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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 59, de 14/03/2006
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 59
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN ALBORCH BATALLER
Sesión núm. 12
celebrada el martes, 14 de marzo de 2006,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
De la señora Camarero Benítez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Recursos que se van a destinar desde el Ministerio del Interior al incremento de los efectivos policiales especializados destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/000034 y
número de expediente Senado 683/00004) ... (Página 3)
-Número de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que el Gobierno asignará a la puesta en marcha de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. (Número de expediente
Congreso 181/000630 y número de expediente Senado 683/000033) ... (Página 3)
-Firma del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias para que los cuerpos de Policía local participen en la lucha contra la violencia de género.
(Número de expediente
Congreso 181/000076 y número de expediente Senado 683/000008.) ... (Página 6)
-Criterios seguidos para establecer protocolos con las políticas locales para la lucha contra la violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/000631 y número de expediente Senado 683/000034.) ...
(Página
6)
-Decisión del Gobierno de prescindir de las Policías locales en la lucha contra la violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/001202 y número de expediente Senado 683/000058.) ... (Página 6)
De la señora Monteserín Rodríguez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre:
-Previsiones en relación con los mecanismos de coordinación interdepartamental y administrativa para la implantación de la ley y la protección de las víctimas. (Número de expediente Congreso 181/001686 y número de expediente Senado
683/000053.) ... (Página 10)
-Previsiones acerca de aumentar los efectivos de los servicios de atención a la mujer de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para el año 2005.
(Número de expediente Congreso 181/001687 y número de expediente Senado 683/000054.) ...
(Página 12)
-Dotación prevista para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir y combatir la violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/001688 y número de expediente Senado 683/000055.) ...
(Página
14)
-Formación específica prevista para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación con la seguridad de las víctimas de la violencia de género. (Número de expediente Congreso 181/001689 y número de expediente Senado 683/000056.)
... (Página 15)
-Datos existentes sobre el incremento del tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual en nuestro país. (Número de expediente Congreso 181/001690 y número de expediente Senado 683/000057.) ...
(Página
16)
De la señora Pigem Palmés (Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió), sobre:
-Aplicación de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género, en situación administrativa irregular.
(Número de expediente Congreso 181/001797 y número de expediente Senado 683/000088.) ... (Página 18)
-Número de actuaciones previstas en la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que se han realizado para controlar la situación administrativa de las extranjeras víctimas de violencia, así como que han derivado en
sanción administrativa o expediente de expulsión. (Número de expediente Congreso 181/001798 y número de expediente Senado 683/000089.) ... (Página 18)
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
PREGUNTAS:
DE LA SEÑORA CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-RECURSOS QUE SE VAN A DESTINAR DESDE EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL INCREMENTO DE LOS EFECTIVOS POLICIALES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente Congreso 181/000034 y
número de expediente Senado 683/00004.)
-NÚMERO DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE EL GOBIERNO ASIGNARÁ A LA PUESTA EN MARCHA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de
expediente Congreso 181/000630 y número de expediente Senado 683/000033.)
La señora PRESIDENTA: En primer lugar quisiera dar la bienvenida al secretario de Estado y agradecerle su comparecencia, sin duda interesante, ante esta Comisión.
Vamos a proceder a la formulación de las preguntas que, como ustedes saben, han sufrido un proceso de acumulación. La primera pregunta es el resultado de la acumulación de las preguntas números 1 y 2 que formulará la diputada del Grupo
Popular, la señora Camarero Benítez.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Como cuestión previa, dadas las numerosas preguntas que nosotros teníamos dirigidas al secretario de Estado de Seguridad, hemos intentado acumularlas para agilizar el trámite de la Comisión, por lo que pido en
este primer turno un poco de flexibilización en el tema de los tiempos que tenemos asignados para cada una de las preguntas.
En primer lugar, señor secretario de Estado -señor Camacho- me gustaría darle la bienvenida a esta Comisión; una bienvenida sincera porque es importante para nosotros que miembros del Gobierno como usted que tienen responsabilidades
importantes acudan a esta Comisión a aclararnos algunas cuestiones que a nosotros nos preocupan.
Me gustaría empezar manifestando que para nosotros el tema de la protección y de la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia es crucial, por lo que queremos conocer algunas cuestiones que llevan meses preocupándonos y que
consideramos fundamentales no solamente en lo que se refiere a la eficacia de la Ley de Violencia, sino en general para salvaguardar la integridad de las mujeres, que es en realidad lo que más nos preocupa. El primer bloque de preguntas viene
referido a los distintos efectivos destinados a la protección de las mujeres víctimas de violencia. Señor secretario de Estado, nos gustaría saber claramente y sacar por fin hoy las cifras de cuántos son estos efectivos. A estas fechas, a pesar de
las innumerables preguntas que distintos diputados hemos formulado para conocer cuántos efectivos hay realmente, el ministerio no ha contestado, produciéndose un ocultamiento de datos que para nosotros resulta sospechoso. Durante meses hemos
escuchado por boca de distintos responsables del Gobierno bailes de cifras sobre los efectivos existentes y sobre los que se prevén incorporar durante los próximos meses. Por ejemplo, el 11 de febrero de 2005 el ministro del Interior, señor Alonso,
manifestaba que existían 722 miembros dedicados a estas tareas repartidos entre los siguientes efectivos: 200 efectivos de las unidades de prevención -las UPAP-; 250 efectivos de la Emumes, de la Guardia Civil, distribuidos en 175 puntos, y se
preveían 30 nuevos puntos para el año 2005; además de 272 efectivos de las SAM, distribuidos en 53 unidades, a las que se incorporarían 6 nuevas unidades durante 2005, llegando durante el tercer trimestre a 471 efectivos. El mismo ministro, el 31
de mayo, unos meses después, en una reunión con parlamentarias socialistas decía que durante 2005 se aumentarían estos efectivos hasta 380 nuevos especialistas para combatir la violencia de género, que se sumarían a los 722 que he señalado
anteriormente. Además, el pasado año el Gobierno anunció un plan de actuación urgente para reforzar estas unidades especializadas y concretaba el reparto de estos 380 efectivos: serían 200 funcionarios para el SAM, 150 funcionarios para las UPAP y
30 agentes para las Emumes.
Estos son las promesas y anuncios realizados por el Gobierno el pasado año y a nosotros nos gustaría saber cuáles son las cifras reales en la actualidad, cuántos agentes de cada una de las distintas unidades hoy están en
la calle y si se han cumplido los anuncios que reiteradamente durante el pasado año hicieron distintos responsables del Gobierno.
También me gustaría saber, para aclararnos con estos bailes de cifras que le decía anteriormente, en qué fechas se
incorporaron cada uno de los efectivos a estas unidades.
La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías, silencio. Agradeceríamos a las personas que tengan que hablar por teléfono que se ausentaran de la sala.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: También quisiera que nos aclarase una información que nos llega, el hecho de que los responsables de la policía tienen verdaderos problemas para cubrir las vacantes que se van produciendo porque además de
incrementar el número de efectivos creemos que se debe incentivar el servicio. En la actualidad todos sabemos que estos servicios los
prestan agentes en segunda actividad, que, quizás por falta de incentivos, están dejando de cubrir los puestos asignados, por lo que desde la Dirección General de la Policía se podría estar planteando la asignación de estas funciones a los
agentes en activo menores de 55 años. Yo no se si es verdad que se ha planteado modificar estos requisitos para el acceso a este tipo de unidades específicas y me gustaría que el señor secretario de Estado nos lo aclarase esta mañana, así como qué
medidas se están poniendo en marcha para incentivar a los agentes a que de verdad cubran las vacantes que se puedan ir creando.
Otra cuestión que nos preocupa, señor Camacho, son unas manifestaciones que se produjeron recientemente del consejero de Interior vasco quien, en una comparecencia ante el Parlamento Vasco, mantuvo que descartaba crear unidades de violencia
sexista y decía que el Gobierno central coincide con su postura aunque mantendrá sus grupos. Decía literalmente: Las unidades especializadas no nos parecen la fórmula más eficaz, y aseguraba coincidir con el Tribunal Supremo, con la Fiscalía
General del Estado, con dos vocales del Consejo General del Poder Judicial y con los ministerios de Justicia y de Interior. El medio de comunicación que recogía esta noticia afirmaba que fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que
básicamente existe una sintonía aunque mantendrá los servicios creados. Me gustaría saber hasta dónde llega esta sintonía, si es cierto que el Ministerio de Justicia y el de Interior -por lo menos su ministerio- coinciden en lo manifestado por el
consejero de Interior del Gobierno Vasco, si creen ustedes que las unidades especializadas no son eficaces y si es así, qué van a hacer, qué opciones hay para sustituirlas y si hay otras posibles soluciones que ustedes estén barajando. También me
gustaría, para terminar este primer bloque, que usted nos hiciese una previsión de cuál es la incorporación de nuevos efectivos para 2006 y qué presupuesto tienen previsto para esta nueva incorporación.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Quiero agradecer su bienvenida y ponerles de manifiesto mi satisfacción por comparecer por vez primera en esta Comisión para abordar toda una serie de cuestiones y actuaciones
puestas en marcha por el Ministerio del Interior y que responden a uno de los ejes estratégicos de la política del Gobierno tal y como fue definido en su momento por el presidente del Gobierno en su sesión de investidura. En dicha sesión ya se
ponía de manifiesto que uno de los ejes de este Gobierno sería poner en marcha una política dirigida a asegurar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, interviniendo decididamente sobre todas aquellas actuaciones que impliquen
discriminación de la mujer en la sociedad, y creo que en esta Comisión no existe ninguna duda acerca de que la violencia de género es la más execrable forma de desigualdad entre hombres y mujeres. Esto constituye uno de los ejes de la política del
gobierno y por lo tanto uno de los ejes de la política del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad, y así lo puse de manifiesto en mi primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso.
Entrando directamente en la cuestión que formula, sobre recursos humanos que se asignarán a la puesta en marcha de la Ley de medidas integrales contra la violencia de género, es evidente que los recursos más importantes con los que cuenta el
Ministerio del Interior para luchar contra esa violencia de género son los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en particular las mujeres y hombres, policías o guardias civiles, que están particularmente especializados para
intervenir ante actuaciones de violencia de género. Como perfectamente sabe S.S., esas unidades especializadas son, por un lado, las unidades de prevención, asistencia y protección -las UPAP-, en la Policía, así como los servicios de atención a la
mujer, también en la Policía, y en el ámbito de la Guardia Civil, los Emume, los equipos de especialistas mujer-menores. Sin embargo, no quiero incurrir en el error que sería entender que estas unidades especializadas son todas las que se dedican a
la violencia de género y solo las que se dedican a ello, porque, como bien saben SS.SS., todas las unidades de seguridad ciudadana están trabajando en el ámbito de luchar y prevenir la violencia de género. Pues bien, en abril de 2004, en el momento
en que este Gobierno toma posesión, estas unidades especializadas, al igual que el resto de las plantillas policiales, se encontraban insuficientemente dotadas para poder hacer frente de una manera adecuada a la evolución que se había producido en
este fenómeno delincuencial en los últimos tiempos, de cuya gravedad e intensidad en aquel momento nos dan buena idea las 84 mujeres fallecidas víctimas de violencia familiar durante el año 2003, de las cuales 65 lo fueron por violencia de género.
En marzo de 2004 -y lo voy a explicar en los distintos momentos en que se ha ido produciendo la evolución de efectivos para que quede claro para siempre-, el número total de efectivos de las unidades especializadas era de 505, en concreto había 255
funcionarios en los servicios de atención a la mujer, 120 en las UPAP y 130 especialistas de la Guardia Civil en los Emume. A finales de 2004, es decir, transcurridos menos de seis meses, la ejecución del Plan de medidas urgentes, que se aprueba
por el Consejo de Ministros en mayo de 2004, supuso pasar de esos 505 a 742 especialistas, hubo por lo tanto un incremento de 237 efectivos, 120 en la Guardia Civil y 117 en la Policía, lo que nos permitió en ese momento -estamos hablando de
diciembre de 2004- disponer de los recursos necesarios para afrontar con garantías la aplicación inicial de las medidas contenidas en la Ley integral.
Contando con el potencial de 2004 y con la entrada en vigor de la Ley integral, que como saben se produce a inicios de 2005, realizamos una nueva evaluación de las necesidades, que se concretó en el Plan de actuación inmediata para reforzar
las unidades especializadas en la asistencia y la protección a las víctimas de la violencia de género para el año 2005. La ejecución de ese segundo plan nos ha permitido la ampliación de las unidades especializadas en 330 efectivos, pasando de 742,
a finales de 2004, a 1.102 a finales de 2005; en concreto 492 en los servicios de atención a la mujer, 360 en las UPAP y 280 en los Emume, equipos de especialistas mujer-menor. Por lo tanto, en marzo de 2004, 505 efectivos; a finales de 2004, 742
efectivos; y a finales de 2005, 1.102 efectivos. Para que S.S. sea consciente del esfuerzo que eso ha supuesto le diré que el incremento de efectivos en el año 2004 fue del 46,9 por ciento -estamos hablando de seis meses- y el incremento de
efectivos en el año 2005 fue del 48,5 por ciento, lo que quiere decir que este Gobierno en 2004 y 2005 ha conseguido unos incrementos de unidades especializadas cercanos al 50 por ciento. Quiero poner de manifiesto que una de las políticas
prioritarias del Gobierno es evitar cualquier discriminación de tipo sexista, y si además la violencia de género es una de sus manifestaciones más execrables, el Gobierno ha puesto sobre la mesa medios suficientes para hacer efectiva, eficaz y
eficiente la actuación policial en la lucha contra este fenómeno que nos preocupa a todos.
Me pregunta por los incrementos que se van a producir en el año 2006. Esa cuestión es objeto de una pregunta que se formula posteriormente y por lo tanto me voy a remitir a ella para relatarle cuáles son las previsiones de crecimiento que
existen para el año 2006. En todo caso, quiero manifestarle que todos los compromisos del Gobierno en materia de violencia de género se han cumplido y todo lo que hemos manifestado sobre crecimientos en distintos momentos desde abril de 2004 lo
hemos cumplido.
Hemos dedicado recursos económicos suficientes para hacer frente al incremento policial necesario para que la Ley contra la violencia de género fuera efectiva, se han cumplido todas las previsiones y compromisos, salvo en las UPAP,
donde faltan 20 funcionarios en relación con los compromisos del Gobierno, en la medida en que las 20 personas que iban a cubrir esas plazas no han superado el periodo formativo. El compromiso del Gobierno es incrementar los recursos personales
destinados a la lucha contra la violencia de género, pero bajo la condición de que las personas que integren esas unidades especializadas estén adecuadamente formadas. Si no se ha superado el periodo de formación y no se está en condiciones de
hacer frente a este reto -que creo que es uno de los más importantes para esta sociedad- no cubriremos esas plazas. Las plazas están creadas, se difiere el cubrirlas, pero entenderá S.S., y creo que compartirá conmigo, que lo importante no es que
se cubran nominalmente las plazas, sino que las personas que las cubran sean las idóneas para hacer frente a un problema de la entidad que tiene la violencia de género en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: La señora Camarero tiene la palabra.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor secretario de Estado, evidentemente todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están para proteger a todos, niños, mayores y mujeres, pero ese no es el tema.
La Ley de Violencia
exigía al Ministerio del Interior un número suficiente de efectivos para cubrir las necesidades que cada día van incrementándose, porque, entre otras cosas, cada día hay más denuncias de mujeres. Le recuerdo que durante 2005, 40.542 mujeres
denunciaron malos tratos y contamos ya con más de 25.000 órdenes de protección. ¿Considera usted que los mil efectivos, si fuesen reales -y no quiero dudar de su palabra aunque las cifras varían respecto de la información que nosotros tenemos-,
contando la gente que está de baja -siempre hay funcionarios de baja-, los turnos, etcétera, son suficientes para proteger a las más de 40.000 mujeres que denuncian o a las más de 25.000 mujeres que tienen una orden de protección? Desde mi punto de
vista, no.
Hay insuficientes efectivos para poder cumplir las funciones que tienen encomendadas, para poder proteger adecuadamente a estas mujeres, e, insisto, las cifras distan mucho de las que nos dicen los sindicatos, que las bajan cuantitativamente
y mantienen que es imposible defender a una mujer las 24 horas del día con la plantilla que tienen. Desde el Grupo Parlamentario Popular le insistimos en que no son suficientes los efectivos existentes en la actualidad y ustedes no están poniendo
los recursos necesarios para que las víctimas de violencia estén suficientemente protegidas. Hace unos meses aprobamos por unanimidad en la Comisión de Interior una proposición no de ley para incrementar los efectivos y, a pesar de que tienen un
mandato de esta Cámara, ustedes no lo están haciendo con la debida diligencia. Es incomprensible la actitud del ministro Alonso en el Senado al decir que la dotación de la policía en España es suficiente para cubrir razonablemente las necesidades
de protección de las mujeres maltratadas. Los resultados obtenidos no nos dicen lo mismo. Nos parece incomprensible que el mismo ministro el 22 de diciembre manifestase con satisfacción que el Gobierno está obteniendo resultados, ya que
previsiblemente al final de año se iba a reducir el número de mujeres fallecidas. Me gustaría saber qué tiene que decir el ministro Alonso con el comienzo de año que hemos tenido. Yo, desde luego, no puedo compartir ni esta alegría ni esta
autosatisfacción del ministro cuando nos encontramos, señor secretario de Estado, con el peor año de la historia en cuanto a mujeres víctimas de violencia. Hemos empezado de la forma más trágica posible, con 16 mujeres muertas por este motivo.
Señor Camacho, desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos que dejen a un lado la autocomplacencia,
que eviten el conformismo y la resignación y que multipliquen sus esfuerzos, que busquen soluciones para que las mujeres víctimas de violencia puedan disponer de la protección que necesitan.
La señora PRESIDENTA: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): No es que no pueda dudar de las palabras del secretario de Estado, es que no debe hacerlo. El secretario de Estado le ha traído el desarrollo, la evolución de las unidades
especializadas contra la violencia de género; las cifras son las que yo he dado y los funcionarios que están en esas unidades están prestando su trabajo. Debe admitir que con independencia de esas unidades especializadas, que cubren un papel muy
importante dentro de la lucha contra la violencia de género, las labores de prevención, investigación y asistencia a las mujeres se llevan a cabo por todas las unidades que están destinadas a la seguridad ciudadana. En abril de 2004, con unas
plantillas fuertemente erosionadas por una mala gestión llevada a cabo en los tres años anteriores, no estaban en las condiciones más adecuadas, pero en este momento tanto en unidades especializadas, con crecimientos en torno al 50 por ciento, como
en cuerpos policiales en general, Policía y Guardia Civil, con los crecimientos que se han producido, estamos en mejores condiciones para hacer frente a esa cuestión.
Usted cita datos de mujeres fallecidas en lo que llevamos de año y creo que la valoración debe hacerse cuando finalice el año. En este momento, cuando nos quedan por delante nueve meses, no se puede decir que estamos en el peor año en esta
materia porque probablemente no sea un análisis riguroso, que es lo que debe hacer esta Comisión. Probablemente esa falta de plantillas en 2004, esa práctica inexistencia de unidades especializadas, justificó que el año 2003 fuera el peor de los
últimos tres años; en aquel año fallecieron desgraciadamente 84 mujeres, cuando en el año 2005 han fallecido 71. Es decir, este Gobierno ha conseguido que un número importante de mujeres no fallezcan como consecuencia de la violencia de género, y
lo ha hecho dotando de efectivos a las unidades especializadas, haciéndolas crecer en un 50 por ciento y haciendo aumentar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que habían caído en picado hasta los 110.000 efectivos cuando en este momento
ya estamos en los 120.000. Este Gobierno está cumpliendo y va a cumplir su compromiso electoral de que existan suficientes policías y guardias civiles para hacer frente a lo que nos demandan los ciudadanos, suficientes funcionarios en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar niveles de seguridad adecuados. Por lo tanto, el Gobierno ha cumplido y está dispuesto a seguir cumpliendo sus compromisos, los resultados son positivos y por ello deberíamos felicitarnos todos.
-FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA QUE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL PARTICIPEN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
(Número de expediente
Congreso 181/000076 y número de expediente Senado 683/000008.)
-CRITERIOS SEGUIDOS PARA ESTABLECER PROTOCOLOS CON LAS POLÍTICAS LOCALES PARA LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente Congreso 181/000631 y número de expediente Senado 683/000034.)
-DECISIÓN DEL GOBIERNO DE PRESCINDIR DE LAS POLICÍAS LOCALES EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente Congreso 181/001202 y número de expediente Senado 683/000058.)
La señora PRESIDENTA: La señora Camarero puede formular las preguntas números 3, 4 y 5, cuya acumulación ha solicitado. Tiene la palabra.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor secretario de Estado, me parece preocupante su actitud y la de su ministerio. Creo que hay que ser mucho más cautos desde el Gobierno. Nosotros estamos en la oposición y tenemos la obligación de pedir al
Gobierno más incentivos y que se ponga a trabajar de forma más seria. Me parece muy inquietante que usted venga con esta alegría diciendo que están haciendo todo lo posible y que gracias a ustedes está reduciéndose el número de mujeres muertas. Yo
hablaría con más cautela ocupando usted el puesto de responsabilidad que ocupa en el Ministerio del Interior.
Entrando en las preguntas relativas a los protocolos y a la Policía local, quiero decirle que la Ley Integral de Violencia de Género establece en su artículo 31 que el Gobierno debe firmar un protocolo para coordinar la acción de los
distintos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, como Guardia Civil, policías autonómicas allí donde las hubiera y Policía local. Sabemos que existe un protocolo con los órganos judiciales que deriva de
distintas comisiones de seguimiento de la implantación de la Ley reguladora de la orden de protección y que además es un mandato de la Ley de Violencia. Sin embargo, paralelamente a este protocolo con los órganos judiciales, su Gobierno viene
anunciando desde el principio de la legislatura la firma de un protocolo con la Federación Española de Municipios y Provincias. En cada una de las intervenciones públicas de los distintos miembros del Gobierno se ha ido manifestando que estos
protocolos se están terminando, que están a punto de ser aprobados.
Ya el 30 de junio de 2004, al principio de la legislatura, el anterior presidente de la FEMP, el señor Vázquez anunció, tras reunirse con el ministro del Interior, la inmediata aprobación de un protocolo que coordinaría especialmente a los
policías locales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Recuerdo la fecha, 30 de junio de 2004.
Mucho ha llovido desde entonces, muchos meses han pasado y este protocolo no se ha firmado, me gustaría que me aclarase el porqué. Ayer
mismo conocíamos la noticia de que el ministro Alonso había firmado por fin el protocolo con la FEMP. ¡Que casualidad! Esto solo puede obedecer a dos razones, o bien que han tenido que esperar a que el señor Vázquez abandonase la FEMP para firmar
el protocolo o bien que han tenido que firmarlo con prisas para que usted tuviera algo que contarnos esta mañana. Me quedo con la segunda opción y me alegra que desde esta Comisión y desde el Grupo Parlamentario Popular seamos útiles y estemos
marcando la agenda del Gobierno, que se ve obligado a firmar el protocolo para evitar las críticas de la oposición y para evitar que se evidencien la falta de compromiso, de seriedad y de responsabilidad de este Gobierno con un tema tan importante
como es el de la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia. En este protocolo que firmaron ayer se establecen una serie de criterios sobre los que no vamos a objetar gran cosa, salvo que nos preocupa que durante 14 meses que lleva en vigor
esta Ley de Violencia y durante los dos años de legislatura no haya existido la coordinación necesaria para que la Policía local pudiera realizar su trabajo de la forma más eficaz posible. Esto nos parece inadmisible.
Quisiera que usted nos
explicase el porqué del retraso y de su firma ayer mismo.
Por otra parte, el artículo 31 de la Ley de Violencia establece que el Gobierno promoverá las actuaciones necesarias para que las policías locales, en el marco de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen
para asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales. Sin duda, la Policía local debe prestar una atención creciente a esta problemática porque así lo demanda la sociedad. Los agentes de la Policía local de cada uno de
nuestros municipios se implican de forma directa en la protección y seguridad de las víctimas, dado que en la mayoría de nuestros municipios no existen agentes de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil que puedan atender a estas mujeres. Así,
la función de los agentes de la Policía local es básica e imprescindible y su creciente implicación como agentes de seguridad más próxima a las víctimas en muchos lugares de nuestra geografía debería ir acompañada de la coordinación necesaria con el
resto de la seguridad del Estado. Esta coordinación, hasta el día de ayer, era o poca o ninguna, porque sin protocolo ni criterios que éste estableciera, ¿qué coordinación podría existir? En octubre de 2005, en respuesta parlamentaria del Gobierno
a esta diputada le contestaba que, cumpliendo con la Ley de Violencia, se atribuyen a las policías locales la función de asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales y entre ellas las órdenes de protección. Sin
embargo, señor Camacho, esto no es totalmente cierto. En algunos municipios esto no está ocurriendo e incluso algunas audiencias provinciales están dando órdenes contrarias. Este verano saltó la noticia de que en algunas provincias se había dado
la orden a las policías locales para que no se hiciesen responsables de la protección de las mujeres que habían obtenido una orden de protección. Supongo que usted tendría conocimiento de esta noticia y me gustaría saber qué han estado haciendo
durante todo este tiempo que no existía protocolo de coordinación para coordinar a las policías locales y posibilitar que todo funcionase correctamente y, cómo no, para evitar que estas deficiencias se produjesen.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Estoy de acuerdo con usted y defenderé siempre que usted tiene que reclamar más incentivos para el cumplimiento de la Ley de Violencia de Género de la misma manera que creo que
desde su posición debe reconocer los esfuerzos que se han realizado y los resultados positivos que se han producido como consecuencia de esos esfuerzos, porque esa también es su función y su obligación.
Le voy a explicar todo lo que hemos hecho a lo largo de estos dos últimos años en materia de violencia de género y tras mi exposición verá que, incluso aunque no se hubiera firmado ayer el convenio, tenía muchas cosas que decir en este
ámbito y en esta Comisión. Para este Gobierno constituye una prioridad la lucha contra la violencia de género y creo que lo puso de manifiesto prácticamente 15 días después de tomar posesión con la aprobación de un Plan de medidas urgentes para la
prevención de la violencia de género, en el que se encomendaba al Ministerio del Interior -todavía no existía la ley integral- dos medidas importantes: por un lado, elaborar un protocolo de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, la autoridad judicial y el ministerio fiscal que garantizara una mayor eficacia en la vigilancia y cumplimiento de las órdenes de protección dictadas por la autoridad judicial y, por otro lado, potenciar la colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias a través del Convenio Marco de 2002 para que los cuerpos de Policía local participen de forma más coordinada y eficaz en la vigilancia y cumplimiento de esas órdenes de protección. El Ministerio del Interior
emprendió inmediatamente esas medidas que le imponía el Plan de medidas urgentes y, en primer lugar, lideró la elaboración del que luego se denominaría Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de coordinación con
órganos judiciales, aprobado el 10 de junio de 2004, apenas un mes después del acuerdo del Consejo de Ministros y practicante dos meses después de que el
Gobierno hubiera tomado posesión. Este protocolo, que conoce perfectamente S.S., contempla los principales aspectos de actuación policial y de coordinación a efectos de conseguir mejores resultados en la lucha contra la violencia de género.
La segunda de las medidas encomendadas al Ministerio del Interior consistía en potenciar la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias a través de ese convenio marco. Tengo que decirle que la suscripción de acuerdos
singulares con los distintos ayuntamientos que tienen peso en materia de policía local nos pareció importante desde el primer momento desde el punto de vista de una coordinación eficaz entre los cuerpos de la policía del Estado y las policías
locales, en la medida en que los acuerdos contenían previsiones importantes en materia de intercambio de información, documentación, acceso a bases de datos, etcétera. Desde el mes de mayo de 2004 se ha incrementado notablemente la firma de estos
acuerdos de colaboración, hemos firmado 28 en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía y 122 en el ámbito de la Guardia Civil; es decir, unos 150 y están en trámite otros 70. Para que usted pueda valorar el esfuerzo que se ha hecho de coordinación
con las policías locales le diré que durante la anterior legislatura se suscribieron 39, nosotros hemos firmado ya 150 y están 70 en trámite. Por tanto, este Gobierno sí se ha preocupado de la coordinación efectiva de las policías locales.
Si hace referencia al convenio que fue firmado, ha de tenerse en cuenta que la elaboración de ese protocolo se produce en desarrollo de la propia Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Estamos hablando
por lo tanto de una ley que se aprueba a finales de 2004 y que entra parcialmente en vigor el 1 de enero de 2005.
Aprovechando la experiencia que ya teníamos de un trabajo previo a la Ley Integral, a lo largo de 2004 el Ministerio del Interior
elaboró una propuesta de protocolo que remitió a la Federación Española de Municipios y Provincias en el mes de febrero de 2005; es decir, el compromiso que se contenía en la ley integral que entra en vigor el 1 de enero de 2005 fue cumplido por el
Ministerio del Interior prácticamente un mes después, donde ya teníamos elaborada una propuesta de protocolo que fue remitida en el plazo de un mes -y se lo reitero por la importancia que le dimos en ese momento- a la Federación Española de
Municipios y Provincias. El protocolo lo firmaron ayer el ministro del Interior y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y no tenga ninguna duda que lo hubiera firmado cualquiera que hubiera sido la persona que estuviera
al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias, por lo que no era problema del presidente sino que era necesario cumplir los trámites que le corresponden a la Federación Española de Municipios y Provincias, que, en definitiva, es una
federación que está agrupando intereses muy variados y con una estructura muy compleja, ajena al departamento ministerial que yo represento. En todo caso creo que debemos felicitarnos -y no tengo duda que S.S. se felicita- de que en un periodo tan
corto de tiempo contemos con un buen instrumento para llevar a cabo una coordinación efectiva entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, y creo que también estará especialmente contenta S.S. de saber que, con
independencia de ese protocolo, 15 días después de que este Gobierno tomara posesión se puso a trabajar en serio en la coordinación con las policías locales.
Por lo que se refiere a las preguntas 4 y 5, me plantea los criterios que se han seguido para establecer protocolos con las policías locales en la lucha contra la violencia de género, es decir, en qué se ha trabajado y cuál es el contenido
de esos protocolos y las políticas de coordinación efectiva que se van a seguir a partir de este momento. El protocolo, como bien sabe S.S., se encuadra, por un lado, dentro del marco de la Ley orgánica de medidas de protección integral y, por
otro, de las funciones que tienen atribuidas en materia de policía judicial las policías locales de acuerdo con nuestra Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; asimismo se enmarca en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El protocolo tiene
un objetivo fundamental que creo que también será unánimemente compartido por todos los que estamos presentes, y es el de optimizar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales.
De acuerdo con el protocolo que le he mencionado antes, de actuación y coordinación policial con los órganos judiciales, estos deben remitir las medidas adoptadas en protección de una víctima de violencia de género al órgano policial
territorialmente competente y es a partir de este momento cuando entran en marcha las previsiones contenidas en el protocolo. Este protocolo trata de garantizar un procedimiento ágil, seguro y eficaz en el intercambio recíproco de información. No
solo hago referencia a la notificación de aquellas resoluciones judiciales que se dicten sino a todos aquellos sucesos o acontecimientos que puedan producirse con posterioridad, así como aquellos antecedentes que puedan tener importancia en una
vigilancia efectiva del cumplimiento de la orden dictada por la autoridad judicial.
Con una serie de criterios: actuar con rapidez ante las situaciones de riesgo, evitar duplicidades en la actuación, actuar con sensibilidad -esencial en el ámbito
de la violencia de género- y con calidad y eficiencia en la atención, potenciar la coordinación y la colaboración con los recursos judiciales asistenciales públicos y no gubernamentales e informar de una manera adecuada a la víctima de sus derechos
y de los recursos existentes para hacer efectivos estos derechos.
Por lo que se refiere a los criterios de participación de las policías locales en el cumplimiento de esas medidas de protección, quiero señalar que se llevarán a cabo de acuerdo con una serie de criterios, como son la existencia de esos
acuerdos singulares que este Gobierno ha firmado
de colaboración con municipios, de la casuística y del volumen de medidas judiciales de protección existente y por supuesto de los medios y el nivel de formación especializada que puedan tener las policías locales en cada uno de los
territorios. Se establece un instrumento de coordinación a través de las juntas locales de seguridad y también se establece un instrumento importante de seguimiento del cumplimiento de ese protocolo a través de una comisión mixta con participación
del Ministerio del Interior y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Creo que tras la exposición que le he realizado no es necesario responder a lo que constituía la pregunta formulada por escrito con el número 5, información sobre la decisión del Gobierno de prescindir de las policías locales en la lucha
contra la violencia de género. Creo que ha quedado muy claro que no es que hayamos decidido prescindir de ellas, sino que las hemos implicado desde el primer momento, a los 15 días de constituirse el Gobierno, en la lucha contra un reto que nos
parece especialmente importante e intenso, al que vamos a hacer frente con todos los medios y con todos los recursos que sean necesarios.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Insisto, señor Camacho, nosotros no podemos estar satisfechos mientras una sola mujer sea víctima de violencia.
Reconozco que ustedes planes vacíos de contenido y anuncios han hecho muchos pero eficacia entre
poca y ninguna. Usted parece que mantiene que la culpa de que el protocolo tardase más de un año en firmarse es del señor Vázquez, con lo que me da la razón en que han tenido que esperar a que este se vaya al Vaticano para poder aprobar este
protocolo. Ustedes trabajan de cara a la galería, tardan más de un año en aprobar un protocolo y lo hacen justo antes de venir a esta Comisión a dar cuenta del mismo. Yo no creo en las casualidades y no me parece serio que se trabaje de esta
manera. La coordinación que ustedes están pregonando no funciona, no solo porque no ponen en marcha los instrumentos necesarios, como es el caso de los protocolos, sino porque no controlan lo que está pasando. Yo le preguntaba qué medidas están
poniendo en marcha para evitar casos como el de algunas audiencias provinciales que dictaban que las policías locales no eran responsables o dejasen de ser responsables en materia de órdenes de protección, y no me ha contestado. Si usted hablase
directamente con la Policía local, como he tenido oportunidad de hacer, le contaría que en los últimos meses, lejos de aumentar su implicación en la protección de las víctimas, se ha reducido su responsabilidad. Si ellos antes realizaban la
instrucción y el seguimiento de los casos de violencia de género, tras una orden dada por los superiores esta responsabilidad se reduce a la primera asistencia a las víctimas, mientras que la instrucción de la causa y el seguimiento posterior lo
está llevando la Guardia Civil. Antes, cuando se dictaba una orden de protección, los juzgados les remitían una fotocopia para que pudiesen hacer el seguimiento de dicha orden de protección. Hoy estas competencias están en manos de la Guardia
Civil. Eso pasa en algunos municipios de España, no me lo estoy inventando, con lo cual la coordinación no es total y ustedes deberían detectar estos supuestos y solucionarlos. Yo no digo que esté generalizado y espero que no sea así, pero desde
luego una vez que sale publicado en los medios de comunicación tienen que detectar y solucionar un problema que, les recuerdo, salió en verano y estamos en marzo y no se ha solucionado. Yo tuve la ocasión de hablar con los responsables de la
Policía local de distintos municipios de mi provincia ayer mismo. Insisto, no existe la coordinación necesaria y se está perdiendo una ayuda imprescindible como es la de la Policía local para acabar con este problema.
Tengo una duda que me gustaría que me resolviese. He leído que existe un órgano, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, que el Gobierno ha reconocido que tuvo la última reunión -y esto lo sé por respuestas
parlamentarias que ustedes me han dado, no me lo estoy inventando- el 27 de septiembre de 2004. ¿No se ha vuelto a reunir esta comisión? Me gustaría que me dijese si no se ha reunido tras la aprobación de la Ley de Violencia, porque como ustedes
tardan tanto en responder a las preguntas que les formulamos, puede haberse reunido posteriormente y que no hayan dado cuenta de ello. Quisiera saber si esta Comisión Nacional de Coordinación tiene alguna función en cuanto a la Ley de Violencia y a
todos los aspectos referidos a la protección de las mujeres víctimas de violencia, cuándo se ha reunido por última vez y qué medidas o acuerdos han adoptado para mejorar la situación existente.
También si el Comité Técnico ha emitido alguna
circular relativa a la intervención de la Policía local en asuntos de violencia de género.
Para concluir, quiero decirle, señor Camacho, que los efectivos policiales están desbordados; las medidas de protección que prevé la ley se dictan de forma casi automática; se calcula que el 50 por ciento de las medidas dictadas por los
jueces para proteger a las víctimas no se cumplen debido a la escasez de medios policiales dedicados a estas tareas; no son suficientes por tanto los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no es suficiente la coordinación con
las policías locales; estas últimas no están recibiendo la formación suficiente, manifestando no saber qué hacer ante la llamada de una víctima de violencia, desconocen los protocolos de actuación y al final son las mujeres las que están pagando la
falta de compromiso de este Gobierno, que no está haciendo los esfuerzos necesarios que requieren las víctimas. Por eso le insisto, pónganse ustedes a trabajar y no esperen a que tengamos una nueva
reunión de esta Comisión para acordarse de las mujeres víctimas de violencia.
La señora PRESIDENTA: El señor Camacho tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Creo que he explicado a lo largo de mi exposición de una manera clara todo lo que ha hecho este Gobierno en cuanto a coordinación con la Policía local. Le he puesto de
manifiesto los convenios que hemos firmado, los acuerdos concretos con ayuntamientos a efectos de permitir que la Policía local intervenga de una manera coordinada en la lucha contra la violencia de género y le he explicado también que la aplicación
práctica de este convenio depende de muchas circunstancias, de la existencia de acuerdos singulares y de la propia formación de las policías locales de cada uno de los territorios para hacer frente al problema. En todo caso, no es costumbre de este
secretario de Estado detectar los errores en los medios de comunicación; probablemente se incurra en una equivocación -y últimamente estamos asistiendo a ello- cuando se detectan errores inexistentes en los medios de comunicación y se basan los
discursos políticos en esos supuestos errores inexistentes. Yo me baso en la realidad, y la realidad es que hemos trabajado firmando convenios con policías locales, hemos hecho un buen protocolo en un tiempo record -le he hablado de un mes a
efectos de su presentación ante la Federación Española de Municipios y Provincias- y esto nos va a permitir seguir teniendo resultados positivos e implicar a todos los actores que tienen que decir algo en esta materia. En todo caso, me ha
preocupado, en la medida en que el Poder Judicial es una importante baza con la que contamos para luchar contra la violencia de género, que haya dicho textualmente que las medidas de protección se dictan de una manera automática. Espero que no
quisiera decir con eso que los jueces no valoren suficientemente la situación en la que se encuentra cada una de las víctimas de violencia de género y que no adopten la medida que tras ese análisis racional sea procedente. Nosotros trabajamos sobre
esa base y, sin embargo, he oído decir a S.S. que las medidas de protección se dictan de una manera automática. Me parece preocupante que pueda mantenerse este discurso en un tema tan sensible como este para la sociedad en la que vivimos.
Por lo que se refiere a la Comisión de Policía Judicial, yo mismo he asistido hace poco más de un mes a una reunión; supongo que la información con la que cuenta no es la más adecuada. Evidentemente no tengo aquí las fechas en las que se
ha reunido, pero no tenga ninguna duda -como le pondré de manifiesto en la pregunta siguiente- que todos los instrumentos de coordinación funcionan de una manera adecuada.
DE LA SEÑORA MONTESERÍN RODRÍGUEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE:
-PREVISIONES EN RELACIÓN CON LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY Y LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS. (Número de expediente Congreso 181/001686 y número de expediente Senado
683/000053.)
La señora PRESIDENTA: Para la formulación de la pregunta número 6 tiene la palabra la señora Monteserín, del Grupo Socialista.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: En primer lugar quiero darle las gracias al señor secretario de Estado por su comparecencia en esta Comisión y dejar claro que es la primera vez en la historia de esta Comisión Mixta de Derechos de la Mujer
que cuenta con la presencia de un secretario de Estado de Interior o de Seguridad para darnos cuenta de aquellas medidas que está llevando a cabo su departamento de cara a la lucha contra la violencia de género; creo que esto manifiesta la voluntad
y el trabajo de un gobierno en esta materia, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista le está muy agradecido por su comparecencia.
Señor secretario de Estado, la Ley de medidas integrales contra la violencia de género es un instrumento de lucha importante muy valorado por la sociedad. Además, fue aprobada por unanimidad. Fue la primera ley que se aprobó en esta
legislatura y, aunque haya sido tramitada de una manera rápida, ha sido ampliamente analizada por muy distintos sectores, por especialistas en medios jurídicos, por las asociaciones de mujeres, por este Parlamento, etcétera. También es el
cumplimiento de una promesa electoral, un compromiso que el señor presidente del Gobierno había adquirido a lo largo de la precampaña y de la campaña electoral con las mujeres y con las víctimas de esta terrible lacra social. Sabíamos y sabemos,
éramos y somos conscientes de que es una ley muy compleja que tendrá sus frutos a medio y largo plazo. Siempre dijimos que esta ley no iba a erradicar de forma automática el problema y que para que fuera eficaz, dada su complejidad, puesto que
afecta a siete ministerios, a todas las comunidades autónomas y a todos los ayuntamientos de este país, precisaba, en primer lugar, de voluntad política de todos los actores que en esos ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos deben
vehiculizar esas ayudas y, en segundo lugar, de un ajuste fino en algunos mecanismos que tienen que ver con la coordinación, fundamentalmente interdepartamental y administrativa, que afecta muy directamente al Ministerio del Interior y concretamente
a la Secretaría de Estado de la que usted es responsable. Por ello es especialmente importante para nuestro grupo conocer cuáles son esos mecanismos de
coordinación que se han impulsado porque creo que es necesario, un año después de su puesta en vigor, frente a opiniones catastrofistas en la aplicación de esta ley, seguir transmitiendo, sobre todo a las mujeres afectadas, que este
instrumento es un paso muy importante en materia de seguridad y que es eficaz para su protección. Esta es nuestra responsabilidad, porque, objetivamente es así, y porque lo creemos así, y por ello nos interesa mucho la respuesta a la pregunta que
le hemos planteado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Es obvio que el planteamiento que ha hecho es el correcto. Esta ley puede ir modificando conductas, puede ir consiguiendo resultados y de ahí la importancia de esta Comisión,
en la medida en que nos pueda proporcionar una buena información, una buena reflexión acerca de si las medidas que se van adoptando son las adecuadas. De ahí la importancia de superar el discurso en el que a veces nos instalamos para contemplar
este fenómeno como especialmente preocupante, en donde hay que reconocer los esfuerzos que se hacen cuando estos van por el buen camino.
Uno de los pilares en los que se asentaba esa ley integral, como no podía ser de otra manera, era en los sistemas o instrumentos de colaboración y de coordinación entre las distintas administraciones, instituciones y agentes que tienen que
ponerse a trabajar para que esta ley pueda resultar eficaz. Digo que no podía ser de otra manera si tenemos en cuenta que la ley simboliza y representa el reconocimiento explícito por las instituciones y por los poderes públicos de la existencia en
nuestra sociedad de un problema de naturaleza muy compleja cuya erradicación exige igualmente medidas complejas multidisciplinares y además coordinadas. La puesta en marcha de esta ley, como bien saben SS.SS., se produce en dos escalones: el
primero a finales de enero de 2005, y el segundo -que comprendía la parte de tutela judicial e institucional- a finales de junio. Hemos desarrollado todos los instrumentos de coordinación que se encontraban contenidos en la ley, pero incluso antes
de que existiera la ley -y lo he mencionado en la respuesta a la pregunta anterior- elaboramos un protocolo de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridad judicial y ministerio fiscal, prácticamente nada más hacerme cargo
de la Secretaría de Estado, dado que en aquel momento se produjeron dos dramáticos episodios de violencia de género que pusieron de manifiesto la necesidad urgente -no se podía esperar a la ley- de adoptar medidas de coordinación entre los órganos
judiciales y los policiales en tanto se procedía a la tramitación de las medidas que podría contener la ley integral, sobre todo porque desde el Consejo General del Poder Judicial se nos manifestó que en la anterior legislatura no había sido posible
elaborar el protocolo al efecto por falta de receptividad en el Ministerio del Interior.
Por lo tanto, y a iniciativa de nuestro departamento -yo mismo asistí a las reuniones en las que se conformó ese protocolo-, se elaboró un buen texto de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la autoridad judicial
y el ministerio fiscal, que nosotros valoramos positivamente y que sin duda ustedes lo hacen, ya que decidieron incorporarlo al cuerpo de la ley como criterio de actuación a seguir por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales,
autonómicas o locales. Esto lo hicimos con carácter previo -es importante hacerlo constar- a la aprobación de la ley. Y una vez aprobada la ley, para la puesta en marcha de sus previsiones en materia de protección judicial e institucional, se creó
una Comisión Nacional de implantación de los juzgados de violencia de género, en la que trabajaron, aparte de nuestro ministerio, el Ministerio del Interior, el de Justicia, el de Trabajo, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas,
el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía, el de los Procuradores y, finalmente, la Federación Española de Municipios y Provincias. En esta Comisión Nacional de implantación de los juzgados de violencia de género se
han adoptado acuerdos muy importantes sobre materias de extraordinaria sensibilidad en la puesta en marcha de una ley compleja como es la ley integral. Elementos tales como locales para la instalación de los nuevos juzgados especializados,
definición de su plantilla, cobertura de plazas, formación, dotación, etcétera. Desde el primer momento hemos trabajado en estrecha colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos firmado más de 150 convenios con
ayuntamientos para posibilitar que todos estemos en mejores condiciones para luchar contra este fenómeno y hemos terminado firmando en un plazo record de tiempo un protocolo que creo producirá efectos importantes en esta materia. Esto también es un
instrumento de coordinación, junto con algunos de los que han de poner en marcha las medidas de la ley integral.
También quiero destacar, dentro de esta política de coordinación que hemos llevado hasta sus últimas consecuencias, el acuerdo de colaboración suscrito el 20 de abril con el Ministerio de Trabajo para la difusión del servicio de
teleasistencia para la protección de las víctimas de violencia de género. En mi opinión, esto constituye un instrumento muy importante en la lucha contra la violencia de género, destinado a una labor preventiva, a prevenir la producción de
agresiones o al menos minimizar sus consecuencias, facilitando además el contacto de la víctima con un entorno de seguridad y posibilitando la intervención inmediata y la movilización, en su caso, de los recursos que sean necesarios. Creo que en
este ámbito todos somos conscientes de que proporcionar ese entorno de seguridad y esa tranquilidad a las víctimas de la violencia de género no solo constituye una obligación moral por parte de los poderes públicos sino que introduce
tranquilidad en vidas que desgraciadamente no son lo tranquilas que debieran ser.
En resumen, tanto en el tiempo como en las materias hemos desarrollado intensamente las políticas de coordinación que establecía la ley integral y con ello creo que estamos en mejor situación para hacer frente a lo que S.S. llamaba un
fenómeno complejo, un fenómeno que pasarán años antes de que podamos decir que está definitivamente vencido.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Decía al principio que la complejidad de la ley requería para su aplicación y eficacia de dos cosas que a mi grupo parlamentario le parecen fundamentales: voluntad política y capacidad de coordinación. No
tengo ninguna duda de que usted y el Gobierno tienen voluntad política de aplicar esta ley y tampoco tengo ninguna duda de que están desplegando todos los medios necesarios para lograr una coordinación eficaz, pero creo que eso requiere de voluntad
política y la coordinación de otras administraciones. Ahí los niveles son muy diferentes. No todas las comunidades autónomas lo aplican de la misma manera, de hecho los resultados son diferentes, y no todos los alcaldes tienen la misma voluntad
política. He de decir que casi siempre es de un color, de aquellos que no creían en un inicio, en la anterior legislatura, ni en este tipo de instrumentos ni en este tipo de leyes para combatir este grave problema que tenemos en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: El señor secretario de Estado puede contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Sin duda es necesaria la concurrencia de esas dos condiciones, voluntad política -pero no solo por parte del Gobierno, sino por parte de todos lo que tienen que decir algo en
esta materia- y capacidad de coordinación.
Estamos haciendo esfuerzos, y agradecemos los que se hacen en el ámbito de la administración autonómica y local, y creo que producen resultados.
Por citar solo el último de los elementos de coordinación a
los que me he referido, mencionaré que el convenio en materia de teleasistencia móvil.
En el momento en que el Ministerio del Interior, que lidera la firma de ese convenio para introducir cierta claridad en ese ámbito, lo firma, solo existían 465
corporaciones locales adheridas a este convenio de teleasistencia móvil, y solo aparecían como usuarias de ese servicio 440 mujeres. Esta era la situación alrededor de abril de 2005, y en menos de un año hemos conseguido que las corporaciones
locales que han firmado y que se encuentran adheridas a este convenio sean 628, y que de 440 mujeres usuarias se haya pasado a 3.141. Este ejemplo pone de manifiesto que las políticas de coordinación son necesarias, y que cuando se trabaja de una
manera seria en la coordinación, los resultados se ponen de manifiesto.
-PREVISIONES ACERCA DE AUMENTAR LOS EFECTIVOS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE LA GUARDIA CIVIL PARA EL AÑO 2005.
(Número de expediente: 181/001687 y número de expediente Senado 683/000054.)
La señora PRESIDENTA: Para la formulación de la pregunta número 7, tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Señor secretario de Estado, gracias por estar aquí. La verdad es que me siento orgullosa de mi Gobierno, que responde de las políticas de seguridad ante un problema que la lucha feminista consiguió convertir en
un problema de Estado, lo que tuvo como resultado que se pudo consensuar una ley integral que sitúa en la agenda política, como una prioridad, el problema de la violencia de género.
Le quiero pedir disculpas porque, efectivamente, la pregunta número 7 ha sido ya sustanciada por usted al contestar a las preguntas números 1 y 2 de la señora Camarero, pero así es la dinámica parlamentaria.
Señor secretario de Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un elemento fundamental en la garantía de la seguridad de las víctimas, además de convertirse en un activo para la tutela de los derechos constitucionales de las
mujeres víctimas y de sus criaturas.
Todos los gobiernos han ido asumiendo paulatinamente una acción cada vez más decidida contra la violencia de género. Empezamos con los primeros gobiernos socialistas haciendo un esfuerzo para la disposición de
recursos, pero yo destacaría más, como resultado de esos primeros gobiernos socialistas, la visibilidad -que al cabo de los años se ha convertido en un elemento muy importante de lo que ha venido sucediendo después- de un problema que permanecía en
el ámbito privado y que escapaba por completo a la acción de cualquier control público o del Estado. También es verdad que el Gobierno popular -lo hemos dicho muchas veces-, sobre todo el último, avanzó mucho. Comprendió cuál era el problema y
aprobó algo importantísimo, la Ley 27/2003, de 31 de julio, que regulaba las órdenes de protección a las víctimas de violencia de género. Pero también es verdad, y lo hemos dicho algunas veces, que ese esfuerzo no fue acompañado de una suficiente
dotación de efectivos. El gran salto que supone a mi modo de ver la asunción por parte del Estado del problema de la violencia de género es la concreción de la Ley 1/2004, que exige en su texto una mayor implicación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Según los datos que proporcionó el Ministerio del Interior con motivo del Día internacional contra la violencia de género, el pasado 25 de noviembre de 2005, y usted
lo ha ido aclarando en la contestación a las preguntas 1 y 2 de la comparecencia, los efectivos tanto del Cuerpo Nacional de Policía como del de la Guardia Civil se habían duplicado respecto de lo que nos habíamos encontrado un año antes
cuando llegamos al Gobierno, tanto en las UPAP, los SAM como los EMUME. Quiero aclarar, y creo que la sociedad entera lo tiene claro, que el Gobierno se ha implicado no solo impulsando la ley sino también aportando recursos para el desarrollo de
las medidas adoptadas, la última de ellas fue la aprobación, en el Consejo de Ministros del pasado 3 de marzo, de una de las últimas medidas pendientes: el Observatorio estatal de la violencia de género.
De todas formas, más allá del mensaje alarmista u oportunista creo que el mejor logro de la ley -no lo digo yo, sino todos los expertos y expertas en todos los foros- no puede ser el número de muertes. Tiene que ser otra cosa, tiene que
ser, en primer lugar, el mensaje de cambio cultural que se ha producido en la sociedad española de tolerancia cero respecto de la violencia de género, y en segundo lugar, y también me parece importante destacarlo, el aumento del número de denuncias,
porque no hay que olvidar que hasta hace muy poco los estudios exhaustivos y rigurosos con los que contábamos decían que los casos de violencia de género que salían a la luz no representaban más de un 10 por ciento del total de la realidad.
Por
tanto un logro claro es el aumento de las denuncias así como el aumento de las órdenes de protección. Por otra parte, hago una llamada a la responsabilidad. Los poderes públicos -y nosotros somos representantes directos de la ciudadanía- no
podemos provocar la desconfianza de las víctimas, que deben tener una confianza absoluta en los mecanismo que todo el aparado del Estado debe poner a su disposición para garantizar su integridad, su libertad y su derecho a la vida.
La ley integral es un instrumento muy eficaz que tiene en los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el mayor exponente de ese cambio cultural que quiero trasladar aquí, y no lo digo solo yo. La última vez que hemos tenido ocasión de
reconocer desde una instancia distinta a la del Gobierno, el II Congreso sobre violencia de género, recientemente celebrado en Granada, todos los jueces reunidos allí -estaban todos los jueces de España dedicados a la violencia de género, fiscales,
forenses, etcétera- reconocieron que la ley es un instrumento eficaz y destacaron el papel que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están llevando a cabo en relación con la correcta aplicación de la ley.
Este era mi mensaje, y aunque ya sé que ya ha contestado a la diputada Camarero, me gustaría saber cuál ha sido el aumento de efectivos para el año 2005.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Coincido en todos y cada uno de los extremos del discurso que ha mantenido hasta este momento. En este país, como ocurre en todos, si los grandes problemas llegan a
solucionarse es como consecuencia del esfuerzo de los distintos gobiernos que les han hecho frente de una manera cada vez más clara y transparente. En el ámbito de la violencia de género debemos felicitarnos de que ya el anterior Gobierno
socialista visualizara el problema y empezara a hacerle frente; que los gobiernos del Partido Popular visualizaran también el problema e introdujeran reformas legales que han demostrado ser importantes; y que este Gobierno haya considerado como
una de sus prioridades la violencia de género. Esto es importante, y en su momento deberemos reconocerles a todos ellos los esfuerzos que se hicieron para visualizar el problema y para establecer instrumentos que nos permitieran hacerle frente con
claridad. Por eso mismo, porque creo que esto es un esfuerzo de todos, del Gobierno, de SS.SS., de la oposición, no podemos generar en un ámbito tan específico, con esa sensibilidad tan a flor de piel como es el de las víctimas de la violencia de
género, ideas equivocadas, como sería equivocado decir que lo que está diciendo el secretario de Estado en cuanto a incrementos de personal no responde a la realidad, porque lo que estamos transmitiendo a las personas cuya vida es un infierno todos
los días es que se les está mintiendo, y que los crecimientos de unidades especializadas no existen.
Eso me parece grave, porque la seguridad se genera con elementos objetivos y con mensajes, y los mensajes no solo se lanzan desde el Gobierno; hay
otras instancias y otros partidos que pueden lanzar mensajes importantes en temas tan esenciales para la sociedad como son estos.
Estoy de acuerdo en todos y cada uno de los extremos de su discurso, y en que también, con la necesaria transparencia, se ha conseguido que el asunto de la violencia de género no sea algo que haya que ocultar en cada una de las casas, en lo
más profundo de las familias, sino que hemos posibilitado entre todos que en este momento denunciar este hecho no sea visto como algo negativo, que no se lleve a la denunciante a lo más profundo de nuestra sociedad porque haya denunciado eso que se
ha sufrido en el ámbito familiar. Hasta tal punto creo en eso que hace poco, valorando las cifras de criminalidad, francamente muy positivas, incluía en mi análisis positivo el que hubieran crecido las denuncias por violencia de género, porque eso
es lo que pretende este Gobierno, que el asunto de la violencia de género no se esconda en lo más profundo de las viviendas sino que salga a la realidad y que podamos utilizar los instrumentos que afortunadamente en este momento sí existen para
hacer frente a este problema.
Ya he hecho mención en mi intervención anterior a las preguntas 1 y 2 al hablar de los crecimientos a lo largo del año 2005, pero cuantas más veces lo diga más convenceré a aquellos que no se creen los incrementos.
Por lo tanto, para que no
quede reflejado solo en una ocasión en el 'Diario de Sesiones' sino en dos, voy a repetir los crecimientos reales que han tenido lugar en
las unidades especializadas. Como ya les he comentado, en el año 2004 hubo crecimientos que no estaban vinculados a la ley integral en la medida en que esta no existía. Con la entrada en vigor de la ley integral, realizamos una nueva
evaluación de las necesidades, que se concretó en un plan de actuación inmediato para reforzar las unidades especializadas a lo largo del año 2005. En la ejecución de este segundo plan -hubo uno primero en 2004-, hemos ampliado las unidades
especializadas en 360 efectivos, pasando de 742 que había a finales de 2004 a 1.102 con las siguientes dotaciones: 492 en los SAM, 330 en las UPAP y 280 -estamos hablando de finales de 2005- en los EMUMES. Esta es la realidad, y es importante que
todos transmitamos nuestra confianza en que esas unidades especializadas, en la medida en que han supuesto un crecimiento de casi el 50 por ciento, van a prestar un mejor servicio a las personas integrantes de nuestra sociedad que lo requieren y lo
necesitan. Además, estamos obligados a prestárselo.
La señora PRESIDENTA: Señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Me siento muy satisfecha de que el anuncio del ministro de que, a final de año, habría aproximadamente 1000 efectivos dedicados específicamente a la violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado se haya cumplido.
-DOTACIÓN PREVISTA PARA LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente: 181/001688 y número de expediente 683/000055.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 8, que formula también la diputada María Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Señor secretario de Estado, la pregunta número 8 se refiere más a los efectivos previstos para el año 2006. Sobre todo me gustaría que, en la medida en que pueda, me aclare cómo van a ser distribuidos esos
nuevos efectivos en relación con el territorio, y si van a crearse nuevas unidades, así como la necesidad de que se atienda a las víctimas con más problemas de acceso a los recursos, especialmente las que viven en el medio rural. Supongo que usted
me aclarará, aunque también se ha referido a ello en las anteriores contestaciones, que no solo las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dedican a combatir la violencia de género, sino que son todas las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la medida en que tienen la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y ya hemos dicho -la ley lo explica claramente- que la violencia de género es un problema de seguridad, las que se dedican a combatir
esta lacra.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Por lo que se refiere a las unidades especializadas en violencia de género, nuestras previsiones -que tendré el placer de comprobar que hemos cumplido el año que viene- son
dotar con 500 efectivos las UPAP -Unidades de Prevención, Asistencia y Protección-, por lo tanto, lo que se prevé es la incorporación de 170 nuevos efectivos a lo largo del año 2006; y contar con 400 efectivos en los EMUME -Equipos de Especialistas
Mujer-Menor-.
Por lo tanto, lo que pretendemos es la asignación de 120 nuevos especialistas a lo largo de este año. Como en los años anteriores, la asignación de estos nuevos efectivos se realizará atendiendo, por un lado, a la creación de nuevas
unidades y puntos de atención especializada, y teniendo en cuenta, evidentemente, las necesidades de cada uno de los territorios para conseguir que la atención sea la misma en todos ellos; y, por otro lado, al reforzamiento de aquellas unidades ya
existentes, y que la práctica nos ha demostrado que deben ser reforzados. Por lo que se refiere a las UPAP -Unidades de Prevención, Asistencia y Protección- se van a crear 45 unidades nuevas y se reforzarán 29 de las ya existentes; por lo que se
refiere al despliegue de los 120 nuevos funcionarios que pasarán a ingresar en los equipos de Especialistas de Mujer-Menor le voy a anticipar que el compromiso es que 47 de ellos irán destinados a la creación de nuevos puntos de atención
especializada y 73 reforzarán los puntos de atención existentes en este momento.
Es necesario repetir algo que ya he dicho previamente pero que es necesario dejar muy claro: las funciones que desarrollan los agentes especializados, las UPAP, los EMUME, los SAM, no son las únicas necesarias para aplicar la ley integral;
es más, la función de proteger a la víctima que cuenta con una medida judicial de protección corresponde casi siempre a las unidades de seguridad ciudadana. En este sentido, no puedo dejar de reiterar el esfuerzo realizado por este Gobierno a
través de las sucesivas convocatorias ordinarias y extraordinarias -en la medida en que hicimos frente al problema incluso en el año 2004 con unos presupuestos que no habían sido elaborados por este Gobierno- para el acceso de nuevos funcionarios a
ambos cuerpos que permitieran un crecimiento real de unas plantillas fuertemente erosionadas, lo que nos ha permitido un crecimiento efectivo de aproximadamente 9.600 cada uno de los años, objetivo de este Gobierno que se ha ido cumpliendo en los ya
casi dos de gobierno, y que nos va a permitir cumplir al final de la legislatura el objetivo establecido en el programa electoral del Gobierno, que hablaba de un crecimiento efectivo de 36.000 nuevos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil. Creo que la atención dispensada a los equipos y unidades especializadas y la atención prestada a lo que constituía también
un objetivo prioritario de este Gobierno, que era reforzar unas plantillas diezmadas, nos van a permitir, y permítanme que insista en ello, estar todos en mejores condiciones para hacer frente al problema de la violencia de género.
-FORMACIÓN ESPECÍFICA PREVISTA PARA LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente: 181/001689 y número de expediente 683/000056.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 9, que formula de nuevo la señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Señor secretario de Estado, la especialización de los profesionales que actúan para abordar los problemas de la violencia de género es un requisito explícito recogido en la Ley orgánica 1/2004 que, además, es una
garantía para una correcta intervención. La violencia de género, se ha dicho esta mañana aquí, es un fenómeno complejo, con raíces culturales que hay que atajar desde muy diferentes frentes. La formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado es una necesidad de las víctimas; su personal debe conocer las causas, y no solo abordar la violencia de género desde una perspectiva que pudiéramos entender como estrictamente policial. Tienen que conocer aspectos psicológicos y sociales
de estas situaciones, porque es imprescindible para atender de forma correcta a quienes padecen esta lacra. Hasta ahora hemos hablado más desde un punto de vista cuantitativo, del número de efectivos, de la cantidad de efectivos dedicados a esta
cuestión, pero la formulación de esta pregunta hace relación a la necesidad de conseguir una formación especializada como una garantía de calidad, hace relación expresa a la calidad de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Sabemos, aunque no del todo, hasta qué punto la Policía y la Guardia Civil están haciendo un esfuerzo en materia de formación, pero insisto en que es una garantía de la calidad de la aplicación y el desarrollo de la ley, y necesitamos saber
cómo está montado en el Ministerio del Interior todo ese dispositivo de formación que garantiza que las situaciones de violencia se aborden de una manera correcta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Ya he dicho en respuesta a una pregunta anterior que para este Gobierno era un objetivo no solamente reforzar las unidades especializadas sino reforzarlas con funcionarios
adecuadamente formados para hacer frente a una necesidad especialmente compleja. Por lo tanto, una de las principales preocupaciones del Ministerio del Interior no solo ha sido reforzar numéricamente la presencia en estas unidades y en las unidades
de seguridad ciudadana, sino también que existiera una adecuada formación. Le voy a explicar las reglas generales que hemos entendido que era necesario tener en cuenta en los cursos de formación que se han ido desarrollando a lo largo de los
últimos tiempos, pero también cuáles han sido esos cursos de formación y esas modificaciones que se han producido en el ámbito de ambos cuerpos, el de la Policía y el de la Guardia Civil.
Los criterios que hemos utilizado a efectos de llevar a cabo una política formativa adecuada en este ámbito son esencialmente tres. En primer lugar, proporcionar una formación integral en cuanto a contenidos y en cuanto a la perspectiva de
género, que es importante tener en cuenta a la hora de afrontar esta cuestión. En segundo lugar, hemos pretendido mejorar las competencias técnicas de los agentes y mejorar sus conocimientos y sus habilidades a la hora de enfrentarse a este tipo de
delincuencia y, al mismo tiempo -y creo que es especialmente importante-, desarrollar en los nuevos agentes y en los que ya venían prestando servicio nuevas actitudes frente al fenómeno, en línea con los avances sociales que se han producido,
haciendo de la asistencia y protección de la víctima el eje sobre el que pivote toda la actuación policial. Creo que estarán de acuerdo conmigo, en que es importante que la víctima debe sentirse segura siempre y adecuadamente tratada en un momento
especialmente complicado de su existencia. El tercero de los criterios que hemos utilizado ha sido que la formación de la violencia de género no solo debe ser patrimonio de una serie de unidades especializadas sino que, en la medida en que la
gestión corresponde a todos los cuerpos, todos deben tener los conocimientos, las habilidades, la formación y la actitud necesaria para hacer frente a un fenómeno tan complejo. Sobre estos criterios, y sobre todo a partir de la promulgación de la
Ley 1/2004, hemos ido desarrollando una política formativa que permitiera que la aplicación efectiva de la ley fuera la más adecuada.
Por lo que se refiere a la Guardia Civil, en la academia para el ingreso en las diferentes escalas, formamos el año pasado a 4.294 nuevos miembros frente a los 3.660 que se formaron en el año 2003, y hemos mejorado su formación inicial, la
que tienen de salida en el momento en que se incorporan al Cuerpo, en violencia de género, actualizando los contenidos que se encontraban en los programas en materia de violencia de género e incrementando las actividades de carácter extraacadémico
que pudieran tener relación con este asunto. Se organizaron, además, cuatro seminarios complementarios en la Academia de Guardias y Suboficiales con la finalidad de mejorar su formación teórica y práctica. Pero no solo es importante la formación
en el inicio, sino también la continua, y en este sentido se han impartido dos tipos de cursos: los destinados a la actualización de conocimientos de la unidades territoriales, cursos a los que
asistieron más de 13.000 guardias civiles frente a los 207 que lo hicieron en 2003, gracias a la puesta en marcha en la Guardia Civil de un programa de formación continua en este año; y los destinados a actualización de conocimientos en las
escuelas de especialización, que han afectado a 1.698 alumnos. Por otro lado, también en la Guardia Civil hemos desarrollado cursos de perfeccionamiento a los que asistieron numerosos guardias civiles, bien organizados por la propia institución
bien por otras entidades de carácter público o privado. Tengo las cifras, pero no quiero cansar a SS.SS. con los guardias civiles que participaron en estos cursos.
Por lo que se refiere al cuerpo Nacional de Policía, mi segunda gran responsabilidad, en la formación que se imparte en la academia de Ávila, que como sabe es la academia de formación inicial, esencialmente se incluyeron cambios muy
significativos a lo largo del año 2005 en los planes de formación y en los temarios dirigidos a la escala Básica y Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía. Son cambios relativos, como no podía ser de otra manera, en las reformas legales que se
habían efectuado y en los nuevos protocolos, circulares e instrucciones que ya hemos mencionado a lo largo de las preguntas anteriores, ampliando además el estudio de los aspectos preventivos. Creemos que no nos equivocamos al afirmar que en el
ámbito de la violencia de género la prevención es muy importante, pero también lo es en el de la investigación y el tratamiento de las víctimas -también tengo el número de alumnos, pero no los voy a cansar-.
Por lo que se refiere al Centro de Promoción, del cuerpo nacional de Policía, procedimos a desarrollar nuevos contenidos en los cursos de capacitación para el ascenso a oficial, a inspector jefe, a comisario y a comisario principal, con
modificaciones orientadas a perfeccionar los conocimientos profesionales por un lado, pero también la sensibilización de los mandos hacia el problema de la violencia de género. Finalmente, en el Centro de Actualización y de Especialización de la
Dirección General de la Policía se amplió notablemente el número de cursos y jornadas realizadas, desarrollándose 18 acciones formativas tanto a nivel central -en Madrid- como a nivel territorial, a las que asistieron 625 miembros, frente a las 4
jornadas desarrolladas en 2003, a las que asistieron 130 funcionarios.
En definitiva, creemos que vamos por el buen camino y, por lo tanto, en el año 2006 vamos a continuar perfeccionando los temarios de los procesos selectivos y de formación que se imparten en las academias y vamos a impulsar la difusión de
los contenidos sobre violencia de género mediante la utilización de nuevas tecnologías. Aquí querría hacer especial referencia al diseño por parte de la Guardia Civil de un seminario específico sobre violencia de género que se pondrá en explotación
a través de la utilización de un sistema de teleformación cuya primera experiencia piloto, dirigida a 500 agentes y tutorizada con dos monitores, se desarrollará en el próximo mes de mayo. Esta utilización de las nuevas tecnologías nos va a
permitir que un número cada vez mayor de agentes accedan a esos nuevos contenidos en realidades que consideramos especialmente importantes en la política de seguridad de este Gobierno.
También vamos a llevar a cabo algo inportante, que es organizar
actividades formativas conjuntas para ambos cuerpos, posibilitando la coordinación y el intercambio de experiencias entre la Policía y la Guardia Civil en la medida en que ambos pueden observar realidades distintas como son las urbanas y las rurales
en el ámbito de la violencia de género, y probablemente ellos puedan reflexionar de una manera conjunta y decirnos cuáles son las soluciones más adecuadas.
En definitiva, con estas actuaciones sobre la base de ese conjunto de principios y con esos objetivos con vistas al año a 2006, esperamos, y lo digo sinceramente, seguir contribuyendo con eficacia a la mejora, por un lado, de la capacitación
técnica de nuestros policías y guardias civiles y, por otro, de su sensibilización para hacer frente a un fenómeno sumamente complejo y que hay que tratar con una extraordinaria sensibilidad.
La señora PRESIDENTA: Señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Consumiré un minuto escaso para mostrarle mi satisfacción por el trabajo que están haciendo en relación con la formación porque, como le decía, es la garantía de la especialización en las actuaciones de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y me gustaría pedirle, en nombre de mi grupo, que traslade la felicitación por ese cambio cultural que se está produciendo en la Guardia Civil y en la Policía Nacional a favor de la igualdad, que es lo que hay
que hacer para combatir en última instancia la violencia de género.
-DATOS EXISTENTES SOBRE EL INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MUJERES Y MENORES CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 181/001690 y número de expediente Senado 683/000057.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 10, que formula la diputada Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: A lo largo de la comparecencia del señor secretario de Estado hemos conocido la cuantificación y materialización de un compromiso político frente a un problema de género. Somos conscientes de que no es el
único problema de violencia de género que tenemos en la sociedad, y sin duda el Gobierno, como hemos visto a lo largo de la mañana, y la ley integral abordan el fenómeno de la violencia de género que tiene lugar en el seno de las relaciones de
pareja o afectivas. Además, el Gobierno está abordando otra forma de violencia de género que es el acoso laboral, como se manifiesta en el reciente texto legislativo aprobado de la Ley de Igualdad. Pero hay otro
tipo de violencia de género que al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa de una manera especial, y yo creo que al Gobierno también, que es aquella que tiene que ver con el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, y que es el
motivo de la pregunta que me ocupa. La violencia que se produce por el tráfico de mujeres no es solo una preocupación de mi grupo. Este Parlamento y esta Comisión instaron en su día al Gobierno a que elaborara un plan de lucha contra el tráfico
que nos parece importante, en primer lugar, porque este tipo de violencia vulnera los derechos humanos de las mujeres que son explotadas, privadas de libertad y prostituidas; en segundo lugar, porque el tráfico está ligado a la delincuencia
internacional, y el incremento de esta supone una gran preocupación para la sociedad; y en tercer lugar, porque dispara la oferta de la prostitución y, por tanto, aumenta un negocio legal o ilegal y aumenta la demanda, con todo lo que conlleva el
incrementar un negocio a base de vulnerar los derechos humanos de las mujeres. Todo ello nos llevó en su día a instar al Gobierno a que elaborara un plan de lucha contra este tipo de delincuencia, para que el señor secretario de Estado lo sepa, a
abordar el problema de fondo que conlleva la prostitución, algo que esta Comisión, sin duda, se pondrá a analizar en los próximos meses. Para unas cosas y para otras hoy pedimos en esta comparecencia datos de las actuaciones frente al fenómeno de
la delincuencia que está detrás del tráfico de mujeres, porque el Grupo Socialista tiene la impresión de que los dos últimos años se ha actuado por fin de una forma contundente atajándolo de una manera más eficaz e impidiendo los altos porcentajes
de crecimiento a los que estábamos asistiendo en los últimos años. Sin duda, para analizar el próximo plan que nos remitirá el Gobierno y en el que sabemos que usted está trabajando, cuantos más datos objetivos sobre este tipo de delincuencia
tengamos, mejor.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Como usted misma indica, el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual se define como una forma de crimen organizado que atenta gravemente contra la libertad y la
seguridad de nuestros ciudadanos, pero además, por el componente que tiene de discriminación de género, supone, y es especialmente importante, un gravísimo ataque al derecho constitucional de igualdad; por lo tanto son tres los derechos que están
afectados: el de libertad, el de seguridad y -en el mismo nivel y con la misma intensidad- el de igualdad. Desgraciadamente las mujeres, las niñas y también los niños son por su situación de especial vulnerabilidad objeto preferente de los
traficantes, generalmente organizados en redes ilegales y con todas las características de las redes mafiosas, que se presentan bajo una falsa apariencia empresarial de seguridad. Nos encontramos con que el tráfico de seres humanos a estos efectos
constituye un fenómeno extraordinariamente complejo en la medida en que engloba conductas criminales muy diversas que tienen como objetivo común la explotación de las personas, en definitiva, la explotación del hombre por el propio hombre. Estos
delitos son especialmente graves ya que atentan contra personas en edades especialmente vulnerables. Si analizamos los delitos que conlleva este fenómeno de trata de seres humanos, nos encontramos con los delitos más aberrantes y execrables
probablemente a los que podemos hacer frente: prostitución, explotación sexual, explotación laboral, adopción ilegal, venta de niños, pornografía infantil, tráfico de órganos...en definitiva, ante un hecho extraordinariamente complejo. Si nos
centramos en el fenómeno de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, según un informe elaborado por la Guardia Civil en octubre de 2005, más del 90 por ciento de los clientes del fenómeno de la prostitución son hombres y más del 95
por ciento de las personas que ejercen la prostitución son mujeres, lo que nos sitúa en las líneas del problema. Convendrán, creo que no hay mucha duda en esta afirmación, en que estas cifras son escandalosas y ponen de manifiesto que nos
encontramos no solo ante un problema delincuencial sino ante un grave problema de género al que también tenemos que dar respuesta. Es difícil conocer con total precisión la realidad de esta actividad criminal. La Organización de las Naciones
Unidas señalaba en un informe de 2000 que en aquella fecha se contaban cuatro millones de mujeres vendidas como prostitutas o para contraer matrimonio forzado y dos millones las niñas que en aquel año habían sido introducidas en el comercio sexual.
Por lo que se refiere a actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país el año pasado desarticularon 160 redes vinculadas con el tráfico de mujeres destinadas a la explotación sexual y detuvieron a 889 personas que
estaban integradas dentro de estas redes y por lo tanto cometiendo los delitos a los que antes hacíamos referencia.
En el ámbito de la Policía Nacional, en la medida en que todavía no contamos con los datos consolidados de la Guardia Civil, han
sido 1.337 las víctimas liberadas como resultado de las operaciones realizadas frente a las redes de prostitución y 190 las liberadas -y utilizo con consciencia el término liberada porque esta conducta no deja de ser una esclavitud- como resultado
de operaciones llevadas a cabo contra otros traficantes.
Frente a estos datos y al reconocimiento de este fenómeno de criminalidad organizada, a diferencia de otros tipos de criminalidad, el de la trata de seres humanos no había sido desgraciadamente hasta este momento objeto de un tratamiento
integral y específico para ver, analizar y reflexionar acerca de todo lo que podíamos hacer en este ámbito. En este sentido, con fecha 10 de mayo de 2005, esta misma Comisión ante la que comparezco aprobó una proposición no de ley que instaba al
Gobierno a aprobar un plan integral de lucha contra el tráfico de
seres humanos, y siguiendo las recomendaciones de esa ponencia y en cumplimiento de la proposición no de ley, el Ministerio del Interior ha aprobado la puesta en marcha de un programa estratégico de lucha contra la trata de seres humanos con
el objetivo de combatir de una manera eficaz el tráfico ilegal de personas y la explotación sexual de las mismas, así como también, y no debemos olvidarlo, para reforzar la protección y la asistencia a las víctimas de estos delitos. A lo largo de
esta mañana estamos haciendo referencia a fenómenos delincuenciales donde tan importante es prevenir como asistir a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por los fenómenos. El programa que en estos momentos se está elaborando va a
tener una duración de cuatro años, 2006-2009, por lo que creo que el objetivo es importante, con un coste anual en lo relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más de 20 millones de euros, previendo un incremento de 247 agentes de
ambos cuerpos dedicados específicamente a la lucha policial contra estas redes e incluyendo, como no podía ser de otra manera, el perfeccionamiento de los mecanismos de control en puertos y aeropuertos.
Sin embargo el programa no solo afecta al
Ministerio del Interior, pues nos encontramos ante un fenómeno complejo con relación al cual es necesaria una política coordinada desde todos los departamentos ministeriales que tienen algo que decir en esta materia. Por tanto, se integrará con las
medidas de los demás departamentos implicados, que serán esencialmente el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En todo caso y para finalizar, las cinco grandes áreas en las que
se va a trabajar, porque es imposible que les pueda relatar el contenido del plan, son aquellas que son importantes para luchar de una manera eficaz contra este fenómeno: el de prevención y sensibilización; las medidas de educación y de formación;
de asistencia y protección a las víctimas; legislativas y procedimientales y, finalmente, las medidas de coordinación y cooperación para que todas las administraciones que puedan hacer algo en esta materia cooperen con la finalidad de conseguir el
resultado que todos pretendemos, una disminución netamente importante en el ámbito de la trata de seres humanos y en la explotación del hombre por el hombre.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Solo quiero darle las gracias por su respuesta sobre las cifras que le habíamos pedido, que sin duda tienen mucha importancia -hablamos de liberación de mujeres que estaban en un régimen de esclavitud-;
también por adelantarnos ese compromiso económico en la lucha contra este grave problema y las líneas del plan que nos remitirán próximamente. Señor secretario de Estado, ha sido un placer su comparecencia en esta Comisión.
DE LA SEÑORA PIGEM I PALMÉS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE:
-APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 14/2005 DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD, SOBRE ACTUACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES EN RELACIÓN CON MUJERES EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA O DE GÉNERO EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR.
(Número de expediente 181/001797 y número de expediente Senado 683/000088.)
-NÚMERO DE ACTUACIONES PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN 14/2005 DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD QUE SE HAN REALIZADO PARA CONTROLAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, ASÍ COMO QUE HAN DERIVADO EN SANCIÓN
ADMINISTRATIVA O EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN. (Número de expediente 181/001798 y número de expediente Senado 683/000089.)
La señora PRESIDENTA: Para la formulación de las preguntas 11 y 12, qué también han sido acumuladas, tiene la palabra la señora Pigem, de Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señor secretario de Estado, como acaba de decir la señora presidenta, voy a formularle las preguntas número 11 y 12 del orden del día, pero previamente quisiera darle en nombre propio y en el de mi grupo
parlamentario, Convergència i Unió, la bienvenida a esta Comisión y agradecerle las explicaciones, muy ilustrativas, que nos ha dado acerca de cómo se va desarrollando la aplicación de la Ley integral de medidas contra la violencia de género, hasta
su total erradicación, que yo creo que es un objetivo político y una prioridad de las agendas de todos los grupos parlamentarios. Sobre la aplicación de la ley van a versar también las cuestiones que le voy a plantear.
Como usted conoce bien, señor Camacho, la arquitectura de las medidas de protección contenidas en la llamada Ley integral contra la violencia de género se asienta especialmente sobre un pilar que es la denuncia. Es a partir de la denuncia,
que no es más que la comunicación de la situación en la que se encuentran las mujeres, cuando se activa todo el conjunto de medidas previstas en la Ley integral, medidas asistenciales, policiales, judiciales, etcétera. Dentro del grupo o colectivo
de mujeres inmigrantes en situación irregular salió a la luz -porque lo pusieron sobre la mesa tanto colectivos de mujeres, de personas inmigrantes, como instituciones, y quiero traer a colación los del Defensor del Pueblo, del Observatorio contra
la violencia de género de Madrid, etcétera- la especial situación de estas mujeres inmigrantes,
quienes tenían temor a denunciar por si resultaban expulsadas. Por decirlo gráficamente, la situación hasta julio de 2005 era que estas mujeres salían de comisaría con dos documentos: uno para protegerlas y otro para expulsarlas. Esto era
así por la concurrencia -más bien colisión- entre dos normativas, la de violencia de género y la Ley de extranjería, porque a pesar de que a nuestro entender el rango de los derechos titulados era de muy distinta naturaleza -ya que la violencia de
género es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, mientras que lo otro era una infracción administrativa-, es evidente que es obligatorio aplicar las leyes. En julio sale la instrucción 14/2005, que intenta conjugar las dos
situaciones. Se dice claramente que lo primero es prestar atención a la denunciante, darle las medidas de asistencia y protección y, evidentemente, remitir la denuncia al juzgado; también, muy importante, informarle de su derecho a solicitar la
autorización de residencia temporal cuando se le concediera la medida de protección; asimismo -y aquí radica el problema- se tenían que iniciar los trámites con arreglo a la Ley de extranjería, según se dijo entonces por los medios de comunicación,
para evitar la avalancha de denuncias que se hicieran carentes de fundamento. En esta instrucción hay dos supuestos, el supuesto de que el juez denegara medidas de protección o también que, cuando las otorgara, se solicitara la residencia temporal
y la misma se denegara y no se hubiera dictado una sentencia favorable como consecuencia de la denuncia de maltrato. Realmente esto podía acabar con un expediente de expulsión o en el mejor de los casos con una multa, según entendemos de la propia
literalidad de esta instrucción 14/2005.
Frente a esto ha habido críticas de Amnistía Internacional y de CEAR, que solicitaban que se anulara de la instrucción la posibilidad de expulsión porque decían que era una medida disuasoria para denunciar
estas situaciones.
En esta misma Comisión, el pasado 7 de febrero, el Grupo Mixto, el Bloque Nacionalista Galego -concretamente la diputada señora Fernández Davila- presentó una iniciativa recogiendo esta situación y solicitando que solo se sancionara cuando
se constatara la falsedad de la denuncia. Para mi grupo parlamentario fue una satisfacción esta instrucción de agosto porque pensábamos que iba a dar respuesta a esta situación de colisión de dos normativas, con cuya intención se hacía. A raíz de
esta iniciativa nosotros hablamos con colectivos de mujeres que prestan atención social a las mujeres inmigrantes en situación irregular, también con algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la verdad es que lo que nos
comunicaban no respondía a esta otra situación de alarma denunciada por algunas ONG como Amnistía Internacional o CEAR. Por eso nosotros consideramos conveniente preguntarle por cómo se viene aplicando esta instrucción y, en segundo lugar, qué
datos se tienen desde el ministerio sobre el número de mujeres que denuncian violencia de género y sobre las que en estos dos supuestos que le he dicho se inician expedientes que finalizan con una expulsión o con una multa.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Quiero agradecerle su bienvenida y su entendimiento de la instrucción, porque creo que ha reflejado lo que se pretendía hacer en el momento en que se elaboró, y estuvimos muy
encima de ella, ya que nos parecía muy importante para el éxito de la Ley integral de medidas contra la violencia de género. En su momento la instrucción fue unánimemente aceptada y aplaudida por los colectivos que se dedican a estos temas, pero es
cierto que en determinados sectores y organizaciones ha sido objeto de algunas críticas, que yo imputo probablemente a que no la hayamos explicado de una manera adecuada. Por lo tanto me voy a permitir explicar qué es lo que pretendíamos con esa
instrucción y qué cambios supone su existencia, para que aquellas voces que pidan la derogación sean conscientes de que ha mejorado la realidad que existía con anterioridad y que su derogación implicaría un grave perjuicio para los objetivos de la
Ley integral en materia de violencia de género. La finalidad a que obedece la instrucción, y creo que ha de quedar meridianamente clara, es la de proporcionar la mayor protección posible a las víctimas de violencia de género que por su situación de
extranjeras y por su condición de irregulares son especialmente vulnerables, y hay que tener en cuenta que en este sentido estamos añadiendo vulnerabilidad a una situación de máxima indefensión: las víctimas de violencia de género son vulnerables
ya de por sí; si además son extranjeras y están en situación de irregularidad, son todavía más vulnerables. Por lo tanto lo que pretendía el Ministerio del Interior era garantizar que en estas situaciones de especial vulnerabilidad la aplicación
del texto legal -la Ley de extranjería- no hiciera más intensa esa vulnerabilidad. Queríamos solucionar ese concurso de normas de la forma más beneficiosa para las víctimas de la violencia de género y, como usted misma ha dicho, dar una prioridad
absoluta a la asistencia y a la protección a sus víctimas, porque creo que ha hecho una buena evaluación de los derechos que se encuentran enfrentados en este momento; es decir, estamos hablando de la protección de derechos fundamentales por un
lado y de la aplicación de una ley que prevé un procedimiento administrativo. Creo que nadie tiene duda de que lo prioritario es proteger esos derechos fundamentales a la libertad, a la seguridad e incluso a la tranquilidad de las víctimas de
violencia de género.
Me van a permitir que haga una comparación entre la situación anterior y posterior a la instrucción; con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, las fuerzas policiales que recibían una denuncia por violencia de género formulada por
una víctima que se encontrara en situación administrativa irregular por su condición de
extranjera debían de aplicar sin más lo dispuesto en la Ley de extranjería, que es una ley orgánica. De la misma manera debían hacerlo ante cualquier extranjero en situación irregular en España. La ley no preveía un trámite o unas cautelas
para evitar añadir vulnerabilidad a personas ya vulnerables y por lo tanto debían abrir automáticamente un procedimiento preferente de expulsión. Con anterioridad a la instrucción, cualquier víctima extranjera de violencia de género en situación
irregular podía verse obligada a algo que nadie quiere en ese ámbito, es decir, a callar y a continuar soportando los malos tratos como consecuencia de la aplicación de ese conjunto de normas. La instrucción, en mi opinión, y la sigo defendiendo,
ha venido a proporcionar al funcionario policial un instrumento reglamentario en virtud del cual puede separar claramente lo que es asistencia y protección a las victimas, que es lo prioritario y así se dice en el encabezamiento de la norma citada,
de lo que es la aplicación de la Ley de extranjería, de forma que el funcionario que atiende a la víctima, es decir, el funcionario policial que recibe a la víctima en ningún caso va a participar en la incoación o en la instrucción del expediente
administrativo, garantizando su objetividad y que va a cumplir de manera adecuada los retos que tiene como consecuencia de la aplicación de la Ley de violencia de género y por lo tanto que va a tratar con adecuada sensibilidad el problema humano que
se le pone delante. En ningún caso este funcionario va a incoar ningún expediente de extranjería, que era la situación que se producía con anterioridad a la instrucción. Desde esta instrucción el concurso de normas entre la Ley de extranjería y la
ley de violencia de género está regido por dos principios: por un lado, se garantiza la aplicación inmediata y preferente de la Ley integral y, por otro, se respeta la aplicación de la Ley de extranjería, como no puede ser de otra manera -las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están obligados a cumplir, y es lo que quieren, las leyes emanadas desde el Parlamento- pero los efectos de la Ley de extranjería quedan en suspenso hasta que se resuelve el expediente sobre el permiso
temporal de residencia, que es una de las posibilidades que da la Ley de extranjería a aquellas personas en situación irregular que son víctimas de la violencia de género.
Creo que con la instrucción se consigue algo que no existía con anterioridad a la misma, y aquellas voces que hacen referencia a que se derogue deberían tener en cuenta esta realidad, porque ello no va a suponer la derogación de la Ley de
extranjería y esta prevé la aplicación de una serie de sanciones administrativas a cualquier ciudadano sin distinguir si son o no víctimas de violencia de género. Pido reflexión para que vean cuál es la situación más positiva para las víctimas de
violencia de género, con el convencimiento y desde la realidad de que la derogación de la instrucción supone simplemente la derogación de una forma de aplicar la ley pero no supone la derogación de la misma, y la ley prevé una serie de sanciones sin
distinguir entre víctimas y no víctimas de violencia de género.
Finalmente hay que tener en cuenta que la instrucción no prevé necesariamente la sanción de expulsión; en todas sus posibilidades, y son muchas las que abre pero no tengo tiempo en este momento para resumirlas, está sancionar con expulsión
o sancionar con multa y ahí tendremos que estar pendientes de la realidad de cada momento y nos ayudará mucho la sensibilización de los funcionarios de los cuerpos policiales en materia de violencia de género. En definitiva, quiero que quede claro
que con esta instrucción se pretendía que la Ley integral de violencia de género fuera aplicada de manera prioritaria y preferente porque coincido con S.S. que lo que está protegiendo dicha ley es más importante que lo que está protegiendo la Ley
de extranjería. Estamos hablando de derechos fundamentales de personas que se encuentran con una especial situación de sensibilidad y vulnerabilidad en el seno de nuestra sociedad.
Por lo que se refiere a los efectos que haya podido producir la instrucción, los análisis que hemos hecho nos llevan a la conclusión de que han sido positivos y puedo decirle con un cierta rotundidad que no se ha incoado expediente alguno de
expulsión a mujeres en situación irregular que hayan denunciado haber sido víctimas de violencia de género. Por lo tanto ninguna ha sido expulsada en aplicación de la Ley de extranjería. Creo que el resultado de la instrucción es el que se
pretendía, tratar de una manera especial estas situaciones y permitir el cumplimiento de dos leyes que en determinados ámbitos podrían entrar en concurso y plantear problemas para esa política de transparencia de acceder a la realidad en todas las
situaciones de violencia de género. Lo estamos consiguiendo y por lo tanto defiendo una instrucción que ha permitido que crezcan las denuncias de estas personas extranjeras en situación de irregularidad y que podamos aplicar la Ley integral sin
problemas de concurso con la Ley de extranjería.
La señora PRESIDENTA: La señora Pigem tiene la palabra.
La señora PIGEM I PALMÉS: La verdad es que he escuchado con satisfacción sus explicaciones, que coinciden con las percepciones e informaciones que teníamos nosotros. Comparto con usted la importancia de la instrucción, que mejora la
situación anterior, y nosotros la vimos con agrado porque desde nuestro punto de vista venía a dar respuesta a esta colisión de normas de distinto grado que existían hasta ese momento. Me satisface especialmente su rotunda afirmación de que hasta
este momento no ha habido ningún expediente, que no se ha expulsado a ninguna mujer inmigrante en situación irregular por el hecho de haber denunciado violencia de género. Creo que si la política es también pedagogía, es conveniente difundir este
mensaje porque el hecho de que aumenten las denuncias supone un éxito de esta ley y un paso adelante en la erradicación de la violencia, que
para mi grupo parlamentario es también es una prioridad política.
La señora PRESIDENTA: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Estoy de acuerdo con su última afirmación de que es necesario que lancemos este mensaje porque la política también puede ser pedagogía y podemos hacer cosas muy positivas en el
ámbito de la violencia de género. Creo que SS.SS. deben transmitir que ante una situación de violencia de género es necesario denunciar y que esa denuncia no va a llevar efectos negativos de ningún tipo, porque si no estaremos creando un gueto de
mujeres especialmente afectadas por la violencia de género que no puedan acceder a los mecanismos de ayuda, de protección y de asistencia. Es importante que lancemos ese mensaje, que es necesario denunciar, que solo pueden ser adecuadamente
tratados los hechos si son denunciados y que eso no va a afectar a la situación de estas mujeres en España, porque un Estado de derecho no puede permitirse tratar de forma diferente a personas que sufren el mismo problema simplemente porque su
situación administrativa sea distinta.
La señora PRESIDENTA: Gracias por su comparecencia y por la información que nos ha facilitado sobre temas que preocupan muy especialmente como es el de la violencia contra las mujeres.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.