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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 39, de 21/06/2005
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 39
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC ANTICH OLIVER
Sesión núm. 10
celebrada el martes, 21 de junio de 2005,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las siguientes propuestas de resolución: - Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y de sus sociedades mercantiles participadas, ejercicios 2000 y 2001. (S. 771/000058; C.D.
251/000058.) ...
(Página 2)
- Informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos de la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio de 2001. (S. 771/000010; C.D. 251/000011.) ... (Página 4)
- Informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A., ejercicio 2001.
(S. 771/000034; C.D. 251/000034.) ... (Página 5)
- Informe de fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ejercicio 2001. (S. 771/000030; C.D. 251/000032.) ... (Página 5)
- Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la Agencia de Protección de Datos durante el ejercicio 2001. (S. 771/000056; C.D.
251/000056.) ... (Página 7)
Comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas, excelentísimo señor don Ubaldo Nieto de Alba, para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización de la contabilidad electoral de las Elecciones a Cortes Generales de 14 de marzo de 2004. (S. 771/000070; C.D.
251/000069.) ... (Página 9)
- Informe de fiscalización de la contabilidad electoral de las Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio de 2004. (S. 771/000071; C.D.
251/000070.) ... (Página 9)
- Informe de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el impacto medioambiental en las obras promovidas por las empresas estatales en el período 1998-2002. (S. 771/000061; C.D.
251/000063.) ...
- Informe de fiscalización sobre el análisis de la eficiencia del Proyecto RHODAS: Migración a estaciones de trabajo LINUX para el usuario final en el Ministerio de Administraciones Públicas. (S. 771/000065; C.D.
251/000065.) ...
- Informe de fiscalización de la Agencia EFE, S.A., ejercicio 2001. (S.
771/000066; C.D. 251/000066.) ... (Página 21)
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (MÁLAGA) Y DE SUS SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS, EJERCICIOS 2000 Y 2001. (S.
771/000058; C.D. 251/000058.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, debate y votación de las propuestas de resolución.
En primer lugar, informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y de sus sociedades mercantiles participadas, ejercicios 2000 y 2001.
Se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, tiene la palabra doña Ángeles Muñoz, en representación del Grupo Parlamentario Popular, para defender sus propuestas de resolución y fijar posición.
La señora MUÑOZ URIOL: Gracias, señor presidente.
Agradezco la colaboración que en este caso nos va a prestar el Grupo Parlamentario Socialista. A nuestro juicio, se trata de unir esfuerzos, más si cabe en el caso de Marbella, por lo que no podíamos entender más que la resolución que se
aprobara tras este informe de fiscalización contara con el consenso de los dos grupos mayoritarios. Por tanto, nuestro grupo ha consensuado una propuesta de resolución única que vamos a defender porque, a la vista de las irregularidades que se han
puesto de manifiesto en este informe de fiscalización, la gravedad de los hechos no podía conducir a otra solución que no fuera ésta.
Lo que nosotros proponemos con esta resolución es que se vea claramente que los poderes públicos, todos ellos, deben velar y salvaguardar los derechos de los ciudadanos y, en el caso de Marbella, decir a estos que lo que ha ocurrido durante
estos años y lo que pone de manifiesto este informe de los años 2000 y 2001 es que se ha ejercido un abuso generalizado en el más amplio sentido de la palabra. Podrían ser múltiples los calificativos que podríamos añadir a ese informe porque son
muchos también los calificativos que los propios interventores manifiestan en el mismo. En cualquier caso, entendemos que ese calificativo de abuso generalizado expresa lo que ha conllevado la gestión de los representantes de Marbella.
El Tribunal de Cuentas describe una pérdida de patrimonio de cientos de miles de metros cuadrados,
hecho que actualmente repercute en la situación en la que se encuentra la localidad, con esa falta de patrimonio para poder disponer de equipamientos y de zonas que hoy por hoy resultan muy necesarias en Marbella y en San Pedro. Hay una
pérdida de plusvalías generalizadas.
Fíjense que el propio Tribunal, haciendo un cálculo somero, habla de más de 130 millones de euros y de un saqueo generalizado del dinero público por parte de los representantes municipales, en algunos casos bien
cuantificados y trasladados a la propia Fiscalía, como es el caso Monteverde, cuantificado en más de 41 millones de euros, o, en cualquier caso, las 90 irregularidades contables y, sobre todo, lo que se pone de manifiesto al final, es que ha habido
un gravísimo perjuicio para la ciudad y un claro beneficio para terceros.
Y como entendemos que eso no puede quedar así y, sobre todo, respecto de los ciudadanos, consideramos que cuando se realiza un informe tan exhaustivo como el elaborado por el Tribunal de Cuentas se han de adoptar resoluciones y medidas en un
doble sentido: en primer lugar, tendentes a que no vuelvan a ocurrir hechos semejantes y, en segundo lugar, a que las personas que han cometido estos hechos paguen para ellos, al tiempo que podamos recuperar esa parte de patrimonio y de dinero
público saqueado.
Entendemos que a partir de este informe de fiscalización actuarán todos los poderes públicos implicados, por lo que una de las modificaciones y transacciones acordadas con el Grupo Socialista es la relativa a cualquier actuación realizada
por el Fiscal General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, así como por lo que se refiere a las exigencias de responsabilidad tanto penal como contable, de modo que nuestro grupo estará muy pendiente de cómo se van a llevar a cabo esos
procedimientos.
Pero como primera medida, como no podía ser de otra manera, nuestro grupo propone la ampliación del periodo de fiscalización para el Ayuntamiento de Marbella y las sociedades mercantiles participadas. Tuvimos un primer informe de los años
1990-1999 que detectó gravísimas irregularidades y hemos recibido un segundo informe relativo a los años 2000 y 2001 sin que se haya visto ningún cambio en la actitud de los que han estado gobernando la ciudad de Marbella. Por tanto, entendemos que
para los años 2002 a 2004 debe corresponder también una nueva fiscalización que ponga de manifiesto qué es lo que ha seguido ocurriendo en este ayuntamiento.
Esperamos que esa nueva fiscalización se realice en el más breve plazo posible y podamos
contar con las resoluciones cuanto antes para que los ciudadanos conozcan lo sucedido y se puedan adoptar las soluciones que Marbella necesita.
Por tanto, sabiendo que el Grupo Socialista también presentaba esta propuesta, nuestro grupo solicita que se vuelva a fiscalizar al ayuntamiento en el periodo mencionado. Asimismo, queremos que se haga constar la condena para el equipo de
gobierno de la ciudad de Marbella durante el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas por las deficiencias, irregularidades e incumplimientos de las normas legales puestos de manifiesto en el presente informe.
Hemos propuesto también, y así lo hemos consensuado con el Grupo Parlamentario Socialista, que se remita por parte del Tribunal de Cuentas a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social
el informe para que, dentro del ámbito de su competencia, se adopten todas las medidas que puedan considerarse precisas. Asimismo, proponemos que se dé traslado a los órganos competentes para que actúen en el sentido más amplio de la palabra,
considerando que se debe llevar a cabo un embargo preventivo de los bienes de los iniciados en la responsabilidad contable, al tiempo que se lleve a cabo por parte del Tribunal de Cuentas una intervención de las sociedades municipales dependientes
del ayuntamiento como medida cautelar tendente a evitar la práctica de nuevas irregularidades por parte de los actuales administradores de las mismas.
Lo que pretende nuestro grupo con esta transaccional que ha pactado con el Grupo Parlamentario Socialista es que quede bien claro que el Grupo Parlamentario Popular va a instar a todos los poderes públicos a parar las tropelías que se han
ido cometiendo a lo largo de estos años en el Ayuntamiento de Marbella, desde el Ayuntamiento de Marbella, desde su equipo de Gobierno, porque lo que deben hacer en este caso los miembros de esta comisión es velar por que se sigan defendiendo los
intereses de los ciudadanos de Marbella.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor José Andrés Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Coincido con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en que hemos llegado a un acuerdo sobre las propuestas de resolución que presenta la Comisión Mixta al Tribunal de Cuentas, acuerdo que se sustenta en una profunda coincidencia en los
valores básicos que defendemos, valores comunes como demócratas y que son tan básicos y tan comunes y tan esenciales como la defensa del Estado de Derecho, un Estado de Derecho que se ha visto en el informe del Tribunal de Cuentas claramente
conculcado por la actuación del Ayuntamiento de Marbella en el período analizado, en el período estudiado.
El uso de la política en beneficio particular y en contra de los ciudadanos ha sido la práctica que se deduce del informe del Tribunal de Cuentas. En las propuestas de resolución que presentamos junto con el Grupo Popular pedimos que se
siga estudiando, analizando,
fiscalizando y controlando lo que ha ocurrido desde el año 2001 a 2004 en el Ayuntamiento de Marbella.
Por otro lado, queremos que todas las instancias del Estado de Derecho sigan velando muy de cerca por los intereses de los ciudadanos de Marbella y que tomen todas las medidas legales que sean posibles.
Nuestras propuestas piden a todas las
instancias del Estado de Derecho que velen por esos derechos de los ciudadanos de Marbella.
Queremos que además el Tribunal de Cuentas constate en la próxima fiscalización que el ayuntamiento está cumpliendo las recomendaciones que hace en su informe. Queremos que el actual Ayuntamiento de Marbella -es una de las propuestas que
hacemos- dé muestras de su compromiso con la legalidad y con los intereses de los ciudadanos y que tome activamente las medidas que sean necesarias en función de lo que se deduce del informe para defender los intereses de los ciudadanos de Marbella.
Queremos que el Ayuntamiento de Marbella demuestre con sus acciones que de verdad está interesado en proteger los intereses de sus ciudadanos.
Básicamente lo que recogían nuestras propuestas y las del Grupo Popular es lo que hemos contado los dos portavoces. Estamos de pleno acuerdo y lo único que esperemos es que, en el futuro, el Ayuntamiento de Marbella esté en manos de
partidos democráticos respetuosos con el Estado de Derecho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres.
Ruego a los dos ponentes que después hagan llegar la transaccional a esta Mesa.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA EN EL EJERCICIO DE 2001. (S. 771/000010; C.D. 251/000011.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el punto primero, pasamos al siguiente, debate y votación de la propuesta de resolución del informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos de la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio
2001.
Para defender las propuesta de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernando Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos propuestas de resolución al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la Comisión Nacional de Energía del año 2001 que tienen algo que ver, por no decir que
bastante, con las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hizo sobre la gestión de la Comisión Nacional de Energía. Ya lo dijimos en el debate de la comparecencia del presidente del Tribunal. Era un informe muy positivo en cuanto a una
excelente gestión, pero había algunas cuestiones que, evidentemente, podían mejorar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía. En este caso, ya manifestamos que eran, precisamente, estas dos cuestiones que planteamos en las propuestas de
resolución. Y dijimos que si la Comisión Nacional de Energía habitualmente ya está transfiriendo intereses devengados en las cuentas por importes recibidos por las cuotas a los beneficiarios correspondientes, nos parecía también oportuno que se
modificara la normativa para que el procedimiento de recaudación de los ingresos de las cuotas de la Comisión Nacional de Energía contemplara la exigibilidad de los intereses cuando fuera por demora o retraso de falta de pago de las mismas y también
se instara, que es la segunda propuesta de resolución, a que modificara también la normativa sobre el procedimiento de la liquidación de las actividades reguladas de transporte y distribución de la energía también con el objetivo de que se contemple
la posibilidad de exigir esos intereses de demora a las empresas que se retrasen en el pago de las cantidades que les corresponden. Tanto en la una como en la otra habíamos fijado en la propuesta de resolución que estuviera en vigor el 1 de enero
de 2006. Entendíamos que el Gobierno tenía suficiente tiempo para cumplir este requisito, pero en cualquier caso estamos abiertos a una transacción sobre el plazo de la entrada en vigor de estas dos modificaciones legales y, por tanto, podríamos
aceptar que se produjeran esas modificaciones tanto en el primer caso como en el segundo de la propuesta de resolución durante el año 2006.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castelló.
Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rosario Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. A la vista del informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos de la Comisión Nacional de Energía del ejercicio 2001 nuestro grupo parlamentario, en primer lugar, y ya
lo manifestó cuando se debatieron las propuestas y el informe, detectó discrepancias importantes entre las recomendaciones y las conclusiones a las que llega el informe y las alegaciones que por parte de la Comisión Nacional de Energía se plantearon
respecto al porcentaje de empresas y demoras que existían en la recaudación a determinado tipo de empresas. No obstante, nuestro grupo comprobará esa situación.
Nuestras propuestas de resolución se limitan a una única que pretende recoger igualmente las recomendaciones del propio Tribunal sobre el sistema de seguimiento
de plazos, declaración, envío de requerimientos y sanciones a las empresas que no están actuando de forma correcta en cuanto al abono de las cuotas o los tiempos en que estas cuotas se abonan.
Por tanto, nuestra propuesta de resolución pretende incluir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular van en la misma línea por lo que las vamos a aceptar. No obstante,
entendemos que los intereses de demora pudieran estar recogidos ya en el artículo 91 de la Ley 62/ 2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que añade una disposición decimoséptima a la Ley 54/1997 del Sector
Eléctrico. No obstante, y a pesar de eso en las propuestas de resolución se pide al Gobierno instrumentos para que eso se cumpla. Podemos aceptar las propuestas de resolución de forma literal salvo en el plazo en el que se define como fecha
límite. Nosotros aceptaríamos las propuestas si dicha modificación se fija a lo largo del ejercicio 2006.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velasco. Rogaría que entreguen a la Mesa la posible transaccional que pueda existir.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A., EJERCICIO 2001.
(S. 771/000034; C.D. 251/000034.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el punto segundo, pasamos al punto tercero, debate y votación de las propuestas de resolución del Informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A., ejercicio 2001.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez. ...
(Página )
Como pusimos de manifiesto en la sesión anterior, el informe del Tribunal de Cuentas sobre Expansión Exterior en el ejercicio 2001 era de los que podríamos denominar limpio, en él se determinaba la imagen fiel de los resultados, con algunas
observaciones de adaptación al Plan General de Contabilidad Pública, no muy importantes; con un análisis de las comisiones bancarias que en algún caso afirmaba que se podían considerar excesivas, pero que era una cuestión del banco; ratificando
que las operaciones de la empresa se adaptaban a la normativa vigente; que se seguía un principio de concurrencia razonable; y se podía decir que las comisiones que pagaba en el ejercicio de sus actuaciones eran respetuosas con sus normas
internas.
Asimismo, en las contestaciones a las preguntas formuladas al presidente del Tribunal de Cuentas se puso de manifiesto que en el ejercicio de la fiscalización no se había detectado ningún caso de responsabilidad contable.
Las resoluciones propuestas por nuestro grupo parlamentario recogían las del Tribunal de Cuentas en su práctica literalidad e incorporaban un nuevo inciso en el caso de que la sociedad no hubiera llevado a cabo las recomendaciones de dicho
Tribunal. Como la sociedad las ha seguido en buena parte, hemos llegado con el Grupo Parlamentario Socialista, cuyas resoluciones eran prácticamente idénticas a las nuestras, a una redacción transaccional conjunta en la que ponemos de referencia
que la sociedad ha llevado a cabo lo que se le solicitaba, en el sentido de seguir analizando este aspecto, y ya pondremos a disposición de la Mesa esa redacción transaccional que por supuesto votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Carmelo López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la coincidencia en que el informe de fiscalización de Expansión Exterior nada tiene que ver con otros que ya hemos conocido en esta Cámara y en que hay una teneduría de los libros y una gestión que podemos calificar de
relativamente buena, con algunas observaciones que pone de manifiesto dicho informe, como no puede ser de otra manera, nos ha llevado a asumir las propuestas del propio informe de fiscalización relativas a una mejora en la gestión de Expansión
Exterior, S.A.
Por tanto, como ha comentado la representante del Grupo Parlamentario Popular, habida cuenta de que la sociedad ha avanzado en la resolución de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, hemos pensado que sería mejor adaptar nuestras
propias propuestas, con el ánimo de completar los procesos iniciados, de avanzar y perfeccionar en la contabilidad analítica y perfeccionar y completar las bases de datos de la empresa, etcétera.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES, EJERCICIO 2001. (S. 771/000030; C.D.
251/000032.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el punto tercero, pasamos al cuarto punto del orden del día, que es el debate y votación de las propuestas de resolución
del informe de fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ejercicio 2001.
Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernando Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos propuestas de resolución.
La primera insta al Gobierno a la constitución y puesta en marcha efectiva desde el 30 de septiembre de 2005 de la agencia estatal de radiocomunicaciones, prevista
en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre. Aunque en el informe no se hace mención a esta cuestión, pues, evidentemente, en el año 2001 no estaba en vigor la Ley General de Telecomunicaciones y se habla de la fiscalización de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones para ese año, para nosotros esta es una propuesta importante, dada la trascendencia que debe tener la agencia, en particular en el funcionamiento, gestión y desarrollo de dicha Comisión, sobre lo que en muchos aspectos tratamos en
el debate y en la comparecencia de la presentación de este informe de fiscalización del año 2001. En los reales decretos 439/2004 y 424/2005 , ya fuera de plazo de la propia Ley General de Telecomunicaciones durante el Gobierno del Partido
Socialista, se aplaza la constitución y puesta en marcha de esta agencia.
Como he comentado al principio de mi intervención, considero de vital importancia este agencia, que debe asumir distintos retos, como administrar y controlar la cesión de determinados derechos de uso de dominio público radioeléctrico entre
los operadores, que debe afrontar la transición y el proceso final de la televisión analógica a la digital, debe también asumir el reto del despliegue generalizado de las infraestructuras para la telefonía móvil de tercera generación y, entre otras
cuestiones, debe velar para que el proceso definitivo de generalizar el acceso al servicio universal y para la extensión de la banda ancha facilite a todos los ciudadanos el acceso a la sociedad de la información.
Por tanto, cuanto antes esté en funcionamiento, cuanto antes esté aprobado el estatuto y en marcha la agencia estatal de radicomunicaciones, que prevé la Ley General de Telecomunicaciones, muchísimo mejor; y creo que también sería bueno
para lo tratado en el informe de fiscalización del año 2001, sus recomendaciones y conclusiones en el mismo. Por todo ello, repito, considero que sería importante aprobar esta propuesta de resolución y que cuanto antes estuviera en vigor, muchísimo
mejor.
En cuanto a la segunda propuesta de resolución, en el informe de fiscalización del año 2001 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones -y en eso estamos de acuerdo- se constata que el importe de las tasas por la actividad de la
comisión y de los servicios que presta no está conforme con el coste de los mismos.
Por tanto, en dicha propuesta planteamos que el Gobierno adopte las medidas oportunas para adecuar el importe de las tasas de las actividades y los servicios con el coste de los mismos. Somos conscientes de que debe haber un trabajo de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones que podría ser una contabilidad analítica pero, en cualquier caso, es el Gobierno el que finalmente debe impulsar su puesta en marcha y trasladar a la ley de presupuestos el importe de esas tasas, razón por
la cual hemos presentado esta propuesta de resolución y estaríamos dispuestos a llegar a una enmienda transaccional, modificando el plazo de esta resolución.
Mi grupo pretende que el Gobierno informe antes del 30 de septiembre de este año acerca del cumplimiento de esta cuestión, pero podríamos convenir con el Grupo Parlamentario Socialista que lo hiciera durante el año 2006.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castelló.
Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista y fijar su posición, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decir que, teniendo en cuenta lo expuesto en el expediente de fiscalización, hemos intentado presentar propuestas de resolución que puedan mejorar la CMT.
La primera de las propuestas presentadas por mi grupo pretende que en el marco de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, en relación con la gestión y liquidación de tasas, publique un informe anual
de los gastos administrativos que justifiquen su imposición y del informe total de la recaudación.
El segundo punto sería promover la exactitud de los datos contenidos en los registros censales de los que tiene asignada la llevanza y gestión, implantando mecanismos que aseguren una actualización constante de los datos de los operadores
inscritos en ellos.
La tercera y última sería que, sobre la base del principio de prudencia, se sirva aprovisionar en sus cuentas la totalidad de los ingresos sujetos a litigio hasta que éstos hayan concluido.
Repito que son propuestas que lo que buscan es la mejora sobre la base del informe de fiscalización que recibimos.
En relación con las dos propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Popular, debo manifestar que en la propia definición de la primera de ellas se demuestra la intencionalidad en cierta medida. Pedir que antes del 30 de septiembre de
2005 se cree la agencia estatal
de radiocomunicaciones, y, partiendo de la base del principio de la buena fe, significa desconocer los requerimientos de un proceso de esta complejidad. Un proceso que afecta a funcionarios, que supone crear una agencia y que, por lo tanto,
es un proceso bastante complejo que debe desarrollarse despacio y con buena letra. En un momento en que está pendiente la ley audiovisual, la televisión digital terrestre, en la época del año en que nos encontramos, nos parece absolutamente
precipitado, y repito que en el enunciado de la propuesta parece algo fuera de la realidad. Es verdad que está en la ley y, por tanto, el Gobierno la creará, pero también quiero decir que vamos a votar que no no solamente por ese plazo sino porque
se encuentra fuera del expediente de fiscalización que hemos tratado, en donde no se recogía nada relacionado con esta agencia.
Estamos de acuerdo en aceptar la transaccional que propone el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, en votar favorablemente la segunda cambiando el plazo diciendo: y a informar durante el año 2006 del cumplimiento de la presente
resolución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Le ruego que haga llegar a la Mesa las enmiendas transaccionales.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DURANTE EL EJERCICIO 2001. (S.771/000056; C.D.
251/000056.)
El señor PRESIDENTE: Una vez debatido el punto cuarto del orden del día, pasamos al punto quinto: Debate y votación de las propuestas de resolución del informe de fiscalización de las actividades realizadas por la Agencia de Protección de
Datos durante el ejercicio 2001.
Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular y fijar su posición, tiene la palabra la señora doña María Elvira Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidente.
Como habíamos señalado en la sesión anterior, el informe de fiscalización de la Agencia de Protección de Datos se realiza por iniciativa del Tribunal de Cuentas como consecuencia de que este ente público no había sido objeto de una
fiscalización específica desde su creación por la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.
El informe analiza el cumplimiento por la Agencia de la legalidad vigente, evalúa sus sistemas y procedimientos de control interno y de gestión, la representatividad de las cuentas del año 2001 y la ejecución de sus presupuestos, así como la
actividad desarrollada por la entidad en el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.
De sus conclusiones no se desprende ningún hecho generador de responsabilidad contable o de otro tipo de responsabilidades, y el propio Tribunal aporta cuatro resoluciones encaminadas a mejorar la gestión del organismo.
Como consecuencia de ello, nosotros habíamos elaborado unas propuestas de resolución encaminadas a poner en marcha las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Analizadas las correspondientes propuestas del Grupo Parlamentario Socialista,
con las que coincidimos en buena parte, han dado lugar a las siguientes reflexiones.
Mantenemos con nuestro texto las resoluciones primera y cuarta. Retiramos las resoluciones segunda y quinta, porque aprobaremos la primera y la tercera del Grupo Parlamentario Socialista, que son la sexta y octava según el orden, y
transaccionaremos un texto conjunto para las propuestas tercera y séptima, que es la segunda del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista y fijar su posición, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve, como lo estamos siendo todos en esta comisión.
Sí, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular en relación con las propuestas que ha presentado, como ha manifestado su portavoz, la senadora doña Elvira Rodríguez. Nosotros mantendríamos la primera y la tercera de las
nuestras, y acordaríamos una transaccional en la segunda, donde sustituiríamos el término 'analizar', por 'establecer'.
Rezaría entonces así: establecer con la agencia Estatal de Administración Tributaria un procedimiento más eficaz para -es lo
que se agregaría- la mejora de la gestión respecto de ingresos por sanciones para su cobro por el procedimiento de apremio. En breve pasaré a la Mesa esta transaccional.
Solo me queda añadir que, dado que este informe corresponde al año 2001, varias de las deficiencias detectadas por el Tribunal ya habían sido corregidas, y que las propuestas que presentamos ambos grupos servirán sin duda para mejora lo que
todavía quede por optimizar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Una vez debatido el punto número quinto, último correspondiente a este primer apartado de la comisión,
que era el debate y votación de las propuestas de resolución, suspendemos la sesión durante cinco minutos a fin de recoger las distintas enmiendas transaccionales. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones de las propuestas de resolución que se han presentado.
Empezamos por el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella. El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista han acordado una propuesta transaccional, de modo que retiran ambos grupos las propuestas que habían
presentado por separado. Votamos, pues, la propuesta transaccional.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos de la Comisión Nacional de Energía durante el ejercicio 2001. Se ha llegado a una transacción sobre las propuestas número uno y dos del Grupo Parlamentario Popular, que votaremos
conjuntamente.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.
Votamos ahora la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A., ejercicio de 2001.
Se ha presentado una transacción, de modo que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista retiran las propuestas que habían presentado. Votamos
la propuesta transaccional.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Informe de fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ejercicio 2001. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos propuestas de resolución, y sobre una de ellas se ha acordado una propuesta
transaccional. De modo que las votaremos por separado.
Votamos la propuesta número uno del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución número dos.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.
Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la Agencia de Protección de Datos durante el ejercicio 2001. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado cinco propuestas de resolución. De ellas, ha retirado las números tres y
cinco; la número tres se transacciona con la propuesta número siete del Grupo Parlamentario Socialista.
Vamos a votar, en primer lugar, las propuestas números uno y cuatro del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación vamos a proceder a votar la transaccional, que se corresponde con las propuestas números tres y siete del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votamos las propuestas números seis y ocho, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, pues la número siete se ha retirado.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.
Finalizadas las votaciones suspendemos la sesión durante media hora.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON UBALDO NIETO DE ALBA, PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 14 DE MARZO DE 2004. (S. 771/000070; C.D.
251/000069.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 13 DE JUNIO DE 2004. (S. 771/000071); C.D.
251/000070.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, damos la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas. Vamos a empezar con el segundo apartado de esta comisión, que es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para explicar
distintos informes. Agruparemos los puntos seis y siete, sobre el informe de fiscalización de la contabilidad electoral de las Elecciones a Cortes Generales de 14 de marzo de 2004 y sobre el informe de fiscalización de la contabilidad electoral de
las Elecciones al Parlamento Europeo de 13 de junio de 2004.
Para explicar estos informes, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
El informe de fiscalización de las contabilidades electorales fue aprobado por el Tribunal de Cuentas el 26 de mayo, en virtud de lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Al igual que en procesos
electorales previos, la fiscalización del Tribunal, según lo establecido en dicho artículo, se pronuncia sobre la regularidad de la contabilidad electoral de las formaciones políticas obligadas a presentarla y declara el importe de los gastos
regulares justificados por cada formación.
Las 16 formaciones políticas obligadas a presentar ante el Tribunal la contabilidad electoral han cumplido dicha obligación dentro del plazo establecido. Del análisis de las contabilidades rendidas y de la documentación que las soporta se
deduce que, en líneas generales, las formaciones han seguido adecuadamente los criterios que en su día aprobó el Pleno del Tribunal de Cuentas y que fueron remitidos a tales formaciones.
A efectos de la fiscalización realizada deben tenerse en cuenta dos elementos significativos. Por un lado, la circunstancia de que en la misma fecha se celebraran también elecciones en el Parlamento de Andalucía (cuyas contabilidades
electorales han sido fiscalizadas, en el ejercicio de sus competencias, por la Cámara de Cuentas de Andalucía).
Este hecho ha condicionado la determinación del límite máximo de gastos electorales. Por otro lado, si como resultado de un recurso
planteado ante el Tribunal Constitucional se modificase la conformación de los grupos políticos, procedería modificar el importe de las subvenciones que deben recibir las formaciones políticas por el concepto de envíos personales y directos de
propaganda electoral que figuran detallados en el informe del Tribunal.
Los límites de gastos electorales, tanto los generales como los específicos de ciertos tipos de gastos, no han sido superados, excepto en el caso de una formación política que ha superado el límite de gastos en prensa periódica y radio.
Aplicando los mismos criterios seguidos en fiscalizaciones anteriores, el Tribunal formuló una propuesta de reducción de la subvención para esta formación política.
Del análisis del cumplimiento de la normativa reguladora de las contabilidades electorales se han deducido algunos incumplimientos coincidentes con los detectados en procesos anteriores, destacando los siguientes: la realización de ingresos
y gastos electorales a través de cuentas no electorales; la realización de pagos fuera del plazo previsto en el artículo 125.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral; la existencia de obligaciones pendientes con proveedores y acreedores con
posterioridad al límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales, y el incumplimiento por determinadas empresas, detalladas en el informe, de la obligación de informar al Tribunal de la facturación realizada a las
formaciones políticas.
El Tribunal, además de reiterar las propuestas y sugerencias expresadas en la moción sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, aprobada en 2001, formula algunas recomendaciones específicas. Así, se recomienda una
regulación más detallada de la subvención por envíos de propaganda electoral; que se proceda a una adecuada coordinación de los requisitos exigidos para la financiación privada, según se trate de financiación ordinaria o electoral, a fin de que su
cumplimiento no se convierta, en la práctica, en una restricción formal fácilmente eludible, y que se regule legalmente un adecuado régimen sancionador.
Esto por lo que se refiere al informe de las contabilidades electorales a Elecciones a las Cortes Generales de 14 de marzo de 2004.
Paso a continuación al informe de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo.
Este informe, al igual que el anterior, fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 26 de mayo de 2005, en virtud de lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esta fiscalización
también se pronuncia sobre la regularidad de la contabilidad electoral de las formaciones políticas obligadas a presentarla y declara el importe de los gastos regulares justificados por cada formación.
Las seis formaciones políticas obligadas a presentar ante el Tribunal la contabilidad electoral han cumplido
dicha obligación dentro del plazo establecido. Del análisis de las contabilidades rendidas y de la documentación que las soporta se deduce, también en este caso, que, en líneas generales, las formaciones han seguido adecuadamente los
criterios que en su día aprobó el Pleno del Tribunal y que fueron remitidos a tales formaciones.
Los límites de gasto electoral, tanto los generales como los específicos de ciertos tipos de gastos, no han sido superados por ninguna formación política. Como consecuencia de la presente fiscalización, el Tribunal no formula propuestas de
reducción de las subvenciones.
Del análisis del cumplimiento de la normativa reguladora de las contabilidades electorales se han deducido algunos incumplimientos coincidentes con los detectados en los procesos anteriores y en el informe que acabo de leer.
Asimismo, el Tribunal reitera las propuestas y sugerencias expresadas en la moción sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, aprobada en 2001, y formula las mismas recomendaciones específicas detalladas en el informe
sobre la contabilidad de las elecciones generales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
A continuación, pasamos al turno de aclaraciones y preguntas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora doña Elvira Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, en primer lugar, debo mostrar nuestro reconocimiento por su actuación fiscalizadora sobre la financiación y gastos de estas dos campañas y sobre el cumplimiento de las restantes obligaciones
impuestas por la normativa electoral, tanto por el tiempo en el que las han realizado como por la forma, lo que realmente nos facilita mucho el análisis de los datos que nos presenta para sacar las conclusiones oportunas.
Usted ha efectuado un resumen de lo que han sido los dos informes de fiscalización y considero que con el mismo texto del informe queda suficientemente claro y no se plantean demasiadas cuestiones que sean diferentes respecto a lo que se
incluye en el propio informe.
No obstante, me gustaría formularle dos preguntas. Primera: una de las observaciones que hacen repetidamente es la de que hay proveedores que no cumplen con su obligación de dar la información necesaria al Tribunal de Cuentas. En las
fichas que hacen para cada formación política está anotada la relación de los proveedores que no cumplen con esa obligación, junto con el importe de las facturas. De su lectura se desprende que hay proveedores públicos. Mi pregunta es si no podría
tomar el Tribunal de Cuentas alguna medida para evitar el incumplimiento, dado que se trata de proveedores públicos y no privados.
En segundo lugar, en relación con las elecciones al Parlamento Europeo, no sé si nos podría facilitar los argumentos que ha esgrimido la Junta Electoral para modificar los criterios que ha llevado a que determinadas coaliciones -la de menor
representación en el Parlamento Europeo, por ejemplo- hayan visto incrementada de forma muy notable la subvención a percibir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar felicitando al señor presidente, y por extensión a todo el Tribunal de Cuentas, por el trabajo que han realizado y por la elaboración de esos dos informes de fiscalización de las contabilidades electorales sobre las elecciones
a las Cortes Generales, de 14 de marzo de 2004, y sobre las celebradas al Parlamento Europeo el 13 de junio de 2005. Entre otras razones, por el rigor del trabajo y por la homogeneidad de un informe que se refiere a un trabajo de características
singulares, dado su volumen y complejidad. La felicitación es aún más pertinente si añadimos que, en esta ocasión, las elecciones generales coincidieron, como ha dicho el presidente, con la celebración de las elecciones al Parlamento andaluz, y,
además se presentaba una nueva coalición electoral a las elecciones al Parlamento Europeo, con las dificultades que ello entraña a la hora de llevar a cabo una fiscalización de estas características.
Hay un elemento interesante para efectuar el cálculo final de las subvenciones que perciben los partidos políticos: la provisionalidad que podría implicar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
en relación con la constitución de grupos parlamentarios; esto podría modificar el cálculo final de subvenciones.
En caso de que el Tribunal Constitucional estimara la demanda, tendríamos que ver cómo se calculaban finalmente las subvenciones a
percibir.
Según se desprende de los informes remitidos por el Tribunal, se ha constatado que las formaciones políticas han mejorado notablemente en el cumplimiento de sus obligaciones de rendimiento de su contabilidad electoral. Sobre todo, de las
que se refieren a los últimos comicios, y especialmente en comparación con los últimos informes de fiscalización que hemos visto en esta comisión relativos a las elecciones municipales de mayo de 2003 y a las autonómicas, que coincidieron con las
primeras.
Como pudimos observar, las irregularidades fueron entonces más numerosas.
Hay que destacar el dato, y no sólo porque todas las formaciones políticas han presentado la contabilidad, tal como dispone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General -es decir, como es su obligación-, sino también porque en esa rendición
de cuentas las formaciones políticas han seguido los criterios técnicos que aprobó en su momento el Pleno del Tribunal de Cuentas, sobre anotaciones contables, requisitos y justificantes, a pesar de la dificultad que entraña la inexistencia de un
plan específico de contabilidad adaptado a los partidos políticos. Cabe destacar también que la documentación presentada estuvo debidamente formalizada y era coherente con las cuentas rendidas, y que se respetaron de forma escrupulosa los plazos
para la rendición de cuentas.
Dicho esto, sólo me queda felicitar, lo mismo que al Tribunal, a las formaciones políticas por su comportamiento. Aunque se trata de un comportamiento debido desde el punto de vista jurídico, por su obligación de cumplir con los requisitos
contables, el mismo dignifica sin duda a nuestra democracia y fortalece nuestro Estado de Derecho. En ambos comicios sólo se detectan pequeñas anomalías en cuanto a los proveedores que no han informado sobre las facturas de operaciones de campañas
electorales; la cuantía total de estas anomalías asciende a 2,4 millones de euros, algo que hay que destacar. Es relevante que se constata un único exceso de los límites de gasto para el caso de las elecciones generales, que corresponde a la
formación UPN en coalición con el Partido Popular, que excedió en 12.399 euros el límite de gasto en publicidad en prensa y radio, siendo por ello la única formación política que recibe una propuesta del Tribunal de reducción de la subvención a la
que tendría derecho.
En relación con estos dos últimos casos que le planteaba, señor presidente, me gustaría hacerle algunas preguntas concretas, en la línea de las que le formulaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
¿Tiene identificados el Tribunal
de Cuentas a los proveedores que con mayor frecuencia y en mayor cuantía han incumplido con el deber de informar sobre las facturas de las operaciones realizadas en campañas electorales? Y, en relación con esta, le formularé una serie de preguntas,
puesto que el caso de los proveedores es el más significativo.
¿Han hecho algún análisis sistemático de los proveedores, sobre cuáles son los sectores empresariales o profesionales que con mayor frecuencia incumplen su deber? ¿Se puede deducir de
su análisis sistemático si tales proveedores, o algunos de ellos, son reincidentes de otros procesos electorales? Por último, qué medida cree el presidente del Tribunal de Cuentas que sería más adecuada para prevenir o impedir esa práctica
irregular que el propio Tribunal viene denunciando sistemáticamente, teniendo en cuenta sobre todo su experiencia y sus profundos conocimientos técnicos, y sin perjuicio -claro está- de la competencia que este Parlamento tiene en ese asunto. Por
fin, ¿cuál sería la recomendación del Tribunal de Cuentas, más allá del encargo genérico de elaboración de una norma específica, que le compete a este Parlamento?
En cuanto al apartado de sanciones, que solo aparece en un punto, como decía antes, nos gustaría disponer de la tabla que utiliza el Tribunal de Cuentas -si tal tabla existe- para el cálculo de las propuestas de sanción. Mi grupo conoce la
reivindicación histórica del presidente del Tribunal de Cuentas sobre el establecimiento de un adecuado régimen sancionador. Ahora bien, hasta que llegue ese momento -cuya elaboración es competencia de este Parlamento, en parte-, a mi grupo le
gustaría conocer con mayor detalle el procedimiento interno que utiliza el Tribunal de Cuentas para hacer el cálculo. Le agradecería que nos permitiera disponer de este documento o tabla que utilizan ustedes para efectuar el cómputo final de las
sanciones.
Nada más, y muchas gracias, presidente, por su exposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas para contestar a las preguntas formuladas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero señalar que este presidente no tiene otra información sobre el criterio de la Junta Electoral que la que figura en el informe. Además, el resto de las preguntas siguen esa misma línea.
Estoy presentando un informe realizado por una serie de ponentes y aprobado por el Pleno, que se limita a poner de manifiesto cuáles son los proveedores y el número de ellos, pero para analizar a los proveedores quizá fuese necesario
realizar una fiscalización más específica.
Me han solicitado una serie de datos identificados por frecuencias, cuantías. Quizá sea posible que el Tribunal de Cuentas disponga de esa información y, en ese caso, si la solicitan por escrito, podríamos sistematizarla y enviarla.
Estas situaciones se ponen de manifiesto en todos los informes, pero hasta el momento no se ha tomado la decisión de llevar a cabo un estudio, porque esa tampoco es misión del Tribunal de Cuentas. Desde luego, no estaría mal que se
concretaran más los datos, que se hiciera ese estudio y que se enviara a esta comisión, al igual que la tabla sobre la penalización de las subvenciones, que está muy bien estudiada y, si lo desean, se les puede remitir.
Su señoría ha solicitado cierta información, con independencia de las medidas genéricas, pero lo cierto es que hay una medida genérica, una moción, en la que se habla también de los terceros, de la financiación, de los proveedores y, a pesar
de que se adoptó esa resolución, está sin cumplimentar.
Independientemente de esas medidas genéricas, también es posible que esta comisión solicite que el Tribunal de Cuentas proceda a realizar una fiscalización más específica, que quizá pueda aclarar muchas de estas cuestiones.
Si desean recurrir a la experiencia de este presidente, les diré que habría que empezar por adoptar medidas de tipo genérico y, después, ir descendiendo hacia aspectos más específicos, porque ésta es una repetición constante en todos los
informes. En este sentido, recomiendo que se haga realidad esa moción y, después, en cuanto a las medidas específicas, también ayudaría mucho que esta comisión mixta pidiera al Tribunal de Cuentas aquello que considerara más necesario, como por
ejemplo este tipo de estudios, porque es posible que dispongamos de los datos y, en caso contrario, se podrían recabar.
Siempre se repite lo mismo y, de hecho, el informe termina repitiendo las mismas recomendaciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES RELACIONADAS CON EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LAS EMPRESAS ESTATALES EN EL PERÍODO 1998-2002. (S. 771/000061; C.D.
251/000063.)
El señor PRESIDENTE: Una vez terminados los puntos seis y siete del orden del día, pasamos al octavo: Informe de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el impacto medioambiental en las obras promovidas
por las empresas estatales en el período 1998-2002.
Para informar sobre este punto, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
En enero del año en curso, el Pleno aprobó el informe de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el impacto medioambiental en las obras promovidas por las empresas estatales en el período 1998-2002.
Las principales conclusiones del informe son las siguientes: por lo que se refiere a la tramitación previa de los proyectos de obras e instalaciones promovidos por las empresas estatales, el grado de cumplimiento de la normativa
medioambiental referida a esos trámites fue bastante deficiente en los primeros ejercicios analizados (1998, 1999 y 2000), habiendo sido las propias empresas las que decidieron si los proyectos se sometían al trámite de evaluación ambiental. A
finales del año 2000, mediante el Real Decreto Ley 9/2000, se traspusieron plenamente al Derecho español las directivas europeas 85/337 y 97/11 y, a partir de su promulgación, la tramitación previa ambiental de los proyectos mejoró sensiblemente.
En general, respecto a los proyectos que fueron sometidos a evaluación de impacto ambiental en los que se contemplan medidas protectoras, correctoras y compensatorias, la adopción de la mayor parte de las medidas propuestas y exigidas en las
correspondientes declaraciones de impacto ambiental no aparece acreditada, ni siquiera en los casos en los que se ha recogido en los programas de vigilancia ambiental la naturaleza, características y modo de aplicación de las citadas medidas.
Cuando excepcionalmente existe constancia de que se han aplicado medidas medioambientales, no consta que las empresas estatales hayan cumplido la obligación de remitir al Ministerio de Medio Ambiente los preceptivos informes sobre la
aplicación de las medidas durante la ejecución y a la finalización de los proyectos.
Los gastos ambientales realizados por las empresas estatales se han limitado, en la mayoría de las ocasiones, a los originados por la elaboración de los estudios de impacto ambiental previos a la aprobación de los proyectos, no habiéndose
realizado otros gastos de naturaleza medioambiental que consten de una manera diferenciada como destinados a la aplicación de medidas protectoras, correctoras y compensatorias.
Las cuentas anuales de 2002 de las empresas estatales no recogen, con carácter general, información detallada sobre los aspectos medioambientales: activos, gastos ordinarios y extraordinarios, seguros, provisiones y contingencias.
El Tribunal recomienda a las empresas estatales que sometan sus proyectos de obras a la consideración del órgano ambiental competente, que realicen las actuaciones precisas para que las medidas ambientales se apliquen en todo caso y de
manera adecuada, que elaboren los informes de control y seguimiento de dichas medidas y los remitan a los órganos competentes, haciendo posible la verificación de su cumplimiento; y que, tal como establece la normativa aplicable, elaboren un
presupuesto diferenciado de los gastos ambientales y lleven un adecuado sistema de registro de las actuaciones y de los gastos correspondientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pintado, para realizar las aclaraciones y preguntas que estime oportunas.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero dar también las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas por el informe de fiscalización ante un asunto que nos parece de gran trascendencia.
Tal y como en él se refleja, independientemente de que se trate de un período de cuatro años, están claramente diferenciados dos períodos, con diferente resultado en función de la aplicación de la normativa comunitaria traspuesta.
Desde nuestro punto de vista, el ordenamiento jurídico comunitario, mediante la trasposición de las directivas, tenía dos objetivos y, uno de ellos, es la propia aplicación de esas normativas en el Derecho español y la posterior aplicación a
las empresas, tanto del ámbito público como privado. En el primer período esa trasposición supuso algún problema, debido a la falta de claridad de la propia directiva comunitaria, que no quedó aclarada hasta la aprobación de la Directiva 97/11.
Esto es lo que viene a definir alguna de las alegaciones que hemos podido leer y que están anexas al informe, la diversidad de criterios e interpretaciones, y también lo que nosotros entendemos como una nula cultura -o, al menos, escasa-, desde el
punto de vista del cumplimiento normativo en relación con este tipo de medidas. Es necesario corregir, a través de una mayor fiscalización de las acciones de las empresas públicas, especialmente en lo que se refiere -y lo comentaba usted, señor
presidente- al envío de los informes por parte de las empresas al órgano fiscalizador medioambiental, de cuáles han sido las acciones y las tareas aprobadas en la Declaración de Impacto Ambiental y luego llevadas al efecto. Asimismo, multitud de
alegaciones de las empresas hacen referencia en algunos casos a no tener constancia de ellos y en otras haber pasado los plazos y no haber habido excesiva exigencia en ese aspecto.
En relación con la justificación de los gastos medioambientales, voy a formular varias preguntas. Por un lado, tal y como hemos podido ver en su informe, sólo constan los estudios y proyectos de las medidas desde el punto de vista contable,
lo cual no nos da garantía acerca de si posteriormente se han llevado a efecto o no desde un punto de vista fiscalizador por parte del Tribunal de Cuentas. Me gustaría que me aclarara si eso es señal de que no se han llevado a efecto esas medidas o
ustedes no tienen instrumentos para comprobarlo o se está refiriendo sólo y exclusivamente a una cuestión meramente contable, de gran importancia como es lógico, para que queden reflejadas las acciones llevadas a cabo.
Me gustaría conocer igualmente el porcentaje de las acciones medioambientales ejecutadas en relación con el total de los proyectos ejecutados. Entendemos que es una fórmula clara para evaluar desde un punto de vista porcentual la
importancia en cuanto a las medidas medioambientales aplicadas en un proyecto en función de las inversiones realizadas, aunque los que somos conocedores de aspectos relacionados con la obra pública en aeropuertos, en embalses, en carreteras, sabemos
que hay unas obras que no tienen absolutamente nada que ver con otras desde el punto de vista de las afecciones medioambientales y a lo mejor eso podría llevar a engaño. Ahora bien, desde el punto de vista fiscalizador sí tendríamos ese dato
concreto.
En cuanto a la evaluación de impacto ambiental previa, ustedes la aconsejan en el informe, ya que son partidarios de ella; de hecho, se refleja en un número importante de proyectos y de empresas que han practicado la evaluación de impacto
ambiental previa. A nosotros nos gustaría que en todos los casos hubiese una declaración de impacto ambiental previa, pero hay que conocer ahora mismo la situación del órgano fiscalizador, del órgano que aprueba las declaraciones de impacto
ambiental, pues está totalmente bloqueado y ya no sólo la empresa pública, sino también la empresa privada están asistiendo a retrasos superiores a un año a la hora de poder disponer de las declaraciones de impacto ambiental. Estamos de acuerdo en
que un papel de declaración de impacto ambiental previa puede ayudar a las empresas a evaluar y establecer con mayor concreción y corrección cuáles son las medidas a adoptar, pero a nosotros nos parece que en algún caso les puede perjudicar
directamente por el retraso que puede suponer, salvo y cuando el Ministerio de Medio Ambiente -tal como se comprometió hace varios meses un responsable del propio ministerio en una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente- tenga la posibilidad
de dotar con suficientes recursos humanos para llevar a cabo esa labor; recursos humanos que hasta hace unos meses estaban subcontratados y apoyados en algunos casos por el Instituto Geominero dependiente del mismo Ministerio de Medio Ambiente, e
incomprensiblemente no llegamos a entender cuáles han sido los motivos por los cuales no se cuenta con estas personas.
En este sentido también quiero formular una pregunta, desde el punto de vista fiscalizador -usted me dirá que lógicamente está para fiscalizar tanto desde el punto de vista de la normativa actual como contable, pero sería importante su
respuesta-, en cuanto a compatibilizar la acción de la fiscalización con la ejecución. Es un debate abierto hace ya varios años que el mismo órgano ejecutor, aunque sea en este caso a través de empresas públicas, sea el fiscalizador de esas mismas
acciones. Me gustaría que nos dijera si ese modelo es válido o hay que pensar en un modelo donde la Administración tenga un papel más fiscalizador.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pintado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero felicitar al Tribunal de Cuentas por este informe extenso, preciso, exhaustivo y además
sobre una materia tan importante y tan sensible para todos.
El informe, efectivamente, se refiere al periodo 1998-2002, y lo digo por varias razones, una en positivo, dadas las características del informe, porque habrá que avanzar mucho en lo que se refiere a las exigencias medioambientales, pero
también, a raíz de la reflexión que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sobre la hipotética demora del actual ministerio en el proceso de fiscalización. Esto no tiene nada que ver, obviamente, por el tiempo al que nos estamos
refiriendo, con lo que en este informe se recoge. Es un informe que analiza las obras promovidas por las empresas públicas, obras que, por otra parte, tienen un peso fundamental en la obra de la Administración, obras llevadas a cabo por empresas
públicas de la envergadura del sector portuario, de las sociedades del agua que se crean en su momento o del SEPI, etcétera. Es un informe que, como ha quedado claro en las propias conclusiones y recomendaciones del presidente del Tribunal de
Cuentas, desde mi punto de vista es preocupante. Sería difícil analizar esas reflexiones por sectores porque son sectores vitales en los que la inversión pública y la obra pública que se genera tienen una repercusión fundamental. Por ejemplo,
cuando se habla del sector portuario, todos somos conscientes de la importancia ambiental que las actuaciones en puerto conllevan y producen en todos los ámbitos, y algunas cuestiones resultan sorprendentes. Yo no voy a hacer referencia a puertos o
a autoridades portuarias concretas porque quizá no sería justa debido al poco tiempo del que dispongo, por lo que me ceñiré a actuaciones concretas que luego forman parte de las conclusiones y de las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas.
Así, se dice que en muchas de las actuaciones no se cumple con rigor la normativa contable en materia medioambiental. En algunos casos sólo se recogen los gastos ordinarios, en otros no se hace mención alguna a las cuentas anuales o éstas son
insignificantes.
Asimismo, es preocupante que en algunas de las actuaciones del sector portuario se realice el preceptivo informe ambiental, pero no se acredite, según el Tribunal de Cuentas, su cumplimiento posterior.
Igualmente sucede con las
resoluciones de la Secretaría General de Medio Ambiente en las que no se acredita posteriormente la ejecución de esas resoluciones. También son preocupantes las actuaciones llevadas a cabo en algunos proyectos -puesto de manifiesto también por el
Tribunal- que no se someten al trámite de evaluación ambiental. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía que en algunos casos se debía a la diferencia de criterio en la propia interpretación de la normativa en su momento, pero hay
referencias concretas que dicen que lo que se hace es el fraccionamiento de los proyectos, proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico que, de otra manera, hubiesen tenido la obligación de haber procedido a una evaluación
ambiental. Por tanto, la situación del informe es preocupante.
En el caso de las sociedades del agua, sociedades que tenían encomendados proyectos de gran envergadura, hay cosas muy curiosas, aunque por el tiempo del que dispongo no me puedo detener en ellas, y además el informe es muy extenso, muy
exhaustivo y, como decía, muy completo, pero voy a mencionar una anécdota. El informe dice que la Secretaría General del Medio Ambiente resolvió en distintas actuaciones, por ejemplo, en el caso de la desaladora de Carboneras, en diciembre de 1999,
que no era necesario someter el proyecto de la planta desaladora al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, cuestión que yo ahora no pongo en duda pero, dado que en el debate sobre las desaladoras se pone tanto énfasis, me parecía
curioso.
En definitiva, quizá haya algunas cuestiones curiosas en los casos de SEIASA, AENA o el GIF pero no voy a extenderme porque el presidente lo ha mencionado en el propio informe, y está claro en las conclusiones y recomendaciones -ya que se
señala textualmente- que en las actuaciones llevadas a cabo por empresas públicas, hasta finales del año 2000 el grado de cumplimiento de la normativa medioambiental fue bastante deficiente. No estamos hablando de que haya que transponer a la
legislación de nuestro país una normativa medioambiental, sino de que el cumplimiento de la ya existente es bastante deficiente.
En relación con los gastos ambientales realizados por las empresas estatales, me preocupa que el informe se haya limitado a indicar los originados por la elaboración de los estudios de impacto ambiental, y no queda claro con posterioridad la
acometida de esos estudios.
Termino diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista va a tener en cuenta de forma exhaustiva las conclusiones del Tribunal de Cuentas, e incluso quizá hay que ir más allá. De todas maneras creo que se va avanzando en el cumplimiento de
las exigencias medioambientales en las obras públicas, y habría que plantearse no ya sólo en las obras públicas llevada a cabo por empresas públicas sino también en las llevadas a cabo directamente por la Administración, porque si el grado de
cumplimiento de las exigencias medioambientales en el caso de las empresas públicas es tan deficitario como señala el informe, se plantea a continuación la duda de qué pasa con las llevadas a cabo directamente por la Administración.
Vamos a tener en cuenta, como digo, todas las recomendaciones que se recogen en el informe, habrá que incluir además en la legislación mayores exigencias en todas las obras públicas, y en ese sentido se está avanzando por parte del propio
ministerio, que ha puesto en marcha el proyecto de ley sobre los efectos de determinados planes y programas en el ámbito medioambiental.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar a las preguntas realizadas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más tengo que decir que no soy especialista en medio ambiente, veo que muchas de sus señorías saben no sólo mucho más que el presidente, que es fácil, sino incluso que los propios técnicos.
Hay que limitarse al informe, que señala que a partir de finales del año 2000 la tramitación ambiental previa ha mejorado, que no se ha acreditado el cumplimiento de todas las medidas propuestas en las declaraciones, que no se han realizado
gastos de naturaleza medioambiental y los gastos no aparecen diferenciados, pero pueden pedirse otros datos de porcentajes, porque lo más seguro es que se encuentren en el departamento que ha elaborado este informe y los proporcionaremos con mucho
gusto, además las cuentas anuales del año 2002 no recogen la información correspondiente a estos gastos.
Respecto a los modelos que aparecen en los informes, el Tribunal de Cuentas no puede señalar cuál es el que valora como óptimo, lo que hace el Tribunal es valorarlo pero no diseñarlo.
Hay una cuestión sobre una evaluación previa. El retraso que se menciona no es objeto de este informe y, por tanto, no se puede enjuiciar, pero una vez más este presidente se ofrece a proporcionar cualquier ampliación de información y de
datos que se soliciten al Tribunal de Cuentas -ya que el informe es una síntesis de la información que se ha recogido, y en la presentación de dicho informe se hace una síntesis todavía mayor-, además conviene que allí figuren las inquietudes que
tienen los parlamentarios sobre los aspectos incluidos en este informe.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL PROYECTO RHODAS: MIGRACIÓN A ESTACIONES DE TRABAJO LINUX PARA EL USUARIO FINAL EN EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (S. 771/000065; C.D.
251/000065.)
El señor PRESIDENTE: Agotado el punto número ocho, pasamos al número nueve, que es el informe de fiscalización sobre el análisis de la eficiencia del proyecto Rhodas: Migración a estaciones de trabajo Linux para el usuario final en el
Ministerio de Administraciones Públicas.
Para explicar el citado informe, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
Este informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de marzo de 2005. Los objetivos de la fiscalización han sido: comprobar el proceso de elaboración y aprobación del proyecto Rhodas; verificar el grado de
cumplimiento de su ejecución y analizar las ganancias o pérdidas de eficacia y eficiencia que hubieran podido obtenerse por su aplicación.
El proyecto Rhodas fue una iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas que pretendía sustituir el sistema operativo Microsoft Windows NT por un sistema operativo de software libre GNU/Linux en toda la red de la Subsecretaría del
ministerio.
A juicio del Tribunal, el documento publicado en 2002, que contenía la descripción teórica del proyecto, incorporaba información suficiente para justificar las actuaciones pretendidas. Estaba en línea con las recomendaciones realizadas al
respecto por los órganos especializados competentes de la Unión Europea y de la propia Administración española, y contenía los elementos de planificación y programación necesarios para su correcta puesta en práctica. No obstante, el Tribunal echa
en falta un análisis de costes más pormenorizado y un acto formal de aprobación del documento.
De ser ciertas las premisas del proyecto Rhodas, su puesta en práctica hubiera podido tener consecuencias muy beneficiosas para las Administraciones públicas, con un posible ahorro de cientos de millones de euros dedicados a la adquisición
de licencias, así como otras ventajas en materia de seguridad, accesibilidad, interoperatividad e independencia. No obstante, la aplicación del proyecto fue abandonada en noviembre de 2002, por lo que no se ha podido contrastar en la práctica tales
ventajas.
La decisión de abandonar el proyecto fue adoptada de forma implícita sin trámite ni formalidad alguna, y no fue aprobada por las autoridades competentes del ministerio. Estos defectos materiales y formales en la adopción de esta medida
constituyen la crítica fundamental que formula el Tribunal en el presente informe.
Según se comunicó al Tribunal, la decisión de suspender la ejecución del proyecto se debió a problemas de recursos humanos y a razones de interoperatividad. Aunque el Tribunal concluye que ambos motivos carecían de fundamento razonable, por
el contrario se estima que tal decisión fue producto de un sistema deficiente de control interno en materia de gestión en programas informáticos y de formatos de archivo, caracterizados por la carencia de estrategias o criterios y por la práctica de
un cierto continuismo en la utilización del software propietario.
Se han detectado también incumplimientos en la normativa presupuestaria y contractual en las decisiones
relacionadas con la compra de programas informáticos. El informe concluye con diversas recomendaciones para la mejora de la planificación y gestión del software, entre ellas adoptar una decisión debidamente motivada sobre el proyecto
Rhodas.
Debe hacerse especial mención a que el Tribunal no recomienda de forma específica el uso de unas tecnologías concretas, puesto que no es un asunto de su competencia, pero debe manifestar que para el cumplimiento de los principios de
eficacia, eficiencia y economía, resulta muy conveniente que se atiendan las recomendaciones que formulan al respecto los órganos especializados competentes de la Unión Europea y de la propia Administración española.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
En el turno de aclaraciones y preguntas tiene la palabra la señora Rodríguez, en representación del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, la verdad es que no sé muy bien como plantearlo pero la lectura de este informe, que he realizado varias veces porque con una no me ha bastado, me ha producido una cierta desazón, que además se ha
ido incrementado a medida que lo iba releyendo.
Espero que esa desazón se resuelva con su contestación a las preguntas que le voy a formular, de modo que nos permita llegar a conclusiones que ayuden a nuestro grupo parlamentario a plantear las
resoluciones sobre este asunto, que tendrán que ser convenientemente meditadas.
Vaya por delante algo que como cuestión previa no se puede evitar, y es que el asunto de la elección por una organización cualquiera, en este caso una Administración pública, del software que utiliza para apoyar y conseguir sus objetivos,
bien sea libre o propietario, es una polémica que se plantea en estos momentos y que a mi me parece apasionante, pero que también tiene mucho de apasionamiento. La pasión en lo profesional debe tratarse con mucha cautela, aunque en este caso parece
que no se puede evitar porque entre sus promotores y fundadores hay personas muy apasionadas. Sin excederme en el tiempo contaré la anécdota de que cuando el fundador del GNU decía, hace no demasiado tiempo, en una conferencia en Alcalá de Henares
que los informáticos tenían que hacer informática gratis y después, si acaso, vender hamburguesas, ya se veía un poco qué es lo que había detrás de todo esto. Pero, en fin, vamos a intentar no entrar por la pasión.
El informe que usted nos ha resumido no es demasiado extenso y al ser tan técnico a veces se echa en falta más información que hemos tenido que buscar por otros caminos, como estamos en informática, entrando en la red. En buena parte ese
informe se dedica a justificarse a sí mismo y, además, suscita diferentes consideraciones que, incluso, nos llevan a pensar que hay aspectos incoherentes entre sí. Por eso algunas de las preguntas van destinadas a clarificarlo.
Como le decía, en una primera lectura el texto ya sorprende por venir del Tribunal de Cuentas y nos lleva a concluir que en un área de un determinado ministerio se toma una decisión; después de migrar a software libre para sus servidores,
iniciar en su unidad técnica un proyecto para migrar también en sus ordenadores personales o escritorios a ese software libre en un número de 8.000. Se hace un análisis de la situación con el que se llega a la conclusión de que esa migración es muy
beneficiosa.
Precisamente se aporta en el texto un cuadro sinóptico - sorprendente para los que conocemos algo de la Administración o llevamos mucho tiempo dedicándonos a ella- con nombres y apellidos de técnicos concretos y no como si fuera del
ministerio, es decir, suscrito por seis personas de las no se dice ni su ubicación, ni su responsabilidad, ni sus competencias para apoyar esa migración, y se dice que en un momento determinado el proyecto se abandona. A partir de aquí comienzan
las conclusiones y el informe señala que no se han tomado las decisiones por las personas con competencia para ello, que se han conculcado las normas presupuestarias y de contratación administrativa; que el ministerio tiene problemas de control
interno y, sobre todo, que se ha perdido -permítanme la licencia- una oportunidad de oro para resolver los problemas informáticos de nuestra Administración, al impedirse que se adopten programas de bajo coste, más seguros, más adaptables, mejores, y
una serie de cuestiones que aparecen en ese cuadro firmado por estas seis personas.
Cuando se profundiza en el asunto, porque dado su contenido es necesario, se observa que se está fiscalizando algo que, como todo en esta vida, hasta casi respirar, tiene incidencia y repercusión económica, pero que se sitúa fuera de la
actividad económico-financiera del sector público, ámbito propio de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y, por otra parte, que para su buen juicio requiere una gran especialización, circunstancia que, discúlpeme, parece que en este
caso no es la típica del Tribunal de Cuentas. Además, se constata que cuando se toma la decisión de realizar la fiscalización y se definen las directrices técnicas, éstas son de imposible cumplimiento y no se está actuando sobre un proyecto que se
inició con todos los requisitos que lo harían fiscalizable, como usted ha dicho antes, con su toma de decisiones y con su calendario de trabajo, es decir, un proyecto concreto, sino que por la lectura que he podido realizar buscando información por
procedimientos alternativos en la red, puesto que no está disponible ni el ministerio, ni se acompaña como anexo al informe para facilitarnos el trabajo, parece demostrarse que estamos más bien ante una iniciativa técnica porque contiene múltiples
cuestiones de indefinición dentro del propio proyecto. Además, a lo largo
del informe se hacen muchas referencias al coste que lleva aparejada la decisión de abandono del proyecto, o más bien -digo yo- al incremento de coste que puede suponer seguir trabajando con software propietario sujeto a licencia para la
Administración, lo que incluso se llega a cuantificar.
Sin embargo, no se hace ninguna referencia en ningún momento al coste real o total que supondría una decisión como la que se está analizando, lo que parece imprescindible para llegar a las
conclusiones que se incorporan en este sentido al informe que, como decía antes y usted de alguna manera ha explicado al final de su intervención, no guardan mucha coherencia unas con otras.
En fin, paso a formularle las preguntas que tienen que ver con lo dicho con anterioridad y cuya contestación necesito para llegar a una opinión más correcta respecto al informe sobre el que tenemos que elaborar resoluciones.
En primer lugar, ¿nos puede decir cuáles fueron los motivos para plantear esta fiscalización y en qué grado se ha compartido el contenido del informe? En segundo lugar, cuál es la explicación de que en las directrices técnicas se marcaran
objetivos de imposible cumplimiento, dado que se aprobaron por acuerdo de Pleno de 26 de febrero de 2004 y, según consta en el informe, el proyecto se suspendió en noviembre de 2002. ¿El Pleno conocía esa circunstancia cuando aprobó las directrices
técnicas de este informe y tomó la decisión de seguir adelante? Como usted decía, en el informe no consta la forma de gestación del proyecto, ni los requisitos formales mediante los que se aprobó. Como consecuencia, más bien se deduce que nos
encontramos frente a una iniciativa técnica, como tantas otras, que tuvo un interés y decayó. Es cierto que tuvo publicidad, sobre todo en foros técnicos, pero no parece diferente de tantas otras que nos estamos encontrando todos los días.
Permítanme que ponga un ejemplo muy reciente, ¿en qué análisis o trabajo se basaba la idea de prejubilación de los funcionarios públicos que hemos visto estos días en la prensa? ¿Hacerlo o no hacerlo supone un coste para la Administración? Y esta
es la pregunta, ¿se van a fiscalizar por el Tribunal de Cuentas todas las iniciativas de la Administración hayan llegado a término o no, con independencia de que se encuentren o no en el ámbito de la actividad económica financiera del Estado? Y
aunque sé que si se hace todo acaba en los presupuestos de una forma u otra, cuando una cuestión no se lleva a cabo no debe ser la excusa. Y mi pregunta es si el camino que se abre con este informe se va a seguir siempre.
Para llegar a la conclusión 3.2 y a la expresión posible ahorro de cientos de millones de euros, que parece salirse del contexto del propio ministerio fiscalizado, ¿se han tenido en cuenta, señor presidente, los métodos de análisis de coste
total de la operación generalmente aceptados para la toma de decisiones en estos ámbitos y en otros de proyectos generales?
Hablando de presupuestos, lamento que esto pueda parecer una jactancia, pero después de tantos años de profesión me considero experta en esta materia. ¿Se ratifica, señor presidente, en que el decaimiento en el proyecto Rhodas incumple el
principio de competencia, recogido en el artículo 74 de la Ley General Presupuestaria? ¿El principio que dice cómo se autoriza y se compromete un gasto, máxime cuando lo que parece que está detrás es que un subdirector que suspende un proceso de
análisis ha incidido en la autorización y compromisos, en materia de software informático del ministerio, y que el argumentario para demostrarlo, y que se incluye en el cuerpo del informe, como le decía, es un cuadro sinóptico firmado por seis
personas, de las que, como señalaba, no se facilita información de su destino, responsabilidad o categoría, dentro del Ministerio de Administraciones Públicas? ¿Éstas no serían también manifiestamente incompetentes para tomar decisiones de
autorización y compromiso? Yo creo que en ninguno de los dos casos se está produciendo esta incompetencia.
Espero su respuesta, porque el comentario concreto lo haré con su información en otro momento del trámite parlamentario de este expediente.
Por último, aunque habría múltiples informaciones más a solicitar, pero creo que del texto muchas se deducen, señor presidente, una de las denuncias más duras del informe, junto con la relativa al incumplimiento de la Ley General
Presupuestaria, porque el incumplimiento de las normas de carácter financiero forma parte de lo que es competencia específica del Tribunal de Cuentas, es la del incumplimiento de los principios básicos de la contratación administrativa, que, al
igual que en el caso anterior, da tratamiento de expediente positivo a algo que no lo es.
Pero es que además, se recoge como conclusión -y cito literalmente- que, cabe señalar el incumplimiento -dice en concreto- del pliego de cláusulas administrativas generales, aprobado por Decreto de 5 de octubre de 1973, que establece el
libre uso de los programas adquiridos por el Estado en todos sus ordenadores. Y sigue diciendo el texto: por el contrario, el condicionado de las licencias de los programas propietarios prohíben el uso del programa en más de un ordenador. En el
contexto del informe lo que parece querer decir es que esto no se puede hacer porque así está la normativa. La pregunta, señor presidente, es si ustedes mantienen esta conclusión, no obstante un informe de fecha 20 de marzo de 1997, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, que interpreta el alcance de esta cláusula en congruencia con el contenido de la Ley de Propiedad Industrial -cuyo texto refundido es de 1996-, por lo que respecta expresamente a los programas de ordenador.
Este informe señala concretamente que la aplicación de esa cláusula no puede implicar la libertad indiscriminada de uso, sin límite alguno, sino que responderá a las previsiones de reproducción y explotación expresadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, y dice: y ello sin perjuicio del derecho que a la
Administración le asiste de ubicar tales programas en los equipos que, en cada momento, considere adecuados a la función que tales programas de ordenador deben cumplir. Señor presidente, ¿conocían ustedes este informe o se les facilitó como
antecedente para la aprobación de las conclusiones y recomendaciones que nos ocupan? Es posible que se me quede algo en el tintero, que ya procuraré resolver, y si no preguntaré por escrito, pero creo que me he referido a las cuestiones que se me
han presentado, tras sucesivas lecturas de este informe.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Iba a comenzar mi intervención sobre este expediente de fiscalización de manera distinta a las anteriores, y por tanto en esta ocasión no iba a felicitar al Tribunal por el informe que había realizado, por ser demasiado reiterativo lanzar
siempre loas a la pulcritud de sus informes, al contenido tan sucinto que nos presentan y, en consecuencia, a lo importante que es para nuestro trabajo. Pero oída la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tengo que volver a
felicitarle por el informe, por el contenido del mismo, en el que han hecho un trabajo detallado en base a los objetivos planteados.
No entiendo muy bien, por una parte, la descalificación prácticamente de todo el informe que acabo de escuchar hace un momento, cuando nosotros siempre tratamos de analizarlo desde una perspectiva positiva para intentar ver qué cosas podemos
encontrar dentro del mismo, para que también sean positivas nuestras propuestas de resolución; pero, por otra parte, he escuchado una pregunta al presidente sobre el grado en que había compartido el Tribunal el contenido del informe, cuando yo he
escuchado decir al presidente en reiteradas ocasiones que lo que aprueba el pleno del Tribunal es una decisión colectiva, y que por tanto nunca se manifiesta sobre temas particulares ni hace posicionamientos internos. No entiendo muy bien que la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido miembro activo del Tribunal de Cuentas, haga esta pregunta, sabiendo muy bien cuál es su contestación, que es lo que acabo de decir ahora, o al menos es la que ha manifestado el señor presidente
hasta ahora en todas las intervenciones.
Este informe de fiscalización, que he leído con mucha atención e interés, es cierto que -y lo ha indicado así la señora Rodríguez- refleja un debate apasionante y también apasionado que se está produciendo en este momento -y también lo ha
dicho la señora senadora-, aunque también un debate en el que no hay mucha gente que esté de acuerdo, porque cada uno tiene una opinión distinta, bien es verdad que no puede considerarse un debate de partidos. La nuestra desde el primer momento
siempre ha sido -versión oficial- la neutralidad tecnológica, como principio. Hay comunidades gobernadas por el Partido Socialista que tienen software libre; hay comunidades socialistas que tienen software propietario, y lo mismo ocurre con las
comunidades gobernadas por el Partido Popular. Pero como se ha puesto aquí como ejemplo cierto referente del software de género Linux, la senadora Rodríguez ha hecho el comentario de que los informáticos tienen que regalar la informática y vender
hamburguesas para poder subsistir, pero yo sí quisiera comentar que recientemente, en una comisión en el Senado, de cara a las comparecencias para hacer el plan de convergencia de la sociedad de la información, el consejero de Valencia, señor Pons,
que fue presidente de la comisión del Senado en la etapa anterior, hizo una defensa encarecida del software libre, llegando a decir cosas como que los niños que no se formasen en él no vivirían una democracia plena, y no serían libres en esta
sociedad, o que los niños que no trabajasen con él desde pequeños perderían la capacidad de crear, y no podrían ser jamás creativos, intervención a la que yo le respondí diciendo que me había parecido un poquito radical, e incluso llegó a acusar a
las Administraciones que utilizasen software propietario de derrochadoras de dinero público, a lo que le pregunté si creía que ésa era una apreciación importante de cara a lo que estábamos viendo, que es verdad que todo el mundo tiene o software
libre o propietario, e incluso en algunas comunidades lo tienen compartido, pero, repito, es uno de los máximos referentes del Partido Popular en este momento en esta materia.
Es por eso por lo que no entiendo bien dónde estamos.
El informe que ha presentado el Tribunal marcaba ciertos objetivos. El primero de ellos era comprobar el proceso de elaboración y aprobación del proyecto Rhodas, analizando la documentación que ha servido de base para la toma de decisiones,
incidiendo principalmente en los cálculos de costes y en la consideración de las ventajas comparativas. El único informe que existe es el de la UCI que fue encargado por el MAP, elaborado por ellos mismos, y era el que debía servir de base para la
toma de decisiones posteriores.
La situación que se produce es que, de repente, cuando se presenta un proyecto para migrar de Windows NT a Linux, presentado por el propio ministerio, sin que exista ningún tipo de informe en contrario anulando el anterior, y por tanto
diciendo que las cosas no son correctas, lo que se produce en la práctica es una migración de Windows NT a Windows XP, quitando de enmedio un informe sin la justificación debida, como resalta también el Tribunal, algo que tampoco debe ser muy común
dentro de la Administración. Y desde luego no nos estamos metiendo en algo que nos afectase a nosotros, ni antes ni ahora, porque se hizo con gobierno del Partido Popular y con el señor Arenas como ministro,
y nosotros no estábamos en eso, sino sólo en la lectura del expediente del Tribunal.
El segundo objetivo que se marca es verificar el grado de cumplimiento en la ejecución del proyecto, analizando los problemas que se hayan podido presentar. ¿Problemas? Todos, porque se retiró sin ninguna justificación, como detalla el
Tribunal. El tercero lo obvio, y el cuarto y el quinto el propio Tribunal los reconoce retirados, dentro del propio informe, porque son de imposible aplicación en el momento en que se había retirado el proyecto.
También se desprenden importantes resultados -según dice el Tribunal- sobre la actuación del departamento ministerial fiscalizado, dentro de su control interno, donde se detectan muchas disfuncionalidades. Por último, yendo a las
conclusiones, el propio Tribunal se felicita, porque a pesar de que el objetivo principal, que era el del proyecto Rhodas, no existe, y por tanto no puede ser fiscalizado, el Tribunal de Cuentas admite que ha sido positiva la realización del mismo,
ya que en sus conclusiones manifiesta que se han obtenido resultados muy importantes sobre la política del MAP, en materia de gestión de software; habla de sistemas operativos y paquetes ofimáticos para ordenadores personales, así como sobre los
formatos de archivo e intercambio de datos utilizados para relacionarse con otros centros y organismos públicos. Esto es lo que nos parece original del informe, porque supone una radiografía, una foto fija del funcionamiento de la Administración en
un aspecto concreto, que también nos puede dar luz sobre esas disfuncionalidades para poder corregirlas.
El informe plantea múltiples argumentos. Efectivamente es verdad que se defiende encarecidamente que el proyecto Rhodas podría ahorrar mucho dinero a la Administración y podría haber sido muy eficaz. Es cierto que si se hubiera producido
su aplicación ahora tendríamos más datos para este debate. Pero el propio Tribunal dice que de resultar ciertas las premisas del proyecto, éste habría podido significar un hito de consecuencias muy beneficiosas en el modo en el que las
Administraciones públicas gestionan su software de ordenadores personales, con un posible ahorro que se cuantifica, es verdad, en cientos de millones. Es algo que dice el Tribunal y nosotros no tenemos nada que objetar, pues tampoco ha dicho nadie
lo contrario.
¿No resulta extraño que un proyecto desaparezca de golpe, cuando tanto sus autores materiales, dependientes del propio ministerio, como el Tribunal de Cuentas están de acuerdo en cuanto a sus ventajas? ¿Por qué su retirada no fue aprobada
por las autoridades competentes del ministerio ni comunicados públicamente los motivos de la misma? El propio Tribunal certifica que las explicaciones dadas al Tribunal de Cuentas sobre las causas justificativas de la suspensión del proyecto no
resultan consistentes, sin hablar de las deficiencias de control detectadas por el MAP. Asimismo se incumplió también el principio básico de la competencia en la aprobación y el compromiso de gasto, y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular
formulaba una pregunta al respecto a la que el tribunal respondía en este sentido.
Para terminar le felicitamos por el informe que han realizado, pues, repito, nos ha permitido hacer una radiografía de la situación, así como abrir un poco más este debate. Hay múltiples contradicciones, pero los autores de las mismas están
en el mismo sitio. Estaban en el ministerio antes, seguían en él después, y en vez de migrar de Windows NT a Linux se migró de Windows NT a Windows XP, y todo, insisto, con los mismos autores, pues en ese momento había un Gobierno del Partido
Popular del que formaba parte el señor Arenas. No obstante es cierto que no podremos comprobar los efectos de todo ello, porque no se ha visto cuál ha sido su utilidad práctica.
Ya para terminar quisiera formular dos preguntas. La primera de ellas es si considera usted que este informe de fiscalización puede ser útil para la Hacienda Pública en la medida en que se anticipa una partida de gastos permitiendo
optimizarla. Y por otra parte, el único informe existente era el de la Unidad de Coordinación Informática de la Subsecretaría del MAP, que era claramente positivo, sobre todo en su aspecto económico. Y en este sentido, ¿qué opinión le merece al
Tribunal de Cuentas que la Administración adopte una decisión absolutamente contraria, sin justificarla y sin motivo aparente, que según el informe de la UCI carga sobremanera el presupuesto del MAP?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Para responder a las preguntas que se le han formulado tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero hacer una precisión sobre la postura institucional de este presidente, algo sobre lo que ya me he manifestado varias veces, e incluso lo hice en la sesión celebrada el pasado 24 de mayo. Este presidente presenta los
informes que ha aprobado el Pleno, aun cuando no esté de acuerdo con algunos de ellos. Pero, insisto, ésta es precisamente la misión del presidente.
No sé si cuando se me pregunta por el grado en el que se ha compartido este informe se pretende saber el resultado de la votación. No sería la primera vez que esto se pregunta y yo no tengo inconveniente en decirlo.
En lo que sí tengo que
insistir es en que yo estoy representando al Pleno y tengo que adoptar una postura institucional, aunque comprendo que se me diga -y así fue en los informes anteriores- que yo soy el presidente del Tribunal y que no puedo estar tan callado, que algo
tengo que decir.
Pero, insisto, yo sigo manteniendo una postura institucional, y en esa línea tengo que decir que en la fiscalización,
con la que se pretendía inicialmente evaluar la ganancia y la eficacia que hubiera podido obtenerse con la puesta en práctica del proyecto Rhodas, los objetivos han devenido improcedentes al no ejecutarse el proyecto. Y esto lo dice el
propio informe con arreglo a la conclusión primera de los apartados d) y e).
Al analizar una decisión no ejecutada hay que reconocer que pueden surgir dudas sobre el tipo de fiscalización, y este es el debate que ustedes están manteniendo y que considero muy interesante. Pueden incluso surgir dudas respecto de si
ante esta decisión no ejecutada se ha infringido el principio de consunción del artículo 2 a) de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que habla de fiscalizaciones sobre actuaciones realizadas. Y aquí es donde hay que hilar fino, porque si el
Tribunal de Cuentas se inmiscuye como órgano de control externo infringiendo este principio básico de consunción, se estará introduciendo en un ámbito que no es el propio de un control externo técnico al servicio del Parlamento.
A este respecto hace pocos días se celebró un congreso de todos los tribunales de cuentas de Europa en Bonn, donde se suscitó el tema de la transparencia en torno al tema del presupuesto y al control de los ingresos. Allí se decía que las
expectativas puestas en las entidades superiores de fiscalización por parte de los parlamentos, por parte de las Administraciones y del público en general están cambiando y se están elevando, y que si ello es así, las entidades superiores de
fiscalización no pueden permanecer indiferentes, pero siempre teniendo mucho cuidado de no infringir esos principios de auditor eficaz y sobre todo independiente.
El problema está entonces en que si no se cambia, si no se da un paso adelante, el prestigio de dichas entidades de fiscalización puede quebrar, porque lo cierto es que en todo el ámbito internacional se nos dice que somos una especie de
forenses del control externo, que certificamos y decimos las cosas dos o tres años después de que se produzcan.
En este congreso se nos ha recomendado una mayor transparencia, que las entidades de fiscalización lleven a cabo auditorías de transparencia con modelos, metodologías y procesos, refiriéndose siempre a los presupuestos y a los ingresos. Y
se nos dice que las entidades superiores de fiscalización deben reflexionar sobre su estrategia de futuro. Pues bien, dentro de esta estrategia de futuro y de estas reflexiones entiende este presidente que la sociedad demanda el principio de
transparencia, que hay que adentrarse en él y quizá haya que correr algún riesgo.
Se ha preguntado aquí si de cara al futuro se ha pensado en aplicar otras iniciativas en este ámbito, y he de decir -y así lo expuse en el Congreso- que estamos obligados a tener una base legal y un control de regularidad. Ya tenemos
regulado el principio de transparencia en el punto quinto de la Ley 18/2001, de estabilidad presupuestaria. Sin perjuicio de que los objetivos de la estabilidad puedan ser unos u otros según la política desarrollada por el Gobierno, el principio de
transparencia ahí está. Este presidente entiende que hay que ir avanzando con cierto rigor técnico en el cumplimiento de este principio y procurar que no surjan dudas acerca del principio de consunción.
Quizá esto nos obligue a reflexionar sobre la necesidad de hacer unas fiscalizaciones o unos informes específicos de transparencia, de forma que en las propias directrices técnicas ya se sepan los objetivos que se van a cumplir. Incluso se
pueden emplear procedimientos específicos, por ejemplo los datos que se van a utilizar. Cuando el Tribunal utiliza datos que ya ha sometido a alegaciones y son suyos, puede que no necesite que estos datos vayan nuevamente a alegaciones, pero se
pueden utilizar otros datos, como sucede en este informe; datos en los que parece existir una fuente externa de cierta bondad y que pueden ser incorporados, pero el Tribunal ha de tener mucho cuidado a la hora de invocar, solamente a efectos de
transparencia, la bondad de los mismos. Incluso cabe realizar procedimientos específicos para que los destinatarios de los informes sean, no solamente el Parlamento o esta comisión mixta, sino también las comisiones sectoriales y la sociedad en
general.
En estas reflexiones acerca de la estrategia de futuro y el principio de transparencia que demanda la sociedad es donde este presidente enmarcaría institucionalmente este positivo debate sobre el presente informe. Creo que sería un aspecto
negativo por parte de esta Presidencia inmiscuirse en el debate del informe y, aunque quizá haya críticas o pueda verse en él una mayor o menor bondad técnica, entiendo que debo ser beligerante con ellas.
No quiero terminar sin decir que, igual que en el resto de los parlamentos europeos, según las conclusiones del reciente congreso, este Parlamento y esta comisión mixta se han tomado con interés el tema. Veo que ha sido así porque han dado
prioridad a este informe tan recientemente aprobado por el Tribunal sobre otros pendientes desde hace dos años; es más, le ha dado prioridad incluso al análisis de la cuenta general, que fue aprobada en diciembre.
Siguiendo esta línea, me permito sugerir a la comisión mixta que, haciendo uso de su iniciativa fiscalizadora, colabore con la institución en dar este paso hacia fiscalizaciones e informes de transparencia, tanto en lo que se refiere al
presupuesto como en lo concerniente a todo el sector público. Independientemente de que como consejero pueda estar más o menos de acuerdo por razones técnicas con el contenido de algún informe, como presidente, considero que, de cara al futuro y
siguiendo esa línea de reflexión que se nos marca hay que ir dando preferencia en este ámbito al principio de transparencia, de forma que las actuaciones de la administración pública sean transparentes. Ahí es donde enmarcaría yo el aspecto
positivo de este informe.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA EFE, S.A., EJERCICIO 2001. (S.
771/000066; C.D. 251/000066.)
El señor PRESIDENTE: Agotado el punto número 9, pasamos al último punto del orden del día: Informe de fiscalización de la Agencia EFE, S.A., ejercicio 2001.
Para explicar dicho informe tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
El informe de fiscalización de la Agencia EFE, S.A, ejercicio 2001, se aprobó en marzo de 2005. En él se ha efectuado el seguimiento de la resolución del 30 de noviembre de 1999 de esta comisión en la que se instaba al Gobierno a tomar
medidas para implantar formas alternativas de control de las delegaciones de la Agencia.
Entre los principales resultados del informe, cabe citar los siguientes.
En relación con el cumplimiento de las estipulaciones del contrato-programa firmado por el Estado, se señala que la plantilla real de la Agencia disminuyó en 137
personas durante el período 1998-2001, alejándose de las previsiones de aquél, que estableció entre sus objetivos el saneamiento y reestructuración de la plantilla con una reducción de 221 personas hasta llegar a 951 al final de 2001. Por su parte,
el expediente de regulación de empleo tan sólo afectó a 175 trabajadores, lo que unido a las nuevas contrataciones del período se tradujo en la mencionada disminución neta de la plantilla.
El contrato de prestación de servicios de cobertura informativa suscrito con el Estado no define de forma precisa los objetivos pretendidos en el mismo con relación al criterio para cuantificar las aportaciones del Estado a la Agencia, si
bien en función de los resultados obtenidos o de los costes generados lo que dificulta la valoración objetiva de la gestión de las actividades de interés general afectas al contrato de la gestión de la entidad.
En relación con los estados contables, el informe señala la representatividad de los mismos. Se destaca el hecho de que al cierre del ejercicio 2001 la entidad siga incursa en la previsión del artículo 270 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, al ser su patrimonio neto inferior a un 50 por ciento del capital social. Este permanente desequilibrio económico patrimonial que sufre la Agencia ocasionado por los resultados negativos que reiteradamente obtiene obliga a
modificar todos los años su capital social con objeto de restablecerlo.
Con ello, esta actuación del Estado sobre los fondos propios de la entidad se convierte en el procedimiento habitual para compensar la insuficiencia de recursos obtenidos en el
ejercicio.
En relación con el control interno, el informe menciona la citada resolución de la comisión mixta. Se pone de manifiesto la inexistencia en el ejercicio fiscalizado de un manual de organización y procedimientos de gestión integral para cada
una de las áreas de su actividad. En el informe se detectan deficiencias en la gestión de algunas delegaciones exteriores y se incide en la falta de realización de auditorías externas e internas sobre la gestión desde 1998, contraviniendo las
propias normas internas de la entidad y pese a que en las realizadas hasta ese año se habían detectado deficiencias que en parte seguían manteniéndose. Se concluye que, aunque la Agencia ha efectuado mejoras en el control de sus delegaciones, el
sistema debería ser perfeccionado introduciendo los procedimientos referidos.
La Agencia dispone de un sistema de contabilidad analítico que vincula directamente las áreas operativas, servicio de texto, servicios gráficos, televisión, radio y multimedia con las líneas de negocio o actividades que realiza; esto es,
actividades de interés general como agencia de noticias vinculada al contrato de prestación de servicios suscrito por el Estado y actividades de libre competencia prestando servicios y asistencia técnica a otras empresas al margen de dicho contrato
y en régimen de mercado abierto, definiéndose en estas últimas el contrato-programa aunque de forma imprecisa. Entre ellas, el informe concluye que la Agencia realiza algunas actividades sin viabilidad económica, como son las de los servicios de
árabe de radio y televisión.
El Tribunal recomienda que en el próximo contrato que se suscriba con el Estado se precisen las cantidades a aportar por éste, vinculándolas al coste derivado de la consecución de los objetivos de interés general
establecidos en el mismo, en aras del cumplimiento del principio de eficiencia y economía.
Para dar cumplimiento más preciso a la resolución de la Comisión Mixta, el Tribunal recomienda implantar procedimientos escritos para todas las actividades con trascendencia económico-financiera y elaborar un manual de organización y
procedimientos, crear un departamento propio al efecto o realizar auditorías externas en sus delegaciones exteriores, así como modificar el sistema de incentivos de los delegados. Finalmente, el Tribunal recomienda cancelar aquellas actividades sin
viabilidad económica que no son encuadrables como servicios de interés general, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato programa suscrito con el Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Abrimos el turno de aclaraciones y preguntas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Querría comenzar mi intervención, como no podía ser de otra forma, agradeciendo de antemano la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas y el resumen hecho sobre este punto.
Una vez escuchadas sus palabras y leído el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la Agencia EFE en el ejercicio 2001, observamos que son cuatro los objetivos generales a cumplir: comprobar el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la entidad, comprobar que las cuentas anuales del ejercicio de 2001 representan la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, así como el resultado económico del ejercicio,
evaluar los sistemas de control interno y los procedimientos de gestión aplicados y, en cuarto lugar, analizar la gestión económico-financiera, comprobando su adecuación a los principios de eficiencia y eficacia. Por lo tanto, desearía formularle
la siguiente pregunta: ¿Ha podido el Tribunal de Cuentas cumplir satisfactoriamente estos objetivos?
Por otra parte, en 1998, la Agencia EFE suscribió con el Estado un contrato programa y un contrato de prestación de servicios de cobertura informativa. El contrato programa estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 y definía objetivos
de saneamiento y reestructuración e inversiones en orden a garantizar la viabilidad futura de la Agencia EFE.
El contrato de prestación de servicios de cobertura informativa también estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2001. El Estado fija
una aportación de recursos globales de 142.683.000 euros. Por eso, quisiera saber cuál ha sido el grado de cumplimiento de ambos contratos en el ejercicio en el que culminaba su vigencia.
Asimismo, y pasando a otro aspecto del informe, la Agencia EFE presentó un ERE en 1999, donde se contemplaba la supresión de actividades inviables como, por ejemplo, teletexto y radio 24 horas. También se hacía referencia al injustificado
incremento producido en la plantilla entre los años 1986 y 1996, pasando de 644 a 1.171 trabajadores, señalando además la tendencia de convertir contratos temporales en indefinidos. El contrato programa contemplaba la reducción neta de la plantilla
en 238 personas, lo que suponía un 20 por ciento del total, de los que 221 corresponderían al periodo de aplicación del contrato programa. De acuerdo con este plan laboral, en el año 2001 la plantilla final debería ser de 951 personas. En el ERE
presentado se contemplaban 997 trabajadores. Por ello, deseo tener conocimiento de cuál es su criterio respecto a la verificación del expediente de regulación de empleo en los plazos y plazas previstas.
En otro apartado el informe realiza diversas observaciones, como usted ha comentado, relacionadas con la gestión de las delegaciones de la Agencia EFE. En este caso, me gustaría saber si se puede concluir que, durante los ejercicios
posteriores a 2001, se han corregido todos los reparos que hace al respecto el Tribunal de Cuentas en este asunto.
Finalmente, el informe determina que se han presentado 24 alegaciones.
¿Considera el presidente del Tribunal de Cuentas que las mismas aclaran las dudas significativas expuestas en el informe? ¿Considera el Tribunal de Cuentas que la
Agencia EFE, desde el ejercicio de 2001, ha separado con nitidez sus actividades de servicio público general y las de libre competencia?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señores presidentes.
Quiero volver a felicitar al presidente por el informe del Tribunal de Cuentas, tal y como he venido haciendo en todas las intervenciones, sin dejar pasar ninguna de ellas.
El informe de la Agencia EFE refleja una situación que todos conocíamos, porque viene de largo y ha afectado a distintos gobiernos. Por otro lado, el artículo 2 de los estatutos de la Agencia EFE establece como objetivo social la obtención
y distribución de información española e internacional en España y en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica y en aquellas áreas en que se utilice el idioma español, así como todos los servicios que tengan conexión con el periodismo
informativo en sus aspectos literario y gráfico, pudiendo extender su actividad a otros sectores o negocios relacionados con la información en general, así como con la industria periodística. Pues bien, si tenemos en cuenta que vivimos en la era de
la información y que queremos dar a conocer lo español al resto del mundo -sobre todo lo hispano, donde el Senado ha hecho una propuesta para crear un punto e.bis, o algo similar-, que dé cabida a todo lo que tiene que ver con España y su
conocimiento exterior, nos parece que la Agencia EFE es suficientemente importante y, por lo tanto, deben intentarse corregir de una vez los aspectos que se detallan en el informe y que estructuralmente le vienen afectando desde el año 1993 o
anteriormente.
Por otro lado, parece que el segundo objetivo del Tribunal está cumplido, es decir, comprobar que las cuentas anuales de la Agencia para el ejercicio 2001 representan adecuadamente sus aspectos más significativos, la imagen fiel de su
situación financiera y patrimonial, así como el resultado económico del ejercicio. Al analizar estructuralmente la Agencia EFE comprobamos que el objetivo planteado por el Tribunal sí se cumple, pero, en otras ocasiones, el mismo objetivo recogido
en el informe puede tener un funcionamiento distinto.
Destacan en las conclusiones del informe del Tribunal algunos aspectos relevantes. En primer lugar, en relación con el contrato programa. No parece lógico que el contrato programa, firmado entre la Agencia
EFE y el Gobierno, no definiera con precisión los objetivos pretendidos en el mismo, lo que dificultaba la valoración objetiva de la gestión. Parece que es algo que no va con los tiempos ni con el objetivo buscado por el contrato programa
de optimizar la Agencia EFE.
En relación con el incremento de la plantilla, resulta sorprendente no que no se cumpla el objetivo final de optimizar la misma -como había planteado en ese momento el Gobierno del Partido Popular-, sino que, por una parte, se reduciera
plantilla y, por otra, se estuviesen incorporando un buen número de nuevos trabajadores. Si supuestamente había que aligerar la plantilla para hacerla más funcional y mucho más operativa económicamente, extraña que se estuviesen produciendo
sucesivas incorporaciones de personal nuevo, en vez de utilizar al personal existente, siendo lo menos gravoso posible para las personas que ya estaban trabajando dentro de la Agencia.
En relación con loa estados financieros, el propio Tribunal dice que no se ha aplicado uniformemente el criterio de contabilización de las aportaciones realizadas a su filial ACAN EFE desde 1993 por importe de 3.594 miles de euros. Dice
también que no se aplican las previsiones del plan general de contabilidad, al considerar, a partir de 1997 hasta el ejercicio fiscalizado, dichas aportaciones como gastos extraordinarios; lo cual tampoco nos parece lógico. Preocupa que en el año
2001 la Agencia EFE siguiera presentando un patrimonio neto inferior al 50 por ciento del carácter social, también dicho por el Tribunal, y parece poco profesional la forma en la que todos los años se tiene que restablecer nuevamente un capital
social. Por lo tanto, creo que habría que afrontar definitivamente la optimización de este servicio.
En relación con el control interno y la gestión, el propio Tribunal resalta que la Agencia, en el ejercicio fiscalizado, no disponía de un manual de organización y procedimientos de gestión integral en el que se establezcan las funciones y
responsabilidades, métodos, procedimientos y objetivos específicos y de control para cada una de las áreas de su actividad, utilizando, por tanto, un simple manual de gestión de delegaciones en el exterior, que es el que ha servido como patrón y que
no se ha modificado desde el año 1995. Por lo tanto, no solamente no se ha utilizado el mecanismo correcto sino que, además, se dejó de actualizar en el año 1995, y han pasado muchos años desde entonces.
Resalto también del informe el hecho de que a pesar de haberse indicado que las auditorías se realizasen con carácter cíclico y podían ser realizadas tanto internamente como por agentes externos solamente se realizasen seis, como detalla el
Tribunal, y al mismo tiempo, sobre todo en aquéllas donde se habían detectado irregularidades o extremos pendientes de corregir, no se hubiese vuelto a producir ningún tipo de auditoría más aunque hubiese sido directamente por la propia entidad.
Parece poco profesional -por ello queremos resaltarlo- la forma en la que se repartían los incentivos: En el período fiscalizado cobraron comisiones liquidadas trimestralmente y calculadas sobre los cobros a clientes de cada delegación, con
independencia de los resultados económicos de ésta. Por lo tanto, nos parece que es algo que tampoco va en absoluto con los tiempos.
Por otro lado, debemos felicitarnos por disponer de la contabilidad analítica y preocuparnos nuevamente con los servicios deficitarios que, además, el propio Tribunal reconoce que no tienen viabilidad económica para salir adelante.
Lo que sí puedo garantizar es que nuestro grupo ha tenido muy en cuenta las recomendaciones que ustedes plantean. A priori -aunque las analizaremos más detalladamente- nos parece que son bastante oportunas y que vienen a corregir parte de
los elementos que en este momento pueden estar lastrando el funcionamiento de la Agencia EFE y sobre todo sus resultados económicos, pero también intentaremos presentar alguna que definitivamente corrija algo que ya lleva estructuralmente mal mucho
tiempo y consideramos muy importante para España que funcione bien.
Para finalizar, la pregunta que tendría que hacerle es: ¿cuál es su criterio sobre el funcionamiento estructural de la Agencia EFE en su aspecto económico?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Para contestar a las preguntas formuladas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente.
En cuanto a las observaciones que se han formulado, en relación con el primer interviniente, señor Moreno, debo decirle que respecto a los objetivos, el informe es claro y no ha habido limitaciones en ellos. Otra cosa es que el informe
ponga de manifiesto que en el contrato, al no estar estos objetivos claros, se dificulta la valoración de la gestión.
De ahí no pasa el informe.
En cuanto a los contratos, ya se ha señalado que se han incumplido respecto a la plantilla y ésta es la mención que se ha hecho a la regulación. Sobre los expedientes de regulación, este presidente no tiene ninguna información.
En lo que hace referencia a las delegaciones, precisamente una de las finalidades de este informe era la recomendación que se había hecho en el informe anterior sobre el control interno de las delegaciones exteriores.
Pues bien, parece que
el informe viene a decir que el control es mejorable.
En cuanto a la mención que se ha hecho en relación con las alegaciones, una vez más debo repetir que el
ponente valora las alegaciones y las incorpora al informe.
Asimismo, se ha hablado de si podría dar alguna información sobre los ejercicios posteriores. En relación a los ejercicios posteriores a los que se refiere el informe no queda más remedio que hacer otro informe.
En cuanto al criterio de este presidente sobre el funcionamiento económico y estructural de la Agencia, debo indicar que él presenta el informe que ha elaborado el Tribunal y no tiene otro criterio como presidente que el que figura en el
informe.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Le agradecemos una vez más su asistencia a esta comisión. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.