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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 52, de 19/12/2005
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 52
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC ANTICH OLIVER
Sesión núm. 15
celebrada el lunes, 19 de diciembre de 2005,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
-Informe de fiscalización especial de las relaciones financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social con las Mutuas de accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia a las
operaciones del Fondo de Prevención y Rehabilitación (corresponde al número de expediente 251/000140 de la VII Legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000023.) ...
-Informe de fiscalización del cumplimiento del contrato-programa suscrito entre la Administración General del Estado y Renfe para el período 1999/2000 (corresponde al número de expediente 251/000143 de la VII Legislatura). (Número de
expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000026.) ... (Página 4)
-Informe de fiscalización del programa 313G, Plan Nacional sobre Drogas, y de la gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, ejercicio 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000087 y
número de expediente del Senado 771/000086.) ...
(Página 6)
-Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000093 y número de expediente del Senado 771/000094.) ... (Página 7)
-Informe de fiscalización de los sectores públicos autonómico y local, ejercicio 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000094 y número de expediente del Senado 770/000007.) ... (Página 11)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre los siguientes extremos:
-Informe de fiscalización de las subvenciones a los proyectos generadores de empleo que promueven el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, ejercicio 1998-2000. (Número de expediente del Congreso 251/000030 y número de expediente
del Senado 770/000032.) ... (Página 14)
-Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000043 y número de expediente del Senado 771/000042.) ...
-Informe de fiscalización de la gestión contractual realizadas por las Diputaciones provinciales, ejercicio 2002, respecto de los servicios de asistencia domiciliaria. (Número de expediente del Congreso 251/000061 y número de expediente del
Senado 771/000062.) ... (Página 21)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
DEBATE Y RESOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE LAS RELACIONES FINANCIERAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS
OPERACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000140 DE LA VII LEGISLATURA) (Número de expediente del Congreso 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000023.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión. Empezamos por el primer apartado del orden del día, que es el correspondiente al debate y votación de las propuestas de resolución.
El primer punto del orden del día es el informe de fiscalización especial de las relaciones financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, con especial referencia a las operaciones del Fondo de prevención y rehabilitación.
Para defender, según el orden de entrada, sus propuestas de resolución, tiene la palabra el diputado señor don Erasmo Armas, por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor ARMAS DÁRIAS: Señorías, paso a defender la propuesta de resolución del Grupo Socialista presentada ante el informe especial, como ha dicho el señor presidente, de las relaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social con
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, como todos sabemos, son asociaciones de empresarios sin fines de lucro que realizan una labor de colaboración con la Seguridad Social, pero también algunas actividades de
prevención de riesgos que pueden ser realizadas por entidades privadas. Por tanto, al ser los fondos que manejan provenientes principalmente de la Seguridad Social, fondos públicos, indudablemente tienen que someterse no solo al control de este
Parlamento, que lo
encarga al Tribunal de Cuentas, que actúa por delegación, como ya he dicho en otras ocasiones, de esta Comisión, sino también a la regulación del funcionamiento de las entidades públicas. Por eso en nuestra propuesta de resolución, de las
23 conclusiones que introduce el Tribunal de Cuentas y las recomendaciones que hace tanto al Ministerio de Trabajo como a la Tesorería y a las propias mutuas, nos parecen más interesantes aquellas que tienen que ver con la regulación de la normativa
para que el control de la Tesorería de la Seguridad Social sea más efectivo, porque según el propio informe del Tribunal hay algunas carencias en esa normativa que no permiten un adecuado control, y sobre todo las que se refieren a una unificación,
que es lo más importante, de las relaciones entre todas las mutuas, porque aunque solamente se auditan cinco como un muestreo de las 23 que hay, parece ser que ni siquiera esas cinco actúan en unidad de criterios, y debería de establecerse una
normativa para unificar absolutamente todos los criterios, con lo cual las relaciones de las mutuas con la Seguridad Social serían unificadas, el control que ejercería la Tesorería de la Seguridad Social también sería unificado, y no existirían esas
discrepancias que a veces se dan entre distintas mutuas.
De ahí nuestra propuesta de resolución fijada en cuatro puntos, de los cuales tres tienden a dirigirnos al Ministerio de Trabajo y a la Tesorería de la Seguridad Social con recomendaciones comunes, y la última a las mutuas para que incluyan
en todos sus sistemas financieros y de relaciones con la Tesorería de la Seguridad Social cada una de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas realiza en este informe especial.
Aprovecho también este turno de explicación de nuestras propuestas de resolución para ofertarle al Grupo Popular, ya que he tenido acceso a sus propuestas de resolución con anterioridad, el poder llegar a un compromiso de acuerdo en las
mismas del siguiente tenor. El primer punto, en su segundo párrafo, donde dice que elaboren y mantengan un inventario histórico... aunque es verdad que el Tribunal de Cuentas solicita que se haga un inventario histórico de todas las inversiones
dispuestas a favor de las mutuas, también es cierto que eso se puede encontrar con graves dificultades por el tiempo en que se solicita. Por lo tanto, si se retirase de este segundo párrafo esta recomendación, podríamos aceptar la primera propuesta
así como la segunda y la tercera. La cuarta, sin embargo, en la que se insta a un procedimiento, nos consta que es imposible de ejecutar, por cuanto que está todo informatizado. Por tanto, solicito al Grupo Parlamentario Popular que retire esa
propuesta de resolución para poder llegar a un acuerdo de consenso. El resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular las veríamos bien, salvo la novena. Donde dice: Las mutuas realicen los conciertos correspondientes con
otras mutuas o con las administraciones públicas sanitarias para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras a su cargo, previa autorización por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales...; nosotros añadiríamos: como establece
el reglamento de colaboración con las mutuas. La propuesta 10 del Grupo Parlamentario Popular es coincidente con la propuesta 2 del Grupo Parlamentario Socialista, por consiguiente votaríamos a favor. Incluso, en aras de llegar a un consenso,
estaríamos dispuestos, tal vez, a aceptar la redacción más afortunada del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada doña María Eugenia Martín Mendizabal.
La señora MARTÍN MENDIZABAL: En primer lugar, me alegro de que probablemente lleguemos a un consenso en las propuestas de resolución, pero no quiero dejar de hacer unas reflexiones sobre la intervención del portavoz socialista el último día
en esta Comisión. Lo digo porque las he leído y releído y me sigue pareciendo que contienen afirmaciones que no son ciertas. Se entremezclan las cosas y se recogen frases de un sitio y de otro, lo que da como resultado unas consideraciones que son
verdades a medias o mentiras a medias, es decir, que no es correcto ni exacto. Por ejemplo, el portavoz dijo que la disparidad de criterios a la hora de transmitir y contabilizar las cuentas, según informe del propio Tribunal, ha causado perjuicios
a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Expresado de esta forma parece que afecta a todas las cuentas, a todas las relaciones financieras entre la Tesorería y las mutuas y a toda la realidad del resultado presupuestario. Y quiero decir
expresamente que esto es falso, porque a lo que se refiere esa disparidad de criterios, que sí recoge el informe en algún aspecto es exclusivamente al reflejo contable en diferentes momentos de los capitales coste de pensión que ingresan las mutuas
en la Tesorería. Más en concreto, el propio Tribunal en su informe explica el porqué y nos da la causa. Es la ausencia de un derecho transitorio en la resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 1998, que tuvo efectos
en 1999, resolución que adaptaba para las mutuas el Plan General de Contabilidad de 1994, cambiando el criterio contable de caja por el de devengo. Por tanto, señorías, no puedo admitir que haya un perjuicio a la Tesorería porque no es cierto,
porque no lo dice el informe y tampoco lo dijo en su intervención el presidente del Tribunal de Cuentas. Donde sí se habla de un posible perjuicio -por eso digo que se entremezclan los conceptos y las frases- es en la aplicación de unas tablas de
mortalidad utilizadas para el cálculo de los capitales coste de pensiones. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde que comienza la Seguridad Social en 1967, se ha aplicado un decreto de 1962 que recoge una esperanza de vida que no tiene nada que ver
con la esperanza de vida actual de los españoles, porque tiene información demográfica de los años 1933 a 1950. Por lo que podemos decir que si valoramos ese perjuicio como algo grave y muy importante -luego veo que no está reflejado hoy en las
propuestas de resolución, pero
sí se dijo el otro día-, ese perjuicio se ha producido en el año 2000, en 1995 y en los años 80 y 70, porque viene de antes. Además, probablemente esto esté corregido, aunque nosotros hemos hecho una propuesta de resolución en este sentido,
porque la Tesorería General en sus alegaciones de 2003 dice que ha iniciado actuaciones para su actualización.
No diré más y simplemente paso a exponer nuestras propuestas de resolución, esperando efectivamente que lleguemos a un acuerdo. La primera propuesta es para conciliar los saldos de este fondo de prevención y rehabilitación, conciliación
que, dice el propio Tribunal, parte de una situación inicial al 21 de diciembre de 1995, donde se concilian los saldos sin que se haya aportado ninguna acreditación de cómo se conciliaron, y la posibilidad de elaborar un inventario histórico. Soy
consciente de esta dificultad y, por tanto, simplemente le diría al Grupo Socialista que, si pudiera ser, se intente realizar este inventario, aunque comprendo la dificultad, pero también es verdad que el Tribunal de Cuentas lo prevé así en su
recomendación, de forma casi textual. En la segunda recomendación pedimos que se actualicen esas tablas de mortalidad, como, repito, si no hubieran sido utilizadas para el cálculo del capital-coste de las pensiones, y no solo que se actualicen en
este momento, sino que se prevea su actualización a lo largo del tiempo para que dentro de 50 años no estemos con unas tablas de mortalidad anticuadas. La propuesta número tres se refiere a que el documento de las relaciones recíprocas entre las
mutuas y el Tribunal de Cuentas se traslade con la máxima agilidad, con la finalidad de que las mutuas puedan registrar todas sus operaciones en los plazos establecidos.
La cuarta y la quinta se refieren a que se traslade información sobre
exenciones de cuotas y derechos pendientes de cobro. Si el portavoz del Grupo Socialista me dice que esto era imposible, entiendo también que la recomendación del Tribunal de Cuentas es imposible porque imposible sería informáticamente en el año
2001, con lo cual las retiraríamos. Las propuestas sexta, séptima y octava son para que la Tesorería, las mutuas y el ministerio registren los capitales-coste de pensiones con arreglo al criterio de devengo. El cambio, como he dicho antes, a
través de la resolución de 1998, que adaptaba el Plan General de Contabilidad de 1994 de un criterio de caja a un criterio de devengo, sí llevó a que se registraran de diferente forma en el tránsito de las cuentas antiguas a las nuevas, en diferente
momento contable, en diferente momento en el tiempo, y que las mutuas, asimismo, tuvieran diferentes criterios durante este tránsito. Esperamos que el Ministerio de Trabajo impulse que todas las mutuas cumplan con ese plan contable y, por lo tanto,
apliquen ese criterio de devengo. Con respecto al punto número nueve, que se refiere a los conciertos de las mutuas con otras mutuas o con administraciones públicas sanitarias para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras que
estén a su cargo, evidentemente aceptamos la enmienda, si se me permite, o la idea o la propuesta del Grupo Socialista de que se haga como establece el reglamento general de colaboración. La propuesta número diez, como se ha aceptado en su
integridad en cuanto a que se estudie la posibilidad de darle tratamiento presupuestario, evidentemente estamos de acuerdo. Propongo utilizar las recomendaciones del Grupo Popular como base, corregidas con estos cambios, y así llegaríamos a un
acuerdo en las propuestas de resolución.
El señor PRESIDENTE: Rogaría que cuando la tengan me hagan llegar la transaccional.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PROGRAMA SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y RENFE PARA EL PERIODO 1999-2000 (corresponde al número de expediente 251/000143 de la VII Legislatura.) (Número de
expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000026.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el primer punto, pasamos al segundo punto del orden del día: informe de fiscalización del cumplimiento del contrato-programa suscrito entre la Administración General del Estado y Renfe para el período
1999-2000.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado señor López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Lo primero que cabe decir respecto al informe de fiscalización del cumplimiento del contrato-programa suscrito entre la Administración General del Estado y Renfe para el período 1999-2000, que se nos presentó por el
Tribunal de Cuentas, es que pone de manifiesto, de manera clara y nítida, los incumplimientos de los gobiernos del PP, presididos por el señor Aznar, en cuanto a la financiación y demás obligaciones del Estado para con Renfe, emanadas del mencionado
contrato-programa y que constituyeron un fraude político. Estos incumplimientos, junto con otros, estaban encaminados a la presentación tergiversada de la cuenta general del Estado, pretendiendo el efecto mediático de presentarla sin déficit,
aunque fuera incluso presentada consolidada con el superávit de la Seguridad Social; se trataba de una tergiversación con ánimo partidista y de captación de votos, ánimo que aún hoy caracteriza a la formación política en la oposición, aun
perjudicando el interés general en detrimento del beneficio de unos pocos.
Estas tergiversaciones se pudieron comprobar en esta Comisión en la pasada legislatura respecto a la cuenta general del Estado de 2000, en la que influye directamente el informe objeto de la fiscalización en cuestión: los contratos-programa
1999-2000 Estado-Renfe. Hemos podido comprobar esa misma y continuada táctica en esta Comisión respecto a los informes que se presentaron
en la cuenta general del Estado correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002. Así que lo único que se puede decir es que los gobiernos del señor Aznar, a través del ministro Montoro, tergiversaron premeditadamente las cuentas, presentando
un superávit cuando era un déficit, y es ahora, en el año 2005, con un Gobierno socialista, cuando se va a presentar por primera vez un superávit en la cuenta general del Estado sin trucos ni mentiras, con realidades, saneando Renfe del agujero
financiero en el que se le había metido e imputándolo a la cuenta general del Estado presentada por el Gobierno socialista en 2004, asumiendo la herencia de deudas que nos dejó el PP, todo ello sin consolidar con el superávit la Seguridad Social,
que está batiendo récords en la aportación al Fondo de reserva.
Mi grupo ha presentado una resolución, que evidentemente sólo tendrá efectos a futuro, en el sentido de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, con la distancia temporal que da estar analizando un informe de 1999 y 2000 en el año 2005,
para que las direcciones futuras de Renfe, a través de la instancia al Gobierno que supone esta resolución, tengan mandato expreso del Parlamento en ese sentido, a pesar de tener conocimiento de que se han hecho esfuerzos y avances por la actual
dirección de Renfe en cuanto a las disposiciones legales establecidas en el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad, las resoluciones de la IGAE respecto a los principios contables y normas de valoración aplicables a Renfe, así como
respecto a las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
En cuanto a los futuros contratos-programa entre el Estado y Renfe, esta resolución va en la línea de que se programe e implemente con la ambición y exigencia que requiere una adecuada gestión de los mismos y de la cual entonces adoleció. Y
en lo referente a la adecuada separación de las unidades de negocio de la entonces Renfe, hoy dividida entre ADIF y Renfe, dar cumplimiento a la directiva 2001/2/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2001, todo ello también a
pesar de lo avanzado por parte de la actual dirección de Renfe en esta materia desde la entrada en vigor de la Ley del sector ferroviario.
Como decimos, el espíritu de esta resolución es un mandato expreso a futuro, aunque ya se haya mejorado sustancialmente alguna de estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Antes de defender las propuestas de resolución, aunque a lo mejor el señor ponente no se ha dado cuenta, me tengo que defender a mí misma por alusiones, porque precisamente en la etapa en la que, según el señor
ponente del Partido Socialista, engañábamos, ocultábamos, hacíamos agujeros, tergiversábamos, etcétera, yo era secretaria de Estado de Presupuestos y era la responsable de la cuenta general con el ministro Montoro, por lo cual no puedo menos que, en
trámite de alusiones personales, decir algunas cosas.
La primera, es que en la misma línea en la que se ha hablado aquí, menudo papelón le hicieron hacer al pobre -con todo el respeto- señor vicepresidente económico cuando compareció ante esta Cámara con un informe de transparencia, donde se
decía que, por ejemplo, Aena tenía mucho endeudamiento, o cuando el propio presidente del Gobierno, contestando alguna pregunta, decía que Renfe tenía endeudamiento. Deuda que, en su mayor parte con la denominación de deuda del Estado -y como tal
se reconoció en la Ley de ordenación del transporte terrestre anterior-, provenía del año 1982 y también de todas las operaciones que se hicieron para el AVE a Sevilla. Esa deuda estaba perfectamente reconocida de acuerdo con las normas y criterios
contables en la contabilidad de Renfe y lo único que se estaba haciendo, en una operación de reordenación del sector, era ver en cuál de los sectores públicos se colocaba ese endeudamiento. Esto no significa, de ninguna de las maneras, que fuera
una operación de ocultamiento. En las cuentas generales, ejercicio tras ejercicio, ha habido diferencias de criterios contables.
Como el tiempo pasa deprisa, estoy absolutamente convencida de que las mismas diferencias de criterio que hemos visto
en las cuentas generales de 2000, 2001, 2002, 2003, las vamos a ver en las de 2004, 2005 y 2006.
Antes de estar en la Secretaría de Estado, en la Dirección General de Presupuestos, estuve en el Tribunal de Cuentas y sé perfectamente de lo que estoy
hablando. Hoy estamos aquí frente a un informe de fiscalización de un contrato-programa con Renfe, en donde el Tribunal de Cuentas dice algunas cosas, como en todos sus informes de este tipo, en donde hay alegaciones por parte del Gobierno y, como
estamos viendo -en éstas quizá no-, en muchos casos las alegaciones que hace el Gobierno ahora al informe del Tribunal de Cuentas son iguales aunque no fueran los mismo gestores los que las llevaban a cabo. Los asuntos quedan en los diarios de
sesiones, pero el tiempo es terco y va demostrando cosas y da la razón. Yo le diría al portavoz socialista que coja los diarios de sesiones y que vea desde que se engañaba y que estaba todo mal a las propias contestaciones, en las sesiones de
control del Gobierno, del vicepresidente económico cuando empezó a reconocer -quizá cuatro o cinco meses después, octubre o noviembre del año pasado- que las cosas estaban bastante bien; de hecho estaban tan bastante bien que del informe de
transparencia que se presenta a finales de septiembre, si no recuerdo mal, porque desde luego esto no lo tenía preparado, los resultados que se tuvieron en diciembre, por las mismas cuestiones que se recogían en el informe de transparencia, eran
sensiblemente mejores.
Dicho esto, en relación con las propuestas de resolución, vista también la antigüedad del contrato-programa al que se refiere el informe, y de acuerdo con el ponente del Grupo Socialista, hemos llegado al acuerdo
de transaccionar las propuestas que hacemos, en el sentido de que el Gobierno concilie sus criterios contables del Tribunal de Cuentas a efectos de la cuenta de pérdidas y ganancias de Renfe, para que estas diferencias no se vuelvan a
producir; una transaccional que une las propuestas de resolución 2 y 5 para que los contratos-programa de Renfe marquen unos objetivos más adecuados y más exigentes en este caso para la operadora y que realmente cumplan con el cometido que tienen
que tener los contratos-programa, y en último lugar, para que se produzca el estricto cumplimiento de lo impuesto por la directiva europea en el caso de que no se haya efectuado. Tenemos la seguridad de que hay muchas cosas de la directiva que ya
se han puesto en marcha, pero por si queda alguna cuestión, decimos que se dé lugar a ese estricto cumplimiento. Por tanto, creo que tenemos una transacción de resoluciones conjuntas entre los dos grupos que obviamente nosotros votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Rogaría que hicieran llegar la transacción a la Mesa cuando la tengan escrita.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 313G PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS Y DE LA GESTIÓN DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS EJERCICIO 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000087 y número
de expediente del Senado 771/000086.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es el informe de fiscalización del programa 313G Plan nacional sobre drogas y de la gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados, ejercicio 2002.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada señora Gómez.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: En la sesión de la Comisión en la que tratamos el informe de fiscalización del programa 313.G, sobre el Plan Nacional de Drogas -programa que ya adelanto que ha cambiado, de forma que ahora no es el 313.G sino el
231.A; lo digo a efectos de que luego no haya ninguna confusión- felicité al presidente del Tribunal de Cuentas por dicho informe y especialmente en lo que hacía referencia a las conclusiones y a las recomendaciones. Por tanto, a la hora de
elaborar estas propuestas de resolución hemos tenido muy en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que considerábamos totalmente acertadas y que, parece ser, compartimos con el Grupo Parlamentario Popular, puesto que ha habido una
coincidencia plena en la presentación de las propuestas de resolución.
A la vista de esa coincidencia, hemos propuesto al Grupo Popular una transacción, que han aceptado, y que contiene todos los elementos importantes que aparecían en ambas propuestas de resolución: la del Grupo Popular y la del Grupo
Socialista. Esta propuesta conjunta contiene cuatro puntos que siguen las propias recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Por un lado, pretenden redefinir los objetivos e indicadores del programa 231.A, que se corresponde con el 313.G del año
2002, para que se pueda realizar su seguimiento de forma más adecuada. El segundo punto trata de profundizar en el establecimiento de un procedimiento adecuado con los órganos de justicia que garantice plenamente que todas las sentencias en las que
se proceda al decomiso se comuniquen a la mesa de coordinación. El objetivo es que todos los bienes y efectos que procedan del decomiso por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se integren en el fondo. Asimismo, en este
procedimiento deben regularse medidas que permitan identificar sin equívoco los bienes y efectos decomisados. Como ustedes saben, el informe del Tribunal de Cuentas hacía especial incidencia en que en muchos casos el inventario de los bienes no se
correspondía con lo que después aparecía realmente. En el punto número 3 pedimos que se subsanen las deficiencias puestas de manifiesto en el informe en relación con los decomiso de efectivo y que se establezcan mecanismos de coordinación entre la
Delegación y la Dirección General del Tesoro Público, para que la primera tenga puntual información de los ingresos del fondo en el Tesoro Público.
El informe de fiscalización también nos hablaba de que habitualmente aparecían en el fondo del Tesoro Público ingresos que no debían estar en el fondo de decomiso, y al revés: que ingresos que deberían llegar al fondo no llegaban nunca. En
el punto cuarto recomendamos a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas continuar con la mejora del procedimiento de liquidación de los bienes del fondo de decomiso, tratando de evitar en la medida de lo posible su depreciación
o pérdida, sobre todo en aquellos bienes decomisados de mayor valor o susceptibles de depreciación rápida. Como ustedes saben, las embarcaciones y los vehículos son bienes de depreciación rápida; en algunos casos el tiempo que necesitan estar en
guarda genera un coste mayor de lo que puede valer el vehículo o la embarcación cuando se subasta. En definitiva, pretendemos que se haga el procedimiento de liquidación con mucha mayor rapidez de la que se viene aplicando actualmente.
Esto es lo que contiene la propuesta de resolución conjunta transaccionada con el Grupo Parlamentario Popular. Solo me resta darle las gracias a la portavoz del Grupo Popular por las facilidades que me ha dado para alcanzar dicho acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, hemos llegado a un
acuerdo de transacción entre sus propuestas de resolución y las nuestras; acuerdo que ha sido sencillo de conseguir porque recoge el objetivo que nos guiaba -que era el mismo- y porque también incluye todos los extremos que señalaba el
informe del Tribunal de Cuentas. Por tanto, votaremos favorablemente dicha propuesta de transacción.
Quiero hacer algunas consideraciones respecto a este informe, que luego me servirán como base para realizar algunos comentarios sobre el siguiente informe en el que voy a ser ponente. Durante la sesión de la Comisión en la que preguntamos
al presidente del Tribunal de Cuentas algunos extremos del informe sobre el Plan Nacional de Drogas, pusimos de manifiesto la importancia de esta fiscalización. Como decía en la sesión anterior, se refiere a un ámbito de la Administración que, por
su contenido, trasciende de aquello meramente contable-financiero y va más allá. En ese sentido van las propuestas de resolución de ambos grupos y las que hemos transaccionado.
El Plan Nacional de Drogas coordina y desarrolla acciones encaminadas a abordar los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas. Su función, como decíamos el otro día y como se sabe, es la prevención y más concretamente intentar
aumentar la percepción del riesgo sobre el consumo y evitar la entrada en el mundo de la drogadicción a la población más vulnerable. Eso hace que se deba propugnar que sus actuaciones sean lo más eficaces posible, porque creo que a todos nos va
mucho en ello. En ese sentido, en el Plan nacional y en la Delegación del Gobierno se han hecho muchas cosas en estos últimos tiempos -y se siguen haciendo- con las cuales creo sinceramente que se debe ser generoso y no se deben trivializar de tal
manera que los presuntos árboles no nos dejen ver el bosque.
En el año 1996 el plan se encontraba bajo mínimos. En tres años había cambiado tres veces de ubicación ministerial: Sanidad, Asuntos Sociales y, en 1994, Ministerio del Interior. El nuevo Gobierno socialista lo acaba de hacer otra vez,
pasando a depender nuevamente del Ministerio de Sanidad. En ese escaso periodo de tiempo, en esos tres años tuvo tres delegados y otros tantos directores generales, y quizás es por eso por lo que quedaban muchas cosas por organizar y, por tanto,
por hacer. Por eso se tuvo que trabajar intensamente para potenciarlo, para ampliar su estructura, para incrementar sus recursos y para desarrollar su actividad, que es algo que en el informe hemos echado de menos, por lo que al presidente del
Tribunal de Cuentas se le preguntó y respecto de lo que no hemos recibido respuesta. En ese periodo, de gestionar una orden de subvenciones se pasó a gestionar cinco y desde 1996 aumentaron sus recursos en un 73 por ciento. En investigación, que
también es muy importante y que es una de las nuevas áreas, no solo se crea un instituto de investigación, sino que de una sola subvención finalista que se le daba al Ayuntamiento de Barcelona, que era muy dinámico en estos aspectos, se pasa a
financiar en 2003 a 53 entidades para otros tantos proyectos con la debida publicidad y concurrencia. Además, en aras de la objetividad con la que se deben tratar estos asuntos, que es la que exigimos a la propia Delegación y también en el informe,
no se puede soslayar que existe una conferencia sectorial de la que forman parte todos los consejeros de las comunidades autónomas, que son los que fijan los criterios y distribución de los fondos con arreglo a parámetros objetivables, valga la
redundancia. Quiero hacer una referencia específica a las campañas de información, esenciales para la prevención.
En estos días estamos viendo importantes campañas en este sentido contra la droga, contra el tabaco e incluso las tradicionales
medioambientales que conozco bien y que tan buenos resultados producen. El establecimiento de un modelo de colaboración con la sociedad a través de convenios con medios de comunicación, con ONG, con empresas públicas y privadas permitió en esos
años realizar ocho campañas de prevención; con una mínima inversión en creatividad y gestión se pudieron realizar campañas que, de otra manera, hubieran costado cada una alrededor de seis millones de euros. Lo que se pone en tela de juicio a lo
largo del informe sin darle la otra visión es la necesidad de contratación de un experto para llevar a cabo esta gestión, sin relacionarlo con el cometido que tenían encomendado y su especialidad. Señorías, esto no es una cuestión de niveles, es
una cuestión de especialización. En realidad, a lo largo del informe no hemos visto que se hablara de la labor hecha, y esa es mi principal queja pues en esta Comisión intentamos hacer una labor positiva que contribuya a la mejora de la actividad
de las administraciones públicas. Creo que eso, la eficacia, la consecución de los objetivos, qué es lo que consigue y cómo se trabaja es algo que no debemos olvidar.
Concluyo diciendo que las propuestas que hemos visto del Grupo Socialista y, como consecuencia de ello, la transaccional, van por el camino positivo para resolver los problemas que se han detectado y que pueden permanecer en la actualidad,
aunque había una ley de 2003 que se ha ido desarrollando a la que el presidente, como digo, no quiso o no pudo referirse y que ha resuelto muchos de los asuntos pendientes y quizá que se continúe trabajando para mejorar la eficacia. Votaremos a
favor, creo que este tipo de informes son muy importantes, que le dan importancia a la labor que estamos haciendo aquí y que es muy buena señal que nos hayamos puesto de acuerdo en las resoluciones.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EJERCICIO 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000093 y número de expediente del Senado 771/000094.)
El señor PRESIDENTE: Una vez concluido el debate del punto 3.º, pasamos al 4.º punto. Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2002.
Hay propuestas de resolución del Bloque Nacionalista Galego. Para su defensa tiene la palabra la representante del BNG, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Las propuestas son muy concisas e, independientemente de que estemos abiertos a llegar a acuerdos para su aprobación a través de alguna transacción que se nos presente, la razón de la presentación de esta
resolución con tres apartados está relacionada con la valoración que hacemos de la última parte del informe del Tribunal de Cuentas, concretamente de aquella que hace recomendaciones y llega a conclusiones respecto del informe. Desde nuestro punto
de vista, si bien se recogen problemas que el tema suscita y los valora, luego no se hace una propuesta que pueda ser semejante o parecida a la que hacemos. Es decir, por un lado, es difícil hacer una fiscalización de estas aportaciones que desde
los ayuntamientos se hacen a los grupos municipales por las propias limitaciones o la regulación que la Ley de bases así reconoce y así regula. Por otro lado, en el aspecto que recoge el apartado 2 de la resolución, vemos que existe disparidad en
el ejercicio de la dotación económica por parte de los ayuntamientos a los grupos municipales, esto es, no hay un criterio de la cuantía de la aportación que hay que hacer a los grupos municipales ni capacidad presupuestaria o financiera de los
ayuntamientos por número de concejales de la corporación o habitantes de ese municipio. El punto número 1, como comentaba, es muy difícil, en algunos casos imposible, que se pueda hacer una fiscalización desde el Tribunal de Cuentas o desde
cualquier otro organismo por las limitaciones que la Ley de bases plantea, de aquellos ingresos que puedan llegar al partido a través de los grupos municipales, entendiendo que un grupo municipal es una entidad del partido. Por tanto, es necesario
considerar que toda la financiación de un grupo municipal no deja de ser una financiación a una organización política, a un partido político. De ahí las propuestas que hacemos y, para que quede claro lo que queremos decir, es suficiente lo que he
manifestado.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Mi grupo ha presentado un total de tres propuestas de resolución a este informe de fiscalización, que se derivan de los contenidos del informe de fiscalización de la contabilidad electoral de los partidos políticos
del ejercicio 2002 y también de las aclaraciones que el presidente del Tribunal de Cuentas efectuó en esta Comisión en la anterior sesión. Estas propuestas de resolución se presentan en el bien entendido de que todos los grupos parlamentarios hemos
puesto encima de la mesa una reforma de la Ley de financiación de partidos políticos que, como saben muy bien todos ustedes, ya ha sido tomada en consideración por esta Cámara. Además, está a punto de terminar el plazo de presentación de enmiendas
y goza del firme compromiso del presidente del Gobierno de impulsar esta iniciativa y de proceder a la reforma antes de la finalización del próximo periodo de sesiones. Señorías, con ello daremos respuesta a una larga reivindicación por parte de
todos los partidos políticos, así como de la propia sociedad, de hacer de éste un sistema de financiación mucho más transparente, sujeto, si cabe, a un mayor control por parte del Tribunal de Cuentas que además va a impedir las subvenciones o
donaciones anónimas. Es por ello, señor presidente, que mi grupo, a diferencia de lo que ha sido habitual en el funcionamiento de esta Comisión con relación al análisis y discusión del informe de fiscalización de partidos políticos, en ningún caso
ha presentado propuestas de resolución dirigidas al Gobierno -algo que, como decía, había hecho en el pasado- respecto a la posible conveniencia de presentar un proyecto de ley de reforma de la Ley de financiación de partidos políticos, sino que
prefiere, como es preceptivo, dejar a la libertad del legislador y a sus trabajos parlamentarios el resultado final de esta ley, sin poner por ello, como les decía, ningún tipo de condicionante a esta iniciativa legislativa.
Señor presidente, en consecuencia, presentamos un total de tres propuestas de resolución destinadas a dotar de la máxima transparencia y de la mayor información posible tanto al Tribunal de Cuentas como a esta Comisión -al Parlamento, en
definitiva- con relación a la financiación de partidos políticos. En primer lugar, presentamos una propuesta de resolución dirigida al Tribunal de Cuentas instándole a realizar un estudio exhaustivo y detallado sobre todas las donaciones de
particulares a los partidos políticos y coaliciones fiscalizados, facilitando a la Cámara todos los detalles posibles para que los grupos parlamentarios puedan conocer con la mayor exactitud posible el grado de financiación que los partidos reciben
con cargo a donaciones anónimas y a la venta de bonos.
Evidentemente esta es una propuesta de resolución que se deriva del propio informe de fiscalización, cuya presentación por parte de nuestro grupo con relación a otros informes de fiscalización
analizados en el pasado es histórica, y en consecuencia la sometemos a consideración y a votación por parte de esta misma Comisión. En segundo lugar, presentamos otra propuesta de resolución instando al propio Tribunal de Cuentas a realizar un
estudio exhaustivo y detallado sobre todas las renegociaciones y condonaciones de créditos de intereses y de capital que se hayan realizado a favor de todos los partidos políticos y coaliciones fiscalizados en el periodo 2000/2005. También esta es
una solicitud histórica con relación al Tribunal de Cuentas ya que en el pasado se suscitaron dudas en cuanto a la transparencia. En este sentido, simplemente me gustaría hacer una aclaración respecto al plazo. Nosotros en la propuesta fijamos un
periodo, de 2000 a 2005, que viene marcado entre otras cosas por lo que dispone el artículo 30 del Código de Comercio en la medida en que, de acuerdo con esta ley, evidentemente de aplicación a
estos supuestos, establece una obligación legal de conservar libros, documentaciones y justificantes contables hasta un máximo de seis años.
Es por eso que aunque pudiera retrotraerse incluso más allá del año 2000 aplicando la legislación
vigente, es preceptivo ceñirnos a este ámbito temporal de los seis años previstos en el Código de Comercio. Finalmente, y en tercer lugar, presentamos una última propuesta de resolución instando también al Tribunal de Cuentas -ya decía al principio
que en ningún caso instamos al Gobierno, sino simplemente al Tribunal de Cuentas dejando sin condicionantes los trabajos parlamentarios que vayan a desarrollarse a lo largo del próximo periodo de sesiones- a distinguir en los futuros informes de
fiscalización sobre la contabilidad electoral de partidos políticos que vaya a elaborar -es decir, ya a partir de 2003- entre la deuda hipotecaria y la deuda ordinaria de los partidos políticos. Señorías, como ustedes recordarán, esta propuesta se
deriva de nuestra intervención en la sesión anterior de esta Comisión, cuando se expuso por parte del presidente del Tribunal de Cuentas este informe de fiscalización y en la medida en que consideramos, tal y como reflejamos en nuestra intervención,
que aunque no exista una obligación legal por parte del Tribunal de Cuentas en el momento de elaboración de este informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos de diferenciar entre ambos tipos de deuda, ordinaria e
hipotecaria, es bueno que quede reflejado en los informes -tal y como dijo el presidente, ya que nos instaba a los parlamentarios a hacerle este tipo de propuestas, porque la ley no le obliga a ello- para que no quede ningún tipo de dudas ni
sospechas sobre la solvencia de los partidos políticos; más aún cuando un partido político, como por ejemplo el Partido Socialista, goza, como queda reflejado en los informes del Tribunal de Cuentas, de una muy buena salud económica, puesto que,
como todos SS.SS saben, todas las deudas de las distintas organizaciones, empresas y partidos políticos tienen que compararse con su masa patrimonial. De ahí que mediante esta diferenciación entre deuda hipotecaria y deuda ordinaria pueda
desaparecer cualquier tipo de duda o sospecha sobre la solvencia de los distintos partidos políticos. Por ese motivo, emplazamos al Tribunal de Cuentas a realizar este tipo de diferenciación en los próximos informes de fiscalización sobre la
contabilidad de los partidos políticos a partir de la aprobación de estas propuestas de resolución.
Con relación a las propuestas presentadas por los otros grupos parlamentarios, mi grupo comparte la intención de las propuestas de resolución presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, pero tengo que manifestar aquí que nos es difícil
aprobar este tipo de resoluciones tal y como están redactadas, ya que se está instando a la propia Cámara, y en algunos casos al Gobierno, a abordar algunas cuestiones que, como ya les he expuesto, están en fase de elaboración parlamentaria en la
próxima reforma de la Ley sobre financiación de los partidos políticos. Por tanto, entendiendo y seguramente compartiendo esa voluntad, mi grupo considera que eso es o debería ser objeto de debate en la Comisión Constitucional o en la ponencia que
se constituya al efecto, cuando ésta empiece a analizar la próxima reforma de la citada ley. En cualquier caso, si compartiendo este espíritu fuésemos capaces de encontrar algún tipo de formulación que no condicionara al Gobierno -no es este el
caso, ya que la iniciativa de la reforma de esta ley la ha tomado el Congreso de los Diputados- y sin condicionar tampoco los trabajos de la ponencia parlamentaria que se vaya a constituir al efecto, mi grupo estaría dispuesto a aprobar alguna de
estas propuestas de resolución, aunque le indico que, tal y como están redactadas, por ese mismo supuesto competencial, es difícil.
Con relación a las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Popular y para fijar posición al respecto, he de decirle que mi grupo va a votar favorablemente a la primera de ellas, en la que insta al Tribunal de Cuentas a
presentar con la mayor brevedad posible los informes de fiscalización de los ejercicios 2003 y 2004 sobre contabilidad de los partidos políticos, conociendo evidentemente que ello lleva su ritmo de tramitación en el seno del Tribunal de Cuentas. Si
el mandato parlamentario puede tener algún tipo de incidencia en los trabajos del Tribunal de Cuentas, bienvenido sea, por lo que no tenemos inconveniente en hacerlo, sabiendo y poniendo de manifiesto que los trabajos internos llevan sus propios
tiempos y, por tanto, es difícil poder alterarlos. En cualquier caso, no tenemos inconveniente en votar a favor de la misma.
Respecto a la segunda de las propuestas de resolución, mi grupo también estaría dispuesto a votarla favorablemente siempre y cuando la segunda línea del apartado a) de la segunda propuesta de resolución, que hace referencia a la relación
pormenorizada por cada partido político de todos los créditos vencidos y no pagados en la última década, fuese objeto de modificación y se sustituyese la última década por los seis últimos años.
Por los mismos motivos que les he expuesto
anteriormente con relación al Código de Comercio, tampoco tendríamos ningún inconveniente en votarla favorablemente.
El apartado b) de esta segunda propuesta de resolución del Grupo Popular podríamos votarlo favorablemente sabiendo que, por las mismas razones que acabo de exponer, podía haber algún tipo de obstáculo o podía incluso ser de difícil
cumplimiento por esa imposibilidad de disponer de los elementos contables que pudieran facilitar al Tribunal de Cuentas la elaboración de esta información detallada y exhaustiva. En cualquier caso, podríamos votar a favor de este segundo apartado.
Vamos a votar también favorablemente, en aras a una mayor transparencia en la fiscalización de la financiación de los partidos políticos, la tercera propuesta de resolución formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la
elaboración de una relación de los inmuebles pertenecientes a cada partido político; no tenemos ningún inconveniente para ello.
Adelanto también que vamos a votar en contra de las dos últimas propuestas de resolución por unos motivos que creo muy claros. En primer lugar, la cuarta propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular pretende instar al fiscal
anticorrupción al traslado de determinada información relativa a créditos vencidos y no pagados, a condonaciones, etcétera.
Esto es coherente con la posición mantenida en el anterior debate de esta misma Comisión, hace escasamente un par de
semanas, en una línea argumental y política en la que han pretendido criminalizar este tipo de prácticas, una práctica legal habitual y utilizada asiduamente por todos los grupos parlamentarios, por todos los partidos políticos, incluso también y de
forma reiterada por el Partido Popular, y, como sabe muy bien el portavoz del Grupo Popular, amparada por el Tribunal de Cuentas en sus distintos y sucesivos informes de fiscalización, tal y como el presidente del Tribunal de Cuentas puso de
manifiesto en su comparecencia en la anterior sesión de esta Comisión. Si además le añadimos que, ante una pregunta formulada por este mismo parlamentario al presidente del Tribunal de Cuentas, en la que le preguntábamos sobre cuál había sido la
posición del ministerio fiscal en el seno del Tribunal de Cuentas con relación al informe de fiscalización del año 2002, nos confirmó que no había entendido que hubiese ningún tipo de responsabilidad contable, nosotros entendemos que hacer caso
omiso a un criterio técnico y especializado, como es el del fiscal que reside en el propio Tribunal de Cuentas, debilita el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Trasladar esto a otra Fiscalía con otro parecer cuando ya hay los
instrumentos necesarios y competentes en el seno del Tribunal de Cuentas que ya se han manifestado sobre estas mismas cuestiones, creo que es intentar criminalizar una práctica amparada por el propio Tribunal de Cuentas, utilizada, como decía, por
todos los grupos, y sembrar dudas o sospechas que en ningún caso benefician a nuestra salud democrática y tampoco a nuestra sociedad.
Finalmente vamos a votar en contra de la última propuesta de resolución presentada por el Grupo Popular, en la que se insta al Banco de España a realizar un informe y remitirlo al Congreso de los Diputados, en la medida en que entendemos
que, si creemos en la independencia de nuestras instituciones, en la independencia también del Banco de España, no debemos situarlo en el terreno de lo político, a pesar de que haya habido algunos intentos en el pasado muy reciente por parte del
Partido Popular cuando formuló alguna pregunta o insinuación al gobernador del Banco de España en su comparecencia en el Senado con motivo de la tramitación y discusión de los Presupuestos Generales del Estado. Como les decía, por estos motivos
votaríamos en contra de esta quinta propuesta de resolución y quedamos, pues, a la espera de la respuesta que nos pueda dar el portavoz del Grupo Popular con relación a la propuesta transaccional que le hemos formulado al apartado a) de la segunda
propuesta de resolución.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Empezando por la propuesta de resolución del Grupo Mixto, compartimos buena parte de lo que acaba de explicar al respecto el portavoz socialista y no creemos que esta Comisión sea el marco adecuado para hacer
ningún pronunciamiento al respecto, puesto que este es un tema que esta sobre la mesa en el debate de la futura ley de financiación de los partidos políticos y, por tanto, allí tendrá cabida y resolución.
En cuanto a las propuestas que hace el Partido Socialista, anuncio que vamos a votar a favor de las tres propuestas realizadas. Al mismo tiempo, anuncio que aceptamos como enmienda transaccional la referencia que ha hecho a los seis últimos
años, la incorporaríamos en nuestra propuesta de resolución segunda y de esa forma facilitamos que el Partido Socialista pueda votar la segunda de nuestras propuestas.
Entrando ya en el contenido de nuestra resolución, como ha sido expuesto por el portavoz socialista al fijar su posición, diré con mucha brevedad que en la primera resolución le pedimos al Tribunal de Cuentas que agilice los informes
pendientes de 2003 y 2004 para que se ponga al día en esta tarea tan importante, cual es la fiscalización de los partidos.
En la propuesta segunda instamos al Tribunal de Cuentas para que nos envíe una relación pormenorizada por cada partido
político de todos los créditos vencidos y no pagados, así como de cualquier condonación en los seis últimos años. Por tanto, aceptamos la propuesta transaccional que nos hace el Partido Socialista así como la relación de las entidades financieras
que han condonado deudas o mantenido créditos vencidos con los partidos políticos y las características de cada operación condonada o morosa. Celebramos también que el Grupo Socialista apoye la propuesta tercera, en la que solicitamos que el
Tribunal de Cuentas nos remita una relación de los inmuebles pertenecientes a cada partido político con su correspondiente valoración catastral, porque esta información es muy relevante para determinar la salud financiera de un partido político e
incluso para determinar sus propias fuentes de financiación históricas.
Nos parece excelente que se acepte esto y que lo apruebe el Partido Socialista, así como un informe sobre la procedencia de la utilización por los partidos y sociedades
mercantiles para la tenencia de los inmuebles en los que realizan su actividad política, asunto respecto del que no tenemos ninguna opinión ni a favor ni en contra, pero como está reflejado esto en el informe de fiscalización del año pasado,
quisiéramos tener mayor información al respecto.
Respecto a las dos propuestas que el Grupo Socialista no va a apoyar, ya imaginábamos que no iba a apoyar que se instara al fiscal anticorrupción a que examine los créditos vencidos y no pagados por los partidos políticos
o las condonaciones de las que se hubieran beneficiado a fin de ejercitar las acciones legales procedentes en caso de haberse producido vulneración de la legislación vigente en materia penal. Nos ha dicho el portavoz socialista que eso no
lo aceptan, en primer lugar, porque con ello se pretende criminalizar prácticas habituales como son las condonaciones de créditos en el tráfico mercantil. Nosotros entendemos que una cosa es condonación para reflotar una empresa privada que podría
tener alguna justificación dentro de un marco de solución extrajudicial, por ejemplo; pero en el caso concreto de las condonaciones es claro que se trata, en nuestra opinión, de una liberalidad que vulnera los límites establecidos en la Ley de
partidos políticos respecto a las donaciones privadas. Pero, con independencia de la criminalización, a nosotros nos parece que no es argumento para votar en contra la referencia que se ha hecho a que el fiscal del Tribunal de Cuentas no haya
encontrado responsabilidad contable en alguna de las operaciones que están hoy en conocimiento de la opinión pública. Una cosa es la responsabilidad contable y otra la responsabilidad de otra índole que pueda tener en el ámbito penal. El Tribunal
de Cuentas no enjuicia más que su alcance desde el punto de vista contable. Lo que subyace en el caso concreto de esta propuesta, lo que entendemos que habría que estudiar, y eso el fiscal anticorrupción puede hacerlo, es si en una operación de
condonación, aun pudiendo admitir que pueda ser ordinaria en el tráfico mercantil, se dan circunstancias que hacen que eso ya no sea tan ordinario. En este caso concreto la circunstancia excepcional es que el secretario primero de un partido
político es el ministro de Industria y tiene que tomar decisiones muy importantes en relación con la entidad que le ha concedido la condonación. Eso es lo que nosotros pedimos que se investigue por el fiscal anticorrupción que, por otra parte, es
muy activo en otros casos, pero en este me parece que está mirando para otro lado.
En cuanto a que se inste al gobernador del Banco de España para que remita al Congreso de los Diputados un informe sobre el cumplimiento por parte de las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro, de los requisitos legalmente
establecidos para la financiación de partidos políticos, no podemos aceptar, dicho con el máximo respeto, la argumentación del portavoz socialista diciendo que hay que respetar la independencia de las instituciones cuando, no sé si en esta sala o en
otra, hace unos días compareció el propio presidente del Tribunal Supremo y tuvo que responder sobre cuestiones, incluso dando su propia opinión, respecto a asuntos que están en el debate político. Por tanto, si al gobernador del Banco de España le
pedimos que haga un informe sobre el cumplimiento por parte de las entidades financieras de los requisitos legalmente establecidos, teniendo en cuenta que el Banco de España es una entidad competente para fiscalizar la acción de la banca y de las
cajas de ahorro, evidentemente el Congreso está en su derecho de solicitar ese informe. Ahora bien, si el Grupo Socialista no lo quiere hacer, no se podrá hacer, pero no encontramos argumentos suficientes como para que esta propuesta sea derrotada.
En cualquier caso, con las propuestas que se van a aprobar creo que se puede dar un paso importante en la fiscalización de los partidos políticos que, en definitivas cuentas, es el objetivo que todos perseguimos.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señorías, quisiera aprovechar, por lo que se ha dicho en esta Comisión y en las anteriores, para decir que en el mismo informe de fiscalización del año 2002 se dice respecto a un crédito de
Esquerra Republicana -leo textualmente- que, con motivo de la fiscalización en el ejercicio siguiente el partido ha aportado el acuerdo alcanzado con la entidad para el pago de la deuda vencida, que será analizado en el informe correspondiente.
Pueden mirar y verán que la fecha en la que se alcanzó el acuerdo de condonación de los intereses es anterior a la llegada de nuestro partido, Esquerra Republicana, al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, cosa que no quedaba así reflejada en
anteriores intervenciones.
Respecto a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en su punto tercero sobre la propiedad de los inmuebles de los partidos políticos, quería ver si en la transacción que se ha anunciado podría figurar, además de sociedades mercantiles,
fundaciones, dado que los locales del partido político de Esquerra Republicana están a nombre de la Fundación Josep Pirla y sobre la propiedad y el pago de los mismos no tenemos en absoluto nada que esconder. Si se acepta en esta transacción
incluir las fundaciones, la legalidad de todo el patrimonio de nuestro partido político quedaría mejor reflejada.
-INFORME DE LOS SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICO Y LOCAL, EJERCICIO 2001.
(Número de expediente del Congreso 251/000094 y número de expediente del Senado 770/000007.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5 del orden del día: Informe de los sectores públicos autonómico y local, ejercicio 2201.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Agustín Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Por una cuestión de estilo, quiero hacer una corrección previa a la forma en como han sido redactadas las propuestas del Grupo Socialista, y ruego que la Mesa tome nota: La Comisión Mixta para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas insta -dos puntos-, eliminando el infinitivo en las diecisiete propuestas que se hacen. Con ello estaríamos
en coherencia con las propuestas que formula el Grupo Popular de utilizar siempre la misma técnica.
De las propuestas que se hacen, una serie de ellas van dirigidas, por un lado, al Tribunal de Cuentas para que pueda agilizarse la presentación de los informes en el tiempo, separando, si es necesario, el informe del sector público
autonómico del sector público local. Pedimos también que el Tribunal de Cuentas separe en el informe las diputaciones forales del resto de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y comarcales, porque su inclusión en cuadros
conjuntos lo único que hace es deformar los resultados finales, ya que las diputaciones forales constituyen más de la mitad del presupuesto. También pedimos que el Tribunal de Cuentas agilice los informes de aquellos ayuntamientos incumplidores de
su obligación de rendición de cuentas que están siendo objeto de fiscalización singularizada, y voy a citar a título de ejemplo un caso de la provincia por la que yo soy diputado, el Ayuntamiento de Villablino, no cumplidor de sus obligaciones de
rendición de cuentas, está siendo objeto de una fiscalización singularizada y lleva paralizado el informe, no se sabe muy bien por qué, algo más de un año. El trabajo de campo terminó a finales del año 2003 o principios de 2004, y hasta el momento
no se ha rendido el informe a esta Comisión Mixta. En cuanto al punto 4, dado que es coincidente con la propuesta número 21 que formula el Grupo Parlamentario Popular, la retiraríamos para que no haya repeticiones.
Hay una serie de propuestas para que se inste a las comunidades autónomas que no lo han hecho a que se ajusten al Plan General de Contabilidad, a que presenten la memoria del cumplimiento de objetivos, a que contabilicen de forma adecuada
tanto la corriente de gastos como la corriente de ingresos, que tal como pone de manifiesto el Tribunal no se hace como debiera de hacerse. Presentamos una propuesta para que las comunidades autónomas y las entidades locales remitan a los órganos
de control externo o al Tribunal de Cuentas todos los contratos que deban ser remitidos, de acuerdo con las disposiciones que son de aplicación.
Hemos observado, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma de Galicia no remite la mayor parte de los
contratos, puesto que su importe en volumen y en número es la mitad del de La Rioja, cuando la Comunidad Autónoma de Galicia es sensiblemente mayor que la de La Rioja. También instamos a las comunidades autónomas y a las entidades locales a que
potencien la adjudicación de los contratos por el sistema de subasta. Pedimos que las comunidades autónomas uniprovinciales incrementen sus esfuerzos de ayuda a los municipios que no disponen de medios propios para llevar a cabo las recomendaciones
emanadas del Tribunal de Cuentas, en base a que entendemos que precisamente las comunidades autónomas uniprovinciales se olvidan frecuentemente de que también tienen que cumplir las obligaciones que en las comunidades pluriprovinciales se imponen a
las diputaciones provinciales. Por último, pedimos que aquellas administraciones que no hayan remitido la documentación solicitada por el Tribunal de Cuentas lo hagan en el plazo más breve posible y pongan a disposición del Tribunal toda la
documentación exigida.
En cuanto a las propuestas que formula el Grupo Popular, estamos de acuerdo con todas. Únicamente, puesto que nosotros hemos retirado una repetida, pediríamos que, a su vez, el Grupo Parlamentario Popular retire la 19, ya que es coincidente
con nuestra propuesta número 5. Por lo demás, apoyaremos también las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Como señalé en mi intervención de la pasada sesión, nos encontramos ante un informe amplio y extenso, fruto de muchas horas de trabajo del Tribunal de Cuentas. Pero por la exhaustividad del procedimiento, entra
en esta Cámara con más de cuatro años desde el periodo al que hace referencia, y esa es la causa de que pierda parte de su eficacia. Por eso, no me voy a extender en mis argumentos, sino solo referirme someramente a las propuestas de resolución de
mi grupo respecto de las que, como decía, no tengo constancia que no se hayan solventado en buena parte. No obstante, al igual que las que ha efectuado el Grupo Socialista, todas ellas se refieren a aspectos importantes que pueden ayudar a conocer
mejor la actividad de tan importantes componentes del sector público, como son las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Nuestras propuestas 1 y 2, como se deriva de su texto, van encaminadas a pedir o a conseguir la oportuna
homogeneización de las contabilidades de las comunidades autónomas, que es esencial para poder conocer sus actuaciones y analizarlas con conocimiento de causa; la propuesta número 3, para que se produzca la oportuna rendición de las cuentas en
tiempo y forma; la propuesta número 4, para que se homogeneice el trabajo de los respectivos órganos de control, pues sin ello de nada servirían las anteriores y, por último, la referida a las corporaciones locales, tratamos de que el tribunal siga
analizando las prestaciones de los servicios públicos por estos agentes, continuando con las actuaciones de ejercicios anteriores que nos parecen muy productivas y muy eficaces, y de que las entidades presten especial atención y corrijan las
deficiencias observadas por el tribunal en las áreas a las que se hace referencia.
Votaremos favorablemente las proposiciones del Partido Socialista y procederemos a la retirada de una de las dos, que están duplicadas o que son prácticamente iguales. En ese cambio nosotros retiramos una, ellos otra y las hacemos nuestras,
pero como las nuestras son sintéticas y las del Grupo Socialista son mucho más concretas o específicas lo que haremos será votar favorablemente las propuestas del Grupo Socialista, no intentar hacer una transaccional como hemos hecho con otros
informes.
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender por tres minutos para que nos hagan llegar las transacciones que se han efectuado en algunos puntos.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a efectuar las votaciones.
En primer lugar, el punto sobre el informe de fiscalización especial de las relaciones financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social,
con especial referencia a las operaciones del Fondo de Prevención y Rehabilitación. Vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, que ha retirado la propuesta número 2. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido
votación separada del punto número 4. Por tanto, votamos las propuestas de resolución 1 y 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Ha retirado la número 4 y la número 5 y en la propuesta número 1, segundo párrafo, quedaría solo un inventario y se quitaría el término histórico. Hay un cambio también en la
propuesta número 9, en la que se añadiría al final: como establece el reglamento general de colaboración con las mutuas.
Votamos todas las propuestas que quedan del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el informe de fiscalización del cumplimiento del contrato-programa suscrito entre la Administración General del Estado y Renfe para el periodo 1999-2000. Con relación a este punto del orden
del día hay una transaccional y pediría a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que le diera lectura.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Las propuestas de resolución quedarían de la siguiente manera: La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que: Uno, concilie sus criterios contables con el Tribunal de
Cuentas en relación con el formato de presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias de Renfe. Dos. Señale objetivos más exigentes para los contratos-programa futuros entre el Estado y Renfe no limitados a tasas de crecimiento del PIB,
concretando las obligaciones de gestión para la operadora, de tal manera que atienda a sus nuevas responsabilidades tras la reorganización motivada por la entrada en vigor de la Ley del sector ferroviario. Y tres, que se produzca el estricto
cumplimiento de lo impuesto por la Directiva 2001/12/CE en el caso de que no se haya efectuado.
El señor PRESIDENTE: Esta sería la transacción mediante la que se ha llegado al acuerdo entre los dos grupos y decaerían las propuestas de resolución presentadas en su momento.
Procedemos a votar esta transacción.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votamos el punto número 3 del orden del día: informe de fiscalización del programa 313.G: Plan Nacional sobre Drogas y de la gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados,
ejercicio 2002. También se ha presentado una transaccional que procedo a leer. Primer punto, que se redefinan los objetivos e indicadores del programa 231.A para que se pueda realizar su seguimiento de forma más adecuada. Punto 2, profundizar en
el establecimiento de un procedimiento adecuado con los órganos de justicia que garantice plenamente que todas las sentencias en las que se procede al decomiso se comuniquen a la Mesa de coordinación. El objetivo es que todos los bienes y efectos
que proceden del decomiso por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se integren en el fondo. Asimismo, en este procedimiento deben regularse medidas que permitan identificar sin equívoco los bienes y efectos decomisados. Tercero,
que se subsanen las deficiencias puestas de manifiesto en el informe en relación con los decomisos de efectivo y se establezcan mecanismos de coordinación entre la Delegación y la Dirección General de Tesoro para que la primera tenga puntual
información de los ingresos del fondo en el Tesoro Público.
Cuarto, se recomienda a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas continuar con la mejora del procedimiento de liquidación de los bienes del Fondo de decomiso, tratando
de evitar, en la medida de lo posible, su depreciación o pérdida, sobre todo en aquellos bienes decomisados de más valor o susceptibles de depreciación rápida.
Esta sería la transacción a la que se ha llegado y mediante la que se ha logrado el acuerdo entre los dos
grupos, con lo que decaen las demás propuestas de resolución.
Votamos dicha transacción.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 4 del orden del día, referido al informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2002. En primer lugar, procederíamos a votar las propuestas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Se ha aceptado por parte del Grupo Parlamentario Popular en relación con la propuesta de resolución número 2 una modificación del apartado a) y b). En el apartado a) se sustituiría:
última década por: seis últimos años, y en el apartado b) se añadiría: en los seis últimos años. Se ha aceptado la propuesta hecha por el Grupo de Esquerra Republicana consistente en añadir: fundaciones, con lo que quedaría: sociedades
mercantiles o fundaciones, y dicha expresión aparecería dos veces en la misma propuesta.
Tal y como se ha podido interpretar de las intervenciones de los diferentes grupos, votamos las tres primeras propuestas con las modificaciones explicadas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación pasamos a votar las propuestas número 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Una vez terminadas las votaciones del punto número cuatro, pasamos al punto quinto y último, que son las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de los sectores públicos, autonómico y local, ejercicio 2001. En
relación con las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, se ha retirado la propuesta número 4. Entonces pasamos a votar las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista sin esta propuesta.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación pasamos a votar las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, de las cuales se ha retirado la número 19, que es la número 2 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Una vez terminado el debate y votación de las propuestas de resolución suspendemos por tres minutos para continuar después con los informes del presidente del Tribunal de Cuentas. (El señor vicepresidente, Martínez Herrera, ocupa la
Presidencia.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LOS PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS, EJERCICIOS 1998-2000. (Número de expediente del Congreso 251/000030 y número de expediente
del Senado 771/000032.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Vamos a reanudar la sesión de la Comisión. En primer lugar, damos la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas.
Punto número 6 del orden del día, informe de fiscalización de las subvenciones a los proyectos generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, ejercicios 1998-2000.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Este informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal el 29 de abril de 2004. Se trata
de una fiscalización de regularidad cuyos objetivos han sido comprobar si las subvenciones concedidas en las convocatorias de 1998 a 2000 han sido adecuadamente reflejadas en la contabilidad del organismo que las concede y si se ha cumplido
la legalidad en la gestión de estas ayudas. Respecto al primer objetivo, el Tribunal opina que las citadas subvenciones están reflejadas adecuadamente en los estados financieros del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. No obstante, los compromisos de gasto de los ejercicios 1999 y 2000 están sobrevalorados en 2,9 y 1,6 millones de euros respectivamente por el retraso en la contabilización de las anulaciones de
ayudas.
Por lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, se han detectado diversos incumplimientos tanto en la normativa general reguladora de las subvenciones públicas como de la especialmente referida a este tipo de ayudas. En cuanto a la
normativa general, se han incumplido dos preceptos del vigente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria: por un lado, las bases reguladoras aprobadas por orden ministerial de Industria y Energía de 1998 no indicaban el plazo y la forma de
justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedía la subvención, limitándose a señalar que estos aspectos se regulaban en las resoluciones de concesión de las ayudas. Por otro, no se publicaron en el Boletín
Oficial del Estado las subvenciones concedidas, con el consiguiente incumplimiento del principio de publicidad. Además se ha desvirtuado en cierto modo el cumplimiento de los principios de objetividad e igualdad, al no haberse definido de manera
precisa alguno de los requisitos exigidos para poder acceder a estas ayudas.
En lo que se refiere a la normativa específica de esta línea de subvenciones se han detectado también diversos incumplimientos. Por una parte, no se ha respetado el procedimiento previsto en las bases reguladoras para seleccionar los
beneficiarios en régimen de concurrencia competitiva ni se aplicaron procedimientos homogéneos para determinar la cuantía de las ayudas concedidas. Por otra parte, en muy pocas ocasiones los beneficiarios de las subvenciones habían presentado junto
con su solicitud toda la documentación exigida por esa normativa. Las resoluciones de concesión de subvenciones presentan también diversos incumplimientos de la normativa. Así, fueron dictadas fuera de plazo todas las correspondientes a las
convocatorias de 1998 y 1999, y una de las ayudas fue concedida sin la preceptiva autorización del Consejo de Ministros, que la convalidó posteriormente. Asimismo, la justificación de las subvenciones presenta diversas deficiencias formales y
materiales. En especial se han detectado casos en los que se han admitido como gastos justificativos algunas partidas que la normativa no contempla como inversión subvencionable. En otros casos, los gastos subvencionados no se han justificado
adecuadamente. El informe finaliza con cuatro recomendaciones dirigidas a promover la reforma de la normativa reguladora de estas subvenciones, así como de los procedimientos de gestión, con el objetivo de evitar la reiteración de las deficiencias
puestas de manifiesto en esta fiscalización.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña Rosario Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: Señor presidente, en primer lugar, y como en otras ocasiones ha comentado nuestro grupo, quiero decir que este informe llega un poco tarde, con cinco años de retraso respecto a los hechos ocurridos. Decimos esto
porque esta cuestión tiene especial relevancia en cuanto a lo que supone un informe exhaustivo en el que se ponen de manifiesto deficiencias importantes en la gestión de los fondos, unos fondos con los que se trata de financiar proyectos
empresariales generadores de empleo en las comarcas mineras. En este sentido, este informe llega justo en el momento en el que se acaba el Plan del carbón.
Como SS. SS. conocen y sin duda usted mismo sabe, el Plan del carbón finaliza el 31 de
diciembre de 2005, por lo que las recomendaciones que recoge este informe y los análisis que se han hecho de las gestión de estos fondos realmente ya no van a permitir establecer correcciones en la aplicación de los mismos, que tenían un objetivo
muy claro. Por tanto, nuevamente insistimos en que la eficacia de la fiscalización de determinados sectores sería mucho mayor si hubiera más agilidad a la hora de trasladar dichos informes y hacer los públicos. Es importante que estos informes se
gestionen adecuadamente porque, como usted sabe y hoy mismo ha puesto de manifiesto, estas deficiencias pueden concurrir con principios de la legislación general, pueden generar errores a la hora de la aplicación y, sobre todo, impiden cumplir el
objetivo para el que se han creado.
Hay temas que nos preocupan especialmente. En primer lugar, una de las valoraciones que hace el informe es que el instituto no contabiliza puntualmente las anulaciones de ayudas que por revocaciones y renuncias se producían, así como
sobrevaloraciones en torno a dos millones de euros en el ámbito de dos ejercicios revisados, los correspondientes a 1999 y a 2000. En nuestra opinión estas anulaciones obedecen a una mala gestión, ya no tendrían por qué producirse si realmente
todas las partes cumplieran con los condicionantes establecidos a la hora de solicitar las subvenciones. Por otra parte, y desde el punto de vista político -esto está más claro-, no tendría ningún sentido hacerlo así si realmente hubiera un
seguimiento mucho más directo por parte del Instituto del Carbón en cuanto a las empresas que solicitan las subvenciones.
Otra cuestión que nos preocupa con relación a este asunto es el retraso en la resolución de las convocatorias, así como la demora en los beneficiarios de las subvenciones
en cuanto a la ejecución y justificación de las actuaciones subvencionadas. En el año 2000 el grado de ejecución de los créditos del ejercicio fue tan solo del 24 por ciento, lo cual avala más la relevancia que hubiera tenido conocer estos
datos, porque, como también saben SS.SS., en el análisis de la eficacia del Plan del carbón han sido muchas las voces críticas tanto por parte de los sindicatos como de empresarios o alcaldes mineros incluso de nuestro propio grupo a la hora de
evaluar el objetivo de financiación de proyectos generadores de empleo. Además, hay otra serie de incumplimientos a los que usted ha hecho referencia que también son preocupantes y que hubiera sido necesario conocer para poder corregirlos. Usted
mismo lo decía, el principio de objetividad en el procedimiento de concesión de subvenciones y el incumplimiento parcial del principio de publicidad.
Hay otra cuestión con la que se relacionan las preguntas que esta portavoz dirige al presidente, que es el seguimiento de los puestos de trabajo creados. Cuando en el informe se habla de los puestos de trabajo que se han creado en las
comunidades autónomas con la financiación de estos proyectos empresariales, hay un dato que sería fundamental analizar. En este sentido, quiero preguntarle si el Tribunal de Cuentas está analizando ahora los ejercicios posteriores y si se está
haciendo una evaluación de la consolidación de esos puestos de trabajo en los siguientes tres años de la financiación de los proyectos empresariales porque, como también en el informe se reconoce, hay retrasos muy importantes a la hora de plantear
avales y de que se haga una evaluación de las subvenciones solicitadas para los proyectos. Sería muy importante saber si el Tribunal de Cuentas ha hecho una gestión posterior para conocer estos datos.
Hay otra cuestión, el principio de concurrencia competitiva, a la que hace referencia el informe y que nos gustaría conocer, porque en las alegaciones que formula el presidente del Instituto del Carbón parecen apreciarse contradicciones con
lo que plantea el Tribunal de Cuentas. Me gustaría que nos explicara algo más al respecto para conocer en qué se basa el Tribunal de Cuentas para valorar que esas alegaciones no son correctas y poder conocer el criterio del tribunal. Por último,
quiero preguntarle si en los ejercicios posteriores y hasta este año el Tribunal de Cuentas tiene intención de hacer una evaluación también exhaustiva de cada una de las ayudas solicitadas y financiadas y la gestión del propio instituto. Para
finalizar, en cuanto a las alegaciones que se plantean por parte del presidente del instituto -que es el único que hace alegaciones-, el informe del Tribunal dice que se trata de meras explicaciones. Quería que usted fuera un poco más exhaustivo
explicándonos si realmente considera que las alegaciones han sido meras justificaciones o hay alguna incorporación o criterio relevante entre los que se plantean en las alegaciones, que hayan sido tomados en consideración por el Tribunal de Cuentas
a la hora de elaborar este informe. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas y agradecerle su comparecencia para informarnos sobre un tema que, aunque ha quedado ya bastante alejado en el tiempo, todos
somos conscientes que ha despertado interés entre quienes han seguido el Plan de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras de 1998 al 2005. Después de leer con detenimiento el informe aprobado en la primavera del año
pasado por el Tribunal de Cuentas, quien haya seguido, no día a día, pero sí en el tiempo el desarrollo y el funcionamiento del plan y, en concreto, del instituto, verá que las cosas han cambiado como para esperar que el informe correspondiente a
los próximos años con toda seguridad sea un distinto, y en el que estos reparos que ahora se ponen se vean corregidos a lo largo de este periodo.
Supongo que el señor presidente -sería la primera pregunta- nos comentará luego lo que sabe de ejercicios posteriores, y creo tener la razón respecto a que esa preocupación de la portavoz socialista en cuanto a lo ocurrido con posterioridad,
y sobre todo ante el hecho de que a finales de este año finaliza el plan, fue corregida y ella debía saberlo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las recomendaciones que hace el Tribunal fueron debidas a que el Instituto para la Reestructuración de
las Comarcas Mineras y Desarrollo Alternativo se constituyó en 1998 y la gestión de estos fondos suponía en primer lugar una normalización de una plantilla; en segundo lugar, la elaboración de unos reglamentos para la concesión de las subvenciones
a empresas en los primeros años. Dadas las especializaciones de estas ayudas y el proceso administrativo, normalmente es complicado para las empresas subvencionadas acoplar los plazos de ejecución y de justificación, y además se da una nueva
circunstancia: los primeros años de un nuevo tipo de ayudas a empresas muy concretas. Todas estas circunstancias dieron lugar a que se produjesen estados que se han ido corrigiendo con el paso de los años.
También debe tenerse en cuenta que el
seguimiento de las ayudas ha estado coordinado con los sindicatos mineros, como todos saben, firmantes de los convenios y que, en vista de los resultados y de las comarcas, a lo largo de esos años se fueron adaptando a esas circunstancias una vez
que el instituto empieza a funcionar con esa precisión no de la novedad, sino de la puesta en práctica de esa experiencia. Tampoco puede olvidarse, a nuestro juicio, que la gestión directa y la relación con el cumplimiento de esta reglamentación de
las ayudas están encomendadas a las comunidades autónomas donde se solicitan las ayudas por las empresas -por ejemplo, en Asturias era a través del Instituto de Fomento Regional y ahora es el IDEPA-, y todo ello conllevaba una burocratización, un
desconocimiento, pues no olvidemos que se
trata de un plan especial precisamente para ayudar a empresas a crear ese empleo que por el propio plan se prevé que se va a perder en la minería, y todo esto no era nada fácil ni para unos ni para otros.
Aunque legalmente pueda poner el Tribunal de Cuentas un reparo al reparto de los fondos y al apoyo a los proyectos en función de la pérdida de empleo que se produzca en cada comarca minera, quienes participamos en la elaboración de ese plan
tenemos que seguir manteniendo con firmeza que el objetivo político que se perseguía y se sigue percibiendo con ese plan de la minería es no solo el reparto igualitario sin tener en cuenta la repercusión de la pérdida de empleo como consecuencia de
la reconversión minera, sino justamente eso mismo, que se intente dar fondos para la creación de empresas generadoras de empleo en aquellos municipios o zonas que más empleo pierdan en el Plan de la Minería 1998/2005. Me gustaría saber si el
presidente del Tribunal en informes posteriores ha podido estudiar ya ese objetivo político que los habitantes de las comarcas mineras hemos ponderado suficientemente dentro del plan, que era justamente conceder ayudas a empresas que se instalen en
esos lugares, en esos municipios, en esas comarcas, y que esas subvenciones cuantitativamente hablando estén en proporción al empleo que cada comarca, zona o ayuntamiento pueda perder. Ese ha sido el objetivo por el que luchamos muchos durante
bastantes años y esperemos que a quien le corresponde ahora, el Gobierno de la nación, pueda proyectar ante el nuevo plan que se nos avecina ese objetivo político claro, más allá de contemplar por todos y velar por el fiel cumplimiento de la
reglamentación, y lógicamente porque los objetivos del Tribunal son los que son y nadie puede oponerse a que nos dé los reparos sobre una fiscalización que se hace sobre fondos públicos que pagamos todos los españoles. Por tanto, me parece que
estamos ante unos primeros años de puesta en marcha de un plan de subvenciones y de ayudas muy necesario y cuyo objetivo político estaba incluso por encima de pensar que pudieran darse reparos en algo que empieza nuevo y que se ha ido corrigiendo a
lo largo de los años. Esperemos que el nuevo plan no solo vaya a cumplir ese objetivo político, sino que tengamos un verdadero plan que siga ayudando a las comarcas mineras para que allí se puedan instalar empresas y generar el empleo que se va
perdiendo en la minería por los propios objetivos y finalidades del plan.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, hay una sugerencia en cuanto al retraso. En efecto, este es un informe que abarca de 1999 a 2000, el Tribunal de Cuentas lo aprobó hace un año en el 2004 y hay
que reconocer que se aleja un poco en el tiempo pero esta es la situación.
Se han hecho unas preguntas que a veces coinciden sobre los puestos de trabajo y datos de empleo. Ambos intervinientes se han interesado por estos temas. Tengo que aclarar que se trata de una fiscalización que no contempla la eficacia y la
eficiencia; el informe no alude a las actividades objeto de los proyectos subvencionados. Puede ser que haya datos en el Tribunal sobre esto, pero tendrían que pedirlos por escrito.
Es una fiscalización de regularidad contable, de legalidad y de
control interno que pone de manifiesto que las normas específicas y este control han sido insuficientes. ¿Qué pasa con los ejercicios sucesivos?, sugerencia que también han hecho. Pues que habría que hacer otra fiscalización. Esta primera ha ido
encaminada a poner de manifiesto la necesidad de mejorar estas insuficiencias de las normas específicas y de los controles internos. Insisto en que es un informe que no alude a las actividades objeto de proyectos y, por tanto, no cuantifica los
efectos sobre el empleo.
La otra observación es sobre las alegaciones. Una vez más hay que decir que el Tribunal, por el procedimiento contradictorio que tiene, recibe estas alegaciones, las estudia, las tiene en cuenta y después emite un informe.
Queda solamente una observación en la que no coinciden los intervinientes, que es en lo que se refiere a la concurrencia competitiva. En efecto, lo que dice el Tribunal en la página 22 del informe es que en las tres convocatorias anuales
analizadas los procedimientos establecidos en las bases regulatorias sobre concurrencia competitiva no se han respetado.
Este criterio consta en las bases pero no se ha aplicado. Esto es lo que dice el informe y este presidente no tiene más que
añadir.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO Y AUTORIZACIONES A CIUDADANOS EXTRANJEROS, EJERCICIO 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000043 y número de expediente del Senado 771/000042.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del punto número 6, pasamos al séptimo, que es el informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002. Para explicar
el informe tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno aprobó en junio de 2004 el informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002. La
fiscalización de la tasa, gestionada por el Ministerio de Administraciones Públicas a través de las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, se ha visto afectada por importantes limitaciones, a consecuencia de las cuales el Tribunal no ha podido
comprobar la corrección de los importes aplicados al presupuesto de ingresos del Estado, la conciliación de los datos de recaudación facilitados por la
Agencia Tributaria, si se practican o no todas las liquidaciones procedentes, el importe de las tasas liquidadas, el de las recaudadas y el de las que debieran tramitarse en ejecutiva, ni la cifra de deudores.
La caracterización normativa de la tasa adolece de serias incongruencias y plantea numerosas dudas de interpretación y de legalidad, principalmente en la determinación de las cuotas tributarias y en las exenciones. Esta situación está
causada por la falta de adaptación a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, de los supuestos y cuantías establecidos en la normativa anterior (Ley 29/1968, redactada por la Ley 13/1996). Por otro lado,
tampoco ha podido verificar el Tribunal el cumplimiento del principio de equivalencia que exige la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos. No existe constancia de la memoria económico-financiera cuya elaboración exige esta ley.
El sistema de control interno presenta importantes debilidades: no están debidamente clarificadas las competencias y funciones en materia de gestión y control de las tasas; no existen registros adecuados de las actuaciones practicadas; no
se ha establecido un archivo correcto de los expedientes; no se realiza seguimiento sobre las liquidaciones, la recaudación y los deudores; y no existen órganos encargados del control y supervisión de la gestión de la tasa. En el examen de una
muestra de expedientes de gestión de la tasa se ha observado la no constancia de la resolución de concesión del permiso; errores en el importe de la liquidación; omisión de algún elemento esencial para dicha liquidación; falta de indicación del
plazo de pago y de aplicación de los recargos procedentes; no constancia de notificación y omisión de justificante bancario del pago de la tasa.
Respecto a la recaudación, las deficiencias más importantes han sido: la no realización por el MAP de conciliación alguna entre los datos de recaudación facilitados por la Agencia Tributaria; la falta de fiabilidad de los datos de
recaudación facilitados por el MAP; la utilización incorrecta del modelo 990 como autoliquidación; la no tramitación en vía ejecutiva, en ningún caso, de las tasas no abonadas en periodo voluntario; y el cobro en efectivo de la tasa en una
oficina durante un breve periodo de tiempo, contraviniendo los procedimientos establecidos.
El Tribunal recomienda al MAP y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la mejora sustancial del sistema de control interno en la gestión de la tasa; la conciliación de la normativa en materia de extranjería con la de las tasas
aplicadas a los distintos supuestos derivados de la misma, así como la elaboración de la memoria económico-financiera exigida por la Ley Orgánica 4/2000 y la Ley de Tasas y un mayor rigor en la gestión y recaudación de la tasa.
El señor PRESIDENTE: En el turno de aclaraciones y preguntas, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Muchas gracias, señor presidente, por su exposición.
De la lectura de este informe se derivan curiosas sensaciones que me han hecho -y no sé si eso es muy bueno, lo digo porque es mediano de tamaño- leérmelo varias veces para ver si la sensación previa que daba era correcta o no lo era, que me
había venido dada también por las conclusiones, y al final -permítame que se lo diga, señor presidente- me ratifico en mi primera impresión. El Tribunal de Cuentas relata el proceso de liquidación de una tasa peculiar. En ningún momento dice que
para que se produzca el hecho importante, que es el permiso de trabajo, la tasa tiene que estar ingresada inexcusablemente. No es como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que para que el expediente de permiso de trabajo y de
residencia siga adelante es absolutamente necesario que la carta de pago de la tasa se acompañe a ese expediente, es decir que lleva incorporado el régimen de control de la recaudación por sí mismo. Se van contando las mismas cosas desde diferentes
puntos de vista y llega uno a la conclusión de que hay que ver cuántas observaciones, pero cuando empieza a cruzarlas dice: ¡pero si estamos hablando de lo mismo! De lo mismo cuando se habla de la falta de control entre los expedientes y los
ingresos; de lo mismo cuando se dice que no se sabe cuál es la cantidad que se ha ingresado y cómo se cuadra con el expediente. Por eso no se saben ni los deudores ni la cantidad ingresada, ni si hay expedientes de apremio o no. Es algo que da
vueltas y vueltas y que pasa muchas veces cuando se va viendo desde distintos ángulos o puntos de vista, y a quien tiene que tomar resoluciones sobre él (es la obligación de esta Comisión, de la que hemos estado hablando ampliamente en la otra parte
de la sesión, procurar eficacia y eficiencia) le deja un poco insatisfecho, con independencia de que al final no se sabe si son 21 millones de euros, 302.546 o pudieran haber sido más o menos porque a lo mejor en el proceso de ingreso de la tasa, en
vez de ingresarse en un sitio está en otro, pero vuelvo a decir que lo importante de esta tasa es que un expediente generador de derechos tan imprescindible como es el permiso de residencia y trabajo de los extranjeros no puede seguir adelante si no
lleva la carta de pago de la tasa adherida. La tasa se ha ingresado y se ha hecho donde debe hacerse.
Como también hemos dicho en otras ocasiones, y para no alargarnos mucho, no es el momento procesal de efectuar discursos de gestión sino de preguntarle determinadas cuestiones al presidente del Tribunal, y le voy a preguntar tres, dos que
podemos llamar aclaratorias y una informativa.
La primera es aclaratoria. Le pido que sea benevolente conmigo y me dé su opinión. ¿No cree el señor presidente que cuando se habla de las limitaciones y se dice A B C D E F y G, todo es lo mismo,
porque la G proviene de la F, la F de la E, la E de la D, la D de la C y así sucesivamente? ¿O sea que no estamos ante diez limitaciones sino ante la misma y que tenemos un procedimiento de registro un poco particular?
La siguiente cuestión aclaratoria tiene que ver con algo a lo que se ha referido usted en relación con el informe anterior: el tratamiento de las alegaciones y su interpretación por el Tribunal de Cuentas en el momento de hacer el informe
definitivo. De la lectura de las alegaciones, que yo creo que son importantes por la índole del informe que ha efectuado el Tribunal, se deduce que hubo alegaciones previas y porque así se dice en lo que nos presenta. La subdirectora de
Administración Financiera del Ministerio de Administraciones Públicas -y luego me voy a referir a las fechas en las que se ha producido esto- dice que se ratifica en las alegaciones previas porque cree que es lo mismo lo que tiene que decir y por
eso no aporta nuevas. Sin embargo, esas alegaciones ni se nos aportan en el informe ni se hace referencia en el mismo. Yo creo que nos falta información porque se dice: de las alegaciones que están -y se dice algo más a lo que me voy a referir
ahora- no tenemos que cambiar nada. Claro, porque prácticamente no dicen nada. Lo único que dicen es que en tres años de un millón y pico de expedientes solo han tenido un número ínfimo de expedientes de apremio porque no se ha analizado qué es lo
que significa esta tasa, que vuelvo a decir que es muy difícil que sea una tasa que pueda llegar a apremio, y solamente habla un poco de esa denuncia, a la que se le da tanta importancia en el informe, en cuanto a que no se hace un buen seguimiento
de los expedientes de apremio. Quiero poner de manifiesto algo que a lo mejor he personalizado, pero para la eficacia de los informes que hace el Tribunal éste debería ser un poco más exquisito. Al informe se han mandado alegaciones y ya sé que
hay que hacer principio de gestión continuada. Vencía el 1 de mayo y el Gobierno actual toma posesión el 18 de abril -lo sé bien-, pero ya desde el 14 de marzo se sabe y se han mandado alegaciones a este informe en pleno cambio de Gobierno,
sabiendo que además cambiaba el partido que iba a llevar las riendas del Gobierno. Ruego al Tribunal que no haga este tipo de cosas porque luego hay mucha menos eficiencia y eficacia para poder analizar los informes. La Administración tiene que
tener en cuenta el principio de gestión continuada, pero también cuándo hay un cambio de Gobierno de este tipo. Es más, dice el propio informe que han sido muy generosos, dadas las alegaciones mandadas por fax por una subdirectora que dice que el
ministro ni está sentado y que se lo tienen que contar, y después el ministro ratifica lo mismo que dice la subdirectora. A lo mejor hubiéramos podido tener unas alegaciones que nos dieran algo más de información, sobre todo vistas las materias que
tenemos.
Mi pregunta informativa es si como consecuencia de este informe se ha abierto alguna pieza separada o algún juicio de responsabilidad contable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado don Antonio Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Sé que la naturaleza jurídico-parlamentaria de esta comparecencia es interpelar o pedir aclaraciones al presidente del Tribunal Cuentas sobre el informe que traemos a colación, pero indefectiblemente me da la
impresión de que en este trámite me voy a referir a alguno de los aspectos a que ha aludido la portavoz del Grupo Popular.
Nosotros queremos felicitar al Tribunal de Cuentas por este informe. Nos parece un buen informe, un informe riguroso. Todo el rigor que tiene el informe es el que le falta a la regulación, gestión, liquidación y recaudación de las tasas
sobre los permisos de trabajo y las autorizaciones a ciudadanos extranjeros, y nadie tiene que darse por aludido porque concretamente la regulación es un defecto del año 2002, pero también de años anteriores. No pasa nada y es así. El hecho de que
felicitemos al Tribunal se produce básicamente porque ha tenido muchas limitaciones a la hora de hacer este informe. No se ha podido comprobar, como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, si las tasas se ingresan o no se ingresan. Dice
textualmente el informe en su página 21: El Tribunal ha detectado varios casos en que las tarjetas se habían entregado sin acreditar el pago de la tasa ni el inicio de la vía de apremio. Lo dice en la página 21, primer párrafo. Ni tan siquiera se
ha podido comprobar el importe de las tasas liquidadas ni que ese ingreso en el presupuesto de ingresos del Estado sea el realmente recaudado. El Tribunal ha tenido muchas limitaciones a la hora de hacer el informe, a pesar de que creemos que es
riguroso. Me parece que lo que el informe pone en evidencia es algo muy grave, y es que la regulación legal es absolutamente inadecuada. Dice que hay conflictos interpretativos y de legalidad a la hora de tratar este tema. Pone en duda que se
estén respetando dos principios fundamentales, el de equivalencia y el de proporcionalidad, a la hora de establecer estas tasas. Respecto a las tasas cobradas en los procesos de regularización extraordinaria de los años 2000 y 2001, prácticamente
nos dice el Tribunal de Cuentas que se ha actuado directamente al margen de la legalidad; hay una tasa habitual de 27.000 pesetas, 162 euros, y en esos procesos de regularización extraordinarios se decidió que la tasa era de tres euros, 500 de las
antiguas pesetas.
Del mismo modo, el Tribunal textualmente pone en evidencia que el sistema de gestión de la tasa establecido por el MAP carece de los mecanismos básicos que permitan configurar un sistema de control interno, sustancial y fiable. Me parece
que lo que nos está describiendo, quizá subjetivamente -por lo que nos ha enunciado el presidente del Tribunal de Cuentas-, es un auténtico panorama desolador en torno a esta tasa, un auténtico caos; descoordinación que roza peligrosamente la
legalidad. No me gusta exagerar, porque la exageración siempre tiende a la caricatura, pero yo diría que en torno a esta tasa hay una situación anárquica. Yo conocía que la Administración relacionada con la extranjería y la inmigración -en la que
he tenido cierta experiencia de
trabajo durante unos años- no funcionaba excesivamente bien, pero en relación con esta tasa veo que funciona aún peor. Da la impresión de que este es un síntoma de una situación que se da respecto a las carencias que tiene esa
Administración. Pero el Tribunal de Cuentas en este caso, a diferencia de lo que ocurría en el informe anterior, sí entra a evaluar la eficiencia y la eficacia, incluso entra a evaluar el servicio.
Respecto a los servicios y a la Administración de
extranjería dice: La puesta en funcionamiento de las oficinas no ha estado, sin embargo, acompañada de los medios personales y materiales suficientes. Las instalaciones no son adecuadas; por lo general no hay estancias idóneas para los
solicitantes de los permisos; las salas y despachos carecen de las condiciones materiales adecuadas; el grado de eficacia de la resolución de las solicitudes de permiso de trabajo es escaso en la mayor parte de las oficinas; el tiempo de
tramitación medio de un permiso de trabajo y residencia en Barcelona, por ejemplo, es de quince meses, de doce meses en Zaragoza, de ocho meses en Madrid. Fíjense, señorías, señor presidente, que la renovación de un DNI, que es una documentación
equivalente, tardásemos quince meses en resolverla. Creo que todo esto pone en evidencia que en relación con la Administración de inmigración y extranjería hay una serie de déficit muy grandes, y este desorden en torno a esta tasa que se cobra por
la expedición de este permiso simplemente es, como antes decía, el síntoma de esa grave enfermedad que tenemos.
Voy a hacer una serie de peticiones de aclaración. Quizá le esté pidiendo al presidente que vaya más allá de sus competencias, y me dicen que lo habitual es que no lo haga, pero a fuer de ser insistente -espero que no impertinente- le voy a
pedir alguna reflexión en torno a alguno de los temas que expone el informe. Creo que lo más urgente -y que conste que algunas de las respuestas subyacen o está en las recomendaciones que hace el informe- es una regulación rápida de este tema,
porque estamos rozando la alegalidad en esta cuestión. La segunda, es si el presidente cree que hay algún mecanismo real para resolver una situación fáctica que se da en el cobro de esta tasa y es que normalmente son los trabajadores los que la
pagan, a pesar de que una parte de la tasa la debe pagar el empleador que ofrece el trabajo al trabajador extranjero. La tercera es que como en el año 2002 se establece un nuevo sistema informático por parte del MAP si considera que después de ese
año se han corregido esas deficiencias; porque si esa nueva aplicación informática del MAP no corrigiese las deficiencias que se han detectado en este informe, creo que lo más oportuno sería que a la mayor brevedad posible el Tribunal hiciese una
nueva fiscalización de la situación para ver si ha mejorado o no. Y la última es respecto a los principios de proporcionalidad y de equivalencia, y es si entiende el presidente que de alguna forma la regulación se tendría que modificar para que
realmente la tasa respondiese a esos principios de proporcionalidad y equivalencia, si bien el principio de proporcionalidad, al ser la tasa un pago por una contraprestación, es dudoso -según la doctrina- que tenga que ser proporcional a la
contraprestación que se está realizando o al servicio individual que se está haciendo. Nos parece que incluso el propio esquema de la tasa habría que cambiarlo. No parece muy razonable que se esté pagando una tasa muy elevada para un permiso de
residencia inicial, es decir, una persona que nunca ha trabajado, y que esa tasa sea menor para los permisos cuando ya se van renovando. Estas son algunas de las reflexiones o preguntas que le hacemos al presidente y entenderíamos que en alguna
medida no fuesen respondidas porque exceden de su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Se ha hecho mención a las limitaciones, incluso a la posibilidad de que algunas estén relacionadas o se desprendan unas de otras. Lo que dice el informe en las páginas 10 y 11 es
que se han producido importantes limitaciones que están causadas fundamentalmente por el sistema de información. El presidente no tiene por qué entrar en este tema ni hacer otras valoraciones que las que dice el informe.
En cuanto al tratamiento de alegaciones, en efecto, el presidente no puede ocultar que cuando hay un cambio de Gobierno hay que ser extremadamente delicado en esto. Yo mismo como consejero he vivido estos cambios, pero no puedo decir otra
cosa que lo que se dice en la página 12. El informe se manda a los gestores anteriores y a los nuevos y en él deben constar todas las alegaciones que han hecho los gestores -y así constan en el informe- y que el ponente ha valorado como
corresponde, como se hace en cualquier otro caso.
Otra pregunta se refería a las responsabilidades contables. En efecto, el ministerio fiscal respecto de los recargos procedentes por solicitudes fuera de plazo, y en otros casos, ha podido apreciar que pueden ser supuestos de posibles
responsabilidades contables y, según la información que tengo aquí, el departamento correspondiente lo ha mandado ya a la sección de enjuiciamiento.
En cuanto a la reflexión que puede hacer el presidente sobre la regulación, precisamente para eso vienen aquí los informes, para poner de manifiesto cuando en un control de legalidad se aplica o no se responde a esa legalidad y cuando hace
falta que se modifique. Creo que esto está claro en todo lo que se refiere a la adaptación a la Ley de extranjería de las leyes anteriores.
Por lo que se refiere a la reflexión que se me pide sobre el principio fáctico, en efecto, hay que reconocer que se trata de un problema delicado y, como dice el informe, a veces el modelo 990 se ha aplicado como modelo de autoliquidación y
puede ser que de ello se pueda interpretar que el que lo tiene que rellenar a lo mejor no está en las mejores condiciones, pero poco más puedo añadir que lo que dice el informe en las páginas 38 y 39.
En cuanto al principio de equivalencia el informe es claro. Para que se haga realidad este principio tiene que haber las memorias y estudios económicos necesarios para aplicar la Ley de Tasas y Precios Públicos.
Esto está claro en la
página 16 del informe. En dicha página también se hace alusión al principio de capacidad económica y a que son necesarios los correspondientes estudios. No creo que a este presidente le corresponda hacer más reflexiones sobre el tema.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL REALIZADA POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, EJERCICIO 2002, RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA. (Número de expediente del Congreso 251/000061 y número de expediente del
Senado 771/000062.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día: informe de fiscalización de la gestión contractual realizada por las diputaciones provinciales, ejercicio 2002, respecto de los servicios de asistencia domiciliaria. Para
explicar el informe tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En enero de 2005 el pleno del Tribunal aprobó el informe de fiscalización de la gestión contractual realizada por las diputaciones provinciales, ejercicio 2002, respecto de los
servicios de asistencia domiciliaria. El informe pone de manifiesto que la titularidad competencial de la asistencia social estaba asumida por la totalidad de las comunidades autónomas con distintas terminologías y con un desarrollo normativo que
difiere sustancialmente en cada una de ellas; circunstancia que incide directamente en el contenido, calificación y grado de implantación de los distintos servicios sociales en que se articula, entre ellos, en el de la asistencia domiciliaria.
De las disposiciones autonómicas analizadas resultan importantes diferencias que se traducen en una distinta satisfacción de las necesidades sociales en las distintas provincias españolas, consecuencia de la desigual regulación y de la
ausencia de una normativa básica respecto del concreto y común contenido de las prestaciones del derecho a la asistencia social y de los derechos y obligaciones de sus usuarios.
Esta variedad normativa incide también en la distribución de
competencias que de esta materia se ha realizado en las distintas comunidades, lo que ha supuesto la relegación competencial de las diputaciones provinciales en la ejecución de los servicios sociales en beneficio de la Administración autonómica,
municipal o de otros entes locales de creación autonómica, incluso con la transferencia de recursos que correspondían a las diputaciones provinciales al correspondiente ámbito autonómico, contraviniendo el principio de autonomía local. Del examen
de expedientes del servicio social de ayudas a domicilio gestionadas por las diputaciones, el informe concluye destacando la ausencia de ordenanzas reguladoras, la existencia de limitaciones al principio de libre concurrencia, la falta de
procedimientos normalizados para el control de la ejecución de la prestación y de estudios previos a la apertura del procedimiento contractual, así como la falta de normas sobre tarifas. La fiscalización de la gestión del servicio de teleasistencia
ha puesto de manifiesto que en los convenios de colaboración suscritos por las diputaciones provinciales falta referencia a disposiciones reguladoras, generando discrecionalidad y dificultando el control de las actuaciones.
No resulta adecuada la
encomienda que a través de ellos se realiza a la Federación Española de Municipios y Provincias. Se han suscrito convenios entre las diputaciones y los ayuntamientos dotando de gran complejidad al procedimiento para la prestación del servicio. No
se ha regulado por la mayoría de las diputaciones que los prestan el mencionado servicio ni constan los procedimientos utilizados para verificar la realidad de la ejecución de la prestación y su calidad. El informe recomienda solventar las
deficiencias apreciadas y la mejora en el instrumento de gestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, en el turno de aclaraciones y preguntas, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: El informe que nos ocupa ahora y que en principio es de gestión contractual, como su nombre indica, vuelve a centrarse en una materia que es absolutamente imprescindible que esté bien regulada en estos momentos,
y mucho más en el futuro, para asegurar la calidad de vida de los españoles y su estado de bienestar. Todos conocemos que uno de los principales problemas que tienen las sociedades actuales, la española con un poco más de retraso que las europeas,
es el problema del envejecimiento y la necesidad e incluso la promesa del presidente del Gobierno de que antes de que se termine el año, si no lo entendido mal, se pondrá en marcha un proyecto de ley de dependencia, que tiene mucho que ver con lo
que hoy nos ocupa.
Este tipo de informes como el que hemos visto hace un rato en la sesión anterior, que son informes horizontales sobre la prestación de un determinado servicio en muchas entidades, independientes entre sí, con competencias propias y
autónomas, hacen que las recomendaciones o las conclusiones a veces no se puedan generalizar, porque el problema que tiene uno no lo tiene por qué tener el otro, porque son absolutamente independientes y están trabajando en el ejercicio de sus
competencias, pero pueden servir para otro tipo de análisis. Exclusivamente le voy a hacer una pregunta al presidente, porque ya llegará el momento de hacer las resoluciones, sobre algo que dice en el comienzo del informe y también en la exposición
que ha hecho. Cuando se ha referido al cumplimiento del principio de igualdad proclamado por la Constitución, en relación
con lo que ha dicho de que todas las comunidades autónomas tenían esta competencia asumida, ¿no cree el presidente del Tribunal que en el ejercicio de la autonomía competencial en este tipo de servicios sociales básicos no se daría, y de
hecho se está dando en otros como la Sanidad, un diferente grado de prestación? Porque de alguna manera subyace en lo que se dice, quizás no en las recomendaciones pero sí en determinados párrafos que fuera de contexto podrían llevarnos a unas
opiniones determinadas sobre a dónde se puede llegar con el principio de igualdad de la Constitución española o cómo se podría instrumentar. En este caso han analizado que no solamente viene por las prestaciones que se da, sino porque en algunos
casos son más gratuitas que en otros, por decirlo de alguna manera. Aprovechando esta comparecencia y porque nos viene bien para el trabajo que tenemos que realizar en otros ámbitos, le pregunto hasta dónde entiende el presidente del Tribunal, o si
se deduce de este informe, que debe llegar ese principio de igualdad.
Del resto no tengo ninguna otra pregunta que hacerle porque el informe es suficientemente claro.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, en nombre del Grupo Socialista quiero felicitarle por el excelente trabajo que han realizado y darle las gracias por sus reflexiones, por sus exhaustivas consideraciones, por
los argumentos que nos presenta y, sobre todo, por sus recomendaciones. Para el Grupo Socialista la ayuda a domicilio no es prestación secundaria o menor, es un servicio de gran valor que determina la calidad de vida de muchas personas y soluciona
muchas dificultades que tienen para el desarrollo de su vida diaria las personas dependientes y sus familias.
También quería considerar, igual que ha hecho la portavoz del Partido Popular, que estamos en un momento especial. El Grupo Socialista está muy satisfecho porque sabemos que pronto llegará a esta Cámara la ley para la promoción de la
autonomía personal, la ley para atender a las personas dependientes y seguro que coincidimos en que va a haber un antes y un después en la prestación de este servicio. Porque esta ley lo considera un servicio estrella. Por eso, el esfuerzo que ha
realizado su institución, el rigor de este diagnóstico de la ayuda a domicilio en las diputaciones provinciales señalando sus debilidades, su precariedad, la falta de normativa, las irregularidades, sin duda nos va a ayudar a avanzar de cara a esta
ley en un servicio de ayuda a domicilio de más calidad, más eficaz, mejor coordinado por las administraciones que lo prestan, más accesible, más próximo para las personas que lo necesitan y más sensible, realizado por profesionales formados, por
empresas sensibles y rigurosas. No le quepa duda, señor presidente, de que se van tener en cuenta cada una de sus consideraciones, de sus recomendaciones.
Quiero agradecerle nuevamente este informe. En este momento no procede por nuestra parte
hacerle ninguna pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para contestar, el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Por lo que veo sólo hay una pregunta. Este presidente preferiría que hubiera cientos de preguntas a una de esta categoría. (Risas.) No obstante, como es en torno a un informe
que hizo el tribunal, este presidente cree que algo debe decir, además de señalar su dimensión. En efecto, el informe dice que la genérica atribución a las comunidades autónomas sobre el desarrollo legislativo del principio de igualdad del artículo
9.2 de la Constitución, competencia que han asumido todas las comunidades autónomas, ha dado lugar a un desarrollo heterogéneo. Como consecuencia de esto, el informe pone de manifiesto estas diferencias, grado de implantación, contenido de las
prestaciones, costes, imputación presupuestaria, etcétera; diferencias que se pueden traducir también en la satisfacción de estas necesidades y que hay, lo dice también el informe, una ausencia de una legislación básica. Pero de ahí no pasa el
informe. La prueba está en que las recomendaciones se refieren solo al ámbito de la gestión. El tribunal no recomienda más que lo que es en el ámbito de la gestión. Puede ser que estos datos sean muy útiles a este Parlamento para valorar estos
resultados y proceder como estime conveniente, pero siempre teniendo en cuenta estos resultados y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Si de la lectura de una parte del informe se puede desprender que se hagan preguntas de ese tipo al
presidente, este tiene que decir que, ajustándose estrictamente al informe, de ahí no se pasa, porque las recomendaciones no trascienden del ámbito de la gestión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor presidente del Tribunal de Cuentas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.