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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 35, de 24/05/2005
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 35
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC ANTICH OLIVER
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 24 de mayo de 2005,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de todas las operaciones económico-financieras llevadas a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en los grupos Fesa/Enfersa y Ercros en el periodo 1992-2000 (corresponde al número de expediente 251/000115
de la VII legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000001 y número de expediente Senado 771/000001.) ...
(Página 2)
- Informe de fiscalización de la ciudad autónoma de Ceuta y de sus ciudades mercantiles participadas, ejercicio 1998 a 2001. (Número de expediente Congreso 251/000053 y número de expediente Senado 771/000054.) ...
- Informe de fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ejercicio 2001 (corresponde al número de expediente 251/000130 de la VII legislatura).
(Número de expediente
Congreso 251/000014 y número de expediente Senado 771/000012.) ... (Página 8)
- Informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2001 (corresponde al número de expediente 251/000137 de la VII legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000020 y número de expediente Senado
771/000019.) ... (Página 10)
- Informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000057 y número de expediente Senado 771/000057.) ... (Página 12)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba), para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización del ayuntamiento de Marbella (Málaga) y de sus sociedades mercantiles participadas, ejercicios 2000-2001. (Número de expediente Congreso 251/000058 y número de expediente Senado 771/000058.) ...
- Informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos de la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2001 (corresponde al número de expediente 251/000127 de la VII legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000011 y número
de expediente Senado 771/000010.) ...
(Página 19)
- Informe de fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ejercicio 2001. (Número de expediente Congreso 251/000032 y número de expediente Senado 771/000030.) ... (Página 22)
- Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la Agencia de Protección de Datos durante el ejercicio 2001. (Número de expediente Congreso 251/000056 y número de expediente Senado 771/000056.) ...
- Informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A., ejercicio 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000034 y número de expediente Senado 771/000034.) ... (Página 27)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS LLEVADAS A CABO POR EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) EN LOS GRUPOS FESA/ENFERSA Y ERCROS EN EL PERÍODO 1992-2000 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000115
DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000001 y número de expediente Senado 771/000001.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Vamos a fijar la hora de votación a partir de las once treinta horas.
Empezamos por el primer punto del orden del día, que es el informe de fiscalización de todas las operaciones económico-financieras llevadas a cabo por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) en los grupos FESA/Enfersa y Ercros en el período 1992-2000.
Con relación a este punto sólo ha presentado propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Hierro para defender estas propuestas.
El señor HIERRO RECIO: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado propuestas de resolución sobre el informe que se acaba de señalar. Vamos a utilizar el tiempo que tenga a bien otorgarnos la Presidencia en el ánimo de explicar bien el
porqué de esta decisión que hemos tomado de presentar estas propuestas de resolución,
que en concreto son de ampliación del informe de fiscalización.
Tenemos que enmarcar este informe de fiscalización en una etapa problemática para el anterior Gobierno del Partido Popular, que tuvo dos hitos, uno en el año 1999 y otro a finales de 2000 y comienzos de 2001, donde se ponía en tela de juicio
a uno de los miembros del Gobierno, que era el señor Piqué. El primero de esos problemas fue el escándalo de la condonación del préstamo al que hace referencia este informe y el segundo la pretendida imputación del señor Piqué por un presunto
delito de alzamiento de bienes en el caso Ertoil. Como respuesta del Grupo Parlamentario Popular a estas dos situaciones se evitó la constitución de una comisión de investigación, de esas que siempre se iban a votar a favor, pero cuando llegaba la
hora de la verdad no se votaban nunca; se creó una subcomisión para estudiar las subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria y Energía, y más adelante, ante la imposibilidad de parar las críticas, se optó por solicitar al Tribunal de
Cuentas un informe de fiscalización, eso sí, donde se metieran todas las ayudas recibidas por el grupo FESA/Enfersa y por Ercros, no para analizar el préstamo de los 8.500 millones de pesetas, que era el que traía los problemas. La descripción de
ese préstamo está perfectamente en el informe del Tribunal de Cuentas y nos pone de manifiesto una serie de particularidades que voy a pasar a reseñar porque son el fundamento último de estas propuestas de resolución.
En primer lugar, hay una particularidad, que es la única operación de todas las relativas a las industrias de fertilizantes que no estaba prevista como instrumento en la Ley 27/1984, de Reconversión Industrial, ni en el Decreto 295/1985, que
afectaba al sector de fertilizantes, es decir, era una operación no amparada legalmente. En segundo lugar, es la primera operación que supone la renuncia al cobro del principal, ninguna otra operación hecha con ninguna otra empresa del sector de
fertilizantes lleva aparejada una pérdida del principal, de hecho todas están cobrando el principal de los préstamos realizados. En tercer lugar, es una operación por la cual se produce el mayor quebranto económico de todas las operaciones, un
quebranto económico del 121 por ciento, porque se pierde el principal aparte de los intereses al ser cero el tipo de interés. Es decir, es una operación muy problemática porque ha creado una singularidad en el caso de Ercros que nunca debería haber
existido.
El informe del Tribunal de Cuentas hace una serie de alusiones a determinadas cuestiones que crean una incertidumbre sistemática. Por ejemplo, el propio Tribunal de Cuentas dice que se manipulaban los beneficios, o sea, se trasladaban los
beneficios a las filiales para que Ercros no tuviera beneficios porque era un préstamo participado, es decir, un préstamo que se atendía con beneficios, de forma que si tenía pérdidas no había que pagar el préstamo, se manipulaban los beneficios.
Resulta paradójico que en el momento en que se deja de pagar el préstamo con beneficios ya vuelve a tener Ercros beneficio. El préstamo se considera como ayuda, porque la condonación fue una ayuda, y no se comunicó a la Unión Europea. Fue la
Comisión Europea la que al final lo calificó como ayuda, cuando el Gobierno se negaba a considerar que fuese una ayuda. Yo no voy a decir que se vulnerara la literalidad de la ley de incompatibilidades, pero estoy convencido de que su espíritu sí.
Es más, en una operación en la que el Gobierno no cobraba intereses, pagó intereses por el depósito de esos fondos en tanto se utilizaban, una cosa que me pueden permitir que la califique de estrambótica, es decir, yo no cobro intereses por el
préstamo pero pago intereses mientras usted no dispone del préstamo. Es una aberración, sobre todo cuando fue un acuerdo de un órgano, que es la Comisión de seguimiento del convenio de acreedores de FESA, que alteraba una decisión de un órgano muy
superior, que es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El rescate se fundamentó en unos pretendidos informes donde se decía que era imposible cobrar el préstamo y se presuponía que entre el año 1995 y 2000 el grupo Ercros iba a tener unas pérdidas de 3.684 millones, y la realidad ha dicho no que
haya tenido pérdidas de 3.684 millones, sino que ha tenido beneficios de 4.007 millones de pesetas en seis años. O sea, se decía que no se podía pagar el préstamo, y por tanto se pedía su rescate, sobre la base de que no se iban a tener beneficios,
y sin embargo han existido beneficios todos los años. Es más, el propio Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que no se ha acreditado la aplicación de parte de los recursos. Los recursos estaban destinados a una operación de ampliación de capital
que tenía como finalidad abonar las deudas de FESA que estaban sometidas a un convenio de acreedores. Pues hay 1.856 millones de pesetas que no se sabe si se han aplicado a las deudas de ese convenio de acreedores o no. Hay que investigar a qué se
han aplicado, porque no puede llegar uno y decir que no se ha justificado.
Es más, hay algo que planea sobre toda la operación, que es que ese préstamo está diseñado para sanear FESA para su venta. Se produce la venta, efectivamente, pero queda pendiente un 20 por ciento del capital que se vende más adelante y
desconocemos cuál es el valor de la venta.
Dicho de otra manera, no sabemos si Ercros percibió ingresos adicionales por encima de la peseta simbólica que iba a recibir por cada acción. En definitiva, como no podía ser de otra forma, dado que el
interés del Partido Popular era auditarlo todo para, en ese todo, que no se aclarase definitivamente lo que era el interés particular, que era el caso de ese préstamo que, insisto, era el único que estaba al margen de la legislación vigente, se
metió al Tribunal en una investigación mucho mayor que ha hecho que tenga algunas deficiencias desde nuestro punto de vista que, evidentemente, no pueden ser imputables al Tribunal por una intencionalidad, ni mucho menos, sino que son fruto del
marasmo que se ha pretendido crear con este informe.
Conclusión. El Grupo Socialista exige y solicita, y por eso lo propone a esta Comisión, que se amplíe el informe del Tribunal de Cuentas no por un ánimo inquisitorial, ni mucho menos, ni por un ánimo vengativo, entre comillas -le estoy
dando pie a la portavoz del Grupo Popular para que lo utilice-, sino todo lo contrario, es precisamente porque estamos hablando de fondos públicos e implica responsabilidad. No podemos consentir que un informe el Tribunal de Cuentas diga que no
hemos podido constatar la aplicación de determinados fondos públicos y quedarnos tan tranquilos, entre otras cosas porque son impuestos que pagan los españoles y por ello tenemos que hacer el ejercicio de responsabilidad de llegar hasta donde sea
posible. Espero que la portavoz del Grupo Popular haya tomado en cuenta también esta coletilla para que le sirva para su discurso.
En definitiva, solicitamos la ampliación del informe y proponemos al resto de los grupos que, en ánimo de esclarecer la aplicación de esos fondos que proceden de los impuestos de todos los españoles, voten a favor de esa propuesta de
resolución.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Rodríguez, en representación del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Eso de que me den hecho el discurso tiene su gracia, pero voy a empezar de otra manera, voy a felicitar públicamente al portavoz de la Comisión, Francesc, por haber tenido un niño. Eso es muy bueno y así
quitamos tensión. Primera cuestión.
Segunda cuestión, única referencia a lo que acaban de decir. Estamos hablando de un préstamo o de una operación que parece que no es legal, pero que se concedió en el año 1994, es decir, eran los impuestos de los españoles de 1994.
¿Recuerdan las cosas que pasaban en ese año? No las voy a recordar más.
Como señalamos en nuestra intervención el pasado día 5 de abril, tras la exposición y las explicaciones del presidente del Tribunal de Cuentas en relación con este informe -le preguntamos específicamente sobre esto-, nos hallamos ante una
petición de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas de un informe, que ahora se podrá decir que sustituye a una comisión que no quisimos hacer, pero que el Tribunal efectúa en sus justos términos; será más amplia de lo que ahora parece que le
habría gustado al Grupo Socialista, pero lo que sobra, si sobra algo, que yo creo que no, nos da la luz sobre una operación muy costosa para el Estado en su conjunto -y es importante que el Tribunal de Cuentas haga informes de este tipo- que lo que
pretendía era conseguir que este grupo de empresas no entrara en quiebra. Le pregunté al presidente sobre lo que me parece la madre del cordero de esta operación: cuáles habían sido los efectos de todo esto, porque al final era a lo que iban
encaminados los caudales públicos, con respecto al empleo y a la renta en los territorios afectados, que, si no recuerdo mal, eran Huelva y Tarragona, y qué pasó con esta inyección de fondos, pero el presidente no supo o no me pudo contestar. Lo
que quedó muy claro al presidente es que en las dos acciones públicas planteadas en el Tribunal sobre los asuntos de los que ahora habla el portavoz socialista, que dice que causaron alarma social, han sido concluidas con la resolución de ser
archivadas. ¿No les basta, o tenemos que seguir abriendo documentos? ¿Qué es lo que quieren, que abramos un conflicto con el Tribunal?
El portavoz ha dicho en el último momento que no es que el Tribunal lo haya hecho mal, que la culpa no es del Tribunal, sino que es que tenía mucho trabajo. Creo que el Tribunal puede hacer tres informes cada uno sobre dos años o un informe
sobre seis años; que el informe sea más largo no quiere decir que se trabuque o no sea capaz de hacerlo con la misma exactitud y con el mismo rigor que otros informes. Usted puso en tela de juicio al presidente del Tribunal de Cuentas la
utilización de un término, por otra parte tan usado en auditoría, como la razonabilidad con respecto al valor actual de este crédito y el Tribunal de Cuentas le contestó diciendo: lo que nosotros entendemos que es razonable lo decimos porque es
razonable. Si ponemos en tela de juicio el rigor técnico del Tribunal, estamos abriendo un conflicto con el Tribunal, un mal conflicto. Me parece, si no recuerdo mal, no lo he comprobado, que es la primera propuesta de resolución que se hace con
exposición de motivos en este caso y se hace con exposición de motivos para poner un nombre y un apellido. Me parece que eso era absolutamente innecesario o cuando menos sesgado, y, si ponemos nombres, también podemos poner nombres de quién es el
que gestiona o quién gobierna en este momento esa empresa que además está incursa en la vida normal de una empresa y con operaciones importantes para garantizar el futuro de sus trabajadores, que es lo que nos debería importar. De su exposición del
otro día y de la propia exposición que ha hecho hoy, parece que ni quiso escuchar al presidente del Tribunal ni ha querido leer ese informe del Tribunal que tiene tantos datos porque lo que dijo el otro día es lo que aparece en las resoluciones, es
lo que se quería desde el primer momento.
Paso a comentar o a explicitar cuál va a ser nuestra posición con respecto a su propuesta de resolución. Se le está dando muchas vueltas a un préstamo, ese que usted dice que ha creado alarma social, que se concede en 1994; en ese año es
en el que se dan las condiciones de pago sin intereses a una sociedad que, dice el propio Tribunal -y yo, por principio, creo las cosas que dice el Tribunal-, en práctica inactividad y que además está en pérdidas. En 1998 se aprueba el rescate por
un valor que considera el Tribunal más que razonable -conclusión nueve- y además dice que las mencionadas ayudas, todas, incluida esta, en la conclusión trece en concordancia con la conclusión una, han sido determinantes para evitar la quiebra de la
sociedad. Por eso, creemos que el Tribunal de Cuentas ha hecho el informe que tenía
que hacer; no hace recomendaciones; en sus conclusiones es terminante; explicita las cosas como está; no recomienda nada; el presidente del Tribunal nos dice que no ha habido responsabilidad contable alguna respondiendo a mis preguntas
y, al mismo tiempo, que las dos causas abiertas han sido cerradas y sobreseídas por lo cual, seguir dándole vueltas a este asunto no nos parece que sea para cumplir con los objetivos que tiene el Tribunal, que es para ver qué es lo que se hace con
los caudales públicos. Además, analizando la propuesta de resolución y los aspectos que quiere el Tribunal, me entran fundadas dudas de que el Tribunal, ni siquiera en el ejercicio de sus competencias, pueda realizar algunas cosas como las que pone
aquí, aunque sea cogiéndolas por los pelos, de los perceptores de ayudas públicas. Por eso, mi grupo va a votar en contra -le doy el discurso y todo- de la resolución que nos plantean porque creo que el informe del Tribunal es lo suficientemente
claro y el presidente del Tribunal nos aclaró las dudas que teníamos el pasado día cinco.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA Y DE SUS SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS, EJERCICIOS 1998 A 2001. (Número de expediente Congreso 251/000053 y número de expediente Senado 771/000054.)
El señor PRESIDENTE: Si no hay más intervenciones, pasaremos al segundo punto del orden del día que son las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus sociedades mercantiles
participadas, ejercicio 1998 a 2001. En primer lugar, para defender sus propuestas de resolución tiene la palabra el señor González, en representación del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Es la segunda vez que estamos aquí con este tema en poco más de un mes. Desde el Grupo Popular, y una vez estudiado con detenimiento el informe del Tribunal de Cuentas y en conexión en este caso con la colaboración
de la propia ciudad y de su Gobierno, hemos decidido presentar una enmienda de resolución que permita a esta Comisión, que permita al Tribunal de Cuentas, que permita a la sociedad de Ceuta y que permita a todos los que estamos interesados en ello,
saber cómo se gestiona una ciudad y cómo se gestiona el Gobierno de una ciudad cuyo último beneficiario es el ciudadano.
Voy a explicar por qué el Grupo Popular presenta una propuesta de resolución de estas características. El día en que se celebró la comparecencia en que el presidente del Tribunal de Cuentas realizó su exposición sobre aquella fiscalización
especial del Tribunal de Cuentas a la ciudad de Ceuta, dijo que las irregularidades que se manifestaban se podían observar, comprobar en el ejercicio cotidiano de la fiscalización habitual del Tribunal de Cuentas a la que se somete la ciudad de
Ceuta anualmente. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que sea otro tipo de fiscalización, nos da exactamente igual, pero entendemos que tiene su sentido el que sea en un periodo determinado y para que se conozca lo antes posible. Si se
establece una fiscalización especial, entendemos que el periodo para el conocimiento de todos nosotros de lo que se derive del informe del Tribunal de Cuentas queda muy lejos. Sin embargo, si la propuesta que se lleva adelante es la que nosotros
ponemos encima de la mesa, tendremos mucho más cercano en el tiempo el saber si se están haciendo las cosas bien, si se han rectificado aquellas cosas que se estaban haciendo mal y qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Ceuta, porque esa es
la tercera parte de la que quiero hablar aquí. Da la sensación de que hay interés en comparar al Partido Popular con otra formación política, que en su día se llamaba el GIL, y que actuamos de la misma forma. Miren ustedes, ni somos iguales, ni
actuamos de la misma forma, ni el GIL es nuestra criatura, es la criatura de otros que forzaron la creación del GIL para evitar que el Partido Popular obtuviera victorias -entre comillas- electorales en otros municipios de la Costa del Sol,
incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla.
Nosotros entendemos que el ejercicio de 2002 a 2005 va a permitir saber si, desde la fiscalización hasta la fecha actual, se están rectificando aquellas irregularidades que se manifestaron en el informe del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué
digo esto? Porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene conocimiento oficial y oficioso, no había antes ningún conocimiento, del informe del Tribunal de Cuentas en octubre de 2004. Si una sola de las personas que están aquí, que hayan ejercido en
política, no solamente local, sino autonómica o nacional, es capaz de modificar los criterios de un rosario de irregularidades que se venían manifestando en el informe del Tribunal de Cuentas en dos meses, puede ser alcalde o presidente perpetuo de
ese sitio y seguramente será reconocido como un santo varón o una santa 'varonesa', en este caso, porque es imposible que en dos meses alguien pueda rectificar ni llevar a la práctica las peticiones que se hacen desde el Tribunal de Cuentas.
Cuando nosotros entramos en el Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta y nos encontramos con aquel maremágnum, aquella cueva de ladrones en la que se había convertido aquella ciudad, tomamos las medidas necesarias para ir rectificándolas en
base a criterios de racionalidad, de sensatez y de ejercicio de responsabilidad que debe ejercer un Gobierno. Eso se ha demostrado porque todas aquellas barbaridades, incluso me atrevería a decir en algún caso pudiéndose tildar de delitos,
lógicamente no se hacen en el ejercicio cotidiano de un Gobierno serio, responsable, como es el del Partido Popular o como podría ser el del Partido Socialista, pues no tengo por qué excluirlo, ni mucho menos. Luego, han quedado una serie de flecos
y voy a poner encima de la mesa algo que sorprende de las resoluciones del Tribunal. En 1987 fue cuando se crearon por primera vez
las sociedades municipales en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en aquel entonces Ayuntamiento de Ceuta. El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio cotidiano de su fiscalización, nunca hizo referencia, desde el año 1987 hasta el 2004, a ninguna
acción a tener en cuenta respecto de las sociedades municipales. Lógicamente nadie ha tomado medidas para modificar criterios de actuación en esas sociedades municipales, salvo el Partido Popular cuando entró en el Gobierno, que se encontró con que
las sociedades municipales por no tener, no tenían ni fiscalización política, ya que no existía ni un solo miembro de la oposición en aquellos consejos de administración. Eso se solventó inmediatamente teniendo dos fiscalizaciones, en este caso
desde la propia ciudad autónoma, con los responsables económicos y jurídicos de la ciudad, participados directamente por estas personas en esas sociedades.
Si no hay conocimiento a lo largo de tantos años de las modificaciones que se pueden hacer, es muy difícil que alguien pueda realizar esa modificación o rectificación en dos meses. Por tanto, nosotros entendemos que, para poder demostrar
que se están haciendo las cosas bien y se está trabajando bien, la única forma de hacerlo es ampliando el ejercicio hasta 2005 porque es imposible que en dos meses alguien pueda arreglar aquellas irregularidades que se detectaron en el informe del
Tribunal de Cuentas de 2001 a 2004. Si lo que se pretende es otra cosa, que no es el conocimiento de la verdad, sino la utilización de una institución como el Tribunal de Cuentas para hacer política o para transmitir a la sociedad inquietud hacia
quienes les gobiernan, se puede pedir perfectamente que sea el año 2004. No tenemos ningún tipo de problemas en que se apruebe esa resolución. Creemos que se están haciendo las cosas bien y lo único que se está poniendo encima de la mesa es que
las cosas necesitan un tiempo determinado para que los ejercicios presupuestarios se puedan rectificar. Si no dan tiempo al ejercicio presupuestario, no se quiere saber la verdad, lo que se quiere es una resolución posterior para utilizarla
políticamente, pero como queda plasmado en el 'Diario de Sesiones' lo que estoy diciendo, seguramente cuando llegue ese momento lo sabremos.
Voy a decir dos cosas más. En la propuesta que nosotros hacemos se va a saber lo que está pasando en la ciudad de Ceuta mucho antes de la siguiente convocatoria electoral en el 2007; otras resoluciones pretenden que no se sepa para
utilizar el desconocimiento como instrumento electoral.
Señor presidente, lo que pedimos no es solamente razonable, sino que se ajusta perfectamente a derecho y a lo que tendremos que llevar adelante.
Lo que queremos es que Ceuta deje de ser el centro de atención de una sociedad que, al final,
la ve muy lejana y, como sigan alejándola de esta forma, la veremos tan lejos que dejaremos de considerarla nuestra.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista y para fijar posición tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Cuando se firmó la moción de censura al GIL en la Ciudad Autónoma de Ceuta, el grupo parlamentario municipal socialista en Ceuta solicitó el informe del Tribunal de Cuentas para esclarecer la situación en la
que se encontraba la más alta institución de Ceuta, su Asamblea, y contó con el compromiso del entonces nuevo, y todavía hoy, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta del Partido Popular de que contará qué es lo que se encontró. Pues bien, no solo
no lo contó, a pesar de las reiteradas peticiones del PSOE, sino que se ha seguido, como se ha podido comprobar repetidamente, con las prácticas que había comenzado el GIL y que el Partido Popular nunca denunció las irregularidades cometidas en el
periodo del GIL. ¿Cómo se iba a denunciar si gobernaba con seis consejeros del GIL, además de sus respectivos directores generales y asesores, y aún hoy son muchos los actuales cargos procedentes del Grupo Independiente Liberal que acompañan al
actual presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta? El gerente de Emvicesa, el director técnico de su propio gabinete, que fue viceconsejero de Economía con Antonio San Pietro, el presidente del GIL, y así un largo etcétera.
El Partido Popular no
denuncio sino que procedió a legitimar los asuntos más oscuros del GIL como la Manzana del Rebellín o la modificación del contrato de la basura que, por cierto, tienen intención de modificarlo otra vez, o la modificación del contrato de la
desaladora, etcétera.
Consideramos que los ejercicios 2002, 2003 y 2004 son los que más interesan a la ciudad y a sus ciudadanos para poder valorar correctamente la gestión de los distintos gobiernos de la ciudad presidida por don Juan Vivas, del Partido Popular.
Interesa por muchos motivos, pero voy a explicar alguno de ellos. Según denuncia el Tribunal de Cuentas en su informe, con relación a la Manzana del Rebellín se efectuó un pago a la empresa adquirente del solar por un importe de más de 31 millones
de pesetas en concepto de devolución del IPSI por la reducción del precio de la venta de la parcela. Este pago no se considera procedente; aún no le han pedido a la empresa que lo devuelva. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha
declarado la nulidad de la licencia de obras. La cantidad que durante el año 2004 se ha gastado la Ciudad Autónoma de Ceuta en propaganda, no en publicidad institucional, es de 940.316,55 euros.
Además se ha encargado un informe por valor de dos
millones de las antiguas pesetas, que se adjudicó a dedo; informe que ni siquiera tiene conclusiones, sin el más mínimo rigor técnico, sin un análisis, sin una estadística. Muchos de los temas que denuncia el Tribunal de Cuentas en su informe se
siguen practicando, como el fraccionamiento injustificado de los contratos, eludiéndose indebidamente las actuaciones preparatorias de tramitación de expedientes de adjudicación mediante
formas y procedimientos con publicidad y concurrencia general propia de los contratos mayores. Las contrataciones verbales en el año 2003 se situaron en 2.995.931,7 euros y en el año 2004 en 2.234.341 euros, sin ningún tipo de informe
previo, sin pliego de condiciones, sin publicidad, sin concurrencia y sin garantías. Estoy detallando algunas de las lindezas que se dice que se han corregido y que a fecha de 2004 continúan en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
El gasto reconocido de suministro, prestaciones de servicios y ejecución de obras es otro capítulo. En la prestación del servicio aparecen servicios extraordinarios de empresas que los tienen establecidos mediante el contrato de servicio
por el que ahora se paga de manera extraordinaria a esta empresa, a quien se le abonan de manera independiente cantidades superiores a las que poseen en el propio contrato. Se trata de asuntos verbales que van desde el alojamiento de personas hasta
obras; en algunos casos existen fraccionamientos de pago, evitando que se supere el límite que fija la ley para las contrataciones.
En el ámbito de cooperativas, después de que el Tribunal de Cuentas le hiciera recomendaciones de reconsiderar la
creación de nuevas sociedades mercantiles e incluso la extinción de alguna de las ya existentes, valorando los factores que justifican la existencia de una organización descentralizada, se han dado también irregularidades de 2002 a 2004. Se decide
crear una nueva sociedad, pero la denuncia de la Inspección de Trabajo le obliga a dar marcha atrás. La propia Inspección de Trabajo de Ceuta con relación a las cooperativas ha reconocido prestación indistinta en los mismos locales por personal
funcionario y supuestos cooperativistas. La Inspección de Trabajo de Ceuta ha reconocido que los sueldos que cobraban los cooperativistas eran del orden de un 30 por ciento inferior a los cobrados por sus compañeros de trabajo por la prestación de
los mismos servicios en los mismos lugares de trabajo y sujetos a las mismas condiciones. Se ha producido trasiego de los cooperativistas de una empresa cooperativa a otra, uso de subvenciones del Fondo Social Europeo para el pago del salario
pactado, ausencia absoluta de contabilidad, control de gastos de las subvenciones, incumplimiento prácticamente absoluto de las obligaciones derivadas de la Ley de Cooperativas; en definitiva, ausencia de facturación de las cooperativistas a
Procesa como sociedad instrumental de Ceuta. Respecto a la sociedad Acuicultura de Ceuta pedimos una fiscalización separada. En el primer trimestre de 2004 le pidieron al Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma una nueva inyección económica de
1,2 millones de euros para Acuicultura S.A, pero la empresa se ha ido a pique; ni una sola explicación del porqué, ni una autocrítica, pero sí muchas preguntas sin contestar, muchas responsabilidades sin asumir y ni una sola dimisión.
Señor
González, desde el Grupo Socialista solo queremos que se conozca la verdad de todo lo que ha pasado esos años posteriores. Usted plantea aquí traer estas cosas como si fuera un agravio contra la ciudad autónoma, como si fuera una ofensa. El pueblo
de Ceuta y sus ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad, por ejemplo, de ese fracaso empresarial cuya gestión ha dilapidado una ingente cantidad de dinero público. Eso es bueno para los ciudadanos y saludable para la democracia.
Por último, no tiene sentido, como proponen, solicitar una fiscalización ordinaria, ya que la Ley de Haciendas Locales en su artículo 204 establece que las entidades locales rendirán al citado Tribunal antes del 15 de octubre de cada año la
cuenta general a que se refiere el artículo 190 de la presente ley, correspondiente al ejercicio económico anterior.
No olvidemos algo muy importante. El propio Tribunal reconoce que las alegaciones formuladas por el Gobierno de la Ciudad de Ceuta
no van acompañadas de documentación acreditativa alguna que implique valoraciones jurídicas; no citan ni referencia normativa, ni jurisprudencia en la que se fundamentan. Es decir ustedes quieren que se pase un tupido velo sobre este tema. Su
línea argumental es: el GIL robó, y el PP lo ha subsanado, tratando de obviar las responsabilidades civiles y penales de los causantes. No podemos obviar las responsabilidades civiles y penales de esos causantes a los que usted dice que robó, y el
desconocimiento de las mismas en las que se ha sumido a la Ciudad Autónoma de Ceuta. No puede utilizar contra el Grupo Socialista que queramos conocer la verdad de lo que pasó en ese periodo que ha quedado claro (usted mismo ha dicho que robaron) y
lo que pasó posteriormente, porque se ha continuado realizando las mismas prácticas que se realizaban en el período del GIL. De ahí que presentemos nuestra propuesta de resolución con dos puntos: que se fiscalice a la Ciudad Autónoma desde 2002 a
2004 y, en segundo lugar, que se fiscalice de manera específica a la sociedad mercantil Acuicultura de Ceuta, por los motivos que antes he explicado.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere hace uso del turno de fijación de posición? (Pausa.) ¿Algún grupo quiere hacer uso del turno de réplica? Tiene la palabra el señor González, en representación del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: No voy a polemizar, porque no es una cuestión para polemizar. Simplemente mantengo lo que hemos dicho, en primer lugar, que si se quiere saber la verdad hay que dar tiempo a las rectificaciones para que se lleven a
cabo. No se quiere saber la verdad y se quiere utilizar políticamente lo que emane del Tribunal de Cuentas, exigiéndole la rectificación de todo un conjunto de modificaciones en dos meses, cuando algunas provenían desde 1987; es lo que se
pretende.
Voy a decir una cosa de la que quiero que quede constancia. Lo que ha hecho el señor De la Encina ha sido comparar el Partido Popular con el GIL. El señor De la Encina ha cometido un gravisimo error, porque comparar una formación política
democrática como el Partido
Popular con el GIL es una aberración, no se debe hacer. No voy a pedir que se retire del 'Diario de Sesiones', voy a dejar que se remarque en el 'Diario de Sesiones' lo que ha dicho el señor De la Encina, porque, como dice el refrán, cada
uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Señor De la Encina, en el futuro será usted esclavo de sus palabras y quedará para siempre en el 'Diario de Sesiones' que usted ha comparado al Partido Popular con el GIL en sus formas y en
sus maneras.
Allá usted, señor De la Encina.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Creo que sobraba su tono amenazante (Risas.), y su dedo lo tendría que dirigir a aquellos que, como usted ha dicho, han robado en la Ciudad Autónoma de Ceuta (son palabras suyas, esas sí que están escritas) sin
que ustedes lo hayan denunciado donde hay que hacerlo; muy al contrario. No soy yo quien ha hecho lo que he comentado al principio, continuar con un elenco de cargos procedentes del GIL en las filas del Partido Popular. Si a ustedes les molesta
eso, no haberlo hecho, no haber traspasado a muchos de los dirigentes del GIL al Partido Popular. Señor González, no son las rectificaciones, sino lo que ocurrió en el periodo del GIL y lo que ha seguido ocurriendo con el Gobierno del Partido
Popular y aún se sigue produciendo en el periodo en el que estamos; de ahí el que hayamos pedido esa fiscalización. No acusamos al Partido Popular comparándolo con el GIL, sino a sus responsables, que han permitido y tolerado que se sigan
produciendo esas prácticas durante el periodo que pedimos de fiscalización del 2002 al 2004, y sus amenazas me las tomo como una lindeza más de las muchas que usted dice. (Varios señores diputados: Si no ha amenazado.) Sí, sí. Usted no tiene por
qué manifestar lo obvio, porque lo que decimos queda en el 'Diario de Sesiones'; no solo no lo he dicho de manera inconsciente, sino que está escrito en mis papeles, por tanto reflexionado; en consecuencia lo asumimos plenamente, y es lo mismo que
se ha dicho en la Ciudad Autónoma de Ceuta. El que acusa es usted además intentando trasladar a los ciudadanos de Ceuta que el Partido Socialista, porque quiere la verdad, quiere que se profundice en las irregularidades y en lo que usted ha
calificado de robo en la ciudad autónoma con el periodo del GIL y prácticas irregulares que se han continuado, está creando una mala imagen de Ceuta. No señor, nosotros lo que queremos es recuperar esa imagen que se perdió desgraciadamente en una
época muy triste con el GIL y que luego ustedes no han sido capaces de superar con prácticas que arreglaran aquellas graves irregularidades. (El señor González Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor González, yo creo...
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Simplemente quiero decir que si de mis palabras se desprenden amenazas..., no hay ninguna amenaza. Este portavoz jamás ha utilizado en esta Cámara, ni en Comisión ni en el Pleno, el tono amenazante; eso lo
utilizan otros, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Quedará escrita su aclaración. Yo creo que todo el mundo ha tenido el tiempo suficiente para poder explicar sus posiciones.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES GESTIONADAS POR EL INSTITITUO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, EJERCICIO 2001(CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000130 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente
Congreso 251/000014 y número de expediente Senado 771/000012.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3.º, que son las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ejercicio 2001.
Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Tenemos ante nosotros tres informes de fiscalización con sus propuestas correspondientes que tienen que ver con el ámbito de la cultura, que tampoco es muy usual en esta Comisión.
Si empezamos por el
Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, voy a anunciar nuestro voto favorable a las propuestas de resolución del Grupo Socialista, que recogen prácticamente en su integridad las recomendaciones del informe y nos parece muy bien; sin
embargo, varias de las propuestas, tanto de las recomendaciones del Tribunal como las que ahora hace suyas el Grupo Socialista, ya están subsanadas. No es malo insistir en ello y siempre ayudará a que se mejore la gestión. La propuesta número 1
del Grupo Socialista coincide prácticamente con nuestra propuesta número 1, que es a su vez una laguna que el Tribunal observa no solo para el instituto sino en general para todo el sistema de subvenciones. El Tribunal nos hizo ver que hace falta
un registro general de subvenciones donde los gestores puedan controlar debidamente las diferentes subvenciones que se pueden recibir de distintas administraciones públicas. Desde que se desarrollan los decretos y las bases reguladoras del sistema
de subvenciones hasta hoy ha habido un proceso importante de transferencias, por tanto, si no se ajusta y si no se crea un registro general podría suceder que hubiera una duplicidad, por ejemplo, que a veces puede ser bienvenida pero que en
cualquier caso debe ser conocida por los gestores de cada
una de las administraciones que pueden dar una subvención. Nos parece (eso el Grupo Socialista no lo recoge) que además de la creación (nosotros decimos creación, el Grupo Socialista dice que continúe con los trabajos; es un matiz propio
de cuando un grupo apoya al Gobierno, pero nos parece correcto) habría que complementarlo con la revisión del reglamento de subvenciones y con las bases reguladoras de las subvenciones. Ambos decretos por los años que tienen, uno 17 años y otro 12,
es bastante lógico que hayan quedado obsoletos. Entonces, no solo hay que hacer un registro o, como el Grupo Socialista dice, continuar haciendo este registro general de todas las administraciones en materia de subvenciones, que además hoy con las
técnicas informáticas no tiene por qué presentar especiales problemas y puede estar hecho pronto, sino que también hay que revisar las bases de las subvenciones y las normas por las que se regulan. Vuelvo a decir que uno tiene 17 años, otro tiene
12 años y desde entonces se ha producido, por ejemplo, un proceso de transferencias, con lo cual sería conveniente ajustarlo.
En relación con las siguientes propuestas del Grupo Socialista, nos parece lógica la número 2 y la número 3. Si quedan reclamaciones por hacer, háganse y que se intente tener éxito en ellas. Nosotros añadimos una propuesta que nos gustaría
que el Grupo Socialista tuviera en cuenta; al menos, si hoy no la votan a favor, que sepan nuestra voluntad de insistir en esta materia. Lo hemos hecho ya en alguna ocasión en la Comisión de Cultura y lo vamos a seguir haciendo. Nos parece que el
50 por ciento de las subvenciones del Inaem, o sea del objeto de esta fiscalización, se lo reparten por la vía de subvención nominativa tanto el Teatro Real como el Liceo de Barcelona. El Liceo de Barcelona compete especialmente a otras
administraciones, pero el Teatro Real compete concretamente a esta.
Cuando un teatro de la ópera, el Teatro Real, recibe esta proporción tan grande de dinero público, un 58 por ciento de los fondos (nos parece correcta, incluso muy correcta esta
proporción), que es financiación pública (insisto, no pretendemos que se disminuya en absoluto la financiación pública del Teatro Real y creemos que es necesaria y que está hecha correctamente), en nuestra opinión debe tener una mayor apertura a la
sociedad que lo está financiando en tan alta proporción.
Nosotros creemos que esta apertura social se debe hacer en un doble sentido: en primer lugar, el Teatro Real tiene que buscar nuevos públicos, abrir su programación, intentar vincular a
públicos jóvenes a la vida de la ópera, su principal objeto; aunque se está trabajando en este sentido (faltaría más) y se lleva trabajando años en este sentido, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. Insistimos también, lo hemos dicho una y otra
vez, en que pasados diez años desde que el Teatro Real abrió sus puertas hoy el sistema actual de abonos también podría ser reconsiderado paulatinamente, prudentemente, sin poner en cuestión derechos adquiridos de nadie, sin poner en cuestión la
financiación del teatro, sin poner en cuestión la estabilidad financiera que necesita la gerencia del teatro. Sin poner nada de ello en cuestión, no es lógico que admitamos que una proporción prácticamente total de los abonos sea lo que hemos
llamado abonos cautivos, que la persona que tuvo un abono hace diez años vaya a morirse con ese abono, subvencionado casi en un 60 por ciento por la totalidad de los contribuyentes. Por lo tanto, nuestra última propuesta no es que se revise ya,
sino que se empiece la revisión y la reflexión sobre esas dos cuestiones: mayor apertura social del teatro a nuevos públicos (sabemos que se trabaja en ello pero quizá conviene insistir y trabajar más arduamente) y comenzar seriamente una reflexión
sobre que una proporción de abonos debe estar sujeta a un sistema de renovación.
Vuelvo a decir que daremos nuestro voto favorable a las propuestas socialistas y que les rogaríamos que consideraran sobre todo esta última, por lo menos como reflexión.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista y para fijar posición tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Déjeme empezar agradeciendo la felicitación que me ha dedicado la portavoz del Grupo Popular en relación con mi reciente paternidad, porque sin duda ella era conocedora de los últimos días de gestación y conocía mi
nerviosismo en esas fechas. Sin duda creo que esto refleja el buen clima y la buea sintonía que hay en esta Comisión por lo menos durante esta legislatura.
En relación con el informe que estamos analizando, quiero decir brevemente, señor presidente, que en la medida que el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas considera que el control interno establecido por el Inaem
para la gestión de las subvenciones presenta debilidades tanto en el propio diseño del sistema como en su ejercicio, y también destaca la existencia de un registro general de subvenciones del Estado, nuestro grupo presenta un total de tres
propuestas de resolución dirigidas a solventar esos particulares, esto es las deficiencias contables y de gestión detectadas en el informe.
Aun sabiendo que algunas de ellas ya se están llevando a cabo y, por lo tanto, algunas incluso ya se están
cumpliendo, a pesar de ello insistimos e instamos, en primer lugar, al Gobierno a continuar con los trabajos de ordenación y formación de un registro general de subvenciones de la Administración del Estado, así como a que se promuevan las normas y
convenios pertinentes para establecer un registro integrado de subvenciones gestionadas por todas las administraciones públicas, con el fin de permitir el control de los requisitos exigidos en la Ley general presupuestaria en materia de ayudas
públicas. Instamos también en nuestra segunda propuesta de resolución al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a fortalecer su control interno en materia de subvenciones, estableciendo sistemas de coordinación entre sus oficinas
gestoras, reforzando la exigencia de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos pertinentes, mejorando el funcionamiento de la actividad de revisión de los justificantes e implantando un sistema riguroso de seguimiento y control de los plazos de justificación
y de los reintegros procedentes.
Finalmente, instamos también al Inaem a requerir a los interesados que se desprendan de los expedientes concretos fiscalizados en este informe, así como aquellos que se deduzcan de las actuaciones complementarias
que corresponde efectuar al propio Inaem para la subsanación de los defectos de justificación observados y, en su caso, a la apertura y tramitación de los expedientes de reintegro que procedan.
En relación con las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Popular, simplemente quiero manifestar que estaríamos dispuestos a aceptar la primera de ellas siempre y cuando (supongo que podemos llegar a una transacción)
desaparezca alguna expresión excesivamente subjetiva del redactado de la propuesta. Vamos a votar favorablemente a la segunda de ellas en los mismos términos y entendemos que la tercera, tal y como ha dicho la portavoz del Grupo Popular, no
competería ni al Gobierno en este caso, en relación con la fundación Teatro Lírico, ni seguramente tampoco a esta Comisión, por lo que no es posible hacer un mandato de estas características. Por lo tanto, seguramente sería mucho más óptimo que
esto fuese analizado con mayor detalle y mayor envergadura en la propia Comisión de Cultura y se pudiesen formular propuestas de resolución o mociones dirigidas al Gobierno en esta dirección. Por la falta de competencia, en tanto en cuanto estamos
hablando del patronato de una determinada fundación y en la medida en que esa propuesta de resolución, aunque la podamos compartir no en los términos expuestos por la portavoz del Grupo Popular, seguramente es deudora de un análisis más detallado y
profundo, sin duda el marco óptimo para realizarlo sea la propia Comisión de Cultura. Por lo tanto, no votaríamos a favor de esta tercera propuesta y, como le decía, sí de la primera y de la segunda en la medida en que pudiéramos matizar esas
expresiones que entendemos un tanto subjetivas en beneficio de la redacción final de las propuestas.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer el Grupo Popular uso del turno de réplica? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Intervengo sencillamente para decir que aceptamos su sugerencia de que el punto 1 de nuestra propuesta de resolución reciba la redacción que supongo que coincidirá con la propuesta de resolución número 1
del Grupo Socialista, porque nos parece bien su redacción. Agradecemos el voto favorable al punto 2; como hemos anunciado, votaremos favorablemente las suyas. En cuanto al punto 3 de nuestras propuestas de resolución, si todos creemos que es
necesaria una reflexión sobre esta cuestión, anunciamos que llevaremos esta propuesta a la Comisión de Cultura para hacer un estudio con más profundidad. Por lo tanto, remitiremos en breve nuestra propuesta a la Comisión de Cultura y no someterla
aquí a votación.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista no quiere hacer uso del turno de réplica. Solo quiero decir que, si hay transacciones, las hagan llegar a esta mesa.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, EJERCICIO 2001 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000137 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000020 y número de expediente Senado
771/000019.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate pasamos al punto 4.º del orden del día, correspondiente a las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2001.
Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: En esta propuesta de resolución nuestra postura va a ser muy similar a la propuesta sobre el informe que hemos debatido anteriormente. Nos parecen correctos los cinco puntos de la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que recogen las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas. Además refleja que efectivamente (lo sabemos por las alegaciones y por las informaciones posteriores) estos cinco puntos que
eran a su vez las recomendaciones del Tribunal han sido tenidos en cuenta por los gestores de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, que han sido subsanados, pero en cualquier caso creo que es lógico hacernos eco de las recomendaciones del
Tribunal y que los gestores de la fundación revisen estos puntos con la profundidad suficiente que deben tener cuando son propuestas de recomendación del Tribunal de Cuentas. Volvemos a señalar aquí, anunciando nuestro voto favorable, la
importancia que tiene para nosotros el núcleo fundamental de nuestra propuesta. Lo dijimos, lo expresamos aquí ante el presidente del Tribunal de Cuentas, y por la conversación que he tenido con el portavoz socialista es posible que todos estemos
de acuerdo en redactar este último punto que voy a explicar a fin de llegar a una redacción común.
La elaboración de este informe coincide con el momento de las obras de ampliación del edificio que alberga (albergaba entonces) la colección Thyssen-Bornemisza; se hace una ampliación, que es costosa, laboriosa, muy bien hecha, cuyas
puertas están hoy abiertas, que ha supuesto un enorme gasto para el Estado y un
magnífico edificio tanto de ampliación del museo como de salas de exposición de la colección de la baronesa Thyssen. Por tanto ampliación y colección de la baronesa son dos cuestiones que van unidas. Puesto que nos ocupamos del informe
sobre la ampliación, conviene también ocuparse no solo de su continente sino de su contenido, y de hecho así lo insinúa cuando habla del fondo dotacional el informe del Tribunal de Cuentas. Así como pasó con la colección del barón
Thyssen-Bornemisza, donde hubo un primer momento en que estuvieron depositados en préstamo y luego fueron adquiridos por el Estado español, parece conveniente que suceda lo mismo con la colección de la baronesa, quien ha sido muy generosa (quiero
que conste una y otra vez el agradecimiento a esta generosidad suya), dejándola hoy expuesta en calidad de préstamo. Bienvenida sea porque es un enorme enriquecimiento del patrimonio español. Como sucedió con la colección del barón, hay una
segunda fase en la que habría que trabajar para llegar a un acuerdo con la baronesa Thyssen de tal manera que esta colección pudiera permanecer en España, pudiera por tanto tener una estabilidad y una permanencia. Será una negociación no digo
fácil, aunque conociendo a la persona dueña de la fundación y la facilidad con la que siempre se ha tratado con los barones Thyssen-Bornemisza será seguro una negociación fácil y posible, pero sí larga. Por tanto creemos que convendría ya iniciar
esta segunda fase de tal manera que se pudiera llegar a un acuerdo con la baronesa Thyssen para dar permanencia y estabilidad a la presencia de su colección en la actual sede del museo y en su sede ampliada. Además en breve habrá un cambio en la
dirección del museo, se incorpora un nuevo director, y parecería que este es el momento de iniciar las negociaciones o conversaciones que puedan dar lugar a la permanencia de la colección de la baronesa. Insistimos (creo que todo será poco) en el
agradecimiento por la generosidad que ha demostrado la baronesa con el préstamo de su colección, pero es indispensable en este informe concretamente y en nuestra opinión vincular el continente, que es la ampliación del museo, con el contenido, que
son los cuadros de su colección.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista y para fijar posición, tiene la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Presentamos hoy nuestras propuestas de resolución, que abarcan y recogen las recomendaciones de los informes resultantes de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas como bien reseñó la portavoz del Grupo
Popular.
Nuestro objetivo es seguir introduciendo elementos que faciliten y garanticen el control y la eficiencia en la gestión contable, en los ingresos y en los gastos de la fundación y en lo referido fundamentalmente al paseo del Arte. El propio
presidente señalaba dos cosas en su informe: primero, que se cumplen los fines y se ajusta a la situación patrimonial y, segundo, que se reseñaban pequeñas deficiencias, disfunciones subsanables. Somos conscientes de que se está trabajando y se
están aplicando ya medidas para subsanar estas deficiencias (algunas ya se han subsanado) que estaban detectadas pero, como bien decía la portavoz del Grupo Popular, lo que abunda no sobra, y sobre todo en la gestión transparente de lo público que
debe guiar todas estas acciones desde nuestra responsabilidad. También queremos reseñar el ánimo positivo, de conciliación y de llegar a acuerdos imperante en la propuestas que se presentan tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular, en la
perspectiva de acordar elementos que nos permitan continuar avanzando en garantizar una fundación que cada vez más amplíe su oferta para disfrute y aprendizaje de los ciudadanos. Efectivamente nosotros también queremos agradecer esa apuesta
personal (a la que hacía referencia la portavoz del Grupo Popular) de la baronesa Thyssen de querer que sus fondos permanezcan en España. Asimismo defendemos la idea de continuar o iniciar las conversaciones necesarias para llevar a buen término
ese planteamiento.
Las propuestas de resolución que planteamos están referidas concretamente, en primer lugar, a conciliar periódicamente los saldos recíprocos del denominado paseo del Arte, los tres museos; en segundo lugar, a gestionar las visitas privadas
para que sean conformes a las normas o alternativamente modificar estas; en tercer lugar, a subsanar los errores y deficiencias puestos de manifiesto en los inventarios de existencias de productos para su venta en tiendas de museo; en cuarto
lugar, a distribuir los ingresos por venta de entradas conjuntas para la exposición permanente y las exposiciones temporales; y en quinto lugar, a detallar en la memoria el saldo y la evolución de la aportación del Estado a la dotación fundacional
de 42.070.847 euros, realizada mediante la Ley 24/1990. Observando las propuestas de resolución del Grupo Popular, también votaremos a favor porque se refieren: por un lado a conclusiones en relación con la dotación fundacional, después a las
conclusiones en relación con la ampliación y en el último punto a las recomendaciones para emprender la nueva fase tendente a dar estabilidad y permanencia a la colección de la baronesa Thyssen. De esta última aceptaríamos la primera parte de la
propuesta, pero la segunda nos parece que no añade nada nuevo, y la declaración de voluntad política de continuar por esa vía para conseguir que haya finalmente un feliz desenlace en este asunto creo que es positiva y conveniente para todos.
Por último, nos parece bueno que en temas de gran calado social y cultural como este del que estamos hablando seamos capaces, ustedes y nosotros, de ponernos de acuerdo para seguir avanzando en ofrecer una gestión y una alternativa cultural
cada vez más amplia que redundará evidentemente en beneficio de nuestra ciudadanía, en su formación y en el disfrute del arte, que es uno de los objetivos que también pretendemos.
El señor PRESIDENTE: Para hacer uso del turno de réplica, tiene la palabra la señora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Sí, señor presidente, solo he de decir que nos parece correcta la transacción que se nos ofrece sobre este punto; retiraríamos por tanto la última parte, una línea y media de nuestra propuesta, porque
lo interesante es llegar al núcleo, que se inicien estas conversaciones.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES, EJERCICIO 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000057 y número de expediente Senado 771/000057.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del punto 4.º, pasamos al 5.º: Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2001.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: En primer lugar quiero decir que esta tarde, en la sesión plenaria, se va a debatir y a someter a votación una proposición de ley sobre el Instituto Cervantes, en la que el Grupo Mixto solicita que se
tome en consideración la modificación de la Ley del Instituto Cervantes, que tiene ya 17 años, en un ámbito muy concreto.
Nosotros aprovecharemos esta tarde en la sesión plenaria, como lo vamos a hacer ahora en esta Comisión del Tribunal de
Cuentas, para decir que 17 años después de creado el Instituto Cervantes y precisamente por su éxito y por su gran crecimiento, del que estamos satisfechos desde el principio pero muy especialmente del que experimentó durante los años de gestión del
Partido Popular -y deseamos y estamos seguros de que va a seguir experimentándolo-, pensamos que va a ser necesaria una revisión de la ley de creación del instituto, y así lo propondremos.
Con relación a los cinco puntos de las propuestas de resolución del Grupo Socialista, aunque nos consta, y lo volvemos a decir, que ya se han atendido las recomendaciones del Tribunal, como, y lo ha dicho el portavoz que me ha precedido en
el uso de la palabra, lo que abunda no daña, queremos recomendar que se preste especial atención a las recomendaciones, que para eso las hace, del Tribunal de Cuentas. Dicho esto, no tenemos nada que objetar y votaremos a favor de los cinco puntos
de esta moción.
En este caso, al hilo del informe del Tribunal, queremos añadir que nos parece conveniente, repito que lo diremos también esta tarde y lo propondremos por la vía que mi grupo estime oportuno, subsanar las dos lagunas que el Tribunal nos
hacer ver, no en sus recomendaciones, pero sí en el informe que analiza el Instituto Cervantes, señalando claramente la estrechez normativa y funcional de dos puntos sustanciales en el funcionamiento del Instituto Cervantes: la formación de
profesores y el centro virtual Cervantes. Ambos han experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años, crecimiento que no estaba previsto -a veces el éxito, gracias a Dios, desborda las previsiones-, y en este momento hay que hacer un
especial esfuerzo a este respecto. Brasil, por ejemplo, va a requerir 200.000 profesores de lengua española; eso nos da idea del volumen al que el Instituto Cervantes se tiene que enfrentar en un capítulo tan importante como el de formación de
profesores. A nosotros nos parece muy necesario que esta Comisión recomiende que este capítulo concreto del trabajo del instituto se afiance, se impulse, crezca y que se ajuste a él la normativa, porque es una normativa estrecha. Tenemos la misma
opinión sobre el centro virtual Cervantes, es decir, Cervantes por internet. El informe del Tribunal señala una y otra vez que la previsión se quedó corta. Tiene razón. Se puso en marcha en tiempos del Gobierno del Partido Popular y es una
satisfacción saber que se quedó corto; como ha sucedido con todo en internet, ha desbordado con mucho las previsiones que en un primer momento hicieron los gestores. Agradeceríamos que el Grupo Socialista contemplara estas dos cuestiones, que,
insisto, con otras tantas, señalaremos esta misma tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Nos parece también muy importante, y el Tribunal se hace eco de ello en un punto dentro de sus recomendaciones, tener en cuenta que el instituto necesita ampliar sus fuentes de financiación. Ahora esporádicamente se acude a las fuentes
previstas en la ley de mecenazgo y nosotros pensamos que se tiene que revisar su normativa de manera que pueda dar cauce a toda la financiación de iniciativa social. Es muy posible que lo que se necesite para ello sea la creación de una fundación,
como en otras muchas instituciones de este tipo, una fundación ha sido el cauce adecuado para canalizar la voluntad de colaboración de la iniciativa social. Es un hecho que, habiendo esta voluntad, y los gestores del instituto nos lo han hecho
saber una y otra vez, hay ciertas dificultades, tanto normativas como de procedimiento, para dar cauce a la colaboración y a la financiación complementaria que en este momento consideramos que es imprescindible.
Vuelvo a decir que nuestro voto será favorable a las propuestas socialistas y les pedimos que tengan en cuenta estas dos propuestas nuestras, que se desprenden del informe de fiscalización y que son importantes.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista y para fijar posición tiene la palabra el señor Vallés.
El señor VALLÈS VIVES: Intervengo con brevedad porque el presidente del Tribunal de Cuentas debe estar esperando fuera de esta sala para su comparecencia.
A la vista de las conclusiones del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, en las que, si bien se destaca que las cuentas reflejan razonablemente la imagen fiel de la situación financiera patrimonial y los resultados de sus
operaciones, también se mencionan algunas deficiencias que deben ser corregidas, tanto aquellas relativas a su contabilidad como a la gestión de las actividades académicas y culturales y a los manuales de procedimiento -seguramente, como bien ha
dicho la portavoz del Grupo Popular, debido entre otras cosas a la magnitud de crecimiento que ha sufrido en los últimos años-, nuestro grupo presenta un total de cinco propuestas de resolución instando al Tribunal de Cuentas a completar y a
terminar de actualizar el inventario de todos sus elementos de inmovilizado, a continuar la revisión de los manuales de procedimiento, a potenciar progresivamente la unidad de auditoría interna, a concluir con la mayor brevedad el desarrollo de una
aplicación informática para la gestión del diploma de español como lengua extranjera, que incluya la gestión económica, permitiendo así incrementar el control sobre los ingresos y gastos de los diferentes centros de examen. Una última propuesta de
resolución pretende incorporar al sistema de liquidación de ingresos y gastos del diploma de español como lengua extranjera, acordado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al resto de países que todavía no hayan sido
incorporados, con el fin de eliminar paulatinamente los saldos pendientes de cobro y de pago de mayor antigüedad, como propone también el Tribunal de Cuentas.
Con relación a las propuestas presentadas por el Grupo Popular, avanzo que vamos a votar favorablemente las dos, teniendo en cuenta la prioridad que el Instituto Cervantes está otorgando a los proyectos mencionados. Eso queda absolutamente
patente por cuanto ya se encuentra en funcionamiento el centro de formación de profesores en la sede del instituto en Alcalá de Henares y por la envergadura, la difusión y el éxito de los programas llevados a cabo por el centro virtual Cervantes.
También vamos a votar, como digo, a favor de la segunda de ellas, y así se lo avanzo, dado que el instituto va a presentar próximamente, su consejo de administración, la propuesta de creación de una fundación que permita canalizar las fuentes de
financiación y apoyo social a sus propuestas. Consideramos que la propuesta presentada por el Grupo Popular en este punto es oportuna y adecuada y por eso repito que vamos a votar favorablemente sus dos propuestas.
El señor PRESIDENTE: Del debate se desprende que están todos de acuerdo y por tanto podemos darlo por concluido.
Vamos a suspender la sesión dos minutos, para que me hagan llegar las transaccionales, y pasaremos a votar. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación. Comenzamos por el punto primero del orden del día, donde solo hay propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Sometemos a votación las propuestas de resolución del
Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas en el punto 2 del orden del día. Comenzamos votando la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos al punto 3 y vamos a someter a votación en primer lugar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta que la primera se ha retirado y la segunda, también; votaríamos, pues,
únicamente la propuesta de resolución número 2.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos ahora las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos al punto 4 del orden del día y empezamos votando las propuestas del Grupo Parlamentario Popular; hay una transaccional que consiste en eliminar la última línea de la propuesta, que dice: En la misma línea en la que el Estado y la
familia actuaron con respecto a la colección del barón Thyssen-Bornemisza.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos al último punto y empezamos votando las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Concluidas las votaciones, suspendemos la sesión 3 minutos, para que se incorpore a la sesión el presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (MÁLAGA) Y DE SUS SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS, EJERCICIOS 2000-2001. (Número de expediente Congreso 251/000058 y número de expediente Senado 771/000058.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión.
El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, a quien quiero dar la bienvenida.
El Grupo Parlamentario Popular ha pedido que el punto número 8 del orden del día se vea en último lugar, o sea, que hagamos el 6, el 7, el 9 y el 10 y el punto número 8 se vea el último. Si no hay ninguna posición contraria, procederíamos
de esta forma. (Pausa.) Primero vamos a ver el punto 6.º, informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y de sus sociedades mercantiles participadas, ejercicios 2000-2001. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Señor presidente, el Tribunal aprobó el 22 de diciembre de 2004 el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y de sus sociedades mercantiles participadas,
ejercicios 2000 a 2001, que ha sido realizado en cumplimiento de la resolución de 14 de marzo de 2001 de esta Comisión.
Respecto a la organización y al control interno, el ayuntamiento mantuvo entre 2000 y 2001 una organización de entidades dependientes formada por 2 organismos autónomos y 32 sociedades mercantiles, de las que a 31 de diciembre de 2001 un
total de 19 se encontraban activas, 11 sin actividad y 2 se habían liquidado. La organización se ha caracterizado por la ausencia de un reglamento orgánico o de cualquier otro instrumento que definiera las tareas y responsabilidades de cada unidad
administrativa y de cada puesto de trabajo, ni en el ayuntamiento, ni en los organismos, ni en las sociedades mercantiles. En materia de gestión económica, no se definieron los departamentos gestores de gasto ni los procedimientos a seguir;
además, la tramitación de gastos no se acomodó, por regla general, a las disposiciones legalmente establecidas y el control de las operaciones económico-financieras fue insuficiente y sin que se aplicaran los controles establecidos legalmente ni en
el ayuntamiento ni en las sociedades mercantiles. A su vez, el ayuntamiento no exigió la justificación del empleo dado a las transferencias ni la procedencia de las deudas asumidas de las sociedades municipales, operaciones que, en conjunto, en
2000 y 2001 ascendieron a 120,4 millones de euros, pese a que en las sociedades municipales se han realizado pagos con talones al portador o en metálico por importes elevados, sin que existieran procedimientos de control suficientes.
Con relación a la representatividad de los estados contables, el Tribunal concluye que la cuenta general de los ejercicios 2000 y 2001, -comprensivas de las cuentas anuales del ayuntamiento, del organismo autónomo y de las sociedades
mercantiles de íntegra titularidad municipal activos- no son representativas en su conjunto de la situación financiera y patrimonial, de los resultados económico-patrimoniales, de la liquidación de los presupuestos, del resultado presupuestario, ni
del remanente de tesorería. En la gestión de ingresos se han compensado derechos tributarios e incluso derechos a devengar en el futuro con deudas ante terceros con los que se formalizaron convenios que no han podido cuantificarse. En el examen de
la justificación de gastos y pagos se han puesto de manifiesto la existencia de documentos contables expedidos sin soporte justificativo o con una justificación insuficiente por un total de 1 millón de euros. A finales de 2001 permanecían
pendientes en la Agencia Tributaria unas deudas de 16,7 millones de euros del ayuntamiento y de 9 millones de euros de las sociedades. La deuda con la Seguridad Social ascendía a 98,4 millones de euros a finales de 2002.
El ayuntamiento ha venido
asumiendo el pago a acreedores de las sociedades municipales sin que en los expedientes contables conste documentación que acredite la contraprestación realizada ni si tuvieron por objeto finalidades públicas. Esta práctica genera incertidumbre
sobre si estos pagos se ajustan a las prestaciones realizadas por los acreedores, máxime cuando las sociedades no han respetado la normativa de contratos públicos ni han sido objeto de ningún tipo de control financiero, lo que impide que el Tribunal
se manifieste sobre la regularidad de tales operaciones, considerándolas no justificadas.
Con respecto a las operaciones concretas examinadas en el transcurso de la fiscalización, el informe recoge las
operaciones de empresas vinculadas al arquitecto don Carlos Monteverde Gavilanes, con quien el ayuntamiento, a través de Contratas 2000, S.L, suscribió desde octubre de 1996 hasta el ejercicio de 1999 un total de 25 contratos de prestación
de servicios para la elaboración de 73 proyectos de obras. Asimismo figuran otros dos contratos presuntamente celebrados en 1992 y 1994, de los que únicamente se dispone de información relativa a los honorarios pactados. Los hechos descritos en
este apartado del informe, en su fase de elaboración, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por si fueran constitutivos de delito.
También se analizaron los servicios de asesoría jurídica al ayuntamiento y a las
sociedades municipales prestados por un letrado, por los que se facturó por diversos conceptos, entre 1999 y 2003, un total de 6,3 millones de euros, de los que 3,2 corresponden al período fiscalizado. El Tribunal no ha podido valorar si los
precios abonados fueron ajustados a los servicios prestados, dadas las deficiencias e irregularidades de esta contratación. A través de una sociedad privada, y en la que figuran como apoderados dos hermanos del asesor jurídico, se han aceptado 327
facturas por una cuantía total de 3,6 millones de euros, sin que se haya podido verificar que las mismas se corresponden con las prestaciones efectivamente realizadas. Tampoco se pudo verificar que los precios aplicados se correspondiesen con los
del mercado, por lo que los pagos realizados se consideran insuficientemente justificados. Parte de las obligaciones se cancelaron mediante la entrega en 2002 de unas parcelas, ocasionándose perjuicios a los intereses públicos que ascenderían a 1,9
millones de euros.
El ayuntamiento y las sociedades reconocieron obligaciones a favor de una sociedad privada por un total de 31,1 millones de euros, correspondientes a obras cuya ejecución no ha quedado debidamente acreditada. De esta cuantía se han abonado
15,7 millones, parte mediante la entrega de bienes por importe de 13,4 millones, en cuya enajenación se cometieron diversas irregularidades y que produjo un perjuicio a los intereses municipales de al menos 44,9 millones de euros. Los convenios
formalizados por el ayuntamiento con particulares contenían operaciones de todo tipo, siendo la más habitual la negociación para la recalificación urbanística de terrenos, supeditándose a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana. El ayuntamiento obtenía una parte de la mayor edificabilidad que tal recalificación comportaba y la enajenaba al mismo interesado, cobrándose una parte en el momento de suscribir el convenio y aplazándose el resto al momento de
la aprobación de la revisión del plan o al de la concesión de la licencia de obras. La mayor parte de estos convenios fueron firmados por el alcalde accidental, sin competencia para ello. Sin embargo, el ayuntamiento otorgó muchas licencias de
obras para construir en las fincas con los nuevos parámetros. El ayuntamiento vendió terrenos con la nueva calificación no aprobada y negoció y transmitió los excesos de aprovechamiento sin que fueran aún efectivos. Estas actuaciones, realizadas
al margen de la ley, han comprometido y comprometen la situación financiera de la entidad. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa numerosas licencias de obras otorgadas por la comisión de
gobierno del ayuntamiento. El ayuntamiento ha utilizado los servicios de tasadores externos para la valoración de los bienes a transmitir, prescindiendo de los funcionarios técnicos municipales. Como consecuencia de las irregularidades y anomalías
detectadas al respecto en las enajenaciones de parcelas y aprovechamientos urbanísticos fiscalizados, se ha producido un perjuicio a los intereses municipales de al menos 83,5 millones de euros, al que deben añadirse los 1,9 y los 44,9 señalados
anteriormente, lo que haría un total de 130,3 millones. También se han producido otros perjuicios a los intereses públicos valorados en 4 millones de euros, como consecuencia de la entrega por el ayuntamiento a particulares de aprovechamientos
urbanísticos sin la exigencia de la correspondiente contraprestación.
Las cuentas de las sociedades, como consecuencia de las transferencias pendientes de recibir del ayuntamiento igual al importe de sus pérdidas -que, según el análisis de este Tribunal, ascendían a 31 de diciembre de 2001 a 94,2 millones de
euros-, ocultan un desequilibrio patrimonial al superar los dos tercios del capital social y debe ser calificado de quiebra técnica. Respecto a las operaciones concretas realizadas por las sociedades Contratas 2000 no ha entregado al Tribunal los
contratos y proyectos de obras encargados a 14 empresas o particulares por 11,7 millones de euros, por lo que se encuentran sin justificar. Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L. fue la unidad municipal encargada de la gestión,
contratación y ejecución de las obras y servicios y realizó la mayoría de las adjudicaciones directamente a los terceros seleccionados, sin que consten estudios ni ofertas de otras empresas para garantizar la objetividad en la selección y apreciar
que los precios se ajustaban a mercado. Las obras encargadas a terceros por la sociedad no se han justificado adecuadamente ni puede garantizarse que se hayan abonado en función de los plazos de ejecución. En el análisis particular de diversas
sociedades municipales se han detectado pagos por 6,4 millones de euros que no se encuentran justificados o cuya justificación es claramente insuficiente. El Tribunal recomienda que el ayuntamiento someta su actividad económico-financiera a los
controles legalmente previstos, la oriente bajo principios de eficiencia y economía en el manejo de los recursos municipales y la dote de un mayor grado de transparencia a través del pleno municipal. Como consecuencia de las irregularidades puestas
de manifiesto, se recomienda a la corporación que adopte las medidas que considere necesarias para resarcir a la entidad de los posibles perjuicios y exigir las responsabilidades correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
A continuación, vamos a abrir un turno para pedir aclaraciones e informaciones adicionales. En primer lugar, tiene la palabra la señora Muñoz, en representación del Grupo Popular.
La señora MUÑOZ URIOL: Quiero felicitar a los miembros del Tribunal, fundamentalmente a los auditores que han llevado a cabo este trabajo, por la dificultad que ha supuesto, y así se refleja al principio del informe, estar trabajando sin la
colaboración, como se debería esperar, del Ayuntamiento de Marbella.
Hay que decir que este informe es continuación del anterior informe de fiscalización que se presentó en la Cámara de los años 1990 a 1999 y es un fiel reflejo de lo que ha seguido ocurriendo desgraciadamente en el Ayuntamiento de Marbella.
Es la descripción clara de los hechos, de lo que allí sigue ocurriendo. La utilización que se hace por el Ayuntamiento y las sociedades municipales para fines que no son el bien de los ciudadanos es una realidad y al final va a tener unas claras
consecuencias. A nuestro juicio, es gravísimo lo que se pone de manifiesto y lo que contiene el informe que hoy se presenta, sobre todo por lo que supone. Pone en grave peligro no solamente el presente, sino también el futuro del Ayuntamiento de
Marbella, por lo tanto, las actuaciones y los servicios que debe prestar un ayuntamiento, además de las dificultades financieras con las que nos encontramos. En el último informe ya se dijo que se habían vulnerado todas las leyes que se podrían
vulnerar y exactamente el mismo sentido refleja este informe. Tal como se recoge, se han atendido pagos y se han asumido deudas sin tener garantías de las prestaciones realizadas. Además, el hecho de que se hayan pagado con cheques al portador o
en metálico es un fiel reflejo del escaso control que se ha tenido en estas operaciones. El caso Monteverde, por lo llamativo y por lo que supone que a un arquitecto se le hayan abonado más de 41 millones de euros por proyectos de arquitectura que
nunca se han realizado en el ayuntamiento, es una evidencia clara de cómo se puede utilizar un ayuntamiento para otros fines que no son los del servicio a los ciudadanos. Ya sabemos que está en manos de la Fiscalía, por lo tanto, esperamos conocer
en breve la situación de ese caso y quiénes son las personas que desde el ayuntamiento han facilitado y han hecho posible que casos como este se puedan dar en una administración.
Como dice el informe del Tribunal, se han contratado prestaciones de servicios, de auditores, de abogados, de constructoras sin ninguna garantía, sin ningún expediente y por importe de muchos millones de euros; se ha enajenado patrimonio y
esto es muy grave por las consecuencias que ya hoy vemos. El Ayuntamiento de Marbella ni siquiera dispone a día de hoy de los suficientes metros cuadrados para hacer colegios o centros de salud porque, desgraciadamente, todo lo que estaba dentro de
la legalidad del plan vigente está enajenado, miles de metros cuadrados sin suelo dentro del plan. El Tribunal de Cuentas cifra ese perjuicio en 130 millones de euros, con las irregularidades y las anomalías en las tasaciones y también con la
enajenación de parcelas en los aprovechamientos urbanísticos. A nosotros lo que nos preocupa y querríamos que el presidente, si puede, nos conteste ahora o si no lo haga por escrito, es lo que está advirtiendo el propio Tribunal de Cuentas. El
Tribunal de Cuentas advierte de las reclamaciones que pueden llover sobre el Ayuntamiento de Marbella. Es muy claro y explícito, dice que una gran parte de los convenios urbanísticos incorpora una cláusula que condiciona su eficacia a la aprobación
de la revisión del plan general y que ha dado lugar a que el ayuntamiento negocie los aprovechamientos con los nuevos parámetros urbanísticos, que además ya ha cobrado por anticipado; por lo tanto, la falta de aprobación de tal revisión en el
sentido convenido con los terceros pudiera dar lugar a que el ayuntamiento tuviese que devolver las cantidades percibidas, circunstancia que puede comprometer aún más la posición financiera del ayuntamiento a medio plazo.
Hoy por hoy, esa es la situación que se está viviendo en el ayuntamiento.
Nosotros no tenemos la relación de los convenios firmados por el ayuntamiento con terceros, por lo que no sabemos las cláusulas ni los términos en los que están
firmados esos convenios, pero lo que sí hay es un avance de una revisión de un nuevo plan general que al parecer no incluye la mayoría de esos convenios firmados por el ayuntamiento. Nos preocupa que esto pueda perjudicar a corto y a medio plazo la
situación financiera del ayuntamiento.
Querríamos saber cuál es la opinión que en este sentido tiene el Tribunal de Cuentas, cuáles pueden ser las medidas que el Tribunal de Cuentas haya previsto y si este ha tenido acceso a alguno de esos convenios, ya que, como le digo,
nosotros, la oposición, no hemos sido capaces de conseguir que el ayuntamiento nos entregara esa documentación. Nos preocupa esa situación por lo que digo, porque es una realidad, y nos preocupan también las actuaciones que se están llevando a cabo
a día de hoy del informe previo al actual. El Tribunal de Cuentas ya fiscalizó el período 1990-1999 y está instruyendo una serie de procedimientos. Nos gustaría saber, a fecha de hoy, cuál es la situación para tener en cuenta las recomendaciones
de cara al futuro. Lo que sí le puedo decir es que, desde este grupo, que está y sigue en la oposición, se ha intentado que el ayuntamiento asumiera algunas de las recomendaciones que se hacen en este informe y que, como digo, podrían servir de
punto y aparte a lo que debe ser una auténtica gestión municipal. Ha sido totalmente inútil; por el ayuntamiento no se ha aceptado ni se ha adoptado ninguna recomendación de este informe que se aprobó en el mes de diciembre y que nosotros llevamos
a un Pleno extraordinario, pero ha sido imposible que se aprobase por el ayuntamiento.
Seguimos sin tener presupuesto. Fíjense lo que supone que los presupuestos actuales sean los presupuestos
prorrogados del año 2002 y que además está anulado por un tribunal, con lo cual nos tendríamos que remontar a los presupuestos del año 2000 para una ciudad como la de Marbella. Evidentemente, no se ha aplicado ningún criterio que aumentara
la transparencia, no tenemos constancia de que exista control alguno para los gastos que se siguen produciendo en el Ayuntamiento de Marbella, y sigue igual la situación, que es crítica, en cuanto al ámbito financiero. Seguimos sin reequilibrar las
deudas ni con las entidades financieras ni con la Seguridad Social ni con Hacienda. Por la cuantía de esos importes y porque no se ha llegado a ningún planteamiento de pago por el ayuntamiento, se han congelado al cien por cien las transferencias
del Gobierno hacia Marbella y no se ha renegociado ningún plan de pago con acreedores privados. Imaginen ustedes cuál es la situación de equilibrio financiero que tenemos. Ni siquiera se puede aplicar el convenio colectivo a día de hoy porque no
hay suficiente cuantía presupuestaria para tener garantía de que se pueda aplicar. Las sociedades municipales siguen en la misma situación, tal como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas y llevamos 12 años sin inventario de bienes
municipales. Le hago todas estas reflexiones porque van a ir en esa línea las resoluciones que nosotros presentemos, pues ya que el ayuntamiento no pone coto a la situación que estamos viviendo, en algún momento alguna institución, que puede ser el
Tribunal de Cuentas, pare la situación en que se encuentra Marbella.
Se sigue enajenando patrimonio sin ninguna garantía, y, sobre todo, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa: sigue sin pedirse responsabilidad. Evidentemente, es obvio que este ayuntamiento sigue en la misma postura de los años
anteriores: no se ha exigido ninguna responsabilidad política ni legal. Usted en el último punto del informe sobre este período fiscalizado, recomienda como última medida que se exijan responsabilidades para parar o, por lo menos, paliar ese
perjuicio en el patrimonio municipal que se había producido por las actuaciones realizadas en torno a las sociedades municipales. Nos gustaría saber cuál es el criterio que tiene el Tribunal de Cuentas en ese sentido. Tal como hemos oído y tal
como yo le planteaba, el panorama es desolador y las resoluciones deben ir en el sentido de velar por los derechos y los intereses de los ciudadanos.
Nosotros hemos hecho un análisis muy pormenorizado de este informe, cuál ha sido la actuación en los años 2000-2001, y le puedo asegurar que es un fiel reflejo de lo que ocurre en este ayuntamiento. Como le decía al principio de mi
intervención, quiero felicitar a los auditores por la claridad meridiana con la que han expuesto una situación tan complicada y donde existen además tantos intereses para ocultar la realidad de lo que ha ocurrido todos estos años. Me gustaría que
explicara alguna de las conclusiones de las resoluciones o las propuestas del Tribunal, que puedan garantizar mejor los intereses de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas por el informe detallado y claro de la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella de los años 2000 y 2001. Creo que el caso de Marbella es de
excepcional relevancia política o, lo que es igual, de excepcional relevancia para todos los ciudadanos, porque las lecciones que saquemos del caso Marbella pueden ser, para bien o para mal, determinantes en la vida política de nuestros
ayuntamientos. En este sentido, adelanto que deberíamos de tener en cuenta que Marbella es un caso límite y no es bueno legislar por los casos límites, sino que dichos casos deben tener soluciones límites y no inspirar el funcionamiento ordinario
de las instituciones.
El GIL en Marbella es un buen ejemplo de populismo, que es la democracia sin Estado de derecho, que es la democracia sin respeto a las leyes. El GIL llegó aupado por quienes no creían en la política, por quienes no creían en los
procedimientos políticos, por quienes no creían en las servidumbres del respeto a la legalidad; el GIL llegó aupado por elites económicas y mediáticas que coqueteaban con peligrosas ideas antipolíticas y antidemocráticas; llegó aupado por quienes
decían que los partidos tradicionales habían fracasado. Después de leer el informe, habría que preguntarse quién ha triunfado, qué es lo que ha triunfado en Marbella. Se dieron mucha prisa en certificar la muerte de la democracia, de los partidos
y del Estado de derecho y dieron la partida de nacimiento a un notable monstruo cuyas acciones refleja con precisión el informe del Tribunal de Cuentas. Decía María Zambrano que los hombres antes de hacer las cosas las sueñan, y el sueño de GIL es
una verdadera pesadilla para los demócratas primero y para la gente decente en general. Esa pesadilla es la que cartografía el informe que nos presenta el Tribunal de Cuentas.
Por desgracia ningún ejemplo bastará para acabar con los que
frívolamente alientan los peores instintos de los ciudadanos contra la política y contra los políticos, pero el triunfo de esos instintos no es el paraíso; por el contrario, el informe que hoy analizamos bien podría formar parte del infierno del
Dante de los auditores, del Dante de los inspectores de cuentas y de todos aquellos que fiscalizan la gestión de los poderes públicos.
Hemos leído cómo el Ayuntamiento de Marbella estableció una red de sociedades mercantiles que sirvieron para desbaratar todo un prolijo sistema de controles legales sobre la gestión de lo público. A la complejidad en el seguimiento de la
ejecución presupuestaria por no aplicar una práctica contable correcta, se añade la no justificación de gastos, la negligencia en la gestión de los ingresos, pagos descontrolados, contratación de personal con procedimientos que no tenían en cuenta
los principios de mérito y capacidad, operaciones con profesionales por importes desmesurados realizadas con
reiteración y sin atenerse a los procedimientos concursales establecidos, transmisiones de bienes municipales que han producido plusvalías de un 25 por ciento en un solo día, o de un 1.000 por ciento en cuatro años, e incluso me ha parecido
ver que se realizaban contratos verbales con particulares y con otras empresas. En fin, todo un museo de los horrores de la gestión de los asuntos públicos. Viendo cómo ha reaccionado el Ayuntamiento de Marbella, la actual corporación, los
actuales dirigentes, respecto al primer informe y a las recomendaciones del mismo, sólo la derrota democrática y la justicia podrán reparar o hacer que haya en Marbella unos dirigentes municipales que sean capaces de respetar, no solamente el Estado
de derecho, sino la dignidad de quienes los han votado. Por eso mis esperanzas sobre qué podemos hacer desde el punto de vista de la justicia, de la legalidad, más allá de exigir que se cumpla la legalidad, que se respeten los procedimientos
establecidos, no son muy grandes. En todo caso, creo que podríamos sacar algunas conclusiones, y me gustaría formular dos preguntas concretas y una más general.
En el caso del Registro Mercantil de Marbella, ¿qué comprobaciones han hecho los auditores responsables de la fiscalización? ¿Han detectado indicios de mal funcionamiento del Registro Mercantil de Marbella? ¿Podemos fiarnos de los sistemas
públicos que garantizan el acceso a la información mercantil? En segundo lugar, ¿cómo es posible que una entidad bancaria no colabore dando la información que le solicita el Tribunal de Cuentas? ¿Por qué el Tribunal de Cuentas en su informe no
hace constar los nombres comerciales de las entidades que se negaron a dar esa información? Porque en el informe del Tribunal de Cuentas aparecen las direcciones, es decir, la calle y el número donde están situadas las entidades financieras que no
quisieron colaborar con el Tribunal de Cuentas, pero no aparecen sus nombres comerciales. No entiendo por qué ese pudor, no sé si hay alguna razón legal. ¿No sería mucho más pedagógico -que creo que es la única esperanza que tenemos- que se dijera
quiénes son los que no colaboran con el Estado de derecho cuando las leyes son vulneradas? De modo más general, ¿qué ha fallado en Marbella en el sistema público de control para no reaccionar antes -digo en Marbella no de forma general-, qué
cautelas habría que buscar y cómo podemos dificultar la huida de los controles públicos a través de los mecanismos que hemos visto que se han usado en Marbella?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, se han hecho algunas observaciones sobre los convenios que comprometen la situación financiera del ayuntamiento. En la página 89 y siguientes se aborda con
detalle esta problemática. Este presidente no tiene otra información que la que figura en el informe, y de esto se ha dado traslado a las distintas jurisdicciones.
Otra cuestión que ha surgido es sobre las responsabilidades. De estas, en primer lugar aquellas que se derivan de la fiscalización, independientemente del asunto de Contratas 2000, sociedad limitada, del arquitecto Monteverde, que ya se ha
dicho que ha pasado a la Fiscalía, también hay que informar de que, con fecha de diciembre del pasado año, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid solicitó del Tribunal de Cuentas la remisión de antecedentes de todas estas operaciones.
En cuanto al resto de las responsabilidades que se pueden derivar de este informe, la Fiscalía ha detectado ocho supuestos de posibles responsabilidades penales y 36 de posibles responsabilidades contables.
Con respecto a estas últimas ya
el departamento correspondiente ha enviado la información a la sección de enjuiciamiento.
En cuanto a la exigencia por la corporación de las responsabilidades, este presidente no puede decir otra cosa que la recomendación que se hace al final para que se tomen las medidas por la entidad para resarcirse de estos posible perjuicios
y exigiendo las responsabilidades de las acciones societarias típicas, pero una vez que hace la recomendación, el Tribunal ya no tiene más actuaciones ahí; únicamente comprobar en el futuro si se han llevado a cabo o no.
En cuanto al Registro Mercantil, este presidente no tiene más información que la que figura en el informe.
En cuanto a la falta de colaboración, hay que distinguir si el que no presta la colaboración está obligado a ello porque es sector público, o no lo está. Si se trata de entidades privadas y no lo hacen, lo único que cabe hacer es que el
Tribunal ponga de manifiesto que no han prestado colaboración, pero no tiene otros medios legales.
En cuanto a que fallan los controles, en efecto, se ha dicho que este es un caso excepcional junto con el de Estepona, pero habría que matizar qué es lo que hay de excepcional y también lo que caracteriza al sistema en general. Para ello,
me remitiría a esa comparecencia que hice en el mes de diciembre pasado, donde se presentaron cinco ayuntamientos además del de Estepona, e incluso mencioné el de Marbella. Mientras no se produzcan unos cambios normativos profundos, los ilícitos
contables e incluso los penales tienen mucha dificultad para identificar responsabilidades en un ámbito normativo. Como el Tribunal de Cuentas viene poniendo de manifiesto en todas sus fiscalizaciones hay un enorme margen de discrecionalidad y
falta de control de las propias entidades locales; así pues, esto se seguirá produciendo. Incluso yo decía en esa comparecencia, y tiene que ver con lo que tiene de específico esto, que mientras no se produzcan esos cambios normativos, la sociedad
percibe que algo falla con tanta irregularidad, ilegalidad y dificultad para asumir responsabilidades, para exigirlas y para que se cumplan. Además, en aquellos momentos dije que nos preguntaran a los órganos de control: ¿y para qué sirven
ustedes? Esta es una preocupación desde
hace bastante tiempo de este presidente y estas medidas tienen que salir del Parlamento. El Tribunal viene insistiendo, por ejemplo, en que deben producirse principios de publicidad y transparencia en todos los ámbitos locales y autonómicos
aun cuando hagan contratos privados. Hemos tenido que esperar a un reciente decreto ley que dice que para aumentar la productividad, entre otras medidas, se debe recurrir a la publicidad. Eso lo ha venido diciendo el Tribunal constantemente, pero
no para aumentar la productividad sino la transparencia. Esta es la situación.
Quedan todavía algunas mociones que presentará el Tribunal en materia de control interno de corporaciones, pero la perspectiva hacia el futuro es que en estos ámbitos se ha producido una huida del derecho administrativo y de los controles y
no ha encontrado una gestión pautada que permita saber si se cometen estas irregularidades, al menos poder exigir las responsabilidades con entera claridad. No creo que este presidente pueda alargarse mucho más en este tema porque entonces se
saldría del ámbito institucional que está representando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA EN EL EJERCICIO 2001 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000127 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000011 y número
de expediente Senado 771/000010.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al próximo punto del orden del día, que es el número siete: Informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos de la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2001. Para explicar el informe, tiene
la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2001 fue aprobado por el pleno del Tribunal de cuentas en la
sesión de julio de 2003. La Comisión fue creada por la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. Sucede en su actividad a la anterior Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que se suprimió mediante la precitada ley,
extendiéndose sus competencias a los mercados de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Los principales resultados y conclusiones del informe en relación con los objetivos establecidos en la fiscalización han sido los siguientes.
En el ejercicio 2001, los ingresos propios de la comisión ascendieron a 11,3 millones de euros, de los que 9 millones procedían de la cuota del sector eléctrico y el resto de la del sector de hidrocarburos gaseosos.
En relación con la
regularidad de las declaraciones presentadas y de los ingresos de las cuotas que constituyen recursos propios de la comisión, se observa que, de las empresas que presentaron alguna declaración en el ejercicio, solo el 34,2 por ciento en el sector
eléctrico y el 23,7 en el sector del gas lo hicieron mensualmente, tal y como exige la normativa, existiendo deficiencias en el sistema de control ejercido por la comisión respecto al seguimiento de las obligaciones de declarar e ingresar. No
obstante, las empresas cuya recaudación representaba la gran mayoría de los ingresos propios de la comisión se encontraban entre los que presentaron e ingresaron sus cuotas con regularidad mensual.
En el ejercicio 2001, la comisión gestionó procedente del sector eléctrico un total de ocho cuotas, así como la retribución fija por los costes de transición a la competencia por un importe conjunto que se elevó a 1.951 millones de euros,
habiéndose determinado la cuantía de todas ellas conforme a la tarifa eléctrica aprobada para el año 2001. En cuanto al procedimiento de liquidación para determinar la retribución de las actividades reguladas de transporte y distribución de energía
eléctrica y retribución fija por costes de transición a la competencia, se realizó de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de la existencia de ciertos retrasos en la declaración de la facturación por parte de empresas incluidas en el
sistema de liquidación. Finalmente, se observa que la comisión ha ejercido sus competencias en materia sancionadora en relación con impagos o retrasos derivados del procedimiento de liquidación, pero no había iniciado expediente sancionador alguno
a empresas que hubieran dejado de ingresar, o lo hubieran hecho con retraso, los importes correspondientes a declaraciones por cuotas con destinos específicos.
Las recomendaciones recogidas en el informe hacen referencia a la necesidad de establecer, ampliar y aplicar un sistema de seguimiento adecuado en relación con el cumplimiento de los plazos de declaración y de ingresos de las cuotas, a que
se contemple la exigibilidad de intereses de demora por retraso o falta de pago y a que se adopte una decisión respecto a la aplicación definitiva del excedente que obra en su poder de la cuota destinada a cubrir los costes de stock estratégico de
combustibles nucleares.
El señor PRESIDENTE: En el turno de aclaraciones y preguntas, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Agradezco la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas y el trabajo realizado por dicho Tribunal en lo que hace referencia a la Comisión Nacional de Energía y a la fiscalización selectiva de sus
ingresos y el aspecto financiero de los mismos. El informe constata la buena gestión y la adecuación de la Comisión Nacional de Energía a la normativa y a los objetivos que tiene encomendados
como órgano regulador. Por lo tanto, hay que felicitar a los gestores de la Comisión Nacional de la Energía por el bueno trabajo que constata el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Deseo hacerle dos preguntas, una referida al
apartado de conclusiones y otra al apartado de recomendaciones, hilvanado con las propias conclusiones que pueden ser interesantes para que la fotografía del informe sea un fiel reflejo de la realidad. En el apartado 3 de las conclusiones (al que
ha hecho referencia el presidente en su exposición), cuando se habla de la regularidad de las declaraciones y de los ingresos de las cuentas que constituyen los recursos propios de la Comisión Nacional de Energía, se alude a un porcentaje de las
empresas, tanto del sector eléctrico como del sector del gas, que declaran e ingresan mensualmente; en concreto, se habla de un porcentaje del 34,2 y del 23,7 para el sector eléctrico y el sector del gas. Sin embargo, en el informe (es la realidad
del funcionamiento de esos dos sectores: el eléctrico y el de los hidrocarburos gaseosos) los ingresos a la Comisión provienen de un reducido número de empresas, concretamente 10 del sector eléctrico y seis del sector del gas, lo que hace que en el
caso del sector eléctrico el 98 por ciento de los ingresos por cuotas que constituyen los recursos propios y en el del sector del gas, el 90 por ciento de los ingresos por cuotas, se declaren y se ingresen mensualmente. Eso quiere decir que hay una
muy buena gestión y exclusivamente hay un 2 por ciento del volumen total de ingresos del sector eléctrico y cerca de un 10 por ciento del sector del gas que no lo hacen. La Comisión Nacional de Energía explica en sus alegaciones por qué esas
empresas operan así. Es un número de empresas bastante elevado y, en términos de eficacia de la Comisión y de la fiscalización de sus ingresos, de la misma manera que en el apartado 3 de sus conclusiones se hace referencia al porcentaje de las
empresas, también debería hacerse al porcentaje de los ingresos que se declaran y se ingresan mensualmente, que es lo que realmente nos interesa.
La segunda cuestión que le que quería plantear es que en las recomendaciones se dice que sería conveniente que, en la normativa que regula tanto el procedimiento de recaudación e ingreso de las cuotas con destinos específicos como el
procedimiento de liquidación de las actividades reguladas de transporte y distribución de energía eléctrica, se contemple la posibilidad de exigir los intereses de demora por retraso o falta de pago en el primer caso y los intereses de demora por
retraso en el pago de las cantidades en el segundo caso. La recomendación dice que se lleve a la norma la regulación de ese procedimiento para exigir los intereses de demora en uno y otro caso. ¿Por qué no se hace también una recomendación de algo
que ya está haciendo la Comisión Nacional de Energía y que se explicita en el punto 7 de las conclusiones, en el apartado de gestión de ingresos extrapresupuestarios, cuando se dice que se cumpla regularmente, en fechas previstas, la remisión de los
importes recibidos por cada una de las cuotas a los beneficiarios correspondientes, transfiriéndoles además los intereses devengados en las cuentas, a pesar de no estar prevista esta circunstancia en la normativa? ¿Sería partidario el Tribunal de
Cuentas de que, como hacen las recomendaciones que le acabo de mencionar, se trasladara a la normativa la exigibilidad de los intereses de demora también y, aunque lo esté realizando ya la propia Comisión, el traslado de los intereses devengados por
las cuentas de los importes recibidos a los beneficiarios correspondientes?
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: Bienvenido de nuevo a esta Comisión, señor presidente del Tribunal de Cuentas, señor Nieto. Efectivamente, después de analizar el informe da la sensación de que ha sido cómodo para el Tribunal porque, por lo que
se deduce del informe, en la fiscalización de la Comisión Nacional de Energía ha trabajado bien y con rigor. Es un informe oportuno, como ustedes muy bien dicen, porque es el primer informe de fiscalización que se hace a la Comisión Nacional de
Energía, al heredar una situación anterior. Por otra parte, la Comisión participa en la liberalización de los mercados de la electricidad y de los hidrocarburos como ente regulador, que es importante, y también como ente gestor de un gran volumen
de recursos, como aparece en el informe, que se detraen de los sistemas energéticos para a su vez devolverlos a los mismos, distribuyéndolos según determinados fines específicos. Me parece importante resaltar esos objetivos que son la competencia
de los mercados, la seguridad en el abastecimiento y el correcto funcionamiento.
Por tanto, la decisión del Tribunal de Cuentas de someter a una fiscalización selectiva a la Comisión Nacional de Energía fue muy oportuna.
El escenario ha cambiado y se han dado modificaciones como la operada sobre la Ley del sector de hidrocarburos, a la que el propio informe hace referencia, y otras medidas que ha tomado el nuevo Gobierno, treinta medidas de impulso a la
productividad que afectan al sector eléctrico. La internalización de los costes de gestión de los residuos nucleares, el análisis final de los costes de transición a la competencia, el estudio del Libro Blanco y otros proyectos que van a afectar al
sector suponen que las conclusiones de este informe, que en su día tuvo mucho sentido y fue oportuno, en el escenario en el que nos movemos en estos momentos pudieran ser otras. En este sentido también quería hacer referencia a las conclusiones que
el Tribunal de Cuentas hace en los puntos 3, 4, 5 y 10 comparándolos con las alegaciones de la Comisión Nacional de Energía.
Como decía el portavoz del Grupo Popular (esto ya es una pregunta), no parece que se hayan incorporado a las conclusiones
las alegaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Energía respecto al punto 3 en concreto, cuando se habla del porcentaje de declaraciones que hacen con regularidad
las empresas. Ustedes hacen referencia al 34 por ciento de las mismas en el sector eléctrico y al 23,7 en el sector del gas, pero en las alegaciones de la Comisión Nacional de Energía ofrecen otras cifras. En el punto 4 ustedes hacen
referencia a la existencia de deficiencias en el sistema de control ejercido por la comisión y en las alegaciones se aclaran este tipo de deficiencias, como también ocurre en el punto 5. Es importante hacer una reflexión con respecto al punto 10.
Ustedes hablan de que a partir del ejercicio 2002 las actuaciones de la Comisión Nacional de la Energía en cuanto a su competencia sancionadora podrían ser constitutivas de infracción tributaria. En alguna parte del informe ustedes dicen que han
considerado las alegaciones, pero quisiera saber si esas alegaciones se han trasladado, cuáles les han parecido bien y cuáles mal o si realmente en las conclusiones siguen manteniendo, una vez estudiadas las alegaciones, la hipótesis que baraja el
Tribunal. Por otra parte, es cierto que en el punto número 1 de las recomendaciones se habla de los plazos de declaración y de los intereses de demora. También le quería preguntar si cree que el marco ha cambiado y si la ley de morosidad que
recientemente se ha aprobado en este Parlamento pudiera ser la fórmula para cumplir las recomendaciones a las que ustedes hacen referencia en el sentido de aplicar intereses de demora a las empresas que están sujetas a esta actuación.
Por último, en relación con los costes del stock estratégico del combustible nuclear quisiera conocer si las modificaciones que en estos momentos se han llevado a cabo en cuanto a la internalización de costes del tratamiento de residuos en
las empresas nucleares y la modificación del estatus de la empresa Enresa pueden condicionar algún tipo de decisiones relativas al sistema.
Quisiera felicitarle por el informe y también a la Comisión Nacional de Energía que, como se deduce del informe, está actuando con máxima transparencia y con una gestión bastante eficiente, preguntándole si las alegaciones que se hacen son
consideradas.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En cuanto a la aclaración sobre las pocas empresas que aportan mucho está bastante claro en el informe, incluso yo lo he resaltado aquí; he dicho: No obstante, las empresas cuya
recaudación representan la gran mayoría de los ingresos...; también figura en la conclusión tercera, en el último párrafo. Lo que hace el informe a efectos de recomendaciones es aconsejar que la normativa regule la exigencia de intereses de demora
y dónde deben destinarse, lo que ya no puede decir este presidente es si esta ley marco reguladora que se ha mencionados (tendrá que valorarse por los técnicos en otro proceso de fiscalización o de regularidad) es o no el marco adecuado. No me
puedo pronunciar aquí.
Las alegaciones forman parte del trámite de la fiscalización. Precisamente nuestros procedimientos son contradictorios, en los cuales el cuentadante formula las alegaciones, pero estas las valoran la ponencia, los órganos del Tribunal, la
sección de Fiscalización y finalmente el pleno; las recomendaciones no tienen por qué recoger otro tipo de valoraciones, aunque a veces incluso se atienden esas alegaciones mejor o peor, con arreglo al criterio del cuentadante. El informe que se
presenta aquí responde en este ámbito a lo que es normal, a lo que es un proceso de fiscalización contradictorio en el que el Tribunal recibe las alegaciones y las valora para emitir lo que es ya el informe definitivo como órgano superior de
fiscalización.
No tengo nada más que añadir. (La señora Velasco García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para un turno breve de aclaración.
La señora VELASCO GARCÍA: Quiero decir al presidente que no he entendido muy bien lo que me ha querido contestar. Si hay unas alegaciones y se incorporan al informe, se supone que se tienen que tener en cuenta en las conclusiones. Esa
contradicción entre las conclusiones y las alegaciones nos genera un cierto grado de incertidumbre; si las empresas que recaudan son el 27 por ciento, según las conclusiones del informe a las que llega el Tribunal de Cuentas, y se acercan al 80 por
ciento, según las alegaciones que aporta la Comisión Nacional de Energía, la diferencia es sustancial, y la valoración y el juicio que se puede hacer desde este grupo parlamentario es bien diferente. Por tanto, me gustaría que me contestara si han
dado por buenas las alegaciones que ha presentado a este respecto, porque, si no lo fueran, mi felicitación anterior por la eficiencia en la gestión de la Comisión de Energía la cambiaría por otro discurso.
Respecto a las recomendaciones que hace sobre la modificación legislativa para poder abordar la morosidad o los intereses de devengo, cuando le pregunto sobre la ley de morosidad entiendo también que el propio Tribunal, en el ejercicio de
sus competencias, a la hora establecer recomendaciones deberá conocer también en qué marco se puede instaurar.
Es cierto que este informe es previo y que la ley es posterior, pero entiendo que el propio presidente del Tribunal nos podría aclarar o
debería indicarnos si está sujeto o puede entrar dentro de ese marco o no. Es cierto que las recomendaciones que ustedes hacen deben estar sustentadas en alguna hipótesis que sea eficaz.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe incorpora las alegaciones por prescripción de procedimiento, pero hay
que atenerse a cómo las valora; si dentro de esa valoración el ponente ha estimado que no tiene por qué pasar ninguna a recomendaciones, no pasa.
Se podrá decir: yo difiero de este criterio. Este es el informe que yo presento, es el
informe que ha aprobado el pleno y que viene así.
En cuanto a la valoración de una normativa que es posterior, lo que presenta este presidente son informes de fiscalización aprobados por el pleno. Fíjense que muchas veces a lo mejor no estamos todos de acuerdo y, sin embargo, yo presento
aquello que aprueba el pleno. Podría pedirme una valoración, pero sería gratuita, porque estoy representando al pleno en este momento. Por eso verá que me cuido mucho siempre diciendo: No sé si me saldré de mi representación institucional..., aun
cuando sé que estoy en un parlamento (fui parlamentario) y el margen tiene que ser un poco amplio. No cabe la menor duda de que es una disposición, y muchas veces ocurre que salen con posterioridad y vienen a resolver el defecto por problemas que
se habían planteado en informes anteriores.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES, EJERCICIO 2001. (Número de expediente Congreso 251/000032 y número de expediente Senado 771/000030.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, 9.º, informe de fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ejercicio 2001.
Para la explicación del informe tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ejercicio 2001, fue aprobado por el pleno del Tribunal en su sesión de abril de
2004. Las principales conclusiones y resultados hacen referencia a que los estados contables expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado de sus operaciones. No obstante, los ingresos brutos de explotación
presentados en sus declaraciones por los operadores de telecomunicaciones, y que constituyen la base imponible de tasas y cánones gestionados por la Comisión, no habían sido objeto de revisión.
La comisión, que gestiona y recauda las tasas y
cánones establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, no tenía suscrito en el ejercicio 2001 el convenio de colaboración con la Agencia Tributaria, según lo determinado en el reglamento general de recaudación, a fin de proceder a su
recaudación en vía ejecutiva, ni ha realizado gestión alguna para la exigencia de pago de las deudas por liquidaciones impagadas. La comisión no disponía de ningún sistema que permitiera conocer la realidad de las liquidaciones de tasas practicadas
por los operadores, ya que se verificaban a partir de las declaraciones de los ingresos brutos de explotación presentados por estos. La comisión no giró liquidaciones provisionales sobre bases determinadas en régimen de estimación indirecta,
conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en aquellos casos en que los operadores concesionarios de licencias sujetas a tributo no habían presentado en plazo la declaración de ingresos brutos de explotación. Por otra parte, en los casos
de aquellos operadores que presentaron la mencionada declaración de ingresos o que efectuaron el pago fuera de plazo la Comisión no aplicó los intereses de demora y sanciones previstos. Se ha observado la debilidad de los censos utilizados por la
entidad para liquidar las tasas y cánones que le son propios en lo relativo al control ejercido sobre los títulos habilitantes que se encontraban en vigor, lo que repercute en su gestión al practicar liquidaciones de tasas sin estar vigentes los
títulos correspondientes, al tiempo que estaban actuando operadores en el mercado sin el correspondiente título habilitante.
Por otra parte, se encontraban pendientes de transformación los títulos habilitantes otorgados al amparo de la normativa anterior a la Ley General de Telecomunicaciones. Estos títulos continuaban con la tributación que los regía en su
origen, con un tipo de gravamen inferior al previsto en la normativa en vigor, situación que incidía en los ingresos a percibir por la comisión por este concepto. Respecto al total de los ingresos obtenidos por la entidad en cada ejercicio se
observa que desde el inicio de su actividad habían sido superiores al coste de la actividad que constituyen su hecho imponible, lo que incumplía el principio de equivalencia al que debió atenerse conforme a lo dispuesto en la Ley de Tasas y Precios
Públicos. El desequilibrio apreciado no puede determinarse de forma individual para las diferentes tasas y cánones al no tener implantada la comisión una contabilidad analítica que permitiera imputar los costes de cada uno de ellos. El Tribunal
recomienda implantar una contabilidad analítica que permita conocer los costes por actividades, promover la exactitud de los datos recogidos en los registros censales y coordinar sus procedimientos con los de la inspección de la Administración, a
fin de actuar adecuadamente en las denuncias de conductas contrarias a la legislación de ordenación de las telecomunicaciones.
El señor PRESIDENTE: En un turno de preguntas y aclaraciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su exposición sobre el informe de fiscalización de las actividades de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. He de decir que del informe se
desprende que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha estado funcionando correctamente, por tanto quiero felicitarle por la gestión
de los responsables de la comisión. Para no extenderme demasiado en mi exposición, dado que a los doce puntos de conclusiones que vienen en el informe después se incorporan cuatro recomendaciones, quiero saber, y así se lo pregunto al
presidente, si de las alegaciones presentadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a las que ha hecho referencia en algunas de las conclusiones, como pueden ser las liquidaciones provisionales sobre bases estimadas indirectamente,
las sanciones que pudieran ser de aplicación o el convenio que se firmó con posterioridad al ejercicio de 2001 con la Agencia Tributaria para exigir el importe de las liquidaciones impagadas y alguna otra cuestión, el Tribunal de Cuentas ha
entendido que no es necesario hacer ninguna recomendación sobre la base de algunas de las conclusiones que se han mencionado al entender que estas cuestiones se han subsanado.
También me gustaría preguntarle sobre otra cuestión que me parece importante, y es la actividad desarrollada por la comisión. En el informe se dice que hay una escasa realización de acciones y, sin embargo, según las alegaciones de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la actividad en los diferentes ámbitos es importante. Cómo es posible que, si se constata una sola actuación y por tanto la conclusión que se da en el informe es una escasa realización de acciones de
seguimiento, en sus alegaciones la comisión plantee que hay una importante actuación en todos los ámbitos sobre los que tiene competencia, que en este caso no han sido valorados y por lo que veo tampoco aportados al informe por el Tribunal de
Cuentas. Nos parece muy interesante la primera de las cuatro recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas sobre la implantación de una contabilidad analítica que permita conocer los costes que generan las actividades de servicios, a los que
también se ha referido el presidente del Tribunal de Cuentas, respecto a su incidencia sobre los ingresos tributarios y los costes efectivos de los servicios. Aunque sabemos que tiene que ser la Ley General de Presupuestos, si no tenemos una
contabilidad analítica que permita que la comisión nos diga cuáles son los costes de las actividades o servicios, es difícil mantener el principio de equivalencia que se debe contemplar en este caso.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Salvador.
El Señor SALVADOR GARCÍA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, quiero felicitarle por el informe realizado a propuesta del propio Tribunal de la fiscalización sobre la CMT, así como por la meticulosidad de su trabajo ya que nos
simplifica mucho nuestra labor. La fiscalización de los objetivos normales, que no parten de ninguna denuncia de mal funcionamiento ni de problemas detectados pendientes de estudiar, permitirá no únicamente comprobar lo planteado, sino también
realizar propuestas que conlleven una mejora y optimización de dicha entidad. Este organismo regulador, sectorialmente independiente, para el mercado de las telecomunicaciones, creado mediante decreto-ley en 1996 y por la Ley de Liberalización de
las Telecomunicaciones (LLT), de 1997, ha sufrido distintas adscripciones ministeriales: inicialmente perteneció al Ministerio de Fomento; a continuación al Ministerio de Economía, al que perteneció en el periodo fiscalizado; después al
desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la actualidad al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Sin duda, experiencia en la Administración del Estado no le faltará. La importancia de este organismo se encuentra reflejada en su
objeto, que no es otro que salvaguardar en beneficio de los ciudadanos las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios telemáticos e interactivos, así como velar por la correcta formación de los
precios en este mercado y ejercer el control, como órgano arbitral, en los conflictos que surjan en el sector, que dado sus características, el volumen de inversión y de negocio que manejan los operadores y el fin último, que no es otro que la
ciudadanía salga favorecida de esta competencia, hacen que la CMT tenga una función esencial de tutela y desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en nuestro país.
En sus conclusiones se manifiesta que el primer objetivo de la fiscalización se ha superado con satisfacción, al reconocer que las cuentas anuales de 2001 son el reflejo de su patrimonio, de la situación financiera, así como del resultado de
las operaciones. Del funcionamiento ordinario de la CMT el informe sí detalla múltiples anomalías, como la no utilización del procedimiento ejecutivo al no tener suscrito todavía el convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como
usted ha señalado, lo que supuso una pérdida de 28.556 euros declarados por la entidad y que fueron cobrados por el Ministerio de Fomento, sin que presentase tampoco ninguna prueba documental. También es oportuna la conclusión que indica que la CMT
realiza las liquidaciones de los cánones por servicios portadores finales o de telecomunicaciones por cable y por servicios de valor añadido a la de la tasa de autorizaciones generales y licencias individuales para la realización de servicios a
terceros, partiendo de la declaración de ingresos brutos de explotación presentada por los operadores, sin tener ningún control que permita verificar si son o no reales. Este es un aspecto que de no estar subsanado ya (recuérdese que estamos en el
año 2005 y la fiscalización corresponde al ejercicio 2001) deberá corregirse oportunamente. Tampoco han funcionado adecuadamente las liquidaciones provisionales sobre las bases determinadas en régimen de estimación indirecta, no presentadas cuando
los operadores concesionarios de licencias susceptibles de tributo no habían respetado el plazo para la declaración, no siendo tampoco girados los intereses de demora y sanciones que pudieran ser de aplicación; errores de aplicación en el
establecimiento de la cuota a
un operador han costado 122 miles de euros, que se han dejado de percibir; errores en la utilización de censos deficientes, lo que repercute en la gestión de los tributos originados sobre tasas y cánones de los títulos habilitantes,
realizando liquidaciones o permitiendo actuaciones en el mercado de operadores sin títulos; la fiscalización del ejercicio 2001 también detectó desequilibrio entre los ingresos tributarios obtenidos, mayores, y el coste del desarrollo de sus
actuaciones, menores, sin que pudiese determinarse con carácter individual al no contar con una contabilidad analítica, como el portavoz del Partido Popular y usted mismo han reconocido; errores en la tributación de títulos que estaban sometidos a
legislaciones anteriores y de menor cuantía, producto de la no transformación en títulos habilitantes por parte del extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología. Destaca negativamente también el hecho de que la CMT no hubiese provisionado ninguna
cantidad acerca de los litigios con el principal operador de telefonía fija, cuya cuantía ascendía a 7.341 miles de euros; tampoco denunció ante los servicios de inspección del ministerio competente las conductas contrarias a la legislación de
ordenamiento de las telecomunicaciones, pareciendo más una toma de postura ante la sociedad digital la entrega únicamente en soporte informático, cuando la norma exigía que se hiciese también en papel.
Presidente, señorías, demasiadas irregularidades en un organismo cuya función principal es la de regular. Quien tiene que ser garante y tutela del buen funcionamiento no puede permitirse el lujo de no aplicarse la máxima pulcritud, eficacia
y eficiencia en su gestión cotidiana, y de los datos que señala el informe podemos destacar que esto no ha sido así en ningún caso. Al Tribunal simplemente le contestaría, después de reconocer que sus conclusiones serán el punto de partida del
estudio de las que mi grupo presentará en la comisión que se convoque a tal efecto, que el informe menciona en varias ocasiones al Ministerio de Ciencia y Tecnología como el responsable en la actualidad cuando, como comenté al principio, desde la
entrada de este nuevo Gobierno le corresponde al de Industria, Turismo y Comercio.
Al presidente quisiera preguntarle, cuando es el Tribunal el que inicia de oficio un proceso de fiscalización, ¿qué criterios tiene en cuenta a la hora de establecer los objetivos de esa fiscalización y qué diferencias existen también en los
objetivos, dependiendo del tipo de organismo o de entidad de que se trate?
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, en cuanto a las deficiencias, para que el Tribunal estime que están subsanadas o no, hay que hacer otra fiscalización. Lo único que este presidente puede decir
es que muchas veces por el retraso, tanto del propio Tribunal en concluir estas fiscalizaciones como de verlas aquí, el control externo pone de manifiesto que los cuentadantes las tienen en cuenta. Pero desde el punto de vista formal, sería
necesario realizar unas nuevas comprobaciones.
En cuanto a la actividad, el informe detecta una serie de irregularidades en la aplicación de los procedimientos ejecutivos de recaudación en lo que se refiere a la facultad de girar liquidaciones provisionales y en el incumplimiento del
principio de equivalencia de la Ley de tasas y precios. Pero en el análisis realizado a las distintas actividades de la CMT -arbitrajes, asignación de numeraciones de operadores, resoluciones, conflictos, etcétera-, el informe no ha detectado
deficiencias significativas. Esta es la síntesis del informe. Tengo que decir que tampoco se han detectado responsabilidades contables.
Respecto a los criterios, el Tribunal hace un plan de fiscalización todos los años y fija lo que va fiscalizado. En este caso, por ejemplo, diría: Una fiscalización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Después, en una fase
posterior, el ponente hace unas directrices técnicas, que exige la normativa, y ahí fija unos objetivos; esos objetivos se debaten en esas directrices de la sección de fiscalización y los aprueba el pleno. Este presidente no tiene ahora aquí
información para saber por qué se han fijado estos objetivos y no otros, pero este es el procedimiento.
Normalmente siempre se va a aquellos objetivos que sean un poco más destacables o a esas cuestiones -y no otras- que sea más adecuado
fiscalizar. Alguien podrá decir que esos objetivos van a buscar siempre lo que funciona mal -quizá haya un sesgo-, pero tiene su explicación: para ver si funciona mejor. No es fácil, con carácter general, decir cuál es el criterio para fijar los
objetivos, porque yo antes de presidente fui consejero y también actuaba así.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DURANTE EL EJERCICIO 2001. (Número de expediente Congreso 251/000056 y número de expediente Senado 771/000056.)
El señor PRESIDENTE: Seguidamente pasamos al punto número 10 del orden del día: Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la Agencia de Protección de Datos durante el ejercicio 2001.
Para explicar el informe tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno aprobó el informe de las actividades de la Agencia de Protección de Datos del ejercicio 2001 en diciembre de 2004. Respecto al control interno se destaca la
insuficiencia de normas de funcionamiento relevante en materia de gestión de derechos económicos e ingresos, dado el elevado importe de las sanciones impuestas por el director de la entidad
como consecuencia del ejercicio de su potestad sancionadora. El mayor número de debilidades en materia de control interno se concentra en la secretaría general en la que, entre otras carencias, no se realizaban los controles precisos para
asegurar la adecuada contabilización de todas las sanciones impuestas. No existían criterios claros para la gestión de los derechos y no se supervisaban las conciliaciones bancarias y los arqueos de caja realizados. En cambio, en el Registro
General de Protección de Datos y en la Inspección de Datos existían diferentes procedimientos y mecanismos de supervisión que permiten concluir que el sistema de control interno resultaba adecuado.
Por lo que se refiere al análisis de los estados financieros, de las comprobaciones realizadas se desprende que las cuentas anuales de la Agencia de Protección de Datos correspondientes al ejercicio 2001 reflejan en sus aspectos
significativos la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, del resultado de sus operaciones y de la ejecución de su presupuesto. No obstante, se recogen circunstancias como la infravaloración del saldo de deudores al cierre del
ejercicio y de los ingresos contabilizados como consecuencia de determinadas deficiencias en la gestión y en el control de los ingresos derivados de las sanciones; el elevado saldo de la provisión para solvencias, cuya dotación en el ejercicio se
realizó de manera excesivamente prudente y sin aplicar correctamente la normativa y la ausencia de una planificación adecuada para la gestión de tesorería.
Otro de los aspectos analizados ha sido la gestión de los ingresos derivados del ejercicio de la potestad sancionadora, habiéndose verificado la falta de liquidación por la Agencia de Protección de Datos de los recargos de apremio sobre los
derechos por sanciones ingresados directamente en la entidad fuera de plazo voluntario, así como los ingresos de demora sobre los derechos recaudados en vía ejecutiva por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los casos en que
correspondía liquidarlos a la entidad fiscalizada. Por otra parte, resultaba demasiado prolongado el lapso temporal que transcurría entre el vencimiento del plazo voluntario de pago de los derechos liquidados y la remisión a la Agencia Tributaria
de las correspondientes certificaciones de descubierto para su recaudación por el procedimiento de apremio, situándose aquél en el ejercicio 2001 en un plazo medio de 11 meses.
En relación con la contratación, que se rige por el derecho privado, se ha constatado que la entidad no pudo ejercitar una opción de compra que había pactado con los arrendadores del inmueble en el que tenía su sede por no disponer de la
pertinente licencia de funcionamiento, sin que esta circunstancia hubiera sido prevista en la fijación del plazo de ejercicio de la opción ni en el acta de toma de posesión del citado inmueble.
Finalmente, por lo que respecta al análisis de las actividades desarrolladas por la Agencia de Protección de Datos, desde la perspectiva de los principios de economía, eficacia y eficiencia, se pueden destacar como principales conclusiones
la existencia de una situación de insuficiencia de recursos humanos en el conjunto de la entidad, aunque parcialmente solventada por las ampliaciones autorizadas en la relación de puestos de trabajo a partir de 2001, así como una evolución positiva
en términos generales de la eficacia y eficiencia alcanzadas por las distintas unidades en el desempeño de sus funciones, con la salvedad de la tramitación de los procedimientos por infracciones de las administraciones públicas, que empeoró respecto
a los ejercicios anteriores.
A la vista de los resultados y conclusiones anteriores, el Tribunal de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones en el informe, entre las que pueden citarse la mejora del sistema de control interno de la Agencia de Protección de
Datos, en especial en las materias de competencia de la secretaría general, una mayor diligencia en el envío a la Agencia Tributaria de las certificaciones de descubierto para su cobro por el procedimiento de apremio, así como una mejora en la
gestión y rentabilización de sus elevados excedentes de tesorería.
El señor PRESIDENTE: En el turno de aclaraciones y preguntas, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la señora Elvira Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Señor presidente, gracias por su presentación.
Nos encontramos ante un informe de fiscalización realizado por el Tribunal debido -en este caso lo dice claramente- a que el organismo no ha sido objeto de una
fiscalización específica desde su creación por ley orgánica del año 1992 y también -añado yo- por la importancia que tienen sus funciones en relación con los ciudadanos. El informe, consecuencia del trabajo de fiscalización, que cumple los
objetivos que tenía marcados, analiza el cumplimiento por parte de la agencia de la legalidad vigente y evalúa sus sistemas y procedimientos de control interno y de gestión, la representatividad de las cuentas de 2001 y cómo ejecutaron sus
presupuestos y, por último, la actividad desarrollada por la entidad en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.
El informe, como no podía ser menos, es realmente minucioso y da respuesta a todos los objetivos marcados en la fiscalización, o por lo menos a nosotros nos parece que no deja ninguna cuestión en el aire. De sus conclusiones, en las que se
reflejan las cuestiones que ha manifestado el presidente al explicar el informe y quizá alguna más, no se deduce o al menos no parece desprenderse ningún hecho generador de responsabilidad contable o de otro tipo de responsabilidad y en el propio
informe se incluyen cuatro recomendaciones que contribuirán, de ser escuchadas -yo creo que lo serán-, a una mejora de los procedimientos de la agencia y a una mayor eficiencia en la ejecución de sus tareas. Como decía, su exposición ha sido
clarificadora y por nuestra parte solo cabe hacerle una pregunta, que para mí viene
siendo reiterada en prácticamente todas las intervenciones que hago con respecto a los informes del Tribunal: ¿Es cierto que no se han detectado responsabilidades, bien contables o de otro tipo, en el transcurso de la fiscalización que nos
ocupa, en especial en el área que parece un poco más controvertida, relativa a la gestión de los ingresos y recargos de demora o de apremio?
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Ahora toca tratar el informe de fiscalización sobre las actividades realizadas por la Agencia de Protección de Datos durante el ejercicio 2001, resaltando el hecho de que la iniciativa de fiscalización fuese
producto de que dicha agencia no había sido objeto de fiscalización específica desde su creación, agencia que, dicho sea de paso, juega un papel esencial para la sociedad española. Su trabajo es sordo en muchas ocasiones, sin excesiva relevancia
pública, pero eficaz y necesario. En este siglo que ya estamos desarrollando, en el que las nuevas figuras susceptibles de derecho aparecen por mor de la globalización y de la superación de fronteras y límites del derecho nacional, las nuevas
realidades ante las que nos enfrentamos necesitan también de nuevos mecanismos e instrumentos. La agencia es uno de ellos, como los convenios Schengen y Europol, la Autoridad común de control del sistema de información aduanero o el Eurodac. En
todos ellos participa convenientemente nuestra Agencia de Protección de Datos.
En esta era de la información y del conocimiento, donde la capacidad para acceder a la información y transmitirla es elevadísima, en esta era en red, con autopistas o vías de comunicación virtuales, que hasta hace muy poco tiempo eran
terrestres o marítimas, los peligros también se multiplican dada la importancia de la información que fluye y circula por la red, información especialmente sensible cuando de datos personales se trata, ya que uno de los problemas por los que todavía
mucha gente no termina de convencerse de la utilización de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, es producto de una falta de confianza, confianza en que las transacciones de comercio electrónico no sufrirán de salteadores
ni piratas, confianza en que los datos de nuestra cuenta bancaria no caerán en manos de ningún ladrón de guante blanco, ahora llamado phising digital, confianza en que su información personal permanecerá bien protegida y no al alcance de mercaderes
que utilizan el spam para sus transacciones, sin contar con el permiso previo del ciudadano, al que saturan de información no deseada, sin contar con el enorme costo económico que para nuestras empresas y particulares supone esta práctica tan
negativa. Pues bien, señorías, la Agencia de Protección de Datos, al amparo anteriormente de la Lortad y en la actualidad de la LOPD, intenta desarrollar un trabajo tan novedoso por lo corto de su recorrido como necesitado de permanente adaptación
a las nuevas realidades que vayan surgiendo.
En relación con los objetivos de la fiscalización, quiero manifestar que las conclusiones demuestran que los sistemas de control interno aplicados han resultado adecuados para el control y seguimiento de la inscripción de ficheros y de las
actuaciones inspectoras e instructoras, detallando, eso sí, debilidades que, de conocidas, son susceptibles de mejora, como pueden ser el control periódico para verificar el correcto registro de las sanciones impuestas, la no supervisión de revisión
de las conciliaciones bancarias y los arqueos de caja por personas distintas de quienes los efectuaban o la no existencia de normas escritas de procedimientos en aspectos relevantes, como la gestión de los ingresos por sanciones y de la tesorería.
Parecen menos justificables en un organismo de estas características las deficiencias en la interconexión de las aplicaciones informáticas utilizadas para la inspección de datos, para la instrucción y para el control de los derechos de cobro de
sanciones impuestas. Del análisis de los estados financieros resulta satisfactorio que las cuentas anuales de 2001 sean el reflejo de su patrimonio, de la situación financiera y del resultado de sus operaciones, detectadas, eso sí, pequeñas
anomalías ya detalladas por el Tribunal. Destaca positivamente también que la agencia mantuviese una dotación, definida como elevada y prudente por el Tribunal, para posibles insolvencias en el año 2001 y negativamente la infravaloración de los
ingresos contabilizados por sanciones o la no liquidación del recargo de apremio sobre aquellos derechos recaudados directamente por la agencia fuera del plazo voluntario de pago y también la elevada demora, 11 meses, entre el plazo voluntario de
pago de los derechos liquidados y la remisión de las correspondientes certificaciones de descubierto para su recaudación por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. No poder ejercer la opción de compra previamente pactada sobre el
inmueble arrendado, que constituía su sede, al no disponer de licencia de funcionamiento, circunstancia no prevista, evitó probablemente un importante aumento de su patrimonio.
En relación con el objetivo de la eficacia conseguida, ahora con tantos años de margen -nos encontramos en 2005 y estamos fiscalizando el año 2001-, es difícil emitir un juicio que además sirva para su optimización presente. Para un mejor
aprovechamiento de tan brillantes fiscalizaciones, un acercamiento en el tiempo se antoja como imprescindible. Comprobaremos sus recomendaciones, las constataremos con la realidad actual y, a partir de ahí, presentaremos nuestras propuestas de
resolución. Quiero preguntar al presidente del Tribunal, teniendo en cuenta la fiscalización de entidades tan singulares y novedosas como estas, que se están adaptando permanentemente a la realidad, con la legislación que va surgiendo día a día,
cuál es el plazo de eficacia que considera desde la realización de los informes que se
están fiscalizando hasta su conocimiento por las cámaras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, a doña Elvira Rodríguez quiero decirle que, en efecto, el Tribunal detecta unos defectos de gestión en cuanto al giro de recargos de apremio e intereses de demora
o plazos sin comunicar, pero de ahí no se han desprendido responsabilidades contables.
En cuanto a las observaciones que han hecho aquí sobre el funcionamiento de la agencia, hay que decir que los fallos que detecta el Tribunal se refieren a la contabilización de los ingresos, pero el informe dice que tiene un control adecuado
en lo que es la actividad propia de la agencia, el registro general, protección e inspección..., aunque por lo que se refiere a ejercer el suficiente control sobre el resto de las administraciones públicas falla un poco. Queda la observación que se
estaba haciendo aquí en lo esencial, en lo que es su propia actividad; el informe dice que ha habido una evolución positiva.
Sobre qué tiempo es el adecuado desde que se programa un informe hasta que se termina y viene aquí, depende de muchas circunstancias. Como he dicho, los informes del Tribunal primero se introducen en un plan de fiscalización, después se
hacen las directrices técnicas y después depende mucho, incluso con las directrices técnicas aprobadas, de que ese departamento tenga otros trabajos más prioritarios. Por tanto, pedirle al presidente que marque unos tiempos es un poco complicado,
porque este Tribunal no es presidencialista, tiene sus ponentes. Lo que es verdad es que el control eterno del tiempo que tarda el Tribunal y el tiempo que tardan en verse aquí los informes -lo ha dicho este presidente muchas veces-, está
resultando demasiado externo. La sociedad se pregunta por qué no ve antes estos temas, pero eso exigiría una reconsideración de muchas cosas, entre ellas la normativa. Estamos con los avances tecnológicos y con la necesidad de que el control sea
casi concomitante, y los controles externos se están haciendo. Este problema lo tienen todos los controles externos y no vendría mal un debate sobre qué tipo de normativa, qué tipo de informes convienen, a lo mejor más reducidos, pero ese debate no
es para hoy.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A., EJERCICIO 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000034 y número de expediente Senado 771/000034.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 8 del orden del día que habíamos dejado para el final. Es relativo al informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A.
Tiene la palabra para la explicación del informe el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A., correspondiente al ejercicio 2001 fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 22 de junio de 2004. Expansión
Exterior es una sociedad estatal que en el ejercicio fiscalizado estaba adscrita al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. En la actualidad dicha secretaría de estado depende del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. El informe señala que el sistema de control interno implantado por la entidad fiscalizada es, en términos generales, fiable y que las cuentas del ejercicio 2001 reflejan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel de su
situación financiero-patrimonial y de los resultados de sus operaciones.
El informe destaca algunas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias en las que la entidad debe modificar sus criterios contables para adaptarse al Plan General de Contabilidad. En el análisis de los gastos de personal se
ha detectado que la entidad abonó, dentro de las remuneraciones fijas, unas pagas de carácter eventual que determinaron que se superara en el ejercicio fiscalizado el límite máximo de aumento de la masa salarial aprobado por el comité ejecutivo.
Por otra parte, el informe destaca que, en determinadas operaciones que generan importantes ingresos para Expansión Exterior, se abonaron comisiones bancarias excesivas, ya que se aplicó un tipo fijo independiente del volumen de las operaciones. El
análisis de las operaciones que constituyen las actividades propias de Expansión Exterior ha puesto de manifiesto que en términos generales se ajustan a la normativa aplicable y han sido correctamente contabilizadas. No se suele dar publicidad a la
contratación en la licitación y selección de los proveedores, lo que resulta razonable por la rapidez y agilidad necesarias en la actividad comercial internacional, así como para proteger la confidencialidad de las operaciones. Por otra parte, el
principio de concurrencia ha sido observado de forma razonable, sin perjuicio de que en algunos casos la libertad de elección de los proveedores se encuentra necesariamente limitada. Por último, las comisiones pagadas a los agentes comerciales y
demás colaboradores que intervienen en las operaciones han respetado, en términos generales, lo dispuesto en las normas internas de la entidad, si bien en dos casos se ha excedido el porcentaje máximo del 5 por ciento a satisfacer en el extranjero
cuando se recibe financiación con ayuda oficial.
El informe finaliza con tres recomendaciones. La primera es que se lleve a cabo la desinversión del exceso de participación del BBVA en el capital de Expansión Exterior, desde el actual 17,81 por ciento al 3 por ciento como máximo, según
las reglas que en materia de concentración económica acordó el Consejo de Ministros en marzo de 2000 con motivo de la fusión del BBV y de
Argentaria. Además el Tribunal recomienda implantar un sistema de contabilidad analítica que permita conocer los resultados netos esperados de cada una de las operaciones y ampliar la base de datos de empresas empleada en la selección de
proveedores.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de aclaraciones y preguntas, tiene la palabra doña Elvira Rodríguez por parte del Grupo Popular.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Muchas gracias, señor Nieto, por su presentación, por el informe en el que nuevamente nos encontramos con una fiscalización como consecuencia de la iniciativa fiscalizadora del Tribunal que además, igual que en
la anterior, trae causa de que la sociedad estatal no había sido objeto de una fiscalización específica desde su creación en este caso más moderna, porque es de 1997, ya que se creó por la integración de dos sociedades existentes, Focoex y Sirecox.
Los objetivos que se pretendía cumplir con la fiscalización, como es una fiscalización normal, son los que vamos viendo normales en los informes del Tribunal: que si la empresa cumplía con la legislación vigente, que si sus cuentas anuales
representaban su situación financiera, económica y patrimonial y después se han evaluado los sistemas y procedimientos de control interno y la propia gestión de la empresa.
Este informe, puedo decirlo, me ha resultado muy interesante. No quiere decir que otros lo sean menos, pero este lo es, quizá, por la materia que traía, porque vuelve a explicar detalladamente qué es lo que ha hecho y cuales han sido las
operaciones de la empresa y, por otro lado, visto algunas de las cosas que hemos visto hoy, especialmente en el Ayuntamiento de Marbella con sus empresas, es gratificante, porque vemos que hay empresas públicas que se gestionan con honestidad,
razonablemente y cumpliendo los objetivos que tienen, lo cual para terminar hoy después de esta sesión tan larga no deja de gratificarnos. Como le decía, el informe es bastante claro y se acompaña de tres recomendaciones que pueden cerrar el
círculo de las operaciones que la empresa hizo en el año 2001, que es cierto que nos queda un poco lejos, pero vamos a ver si entre todos podemos resolverlo. La primera es la del exceso de participación del BBVA, que no nos plantea ninguna
cuestión, y la segunda sí que nos plantea alguna viendo las alegaciones que hace la propia expansión exterior, pero usted, señor presidente, contestando a alguna de las otras intervenciones, ha dicho que hay algunas alegaciones que el Tribunal no
considera que debe incorporar. Lo que alega la sociedad (en otros casos sus alegaciones se han tenido en cuenta) respecto al sistema de contabilidad analítica nos deja un poco insatisfechos. Una cosa es que no tenga umbral de rentabilidad y otra
cosa es que no vaya a conocer lo que le cuesta cada una de las operaciones. Es una recomendación que sí habría que tener en cuenta cuando hagamos nuestras propias propuestas de resoluciones, y también la de ampliar la base de datos de las empresas.
Respecto a este informe solo le tengo que hacer una pregunta concreta que tiene que ver con lo que dijo al final de su exposición, con el pago de comisiones en el exterior en dos casos por encima de lo que estaba establecido, y vuelve a ser una
pregunta ya clásica: si ustedes han visto algún tipo de responsabilidad por sus operaciones. Analizando el informe me parece que el resto es limpio y solamente quiero saber si en ese pago de comisiones, que se sale un poco de la normativa
aplicable, en el ejercicio de la acción normal del Tribunal han visto que pudiera haber alguna causa de responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Quiero agradecer la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas y felicitar la confianza del alto Tribunal en la fiscalización realizada al emitir un informe favorable sin salvedades, como el que nos
ocupa. Por supuesto que coincido con la portavoz del Grupo Popular en que nada más lejos de otros informes que hemos visto, como pueden ser el de Marbella o el de Ceuta.
Respecto al informe elaborado por el Tribunal de Cuentas que se nos presenta por el señor presidente sobre la empresa Expansión Exterior S.A., al Grupo Socialista le gustaría destacar los siguientes aspectos, aunque redunde en algunos
explicitados por el señor presidente. Las cuentas anuales de la empresa reflejan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel de su situación financiero-patrimonial y da los resultados de sus operaciones, todo ello de acuerdo con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad y demás normativa mercantil vigente. Los sistemas de control internos implantados son considerados por este informe en términos generales fiables. Los procedimientos de actuación se encuentran
suficientemente detallados en la normativa interna y se aplican correctamente. La integridad de la información contenida en los registros informáticos está garantizada mediante el sistema de gestión integrada y las cuentas anuales de cuatro UTE
están correctamente integradas en la contabilidad de la entidad en función de su participación en cada una de ellas.
Queremos fijar la atención en el epígrafe de inmovilizado material, donde se dice que se incluye una minusvalía de fusión por importe de 508.000 euros por menor valoración otorgada a los inmuebles aportados por Focoex en la operación de
fusión respecto a su coste histórico. A nuestro grupo le gustaría conocer cómo se ha puesto de manifiesto esta minusvalía. ¿Ha sido mediante tasación de los inmuebles objeto de la minusvaloración? ¿Por diferencia entre coste histórico y el valor
de tasación? El informe habla del menor valor otorgado al conjunto de inmuebles aportados por Focoex en la fusión. ¿Cómo se le otorgó ese menor valor? En definitiva, ¿a qué se debió ese menor valor? El presente
informe indica que Expansión Exterior, S.A. nace en 1997 como consecuencia de la fusión de Focoex y Sinecox. ¿Fueron fiscalizadas estas sociedades estatales en periodos anteriores? Si lo fueron, ¿hubo aspectos relevantes en ellas que nos
ayuden a comprender mejor el presente informe y, en concreto, la minusvaloraciones comentadas? A tenor de lo expresado en el presente informe, entendemos que las insuficiencias de dotación de las provisiones para insolvencias de deudores y clientes
por un total de 84.000 euros más 10.000 euros incobrables, unos 15.600.000 pesetas, no afectan significativamente a la imagen fiel de la situación financiero-patrimonial ni a la cuenta de resultados, a juicio del alto Tribunal que usted preside.
Nos gustaría conocer a qué son debidas estas insuficiencias de dotación. ¿No estaban claras las normas de aplicación para la dotación de estas provisiones para insolvencias? Dado que la insolvencia es un aspecto importantísimo no solo para la
viabilidad de las empresas sino incluso para la superviviencia de las mismas, ¿hay defectos de control interno en los procedimientos de asunción de riesgos con clientes y deudores? ¿Se pueden producir traslados de rentas a clientes y deudores o
realmente son insolventes tras iniciativas judiciales de cobro? A mi grupo también le preocupa la conculcación de los principios de publicidad y concurrencia en la contratación de personal, y no es justificable ni mucho menos compensable el hecho
de que se cumplieron en la etapa inicial de becarios, ya que ésta puede y suele ser una estrategia que pretende beneficiar a unos candidatos en detrimento de otros posibles. Mi grupo echa en falta alguna recomendación en este sentido en el informe
que nos ocupa.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Respecto a la intervención de doña Elvira Rodríguez sobre esos dos casos que han excedido las comisiones, esas comisiones exceden a lo previsto en una normativa interna y, por
tanto, se ha conculcado esa normativa interna.
La prueba está en que el informe del fiscal es limpio, es un informe que dice que no hay responsabilidades contables. Hay que tener en cuenta que el informe de fiscalización es de regularidad, de
legalidad y de procedimientos de control de la entidad, y es aquí donde se manifiesta que no hay incumplimientos destacables.
No hay otra información que la que tiene el informe sobre esa diferencia de valor de lo que venía de Focoex a esta entidad; el presidente no tiene otra información.
En cuanto a si hubo fiscalizaciones anteriores, sí las hubo, porque este presidente fiscalizó Focoex cuando fue consejero, pero no procede que aun cuando tuviera sus experiencias sobre esa fiscalización las exponga aquí porque viene a
presentar el informe que ha aprobado el pleno.
Respecto a la conveniencia de la contabilidad analítica, el informe habla de implantación de un mejor sistema de contabilidad analítica porque la que hay parece que no es suficiente, pero no cabe la menor duda de que alguna contabilidad
viene funcionando porque, si no, no tendría sentido.
Y sobre todo hay una recomendación importante, a la que también se ha hecho alusión, sobre el cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros respecto a la desinversión por exceso de
participación del BBVA al fusionarse con Argentaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez concluido el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.