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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 57, de 07/02/2006
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 57
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PRESIDENCIA DEL EXCMA. SRA. D.ª CARMEN ALBORCH BATALLER
Sesión núm. 11
celebrada el martes, 7 de febrero de 2006,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a cierre de la guardería infantil en la Delegación de Hacienda de Zaragoza. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/000980 y número de expediente del Senado
663/000053.) ... (Página 2)
-Relativa a mujeres y negociación colectiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/001051 y número de expediente del Senado 663/000045.) ... (Página
6)
-Relativa a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente del Congreso 161/001144 y número de expediente del Senado 663/000049.)
... (Página 8)
-Relativa a la formación de mujeres en las áreas artísticas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/001165 y número de expediente del Senado 663/000050.) ...
-Relativa a impulso de medidas de apoyo a la mujer como consecuencia de la discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/001290 y número de expediente del Senado
663/000054.) ... (Página 12)
-Relativa a la puesta en marcha de medidas dirigidas a las mujeres discapacitadas víctimas de violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/001292 y número de
expediente del Senado 663/000055.) (Página 15)
-Relativa a mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Congreso 161/001361 y número de expediente del Senado 663/000056.) ...
(Página
19)
-Relativa a facilitar la transferencia al padre del permiso de maternidad.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/001052 y número de expediente del Senado 663/000046.) ...
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA AL CIERRE DE LA GUARDERÍA INFANTIL EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE ZARAGOZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/000980 y Número de expediente Senado 663/000053.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la sesión con la proposición no de ley relativa al cierre de la guardería infantil en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el
señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Señorías, han pasado meses desde la presentación de esta iniciativa que viene a reclamar algo que no debería ser hoy y por las circunstancias que voy a relatar motivo de controversia y mucho menos de debate político
o ideológico. Estarán de acuerdo conmigo en que a estas alturas de la película traer a discusión el cierre de una guardería infantil en un centro de la Administración del Estado es, por lo menos, ridículo y más cuando al parecer se está trabajando
por parte de todos -y desde luego desde las Cortes Generales así se ha hecho en los últimos meses- justamente por lo contrario. Por eso, señorías, este hecho es posiblemente la historia de una contradicción entre los que trabajamos por abrir cada
día más guarderías infantiles en instituciones públicas o en centros de trabajo o por lo menos no cerrarlas, frente a los que no solo las cierran, por los motivos que sean, sino que no dan facilidades ni soluciones reales y prácticas a quienes
ocasionan el problema.
Entrando ya en la historia del hecho que hoy presentamos tengo que descubrirles que la guardería a la que hacemos mención en nuestra proposición comenzó a funcionar allá por el año 1976, junto con las entonces nuevas dependencias de la
Delegación de Hacienda en la ciudad de Zaragoza son 29 años de funcionamiento que no solo han beneficiado a más de 450 niños, sino que -y esto es lo más importante- ha sido de gran utilidad para, al menos, el mismo número de familias, que han podido
cumplir con ese objetivo de conciliar la vida familiar y laboral de una forma real. A dicho centro han podido acceder los hijos de 0 a 3 años del personal dependiente de las delegaciones provinciales de los ministerios de Economía y Hacienda, lo
que incluye la Delegación de Hacienda, la Agencia Tributaria, la Delegación del Instituto Nacional de Estadística y otros órganos dependientes de ambos ministerios. Pero he aquí que en el último trimestre del pasado año debió haber comenzado a
construirse una ampliación de la Delegación de Economía y Hacienda y no solo no se les ocurrió otra gran idea a sus responsables actuales que cerrar la guardería por motivo de su demolición, sino que han sido incapaces de resolverlo, como así
aseguran los propios
trabajadores y, por tanto, padres afectados, a los que hemos oído personalmente que sí se encontró al menos un local, pero al parecer al delegado especial -persona cuyo talante deja mucho que desear porque ha llegado a protestar y a criticar
a los trabajadores padres por haber informado a los medios de comunicación de este hecho o por haberse dirigido a los distintos partidos políticos de la provincia o haberse reunido con ellos- el local encontrado le parecía que estaba demasiado lejos
de la delegación y que además era caro; es decir, todo facilidades.
Como digo, ante tantas consideraciones, se decide cerrar la guardería durante, al menos, tres cursos escolares y ofrecer a los padres una aportación económica de 200 euros mensuales para, primero, buscar una guardería privada y, luego,
costearla. Llaman la atención varios hechos.
En primer lugar, que se informe a los padres el 14 de abril del pasado año de la suspensión del servicio desde septiembre hasta que se finalicen las obras, con escaso tiempo ya para presentar
solicitudes en las guarderías públicas y cuando las privadas tienen reservadas la práctica totalidad de las plazas del curso siguiente. En segundo lugar, que esos 200 euros, tras impuestos y otros hechos económicos como el incremento de la base
imponible con el consiguiente aumento de las retenciones a cuenta del impuesto de la renta y la pérdida de otras ayudas, se quedan prácticamente en la mitad, pero esto sería lo de menos si lo hubieran percibido, cosa que tampoco ha ocurrido, salvo
con unos pocos y ni siquiera esa cantidad ofrecida. En tercer lugar, esta situación ha supuesto un hecho tan patético como ha sido el despido hasta en dos ocasiones de dos educadoras que, tras despedirlas y la consiguiente reclamación, las
volvieron a contratar para volver a despedirlas, volverlas a contratar tras un nuevo recurso y, a las pocas horas, despedirlas de nuevo. Fíjense hasta dónde llega la incompetencia que en los despidos de las educadoras figura -y aquí los tengo- que
es por el cierre de la guardería contradiciendo con ello el dictamen, en el que se habla de suspensión y no de cierre. Esto, señorías, es preocupante, pero lo es más cuando este espectáculo sucede en la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
En definitiva, señora presidenta, nos encontramos en la actualidad con una guardería virtual en la que existe una junta de gobierno con delegado, padres, educadores y representación sindical, pero cerrada y con la incertidumbre de si, tras
tres años o más, volverá a abrirse. Tengo que recordar también que ya las propias Cortes de Aragón, haciéndose eco de este problema, aprobaron por unanimidad solicitar al Ministerio de Hacienda el mantenimiento y no el cierre de la guardería en su
Delegación de Zaragoza. A estas alturas se nos puede vender -y lo diremos hoy aquí- que el futuro de esta guardería está asegurado, que no existía una ubicación disponible que cumpliera los requerimientos legales y que, además, se han previsto
ayudas económicas para los afectados, pero, señorías, es que no ya nosotros sino fundamentalmente los afectados son los que no reconocen la veracidad de estos argumentos, porque hoy las obras no han comenzado y la guardería se ha cerrado, había un
local pero la realidad es que no lo hay iban a ser 200 euros y se han quedado en cero.
Acabo, señora presidenta, por donde empecé, por la historia de una contradicción y es que en este momento en el que se reclama, se recomienda y se fomenta por parte de todos y al parecer y fundamentalmente por el Gobierno, por las fuerzas
políticas parlamentarias, iniciativas y proyectos encaminados a conseguir la compatibilidad de las obligaciones familiares, profesionales y educativas con el cuidado y protección de los más pequeños, es absolutamente inaceptable el cierre, aunque
sea provisional -ya veremos-, de la única guardería existente en la Comunidad Autónoma de Aragón en un centro de la Administración General del Estado. Creo, sinceramente, que no se ha hecho todo lo posible por solucionar un problema que nunca debió
ser tal y que la buena voluntad de todos los implicados, empezando por la Administración, hubiera sido suficiente para resolverlo. Por todo ello, señorías, señora presidenta, es por lo que les solicito el voto favorable a la iniciativa que
presentamos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ ANGUITA: Señorías, la proposición no de ley que nos trae el Grupo Popular hoy a esta Comisión nos produce cierta sorpresa y paso a explicar el motivo de la misma. En la proposición no de ley, como ha explicado el diputado
Moreno que la ha defendido, se insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que mientras se ejecutan las obras de ampliación y reforma en el nuevo edificio para la Delegación de Economía y Hacienda de Zaragoza, compartido con la AEAT y
el INE, se mantenga abierta la guardería que da servicio a los trabajadores y trabajadoras de dicha delegación.
Señorías, si retrocedemos un poco en el tiempo nos encontramos con que en julio de 2001 el Ministerio de Economía y Hacienda planeó cerrar esta guardería junto con otras cuatro de titularidad de la delegación en Madrid, Barcelona, Málaga y A
Coruña. (El señor Moreno Bustos: ¿Pero las cerró o no?) Los argumentos del Gobierno, entoces del Partido Popular, para la propuesta de cierre fueron los siguientes. En primer lugar, decía el Gobierno del Partido Popular que era un privilegio la
existencia de guarderías en cinco delegaciones frente a otros funcionarios y frente a los contribuyentes que las financiaban en parte. En segundo lugar, continuaba con el argumento de que el ministerio asumía unos gastos corrientes elevadísimos
para cada alumno, incrementados con el coste de la obra de adaptación a la normativa Logse, amén de que ocupaban unos espacios que podían dedicarse a uso administrativo. Por último, concluía con que había muchas dificultades para la sustitución del
personal. (El señor Moreno Bustos: ¿Pero
se cerró o no?) Un momento, diputado Moreno. La reacción de las personas afectadas propició la creación de comisiones para luchar contra el cierre en las cinco localidades mencionadas. Hubo interpelaciones al Gobierno del PP por parte de
cuatro grupos políticos sobre el tema, Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y el propio partido PSOE. (El señor Moreno Bustos: ¿Pero se cerró o no?) Resulta cuando menos paradójico que en la exposición de motivos de
esta proposición no de ley y después de ver las razones que argüía el Partido Popular para su cierre definitivo, diputado Moreno, definitivo, que no coyuntural... (El señor Moreno Bustos: ¿Pero se cerró o no?- La señora Quintanilla Barba: No.)
No se ha cerrado, es coyuntural como ahora veremos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ¿esto qué es?
La señora PÉREZ ANGUITA: El que se plantea es un cierre coyuntural, como ahora veremos y resulta, repito, paradójico que se nos hable de igualdad de oportunidades, de incorporación de la mujer al mercado laboral o de las recomendaciones al
efecto de las instancias europeas después de, como digo, los argumentos del Partido Popular para el cierre anterior.
Señorías, la realidad actual es muy diferente a la mencionada como veremos.
El edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Zaragoza en el cual está ubicada la guardería o la escuela infantil -me gusta más- está inmerso en un proceso de obras de modernización cuya duración se estima en veintisiete meses. El
mantenimiento en los mismos locales de la guardería hubiera supuesto un riesgo para las niñas y niños y también para el personal que presta los servicios en la misma, además del consiguiente deterioro en la calidad de la educación que reciben las
niñas y niños al tener que coexistir con ruido, suciedad, olores y todo lo que genera la construcción o remodelación de un inmueble, como todas y todos los que estamos aquí sabemos.
Una vez estudiado el caso detenidamente, el delegado de Economía y Hacienda analizó la posibilidad de reubicar provisionalmente -provisionalmente-, la escuela infantil en un local próximo con objeto de mantener el servicio. Las alternativas
posibles no cumplían los requisitos exigidos por la normativa para garantizar una educación de calidad y no solo asistencial, cuyas características, como podemos imaginar, entrañan cierta complejidad. No podemos olvidar que las obras previstas
suponen la construcción de una nueva escuela infantil más moderna adecuada a las necesidades pedagógicas exigidas por las autoridades educativas, que no cierre del servicio, diputado Moreno. (El señor Moreno Bustos: ¿Dónde están ahora?)
Como le decía al principio de mi intervención, no estamos hablando, señorías, del cierre de la guardería, sino de potenciar un servicio que se estaba prestando y que de manera coyuntural va a sufrir una interrupción por los motivos
expuestos. Sin duda alguna ello provoca una serie de trastornos inevitables a la familia cuyos efectos se tratan de minimizar por parte de las autoridades competentes. Así, se ha previsto una ayuda económica en los respectivos planes de acción
social del Ministerio de Economía y Hacienda de la AEAT y el INE consistente en el coste total de una guardería tanto para los empleados públicos que actualmente tienen a su hija e hijo en la escuela como para los que les correspondería entrar en el
curso 2005-2006, una vez aplicado el baremo de admisión utilizado en años anteriores. Esta ayuda se mantendrá todo el tiempo que dure la suspensión de la actividad de la escuela infantil. Ha sido negociada con las organizaciones sindicales en las
comisiones paritarias de acción social del Ministerio y del INE. En consecuencia, diputado Moreno, mi grupo no puede apoyar la iniciativa que su grupo presenta, puesto que, a todas luces, la escuela infantil de Zaragoza tiene el futuro asegurado,
aunque, como ya he explicado, la suspensión coyuntural, que no cierre, está perfectamente justificada, por el riesgo que los niños tendrían, de mantenerse abierta junto a una obra, por falta de locales cercanos que cumplan los requisitos exigidos y
por las ayudas económicas que financian a los afectados consistentes en el cien por cien del coste medio de una escuela infantil en Zaragoza hasta que de nuevo se restablezca el servicio una vez finalizadas las obras.
La señora PRESIDENTA: Quiero pedir disculpas porque hemos alterado el orden de intervención en una conversación la letrada y yo de una manera involuntaria.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) La señora Loroño tiene la palabra.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Intervengo brevemente para posicionarnos en relación con esta proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el cierre de la guardería ubicada en Zaragoza en edificios de la
Administración General del Estado. La matización que quiero aportar a este debate, al hilo incluso de algo que la diputada Pérez Anguita ha dicho al inicio de su intervención, es que, en principio, y todos deberíamos verlo de alguna forma así, las
guarderías o escuelas infantiles, mejor dicho, porque son escuelas infantiles según el nuevo modelo educativo que todos apoyamos y que todos defendemos, están destinadas a menores de 0 a 3 años en la etapa de educación infantil en su primera fase y
es una competencia que en concreto entendemos que es del área de educación y, por tanto, en estos momentos competencia gestionada y ejecutada por las comunidades autónomas. Por tanto, todas aquellas iniciativas que con buena fe desde luego y como
un primer paso fueron llevadas a cabo para guarderías o escuelas infantiles en edificios de las administraciones, -no solo Administración General del Estado sino que incluso hay administraciones autonómicas y locales que fomentaron y pusieron en
marcha
guarderías para conciliar vida familiar y vida laboral de sus propios trabajadores- no deberían ser vistas como un privilegio y, por tanto, debemos lograr que el acceso a una guardería lo tenga cualquier trabajador o trabajadora para poder
conciliar su vida familiar y su vida laboral; por ello, han de ser las propias comunidades autónomas dentro de sus competencias, centradas sobre todo en el ámbito educativo, las que deben garantizar, plantear y planificar cualquier estructura que
permita el acceso a todo el mundo. Hemos oído las explicaciones que ha dado la señora Pérez Anguita, que habla de un cierre coyuntural y no de un cierre definitivo, algo que inicialmente, en julio de 2001, estaba previsto, bajo la perspectiva de no
plantear privilegios de unos trabajadores frente a otros en función de dónde que trabajaban, y entendemos que no tiene sentido la moción que se plantea y en lo que sí hemos de trabajar, y hemos de conseguirlo, es en que esta red de escuelas
infantiles se vaya implantando de forma progresiva en todas las comunidades autónomas de forma que quien tenga necesidad de las mismas para poder conciliar vida familiar y laboral pueda acceder y disfrutar de ellas con las mismas garantías de
igualdad y con las mismas condiciones que cualquier otro trabajador o trabajadora, con independencia de dónde trabajen.
La señora PRESIDENTA: La señora Baig tiene la palabra.
La señora BAIG I TORRAS: Coincido con la intervención de la compañera del Partido Nacionalista Vasco en el sentido de que la educación infantil de 0 a 3 años no es un tema de guarderías o asistencial sino educativo, que corresponde a la
Administración educativa, y debemos reconducir la transformación de las guarderías en escuelas infantiles. Evidentemente, estas escuelas infantiles no han de ser privilegio de un determinado...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señora Baig, un momento, por favor. Agradecería a SS.SS. que si tienen que mantener alguna conversación se ausentaran de la sala.
Puede continuar.
La señora BAIG I TORRAS: Decía que no tiene que ser privilegio de un sector de la sociedad, sino que las escuelas infantiles de 0 a 3 años son competencia de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales si aquellas lo han
delegado, y todos los niños y niñas que se admitan en esta escuela infantil deben seguir los mismos criterios de admisión: que sean públicos y que niños y niñas de distintos sectores de la sociedad puedan convivir en una educación que después va a
continuar hasta la edad que ellos crean conveniente. Por ello, con pleno convencimiento, nuestro grupo votará en contra.
La señora PRESIDENTA: La señora Pigem tiene la palabra.
La señora PIGEM I PALMÉS: Como es mi primera intervención, me gustaría comenzar por una cuestión de orden, que es reiterar la petición que se hizo en su día, si bien de manera informal, de recabar de la Mesa del Congreso, en todo caso de
los servicios de la Cámara, para que pudiéramos tener las enmiendas con una cierta antelación a la sesión, porque resulta francamente complicado, sobre todo cuando se es una persona de un grupo parlamentario como es mi caso, atender las enmiendas,
negociarlas y estar pendiente de la discusión. Por tanto, reitero esta petición en la seguridad de que así se va a hacer.
La señora PRESIDENTA: Así se hará, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias. Con respecto al tema que nos ocupa y tras una cuestión de orden a la que estamos acostumbrados, que es que no somos las Cortes Generales sino la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, y hablo
por la parte dispositiva de la proposición no de ley, a mí me gustaría hacer una primera consideración general, que no es sobre la literalidad de lo que se está discutiendo, pero que viene al hilo. Nosotros no somos partidarios de persistir en el
binomio de que la conciliación nace para que la mujer pueda trabajar y continuar teniendo lo que antes se llamaba las funciones propias de su sexo. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
La señora PIGEM I PALMÉS: Digo esto porque en los párrafos cuarto y quinto de la exposición de motivos se dice: En la pasada legislatura se aprobaron un conjunto de medidas destinadas a hacer posible el trabajo de la mujer y que fuera
compatible con su vida familiar. Por tanto, binomio mujer-conciliación. Siguiente párrafo: El fomento de igualdad de oportunidades y la incorporación de la mujer al mercado laboral debe seguir pasando por mantener y avanzar en la puesta en marcha
de medidas que permitan compatibilizar la maternidad o paternidad con el empleo.
Esta filosofía de fondo de aunar maternidad con conciliación es algo que tenemos que superar, porque o llegamos a la conclusión de que la conciliación nos atañe a
todos, hombres y mujeres, o realmente será imposible avanzar en la igualdad de oportunidades.
Dicho esto con carácter general, respecto al cierre de una guardería en un edificio de la Administración del Estado quisiera hacer dos consideraciones. Primero, estoy de acuerdo con lo que han manifestado las portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra. La atención de 0 a 3 años corresponde a la Administración educativa, y en este caso la competencia sería de las comunidades autónomas. Es cierto que es una red y es un servicio que debe extenderse sin privilegios para toda
la población; ahora bien, todos somos conscientes de que esto no es así. Por tanto, me parece un poco -digamos
extravagante decir, cuando todos somos conscientes de que no hay una red de atención de 0 a 3 años suficiente ni la que se solicita, que vamos a permitir cerrar las redes de asistencia que hay en los centros, por una situación -entre
comillas- de privilegios entre la población. Yo estoy de acuerdo con la filosofía de fondo. Este es un derecho que debe llegar a todos por igual, pero mientras no llega no privemos de este servicio a las personas que trabajan en estos centros
donde se les presta, y los cerremos en aras de una pretendida igualdad. Hagamos primero lo necesario para proporcionar los servicios y luego equiparemos a la población.
Entro en el meollo de la iniciativa, que es el tema de Zaragoza. Sin atreverme a juzgar porque no es mi circunscripción y no tengo noticias de primera mano, por lo que han planteado los dos portavoces, creo que es una situación temporal, en
la que se mezclan distintos problemas, y teniendo en cuenta que no es una cosa definitiva no vamos a dar apoyo a esta iniciativa.
-RELATIVA A MUJERES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001051 y número de expediente Senado 663/000045.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa a mujeres y negociación colectiva. Para su defensa, tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señoras y señores diputados, senadores, senadoras, la discriminación por razones de sexo sigue formando parte del día a día de muchas mujeres en nuestro país. Desde los años setenta, momento en que las mujeres
empezamos a protagonizar de una forma más notable la vida pública y laboral del mundo civilizado, han sido muchos los frentes abiertos en la lucha contra cualquier modo de discriminación, contra cualquier intento de seguir relegando a la mujer a
segundos planos no deseados, hasta llegar al día de hoy, fecha en la que las mujeres seguimos combatiendo para conseguir equidad en muchas circunstancias, lo que significa que el trabajo aún no ha terminado.
Señora presidenta, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado esta proposición no de ley en la que hemos querido reflejar la necesidad imperiosa y acorde a los tiempos que vivimos de que la mujer forma parte
de uno de los procesos de toma de decisión que más marcan el destino y el bienestar de miles de mujeres: la negociación colectiva. Por eso hemos solicitado la inclusión de la perspectiva de género en dicha negociación. La discriminación laboral
por razones de sexo ha sido uno de los estandartes en la pelea por alcanzar la igualdad de género, y no es algo del pasado, por desgracia. Recientes informes, como el elaborado por la multinacional Manpower en enero del año 2005, demuestran que la
mujer cobra un salario un 34 por ciento inferior al de sus compañeros masculinos desarrollando el mismo puesto de trabajo, solo por citar un ejemplo, y esto no alcanza únicamente al sector privado sino también al público, con un porcentaje de casi
el 11 por ciento de diferencia salarial. Esto que llamamos discriminación directa, que es medible y evidente, sigue formando parte de las relaciones laborales de muchas mujeres de nuestro país. Pero no es esta la única forma de discriminar. La
discriminación indirecta y sutil es mucho más frecuente y no por ello menos evidente. Es aquella que se produce cuando se adoptan medidas legales o convencionales que, siendo aparentemente neutras, ocasionan perjuicios para algún individuo o grupo
en general y para las mujeres en particular; Son esas situaciones cotidianas en las que siempre salen perdiendo las mujeres. ¿Cuántas veces una de nosotras ha sido silenciosamente apartada de un proceso de selección laboral solo por estar en edad
de tener hijos, o cuántas mujeres no promocionan en el seno de sus empresas por considerar las cúpulas directivas -ocupadas mayoritariamente por hombres- que una mujer siempre dedicará menos tiempo al trabajo porque tiene la obligación de atender a
su familia? Estoy segura, señora presidenta, señorías, que conocen algún caso similar, mujeres que se quedan indefensas y que no pueden demostrar la falta de justicia en los criterios de selección y que pierden oportunidades mientras todos
desperdiciamos el talento de esas mujeres.
Todos nos preguntamos si veremos el día en el que el único criterio en el seno de las relaciones profesionales y laborales sea la valía del trabajador o trabajadora, del candidato o candidata a un puesto de trabajo. El camino a recorrer
empezó a allanarse hace ya varias décadas en nuestro país. El Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos supusieron un punto de inflexión en la observación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En el Estatuto de los
Trabajadores se sentaron las bases de un mundo profesional más justo y equilibrado y algunos recordamos en esta pequeña memoria histórica aquellos primeros años en los que los procesos de negociación de los convenios colectivos eran vehementes y
discutidos además con gran seriedad. Pero los años han tildado de cotidianos, de monótonos estos procesos, hasta el punto de que muchos de nuestros convenios actuales no mejoran ese Estatuto de los Trabajadores; lo copian, perdiendo así la
naturaleza propia de estos documentos, creados para perfeccionar y concretar el estatuto en cada sector productivo y en cada actividad. Esto en materia de igualdad provoca la ignorancia de las nuevas normativas y legislaciones. Hemos abordado
grandes iniciativas en materia de igualdad, se han promulgado leyes a favor de un país más justo y equilibrado entre hombres y mujeres y, además, no podemos obviar en la negociación colectiva los múltiples avances que nos han conducido a ser una
sociedad más equitativa con todos, pero debemos pedir que se incluyan en los convenios colectivos cuestiones tan fundamentales como el acoso sexual que desgraciadamente sufren las
mujeres o la influencia de la violencia en las relaciones laborales. Por este motivo estoy aquí en nombre de mi grupo parlamentario, para defender la necesidad de articular hoy más que nunca sistemas que permitan que las mujeres ejerzan el
derecho adquirido no negociable de sentarse a las mesas de negociación para enriquecer nuestro marco laboral. La creación de la figura -es lo que se pide en esta proposición no de ley- del agente de igualdad de oportunidades, cuya presencia debe
ser obligatoria en las rondas de negociación y cuya labor debe estar centrada en aportar la visión de género a cualquier negociación, nos parece una excelente manera de revitalizar legislaciones y procesos que forman parte de nuestra democracia
desde sus inicios y que, hoy por hoy, siguen siendo fórmulas perfectamente válidas. Es difícil negarse a mejorar las cosas, señorías, y esta proposición no de ley supone una inyección de dinamismo, de cambio necesario, a un proceso que cada vez
debe estar más presente en la realidad social de nuestro país y por supuesto en la negociación colectiva, donde deben contar las mujeres para que no exista discriminación. Por eso hoy, señora presidenta, señorías, solicito su apoyo decidido al
salto de la igualdad de género, del papel a la realidad, de muchos hombres y mujeres, en particular de las mujeres en el mundo laboral, donde desgraciadamente la discriminación todavía sigue existiendo.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir?
La señora Loroño tiene la palabra.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: La proposición no de ley que ha presentado la diputada señora Quintanilla en relación con las mujeres y la negociación colectiva plantea ante todo la introducción de la perspectiva de género en los procesos de
negociación colectiva, perspectiva que de hecho falta en estos momentos en todos esos procesos por una razón muy sencilla que voy a manifestar. ¿Cuántas mujeres se sientan a la mesa a la hora de negociar un convenio colectivo para un amplio sector
liderado por hombres? ¿Cómo se puede introducir la perspectiva de género si faltan mujeres en esas mesas de negociación que puedan aportar esa perspectiva a todo el proceso y poner sobre la mesa cuestiones que les afectan directamente, que por otro
lado los hombres -seamos honestos- no las consideran como tales? En este sentido, el tema de la discriminación salarial que aquí se apuntaba es algo que se reconoce, incluso los propios hombres en el proceso de negociación se jactan de ello. Es
decir, hay una discriminación salarial reconocida y asumida; sin embargo, en los procesos de negociación no se ponen sobre la mesa las pautas para solventarla. Y no hablemos de la discriminación que se lleva a cabo en todos los procesos de
selección y promoción interna, de acceso a cursos de formación, etcétera -que no se ve porque no es tan palpable como el sueldo que cada uno se lleva a casa-, en los cuales prima la selección del hombre frente a la mujer, aunque tenga la misma
formación, la misma cualificación y la misma capacitación. En este sentido, es importante que en todos los procesos de negociación colectiva, sobre todo en los procesos de los grandes sectores, empecemos a introducir la perspectiva de género. Para
que eso sea viable, el Grupo Parlamentario Popular en un principio plantea que un agente de igualdad vele por la introducción de esa perspectiva de género en los convenios colectivos, incluso habla de la creación de posibles comisiones paritarias
para la igualdad. Es importante que se den pasos en todos estos procesos si queremos conseguir que en el ámbito laboral la mujer tenga el reconocimiento que se merece y las mismas oportunidades, que los hombres. En ese sentido, también es hora de
que los agentes sindicales se den cuenta de que es necesario que en todos los procesos internos, incluso de los propios sindicatos, se vaya introduciendo la perspectiva de género, pues mientras los líderes sindicales no sean los motores que
introduzcan en el ámbito sindical la perspectiva de género poco vamos a poder hacer en las negociaciones colectivas. Los sindicatos que tienen que negociar el convenio correspondiente aún no tienen conciencia de la introducción de la perspectiva de
género en el ámbito sindical; luego, cuando internamente esa cuestión no se plantea como algo importante, no podemos pedir que las negociaciones colectivas introduzcan la perspectiva de género. Los sindicatos tienen un importante trabajo interno
que hacer si de verdad queremos que la perspectiva de género se introduzca en las negociaciones colectivas y en los convenios que surjan de esas negociaciones.
La señora PRESIDENTA: La señora Pigem tiene la palabra.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde nuestro punto de vista, esta proposición no de ley tiene dos partes. Una es el objetivo de incorporar la perspectiva de género en los procesos de negociación colectiva.
Convergència i Unió está
absolutamente de acuerdo con esta primera parte porque coincide con la exposición tan brillante, como de costumbre, que ha hecho la señora Quintanilla de esta iniciativa, puesto que la negociación colectiva tiene un papel absolutamente relevante en
la situación laboral no ya de la mujer, sino en general de cualquier trabajador o trabajadora. Desde este punto de vista la negociación colectiva tiene un papel activo para poder mejorar la igualdad de condiciones en el ámbito laboral. Ya se han
señalado hoy aquí problemas como la discriminación salarial, absolutamente reconocida, y como la promoción laboral, que quizás esté más soterrada puesto que no es tan fácil de constatar como la discriminación salarial. Por tanto, podríamos apoyar
sin más esta proposición no de ley si el texto de la misma acabara en: Instar al Gobierno a favorecer la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de negociación colectiva. Pero esta iniciativa tiene una segunda parte en la que se
proponen los instrumentos a través de los cuales
se ha de incorporar esta perspectiva de género en los procesos de negociación colectiva, y establece que será mediante la introducción de la figura del agente para la igualdad de oportunidades, al menos en los grandes convenios del sector, o
mediante la creación de comisiones paritarias para la igualdad. Me parece que esta segunda parte es limitativa de las maneras de actuar, y tendría que ser más enunciativa y por lo tanto, más general. Porque, por ejemplo, estoy leyendo en las
noticias de agencia que salen a raíz de la elaboración de la ley de igualdad que el anteproyecto recoge otras medidas para fomentar la igualdad como, por ejemplo, que en los convenios colectivos que afecten a más de 250 trabajadores las empresas
estarán obligadas a negociar con los sindicatos un plan de igualdad o todo un conjunto de medidas dirigidas a promocionar y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, los instrumentos no han de ser tan acotados como los dos que se
proponen.
Me gustaría instar a la proponente, y quizá también a los otros grupos, a encontrar una redacción que elevara los ejemplos del agente para la igualdad y la creación de comisiones paritarias a una propuesta más genérica, para poder llegar
a una redacción transaccional que todos pudiéramos apoyar.
La señora PRESIDENTA: La señora Monteserín tiene la palabra.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: No voy a describir el estado de la situación de la discriminación de las mujeres trabajadoras, porque doña Carmen Quintanilla lo ha hecho de una manera brillante y clara. Por tanto, no quiero incidir en eso.
Sí quiero incidir en las dos partes que tiene la proposición no de ley, que describía muy bien la señora Pigem, en el sentido de que este tema es hoy noticia, puesto que estamos en el momento en el que los sindicatos, los empresarios, los
trabajadores y el Gobierno están planteando un nuevo marco de negociación. Es verdad que el problema de la desigualdad de las mujeres estaba recogido ya en la recomendación del Consejo Económico y Social del año 2003 y en el código de buenas
prácticas firmado por los agentes sociales, derivado del acuerdo de la negociación colectiva del año 2003, en el que se establecía que los convenios colectivos eran los instrumentos adecuados -incluso diría que muy adecuados- para conseguir la
aplicación del principio de igualdad en el seno de las relaciones laborales, que además es un lugar en el que precisamente este principio está continuamente vulnerado, como bien ha explicado la señora Quintanilla. En este sentido, esto es lo que
están haciendo en este momento el Gobierno, los sindicatos, la CEOE, es decir, los agentes sociales, y me parece muy oportuno. El Gobierno y los interlocutores, mediante los instrumentos a su alcance, han de buscar de manera concertada soluciones
que promuevan la integración social de las mujeres y mejoren las condiciones de trabajo. Ese fue un compromiso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el seno de esta Cámara el año pasado cuando comenzaban las conversaciones y en dicho
compromiso se incluía la necesidad de que en el marco de esa negociación se procurara la conciliación de la vida laboral y familiar y que el principio de igualdad de oportunidades estuviera presente en el continuum de la negociación.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte la motivación, el fondo y los objetivos de la proposición no de ley, pero no los instrumentos que dibuja la proposición, porque se debe dar confianza al seno de esa negociación para que prefiguren
el instrumento del seguimiento de la regulación de la igualdad en el seno de esas relaciones laborales. Que nosotros les digamos desde aquí cuál tiene que ser el instrumento no parece adecuado precisamente hoy, en estos momentos. El Grupo
Parlamentario Socialista estaría de acuerdo en instar al Gobierno para que en el seno de esa negociación se impulsase una figura, una comisión o un instrumento que velase realmente por los objetivos que se marcasen en materia de igualdad en el seno
de la negociación colectiva, y por una cosa que también nos parece muy importante y es que velase por la evaluación y el análisis del impacto de esos objetivos prefijados a lo largo del tiempo. Tenemos que conseguir que en el marco de las
negociaciones haya un espacio en el que se tengan en cuenta las problemáticas de desigualdad laboral de las mujeres y esto sea un continuum, para que este instrumento sea el que vele realmente por esto a lo largo del tiempo, como ya hemos hecho en
otras instituciones en las que ha dado resultados positivos. Si esto es posible, el Grupo Parlamentario Socialista votaría a favor de la proposición no de ley.
-RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente del Congreso 161/001144 y número de expediente del Senado 663/000049.)
La señora PRESIDENTA: En este momento deberíamos pasar a la tercera proposición no de ley, pero dado que la tiene que defender la señora Sainz y está reunida en la Mesa del Congreso, la vamos a posponer y pasamos a la proposición no de ley
número 4, relativa a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, al que represento en este momento en esta Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, presenta esta iniciativa que pretende hacer
efectivo alguno de los derechos que la mujer tiene que ver llevado a efecto de manera inmediata. El Grupo Parlamentario Popular considera que uno de los objetivos fundamentales de la
acción del Gobierno debe ser promocionar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Debido al carácter transversal de los asuntos de la mujer, debemos incidir en la necesidad de implicar a todos los
responsables de cada ministerio en esta tarea.
Aseguro que estamos presentando una proposición no de ley, señorías, coherente con lo que repetidamente dice el Gobierno, coherente con lo que refleja el Gobierno, por ejemplo, en contestaciones a
preguntas como la número 184/035624 realizada por la diputada Camarero Benítez; coherente con la intervención de la señora secretaria general de política de igualdad, doña Soledad Murillo, en su comparecencia de junio de 2004 y coherente también
con lo manifestado repetidas veces por los grupos que componen esta Cámara.
Señorías, ya han transcurrido casi dos años de esa comparecencia y también son casi dos años los que llevamos oyendo a este Gobierno crear esperanza y expectativas en las mujeres, pero en este asunto que hoy nos ocupa, como en tantos otros,
desgraciadamente no hay resultados. Espero que hoy con el voto favorable a esta proposición no de ley avancemos, si no, sólo serán falsas palabras. Señorías, les ruego que revisen las páginas web de los ministerios y comprobarán con gran pesar lo
siguiente: el Ministerio de Administraciones Públicas no tiene acceso alguno específico en su portal, para mujeres, tampoco el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el de Industria ni el de Economía y Hacienda, nada en el de Justicia, ni en el de
Trabajo ni en el Ministerio del Interior; ni siquiera en los ministerios que presiden mujeres han tenido a bien crear un acceso que facilite la información que la mujer requiere específicamente. Solamente, para ceñirme a la estricta verdad, el
Ministerio de Agricultura tiene un acceso en su portal cuyo título es: las mujeres en el medio rural. Pero, desafortunadamente, solo son cuatro pequeños párrafos que tienen cierto tufo a propaganda rancia y, desde luego, ninguna información útil.
Compruébenlo, les ruego por favor que comprueben lo que les estoy diciendo. A partir de aquí, relativo a la mujer, en el resto de portales ministeriales solo encontrarán una sofisticada fotografía de la ministra de la Vivienda y otra de la
vicepresidenta del Gobierno, la señora Fernández de la Vega. Parece una broma, una desafortunada broma, más bien una triste broma. Este no es el objetivo de la igualdad de oportunidades.
No son estos portales ministeriales lo que merecen todas
las mujeres y lo que se les debe ofrecer. Hay que tener una información total y puntual de las distintas actuaciones que se desarrollan desde los diferentes ministerios, y uno de los vehículos para canalizar esa información deberá ser, sin duda, la
actualización de las páginas web de cada uno de los ministerios, dotándolas de secciones dedicadas a facilitar la información orientada a la promoción de la igualdad de oportunidades. Por todo ello, señorías, les pido que apoyen esta proposición no
de ley, para que de esta forma quede patente y claro que al menos todos los miembros de esta Comisión deseamos fehacientemente avanzar para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea un logro y no solo palabras.
Quiero agradecer la sensibilidad que han mostrado antes de mi intervención los grupos políticos que han expresado su apoyo a esta proposición no de ley. De aprobarse, quiero felicitar a todos los grupos, porque creo que, con nuestra
unanimidad en el voto, vamos a demostrar que en esta Comisión nos importa, y mucho, cualquier cuestión que afecte a las mujeres.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir?
Tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: En principio, creo que una seña de identidad de este Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la apuesta clara por la igualdad desde el principio de la legislatura, apostando por un Gobierno
paritario y por unas medidas en favor de la igualdad y de apoyo a la mujer que son dignas del Gobierno de nuestro país.
La gran mayoría de los departamentos ministeriales, en sus páginas web, ofrecen información específica relativa a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es verdad que deberíamos potenciarlas y hacerlas más accesibles para que
proporcionen mayor información, pero sí poseen información. La mayoría de las páginas disponen de secciones específicas en las que se encuentra información relacionada con las mujeres y con la igualdad de oportunidades, bien especificando sus
competencias o bien informando sobre las medidas que ha puesto o va a poner en marcha este Gobierno. Todas las páginas disponen además de un buscador con los términos mujer o igualdad, que facilitan la información que contienen en cada una de
ellas. Además, prácticamente todas las páginas de los ministerios conectan directamente con el proyecto Concilia que ha puesto en marcha el Ministerio de Administraciones Públicas y que es un plan integral de conciliación de la vida personal y
laboral en la Administración General del Estado, en el que existe un paquete de medidas que suponen la normativa más completa aprobada nunca en nuestro país en esta materia y recoge las iniciativas más avanzadas del sector público y privado en este
sentido. El proyecto Concilia introduce además importantes novedades en cuanto a la flexibilización del horario y a la conciliación de la vida personal y laboral de los empleados públicos de la Administración General del Estado. Por ejemplo, en el
Ministerio de Justicia, en atención al ciudadano, encontramos información sobre la Ley de medidas integrales contra la violencia género, contra la violencia doméstica, y sobre la protección a las víctimas; en el Ministerio de Fomento encontramos un
apartado referido a la familia, donde aparece una guía sobre el cambio de apellido de los hijos para aquellos que lo deseen o sobre medidas de protección a las mujeres; en el Ministerio de Agricultura, como bien ha dicho la portavoz que me ha
precedido, aparece un apartado específico referido a las
mujeres en el mundo rural, que contiene una información bastante importante para ellas. El Ministerio de Sanidad también ofrece información importante. En su web aparece un apartado referido a la prevención de la Ley integral contra la
violencia doméstica, que recoge también todas las medidas existentes dentro del ámbito sanitario. Hay un apartado en el que se explica la Ley integral contra la violencia de género y otro apartado referido a la protección de la salud de las
mujeres, en el que aparecen todos los procesos relacionados con ellas, como pueden ser la menopausia o los embarazos, para que las mujeres tengan un lugar al que acercarse y obtener información detallada. El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, además de tener un acceso directo a la página web del Instituto de la Mujer, que ofrece información didacta mediante su buscador, tiene un apartado de igualdad, en el que aparecen un montón de medidas y de conexiones referidas a ayudas e
información relativa a la mujer. La página web del Instituto de la Mujer está en este momento en proceso de modificación, con el fin de poder proporcionar más información sobre los servicios de los que pueden disponer o que pueden necesitar las
mujeres en cualquier momento.
El Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente esta adopción de medidas para que en las páginas web de todos los ministerios aumente la información orientada a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
haciéndola fácil de buscar en cada una de las páginas. Consideramos que se están produciendo avances importantes y vamos a apoyar esta proposición no de ley para que esa oferta se amplíe y el acceso a estas tecnologías sea más fácil, proporcionando
un acceso directo a la mujer y a la igualdad.
-RELATIVA A LA FORMACIÓN DE MUJERES EN LAS ÁREAS ARTÍSTICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001165 y número de expediente Senado 663/000050.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley número 5, relativa a la formación de mujeres en las áreas artísticas.
Tiene la palabra la señora Casado.
La señora CASADO SOBRINO: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para presentar una proposición no de ley en la que queremos hacer un especial reconocimiento al trabajo de tantas y tantas mujeres españolas en el ámbito de la cultura y
de las diferentes áreas artísticas.
En España existe una gran variedad de producción artística y cultural de mujeres a lo largo de toda la historia. El panorama femenino de creación cultural en España es amplio, diverso y está vivo. Digo que está vivo porque son muchísimos
los ejemplos de mujeres españolas que destacan en todas las áreas artísticas: en música, en teatro, en narrativa, en pintura, en artes escénicas, etcétera. Son muchas las mujeres que participan en las distintas áreas artísticas en nuestro país,
pero es quizás durante el pasado siglo cuando empezaron a proliferar más las creaciones culturales de las mujeres. Fueron unos años en los que las mujeres accedieron de forma notable a las diferentes facetas de las actividades artísticas y
culturales. Probablemente, este momento coincidió con el acceso de la mujer a la educación superior, a la participación política y a nuevas profesiones que hasta entonces estaban reservadas simplemente a los hombres. Muchas de estas
manifestaciones artísticas, sobre todo en narrativa, si me lo permiten, presentaban referencias testimoniales y modelos femeninos cercanos que muchas mujeres de la época buscaban. Todas estas creaciones culturales tienen un gran valor no solo en
cuanto a la calidad, sino sobre todo como testimonio sociológico de los cambios experimentados en la condición social de las mujeres, y sus trabajos constituyen un importante legado para la reconstrucción histórica de la marcha del pensamiento
igualitario en España.
La difícil y necesaria tarea de contar la historia personal y colectiva de las mujeres a través de sus expresiones artísticas es importante, de ahí que solicitemos, a través de esta proposición, el reconocimiento necesario a las creaciones
culturales de todas las mujeres a lo largo de la historia. En esta proposición solicitamos que el Gobierno apoye, junto con las comunidades autónomas, las iniciativas encaminadas al reconocimiento de la obra de todas estas mujeres. Ya que en
España existe un reparto competencial, creemos que entre todos, asumiendo cada uno las competencias que le correspondan, podremos poner en marcha acciones encaminadas a reconocer la gran aportación cultural de las mujeres a lo largo de la historia.
Por otro lado, es necesario facilitar la formación en las distintas áreas artísticas a muchas mujeres, una formación que, como SS.SS. saben, es muchas veces proporcionada por las asociaciones que promueven actividades culturales. Uno de
los indicadores de que poco a poco avanzamos en la igualdad entre hombres y mujeres es la cada vez mayor participación de las mismas en todos los ámbitos culturales, pero para seguir participando, las mujeres quieren formación. Es una formación
difícil, pero son muchísimas las mujeres que tienen inquietudes artísticas y no tienen fácil el acceso a estos estudios.
Sinceramente, nos hubiese gustado encontrar algo más respecto a la formación de las mujeres en las áreas artísticas en las 53 medidas que promovió el Gobierno va a hacer ahora un año en las denominadas medidas para la igualdad. Sin embargo
la única referencia que hemos encontrado al respecto dice que se acuerda que los jurados que conceden los premios nacionales de las distintas disciplinas artísticas tengan una composición paritaria. Nosotros queremos dar un paso más y por eso
presentamos esta moción. Como les digo, la formación específica de estas mujeres en las áreas artísticas y culturales
es ante todo una fuente de igualdad, y poder disfrutar de los elementos docentes, teóricos, técnicos y prácticos en el proceso de aprendizaje va a garantizar una idéntica disposición de todos para el futuro ejercicio de las funciones
específicas de cada uno; es decir, que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres por contar con una completa formación. Las distintas áreas artísticas son profesiones que exigen una extraordinaria amplitud de conocimientos,
un difícil aprendizaje y un excelente dominio de todos los recursos expresivos. Por todo ello solicitamos que se apoyen cuántas medidas sean necesarias junto con las comunidades autónomas, para facilitar el acceso de todas las mujeres que requieran
una formación en estas áreas.
Por todo lo expuesto, solicito el voto favorable de SS.SS. y se lo agradezco de antemano.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que deseen intervenir?
La señora Baig tiene la palabra.
La señora BAIG I TORRAS: Nuestro grupo está de acuerdo y va a dar el voto favorable a esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Únicamente, y al hilo de lo que nos comentaba la señora senadora, haré una
pequeña reflexión, y es que en algunas ocasiones, buscando la igualdad entre hombres y mujeres, podemos discriminar también la potencialidad del hombre, y ya, en demasiadas ocasiones, los temas artísticos se insertan en el capítulo de las mujeres
cuando hay chicos y hombres con grandes capacidades artísticas que también se pueden sentir discriminados dentro de esta formación. Debemos buscar nuestra igualdad de derechos y deberes sin discriminar al mismo tiempo las sensibilidades artísticas
que pueden tener muchos hombres y a los que también debemos darles facilidades. Por esto, y anticipando que estoy segura que no es ese el motivo de su intervención, quiero dejar anotado este pequeño aspecto.
Por otra parte, creo muy importante y conveniente -ya en Cataluña hay muchas experiencias en el marco del ámbito local- la recuperación de las creaciones culturales de mujeres que hasta ahora han sido totalmente invisibles, y a pesar de que
ahora se está dando a conocer a las nuevas generaciones cuál era la importancia de la mujer en muchos estadios de nuestra historia, no se está haciendo en la más cercana, y quizás este sea el aspecto más curioso.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Flores.
La señora FLORES FERNÁNDEZ: Señorías, voy a explicar la posición de mi grupo respecto a la presente iniciativa.
Por supuesto coincidimos con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a la discriminación que todavía sufrimos las mujeres en el campo artístico. Como muestra de ello, quiero hacer mención aquí del manifiesto elaborado por Arco
2005, que habla sobre las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del arte y deja bien claro lo dicho anteriormente por la senadora y que a nosotros nos parece muy bien. Sin embargo, también tengo que decir que hay sectores en el
mundo artístico en el que estamos sobrerrepresentadas, y este es el caso de la escuela de danza y los conservatorios, donde los deficitarios son los hombres. Esto quizá sería una anécdota, porque es verdad que en otros campos estamos bastante
infrarrepresentadas, aunque ya se está actuando.
En primer lugar quiero decir que en la proposición figura: el Congreso de los Diputados. Habría que corregirlo y poner Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades. Acto seguido quiero decirles que mi grupo va
a apoyar la presente iniciativa, aunque antes me gustaría hacer referencia a las medidas que en este campo se están llevando a cabo en los diferentes ministerios. Empezaré con los aspectos educativos, puesto que todavía se encuentra en trámite
parlamentario el proyecto de Ley Orgánica de Educación, en el que se garantiza la formación de mujeres en las áreas artísticas tanto en el propio articulado -título I, capítulo VI-, como en el marco de lo que el proyecto propone para la educación de
personas adultas -título I, capítulo IX-. Todo ello dentro del principio de la concepción de la educación como un aprendizaje que no termina nunca y de que todas las personas deberíamos poder actualizar, completar y ampliar nuestras capacidades,
conocimientos, habilidades, etcétera. Asimismo en este punto me gustaría hacer referencia, dentro de la educación en valores, a la parte específica dedicada a la no discriminación, llamada Nosotras creamos mundo, en la que es muy interesante la
aportación que se hace en este sentido.
Un segundo aspecto que me gustaría tratar es el puramente cultural, ya que en principio la presente iniciativa creo que se presentó para su debate en la Comisión de Cultura. En los aspectos puramente culturales se están haciendo avances
sustanciales; a lo mejor no con la rapidez que nos gustaría a todas y a todos, pero aquí también se ha dejado claro que no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana, sino que habría que cambiar algunos hábitos culturales, que, una vez más,
juegan en contra de las mujeres. Por darles algunos datos, diré que dentro de las convocatorias nacionales bastantes mujeres han obtenido, por ejemplo, el Premio Nacional de Artes Plásticas. Me gustaría hablar de Carola Torres, Carmen Lafont,
Susana Solano, Soledad Sevilla, Cristina Fernández, etcétera. También ha habido mujeres que han obtenido el Premio Nacional de Fotografía, como pueden ser Cristina García Rodero u Ouka Lele.
Un tercer aspecto se referiría a las acciones que el ministerio está haciendo para propiciar la presencia de mujeres en campos en los que hasta ahora era deficitaria, como pueden ser la dirección de orquesta y la composición musical. Como
muestra y por no alargarme mucho
citaría la actuación de la Joven Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional dirigida por la que hasta hace poco era directora de la orquesta de mi ciudad, la canaria Gloria Isabel Ramos.
En cuanto a la presencia femenina en la creación y la recuperación de la obra debida a mujeres a lo largo de la historia, que para nosotros sería fundamental que se empezara a rescatar -en este sentido se están publicando algunos libros muy
documentados-, dentro del Ministerio de Cultura se está haciendo a través de los centros de documentación del propio ministerio, así como del Museo Nacional del Teatro.
El cuarto aspecto que me gustaría destacar es el relativo al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En la convocatoria de subvenciones del Instituto de la Mujer en el año 2004 -estos son los últimos datos que tenemos, ya que todavía no
se ha resuelto la convocatoria de 2005- se concedieron subvenciones tanto a AIMA, Asociación Internacional de Mujeres en las Artes, como a la Asociación de Mujeres en la Música. Como les decía, la convocatoria de 2005 está por resolver, pero
también se firmó un convenio específico entre el Instituto de la Mujer y la Asociación de directores de escena sobre participación de las mujeres en el ámbito teatral, en el que se ejecutaba una serie de actividades como la organización de las
actividades conducentes a la entrega del Premio María Teresa León, edición de obras de autoras teatrales, promoción y difusión y proyectos de investigación como podría ser el de directoras de escena en la historia del teatro español. Asimismo, en
el año 2005 se firmó una adenda al convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Sociedad General de Autores donde se organizó el IX Encuentro de mujeres iberoamericanas dedicado al arte escénico, la XX edición del Festival
Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el XI Certamen de textos de autoras dramáticas, que es el Premio María Teresa León, el Fémina 2005, el primer ciclo de lecturas dramatizadas de nuevas dramaturgas, y algunas cosas más que no cito por no cansar a
SS.SS.
Quisiera destacar también en esta área de la Secretaría General de Empleo la formación profesional ocupacional, ya que sobre la base del Plan nacional de formación e inserción profesional (Planfip) se realizan acciones específicas dirigidas
a la formación de mujeres en áreas artísticas que están encuadradas en la familia profesional de información y manifestaciones artísticas, en la cual las mujeres participan como colectivo de preferencia. Esta área está transferida a las comunidades
autónomas y ellas serían las que tendrían que ponerlo en marcha, viendo las necesidades empresariales de su zona y los nuevos ámbitos de actividades, todo ello conducente hacia las nuevas oportunidades de empleo. Asimismo está la labor que realiza
el Centro Nacional de Referencia de Zaragoza dedicado a las actividades de nuevas tecnologías, etcétera. Por último, en la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, en el ámbito de la inmigración, hay una serie de acciones en las que se
incorporan las perspectivas de género. Hay un fondo de apoyo para la acogida y la integración de los inmigrantes, así como para su refuerzo educativo. Pues bien, en este fondo se incluye como un eje transversal la perspectiva de género en lo que
se refiere a las actuaciones de acogida, educación, servicios sociales, etcétera; es decir, promociona actuaciones de formación que promuevan la integración de la mujer inmigrante en la sociedad que las acoge, pero dirigidas al mantenimiento de las
culturas de origen y a las actuaciones de fomento del conocimiento de la diversidad cultural, o sea que se tocan todos los aspectos. Podríamos concluir que la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular quizá sea innecesaria porque mandata
realizar actividades que se están haciendo ya; lo deja muy en el aire, y estas actividades figuran ya en la proposición no de ley. Quizá habría que esperar a obtener los primeros resultados de lo que está en marcha para poder evaluarlos. Aún así
mi grupo está dispuesto a apoyar esta iniciativa; no es malo abundar en lo bueno, pero si el grupo autor así lo estima nos gustaría que, en lugar de, que apoyen, conste continúen apoyando, basándose en que las diversas actuaciones que están en
marcha ya, y que me he permitido relatar a SS. SS., podrían englobarse así. Voy a terminar, pero me gustaría, como reflexión final y de futuro, citarles textualmente un artículo de hace un par de años de Pablo Prieto que decía: Pertenece al genio
de la mujer saber integrar lo útil en lo bello y vivir lo cotidiano con sentido festivo. Hoy más que nunca necesitamos que este talante artístico típicamente femenino influya en todos los campos de la vida ordinaria y el trabajo cotidiano. Para
ello, se requiere replantear con sentido crítico las viejas ideas estéticas que hemos heredado de la modernidad ilustrada. Este comentario sería una buena invitación para la reflexión conjunta, que nos permitiría seguir avanzando en este y otros
campos.
-RELATIVA A IMPULSO DE MEDIDAS DE APOYO A LA MUJER COMO CONSECUENCIA DE LA DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001290 y número de expediente Senado 663/000054.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley número 6 del orden del día, relativa al impulso de medidas de apoyo a la mujer como consecuencia de la discapacidad.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, el Grupo Popular ha presentado las dos iniciativas que a continuación vamos a debatir con el claro objetivo de contribuir a mejorar la situación en la que se encuentran las mujeres discapacitadas.
Desde nuestro punto de vista, estas necesitan compromisos serios y efectivos, tanto en los aspectos relacionados con favorecer su acceso al
mercado laboral como en los relativos a la violencia que sufren estas mujeres. Quiero manifestar con claridad que estas iniciativas parten de las mujeres discapacitadas. Son iniciativas suyas que nos han trasladado en reiteradas reuniones
que hemos mantenido con ellas y que figuran en un importante documento elaborado en el Cermi, el primer plan de acción para mujeres discapacitadas, donde se realiza un amplio análisis de su situación, que refleja los logros obtenidos y sus
reivindicaciones. Con estas iniciativas el Grupo Popular pretende traer al Parlamento las reivindicaciones de las asociaciones de las mujeres discapacitadas, que son las que mejor pueden conocer cuál es su situación y cómo podemos mejorarla.
Todavía hoy, señorías, presentar alguna discapacidad supone una desventaja en el uso y disfrute de los derechos sociales y económicos; aunque la discapacidad afecta de igual manera a mujeres y a hombres la sociedad penaliza en mayor medida si la
persona con discapacidad es mujer, porque limita las posibilidades de las mujeres llevándolas a la invisibilidad y a la inexistencia. Solo por eso, para demostrarles lo que nos importan las mujeres y muy especialmente las más necesitadas, las
discapacitadas, es importante que en el Parlamento, como sede de la soberanía nacional, debatamos y traigamos iniciativas para mejorar su situación.
Señorías, más de dos millones de mujeres en España padecen algún tipo de discapacidad y requieren que sigamos adoptando medidas que mejoren sus condiciones de vida y que les ayuden a ser reconocidas como mujeres de primera, con los mismos
derechos que el resto de nosotras. Todavía hoy las mujeres discapacitadas tienen mayores problemas para acceder al mercado laboral, por lo que requieren compromisos reales y efectivos de los poderes públicos. La mejor manera de ayudar a las
mujeres discapacitadas, de integrarlas socialmente es mediante su integración laboral. Por ello, el Gobierno debe implementar medidas para favorecer el acceso de la mujer discapacitada al mercado laboral y cuidar especialmente a aquellas que además
sean madres. Me gustaría, señorías, poder trasladarles algunos datos reveladores. Frente al 55 por ciento de mujeres sin discapacidad que trabajan en Europa, solo el 25 por ciento de mujeres discapacitadas tienen empleo. Además tanto la calidad
como el salario, como el estatus de estas mujeres suele ser menor que el de los hombres con discapacidad. Si hablamos de España solamente el 12 por ciento de todas las mujeres en edad laboral con discapacidad (recordemos el 12 por ciento de dos
millones de mujeres) trabajan, pero el 77 por ciento restante ni tiene trabajo ni se plantea tenerlo. Esto genera una situación económica muy deficitaria. Desde la cumbre de Luxemburgo de 1997 por primera vez en los planes de empleo de ámbito
nacional se introdujeron medidas para impulsar el empleo de las personas con discapacidad, algo que ha favorecido que en los últimos años se triplicase el número de personas con discapacidad que tienen un puesto de trabajo; sin embargo, no podemos
conformarnos. Debemos seguir impulsando medidas que favorezcan el acceso al mercado laboral. El ministro Caldera prometió un plan estatal de promoción de la formación y empleo de las personas con discapacidad 2004-2008, pero estamos ya en febrero
de 2006 y este plan tampoco se ha puesto en marcha, como tampoco el compromiso de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, la señora Valcarce, que anunció en esta misma sede, en la Comisión de Política Social y Empleo,
la preparación de un plan de empleo para la mujer con discapacidad. En el Grupo Popular nos preguntamos dónde están los planes de acción, los planes de empleo prometidos para este sector.
Dada la sensibilidad del tema no quiero venir hoy a
criticar los numerosos incumplimientos del Gobierno con este sector, sino mirar hacia adelante y pedir la responsabilidad y el apoyo de los grupos porque estas iniciativas beneficiarán a muchas mujeres. Las medidas que pretende esta iniciativa,
como la de reserva de plazas de guardería para niños con discapacidad o cuando ésta la padezcan las madres, así como el establecimiento de beneficios fiscales para gastos de guardería o cuidadores en domicilio, son compatibles con cualquier otra
medida que pueda incluir el Gobierno en sus planes, por lo que no sería lógico que un retraso en una negociación del plan de empleo o futuras leyes sirviese de justificación para seguir perjudicando los intereses de los sectores más necesitados, en
este caso de las mujeres discapacitadas. Nos gustaría sinceramente que en la mañana de hoy salgamos con acuerdos que viésemos pronto materializados en medidas concretas.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
La señora Loroño tiene la palabra.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Yo quisiera hacer una serie de consideraciones a esta proposición defendida por la diputada Camarero para impulsar medidas de apoyo a la mujer como consecuencia de la discapacidad, porque hay una mezcla de
cuestiones distintas. En los dos primeros puntos se plantea la posibilidad de una reserva de plazas para guarderías infantiles públicas desde dos perspectivas distintas, para niños con discapacidad con madres trabajadoras y para hijos de madres
trabajadoras con discapacidad, que son dos cuestiones totalmente distintas. Aquí repetiría lo mismo que hemos dicho a lo largo de esta mañana en el debate de la primera proposición: estamos ante un tema educativo que debe solventarse desde el
ámbito educativo por entender que esa etapa de cero a tres años debe llevarse a cabo en las escuelas infantiles, garantizándose ante todo el proceso de integración de aquellos menores que puedan tener discapacidad. Ello conlleva que, para que los
menores con discapacidad puedan tener ese proceso de integración adecuado en las escuelas infantiles de cero a tres años, exista personal específico que lleve a cabo con ellos programas de atención temprana, de estimulación psicomotora, logopedia,
etcétera. Es decir, estaríamos hablando de cuestiones que en estos momentos son competencia de las comunidades autónomas y han de ser resueltas desde su competencia en materia educativa. Por otro lado, se plantea establecer beneficios
fiscales por los gastos de guardería o de cuidadores en domicilio, tanto para las madres trabajadoras que tengan hijos con discapacidad como para las madres trabajadoras con discapacidad; dado que el punto 4 está planteando que para todas estas
cuestiones haya que acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, debo decir que la legislación vigente otorga en estos momentos a todas aquellas personas con una discapacidad superior al 65 por ciento una serie de prestaciones
que permitan atender ciertas necesidades derivadas de su situación. Estamos mezclando, por tanto, distintas cuestiones, todas ellas relacionadas con la discapacidad, pero no confundamos, porque hay cuestiones relativas directamente a la mujer
discapacitada y otras que contemplan que una mujer tenga menores con discapacidad a su cargo; deben diferenciarse y no plantearse como medidas de apoyo a la mujer como consecuencia de la discapacidad, porque de hecho estamos mezclando dos
cuestiones totalmente dispares.
Por otra parte, se ha mezclado también aquí el tema de los planes de empleo y formación específicos destinados a las mujeres discapacitadas.
La verdad es que ser mujer y ser discapacitada es un doble hándicap, y si estamos planteando que se
introduzca la perspectiva de género en numerosas cuestiones y planes, en negociaciones colectivas, etcétera, para que la mujer sea tenida en cuenta y tenga igualdad de oportunidades, perdonen que les diga que no soy muy partidaria de hacer planes
específicos. Lo que sí debemos conseguir es que en los distintos planes y medidas que se vayan adoptando, en las distintas negociaciones que se vayan realizando, introduzcamos la perspectiva de género y de discapacidad. No olvidemos el gran
hándicap que tienen las mujeres a la hora de acceder al empleo por el hecho de ser mujer y tener ciertas limitaciones (que se las ponen), y no digo nada si esa mujer además es discapacitada. Por tanto, planes de formación y empleo sí, pero que
tengan en cuenta la perspectiva de género y de discapacidad. En la proposición no se plantea esta cuestión, pero se están mezclando el ámbito educativo y el ámbito asistencial, y desde este grupo parlamentario supone entrar de lleno en el terreno
de competencias que son propias de las comunidades autónomas, muchas de las cuales en estos momentos ya trabajan en este sentido.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió coincide con la proponente en la necesidad de dar respuesta a la problemática específica que se da en las mujeres que tienen discapacidad. Como se ha señalado muy bien por la portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra, la señora Loroño, las mujeres con alguna discapacidad tienen no solo dos, sino múltiples hándicaps a los que se ha de dar respuesta a través de todas las normativas que se vayan aprobando y con la adopción de
planes específicos o de acciones positivas que permitan superar este múltiple hándicap.
Con respecto a la propuesta específica, coincido bastante con el planteamiento que nos ha hecho la señora Loroño. Por lo que se refiere al tema de plazas para guarderías infantiles, coincidiendo, como digo, en la necesidad de dar respuesta
a esta problemática de las mujeres con discapacidad, se tiene que hacer desde el respeto competencial. En este momento el tema de guarderías infantiles o de la atención de cero a tres años corresponde a las administraciones educativas por tanto es
competencia de las comunidades autónomas e incluso de los propios ayuntamientos. Desde esta perspectiva no nos parecen adecuados los puntos 1 y 2. Por lo que se refiere a los puntos 3 y 4 nos parecería bien, pero en un momento en que se está
debatiendo y elaborando la ley de la dependencia, y puesto que aquí, como bien se ha señalado también por la señora Loroño, se mezclan madres con hijos con discapacidad con madres discapacitadas, se tiene que dar esta respuesta de una manera
sistematizada; si estamos tratando de elaborar una ley de dependencia, muchos de estos supuestos entrarían ya a través de ella. Yo creo que esta iniciativa, como otro tipo de iniciativas planteadas no solo por el Grupo Popular, sino por otros
grupos, y que se hacen con la mejor intención, quizá adolece, al querer profundizar en un segmento concreto y acotado, de perder un poco de vista algo que se nos dijo aquí justamente por la representante de la mujer del Cermi: que se tenía que
resolver a través de perspectivas generales, de una manera transversal, aplicable a todo tipo de planes y programas, no solo de mujer, sino también de discapacidad. Ella nos hablaba de aplicar una doble perspectiva: la de género a cuanta normativa
y a cuantos planes se hicieran y la de discapacidad a cuantos planes específicos se hicieran. En el cruce de esta perspectiva de género y de esta dimensión de discapacidad, que hemos de tener como una plantilla general en la elaboración de
cualquier tipo de normativa, daremos respuesta específica a estas situaciones, pero no podemos perder de vista que esto se ha de hacer de acuerdo con el marco competencial que tenemos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ HIGUERAS: Con respecto a la proposición no de ley del Grupo Popular de impulso de medidas de apoyo a la mujer como consecuencia de la discapacidad cabe destacar que, de acuerdo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ya se está impulsando el primer Plan de acción de mujeres con discapacidad, cuyo borrador ya ha sido debatido en la comisión permanente
del Consejo Nacional de Discapacidad y está en este momento en la fase de incorporación de las observaciones emitidas por este órgano. Este plan, que ya aparecía como uno de los compromisos del Partido Socialista, abordará en sus diferentes
áreas de intervención objetivos y medidas dirigidas a las mujeres con discapacidad, con el fin de compensar las dificultades que tienen para disfrutar en igualdad de oportunidades de los derechos reconocidos, y garantizará un conjunto sistemático de
medidas y acciones para favorecer su acceso al empleo, a la formación y a la conciliación de la vida laboral y familiar. En esta misma línea ya el ministro de Trabajo, en comparecencia en Comisión el 18 de mayo de 2004, y cuando informaba sobre las
líneas generales de la política de su departamento, anunció el Plan estatal de promoción del empleo para las personas con discapacidad 2004-2008, que cumplirá, y que contemplará medidas como la revisión del marco de incentivos que ofrezcan la
inserción laboral de las personas con discapacidad que tienen más dificultad para ser contratadas, el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para las personas con discapacidad, o el cumplimiento efectivo de la cuota del 5 por ciento de
reserva por las administraciones públicas o, en su caso, mediante un turno independiente para las personas con discapacidad. También anunció un seguimiento del segundo Plan de acción para las personas con discapacidad que abarca desde el año 2003
al 2007, desde una atención integral a las personas con graves discapacidades, analizando su promoción en el empleo, accesibilidad universal y cohesión de los servicios sociales.
En una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados también del Grupo Popular sobre discapacidad, debatida el 30 de junio de 2004, el ministro de Trabajo volvió a reiterar el compromiso con las personas discapacitadas y sus familias
para alcanzar el contrato de inclusión, 9 por ciento, con el objetivo de conseguir que la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos se corresponda con su peso demográfico en la sociedad, y lo aplicará de modo transversal en
todas las líneas de acción que se desarrollen desde la Administración del Estado.
Con respecto al número 3 de la proposición no de ley, en el que se propone establecer beneficios fiscales por los gastos de guardería o de cuidados en domicilio, cabe indicar que el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de
las personas físicas contiene medidas con el objeto de conciliar la vida laboral y familiar. En particular se establecen un conjunto de incentivos fiscales que afectan a familias con niños pequeños, ascendientes o personas discapacitadas a su cargo
que se concreta en reducciones de la base imponible. Esta misma norma regula la deducción por maternidad de la que se beneficiarían las madres con hijos menores de tres años que trabajen fuera del hogar, que pueden disfrutar con el límite de las
cotizaciones totales a la Seguridad Social o mutualidad de una deducción de hasta 1.200 euros al año. Por otra parte, y en el marco del Plan de apoyo integral a la familia, se han adoptado otras medidas, entre las que destacan: la elevación del
mínimo familiar en función del número de hijos, con una importante elevación a partir del tercero; la mejora del tratamiento fiscal; del alquiler de la vivienda; se accede a determinadas prestaciones públicas; o regulación del patrimonio
protegido de las personas con discapacidad. Por tanto, que la normativa actual recoge medidas que, por un lado, toman en consideración la incidencia que tiene la existencia de personas dependientes sobre la capacidad económica del contribuyente,
así como un conjunto de incentivos con el objeto de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
Uno de los objetivos de este Gobierno, del Gobierno Socialista, es el desarrollo de una política activa, coherente y cohesionada en la
materia, que permita de forma efectiva la no discriminación, igualdad de oportunidades y equiparación de derechos de las personas con discapacidad con el resto de la ciudadanía. Toda vez que las diferentes medidas de acción positiva a favor del
colectivo de referencia serán adoptadas en el seno del Plan de acción de mujeres con discapacidad y también en atención a las medidas fiscales en vigor, no estimamos procedente la adopción de la presente proposición no de ley.
-RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES DISCAPACITADAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001292 y número de
expediente Senado 663/000055.)
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la proposición no de ley número 7, tiene de nuevo la palabra la señora Camarero. La proposición es relativa a la puesta en marcha de medidas dirigidas a las mujeres discapacitadas víctimas de
violencia de género.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Las mujeres con discapacidad, señorías, están expuestas a una mayor vulnerabilidad ante la violencia de género por lo que debemos corregir esta situación mediante la puesta en marcha de instrumentos específicos
para ellas. Las cifras nos manifiestan que en el entorno de la Unión Europea el 80 por ciento de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género. En la exposición de motivos hablábamos de una doble discriminación; sin embargo,
como dicen las propias discapacitadas, tenemos que hablar de múltiple discriminación: por ser mujer, por ser discapacitada, por padecer malos tratos y por su falta de formación. Existe una serie de necesidades concretas que deberíamos impulsar
entre todos, y que son, como en el caso anterior, señorías, reivindicaciones de las propias asociaciones de mujeres, y en este caso del Cermi; medidas como la prioridad en el acceso a una vivienda; la inclusión de este colectivo en las
campañas de sensibilización; la elaboración de materiales específicos para ellas; que en los programas de formación dirigidos a los profesionales en atención a las víctimas se incorporen conocimientos sobre discapacidad para dar la
respuesta más eficaz a las demandas de estas mujeres; la adaptación de los servicios de teleasistencia; un servicio de intérpretes del lenguaje de signos en las comisarías, juzgados y otras instancias, porque es evidente que existe una mayor
dificultad a la hora de expresar los malos tratos por los problemas de comunicación porque no se tienen previstos medios en los juzgados o en comisarías, como decía anteriormente (existen problemas en los puntos de información y asesoramiento por
barreras físicas y de comunicación que consideramos deben ser corregidas); y -cómo no- la obtención de datos específicos sobre estas mujeres.
Señorías, ni en los balances del cumplimiento de la Ley de Violencia, ni en los medios de comunicación, ni en las respuestas parlamentarias, que el Gobierno contesta a las distintas parlamentarias, hemos podido encontrar una sola información
sobre la puesta en marcha de medidas específicas para mujeres con discapacidad, ni una sola medida se ha anunciado, algo que no nos parece correcto. Aunque la Ley de Violencia sea para todas las víctimas, hay víctimas que padecen la múltiple
victimización, que son más víctimas porque tienen menos posibilidades de reaccionar y de defenderse por su discapacidad y que necesitan que los poderes públicos incrementemos el esfuerzo y multipliquemos la inversión para reducir, en la medida de
las posibilidades, su sufrimiento. Además del Plan de acción comentado anteriormente de las asociaciones de mujeres conocemos otros informes sobre cuál es la situación de las mujeres con discapacidad, como es el caso del estudio Diagnóstico social
sobre violencia de género y discapacidad en la ciudad de Madrid presentado en octubre de 2005, donde entre otras cosas destaca que tres de cada diez mujeres con discapacidad física son o han sido víctimas de malos tratos.
Sin duda se trata de un
informe pionero, porque hasta el momento no se había abordado el problema de la violencia de género entre este grupo social. Otros datos que aporta son que ocho de cada diez mujeres afirman que los malos tratos son habituales, lo que contrasta con
el número de denuncias que interponen, circunstancia que puede estar relacionada con el hecho de que cinco de cada diez mujeres desconocen los recursos existentes. Este diagnóstico se puede extrapolar, por desgracia, a cualquier otra ciudad de
España, siendo los datos similares. Sin duda, las medidas que pretende esta iniciativa son similares a las que solicitan las distintas asociaciones de mujeres, por lo que desde el Grupo Popular no hacemos más que, una vez más, servir de transmisor,
de correa de transmisión de las reivindicaciones de las propias interesadas, de las mujeres discapacitadas. Las asociaciones de mujeres con discapacidad, Cermi y el Foro Europeo de Discapacidad fueron hasta el Parlamento Europeo, donde solicitaron
la adopción de medidas para erradicar la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Pidieron entonces la adopción de acciones enérgicas contra todas las formas de violencia que vienen sufriendo las niñas y mujeres con discapacidad, porque
las mujeres con discapacidad tienen un riesgo cuatro veces superior al resto de mujeres de sufrir una violencia. Una de las prioridades para ellas es la puesta en marcha de estudios específicos para determinar su origen y dimensiones, ya que hasta
el momento no existe ningún estudio de las instituciones públicas o académicas que permita realizar una radiografía de la realidad de esta violencia, a pesar de que estas mujeres representan un grupo especialmente vulnerable a la hora de poder
sufrir una situación de violencia de este tipo.
Saben ustedes, señorías, que no estamos en un debate nuevo, que durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Violencia ya pudimos contar con la comparecencia de Ana Peláez, del Cermi, que expuso con claridad las circunstancias
especiales y específicas de estas mujeres; reivindicaciones que se transformaron en enmiendas de todos los grupos parlamentarios de la Cámara y que algunas de ellas se incluyeron en el texto final de la Ley de Violencia. Señorías, la situación no
ha variado mucho; es más, la situación actual, con quince mujeres muertas en poco más de un mes, vuelve a crear una situación compleja, una situación difícil. Se está generando una alarma social y nuestra obligación, señorías, es dar una respuesta
más eficaz, más útil a las mujeres víctimas de violencia y en especial a las mujeres más vulnerables. Hemos estudiado con cariño, como siempre, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y queremos decirles que no podemos
aceptarla.
Desde la tranquilidad de ánimo que nos da el haber apoyado la Ley de Violencia, desde una posición de búsqueda permanente de acuerdos en todos los temas que tienen que ver con las mujeres y muy especialmente con las mujeres maltratadas,
no podemos aceptarla. Sin querer entrar en las deficiencias, en las posibles lagunas que tiene la ley que el tiempo por desgracia está sacando a la luz; sin pretender en este momento criticar la ley ni ir en contra de ella, porque no es el
objetivo ni muchísimo menos de esta iniciativa, queremos manifestar una vez más que no vemos que la ley esté aportando soluciones específicas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Camarero. Hay muchísimo murmullo y resulta difícil escuchar a la señora diputada. Les agradecería un poco más de silencio. Gracias.
Puede continuar.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta. Creemos, reitero, que la ley no está aportando soluciones específicas a las mujeres con discapacidad, a este colectivo. Me gustaría sinceramente que me dijeran qué se ha hecho de
forma efectiva; no qué está escrito en un papel, no qué recoge la ley, sino cuáles son las realidades concretas, los hechos concretos para las discapacitadas,
por una razón que les he reiterado en muchas ocasiones. Contamos con una ley, pero esta ley necesita ser desarrollada, necesita tener los medios o los recursos suficientes para no quedar en papel mojado. Además, la ley no nos puede servir
de excusa para no hacer nada más, para quedarnos parados. Debemos seguir trabajando para buscar nuevas soluciones para estas mujeres, en especial para las mujeres discapacitadas, que son especialmente vulnerables. Con este ánimo pragmático de
buscar soluciones me gustaría sinceramente poder contar con el apoyo de los grupos, incluso con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, y que reconsiderase su situación para seguir, insisto, buscando soluciones y mejorando las condiciones de
vida de las mujeres discapacitadas.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora García Valls.
La señora GARCÍA VALLS: Sobre la proposición no de ley que nos ocupa, relativa a la puesta en marcha de medidas dirigidas a las mujeres discapacitadas víctimas de violencia de género, suponemos desde mi grupo que la señora Camarero no
desconoce las competencias y responsabilidad de las comunidades autónomas en las medidas que se especifican en la misma.
El Partido Socialista en el programa electoral con que se presentó a las últimas elecciones generales de marzo de 2004 asumió el compromiso real y efectivo con la mujer con discapacidad, que consistía en la elaboración y puesta en práctica
de un plan de acción para la mujer con discapacidad que garantizara un conjunto sistemático de medidas y acciones dirigidas específicamente a luchar contra la discriminación añadida que sufren las mujeres con discapacidad. Por ello, cumpliendo el
compromiso, se ha elaborado el borrador del primer Plan de acción de mujeres con discapacidad, que aborda, como una de sus áreas de intervención específicas, la violencia de género contra las mujeres, y que ha sido presentado y debatido en la última
reunión de la comisión permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, celebrada el pasado 25 de octubre, encontrándose en estos momentos, como ha señalado la diputada señora Martínez, en fase de incorporación de las observaciones emitidas en
este órgano. Es sin duda la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la que a lo largo de su articulado y en relación con las concretas medidas de actuación que en la misma se
contienen tiene especial consideración a las mujeres víctimas de violencia de género que además presenten discapacidad. Por este motivo y desde la entrada en vigor de dicha ley orgánica (apenas un año de vigencia) han sido adoptadas numerosas
medidas para dar respuesta a las necesidades específicas de estas mujeres.
Con fecha 2 de diciembre de 2005 el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley 1/2004. En dicho texto legal se contempla un notable incremento en la cuantía de
la ayuda si la beneficiaria o, en su caso, las personas a su cargo tienen la condición de discapacitadas. El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, contempla en su artículo 3 como beneficiarios con derecho a protección preferente a las víctimas de violencia de género y a las personas con discapacidad y sus familias. En lo que respecta al acceso de las mujeres discapacitadas a la
información sobre la violencia de género, se garantiza dicho acceso adecuando diversos canales de información a las especialidades de este colectivo. La página web del Instituto de la Mujer está pensada para que la información que en ella se recoge
pueda ser utilizada por cualquier persona sin limitación alguna por razón de discapacidad. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuenta con un teléfono de información gratuita 24 horas y de alcance nacional para mujeres sordas con el fin de
informar a las mismas acerca de aspectos jurídicos, orientación laboral y recursos sociales en general. Se ha elaborado diverso material informativo y de sensibilización divulgado entre las diversas asociaciones, entre las que se encuentran las
asociaciones con mujeres con discapacidad. Así, puede destacarse la Guía de salud XII, violencia contra las mujeres, y la Guía de salud XVII, la salud en las mujeres con discapacidad, en la que se trata el tema de la violencia contra las mujeres
con discapacidad. Asimismo se ha llevado a cabo la ejecución de campañas de información y sensibilización adaptadas a las personas con discapacidad. Si bien por el momento no se dispone de información concreta acerca de las mismas, no cabe duda
alguna de que esa materia será objeto de tratamiento específico en el futuro Plan de acción para las mujeres con discapacidad, así como en el Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Están en marcha diversas acciones
que van a facilitar la mejora de la información sobre discapacidades como consecuencia de violencia de género, así como sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad: la creación del Ministerio de Sanidad y Consumo de organismos
específicos constituidos para abordar la relación entre salud y género; el Observatorio de salud de la mujer de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Comisión contra la violencia de género del Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de salud; la aprobación del Plan de acción para mujeres con discapacidad; la puesta en marcha del Observatorio estatal contra la violencia sobre la mujer, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al que
corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género. En toda su actuación considerará de forma especial la situación de las mujeres
con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder
a los servicios. El servicio de teleasistencia móvil para las víctimas de violencia de género es plenamente consciente de la especialidad de las usuarias con discapacidad, por lo que se trabaja para que su protección quede garantizada. Ha
de destacarse asimismo, como antes he indicado, que actualmente se encuentra en proceso de elaboración un plan de acción para las mujeres con discapacidad que incluirá un capítulo específico sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad.
Por otra parte, se está trabajando en la elaboración del Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género, en el que están participando todos los actores implicados en la lucha contra la violencia de género y que sin lugar a
dudas contendrá actuaciones adaptadas a la realidad de las mujeres con discapacidad. Desde la delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer se está impulsando el proceso con la finalidad de que el plan esté en marcha el año
2006. Asimismo, en la medida en que a la delegación especial de Gobierno contra la violencia sobre la mujer le corresponden entre otras funciones todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de
la violencia de género y a tal efecto la coordinación con las demás administraciones, la delegación está trabajando en un informe en el que se recogerá la evolución de la implantación de todas las medidas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, que
será complementario del informe anual sobre la evolución de esta violencia que se debe elaborar desde el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 1/2004. Dicho
informe contemplará las disfunciones y carencias observadas entre las medidas que la ley prevé y la adaptación de las mismas a la realidad de violencia de género sobre la que se pretende incidir, e incluirá cuantas iniciativas sean necesarias para
su corrección.
En conclusión, es notorio y real que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias y cumpliendo el compromiso asumido, está trabajando intensamente desde el primer momento para garantizar y hacer reales y efectivas las medidas contenidas en
la Ley Orgánica 1/2004 para todas las mujeres víctimas de violencia de género y en especial para los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres con discapacidad. Nos encontramos ante un Gobierno firmemente comprometido en
la lucha contra la violencia de género; es un Gobierno firmemente comprometido con la igualdad, con la autonomía personal y en la atención a las personas con dependencia. Las disposiciones ya vigentes y las sanciones en marcha o en proceso de
iniciación en el ámbito de sus propias competencias cumplen con amplitud las demandas solicitadas en la proposición no de ley de referencia. Habíamos presentado una enmienda que ha sido rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, por tanto
votaremos en contra de la proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? Tiene la palabra la señora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: He seguido muy atenta la exposición que ha hecho la señora Camarero a la hora de presentar la moción que en estos momentos estamos debatiendo, y estoy de acuerdo con ella en que las mujeres que presentan algún
tipo de discapacidad especialmente vulnerables ante la violencia de género, pero lo mismo sucede con otra serie de mujeres por sus situaciones personales e incluso por su origen -lo vamos a ver en una posterior moción-, como puede ser el caso de las
mujeres inmigrantes. Estas mujeres tienen especiales dificultades para acceder a la información, a la documentación, a los servicios puestos en marcha, etcétera, pero creo que la mayor dificultad que tienen, es acceder a la denuncia por ser
víctimas de malos tratos por las especiales circunstancias que rodean a su persona, fruto de esa discapacidad.
En la moción se enumeran una serie de actuaciones que se contemplan en la propia ley, dado que todos los grupos parlamentarios fuimos muy cuidadosos a la hora de elaborarla, tanto en su trámite en el Congreso como en el Senado, para que
cualquier mujer, con independencia de su origen y de su situación personal, social y económica, se viera reflejada y con acceso a los distintos derechos de la ley si era víctima de violencia de género. En ese sentido creo que se hizo un gran
esfuerzo porque, a su vez, fuimos muy cuidadosos en eliminar cualquier tipo de barrera, tanto física como de comunicación, que pudieran tener las mujeres a la hora de acceder a la serie de servicios que se les ofertaban para recibir una atención
integral como víctimas de violencia de género.
Lo triste es fundamentalmente lo que ha comentado la señora Camarero casi al final de su intervención, y es que tenemos una ley que lleva ya cierto tiempo en marcha y, en lo que llevamos de año, por
desgracia, ya han muerto 15 mujeres víctimas de la violencia de género. No es que la ley no esté aportando soluciones a las mujeres discapacitadas; la ley en estos momentos está aportando soluciones determinadas pero no está dando los resultados
que todos y todas quisiéramos ver. El problema puede radicar en que quizá todavía no se han puesto en marcha los recursos ni los medios necesarios. Tampoco debemos olvidar algo muy importante que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista cuando ha
defendido su enmienda y es el reparto competencial. La propia ley contempla que Gobierno y comunidades autónomas deberán establecer los distintos medios y recursos necesarios para desarrollar y ejecutar la ley y llevarla a buen puerto; a buen
puerto sería que no murieran mujeres por esta causa -ojalá fuera así-, pero creo que eso por desgracia nos va a llevar tiempo porque, de hecho, todavía no existe el nivel de concienciación que se precisa socialmente de la gravedad del problema, con
independencia de que hay mujeres con especial vulnerabilidad como pueden ser las discapacitadas, las inmigrantes, mujeres que están en un nivel sociocultural bajo y que tienen miedo ante las denuncias, sin olvidar tampoco a las mujeres rurales que a
veces ven dificultado el acceso a la denuncia por su propia situación, etcétera. En ese
sentido, enumerar lo que la ley plantea que debe llevarse a cabo no nos lleva a ningún sitio si no se da un paso previo y es que quien ostente las competencias, junto con el Gobierno, haga una valoración exacta de los medios y recursos
necesarios para ejecutar y desarrollar la ley con garantías. Por tanto, estando totalmente de acuerdo en la especial vulnerabilidad de las mujeres discapacitadas, hay un aspecto que por muchas medidas que se pongan en marcha no vamos a solventar y
es el de las especiales dificultades que tiene la mujer discapacitada, por mucho que se le informe y documente, para acceder a la denuncia y concienciarse de que tiene que revelar su situación. No olvidemos las distintas situaciones que viven las
mujeres discapacitadas y el tipo de discapacidad que pueda tener la víctima de violencia de género en cada caso. Plantear y forzar a que se lleven a cabo todas estas cuestiones -de hecho, en muchas comunidades autónomas algunas de las que aquí se
plantean ya se vienen desarrollando- no nos lleva a ningún sitio si no hacemos que Gobierno y comunidades autónomas, que son las competentes, se pongan de acuerdo para poner en marcha los medios y recursos necesarios.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Realmente la señora Loroño ha interpretado mi pensamiento y el de mi grupo parlamentario de manera tan magnífica que voy a ser muy precisa y concreta porque no voy a poder mejorarla.
Desde Convergència i Unió, como no podía ser de otra manera, compartimos absolutamente la necesidad de que la respuesta a la violencia contra las contemple a las mujeres especialmente vulnerables, entre las que se encuentran las mujeres con
discapacidad. Hay otras, como bien ha señalado la señora Loroño, pero estamos hablando concretamente de mujeres con discapacidad. Lo ha comentado la señora Camarero, la portavoz del grupo proponente, pero la señora Peláez en comparecencias en esta
Comisión y también con ocasión de la Ley de medidas integrales contra la violencia de género nos expuso claramente la situación de las mujeres con discapacidad y la violencia de género y nos hizo propuestas concretas, propuestas articuladas, negro
sobre blanco, que a su juicio podrían mejorar la situación de estas mujeres con discapacidad en el caso de que, a través de enmiendas, las incluyéramos en la ley. Creo que todos los grupos fuimos sensibles, introdujimos de manera generalizada, casi
todas por unanimidad, estas propuestas que nos hacían desde el Cermi y el propio Cermi expresó su satisfacción por cómo había quedado recogida la respuesta que la ley daba a las mujeres con discapacidad. A partir de ahí todos hemos de cumplir la
ley, todos, y en el ámbito de las respectivas competencias. Por tanto, ¿que se ha de cumplir lo que está en la propia ley? Evidentemente. ¿Quién lo ha de cumplir? Las administraciones competentes para llevar a cabo las medidas que se disponen en
la ley, porque no podemos olvidar que es una ley de medidas integrales y que por tanto abarca desde ámbitos preventivos hasta ámbitos asistenciales, educativos, sanitarios, etcétera y sobre todas y cada una de las medidas y disposiciones contenidas
en la ley hay unas administraciones competentes. Por consiguiente, estando completamente de acuerdo en que se ha de llevar a cabo todo y cuanto se dispone en la ley, que seguramente no se ha hecho así en su totalidad todavía, y que hemos de estar
todos vigilantes y, desde la posición política que ocupemos cada uno, especialmente atentos a desarrollar con prontitud y con la máxima eficacia las medidas que se contemplan en la ley, como he dicho al intervenir en la iniciativa anterior, hay que
ser respetuoso con el sistema competencial que tenemos. Por ello, desde Convergència i Unió no podemos apoyar esta iniciativa en la literalidad que se nos plantea.
-RELATIVA A MUJERES INMIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente Congreso 161/001361 y número de expediente Senado 663/000056.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley número 8, relativa a mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica. Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: La razón por la que presentamos esta proposición no de ley se debe a nuestras reflexiones después de leer la Instrucción número 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la actuación en dependencias
policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular, referida a las denuncias que estas puedan hacer por malos tratos en el entorno familiar. De la lectura de la
mencionada instrucción se desprende que las mujeres que denuncien malos tratos ante la policía y que no cuenten con medidas de protección por parte de la autoridad judicial, se les iniciará la correspondiente instrucción para su expulsión del país.
Esta cláusula puede significar que muchas mujeres en situación de violencia doméstica no la denuncien precisamente por temor a ser expedientadas y expulsadas. Tenemos conocimiento de que ha habido mujeres que habiendo denunciado ante la policía ser
víctimas de violencia por parte de sus compañeros más que preocuparse por las heridas que tenían se preocupaban por su condición respecto de la legalidad o ilegalidad en el territorio del Estado español. Por otro lado, al margen de la actuación
policial en el momento de la denuncia, hay algo que es constatable, no solo en el caso de las mujeres extranjeras que denuncian violencia ante la policía sino que es una realidad de las mujeres de
cualquier parte del Estado español, y es que independientemente de que se viva esta situación de violencia y de que se denuncie ante la policía, incluso ante los juzgados correspondientes, eso no significa que haya después una instrucción o
una orden por parte de la autoridad judicial de medidas de protección. De hecho, este fin de semana conocí muy de cerca una situación semejante en unas ciudadanas de Vigo: una mujer estaba siendo atendida por los servicios sociales del
ayuntamiento en un programa de inserción de mujeres víctimas de violencia de género no tenía ninguna orden judicial de protección ni ninguna orden de alejamiento y está muerta, otra está a punto de morir y la tercera, afortunadamente, por ser una
niña de 13 años, pudo escaparse del incendio provocado por el progenitor que, en definitiva, era el maltratador, dicho con las palabras más correctas. Por eso, si sabemos que muchos de los malos tratos, independientemente de que sean debidamente
denunciados ante la autoridad policial, no siempre cuentan con estas órdenes de protección y mucho menos de alejamiento, hemos de ser conscientes de que muchas de las mujeres inmigrantes -pasaría también con aquellas que no lo son- que vayan a
denunciar ante la policía esta situación no puedan verificar el mal trato con esta orden judicial. Si esa va a ser una razón para que se instruya su expulsión, evidentemente puede ser un impedimento para que muchas mujeres en situación de
ilegalidad, a pesar de que vivan la situación de violencia tantas veces mencionada, no denuncien ante la policía.
Entre todos los grupos parlamentarios hemos llegado a una transacción que, si bien no elimina de la Instrucción número 14/2005 esta cuestión que a nosotros nos parece importante, insta al Gobierno a hacer un seguimiento especial de la
instrucción. Además, esperamos que en un corto plazo la Secretaría de Estado comparezca ante esta Comisión para que este tipo de cuestiones se puedan plantear y que desde el Gobierno se pueda hacer también esta misma reflexión y modificar la
instrucción que mencionamos porque puede ser un impedimento para denunciar. Y aunque no lo fuera y la mujer denunciase, sería lamentable que, siendo inmigrante, estando ilegal y viviendo una situación de violencia, no tener esa orden judicial fuese
motivo de expulsión cuando en el espíritu de la Ley contra la violencia de género estaba la protección de estas mujeres independientemente de su situación de legalidad o ilegalidad en el Estado español. Esperamos que no en el debate de hoy, en el
que podemos llegar a un acuerdo de mínimos por la transacción que voy a leer a continuación, sino en la continuidad del debate, desde la Secretaría de Estado se reflexione sobre esta cuestión y se pueda resolver el problema en lo que se refiere
concretamente a esta instrucción.
Paso a leer la transacción a la que hemos llegado los distintos grupos parlamentarios: Insta al Gobierno a realizar un especial seguimiento de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, con el objetivo de garantizar que
aquellas mujeres que están en situación de irregularidad en el Estado español denuncien las situaciones de violencia de género sin temor a ser expulsadas. Igualmente, el Gobierno realizará un informe de la citada instrucción que dará a conocer a
esta Comisión Mixta. Este punto es el que nosotros consideramos que puede suscitar que continúe el debate y podamos llegar a un acuerdo mayor del que hoy hemos conseguido.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, le agradeceríamos que acercara a la Mesa el texto de la transacción.
¿Grupos que desean intervenir? Señora Loroño, tiene la palabra.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Voy a ser breve porque la diputada Fernández en su intervención ha dicho todo lo que había que decir. Intervengo única y exclusivamente para manifestar el acuerdo con la transaccional que se propone por entender
que va a poder solventar aquello que la ley plantea, y es que con independencia del origen y de la situación personal en la que se encuentre una mujer víctima de violencia de género en nuestro país tiene reconocidos unos derechos y, por tanto, esos
derechos son aplicables con independencia de su situación personal. Este hecho es lo que más preocupa en estos momentos a estas mujeres y puede estar generando ese tipo de distorsiones que en nada favorecen el objetivo de la ley, que es proteger a
todas aquellas mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su origen y de su situación personal.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: La verdad es que la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto viene a recoger un estudio que se nos remitió a todos los grupos parlamentarios por Amnistía Internacional y que preocupó especialmente a este grupo
parlamentario. Un grupo parlamentario que se alegró cuando la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aprobó la Instrucción 14/2005 porque nos parecía que quería dar respuesta a una situación que se estaba produciendo
entonces, que era una cierta colisión jurídica entre lo dispuesto en la Ley de medidas integrales contra la violencia de género, que ampara a todas las mujeres puesto que se están tutelando los derechos humanos, entre ellos el derecho a su
integridad, con la situación normada en la Ley y en el Reglamento de extranjería. Como se producía esta situación que hacía que muchas mujeres se vieran disuadidas de denunciar porque temían que a raíz de la denuncia se averiguara su situación
administrativa y pudieran ser expulsadas, o pudiera recaer sobre ellas alguna otra medida prevista en la Ley y en el Reglamento de extranjería, nos pareció que la Instrucción 14/2005 quería dar respuesta a esta situación en el sentido de ordenar que
lo preferente era la atención, la información y poder dar solución a la denuncia. Puede haber derechos en colisión, pero estamos hablando de derechos de muy
distinto rango, porque en un caso estamos hablando de derechos humanos y en otro caso de situaciones administrativas. Dicho esto, es cierto que nos sorprendió el informe de Amnistía Internacional indicando que era precisamente la letra de
esta instrucción la que creaba los problemas.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les agradecería que permanecieran en silencio.
La señora PIGEM I PALMÉS: La verdad es que en la medida de lo posible hemos recabado información, tanto de la policía como de asociaciones que tienen labores sociales con las mujeres inmigrantes, y se nos ha dicho que esta instrucción no
plantea mayor problemática. Por tanto, como la información que tenemos tampoco pertenece al género universal, porque hemos hablado solo con algunas asociaciones y con algún miembro del cuerpo de la policía, nos parece acertada la transacción a la
que se ha llegado, porque si la situación que se denuncia es la generalizada realmente es alarmante, ya que si una instrucción pretende solventar un problema y lo crea hay que poner solución; pero, otra parte, si esta no es una situación
generalizada es bueno que lo sepamos y, como ha dicho perfectamente la proponente, que podamos ver la realidad y actuar en consecuencia.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Escudero. (La señora Naharro de Mora pide la palabra.)
En la Comisión Mixta, el Grupo Parlamentario Popular tiene mayoría y, por tanto, es el último en intervenir.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, que presenta la señora Fernández Davila, está relacionada con una gravísima situació, porque hace coincidir la violencia de género y la situación de
inmigración. Es un problema que afecta a un número importante de mujeres. Por aportar solamente algunos datos, del total del número de denuncias de lesiones producidas por malos tratos por parejas o ex parejas en el año 2004 un 24,78 por ciento
eran de mujeres inmigrantes, y en el año 2005 ha habido un incremento de más de 3 puntos porque las mujeres inmigrantes que han denunciado malos tratos son un 27,55 por ciento. Estamos en una situación difícil de combinar, el concurso de dos
normativas que tienen que ver con la llamada Ley de extranjería y con la Ley de violencia de género. A una pregunta de una de nuestras vicepresidentas en el Senado al Ministerio del Interior respecto de la instrucción, el ministro del Interior
explicó en el Pleno del Senado que esta instrucción a la que hace referencia esta PNL, se elaboró para armonizar el interés prioritario de proteger la integridad física de la mujer que es víctima física y moralmente de malos tratos, conjugando ese
interés prioritario con el interés por parte del Estado de corregir cualquier situación irregular. Cito textualmente la intervención del señor ministro en el Pleno del 28 de septiembre de 2005.
Decía que hay concurrencia de dos normas, la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en concreto de sus artículos
17 y 32, en los que nuestros compañeros y compañeras del Senado trabajaron muy especialmente para que se recogiera esta situación tan especial. La instrucción busca conciliar estas dos normas y para eso se dicta la instrucción objeto de este
debate, pero también el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que se aprobó por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Cito la fecha porque me parece muy significativa, ya que cuando se elaboró el Reglamento de la Ley de extranjería al mismo
tiempo estábamos debatiendo y trabajando en la Ley de violencia de género. Pues bien, en ese Reglamento de la Ley de extranjería también se tuvo en cuenta esta situación y se recoge y se otorga legitimación a la mujer víctima de violencia de género
para la obtención de autorización de residencia temporal por razones humanitarias, precisamente para que pudiesen vincularse esas dos normas.
En ese sentido, el conjunto de medidas que se recogen en la instrucción no está orientado -esto me parece
muy importante- ni tiene por finalidad evitar o sancionar la utilización de denuncias falsas por violencia de género -que también aparece en el texto de la ley- para resolver situaciones de irregularidad administrativa. Todo lo contrario. La
finalidad a que se refiere la instrucción es única y exclusivamente proporcionar la máxima protección a las víctimas de violencia de género que por su condición de extranjeras y por su situación de irregularidad administrativa son especialmente
vulnerables, como ya se ha dicho, compatibilizando este derecho prioritario reconocido en la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Lo voy a decir todavía más claro. Con anterioridad a la instrucción,
cualquier extranjera víctima de violencia de género en situación irregular se veía obligada a callar y a continuar soportando los malos tratos de que era objeto ante el temor de ser expulsada del territorio español y, sin duda alguna, los miembros
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tenían dificultades y la obligación de poner en conocimiento y aplicar la Ley de extranjería porque no tenían otra manera de poder actuar de acuerdo con la ley. Una vez dictada la instrucción, el
funcionario policial dispone de un instrumento reglamentario en virtud del cual se separa claramente la asistencia y protección a la víctima de la aplicación de la Ley de extranjería. Por tanto, están plenamente separados los dos procedimientos y
se da prioridad, por supuesto, a los derechos humanos de las mujeres y a su tutela con la Ley contra la violencia. El funcionario que atiende y asiste a la víctima en ningún caso participa de la incoación o instrucción del expediente
administrativo, no tiene nada que ver; en ningún caso se incoa el expediente de extranjería
de manera inmediata, sino que se pospone. Existe lo que desde el punto de vista jurídico se llama el concurso ideal de dos normas. En ese sentido, desde que se ha dictado la instrucción, este concurso ideal se resuelve de la siguiente
manera: se garantiza la aplicación inmediata y preferente de la Ley integral y se garantiza la aplicación de la Ley de extranjería, que en ningún caso puede dejar de ser aplicada por el funcionario pero sus efectos últimos quedan en suspenso -me
parece muy importante que sepamos esto- hasta que se resuelve el expediente sobre el permiso temporal de residencia a que tienen derecho estas víctimas. En definitiva -ya estoy acabando-, sin la instrucción la aplicación de la Ley de extranjería
sería automática, improrrogable e ineludible y con la instrucción se flexibiliza el rigor del procedimiento permitiendo su suspensión hasta que se adopten las medidas de protección procedentes, excluyendo la expulsión a la que estaría abocada la
víctima de no existir esta instrucción de la Secretaría de Estado.
Por último, me gustaría recordar que la instrucción tiene poca vida, apenas seis meses, se aprobó a finales de julio y entró en vigor en el mes de agosto, por lo que no tenemos datos ni sabemos bien cómo está siendo su desarrollo y
aplicación y, desde luego, necesitamos saberlo.
Por eso hemos propuesto con el resto de los grupos, esa enmienda transaccional que nos permita conocer en profundidad el desarrollo de esta instrucción y para que el del Interior venga a esta Comisión
a dar cuenta de cómo está siendo ese desarrollo para introducir, si fuera necesario, los cambios oportunos para garantizar, como no puede ser de otra manera, la tutela de los derechos de las mujeres víctimas de violencia que están en situación de
inmigración en España.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Naharro.
La señora NAHARRO DE MORA: La violencia de género sigue siendo, como estamos conociendo por las últimas noticias, una importante lacra social en pleno siglo XXI. Es un problema de primera magnitud social y, a pesar de los esfuerzos
realizados en todos los ámbitos, las cifras son pésimas.
En solo un mes y unos cuantos días del mes de febrero del año 2006 hemos conocido la muerte de 15 mujeres víctimas de violencia doméstica, a pesar de que cada día son más las que rompen su
silencio y denuncian los malos tratos. Hoy precisamente nos referimos a un colectivo, el de mujeres inmigrantes, que se encuentra con problemas añadidos. Además de los problemas culturales, se encuentran fuera de su ámbito familiar, lo que les
supone una dificultad, y muchas de ellas están en una situación administrativa de irregularidad; por supuesto, son económicamente dependientes de sus maltratadores y temen que al ir a denunciar su caso de maltrato se ponga al descubierto su
situación de irregularidad y esto les lleve al final a la expulsión. (La señora Vicepresidenta, Martínez García, ocupa la Presidencia.)
Antes se citaban algunos datos. De todas las mujeres que fueron asesinadas en el año 2005 el 30 por ciento eran extranjeras; el 27 por ciento de las denuncias, en 2005, correspondía también a extranjeras. Quizás este último dato no nos
indique la realidad, puesto que el porcentaje de extranjeras respecto a las españolas es muy bajo, pero sí lo hará si tenemos en cuenta los datos de denuncias por mil mujeres, es decir, las tasas. En cuanto a las españolas, el porcentaje de
denuncias por mil mujeres es de 0,79, mientras que el de extranjeras es de 2,92, muchísimo más alto. La Ley de protección integral, esa ley que todos hemos aprobado y con la que todos estamos de acuerdo, en su artículo 17.1, sobre garantías de los
derechos de las víctimas -como aquí se ha reiterado ya-, dice que todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, de su religión o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados
los derechos reconocidos en esta ley y no tiene que haber ninguna discriminación. Por otro lado, nos encontramos la legislación sobre extranjería vigente, que también debe ser cumplida. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, en un
informe que presentó el mes de mayo de 2005, mostraba su preocupación por la existencia de una contradicción entre la legislación sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España -la Ley Orgánica 4/2000, con sus numerosas modificaciones
y el Reglamento- y la de protección social. En el caso de la inmigración irregular, surge una diferencia de trato que radica en la imposibilidad de que un grupo de usuarias pueda acceder a los recursos de los que disponen las restantes. Por tanto,
al miedo a denunciar yo añadiría que tampoco es posible la igualdad en el acceso a los recursos existentes. El Gobierno es quien, por los cauces reglamentarios, debe tratar el caso de las mujeres en situación irregular y que sufren malos tratos
como algo especial, de manera que no tengan impedimentos añadidos a la hora de hacer sus denuncias o de acceder a los recursos de los que otras disponen. En cuestión de violencia doméstica, salvar una vida es un logro importantísimo. Por tanto,
vamos a apoyar esta iniciativa y vamos a votar a favor de esta enmienda transaccional, con la que todos estamos de acuerdo. Apoyaremos también cualquier iniciativa que se encamine a salvar vidas de mujeres que sufren maltrato.
-RELATIVA A FACILITAR LA TRANFERENCIA AL PADRE DEL PERMISO DE MATERNIDAD.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001052 y número de expediente Senado 663/000046.)
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): Pasamos a la tramitación de la proposición no de ley número 3, que habíamos aplazado, relativa a facilitar la transferencia al padre del permiso de maternidad. Para
su defensa tiene la palabra la señora Sainz. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta, por haber accedido a aplazar esta iniciativa, porque me coincidía con la reunión de Mesa y portavoces.
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Sainz.
Recuerdo que después de esta proposición no de ley se procederá a la votación. Lo digo para que lo tengan en cuenta.
La señora SAINZ GARCÍA: Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral y el reparto de responsabilidades en el cuidado de la familia son objetivos fundamentales para el Grupo Popular. Además, pensamos que deben estar presentes
en nuestra agenda política, en la agenda política del día a día, porque son muchas las cosas que todavía hay que resolver.
En los años de Gobierno del Partido Popular, la conciliación se incorporó con fuerza y con una entidad propia a las políticas
sociales, hasta el punto de haber sido objeto de una regulación legal específica, la Ley 39/1999, de conciliación de la vida laboral y familiar, ley pionera en Europa y que aumentó de manera fundamental el abanico de posibilidades de disfrute por
los hombres de las suspensiones contractuales por cuidado de hijos y otras situaciones familiares. Recordemos que esta ley aumentó el periodo de descanso por maternidad, estableció por primera vez la posibilidad de que el padre pudiera disfrutar de
hasta diez semanas de periodo de descanso por maternidad, bien de forma simultánea o sucesiva, e introdujo importantes cambios legislativos en los ámbitos laboral, económico, fiscal y social para que los padres pudiesen participar más activamente en
la vida familiar. Como les decía, fue una ley pionera en Europa que contenía importantes y decididas medidas de apoyo a la política de conciliación y a la que continuaron otras iniciativas de los gobiernos del Partido Popular para impulsar la
política de igualdad. Sin embargo, el número de varones que se acoge a los descansos retribuidos legalmente previstos sigue siendo muy bajo. De todas formas, tengo que decir que el otro día cayeron en mis manos unos datos estadísticos que decían
que 5.268 hombres habían solicitado en el año 2005, el permiso por nacimiento de un hijo, lo que suponía un 14,80 por ciento más que en 2004, es decir, había un pequeño incremento. Aún así, todavía podemos decir que la utilización de estos permisos
se hace casi exclusivamente por parte de las mujeres, lo que indica que son ellas las que siguen asumiendo las responsabilidades familiares.
Centrándonos en el texto de esta proposición no de ley, saben SS.SS. que, en los casos de fallecimiento de la madre, este permiso puede pasar al padre. Hace unos meses saltó a los medios de comunicación un caso en el que parecía que no se
podía hacer esa transferencia, pero finalmente se vio que estaba recogida en la ley y, por tanto, el permiso podía pasar al padre, que sería el que estaría pendiente del niño durante este periodo.
Este derecho se incorporó a la legislación en la
ley a la que acabamos de hacer referencia, sin que, en cambio, fuera de aplicación en los casos en los que la madre se encontraba incapacitada para cuidar de sí misma o del niño. Esto es precisamente lo que solicitamos en esta proposición no de
ley. Recordemos que permitir una mayor flexibilidad en las políticas de permiso al padre para el cuidado de los niños era, entre otros, el objetivo de esta ley. En esa línea se enmarca nuestro texto. En ese sentido, la propuesta supone un avance
social, al facilitar las tareas a las familias durante una etapa que, como todos saben, es muy exigente en las responsabilidades familiares y requiere una reorganización efectiva de la vida laboral y familiar. Con esta propuesta estamos en la línea
de mejorar la política de conciliación y de apoyo a los padres y es, por tanto, una medida positiva de protección a la familia porque permite que sea uno de los progenitores el que realice las tareas del cuidado de los niños y trata de impulsar que
sea el padre quien comparta o asuma la atención a los hijos en las primeras etapas de su vida.
El Grupo Popular considera que se debe trabajar en la línea de seguir introduciendo mejoras en la regulación actual de las excedencias paternales por nacimiento de hijo. Como es lógico, sabemos que no está todo hecho y que es preciso
avanzar en ello; sabemos que todavía existen dificultades para aplicar la conciliación, que sigue siendo un problema femenino derivado del desigual reparto de responsabilidades familiares en el hogar, y también sabemos que la primera de estas
responsabilidades es la atención a los hijos recién nacidos. Por ello, si nuestro grupo es partidario de singularizar estos permisos al padre, como quedó recogido en un debate parlamentario -realizados también lógicamente los estudios oportunos-,
hoy con esta proposición no de ley planteamos extender el disfrute del permiso a los padres en el supuesto ya indicado, algo que creemos que es justo, lógico, razonable y yo diría que además está lleno de sentido común, que también es importante.
Quiero finalizar señalando que, además, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar debe ser, como indicaba al principio, una prioridad política. Hasta la fecha el actual Gobierno no ha hecho nada en este sentido y con ello se
están olvidando de lo que verdaderamente afecta a las personas, a las mujeres, a los hombres y, en definitiva, a las familias. Yo confiaba en que al menos hoy con su voto no frenaran un propósito que, repito, tiene como único objetivo ayudar a las
familias e implicar más a los padres en la noble e ilusionante tarea de cuidar a los hijos en sus primeros días de vida. Acabo de conocer una enmienda del Grupo Socialista en la que asumiendo el contenido de esta proposición no de ley lo remite a
su incorporación a la futura Ley de garantía de igualdad de mujeres y hombres y a su vez lo supedita al proceso de diálogo abierto entre las organizaciones
empresariales y sindicales. Señora presidenta, lo traigo a colación para evitar fijar posición luego con relación a la enmienda.
Les adelanto que nuestro grupo la va a aceptar; les vamos a dar un margen de confianza, pero lo hacemos con cierto miedo. Digo esto porque, primero, desconocemos cuál va a ser la fecha de tramitación de esa ley y, por tanto, de su
aprobación, cuando creemos que esto era urgente.
Segundo, como ayer se adelantaba algunos de los contenidos y en la línea en que pueden ir los permisos que se va a conceder a los padres, creemos que no es muy halagüeño, porque al final se habla de
dos días o de diez días a tiempo compartido, no completos. Es decir, esto no es lo que estamos esperando para avanzar en el proceso que ya se había iniciado; nos parece, por tanto, un permiso muy corto. Por otro lado, como les decía, en la
enmienda que ustedes han presentado lo remiten a esos acuerdos con las organizaciones empresariales y sindicales. La verdad, con todo respeto les diré que pocos acuerdos son los que están alcanzando. En cualquier caso, confío -y de ahí que demos
el visto bueno- en que en este caso ustedes tengan más éxito y lo tengamos todos, sobre todo las mujeres -y la sociedad en general-, porque ello se enmarca en las políticas de igualdad, algo que el Grupo Popular considera de justicia y de gran
importancia.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Mi intervención será sobre la posición de mi grupo respecto a la propuesta como a la defensa de la enmienda. La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene como objeto que se
agilicen los trámites para que el padre pueda solicitar el permiso de maternidad cuando la madre no pueda atender al hijo por incapacidad o fallecimiento. En este sentido, reitero -como ya hemos hecho muchas veces en la Comisión- que el Gobierno ha
manifestado y se ha comprometido numerosas veces a que uno de sus objetivos prioritarios es adoptar nuevas medidas para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral tanto de los hombres como de las mujeres. En estos momentos se está
trabajando en la elaboración de la Ley de garantía de igualdad de mujeres y hombres, una de cuyas líneas a seguir son las medidas de conciliación; en concreto ya les adelanto que una de las que se prevé incorporar en dicha ley es precisamente la
que hace referencia a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Nuestro concepto siempre ha sido -por eso estamos tramitando la Ley de igualdad- que cualquier medida que se adopte respecto a la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal debe supeditarse al proceso de diálogo abierto entre organizaciones empresariales, sindicales y el Gobierno, porque ese es el pacto que todos suscribimos el 8 de julio de 2004 en una declaración para el diálogo social entre
Gobierno y agentes sociales.
Dicha declaración adoptó precisamente en ese momento una resolución en la que Gobierno e interlocutores sociales, mediante los instrumentos a su alcance, incorporaran medidas para la conciliación de la vida familiar y
laboral. No entraré a fondo en este aspecto, pero la redacción concreta y explícita de la proposición no de ley podría suscitar dudas respecto a la iniciativa: si estamos hablando de transferir el permiso de maternidad completo, incluso las
primeras seis semanas, de cómo se hace y cómo cubrimos o no la diferencia de cobertura social, ya que pasaría a estar protegida la madre por incapacidad temporal común, y, por ejemplo, sería diferente el porcentaje de Seguridad Social. En cualquier
caso, no se trata de la letra concreta de una ley sino de una proposición no de ley.
Como ya hemos explicado muchas veces, el Grupo Socialista no solo está dispuesto, sino que lidera tanto las medidas de conciliación como las de igualdad. También
quería precisar en este momento que nuestras medidas de conciliación se hacen con visión de género, por tanto, no están enfocadas a que las mujeres produzcan a la vez que continúen cuidando a las familias, sino a que cambiemos y transformemos los
usos del tiempo tanto de hombres como de mujeres para que ambos tengan tiempo para la vida personal, sea o no por cargas familiares directas, y que todos tengan una vida profesional en igualdad de oportunidades. Este es nuestro enfoque.
La falta de medidas de conciliación sin duda perjudica a las mujeres, a nuestra salud, a nuestro tiempo e incrementa la discriminación. También quería dejar claro y señalar una vez más que para nosotros conciliación no es igual a
discriminación. No es lo mismo; ni siquiera es la forma, en mayúsculas, de discriminación en el mercado laboral -ya he dicho y reitero que sin duda es una cuestión que perjudica especialmente a las mujeres-, sino que más bien es al revés, que la
discriminación más amplia de las mujeres es la que hace que la sociedad no haya adoptado medidas en el sector público y privado para que se permita conciliar o se incorporen las necesidades del cuidado, que tradicionalmente han sido realizadas por
las mujeres; incluso hoy el 99 por ciento del cuidado recae sobre las mismas y por esta razón no se han tomado estas medidas en el ámbito público y privado tradicionalmente.
Precisamente hoy aparece en los medios de comunicación información relativa a la Ley de igualdad, que está en un proceso de debate entre el Gobierno, sindicatos y empresas. Es un momento clave de este debate, y el proyecto socialista,
nuestro grupo y nuestro Gobierno en realidad no necesitamos que nos insten ni a esta ni a otras medidas. La igualdad de oportunidades de las mujeres es una bandera, pero no es una bandera simbólica, sino el hacer diario del Gobierno. En este
sentido, no puedo dejar de responder a la señora Sainz, que ha hecho una afirmación de que el Gobierno no ha hecho nada en este sentido, cuando precisamente hace más de un mes se aprobó el Plan Concilia, que afecta a los funcionarios pero también es
una medida ejemplificadora
y supone abrir vía en estas medidas de conciliación y de cambio de mentalidad. Por tanto, sí hemos trabajado en este tema y la Ley de igualdad incorpora aspectos importantes y transformadores como medidas de acción positiva en los
convenios, de igualdad de trato y contra el acoso sexual, o la inversión de la carga de la prueba, lo cual es muy importante -de esta forma, cuando haya indicios fundados de discriminación será el empresario el que, por ejemplo, tenga que demostrar
que no ha discriminado y no al revés-, o los planes de igualdad en las empresas. Por esta razón, coincidiendo en esta medida concreta hemos presentado una enmienda en la que precisamente cambiamos la redacción para que sea como resultado del
proceso del diálogo social y en la Ley de igualdad donde se enmarque esta medida concreta, y agradecemos la coincidencia con el Grupo Popular y estamos contentos con ella.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: El Grupo Parlamentario Popular nos hace una propuesta con esta proposición no de ley, enmendada por el Grupo Parlamentario Socialista, y, si no me equivoco, el Grupo Parlamentario Popular acepta la enmienda y en
cierto modo da un pequeño margen al Grupo Socialista en cuanto a lo que hoy se pedía con esa proposición no de ley, relativa a facilitar la transferencia al padre del permiso de maternidad no solo en el caso de fallecimiento de la madre, sino
incluso en el supuesto de que la madre estuviera incapacitada y fuera incapaz de cuidarse ella misma o de cuidar al niño. En este sentido, la enmienda -que ha sido aceptada- crea cierta perplejidad a nuestro grupo. Esta perplejidad no es por la
primera parte de la enmienda, en la cual se insta al Gobierno a que en la próxima Ley de garantía de igualdad de mujeres y hombres se prevean e incluyan medidas de conciliación que posibiliten que los padres puedan hacer uso del permiso de
maternidad en los supuestos de la proposición no de ley, sino por la segunda parte. De igual modo, dichas medidas deberán supeditarse al proceso de diálogo abierto entre las organizaciones empresariales y sindicales con el Gobierno. Digo esto
porque estamos hablando precisamente de medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Estas medidas han de ser efectivas y tienen un alto coste económico y ante cualquier medida que suponga coste económico en cualquier proceso de
negociación, se va a intentar reducir períodos, reducir costos que puedan inflingirse tanto a las empresas como al Estado o al sector administrativo competente. En ese sentido, flaco favor estamos haciendo en el proceso de conciliación, porque al
final seremos las mujeres las que sigamos conciliándonos con nosotras mismas, que es lo que digo siempre. Conciliar vida familiar, laboral y personal, pero con nosotras mismas, sin contar con el otro, porque somos nosotras las que tenemos que
ponernos de acuerdo y hacer nuestra planificación. Aunque en el acuerdo adoptado sobre el diálogo social abierto el 8 de julio se habla de supeditar, me gustaría más, es una propuesta, que en vez de supeditar lo que haga el Gobierno en ese foro de
diálogo social sea promover que se incluyan estas medidas, que se insista en el tema, porque es una cuestión que afecta a todos y a todas si creemos en la conciliación. Lo demás supone no creer en la conciliación ni en su objetivo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Uno de los retos pendientes que hay en la conciliación es incorporar a los hombres en las responsabilidades familiares. Se ha dicho muchas veces de manera muy amplia; por tanto, lo afirmo y no voy a insistir más
en ello. En el tema que estamos hablando -comparto la inquietud y el planteamiento que ha hecho el Grupo Popular- de lo que se trata es de superar las limitaciones que hay al permiso de maternidad o al permiso paternal cuando nace un niño, porque
actualmente se contempla como un derecho derivado. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho es de la madre. Únicamente la madre puede transferirlo al padre y esto supone una limitación -no voy a negar que el derecho siga siendo de la madre- en
cuanto a este estímulo o a este incentivo a que los hombres se incorporen a las responsabilidades familiares. ¿Cómo se supera esto? Creando un permiso exclusivo del padre. Es algo que mi grupo parlamentario viene reivindicando, no ya desde esta
legislatura sino de la anterior, y lo hace solicitando un período lo suficientemente amplio como para que no sea una anécdota sino que el ejercicio de una responsabilidad. En los medios de comunicación leemos que la Ley de igualdad que está
preparando el Gobierno va a incluir algo de esto, que puede suponer un avance, pero un avance tan tímido que tememos que se convierta en algo anecdótico, como para decir que ya existe, pero nos gustaría que además de existir fuera un permiso que
permitiera el ejercicio de una responsabilidad, no solamente dos o tres días más, casi entre comillas, de vacaciones. Por otra parte, este permiso independiente permitiría también superar una situación que se da actualmente, además de cuando la
madre fallece o está incapacitada para el ejercicio del cuidado de sus hijos, que es que cuando la madre no es una persona dependiente laboralmente asalariada, aunque el padre lo sea, en que el padre no puede acogerse a este permiso, con lo cual no
lo tiene ni la madre ni el padre.
Esta es una situación que se ha de poner de relieve cuando se esté discutiendo en la mesa de negociación y hay que ver que el permiso parental también alcance cuando las personas no sean laboralmente asalariadas,
sino que puedan tener otras situaciones laborales; al ser un derecho derivado, no se puede transferir al padre, ni en una ni en ninguna parte. No se tiene ni por el padre ni por la madre.
Respecto a la enmienda transaccional que el Grupo Popular ha adelantado que va a aceptar, tengo las mismas objeciones que ha planteado la señora Loroño. No me gusta que tengamos que supeditar nuestra actividad parlamentaria a los acuerdos
que se tomen en otros procesos de diálogo, evidentemente hay que contar con ellos, pero me parecería también más adecuado sustituir la palabra supeditar por la palabra contar, promover, etcétera.
La señora PRESIDENTA: La señora Sainz tiene la palabra a efectos de aceptación de las enmiendas y de las sugerencias.
La señora SAINZ GARCÍA: Dada la sugerencia que se ha hecho, ya había manifestado mi recelo a aceptar esa segunda parte por esa cláusula, pero después de que la señora Loroño ha hecho una sugerencia que ha sido también recogida por
Convergència i Unió, hemos consultado con la portavoz del Grupo Socialista y creo que lograríamos unanimidad si a partir del último punto se dice: De igual modo, dichas medidas deberán promoverse en el proceso de diálogo abierto entre las
organizaciones empresariales y sindicales con el Gobierno. Le entrego además el texto para que lo tengan.
La señora PRESIDENTA: Perfecto.
Vamos a proceder a la votación de acuerdo con el orden del día y no el de las intervenciones. La primera votación es la relativa al cierre de la guardería infantil en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, que se vota en sus propios
términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
La proposición no de ley número 2 es la relativa a mujeres y negociación colectiva, en los términos de la transacción, siempre que nadie se oponga a ello. Voy a leer la transacción, que dice: la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y
de Igualdad de Oportunidades insta al Gobierno a favorecer la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de negociación colectiva y acordar en el seno de la negociación la creación de una comisión que vele por los objetivos y el
seguimiento de las medidas de igualdad en las relaciones laborales.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
La número 3 es la relativa a facilitar la transferencia al padre del permiso de maternidad. Como acabamos de ver, había una enmienda del Grupo Socialista que había sido aceptada y unas sugerencias por parte del Grupo Nacionalista Vasco y de
Convergència i Unió. Por tanto, voy a leer el resultado final, según el texto que me ha proporcionado la representante del Grupo Popular: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la próxima Ley de garantía de igualdad de mujeres y
hombres se prevean e incluyan medidas de conciliación que posibiliten que los padres puedan hacer uso del permiso de maternidad por fallecimiento de la madre o por incapacidad de la misma. De igual modo, dichas medidas deberán promoverse en el
proceso de diálogo abierto entre las organizaciones empresariales y sindicales con el Gobierno.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición número 4, relativa a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que se plantea en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición número 5, relativa a la formación de mujeres en las áreas artísticas, con la modificación siguiente: donde dice apoye se sustituye por continuar apoyando, y lo de la Comisión mixta.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la número 6, relativa al impulso de medidas de apoyo a la mujer como consecuencia de la discapacidad. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la número 7, relativa a la puesta en marcha de medidas dirigidas a las mujeres discapacitadas víctimas de violencia de género, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
La señora FONT BONMATÍ: Perdone, pero me parece que somos diecinueve y está contando en todo momento dieciocho.
La señora PRESIDENTA: Lo siento, señoría, pero el Grupo Popular son dieciocho.
Continuamos. Estábamos en la proposición no de ley número 7, que ha resultado rechazada.
Votamos la número 8, relativa a mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica, en los términos de la transacción, siempre que nadie se oponga. La transacción dice: La Comisión insta al Gobierno a realizar un especial seguimiento de
la instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad con el objetivo de garantizar que aquellas mujeres que están en situación de irregularidad denuncien las situaciones de violencia de género sin temor a ser expulsadas. Igualmente insta
al Gobierno a realizar un informe de la citada instrucción, que dará a conocer a esta Comisión mixta.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.