DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 51

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC ANTICH OLIVER

Sesión núm. 14

celebrada el martes, 29 de noviembre de 2005

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Debate y votación de las propuestas de resolución:


-Nota complementaria del informe de fiscalización especial sobre los centros mancomunados de Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (corresponde al número de expediente 251/000134 de la VII
Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000017 y número de expediente Senado 771/000015.) ... (Página 2)

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-Informe de fiscalización sobre el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ejercicio 2001 (corresponde al número de expediente 251/000135 de la VII Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000018 y número de expediente Senado
771/000017.) ... (Página 4)


-Informe de fiscalización global de las operaciones de privatización de empresas estatales y otras operaciones significativas de venta de acciones de estas entidades realizadas en el periodo 1996-2002. (Número de expediente Congreso
251/000081 y número de expediente Senado 771/000078.) ... (Página 6)


-Informe de fiscalización de las ayudas concedidas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el marco del III Acuerdo de formación continua en las Administraciones públicas, ejercicio 2001 (corresponde al número de
expediente 251/000136 de la VII Legislatura).
(Número de expediente Congreso 251/000019 y número de expediente Senado 771/000018,) ... (Página 7)


-Informe de fiscalización de la gestión de los recursos obtenidos y aplicados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con especial referencia a los ejercicios 1998, 1999 y 2000. (Número de expediente Congreso
251/000082 y número de expediente Senado 771/000080.) ... (Página 8)


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre:


-Informe de fiscalización especial de las relaciones financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social con las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia a las
operaciones del Fondo de prevención y rehabilitación.
(corresponde al número de expediente 251/000140 de la VII Legislatura).
(Número de expediente Congreso 251/000023 y número de expediente Senado 771/000023.) ... (Página
12)


-Informe de fiscalización del cumplimiento del contrato-programa suscrito entre la Administración General del Estado y Renfe para el periodo 1999/2000 (corresponde al número de expediente 251/000143 de la VII Legislatura. (Número de
expediente Congreso 251/000026 y número de expediente Senado 771/000026.) ... (Página 15)


-Informe de fiscalización del programa 313 G, Plan Nacional sobre Drogas, y de la gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000087 y número
de expediente Senado 771/000086.) ...
(Página 19)


-Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000093 y número de expediente Senado 771/000094.) ... (Página 24)


-Informe de los sectores públicos autonómico y local, ejercicio 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000094 y número de expediente Senado 770/000007.) ... (Página 33)


Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta minutos.



DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


NOTA COMPLEMENTARIA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE LOS CENTROS MANCOMUNADOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000134 DE LA VII
LEGISLATURA) (Número de expediente del Congreso 251/000017 y número de expediente del Senado 771/00015.)


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.



En primer lugar vamos a fijar la hora de votación, que será no antes de las once y media, si los portavoces y los grupos no tienen nada que objetar.



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Comenzamos con el debate y votación de las propuestas de resolución. El primer punto es: Nota complementaria del informe de fiscalización especial sobre los centros mancomunados de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. Hay una propuesta de resolución de Coalición Canaria, pero veo que no hay ningún representante del grupo en estos momentos en la sala.



El señor ARMAS DÁRIAS: Con relación a la propuesta de resolución de Coalición Canaria, creo que hay un error y que a lo mejor no es para tratarse en esta Comisión, porque habla de las mutuas y uno de los informes que hoy presenta el
Tribunal de Cuentas en esta Comisión trata de ellas. Por si me equivoco yo, le agradecería que lo comprobara.



El señor PRESIDENTE: Señor Armas, lo que haremos será continuar con las propuestas de resolución que han presentado los demás grupos. Si viniera el representante de Coalición Canaria mientras estemos en ese debate, le dejaremos explicar su
posición y, si no, decaerá la propuesta de resolución, porque nadie la habrá defendido.



Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, doña María Eugenia Martín, para defender sus propuestas de resolución.



La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Estamos hablando de un informe de fiscalización de los centros mancomunados de prevención y rehabilitación, cuyos antecedentes son las instalaciones y servicios mancomunados creados al amparo de decretos de 1967
y de 1976, y que habían de adaptarse a una nueva normativa de 1995. Para ello tenían un plazo que culminaba el 31 de diciembre de 1996. Esta adaptación debía aprobarse por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Entre una y otra normativa
hay diferencias importantes, que podemos centrar en dos. Por una parte, las anteriores instalaciones realizaban prevención de riesgos y recuperación profesional y las actuales, aquellas cuyos estatutos sean acordes al decreto de 1995, solo
recuperación. Por otro lado, las anteriores no tenían personalidad jurídica diferente a las propias mutuas que la componían y las actuales, sí.



Como consecuencia, tenemos que, de los seis centros mancomunados existentes, dos se reconvertirán, adaptando sus estatutos al decreto de 1995, si no ha sucedido ya, y los cuatro restantes se disolverán. A su vez, cada centro, en estos
caminos de disolución o adaptación de los nuevos estatutos, tienen unas circunstancias propias, que hacen que sigan unas vicisitudes concretas. Las propuestas de resolución están hechas con los datos que conocemos, septiembre de 2003. El otro día
el presidente tampoco nos podía concretar. Quiero decir que las dos primeras propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular lo son en el supuesto de que no hubiera culminado un proceso u otro. La primera propuesta de resolución va
dirigida a que por el Ministerio de Trabajo se impulse la adaptación de los estatutos del centro de Levante y del centro intermutual de Euskadi al decreto de 1995. Esta propuesta es prácticamente igual a una presentada por el Grupo Socialista. La
segunda propuesta de resolución ve dirigida a que por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se impulse la disolución del centro mutual para rehabilitación de Sant Cugat del Vallès. El centro intermutual de seguridad está íntimamente
relacionado con la asociación para la prevención de accidentes; como se desprende del propio expediente parece ser que requiere una liquidación conjunta, una disolución conjunta, de una forma ordenada y coordinada. Y por otra parte, del centro
mutual de prevención, recuperación y rehabilitación y del centro de bienes de la agrupación intermutual Madín y Unión Mutuas.



Nuestra tercera propuesta de resolución se debe a que en el centro de Levante y en el centro de Euskadi, es decir, aquellos que se mantienen vivos y que van a adquirir personalidad jurídica cuando adapten su estatuto, si no lo han hecho ya y
por tanto la tienen, se han observado situaciones de incompatibilidad de los facultativos que prestan simultáneamente sus servicios en centros sanitarios financiados con fondos públicos, incluso después de que los centros hayan realizado campañas
para detectar estas situaciones de incompatibilidad, incorporando declaraciones personales de los propios facultativos sobre su situación. Lo que nosotros intentamos es que se promuevan nuevamente estas campañas y que se realice una coordinación y
colaboración con los citados centros y los servicios de salud de la Comunidad Autónoma Valenciana y el servicio de Salud de Euskadi-Osakidetza. Esta también es de características similares a una propuesta presentada por el Grupo Socialista.



Por último, en la cuarta propuesta de resolución decimos que, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social se realice una valoración global, subrayo lo de global, del concierto que tienen suscrito esta entidad gestora de la
Seguridad Social con el centro intermutual de Euskadi, para la realización de pruebas complementarias en el proceso de calificación y revisión de las prestaciones de incapacidad permanente.
Parece ser que en algunos supuestos se han observado unos
precios superiores a los del mercado y por ello decimos que hay que hacer una valoración global, porque puede ser que en unos supuestos haya un precio superior, en otros uno inferior y en otros uno adecuado. Además, estas pruebas, en los conciertos
suscritos, en el concierto marco, por decirlo de alguna forma, tienen que realizarse en un periodo de tiempo determinado, en unos plazos. Nosotros queremos que se realice la valoración global, que se estudie el concierto y que en su caso se adecuen
los precios a la realidad de 2006.



Es probable que posteriormente lleguemos a alguna enmienda transaccional en estas propuestas de resolución que son similares o en algún caso igual a las presentadas por el Grupo Socialista.



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El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Armas.



El señor ARMAS DÁRIAS: Señorías, nuestra propuesta de resolución está basada, como no podía ser de otra manera, en el informe que el señor presidente del Tribunal de Cuentas realizó sobre esta materia, en una nota complementaria y en el
informe de fiscalización inicial de los centros mancomunados de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentado en la última Comisión.



En ese informe se veía la irregular situación de los centros mancomunados, puesto que todavía el ministerio en aquella ocasión no había aprobado la resolución de adaptación de los estatutos de esos centros mancomunados al nuevo reglamento
así como algunas otras cuestiones también relacionadas con la liquidación de aquellos que no habían tenido ninguna actividad.
Esto hacía que los centros que seguían teniendo actividad no tuvieran legitimidad jurídica para seguir funcionando,
mientras que de los que no habían tenido actividad no se podía realizar la liquidación de los bienes y crear las oportunas comisiones liquidadoras de los bienes patrimoniales que podían tener relación con la Seguridad Social. Nuestras propuestas de
resolución iban en esa línea, que es, como también se ha manifestado, coincidente con la del Grupo Popular en la exigencia del cumplimiento de las resoluciones del Tribunal de Cuentas en el sentido de adaptar los estatutos o aprobarlos, porque
algunos ya lo habían presentado, si procedía su adaptación a los nuevos reglamentos, para que estos centros tuviesen la seguridad jurídica que necesitaban para seguir funcionando como tales.



Nos parece muy interesante no solo instar, que es una de las permanentes exigencias de esta Comisión, al ministerio o a los organismos públicos correspondientes, después no sabemos si esos organismos públicos han cumplido esa exigencia o esa
petición nuestra. Es importante que esta Comisión apruebe la obligatoriedad, entre comillas, de que aquellos a quienes nosotros instamos al cumplimiento, nos comuniquen a su vez a esta Comisión si efectivamente se han cumplido las peticiones que se
han realizado, que pueden coincidir o no, en este caso coinciden, con las del Tribunal de Cuentas. Por eso en nuestra propuesta de resolución se hace una petición al ministerio correspondiente de que, en un plazo no superior a 6 meses, comunique su
decisión, el cumplimiento, o las causas que han impedido el cumplimiento de nuestras peticiones. Es una petición básica y fundamental para que esta Comisión tenga un sentido de mayor exigencia, de que se cumplen sus peticiones y que se siguen las
materias que el Tribunal de Cuentas nos oferta.



El resto de propuestas son prácticamente coincidentes, con algún giro, con las propuestas del Grupo Popular. En definitiva, creo que podríamos llegar a un entendimiento y hacer una propuesta conjunta para poderla votar, porque el interés y
el objetivo es que se cumplan las resoluciones y las decisiones cuando son ajustadas a derecho; la diferencia es más de carácter técnico que político, que sería más discutible.



El señor PRESIDENTE: Ruego a los grupos que cuando tengan la transaccional, la hagan llegar a la Mesa.



-INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), EJERCICIO 2001 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000135 DE LA VII LEGISLATURA) (Número de expediente del Congreso 251/000018 y número de expediente del Senado
771/000017.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto, que es el informe de fiscalización sobre el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, ejercicio 2001.



Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Eugenia Martín.



La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Hablamos de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo de Garantía Salarial. Lo dije el otro día y lo repito hoy, es una entidad compleja, entidad que tiene por objeto abonar los
salarios en caso de insolvencia del empresario, subrogarse en los derechos de los trabajadores y así convertirse en acreedor respecto del empresario, recuperar esa deuda, que son las prestaciones abonadas a los trabajadores, todo ello conjugándose
con las exigencias de la continuidad empresarial y salvaguarda del empleo y, además, quedando reflejado en los correspondientes estados contables, unido, evidentemente, a realizar una gestión presidida por los principios de eficacia y eficiencia.
Todo ello justifica el calificativo que he citado de entidad compleja. Quiero, como dije en la anterior Comisión, felicitar al Tribunal por su informe y también al Fondo de Garantía Salarial por atender mayoritariamente las observaciones que ha
realizado el Tribunal de Cuentas en todos los aspectos de esta fiscalización: la fiscalización financiera, la fiscalización de cumplimiento y una fiscalización de procedimiento. No obstante, es verdad que hay aspectos reflejados en el informe que
el Fogasa debe corregir, pero también es verdad que, desde su creación, ha ido mejorando y algunas modificaciones se han realizado, unas por iniciativa propia, otros por iniciativa o a instancia de la Intervención General de la Administración del
Estado y otras por informes de la Abogacía del Estado. Resalto estos criterios, porque en algunas ocasiones discrepa con los criterios del propio Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, la consideración de deudor a todos los empresarios en cuya posición
se haya subrogado, y no solo a aquéllos que tengan garantías; seguir la deuda por expediente en lugar de por deudores, así como el carácter privado de los créditos del Fogasa. Por otro lado, tras estudiar el


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informe de fiscalización completo, tenemos que llegar a la siguiente reflexión: se ha adaptado mayoritariamente, repito, a las recomendaciones formuladas por el propio Tribunal de Cuentas y prueba de ello es que hizo un nuevo manual de
procedimiento, un nuevo programa informático que habrá entrado en vigor en el primer semestre de 2004, ha reestructurado el organismo para tener una mayor y mejor gestión, coordinación y control interno y ha realizado una coordinación con la
Tesorería General de la Seguridad Social.



Nuestras propuestas de resolución van dirigidas a aquellos aspectos en los que hay que continuar avanzando. De ahí nuestra primera propuesta de resolución, dirigida a que se favorezca y se estudie, en su caso, bien la reducción de
cotizaciones al Fondo de Garantía Salarial o bien el incremento de las prestaciones. Es similar a la primera del Grupo Socialista con la diferencia de que nosotros limitamos o acotamos, por decirlo de alguna forma, el incremento de prestaciones
cuando la indemnización sea en el supuesto de empresas de menos de 40 trabajadores, en lugar de 25, como ocurre ahora. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que sería este supuesto el que favorecería la contratación y especialmente la
contratación estable. La segunda propuesta de resolución es que el Fondo de Garantía Salarial registre contablemente las cuotas en vía voluntaria, las deudas por cuotas que tiene concedidas por moratoria la Tesorería General de la Seguridad Social,
la deuda por cuotas en vía ejecutiva y los derechos frente al Estado por bonificaciones de cuota.
Estas informaciones las tiene la Tesorería General, pero la fuente de financiación del Fondo de Garantía Salarial son las cotizaciones y sería bueno y
positivo, y mejoraría su situación, registrar contablemente los créditos que son suyos y que no ha percibido. La tercera propuesta de resolución va dirigid a que el Fondo de Garantía Salarial y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
tengan una mayor comunicación y coordinación. Parece lógico puesto que se sitúa en la posición del empresario desde la perspectiva tributaria. Igualmente es idéntica, podemos decir, a otra del Grupo Socialista. Por último tenemos una propuesta de
resolución que consiste en que las garantías dadas en los convenios para el pago de la deuda se vigile por el Fondo de Garantía Salarial, para que estas garantías sigan vivas durante toda la vida y efectivas a los efectos para las que se dieron.



Entiendo que llegaremos a un acuerdo en estos temas, que llegaremos a una transaccional, con el Grupo Socialista. Hay alguna diferencia con la primera propuesta de resolución concretamente en cuanto a los cambios normativos que propone el
Grupo Socialista para modificar la naturaleza de los créditos del Fondo de Garantía Salarial. Posteriormente, podremos entregar a la Mesa las transaccionales a las que lleguemos.



El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado señor Armas.



El señor ARMAS DÁRIAS: Señorías, sirva también el preámbulo dicho anteriormente para defender nuestra propuesta de resolución del informe de fiscalización del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en el sentido de que beben de la misma
fuente, que es el informe del Tribunal de Cuentas.



Nuestra propuesta de resolución va en la línea de instar a aquellas cuestiones más relevantes, aparte de instar a Fogasa a que cumpla prácticamente la totalidad de las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas, concretamente, al
Ministerio de Trabajo a que cumpla puntualmente alguna de las propuestas, para que su relación con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sea más efectivo. Era uno de los déficit marcados muy detalladamente por el Tribunal de Cuentas en su informe,
el exceso o las ratios que podían desprenderse de la plantilla que tenía y los expedientes que estos realizaban, que tenían una ratio muy baja de productividad. Para poder aprovechar al máximo los recursos tanto humanos como materiales en cuanto a
la información de sus equipos informáticos, etcétera, se insta al ministerio a que regularice y aplique un reglamento y modifique la normativa para conseguir una mayor relación con la Tesorería General de la Seguridad Social, para modificar la
declaración jurídico-pública de los derechos de los créditos. Parece que el Grupo Popular tiene en este punto concreto una mayor reserva que en el resto.
También al desarrollo de la orden ministerial que regula algunas de las empresas y que es
casi coincidente con la del Grupo Popular sobre la recuperación de la deuda y hacerlo de una manera más efectiva y rigurosa.



Una petición conjunta, aunque según mis informaciones se está discutiendo este asunto en la Mesa de diálogo social, es que, dado el superávit que el propio Tribunal de Cuentas manifiesta en su informe, el Fondo de Garantía Salarial pueda
hacer un estudio, un análisis económico, del cual pudiese derivar una disminución de las cuantías de las cotizaciones de los empresarios para atender las necesidades o las deudas con los trabajadores. Parece que se está discutiendo en la Mesa del
Fondo de Garantía Salarial, por tanto, ya el Ministerio de Trabajo está discutiendo con los sindicatos estas cuestiones y con los empresarios, con lo cual se podía llegar a un acuerdo. En mi opinión, esta Comisión no debería fijar los topes, sino
que debería ser la Mesa de negociación del diálogo social la que fijara los criterios pera la disminución de las cuotas. Por último está también la relación de Fogasa con la Administración Tributaria, para que comunique las cuotas o las
indemnizaciones a los trabajadores por todas sus prestaciones, por si derivase de ahí alguna exigencia del cumplimiento de introducción en la base imponible de la declaración de la renta de las personas físicas, por si pudiesen derivar unos
impuestos distintos a los que se están declarando.



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Como en la ocasión anterior, al haber muchos puntos coincidentes en las peticiones, que no son otra cosa que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, intentaremos llegar a una fórmula, a una transacción conjunta, para poder presentar una
propuesta de resolución única y estaremos en contacto con el Grupo Popular para hacérselo llegar a la Mesa lo antes posible.



El señor PRESIDENTE: A continuación procedemos a hacer un cambio en el orden del día. A propuesta de los grupos, pasaremos ahora a discutir el punto cuarto y después seguiremos con el punto tercero.



-INFORME DE FISCALIZACIÓN GLOBAL DE LAS OPERACIONES DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES Y OTRAS OPERACIONES SIGNIFICATIVAS DE VENTA DE ACCIONES DE ESTAS ENTIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 1996-2002. (Número de expediente del Congreso
251/000081 y número de expediente del Senado 771/000078.)


El señor PRESIDENTE: Debatimos ahora las propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización global de las operaciones de privatización de empresas estatales y otras operaciones significativas de venta de acciones de estas
entidades realizadas en el periodo 1996-2002.



Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado señor Castelló.



El señor CASTELLÓ BORONAT: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta de resolución al informe de fiscalización de las operaciones de privatización de empresas estatales y otras operaciones significativas de venta de
acciones de estas entidades realizadas en el periodo 1996-2002. Es una propuesta de resolución que contempla el criterio que nuestro grupo parlamentario, ya en su momento, en la comparecencia del Tribunal de Cuentas y en el debate que hubo como
consecuencia de la presentación del informe, mantuvo, en el sentido de que el proceso de privatizaciones, el proceso que se inició en el año 1985 ha tenido dos etapas. La propuesta de resolución solicita, dada la importancia de todas las
operaciones de desinversión o privatización de esas empresas estatales, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, que el Tribunal de Cuentas realice un análisis global de todas ellas, de todas las operaciones de privatización, de
operaciones de venta de acciones de esas entidades desde 1985 hasta ahora, hasta que se concluyan todas, porque aún hay anuncios por parte del Gobierno de venta de alguna de las que todavía permanecen en el patrimonio de la SEPI.



Desde un análisis comparativo en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, sería muy interesante que el Tribunal de Cuentas hiciera ese análisis global para que el Parlamento y la opinión pública pudieran tener desde ese trabajo una
visión amplia de lo que ha supuesto ese proceso importante en dos fases. Hay que remarcar, como ya dijimos en su momento, que esas dos fases vienen determinadas por las diferencias de los gobiernos del Partido Socialista de 1985 a 1996 y del
Partido Popular de 1996 a 2004. A partir de 1996 hay un cambio importante con el nuevo marco para las privatizaciones, un nuevo marco, también lo dijimos en nuestra intervención, que había hecho que se desarrollaran esos procesos de una manera
diferente, cumpliendo la legalidad, entendiendo que, además, la SEPI está bajo la esfera del derecho privado. Además, habían surgido en nuestra visión del informe algunas discrepancias, principalmente en cuanto a la terminología, que habían
supuesto algunas interpretaciones realmente tendenciosas. Esa terminología, desde el punto de vista del grupo parlamentario, incluso de la propia SEPI, era una terminología muy administrativa y en ningún caso una terminología que hubiera estado más
en la esfera del derecho privado, como marca la legalidad y las normas por las que se rige la SEPI. Entendemos que es oportuna y que sería muy interesante que se pudiera analizar desde el informe del Tribunal de Cuentas todo ese proceso que se
inició en 1985 y que, en su segunda fase, más o menos concluyó en 2004, pero que puede continuar con algunas ventas de participaciones que aún están en poder del patrimonio público, en poder de la SEPI. Por eso pedimos en la resolución que se
realice ese informe por parte del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vallès.



El señor VALLÈS VIVES: Vista la gravedad de las irregularidades que puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización global sobre las operaciones de privatización de empresas estatales y otras operaciones
significativas de ventas de acciones de estas entidades realizadas en el periodo 1996-2002 y para que lo expuesto en este informe no vuelva a suceder en el futuro, de cara a posibles futuros procesos de privatización que pudieran tener lugar, mi
grupo, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, por lo menos su espíritu, y en un esfuerzo de concreción respecto a estas recomendaciones formuladas, que son extensas, amplias y muy concretas, presenta un total
de tres propuestas de resolución, en las que la Comisión insta al Gobierno, en primer lugar, a adoptar aquellas medidas necesarias para que en los procesos de privatización que pudieran llevarse a cabo se respeten y garanticen de forma escrupulosa
los principios de publicidad, objetividad, transparencia y concurrencia, tanto en la selección de los compradores como en la contratación de los colaboradores y asesores que vayan a participar en dicho proceso, en la forma recomendada por el
Tribunal de Cuentas en sus conclusiones


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y recomendaciones finales. El Tribunal ha denunciado en su informe las irregularidades de todo este proceso, merecen ser modificadas y por eso instamos al Gobierno a trabajar y a actuar en esa misma dirección.



En segundo lugar, instamos también al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los métodos utilizados para la valoración de las participaciones enajenables en procesos de privatización sean lo más objetivos y
actualizados posible, de forma que impidan la variación sustancial de las circunstancias que fundamentaron la valoración inicial y con ello el precio final de venta. En el informe de fiscalización vimos cómo había cambiado, había transcurrido un
plazo tan largo desde la valoración inicial hasta la venta de acciones que eso había podido modificar el precio final de enajenación. Para que eso no vuelva a suceder vamos a poner remedio, de acuerdo con las recomendaciones que nos formula el
Tribunal de Cuentas. Finalmente, instamos también al Gobierno a adoptar los instrumentos necesarios para velar de forma especial por el seguimiento y cumplimiento de los distintos compromisos de carácter económico-laboral asumidos en los procesos
de privatización. Eso se deriva tanto de este informe de fiscalización como del que después vamos a debatir y en su caso a aprobar, propuestas de resolución de la SEPI, en la medida en que es evidente, como saca a relucir el informe de
fiscalización, que en muchos casos no se han tenido en cuenta estos compromisos, que en el momento de enajenación de esas empresas públicas se pusieron encima de la mesa y se tenían que haber respetado, algunos, como les decía, de carácter laboral,
y muchos, también, de carácter económico. En consecuencia eso debe ser corregido de acuerdo con las consideraciones que formula en Tribunal de Cuentas.



Con relación a la única propuesta de resolución formulada a este informe de fiscalización por parte del Grupo Popular, quiero hacer una consideración. Señor Castelló, no dudo de la buena voluntad de su iniciativa, de su propuesta de
fiscalización incluida en esta propuesta de resolución, pero ustedes tuvieron la oportunidad durante 8 años de poder solicitar esta fiscalización específica que hoy proponen aquí. Sin embargo, parece que hoy, después de haber visto la larga lista
de graves irregularidades que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en este informe de fiscalización, se trata de un acto de despecho, vamos a intentar comparar qué hicieron ustedes y qué hemos hecho nosotros. Esto ahora no tiene sentido y eso
no va a quitar razón al Tribunal de Cuentas cuando denuncia las irregularidades cometidas en el periodo de privatizaciones 1996-2002. Tampoco tiene sentido, porque, como usted bien sabe, estamos hablando de dos procesos de privatización que no
pueden ser comparados en ningún caso, ni por el tiempo, ni por la forma, ni por la normativa aplicable en los dos procesos de fiscalización. Solicitar una comparación de los dos procesos por parte del Tribunal de Cuentas me parece un ejercicio
cuando menos complicado. Además, como usted mismo sabe también, es muy difícil que el Tribunal de Cuentas pueda llegar a realizar un informe de fiscalización sobre operaciones realizadas en los años 1985, 1986 e incluso más adelante, pero sobre
todo, como usted indica en su propuesta de resolución en el año 1985, entre otras cosas, puede situar en una dificultad importante, desde el punto de vista de obtención de documentación contable, este tipo de operaciones. Siguiendo un poco la línea
de esta Comisión de no cargar excesivamente de trabajo al Tribunal de Cuentas y respetar su plan anual de trabajo, mucho menos situándole en un espacio temporal tan antiguo como es el de 1985, lo que estamos haciendo es jugar a la política con el
Tribunal de Cuentas y no respetar su carácter de órgano esencialmente técnico. Por estas razones ya le anuncio que mi grupo va a votar en contra de su propuesta de resolución.



-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) EN EL MARCO DEL III ACUERDO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EJERCICIO 2001 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE
EXPEDIENTE 251/000136 DE LA VII LEGISLATURA.) (Número de expediente del Congreso 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000018.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al próximo punto del orden del día.



Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Elvira Rodríguez.



La señora RODRÍGUEZ HERRER: Voy a hacer una somera defensa de las propuestas de resolución que hemos realizado sobre este informe del Tribunal de Cuentas, porque el diputado que iba a ser ponente no ha podido venir.



Lo que hemos pretendido con nuestras propuestas de resolución, y en línea con lo que marcaba el Tribunal de Cuentas, es que el acuerdo de formación continua, las operaciones de formación continua de los funcionarios públicos que realiza el
INAP, se realicen de la manera más eficaz y eficiente posible y, además, que se respete el principio de objetividad.
Hemos hecho cuatro resoluciones. La primera, que el INAP adopte y exija esas medidas claras y precisas, para que las
administraciones públicas que perciben los fondos que les hace llegar el INAP para desarrollar los planes de formación continua justifiquen que la realización de esos fondos se realiza con el principio de objetividad, que nos parece esencial por sí
mismo y por el final al que se pretende llegar con la formación continua, y porque es el que debe corresponder a todas las ayudas y subvenciones públicas. La segunda, que se clarifiquen y se adopten las medidas oportunas con objeto de que no se
repitan los errores y


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deficiencias que puso de manifiesto el Tribunal para controlar las documentaciones justificativas que deben aportar las entidades promotoras en los planes de formación continua. Entendemos que esta propuesta de resolución es similar a la
que se ha denominado como número 6, que es la número 2 del Grupo Socialista. La tercera propuesta de resolución -todas van en el mismo sentido- pretende que el INAP adopte las correspondientes medidas de control interno, con objeto de que los
fondos que reciben las entidades promotoras se apliquen exclusivamente a las acciones formativas incluidas en los planes formativos. Entendemos que es similar a la propuesta de resolución número 7 del Grupo Socialista. En línea con lo que
solicitaba el Tribunal, y porque creemos que el INAP no debía de decaer en estas funciones, pedimos que la tramitación de la concesión de ayudas de este organismo se realice directamente a través de sus correspondientes órganos. Obviamente,
nosotros votaríamos favorablemente las propuestas de resolución 2 y 3 y también la propuesta número 5, aunque a mí, y esto ya es una cuestión personal, me caben algunas dudas sobre cómo se podría instrumentar; pero si se puede instrumentar,
obviamente, esos fondos de formación continua, que surgen de donde surgen, deben ocuparse, valga la redundancia, en formación continua de los funcionarios públicos. Es decir, votaríamos favorablemente las propuestas de resolución del Grupo
Socialista y estas son las que hemos presentado nosotros.



El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Pilar Unzalu.



La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado tres propuestas de resolución al informa de fiscalización que nos presentó el Tribunal de Cuentas, informe de fiscalización que hace referencia al ejercicio
2001. Las tres propuestas van dirigidas en un doble sentido. La primera gira alrededor de ese eje que para el Grupo Socialista es fundamental, considerar la formación continua como uno de los ejes de la modernización de la Administración. Por
ello solicitamos que se busquen los mecanismos adecuados para que aquellos fondos que en inicio están destinados a esta formación, aunque no se apliquen en un ejercicio concreto, en un futuro se sigan aplicando. Yo creo, señora Rodríguez, que esta
proposición y algunas otras son susceptibles de que lleguemos a algún acuerdo, a alguna transacción. Por lo tanto, me adelanto, señor presidente, y dadas las circunstancias especiales, le solicitaría en nombre de mi grupo que, cuando termine la
defensa de nuestras proposiciones nos deje un pequeño tiempo antes de proceder a la votación, para ver si es posible llegar a algunos acuerdos transaccionales, cosa que a mí me parece que es muy factible. Esta propuesta de resolución es la que mi
grupo presenta como número 5. Las propuestas de resolución números 6 y 7 están dirigidas a una doble vertiente: que las entidades promotoras de estos cursos de formación justifiquen debidamente el uso que se hace de los fondos, que están
destinados a la formación continua. Se trata de realizar un control externo de las entidades que reciben las ayudas y las subvenciones. La última propuesta de resolución está destinada a reforzar y a garantizar los procedimientos de control
interno.



He iniciado mi intervención haciendo referencia al año 2001, pero tengo que decir que ya en el año 2002, como consecuencia de este informe del Tribunal de Cuentas, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas ha venido extremando los
procedimientos de verificación y de control de la documentación aportada por los distintos promotores y también ha extremado las solicitudes de devolución de importes de aquellas ayudas cuando objetivamente ha estimado que no se ha cumplido.



Vistas las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, creo que es posible llegar a acuerdos transaccionales, con lo cual reitero al señor presidente que, antes de proceder a la votación, si es posible, nos conceda un pequeño intervalo de
tiempo para ello.



El señor PRESIDENTE: Así lo vamos a hacer, dejaremos un pequeño espacio de tiempo para que puedan entregar después las distintas transacciones a esta Mesa.



-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS Y APLICADOS POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI), CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS EJERCICIOS 1998, 1999 Y 2000. (Número de expediente del Congreso
251/000082 y número de expediente del Senado 771/000080.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5 del orden del día. Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado don Fernando Castelló.



El señor CASTELLÓ BORONAT: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta de resolución por la que insta al Gobierno a que en el plazo de 3 meses se presente un proyecto de ley para la adaptación del régimen jurídico de la SEPI
a los conceptos y a los principios establecidos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de 2003. Dicha ley ya decía, en su disposición transitoria cuarta, que el Gobierno tenía un plazo de un año
para adecuar el régimen jurídico de la SEPI a los conceptos y a los principios de esta misma ley. Teniendo en cuenta que entró en vigor en enero de 2004, en enero de 2005 vencía el plazo determinado por la ley, por lo que entendemos que se debe
instar a que el Gobierno Socialista, en estos momentos, cumpla esa determinación legal, que, además, creo que es muy oportuna. El texto legal debería servir en su momento para que


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algunas de las cuestiones que han surgido en los debates que hemos tenido como consecuencia del informe anterior o de este mismo informe, se clarificaran respecto a cuestiones terminológicas y a cuestiones que pueden dar lugar a algunas
interpretaciones, que, como hemos dicho en anteriores intervenciones, no son, desde nuestro punto de vista, las correctas, avaladas también por las propias alegaciones que tanto en uno como en otro informe ha presentado la propia SEPI. Creo que es
una propuesta oportuna. Creo también que el Grupo Socialista podría apoyarla, entre otras cosas porque, como decía anteriormente, es un mandato legal, está en la ley y lo único que hay que hacer es cumplirla.



Sobre las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Socialista, tenemos una cierta dificultad para saber qué es eso de la gestión de las aplicaciones de fondos, que menciona en la segunda propuesta de resolución. En todo caso, la
última parte de esa segunda propuesta de resolución, la posible incidencia en la evolución de los mercados financieros, un análisis somero puede determinar que no es en absoluto una competencia del Tribunal de Cuentas entrar a esa posible incidencia
en la evolución de los mercados financieros de los ejercicios 1995 a 2004. Estaríamos aprobando una resolución que se sale radicalmente de lo que son las competencias del propio Tribunal de Cuentas y estaría fuera de sentido aprobarla en esos
términos. En todo caso, creo que hay posibilidades de llegar a una transaccional entre la propuesta presentada por nuestro grupo parlamentario y por el Grupo Socialista e intentaremos llegar a ese acuerdo.



El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hierro.



El señor HIERRO RECIO: El Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra forma, ha dado una gran importancia a este informe. Ya tuvimos ocasión de abrir un cierto debate con motivo de su presentación por parte del señor
presidente del Tribunal de Cuentas y no nos resistimos a hacer una referencia en el sentido de que por parte del Grupo Popular es una actitud que es comprensible, pues se intenta hacer pasar este informe como si fuera una cosa normal, cuando la
realidad pone de manifiesto que es un informe sobre una cuestión de gran trascendencia, no solo ahora; ha sido tradicionalmente de gran trascendencia para el Grupo Parlamentario Popular y para su partido, el Partido Popular, en los debates sobre la
gestión del sector público. No hay más que recordar los grandes debates que se producían en la primera mitad de los años noventa, donde se hablaban muchísimas cosas de las empresas públicas. Quiero recordar a la Cámara que si Telefónica tardaba
dos meses en ponerte una línea de teléfono era poco menos que el caos absoluto en el sistema productivo español y ahora, cuando tarda seis meses, no pasa absolutamente nada, porque ya está privatizada y entra dentro de lo normal de la producción
privatizada. Hacer pasar una cuestión de este calado sin más resulta un poco extraño. No obstante, como muchas de las argumentaciones ya se dieron en su momento, no voy a repetirlas.



Voy a hacer referencia a tres cuestiones. En primer lugar, en cuanto a la proposición del Grupo Parlamentario Popular, le hacemos una oferta que en nuestras conversaciones anteriores ya parecía que era aceptada, que es modificar el plazo
para que, en lugar de ser 3 meses, pase a 9 meses. No por nada, sino por el momento en que nos encontramos; si lo alargamos a 9 meses queda dentro del periodo de sesiones primero del próximo año, con lo cual creo que no habría ningún problema. En
cuanto a la propuesta de resolución que propone el Grupo Socialista, parece que ha podido, entre comillas, atentar un poco a la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular el hecho de que se den por dadas irregularidades en la gestión de la SEPI.
Ahí introduciríamos la expresión posibles irregularidades, y recordemos que cuando estamos hablando de irregularidades no estamos hablando de ilegalidades. Si estuviéramos hablando de ilegalidades, el propio Tribunal de Cuentas tendría la
obligación de remitir su informe al órgano jurisdiccional correspondiente, etcétera. Irregular significa, por ejemplo, que hay referencias en las cuales la SEPI, sin tener competencias sobre la mitad más uno del capital de una empresa, acude como
si fuera una empresa propia del grupo, cuando la ley distingue las empresas, si poseen la mayoría del capital público o no. Es una irregularidad; dentro de la regularidad es una irregularidad. Conocida por parte de este grupo la existencia de
informes en tramitación referidos a esas determinadas irregularidades, lo único que proponemos es acelerarlas. Si el Grupo Parlamentario Popular, con la palabra posible entiende que está solucionada su emotividad al respecto, podríamos pactarlo.



La segunda propuesta de resolución parece un poco más complicada. ¿Por qué? Aunque no hay recomendaciones del Tribunal de Cuentas, sí hay alguna referencia relativa a la dificultad o a los problemas que puede acarrear que una entidades
como la SEPI haya gestionado una cartera tan impresionante derivada de la aplicación de operaciones de circulante.
Dicho de otra manera, al privatizar se venden las empresas; el Gobierno del señor Aznar decidió que eso no iba a ir a deuda pública,
como estuvo vendiendo durante 6 años, sino que iba a ir a la absorción de las pérdidas de las empresas públicas en pérdidas y por tanto lo dejaba en la SEPI. En definitiva, se formó una cartera de recursos procedentes de esas privatizaciones, que
alcanzó unos niveles extraordinarios, hasta un billón de las antiguas pesetas, más de 6.000 millones de euros, y habría que analizar para ver a qué se han dedicado. En esta propuesta de resolución se hace además referencia a la incidencia en la
evolución de los mercados financieros. Hemos propuesto el Grupo Socialista sustituirlo por incidencia en la cotización de los títulos afectados, aunque parece ser que no existe consenso al respecto. ¿Por qué se dice una cosa de este tipo?


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Por una sencilla razón. Si uno tiene para invertir, como inversión temporal, un billón de pesetas, e invierte, por ejemplo, 50.000 millones de pesetas en la adquisición de unos determinados títulos -estoy hablando en términos de pesetas
porque es lo que se utilizaba en aquellos momentos-, sea Deuda Pública o sea representativo de la propiedad de cualquier empresa, es evidente que eso va a tener una incidencia en su cotización. De eso es de lo que se está hablando. ¿Es posible que
las actividades de la Tesorería o del circulante de la SEPI haya podido incidir en la cotización de determinadas empresas? Eso es lo que se le pide. A lo mejor, la terminología de mercado financiero ha podido hacer pensar al Grupo Popular que
estamos intentando que el Tribunal de Cuentas sustituya al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No hay ningún interés al respecto. No obstante, dada la trascendencia de lo que se está planteando, esperamos que el Grupo
Popular se avenga a esa transaccional y, si no, que nos haga alguna propuesta, pero que mantenga el objetivo último de la propuesta del Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Una vez terminado el primer apartado de la Comisión, que es el debate de propuestas de resolución, vamos a suspender la sesión por cinco minutos para que en este espacio de tiempo se puedan aportar las transaccionales
que se han anunciado. (Pausa.)


Vamos a proceder a las votaciones. El primer punto es la nota complementaria del informe de fiscalización especial para los centros mancomunados de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.



Señor Armas, tiene la palabra.



El señor ARMAS DÁRIAS: Hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular sobre los principales puntos que nos unen en la propuesta de resolución de ambos grupos, sobre todo, teniendo en cuenta que algunas de las cuestiones planteadas, por
conocimiento interno, ya están realizándose, por ejemplo, los centros de disolución de aquellos centros mancomunados, así como la aprobación de estatutos, que están prácticamente ejecutados en noviembre de 2003. No obstante, todavía queda alguna
parte que no está liquidada, como son las comisiones de liquidación. Por tanto, proponemos, en una redacción conjunta, que se informe a esta Comisión de cómo está la situación actual, no ya de la aprobación de los estatutos, sino de la liquidación
de esos centros mancomunados y también de los que tuvieron que liquidarse.



Se mantienen vivos los puntos 3 y 4 de la propuesta de resolución del Grupo Popular y el punto 6 de la propuesta del Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: El punto a) de la transaccional sería el siguiente: Teniendo en cuenta que la nota complementaria del Tribunal de Cuentas se refiere a un informe de 2001, dado el tiempo transcurrido se insta al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales a informar a esta Comisión de la situación actual de los centros mancomunados a los que se refiere el citado informe, tanto en la adaptación de sus estatutos al nuevo reglamento, como a la liquidación si hubiese tenido lugar. El
apartado b) sería la propuesta c) del PSOE tal como viene. El apartado c) de la transaccional sería el siguiente: Se intensifique el esfuerzo realizado por los centros de recuperación y rehabilitación de Levante y centro intermutual de Euskadi
para el cumplimiento de la compatibilidad de los facultativos que prestan servicios en dichos centros, y se promueva la colaboración y coordinación de los citados centros con los correspondientes servicios de salud de Valencia y Euskadi,
respectivamente. El apartado d) sería el punto cuarto de la propuesta del Grupo Popular. Esta sería la transaccional. Vamos a proceder a la votación.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos al punto dos, informe de fiscalización sobre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ejercicio 2001. Aquí también hay una transaccional que afecta al punto 1.c) de la propuesta del Grupo Socialista y al punto primero del Grupo
Popular, que dice lo siguiente: Instamos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en el marco de la mesa de diálogo social se estudie la viabilidad de reducir las cotizaciones al Fogasa, así como el incremento de las prestaciones
especialmente en aquellos supuestos en que se favorezca la contratación estable. Pasamos a la votación de esta transaccional.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



A continuación pasamos a la votación de las propuestas 3 y 4 del Grupo Parlamentario Popular. Señor Armas.



El señor ARMAS DÁRIAS: La propuesta del Grupo Popular incluye estos cuatro puntos. En el punto 2 se insta al registro contable de las cuotas en vía voluntaria a la Tesorería de la Seguridad Social. Tenemos conocimiento, dado el tiempo
transcurrido, de que se realiza ya por parte del ministerio esta recomendación del Tribunal de Cuentas, cual es contabilizar la recaudación de cuotas en base a la información recibida, tanto en vía voluntaria, como en vía ejecutiva. Por tanto,
solicito del Grupo Popular que, en aras del consenso al que hemos llegado en otros puntos, retire este punto de su propuesta de resolución. En los puntoss 3 y 4 hemos llegado a un acuerdo para votar a favor.



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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rodríguez por parte del Grupo Parlamentario Popular.



La señora RODRÍGUEZ HERRER: Teniendo en cuenta lo que señala el portavoz del Grupo Socialista de que esto se está haciendo ya y que no haría falta la resolución, nosotros la retiramos. Por tanto, pasaríamos a votar el 3 y el 4.



El señor PRESIDENTE: Entonces quedan retiradas la primera y segunda propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos a votar la resolución número 3 y la número 4.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



A continuación pasamos a votar el resto de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Aquí me parece que había una petición.



La señora RODRÍGUEZ HERRER: Pedimos votación separada del punto 1.a).



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar el punto 1.a) y después el resto.



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 1.a).



Pasamos a votar el resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



Votamos el informe de fiscalización global de las operaciones de privatización de empresas estatales y otras operaciones significativas de venta de acciones de estas entidades realizadas en el periodo 1996-2002.
Es el punto número 4 y vamos
a votar de acuerdo a cómo se han visto los puntos después de los cambios que hemos hecho.



En primer lugar, votamos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



A continuación vamos a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



Votamos el punto tercero del orden del día, que es el informe de fiscalización de las ayudas concedidas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el marco del tercer acuerdo de formación continua en las administraciones
públicas, ejercicio 2001.



En primer lugar, se transacciona la propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Popular con la número 6 del Grupo Parlamentario Socialista, y, a la vez, hay otra transacción sobre un nuevo texto de la número 2 del Grupo Parlamentario Popular.
La primera propuesta de resolución sería: El INAP adopte las correspondientes medidas con el objeto de que se garantice el control de las documentaciones justificativas... Sí, señora diputada.



La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Es adoptar y la parte que viene escrita a mano: principio de objetividad...



El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. La propuesta número 6 quedaría con el siguiente texto: Adoptar, de acuerdo con el principio de objetividad que debe informar todas las ayudas y subvenciones públicas, cuantas medidas sean precisas... El
resto tal como está. Es la número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.



La número 2 del Grupo Parlamentario Popular quedaría como sigue: El INAP adopte las correspondientes medidas con el objeto de que garantice el control de las documentaciones justificativas que deben aportar las entidades promotoras de los
planes de formación continua.



Vamos a proceder a votar las dos transacciones. La primera corresponde a la propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario Popular y a la número 6 del Grupo Parlamentario Socialista. Y la segunda, la número 2 del Grupo
Parlamentario Popular con el nuevo texto que hemos leído.



Me parece que se había llegado a un acuerdo de retirar la propuesta número 3.



La señora RODRÍGUEZ HERRER: Sí, señor presidente. Yo entiendo que se está pidiendo la retirada de la propuesta 3 porque quedaría subsumida en la transaccional de la 5.



La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Sí, porque la 5 tiene un sentido más amplio. Coincidiendo en la misma finalidad, la 5 es un poquito más amplia que la planteada en la número 3 por el Partido Popular; es el


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único motivo. Ambas son coincidentes, es un tema de extensión.



La señora RODRÍGUEZ HERRER: Retiramos la 3. Y también la 4, en la misma línea de la que retiramos en la votación anterior, porque se nos pone de manifiesto que el INAP está ya concediendo las ayudas directamente a través de sus
correspondiente órganos. Por tanto, la retiramos por innecesaria, no porque decaigamos en lo que estábamos pidiendo.



El señor PRESIDENTE: Muy bien, señora Rodríguez. Se retirarían la 3 y la 4 del Grupo Parlamentario Popular, de modo que en estos momentos tendríamos que votar la 5 y la 7 del Grupo Parlamentario Socialista, con una modificación en la 5 que
es sustituir donde dice promoción por formación.



Procedemos a votar estas dos propuestas de resolución


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



Votamos el informe de fiscalización de la gestión de los recursos obtenidos y aplicación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con especial referencia a los ejercicios 1998, 1999 y 2000. Hay una transaccional a la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular que quedaría así: Presentar durante el próximo periodo de sesiones... Por tanto, se sustituiría: en el plazo de 3 meses, y después seguiría exactamente igual. En cuanto a la propuesta número 1 del Grupo
Parlamentario Socialista, también hay una modificación que sería la siguiente: Acelerar las fiscalizaciones específicas en proceso de elaboración y derivadas de las observaciones manifestadas por la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) con motivo de la elaboración del presente informe. O sea, sustituiríamos: irregularidades detectadas en.



La señora RODRÍGUEZ HERRER: En relación con las propuestas del Grupo Socialista, podemos votar la transaccional. Después quería pedir votación separada para la número 1 y la número 2 del Grupo Socialista, porque mi grupo entiende que el
último inciso no nos parece que deba ser objeto de los informes de fiscalización del Tribunal. Por eso pedimos votación separada de las dos propuestas del Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



A continuación vamos a votar la propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos a votar la propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:


-INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE LAS RELACIONES FINANCIERAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS
OPERACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
(CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000140 DE LA VII LEGISLATURA) (Número de expediente del Congreso 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000023.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la Comisión con el segundo apartado, que es la presentación de informes. Damos la bienvenida, como no puede ser de otra manera, al presidente del Tribunal de Cuentas. En primer lugar, vamos a ver el
punto sexto del orden del día.



Para informar sobre este expediente, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del Tribunal, en su sesión de enero de 2004, aprobó el informe de fiscalización especial de las relaciones financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social con
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia a las operaciones del fondo de prevención y rehabilitación.



Las principales deficiencias puestas de manifiesto en el informe hacen referencia al aumento del 8,67 por ciento de la deuda que la tesorería mantiene con las


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mutuas con respecto al año anterior y que, a 31 de diciembre de 2001, ascendía a 518 millones de euros. Como consecuencia del retraso con que la tesorería procesa la información sobre la recaudación de cuotas de cada mes, debe realizar, de
acuerdo con la normativa vigente, entregas a cuenta a las mutuas. El cálculo de estas entregas no está regulado por la tesorería, que emplea criterios discrecionales sin la debida justificación, dando lugar a que la deuda con las mutuas haya
aumentado considerablemente en los últimos ejercicios. Asimismo, se han observado deficiencias significativas en las comunicaciones de datos sobre derechos pendientes de cobro por parte de la tesorería a las mutuas, lo que ha provocado que los
estados contables de éstas no reflejen adecuadamente su situación financiera patrimonial.



Los importes de los capitales coste de las pensiones de las mutuas, que están ingresando las mutuas en la tesorería están muy por debajo de su valor actual real, con el consiguiente perjuicio para la tesorería, debido a que las tablas de
mortalidad utilizadas, con información demográfica referida a los años 1933 a 1950, así como los tipos de interés, están totalmente desactualizados. En su contabilización no existe correlación entre las obligaciones reconocidas por las mutuas y los
ingresos de la Tesorería de la Seguridad Social. Además, se han podido constatar deficiencias en la gestión por parte de la tesorería, que han motivado la prescripción de algunos expedientes de capitales coste.



En relación con el fondo de prevención y rehabilitación, se han detectado deficiencias en la gestión por parte de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, que se resumen en: una ausencia de control material de la
ejecución de las inversiones financieras con este fondo; un exceso de discrecionalidad en las autorizaciones para la realización de las inversiones; autorizaciones a favor de centros mancomunados que carecen aún de personalidad jurídica propia, e
inexistencia de un inventario histórico de las inversiones financieras con el fondo. Además, el importe de los saldos del fondo de que disponen las mutuas no coincide con el que tiene la tesorería, ya que ésta realiza disposiciones a favor de la
Fundación para la prevención de riesgos laborales que no comunica a las mutuas. Asimismo, las operaciones derivadas del fondo de prevención y rehabilitación, tanto las de constitución en la tesorería, como las de su disposición, no tienen reflejo
en el presupuesto de la Seguridad Social. Tampoco las mutuas realizan de una forma homogénea el tratamiento contable y presupuestario de las inversiones que realizan con cargo al fondo, así como el de los fondos recibidos.



El informe concluye con muy detalladas recomendaciones orientadas a subsanar las deficiencias observadas, así como a la mejora de los procedimientos de gestión.



El señor PRESIDENTE: Para el turno de aclaraciones y preguntas, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, doña María Eugenia Martín.



La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas sus explicaciones.



Estamos viendo el informe de fiscalización de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en su calidad de entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Este informe se centra en tres áreas: las relaciones
financieras entre la tesorería y las mutuas que se refleja en un documento llamado T-8, como dice el informe; en segundo lugar, las relaciones financiera entre la tesorería general y las mutuas derivadas de los capitales coste de pensiones y de la
asistencia sanitaria, y el último área de trabajo del informe es el fondo constituido por las mutuas en la tesorería general.



En primer lugar, yo quiero referirme a un incidente que se refleja en la documentación del informe, relativo a la mutua universal Mugenat, ya que parece ser que ha habido ciertos retrasos en la documentación a presentar al Tribunal de
Cuentas. La pregunta es si esa documentación se la dieron, o al final no se la llegaron a dar, y si en definitiva ha impedido poder realizar el informe de fiscalización o simplemente lo ha hecho más laborioso por el formato informático o papel en
que le dieron la documentación.



Me quedan algunas dudas. Así, por ejemplo, cuando habla el informe de que las mutuas han de hacer el control del pago delegado de la incapacidad temporal, y el Tribunal de Cuentas recomienda que por el ministerio se realicen las actuaciones
para que las mutuas actúen con uniformidad. Yo entiendo que las mutuas no son el INSS, y la pregunta es si el Tribunal de Cuentas no entiende que las actuaciones que han de realizar las mutuas, más que uniformes, han de ser eficaces y eficientes en
su gestión.



Por otro lado, en cuanto al capital coste de pensiones a que ha hecho referencia el presidente, las obligaciones reconocidas por las mutuas no parece que coincidan con los derechos contabilizados por la tesorería general y esta es una
situación anómala. Me planteo que esta situación quizá esté superada ya. Lo digo porque el propio Tribunal de Cuentas explica que hasta el año 1999, en que es aplicable el nuevo Plan contable a las mutuas, los capitales coste se imputaban
financiera y presupuestariamente en el momento del reconocimiento de la prestación, sea por el INSS o sea por la mutua, y la Tesorería General de la Seguridad Social en el momento del ingreso. Pero a partir de 1999 se imputan tanto por las mutuas
como por la tesorería en el momento en que la deuda es vencida, líquida y exigible. Entiendo que el propio Tribunal de Cuentas ya dice el por qué de esa situación anómala al indicar que el nuevo Plan contable de 1999 carecía de un derecho
transitorio, pues no previó la forma de traspasar los saldos de las cuentas del Plan contable antiguo al nuevo, dando lugar a estas dis


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torsiones a que se ha hecho referencia. Insisto en que quiero saber si el tribunal conoce si esta situación ya ha sido superada y se encuentra correctamente imputada.



En cuanto a las operaciones del fondo de prevención y rehabilitación, así como el fondo de excedentes de contingencias comunes, el tribunal considera que debe establecerse en los presupuestos. Sin embargo, la tesorería general, en sus
alegaciones, indica que, tanto la constitución del fondo como su disposición, está adaptado al Plan General de Contabilidad de mayo de 1994, y que se completa en su regulación por unas resoluciones de 1992 y 1993, que lo contemplan como
extrapresupuestarios.
Por eso la pregunta es si me puede dar una explicación de por qué el tribunal considera, en contra de este Plan de Contabilidad de 1994, que las operaciones de los citados fondos han de ser presupuestarias y no
extrapresupuestarias.



También el tribunal indica que el importe del fondo de prevención y rehabilitación debe estar en una cuenta corriente específica en el Banco de España. Me gustaría preguntarle por qué, dado que no hay norma que así lo prevea, y que los
ingresos de los fondos se realizan en la cuenta que la tesorería tiene en el Banco de España junto con otros ingresos; esto no quiere decir que no se pueda realizar un control de esos ingresos y de esas disposiciones que se realicen, ya que tener
una misma cuenta no quiere decir que no se tenga individualizadamente su registro.



El presidente del Tribunal de Cuentas ha comentado en su informe que la deuda de la tesorería general con las mutuas se va incrementando. A lo mejor yo no le he entendido bien, pero quería que me matizara si esa deuda es solo en cuanto a
las entregas a cuenta que se han realizado, a lo mejor con tardanza. Hay que dejar constancia que se realiza una regularización anual y, por tanto, entiendo que esa deuda que se ha incrementado es solo en esas entregas a cuenta.



En cuanto a los capitales coste de pensiones, que parece ser que no reflejan en el momento en que se hace el informe lo que es la realidad, puesto que se utilizan unas tablas que no están actualizadas, me plantea la duda de que probablemente
esta situación esté también superada, ya que la tesorería general alega que tiene constancia de ello y que ha pedido a la propia Dirección General de Ordenación del Ministerio de Trabajo nuevas tablas y nuevos criterios para actualizar y que esos
capitales coste respondan a una realidad de 2006, en aquel momento de 2003.



Para acabar, en cuanto al fondo de prevención y rehabilitación y la disposición de este fondo por parte de los centros mancomunados, el tribunal considera que no debe entregársele a ellos, sino a las mutuas, porque éstos carecen de
personalidad jurídica. Personalmente, creo que hay una diferencia de interpretación jurídica, porque el ministerio manifiesta en sus alegaciones que estos centros, aunque no tienen personalidad jurídica, sí que pueden administrar bienes, y así se
ha ido haciendo desde su constitución, como una sociedad civil o como una comunidad de bienes, si bien es cierto que la distribución de esos bienes ha de ser a favor de las mutuas partícipes. Esta es más bien una reflexión, porque dado que el único
centro que ha dispuesto de fondos de este fondo de prevención y rehabilitación, como hemos primera parte de esta Comisión, es un centro, que está vivo, que ya ha adaptado sus estatutos al nuevo reglamento tiene personalidad jurídica y no es de los
que se encontraban en proceso de disolución, que hubiera sido una situación más anómala.



El señor PRESIDENTE: En este turno de aclaraciones y preguntas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Erasmo Armas.



El señor ARMAS DÁRIAS: Nuestro grupo quiere también agradecer la comparecencia al señor presidente del Tribunal de Cuentas y la presentación del informe. Queremos mostrar nuestro reconocimiento tanto al equipo que él dirige como a los
interventores y a los auditores, sobre la exhaustividad de este informe y sobre la objetividad de sus 23 recomendaciones tanto al ministerio, como a la Tesorería General de la Seguridad Social y a las mutuas. Extiende sus conclusiones a todas las
mutuas y no exclusivamente a las auditadas. Es una recomendación técnica y al hacer este muestreo, entiende que todas las mutuas actúan de forma administrativa similar al tratar sus temas con la Tesorería General de la Seguridad Social. Al mismo
tiempo, en cada conclusión hace una recomendación de tipo más bien técnico. Aunque la portavoz del Grupo Popular ya ha señalado alguna reflexión en cuanto a que en esta misma Comisión hemos tratado de la adaptación de los estatutos al nuevo
reglamento de los centros mancomunados, tenemos noticias de que ya tienen personalidad jurídica propia y, por consiguiente, pueden acceder a esos fondos directamente y no a través de las mutuas, como recomienda el Tribunal por esas cuestiones que
estamos detectando de las fechas en que se realizan los informes y la falta de conocimiento posterior del Tribunal de que se han regularizado algunas de las situaciones.



En cuanto al informe en sí, nos llama la atención la disparidad y, sobre todo, la discrecionalidad con que actúa en algunas cuestiones la Tesorería de la Seguridad Social con las mutuas, lo que da lugar a déficit o, en algunos casos,
superávit en la liquidación de sus resultados. Nos preocupa que esa discrecionalidad está causando el incremento de la deuda de la Tesorería con las mutuas para que éstas puedan ejercer el servicio que prestan, en colaboración con la Seguridad
Social, a aquellos empresarios que han concertado con ellas la prestación de esos servicios en accidentes de trabajo y de recuperación de enfermedades profesionales para sus empleados, de liquidaciones. Por otra parte, esa disparidad de criterios a
la hora de transmitir y de contabilizar las cuentas, según el informe del Tribunal, ha causado algún perjuicio a la Tesorería de la Seguridad Social. En algunos casos, la cuenta general del Estado que se rinde


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al Tribunal de Cuentas resulta distorsionada y no refleja estas cuestiones que el Tribunal de Cuentas ha detallado en este informe de fiscalización especial sobre las relaciones entre la Tesorería General de la Seguridad Social y las mutuas
de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Es preocupante que la cuenta general del Estado se vea afectada por esta disparidad de criterios contables sobre la manera de contabilizar o las relaciones financieras entre estos
organismos. Nuestra propuesta de resolución pretende unificarlos para evitar este hecho, que nos parece importante. Otras recomendaciones quieren evitar el perjuicio de la Tesorería General de la Seguridad Social en cuanto al valor real y están
recogidas en las conclusiones del Tribunal de Cuentas.



Hay dos aspectos que nos parecen graves por cuanto reflejan una manera de actuar que no es consecuente con el cumplimiento de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas ni con el respeto a la facultad auditora que el Parlamento delega
en él, porque no olvidemos que el Tribunal de Cuentas actúa por Delegación de este Parlamento en la fiscalización de los organismos públicos. Como ya dije el otro día, los recursos públicos se tienen que ajustar a derecho y a los criterios de
eficacia, eficiencia y economía. Ya se ha hecho mención a la poca disposición en la colaboración exigida a la mutua citada como número 10 en el informe de la Universal Mugenat, que puso todos los impedimentos posibles para que el Tribunal de
Cuentas hiciera una fiscalización in situ, con la entrega parcial de documentos y en formato no adecuado.
Queremos reprobar el comportamiento de esta mutua que contrasta, según el informe del Tribunal, con la colaboración prestada por el resto de
las mutuas con las que el Tribunal de Cuentas hizo el muestreo para ver la función y relación de todas las mutuas afectadas. Queremos articular una propuesta de resolución para dejar patente nuestra reprobación al comportamiento de esta mutua, que
condicionó el informe del Tribunal de Cuentas en su propio beneficio, no ocumpliendo con la Ley 7/1978, que exige colaborar con el Tribunal de Cuentas para realizar el informe.
Queremos que este hecho le sirva a este Parlamento para adoptar las
propuestas de resolución que estime pertinentes.



Otro hecho que reviste cierta gravedad, es que el Ministerio de Trabajo lo envía a todas las mutuas cuando el Tribunal de Cuentas envía exclusivamente a aquellas afectadas por este informe las anomalías, inconvenientes o deficiencias que
pudo encontrar su gestión. Estamos ante un anteproyecto pues todavía no se ha hecho público el informe del Tribunal de Cuentas ni ha sido aprobado por el Pleno y habría que incorporar las alegaciones que el Tribunal de Cuentas estime pertinentes
enviadas por los organismos afectados. Estimamos que la actuación del Ministerio de Trabajo al enviarlo a todas las mutuas no auditadas, que no tenían por qué enterarse del funcionamiento del resto, para que hicieran alegaciones al anteproyecto del
informe del Tribunal de Cuentas, es irregular y carece de los criterios adecuados. Esta situación irregular no debería repetirse. En ese sentido también irá una propuesta de resolución para rechazar esta actuación que en su momento tuvo el
Ministerio de Trabajo.



Tendremos en cuenta estas conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas a la hora de formular nuestras propuestas de resolución. De nuevo, quiero reiterar nuestro reconocimiento al trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas tanto
en este informe como en los que este portavoz ha tenido ocasión de observar.



El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Se han hecho algunas sugerencias en cuanto a la colaboración de la mutua Mugenat. Esto se explica en la página 11 del informe. No se pudieron realizar todas las pruebas
previstas, pero se completaron después en la sede del Tribunal.
En cuanto a si se han superado estos problemas, es una pregunta muy recurrente, y la contestación siempre es la misma: nos hace falta otra fiscalización.



La justificación de la opinión del Tribunal acerca de si las operaciones deben pasar por el presupuesto, está expresada en el propio informe. En cuanto a los centros mancomunados, el Tribunal ya ha elaborado un informe específico sobre los
problemas de la personalidad jurídica de los centros mancomunados, que es coherente con el que se elaboró previamente.



-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PROGRAMA SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y RENFE PARA EL PERIODO 1999/2000 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000143 DE LA VII LEGISLATURA.) (Número de
expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000026.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día, relativo al informe de fiscalización del contrato-programa suscrito entre la Administración General del Estado y Renfe. Para informar sobre el expediente tiene la palabra el
presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de febrero de 2004, aprobó el informe de fiscalización del cumplimiento del contrato-programa suscrito entre la Administración
General del Estado y Renfe para el periodo 1999-2000. En términos generales, puede establecerse que Renfe ha cumplido en conjunto los objetivos establecidos en el contrato-programa, fijados en términos de pérdidas antes de las aportaciones del
Estado.



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Sin embargo, el alcance de estos objetivos debe matizarse a la vista del bajo nivel de exigencia con que se fijaron. En el caso de la agrupación plan de viabilidad, integrado por las unidades de negocios de grandes líneas, cargas,
transporte combinado y mantenimiento integral de trenes, no se han cumplido los objetivos fijados en el contrato-programa en ambos ejercicios, superando ampliamente las pérdidas previstas. Renfe ha cumplido los objetivos de productividad y
reducción de plantilla establecidos en el contrato-programa. Sin embargo, el logro del objetivo de productividad se ha conseguido principalmente por vía del aumento de los ingresos y no tanto por la contención de los gastos de personal. Por otra
parte, a 31 de diciembre de 2000, la situación financiera de Renfe era poco consistente debido a la elevada cuantía de su endeudamiento financiero, a la relativa escasez de su financiación propia y a las pérdidas continuadas que venía registrando en
los últimos ejercicios. La deuda de Estado con Renfe es la principal causa del elevado endeudamiento financiero de la entidad y le genera elevados costes financieros, compensados solo de forma parcial por el Estado. Por otro lado, la cuantía de
esta deuda muestra una tendencia creciente debido a que no todos los compromisos que el Estado tiene con Renfe son financiados por la Administración y en el contrato-programa no se han establecido medidas dirigidas a solucionar esta cuestión.



El bajo nivel de inversiones de inmovilizado material realizadas por Renfe en el periodo del contrato-programa puede dar lugar a un creciente envejecimiento de los elementos que lo componen, especialmente en las unidades de transporte de
mercancías, administración de infraestructura y regionales que, a medio plazo, puede tener como consecuencia el deterioro de la calidad del servicio, el incremento de los costes de mantenimiento y el aumento del riesgo de accidentes.



Los resultados de los ejercicios 1999 y 2000 de Renfe han sido de pérdidas de 32.664 y 28.973 millones de pesetas, respectivamente, mejorando los objetivos del contrato-programa. Sin embargo, estos resultados han sido peores que los
obtenidos por Renfe en 1992, debido a los aumentos registrados en los resultados extraordinarios negativos y a las menores aportaciones del Estado.



El informe finaliza con recomendaciones en orden a mejorar la contabilidad de la entidad, a la corrección de su estructura financiera y a la fijación de objetivos más exigentes en los contratos-programa que, en su caso, se establezcan en el
futuro.



El señor PRESIDENTE: En el turno de preguntas y aclaraciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Andrés Ayala.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por el informe sobre el cumplimiento del contrato-programa entre Renfe y el Ministerio de Fomento 1999-2000. Al Grupo Popular le gustaría hacer alguna
pregunta. En primer lugar, hemos visto el reconocimiento expreso del cumplimiento de los objetivos del contrato-programa de forma global y que los informes responden a las conclusiones y actuaciones que se han venido desarrollando por Renfe. Hay
alguna cuestión en la que vemos que el Tribunal realiza un juicio de valor, porque si el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa viene dado por una valoración acerca del bajo nivel de exigencia que hace el ministerio, más parece una
crítica al Ministerio de Fomento que a Renfe. Por lo tanto, en el análisis y fiscalización de Renfe, nos parece que no es el sitio adecuado. Juicio de valor que, por otra parte, puede tener alguna contradicción si lo comparamos con otras
conclusiones del informe sobre la imposibilidad de que algunas unidades de negocio alcanzaran sus objetivos parciales, a pesar del reconocimiento expreso que se hace también en el informe del aumento de la productividad. De la misma manera que se
refleja en el informe el reconocimiento expreso del aumento de la productividad y la reducción de plantilla, que nos parece adecuado, existe también un juicio de valor de que se debe más al incremento de ingresos que a la contención del gasto.
Difícilmente se pueden conseguir mayores ingresos y, al mismo tiempo, una reducción de los gastos. Uno de los dos parámetros es el que vence al otro a la hora de conseguir unos objetivos y, en este caso, nos parece más adecuado que Renfe lo haya
conseguido por la ampliación de los ingresos. Esta cuestión se corresponde con un hilo ascendente en el periodo correspondiente al Gobierno del Partido Popular por cuanto recibida Renfe con una productividad global de 678.000 unidades de tráfico
por empleado y año, se ha entregado con 1.005.000 unidades de tráfico por empleado y año, es decir, un incremento del 48 por ciento de la productividad, lo cual implica, en un periodo algo más amplio al que se refiere la fiscalización que hoy
estamos analizando, el cumplimiento de una política en el mismo sentido que los contratos-programa. De la misma manera que el aumento circunstancial de las pérdidas en 1999 y 2000, que han sido reflejados por el señor presidente en relación con las
cuentas del año 1998, tiene que ser analizado en un periodo más amplio por cuanto las cuentas de 2003, que no son objeto hoy de fiscalización pero que en su día veremos, presentan unos resultados positivos, en términos de beneficio, con una
situación que no tiene precedente histórico en Renfe. Tampoco entendemos por qué mantiene el Tribunal de Cuentas la crítica a la forma de la contabilización que realiza Renfe si, precisamente -y así se reconoce también en el informe-, Renfe hace
las cuentas de acuerdo con la resolución de 30 de diciembre del año 1992 del IGAE. El expreso cumplimiento de una resolución de la Intervención General del Estado en cuanto a las cuentas no debería merecer la crítica del Tribunal de Cuentas y,
mucho menos, a través de Renfe, sino por el contrario, solicitar de la Intervención que modifique la resolución en el sentido que el Tribunal de Cuentas considere oportuno. Una cuestión que hay que preguntar al señor pre


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sidente es si ha habido alguna modificación del resultado contable como consecuencia de la aplicación de la resolución del 30 de diciembre de 1992 y si la hubiese habido de aplicarse las disposiciones que menciona el Tribunal de Cuentas.
Entendemos que no hay ninguna diferencia contable, pero es obligado que se nos aclare.



En relación con los gastos financieros de Renfe hay una cuestión importante, cual es la comparación que se hace con la deuda pública a 10 años, con una visión excesivamente focalizada, ya que, si tenemos en cuenta la deuda pública de esos
años, observamos que los intereses de la deuda fueron en 1999 el 5,65 por ciento, y en 2000, el 5,69 por ciento, mientras que la deuda de Renfe ha tenido un coste financiero del 5,34 y el 5,48 por ciento, respectivamente; es decir, ha sido inferior
al de la deuda pública. Parece que hay una visión distinta o una valoración que no se corresponde con la realidad de las cuentas. Otra cuestión destacable, que está recogida en la conclusión novena, es la crítica a la actividad de Renfe en el
mercado de las telecomunicaciones. Con independencia de una autorización expresa con la modificación del artículo 179.3 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre que se hizo en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado
del año 1996, ha sido correcta, y se ha acreditado por la contestación que ha hecho Renfe que en ningún caso supuso una detracción de los recursos que debían ir destinados a las actividades clásicas de Renfe, sino que ha tenido carácter ampliable y
las inversiones no han sido sustitutivas sino adicionales. Por otra parte -permítaseme el comentario-, decir que Renfe hace mal por invertir en fibra óptica para conseguir recursos rentables, tanto desde el punto de vista operativo como económico
por cuanto se alquila a otros operadores la fibra óptica, parece una visión rancia y obsoleta de una Renfe que correspondería más a la del siglo pasado que a la del siglo XXI.



Querría acabar con dos comentarios, uno relativo a las conclusiones primera, segunda, cuarta y quinta, que parece más la posición del Tribunal en la forma de presentar las cuentas, sin que en ningún caso se haya advertido error contable
alguno; y, el segundo, que las recomendaciones que hemos visto en el informe del Tribunal se han visto ya superadas con la entrada en vigor de la nueva Ley del sector ferroviario, en cuyo caso entendemos que no van a causar estado en la posible y
futura actuación de Renfe. Creemos que hay algunas cuestiones que se escapan de la responsabilidad directa de Renfe y el informe que hace el Tribunal supone el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa, el respeto y la consideración
acerca de la actuación correcta de los responsables de esta entidad.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado señor López.



El señor LÓPEZ VILLENA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señorías, quiero empezar mi intervención con unas consideraciones previas sobre la redacción de los informes por parte del Tribunal de Cuentas que, a buen seguro, ilustrarán
y harán más comprensibles las cuestiones que mi grupo desea formular al señor presidente del alto Tribunal. Entiéndanse estas consideraciones desde nuestro respeto, la más alta estima y en un sentido constructivo.



A este diputado le gustaría saber cómo es el proceso de elaboración y redacción de los informes del alto Tribunal y si los realiza una misma persona, porque si así fuera, desde el punto de vista literario, habría que darle un premio, ya que
ha inventado un nuevo recurso estilístico que podríamos denominar redacción estilo Tribunal de Cuentas, gazpacho de letras y números o el laberinto de las cuentas fiscalizadas. Entiéndanse estas expresiones en tono de humor y no como
descalificaciones o calificaciones despectivas. El arte de describir una misma situación, o situaciones análogas, desde distintos ángulos, con datos de partida y premisas distintas, para dar datos distintos, con frases que se extienden a lo largo
de siete u ocho renglones, convendrán conmigo que es una redacción un tanto barroca si, además, tras el punto y seguido continúa con un sin embargo, aunque, no obstante.



Señor presidente del Tribunal de Cuentas, este diputado ha tratado de confeccionar una hoja de cálculo, que tengo aquí, con los comentarios y las conclusiones del informe que nos ocupa, e irremediablemente han surgido una serie de cuestiones
y dudas. Dice el informe en la última frase del párrafo primero de la página 135: Los importes de la partida del Estado deudor a largo plazo, eran 600.170 y 607.451 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1999 y 2000, respectivamente. Sin
embargo, dice en la última frase de la misma página, aunque el Estado viene cubriendo desde comienzos de los años noventa las pérdidas anuales de la entidad con aportaciones de capital, mantiene una deuda con Renfe que alcanzaba los 730.000 millones
de pesetas a 31 de diciembre de 2000. La pregunta es: ¿esta deuda no era de 607.451 millones de pesetas? ¿O quiere decir el informe que los 730.000 millones se refieren a la deuda motivada por las pérdidas anuales de Renfe que debía cubrir el
Estado pero que no ha cubierto? Si es así, ¿cómo es posible que sea mayor que el importe de la partida Estado deudor a largo plazo? Como ya uno empieza a estar confuso se pregunta: los 600.170 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1999 y los
607.451 millones de pesetas a 31 de diciembre de 2000, ¿son saldos de esta cuenta o cantidades acumulables? Entiendo que lo normal es que sean saldos a esa fecha, pero, entonces, no sé cómo encajar los 730.000 millones de pesetas, que según se dice
es la deuda que con Renfe mantiene el Estado.



La conclusión cuarta, página 136, comienza así: La deuda por cuenta del Estado liquidada por la IGAE de acuerdo con lo establecido en el contrato-programa a 1 de enero de 2001 -curioso, ahora tomamos como referencia el 1 de enero en lugar
del 31 de diciembre-, se


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ha evaluado en la cifra de 605.482 millones de pesetas. Volvemos a preguntarnos: ¿cómo es esto? ¿Esta cifra no era, a 31 de diciembre de 2000, de 607.451 millones de pesetas? ¿Qué pasó en nochevieja para que se redujera? Pero, claro, la
nochevieja de 1999 pasó algo similar, porque en la penúltima frase de la página 136 se dice: La deuda por cuenta del Estado a 1 de enero de 2000 liquidada por la IGAE se ha cifrado en 599.866 millones. ¿Pero no habíamos dicho que esta deuda, a 31
de diciembre de 1999, era de 600.170 millones? Buceando en los anexos encontramos que la diferencia está en una aplicación de superávit de gestión, que rogaría nos explicara. Hubiera sido mejor fechar esa aplicación a 31 de diciembre de 1999 para
evitar estos cambios de fechas que producen perplejidad. Continúa diciendo el informe, tras el punto y seguido: Este importe no incluye las diferencias negativas de cambio no realizadas existentes a esa fecha -nos preguntamos cuál, ¿la del año
nuevo o la de nochevieja?- y que ascendían a 109.978 millones. Si las incluimos nos habría dado una suma de 709.844 millones, que tampoco cuadra demasiado. La pregunta es: ¿cuál es la cifra correcta de la deuda del Estado con Renfe?


Con relación a las diferencias negativas de cambio, ¿cómo las contabilizaba Renfe? Por un lado, se dice en la página 135 del informe: Que no figuraban incluidas en los importes de los saldos de las partidas del estado deudor a largo plazo
del activo del balance de Renfe, que recoge la deuda del Estado con la entidad. Y previamente, en la conclusión segunda se dice: El total del endeudamiento financiero que figuraba en el balance de Renfe a 31 de diciembre de 1999 era de 1.031.605
millones de pesetas, no estando incluidas en ese importe las diferencias negativas de cambio existentes. Hemos de deducir de aquí que solo están contabilizadas como gasto, ¿con qué contrapartida? ¿O es que las diferencias de cambio, por su
naturaleza, estaban pagadas? Entonces, ¿a qué viene el comentario de que no están incluidas en ese importe? ¿Dónde están incluidas?


Se dice también en la conclusión segunda: Comparando las cifras de endeudamiento financiero total de Renfe existentes a 31 de diciembre de 2000, al final del contrato-programa, con las existentes al inicio a 31 de diciembre de 1998, que
eran de un importe de 1.104.303 millones de pesetas, se observa que se ha producido un aumento de endeudamiento financiero total de Renfe de 36.658 millones, lo que representa un incremento del 3,2 por ciento. El informe esta diciendo que el
endeudamiento financiero de Renfe a 31 de diciembre de 1998 es de 1.104.303 millones, y añade al inicio de la conclusión segunda que este endeudamiento a 31 de diciembre de 1999 es de 1.031.605 millones y, a 31 de diciembre de 2000, de 1.033.084
millones. Pero si sumo a 1.104.303 millones de 1998 el incremento referenciado, nos da 1.140.961 millones.
¿Cómo es posible que este endeudamiento a 31 de diciembre de 2000 sea de 1.033.084 millones, 107.877 millones de pesetas menos? Volvemos a
bucear por los anexos y vemos que la diferencia puede coincidir con las diferencias de cambio a 31 de diciembre de 2000 que, curiosamente, ahora sí se tiene en cuenta como deuda financiera de Renfe. ¿Entiende el señor presidente del Tribunal de
Cuentas a qué me refería al inicio de mi intervención con lo de describir una situación desde distintos ángulos dando datos de partida y premisas para concluir de forma distinta? Según el informe, de acuerdo con el texto del contrato-programa, las
diferencias negativas de cambio producidas en los pagos de los intereses al Estado de las deudas en moneda extranjera da lugar a que Renfe se haga también cargo de otros costes financieros adicionales no soportados por el Estado, que suponen una
cantidad relevante, y además la diferencia entre coste para Renfe de la deuda del Estado y las aportaciones realizadas por éste para compensar ese coste no son reconocidas como mayor deuda del Estado. ¿En cuánto se tendría que incrementar realmente
la deuda del Estado por este motivo?


No quisiera pasar por alto la alegación realizada por la dirección de Renfe relativa a la recomendación primera del informe, referente a que Renfe se atenga a lo establecido en el Plan General de Contabilidad en cuanto al formato de
presentación de sus cuentas de pérdidas y ganancias.
Nos parece del todo improcedente e inaceptable, ya que, como se dice en ella, la formulación efectuada por la entidad es transparente, cuando no es esa dirección de Renfe quien tiene que valorar
esto, teniendo en cuenta que el resultado contable de la entidad continúa diciendo la alegación, es idéntico al que resultaría de la aplicación estricta del formato del Plan General de Contabilidad. Tampoco es esa dirección quien tiene que valorar
eso. Esta dirección, deliberadamente, incumplió su obligación de presentar las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad, contribuyendo así a la deshomogeneización de presentación de cuentas que, como sabemos, perjudica a la consolidación de
las cuentas públicas y, por ende, a su transparencia. ¿Qué repercusiones punitivas tuvo para la dirección de Renfe los mencionados incumplimientos? Seguramente no es una pregunta que deba contestar el Tribunal de Cuentas, pero queda en el aire.



Por limitaciones de tiempo no me extenderé en extremos tales como los errores de la contabilización, la cancelación de varios contratos de permuta financiera, el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato-programa y sus
repercusiones, las actividades que realiza la unidad de negocio de telecomunicaciones comerciales, que están expresamente prohibidas por el artículo 8 de los estatutos de Renfe, la insuficiente separación contable e incompleta que solo proporciona
unas cuentas de resultados estimativas para las unidades de negocio, contribuyendo así a la opacidad.



Por todo lo anteriormente expuesto le preguntamos, señor presidente del alto Tribunal, ¿cuáles son las deudas financieras y no financieras presentadas por Renfe en los ejercicios 1999 y 2000? ¿Cuáles son los ajustes efectuados por el
Tribunal de Cuentas a este respecto?


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¿Cuáles son los importes de estas deudas ya ajustadas por el Tribunal de Cuentas? Le hago las mismas preguntas respecto a las deudas de cualquier tipo o clasificación del Estado con Renfe; también para los balances de situación y cuentas
de pérdidas y ganancias para esos ejercicios, es decir, las cuentas que presenta la entidad, los ajustes del Tribunal y resultado final. ¿Cómo afectó la cuantía de esos ajustes al superávit o déficit de la cuenta general del Estado? Si el señor
presidente del Tribunal de Cuentas no cuenta con todos los datos que se le solicitan, lo entenderemos y le pedimos que nos los remita por escrito. Preferiríamos esto a que el señor presidente del Tribunal de Cuentas nos responda con sus ya
tradicionales remisiones al texto aprobado por el Pleno del Tribunal, objeto de la fiscalización, ya que son cuestiones directas del informe necesarias para su esclarecimiento.



Por último, me gustaría señalar también como el señor Ayala, mi extrañeza ante el reconocimiento expreso de los objetivos del programa, a pesar de todos los incumplimientos y con todas las dudas que se transmiten del informe.



El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Una aclaración que procede hacer, por las preguntas que han hecho, es que no es una fiscalización de Renfe, sino que es una fiscalización del contrato-programa del Estado con
Renfe y, por lo tanto, afecta tanto al ministerio como a Renfe.



En cuanto a la contabilidad, estoy de acuerdo en que se ajusta a la resolución de la IGAE, pero lo que no se ajusta es la cuenta de pérdidas y ganancias, y el Tribunal debe decirlo así. No hay consecuencias en estas discrepancias a los
efectos de resultados de la cuantificación de cada ejercicio.



En materia de Renfe, de telecomunicaciones, es cierto que el informe dice que se adapta a la ley, pero no a los estatutos.



El primer interviniente empezó por establecer que el informe hace algunos juicios de valor que a veces pueden estar en contradicción con otros juicios de valor. Precisamente para eso está este Parlamento. El Tribunal de Cuentas presenta
aquí los informes y quienes los tienen que valorar son los que lo reciben. Enlazando con el segundo interviniente, esas valoraciones o esas consideraciones que le merece a la Comisión Mixta el informe en cuestiones técnicas, aunque se ha dicho que
no se den las respuestas tradicionales, yo tengo que responder con las respuestas tradicionales, porque esa es mi misión institucional. Pero fíjense ustedes que en la elaboración de los informes hay una sección de fiscalización, hay un ponente y un
equipo que redacta la ponencia, pasa después por el Pleno, y lo que presenta aquí el presidente es un informe aprobado por el Pleno. Puede tener información para contestar preguntas, pero puede no tenerla, que es lo que me pasa con las preguntas
del segundo interviniente. Procede que esto se pregunte por escrito, también el ponente podría leerlo en el 'Diario de Sesiones', pero es preferible que se pregunte por escrito para dar las contestaciones con el rigor que se merecen. Con esas
contestaciones tradicionales, este presidente tiene que decir que la labor de los auditores no es perfecta, como no lo es ninguna labor en el mundo, ni la del consejero ponente, ni la propia labor del Tribunal y, por supuesto, dentro de los máximos
defectos que se puedan tener en todo ese proceso, están los que pueda tener este presidente. Pero en eso precisamente consiste la crítica y se deben leer los 'Diarios de Sesiones' y tomar buena nota de lo que se dice. De la calidad de nuestro
trabajo, no es solamente la opinión pública, sino esta Comisión quien tiene que decirnos si es buena o mala. Yo creo que incluso la redacción cabe mejorarla y, como he dicho ya públicamente hace poco, habría que reducir más los informes, hacerlos
más cortos, pero tengan en cuenta que el Tribunal de Cuentas no es un Tribunal presidencialista, es un Tribunal que tiene un Pleno. Yo les presento aquí lo que aprueba el Pleno y defiendo lo que aprueba el Pleno.



-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 313 G, PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS, Y DE LA GESTIÓN DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS, EJERCICIO 2002. (Número de expediente del Congreso 251/000087 y
número de expediente del Senado 771/000086.)


El señor PRESIDENTE: Para informar sobre este expediente tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Pleno aprobó en julio de 2005 el informe de fiscalización del programa 313 G, Plan Nacional sobre Drogas, y de la gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas
y otros delitos relacionados, ejercicio 2002.



En relación con la gestión del programa, la liquidación presupuestaria refleja fielmente el resultado de las operaciones realizadas en el ejercicio, con la única salvedad de la incorrecta imputación contable de una parte de los gastos. El
análisis de los gastos ha puesto de manifiesto diversas deficiencias en los expedientes tramitados mediante el sistema de anticipo de caja fija y en el fraccionamiento de gasto de uno de los contratos analizados e importantes deficiencias en otro,
que afectan a la valoración de la cuantía a abonar al adjudicatario y al pago indebido de determinados gastos de éste.



En la tramitación de las transferencias a las comunidades autónomas se incumplieron los plazos para la distribución y libramiento de los fondos.
En los créditos distribuidos por la Delegación del Gobierno para el plan


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no han quedado acreditados los criterios para su asignación a los programas presentados por las comunidades, ni para la determinación de la cuantía de las ayudas a las entidades sin fines de lucro para programas en el campo de las
drogodependencias. En el informe se detallan las deficiencias detectadas en la aplicación de los fondos recibidos por los destinatarios de las transferencias efectuadas por la Delegación.



En la fiscalización de la gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, creado por la Ley 3/1995, se ha constatado fundamentalmente que la normativa reguladora del fondo no prevé ni ha
establecido posteriormente un procedimiento que garantice que todos los bienes decomisados se integran en él. Los procedimientos implantados por la Delegación para su gestión presentaban deficiencias en el control de los bienes y del efectivo
decomisados, de los ingresos del fondo y de su afectación a los créditos del programa Plan Nacional sobre Drogas.



El plazo desde la incautación de los bienes hasta su liquidación era muy elevado, 63 meses de media en los expedientes analizados, con la consecuencia de su depreciación, especialmente en el caso de vehículos y embarcaciones. A 31 de
diciembre de 2002, los bienes pendientes de liquidación ascendían a 2.599, algunos de gran antigüedad. Por otra parte, más del 50 por ciento de los bienes decomisados se abandonan por su escaso o nulo valor o no llegan a incorporarse al fondo al no
haber sido localizados o estar embargados o en situaciones similares.



El informe recomienda a la Delegación que se elabore una adecuada presupuestación por objetivos, se establezca un procedimiento para que todos los bienes y efectos decomisados se integren en el fondo, se mejore el procedimiento de
liquidación de estos bienes y se aumente el rigor en el control de los decomisos de efectivo y de los ingresos del Estado.



El señor PRESIDENTE: En el turno de preguntas y aclaraciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez.



La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su presentación. En esta sesión cargada de cuestiones significativas que nos demuestran la importancia de las funciones que tiene encomendadas el Tribunal
de Cuentas, nos referimos ahora a una fiscalización sobre un ámbito de la administración que trasciende por su contenido, me atrevo a decir, aquello que se pueda deducir de un mero análisis o auditoría contable jurídica respecto a un año de
referencia.
Por eso lo estoy diciendo ahora, en este primer momento, porque no se debe simplificar, ni aunque pueda parecer que no queda otro remedio, sino que se debe intentar ir más allá para comprender realmente cuáles han sido las actuaciones
que se reflejan en los fríos papeles.



El Plan Nacional sobre Drogas coordina y desarrolla, contando con la participación de las administraciones públicas, de las instituciones sociales y de los ciudadanos en general, acciones encaminadas a abordar los problemas derivados del
tráfico y consumo de drogas. Su función se dirige fundamentalmente al área de prevención y, más concretamente, al aumento de la percepción del riesgo sobre el consumo y a evitar la entrada en el mundo de la drogadicción a la población más
vulnerable. La responsabilidad es muy clara, pero al mismo tiempo podríamos decir, aunque ya sé que es poco técnico pero expresivo, muy difusa o más bien de carácter continuo en el tiempo, trascendiendo, quizá, del propio ciclo presupuestario
anual. Le realizaré alguna pregunta en este sentido.



Estas funciones las ejerce la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con los recursos que le asigna el Parlamento en los Presupuestos Generales del Estado y los derivados del Fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados, por lo que es necesario su análisis conjunto para llegar a conclusiones correctas sobre la gestión en este ámbito de responsabilidad, y así lo programó con buen criterio el Tribunal para realizar el informe que
hoy tratamos. Sin embargo, la especificidad del sistema presupuestario elegido por voluntad de los legisladores, que supone una de las excepciones que confirman la regla general de no afectación de los ingresos públicos, hace que las conclusiones
deban ser también de carácter particular o ad hoc para la situación analizada. En este sentido va a ir también alguna de mis peticiones de aclaración.



Ese sistema especial se acompaña, como no podía ser menos, de la garantía de seguridad jurídica en el manejo y disposición del fondo, lo que trae como consecuencia que el órgano encargado del programa, la Delegación del Gobierno, no tenga
plena competencia o capacidad de actuación sobre los bienes que conforman aquél, bienes que, tras su liquidación, son los que van a dar lugar a los recursos que luego van a servir para el cumplimiento de los fines de la Delegación. También le
preguntaré su opinión en relación con esto.



Y por último, también le preguntaré sobre alguna cuestión concreta de gestión cuya interpretación no nos ha quedado muy clara. En este sentido, señor presidente, la Ley General Presupuestaria califica los programa de gasto plurianuales en
cuatro grandes grupos, los programas de apoyo y aquéllos que tengan por finalidad la producción de bienes y servicios, el cumplimiento de obligaciones específicas y la realización de las demás actividades encomendadas a los centros gestores de
gasto. Yo entiendo que el programa fiscalizado se encuentra en este último caso, máxime cuando, aunque deba tener concreciones anuales, su objetivo sea claramente plurianual. La ley dice que cuando los resultados no sean medibles directamente, la
efectividad del programa se hará mediante indicadores que permitan su medición indirecta. En este caso, el Parlamento aprobó unos determinados indicadores que, por otra parte, son


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similares, si no iguales, a los utilizados en ejercicios posteriores e, incluso, a los recogidos en el proyecto que se acaba de aprobar por el Congreso para el año que viene. Además, este programa, cuya efectividad, como decía, solo puede
medirse realmente con carácter plurianual, fue acompañado por una estrategia nacional sobre drogas 2000-2008, que ha sido evaluada en el primer trimestre de este año. Por eso le pregunto: ¿a qué se refiere exactamente el Tribunal cuando solicita
una adecuada presupuestación por objetivos para llevar a cabo una planificación anual? ¿En qué sentido iría la redefinición de los objetivos anuales? ¿Por qué llega a la conclusión de que esto es necesario? ¿Supone que la Delegación no sabía lo
que hacía ni a dónde iba?


A lo largo del informe se hacen muchas referencias a los procedimientos de gestión y a los remanentes de crédito en los conceptos que recogen los ingresos del fondo, remanentes que no se pierden para la consecución de los objetivos para los
que fueron habilitados los recursos como consecuencia de un cambio en la regulación, en el año 1997, que los declaró incorporables. Es cierto que en las recomendaciones no se realiza ninguna en relación con la ejecución, pero dada la reiteración de
las citadas referencias a lo largo del informe, ¿entiende el Tribunal que la Delegación no cumplió con las funciones que tenía encomendadas y que eso pudo deberse a la forma de ejecutar los créditos que se le asignaron?


Tampoco se comprende muy bien, atendiendo a los objetivos de la fiscalización, las referencias al nivel de los créditos administrados por la Delegación en 1994 hasta el año de referencia de la fiscalización, máxime cuando no se ha entrado a
analizar esos años. ¿Tiene eso algo que ver con el cumplimiento de las funciones de la Delegación o estamos ante la satisfacción de otros objetivos por parte del Tribunal? Objetivos que, por otra parte, no aparecen entre los relacionados en el
propio texto del informe.



Las Cortes Generales aprobaron con fecha 29 de mayo de 2003 la Ley 17/2003, reguladora del fondo, donde se clarificaron y concretaron las obligaciones de jueces y tribunales en relación con la comunicación de las sentencias, de la
identificación de los bienes y de sus depositarios.
Puesto que el informe ha sido aprobado este mismo año, ¿la han tenido en cuenta al hacer sus recomendaciones? Lo digo porque ni en las conclusiones ni en esas recomendaciones se hace la más
mínima referencia a ella, aunque se señala en el alcance de la fiscalización que el ámbito temporal se ha ampliado en aquellos aspectos que se han considerado convenientes para el cumplimiento de los objetivos.



En la cuarta de sus recomendaciones se refiere a la necesidad de mejorar sensiblemente el procedimiento de liquidación de los bienes del fondo, al incremento del número de bienes liquidados anualmente y al establecimiento, en colaboración
con los órganos judiciales, de un procedimiento para identificar de forma inequívoca las joyas decomisadas.
Permítame entrecomillar la palabra joyas, porque para formar criterio sobre esta recomendación hay que leer detalladamente la totalidad del
informe y también las alegaciones, tanto de los responsables en 2002 como de los actuales, y también hay que leer el informe que sobre el fondo se realiza anualmente, al que ustedes tampoco hacen referencia. La citada ley de 2003 pretende resolver,
en parte, estos problemas y el resto, incluyendo la identificación que piden, se sale de las responsabilidades de la Delegación del Gobierno y forman parte de un sistema que se basa en incautaciones policiales con determinaciones iniciales que
después son objeto de sentencias y depósitos intermedios en situaciones sub júdice, a las que difícilmente se les puede dar soluciones integrales. Mi pregunta es similar a la anterior: ¿esta recomendación ha tenido en cuenta la reforma de la Ley
del fondo de 2003? En este sentido se pueden analizar las actuaciones posteriores de la mesa de coordinación de adjudicaciones hasta las realizadas hace pocos meses, en las que los expedientes de abandono de bienes son constantes y fruto del propio
procedimiento.



Por último, y perdón por la extensión de mi intervención, alguna pregunta concreta. Cuando se hace referencia al abono de gastos de desplazamiento y alojamiento, ¿cuál es exactamente el problema?, ¿que los perceptores no fueran
trabajadores de la Delegación o que no se sabía si los cursos tenían relación o no con las tareas de la Delegación? Por cierto, en las alegaciones de los responsables actuales de la Delegación, no de los auditados, se explica el procedimiento y se
señala que se presentaron memorias explicativas, aunque sucintas, relacionando el gasto con estas tareas. Por otra parte, y esto el Tribunal debe conocerlo suficientemente por otras fiscalizaciones, cuando se organizan cursos se abonan dietas y
desplazamientos a los asistentes, y así se recoge en los códigos presupuestarios. De ahí la pregunta, pues teniendo en cuenta estas cuestiones, no se entiende bien el alcance de la conclusión.



Ya, por último, en relación con el contrato de asistencia técnica, la pregunta es sencilla: ¿había sido este contrato objeto de fiscalización por la intervención delegada y tenía el correspondiente informe de la asesoría jurídica? En caso
de ser así, ¿en qué sentido fue informado?


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Gloria Gómez.



La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, gracias por el informe de fiscalización y gracias, también, por sus explicaciones.



Como usted muy bien ha dicho, el informe de fiscalización se divide en dos apartados. Por un lado el programa 313 G, que se corresponde con el Plan Nacional sobre Drogas, y por otro lado, la gestión del Fondo de bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados. Sobre el programa 313 G, Plan Nacional sobre Drogas, en el capítulo 2 -gastos corrientes en


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bienes y servicios-, artículo 22 -material, suministros y otros-, el informe nos dice que una muestra del 45 por ciento de las obligaciones reconocidas en este artículo da como resultado las siguientes irregularidades: en los contratos
menores, abonados mediante el sistema de anticipo de caja fija, no se acreditaba la aprobación del gasto para cada una de las facturas, contraviniendo, por tanto, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Con cargo al concepto 226.06
-reuniones, conferencias y cursos-, se han pagado gastos de desplazamiento y alojamiento a personas no pertenecientes a la Delegación por importe de 15.063 euros. Señor presidente, ¿a quién se pagaron estos gastos? ¿Quién viajaba a costa de la
Delegación y qué tipo de viajes? No consta en absoluto que fueran personas de la Delegación ni que los viajes estuvieran organizados por la misma. Existen, además, contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, fraccionando
el gasto para no superar el límite establecido en el artículo 201 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vulnerando, una vez más, la normativa. ¿Para beneficiar a quién, señor presidente? Si se vulnera la normativa a sabiendas de
que se hace, entiendo que es para beneficiar a alguien. En este caso, a una empresa.



En el siguiente caso el beneficio no es a una empresa, es a un particular: se suscribe un contrato de asistencia técnica con un licenciado en Ciencias de la Información para elaborar un plan estratégico de comunicación y el desarrollo
posterior del mismo. La contratación va desde junio de 2002 hasta abril de 2004. En ese periodo, 2002 y 2004, presenta dos planes de comunicación idénticos. El importe de los sucesivos contratos es de 161.450 euros, aproximadamente y haciendo una
media, 7.300 euros al mes. No estaba mal pagado, desde luego, si tenemos en cuenta, además, que en las bases para optar al concurso se pedían cosas como que hubiese publicado más de 500 artículos relacionados con la materia no sabemos si con la
materia de la comunicación o con la materia sanitaria, porque de drogas creo que no tenía escrito ninguno) en algún diario médico, y que se valorase como mérito especial trabajar en una publicación diaria especializada en materia sanitaria. En
aquel momento solo había una publicación que era Diario médico. Obviamente, la persona seleccionada era redactor de Diario médico. ¿Casualidad? Pues seguramente que no. Solo faltaba el documento nacional de identidad, porque en las bases del
concurso estaban puestos el nombre y los apellidos. Pero hay más. En el concurso se decía que los viajes correrían por cuenta del adjudicatario; sin embargo, el informe de fiscalización pone de manifiesto que esto no ha sido así, que también se
le han pagado gastos de viajes, gastos que el señor Robles Orozco reconoce en pregunta parlamentaria que son por cuenta del adjudicatario. Por lo tanto, este pago de dietas se hizo de forma indebida. Le pregunto, señor presidente, si usted cree
que este pago de dietas se hizo de forma indebida.



Por cierto, en cuanto a dietas por viajes en el año 2002, el señor Robles Orozco realizó un total de 42 viajes, por los que cobró en concepto de dietas 26.745,39 euros. A estos viajes le acompañaron un total de 140 personas; personas o
desplazamientos, porque supongo que las personas habrán repetido más de un viaje. Por esos 140 desplazamientos se cobró un total de 28.148,39 euros. De esto no dice nada el informe de fiscalización, supongo que porque no estará el expediente en
ese 46 por ciento consultado. Creo que me lo podrá confirmar también el presidente del Tribunal de Cuentas. Lo que resulta, cuando menos, disparatado, y no sabemos qué conceptos son los que se pueden utilizar para estas dietas es que una persona
cobre casi lo mismo que 140. Estos datos, señorías, están en una pregunta parlamentaria de la señora Varela Vázquez en el año 2003, en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de la Droga.



En el apartado de transferencias a las comunidades autónomas son múltiples las anomalías que se detectan: incumplimientos de plazos previstos en la normativa falta de criterios para determinar las cuantías de la financiación por programa y
comunidad; (obviamente, la falta de criterios definidos favorece la falta de transparencia a la hora de adjudicar los programas), falta de acreditación de que los fondos transferidos a cada concepto se destinasen al fin para el que fueron librados.
Incluso en los casos en los que se detallaba y acreditaba el desarrollo de los programas, también se presentaban numerosas deficiencias que no permitían una evaluación correcta del programa. En los casos en los que no se justificaba no se adoptó
ninguna medida. Como pueden ustedes comprobar, señorías, desde luego, no es un modelo de buena gestión lo que nos presenta este informe de fiscalización. Además, señorías, quien adjudicaba estos fondos era el ministro del Interior, a propuesta de
la Delegación. Parece que el ministro del Interior -por cierto, en 2002, dos ministros del Interior, señores Rajoy y Acebes -no se enteraba de lo que ocurría con estas transferencias que se daban a las comunidades autónomas, ¿o sí? Porque si no
existían criterios, yo me pregunto: ¿cómo a unas comunidades se les daban programas y a otras no? ¿En base a qué? Creo, señorías, que ustedes son lo suficientemente sagaces para saber cuál era el criterio sin necesidad de que yo se lo explique.



En el apartado de otras transferencias, se incluyen cuatro líneas de ayuda: para entidades sin fines de lucro de ámbito estatal, para entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal, para corporaciones locales, y para entidades
públicas o privadas sin fines de lucro. Como pueden comprobar ustedes, en este apartado se incluyen, además de administraciones locales, asociaciones y organizaciones que llevan muchos años trabajando en drogodependencias, y es de justicia que se
les reconozca el buen trabajo que vienen desarrollando. Tampoco este apartado se escapa de la nefasta gestión del señor Robles Orozco al frente de la Delegación. Les pongo algunos ejemplos: no había instrucciones para


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hacer que el proceso de adjudicación fuese homogéneo; no se motivaba la puntuación otorgada, con lo cual, no se conocen los criterios seguidos; cuando se analizan los proyectos que se otorgaban, son absolutamente incoherentes y
contradictorios; en algunos expedientes se manifiestan incertidumbres que no se resuelven y, sin embargo, se procede a puntuarlos; no se levantan actas de la comisión de valoración y se recortan las peticiones de ayuda sin explicar los motivos.
Todo un ejemplo de transparencia en la concesión de ayudas. No es de extrañar que asociaciones y organizaciones presentasen multitud de quejas que dieron lugar a numerosas preguntas parlamentarias, como a la que ya he hecho referencia
anteriormente. No se acreditaba suficientemente el desarrollo de los programas, tal y como constaba en la solicitud, y no se tenía en cuenta esta falta de información sobre los cumplimientos a la hora de conceder ayudas de convocatorias
posteriores. Se da también el caso de que la Federación Española de Municipios y la Organización de Estados Americanos no devolvieron en su momento remanentes de la ejecución de proyectos subvencionados.



Respecto al fondo de decomisos, señorías, el Fondo de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados está integrado por los bienes, efectos e instrumentos que hubieran servido o provengan de la comisión de delitos
de tráfico de drogas y otros delitos relacionados que por sentencia firme se decomisen y se adjudiquen al Estado. La gestión y administración le corresponde a la Delegación y la Mesa de coordinación de adjudicaciones es la que además de
identificar, inventariar y enajenar, distribuye los fondos. Está presidida por el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la integraban también en aquel momento representantes de Ministerio del Interior, Justicia y Hacienda. El
informe de fiscalización pone de manifiesto que había una importante descoordinación entre los ministerios afectados en el periodo al que hace referencia la fiscalización. Señorías, yo añado que, además de importante descoordinación, lo que había
era una dejadez absoluta. La gestión del fondo presentaba numerosas deficiencias. No se realizaba un seguimiento de los bienes decomisados que garantizase que no se produciría su depreciación o pérdida. Fíjense hasta qué punto que, en el caso de
un inmueble, la Delegación recibió la sentencia en el año 1999 y hasta enero de 2004 no remitió al Registro de la Propiedad los documentos necesarios para la inscripción a cuenta del Estado. Se da la circunstancia de que el inmueble había sido
vendido en el año 2003 a favor de terceras personas. No se tenía un procedimiento para determinar que las joyas decomisadas coincidían con las recibidas por la Delegación y, por tanto, eran las tasadas y liquidadas. En algún caso consta incluso la
desaparición de alguna de ellas. El control de los decomisos en efectivo era insuficiente, aun cuando esto representase el 78 por ciento de los ingresos del centro. Algunos decomisos no pertenecían al fondo y se ingresaban y, por otra parte, en la
cuenta del fondo se perdían otros muchos de su propiedad que nadie reclamaba. El plazo desde la incautación de los bienes hasta su liquidación era muy elevado, lo cual, evidentemente, facilita su depreciación. En el caso de la Delegación se
tardaba hasta 23 meses en liquidarlos. Solo el 46 por ciento de los bienes liquidados hasta el 31 de diciembre de 2002 fueron aprovechados para los fines del fondo. Además de todo esto, la asignación de los recursos del fondo se realizó en algunos
casos sin respetar la normativa reguladora del fondo. Señorías, creo que después de todo lo que les he expuesto no queda ninguna duda de que tanto la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas como el fondo de decomiso en el año 2002, al que hace
referencia el informe de fiscalización, eran un auténtico caos de gestión. Me referiré una vez más a la pregunta parlamentaria que ya he mencionado. En ella el señor Robles decía: He hecho una gestión de libro, absolutamente transparente y legal.
El título de libro, en todo caso, sería Manual de malos usos y costumbres. El señor Robles mentía y su mala gestión la padecían los que llevaban muchos años trabajando con las drogodependencias, los que llevaban muchos años padeciendo y sufriendo
la drogodependencia; era lógico, por tanto, el malestar que sentían.



Para finalizar, señor presidente, quería hacerle una pregunta. Señor presidente del Tribunal de Cuentas, ¿cree usted que del informe de fiscalización usted que se puede derivar, o si así lo ha entendido el fiscal, alguna responsabilidad
contable? Yo entiendo que las responsabilidades políticas se exigirán como consecuencia de esta fiscalización y, desde luego, no son competencia de un órgano técnico como el Tribunal de Cuentas.



Le doy las gracias tanto por sus conclusiones como por las recomendaciones.



El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al presidente de Tribunal de Cuentas, quisiera recordad a SS.SS. que estamos en un turno de aclaraciones y preguntas. Habrá la posibilidad de que todos los grupos puedan hacer las valoraciones
y presentar las resoluciones. Quería que nos ciñéramos al turno de aclaraciones y preguntas, que es el que toca en este momento.



Tiene la palabra para contestar el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Comprenderán que a veces no es fácil sustraer o detectar las preguntas en torno a los debates, aunque ya estamos un poco acostumbrados.



En primer lugar, se plantea por la señora Rodríguez si se han cumplido los objetivos y cómo. Esto es una cosa ya recurrente en el Tribunal. El informe identifica estos objetivos, pero no son lo suficiente para valorar los resultados y,
sobre todo, el problema no es fijar los objetivos, sino disponer de indicadores adecuados. Muchas


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veces los objetivos son muy genéricos y ello impide la eficacia de los indicadores de gestión.



Otra cuestión hace referencia a la Ley de colaboración de los jueces con el fondo. Esta ley es posterior, pero aun así se ha tenido en cuenta. La fiscalización se refiere a 2002, antes de la ley. La conclusión de las irregularidades de
los cursos está descrita en el informe. En cuanto a las conclusiones y a las recomendaciones, lo que hacen los informes normalmente es que esas conclusiones y esas recomendaciones son las que se desprenden del cuerpo del informe y no suelen traer a
colación elementos externos.



En la otra intervención, la pregunta más concreta se refiere a si ha habido responsabilidades contables. El servicio jurídico del Estado y el ministerio fiscal han detectado determinados hechos de los que pudieran derivarse
responsabilidades contables que se refieren a los gastos indebidos, subvenciones pendientes de justificación y remanentes no reintegrados al Tesoro Público. El departamento correspondiente ya ha mandado a la sección de enjuiciamiento la
información. No obstante, después de haber sido aprobado el informe por el pleno, la Delegación ha remitido al departamento correspondiente y éste, a su vez, a la sección de enjuiciamiento, notificación de la Delegación de Economía y Hacienda de
Guipúzcoa del reintegro efectuado el 28 de julio de 2005, por el adjudicatario del contrato, de los gastos indebidos a los que hace referencia el fiscal. También se ha remitido un escrito de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas a la Comisión interamericana para el control del abuso de drogas solicitando la justificación del remanente de unas subvenciones, así como la documentación justificativa remitida por la citada entidad justificando parte del reglamento. Esta
es la información, que puedo dar yo a esa petición en materia de posibilidad de responsabilidades contables; es a lo más que puedo llegar en la presentación de un informe de fiscalización.



-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000093 y número de expediente Senado 771/000094.)


El señor PRESIDENTE: Para informar sobre este expediente, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal el pasado 27 de octubre. Los resultados coinciden, en líneas generales, con los obtenidos en la fiscalización de los últimos
ejercicios y con el contenido en la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos. Con carácter general, las cuentas anuales representadas no recogen la actividad económico-financiera
completa de la organización local ni de los grupos de cargos electos de las corporaciones locales. Por otra parte, en la mayoría de las formaciones políticas con representación en el Parlamento Europeo no figura incluida la contabilidad de la
representación parlamentaria. Las deficiencias observadas en la documentación justificativa de una de las formaciones limita significativamente la representatividad de sus estados financieros. Por otra parte, la falta de representación de estados
financieros de toda la estructura territorial de otra formación ha supuesto una importante limitación al alcance de su fiscalización. La financiación pública para el funcionamiento ordinario se eleva a 157 millones de euros. En este importe se
incluyen 39,9 millones procedentes de las corporaciones locales para subvencionar a los grupos constituidos en las mismas, así como 3,6 millones del Gobierno del País Vasco para el funcionamiento ordinario de las formaciones con representación en el
Parlamento de dicha comunidad. Como se ha señalado en informes anteriores y en la moción a la que se ha hecho referencia, estos dos recursos no están incluidos entre las fuentes de financiación pública enumeradas en el artículo 2 de la Ley Orgánica
3/1987. Asimismo, el Parlamento de Cataluña ha concedido asignaciones extraordinarias a los grupos parlamentarios representados en dicha Cámara que se elevan a 4,5 millones de euros, importe que procede, a su vez, de una transferencia del Gobierno
catalán al propio Parlamento. El Tribunal destaca dos aspectos en relación con dicha asignación: por una parte, la singularidad de que el ejecutivo transfiera créditos al legislativo, que dispone de autonomía presupuestaria y, por otra, la
aplicación de estas asignaciones extraordinarias al funcionamiento ordinario de partidos, como se ha podido constatar en alguna formación. Esto no se ajusta al previsto en el citado artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1987. El Tribunal no ha recibido
del Gobierno catalán información adecuada y suficiente sobre el fundamento y finalidad de esta transferencia de crédito al Parlamento de Cataluña. Por otra parte, las subvenciones electorales recibidas en 2002, correspondientes fundamentalmente a
liquidaciones de elecciones de ejercicios anteriores, ascienden a 2,4 millones de euros. Las aportaciones privadas no finalistas ascienden a 9,6 millones de euros, las de carácter nominativo han respetado, en general, la normativa, excepto en algún
caso, en el caso de dos formaciones. Por su parte, las de carácter anónimo han ascendido a 8,8 millones y dada su naturaleza no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite establecido para los procedentes de una misma persona.



En relación con las operaciones de endeudamiento, se han puesto de manifiesto deficiencias en el registro contable y en el control interno similares a las de ejercicios anteriores. El informe destaca la existencia de operaciones que no han
sido objeto de amortización en los plazos vencidos, que afectan a ocho formaciones políticas con una deuda vencida de al menos 38,1 millones de euros. También se ha observado la cancela


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ción de una operación de crédito que ha supuesto para el partido la regularización de intereses por 53.305 euros. Esta operación supone una aportación extraordinaria no regulada expresamente en la citada Ley Orgánica 3/1987. En relación
con la fiscalización de este tipo de operaciones de endeudamiento y, en general, de las relaciones de los partidos con las entidades financieras, el Tribunal pone de manifiesto los casos en que estas últimos no han proporcionado o lo han hecho de
manera incompleta la información solicitada a través de las formaciones políticas para confirmar los datos contabilizados, lo que ha supuesto una limitación para la fiscalización de este tipo de operaciones. El informe termina recomendando que la
moción a la que se ha hecho referencia sistematizó las deficiencias e irregularidades deducidas de los diversos informes elaborados por el Tribunal y expuso una serie de recomendaciones conducentes a la subsanación de las mismas; recomendaciones,
que no cabe sino reiterar en la presentación para que sean consideradas, en su caso, en el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los partidos políticos abierta en este Parlamento.



El señor PRESIDENTE: En el turno de preguntas y aclaraciones, en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Del Burgo.



El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señorías, nuestro grupo debe expresar, en primer lugar, su reconocimiento a la labor del Tribunal de Cuentas. El informe de fiscalización de la actividad financiera de
los partidos políticos durante el ejercicio 2002 constituye una herramienta de la mayor importancia para que los ciudadanos posean un diagnóstico preciso sobre la salud económica de quienes, según la Constitución, garantizan el pluralismo político y
en consecuencia constituyen un elemento esencial del sistema democrático.
Como es natural, lo primero que hice al tener en mis manos el informe de fiscalización objeto de esta sesión, fue leer los apartados relativos a los dos partidos del Grupo
Popular, el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. Concluí con satisfacción que ambos habían cumplido sus deberes con nota muy alta al ofrecer una realidad financiera totalmente saneada.
El saneamiento financiero de un partido, señorías, es
la mejor garantía contra la corrupción y los intentos de los grupos de presión para condicionar su actividad.



Al leer el informe no puedo decir lo mismo con relación a los demás partidos, porque, señorías, los partidos autodenominados progresistas, e incluyo tanto a los partidos socialistas como a los nacionalistas, están endeudados hasta las cejas.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, las deudas bancarias ascendían al cierre de 2002 a la cantidad de 132,1 millones de euros, 21.000 millones de pesetas, y de esa cantidad, más de la mitad, en concreto, 65,3 millones de euros, corresponde al
endeudamiento de los dos partidos socialistas españoles, es decir, al PSOE y al PSC. Pero hay algo peor, algunos partidos o no pagan sus deudas o pagan muy mal, pues nada menos que 28.270.521,21 euros, 4.704.818.942 pesetas, corresponden al impago
de intereses devengados por deudas vencidas, y sorprendentemente no exigidas, por las entidades financieras.
También aquí conviene destacar que más de la mitad, el 51,5 por ciento, corresponden al PSOE y al PSC, el 21,3 por ciento es de un partido
andaluz que gira en la órbita del PSOE, y el resto se lo reparten los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña, a excepción del PNV que, aunque tiene un nivel de endeudamiento bastante elevado para su dimensión, 19,8 millones de euros, no
tiene deudas vencidas.



Mención especial merece el Partido Socialista de Cataluña. A 31 de diciembre de 2002, el PSC reconocía la existencia de dos pólizas de crédito vencidas desde 1994 por un importe de 7.813.157,36 euros, 1.300 millones de pesetas. El Tribunal
de Cuentas, señor presidente, es muy discreto y no dice en su informe el nombre del prestamista. No estaría de más que en la futura ley exijamos que se sepa no solo quién dona, sino también quién presta a los partidos. Pero como todo acaba por
saberse, sabemos por propia confesión de la entidad crediticia, que los créditos vencidos en 1994 habían sido concedidos por la Caixa de Cataluña sin que ésta realizara ninguna actuación dirigida al cobro ni de la deuda principal ni de los intereses
vencidos, que en 8 años alcanzaron la friolera de 6,57 millones de euros, 1.100 millones de pesetas.



Todo esto plantea un grave problema, señorías, la condonación extraordinaria de deudas vencidas implica, a nuestro juicio, una donación nominativa radicalmente contraria a la Ley de financiación de partidos.
Ya sabemos que eso no tiene
ninguna consecuencia jurídica, pues nuestra vigente ley no incluye ninguna tabla de sanciones. El debate de hoy sería, por tanto, muy similar al de los años anteriores de no haber sido por la excepcional condonación de la Caixa al PSC de 6,7
millones de euros correspondientes a los intereses devengados en los dos créditos vencidos en 1994 y nunca reclamados por la institución catalana.



En sí misma, esta condonación, señor presidente, del Tribunal de Cuentas resulta a nuestro juicio escandalosa no solo por ser una vulneración flagrante de la ley, sino, sobre todo, por las condiciones en que se ha producido. Conviene
recordar que esta extraordinaria generosidad de la Caixa con el PSC se ha producido cuando su presidente, Pasqual Maragall, ostenta la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, organismo que tiene importantes funciones de control de la actividad de
la entidad. Pero hay algo peor, la condonación, consumada a finales de 2004, coincide con el hecho de que el primer secretario del partido, José Montilla, sea a su vez el ministro de Industria, es decir, la persona que tiene en su mano la facultad
de autorizar o rechazar la OPA de Gas Natural, cuyo control tiene la Caixa, sobre Endesa.



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Don Quijote, ahora que está tan de moda y al que es tan aficionado nuestro presidente del Gobierno, recomendaba a Sancho ser agradecido y bondadoso con quien te hace bien, para no ser considerado un mal nacido, y el ministro Montilla tiene
aspecto de ser agradecido y bondadoso. Y ahí está el problema, porque si en tiempos de don Quijote no era buena cosa toparse con la iglesia, en estos tiempos no es nada bueno hacerlo con el Código Penal. Cualquier fiscal que se precie de defender
la legalidad encontrará raro que, después de 10 años de inactividad, la Caixa decida perdonar al partido en el poder, tanto de Cataluña como del resto de España, nada menos que 1.100 millones de las antiguas pesetas, y lo haga precisamente cuando se
encuentra inmersa en una de las operaciones financieras más importantes de la historia de nuestro país. Seguramente, el fiscal encontrará motivos para echar un vistazo al artículo 291, y siguientes, del Código Penal, relativos de los delitos
societarios, donde se incluyen los cometidos por los administradores de las cajas de ahorro, o el artículo 429, sobre el tráfico de influencias cometido por particulares. Estoy seguro de que, a estas alturas, el fiscal anticorrupción no sé si el
fiscal del Tribunal de Cuentas, señor presidente, siempre vigilante sobre todo cuanto acontece, estará refrescando la jurisprudencia sobre los artículos del Código Penal donde se establece para los funcionarios públicos la prohibición de recibir
dádiva, y la condonación lo es, por hacer alguna cosa, aunque no esté prohibida ni sea ilegal. Además, en este caso, señorías, llueve sobre mojado. Ahora se habla mucho de la recuperación de la memoria histórica.
Pues bien, voy a hacer un
ejercicio práctico de recuperación. En 1994, vencieron los dos créditos objeto de la actual condonación; no pasó nada, no hubo el menor requerimiento de pago. El PSC tampoco tuvo la menor inquietud. Los administradores entonces de la Caixa,
siguieron las recomendaciones de don Quijote y se portaron como personas agradecidas y bondadosas. ¿Cómo no iban a hacerlo si estaba en trance de alcanzar una solución global con el Ministerio de Hacienda para resolver el problema de las primas
únicas donde estaban en juego 70.000 millones de pesetas? Más aún, además del contencioso de las primas únicas, la Caixa tenía otro con Hacienda por un producto financiero denominado Cartilla PTI. Había en litigio 20.000 millones de pesetas. El
Tribunal Supremo había dictado sentencia a favor de la Caixa, pero los servicios jurídicos del Estado interpusieron el recurso de casación. Desde Barcelona presionaron y en la solución global, promovida por el entonces ministro Solbes, se incluyó
la retirada del recurso. El entonces director general de la Agencia Tributaria se manifestó contrario a esta insólita decisión. El obstáculo se removió con su dimisión. Le sustituyó dona Juana Lázaro, actual subsecretaria del Ministerio de
Hacienda y miembro hasta entonces del gabinete del ministro Solbes. Nueve días después de su toma de posesión, siguiendo los dictados del ministro, la señora Lázaro, sin contar con ningún informe jurídico, ordenó la retirada del recurso. La Caixa
tenía motivos para el agradecimiento igual que ahora. La historia se repite.



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Del Burgo. Le pediría que nos ciñéramos al turno.



El señor DEL BURGO TAJADURA: Sí, señor presidente, es que todo sobre lo que estamos hablando es muy relevante. La memoria histórica ya se ha recuperado, ahora sigo con el informe de la Fiscalía.



El señor PRESIDENTE: Estamos en un turno de petición de aclaraciones y preguntas. Ya sé que en algunos de los puntos del orden del día nos hemos ido excediendo, pero solicitaría que nos ciñéramos al asunto.



El señor DEL BURGO TAJADURA: Muy bien, señor presidente. Me voy a ceñir.
Simplemente, para terminar con la exposición de hechos, diré que como el ministro Montilla ha anunciado que no ve ningún motivo ni para dimitir, ni siquiera para
abstenerse de intervenir en la OPA, pues allá él, pero esto -esto sí que lo tengo que decir, señor presidente- apesta a corrupción pura y dura.



Hay otros puntos del informe que son preocupantes, como, por ejemplo, la situación de quiebra total del Partido Andalucista, o las deudas vencidas del Partido Socialista Obrero Español, o la condonación concedida por la Caixa a ERC tras
acceder al Gobierno de la Generalitat. Durante los últimos tiempos, el debate sobre la financiación de los partidos ha girado sobre la cuestión de las donaciones anónimas, que nuestro grupo estaba desde hace mucho tiempo dispuesto a suprimir de
raíz. Ahora comprendo que si no ha habido ley hasta ahora, es porque una nueva tendría que ser mucho más tajante que la actual a la hora de prohibir las condonaciones y esto, tal vez, no conviene a los partidos beneficiarios de las mismas. Por
cierto, nos gustaría saber, señor presidente, quién es el banquero generoso que permite mantener al Partido Socialista deudas vencidas por 6,7 millones de euros, ¿o es que también se han condonado bajo la Presidencia del señor Rodríguez Zapatero?
Se lo pregunto, señor presidente.



Le voy ha hacer algunas preguntas más al señor presidente del Tribunal de Cuentas, y con esto termino. ¿Cuándo se va a dar cumplimiento al acuerdo adoptado el 17 de noviembre de 2003 sobre fiscalización de las condonaciones de deudas
bancarias a los partidos políticos? ¿Es cierto que la Caixa no ha atendido a los requerimientos que, es de suponer, ha venido realizando el PSC cada año en demanda de información sobre la situación de los créditos concertados con dicho partido?
¿Dispone el Tribunal del acuerdo alcanzado por la Caixa con el PSC a finales de 1994 para la condonación de sus deudas? ¿Conoce el Tribunal si el PSOE ha obtenido alguna condonación de la deuda vencida, reflejada en el informe de 2002, por importe
de 6,7 millones de euros? Además de la condonación de las deudas vencidas de


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ERC, ¿tiene conocimiento el Tribunal de que se hayan producido a partir de 2002 condonaciones a otros partidos? Por último, señor presidente, me gustaría que me dijera qué le parece a usted el hecho reflejado en el informe, con reiteración
respecto a algunos partidos, sobre la existencia de sociedades mercantiles propiedad de los partidos políticos cuya finalidad es la adquisición de inmuebles para los mismos?


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere alguno de los grupos intervenir en este turno de preguntas y aclaraciones? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Mardones por parte de Coalición Canaria.



El señor MARDONES SEVILLA: Voy a intervenir muy brevemente, señor presidente. En primer lugar, quiero formular una pregunta al señor presidente del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto. Creo recordar que hace 3 o 4 años el Tribunal de
Cuentas hizo un magnífico estudio monográfico sobre la problemática de la financiación de los partidos políticos. ¿Entiende el señor presidente que sería el momento de hacer una actualización a la vista de toda la evolución, dado que era el primer
estudio monográfico realizado por el Tribunal de Cuentas sobre esta peculiaridad de la financiación de los partidos políticos? ¿Cree que también ha llegado el momento de elaborar una segunda edición actualizada de las indicaciones y recomendaciones
que el Tribunal de Cuentas nos hacía a todos los grupos parlamentarios sobre determinadas cuestiones, algunas de pura normativa contable o de clarificación, respecto a aquellas dudas que pudieran surgir al órgano correspondiente del Tribunal de
Cuentas? No es para decir que haya opacidad, aunque la podría haber, pero ¿qué medidas correctoras actualizadas se podrían realizar?


Finalmente, con respecto al informe de Coalición Canaria correspondiente al año 2002 y que nos ha presentado para esta sesión el señor presidente, hay una pregunta que le quisiera hacer, y es si han observado ustedes alguna necesidad de
legislación en cuanto a la situación patrimonial y financiera, dado que Coalición Canaria, como bien figura aquí, tiene una sección exterior que está ubicada en Venezuela en atención a la población española de origen canario que trabaja allí, pero
que tiene la nacionalidad española y están en el CERA, en el censo de votantes no residentes, que participan en todos los procesos electorales y tienen también su economía financiera. ¿Entiende el señor presidente que estos fondos, originarios en
terceros países, deben someterse a la normativa del Tribunal de Cuentas español dado que esas cantidades se recaudan y se giran desde Venezuela para los fondos operacionales o gastos de representación de Coalición Canaria? Es la duda que nos cabe.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado señor Vallès.



El señor VALLÈS VIVES: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas y, también, al señor Del Burgo, porque es evidente que esta es la primera vez en toda la legislatura que comparece en esta Comisión
-la segunda, en cualquier caso- y seguramente por ello no conoce el funcionamiento de esta Comisión como se ha puesto en evidencia y de relieve en sus intervenciones y en las preguntas que ha formulado al presidente del Tribunal de Cuentas. Entre
otras cosas, porque lo que ha sometido a consideración del presidente del Tribunal son cuestiones que no han sido objeto de fiscalización en este informe de partidos políticos de 2002. En cualquier caso, su partido seguramente le ha elegido a usted
como portavoz en este asunto porque de financiación seguro que sabe mucho, y aún más de su partido, pero es evidente que el funcionamiento de esta Comisión no lo conoce en absoluto.



Dicho esto, quisiera agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su intervención respecto a este informe de fiscalización de partidos políticos del año 2002. Como sabe, es un informe que viene gozando, tradicionalmente, en esta Comisión
de preferencia sobre otros asuntos, con relación a su tramitación, como también ocurre con los informes sobre contabilidad, lo que queda demostrado porque, en menos de un mes desde la aprobación por parte del pleno del Tribunal de Cuentas de este
informe, ha sido objeto de examen y análisis por esta Comisión. Es un informe que se circunscribe, como muy bien ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, a 17 formaciones políticas que percibieron subvenciones públicas para su funcionamiento
ordinario, sumando un importe total de 156,6 millones de euros, lo que significa un aumento del 4,7 por ciento respecto de las aportaciones que se realizaron en el año 2001. Es un informe que pone en evidencia y deja constancia de que todas las
formaciones políticas fiscalizadas han remitido la documentación contable al Tribunal de Cuentas, aunque es cierto que en algún caso ha sido fuera de plazo. El informe pone también de relieve determinadas limitaciones y algunas irregularidades que,
sin duda, entendemos que van a poder ser mejoradas de cara al futuro con relación a la moción que en el año 2001 el Tribunal de Cuentas tuvo a bien elaborar y mandar a esta Comisión para su oportuna aprobación, como consecuencia, también, de las
propuestas de resolución que se derivaron del análisis y examen por esta Comisión de esa misma moción, y como lo va a ser también la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que esta Cámara ya ha tomado en consideración y va a llevar
a cabo a lo largo del año 2006. La primera pregunta que le quisiera formular al presidente del Tribunal de Cuentas es sobre la aprobación de este informe por parte del pleno del Tribunal.
La pregunta, concretamente, es si este informe que hoy nos
presenta aquí ha sido aprobado por unanimidad de todos los miembros del pleno del Tribunal de Cuentas.



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Sorprende el uso demagógico y torticero que de este informe ha venido haciendo el Partido Popular desde el mismo momento en que se hizo público, pero, precisamente, por lo que no dice este informe. Ustedes, señores del Grupo Popular, han
reducido todas sus valoraciones sobre el informe de fiscalización de partidos políticos del año 2002 a un crédito del Partit dels Socialistes de Catalunya. Les pregunto por qué, señores del Grupo Popular, por primera vez, la renegociación de un
crédito, que, como saben, no es y no ha sido objeto de análisis en este informe de fiscalización que hoy estamos examinando, y que, además, es una práctica que ha sido utilizada por todos los grupos políticos de esta Cámara, se ha convertido en el
centro de atención del Partido Popular y de todos sus voceros. Se lo voy a decir, señor Del Burgo: porque al Partido Popular no le importa nada ni el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, ni la financiación de los partidos políticos,
ni los créditos, ni ninguno de los informes que elabora el Tribunal. Su actitud solo responde a una táctica demagógica de acoso al Gobierno en una lucha para mantener los privilegios e intereses económicos y empresariales del entramado que
construyeron cuando estaban en el Gobierno. Por todo ello les asustan las reformas legislativas que este Gobierno socialista está llevando a cabo.
Ustedes han querido confundir con su actitud a la opinión pública y a los ciudadanos, criminalizando
una operación que saben perfectamente que se ajusta a la legalidad y a las prácticas bancarias al uso ante situaciones de impago. Aquí no estamos ante una condonación de crédito ni ante una supuesta financiación irregular. Al Partit dels
Socialistes de Catalunya no le han regalado nada. (Rumores.) Esto es una renegociación de un crédito, una novación de las condiciones de un crédito que ha afectado exclusivamente a los intereses y nunca al capital. Un crédito concedido, como usted
conoce y muy bien ha dicho en su intervención, en el año 1989, y vencido en 1994, que, mediante una actitud de transparencia, el PSC ha comunicado al Tribunal de Cuentas en su momento, sin tener ninguna obligación de hacerlo, porque es un crédito
renegociado en el año 2004 con efectos en el año 2005. Eso no es objeto, como decía antes, de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. El PSC quiere pagar sus deudas y, además, lo comunica. Como decía, es una operación que ustedes mismos
han calificado históricamente de práctica habitual en sus alegaciones a los anteriores informes realizados por el Tribunal de Cuentas y en las anteriores resoluciones que esta misma Comisión Mixta ha aprobado en el pasado con relación a la
financiación de partidos. En estas cuestiones, señores del Grupo Popular ustedes saben mucho, eso es evidente. Si me permiten, para vergüenzas, las suyas, aunque creo que este no es el espacio para hablar de estas cuestiones. ¿Quiere que hablemos
de condonaciones? Podemos hablar de condonaciones. Explique usted, señor Del Burgo, a los ciudadanos por qué en el año 1996, justo después de que accedieran al Gobierno, Caixa Galicia les condonó un crédito de 300 millones de pesetas. ¿Cómo
califica esta actividad?


En relación con eso sí quiero preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas, ya que con su intervención anterior ha situado a uno de los más altos representantes de instituciones del Estado como un convidado de piedra en esta Comisión.
Señor presidente, quiero que concrete ante esta Comisión cómo ha venido calificando tradicionalmente, históricamente el Tribunal de Cuentas en sus sucesivos informes de fiscalización las renegociaciones de créditos. ¿Son consideradas como una
financiación ilegal? ¿Las han efectuado en el pasado otros partidos políticos? ¿Ha considerado en algún momento el ministerio fiscal en el Tribunal de Cuentas, en el pasado también o en este mismo informe, que este tipo de prácticas implique algún
tipo de responsabilidad contable? ¿Ha propuesto alguna vez el Tribunal de Cuentas alguna sanción como consecuencia de este tipo de prácticas? Creo que estos elementos merecen ser respondidos por parte del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, si
me permite, señor presidente, le voy a hacer una pequeña crítica, porque desde que este informe trascendió a la luz pública se han emitido una serie de informaciones, insidias y afirmaciones falsas que creo que, por parte del Tribunal que usted
preside, podrían haber sido merecedoras de algún tipo de aclaración sobre cuál era el objeto de este informe de fiscalización y sobre cuál ha venido siendo la actitud y la calificación por parte del Tribunal de Cuentas sobre este tipo de prácticas.
En anteriores supuestos, se lo digo aplicando la analogía, ustedes han enviado notas de prensa y algunas cuestiones aclaratorias de medios de comunicación, también en esta legislatura. En este caso, si me permite, podrían haber hecho alguna cosa
similar.



Señores del Grupo Popular ustedes tiene muy poca vergüenza. (Rumores.) Explique también por qué según ha aparecido en determinados medios de comunicación, Caja Granada les perdonó un crédito de 30 millones de pesetas en el año 2000, de un
préstamo de 8 millones de pesetas que no devolvieron, siendo los intereses acumulados de casi 31 millones de pesetas. Ustedes consiguieron cancelar el préstamo pagando únicamente un millón de pesetas. Esa sí es una buena negociación, señor Del
Burgo, le felicito. Ya vemos que de financiación usted sabe mucho. Por cierto, curiosamente, en la misma operación de Caja Granada ustedes retiraron de forma simultánea dos demandas que tenían interpuestas contra esa entidad bancaria; curiosa
coincidencia. Desde el año 1989, ustedes llevan condonados 3 millones de euros, como se deduce de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, no me invento absolutamente nada, y eso solo por hablar de la deuda del Partido Popular. Usted
ha hablado de cuestiones históricas; pues yo también, porque si hablamos de la deuda histórica del Alianza Popular, operación sobre la que ustedes no quieren hablar nunca, ustedes se la quitaron de encima simplemente cambiando las siglas de su
partido, y así


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desaparecieron determinadas deudas de Alianza Popular.



Por cierto, también, señor presidente del Tribunal de Cuentas, con relación a este crédito que comentaba antes de Caja Granada, ¿cómo es posible que este crédito no aparezca contabilizado en ninguna parte del informe de fiscalización de
partidos políticos del año 2000? Lo hemos estado repasando y no consta en ninguna parte. ¿Es posible, señor presidente, que un partido político no comunique al Tribunal de Cuentas los créditos y préstamos que ha firmado? ¿Y las cajas de ahorros,
están obligadas a ello? ¿Puede haber otros supuestos de falta de comunicación? Se lo digo, señor presidente, porque hablando, ahora sí, del informe de 2002, el Tribunal de Cuentas dice, con relación a las cuentas del Partido Popular, que respecto
a una deuda reconocida de 6,5 millones de euros con entidad de crédito, hay 6 entidades que no han contestado a la circularización. ¿Es eso posible? ¿Nos puede decir el presidente del Tribunal de Cuentas cuáles son esas entidades de crédito que no
han contestado a la circularización y que no aparecen en el informe? Me imagino que el Tribunal de Cuentas debe tener conocimiento sobre cuáles son esas entidades de crédito en relación con la deuda de 6,5 millones reconocida por el Partido
Popular. Además, en el informe se dice también que tampoco consta el acuerdo del órgano social de cinco aportaciones efectuadas por personas jurídicas. ¿Nos puede decir el presidente del Tribunal de Cuentas cuáles son esas empresas? Es evidente,
señor Del Burgo, que lo suyo es la opacidad; eso está claro, se mueven bien en ese terreno, y se lo digo porque su especialidad, aparte de la condonación de créditos, ya no de renegociación de intereses, sino, como hemos visto, de condonación de
capital, como en los casos de Caixa Galicia y Caja Granada, lo suyo son, como decía, las donaciones anónimas. Mire usted, han recibido por parte de sus amigos -les digo amigos, porque si hacen aportaciones anónimas al partido deben ser amigos,
imagino- la cantidad de 2,7 millones de euros solo en el año 2002. Esto es un 7,1 de aumento respecto a las aportaciones anónimas del año anterior. Por hacer una comparación, utilizando simples datos del informe del Tribunal de Cuentas, 2,7
millones de euros en aportaciones anónimas al Partido Popular, 150.000 euros para el Partido Socialista Obrero Español en el mismo periodo; 2,7 y 0,15, ahí está la diferencia, y no solo eso, sino que en los últimos años ustedes han recibido casi 28
millones de euros en aportaciones anónimas de empresas supuestamente amigas suyas, pero no podemos saber cuáles son. Usted, señor Del Burgo, hoy tenía que haber venido aquí y decirnos a todos los españoles cuáles son esas empresas que les están
financiando a ustedes y también a la Fundación FAES. Eso usted no lo ha dicho aquí. ¿Por qué? Porque financiarse a través de créditos, como hace el Partido Socialista, es transparente, señor Del Burgo, pero financiarse con donaciones anónimas no
lo es. Yo le emplazo a defender con el mismo entusiasmo, con el mismo rigor, con la misma fuerza con la que hoy ha hablado aquí, la supresión de las donaciones anónimas en el debate que se va a producir con relación a la próxima reforma de la Ley
de Financiación de Partidos Políticos que esta Cámara va a aprobar el próximo año.



Lo que están haciendo con su actitud, señores del Grupo Popular, es seguir protegiendo, desde la oposición, a los amigos y los intereses del ex presidente del Gobierno, don José María Aznar, que se convirtieron...



El señor PRESIDENTE: Señor Vallès, un momento, por favor. Quisiera recordar que estamos en turno de preguntas y aclaraciones y que nos ciñéramos a este turno. Siga, señor Vallès.



El señor VALLÈS VIVES: Sí, señor presidente. Como ha visto, estoy formulando muchas preguntas al presidente del Tribunal de Cuentas siguiendo, como conozco, el funcionamiento de esta Comisión y haciendo las observaciones que mi grupo
estima convenientes.



Como le decía, y voy terminando, lo que están haciendo con su actitud es seguir protegiendo, esta vez desde la oposición, a los amigos y los intereses de Aznar, que se convirtieron en los responsables de las grandes empresas de este país
durante su mandato. Lo siguen haciendo, incluso, utilizando torticeramente los instrumentos parlamentarios, como sucedió la semana pasada, en la Comisión de Presupuestos del Senado, con el gobernador del Banco de España, en un debate de
presupuestos, sobre enmiendas parlamentarias a los Presupuestos Generales del Estado 2006.
Ustedes saben perfectamente que el Banco de España ya hace tiempo que tiene la información que dice estar recabando, porque su obligación es controlar la
solvencia de las entidades de crédito, de las entidades financieras, como regulador bancario que es. Han convertido, señores del Partido Popular, al gobernador del Banco de España, con su actitud, en otro de sus voceros; flaco favor hacen a
nuestra democracia y a la estabilidad de nuestras instituciones con esa actitud.



Para terminar, señor presidente, una pregunta sobre la deuda reconocida, porque también lo ha sacado el portavoz del Grupo Popular. Es una pregunta muy clara: ¿Por qué el Tribunal de Cuentas, cuando se refiere a la deuda de los partidos
políticos, no diferencia en ningún caso entre la deuda hipotecaria, los créditos para funcionamiento ordinario y los créditos que puedan concertar a corto plazo? El Partido Socialista Obrero Español y el PSC son partidos equilibrados desde el punto
de vista contable, como usted sabe perfectamente, porque más del 50 por ciento de sus créditos son hipotecarios. Cualquier persona que tenga algún conocimiento sobre estas cuestiones sabe que la deuda tiene que estar en función también de la masa
patrimonial que tienen los partidos políticos, en este caso. El Partido Socialista tiene, evidentemente, propiedades, cosa que seguramente no puede decir el Partido Popular, ni siquiera de su propia sede central, cuestión que no critico,
evidentemente;


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todos somos libres de utilizar un procedimiento u otro. (Rumores.) Quiero decir que el Partido Socialista tiene propiedades, es propietario de sus sedes y cualquier deuda que se le pueda imputar tiene que venir en consonancia con estas
propiedades. ¿Qué les impide señor presidente del Tribunal de Cuentas diferenciar entre este tipo de deuda, hacer diferenciaciones entre las distintas deudas, como le decía, las hipotecarias, los créditos para funcionamiento ordinario en
definitiva, y que estos datos aparezcan clarificados de una forma evidente en el informe de fiscalización sobre partidos políticos que realiza el Tribunal de Cuentas? Seguramente, en muchos casos pueda sembrarse cierta duda sobre cuál es la
situación financiera de determinados partidos políticos, pero si está en comparación con la masa patrimonial, es evidente que eso puede variar sensiblemente.



Vamos a tener en cuenta, señor presidente, las recomendaciones que usted formula en este informe de fiscalización; vamos a tener en cuenta también la moción que su momento se examinó por esta Comisión; también las propuestas de resolución,
muchas de las cuales fueron aprobadas por unanimidad en el año 2003 por esta Comisión Mixta con relación a la moción que ustedes nos presentaron en el año 2001, y también, como consecuencia de la futura tramitación de la reforma de la Ley de
Financiación de Partidos Políticos, que pocederá un cierto orden en todo este desbarajuste que en los últimos años, viene denunciando el Tribunal de Cuentas y que, sin duda, requiere la aprobación de una nueva ley en sede parlamentaria. (El señor
Del Burgo Tajadura pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Del Burgo.



El señor DEL BURGO TAJADURA: Le pido la palabra porque he sido objeto de alusiones personales, aparte de lo que se refiere al fondo de la cuestión, que no voy a reabrir. Hay algunas imputaciones que se han hecho a mi persona y al partido
al que represento, y lógicamente le pido que abra, de acuerdo con el Reglamento, un turno de aclaraciones, o si lo prefiere lo dejamos para después de que conteste el señor presidente del Tribunal de Cuentas. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Lo primero que quiero dejar claro es que este es un turno de preguntas y de aclaraciones de los grupos con el presidente del Tribunal, no de los grupos con los grupos. Señor Del Burgo, aquí ha habido contestaciones a
algunos temas porque en la primera intervención se han abierto algunas cuestiones que no debieran haberse abierto y que no se referían al punto del orden del día que estabamos tratando. Por tanto, entiendo que todo el mundo ha expresado exactamente
las opiniones que tenía que expresar. Ahora le corresponde al presidente del Tribunal contestar a las preguntas que le han formulado y, en todo caso, si después de contestar el presidente del Tribunal las preguntas que le han formulado, hay alguna
aclaración del presidente del Tribunal que ustedes crean que no es adecuada o sobre la que quieran una mayor aclaración, tendrán la posibilidad de un pequeño turno para solicitarla.



Por lo tanto, ahora tiene la palabra el presidente del Tribunal para contestar a las preguntas que se le han formulado.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Señor presidente, quiero anticipar que todas las preguntas que se le puedan hacer a este presidente sobre este tema, pueden ser contestadas y también se va a permitir el lujo, en
esta Comisión, de darse por aludido en alguna crítica y, por tanto, también, quizá, hacer alguna crítica.



Empecemos por las dudas. Se pregunta por las deudas vencidas, si conoce el Tribunal si ha habido otras condonaciones a otros partidos, por los criterios seguidos por el Tribunal en fiscalizaciones anteriores respecto a negociaciones y
respecto a créditos. Pues bien, el Tribunal en todos los informes viene constatando la existencia de estas deudas y distingue perfectamente tres tipos. En primer lugar, deudas vencidas pendientes de pago. Se trata de cuotas derivadas de
operaciones de endeudamiento que no han sido atendidas en las fechas acordadas, afectando tanto a principal como a intereses. Los informes no añaden valoración jurídica sobre esta situación, limitándose a describirlas y a cuantificarlas. Si se
tiene conocimiento de que en ejercicios posteriores al fiscalizado se han producido regularizaciones o condonaciones de estas deudas, el informe se limita a anunciar tales acuerdos, pero no los analiza hasta el ejercicio en que se producen los
efectos en el balance del partido. En el informe que se está presentando hoy del 2002 se señala que las deudas vencidas registradas por los partidos ascienden a 38,1 millones de euros y su desglose figura en el anexo 2 anterior. Este es el
criterio que se viene manteniendo y puede ser revisable de cara al futuro.



Segundo nivel, las regularizaciones contables. Se trata de casos en que los partidos dan de baja de su contabilidad ciertas deudas por principal o intereses. Los partidos suelen justificar estas regularizaciones con el argumento de que el
prestamista o el acreedor no ha reclamado el pago de estas deudas durante un cierto periodo de tiempo, ante lo cual optan por darlas de baja. El Tribunal en estos casos suele destacar que los partidos no proporcionan documentación que justifique el
estado actual de estas deudas, al mismo tiempo que sienta el criterio y dice a los partidos que lo que procede es contabilizarlas. En el ejercicio presentado en este informe no se ha producido ningún caso de este tipo.



Tercer nivel, condonaciones. Se trata de casos en que los partidos manifiestan que han dado de baja de su contabilidad ciertas deudas respecto a las cuales, tras un proceso de negociación con los prestamistas, el acreedor ha accedido a
renunciar a su cobro. Las condonaciones de deuda suponen, en definitiva, un ingreso para el par


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tido, vía disminución del pasivo, y podría considerarse, dicen los informes, abiertamente, como una financiación privada no permitida por la Ley 3/1987. No obstante, los informes se suelen limitar a señalar que se trata de aportaciones
extraordinarias no reguladas. Precisa y expresamente, la moción que se ha presentado en esta Parlamento solicita que la normativa establezca expresamente su autorización o prohibición, regulando, en su caso, las condiciones a las que deben
someterse. En el informe que está presentando este presidente aquí no figura más que un caso, de Unión Democrática de Cataluña, por 53.305 euros.



Con esto he dado contestación a las preguntas de cómo viene actuando el Tribunal.



El primer interviniente me pregunta también si la Caixa ha respondido al requerimiento de la circularización. Eso se dice en el informe, que a la circularización que se hace a través de los partidos no ha contestado.
Otra pregunta es si el
Tribunal dispone del acuerdo. El Tribunal no dispone de este acuerdo porque éste se ha limitado a comunicárselo y, por tanto, siguiendo el criterio que he señalado anteriormente, se analizará en el ejercicio que corresponda. Por otra parte, hay
que tener en cuenta que, cuando esto se mandó a alegaciones, este acuerdo todavía no existía puesto que las verificaciones se hicieron en 2004.



En materia de sociedades mercantiles hay otra pregunta. Esto lo dice la moción que se ha presentado a este Parlamento sobre las relaciones de los partidos con las sociedades mercantiles. Se ha dicho que el tribunal ha sido prudente porque
no ha identificado aquí el nombre, concretemos, de la Caixa. Se debe a que el tribunal en sus fiscalizaciones no identifica nombres de particulares ni de entidades. Con esto me parece que he dado respuesta a las cuestiones planteadas por el primer
interviniente.



El señor Mardones me pregunta sobre estudios monográficos y sobre la posibilidad de actualizarlos. Con relación a esto haré unas consideraciones de tipo general. Respecto a la pregunta de los fondos que proceden de otro país, el criterio
del tribunal es considerar al país como una unidad económica e integrar los fondos.



El señor Vallès pregunta si este informe ha sido aprobado por unanimidad.
Efectivamente, este informe ha sido aprobado por unanimidad. A la pregunta de cómo se viene renunciando a los créditos de otros partidos, creo que ya lo he
sintetizado. En materia de responsabilidades, también daré ahora una explicación. Respecto a qué empresas no se ha tomado el acuerdo social, en el informe viene con todo detalle.



Falta una pregunta, del primer interviniente, que es cuándo se va a dar cumplimiento a la resolución del 17 de noviembre de 2003. En efecto, hay una resolución de la comisión mixta que pide una investigación sobre el tema específico de los
créditos vencidos y no pagados de los partidos políticos. En primer lugar, es verdad que el cumplimiento de esta resolución ha sufrido un retraso porque se ha dado prioridad a las campañas electorales y a las fiscalizaciones de los ejercicios.
Esto lo lleva una coponencia y nos ha anunciado que va a presentar las directrices técnicas para el próximo pleno. La previsión es que este informe pueda venir en el mismo plazo que se va a cumplir en la fiscalización de 2003. Se prevé que en los
primeros meses del próximo año se traiga a esta comisión mixta, en cumplimiento de dar respuesta a esta resolución, con el informe de 2003. Las otras cuestiones que se plantean en este informe tendrían ya que venir en el informe de 2004.



Quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' que, con todas las limitaciones que caracterizan este tipo de fiscalizaciones a los partidos políticos, el Tribunal de Cuentas viene teniendo una actuación enteramente transparente y
objetiva. Digo con todas las limitaciones, porque yo hasta hace pocos años fui coponente de esta fiscalización e, incluso, me voy a permitir recordar, en una comisión que presidió el señor Mardones, de financiación de los partidos políticos, donde
estaba también el señor Del Burgo, algunas consideraciones que hice. Decía: Las conclusiones podían ser que esta falta de normativa, esta falta de conexión entre las leyes de financiación de partidos políticos, la Ley Orgánica de Régimen Electoral
y la normativa del Tribunal de Cuentas, que son la ley orgánica y la ley de funcionamiento, no nos permite fiscalizar como si tuviéramos una ley específica, que es la que proponemos en la moción. También decía yo en aquellos momentos que las
fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas finalizan en la comisión mixta. Como está en el 'Diario de Sesiones', no es ninguna cosa que digo ahora al calor de esta intervención. También decía: no olvidemos cómo se cierra el ciclo en la comisión
mixta, y no olvidemos que en su composición están las formaciones políticas, y el reciente debate que acaba de haber es una muestra de ello. Quizá por eso, decía yo allí, en las fiscalizaciones de estas formaciones políticas, que el único Tribunal
de Cuentas de todo el entorno que nos rodea sea el Tribunal de Cuentas de España. No es una fiscalización, ni debe serlo, querida por los tribunales de cuentas. ¿Por qué? Porque hay que tener tal grado de transparencia y de objetividad que si a
la institución se le resta credibilidad o aceptación social, esto repercute en lo que tiene mucha más importancia, que es el control de todo el gasto público, que es mucho mayor que estas pequeñas cantidades.



Se dice más de una vez, aunque en esto no voy a entrar, que los partidos políticos no son sector público. Son organizaciones privadas, con régimen jurídico especial, con trascendencia político y social, pero no pertenecen al sector público.
Por eso no dice la ley la multa que tienen.
Para ello hace falta tener la norma. Las normas de la ley orgánica de funcionamiento no las tenemos. Se me pide aquí también que hable de responsabilidades; tengo aquí la pregunta de si hay
responsabilidades. El informe del fiscal dice que no hay responsabilidades contables. Tengo que decir que no necesitaba el informe del fiscal para decir que no hay responsabilidades contables, eso es elemental y así lo he hecho


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constar. Uno es consciente, como he dicho ya en alguno otra ocasión, que los partidos suponen el límite del sometimiento de la política al derecho. Por tanto, aquí debe haber un nivel ético al ser organizaciones participadas, democráticas,
etcétera, pero, sobre todo, transparentes.
Esto es lo que busca el tribunal, decir a la sociedad que ésta es la transparencia.Se pregunta ¿por qué no diferenciar la deuda hipotecaria de la deuda ordinaria de los partidos? Porque no son
fiscalizaciones para ver la solvencia del partido, entre otras cosas, porque las aportaciones que hace el Estado no son finalistas, llevan una finalidad de transparencia y la solvencia no la pide la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. En
todo caso, el Parlamento puede hacer una norma para distinguirlo, pero nuestras fiscalizaciones, como ya he mencionado anteriormente, son específicas; no tiene demasiado interés tampoco saber cuál es la situación de solvencia de un partido, siempre
y cuando se vigile el aspecto de legalidad.



Creo que he contestado a las preguntas que se me han hecho. En todo caso, también se ha hecho aquí una critica por el señor Vallès. Ha dicho que ha habido afirmaciones falsas y que el Tribunal de Cuentas pudo haber dicho algo al respecto.
Yo no conozco estas afirmaciones falsas. Si bien reconozco que muchas veces existen, incluso referidas a este propio presidente, no es bueno entrar en este tema si no se conoce claramente qué tipo de falsedad se está produciendo. Lo único que
puedo decir es que esta crítica -yo las acepto todas- no la entiendo mucho, pero tampoco le voy a dar importancia, porque no se la merece. Como yo soy el que represento al tribunal, ese grado de asunción de las críticas lo tengo en grado elevado.
Por ser profesor universitario durante mucho tiempo me he acostumbrado a que esto no me afecte demasiado.



Sigo a disposición por si es necesaria alguna aclaración más. He intentado responder a todo lo que se me ha preguntado.



El señor PRESIDENTE: Señor Del Burgo, supongo que me pide la palabra porque no ha entendido algo de lo que ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas o porque quiere alguna aclaración. Le reitero que no voy a admitir que entren otra
vez en debate entre los distintos grupos, porque yo creo que ya han tenido ocasión de hacerlo, aunque no era el turno.
Tiene la palabra por dos minutos, señor Del Burgo.



El señor DEL BURGO TAJADURA: Aunque mi falta de experiencia fue suplida remitiéndome al 'Diario de Sesiones' (y he visto que en las sesiones anteriores el PSC también fue objeto de bastante debate, por lo que no era extraño que yo hiciera
esas referencias), ahora quisiera centrarme en el presidente del Tribunal de Cuentas porque me parece que es muy interesante lo que nos acaba de decir en esta última intervención. Puesto que ha suscitado algunas de las deficiencias de la actual
legislación en materia de financiación de partidos políticos, yo le preguntaría si le parece conveniente que, con la mayor brevedad (anuncio que el Partido Popular estaría absolutamente dispuesto a ello), por el trámite de urgencia, se introdujeran
dos modificaciones en la ley, tan solo dos -luego ya se podrían estudiar con detenimiento más cuestiones- si esa fuera la voluntad de los grupos políticos. La primera la prohibición a las donaciones anónimas, que anticipo que nuestro grupo está
absolutamente de acuerdo con ello en la medida en que además representa el 3 por ciento de los ingresos totales de nuestro partido. La segunda, establecer las multas que en otros borradores existían para la financiación ilegal. Son dos propuestas
muy sencillas que afectan a dos artículos de la ley; no hacen falta grandes ponencias ni grandes discusiones, sino simplemente eso. ¿A usted le parecería, señor presidente, que eso beneficiaría mucho la labor del Tribunal de Cuentas a la hora de
la fiscalización de los partidos políticos? Yo le anticipo que nosotros estaríamos dispuestos a la prohibición de las donaciones anónimas y al establecimiento de las multas por la financiación ilegal.



Se ha dicho que el Partido Popular tenía unas donaciones nominativas en las que no constaba el acuerdo del consejo de administración. Supongo, señor presidente, que sí constará quién había hecho la aportación. Es decir, si son donaciones
nominativas se sabe quién ha hecho la aportación; lo que pasa es que no consta el acuerdo del consejo de administración, que es uno de los requisitos internos de la sociedad o de la entidad jurídica que da la aportación. Supongo que esto es así y
que no tiene nada de opacidad, sino, simplemente, que en la sociedad correspondiente no se han cumplido estrictamente los deberes legales del consejo de administración que tiene que aprobar la concesión de una subvención a un partido político.



Creo que con eso es suficiente, porque todo lo demás sería reabrir debate y, atendiendo al señor presidente, no me parece conveniente hacerlo.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir? Tiene la palabra el señor Vallès por parte del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor VALLÈS VIVES: Quería reiterar unas cuestiones que he planteado en mi anterior intervención, a las que me parece que el presidente no ha dado respuesta. Yo no he podido encontrar -está en relación con la última intervención del
señor Del Burgo- en el informe del Tribunal de Cuentas cuáles son estas seis entidades de crédito que no han contestado a la circularización. Yo creo que no están ahí. Deben estar en otro sitio, pero no fuguran en el informe que nos han remitido.
Por eso le preguntaba el nombre de estas entidades de crédito. Por otro lado de estas cinco aportaciones efectuadas por empresas, por personas jurídicas, al igual que le formulaba también el señor Del Burgo, quería saber cuáles son esas empresas,
porque tampoco nos constan. Imagino que el tribunal sí lo debe saber, lo que no sé es por qué


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no aparece en el informe. Por eso se lo preguntaba al señor presidente.



Con relación a la crítica que le hacía al principio, señor presidente, no me parece ni bien ni mal que no la tome en consideración, que no le dé ninguna relevancia. Simplemente, lo que le decía en su momento es que en anteriores ocasiones,
por lo menos en lo que se refiere a esta legislatura, ha habido dos casos de informes de fiscalización que han tenido cierta trascendencia pública también en los medios de comunicación, en los que el Tribunal de Cuentas ha remitido a los medios de
comunicación notas aclaratorias sobre el contenido de los informes de fiscalización. Lo único que le pedía, con cierta crítica también, es por qué en este caso, en que se ha levantado tanto revuelo (las falsedades no se las atribuyo al Tribunal de
Cuentas, como otras insinuaciones que se han hecho en el debate político y periodístico), el Tribunal de Cuentas no ha emitido, del mismo modo que lo ha hecho en anteriores ocasiones, por lo menos durante esta legislatura, notas aclaratorias sobre
el contenido del informe y sobre la calificación que merecen determinados comportamientos jurídicos.



Había alguna cosa sobre responsabilidades contables, pero me parece que ha quedado suficientemente claro, con lo cual lo voy a dejar ahí.



El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Con relación a las fiscalizaciones, en efecto el artículo 4 de la ley pide que haya un acuerdo social, pero eso no quiere decir que sea anónimo, sino que falta el acuerdo, y eso
se dice en el informe.



Me pide mi opinión acerca de dos modificaciones. En cuanto a la renuncia a las donaciones anónimas, esta recomendación ya está en la moción que se presentó, al decir que si son anónimas no se pueden controlar. Me remito, por tanto, a la
moción. No procede que el presidente dé aquí su opinión.
Ello no quiere decir que este presidente, y también como ciudadano, no acceda a un coloquio, no sería la primera vez, sobre financiación pública o financiación privada, anónima, no anónima,
etcétera. Pero como presidente me tengo que remitir a la moción. La moción dice más cosas.
Dice que haya un procedimiento específico. Eso es muy importante, porque es lo que más necesita el tribunal, que haya una ley de financiación de partidos
políticos, y su ley de funcionamiento, que está hecha para el sector público. También habla la moción del deber de colaboración, que aquellas entidades que se relacionan con los partidos políticos tengan la obligación de comunicárnoslo.



En cuanto al régimen de multas, tengo que decir que la ley actual habla en el artículo 7 de multas de tanto al duplo, pero lo que hace falta es que señale el procedimiento, así como el órgano que las pone. En la moción el Tribunal dice
claramente que no recomienda que pudiera ser una competencia suya. No hay que olvidar que los órganos de control externo tienen unas competencias y no conviene introducir elementos que las puedan nublar. Tengo que decir también que los datos que
se puedan necesitar -esto lo vengo reiterando- se pidan al tribunal. En este tema existe una coponencia que estudia y analiza los datos que se le pidan, hace unas propuestas al pleno y se envían aquí. Por tanto, sigo reiterando ese ofrecimiento.



Respecto a la posibilidad de que el Tribunal remitiera notas aclaratorias a la prensa o a los medios de comunicación, porque se ha hecho en otras ocasiones, repito que es un tema que llevo desde hace mucho tiempo como ponente, pero ahora me
tengo que pronunciar como presidente. Cuando hay una nota y alguna valoración que se refiere al tribunal, necesito de los ponentes que me hagan una propuesta, y yo no he contado con ella. A lo mejor lo han estudiado, lo han visto, pero el
presidente no ha tenido ninguna propuesta. Por otra parte, haría falta saber qué se hizo en otras ocasiones y con motivo de qué, pero hasta que no se concrete no puedo decir nada. Si a mí se me concreta, yo estoy dispuesto, señor presidente, a
estar todo el tiempo que se necesite y debatirlo en esta Comisión.



Creo que he dado ya respuesta a las repreguntas.



-INFORME DE LOS SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICO Y LOCAL, EJERCICIO 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000094 y número de expediente Senado 770/000007.)


El señor PRESIDENTE: Para explicar este expediente tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe del sector público autonómico y local, ejercicio 2001, aprobado por el pleno del tribunal en la sesión del mes de octubre pasado, contiene la síntesis de los resultados
más relevantes deducidos básicamente de las fiscalizaciones aprobadas por el Tribunal de Cuentas y por los órganos de control externo de las comunidades autónomas.



Respecto al sector público autonómico, sigue siendo una limitación en el proceso de su elaboración la diferente estructura y conformación de las cuentas generales elaboradas por las comunidades autónomas y la ausencia de homogeneidad en la
estructura y contenido de los informes anuales elaborados por los distintos órganos de control externo de las mismas, situación que impide lograr un mayor grado de homogeneidad en la presentación de los resultados, conforme solicitó esta Comisión
mixta en su resolución del 28 de septiembre de 2004. Todas las administraciones generales de las comunidades


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autónomas han rendido sus cuentas en plazo, no así la ciudad autónoma de Melilla, que las rindió fuera de plazo. Se observa un aumento de las entidades públicas objeto de control, que en el ejercicio anterior era 637, y en el actual 840.
La causa obedece fundamentalmente a que en este ejercicio se presentan, en número significativo, 157, las cuentas de las fundaciones y consorcios. Los organismos, entes públicos y empresas públicas, fundaciones y consorcios que no rindieron cuentas
se eleva a 128.



No es posible pronunciarse sobre el grado de eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos debido a que no se han implantado sistemas de contabilidad analítica y que no se elaboran o no se elaboraron memorias sobre el coste y
rendimiento de los servicios públicos, así como sobre el cumplimiento de los objetivos programados. En el endeudamiento se aprecian algunos tratamientos inadecuados de este tipo de operaciones, debido a que diversas comunidades autónomas imputan
incorrectamente al presupuesto determinadas operaciones de crédito a largo plazo, y no imputan al presupuesto las variaciones netas de las operaciones de endeudamiento a corto plazo. En cuanto a las subvenciones, se observan expedientes
incompletos, en los que no queda constancia del cumplimiento de determinados requisitos por los beneficiarios, o en los que no figuran actuaciones administrativas que acrediten el cumplimiento de la normativa específica, o se justifican
deficientemente.



En cuanto a las empresas públicas, presentan unas pérdidas agregadas de 1.682 millones de euros, por lo que se mantiene un incremento recurrente a esta situación deficitaria en los resultados generados en este sector.
Esta situación
conlleva el creciente apoyo financiero por parte de las administraciones autonómicas mediante la concesión de subvenciones y ayudas públicas y el afianzamiento de endeudamiento financiero de las sociedades participadas. Las inversiones financiadas
por el fondo de compensación interterritorial continúan adoleciendo de una inadecuada especificación de los proyectos en la mayoría de las comunidades autónomas que participan en el mismo, lo cual impide el seguimiento, el análisis y su ejecución.



En el área de la contratación, se observa un fraccionamiento indebido de contratos. En la mayoría de los casos, los contratos se han adjudicado por concurso, con preferencia sobre la subasta, y con respecto a la ejecución se detectan
frecuentes retrasos no siempre amparados en la concesión de prórrogas sin imposición de sanciones a los contratistas.



Por lo que se refiere a las resoluciones de esta Comisión mixta, relativas al sector público autonómico adoptadas en 2001 y en 2003, el tribunal viene atendiéndolas en los informes anuales de cada comunidad y en el informe anual conjunto.
Las adoptadas en 2004 se tomarán en consideración en las fiscalizaciones de ejercicios posteriores.



En cuanto al sector público local, el informe hace referencia a 19.910 entidades locales, así como a 2.838 entes dependientes de las mismas, integrados por los organismos autónomos, 1.829, y sociedades mercantiles, 1.009, en cuyo capital
participan total o parcialmente. El grado de cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales por las entidades locales ha sido del 75 por ciento. Una diputación provincial, un consejo insular y 1.999 ayuntamientos no han
rendido las mismas. En el informe se atiende a las resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de 17 de noviembre de 2003, relativas a la fiscalización de los ayuntamientos de Guadarrama, Colmenar de Oreja y
Pozuelo de Alarcón.



El análisis de las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las entidades locales en el ejercicio 2001 ha estado condicionado por la ausencia de un censo nacional que permitiera delimitar su ámbito. La mayoría de las
empresas públicas locales, un 66 por ciento de las empresas activas, precisaron de un continuo sostenimiento por parte de las entidades locales titulares, que se materializó perfectamente a través de subvenciones, ascendiendo a 78,5 millones de
euros el importe de las subvenciones recibidas en 2001. En el área de la contratación se aprecian fraccionamientos, deficiencias en los criterios de selección y errores en la clasificación de contratistas en la constitución de mesas de contratación
y en la publicación de las adjudicaciones realizadas, retrasos en los pagos de facturas, incumplimiento general de plazos y ausencia de la consiguiente imposición de penalidades previstas en estos casos.



El señor PRESIDENTE: En el turno de preguntas y aclaraciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez.



La señora RODRÍGUEZ HERRER: Voy a procurar, por el desgaste que lleva el propio presidente del Tribunal de Cuentas esta mañana, por la hora y por nosotros mismos, ser absolutamente disciplinada con sus instrucciones. No solamente por ser
disciplinada y porque realmente estamos pidiendo aclaraciones al presidente del Tribunal de Cuentas, sino también por varias cuestiones. Primero, porque estamos casi en diciembre de 2005 y estamos viendo el informe de 2001, cuyo interés creo que es
histórico -no es peyorativo- y ejemplarizante o de eficacia en todas sus instrucciones.
Segundo, porque por el camino ha habido elecciones autonómicas y locales, y ha habido también cambios de Gobierno, de manera que esto sirve para dar más
eficacia como ejemplarizante y, sobre todo, para ir homogeneizando. Y, tercero, porque realmente deberíamos concluir la sesión de hoy, en donde estamos pidiendo aclaraciones, lo antes posible.



A lo largo del informe estamos viendo, y el presidente lo ha dicho ahora, que existen una serie de limitaciones para poder hacer unos juicios homogéneos razonables y generalizados de todos, o de la mayor parte, de los com


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ponentes del sector autonómico y local. Se ha ido mejorando, pero sigue habiendo problemas. En ese sentido van a ir mis preguntas al presidente del Tribunal, para poder seguir adelante con nuestras resoluciones. Una de las limitaciones,
como ha dicho, es la falta de homogeneidad en la elaboración y presentación de las cuentas generales que, por supuesto, es competencia de las respectivas leyes de Hacienda de las comunidades autónomas. Mi pregunta es qué medidas se están tomando a
este respecto para dar los pasos necesarios para un mínimo de homogeneidad, tampoco sé si ya hay homogeneidad en el año que estamos concluyendo, en 2005, y cuál cree que sería conveniente tomar al respecto. En segundo lugar, por lo que respecta a
la armonización de los sistemas contables, que creo que ha ido mejorando -ya son muy pocas las comunidades que no están adaptadas al Plan General de Contabilidad Pública-, quería saber si se va a trabajar con las OCEX para la aplicación de las
normas y principios contables en los diferentes ámbitos del sector público, y qué se está haciendo en ese sentido. Y en tercer lugar, yo creo que está mejorando el porcentaje de las entidades que rinden sus cuentas y, además, que se está abriendo
de forma significativa el campo de rendición: han entrado las fundaciones y los consorcios, y aunque no sean muchos en el año 2001, cuando ya se comienza por un camino, se sigue. Y la pregunta es la misma: ¿cómo podemos seguir trabajando para que
lo analizado sea prácticamente todo el universo?


En relación con la contratación pública, la pregunta es si tiene previsto el Tribunal de Cuentas algún mecanismo que permita evaluar el seguimiento de las recomendaciones al respecto y la subsanación de las deficiencias e irregularidades
detectadas, porque ejercicio tras ejercicio se está hablando de lo mismo, y alguna manera tendremos para resolver esta cuestión. Querría hacer una pregunta concreta, formularía más, pero yo creo que se deducen del propio informe. El informe es muy
amplio y para hacer las resoluciones tenemos suficiente. He analizado, tampoco es muy complicado, los tres informes de verificación de cumplimiento de las resoluciones de esta Comisión Mixta de 17 de noviembre de 2003, y tengo que hacer una
pregunta con respecto a un ayuntamiento. Ya sé que suele remitirse a los hechos posteriores, pero como es de 2001, se ha seguido trabajando y es de escasamente hace un mes, este es de los informes que hemos visto que rápidamente se ha tomado el
acuerdo por el Pleno del Tribunal de Cuentas y la pregunta es si tiene usted conocimiento o constancia de si el delegado del Gobierno de Madrid, de acuerdo con sus competencias en el ejercicio de sus facultades, ha recurrido el acuerdo regulador
sobre las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 2004-2007, que se firmó el 12 de julio de 2004 y se aprobó por el Pleno el 21 de julio de ese mismo año. Creemos que no ha sido así, pero, a lo mejor,
sí se ha hecho en este caso y quiero saber qué opinión le merece. Del análisis, como decía, de sus seguimientos, las conclusiones son claras excepto, en este caso, en donde el Tribunal dice que el acuerdo puede extralimitarse en muchos de sus
extremos, y entendemos que debería haber sido recurrido por la autoridad competente, pero no tenemos conocimiento de ello.



Por mi parte, nada más. Vea que he cumplido mi palabra y mi intervención ha sido corta.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Turiel.



El señor TURIEL SANDÍN: Yo también voy a intentar, en la medida de lo posible, no ser muy extenso, pero hay algún tema que querría preguntarle.
Este informe del año 2001 lo aprueba del Tribunal de Cuentas el 27 de octubre del año 2005. El
anterior informe, que era del año 2000, se aprobó el 25 de marzo de 2004. Esto quiere decir que el retraso en la aprobación de informes respecto al año a que se refieren se ha aumentado en 7 meses. Yo querría saber si nos puede explicar cuál es la
causa de que este informe sea emitido con 7 meses más de retraso que el del año anterior.



Otro tema que me parece que también podría tener alguna trascendencia es que el informe es perfectamente escindible en dos. Realmente se trata de dos informes, el del sector público autonómico y el del sector público local, encuadernados
conjuntamente. Quiere decirse que podrían ser escindidos perfectamente. Cuando se tienen que encuadernar conjuntamente dos informes hay que esperar a que esté el que va mas lento para poderlo presentar. Lo que yo preguntaría al presidente del
Tribunal de Cuentas es si no sería oportuno hacer una escisión y rendir los informes por separado, porque el que puede tener más interés, el del sector público autonómico, seguramente podría rendirse mucho antes, y dejar el que parece que podría
retrasarse más, el de los entes locales, para un momento posterior. Ya digo que aunque sea un informe, realmente son dos encuadernados conjuntamente. No incidiré en el tema que ya ha expuesto la portavoz del Grupo Popular, sobre si se han
realizado las medidas que se van adoptando en orden a la actuación homogénea de los órganos de control externo, que permitirían que los informes tuvieran una mayor homogeneidad.



En lo que respecta al sector público autonómico, el cuadro 1 de la página 16, revela una enorme disparidad de organización, fruto, sin duda, de la potestad de autoorganización que tienen las comunidades autónomas. Sobre esto le preguntaría
al señor presidente si ha realizado el Tribunal de Cuentas o tiene previsto realizar o encomendar a algún órgano de control externo que se haga algún examen de la eficacia de la organización decidida por cada comunidad autónoma. Me refiero, lo verá
si lo repasa el señor presidente, a qué año pasado nos ilustró aquí sobre cuál era la diferencia de la eficacia en un sentido organizativo. Al amparo de lo que nos había contado el año pasado, me gustaría saber si lo ha hecho el Tribunal de Cuentas
o si tiene previsto hacerlo


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o encomendar a algún órgano de control externo que evalúe la eficacia de la organización decidida por cada comunidad autónoma, dada la disparidad que vemos entre unas y otras.



La portavoz del Grupo Popular también ha hecho referencia a las limitaciones y no incidiré en ello. En cuanto al tema de la rendición de cuentas, hay un cuadro resumen en la página 22, el cuadro número 2. Sin embargo, paradójicamente, en
el caso del sector público autonómico, no existen anexos similares al anexo 4 que existe para los entes locales, de manera que no podemos conocer en unos cuadros cuál es el desglose referido a comunidades autónomas. Podía ser bueno que en
posteriores informes se hicieran esos anexos similares a los que se hacen para el sector público local.



También en materia de rendición de cuentas, otro tema que a mí siempre me ha preocupado profesionalmente, como seguramente también a mi compañera portavoz del Grupo Popular, es que en los informes se suele decir que no rinden las cuentas,
pero no se analiza la gravedad que pueda tener la no rendición de cuentas. Evidentemente, no es lo mismo que no rinda cuentas el que no tiene gestión o que no rindan cuentas aquéllos que sí tienen gestión. Me gustaría que en posteriores informes
se hiciera esa distinción entre quienes teniendo gestión no rinden cuentas y aquellos que no rinden cuentas porque no tienen gestión. La resolución que aprobó la Comisión Mixta el 28 de septiembre del año 2004 instaba al Tribunal de Cuentas a usar
los medios coercitivos necesarios para que se produjera la rendición de cuentas. Yo no sé si los OCEX tienen o no medios coercitivos para lograr la rendición de cuentas. Me gustaría que nos expusiera aquí si sabe si los OCEX también tienen medios
coercitivos para que se rindan las cuentas y si el Tribunal de Cuentas ha utilizado ya algún medio coercitivo para mejorar la rendición de cuentas.



El tema de la homogeneidad de fuentes ya ha sido analizado anteriormente y para mayor brevedad procuraré no volver a repetir lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular. Hay un tema que me preocupa. En la ejecución de presupuestos, en la
página 38, en el sexto apartado, se dice: Se observan defectos en la imputación presupuestaria, y se refiere a que las comunidades autónomas están reconociendo derechos antes de que haya sido reconocida la obligación por parte del ente que le va a
hacer la transferencia. Al hilo de esto, señor presidente del Tribunal de Cuentas, yo le preguntaría si esto quiere decir que la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado del año 2001, que se realiza y paga en 2002, debe
considerarse como ingreso en el presupuesto de 2002 y no en el presupuesto de 2001. Si esto es así, y yo creo que es así, el aumento del porcentaje de las entregas a cuenta que se acuerda ahora, del 98 por ciento al cien por cien de la
participación en los ingresos del Estado, supone un incremento efectivo de los ingresos del ejercicio en que tal incremento de porcentaje tenga lugar, y no una mera traslación temporal de fondos, ya que exige además un mayor esfuerzo presupuestario
del Estado y un nuevo anticipo de tesorería. Es decir, en la medida en que parece que se va a adoptar la subida de entregas a cuenta, si efectivamente se debe contabilizar de esta manera, si no supone una mera traslación temporal, sino una mayor
aportación y un mayor esfuerzo presupuestario por parte del Estado.



En el cuadro 13 de la página 43, también en el sector público autonómico, se pone de manifiesto que hay un resultado presupuestario negativo de 1.823 millones, que son 1.207 millones más que en el año 2000. Se nos indica que 783 se deben a
mayores operaciones con activos financieros, correspondiendo, lógicamente, los restantes 424 millones a operaciones no financieras. Yo le querría preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas si nos puede aclarar, si tiene alguna información que
nos pueda transmitir de a qué mayores operaciones con activos financieros obedecen los citados 783 millones.



Hay un tema respecto a las universidades, en el cual se observa que las modificaciones presupuestarias representan un 22 por ciento de los créditos iniciales. Yo preguntaría si se sabe a qué causa obedece tal volumen de modificaciones.
Intuyo que se refiere al tratamiento de los proyectos de investigación. Dado que el Tribunal de Cuentas hace un enjuiciamiento negativo en su informe, me gustaría que nos dijera el presidente del Tribunal cómo deberían presupuestarse los proyectos
de investigación. Es evidente que, hasta que no se conceden, la universidad no los conoce y, si se conceden, se produce una importante generación de ingresos y, naturalmente, también de gastos. Nos gustaría saber si el Tribunal de Cuentas, cuando
emite ese juicio negativo, es porque tiene una fórmula alternativa de contabilizar y de presupuestar, y me gustaría que nos lo expusiera aquí.



Respecto a la remisión de los contratos, que se refleja en los cuadros 3 y 4 de las páginas 29 y 30, se observa que existen muchas disparidades. La pregunta que se me ocurre es si tales disparidades en la remisión de contratos que se
observa entre las diferentes comunidades autónomas obedece a que tienen una legislación diferente o, simplemente, a que tiene un grado de cumplimiento diferente; me gustaría saber si es porque no cumplen o porque su legislación es diferente. En
concreto, Galicia, prácticamente no remite contratos a las OCEX. Es más, si miramos el importe de los contratos que se han remitido por parte de Galicia a ese órgano de control externo, resulta que siendo una comunidad más grande, la cuantía es la
mitad de La Rioja, que es la comunidad autónoma más pequeña; si en el caso de La Rioja estamos hablando de cincuenta y tantos mil millones, en el caso de Galicia estamos hablando de la mitad, de unos 27.000. Yo pregunto si es un problema de que
Galicia tiene una legislación diferente o sencillamente es que la Comunidad Autónoma de Galicia cumple rematadamente mal. En cuanto a las formas de adjudicación, efectivamente, como ya ha puesto de manifiesto el presidente, hay pocas subastas:
7,75 por ciento en número y 6,58 por ciento en importe, pero coincide que en Cataluña y en Galicia no


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hay ninguna subasta. Yo pregunto si Cataluña y Galicia tienen o no una legislación diferente. Si es la misma legislación, deberían tener alguna subasta.



Pasando al sector público local, es evidente que se ha producido una mejora respecto al cumplimiento de los ayuntamientos en el año 2000, aunque sigue siendo muy elevado el número de entidades que no cumplen.
Concretamente, se dice que la
Diputación Provincial de Orense ha presentado las cuentas, pero que no ha constado la aprobación por la corporación, y por eso se le da como que no las ha presentado. Si no lo ha presentado al Pleno, es evidente que debería devolverse la cuenta a
la Diputación Provincial de Orense. Pero ¿cómo debe de procederse en el caso de que se presente al Pleno y éste lo repruebe? ¿Debe o no debe presentarse al órgano de control externo y al Tribunal de Cuentas la cuenta reprobada por el Pleno?


Tenía aquí unas reflexiones que, para ser breve, no las voy hacer, excepto en un caso que me parece particularmente importante. La Comunidad de Madrid es la comunidad en la que mayor número de ayuntamientos no presentan las cuentas: 114
ayuntamientos, que es una cifra muy alta. Si uno mira la relación de esos ayuntamientos, ve que hay muchos que son muy pequeños. Uno tiene la duda de si en la Comunidad de Madrid -y podría suceder también en alguna otra comunidad autónoma
uniprovincial- se han olvidado que tienen que asumir las funciones de las diputaciones provinciales y también el servicio de asistencia a municipios. Mi pregunta es si al presidente del Tribunal de Cuentas le consta que las comunidades autónomas
uniprovinciales hacen el mismo esfuerzo en el servicio de asistencia a municipios que hacen las diputaciones de comunidades pluriprovinciales o, por el contrario, es una función que tienen absolutamente olvidada.



En la ejecución de los presupuestos yo le haría una sugerencia. Cuando uno lee el informe referido a los entes locales, hay un apartado específico que dice diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares y comarcales. Yo
haría la sugerencia de que en futuros informes se separe lo que corresponde al análisis de las diputaciones forales, porque ellas solas constituyen más de la mitad de los presupuestos de este apartado, y ello deforma los resultados globales. Por
tanto, yo sugeriría que en posteriores informes se haga un subapartado específico para las diputaciones forales y no se mezclen en el conjunto, porque eso supone una deformación bastante grande del análisis global.



Hay un tema que se pone de manifiesto en el informe y es el siguiente. En los entes locales, el capítulo de inversiones reales pone de manifiesto que existen elevadas modificaciones presupuestarias y un bajo grado de ejecución. Yo le
preguntaría al presidente del Tribunal de Cuentas si esto se puede deber a que las entidades locales padecen un elevado grado de dependencia respecto a otras administraciones públicas y a la Unión Europea, y por esa razón es por lo que tienen que
andar con permanentes modificaciones a medida que les conceden transferencia de capital para inversiones, lo que supone un mayor grado de modificación presupuestaria.
Como les suelen llegar retrasadas en el ejercicio, también el grado de ejecución
es relativamente bajo. Yo quería conocer la opinión del presidente sobre si ésta puede ser la razón que explica este elevado grado de modificaciones y bajo grado de ejecución. En la contratación también existe un número bajo de subastas, el 11,84
por ciento en número, y el 12,43 por ciento en importe, que, sin embargo, supone un mayor porcentaje de subastas que el del sector público autonómico. Es decir, el sector público local debe ser más sensible a cumplir la adjudicación mediante
subasta.



Quiero terminar la intervención pidiéndole que subsanen tres errores.
Seguramente hay muchos más, pero yo, sin profundizar mucho me he dado cuenta de tres errores. En el anexo 1.4, en la sexta columna, en el tanto por ciento de los
ayuntamientos que no rinden cuentas, no contiene los porcentajes correctos, sino que han repetido lo que figura en la cuarta columna, que son los ayuntamientos que sí rinden cuentas. Obviamente son las contrarias, es decir, el complemento, la
diferencia hasta 100. Repase ese anexo, porque está equivocado. En el apéndice 3 hay un segundo error.
En Castilla y León se cuenta como si fueran dos consorcios separados, uno llamado Agencia para la Calidad del Sistema y, otro, Universitario de
Castilla y León. En realidad se trata de un único consorcio que se llama Agencia para la calidad del sistema universitario de Castilla y León.
Esto hace que el número de consorcios que se cuentan en Castilla y León sean tres, y no dos. Ninguno de
los dos consorcios ha presentado las cuentas, pero como resulta que las que se dice rendidas se obtiene por diferencia, hay un consorcio fantasma que no existe y que ha presentado las cuentas. Y el tercer error que, además, me preocupa por lo que
creo que también debería corregirse, porque puede ser motivo de una anécdota o chascarrillo periodístico, es que en el anexo 4.2.1, en la página 41, donde dice Pontevedra debería decir Orense, y en la página 42, donde dice Orense, debería decir
Pontevedra. Tiene trascendencia, porque no vaya a ser que alguien entienda que para el Tribunal de Cuentas el Ayuntamiento de Orense pertenece a la provincia de Pontevedra.



El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Aquí se plantean una serie de temas que son recurrentes en todos estos informes.
En cuanto a la falta de homogeneidad, el informe señala que continúa siendo una limitación la
diferente estructura y conformación de las cuentas generales elaboradas por las comunidades autónomas y la ausencia de homogeneidad y estructura en los contenidos de los informes de los OCEX. Para conseguir este, llamémosle, contenido común, aquí
sí que es recurrente que seguiremos trabajando en los próximos informes.



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Se dice que ha mejorado la rendición de cuentas. También había una pregunta sobre si los OCEX tienen estas facultades que tenemos nosotros para exigir la rendición de cuentas. Pues no; es exclusiva de nuestra institución. No obstante,
nos dicen las que no han rendido cuentas.
Llevamos ya unos cuantos plenos en los que el mayor número de puntos del orden del día son requerimientos combinatorios.



En cuanto a la pregunta sobre la intervención del delegado del Gobierno en Madrid, en el caso del Ayuntamiento de Pozuelo, no tengo aquí información.



Se han señalado una serie de cuestiones que son obvias, por ejemplo, que es un informe de 2001, y estamos en 2005. Esto también le preocupa al presidente y, por tanto, bien está que esta preocupación sea compartida por la Comisión Mixta y
conste en el 'Diario de Sesiones'. Con relación a la posible diferenciación de los informes de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, aquí también hay unos ponentes territoriales y yo, de momento, les diría que lo estudien, que a lo
mejor sería útil, incluso la diferenciación con las diputaciones forales. En cuanto a fiscalización de la eficacia y la eficiencia, es ya un poco tarde para este tema, pero la verdad es que sí haría falta.



En materia de rendición de cuentas y distinguir entre las que tienen gestión y las que no, yo creo que tiene que rendir todo el mundo, aunque se podría diferenciar las consecuencias de no rendirlas. El informe dice también que el
tratamiento de los endeudamientos no es el adecuado, por ejemplo, en lo que se refiere a contabilizar la autorización de créditos o préstamos antes de ejercer la disponibilidad de ellos.



En materia de universidades, pregunta si el Tribunal de Cuentas tiene fórmulas alternativas. Ya he dicho muchas veces que no es función del Tribunal de Cuentas señalar modelos de gestión sino, precisamente, analizar los que existen y, si
cabe, criticarlos. Estas decisiones no nos corresponden a nosotros.



En cuanto a los temas de las entidades locales y su posible dependencia de la Unión Europea, no tengo aquí otro tipo de información. Quiero agradecer que me comunique los errores detectados porque, al igual que en otro informe que se vio
anteriormente, yo estoy muy preocupado porque lo que salga del Tribunal tenga la


mayor perfección posible. Entre otras cosas, eso lleva mi firma, y tiene para mí un elemento adicional, y es que soy una persona que procedo del rigor científico.



Conviene considerar toda esta flora de entidades públicas a efectos de la eficiencia en ambos sectores. Hemos pasado en el ámbito autonómico de 637 a 890. Las entidades locales se han incrementado en 58, hay más de mil sociedades locales y
1.829 organismos. El 67 por ciento de las más de mil sociedades, necesitan sostenimiento a través de las administraciones locales. Las pérdidas de las sociedades autonómicas son de 1.782 millones, según el informe, y hay que recurrir
constantemente a subvenciones, ayudas públicas, o afianzamientos de tipo financiero de las sociedades participadas. En el sector local, el Tribunal ya viene insistiendo en la necesidad de adecuar la normativa con respecto a la actividad que
desarrollan estas sociedades mercantiles locales. Hay que sujetarlas no solo a los principios de publicidad y concurrencia, sino también con criterios restrictivos porque a veces, a través de ellas, se hacen gestiones municipales y públicas. Tengo
que recordar que ya en otras intervenciones y en otros informes he puesto de manifiesto que, mientras no se produzcan cambios normativos en la gestión de este ámbito ya no solo los ilícitos contables, sino incluso los ilícitos penales son muy
difíciles de identificar, porque hay un ámbito de gestión discrecional y una falta de control por parte de las administraciones locales que creo que reclamarían la atención de una normativa específica en este ámbito. Esto es lo que siempre pone de
manifiesto este presidente cuando se trata de estos informes o incluso cuando se ve un grupo de ayuntamientos en bloque. Esperemos que, al igual que con la Ley de Financiación de Partidos Políticos, algún día veamos la nueva normativa.



El señor PRESIDENTE: Señor presidente, quiero agradecerle una vez más su presencia y sus explicaciones en esta Comisión.



No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.