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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 46, de 27/09/2005
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 46
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PRESIDENCIA DEL EXCMA. SRA. D.ª CARMEN ALBORCH BATALLER
Sesión núm. 10
celebrada el martes, 27 de septiembre de 2005,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la realización de estudios acerca de la incidencia de la violencia doméstica en el entorno rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 161/000848 y número de expediente
Senado 663/000034.) ... (Página 2)
-Relativa al enfoque de género en la prevención de riesgos laborales y salud laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente Congreso 161/000939 y número de expediente Senado 663/000035.) ...
(Página 4)
-Relativa a la elaboración de un informe del Observatorio de la publicidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente Congreso 161/001050 y número de expediente Senado 663/000044.) ...
-Relativa a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 161/001143 y número de expediente Senado 663/000048.) ...
-Relativa a la creación del observatorio sobre flexibilidad en el trabajo.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 161/001047 y número de expediente Senado 663/000042.) ...
-Relativa a la vuelta al trabajo a tiempo completo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente Congreso 161/001049 y numero de expediente Senado 663/000043.) ...
(Página
17)
-Por la que se insta al Gobierno a promover la aplicación de la resolución 1325 entre los distintos Gobiernos miembros de las Naciones Unidas.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
(Número de expediente
Congreso 161/000977 y número de expediente Senado 663/000037.) ... (Página 20)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Como habíamos acordado en Mesa y portavoces, queremos dedicar unos breves minutos en esta primera sesión oficial de nuestra Comisión a lamentar la pérdida de la senadora doña Cristina Tejedor Utrilla. Saben ustedes
que ya no está con nosotros, como consecuencia de un trágico accidente que sufrió este verano. En su momento, le hicimos llegar a la familia nuestro pésame, pero, en esta primera sesión, y dada su especial vinculación con esta Comisión, queríamos
hacer sentir también nuestro pésame. Como ustedes saben, ella fue viceportavoz en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, reunida aquí en este momento, y tuvo un especial protagonismo en todos los temas
relacionados con las mujeres y muy especialmente en la ponencia de estudio de la problemática de la salud en España desde la perspectiva de género y en la Ley orgánica de protección integral contra la violencia de género constituida en el seno de la
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Ella tuvo también una importante experiencia en otros ámbitos políticos, como el ámbito municipal y el de las asociaciones de mujeres. Fue presidenta de la asociación Mujeres para la democracia. Yo creo que
este verano todos nos quedamos sobrecogidos cuando supimos de la noticia a través de sus compañeras, a las que agradecimos que nos dieran esta información para, al menos, por unos momentos, sentirnos solidarios. Esta solidaridad y esta ausencia
creo que la notaremos a lo largo de toda la legislatura y su recuerdo nos acompañará.
Tengo que notificar que esta mañana hay otras actividades, como sucede a menudo, por ejemplo, la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados.
Por este motivo tenemos que posponer las proposiciones no de ley cuarta y quinta al final de
la reunión. Calculamos que las votaciones serán aproximadamente a la una, pero, como siempre, depende del tiempo que utilicen los intervinientes en la Comisión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACERCA DE LA INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL ENTORNO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente CONGRESO 161/000848 y número de expediente
Senado 663/000034.)
La señora PRESIDENTA: Sin más, pasamos a la proposición no de ley número 1. Tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señoras y señores diputados y senadores, esta mañana, en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, mi grupo parlamentario quiere darles a conocer esta
proposición no de ley relativa a la importancia de realizar estudios acerca de la incidencia de la violencia doméstica en el entorno rural.
Estarán de acuerdo conmigo en la importancia de basar cualquier actuación, cualquier medida y cualquier política que se adopte en el profundo conocimiento de
la realidad sobre la que pretendemos incidir. En este sentido, la falta de conocimiento sobre la situación real de las mujeres que sufren la violencia de género en el medio rural ha contribuido negativamente a la hora de adoptar soluciones
encaminadas a eliminar esta lacra social que tanta importancia, desgraciadamente, ha cobrado en la vida política y social de España en los últimos años. Es verdad que existe un elevado compromiso de todos los grupos parlamentarios aquí reunidos, en
el seno de esta Comisión, en hacer todo lo posible para erradicar el maltrato que sufren las mujeres en España. Todos hemos sido piezas claves en estrecha colaboración con los agentes sociales a la hora de aprobar, de forma unánime, la Ley orgánica
de medidas de protección integral contra la violencia doméstica. Sin embargo, me van a permitir que diga, sin ninguna crítica negativa, que esta ley peca de ser general y se adentra poco en dar soluciones adecuadas a las mujeres que sufren la
violencia de género.
A día de hoy, son las mujeres del medio rural las más vulnerables a la hora de enfrentarse a una situación de violencia, vulnerabilidad que no se resuelve con una mera declaración de intenciones. Les diré, para apoyar el
sentido de esta proposición no de ley, que recientes estudios de órganos independientes demuestran que la incidencia de los malos tratos sobre las mujeres del entorno rural es superior a las cifras que se presentan en núcleos urbanos. Hoy,
precisamente, en un periódico de Ciudad Real, denunciaban cuatro delitos sobre malos tratos en esa provincia en el medio rural. Además, y es muy importante, esto todavía es más sangrante cuando la mujer decide iniciar un proceso de divorcio o
separación del agresor y, en estos casos, convivir con un asesino e iniciar estos trámites son circunstancias que, en muchas ocasiones, desgraciadamente, hemos visto a lo largo de este año y de otros años, garantizan la muerte de la víctima. Las
razones son múltiples, pero todas ellas nacen de una misma base: la todavía enorme desigualdad frente al hombre en los pueblos de España.
La primera de estas razones es un mal antiguo, tan antiguo como la existencia de la raza humana. En pleno siglo XXI todavía seguimos viviendo en una sociedad patriarcal que sigue replegando a muchas mujeres a papeles secundarios. La
segunda razón es el factor cultural, que les juega también muy malas pasadas. Son, en general, mujeres menos conscientes de su valía, a pesar de los grandes avances que ellas mismas están protagonizando en los últimos 25 años, saliendo de la
invisibilidad en que vivían, pero, sin embargo, están menos dispuestas a tomar decisiones que cambien el rumbo de sus vidas. Imagínense ustedes, señoras y señores diputadotes diputados y senadores, lo difícil que es para una mujer de la gran urbe
superar una situación de maltrato por parte de su pareja. Viven en una ciudad grande donde es posible desvincularse del entorno del maltratador, tomar decisiones que le alejen de dolor. Piensen ahora en las mujeres que residen en uno de los muchos
pueblos de España, con menos de mil habitantes. El miedo a encontrarse con su agresor, a no poder iniciar una nueva vida lejos de las amenazas, provoca en muchos casos la falta de denuncia de las víctimas, que optan por seguir sufriendo en
silencio. La tercera razón es la escasa formación, en muchas ocasiones, de esas mujeres rurales entre 40 y 65 años que, sin duda, actúa como un agravante no menos importante. Estas mujeres en su mayoría no han podido acceder a puestos de trabajo
que les otorguen una independencia económica que, llegado el caso, se convierte en pieza clave a la hora de iniciar una nueva andadura en soledad. Atemorizadas por el miedo, dependiendo, económicamente hablando, de sus parejas y en localidades
donde la desvinculación del entorno del maltrato es casi imposible. Queda demostrado, aún sin datos estadísticos actualizados, que esta es la realidad de las grandes diferencias que siguen denostando las mujeres del medio rural.
No podía faltar, entre las razones que estoy citando, la falta de información y de medios para realizar una denuncia con garantías, que se convierte en otro de los lastres que acompañan a las mujeres de nuestros pueblos. La falta de
infraestructuras y personal destinado a temas sociales, la ausencia de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la carencia de un adecuado asesoramiento y la escasez de salidas que se ofrecen a estas mujeres, que dicen no sentirse
seguras si denuncian, agravan más la situación. Está claro que, hoy por hoy, es una triste verdad reconocer que estamos iniciando un difícil camino en contra de la violencia de género que sufren las mujeres, pero podemos hoy elegir si queremos luz
en el trayecto hacia la erradicación total de esta lacra social. La claridad han de proporcionarla, sin duda, estudios estadísticos fiables y coordinados que informen empíricamente de cómo las mujeres víctimas de la violencia de género de entornos
rurales parten en esta travesía con una clara desventaja. De hecho, ya los primeros planes de igualdad en cuanto a la violencia de género y de igualdad de oportunidades insistían reiteradamente en la necesidad real de contar con análisis
estadísticos fiables de la situación real de este colectivo cuyas características e idiosincrasia varían mucho según la zona en la que resida la mujer. Por tanto, señora presidenta, creo que es el momento de que abordemos realmente, en el seno de
esta Comisión, lo que pide nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Desde mi grupo no se solicita la elaboración de un estudio sin vida, anacrónico; se está pidiendo conocer la realidad social de estas mujeres, realidad cambiante, con el
único ánimo de desgranar sus necesidades y dificultades para trabajar en la línea correcta.
Quiero terminar diciéndoles que lo que hoy se pide aquí no es algo excepcional, ni siquiera demasiado costoso, teniendo en cuenta las vidas que podremos salvar con políticas concretas, iluminadas por el conocimiento exhaustivo y empírico de
muchas mujeres de los pueblos de España. Por lo tanto, pido a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta proposición no de ley. Además, desde la Comisión Mixta de los Derechos de
la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, instamos al Gobierno a averiguar, con la colaboración de las corporaciones locales, la incidencia real, que no siempre coincide con la oficial, reflejada en las denuncias de la violencia de género
en el entorno rural, elaborando un informe que incluya los métodos usados para proporcionar el maltrato, situación socioeconómica de las víctimas del medio rural, su estado civil y la nacionalidad, los datos demográficos como la edad, el número de
hijos, etcétera. Además, creo que es importante que se diseñe una campaña de ámbito nacional que conciencie específicamente a las mujeres de los pueblos de España, a las mujeres rurales, acerca de las situaciones de maltrato, forma de cursar una
denuncia y garantía y derechos de las víctimas de esta lacra social, y lanzarla en colaboración con los agentes sociales, como no podía ser de otra manera... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señoría. Por favor, señorías, guarden silencio. Continúe, por favor.
La señora QUINTANILLA BARBA: ...y ONG dedicadas a la mujer. Por lo tanto, esta proposición no de ley es importante a la hora de conocer realmente la situación que sufren las mujeres del medio rural con la violencia de género.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Lizárraga.
La señora LIZÁRRAGA GISBERT: Nosotros hemos interpretado que la PNL pide dos cosas: primero, recabar información relativa a la violencia doméstica en el entorno rural, y el segundo apartado haría referencia al diseño de una campaña de
ámbito nacional que conciencie específicamente a las mujeres rurales.
Con relación al primer apartado, el Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, viene realizando diversas actuaciones que tienen
como finalidad recabar información relativa a la violencia doméstica para posibilitar la adopción de medidas correctoras oportunas. En este sentido, hay que destacar que el Plan de acción contra la violencia doméstica del periodo 1998-2000,
aprobado por el Consejo de Ministros del 30 de abril de 1998, proponía la realización de una macroencuesta en todo el Estado en dos momentos diferentes: uno, al inicio del vigente plan y, otro, al final del mismo, para estudiar la evolución de la
situación del maltrato en España. La primera macroencuesta se realizó al entrar en vigor el citado plan; una segunda se realizó en 2002 y, en este momento, está propuesta la realización de la tercera. Esta tercera macroencuesta permitirá el
análisis de la violencia en el ámbito de todo el territorio nacional desde diversos factores, incluida la variable nacionalidad, partiendo de entrevistas personales y telefónicas con mujeres maltratadas. En la última macroencuesta se llegó a
consultar a 20.650 mujeres. El estudio se hará tendiendo en cuenta mujeres de todo el territorio nacional, por lo que estarán incluidas las pertenecientes al ámbito rural. Además, entre los núcleos de población considerados, están comprendidos los
municipios de hasta 2.000 habitantes que, como usted sabe, la EPA considera zona rural.
Con relación al segundo apartado, la segunda propuesta de su PNL, hay que señalar que, como desarrollo del mandato legal contemplado en el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas para la protección integral
contra la violencia de género, con referencia a los planes de sensibilización, se está trabajando en el diseño de un plan nacional de sensibilización y prevención contra la violencia de género.
Este plan abarca una diversidad de acciones dirigidas
a todas las mujeres y colectivos, incluidos, naturalmente, el de mujeres rurales, para lograr una auténtica concienciación por parte de las mismas de las eventuales circunstancias de maltrato, que usted muy bien ha relatado, que pudieran producirse.
Este aspecto, unido al resto de medidas de sensibilización recogidas por el título I de la citada norma, contribuiría de manera eficaz a desterrar comportamientos que aún se dan en esta sociedad.
Por todo lo expuesto, mi grupo votará favorablemente su PNL, puesto que las propuestas recogidas en la misma abundan en las políticas diseñadas, así como en las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno.
-RELATIVA AL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente CONGRESO 161/000939 y número de expediente Senado 663/000035.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Por el Grupo Parlamentario Socialista la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: El Grupo Socialista ha presentado una iniciativa, una proposición no de ley que pretende introducir la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, atendiendo a varias razones.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha puesto de manifiesto que las diferencias entre géneros tiene una clara repercusión en materia de salud laboral y que existen diferencias sustanciales en la vida laboral de
mujeres y hombres que afectan a la seguridad y salud en el trabajo. La mejora de la seguridad y salud en el trabajo no puede contemplarse separadamente de aspectos más amplios relativos a la desigualdad de la mujer en el trabajo y en la sociedad.
En la medida que los riesgos laborales afectan en muchos casos de forma diferente a hombres y a mujeres, queda de manifiesto
que la perspectiva de género en materia de salud y seguridad en el trabajo es pertinente.
En lo relativo a la investigación y seguimiento de los riesgos laborales, no incluye de forma sistemática la dimensión de género recogida en los datos, si bien es cierto que en estos momentos está prevista la creación y el desarrollo del
Observatorio estatal de condiciones de trabajo, cuyas tareas comenzarán este mismo año. Todos los indicadores de seguimiento de los riesgos previstos incorporan la variable de género a fin de conocer la frecuencia y diferentes riesgos a que están
expuestas las trabajadoras, así como la efectividad de las medidas específicas de prevención que a tal efecto se vayan incorporando.
Ustedes saben que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es un órgano técnico de la Administración General del Estado especializado en el análisis y estudio de condiciones de trabajo. Por eso es tan importante, porque es
el encargado de velar por las condiciones y hacer cumplir las normas. Nosotros proponemos que se incorporen todas las variables de género en todos los aspectos que plantea este Instituto.
Planteamos un segundo apartado con relación a la salud. En los últimos tiempos vemos cómo los nuevos riesgos que están apareciendo en el mundo laboral, como los psicosociales, el acoso laboral, están muy ligados al nuevo empleo que ese está
creando en el sector servicios y, según informes en el ámbito europeo, por temas tan influyentes en el mercado laboral como la contratación temporal, en la que, como muy saben todos ustedes, las mujeres tenemos el mayor porcentaje.
Por todo ello, hemos planteado esta iniciativa que tiene estos dos puntos: que se introduzca la perspectiva de género en las líneas de trabajo y en la prevención de riesgos laborales, y que, desde el Observatorio de salud de la mujer y de
las condiciones de trabajo, en coordinación con del futuro Observatorio permanente, que como les decía antes ya se ha puesto en marcha, se dé prioridad al análisis, investigación y seguimiento de la incidencia de los riesgos laborales en las
mujeres. Aunque es verdad que en el Observatorio de salud de la mujer, desde el pasado mes de abril, hay un grupo de personas trabajando desde esta perspectiva, no está de más esta proposición para darle un impulso desde esta Comisión.
El Grupo de Convergència i Unió ha presentado una enmienda. Señora Pigem, nosotros aceptaríamos incluir en el primer párrafo el siguiente añadido: para ello se deberán reflejar los datos desagregados por sexo, a partir de aquí, punto y
aparte. También aceptaríamos incluir el tercer apartado como un punto nuevo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem para la defensa de la enmienda.
La señora PIGEM I PALMÉS: Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer las pronunciadas por la presidenta dando nuestro pésame por la muerte de la compañera senadora, la señora Tejedor. Quiero sumarme en nombre propio y en el de mi
grupo parlamentario como no podía ser de otra manera.
Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda porque considera muy interesante la iniciativa que ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista. Desde Convergència i Unió entendemos que una de las asignaturas pendientes que existen en
el tema de la igualdad es el enfoque de la perspectiva de igualdad del mundo laboral en general. Esta es una gran asignatura pendiente. Siempre hablamos de trabajos peor retribuidos, etcétera, y, por lo tanto, damos la bienvenida a todas las
iniciativas que, sean desde el ángulo que sean, pueden potenciar e incentivar la mejora de esta situación de desventaja que todavía padecemos.
Desde Convergència i Unió consideramos, como lo hace el grupo proponente, que un enfoque neutro de este tema no ha favorecido la prevención de los riesgos laborales que padecen las mujeres. Todos sabemos que, además de los riesgos comunes,
hay unos específicos como el mobbing, el acoso sexual, etcétera, que si no tienen una atención específica van a ser pasados por alto en un informe neutro, hecho con la mejor de las intenciones, pero que no va a reflejar esta realidad. También
coincidimos en la necesidad de introducir la dimensión de género en la recogida de datos y de aumentar, en todos los niveles, la representación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
Hasta aquí no se trataba de argumentaciones del grupo parlamentario al que yo represento, Convergència i Unió, sino argumentaciones de la propia motivación de la iniciativa que estamos viendo. Estas motivaciones, a nuestro juicio, no se han
reflejado en la parte dispositiva. Esta ha quedado enunciada en términos mucho más generales y, por lo tanto, en términos mucho menos comprometidos de lo que la propia motivación expresaba. Nuestra enmienda obedece únicamente al deseo de que la
exposición de motivos, que nos parecía tan acertada, quedara reflejada realmente en el mandato que esta Comisión va a hacer -aquí abro un paréntesis-, no el Congreso de los Diputados sino, como siempre, la Comisión Mixta de los derechos de la mujer,
al Gobierno.
Una segunda parte de la enmienda se refería a algo que hemos solicitado también en otras ocasiones: la transposición con urgencia al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/73 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato de hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo. El mandato comunitario explicita que tiene que realizarse antes del 5 de
octubre.
Como posiblemente sea la última vez que intervengo antes de la fecha de expiración del mandato, mi grupo parlamentario tenía interés en recordar que esto está pendiente y que se tiene que trasponer.
En la intervención de la señora López i Chamosa veo con agrado que se acepta esta segunda parte de la enmienda y también parte de la primera.
Quiero dejar
constancia para que se refleje así en el 'Diario de Sesiones' que me hubiera gustado que se hubiera podido poner en la parte dispositiva aquello que fundamente, justamente, la exposición de motivos. En todo caso, me parece que con las
enmiendas aceptadas queda más precisa y anuncio, ya sin más, mi voto afirmativo.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
La señora Loroño tiene la palabra.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: En primer lugar y como grupo parlamentario, queremos sumarnos también a las palabras que ha transmitido la señora presidenta en relación con la senadora Cristina Tejedor, compañera mía y personal en el Senado e,
incluso, en trabajos vinculados a esta Comisión y en otras, entre las cuales, una de las promotoras de su constitución fue la senadora Tejedor, la Comisión Especial sobre Prostitución. Quiero sumarme a esas palabras y transmitir a las compañeras
del Grupo Parlamentario Popular nuestro más sentido pésame por la pérdida de una compañera.
Al hilo de la moción que estamos debatiendo en estos momentos, como grupo parlamentario, estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento que se hace en esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y
enmendada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nos congratulamos de la aceptación de dicha enmienda porque mejora y añade aspectos importantes al propio texto de la proposición. En concreto, hay que tener en cuenta que, cuando
hablamos de riesgos laborales, de prevención en materia de salud laboral nos estamos olvidando continuamente, al menos cuando se hace la evaluación de riesgos para determinados tipos de trabajo, de la perspectiva de género. En ese sentido, es
importante que cuando hablemos de riesgos laborales y se lleve a cabo la evaluación de los riesgos que entraña ejercer un trabajo o desarrollar una determinada tarea o actividad industrial introduzcamos la perspectiva de género. Hay que entender
que la mujer progresivamente va accediendo a distintos tipos de trabajo, a distintas actividades que, anteriormente, en cierto modo, le estaban vedadas porque eran propias de los hombres; no se admitía a las mujeres por considerarlas no idóneas ni
capacitadas para su ejecución. Por tanto, es importante a nivel, incluso, de los ámbitos de decisión en los que se llevan a cabo esos procesos de evaluación de riesgos y se establecen las bases y los principios de prevención para evitarlos, que las
mujeres también estén presentes para poder transmitir la dificultad que entraña para ellas personalmente, desde la perspectiva de género, la ejecución de los distintos tipos de trabajo y la necesidad de prevenir y eliminar determinadas cuestiones
que pudieran conllevar serios problemas para su salud, desde la perspectiva, desde luego, de salud laboral.
Estamos totalmente de acuerdo en que el futuro observatorio permanente, aún no constituido pero cuyo proceso de constitución como observatorio de las condiciones de trabajo y riesgos laborales está muy avanzado, trabaje en coordinación con
el Observatorio de salud de la mujer para poder introducir la prioridad de perspectiva de género en todos los trabajos que desarrolle, tanto de análisis como de investigación y seguimiento de la incidencia de los riesgos y accidentes laborales de
las mujeres.
Vamos a votar a favor de la proposición no de ley con la incorporación de la enmienda en los términos transmitidos por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: La señora Naharro tiene la palabra.
La señora NAHARRO DE MORA: Señoras y señores diputados y senadores, intervengo para fijar la posición de mi grupo parlamentario, que es favorable. Saben que no nos negaremos a todo aquello que colabore a la obtención de la igualdad real en
todos los ámbitos de la vida, también en el laboral y, por supuesto, en la prevención de riesgos laborales.
Creemos que la enmienda de Convergència i Unió mejora bastante la proposición no de ley.
Sin embargo, quiero hacer una serie de puntualizaciones. En primer lugar, en la exposición de motivos indican que se ha adoptado un enfoque de género neutral en las estrategias y que la legislación ha llevado a relegar la atención y los
recursos dirigidos a los riesgos laborales para las mujeres y su prevención. En esto, señorías, no estoy de acuerdo.
Tenemos una legislación amplia en la que caben todos los problemas, no solo de género sino individualizados, en la que se plantea
que en cada empresa o centro de trabajo debe realizarse un plan de prevención de riesgos laborales adaptado a cada situación, por tanto, también a la existencia de mujeres en el trabajo. Además, en el artículo 22 de nuestra ley se habla de la
vigilancia de la salud como algo individual. Por tanto, aquí también caben los riesgos inherentes al trabajo que afecte más en unos casos a los hombres y en otros casos a las mujeres. Es indudable que, en muchos casos, los riesgos laborales
afectan de manera diferente a un género u otro en virtud de nuestras desigualdades biológicas y naturales, pero creo que con esta ley está garantizada la prevención en ambos casos aunque no se especifique.
Por otro lado, en el artículo 25 se habla de la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos y, por tanto, ahí también caben las mujeres. Se dice que el empresario garantizará de manera específica la protección
de los trabajadores que, por sus propias características personales o estados biológicos conocidos sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos se tendrán en cuenta en las evaluaciones de los riesgos y, en
función de estos, se adoptarán medidas preventivas y de protección necesarias. Nuestra legislación, en el artículo 26, se refiere también, señorías, a la protección a la maternidad.
Posiblemente sea una situación en la que los riesgos inherentes a la condición de mujer sean mayores en cuanto que esta situación tiene mayores riesgos y además son específicos.
Creo que, durante los últimos años, se han mejorado muchos aspectos en el plano laboral que benefician a las mujeres y, por tanto, a toda la sociedad. Han entrado en vigor los contratos de interinidad a tiempo completo, que se celebran para
sustituir a las trabajadoras que tengan suspendidos sus contratos por riesgo en el embarazo o por baja maternal.
Se creó una nueva prestación en la Seguridad Social para el riesgo durante el embarazo en aquellos supuestos que se haga necesario un
cambio de puesto de trabajo y éste no sea posible. Además aquí se incluyen a las trabajadoras autónomas y a las integradas en el régimen especial de empleadas de hogar. Se ha puesto en marcha un plan de lucha contra la discriminación laboral que
crea personal especializado dentro de los cuerpos de Inspección de Trabajo y cuya prioridad es investigar la discriminación salarial, pero también controlar el acceso y la permanencia en el empleo por razón de sexo y, por supuesto, vigilar el
cumplimiento y la protección preventiva en materia de maternidad. Se han introducido, por primera vez, modalidades legislativas de protección contra el acoso sexual en el ámbito laboral, así como a los abusos psicológicos en el trabajo. También se
creó el Observatorio de la salud de la mujer. Creo que, por lo que se refiere a nuestra legislación, la prevención desde la perspectiva de genero está asegurada, pero estamos de acuerdo en apoyar todo lo que se haga por mejorar esta situación.
Por otro lado, el punto 2 del texto de la proposición no de ley dice que se trata de dar prioridad al análisis, investigación y seguimiento de la incidencia de riesgos laborales en las mujeres. Por el momento se podrá hacer desde el
Observatorio de salud de la mujer, pero para hacerlo con el futuro observatorio permanente de las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales, primero lo tendrán crear. No dudamos que se va a crear, pero lo más lógico sería primero crearlo y
luego hacer una proposición no de ley o poner en sus estatutos qué se va a tratar en ese observatorio.
En cualquier caso, repito que nuestra posición va a ser favorable en cuanto a esta proposición no de ley.
-RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA PUBLICIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente CONGRESO 161/001050 y número de expediente Senado 663/000044.)
La señora PRESIDENTA: Como les anunciaba al inicio de la sesión, esta mañana las componentes de la Comisión están especialmente atareadas. La señora Bonás nos ha pedido que pospongamos su proposición no de ley porque, justamente, en este
momento, está interviniendo en otra Comisión.
Por tanto, y les agradecería que prestaran atención, si no tienen inconveniente, vamos a pasar ahora al punto número 6 del orden del día.
Tiene la palabra, para su defensa, la señora González.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Como SS.SS. conocen, los medios de comunicación han adquirido en los últimos años un papel decisivo como agentes de socialización de los individuos, determinando en gran medida los sistemas simbólicos de
representación y la cultura de los colectivos sociales. Los medios de comunicación contribuyen de forma directa a configurar y definir las formas de identidad social. Ha sido en torno a la televisión donde se ha producido la socialización de los
jóvenes. Los medios de comunicación están presentes en la forma de percibir de toda la sociedad. Muchas veces hemos oído decir que la televisión es una ventana, pero también es un espejo. Estarán de acuerdo SS.SS. en hacer extensivas estas
expresiones a otros medios. Es claro, también, que la igualdad de género puede ser afectada positiva o negativamente según sea la imagen publicitaria que se reciba, dado el alto consumo de productos publicitarios.
Por todo ello, los gobiernos han ido actuando en consecuencia. En el año 1994, como saben, fue creado el Observatorio de la publicidad con el fin de difundir una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en la publicidad. El tercer
Plan para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aprobado en 1997, estableció como una de sus actuaciones elaborar y difundir un informe anual de los resultados obtenidos por el Observatorio de la publicidad en el desarrollo de sus
funciones, objetivo con el que todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, a partir de esta actuación, aprobada en el Plan de igualdad desde el año 1998 inclusive, se realizaba un informe que se presentaba a los medios de
comunicación, se remitía a las distintas organizaciones, asociaciones profesionales y revistas especializadas del sector de la publicidad.
He comprobado la preocupación demostrada por todos los grupos parlamentarios sobre esta cuestión. Por ello, pido el voto favorable a esta proposición no de ley de manera que esta Comisión inste al Gobierno a elaborar y difundir un informe
anual de los resultados obtenidos por el Observatorio de la publicidad en el desarrollo de sus funciones, que será presentado en la Comisión Mixta y a los medios de comunicación, para que toda la sociedad tenga un conocimiento exhaustivo del enfoque
que el medio publicitario da a las mujeres. Esta Comisión debe trabajar para eliminar que la imagen de la mujer sea una imagen distorsionada o sexista. Por tanto, la difusión de los contenidos de dicho informe puede ser otro instrumento más a
favor de las mujeres; un valioso instrumento que no solo verá reflejadas las conclusiones del propio observatorio, sino también las aportaciones y experiencias desarrolladas por los organismos propios de las comunidades autónomas que, como SS.SS.
saben, se coordinan, colaboran e informan al observatorio. Como señala Tania Modleski, es de todo punto inútil que deploremos
las ficciones populares de la cultura de masas por sus omisiones, distorsiones o su conservadurismo. Lo crucial es entenderlas, dejar que nos informen, pues otros documentos nos interpelarán profundamente, incluso a aquéllas de nosotras que
podamos creer que nos hemos librado de nuestra falsa conciencia y estamos activamente involucradas en desafiar a los estereotipos que deforman el concepto de mujer.
Por todo ello, y en aras de conseguir nuevos logros, vuelvo a pedir el voto favorable de SS.SS. a esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pérez Anguita.
La señora PÉREZ ANGUITA: Señorías, sobre la proposición no de ley que trae a esta Comisión el Grupo Popular, el Grupo Socialista, al que represento para fijar su posición, comparte la necesidad que subyace en la misma de evitar el impacto
negativo que en la conciencia social suscita la imagen distorsionada o sexista que, con demasiada frecuencia, trasladan los medios de comunicación respecto al papel de la mujer, indicando que la función de seguimiento, que a este respecto y con
relación al mundo publicitario tiene encomendado el Observatorio de la publicidad, se debe plasmar en un informe que debe estar al alcance del público en general.
El mencionado observatorio realiza un seguimiento de análisis de la publicidad con el
fin, precisamente, de alertar sobre su posible contenido discriminatorio hacia las mujeres, cuando los estereotipos utilizados refuerzan una división desigual de roles sociales, expresan una diferente valoración de mujeres y hombres en las que
nosotras aparecemos en subordinación con respecto a los hombres, o la figura femenina es denigrada. Desde el mencionado observatorio se realizan funciones, por ejemplo, de seguimiento de las denuncias ciudadanas o de anuncios y campañas
consideradas sexistas, el análisis de los contenidos denunciados para obtener la imagen actual de las mujeres en la publicidad o la difusión de la información obtenida y el asesoramiento a quienes lo soliciten para crear una visión no estereotipada
de las mujeres.
No podemos olvidar que actualmente los medios de comunicación pueden cooperar desempeñando una función ideológicamente constructiva del nuevo rol femenino. Por tanto, el observatorio es una herramienta de participación ciudadana muy
importante de transformación en la dirección que esta Comisión pretende desarrollar de igualdad en la publicidad y en los medios de comunicación, que contribuya a reforzar el derecho a la igualdad establecido en la Constitución, a la vez que refleje
de manera veraz el avance de las mujeres en la sociedad.
De acuerdo con esto, el Grupo Popular propone que esta Comisión inste al Gobierno a que elabore y difunda un informe anual de los resultados obtenidos por el Observatorio de la publicidad en el desarrollo de sus funciones, que será
presentado en la Comisión Mixta. Compartimos, como les decía al inicio de mi intervención, la idea de fondo. No obstante, he de señalar que el servicio de relaciones externas del Instituto de la Mujer realiza ya un informe anual con los resultados
del Observatorio de la publicidad, presentado ante los medios de comunicación y difundido en nota de prensa, al tiempo que se incluye en la página web para que pueda ser consultado por usuarias y usuarios. Consultando el último informe, es sabido,
por ejemplo, que la utilización del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario sigue siendo el mayor motivo de denuncia en el Observatorio de la publicidad. Incluye asimismo un análisis muy interesante sobre 166 anuncios de juguetes emitidos
durante la campaña de Navidad que pone de manifiesto lo que todas y todos los que estamos aquí sabemos y querríamos no saber: que la televisión delimita a qué van a jugar nuestros niños y niñas, que eso no solo tiene influencia en la venta sino
también -y es desde mi punto de vista lo peor- en el aprendizaje de conductas, actividades y actitudes estereotipadas y roles sexuales; que los anuncios de vehículos de juguete, por ejemplo, son protagonizados y en consecuencia dirigidos al 87,5
por ciento de nuestros niños frente al cero por ciento de niñas y en todos los anuncios de acción o aventura la proporción está en el 95,6 por ciento de niños y el 8,3 de niñas. Señorías, después nos quejamos de que las carreras técnicas, por
ejemplo, sean elegidas mayoritariamente por los varones.
Diputada González, la enmienda que mi grupo presenta, como ha podido usted comprobar por mi intervención, es porque ese informe ya existe y me ha servido para argumentar lo que estoy diciendo. En la parte propositiva de la proposición no de
ley que usted presenta yo estoy de acuerdo. Por esa razón lo único que podemos pedir al Gobierno es que se traiga aquí ese informe para su estudio y conocimiento. Entiendo que no podemos instar al Gobierno a algo que ya está haciendo y, por tanto,
esa es la razón por la cual mi grupo presenta esta enmienda.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? Tiene la palabra la señora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Brevemente, comparto la preocupación que transmite el Grupo Parlamentario Popular a través de la proposición no de ley en el sentido de la necesidad de tener un mayor conocimiento de ese informe anual que, de
hecho, tiene obligación de elaborar el Observatorio de publicidad en relación con la actividad desarrollada por el mismo respecto al enfoque que se da a la figura de la mujer en los distintos anuncios publicitarios para poder descartar un trato
vejatorio, un trato discriminatorio o cualquier actitud a través de la imagen que se transmite de la mujer que permita encasillarla en unas determinadas figuras o estereotipos. Por otro lado, el Grupo Parlamentario
Socialista a través de la diputada Pérez Anguita y con la enmienda que presenta viene a plantearnos lo que actualmente se está haciendo, es decir que a través de la página web, como bien decía ella, el público en general tiene acceso a ese
informe que se emite con respecto al tratamiento que se da a la imagen de la mujer por los medios de comunicación y me parece correcto que ese informe se presente ante esta Comisión e incluso que lo podamos debatir y veamos hasta dónde está llegando
en estos momentos el Observatorio de la publicidad porque es un ámbito abierto a toda la ciudadanía y, por tanto, es un importante cauce de participación ciudadana para poder denunciar aquellos aspectos en el ámbito publicitario que nos parecen
incorrectos y que tratan a la mujer no como persona sino incluso como objeto, pero no debemos olvidar que el Observatorio de la publicidad tiene también sus limitaciones y quizá sea el momento de analizar a través de sus informes con qué limitación
nos encontramos. No nos olvidemos del trato que se da a la figura de la mujer en los medios de comunicación escritos a través de los anuncios de publicidad que se hacen sobre la mujer, un ámbito y un campo en el que tenemos mucho que andar y que
incide directamente en el comercio que se hace con el cuerpo de la mujer, o la comercialización del cuerpo de la mujer. Por tanto, tenemos Observatorio de la publicidad pero también estamos llegando a unas determinadas cuestiones, no llegamos a
otra, y por eso me parece correcto que se presente aquí el informe, que lo analicemos e incluso podamos plantear como Comisión la necesidad de abarcar el campo de actuación del Observatorio de la publicidad en relación con los medios de
comunicación. No sé si el Grupo Parlamentario Popular aceptará la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pero la veo en principio más correcta porque se ajusta a lo que se está haciendo actualmente y puede dar incluso pie a que en esta
Comisión podamos generar un debate que me parece importante realizar en estos momentos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Únicamente quiero valorar en su justa medida el peso que mi grupo parlamentario concede a esta iniciativa. Creo que tanto los argumentos dados por la portavoz del grupo proponente como los de la señora Pérez
Anguita son suficientemente ricos e ilustradores del peso importantísimo que tiene la publicidad, mucho más quizá que lo que todos pensamos, porque hay una parte subliminal que no sabemos hasta qué punto incide en la elaboración de las ideas y en la
internalización de los diferentes papeles que se dan socialmente a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas. Como digo, hay una primera parte quizá la más grosera, entre comillas, que todos somos capaces de apreciar, pero luego hay
otras partes que requieren de ese estudio que se elabore año a año, no solo de las denuncias sino también de cómo se va modificando a raíz de lo que después de esas denuncias se puede ir acotando para de esta manera cortapisar esta perpetuación de
la diferenciación sexista que hay de los papeles de hombres y mujeres en la sociedad. También he de decir que a veces llama la atención -y en esto quiero recuperar un argumento de mi antigua compañera y siempre amiga Zoila Riera- que realmente la
televisión, la publicidad en general nos trata de una manera que casi no es ni la realidad, es peor que la realidad, con lo cual acentúa aquello de malo que quizá la realidad en muchos aspectos ha ido subsanando.
Quiero finalizar diciendo que me
alegra que se pueda llegar a una transacción porque creo que es importante que de esta Comisión y de las portavoces de todos los grupos parlamentarios salga un mensaje nítido de cuál es la posición de estas Cortes.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora González a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Aceptamos la enmienda porque no desvirtúa en absoluto la proposición no de ley sino que incide en el espíritu de la misma. Me alegra haber oído a todos los portavoces en este mismo sentido y agradezco las
palabras de todos ellos.
-RELATIVA A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/0001143 y número de expediente Senado 663/000048.)
La señora PRESIDENTA: Con la modificación del orden del día, vamos a pasar al punto número 7, proposición no de ley relativa a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Para su defensa tiene la palabra la señora Camarero,
del Grupo Parlamentario Popular.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Antes de empezar a intervenir en la defensa de esta proposición no de ley, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión quisiera agradecer muy sinceramente las palabras de la presidenta. Han sido
unas sentidas palabras en recuerdo de Cristina y de su labor en defensa de la igualdad de la mujer. Todos y todas las que estáis hoy presentes en la Comisión conocisteis a Cristina, conocíais su labor en pro de los derechos de la mujer y todos
creemos que fue una mujer cercana, una mujer vitalista, una gran compañera y sobre todo una buena persona. Yo creo que eso se demuestra tanto en las palabras de la presidenta, que de verdad nos han llegado muy dentro, muy profundo, como en las
palabras del resto de las compañeras que hoy han intervenido y que venís mostrando desde su fallecimiento vuestro pésame y vuestro más sentido ánimo. Desde el Grupo
Parlamentario Popular, como compañeras y amigas de Cristina, queremos agradeceros sinceramente vuestra cercanía, vuestro apoyo y vuestras muestras de cariño durante todo este tiempo que, desde luego, extenderemos y haremos llegar a la
familia. Gracias.
Paso a defender la iniciativa que ahora nos corresponde. Uno de los objetivos fundamentales para alcanzar la plena igualdad de oportunidades es fomentar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Por ello es imprescindible trabajar
por conciliar la vida laboral, familiar y personal. Buscando este objetivo en la pasada legislatura se aprobaron una serie de medidas entre las que destaca la Ley de conciliación, el programa de ayudas a la construcción de guarderías infantiles, y
entre otras muchas medidas que beneficiaron la conciliación destacó la llamada paga de los 100 euros mensuales, de la que se han beneficiado más de un millón de mujeres. Esta medida, que como todas sus señorías saben entró en vigor el 1 de enero de
2003, se configura como un instrumento eficaz de conciliación de la vida familiar, laboral y personal; es una aportación que se concibe como un pago directo o en forma de desgravación. Los requisitos también son conocidos: deben ser madres con
hijos menores de tres años y realizar una actividad por cuenta propia o ajena. Este último requisito fue uno de los que más polémica creó en el origen de la medida, ya que algunos grupos, especialmente el socialista, esgrimían que la medida se
debía extender a las mujeres no trabajadoras.
Así, el Partido Socialista recoge en su programa electoral esta extensión de ayudas, posición que mantiene el presidente Zapatero en su discurso del debate de investidura y el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, señor Caldera, reiteradamente. El 27 de abril de 2004 el ministro Caldera prometió extender la ayuda a las madres sin empleo, tildó la medida -y cito literalmente- como una política parcial pero necesaria y dijo: Queremos que sea
una ayuda a la familia y no solo a las madres trabajadoras. La señora Valcarce en la Comisión de Trabajo, el 1 de junio de 2005, mantiene que valora favorablemente que se estudie la mejora de las actuales condiciones para poder percibir esta paga y
que se extienda a colectivos hasta ahora excluidos, especialmente a las mujeres sin trabajo remunerado. Sin embargo, en respuestas parlamentarias a esta diputada en julio de 2004 el Gobierno indicaba que esta modificación no se iba a cumplir, lo
que confirma en el Senado la secretaria general de Políticas de Igualdad, la señora Murillo. Es decir, la primera objeción que ponía esta novedosa medida no se ha subsanado ni parece que el Gobierno tenga intención de hacerlo. La segunda objeción
fue la escasez de la medida. Se solicitaba un incremento de la cantidad económica. Desde el grupo parlamentario siempre manifestamos que esta medida suponía un paso adelante, el principio de un proyecto que sin duda tenía que ir a más, que es lo
que pretendemos con esta proposición no de ley. Por ello queremos y deseamos contar con el apoyo y la complicidad del Partido Socialista que sustenta al Gobierno y del resto de los grupos, evidentemente.
Es una realidad que España sigue siendo uno de los países europeos con menores ayudas a las familias. Voy brevemente a citarles las ayudas que reciben las familias en otros países de nuestro entorno. En Francia las mujeres reciben 158
euros mensuales desde el cuarto mes de embarazo hasta que el niño cumple tres años, tanto si son asalariadas como si son amas de casa. Además, si tienen dos hijos a su cargo cobran 110 euros al mes hasta que el hijo tenga 20 años y 250 euros si
tienen tres hijos. La protección a la familia incluye también una ayuda de 487 euros mensuales si el padre o la madre dejan su trabajo, y si el niño acude a la guardería la ayuda puede ascender hasta 1.524 euros trimestrales. En Alemania la
familia recibe una ayuda económica por hijo, los padres reciben 132 euros mensuales por el primer y segundo hijo, 150 por el tercero y casi 180 a partir del cuarto. El Gobierno italiano ha aumentado las deducciones fiscales por el hijo hasta
igualarlas a las del cónyuge.
Y si vamos a los países nórdicos, son el paraíso fiscal para las familias con ayudas para el primer, segundo y tercer hijo que oscilan entre los 102 y 480 euros al mes en función de su número. Evidentemente, muy lejos
de la situación que se plantea en España. Desde el Grupo Popular creemos que la paga de los 100 euros supuso un avance sustancial, una gran ayuda a la conciliación. Sin embargo, es necesario actualizar la medida a las circunstancias de ahora
porque la experiencia, el número de mujeres que la perciben y se benefician de estas ayudas, el éxito de la medida nos da la oportunidad de mejorarla, de incrementarla, algo que sin duda nos agradecerán las mujeres y será una efectiva contribución a
la mejora de la incorporación de la mujer a la vida laboral y a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
Voy a comentar la enmienda que se nos ha presentado por Convergència i Unió, que recoge dos aspectos: por una parte, la ampliación de la cantidad económica, tal como nosotros pedíamos, 150 euros por el segundo hijo y 200 euros por el
tercero y sucesivos hijos, y por otra parte, la universalización del pago, extendiéndolo a las mujeres sin empleo.
Nosotros estamos de acuerdo con la enmienda presentada por Convergència i Unió y la vamos a apoyar porque, como decía, la medida
aprobada en 2003 suponía desde nuestro punto de vista un paso adelante, un hito sin precedentes que iniciaba su andadura pero que no cerraba sus puertas a las mejoras que pudieran darse a lo largo del tiempo. Este momento ha llegado y es positivo y
acertado actualizar la medida. Tenemos que ser conscientes de que hoy en día solo el 50 por ciento aproximado de las madres, de las mujeres que tienen hijos, pueden acceder a la ayuda, con lo cual esta ampliación beneficiará a cientos de miles de
mujeres, mujeres que merecen nuestro apoyo y nuestra ayuda. Esperamos sinceramente contar con el apoyo del grupo que sustenta al Gobierno, el Partido Socialista, como grupo mayoritario, y del resto de los grupos de la
Cámara, porque entendemos que es una proposición no de ley que en el caso del Grupo Socialista va en el sentido de su programa electoral y de los reiterados anuncios de sus representantes, pero sobre todo va en el sentido de la mejora y el
apoyo a la mujer trabajadora. Esperamos sinceramente que el vicepresidente económico señor Solbes no gane esta partida y consigamos que una medida que mejora la calidad de vida de las mujeres en su acceso al mercado laboral pueda ser una realidad a
partir de hoy.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMES: Desde mi grupo parlamentario, desde mi formación política, Convergència i Unió, las políticas de apoyo a las familias son realmente una prioridad en nuestra agenda. Por eso en reiteradas ocasiones hemos presentado
iniciativas para favorecer que las familias puedan crearse, tener hijos, compaginar la vida familiar con la vida laboral, etcétera. Creo que es imperativo hacer una previa, y es que me gustará y celebraré el día en que podamos hablar de
conciliación en un debate en el que no se haga recaer esa responsabilidad sobre las mujeres.
Creo que es plenamente acertado que se discuta en esta Comisión, pero daremos un pasito adelante en el tema de la igualdad real, que no formal, cuando esta
Comisión o cualquiera otra -son todas igual de importantes- esté llena de varones que realmente estén preocupados por cómo van a poder conciliar su vida personal y su vida familiar.
Dicho esto, la verdad es que las palabras de la portavoz del Grupo Popular me han parecido suficientemente ilustrativas acerca del tipo de ayudas que se están dando para favorecer este objetivo en el resto de Europa.
Quisiera señalar,
porque aparece en todos los datos, que España desgraciadamente está muy alejada de la media europea en las políticas familiares; está alejada en cualquiera de las modalidades de estas políticas que, como todas sus señorías saben porque lo hemos
debatido en muchísimas ocasiones, son políticas de creación de servicios directos como lugares de educación de cero a tres años, también el despliegue de la atención a las personas dependientes, tanto por jóvenes como por mayores, el despliegue de
una política fiscal de bonificación a la iniciativa social o a la iniciativa privada que realmente coadyuve en esa tarea de facilitar que las personas por el hecho de tener hijos no tengan que perder su trabajo o que por el hecho de tener un trabajo
no tengan que renunciar a tener hijos (todas y todos conocemos ejemplos de alguna de estas dos situaciones), y este tercer pilar de la conciliación que serían las prestaciones directas, las prestaciones económicas.
Evidentemente la decisión
política está en poner el acento más en un pilar que en otro, pero la portavoz del Grupo Popular, la señora Camarero, ha explicado cuáles son los importes que se están dando en países de nuestro entorno y quisiera únicamente traer a colación las
noticias recientemente aparecidas en prensa respecto a que el Gobierno francés, que inició hace años una política de ayudas para poder tener familias, ha aumentado las prestaciones directas de manera espectacular hasta el punto de que aquí se han
levantado voces diciendo que sería necesario no equipararlas de golpe pero sí irse acercando a ellas. Tal como ha explicado la señora Camarero, el Gobierno del Partido Popular implementó una medida de 100 euros para las madres que trabajaban, una
medida bien acogida en general pero que adoleció de una crítica: que no era universal. La intencionalidad con la que se hizo esta no universalización de los 100 euros desde nuestro punto de vista era clara: se pretendía incentivar que las mujeres
no se vieran alejadas del mundo laboral por la maternidad, incentivarlas para que siguieran trabajando, y de alguna manera los 100 euros eran un incentivo para este trabajo. Pero como digo adoleció de críticas desde diversos sectores porque hay
muchas madres que trabajan y otras que queriendo trabajar no encuentran trabajo, otras que queriendo trabajar no tienen esos servicios para poder dejar a los hijos durante la jornada laboral, y por diversas razones a veces las madres trabajan pero
los padres no. La crítica que se desprendía de todo ello era que en todos los países de nuestro entorno el sujeto de la prestación era el niño o la niña, no la madre o el padre. ¿Por qué? Porque lo que se estaba bonificando y redistribuyendo era
la socialización del coste de la reproducción. Es evidente que, con un mismo sueldo, la persona que no tiene hijos disfruta de esos euros que gana al mes con muchísima más liberalidad que una persona que no solo porque le sale de manera natural,
sino porque legalmente se le impone el deber de prestar alimentos, tiene que prestar alimentos en el sentido amplio de alimentación, vestido, colegio, etcétera, a todos y cada uno de los hijos que tenga, porque esta es la obligación legal, moral y
lo que hacen los padres y las madres, afortunadamente. Por tanto, la razón de la universalización de esta prestación económica no es otra que la socialización del coste de reproducción y a ello obedece nuestra enmienda, una enmienda que hemos
presentado en reiteradas ocasiones a través de distintas iniciativas y que sabemos que tiene un coste económico importante, pero pensamos y esperamos que ustedes piensen con Convergència i Unió que en definitiva no es un coste, es una inversión,
porque invertir en las familias es invertir ni más ni menos que en nuestro futuro colectivo.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? Tiene la palabra la señora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Seré breve porque quienes me han precedido en el uso de la palabra, tanto la diputada Camarero portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la presentación de la proposición no de ley y la diputada Pigem del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la defensa de su
enmienda, han planteado numerosas cuestiones con las cuales estoy de acuerdo, pero habría que valorar y analizar en estos momentos si este tipo de medidas -y cito un aspecto que ha mencionado la diputada Pigem-, nos ayudan a que se lleve a
cabo una verdadera conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Como bien decía la diputada Pigem, hasta ahora la conciliación y lo que implica la misma es algo que concierne a la mujer y, por tanto, las distintas medidas que se están
planteando van orientadas a la mujer, incluso el objetivo de la paga que se estableció en enero de 2003 era que la mujer vinculada al ámbito laboral pudiera permanecer en el mismo incentivada económicamente para no abandonar su trabajo con los 100
euros al mes. Creo, señorías, que de alguna forma lo que estamos haciendo con la ley de conciliación de la vida familiar y laboral es adoptar una serie de medidas que lo que hacen únicamente es parchear la situación y no abordar el fondo de la
cuestión, que no es otro que de una vez por todas tengamos una verdadera ley de igualdad entre mujeres y hombres para que se corresponsabilicen por igual de todas aquellas tareas que tienen encomendadas, porque al final las obligaciones y los
deberes son para las mujeres y los derechos son para el hombre. En ese sentido creo que ya es hora de que tengamos una ley de igualdad para mujeres y hombres, aspecto en el que ya han avanzado algunas comunidades autónomas y en las cuales incluso
la hora de hablar de empleo lo que se hace es plantear la adopción de medidas para que trabajadores y trabajadoras puedan recibir ayudas económicas para coger excedencias, reducciones de jornada, periodos de tiempo sin sueldo para atender sus
necesidades familiares, no solo referidas al cuidado de hijos e hijas, que es una parte de la cuestión, pero ¿qué pasa con las personas dependientes de cuya atención se hacen cargo las mujeres y que encima tienen que conciliar su vida familiar,
laboral y personal? Porque en ese entronque de su vida familiar también está la obligación por parte de la mujer de atender a todas aquellas personas dependientes de su entorno. De ahí que de una vez por todas tengamos que abordar con seriedad
esta cuestión si de verdad creemos en la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, pero desde la perspectiva de que es algo que atañe a hombres y mujeres y que no es una cuestión de las mujeres y para las mujeres. Bienvenidas sean estas
medidas, pero son un parche que al final hace concebir al hombre que son medidas que tiene que seguir adoptando la mujer para poder conciliarse ella consigo misma, lo que me parece que es precisamente el objetivo contrario de la ley. No sé lo que
pensarán los hombres, pero como mujer creo que precisamente el objetivo de la ley tendría que ir en el sentido contrario.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Muñoz, de cuya presencia nos alegramos mucho aquí.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Respecto a la proposición no de ley relativa a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, presentada por el Grupo Popular, en la que propone textualmente ampliar la deducción de 100 euros mensuales
por cada hijo menor de tres años a las mujeres trabajadoras, quiero comentar en primer lugar que la postura del Grupo Parlamentario Socialista a la que en su momento fue la iniciativa del Gobierno del Partido Popular fue crítica, y lo fue porque
como otras portavoces han indicado la medida discriminaba entre mujeres trabajadoras y no trabajadoras. También había otra discriminación, según fuera la renta, porque la mal llamada paga de los 100 euros en realidad era una deducción de la que
quedan fuera las mujeres cuya declaración de renta no es positiva y, por tanto, no se pueden deducir los 100 euros, lo que quiere decir que quedan fuera las mujeres con rentas más bajas que son realmente las que pueden necesitar más soporte o que
pueden necesitar ayudas para tirar adelante con las cargas de las familias y en concreto de los niños pequeños. El objetivo de las deducciones fiscales es el incremento de la natalidad, no estrictamente de la conciliación, si bien estamos de
acuerdo en que hay que ayudar a las familias que tienen gastos por personas dependientes o criaturas. En la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, sobre la que ya me he expresado varias veces en esta Comisión y no repetiré todo el
discurso, es fundamental incluir la visión de género para responder a las necesidades de las mujeres y al objetivo final de igualdad que debe ser poder compartir hombres y mujeres el trabajo y las responsabilidades familiares, y así tener una
tercera pata de Estado de bienestar y política social. Lo de compartir responsabilidades no lo ampliaré porque la portavoz de Convergència i Unió ya lo ha explicado muy gráficamente y comparto su reflexión. En las políticas de soporte a las
familias tenemos que incluir el debate sobre la baja natalidad, que en nuestro país ciertamente es un problema, y debemos abordarlo como una opción de libertad de las mujeres para ser madres, como hacíamos las feministas en su momento, y ahora
también deben tener esa oportunidad porque los datos nos muestran que la mayoría de las mujeres jóvenes tienen dificultades y no acaban teniendo los hijos deseados. Algunas hablamos incluso de que ha habido una huelga silenciosa de las mujeres para
no tener hijos porque la sociedad no genera las condiciones adecuadas y la opción de libertad no ha de crear más discriminación en el mercado laboral. Por tanto, al abordar este tema hemos de tener en cuenta medidas de políticas de soporte a la
familia que incluyan una óptica de libertad y autonomía de las mujeres y, por tanto, el objetivo de igualdad.
La modificación del IRPF supone un debate más amplio y, en concreto, en el tema de la conciliación tenemos aprobada en el Congreso de los Diputados una comisión sobre horarios de la vida familiar y laboral que mañana mismo se constituye en
el Parlamento y creemos que debe ser en este marco donde se haga este debate más tranquilo. En todo caso, la medida tal como hoy se propone, que es simplemente, entre comillas, con el
mismo concepto ampliar las cuantías, repito que creemos que es discriminatoria, incluso con la universalización que propone Convergència i Unió, porque excluiría algunos niveles de ingresos de las mujeres que precisamente son las que
necesitan más ayudas. Valoramos que sería una medida que aliviaría la carga económica de algunas familias, pero pensamos que es una medida muy concreta, muy parcial y solo ligada a la tributación fiscal. En ese sentido el Gobierno tiene en marcha
una serie de políticas más amplias y dos compromisos muy claros en los que podrían ir medidas de este tipo, aunque no ésta exactamente: la puesta en marcha del plan de las familias y los acuerdos que se están haciendo con comunidades autónomas y
municipios para aumentar las guarderías de cero a tres años. En concreto me referiré a las dos iniciativas que el Gobierno tiene comprometidas y que incluyen facilitar la conciliación y la igualdad. La primera es la reforma del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, que ya está anunciada por el Gobierno y que acometerá e incluirá políticas de familia, incentivos fiscales a las familias.
Creemos que es en esta reforma global donde deberíamos debatir cuáles son los incentivos que
debemos incluir a las familias, pero no esta medida.
La segunda es la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que también contemplará medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Estas dos iniciativas de cambio se deben
abordar en un ámbito concreto que es la nueva regulación del diálogo social, que está en marcha. De acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos estas iniciativas se deben debatir para que realmente sean exitosas, y de hecho la declaración del
diálogo social incluía los objetivos de conciliación y de igualdad de oportunidades. Por todo esto el Grupo Socialista no puede apoyar y no apoyará esta proposición no de ley, por la concreción en sí y porque creemos además que nuestros compromisos
y los del Gobierno han de ser mucho más globales tanto con leyes de igualdad como con reformas de apoyo a todas las familias y no solo a algunas madres en concreto.
La señora PRESIDENTA: A los efectos de la aceptación o rechazo de la enmienda de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Ya he anunciado durante mi intervención que aceptaba la enmienda.
-RELATIVA A LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO SOBRE FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001047 y número de expediente Senado 663/000042.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto número 4 del orden del día, proposición no de ley relativa a la creación del observatorio sobre flexibilidad en el trabajo, para cuya defensa tiene la palabra la señora Sainz, del Grupo Parlamentario
Popular.
La señora SAINZ GARCÍA: Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Popular para defender una proposición no de ley que tiene mucho que ver con la segunda iniciativa que en nombre de mi grupo también expondré ante sus señorías y que
aborda la cuestión del empleo de las mujeres.
Señorías, para promover medidas que favorezcan no solo la incorporación de las mujeres al mercado laboral sino la de aquellas que ya lo están debemos tener una imagen fiel de la realidad, porque solo
así podremos orientar nuestras acciones en esta área para que resulten lo más acertadas, lo más eficaces y lo más satisfactorias posible. No podemos olvidar que las mujeres están hoy sobrerrepresentadas en los empleos de escasa remuneración y mayor
precariedad contractual (es una realidad que todo conocemos) y en muchos casos tienen muy difícil además escapar de este tipo de empleos. En ese sentido recordamos que la Comisión Europea informa cómo las tasas de transición de empleos precarios a
una situación de desempleo son entre cinco y diez veces más elevadas que las correspondientes a los empleos de calidad. Los contratos a tiempo parcial que afectan mayoritariamente a mujeres están directamente vinculados a elevadas tasas de abandono
del mercado de trabajo. Así de duro pero así de real. En España, las cifras a tiempo parcial de las mujeres son elevadísimas, se habla de cerca del 80 por ciento, y de acuerdo con las publicaciones europeas que incluyen este tipo de información
sobre estas cuestiones solo el 4 por ciento de las mujeres lo hacen por elección propia; solo el 4 por ciento. Por ello hemos planteado esta proposición no de ley en la que solicitamos que el Gobierno elabore un estudio completo sobre la
flexibilidad en el trabajo que tenga por tareas principales analizar los efectos de género en estas medidas de flexibilización en el acceso al trabajo, comprobar de qué forma las políticas de incentivar los trabajos atípicos inciden en términos
cualitativos y cuantitativos en las trabajadoras, favorecen la inserción estable de las mujeres en el mundo laboral o, por el contrario, introducen formas de marginación en la que van a permanecer las trabajadoras y de la que es muy difícil que
salgan. Es esta, señorías, una recomendación de un equipo de trabajo de expertos nacionales y europeos que han abordado las dificultades que encuentran las mujeres, especialmente las madres, para acceder al trabajo retribuido y poder conservarlo, y
observando también y analizando las circunstancias que acabo de referir de trabajos que podemos decir atípicos y al final casi marginales.
A partir de este estudio que proponemos que se haga, un estudio muy claro, muy completo, muy dirigido a un aspecto que creo que tenemos que tomar muy en serio porque, repito, afecta a un porcentaje muy importante del empleo de las mujeres;
pues bien, a partir de este estudio que proponemos que el Gobierno haga con todos
los expertos que considere adecuados, deberemos reflexionar sobre sus conclusiones, y adoptar aquellas medidas que sirvan para corregir las situaciones discriminatorias y fomentar aquellas que efectivamente favorezcan la situación laboral de
la mujer y aquellas que las incentiven a formar parte del mercado laboral. Podremos analizar, como les decía, los efectos que tienen en las mujeres, comprobar de qué forma las políticas que estamos realizando son las acertadas o, por el contrario,
más que ayudar están siendo perjudiciales para las mujeres. Y es que debemos plantearnos si una alta flexibilidad laboral ayuda a la mujer a trabajar y le ofrece más y mejores opciones, o bien la aboca a una situación de marginación, ya que los
trabajos a los que acceden son menos atractivos y menos remunerados por supuesto económicamente, con lo que podríamos estar fomentando una discriminación que es preciso rectificar.
No olvidemos, como reflexión también lo digo, que esta flexibilidad
supone una recorte salarial importantísimo que a veces no es proporcional a la jornada de trabajo, que no va acorde con la disminución de las horas de trabajo ni las responsabilidades exigidas para el mismo. Además, existe otro factor a tener en
cuenta y es que muchas mujeres que solicitan la reducción de la jornada se ven marginadas también en las empresas porque dejan de existir para posibles promociones laborales; y esto también es una cuestión importante que hay que tener en cuenta. Y
no olvidemos, por otro lado, que un estudio del Instituto Nacional de Estadística señala que solo durante el último trimestre de 2004 más de 110.000 mujeres han abandonado el trabajo para dedicarse a la familia -es una cifra muy importante y la
tenemos en una fuente oficial- frente en cambio a 8.200 hombres que abandonaron el trabajo. En este contexto creo que es bueno recordar también en esta Comisión, en la que hoy se ha hablado como es lógico y natural del tema importante de la
conciliación, que el problema de la conciliación laboral y familiar es una cuestión de primer orden y todos conocemos las graves repercusiones tanto a nivel social por la frustración de las mujeres que tienen que optar a veces entre trabajo y
familia, esa dinámica de repartos equivocados y de roles tradicionales no superados, como a nivel económico en general, puesto que el país está perdiendo a grandes profesionales que abandonan el trabajo para dedicarse en ocasiones por completo a la
familia y esto acaba pasando factura. Debemos plantearnos por tanto estos problemas desde una perspectiva global, puesto que no estamos hablando de problemas individuales de la mujer sino de problemas que en el fondo están afectando a toda la
sociedad y que deben ser corregidos.
Y como reflexión final, señora presidenta, señorías, quiero decir que si las jornadas laborales con horarios flexibles son las que más facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral (nos lo dicen en todas partes, lo dicen también
los expertos que hablan de que así sucede en otros países de nuestro entorno) que el trabajo a tiempo parcial, cada vez más feminizado, tiende a aumentar, y ello supone en demasiados casos la única posibilidad de que las mujeres puedan acceder a un
empleo, lo cual es también grave y preocupante. Lamentablemente todo parece indicar, como hemos ido apuntando en nuestra intervención, que introduce formas permanentes de marginación en las trabajadoras. Por ello nuestra iniciativa desde el
convencimiento de que debemos conocer la realidad del empleo de las mujeres y si la flexibilidad de la que hemos hablado amplía o limita la posibilidad de acción de las trabajadoras. Todas estas cuestiones creo que deben ser estudiadas, deben ser
analizadas y de sus conclusiones solicitamos se dé cuenta a esta Comisión que comparte el empeño del trabajo por la igualdad y el impulsar nuevas políticas más solidarias para todas y todos los trabajadores.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? Tiene la palabra la señora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: La diputada del Grupo Parlamentario Popular nos ha planteado el objetivo de la proposición no de ley, que es el de realizar un estudio de las consecuencias que tiene la situación que actualmente se da en el
proceso de flexibilidad en el trabajo.
Prácticamente todos los argumentos que ha dado están incidiendo directamente en las condiciones de empleo y, por tanto, tendremos que ahondar precisamente en las mismas. De ahí que si queremos llegar a
conseguir que haya -como decíamos antes- una verdadera conciliación de la vida familiar, laboral y personal, habrá que incidir también en las condiciones de empleo de la mujer y, por tanto, habrá que ver qué medidas se incluyen para flexibilizar y
reordenar el tiempo de trabajo, sin perjuicio por supuesto de la calidad del empleo y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores para evitar esas situaciones que ha mencionado la diputada Sainz en el sentido de optar por trabajos atípicos o
trabajos que lleven a una segunda discriminación de la mujer en el ámbito laboral. Por otro lado, también habrá que establecer no solo medidas en el ámbito de las condiciones de empleo que garanticen esa flexibilización y reordenación del tiempo de
trabajo con garantía de calidad en el trabajo y con garantía de que ello no va a suponer merma en el desarrollo profesional de la mujer al haber optado por una situación de este tipo, ni tampoco para el hombre si opta por un proceso de
flexibilización en el trabajo; a su vez habrá que acompañar todo este proceso con una adecuación de servicios sociocomunitarios, prestaciones económicas y medidas fiscales que eviten situaciones no deseadas en el ámbito laboral, en el desarrollo
del trabajo de la mujer, que nos lleven a algo que nadie desea y es que por motivo de esa flexibilización y reordenación del trabajo fundamentalmente a la mujer, que es quien principalmente lo solicita, se le destine al desarrollo de trabajos
atípicos y se le margine dentro del ámbito de su propio trabajo en su desarrollo profesional o en una promoción interna. En ese sentido estamos hablando de condiciones de empleo, estamos
hablando de la necesidad de analizar esas condiciones de empleo, incluso creo que hay otra proposición no de ley posterior que habla de tratar de eliminar aquellas barreras que existen cuando por motivo de esta flexibilización o reordenación
en el trabajo una mujer decide trabajar a tiempo parcial y posteriormente tiene problemas para acceder a trabajar a tiempo completo. Estamos hablando en todo momento de condiciones de empleo y conciliación de la vida familiar, laboral y personal
que conlleva que sea precisamente la mujer la que se encuentre en esa situación.
Estoy de acuerdo con lo que se plantea en la proposición no de ley, pero quiero insistir en que tendremos que profundizar en todas estas cuestiones y sentar las bases para que se puedan dar circunstancias y situaciones por igual entre
mujeres y hombres a través de una ley de igualdad en que el acceso al empleo, las condiciones del mismo y el establecimiento de distintas medidas que faciliten tanto a unas como a otros optar por las distintas medidas y programas que se planteen
permitan ya de una vez que consigamos esa igualdad y real y efectiva, que no formal, porque en estos momentos quienes estamos dando los pasos somos las mujeres y quienes estamos siendo perjudicadas por las medida que se están adoptando a la par
somos las mujeres, ya que faltan unas medidas complementarias como que se trabaje también con las empresas en el proceso de flexibilización y reordenación del tiempo de trabajo impidiendo que ese tipo de situaciones sean un elemento de nueva
discriminación para con la mujer.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Hagamos para empezar un poco de historia. En primer lugar, hablemos del Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, que ya creó el Observatorio de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que permite
hacer un diagnóstico fiable y válido sobre los avances en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, consecuentemente, evaluar las políticas planeadas para este fin. Con esto se daba cumplimiento a lo establecido en los planes de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres previstos en la Ley 16/1983, de 24 de octubre, en la que se regulaba la creación del Instituto de la Mujer.
Dicho observatorio tiene asignadas 10 funciones específicas y gira en torno a los
objetivos de recabar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la situación de las mujeres y de los hombres en cada momento y su evolución con el fin de conocer los cambios sociolaborales registrados, además de proponer
políticas tendentes a mejorar la situación de las mujeres en distintos ámbitos, todo ello con el fin de conocer los cambios sociolaborales que se van produciendo. Por tanto, aquí tendría cabida lo que el Grupo Popular solicita en la exposición de
motivos de esta proposición no de ley, que propone la creación de un observatorio que analice la flexibilidad en el trabajo desde la perspectiva de género. Lo que ocurre es que si continuamos leyendo el texto vemos que lo único que solicitan es
instar al Gobierno a realizar un estudio pormenorizado sobre la flexibilidad en el trabajo, pero nada se dice sobre la creación del citado observatorio. Asimismo, en esta proposición no de ley se desconoce a qué tipo de trabajo se está refiriendo,
ya que no se dice explícitamente y habla de trabajo atípico.
Dice concretamente que el estudio deberá comprobar de qué forma las políticas de incentivar los trabajos atípicos inciden en términos cualitativos y cuantitativos sobre las trabajadoras y
estudiar en qué medida la aceptación de formas de trabajo atípicas favorece la instalación estable de las mujeres en el mundo laboral.
Centrándonos en el fondo de esta proposición no de ley, en la elaboración de un estudio que analice la flexibilidad en el trabajo desde la perspectiva de género y el impacto que han tenido las medidas de flexibilidad tomadas, debemos señalar
varios temas. Para el Partido Socialista la situación de la mujer en el ámbito laboral ha sido una de sus principales prioridades. Continuando con el repaso histórico, desde el comienzo de la democracia se han producido cambios importantes en la
vida de las españolas, cambios apoyados básicamente en el desarrollo económico de nuestro país, nuestra situación en Europa y el impulso político realizado por los gobiernos socialistas desde el año 1982. El siglo XX es el siglo de las grandes
reivindicaciones sociales, entre las que cabe destacar la lucha de las mujeres por sus derechos públicos y privados, ya que aún hoy es importante impulsar cambios que conviertan el principio de igualdad de trato para las mujeres en una realidad,
como dice el artículo 14 de la Constitución española. Para avanzar en políticas de igualdad y apoyar el esfuerzo emancipador de las mujeres, el Partido Socialista se comprometió en su programa electoral a llevar a cabo una política marcada por
cuatro ejes fundamentales: combatir la violencia de género, conquistar la igualdad en el empleo, democratizar el espacio privado -el reparto de las responsabilidades- y la participación política. En todos ellos ya se han puesto en marcha medidas
importantes y en otras se está trabajando. Dada la importancia y el impulso que se quiere dar a la política de igualdad, una de las primeras decisiones que adoptó este Gobierno a los pocos días de su constitución fue la creación en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Secretaría General de Políticas de Igualdad. Esta institución está liderando la elaboración del anteproyecto de la ley de garantía de la igualdad de mujeres y hombres, por la que se va a proceder a la trasposición
de la Directiva 2002/73 de la Comunidad Europea relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo,
como decía la portavoz que me ha precedido. Esta directiva, que supone un importante avance para que el principio de igualdad de trato sea efectivo y real,
incluyendo para ello conceptos como los de discriminación directa e indirecta, acoso sexual, etcétera; se aprobó el 23 de septiembre de 2002 -continuamos con la historia- pero el Gobierno anterior no procedió a su trasposición. El Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero, en la línea política de cumplir con los compromisos electorales y apostar por la igualdad de género, considera la igualdad entre hombres y mujeres una de las materias incluidas en el proceso actual de concertación
social abierto por el Gobierno y los principales agentes sociales, cuya consecuencia es la firma de la Declaración para el diálogo social el pasado 8 de julio de 2004. En dicha declaración se señala que el Gobierno y los interlocutores sociales,
mediante los instrumentos a su alcance, buscarán de manera concertada soluciones que promuevan la integración laboral de las mujeres y mejoren sus condiciones de trabajo; igualmente procurará la conciliación de la vida familiar y laboral; y todo
ello de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación. Asimismo, en dicha declaración se acordó la creación de una comisión de expertos para que elaborase un informe en el que se evaluara el funcionamiento de las
políticas de empleo desde las reformas laborales acometidas en el periodo 1992/94 hasta la actualidad, incluyendo entre los aspectos concretos que deberían analizarse la evolución de las políticas sociolaborales desarrolladas para la promoción de la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Precisamente fue a finales del pasado mes de enero cuando esta comisión de expertos presentó su informe en el que se recoge una serie de conclusiones que darán lugar, en su caso, a las
actuaciones y reformas que los firmantes de la Declaración para la concertación social consideren necesarias. Más concretamente, en lo que se refiere a las políticas sociolaborales a favor de la mujer, el informe recoge que tras analizar las
medidas que se han llevado a cabo en los último años, el acceso y la permanencia de la mujer en el empleo tienen que seguir promoviéndose a través de medidas directas, de estímulo económico a la contratación de mujeres, así como medidas indirectas
de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral, y en términos muchos más amplios de promoción de la igualdad de oportunidades.
Creemos en el Grupo Parlamentario Socialista que debemos dejar trabajar a la mesa de la concertación laboral y darle un margen de confianza en el trabajo que están realizando. Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, consideramos
que no sería necesaria la elaboración del estudio que está proponiendo la proposición no de ley del Grupo Popular sobre la flexibilidad en el trabajo desde la perspectiva de género, en la medida en que ya existe el informe que ha elaborado la
comisión de expertos para el diálogo social y que recoge con mayor amplitud las cuestiones propuestas por el Grupo Parlamentario Popular; también porque, por otra parte, el actual Observatorio de la igualdad de oportunidades recoge ya las funciones
de estudio e informe que en la exposición de motivos de esta proposición no de ley se están solicitando. Lo que creo y creemos el Grupo Parlamentario Socialista que podremos hacer es instar al Gobierno a que el informe realizado por la comisión de
expertos dentro de la mesa de concertación laboral se remita a esta Comisión para su conocimiento y estudio.
La señora PRESIDENTA: Punto número 5.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, la portavoz del Grupo Socialista ha dicho que presenta una enmienda.
La señora PRESIDENTA: No ha presentado ninguna enmienda.
La señora SAINZ GARCÍA: Yo creía que era una oferta de enmienda porque el condicional lo llevaba implícito.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Es una oferta que hago a la Comisión y de la que hemos estado hablando. (Una señora diputada: Ha hecho una enmienda in voce.)
La señora PRESIDENTA: Bueno, la señora Sainz puede hacer una breve intervención al respecto.
La señora SAINZ GARCÍA: La verdad es que ahora esta manifestación de la portavoz del Grupo Socialista me ha desconcertado porque hasta aquí había llegado a proponer una enmienda transaccional al texto en el sentido de decir que el informe
existía y que se remitiese a la Comisión. Esa era la oferta que hacía. Ahora parece que no está tan claro que sea una oferta de enmienda transaccional. En su caso, señora presidenta, de la exposición que ella ha hecho creo que se trata de dos
cuestiones distintas, dos informes diferentes y dos mecanismos también si quiere paralelos pero no con el mismo objetivo. Yo he señalado que hay una situación muy preocupante de las formas del trabajo de la mujer y que los datos últimos nos indican
que se agrava. Por supuesto, no he entrado en la historia porque la mitad de las mujeres que hoy trabajan entraron a trabajar en los ocho años de Gobierno del Partido Socialista (Rumores), pero lo que queremos es que se haga un informe clarísimo
sobre la situación del empleo de la mujer, única y exclusivamente sobre eso, más allá de que se hagan otros, más allá de que se lleven todos los informes habidos sobre la situación y el diagnóstico del empleo de la mujer, y que ese informe sea
traído aquí para ser debatido y podamos enfocar las políticas de empleo desde ese conocimiento de la realidad y hacer un mejor diagnóstico. Creo que son dos cosas distintas. Me parece muy bien que si hay muchos informes los lleven a la mesa de
diálogo, pero lo que nuestro grupo pide en concreto es otra cosa, salvo
que existiese ese informe, que en ese caso agradeceríamos que se nos remitiese a la Comisión.
La señora PRESIDENTA: Señora Casaus, brevemente.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Creo que ha habido un malentendido. La oferta sigue estando en pie, ya lo he explicado en exposición. Ese informe es mucho más amplio de lo que solicita la proposición no de ley y lo hemos estado hablando.
Insto desde aquí a que todos solicitemos al Gobierno que ese informe nos sea remitido y lo podamos estudiar, valorar y analizar.
La señora PRESIDENTA: ¿Están todos los grupos de acuerdo en aceptar la posibilidad de introducir esta enmienda in voce?
La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, creo que hay un error. Yo he dicho que la mitad de las mujeres que estaban trabajando empezaron en los ocho años de Gobierno socialista y quería decir de Gobierno popular.
Ruego que se corrija.
En todo caso, es evidente, que nuestro grupo podría aceptar, si la portavoz del Grupo Socialista dice que ese informe que solicitamos está hecho, que se traiga y a merced de ese análisis, nosotros pediríamos o no que se hiciera. Por
supuesto, si ya lo hay, su remisión a la Mesa de diálogo nos parece bien.
La señora PRESIDENTE: Muy bien. Agradeceríamos que acercaran el texto a la Mesa.
-RELATIVA A LA VUELTA AL TRABAJO A TIEMPO COMPLETO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001049 y número de expediente Senado 663/000043.)
La señora PRESIDENTA: A continuación, para la defensa de la proposición no de ley que figura como quinto punto del orden del día, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Como les adelantaba hace un momento, los datos de empleo de junio de 2005 fueron negativos para la mujer porque el paro creció en las mujeres -hoy ya constituyen el 62 por ciento de los desempleados- y empeora
también la calidad del empleo, ya que el 91,5 por ciento de los contratos realizados fueron temporales. Dense cuenta, señorías, de la necesidad de realizar estudios como los que antes proponíamos.
Para hablar de desarrollo en una sociedad es preciso que sus ciudadanos tengan las mismas opciones. Es un elemento clave que las mujeres logren tener las misma oportunidades que los hombres y que su carrera profesional no se vea truncada
por el hecho de tomar la decisión de ser madre o tener que atender durante un largo periodo de tiempo a parientes dependientes. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo es hoy un fenómeno irreversible. Cada vez hay más mujeres que
compaginan, eso sí, las responsabilidades familiares con la actividad profesional. Pero es nuestra responsabilidad establecer los mimbres para que esta relación se produzca de la mejor forma posible y, naturalmente, establecer también los mimbres
para que sean los hombres los que compartan estas responsabilidades. Pero, lamentablemente, se siguen dando desigualdades entre hombres y mujeres trabajadores en reconocimiento, en promociones, en retribuciones, en ocupación de puestos de
responsabilidad, en dificultad para acceder al empleo, como ya he resaltado anteriormente.
Además, me gustaría recordar que todavía la tasa de actividad y ocupación femenina sigue siendo de las más débiles de Europa. (La señora vicepresidenta,
Martínez García, ocupa la Presidencia.) Ahora bien, es preciso tener presente, como también les adelantaba antes, que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es un problema social, afecta a toda la sociedad, y nunca debe ser enfocado
como un problema específico de las mujeres. Quiere ello decir que debemos esforzarnos en impulsar e incentivar el reparto de las responsabilidades familiares por igual. Una de las cuestiones de trascendencia a la hora de plantear los problemas de
la conciliación es la relativa a la jornada laboral o distribución de las horas de trabajo. Por ello, en la Unión Europea se dictaron varias directivas, entre las que recordamos la 1997/81, de 15 de diciembre, del Consejo, relativa al acuerdo marco
sobre el trabajo a tiempo parcial, o la Directiva 1993/104, modificada por la Directiva 2000/34, de la Comisión. En todos los casos -le ahorro hacer más referencias a textos legales- se busca promover medidas específicas que permitan la
flexibilidad en los horarios de trabajo, entre las que destaca el trabajo a tiempo parcial, como les decía anteriormente.
En esta línea, en continuidad y coordinadamente con lo anterior, presentamos esta proposición no de ley en la que abordamos el hecho concreto de las mujeres que deciden reducir su jornada laboral para atender a sus hijos o familiares
dependientes, ya que en la mayoría de los casos es la mujer la que abandona su trabajo para atender las responsabilidades familiares. En muchas ocasiones, pasado un tiempo, estas mujeres desean volver a desempeñar un trabajo a tiempo completo, pero
tienen dificultades y problemas para hacerlo. Lo que buscamos hoy con nuestra propuesta es que se facilite en estos casos la vuelta al trabajo a tiempo completo, que antes desempeñaba, desde un trabajo a tiempo parcial, en cualquier momento,
siempre que tal puesto de trabajo exista en la empresa. Es lógico, señorías, que busquemos fórmulas para favorecer que la mujer tenga derecho a acceder al tipo de contrato previo a la responsabilidad familiar, que luego decide compatibilizar con
dicho empleo. Desgraciadamente, en nuestro país existe
una inmensa diferencia entre el desarrollo profesional del hombre y el de la mujer. En ello tiene mucho que ver que normalmente es la mujer quien realiza el sacrificio de atender a la familia a costa de frenar o, incluso, interrumpir, como
también señalaban algunas cifras anteriores, su carrera profesional.
Pensamos que lo que hoy planteamos es algo justo y, como tal, señorías, es recogido en una Guía de buenas prácticas para conciliar la vida familiar y profesional. Está recogida en una publicación hecha por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comisión Europea. Nos referimos a tomar las medidas desde el Gobierno para facilitar la vuelta a un trabajo a tiempo completo de estas mujeres desde un trabajo a tiempo parcial, en cualquier momento, la que accedieron para atender a
su familia, siempre que tal puesto exista en la empresa, independientemente de que persistan o no las circunstancias familiares que lo motivaron. Es algo, señorías, que se da, y con éxito, en dos países europeos, según aparece recogido en esa Guía
de buenas prácticas, que son Grecia y Portugal. Adelanto, señorías, que la explicación clara de que se trata de una medida relativa a estas mujeres que han pedido el cambio del tipo de contrato por permiso de maternidad es el objetivo, como habrán
deducido de mi intervención, pero no aparecía explicado ni recogido claramente en una propuesta que luego se incorpora en una enmienda de Convergència i Unió, que ya adelanto que, por supuesto, aceptamos.
Pese al avance que se ha producido en la incorporación de la mujer al empleo en los últimos años, aún persisten desigualdades para todas las mujeres, que es preciso eliminar. Además, hay que continuar mejorando la situación que se aborda,
de aquellas que ya forman parte del mercado de trabajo. Por ello, señorías, creemos no solo que es justo, sino que es necesario para el progreso de nuestro país. No olvidemos que para que España se sitúe a la altura de los países más desarrollados
es imprescindible que las mujeres adopten un papel más activo del que en este momento tienen en nuestra economía. Para tener una economía más fuerte la tasa de población activa femenina debe equipararse a la de nuestros socios europeos que nos
llevan una ventaja considerable. Si favorecemos a las mujeres a la hora de que puedan optar por volver a jornadas de tiempo completo, muchas mujeres tendrán la oportunidad de realizarse como profesionales y tener una mayor proyección laboral,
social y personal, que es lo que nos mueve al Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Socialista. Para defender la primera enmienda tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos el objetivo de esta iniciativa cuya justificación no voy a reiterar, puesto que la señora Sainz, portavoz del Grupo Popular, lo ha hecho, a nuestro modo de ver, de manera
suficiente y clara.
Desde nuestro punto de vista, pertenece a la categoría de los hechos notorios que, cuando nace un niño o una niña, el porcentaje de madres, no de padres, que se acogen a la baja maternal es elocuente, y cuando hay que cuidar a los niños, a
los mayores, a los dependientes, a los padres o a los suegros, a cualquier persona que no pueda valerse por sí misma, son, en su inmensa mayoría -aunque legalmente no es así los datos sociológicos nos dicen que es así- las mujeres las que muchas
renuncian al puesto de trabajo y, en otros casos, piden la reducción de jornada para poder atender a los familiares. Creo que pertenece a la categoría de los hechos notorios y, por tanto, no voy a abundar en ello. Creemos que iniciativas como las
que estamos viendo pueden ayudar a superar las dificultades para que una excesiva rigidez en el mercado laboral impida la reincorporación plena cuando lo considere la persona que ha pedido la reducción a causa de la conciliación, no solo porque ha
remitido o ha desaparecido la causa, sino por diversas circunstancias: porque quiere reincorporarse para su promoción laboral, o por la necesidad de tener una mejor remuneración, o por la causa que sea.
Nosotros vamos a dar apoyo a esta iniciativa y la enmienda que hemos presentado obedece únicamente al deseo de hacer posible la iniciativa.
¿Cómo? Acotando que esta mayor flexibilización del mercado laboral no sea en todas las ocasiones en
que uno ha pedido la reducción a tiempo parcial, que se puede solicitar por otros motivos -para estudiar o por cualquier otra razón-, sino acotándolo en ocasiones o situaciones en que se ha solicitado para conciliar la vida familiar y laboral. No
es porque nos importe que fuera en general, sino porque pensamos que acotando el campo, quizá la iniciativa será más viable en la práctica, porque se trata de proceder a una modificación de la regulación laboral.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez García): La defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista la va a hacer la señora García Valls.
La señora GARCÍA VALLS: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta en esta Comisión una proposición no de ley que tiene como objetivo instar al Gobierno a facilitar los cambios de trabajo de jornada completa a tiempo parcial y
viceversa, a fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, según consta en la exposición de motivos.
El objetivo que se pretende es una de las prioridades políticas del Gobierno socialista, tal y como lo demuestran las actuaciones que sobre esta materia está llevando a cabo desde que asumió sus funciones como Gobierno. Podemos hablar,
entre otras, de la Ley integral contra la violencia de género, de las 53 medidas por la igualdad, así como de la futura ley de igualdad o de la futura ley de autonomía personal, en las que se está trabajando. Estas actuaciones responden claramente
al compromiso
político que se contenía en el propio programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones generales de marzo de 2004, en el que se fijaba en el apartado correspondiente al objetivo de crear un mercado laboral más
favorable para las familias, lo siguiente: nuestra legislación laboral y la negociación colectiva deben abordar una larga lista de materias que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral. Entre ellas se incluía textualmente la
jornada laboral flexible y el derecho a trabajar a tiempo parcial y la incorporación de las buenas prácticas en conciliación familia-trabajo a la cultura de responsabilidad social de las empresas. Este compromiso fue ratificado por el presidente
del Gobierno en su discurso de investidura, en el que señaló que uno de los ejes en los que se va a centrar la actividad del Gobierno es la puesta en marcha de nuevas políticas sociales para las nuevas necesidades de personas y familias y el
desarrollo y extensión del valor de la igualdad para lograr una convivencia avanzada.
Del discurso de investidura también extraemos las siguientes palabras del presidente, que manifiesta su total compromiso con el diálogo social, y leo textualmente: Mi voluntad de entendimiento no se limitará a los actores políticos, tiene
que extenderse a los agentes sociales, desde luego, a los sindicatos, que siguen siendo hoy el mejor instrumento de participación de los trabajadores en las decisiones colectivas y, con ellos y junto a ellos, las organizaciones empresariales. Con
ambos quiero desarrollar un diálogo social fecundo que asegure el crecimiento económico y la participación efectiva de todos los ciudadanos en el bienestar social. Este diálogo comenzó con la declaración de 8 de julio de 2004, empleo estable y
cohesión social, que ya hemos traído a esta Comisión en otra ocasión y que sigue avanzando con la culminación del trabajo del grupo de expertos cuya constitución estaba prevista en dicha declaración. Es en este contexto donde las organizaciones
empresariales y sindicales, junto con el Gobierno, deben concertar las medidas que conformen el ámbito de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Nadie puede poner en duda la clara voluntad
del Gobierno Socialista para adoptar medidas que favorezcan la situación de la mujer en nuestra sociedad, entre ellas, las dirigidas a compatibilizar la vida familiar y laboral de los hombres y de las mujeres, las que se refieren a la
flexibilización de la jornada laboral y de los horarios.
Como ya hemos señalado, también es clara la opción del Gobierno de avanzar a través del diálogo, opción que una vez más supone el cumplimiento de un compromiso del Gobierno Socialista. Actuar de otro modo, como pretenden que se haga desde
el Grupo Parlamentario Popular, supondría una absoluta deslealtad para con las otras partes que participan en el diálogo social.
Supondría actuar al margen y obviar el proceso de diálogo ya comenzado.
El Gobierno Socialista no actúa de esa manera
y por ello invitamos al Partido Popular a que actúe con la debida consideración, tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales, respetando el ámbito de trabajo que se han marcado en la Declaración para el diálogo social 2004, en la
que se definen las materias, objetivos y orientaciones generales conforme a las que se ha de desarrollar el diálogo social en España. Entre estas materias, como SS.SS. ya conocen, en el segundo párrafo del apartado segundo, se establece, y leo
literalmente: El Gobierno y los interlocutores sociales, mediante los instrumentos a su alcance, buscarán de manera concertada soluciones que promuevan la integración laboral de las mujeres y mejoren sus condiciones de trabajo.
Igualmente
procurarán la conciliación de la vida familiar y laboral, y todo ello en un sentido en todo conforme con el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.
Así, desde el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que la presentación de esta proposición no de ley aparece en un momento absolutamente inoportuno, ya que precisamente su contenido y su objetivo forman parte de los ámbitos de trabajo
marcados en la Declaración para el diálogo social. Aceptarla en sus términos sería un ejercicio de irresponsabilidad política y de deslealtad manifiesta, porque desde el Grupo Parlamentario Socialista apostamos por el diálogo que ya se está
desarrollando.
En ese sentido, presentamos la enmienda en la que se recoge el fondo y el contenido de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pero se enmarca dentro de los trabajos que, como consecuencia de la Declaración
para el diálogo social, se están llevando a cabo, con el compromiso, ya manifestado y reiterado por parte del Gobierno y de los interlocutores sociales, de incluir las medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y, entre
ellas, facilitar la vuelta a un trabajo a tiempo completo desde un trabajo a tiempo parcial.
De todos modos, señora presidenta, hemos transaccionado con el grupo proponente y con otros grupos una enmienda que recoge tanto el sentir de la nuestra, como del Grupo Popular y de Convergència i Unió. Si quiere se la leo. Dice así: La
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades insta al Gobierno a que proponga, dentro de las mesas de diálogo abiertas entre el Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, el facilitar la
vuelta a un trabajo a tiempo completo desde un trabajo a tiempo parcial cuando la causa del empleo a tiempo parcial haya sido una reducción del tiempo de trabajo por motivos de conciliación laboral y familiar.
La señora PRESIDENTA: La Señora Sainz tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, después de la intervención del Grupo Socialista pensaba, en un principio, que no iba a aceptar esa transaccional. Yo creo, porque al leerlo no lo he percibido bien, que dice: Inste al Gobierno a
que proponga, dentro de las
Mesas de diálogo. Me parece que hay dos términos que no recuerdo en este momento.
Efectivamente, he asumido el compromiso con este grupo parlamentario y con algún otro grupo más, de que, en el caso de que no saliese después de la propuesta del Gobierno, este hará las modificaciones de la regulación laboral necesarias para
que se pueda cumplir.
Ya ve, señora presidenta, que el Grupo Popular ejerce el diálogo, incluso con el Grupo Socialista, que sistemáticamente se niega a aceptar las propuestas, de la misma manera que tuvo éxito cuando gobernaba en el diálogo social.
La señora PRESIDENTA: ¿Pueden acercar a la Mesa el texto de la transaccional? (Asentimmiento.)
La señora Loroño tiene la palabra.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Me congratulo de que se haya podido llegar a la transaccional, como se nos acaba de comunicar, entre el grupo proponente, el Grupo Popular, y los grupos enmendantes, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque el texto resolutivo de la proposición no de ley, al menos a juicio de este grupo parlamentario, quedaba algo cojo. El objetivo de fondo que todos queríamos alcanzar era que, en cualquier
circunstancia en la cual se hubiera optado por una reducción de la jornada laboral por tener que conciliar vida familiar y vida laboral, esa persona, trabajador o trabajadora, tuviera garantizada la vuelta a su jornada a tiempo completo.
En el texto que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular se plantea que se instara al Gobierno a facilitar la vuelta a un trabajo a tiempo completo desde un trabajo a tiempo parcial, en cualquier momento, siempre que tal puesto de trabajo
exista en la empresa. La primera duda que se le plantea a esta portavoz es si al instar al Gobierno, estamos instando en el marco de la Administración pública y nos estamos olvidando del ámbito de lo privado. Por otro lado, si decimos: siempre
que tal puesto exista en la empresa, corremos el riesgo, si nos estamos refiriendo al ámbito de lo privado, de que si hay problemas en esa empresa, precisamente en un proceso de regulación se eliminen los puestos de trabajo en los cuales hay
situaciones de excedencia, reducciones de jornada o permisos sin sueldo. En ese sentido, hay que incidir en las condiciones de empleo, que es lo que se plantea ahora a través de la transaccional.
Hay que garantizar las condiciones de empleo de cualquier trabajador o trabajadora -si estamos hablando de conciliación de la vida familiar y personal, perdóneme, pero yo quiero referirme a trabajador y trabajadora- que se acoja a una
reducción de su jornada laboral para hacerse cargo de unas circunstancias familiares muy concretas, llámese cuidado de familiares dependientes, de hijos e hijas o cualquier circunstancia familiar que le lleve a esa situación, es decir, que ese
trabajador o trabajadora tenga garantizado dentro de sus condiciones de trabajo la vuelta a un trabajo a tiempo completo, si es que así lo solicita, en el momento que lo solicite y con garantías de calidad en el trabajo y de que no sufra merma en su
desarrollo profesional. Hay que tener en cuenta que si hay una solicitud de excedencia de tres años, por ejemplo, esa antigüedad no cuenta y siempre se sufren pérdidas o mermas en cuanto a promoción interna dentro de la propia empresa.
En ese sentido, a través de la transaccional conseguimos que se incida en las condiciones de empleo tanto en el ámbito de la Administración pública como en el ámbito de lo privado. Se plantea que todos aquellos agentes sociales, sindicatos
y empresarios que participan en las Mesas de diálogo social incluyan en sus procesos de negociación colectiva, en la regulación de las condiciones de trabajo, la posibilidad de que cuando se dé la circunstancia de tener que conciliar vida familiar
con vida laboral, quien lo solicita tenga garantías de poder restituir la situación de trabajo inicial, antes de la petición de esa reducción de jornada o esa dedicación a tiempo parcial a su trabajo. En ese sentido, el objetivo que se pretendía,
tanto por la proposición no de ley como por las enmiendas, era garantizar esa posibilidad o, al menos, poner las bases para que eso se consiga, y creo que la transaccional lo recoge de forma correcta, por lo que estamos totalmente de acuerdo con la
misma.
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1325 ENTRE LOS DISTINTOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS.
PRSENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE EZQUERRA REPUBLICANA (ERC) (Número de expediente Congreso
161/000977 y número de expediente Senado 663/000037.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que figura como número 3 en el orden del día. La señora diputada tiene la palabra.
La señora BONÁS PAHISA: Señorías, desde la Segunda Guerra Mundial la naturaleza de los conflictos ha cambiado. La población civil ha pasado de ser víctima colateral a ser el objetivo central de los proyectiles, generando gran número de
desplazados y refugiados, en su mayor parte mujeres y niños. Actualmente, los conflictos armados tienen impacto sobre las mujeres y su entorno familiar como nunca habían tenido en la historia, ya que las mujeres son cada vez más el objetivo de la
violencia y los crímenes de guerra, violaciones, posesión forzada o encarcelamiento por parte de sus gobiernos cuando se deciden a denunciar las agresiones.
La guerra y los conflictos son acontecimientos muy influidos por el género. Después de la revolución es, quizá, la división más clara entre hombre y mujer. El hombre tiende a convertirse en guerrero mientras que la mujer se convierte en
territorio de conquista y vehículo
de la humillación y destrucción del enemigo. Si bien a las mujeres se las ve como víctimas de guerra, no se las suele identificar como protagonistas en la construcción de la paz y en la mayoría de los casos no participan en los procesos de
negociación. Sus aportaciones durante el conflicto armado y durante la reconstrucción del tejido social no disfrutan de reconocimiento. Las mujeres, que serán las artífices de la paz de los periodos posbélicos, no pueden estar al margen en las
negociaciones de paz. Debido a esto, en octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325, en la que mostraba la preocupación de que la población civil, especialmente niños y niñas, sean las víctimas de los
conflictos armados y subraya la importancia de que las mujeres participen en igualdad y de que intervengan planamente en todas las iniciativas de fomento de paz y de seguridad. Las democracias debemos fomentar y potenciar políticas de cooperación y
fomento de la paz; medidas especiales, en un conflicto armado para proteger a las mujeres y a las niñas de toda forma de violencia, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales; resaltar el papel que ejercen las mujeres en la
prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz.
Desafortunadamente, en la política internacional, se suceden diversos conflictos en los que las mujeres han sido las víctimas y el objeto de la violencia; lo hemos visto en Europa en la guerra de Bosnia, lo vimos en los grandes lagos, y lo
vimos en Sudamérica en los ejércitos de Colombia.
A pesar de que en esta Cámara, en la pasada legislatura, como ha anunciado la portavoz de Convergència i Unió, se hizo un trabajo respecto de esta resolución, hemos creído conveniente que, una vez
más, el Congreso se pronuncie respecto a la misma y que inste a todos los miembros de las Naciones Unidas a propagar esta resolución. Esto también debe reforzar el papel de las Naciones Unidas como organismo de gobierno mundial. Por tanto, hemos
creído adecuado presentar al Congreso de los Diputados lo siguiente: promover la aplicación de la Resolución 1325 entre los distintos miembros de las Naciones Unidas.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PAMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos totalmente los motivos de la iniciativa que nos ha presentado Esquerra Republicana.
Creemos que se comparte por todos los grupos de la Cámara, en primer lugar, porque el
objetivo lo merece. Se ha debatido en otras ocasiones que las situaciones de conflicto realmente afectan de manera diferente a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas. Hay una parte común, que es la pérdida de vidas, la pérdida de la
casa donde vives, tenerse que desplazar, etcétera, pero se ha señalado también que las mujeres y las niñas son objeto de especial ensañamiento, violaciones, todo tipo de situaciones que acentúan ese dolor, justamente porque son utilizadas para
doblegar el hecho de vencer a la otra parte y, por tanto, tienen un plus de crueldad y de ensañamiento, y su papel en los conflictos es, de esta manera, diferente y, si se me permite, más penoso.
En la reconstrucción y en la construcción de la paz, los hombres y las mujeres también tienen un papel distinto, de diferente participación.
Tendríamos que hacer entre todos que las mujeres pudieran participar de manera más relevante en la
reconstrucción de la paz, porque ésa va a ser una oportunidad de que ellas tengan una mejor vida.
Me voy a referir a Afganistán, proceso que todos hemos podido seguir recientemente, y a Irak, un proceso que también estamos siguiendo en la actualidad. Como decía, el objetivo lo merece. Lo merece hasta el punto de que ya la pasada
legislatura, en esta Comisión, se trató de manera amplia la aplicación de la Resolución 1325 de Naciones Unidas, a instancias de una iniciativa del Grupo Socialista, defendida, de manera magnífica, por su portavoz entonces, la señora Riera. Todos
los grupos participamos; hubo enmiendas del Grupo Popular y enmiendas de mi propio grupo parlamentario. Se aprobó un mandato largo de diez puntos que, de manera pormenorizada, desarrollaba lo que podía ser, si se me permite la comparación, si la
resolución 1325 fuera una directiva, la trasposición de las obligaciones del Gobierno de España con respecto la mandato general que se explicitaba en esa directiva. Creo que fue un buen trabajo, un trabajo pormenorizado. Les voy a ahorrar su
lectura, está en el 'Diario de Sesiones', se aprobó el 27 de junio de 2003. De alguna manera, complementa, ampliándola, la propuesta que nos hace hoy Esquerra Republicana. La enmienda que hemos presentado obedece a que se garantice que el Gobierno
del Partido Socialista dé pleno cumplimiento al acuerdo adoptado la pasada legislatura, plenamente vigente todavía, por esta Comisión. Por ello solicito su aceptación, puesto que ya se debatió y aprobó por todos los grupos de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Como la señora Bonás está incomunicada en este momento, vamos a conceder la palabra a los otros grupos que deseen intervenir. (Pausa.)
La señora Loroño, tiene la palabra un minuto, dice ella.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque, como bien decía ella, la pasada legislatura se adoptó un acuerdo respecto a la Resolución
1325 de Naciones Unidas. Tal y como queda recogido en ese acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, se transaccionó una enmienda, fruto del texto original y enmienda del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Como bien decía la señora Pigem, casi era la transposición de
una directiva, si la Resolución 1325 fuera una directiva. En ese sentido, abogamos para que el grupo proponente acepte la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán.
La señora PRESIDENTA: La señora Casado, del Grupo Popular tiene la palabra.
La señora CASADO SOBRINO: Voy a intervenir muy brevemente, al igual que la señora Loroño Ormaechea.
Si algo ha quedado claro es que absolutamente todos los grupos parlamentarios que estamos en esta Comisión, apoyamos sin lugar a dudas la Resolución 1325 de Naciones Unidas. Ya ha comentado la señora Bonás la dramática situación que viven
las mujeres en los conflictos bélicos, donde siempre se lleva la peor parte la mujer y, por supuesto, las niñas.
Las mujeres, como todos sabemos, en los conflictos bélicos, son utilizadas como moneda de cambio, sufren la violencia de género, sufren
la violencia de la guerra y muchas veces son utilizadas como elementos de castigo psicológico. Desgraciadamente, ya se ha comentado por parte de la señora Bonás, hay muchísimos ejemplos de triste actualidad en el mundo donde las mujeres están
sufriendo estos conflictos, como pueden ser Afganistán, Bosnia, Dafur, Colombia. En esta Comisión hemos escuchado los testimonios de mujeres afganas, de mujeres mejicanas y de mujeres de Guatemala que nos han contado sus experiencias.
El próximo mes de octubre se van a cumplir cinco años desde la entrada en vigor de la Resolución 1325 de la ONU, sobre mujer, paz y seguridad. Este texto prevé la mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones para la
prevención y la solución de los conflictos armados y el final de la impunidad para los delitos basados en la discriminación de género perpetrados contra las mujeres durante estos conflictos. Todos sabemos que este texto se apoya en otros tratados
internacionales como, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración y la Plataforma de acción de Beijing, y, recientemente, la Declaración de Madrid, que hemos aprobado en las
jornadas interparlamentarias que celebramos junto con diputadas y senadoras mejicanas y de Guatemala. Algunos artículos de la Declaración de Madrid apoyan, como no, la Resolución 1325.
En relación con la Resolución 1325 de Naciones Unidas y el papel que el Gobierno español debería adoptar, deberíamos fijarnos, me parece fundamental, en el artículo 1 de dicha resolución, donde se especifica la principal tares que se encarga
a cada uno de los gobiernos. Este artículo 1 insta a todos los gobiernos a aumentar la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales, para la
prevención, la gestión y la solución de los conflictos. Este punto, en concreto, sí viene recogido en la proposición no de ley a la que hacía referencia la señora Pigem cuando defendia la transaccional planteada por Convergència i Unió. El resto
del articulado que presenta la Resolución 1325, principalmentalmente, hace referencia al papel que ha de adoptar la Secretaría general de Naciones Unidas, por ejemplo, ha de ejecutar un plan de acción estratégico, ha de proporcionar a los Estados
miembros las directrices a seguir, incluso, se solicita al secretario la elaboración y presentación de un informe sobre el estado de aplicación de esta resolución que, por cierto, ya se ha presentado en dos ocasiones. El mismo Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, que fue el que impulsó la Resolución 1325, se reserva en el último artículo de esta resolución el poder seguir trabajando y ocupándose activamente de este tema. Lo que deberíamos plantear en esta Comisión es qué puede hacer este
Gobierno.
Desde luego, el Gobierno español puede aplicar esta resolución en todas las actividades gubernamentales, puede organizar seminarios y conferencias para dar a conocer esta resolución y crear la conciencia social necesaria debe prever una
mayor participación de las mujeres.
Sabemos que desde el año 2001 sí se ha incrementado el número de mujeres españolas que han participado como observadoras internacionales en los procesos electorales de algunos países centroamericanos, también en
Bosnia-Herzegovina y en Kosovo y, además, se ha aumentado el número de mujeres cooperantes en programas de reconstrucción posteriores a conflictos armados.
Por eso, nos ha gustado la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Convergència i Unió. Nos gustaría que el grupo proponente, la señora Bonás, aceptase esta transaccional porque, como digo, nos parece acertada la enmienda
presentada por CiU ya que redunda en la aceptación de aquellos artículos de la resolución que afectan a los Estados miembros. Por tanto, siempre y cuando se acepte esta transaccional, el Grupo Parlamentario Popular va a votar afirmativamente.
La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Voy a intentar ser breve. Efectivamente, estamos tratando un tema con el que creo que todos estamos de acuerdo y que la señora Bonás también aceptará la transaccional que ha presentado la señora Pigem.
Quería dejar constancia que no partimos de cero en este problema y, a lo mejor, conviene hacer un pequeño recorrido de cómo ha ido evolucionando esta Resolución 1325, que ha sido importante porque ha marcado un hito histórico en la ONU, pues
fue la primera vez que el Consejo de Seguridad consideró de manera seria y fundamentada el papel de las mujeres y los abusos contra mujeres y niñas en el contexto de los conflictos armados.
La Resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad
el 31 de octubre de 2000 se apoya en anteriores resoluciones del propio Consejo de Seguridad y, cómo no, en aquella convención, tan histórica y tan importante para todas las mujeres del mundo que fue la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración y Plataforma de acción de Beijing. Siempre que se desprende algo positivo de esta plataforma es necesario recordarlo porque es una referencia común
para las mujeres del mundo.
Por otro lado, creo que también es pertinente recordar que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU tienen carácter jurídicamente vinculante y a su cumplimiento están obligados todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.
En este caso, además, subraya la responsabilidad de todos los Estado de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual, y
de otro tipo contra las mujeres y las niñas. A ese respecto destaca la necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía.
En esta Comisión, en 2003, se hizo un trabajo que recomiendo, ya lo ha destacado la señora Pigem, y, para algunas que somos nuevas en la Comisión es bueno ver cómo en la legislatura anterior efectivamente se había hecho un buen trabajo, con
mucho consenso y muy bien relatado por la señora Riera. Con posterioridad, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya participando España, se adopta por consenso, el 28 de octubre de 2004, una serie de últimas novedades producidas desde la
Resolución 1325. Creo que conviene recordarlo porque, a veces, en las resoluciones internacionales nos perdemos y tienen un hilo didáctico y pedagógico para entender algunas de las cosas por las que habitualmente luchamos y trabajamos. En esa
resolución de octubre de 2004, que se ratifica en la Resolución 1325, se exhorta a los tribunales internacionales establecidos para procesar los crímenes de guerra que impartan capacitación y conocimientos en materia de género a todo el personal y
ejecuten programas que incorporen cuestiones de género para la protección de las víctimas y los testigos. Esto quiere decir que Consejo destaca la urgente necesidad de programas que presten apoyo a los supervivientes de la violencia basada en
género. El Consejo pide también que se preste la debida atención a la cuestión de la violencia de género en todos los informes futuros del propio Consejo. A partir de ahí, hace una serie de recomendaciones sobre el papel de las mujeres en la
prevención de conflictos y en los procesos de reconstrucción (está muy ilustrado, como también había dicho la portavoz del Grupo Popular) pidiendo que fomente la incorporación de una perspectiva de género en los programas de desarme, de
desmovilización, la reintegración mediante la formulación de directrices para que esos programas presten mayor atención y que se incorpore la perspectiva de género en todos los aspectos del programa de reconstrucción que se ejecuta después de los
conflictos. Por último, reconoce que se han hecho importantes progresos en la aplicación de la Resolución 1325 en algunas de las esferas relacionadas con la paz y con la seguridad, pero el Consejo pide al secretario general que le presente en
octubre de 2005, es decir, el mes que viene, un plan de acción con un calendario para la aplicación de la Resolución 1325 por todo el sistema de Naciones Unidas. Este es el recorrido histórico hasta el momento en que debatimos esta proposición no
de ley presentada por Esquerra Republicana, por la señora Bonás.
Nosotros vamos a votar a favor de la proposición no de ley y también a favor de la enmienda que presenta Convergència i Unió. El Gobierno Socialista que está identificado con todo el contenido de esa resolución, ha emprendido acciones en
este tiempo que lleva gobernando, entre otras, algunos aspectos que tienen que ver con la filosofía de fondo están perfectamente recogidos en el Plan director de cooperación internacional, que es nuestro plan guía para todas las acciones que se
enmarcan en este ámbito internacional.
La señora PRESIDENTA: La señora Bonás tiene la palabra.
La señora BONÁS PAHISA: Acepto la enmienda de adición del Grupo Convergència i Unió. Creo que es importante y completa el trabajo.
Esperemos que sea la última proposición que presentemos en este aspecto.
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a las votaciones. Hago una aclaración inicial. Las votaciones se van a realizar de acuerdo con el orden del día, no de acuerdo con las intervenciones de SS.SS.
Señorías, vamos a votar la proposición no de ley número 1, relativa a la realización de estudios acerca de la incidencia de la violencia doméstica en el entorno rural, en sus términos.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 2, relativa al enfoque de género en la prevención de riesgos laborales y salud laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la enmienda de Convergència i Unió, en los términos en que se ha
aceptado por parte de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 3 por la que se insta al Gobierno a promover la aplicación de la Resolución 1325 entre los distintos gobiernos miembros de las Naciones Unidas, con la enmienda de Convergència i Unió, que ha aceptado el grupo
proponente.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la creación del Observatorio sobre flexibilidad en el trabajo, planteada por el Grupo Parlamentario Popular y en los términos de la enmienda in voce que a continuación voy a leer: La Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades insta al Gobierno a remitir a esta Comisión el informe realizado por la comisión de expertos de la Mesa de diálogo social, sobre la evaluación del funcionamiento de las políticas de empleo, con
especial referencia a la situación laboral de las mujeres.
¿Se acepta la enmienda in voce? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 5, relativa a la vuelta al trabajo a tiempo completo, planteada por el Grupo Parlamentario Popular, en los términos de la enmienda transaccional que voy a leer a continuación: La Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades insta al Gobierno a que proponga, dentro de las mesas de diálogo abiertas entre el Gobierno y los agentes sociales, sindicatos, y organizaciones empresariales, el facilitar la vuelta a un trabajo a tiempo
completo desde un trabajo a tiempo parcial, cuando la causa del empleo a tiempo parcial haya sido una reducción del tiempo de trabajo por motivos de conciliación laboral y familiar.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 6, relativa a la elaboración de un informe del Observatorio de publicidad, con la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 7, relativa a la conciliación de la vida familiar y personal, planteada por el Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Ante este resultado de empate, la señora letrada, hará los cálculos para la ponderación de acuerdo con los Plenos de las Cámaras. (Pausa.)
Sique el empate. Por tanto, señorías, se repite la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Continúa el empate por lo que se vuelve a repetir la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.