nuestra democracia,
sobre nuestras libertadas, muy especialmente en el tema de las mujeres, porque algunos de estos países no tienen nada que ver con nosotros, y donde la libertad y la democracia no está implantada, y, por desgracia, traen aquí sus costumbres, que no
siempre son compatibles con la libertad y con la igualdad.



El señor PRESIDENTE: Senador Espasa.



El señor ESPASA I OLIVER: Muy brevemente, señor presidente.



Realmente esta proposición no de ley ha sido expuesta sin ningún tipo de acritud, como decia su defensor. Solo dos apostillas. La primera, parecía al inicio de su exposición, que una de las razones fundamentales del problema añadido a los
inmigrantes y extranjeros, sobre todo los inmigrantes, era su condición de inmigrantes sin papeles. He de recordarle que este Gobierno ha hecho la mayor operación para dotar de papeles, y por tanto, de forma indirecta, de abordar unos de los
problemas importantes de inserción social, con todo lo que tiene de bueno y de positivo, de estas personas en nuestra sociedad. No sé si quizá lo he apreciado de forma excesivamente suspicaz, pero al memos así me ha parecido entenderlo. Y el
segundo aspecto, señor diputado, estando de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, me quedaría con la palabras de la senadora Aleixandre, es decir, sí a hacer campañas con las otras campañas, -comparto prácticamente todo el razonamiento de su
intervención-, lo que no vemos es la conclusión final de hacerlas específicas y solamente para ellos. Dentro de la campañas generales, añadir un apartado para lo que usted ha defendido, completamente de acuerdo; Una resolución política solo
dedicada a los inmigrantes nos parece excesiva, y por eso no podremos votarlo a favor.



El señor PRESIDENTE: Señora Pin Arboledas.



La señora PIN ARBOLEDAS: Antes de entrar a fijar nuestra posición sobre esta proposición no de ley, me gustaría decirle a la portavoz Ana Vázquez que coger el plan de acción y desglosarlo frase por frase, o renglón por renglón, o palabra
por palabra, y hacer proposiciones no de ley, yo creo que es muy sencillo, como en esta comisión hemos visto, porque con las últimas tres proposiciones no de ley se podría haber hecho una sola proposición no de ley. Y, además, por mucha tinta de
impresora que utilice, yo no creo que con eso solo nos va a convencer.



Entrando ya en la proposición no de ley que insta al Gobierno a adoptar medidas para impulsar campañas de información para prevenir el consumo y el tráfico de drogas entre extranjeros e inmigrantes, que yo creo que ha sido expuesta por el
portavoz del Grupo Popular con todo rigor y respeto, -quiero que eso quede claro y se lo quiero agradecer, porque no es a lo que habitualmente en esta comisión nos tiene acostumbrados, el Partido Popular- le diría que nuestro ordenamiento jurídico
corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo directamente, y a través de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, la realización de las necesarias políticas de prevención dirigidas al consumo de la sociedad, especialmente al
sector más joven, sobre los daños causados por el consumo de las drogas. Por otra parte, estas campañas y acciones se realizan en colaboración con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales, por lo que
desde esos colectivos y administraciones ya se subrayan las aspectos más preocupantes en esos territorios de actuación o en esas áreas de prestación de ayudas, dentro de la identidad de ayudas para toda la población en el territorio nacional. Hay
que subrayar que frente al abandono de los gobiernos del Partido Popular, este Ejecutivo ha puesto en marcha un importantísimo proceso de regularización de la inmigración existente. Somos conscientes de que la gravísima situación económica mundial
hace muy difícil una solución definitiva de esa problemática, pero ante la parálisis de la anterior administración, el Gobierno socialista ha planteado importantes respuestas solidarias a un gran número de personas, lo que les está permitiendo
participar en plenitud de derechos y de obligaciones en sus opciones laborales, familiares y ciudadanas.



Esta nueva legalidad les permite vivir en condiciones de igualdad con todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro Estado, y ser objeto normalizado, y eso es muy importante, de todas las campañas que se realicen desde cualquier ministerio u
organismo administrativo como un ciudadano o una ciudadana más. Desde el Grupo Socialista se considera innecesaria la aprobación de esta proposición no de ley, por tanto, expresamos nuestra voluntad de votarla en contra. Creemos que el marco de
acción preventiva existente es suficiente para que la campañas sanitarias lleguen con toda claridad a toda al población que reside en cualquier punto de España, y tampoco consta con una cuantificación claramente demostrable que esos colectivos de
inmigrantes o de extranjeros estén afectados especialmente por esa plaga del consumo de drogas, por lo que parece inadecuado montar mecanismos específicos de prevención y de atención, que creemos podrían conllevar a una visión


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negativa de la sociedad española sobre esos colectivos. La realización de una campaña específica para extranjeros e inmigrantes con el objetivo de prevenir el consumo y tráfico de drogas presenta algunos inconvenientes, pues existe el
riesgo de identificar consumo y tráfico de drogas con población extranjera.



En cualquier caso, dentro del marco del Plan de acción sobre la droga 2005-2008, como ya se ha dicho aquí repetidas veces por compañeros del Partido Socialista, existen protocolos suficientes para intensificar las relaciones con las
asociaciones más representativas de los colectivos de inmigrantes y ver cómo se pueden mejorar las actuaciones. La citada Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga ha elaborado un plan de acción que fue debatido en la reunión de
la Comisión interautonomica celebrada el día 28 de de marzo y 1 de marzo del 2005, incorporando sugerencias de los miembros de la misma y alcanzando un amplio consenso en cuanto a su contenido. Yo quiero remarcar lo del amplio consenso. El plan de
acción fue presentado en la conferencia sectorial del día 7 de marzo del 2005 y ha recogido propuestas de diversas organizaciones no gubernamentales y diferentes instituciones públicas. El plan, cuyo horizonte de ejecución, como he dicho
anteriormente, es el período 2005-2008, incorpora un total de 68 acciones, estructuradas en torno a seis grandes ejes de actuación que yo creo que son bastantes importantes: la coordinación, la prevención, la sensibilización, la atención integral,
la mejora del conocimiento, la reducción de la ofertas y, finalmente, la cooperación internacional. Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista votará en contra de esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez, de manera excepcionalísima me ha pedido la palabra, y va a tener un minuto, por sus gestos, creo que para matizar la intervención del senador Espasa y de la senadora Aleixandre.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muy brevemente. Por supuesto, yo acepto la decisión de voto que tome cualquiera, no va por ahí mi aclaración, pero sí quiero decirle a la señora senadora de CiU que también en Andalucía tenemos tarjeta sanitaria,
pero que aquí no estamos hablando de un problema de una comunidad autónoma, estamos hablando de un problema de toda España. Entonces, porque en unos sitios, esté mejor la situación, no quiere decir que aquí no podamos tratar lo que en otros sitios
no pueda estarlo. Al senador de la Entesa decirle que no se agarre a lo de los papeles. Yo he hablado de algunos sin papeles como de muchos sin trabajo o con otras circunstancias personales o particulares, como desconocimiento del idioma, o
desconocimiento de lo que sea. Si usted no quiere votar que sí, me parece perfecto, ahora, utilizar el argumento de los sin papeles para justificarlo, ya no me lo parece.



De todas formas, esto no un invento de este diputado ni del Grupo Popular.
Yo he estado haciendo referencia a un estudio del Defensor de Pueblo andaluz con recomendaciones y propuestas, nada menos que 14; la primera dice textualmente: Se
deben realizar campañas específicas de información y prevención para extranjeros e inmigrantes. Esto es lo que hemos propuesto.



El señor PRESIDENTE: Yo creo que se da por atendida la matización por parte de los senadores. Pasamos a la votación. En primer lugar votamos la primera proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Siguiente proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Tercera proposición no ley del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 15; en contra, 20; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Por último, votamos la proposición número 4 del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 15; en contra, 20; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Sin nada más en el orden del día, se levanta la sesión.



Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.