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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 40, de 21/06/2005
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 40
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA PALACIO VALLELERSUNDI
Sesión núm. 11
celebrada el martes, 21 de junio de 2005,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las siguientes Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento del hecho insular en la Constitución Europea. (Número de expediente Senado 663/000001 y número de expediente Congreso 161/000034.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre las relaciones Unión Europea-América Latina y Caribe. (Número de expediente Senado 663/000008 y número de expediente Congreso 161/000317.) ... (Página 3)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre relanzamiento del 'Proceso de Barcelona'. (Número de expediente Senado 663/000009 y número de expediente Congreso 161/000318.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un órgano de coordinación para catástrofes en el seno de la Unión Europea. (Número de expediente Senado 663/000029 y número de expediente Congreso 161/000766.) ...
(Página 8)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds:
- Sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al mercado interior de servicios. (Número de expediente Senado 663/000032 y número de expediente Congreso 161/000809.) ... (Página
12)
- Sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea. (Número de expediente Senado 663/000033 y número de expediente Congreso 161/000825.) ... (Página 16)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a que se dirija a la Comisión Europea para que exhorte a las autoridades libias a procurar un juicio justo a los médicos y sanitarios acusados de la infección
por el virus del SIDA en el Hospital Al-Fatih en Benghazi. (Número de expediente Senado 663/000039 y número de expediente Congreso 161/000995.) ... (Página 18)
- Creación de un grupo de trabajo sobre las repercusiones parlamentarias del control de la subsidiariedad previsto en el Protocolo anejo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. (Número de expediente Senado
574/000003.) ... (Página 20)
Se abre la sesión a las once horas.
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos, se abre la sesión.
El orden del día es el que les ha sido repartido. Quiero hacer un anuncio para que todos los grupos puedan organizar su trabajo y es que no realizaremos las votaciones antes de las dos de la tarde y se harán de forma acumulada.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DEL HECHO INSULAR EN LA CONSTITUCIÓN EUROPEA. (Número de expediente Senado 663/000001 y número de expediente Congreso 161/000034.)
La señora PRESIDENTA: El primer punto del orden del día es la proposición no de ley relativa al reconocimiento del hecho insular en la Constitución europea, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se ha presentado una
enmienda del Grupo Socialista y, de acuerdo con el Reglamento, doy en primer lugar la palabra para su defensa al portavoz del grupo parlamentario proponente. Les pediría que nos atuviéramos a los tiempos fijados, porque si no se nos puede ir la
reunión a horas muy inconvenientes para todos.
Tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señora presidenta. La proposición la presentamos el 21 de mayo de 2004; sin duda alguna ha transcurrido mucho tiempo desde entonces. Pretendíamos que se recogiera en el texto de la Unión Europea todo lo
referente a las regiones ultraperiféricas. Esto ya se recogió en los preceptos 167.3, 424 y 440 del texto del tratado constitucional, pero creemos que debemos mantener esta iniciativa para tratar de que el hecho insular, todos los archipiélagos
españoles, tanto canarios como baleares, puedan beneficiarse de las ayudas de la Unión Europea tal y como esta previsto en la Constitución española.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda en cuyo primer punto, en principio, coincidimos. Quisiéramos analizar la redacción del segundo punto con más detenimiento para ver si podemos llegar a una transaccional. Creemos que hay que
dejar perfectamente claro en la Unión Europea que Canarias tiene un régimen específico diferencial que nada tiene que ver con lo que es la armonización fiscal en la Unión Europea.
En el debate del estado de la Nación en el Congreso de los Diputados
se aprobó una resolución que dejaba sombras sobre la continuidad de esa figura del régimen económico y fiscal canario y, por tanto, nosotros creemos que es conveniente despejar con toda claridad nuestro régimen específico fiscal canario ante la
Unión Europea.
Por otra parte, creemos que sería conveniente que en las perspectivas financieras 2007-2013, que se están negociando y debatiendo en este momento, Canarias, como región ultraperiférica se viera beneficiada con las
ayudas previstas para las regiones objetivo 1. Esta es una reivindicación de todos los grupos políticos en Canarias, desde que se habla de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y el Tratado de la Unión.
Espero que podamos
pactar y llegar a un acuerdo sobre este segundo punto.
Mantenemos que en el proceso negociador sobre el texto de la futura Constitución Europea, se proponga el reconocimiento del hecho insular para las Islas Baleares y que tengan garantizadas las
compensaciones que corresponde por las condiciones estructurales permanentes ligadas a la insularidad.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra en el turno de defensa de enmiendas, en nombre del Grupo Socialista, el señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, efectivamente esta proposición no de ley fue presentada con anterioridad a que se produjera la definitiva redacción del tratado constitucional europeo, que recoge exactamente aquellas cuestiones que el Grupo Popular presentaba
inicialmente en la proposición no de ley. Es decir, en todas las negociaciones previas al tratado constitucional, el artículo 3.220 recoge un hecho diferencial para las regiones con ciertos problemas estructurales de deficiencias, haciendo un
hincapié especial en aquellas regiones insulares. Concretamente, en esa percha quiere colgar el Estado -y en eso tiene el consenso de todos los grupos políticos- que pueda obtenerse una buena negociación en los repartos y que las Illes Baleares,
por sus condiciones estructurales permanentes, obtenga un nivel de ayudas adecuado.
Parece que el Grupo Popular está de acuerdo en el primer punto que nosotros proponemos como alternativo al punto inicialmente planteado por ellos y, en el segundo punto, el propio tratado constitucional recoge en el artículo tercero, pero en
el 167.3, 424 y 440, un hecho diferencial hacia las regiones ultraperiféricas, entre las cuales cita específicamente en España a Canarias.
Esta tarde tendremos ocasión de debatir una proposición no de ley en el Congreso precisamente relacionada con esto y se recogen las objeciones que ha realizado al punto dos el portavoz del Grupo Popular. Ahí introducimos precisamente la
oportunidad de que -en base a lo que se ha dado en llamar las directrices sobre ayudas de finalidad regional por parte del Estado, que se tendrá que hacer a finales del 2005 en la discusión que se lleve a cabo sobre el informe de la Dirección
General de Competencias-, las regiones ultraperiféricas españolas se asimilen a aquellas regiones recogidas en la letra a) del apartado tercero del artículo 87, aquellas que aún no hayan superado el 75 por ciento de la renta media europea, medido en
paridad de poder de compra, y esta tarde llegaremos a un acuerdo con el Grupo Popular en ese punto.
En cuanto a las dudas y sombras que se crearon sobre la propuesta de resolución -unas sombras que se crearon por un término lingüístico, que no eran tales como así ha quedado demostrado-, quiero hacerles notar que precisamente lo que se
plantea está perfectamente recogido en la propuesta que le hacemos. Dice: 'Continuar las negociaciones en la Unión Europea para el reconocimiento de la especificidades financieras y administrativas, preservándolo del proceso de armonización fiscal
que está en curso'. Luego está recogido específica y claramente lo que el portavoz del Grupo Popular plantea, y no solo en base al futuro tratado constitucional sino incluso al actual, que en su artículo 299.2 recoge una situación especial para
Canarias. Está perfectamente recogido en nuestra enmienda y rogamos al Grupo Popular y al resto de los grupos que acepten esta enmienda para que podamos sacar por consenso la proposición no de ley del Grupo Popular.
Muchas gracias, señorías; gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Armas.
¿Algún portavoz de los grupos parlamentarios quiere intervenir en este punto? (Pausa.)
Para ahorrar tiempo, pasamos a preguntar si el autor de la iniciativa acepta o no la enmienda.
El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, la enmienda recoge fielmente el espíritu de la iniciativa presentada hace tiempo y está mucho más actualizada. Por ello, vamos a votar a favor de incluir esa enmienda y dejamos resuelto el tema.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA Y CARIBE. (Número de expediente Senado 663/000008 y número de expediente Congreso 161/000317.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día: Proposición no de ley sobre las relaciones Unión Europea-América Latina y Caribe, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Se han presentado tres
enmiendas de los grupos parlamentarios Popular, CiU y Socialista. Para la defensa de la proposición no de ley, le doy la palabra al portavoz del Grupo Socialista, señor Bethencourt.
El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, buenos días.
Esta proposición no de ley del Grupo Socialista pretende consolidar y aumentar las relaciones entre la
Unión Europea y América Latina y Caribe. Como vemos, después de la ampliación de la Unión Europea hacia el este y el centro de Europa conviene tener como prioridad en nuestra política exterior las relaciones con América Latina, una relación
indispensable para la definición del papel de la Unión Europea como verdadero actor global. España ha contribuido de manera decisiva a las relaciones de la Unión Europea con América Latina, como no podía ser de otra manera, y así se han apoyado
diferentes procesos como el Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina de Naciones Centroamericanas y el Caribe.
Creemos que un logro importante de la presidencia irlandesa fue la celebración de la Cumbre de la Unión Europea-Latinoamérica, en Guadalajara, México, el año pasado que ha consolidado el proceso iniciado en Río de Janeiro en 1999 y seguido
en Madrid en el 2002, que ha sido la primera ocasión en la que se han dado cita en una reunión internacional los representantes de los 25 Estados miembros de la Unión Europea.
Conviene avanzar en dos aspectos muy importantes, que son la cohesión social y el multilateralismo y, de acuerdo con el compromiso que España tiene en la sociedad internacional, avanzar en la construcción europea, promover en estos países la
democracia y los derechos humanos y el respeto y garantía de los derechos sociales de los ciudadanos.
En este sentido, son muy importantes las negociaciones de la Unión Europea y Mercosur, para que se firme un acuerdo birregional al objeto de crear un mercado trasatlántico, que debería concluir ahora con la presidencia británica, a ser
posible en el mes de octubre para que se firme un acuerdo de asociación con el Mercado Común del Sur. También con la presidencia británica deberían dar comienzo las negociaciones de acuerdo de asociación con América Central y la Comunidad Andina.
Por todo ello es por lo que nosotros presentamos esta proposición no de ley, para instar al Gobierno a impulsar las relaciones de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, a trabajar activamente con la presidencia británica para que
concluyan las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, que se firme el acuerdo de cesión birregional y que se promueva activamente el impulso de las negociaciones del acuerdo de asociación con América Central y la Comunidad Andina.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor González Betancourt.
Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Popular en defensa de enmiendas.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias.
Estamos de acuerdo con la proposición del Grupo Socialista. Nos parece siempre interesante instar a las instituciones a proseguir con todos los acuerdos de asociación con América Latina, bien en grandes términos o de asociaciones concretas;
a proseguir estos procesos y a culminarlos.
Estamos absolutamente de acuerdo con la proposición. Ahora bien, la proposición se ha quedado un poco desfasada en el tiempo. Tiene casi un año de vida y habría que adaptar esa proposición a las
circunstancias actuales. Por un lado, no debemos ignorar las circunstancias por las que atraviesa la Unión Europea, que no son objeto de esta proposición y no vamos a entrar a considerar ahora, porque serían asuntos distintos, pero sí es verdad que
como consecuencia de las dificultades en el proceso de la Constitución, de la ampliación y de los debates de la Unión Europea, estos asuntos de relaciones Unión Europea-América Latina, Unión Europea Mercosur o Unión Europea-América Central, Unión
Europea-Comunidad Andina, han debido llevar un ritmo más lento del que hubiera sido necesario a lo largo del último año y las conversaciones y reuniones ministeriales habidas no han concluido, tal como preveía con buena intención, la proposición que
ha hecho el Grupo Socialista.
Por eso nosotros planteábamos tres enmiendas que tienen como objetivo situar en el momento actual esta propuesta, concretándola un poco más. En la primera enmienda sugerimos que se impulsen, como dice el Grupo Socialista, las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina, pero que se adopte una decisión para iniciar las negociaciones de un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. La segunda también trata de concretar la intención de la proposición
socialista. Se habla de la próxima presidencia británica, porque era improcedente hablar de la presidencia holandesa y se habla, concretamente, del acuerdo de asociación interregional así como del proceso de integración del Mercosur.
El punto tercero trata de concretar un poco y poner al día esta proposición. En este punto nosotros hablamos del Acuerdo de Libre Comercio con América Central y la Comunidad Andina.
Este es el espíritu de las tres enmiendas que nosotros proponemos. Como decía, en términos generales estábamos de acuerdo pero nos parecía que había que ponerla al día de acuerdo con las últimas decisiones habidas el 26 de mayo,
concretamente en Luxemburgo, que han sido fruto de reuniones y sesiones ministeriales que afectan muy directamente a esta proposición y al espíritu y a la letra de lo que aquí se dice. Hemos estudiado los comunicados de estas reuniones
ministeriales y nos parece que de acuerdo con estas últimas reuniones habría que adecuar la proposición que ahora estamos discutiendo.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Becerril.
En el turno de defensa de enmiendas, tendría que hablar el portavoz de CiU, pero no veo que haya ningún miembro de dicho grupo en la sala, con lo cual la enmienda decae y se abre un turno de palabra para los demás señores portavoces. ¿Hay
algún señor portavoz
que quiera intervenir en este punto? (Pausa.) Si no es así, le doy la palabra de nuevo al autor de la iniciativa, el señor González Bethencourt.
El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Nosotros hemos presentado también una enmienda, como es lógico, y en lugar de presidencia holandesa hablamos de presidencia británica. La verdad es que la enmienda que presenta el Partido Popular coincide
prácticamente con la nuestra. Hay alguna matización; ellos hablan de Centroamérica y nosotros hablamos del Caribe, que prácticamente es lo mismo. El espíritu es exactamente el mismo: el afán de la Unión Europea en profundizar los lazos con
Mercosur y con toda América del Sur. Se habla en su enmienda de iniciar las negociaciones, y las negociaciones se iniciaron hace mucho tiempo y no vemos la necesidad de iniciarlas cuando ya se ha hecho. Podríamos llegar a un acuerdo porque
realmente estamos diciendo lo mismo. Esto no debe ser un obstáculo para que lo aprobemos por unanimidad. Podemos hacer una transaccional e incorporar algo a nuestro texto, porque prácticamente estamos haciendo lo mismo.
La señora PRESIDENTA: En cualquier caso, ya he anunciado que votaremos a partir de las dos. Creo que tendrán tiempo los señores portavoces para ponerse de acuerdo. Queda, pues, pendiente la presentación de esa enmienda transaccional.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE RELANZAMIENTO DEL 'PROCESO DE BARCELONA'. (Número de expediente Senado 663/000009 y número de expediente Congreso 161/000318.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al tercer punto del orden del día: proposición no de ley sobre el relanzamiento del Proceso de Barcelona, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Se han presentado dos enmiendas por parte
de los grupos Popular y Socialista.
En primer lugar le doy la palabra, para la defensa de la proposición, al señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Esta proposición no de ley fue presentada el pasado mes de octubre y, debido al tiempo que ha transcurrido desde entonces y, sobre todo, a la acción de gobierno que ha tenido lugar en este ámbito desde
esa fecha, hemos presentado una enmienda de adición que completa el texto original, porque entendemos que se han producido acontecimientos en el marco del Proceso de Barcelona que recomiendan presentar un texto más actualizado.
Brevemente y sin intención de recordarles a sus señorías cuál es el contenido de esta cuestión, que creo que todos conocen bien, el Proceso de Barcelona es una iniciativa que se puede calificar como española, que arrancó en el año 1995 en la
Cumbre de Barcelona que tuvo lugar durante la presidencia española de la Unión Europea y cuyo objetivo básico es establecer un partenariado entre los países de la Unión Europea y los países socios del Mediterráneo, centrado en tres áreas: un área
de seguridad y de cooperación política; un área de cooperación económica y financiera, que sería la que debería desembocar en una zona de libre comercio en el año 2010; y un área de cooperación social y de intercambios culturales entre la sociedad
civil y los principales actores y agentes articuladores de las sociedades de ambas orillas del Mediterráneo. Desde entonces y por razones varias -como problemas económicos, la inestabilidad de Oriente Medio, la guerra de Iraq y también la
dificultad a la hora de articular proyectos económicos de cooperación con nuestros socios de los países mediterráneos-, la verdad es que la velocidad y sobre todo el impulso de este importante proceso que lanzamos en Barcelona no ha sido el que
todos hubiéramos deseado.
Desde el año 1995 se han celebrado cinco conferencias ministeriales en el ámbito de cooperación en el Mediterráneo. La última se celebró en el año 2002 en Valencia y, si bien el plan de acción que rige ahora el proceso es el plan de acción
que se aprobó entonces, también todos fuimos en ese momento conscientes de que los acuerdos de Valencia no estaban a la altura de las expectativas que el proceso despertaba y sigue despertando para un país como el nuestro. De modo que el objetivo
de esta iniciativa es que el Congreso inste al Gobierno y a las instancias comunitarias a relanzar de manera fehaciente el Proceso de Barcelona debido a que es un proceso muy español, muy nuestro y un proceso en el que nos jugamos mucho como país en
el Mediterráneo y como un país que tiene buena parte de su política de estrategia exterior concentrada en esta área.
Por esta razón, teniendo en cuenta que ya llevamos año y medio en el Gobierno y que hay un hecho innegable que se va a producir a corto plazo, como es que por primera vez se va a celebrar en Barcelona los días 27 y 28 de noviembre una cumbre
de los 25 miembros de la Unión Europea a nivel de jefes de Estado, hemos presentado una enmienda en la cual, primero, instamos a que tanto el Gobierno español como la presidencia británica y la Secretaría General del Consejo y la Comisión Europea se
coordinen de manera eficiente con el objetivo de que esta cumbre sea un éxito y realmente contribuya a relanzar un proceso que consideramos que no está a la velocidad de crucero en que debería estar.
Al mismo tiempo instamos a que se establezcan nuevas directrices ambiciosas para el futuro que sean capaces de relanzar el proceso y que se apruebe un plan de acción con objetivos claros para el medio plazo en áreas que quizás en 1995 eran
todavía incipientes o a las que no se les prestaba la atención que merecen y que ahora ya todos consideramos que son básicas, y no
me refiero solo a las opciones financieras, sino a otras como por ejemplo la gobernabilidad y la reforma institucional. Todos sabemos que la cooperación con muchos países es inútil si sus instituciones y sistemas democráticos y políticos no
alcanzan cotas de gobernabilidad similares a las nuestras, así como los derechos humanos, las reformas de los sistemas económicos, de educación, los sistemas sanitarios, etcétera. En definitiva, tal como dice la enmienda, en sintonía con las líneas
marcadas por la VII Conferencia Ministerial Euromediterránea de ministros de Asuntos Exteriores que se celebró en Luxemburgo hace dos semanas.
Respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Popular -me voy a adelantar a su portavoz-, ellos mantienen los puntos uno y dos de forma idéntica a la nuestra. Eliminan nuestro punto tres e incorporan un punto tres que entiendo que es
perfectamente aceptable, que refuerza la necesidad de poner en valor la nueva política de vecindad de la Unión Europea, acordada en el Consejo Europeo de Salónica del año 2002 y también pone en valor la fundación europea recién creada y la
plataforma de organizaciones no gubernamentales de la región para reforzar, como decimos, el proceso.
Respecto de su punto cuarto, tampoco tendríamos problema; se trata de exigir una mayor vinculación en el Proceso de Barcelona a los avances democráticos y a la lucha contra la corrupción. De hecho, se puede transaccionar con nuestra
enmienda porque, como ya he explicado, la gobernabilidad, la reforma de las instituciones y todo lo que es la democracia se han convertido en la última década en guías fundamentales en cualquier proceso de cooperación internacional, cosa que no era
así hace algunos años.
Sin embargo, entiendo que hagan una propuesta en la cual recomiendan una mayor coordinación entre el Proceso de Barcelona de la Unión Europea y la iniciativa para Oriente Medio y el Mediterráneo, liderada por Estados Unidos. Creo que este
punto podría ser perfectamente objeto de una iniciativa destinada a enriquecer o reforzar los contenidos de la Agenda Transatlántica, pero en este caso estamos hablando de lo que es el Proceso de Barcelona, strictu senso, que es una cuestión de la
Unión Europea en la que se establecen mecanismos propios de financiación, un reglamento MEDA y, al fin y al cabo, recursos financieros de la Unión Europea, por lo que pensamos que no es el lugar más adecuado.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para el turno de defensa de enmiendas tiene la palabra el señor Cosidó por el Grupo Popular.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Quisiera adelantar que estamos bastante de acuerdo con la proposición no de ley que se ha presentado por el Grupo Socialista. Estamos de acuerdo, en primer lugar, en el diagnóstico de cuál es la situación del Proceso de Barcelona. Creo que
si lo miramos con una perspectiva de 10 años, desde el año 1995, no podemos evitar -el propio grupo proponente lo menciona de manera más suave- una cierta sensación de fracaso en el desarrollo de este proceso. Teníamos dos conflictos abiertos, el
israelopalestino y el conflicto del Sáhara Occidental. No hemos sido capaces en estos diez años de dar una solución definitiva a estos dos problemas. La situación social y económica en los países de la ribera sur del Mediterráneo sigue teniendo
déficit muy importantes; la concatenación del crecimiento demográfico tan intenso con la situación económica plantea problemas sociales sobre los que no me voy a extender. Las reformas democráticas en muchos de estos países han avanzado muy
escasamente e incluso en alguno de ellos se ha producido un auge del fundamentalismo islamista en estos diez años, y el problema del terrorismo creo que ha dado un salto cualitativo y ya no es solo un problema interno de algunos países, sino que
después de la experiencia del 11 de marzo hemos visto de una manera muy clara que éste es un problema que nos afecta a nosotros de una manera muy directa.
Es verdad que en este panorama ha habido también algunos avances, está la situación en Libia, que creo que ha tenido una evolución positiva en estos diez años y está también la situación en Argelia que respecto al tema del terrorismo ha
tenido una evolución positiva en términos generales durante este tiempo. El problema es que vincular esos avances al Proceso de Barcelona tiene alguna dificultad. Coincidimos no solamente en el diagnóstico sino también en el interés español de que
la Unión Europea mire con más intensidad al Mediterráneo, y se ocupe con más intensidad de él. En ese sentido, nos parece que la iniciativa es acertada. No obstante -y quizá sea ésta una diferencia de matiz en relación con la iniciativa-, se trata
no solo de dar un nuevo impulso al Proceso de Barcelona, sino de reorientarlo, de alguna manera, para que en aquellos aspectos que no ha producido los efectos que buscaba pueda ser más eficaz en los próximos años.
En el marco de esta reorientación, primero planteábamos en este punto tres añadido una mayor integración del Proceso de Barcelona en la nueva política de vecindad. Pensamos que el esfuerzo financiero y de cooperación resulta muy poco eficaz
si no se vincula de manera clara a reformas económicas profundas en estos países. El objetivo final, como ya se marcaba en la declaración de 1995, es la creación de un mercado único, pero toda nuestra cooperación, toda nuestra ayuda y toda nuestra
contribución financiera deben estar también encaminadas a una aceptación del acervo comunitario en cuanto a la creación del mercado único en esta área de cara al 2005.
En segundo lugar añadíamos un punto que pedía un mayor compromiso, una actitud más enérgica de la Unión Europea en la promoción de la democracia en estos países, porque entendemos que estas reformas
económicas imprescindibles no son posibles si no existe una voluntad de reforma política y, además, consideramos que la lucha contra la corrupción debe ser un elemento esencial en la nueva agenda de Barcelona, porque creemos que la
corrupción es el principal cáncer que imposibilita el desarrollo económico y social en estos países. Por tanto creo que vamos a estar de acuerdo en eso y no va a haber problemas.
Además nos parece acertada la enmienda de actualización que ha hecho el propio Grupo Socialista y la vamos a asumir sin problemas. La única diferencia que vamos a mantener, por lo que se ve, es en relación con los Estados Unidos, lo cual no
es extraño en la relación entre el Gobierno y la oposición en estos momentos. Nos parece que la iniciativa sobre el gran Oriente Medio lanzada por la Administración Bush no solamente es compatible con la iniciativa lanzada por la Unión Europea en
el año 1995, y que pretende ahora relanzarse con algunas pequeñas reformulaciones, sino que me atrevería a decir que son dos iniciativas que resultan complementarias. Me parece que la tarea de desarrollo económico, de cambio político en los países
del Mediterráneo, en el gran Oriente Medio, es una tarea lo suficientemente ambiciosa como para que solo la unión de la fuerza de la Unión Europea y de Estados Unidos la lleve al éxito. Es algo que está reconocido en la propia estrategia de
seguridad de la Unión cuado se afirma que la actuación conjunta de la Unión Europea y de Estados Unidos solo puede producir un gran bien al mundo. Compartiendo los mismos valores democráticos, las mismas creencias en la economía de mercado, las
mismas recetas respecto a la solución que puedan tener estas sociedades, me parece que compartimos también los mismos intereses en la zona y que deberíamos hacer un esfuerzo por aparcar cualquier veleidad de rivalidad estratégica entre Estados
Unidos y la Unión Europea, al menos en esta zona del mundo, y trabajar de manera conjunta y unida. Ese es un punto esencial para nosotros para que, en definitiva, el Proceso de Barcelona tenga el éxito que todos deseamos.
Hago una llamada a la buena voluntad del grupo proponente para que podamos encontrar una fórmula adecuada. Quiero insistir en que en todo caso pedimos la coordinación y en ningún caso la supeditación de un proceso al otro, ni la confusión
entre uno y otro, pero nos parece que habiendo dos grandes iniciativas sobre la mesa, sería muy positivo que hubiera una coordinación de ambas.
Esa es la posición del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cosidó.
Entre los portavoces del resto de los grupos parlamentarios tengo entendido que por el Grupo de Entesa querría intervenir el señor Espasa, quien tiene la palabra.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora presidenta.
Brevemente quisiera subrayar la importancia que para nuestro grupo parlamentario, como para todos, tiene el éxito del Proceso de Barcelona y de la cumbre a celebrar el próximo noviembre. Se ha dicho ya -no lo voy a repetir, simplemente lo
voy a recordar- que se trata de un interés español, de un interés de la Unión Europea y me permito añadir también, como anfitrión, de un interés local de la ciudad de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, como aportación a este importantísimo
proceso llamado de Barcelona con su dilatada extensión y con todos los iter e item que los dos oradores que me han precedido en el uso de la palabra ya han mencionado, y no voy a repetir ni a recalcar la importancia de los distintos aspectos.
Simplemente, en aras del consenso y de la importancia que damos a este proceso y, por tanto, del pequeño o gran grano de arena que podamos aportar desde esta Comisión Mixta para las Relaciones con la Unión Europea, pediría a ambos grupos y
especialmente al Grupo Popular, que reconsiderase su posición de mantener el punto quinto de su enmienda, que ha sido el último argumento que ha utilizado el señor Cosidó. No por mencionarlo va a ser más cierto. Se puede pensar lo que se quiera,
por supuesto; se puede pensar en una necesaria y posible coordinación, pero no es necesario, señores del Partido Popular mencionarlo a cada instante.
Estamos hablando del Proceso de Barcelona, estamos hablando de una iniciativa de ámbito europeo y
de las dos riberas del Mediterráneo y el no mencionarlo no implica ninguna hostilidad y, en cambio, mencionarlo, con lo que ha sucedido y está aún sucediendo desgraciadamente en uno de los grandes países del gran Oriente Medio, en Iraq, puede ser
motivo de fricciones innecesarias.
Por tanto -y con eso voy a terminar, señora presidenta- nuestra recomendación sería que reconsiderasen ustedes su posición en cuanto a la mención explícita del punto quinto de su enmienda puesto que, repito, el no mencionarlo no implica
ninguna hostilidad y, en cambio, mencionarlo puede convertirnos o puede convertirles a ustedes en el repelente niño Vicente, el primero de la clase, y no es el momento de ser ni el primero ni el segundo. Todos sabemos lo que está en juego y, por
tanto, les pido que en este caso retiren ustedes el quinto punto de su enmienda y que lleguen al consenso para que podamos aprobar esta proposición no de ley por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espasa.
¿Algún señor portavoz desea intervenir? Si no es así le doy la palabra al señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer las intervenciones. Coincido con la visión que ha expuesto el señor Cosidó, es evidente que el Proceso de Barcelona necesita un impulso y que las medidas que proponen las enmiendas en los puntos uno
a cuatro son aceptables. Hay que recordar que los fondos europeos, a través de los diferentes reglamentos MEDA, no se han llegado a utilizar y que esa es la mejor señal de que ahí ha fallado algo.
Insisto en que nuestro desacuerdo no es tanto con el contenido del punto quinto como con la oportunidad de que aparezca en esta proposición. De hecho, es evidente que esas acciones son complementarias y que, por ejemplo, en el marco de una
iniciativa destinada a analizar las relaciones transatlánticas, las relaciones entre España y Estados Unidos o la Unión Europea y Estados Unidos, sería perfectamente aceptable y estaríamos todos de acuerdo con ese socio prioritario que es para todos
Estados Unidos. Pero pretendemos que esta sea una proposición relativa al Proceso de Barcelona, la próxima conferencia que se va a celebrar en Barcelona y esa cuestión no debe aparecer en el texto.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moscoso.
A título informativo señalo que en las conclusiones de la cumbre que se ha celebrado ayer, la Cumbre Bilateral Estados Unidos-Unión Europea, hay un párrafo sobre este punto, que no me atrevo a parafrasear porque no lo tengo delante y son
textos complicados, pero que creo que sería interesante para la Comisión conocerlo y pido a la Secretaría, si fuera posible, que nos hiciera circular ese punto para la consideración de los señores portavoces y de los señores miembros de la Comisión.
Muchas gracias, queda por lo tanto pendiente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO DE COORDINACIÓN PARA CATÁSTROFES EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente Senado 663/000029 y número de expediente Congreso 161/000766.)
La señora PRESIDENTA: Punto cuarto del orden del día: proposición no de ley relativa a la creación de un órgano de coordinación para catástrofes en el seno de la Unión Europea, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Se han
presentado dos enmiendas, del propio Grupo Popular y del Grupo Socialista. En el turno de defensa de enmiendas, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como muy bien saben han transcurrido más de dos años desde el accidente del buque Prestige y podemos afirmar que se ha logrado la plena recuperación de nuestras costas, que las playas se encuentran limpias de residuos y que la
pesca no se ha visto afectada afortunadamente por el vertido. Tenemos una comisión de estudio en el seno de la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados y así, poco a poco, los científicos que han pasado por ella lo han ido poniendo
en evidencia. Los informes elaborados por los especialistas, así como la percepción social y los datos reales señalan que la recuperación se produjo con mucha celeridad y en unos plazos de tiempo realmente cortos frente a la ansiedad y a la
preocupación de los primeros momentos en los que, además, había voces que auguraban que este proceso sería lento y prolongado en el tiempo.
Piensa nuestro grupo que esto no hubiera sido posible si el Gobierno central, en acción conjunta y coordinada con la Xunta de Galicia, no hubiera tomado las pertinentes medidas de emergencia que lograron frenar el vertido y sus
consecuencias.
Pues bien, señorías, como ustedes saben antes del Prestige también hubo un gravísimo accidente, el del Erika, y las tragedias del Erika y del Prestige pusieron en evidencia algo importante y es la necesidad de que la Unión Europea asumiera
competencias y políticas decisivas. Ahí está el paquete del Erika I, el paquete Erika II -y hay que guardar un reconocimiento muy importante a la vicepresidenta Loyola De Palacio-. Se resaltó también la necesidad de una mayor coordinación en el
seno de la Unión Europea, de los medios disponibles para atajar con la mayor brevedad posible todas las consecuencias de un suceso de estas características en nuestro espacio marítimo-terrestre. Porque la celeridad con que se pongan a disposición
los medios siempre supondrá un avance importantísimo para minimizar las consecuencias derivadas de cualquier accidente de este tipo.
Pues bien, precisamente también a impulso de la vicepresidenta Loyola De Palacio, tenemos que recordar aquí que el Reglamento número 725/2004, de 31 marzo, de la Comisión Europea, creó una Agencia Europea de Seguridad Marítima, la creó la
vicepresidenta, con el fin precisamente de garantizar un nivel elevado y eficaz de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques, algo que es digno de destacar, algo que supone un antes y un después de una enorme
trascendencia. En este punto me permitirá que haga, por lo tanto, ese reconocimiento claro al trabajo, al esfuerzo y al empeño de la vicepresidenta para conseguir que la Unión Europea, en definitiva, asumiera una actitud positiva, una actitud
comprometida en este empeño, porque los accidentes sobrevenidos en aguas comunitarias pusieron claramente de manifiesto la necesidad de una intensificación de la actuación comunitaria, no solo en la prevención sino también en la lucha contra la
contaminación.
Por supuesto que las actividades de la agencia no relevan, ni mucho menos, a los Estados miembros de sus responsabilidades de contar con mecanismos adecuados de lucha contra la contaminación, sino asistirlos en las operaciones de limpieza y
en algunas otras mucho más amplias que figuran en la agencia. Así se establece que la agencia brindará a los Estados miembros
y a la Comisión asistencia técnica y científica en el ámbito de la contaminación procedente de buques, deliberada o accidental, y apoyará con medidas adicionales a las costas. En definitiva, la agencia actuará en apoyo del marco comunitario
de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada.
Hay muchas tareas que se le encomiendan a la agencia: asistir a la Comisión para actualizar y desarrollar la legislación comunitaria sobre seguridad de protección marítima; análisis de proyectos de investigación; asistir también a la
Comisión en la aplicación efectiva de la legislación comunitaria sobre seguridad y protección marítima; prevención de la contaminación; lucha contra la contaminación causada por los buques en toda la comunidad. En definitiva, una asistencia
importante.
Siendo todo esto así, siendo por lo tanto muy importante el alcance de las actuaciones que se han venido realizando -no voy a enumerar aquí otras muy importantes para España, desde luego, y de una manera excepcional y particular para nuestra
comunidad autónoma gallega-, es evidente que es necesario acelerar los trabajos de la agencia y que es preciso, por tanto, impulsarlos. Y mientras no esté totalmente operativa, pensamos que es necesario proceder a que se cree una unidad de
coordinación de salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación que podría tener finalidades muy paralelas a las que tiene la agencia, pero que en este momento no están siendo operativas. Y luego, por supuesto, cuando estuviese la agencia en
pleno funcionamiento, serían claramente asumidas, coordinadas y realizadas por ella. ¿A qué me refiero? A centralizar la coordinación de estas materias en la Unión Europea, elaborando un mapa de todos los recursos de lucha contra la contaminación
existente en todos los países de la Unión, que en estos momentos no existe, indicando también todos los responsables operativos. Asimismo pensamos que debería hacerse un estudio de los tiempos en que se podrían poner en movimiento los mencionados
recursos en caso de necesidad, y este mapa debería irse actualizando para poder tener una información detallada y fiable de los recursos disponibles, dado que en este momento, repito, no tenemos nada a disposición y, si ocurriese un accidente, lo
comprobaríamos lamentablemente.
En segundo lugar, un apoyo a las decisiones tomadas por los países afectados por la contaminación y una coordinación de toda la información transmitida a la opinión pública con la finalidad de afrontar la catástrofe, todos unidos con una
sola voz o con un solo mensaje dentro de la Unión Europea, y evitar desvirtuarla, como pasó en el caso de los dos accidentes que antes he mencionado; gestionar la dotación de todos los recursos necesarios y disponibles en la Unión Europea para
abordar el problema, así como elaborar algo que había solicitado un grupo de expertos y desde luego no tenemos constancia de que se haya hecho una memoria para tener todos los resultados de los accidentes de este tipo que han sucedido a lo largo de
la historia y así conocer mejor las actuaciones más adecuadas.
Nadie duda de que en el seno de la Unión Europea se dispone de unos recursos que no son aprovechados en todo su alcance por los Estados miembros, puesto que todavía no funcionamos totalmente como un ente unificado, sino que en muchos casos
las acciones tomadas son fruto de negociaciones, de acuerdos bilaterales, que hay que ir tomando poco a poco. A los medios técnicos habría que sumar también los medios humanos y científicos que son de una importancia vital para lograr una eficacia
en caso de catástrofe. En definitiva, lo que buscamos es acelerar esa actuación coordinada, rápida y eficaz ante cualquier accidente que pudiera suceder en un país de la Unión Europea.
Además de esto, señorías, ustedes, como ha adelantado la señora presidenta, han visto que el Grupo Popular ha incorporado una enmienda a la proposición no de ley instando a su vez al Gobierno a que solicite de la Unión Europea que el nuevo
buque de descontaminación de alta capacidad europeo esté ubicado en España y tenga como base la Comunidad Autónoma de Galicia, por ser sus costas uno de los pasos de mayor tráfico marítimo del mundo, ya que como bien sabemos, centenares de buques
transitan frente a ellas y lamentablemente, por la peligrosidad de sus mares, conocemos también los numerosos accidentes que han ocurrido a lo largo de los años.
Precisamente entre los medios que la Agencia de Seguridad Marítima debe tener para apoyar los mecanismos de lucha contra la contaminación de los Estados miembros está disponer de esos buques descontaminantes. En este sentido, conocemos una
respuesta parlamentaria dada a un diputado del Grupo Popular, Daniel Varela, cuando se interesaba acerca de la ubicación en las costas gallegas de un buque europeo anticontaminación. En la respuesta, señorías, se reconocía que efectivamente había
zonas prioritarias en las que hacía falta una mayor capacidad de lucha contra la contaminación por hidrocarburos: el Báltico, las costas al occidente del Canal de la Mancha, la costa occidental y septentrional de la península Ibérica, donde está
precisamente situada Galicia, y el Mediterráneo.
De conformidad además con ese plan de acción, sabemos que la agencia tiene previsto celebrar contratos de disponibilidad con armadores comerciales que posean buques capaces de intervenir rápidamente y yo añado que con una alta tecnología y
con una capacidad operativa, por ejemplo, ante olas muy grandes, como sucede en nuestros mares y a las que ya me he referido precisamente por su peligrosidad.
Pues bien, señorías, en lugar de diferenciar y de hacer otra proposición no de ley, puesto que tanto tiene que ver esta iniciativa con este empeño que tenemos nosotros por tener protegidas nuestras costas -estas costas gallegas que son tan
hermosas pero al mismo tiempo tan peligrosas- presentamos esta enmienda para que desde el Parlamento se solicite al Gobierno
que se ubique en nuestras costas uno de estos buques de alta capacidad operativa.
Por último, señora presidenta, si me permite, querría decirle al Grupo Socialista, con el mejor ánimo, que su enmienda no responde a lo que nosotros solicitamos y, además, nos deja preocupados porque lo que plantea es algo que pensábamos que
lo estaba haciendo ya el Estado, porque es su obligación. Me pregunto, si mañana -y Dios no lo quiera- sucede otro accidente, ¿volveríamos a estar en iguales condiciones? Afortunadamente, gracias a una vicepresidenta con mucho empeño, mucha
energía y mucha eficacia, hay cosas que se han ido mejorando, pero creo que hay otras muchas que hay que seguir acelerando y, por lo tanto, querría proponer al Grupo Socialista que llegáramos a una transaccional en la que unamos nuestras fuerzas
para tratar de buscar un texto común en el que solicitemos que se aceleren las competencias de la Agencia de Seguridad, que en este momento no están siendo plenamente operativas, incorporando esta petición para que se ubique en los mares gallegos
este buque anticontaminación.
Nada más, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sainz.
Tiene la palabra la señora Aburto, en nombre del Grupo Socialista, para defender su enmienda.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, presidenta.
La diputada Sainz ha presentado una proposición no de ley con la mejor intención, estoy segura. A la vista de los accidentes de los buques petroleros Erika y Prestige, se puso de manifiesto la necesidad de movilizar todos los recursos de
los países de la Unión Europea para colaborar en las tareas de la lucha contra la contaminación. Lo que pasa, señoría, es que eso mismo ocurrió, o por lo menos es lo que nos contó el señor Rajoy en su comparecencia en esta misma Comisión Mixta de
la Unión Europea, el 5 de diciembre de 2002, que fue la primera vez que compareció el Gobierno del Partido Popular para hablar de la catástrofe del Prestige. Así, el señor Rajoy -y son sus propias palabras- dijo: Centrándome en el plano
comunitario, en el área de protección civil se activó desde el primer momento el mecanismo comunitario para facilitar la cooperación reforzada en las intervenciones y ayudas en este ámbito. De hecho, todo ello sirvió, como él mismo comunicó, para
que se activaran inmediatamente y se pusieran en funcionamiento dos embarcaciones francesas, las holandesas que fueron las de más alta capacidad, una belga, otra inglesa, otra noruega, otra danesa, italianas, petroleros británicos y se pusieron
también a disposición de nuestro país aviones portugueses, alemanes, de la guardia costera británica y uno francés. Nos dieron también barreras para frenar la marea negra Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Alemania. Hubo también
30 técnicos alemanes, 50 ciudadanos portugueses y 20 ciudadanos belgas de protección civil y del ejército. Todo esto no me lo invento, sino que lo dijo el propio señor Rajoy en su comparecencia y tampoco nos extraña porque, evidentemente, estaba en
funcionamiento la Decisión número 2850/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco comunitario de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada y en la Decisión 2001/792 Euratom, mecanismo comunitario para
facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil. Esto sea quizá vivir un poco en el pasado, tan en el pasado como no saber si cuando habla de una vicepresidenta se refiere a la señora Fernández
de la Vega o a la que ya no es vicepresidenta, la señora Loyola de Palacio...
La señora SAINZ GARCÍA: He dicho Loyola de Palacio, que había sido vicepresidenta.
La señora ABURTO BASELGA: Y la última decisión del Consejo, de 23 de octubre de 2001, donde se desarrollan los anteriores mecanismos comunitarios para la atención a las catástrofes y a las emergencias se dice que se hace necesario
garantizar una protección más eficaz en la eventualidad de situaciones de emergencia de carácter natural, tecnológico, radiológico, medioambiental, incluida la contaminación marina accidental, que pudiera tener lugar tanto dentro como fuera de la
Comunidad -incluso fuera de la Comunidad- y para ello, por la presente decisión se crea -y esto es de 2003- un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada entre la Comunidad y sus Estados miembros en las intervenciones de ayuda,
en el ámbito de protección civil, cuando se presenten emergencias importantes o cuando exista un riesgo inminente de éstas que puedan requerir una respuesta urgente, y esto durante las 24 horas de los 365 días del año. Este mecanismo se refiere a
la mayor protección, sobre todo de las personas, naturalmente, pero también del medioambiente, a los bienes, incluido el patrimonio cultural, en caso de emergencias importantes, por ejemplo de carácter natural, tecnológico, radiológico o
medioambiental. O sea que abarca bastantes más catástrofes, como es lógico, porque desgraciadamente hay de todo tipo, pero incluye la contaminación marina accidental, como se refiere en la Decisión 2850 de 2000. De hecho, para ello crea y gestiona
un centro de control e información, ya le digo, accesible las 24 horas de todos los días del año, y crea y gestiona un sistema común de comunicación e información de emergencia fiable y todo lo que usted pide también en su exposición: los recursos
necesarios, un programa de formación, reunir la información sobre la capacidad de los Estados, aprovechar los conocimientos, la utilización de nuevas tecnologías, los transportes, en fin, exactamente todo a lo que usted se ha referido. Eso está ya
en marcha, señora Sainz, desde el año 2003 y, por lo tanto, aunque nuestra enmienda no va en el sentido de que no estemos haciendo nada, simplemente debemos continuar
impulsando, como siempre lo hemos hecho y como lo estamos haciendo, para que en el marco de las unidades específicas de coordinación de las que dispone la Unión Europea -y no es necesario ningún otro mecanismo- para la asistencia en caso de
catástrofes medioambientales o marítimas ocurridas dentro de la Unión Europea, se continúe impulsando el desarrollo, como hasta ahora, y el seguimiento del mecanismo comunitario de cooperación y del sistema común de comunicación e información de
emergencias, el CECIS, del cual ya está participando España y que está establecido al amparo de la Decisión 2001/792 del Consejo, de 23 de octubre de 2001, y en el posterior desarrollo de 2003, así como en el marco comunitario de cooperación en el
ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada y de las disposiciones de aplicación adoptadas con posterioridad, en especial las referidas a las tareas encomendadas a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que evidentemente está
cumpliendo perfectamente y cada vez mejor con sus objetivos.
Por lo tanto, creemos que su proposición inicial está desfasada, creemos que nuestra alternativa la sitúa en el justo momento en que vivimos actualmente y que no es necesaria ninguna otra puntualización, a no ser que durante la negociación
pudiéramos llegar a un acuerdo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Aburto. ¿Algún señor portavoz quiere intervenir? Si no es el caso, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: En primer lugar, quisiera decirle que efectivamente es absolutamente cierto lo que dijo el en aquel momento señor vicepresidente del Gobierno de España, Rajoy, que se pusieron en funcionamiento y en apoyo todos los
medios disponibles en la Unión Europea y necesarios y suficientes para trabajar con la eficacia que ha quedado demostrada y que señalaba en mis primeras palabras. Pero esto no es óbice para que pueda haber esa coordinación que señalamos, ese apoyo
fundamental y básico y, sobre todo, las medidas muy concretas que figuran en la exposición que he hecho en mi primera intervención que, reitero, son aquellas que están más o menos establecidas en la Agencia de Seguridad Marítima, que creó la
vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, como claramente así manifesté, y porque afortunadamente había en ese momento una vicepresidenta de la Comisión -en este caso no lo era del Gobierno de España- muy eficaz.
Dicho esto, repito, creo que usted lo que hace es señalar que se va a continuar en la línea de lo que está establecido como marco general en una serie de reglamentos y de disposiciones europeas, pero nosotros lo que queremos es que se ponga
en operatividad, que funcione, que se aceleren las actuaciones previstas, que son muy importantes para que, por ejemplo, si ocurre un accidente de nuevo como los ya señalados, el Estado miembro que ha tenido en sus mares ese accidente cuente con un
mecanismo operativo que lleve consigo que todos los medios se conozcan claramente...
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, perdone que la interrumpa, pero este es un turno para fijar posición en cuanto a las enmiendas. En cualquier caso, señora Aburto, le daré la palabra porque esta intervención se ha convertido en una
especie de réplica y, por tanto, tengo que dar una dúplica. Les rogaría, en interés común, que nos atuviéramos al máximo a los tiempos establecidos porque tenemos varias proposiciones. Termine usted y le daré la palabra a la señora Aburto.
La señora SAINZ GARCÍA: Termino. Mis disculpas, porque creía que a lo mejor el funcionamiento de la comisión llevaba, en este caso concreto, la posibilidad de realizar unas precisiones que excedieron, efectivamente, de mi posición ante las
enmiendas.
Respecto a las enmiendas, le tengo que volver a brindar a la señora representante del Grupo Socialista la posibilidad de una transaccional y, al mismo tiempo, decirle que no se ha fijado la posición sobre la enmienda presentada por nuestro
grupo en relación con la ubicación en la comunidad autónoma de Galicia de uno de esos buques de descontaminación.
Creo que podríamos aunar una enmienda conjunta y, si le parece, podríamos trabajar en ese sentido, si tienen la voluntad de hacerlo
que, por supuesto, por nuestra parte es total.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Brevemente, señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, presidenta.
Muy brevemente. Señora diputada, usted propone promover en el seno de la Unión Europea la creación de una unidad específica; la creación, no aumentar o mejorar o acelerar, no, propone crear una nueva unidad y esa unidad está ya creada. Y
el señor Rajoy, evidentemente vicepresidente en ese momento, dice, con palabras textuales: Se activó desde el primer momento el mecanismo comunitario. Y ese mecanismo comunitario que ahora mismo ya se ha mejorado, por supuesto, porque ha pasado el
tiempo, crea exactamente lo que usted pide, el mecanismo de información y de respuesta inmediata y durante las 24 horas del día los 365 días del año. Lo que usted pide sería duplicar mecanismos y eso, desde luego, nunca va a favor de la eficacia.
En cuanto a la segunda parte, nos parece que está fuera de lugar en este momento y de esta proposición no de ley; podría dar lugar a otra pero, desde luego, no es el momento ni se corresponde con lo que estamos discutiendo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aburto.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS:
- SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA AL MERCADO INTERIOR DE SERVICIOS. (Número de expediente Senado 663/000032 y número de expediente Congreso 161/000809.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto número 5, proposición no de ley sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al mercado interior de servicios, a propuesta del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista y tiene la palabra para la defensa de la proposición el señor Llamazares, en nombre del grupo proponente.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
En nuestra opinión esta iniciativa es importante porque en el momento de la presentación de la misma existía una inquietud en el ámbito de la Unión Europea respecto a la Directiva Bolkestein, y en estos momentos no solamente existe una
inquietud, sino que se ha aplazado la aplicación de la directiva y está sometida a un informe del Parlamento Europeo, que ya tiene un informe provisional que cuestiona algunos aspectos esenciales de la Directiva Bolkestein. Únicamente diré que al
menos en el informe provisional de la ponente Evelyne Gebhardt, socialista alemana, se cuestiona ese ámbito de aplicación al conjunto de los servicios, los limita y, por otra parte, también dicho informe cuestiona un aspecto esencial que ha sido
objeto de debate público y que es la reglamentación de esos servicios en base a la legislación del país de origen, cuestionándola incluso a la luz de la legislación europea y hablando de otros conceptos bien distintos con respecto a esa materia como
es el concepto de reconocimiento mutuo frente al país de origen.
Señorías, este tema ha sido objeto de debate en el proceso de ratificación del tratado constitucional europeo en varios países; es verdad que no tiene una vinculación directa al tratado pero, en definitiva, muestra que se haya producido
este debate, que existe una gran inquietud en la Unión Europea, tanto en relación con la forma de decidir en el marco de la Unión como con la existencia de un malestar respecto a la situación económica laboral y, en particular, con la situación de
los servicios públicos. Una parte de la sociedad europea piensa que está perdiendo derechos laborales y que al mismo tiempo se debilitan dichos servicios públicos en base a criterios como el de competencia. Eso es lo que ha provocado, en primer
lugar, la paralización de la directiva por parte de diversos gobiernos de los países miembros, en la cumbre anterior, como ustedes saben, y es lo que ha provocado que esta directiva haya sido sometida a un informe por parte del Parlamento Europeo.
En ese sentido, consideramos que el Gobierno español debe tener una orientación de esta Cámara para que exista un proceso ascendente con respecto a la posición en relación con esta directiva y creemos que esa posición, al menos, debe abordar los
temas fundamentales respecto a la comunitarización de los servicios. No se trata de eludir o confrontarlo con la comunitarización de los servicios, muy al contrario, sino que se trata, básicamente, de que esa comunitarización de los servicios o ese
mercado interior de los servicios sea compatible con el Estado del bienestar, que es una de las señas de identidad de la Unión Europea y que sea compatible también con los derechos laborales de los trabajadores europeos. Los trabajadores europeos
están preocupados por sus derechos laborales, legítimamente; están preocupados por la calidad de los servicios públicos y están preocupados también por las deslocalizaciones económicas e industriales.
Nosotros creemos que el Gobierno español debe
dar una orientación y tener un criterio en el marco de la Unión Europea, al igual que esa orientación está teniendo lugar en estos momentos en el debate que se ha abierto en el propio Parlamento Europeo dentro de los procesos de codecisión.
En ese sentido, nuestra iniciativa hace hincapié en dos aspectos esenciales: por una parte, en relación con el ámbito de aplicación, deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de esta directiva relativa a los servicios aquellos
servicios públicos y de interés general no sometidos a criterios de mercado. Estamos convencidos de que eso debe ser así; eso es así ya en el informe previo del Parlamento Europeo, pero nosotros creemos que esa posición debe ser defendida,
claramente, por parte de la Comisión y por parte del Gobierno español; por otra parte, que un criterio que se ha utilizado en la directiva y que ha sido rechazado no solamente por parte de gobiernos sino por parte de sindicatos y de trabajadores,
que es el criterio de país de origen, ese criterio debe ser sustituido por criterios como el que se ha elaborado en el del informe de la Comisión, que es el de reconocimiento mutuo, pero debe ser sustituido porque sería tanto como el criterio de que
una empresa de servicios que viniera a nuestro país lo hiciera en las condiciones laborales, legislativas y de todo tipo del país de origen, fomentando con ello un dumping social que en nuestra opinión crearía aún más inquietud entre los
trabajadores españoles.
De ahí la presentación de esta iniciativa. Frente a esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, algunos conceptos de esa enmienda pueden ser más claros para que a su vez
sea una enmienda más clara y más definida que permita una orientación a la Comisión y al Gobierno, pero en todo caso quedaremos a la explicación de la enmienda para fijar nuestra definitiva posición.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor Llamazares.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso el señor Barrio.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero que quiero decir es que compartimos el espíritu de la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, y no solamente el espíritu sino también las primeras palabras de su portavoz, el señor Llamazares, al referirse a la
importancia de este tema, porque creo que su relevancia trasciende la importancia del tema mismo. Me explico. A propósito de este asunto, como de otros muchos, creo que estamos ante dos visiones contrapuestas de la construcción europea. Para
algunos Europa debe ser fundamentalmente o casi solo un mercado y la ampliación europea, por ejemplo, es eso, una ampliación de mercado, esencialmente. Por tanto, en el mercado único no hay dumping social, cada uno se establece donde quiere, pone
los precios que le parece y el mercado decide si el producto es competitivo o no y ahí queda la construcción europea y queda todo el proceso. La otra visión, sin oponerse por supuesto a la creación de un mercado y especialmente en cuanto a los
servicios, porque es un sector esencial y puede serlo en la creación de empleo y en la construcción europea -es un sector que supone casi el 70 por ciento del PIB-, pero sin oponerse a la creación de un mercado único en cuanto a los servicios, lo
que hace es poner algunas cautelas, algunos límites, exigir armonizaciones previas. En realidad, como se ha dicho recientemente -hay un artículo muy bueno de los señores Torreblanca y Areilza-, el problema es que hasta la fecha en la esfera europea
las políticas de creación de mercados han avanzado más rápidamente que las políticas de corrección de mercados. Creo que el debate de la famosa Directiva Bolkestein -que ya no debería llamarse así porque el señor Bolkestein ya no es comisario y
afortunadamente esa directiva va a ser transformada, creo yo en profundidad- pone de manifiesto la profunda realidad de esta frase: Deberíamos ir a una política de corrección de mercados paralela a la de construcción de mercados porque, si no, el
riesgo que corremos es poner en cuestión el Estado del bienestar, poner en cuestión el llamado modelo social europeo.
¿Qué sentido tiene la enmienda? El sentido es que hay una negociación pendiente. Por supuesto, el señor Llamazares se ha referido al grupo que coordina la eurodiputada alemana Evelyne Gebhardt que ya tiene un informe previo en el que habla
de los temas de los que habla la proposición y de los que habla también la enmienda del Grupo Socialista. La idea nuestra es poner en claro los dos temas en los que creo que hay que fijar límites: uno, el llamado principio del país de origen y
quizá convendría muy brevemente, en tres líneas, decir qué significa esto. Esto significa que el prestador de un servicio sujeta su actividad a las normas y requisitos del país en que está establecido y no a las normas y requisitos del país al que
se desplaza para prestar el servicio. Esto, sin una normativa, sin un reconocimiento mutuo, como ha dicho el señor Llamazares, si no hay una armonización previa de los sectores en los que se aplique, lo que puede suponer, efectivamente, es que no
se aplican las normas ni de protección de consumidores ni de derechos laborales ni de calidad de servicio, ninguna norma del país de acogida, sino las normas del país de origen. Esto hay que ponerlo en cuestión, hay que analizarlo en profundidad,
hay que reconsiderarlo y, por lo tanto, ese es el primer punto de nuestra enmienda que recoge y quizá sintetiza otro punto de la proposición no de ley. El segundo punto, evidentemente, es la exclusión o al menos el estudio detallado de las
implicaciones que tenga sector por sector y muy especialmente en los servicios públicos o de interés general la aplicación de la Directiva de Servicios, de manera que se evite que pudiera comprometer los derechos de los trabajadores y de los
consumidores. Hay un tercer punto que creo que es también importante y es que, estando de acuerdo con que es necesario para la Directiva de Servicios que se simplifiquen los trámites de autorización de establecimiento, los trámites en cuanto al
desplazamiento de trabajadores, etcétera, toda esta simplificación de las condiciones de autorización tenga como contrapartida un control reforzado de la calidad profesional de los prestatarios de los servicios, de la calidad del propio servicio
ofrecido protegiendo de este modo los derechos de los consumidores.
Este es el sentido de nuestra enmienda y termino diciendo que me parece que lo que nos jugamos es efectivamente importante. Nos jugamos la viabilidad del Estado del bienestar europeo, del modelo social europeo y su compatibilidad con el
desarrollo económico, con el crecimiento y con la creación de empleo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrio.
En nombre de Entesa tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora presidenta.
Coincido con los dos oradores. Estamos ante un tema muy importante; espero que ya no ante una propuesta de directiva Bolkestein porque, como se ha dicho, probablemente tal y como está no va a continuar y no se va a aprobar. Quisiera
señalarle al señor Llamazares que si mi información no es equivocada,
nunca estuvo aprobada. Tenía una primera lectura y, por tanto, nunca llegó a ser realidad. Pero estamos ante un tema muy importante, en el que todas las precauciones por la calidad de los servicios, por la cohesión social y por los
derechos de los trabajadores son pocas a la hora de examinar este tema, y con eso no manifestamos ningún europesimismo, ni ninguna europrevención, ni ninguna reticencia hacia la comunitarización de los servicios, la libertad de circulación de las
personas y capitales, del conjunto que forma la Unión Europea. Sí quisiera señalar, como han hecho los dos oradores que me han precedido en el uso de la palabra, que es necesaria cualquier precaución por la calidad, por la cohesión social y por los
derechos de los trabajadores -estamos hablando del sector servicios que prácticamente funciona a base de personal, de trabajadores- y debemos vigilar mucho esta cohesión.
A veces se hace una comparación no del todo justa. Cuando comparamos la libertad de instalación del sector industrial en la Unión Europea, se da por descontado que cualquier empresa industrial que se instale en Luxemburgo, España, Portugal
o donde sea, va a acatar y a integrarse en el conjunto, en el entramado jurídico-legal e industrial de aquel país.
Eso que nos parece tan obvio para el sector industrial, ¿por qué no nos debe parecer a partir de ahora, y esto es lo que propugnamos
desde Entesa Catalana de Progrés, igual para los servicios y para la industria? ¿Qué tiene de diferencia el sector servicios respecto al sector industrial? Todos entendemos que si se fabrican coches en España por una multinacional, al final se
fabrican de acuerdo con la legislación laboral, social, de prevención de riesgos, etcétera, española. Lo mismo cabría decir -y aquí parafraseo al señor Barrio- respecto de los servicios. Por lo tanto, éste debería ser el principio iluminador que
sustituyese al torticero principio del país de origen que parecía encubrir condiciones laborales y de todo tipo muy distintas respecto de donde se venía y no adonde se iba a trabajar.
Por consiguiente, respecto a uno de los dos aspectos fundamentales, el principio del país de origen, nuestra posición sería, resumiendo mucho en aras de la brevedad, que se mantuvieran las mismas condiciones que para el sector industrial.
Es un sector que añade beneficios, el industrial y el de servicios también, pues tienen que tener las mismas condiciones, los mismos criterios, ¿por qué distintos? Con lo cual tendríamos resuelto el problema que debería guiar al menos a los
sectores progresistas y de izquierda en la Unión Europea para poner por delante la calidad y la cohesión social del conjunto de los ciudadanos europeos, fundamentalmente de los trabajadores, pero del conjunto de los ciudadanos porque unos son
trabajadores pero otros reciben los servicios y deben recibirlos con la calidad que merecen y con la calidad que esperan en función del entorno jurídico, político y social en que han venido recibiendo aquel servicio que hasta entonces lo prestaba,
quizás, una empresa del propio país, que puede ser prestado naturalmente por una empresa de otro país, siempre y cuando nos aseguremos de que la calidad va a ser igual o mejor, siempre y cuando nos aseguremos de que la cohesión social de aquella
empresa va a ser la misma que la de cualquier otra empresa del país donde se presta el servicio.
Creo que con estos criterios podríamos estar todos de acuerdo. Añado -y con esto termino, señora presidenta- que también me sumo a las prevenciones de los diputados, señores Llamazares y Barrio, respecto a la posible exclusión de algunos
sectores de servicios de la futura directiva. Nos estamos refiriendo -y ahí coincido con el señor Llamazares- a los servicios públicos de no mercado o no mercantilizables.
Para poner un par de ejemplos, al menos en nuestra concepción, la
educación, la salud, una seguridad social de tipo profesional y de reparto, son sectores en los que no debería poderse introducir este principio de la prestación por cualquier otra entidad. Este sería un elemento más difícil de precisar, pero como
principio quiero dejarlo sentado para fijar nuestra posición.
Dicho todo esto, señora presidenta, celebraríamos mucho que desde Izquierda Unida y el Grupo Socialista se pudiera llegar a un acuerdo sobre la propuesta que votaríamos con mucho gusto con ellos; si puede ser, por unanimidad, pero en todo
caso nos gustaría poder votar esta proposición no de ley con los dos grupos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espasa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Arias.
El señor ARIAS CAÑETE: Muchas gracias, presidenta.
En un contexto de globalización el mantenimiento del modelo social europeo lo primero que requiere es un crecimiento económico sostenido y estamos en una situación de la Unión Europea particularmente compleja, con muchos países del núcleo
duro que están creciendo muy por debajo de su potencial de crecimiento. Para evitar estos problemas en el Consejo Europeo de Lisboa, en su día, se fijó el objetivo de convertir a la Unión Europea en una economía basada en el conocimiento, más
dinámica y que fuera la más competitiva del mundo y que fuera a tener un crecimiento sostenible con mejoras del empleo y de la cohesión social. Esa era la ambición y el diseño que se hizo en Lisboa en el año 2000. Se proponían cinco ejes de
actuación, uno de ellos la plena realización del mercado interior -la libre circulación de servicios está en los tratados, pero no está desarrollada-. Y dentro de esta liberalización del mercado interior, la Directiva Bolkestein era una derivada,
un mandato claro del proceso de Lisboa, y es evidente que durante la singladura inicial de esta directiva no saltaron las alarmas en la Unión Europea; saltaron, curiosamente, en el curso del proceso de ratificación constitucional y algunos
utilizaron la directiva
como elemento para fundamentar un no a la Constitución y eso que la directiva no estaba en la Constitución, con lo cual tampoco tenía nada que ver con el fundamento del no a la Constitución.
Ahora nos encontramos en este debate con una propuesta de Izquierda Unida que, leída con todo el interés, primero pide la retirada de la directiva, es decir, que se retrase la liberalización del mercado interior durante un tiempo y, en
segundo lugar, cuando se vea el contenido concreto que se quiere dar a la futura directiva que la Comisión podría poner en marcha en sustitución de ésta, se dará una clara marcha atrás y prácticamente se convierte en imposible la liberalización del
mercado interior, porque se van haciendo tantos niveles de exclusiones que prácticamente no queda nada, pueden quedar los servicios financieros y poco más. Entonces, nos tenemos que plantear lo que queremos en la Unión Europea, es decir, está
econométricamente demostrado que cada vez que hemos hecho profundizaciones en el mercado interior hemos incrementado el crecimiento económico; solamente es imputable medio punto del crecimiento de la Unión Europea a la realización que hemos hecho
hasta la fecha del mercado interior y los estudios econométricos más recientes apuntan a que completar la liberalización de servicios añadiría otro medio punto más al crecimiento económico de una Unión Europea que está creciendo por debajo del 2 y
que no puede generar el empleo suficiente que reclaman sus economías. Por tanto, queremos jugar a todo: queremos jugar al proteccionismo, queremos mantener el modelo social y queremos hacerlo todo simultáneamente y las cuentas no cuadran.
En consecuencia, aunque en su formulación actual no podríamos aprobar la proposición no de ley de Izquierda Unida, sin embargo nos parece que la aproximación que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista es más coherente. Lo que se pide en
este momento es que se analice en profundidad, que haya un estudio y que, en todo caso, se aseguren las condiciones de autorización que tengan refuerzo de controles para que los consumidores sean protegidos. Nos parece que es una aproximación
racional el que haya más estudio y que se vea en toda su dinámica cuáles son las consecuencias de esta directiva. Pero, al final, no nos engañemos, nosotros entramos en la Unión Europea en el año 1986, teníamos diferenciales de costos que hacían
más atractivos nuestros productos, nadie ponía trabas a los productos elaborados en España con costos laborales más bajos, nadie lo hacía. Nadie nos puso trabas y nos permitió un desarrollo económico importante en su momento. ¿Qué estamos haciendo
en este momento? A los países de la ampliación, que pueden ser transitoriamente competitivos porque hay alineaciones de precios inmediatos en la Unión Europea, ponerles trabas y jugar al proteccionismo. Se ve que el proteccionismo en proceso de
globalización da pocos resultados, porque a lo mejor somos muy proteccionistas en la Unión Europea y otros son más competitivos en otras áreas. Creo que al final nuestro grupo prefiere la aproximación del Grupo Socialista.
Estudiemos, analicemos,
pero no paralicemos la tramitación de una directiva que es compleja, que tiene segundas lecturas, que tiene posiciones comunes, que requerirá acuerdos entre Consejo y Parlamento y que tendrá una larga singladura, pero paralizar lo que está en marcha
en lugar de estudiarlo y modificarlo nos parece que es una mala aproximación. Por lo tanto, si el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds aceptara la enmienda socialista, nuestro grupo apoyaría la
proposición no de ley y, en caso contrario, votaríamos en contra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arias.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Nosotros coincidimos en esta materia con quienes también han propuesto el voto favorable al tratado constitucional europeo y coincidimos hace años ya con respecto al tema de la directiva con los sindicatos
europeos, por ejemplo, en esta materia. En relación con la propuesta, es una propuesta que pretende la armonización y no el proteccionismo. En este sentido, nos parece que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista va en el camino de nuestra
propuesta; no es nuestra propuesta, pero nos puede satisfacer, siempre y cuando se hagan dos apreciaciones muy concretas. En el punto uno, donde dice: Se analicen en profundidad las implicaciones del principio de país de origen, nosotros
desearíamos que se recogiera una matización: Que se reconsidere en profundidad las implicaciones del principio del país de origen, cosa que está en estos momentos en debate dentro de la propia Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo;
reconsideración del principio de país de origen porque incluso ya utilizan otro término que es el de reconocimiento mutuo y no país de origen. En segundo lugar, en el punto dos de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista se pide que se
realice un estudio exhaustivo de los denominados servicios de interés general y de los servicios públicos, pudiendo, si los estudios realizados determinan la idoneidad de tal medida, quedar algunas actividades... Yo diría: quedar dichas
actividades -que tienen que ver con los servicios públicos- excluidas de la aplicación de la directiva. Esas son las dos apreciaciones únicas que proponemos a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que no es nuestra posición inicial, pero
va en el camino de la misma.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Llamazares. Queda, pues, pendiente la votación al final de la toma en consideración de las proposiciones.
- SOBRE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente Senado 663/000033 y número de expediente Congreso 161/000825.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto seis del orden del día, proposición no de ley sobre las Perspectivas Financieras de la Unión Europea. El grupo proponente es Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se ha
presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y, sin más, le doy la palabra al señor Llamazares en nombre del grupo proponente.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
La paradoja de esta iniciativa es que si se hubiera producido como se esperaba, el resultado de la cumbre europea más reciente, esta iniciativa no hubiera tenido ningún sentido. Esta iniciativa tiene sentido básicamente para orientar al
Gobierno en relación con los fondos europeos, en relación con el debate de los escenarios financieros. En ese sentido, creemos que la Unión Europea se presenta en esta materia ante la cuadratura del círculo, que es, por una parte, la ambición de la
Unión Europea en materia de ampliación y, por otra parte, sus escasos recursos.
En materia de escenario financiero habría que recordar a Delors, cuando decía: los recursos o los medios para nuestras ambiciones. En este caso nuestras ambiciones
son muy importantes, 25 Estados miembros, pero nuestros medios para las ambiciones son los mismos o menos de los que teníamos con anterioridad. En ese sentido, frente a esta cuadratura del círculo nuestro grupo parlamentario plantea algunas
iniciativas que siguen estando de actualidad. Desgraciadamente no ha habido acuerdo respecto al escenario financiero y, por tanto, siguen estando de actualidad unas orientaciones con respecto al futuro de los escenarios financieros que van en el
siguiente sentido: en primer lugar, en que se defienda el nivel máximo del porcentaje de la renta nacional bruto previsto por la Comisión, al objeto de que al menos se mantenga el esfuerzo actual a favor de territorios menos desarrollados en la
Unión Europea, es decir, que no se acepte un descenso mayor del que ya plantea la propia Comisión Europea respecto al esfuerzo presupuestario de la Unión para el periodo próximo del escenario financiero 2007-2013. En segundo lugar -y esto afecta a
nuestro país y a comunidades autónomas que han sido hasta hace poco tiempo objetivo 1 y que han quedado fuera por el efecto estadístico de la ampliación-, lo que planteamos es que se promueva ante la Unión Europea que los mecanismos transitorios que
se articulen prevean un tratamiento específico y singular favorable a los países, en el caso de los fondos de cohesión pero también en el caso de fondos estructurales, a las regiones que superan el umbral de riqueza por el llamado efecto
estadístico, es decir, que no es que hayan crecido por encima sino que el efecto de la ampliación produce una rebaja de sus expectativas en materia de fondos europeos. En tercer lugar y de acuerdo con la Estrategia de Lisboa y, es más, a medio
plazo, planteamos que junto al término de PIB per cápita, necesario para la consideración de país o región, en este caso, objeto de fondos estructurales o fondos de cohesión, se tengan en cuenta en el futuro otros criterios adicionales como la
situación de desempleo, la formación, el desarrollo del Estado del bienestar, el medio ambiente, etcétera, que nos parecen importantes para la percepción de fondos en el marco de la Unión Europea y para que se haga posible el criterio de cohesión en
el marco de la Unión Europea.
Esos son los criterios que nosotros hemos presentado. Creemos que son criterios claros pero, al mismo tiempo, dejan margen de maniobra a la negociación por parte del Gobierno respecto al resto de los gobiernos europeos en el marco de la
futura cumbre que tratará de esta materia -no ha sido así en esta ocasión, que se han preocupado más de los ingresos, aunque también de los gastos-, y en este caso creemos que esta orientación, aunque parezca paradójico, sigue siendo una orientación
actual, aunque hubiera sido totalmente anacrónico si este fin de semana se hubieran producido cambios. En ese sentido planteamos estos criterios que nos parecen adecuados para la orientación del Gobierno en relación con las perspectivas financieras
en el periodo 2007-2013.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Llamazares.
En el turno de defensa de enmiendas tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Arias.
El señor ARIAS CAÑETE: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo propone una enmienda. Podemos compartir el texto de la proposición no de ley, pero a la vista de cómo se han desarrollado las negociaciones de las Perspectivas Financieras y del contenido de las sucesivas propuestas de
compromiso de la presidencia luxemburguesa en la que a España le reconocían una parte, probablemente la cuarta o quinta parte, del Fondo de Cohesión, pero le hacían recortes muy potentes en otras políticas comunitarias y discriminaciones muy
importantes en las regiones que salen del objetivo 1 por convergencia estadística con tratamiento más favorable a otras regiones europeas y problemas con las regiones ultraperiféricas, nuestro grupo entiende que la enmienda de modificación que
presentamos es más concreta y permite articular, en este periodo de reflexión que se abre bajo la presidencia británica, mejor la defensa de las posiciones españolas, abriendo un abanico de posibilidades que contrarresten todos los aspectos más
negativos de las propuestas de compromiso que al final estaban encima de la mesa, sabiendo que entramos en este momento en un escenario nuevo, en una presidencia
británica que probablemente pueda no seguir con esos mismos ejes de desarrollo y plantear alternativas que sean todavía mucho más lesivas para nuestro país como el desmantelamiento de la Política Agraria Común, con lo cual habría que
integrar ese debate también en el seno de este debate.
Por lo tanto, como la propuesta de Izquierda Unida sigue siendo de actualidad, porque este debate no se ha cerrado y como previsiblemente va a haber mucho tiempo para corregir, para que haya un debate largo, sosegado y prudente; como además
tenemos un problema añadido que es la situación de las comunidades como Galicia y Castilla-La Mancha que por el retraso en las negociaciones pueden salir del objetivo 1 y tener un tratamiento más perjudicial, es por lo que nosotros presentamos esta
enmienda donde estamos pidiendo un mejor tratamiento para estas regiones que abandonen el objetivo 1 por efecto estadístico del 75 por ciento, nos parece que el texto de nuestra enmienda completa el texto de Izquierda Unida e incluso puede ser de
adición o de cualquier otra fórmula y da más especificidad a la pretensión que creo que tenemos todos, que es que nuestro país reciba un tratamiento equilibrado en las próximas Perspectivas Financieras.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arias.
En el turno de portavoces tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Muy brevemente, señora presidenta.
Es cierto que la iniciativa tiene actualidad por el desenlace no querido del último Consejo Europeo, pero no es menos cierto, como decía el portavoz del Grupo Popular, que se abre toda una nueva perspectiva y una nueva dinámica de
negociación de la posición de España respecto a las Perspectivas Financieras de la Unión Europea para el próximo septenio. No sé si no sería prudente -lo someto a la consideración de los grupos, tanto del proponente como del enmendante- plantearse
un receso en esta cuestión, meditarlo más y elaborar una posición conjunta, a poder ser, de toda la comisión de cara a esta nueva perspectiva de negociación que se va a abrir. Podemos aprobarlo hoy, pero me parece un poco coyuntural, aunque es
evidente que depende de los grupos, tanto del proponente como del enmendante. Me parecería mucho mejor una reflexión más a fondo de lo que se va a abrir en el próximo semestre en la presidencia británica donde todos, desde posiciones quizá no
coincidentes pero, en el fondo, básicamente coincidentes en defensa de los intereses españoles, deberíamos confluir con el Gobierno incluso en crear o configurar una posición española que incluyera, por supuesto, las distintas comunidades autónomas
y todos los efectos de comparación estadística que se han mencionado y que tuviese más potencia que no la aprobación ahora de una proposición no de ley, que es más coyuntural. Pero, repito, es solo una reflexión que someto a la consideración del
resto de la comisión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espasa.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra su portavoz, la señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, como decía el señor Llamazares en su intervención de presentación de su propuesta, hoy podía haber dejado de ser posible debatir esta proposición no de ley en comisión por haber logrado un acuerdo presupuestario en el Consejo
de Luxemburgo, tal y como estaba establecido. Lamentablemente -creo que hay que decir lamentablemente-, el acuerdo presupuestario no ha sido posible porque el primer presupuesto de la Unión Europea ampliada a 25 era un presupuesto y una negociación
sumamente compleja, pero indudablemente también tenía una importancia y una relevancia política de primer orden, no solamente por ser el primer presupuesto de la Unión ampliada, sino por el contexto político que vivimos en estos momentos. Siendo
así, teniendo como tiene actualidad, puesto que el periodo de negociación sigue abierto, lamentando como he dicho nada más comenzar mi intervención el que no haya habido acuerdo, también quiero recordar que hay un margen y un tiempo amplio para el
mismo. El otro día el secretario de Estado nos recordaba que el anterior acuerdo político del Consejo financiero, el de Berlín, se tomó nueve meses antes que la entrada en vigor del mismo. Por lo tanto, indudablemente, hay que seguir trabajando y
hay que hacer un esfuerzo importante por llegar a un acuerdo, a un consenso, para que la Unión Europea ampliada disponga cuanto antes de este marco presupuestario. En este sentido, los objetivos fijados en la iniciativa de Izquierda Unida,
defendida por el señor Llamazares, son ambiciosos, son los que ha estado defendiendo el Gobierno de España en la anterior negociación para la cumbre de Luxemburgo y que indudablemente seguirá manteniendo ahora. Por una parte, es de todos conocido
que en relación con el techo presupuestario hay una batalla política importante entre aquellos países que se consideran contribuyentes netos y los países que estiman que no es posible hacer una política de mayor integración con menos presupuesto
para una Unión ampliada a veinticinco. Por tanto, la defensa política que el Gobierno socialista ha hecho del techo presupuestario propuesto por la Comisión ha sido siempre clara y nítida. Hay otro objetivo muy importante que es que todas aquellas
regiones, comunidades autónomas españolas, que se ven fuera del objetivo 1 o de lo que se va a denominar objetivo pleno, no por el principio de convergencia, es decir, por haber adquirido más del 75 por ciento de su renta en
una Unión a 15, sino por lo que denominamos efecto estadístico en una Unión a 25, sigan teniendo garantizado un margen de disposición de fondos estructurales y un tratamiento importante dentro de lo que en el nuevo esquema presupuestario es
la categoría o la subrúbrica 1.b de cohesión para el crecimiento y para el empleo. Asimismo, otro objetivo es el mantenimiento de periodos importantes de transición en las salidas de las regiones que por efecto de convergencia dejan de ser objetivo
1.
En definitiva, este planteamiento que se puede resumir también en dos principios: el principio de gradualidad y el de transición en la salida de los fondos, tanto de fondos estructurales como de fondos de cohesión, ha sido una línea y el
esqueleto argumental de toda la defensa que indudablemente el Gobierno español está haciendo en las negociaciones de este presupuesto comunitario. Gradualidad y transitoriedad, tanto en la salida de fondos estructurales como de fondos de cohesión
que, por otra parte, no son la petición de la aplicación de principios revolucionarios, sino de aquellos principios que están claramente ya presentes en el acervo comunitario.
Por lo tanto, en relación con la propuesta de Izquierda Unida, por parte del Grupo Socialista no habría ningún problema en su aceptación puesto que, como he dicho, recoge objetivos ambiciosos pero son los que han estado marcados y presentes
en todo el trabajo del Gobierno socialista, en la negociación de las Perspectivas Financieras.
En relación con la enmienda presentada por el Partido Popular y defendida por el señor Cañete, creo que en un proceso de negociación como en el que estamos no es posible en una proposición no de ley instar al Gobierno dándole instrucciones
de negociación, que es lo que me parece más su enmienda y, por tanto, no estamos de acuerdo en absoluto; por el modelo, porque no es instar sino establecer una serie de instrucciones en una negociación abierta y compleja, como todos hemos
reconocido.
Respecto a la propuesta que hace el señor Espasa, que nos lanza ahora en este momento, de poder llegar a retirar esta propuesta si el grupo proponente estuviera de acuerdo, para buscar otra propuesta más amplia en el seno de la Comisión
donde pudiera haber mayor consenso, nuestro grupo tampoco pondría ningún impedimento, pero quiero manifestar que en este caso el Grupo Socialista votaría afirmativamente la propuesta de Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene de nuevo la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Sin perjuicio de que sea posible una mayor concreción, como plantea el Grupo Parlamentario Popular o que podamos tener un mayor tiempo para fijar una posición de fondo de la comisión, nosotros creemos que está bien tener un punto de partida
y en ese sentido consideramos que las orientaciones que proponemos son orientaciones al mismo tiempo ambiciosas y que permiten margen de maniobra al Gobierno en la negociación. Por tanto, mantenemos nuestra propuesta tal y como está.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Queda pendiente la votación sobre este punto.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE DIRIJA A LA COMISIÓN EUROPEA PARA QUE EXHORTE A LAS AUTORIDADES LIBIAS A PROCURAR UN JUICIO JUSTO A LOS MÉDICOS Y SANITARIOS ACUSADOS DE LA INFECCIÓN
POR EL VIRUS DEL SIDA EN EL HOSPITAL AL-FATIH EN BENGHAZI. (Número de expediente Senado 663/000039 y número de expediente Congreso 161/000995.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto séptimo del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que se dirija a la Comisión Europea para que exhorte a las autoridades libias a procurar un juicio justo a los médicos
y sanitarios acusados de la infección por el virus del sida en el hospital Al-Fatih de Benghazi.
Es una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. No se han presentado enmiendas.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Perdón, señora presidenta, una pregunta que me piden que haga: ¿vamos a mantener la hora de votación a las dos?
La señora PRESIDENTA: Sí, la tenemos que mantener, porque es un anuncio que se ha hecho. La única posibilidad es que todos los grupos estuvieran de acuerdo en todos los puntos del orden del día, cosa que me parece que está claro que no es
así, con lo cual tenemos que mantenerlo. Hemos ido muy rápido pero suspenderé la sesión cuando terminemos este punto y la retomaremos a las dos para la votación.
Señor Castro, tiene usted la palabra.
El señor CASTRO RABADÁN: Señora presidenta, para comprender y ver la necesidad y la oportunidad de la PNL que se presenta por este grupo parlamentario, permítanme que haga una breve exposición de los antecedentes que dan lugar a esta
proposición no de ley.
El 9 de febrero del año 1999 las autoridades libias detienen a 23 personas búlgaras que trabajaban como personal sanitario en el hospital Al-Fatih de Benghazi, a seis de ellas, un médico y cinco enfermeras, se les mantiene
incomunicados durante varios meses; el resto
es liberado. Al parecer, durante la detención se produjeron malos tratos, las condiciones penosas fueron lamentables y al menos dos de los detenidos sufrieron graves torturas.
El 7 de febrero del año 2000 comienza ante el Tribunal Popular el caso número 44/99, el Tribunal Popular es un órgano judicial especial que solo conoce de casos que atenten contra la seguridad nacional y hay que decir que, aparte del
personal búlgaro, son acusados un médico palestino y nueve libios.
Los cargos, castigados con la pena de muerte según la ley libia, son los siguientes: realizar acciones en territorio libio conducentes al asesinato incontrolado con el objetivo de desestabilizar la seguridad del Estado -al parecer, las
autoridades libias llegaron a considerar esas acciones como un complot organizado por los servicios de inteligencia extranjeros-; provocar epidemias inoculando el virus del sida a 393 menores del hospital Al-Fatih de Benghazi; y cometer asesinatos
utilizando sustancias letales al inocular el virus del sida a los menores.
El 8 de julio de 2003 comienza el juicio ante el tribunal de Benghazi. En el verano de 2003 el codescubridor del virus del sida, el francés Luc Montaigner y el italiano Vittorio Colizzi, presentan, tras un año de trabajos, el informe que
había sido solicitado por las autoridades libias. Sus conclusiones muestran, categóricamente, que el virus se transmitió por una infección hospitalaria debida a la falta de higiene y a la reutilización del material sanitario, que había comenzado a
actuar al menos un año antes de que el personal sanitario búlgaro fuera contratado por el hospital de Benghazi.
Posteriormente hubo un informe de cinco expertos libios que contradecía el informe presentado anteriormente y decían que habían tenido responsabilidad directa los condenados. En vistas de 12 de enero y 9 de febrero de 2004, la defensa
presenta el testimonio de las opiniones de tres científicos norteamericanos y dos italianos, los cuales apoyan en informes escritos las conclusiones de Montaigner y de Colizzi diciendo que era una infección hospitalaria.
El 6 de mayo de 2004 el tribunal sentencia a muerte por fusilamiento a las enfermeras búlgaras y al médico palestino. Normalmente las ejecuciones no se llevan a cabo en Libia, aunque sí se produjeron algunas, en otros casos, en agosto de
2004. El médico búlgaro fue condenado a cuatro años de prisión, pero al haber permanecido detenido cinco años fue liberado; los médicos libios fueron declarados inocentes. La defensa de los búlgaros recurrió ante el Tribunal Supremo.
La actitud de las autoridades no judiciales libias durante los últimos meses ha sido desalentadora. En diciembre, el titular de Exteriores y el hijo del coronel Gaddafi hicieron declaraciones ante el Congreso Popular General de mediados de
enero donde subrayan que se trata de un crimen contra la humanidad y se pide una indemnización justa y la máxima pena para los condenados, aunque el Primer Ministro aseguró que esas declaraciones no influirían en el proceso. Se unen a estas
declaraciones las del coronel Gaddafi que durante la Cumbre de la Liga Árabe reciente, del pasado marzo, juró ante Dios que no liberaría a los condenados.
También, a las demandas de indemnización se añade recurrentemente la vinculación de la suerte
de los condenados a la del acusado por el caso Lockerbie, detenido en Inglaterra, me parece.
Por todo lo expuesto, según diversos organismos internacionales, el juicio contra estos ciudadanos búlgaros, palestinos y libios, no ha contado con todas las garantías procesales debidas y con el respeto pleno a los derechos reconocidos
internacionalmente de los acusados. Por ello se presenta esta proposición no de ley, que dice lo siguiente: La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno de España a que se dirija a la Comisión Europea para que exhorte a las
autoridades libias, en cumplimiento del Derecho internacional, a procurar un juicio justo, con todas las garantías procesales y el pleno respeto a los convenios internacionales.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Castro.
A continuación, en el turno de intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señora presidenta.
Vamos a apoyar la proposición. Estamos de acuerdo con la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista y con la explicación y los detalles que nos ha dado el señor Castro. Quería añadir alguna cuestión más sobre este asunto tan
terrible, terrible por la acusación a este médico y a estas enfermeras, por la penuria en la que ha transcurrido su encarcelamiento durante aproximadamente seis años, por saber que no se han cumplido las condiciones suficientes y necesarias de
defensa de las personas inculpadas y por las circunstancias que han rodeado la detención, encarcelamiento y acusación de estas personas por parte de las autoridades y distintos poderes libios. Todo ello hace que el asunto sea verdaderamente grave,
que sea dramático y que merezca la actuación de la Unión Europea, del Gobierno español y de las Cortes Generales. Y a esto voy. En anteriores ocasiones, años atrás, hemos instado ya a las autoridades libias a que se propiciara a estas personas una
defensa y un juicio justo. Hace aproximadamente dos años, con ocasión de una reunión de parlamentos euromediterráneos en la ciudad de Trípoli, tuve ocasión junto con varios senadores -éramos varios diputados y yo en mi calidad entonces de
vicepresidenta del Congreso-, entre ellos quien hoy es presidente del Senado, de transmitir la preocupación de las Cortes Generales por la situación en la que se encontraban estas seis personas.
Se lo dijimos en aquella reunión en Trípoli
personalmente al presidente del Parlamento y se lo dijimos también al ministro de Asuntos Exteriores. El señor Rojo, el actual presidente, también estaba verdaderamente interesado en poner de manifiesto la situación de estas personas. Su
respuesta fue, tras escucharnos atentamente, que el caso se estudiaría, que tendrían en consideración nuestras palabras, que sabían que lo hacíamos en nombre de las Cortes Generales y así quedó la cosa porque dadas las actitudes de dirigentes libios
y de su lenguaje, era difícil saber qué iban a hacer o qué estaban pensando cuando les estábamos hablando de la atrocidad que se estaba cometiendo, a nuestro juicio, con estas personas. Pero no quedó ahí la cosa. Después, con ocasión del viaje del
anterior presidente del Gobierno a Libia, transmitimos también a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España la preocupación de las Cortes Generales y que insistíamos en las circunstancias de la detención de estas personas y en nuestra
preocupación por el juicio al que iban a ser sometidas. Recuerdo y tuve noticias después de que en aquel viaje oficial del anterior presidente se transmitió al Gobierno la preocupación también del Gobierno español por estas circunstancias.
Posteriormente, con ocasión de algunas otras reuniones y con ocasión de otros asuntos que nos conducían a éste, hemos reiterado desde varias instancias a la Unión Europea nuestra preocupación y, modestamente, porque no es más que una pequeñísima y
mínima aportación, tan pronto el senador Rojo fue elegido presidente del Senado, mantuvimos una conversación en esta Casa al considerar que él estaba en condiciones muy buenas desde la presidencia del Senado para dirigirse a quien acababa también de
tomar posesión como ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos, para que a su vez emprendiera las oportunas acciones en los niveles europeos e internacionales. Con ello quiero decir -seguro que ha habido otras acciones que yo no conozco o de
las que yo no tengo noticia, pero éstas las he vivido y las he expresado con toda la vehemencia posible, dentro de la educación y de la cortesía parlamentaria-, con ello quiero decir que por supuesto ahora nos unimos, y yo me uno, a la proposición
que hace el señor Castro. Sabrán las señoras y los señores parlamentarios que las últimas noticias no son buenas, porque el juicio que se ha iniciado el 30 de marzo ha tomado muy mal cariz y, además, porque han sido absueltos en el mes de junio,
entre el 9 y el 13 de junio, varios policías que habían sido acusados de maltrato a estas enfermeras y a este médico. Han sido puestos en libertad o, mejor dicho, absueltos y la comisaria, señora Benita Ferrero, ha expresado recientemente su
preocupación por lo que acaba de ocurrir, que es un síntoma no bueno, digámoslo suavemente, de lo que les podría ocurrir a estas enfermeras y a este médico. Creo que hay que mantener todavía la prudencia y así lo pide además el primer ministro
búlgaro, que las autoridades europeas y los parlamentos mantengan el interés pero dentro de una prudencia necesaria -él sabrá bien por qué lo dice, siendo el primer ministro-.
Estas son, lamentablemente, las circunstancias. No podemos dejar de sospechar que hay otras circunstancias de carácter político que no tienen nada que ver con la acción o no acciones de estas personas hoy encausadas. Creo que hay otras
circunstancias político-económicas que están pesando también sobre el Gobierno libio. Pero, en fin, sería muy delicado y seguramente no oportuno adentrarnos en esas cuestiones en este momento. En resumen, con todo interés y afán y con la mayor
solidaridad nos unimos a esta petición para que, a su vez, el Gobierno de España, ante la Unión Europea, vuelva a plantear las circunstancias dramáticas por las que estas personas están, injustamente, padeciendo una situación no propia de ningún
Estado de Derecho.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Becerril.
Éste, efectivamente, es un asunto que, como se dice en términos coloquiales, clama al cielo y estoy segura de que habrá consenso entre todos los grupos parlamentarios. A título meramente informativo, como la señora Becerril se refería a esa
petición de prudencia por parte de las autoridades búlgaras, tengo que decir que en los tiempos en que yo he estado directamente involucrada, se trataba de un problema muy inmediato, era el miedo a que pudieran empeorar las condiciones de detención
de estas personas; miedo clarísimo a que hubiera un exceso.
Otra reflexión que pongo sobre la mesa. Sin perjuicio de que suscribo plenamente, con entusiasmo, que el Gobierno de España se dirija a la Comisión Europea, tenemos que ser conscientes de que Libia es el único país de la cuenca mediterránea
que no tiene acuerdo bilateral con la Unión Europea, con lo cual, lo del margen de maniobra de la Comisión Europea queda muy limitado. La vigencia de Libia -y antes el señor Moscoso lo recordaba- es que ahora, en el marco del Proceso de Barcelona,
se está iniciando una aproximación y, previsiblemente, Libia tenga estatus de observador -todavía no, desde luego, de miembro de pleno derecho, en el Proceso de Barcelona, pero sí de observador- en el mes de noviembre y éste es un asunto, por
supuesto, de Consejo Europeo, no de Comisión Europea. Lo dejo sobre la mesa para la consideración de los distintos señores portavoces, sin perjuicio de que vuelvo a decir que, como todos los miembros de esta Comisión, me sumo a lo procedente de
esta proposición no de ley.
Teníamos un octavo punto del orden del día que la Mesa y los portavoces han decidido posponer hasta septiembre a la vista de las circunstancias especiales en que nos hallamos en el marco de los procesos de ratificación del tratado
constitucional, que ahora ya parece que su denominación exacta desde el punto de vista jurídico, formal, es: el tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Quedando, pues, pospuesto este punto del orden del día y como habíamos
tomado el acuerdo de votar a las dos de la tarde, suspendo la sesión hasta esa hora. Les rogaría puntualidad, en aras del interés de todos. A las dos votaremos.
Muchas gracias. (Pausa.)
Son las dos y dos minutos. Retomamos nuestra reunión.
Pasamos a la votación de las distintas proposiciones no de ley y sus enmiendas.
La primera proposición no de ley es la relativa al reconocimiento del hecho insular en la Constitución europea. Se acepta la enmienda y, por lo tanto, someto a votación el texto que resultaría de la enmienda planteada por el Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
El segundo punto del orden del día era la proposición no de ley sobre las relaciones Unión Europea-América Latina y Caribe. Los grupos Popular y Socialista han llegado a un texto transaccional que va a ser leído por el señor secretario
primero.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Moscoso del Prado Hernández): Texto transaccional: 'Impulsar las relaciones de la UE y América Latina y Caribe, y proseguir las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica. Trabajar
activamente con la presidencia británica para que en su presidencia concluyan las negociaciones entre la UE y MERCOSUR y se firme el Acuerdo de Asociación birregional que abarque las cuestiones políticas, económicas, comerciales y de cooperación,
según lo acordado en la cumbre de Guadalajara de mayo de 2004. Promover activamente e impulsar las negociaciones de Acuerdos de Asociación con América Central y la Comunidad Andina, que reforzarán las relaciones existentes entre las partes, así
como una mayor integración económica, política y de cooperación a nivel regional'.
La señora PRESIDENTA: Someto a votación el texto que resulta de esta enmienda transaccional.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos al punto tercero del orden del día: proposición no de ley sobre relanzamiento del Proceso de Barcelona. En este punto, someto a votación el siguiente texto compuesto: texto del Grupo Socialista en el que dicho grupo plantea que la
Comisión Mixta Congreso-Senado inste al Gobierno, con los puntos uno, dos y tres. Continuaría la proposición no de ley incorporando de la enmienda del Grupo Popular el párrafo tercero que se transformaría en punto cuatro y el cuatro de la enmienda
popular que se transformaría en punto quinto. Por último, se añadiría como punto sexto del texto sometido a votación la enmienda socialista de adición. ¿Queda entendido por todos? (Pausa.)
Someto a votación el texto de la proposición no de ley que resultaría de la lectura que acabo de hacer.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al punto cuarto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la creación de un órgano de coordinación para catástrofes en el seno de la Unión Europea. En este punto, los grupos Popular y Socialista han acordado una enmienda
transaccional que sustituye el texto completo y que va a ser leída por el señor secretario primero.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Moscoso del Prado Hernández): 'El Gobierno continúa impulsando las unidades específicas de coordinación de las que dispone la UE para la asistencia en caso de catástrofes medioambientales o marítimas ocurridas
dentro de la UE, y promoverá la aceleración y el seguimiento de las medidas establecidas en los mecanismos comunitarios de cooperación, en concreto, el sistema común de comunicación e información de emergencias (CECIS), las Decisiones
2001/792/CE/Euratom y, en especial, las referidas a las tareas, funciones y medios encomendados a la Agencia Europea de Seguridad Marítima'.
La señora PRESIDENTA: ¿Están de acuerdo los señores proponentes de la enmienda transaccional con el texto leído, con una corrección puramente gramatical: El Gobierno continuará o se insta al Gobierno a continuar? (Pausa.)
Someto a votación, pues, dicho texto.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos al punto quinto del orden del día: proposición no de ley sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al mercado interior de servicios. En este punto hay un acuerdo entre los grupos proponente y
enmendantes para sustituir el texto original por la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con dos cambios: en el primer guión, después de: 'Asimismo, y como medidas concretas, la Comisión Mixta para la Unión Europea insta al
Gobierno a: Que dadas las actuales disparidades en materia de cobertura social y en materia tributaria...',
en vez de: ', se analice...', queda sustituido por: ', se reconsidere...'.
En el segundo guión, en vez de: ', quedar algunas actividades excluidas...', sería: ', quedar dichas actividades excluidas'. ¿Queda claro el texto que se somete
a votación? Pues lo someto a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se trata de la proposición no de ley sobre las Perspectivas Financieras de la Unión Europea, proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds. No hay enmiendas y someto a votación el texto original presentado por el grupo proponente.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos al último punto del orden del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que se dirija a la Comisión Europea para que exhorte a las autoridades libias a procurar un juicio justo a los médicos y sanitarios acusados
de la infección por el virus del sida en el hospital Al-Fatih de Benghazi. Proposición del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso que someto, en su texto original, a votación.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos.