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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 29, de 05/04/2005
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 29
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 5 de abril de 2005,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la atención sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud de las enfermedades del aparato circulatorio, con especial referencia al infarto agudo de miocardio (correspondiente al número de expediente
251/000120 de la VII Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000005 y número expediente Senado 771/00004.) ... (Página 3)
Informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 de las adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos en una muestra de hospitales
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud (corresponde al número de expediente 251/000119 de la VII Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000004 y número de expediente Senado 771/000003.) ...
- Informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 para el archivo, depósito, custodia o gestión de historias clínicas en una muestra de hospitales de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud
(corresponde al número de expediente 251/000121 de la VII Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000006 y número de expediente Senado 771/000005.) ... (Página 9)
- Informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 de las actividades y servicios susceptibles de generar ingresos en una muestra de hospitales de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, con
especial referencia a los contratos que tienen por objeto la realización de ensayos clínicos (corresponde al número de expediente 251/000139 de la VII Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000022 y número de expediente Senado
771/000021.) ...
(Página 11)
- Informe de fiscalización sobre la contratación celebrada por las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, 1999, 2000 y 2001
(corresponde al número de expediente 251/000141 de la VII Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000024 y número de expediente Senado 771/000022.) ... (Página 13)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización de todas las operaciones económico-financieras llevadas a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en los grupos Fesa/Enfersa y Ercros en el período 1992-2000 (corresponde al número de expediente 251/000115
de la VII Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000001 y número de expediente Senado 771/000001.) ...
(Página 16)
- Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus sociedades mercantiles participadas, ejercicios 1998 a 2001. (Número de expediente Congreso 251/000053 y número de expediente Senado 771/000054.) ...
- Informe de fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ejercicio 2001 (corresponde al número de expediente 251/000130 de la VII Legislatura).
(Número de expediente
Congreso 251/000014 y número de expediente Senado 771/000012.) ... (Página 28)
- Informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2001 (corresponde al número de expediente 251/000137 de la VII Legislatura). (Número de expediente Congreso 251/000020 y número de expediente Senado
771/000019.) ... (Página 31)
- Informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000057 y número de expediente Senado 771/000057.) ... (Página 33)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE LAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE
251/000120 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000005 y número expediente Senado 771/00004.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, les comunico que la hora de la votación no será antes de las once y media.
Empezamos por el debate y votación de las propuestas de resolución. A petición de los grupos, en primer lugar, la número 2 y después seguiríamos por el orden normal, es decir, el punto número 1, el 3, etcétera.
El punto número 2 corresponde al informe de fiscalización de la atención sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud de las enfermedades del aparato circulatorio, con especial referencia al infarto agudo de miocardio.
Para defender sus propuestas de resolución, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Elola
El señor ELOLA RAMÓN: Agradezco de nuevo al Tribunal de Cuentas el informe presentado por su intensidad y por su oportunidad, ya que las enfermedades del aparato circulatorio son la principal causa de muerte en nuestro país, aunque de su
estudio pormenorizado dedujimos, y ya lo planteamos el otro día, que existe una total falta de planificación. El único plan de salud presentado a nivel nacional data del año 1995 y no ha sido desarrollado prácticamente en ninguno de sus términos.
Por otro lado, el programa de atención primaria para promoción y prevención de salud, aceptado también por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 1995, no se ha desarrollado en el consejo interterritorial, como hubiese sido lo previsible. Se
deduce que faltan criterios para disponer la cartera de servicios de los hospitales, las especialidades que constan en cada hospital o los servicios que presta. Los contratos programa con los hospitales se firman tarde, generalmente al final del
año referido y no consta en ellos los objetivos que se determinan o estos son totalmente indeterminados. No se trabaja en los hospitales en prevención, ni secundaria ni terciaria, puesto que la prevención primaria, en teoría o al menos según
nuestro Sistema Nacional de Salud, corresponde a la atención primaria. Se constata una diferencia de distribución de los especialistas entre los distintos hospitales, incluso dentro de las mismas comunidades autónomas, lo que da lugar a que una de
las frases que más se repite en el informe sea la falta de equidad, la falta de equilibrio entre las diferentes zonas; incluso dentro de las mismas comunidades autónomas no existe equilibrio territorial. Falta también una planificación territorial
referente a la formación MIR. Se constata que ninguno de los hospitales de la muestra que se selecciona se encuentra dentro del rango MIR que aporta el mismo Ministerio de Sanidad y Consumo, ninguno de los hospitales presentados tiene una cifra de
MIR superior o igual al menos a la que el ministerio presenta como media nacional. Esto en parte parece solucionado, porque en el año 2005 se ha establecido dentro de las plazas MIR un cupo para cada comunidad que se determina a demandas de las
propias comunidades según sus necesidades en cada hospital. El coste por proceso proporciona diferencias sustanciales entre los distintos hospitales según el informe que nos han presentado; diferencias que no pueden ser explicadas por medio de la
complejidad o del número de camas o del número de especialistas del hospital, sino que muchas veces se deben a temas simplemente aleatorios. Las diferencias entre los costes incluso del mismo medicamento, la misma marca comercial, entre diferentes
hospitales excede en lo previsible, incluso por la menor o mayor capacidad de negociación de los distintos hospitales. La mayoría de las reclamaciones o quejas que presentan los usuarios se deben a demoras en la atención para consulta, pruebas o
cirugía, las famosas listas de espera del Servicio Nacional de Salud. Por ello, y teniendo en cuenta las consideraciones que he dicho, hemos pedido, primero, que se fijen los criterios a nivel nacional que determinen la cartera de servicios de cada
hospital. Es decir, que cada hospital, según sus necesidades poblacionales, pueda definir los requisitos que tiene en su cartera de servicio y las infraestructuras técnicas y de servicios que pueda presentar a la sociedad, para intentar disminuir y
finalmente equilibrar las diferencias que hay entre las distintas comunidades e incluso entre territorios de la misma comunidad autónoma. En segundo lugar, que se participe en la elaboración de un sistema de información homogéneo fiable y coherente
dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, que pueda ser asequible a todas las comunidades y que además hable el mismo idioma, por decirlo de una forma gráfica. Se debe incluir también la participación de la contabilidad analítica -cosa que se ha
empezado a hacer ya en el Sistema Nacional de Salud-, para que se pueda conseguir una metodología contable uniforme en todo el Sistema Nacional de Salud, de forma que se puedan determinar los costes por proceso y que esta determinación sea
equilibrada en todos los ámbitos del sistema nacional.
Esta es una de las quejas principales que tenía el informe. No se puede hacer cuenta gráfica en cada
sitio porque las formas de contabilidad son muy diferentes e incluyen distintos términos. Hemos solicitado también que se mantenga la actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo en la realización de protocolos o estándares de referencia
para todo el territorio nacional, que disminuyan en lo posible la variabilidad en la práctica clínica. Tenemos ahora la experiencia del hospital de Leganés, donde los protocolos sirven para controlar si las prácticas clínicas se ajustan o no a unos
estándares de calidad que al fin y al cabo es lo que buscamos, eficacia, eficiencia y calidad en el Sistema Nacional de Salud. Además, como ya he dicho que las principales quejas y los principales desequilibrios se deben a las listas de espera,
pues que se sigan unificando los diagnósticos de situación de las listas de espera en las diferentes comunidades autónomas. Hasta ahora hay diferentes criterios, diferentes establecimientos y no se puede saber a qué corresponde exactamente lo que
cada comunidad autónoma entiende como lista de espera. Por tanto, debemos unificar el diagnóstico y debemos unificar los criterios de establecimiento. Finalmente, solicitamos que se establezca un sistema de reclamación en cada hospital que sea
único y uniforme, de manera que podamos saber que en todos los hospitales el número de quejas recibidas se corresponde a la calidad del servicio o a la sensación al menos que el paciente tiene del servicio recibido. Ahora mismo sabemos por el
informe del Tribunal de Cuentas que el número de quejas de cada servicio de cada hospital depende más de la accesibilidad y del trato que se da en el servicio de reclamaciones que realmente del servicio que da el hospital.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Font.
La señora FONT BONMATÍ: Como ya comenté el día de la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas cuando vino a presentar a esta Cámara el informe, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los enfermos cardiovasculares,
principalmente todos aquellos que están afectados del infarto agudo de miocardio, fue ya un tema prioritario para el Gobierno del Partido Popular, que se encontró con una situación francamente muy mejorable, y se dedicó, en los cinco años que estuvo
gobernando y gestionando la asistencia sanitaria, a mejorar todo lo concerniente a listas de espera, la tecnología, aumentar el número de camas, hospitalarias. Es decir, puso encima de la mesa una serie de iniciativas que conllevaban evidentemente
a lo principal, que era reducir la mortalidad y reducir las listas de espera y el riesgo de estas enfermedades, tanto en prevención primaria como secundaria y terciaria, a pesar de que el informe del Tribunal de Cuentas no tiene muy claro en qué se
diferencia una de otras porque, como hemos visto, la atención primaria tiene sus protocolos de prevención, tanto en hipertensión como en todos aquellos factores de riesgo que causan y aumentan el número de enfermedades cardiovasculares. Se creó un
fondo de cohesión para todas aquellas comunidades autónomas que disponían de menos recursos, bien fueran poblacionales, bien fueran estructurales, para que estos pacientes pudieran acceder a otros hospitales de otras comunidades autónomas donde se
les podría dar la asistencia sanitaria que, por esas cuestiones, no podían recibir en su propia comunidad autónoma. Ese fondo de cohesión se ha quedado pequeño, corto y escaso por una serie de factores -porque ha crecido mucho la población y los
costes han aumentado- y está visto que este Gobierno del Partido Socialista, este Gobierno del señor Zapatero no tiene ninguna intención de incrementarlo para así poder paliar distintas deficiencias que tienen algunas comunidades autónomas con
respecto a otras, como ya he dicho antes. Por lo tanto, el desequilibrio en la equidad del sistema será cada vez más grande si, por supuesto, no se aumenta, como ya he dicho, este fondo de cohesión.
Todas las propuestas que hace el Partido Socialista tendrían mucho que ver con el sistema de financiación sanitaria, también tendrían mucho que ver con el fondo de cohesión, pero les falta algo que es muy importante: quién va a pagar la
reducción de las listas de espera, quién va a poner encima de la mesa recursos sanitarios para realizar determinados protocolos. Hay algo que no nos gusta, y por eso solicitaremos votación separada de la número 3, que vamos a votar en contra porque
no queda clara esta propuesta de resolución, en la cual parece como que no se permitiese que algunas comunidades autónomas puedan destinar más fondos para disminuir la lista de espera, para comprar mayor tecnología, para crear una serie de unidades,
etcétera, porque alteraría la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema. Nosotros creemos que las comunidades autónomas desde que han sido transferidas estas competencias tienen potestad autoorganizativa, por lo tanto, tienen potestad para
decidir qué recursos asistenciales y qué recursos financieros ponen a la asistencia sanitaria. Por consiguiente no estamos de acuerdo con que de alguna manera se les intente limitar la capacidad de autogobierno, de autogestión con esta propuesta de
resolución.
En nuestras propuestas de resolución incidimos suficientemente en la financiación puesto que pensamos que es una razón de peso y no todas las comunidades autónomas están en la misma disposición de poder acceder y prestar los mismos servicios
a sus ciudadanos que otras. Evidentemente, pensamos que necesitamos mayor financiación. De la misma forma y por el mismo razonamiento necesitamos centros de referencia que en este momento no existen, como sería el centro de referencia para el
infarto agudo de miocardio, ni para el tratamiento de otras patologías, llámense como se llamen. Esto también aboga en un incremento de lista de espera y de burocratización, de la que la sanidad por desgracia tiene sobredosis. Por eso instamos a
que, además de aumentar el fondo de cohesión para realizar los programas y los protocolos
para disminuir listas de espera y aumentar la prevención frente a enfermedades cardiovasculares, se desarrollen también unos institutos como una de las fórmulas de gestión, que en bastante medida hacen que disminuya la incidencia y la
mortalidad por enfermedades y por patologías cardiovasculares y, como también ha señalado el portavoz socialista y además aparece también en el informe del Tribunal Constitucional, sobre la inestabilidad en el puesto de trabajo de los médicos
residentes. Por lo tanto, creemos que ya es momento de que la OPE extraordinaria que se promulgó llegue ya a su fin y sin que se produzca otra vez un retraso en el asentamiento de estas personas en sus puestos de trabajo. Además, puesto que es una
manera de incentivar también al profesional sanitario, pedimos que se desarrolle su carrera profesional, su estatuto marco, que se pueda mejorar la movilidad en las jornadas laborales, en fin, una serie de reconocimientos que también venían
reflejados en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la inestabilidad y la falta de asentamiento de los profesionales en sus puestos de trabajo.
Con respecto a las propuestas de resolución del Grupo Socialista, no van a resolver nada, puesto que el problema de fondo es la financiación. Para poder crear, para poder concertar, para poder disminuir las listas de espera influye mucho la
financiación sanitaria que en este momento y con estas propuestas no se ve que se vaya a incrementar e influye también mucho el fondo de cohesión, que tampoco se va a incrementar. Por tanto, creemos que no van a llevar a ningún sitio, nada más que
a lo que se está haciendo, que es ir poniendo algún parche. Nosotros nos vamos a abstener en las propuestas de resolución, exceptuando en la número 3, para la que vamos a solicitar una votación separada y votaremos que no por lo que ya he expresado
antes, porque pensamos que las comunidades autónomas en su autogobierno pueden y deben mejorar las infraestructuras y, por lo tanto, disminuir las listas de espera y las patologías, sobre todo las que causan una mayor mortalidad, y pueden y deben
incrementar, si esa es su voluntad y si tienen posibilidades de hacerlo, la financiación para paliar las listas de espera.
Esta es nuestra propuesta y, como ya he dicho, vamos a pedir la votación separada.
El señor PRESIDENTE: No habiendo más propuestas de resolución sobre este punto, ¿algún grupo quiere fijar posición?
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Elola.
El señor ELOLA RAMÓN: Primero querría corregir a la representante del Partido Popular. Me imagino que van a pedir votación separada del punto 4 de nuestra propuesta, donde dice que el Ministerio de Sanidad y Consumo debe seguir potenciando
la unificación de los diagnósticos de situación de la lista de espera de cada comunidad autónoma, no del punto 3. Es un error de apreciación su posición en contra puesto que lo que pedimos es la unificación del criterio de situación, no de los
trámites a seguir para acortar la lista de espera, sino el diagnóstico de cómo está la lista de espera, sobre la que ahora mismo cada comunidad autónoma tiene un sentido y un sentir distinto y, por tanto, un establecimiento distinto, y no se puede
comparar la lista de espera de una comunidad con otra porque se conciben de manera diferente. Salvado eso, quería posicionar a nuestro partido.
Nuestro partido va a votar en contra de todas las propuestas del Grupo Popular. He escuchado sorprendido, cuando la otra vez incluso se planteaba la duda sobre la legitimidad del informe acerca de qué manera se habían elegido los hospitales
sobre los que se había hecho el estudio, que parece que ahora sí se asume, aunque en el último día, cuando nos reunimos para estudiar el informe, se olvidaban los cuatro primeros años del Gobierno del Partido Popular, puesto que el informe
corresponde al año 2000, y ahora se olvidan los cuatro siguientes. Parece que la culpa de todo lo que pasaba en el año 2000 la tenía Felipe González y la culpa de todo lo que pasa en el año 2005 la tiene Zapatero. Nos olvidamos de que ha habido
ocho años en medio y que algo de la situación actual tendrá que ver con lo que se ha hecho entre los años 1996 y 2004. Sin duda una de las cosas que más fallan en el Sistema Nacional de Salud y que refleja el informe como tal es la calidad y la
equidad, no hay una calidad equivalente en todos los sitios. Nos damos la enhorabuena por que el Partido Popular venga a desarrollar propuestas de futuro, especialmente, pero en algunos puntos, por ejemplo, en el de la OPE extraordinaria, cuando se
olvidan totalmente de los años que han estado gobernando y piden que no se promulguen decretos como el que se dio en septiembre de 2004. Parece que la culpa de que no se aplicase en el año 2001 la OPE extraordinaria la tiene una ministra de Sanidad
que toma el cargo en mayo de 2004, que se encuentra esto sin desarrollar en ningún punto y que en septiembre de 2004 tiene que decidir remitirlo al Congreso para que sea aprobada una posposición de esa ley. Se olvidan también la Ley 21/2001, de
financiación del Sistema Nacional de Salud, de financiación de las comunidades autónomas, donde se fijan no solo los criterios de financiación de todas las comunidades autónomas, sino también la forma de revisar esos criterios cuando haya algún
cambio, cuando haya alguna necesidad por parte de las comunidades autónomas. Esa ley, establecida por el Partido Popular, es la que hay que aplicar o por lo menos debería ser la que ellos defendieran aplicar; ahora parece que se nos olvida y que
ya no queremos que se aplique la Ley 21/2001. Nos olvidamos también de la Ley orgánica de profesiones sanitarias que, aparte de que lo que venimos a discutir hoy tiene poca relación con el informe del Tribunal de Cuentas, fija que la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud sea el foro donde se hable de estatuto marco, de movilidad de carrera profesional
y de jornada laboral -ahí es donde se está hablando-, y ahora parece que quieren trasladarlo al Consejo Interterritorial de Salud.
Estamos olvidándonos de lo que se ha hecho, estamos olvidándonos de lo que el Partido Popular ha propuesto y ha establecido como ley. Nosotros vamos a seguir haciendo que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional sea la que trate
los foros laborales y, por tanto, vamos a seguir aplicando la ley tal y como la fijó el Partido Popular. Se olvidó en el informe de los cuatro años en los que gobernó y ahora en las propuestas se olvida de los cuatro años en que siguió gobernando
después.
Respecto a la última propuesta, ya he dicho que se ha establecido un cupo autonómico sobre las plazas MIR y que son las propias comunidades autónomas las que deciden qué plazas necesitan dentro de ese cupo, qué necesidades, qué hospitales
lo ofertan y creemos que de esta manera se ha solucionado, al menos parcialmente, y esperamos a ver el resultado para comprobar si se ha solucionado totalmente o no la problemática de la distinta distribución MIR en diferentes comunidades autónomas
y hospitales. La actuación del Partido Popular con estas propuestas me da la sensación de ser algo marxista, pero en el plano de Groucho Marx. Si Groucho Marx decía: yo no entraría en un club donde a mí me admitiesen como socio -el colmo de la
esquizofrenia- y, ahora el Partido Popular parece que nos dice: lo hemos hecho tan bien, que ustedes no hagan lo que nosotros hicimos. Por eso, vamos a votar en contra de todas las proposiciones.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Font del Grupo Parlamentario Popular.
La señora FONT BONMATÍ: Señor presidente, voy a ser muy breve y, además, no me voy a dedicar a hacer chascarrillos, porque el tema es demasiado serio para ello. Si está chistoso el representante del Grupo Socialista será porque le irá muy
bien.
Nosotros pediremos la votación separada para la propuesta número 3. Dicha propuesta hace referencia a que no se puedan desviar recursos con la consiguiente inequidad en la existencia, alterando la eficacia y eficiencia del Sistema Nacional
de Salud. Como ya he explicado antes, cada comunidad autónoma puede disponer de los recursos que estime necesarios y aplicarlos a lo que considere necesario y conveniente. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tengo que recordarle al portavoz
socialista que el Partido Socialista gobernó durante trece años y gestionó la sanidad española durante trece años; el Partido Popular la gestionó durante cinco y en esos cinco años se dio un giro tan abismal a la sanidad española que no la
reconocerían, como diría un dirigente socialista, ni ustedes mismos. Nosotros redactamos y desarrollamos la Ley General de Sanidad, algo que ustedes fueron incapaces de hacer desde el año 1986 y por ello se culminó el proceso de transferencias a
las comunidades autónomas, algo que a ustedes no les ha interesado nunca como se ha demostrado perfectamente en sus planteamientos. En tercer lugar, nosotros pedimos que se aplique la Ley 21 y que haya un fondo de cohesión que sea ampliable, para
que se acaben las inequidades del sistema. Hay comunidades autónomas como la mía, Castilla-La Mancha, en las que no tenemos -primero, por población, segundo, por dispersión y, tercero, por envejecimiento- los mismos recursos que puedan tener otras
comunidades autónomas y necesitamos centros de referencia, necesitamos un aumento del fondo de cohesión para poder trasladar a nuestros pacientes y para poder venir a Madrid, a Zaragoza, a Valencia o a la comunidad autónoma que sí dispone de esos
recursos y poder desplazarlos. No se pueden poner listas de espera, como las que tenemos en estos momentos, porque los mayores perjudicados somos nosotros. Eso ocurre también en otras poblaciones y en otras provincias. Por lo tanto, señor
portavoz socialista, menos chistes.
Esto es demasiado serio, estamos hablando de vidas de personas, estamos hablando de listas de espera de enfermedades cardiovasculares, donde un infarto es cuestión de segundos. Ya decía el señor Bono que en
Castilla-La Mancha no se trata igual un infarto de miocardio que en Barcelona, Madrid u otras regiones. Por ello, si ustedes no están dispuestos a votar nuestras propuestas están en su derecho, nosotros, como ya he dicho anteriormente, nos vamos a
abstener en las suyas y concretamente a la tercera vamos a votar que no.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA O EN VIGOR EN 1999 Y 2000 DE LAS ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN UNA MUESTRA DE HOSPITALES DE TITULARIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número
de expediente Congreso 251/000004 y número de expediente Senado 771/000003.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate pasamos el punto primero, relativo al informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 de las adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos en una muestra
de hospitales de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud. Para defender las propuestas de resolución, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martel.
La señoras MARTEL GÓMEZ: Señorías, tras el análisis del informe fiscalizador del proceso de adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos, se deduce que no ha existido una política de compras por la que los hospitales han realizado
sus adquisiciones sin atender a criterios de gestión que fueran comunes y que buscaran las mejores condiciones de compra. De igual forma, las adquisiciones que se han realizado se han
hecho al margen de los procedimientos de contratación previstos en la Ley de contratos de administraciones públicas de tal forma que se han realizado los pedidos de medicamentos a laboratorios, estos pedidos no se han formalizado de ninguna
manera, con carácter general, en documentos contractuales ni se han tramitado por procedimientos legales establecidos. Por otro lado, en este mismo informe fiscalizador se deduce que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no ha
ejercido las funciones de coordinación y planificación conjunta para el establecimiento de las condiciones generales de contratación que tenía atribuidas, en base al artículo 47 de la Ley General de Sanidad, y del artículo 93.3 de la Ley del
Medicamento.
Tras el análisis de este informe se deduce también que el mercado del medicamento, en el que no siempre cabe la competencia debido al carácter exclusivo del gran número de medicamentos, ha mantenido una uniformidad de precios en la que se
ajustaron los precios de venta autorizados, pero de igual forma se comprueba que en torno al 30 por ciento de las compras, del total del gasto realizado, sí sería susceptible de competencia real entre proveedores pudiéndose generar un ahorro
mediante el uso adecuado de los procedimientos de adquisición previstos en la legislación reguladora de la contratación pública. La vinculación de las adquisiciones a las de otros productos de un mismo laboratorio ofreciendo ventajas e incluso
algunos medicamentos a precios cero es consecuencia de falta de coordinación en las políticas de compra de los hospitales dentro de las distintas administraciones sanitarias. En cuanto a la no homogeneidad de gestión, organización y funcionamiento
de los servicios de farmacia de los hospitales de titularidad pública, se ha comprobado que tienen como consecuencia grandes diferencias en relación a la eficacia y optimización de los recursos que éstos poseen para su funcionamiento, dándose el
caso de contar con distintas aplicaciones informáticas, dentro de una misma Administración, siendo estas aplicaciones, en la mayoría de los casos, infrautilizadas. Por otro lado, la implantación de la contabilidad analítica y los criterios de
contabilización e imputación de costes tampoco ha sido homogénea. La existencia generalizada de supuestos en los que las facturas no han sido pagadas con cargo a los presupuestos de esos ejercicios, imputándose el gasto a ejercicios posteriores, ha
puesto de manifiesto una deficiente gestión presupuestaria derivada de una falta de previsión sobre la evolución del gasto, conduciendo a los hospitales a una situación de endeudamiento elevado.
Por todo ello, desde el Grupo Socialista se han elevado unas propuestas de resolución que consistirían en lo siguiente. En primer lugar, que la Comisión instara al Gobierno a proponer, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y de acuerdo con los representantes de las comunidades autónomas, la valoración de la oportunidad de acordar condiciones generales de planificación, coordinación, contratación y suministro de medicamentos para todos los hospitales
de titularidad pública. En segundo lugar, planteamos la valoración de la oportunidad de acordar con todos los hospitales de titularidad pública que apliquen el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas con respeto a
los principios de concurrencia y publicidad en la relación de sus adquisiciones y en el caso de medicamentos susceptibles de competencia, con pleno sometimiento a los principios del texto refundido de la Ley de contratación de las administraciones
públicas. En tercer lugar, instamos al Gobierno a la valoración de la oportunidad de acordar la implantación de políticas adecuadas del uso de medicamentos genéricos que, junto a los medicamentos bioequivalentes, pueden mejorar la competencia y la
transparencia del mercado en todos los hospitales de titularidad pública. En cuarto lugar, la valoración de la oportunidad de acordar el establecimiento de cauces de información y coordinación entre las distintas administraciones que permitan
conocer las condiciones de compra más favorables obtenidas por los hospitales. En quinto lugar, la valoración de la oportunidad de acordar la potenciación mediante un uso más racional de los medicamentos, de la dispensación interna por unidosis, lo
que permitiría un mejor control de los consumos y una gestión más eficiente. En sexto lugar, mi grupo plantea valorar la oportunidad de acordar la implantación de sistemas de contabilidad analítica homogéneos que permitan conocer el coste de
funcionamiento de los servicios de farmacia de los distintos hospitales. Por último, mi grupo plantea la planificación adecuada de las adquisiciones de medicamentos anuales en los hospitales de las distintas administraciones.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Font.
La señora FONT BONMATÍ: Desde las transferencias de la gestión sanitaria a las comunidades autónomas son estas las que corren con el gasto farmacéutico. Por tanto, no parecería muy lógico a estas alturas que se las mantenga apartadas de
una formulación de objetivos, sobre todo en la política farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, así como de las decisiones para la incorporación de nuevos medicamentos, su forma de financiación o la fijación de precios. Tendría que producirse
una auténtica participación de las comunidades autónomas a través del Consejo interterritorial de Salud sobre cuestiones que afectan directamente al gasto que ocasiona la prescripción de medicamentos, su financiación y sobre todo la política
farmacéutica. Además deberían crearse una serie de mecanismos que permitieran una evaluación de los resultados de esta política farmacéutica.
El Grupo Popular considera que las políticas de precios de referencia que se venían aplicando hasta este momento habían dado muy buenos resultados, incluso se había producido una disminución o un aumento del 6 por ciento en el gasto
farmacéutico hasta octubre del
año pasado, cuando en años anteriores la cifra alcanzaba el 10, el 12 o incluso hasta el 15 por ciento. Sería bueno que se volviera a retomar la política de los precios de referencia, porque creemos que es efectiva; por tanto,
solicitaríamos también la retirada del decreto que la derogó.
Así podríamos conseguir que entre este año y el que viene 389 millones de euros, que se convertirían en ahorro para el sistema, no se perdiesen por los precios de referencia.
En otro orden de cosas, se debe impulsar como hasta ahora, incluso más, la política de los genéricos, como recomienda el informe de fiscalización, porque se ha demostrado que abarata los costes y puede producir un beneficio al sistema.
Asimismo las dosis personalizadas, las unidosis, deben implantarse cada vez más como forma dentro de las prescripciones a los pacientes de productos farmacéuticos. Sería oportuno promover el establecimiento de un sistema centralizado de compras
para los medicamentos por lo menos para el ámbito hospitalario, y de esta manera se abaratarían costes y se aumentaría la eficacia, como se realizan los contratos de todas las administraciones públicas.
Con respecto a las propuestas del Grupo Socialista, tengo que reconocer que todas se justifican en la valoración de la oportunidad, como si no fuese el momento oportuno de impulsar los genéricos, las unidosis, etcétera. Creemos que queda
demasiado ambiguo, demasiado genérico; como no se concreta nada es difícil realizarlo. Nuestras propuestas van en el mismo sentido, pero son mucho más concretas, por lo que pido el voto a favor. Nos vamos a abstener en las propuestas del Grupo
Socialista y con respecto a las de Convergència i Unió vamos a intentar llegar a una transaccional, porque estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, que es la participación de las comunidades autónomas en la política farmacéutica, pero no
creemos que sea el momento oportuno de modificar la ley o las competencias de las comunidades autónomas, porque pensamos que a través del consejo interterritorial podrían participar con bastante efectividad. El Grupo Popular cree que es el momento
de actuar y no de empezar con valoraciones de actuaciones; debe aplicarse, incluso potenciarse, lo que ya se estaba haciendo hasta este momento.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe presentado por el Tribunal de Cuentas queda claro que la prestación farmacéutica y su financiación, la incorporación de nuevos fármacos,
el tema de las dosis y la fijación de precios son elementos claramente mejorables. También hay un hecho objetivo, que las comunidades autónomas son las responsables de la prestación farmacéutica y de su financiación. Nosotros planteamos en nuestra
resolución que fuera por ley, reformando dos leyes donde de alguna forma obligara a esta corresponsabilidad o a esta cogestión en el sentido de la autorización y la incorporación de nuevos medicamentos y su financiación. Deseábamos que fuera un
aspecto que la ley dejara claro que esto debía hacerse por parte del Ministerio de Sanidad, pero también en colaboración, en corresponsabilidad y en cogestión con las comunidades autónomas. Es posible que esta modificación de la ley sea difícil e
incluso difícilmente se podría aprobar en esta Comisión. La primera propuesta de resolución presentada por el Grupo Popular insta al Gobierno a actuar con esta filosofía, es decir que el Consejo interterritorial de Salud, con la auténtica
participación de las comunidades autónomas, busque fórmulas para que los objetivos de una política farmacéutica en cuanto a incorporación de nuevos medicamentos, formatos, financiación y fijación de precios sea la adecuada. Figura en todas las
recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, y cuando se analiza esta gestión comprobamos que estamos ante una sanidad que en nuestro país no está adecuadamente financiada. Nos encontramos con comunidades autónomas, como es el caso
concreto de Cataluña, en las que se ha producido la incorporación de nuevos usuarios motivada por la inmigración; son personas a las que se les da un servicio muy especial por su particular circunstancia de salud que está provocando unos costes que
evidentemente los hospitales gestionan como pueden, y en muchos casos algunas actuaciones no razonables están provocadas por la situación de déficit financiero que arrastran; por tanto en todas las conclusiones aparece la necesidad, que de alguna
forma ha sido asumida por el Gobierno al comprometerse en el mes de abril a afrontar este tema con todas las comunidades, de buscar un nuevo sistema de financiación que resuelva muchos de los aspectos que en este informe del Tribunal de Cuentas van
apareciendo de forma distinta.
El señor PRESIDENTE: Una vez terminado el debate de las propuestas de resolución presentadas, ¿algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) No habiendo grupos que quieran fijar posición, pasaríamos al turno de réplica del Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora MARTEL GÓMEZ: Intervengo para fijar posición con relación a las propuestas de resolución planteadas por el Grupo Popular y por Convergència i Unió. Respecto a las propuestas presentadas por el Grupo Popular tengo que manifestar
que no vamos a aceptar lo que se plantea en los puntos 1, 2 y 3, porque son cuestiones que ya se están abordando. Le recuerdo a la representante del Grupo Popular que existe un Plan estratégico de política farmacéutica presentado por el Gobierno;
por tanto no aceptamos los puntos 1, 2 y 3 por afectar a cuestiones que ya están siendo abordadas en el mencionado plan del Ministerio de Sanidad y Consumo. Es un plan que se está trabajando en la Comisión de Farmacia; desde aquí les recuerdo que
los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular no están acudiendo a estas reuniones. Esta Comisión de Farmacia está trabajando dentro del Consejo interterritorial en las cuestiones que se plantean por parte del Grupo Popular en estos puntos.
Cabe señalar que el plan estratégico de política farmacéutica prevé articular determinados mecanismos de participación de todas las comunidades en la política farmacéutica en un grado muy superior al que se ha venido haciendo en las dos
legislaturas anteriores en las que el Partido Popular ha tenido la responsabilidad de Gobierno, así como la revisión dentro del sistema. En esta Comisión de Farmacia del consejo interterritorial se prevé articular determinados mecanismos de
participación de las comunidades de política farmacéutica en un grado muy superior, y en los que la revisión de los sistemas de precios de referencia o el desarrollo de los medicamentos de genéricos ya está contemplado.
En lo que se refiere a la cuarta propuesta del Grupo Parlamentario Popular, podríamos aceptarla, pero yo pediría una votación separada de las propuestas.
La propuesta formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no podemos aceptarla puesto que, por una parte, afecta a competencias reservadas constitucionalmente al Estado y, por otra parte, el Plan estratégico de política
farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud establece que en la próxima reforma del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se constituirá un comité de evaluación de la utilidad terapéutica de los nuevos
medicamentos (esto en el seno de la misma agencia), cuyo cometido será la elaboración de los informes solicitados por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Estos informes habrán de contemplar un análisis tanto de la utilidad
terapéutica como de los aspectos fármaco-económicos de los nuevos medicamentos en comparación con aquellos de los que ya disponíamos. El comité de evaluación de la utilidad terapéutica de los nuevos medicamentos contará para realizar su cometido
con una red de colaboradores externos al comité, constituida por expertos de reconocido prestigio científico e independientes del Sistema Nacional de Salud y que serán propuestos por el consejo interterritorial en un número de hasta cinco por cada
una de las comunidades autónomas. Por tanto, nuestro rechazo a esta propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA O EN VIGOR EN 1999 Y 2000 PARA EL ARCHIVO, DEPÓSITO, CUSTODIA O GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN UNA MUESTRA DE HOSPITALES DE TITULARIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
(CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000121 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000006 y número de expediente Senado 771/000005.)
El señor PRESIDENTE: No habiendo más peticiones de palabra, damos por concluido este debate y pasamos al punto tercero, informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 para el archivo, depósito, custodia o
gestión de historias clínicas en una muestra de hospitales de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Aunque, como vimos en la anterior sesión de la Comisión, el informe se refiere a los años 1999 y 2000 y tenía por objeto la fiscalización de la contratación celebrada para el archivo, depósito, custodia o gestión de
historias clínicas, lo cierto es que la actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se prolongó hasta el año 2002 y vimos entonces que el informe era tan exhaustivo que bien mereció una consideración actualizada incluso a la luz de la Ley
41/2002, de Autonomía del Paciente, y también a la luz de la información aportada sobre los déficit en la protección del derecho fundamental a la intimidad personal y a la propia imagen, recogido en la Constitución española y concretado en el ámbito
de la salud en la Ley 14/1986, General de Sanidad, sobre todo en sus artículos 10 y 61, y más recientemente en la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, que desarrolla en profundidad todo lo referente a la información y documentación clínica y
deroga en parte el artículo 10 de la Ley General de Sanidad. Como vimos, el informe no entraba a analizar el contenido de las historias clínicas y su objetivo era la fiscalización no solo del conocimiento formal de la regulación contractual, sino
también la verificación de si los contratistas y los hospitales habían cumplido con la obligación de asegurar la confidencialidad de las historias clínicas, evaluando el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la utilización de los fondos
públicos asignados a tal finalidad.
Como conclusión general del informe de fiscalización puede establecerse que en el ámbito sanitario el derecho fundamental más sensible en lo concerniente a la intimidad de las personas queda relegado por el énfasis en la protección de la
salud y en los dispositivos asistenciales y administrativos más allá de los aspectos formales, situando en planos equivalentes los derechos de protección de la salud y de la intimidad, ambos ligados desde el punto de vista constitucional a la
condición humana. A partir de ahí y de las recomendaciones que formula el propio Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización presentado, nuestro grupo formula las siguientes propuestas de resolución tendentes a solucionar esa cuestión. En
las propuestas de resolución se insta al Gobierno y a las administraciones públicas competentes en materia sanitaria a: primero, impulsar de forma urgente y efectiva el desarrollo y la aplicación de la Ley 41/2002, de la Autonomía del Paciente, en
sus distintos apartados y, segundo, a la
tutela efectiva por las administraciones públicas del derecho a la intimidad, haciendo que reglamentariamente se adopten medidas que trasladen a la práctica las disposiciones legales más allá de un puro formalismo; especialmente en dicho
desarrollo de la legislación debería contemplarse la integridad, conservación y seguridad de los archivos, así como su acceso y uso adecuados, medidas para garantizar la seguridad real en la circulación de las historias clínicas, medidas que
garanticen la confidencialidad de la documentación clínica sometida a expurgo o destrucción. También instamos al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias de gestión directa y a través del Consejo Interterritorial de Salud, coordine la
certificación de que todos los hospitales que utilicen ficheros informatizados de datos relativos a la gestión de historias clínicas los tengan correctamente autorizados e inscritos en el Registro General de Protección de Datos y se tomen medidas
para que los directores gerentes aseguren el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones legales que impone a los titulares de los ficheros de datos de carácter personal la Ley Orgánica de Protección de Datos, aparte de que los hospitales
garanticen que los ficheros auxiliares creados por las empresas contratistas para la gestión de archivos de historias clínicas se ajusten a las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos e insten a su inscripción en dicho registro.
Finalmente, instamos también al Gobierno, en este caso al Ministerio de Sanidad y Consumo, a que dentro del ámbito de sus competencias de gestión y siempre a través del Consejo Interterritorial de Salud proponga las medidas adecuadas para que en la
contratación de la gestión de archivos de historias clínicas se cumpla efectivamente la motivación adecuada de la necesidad de contratación, la garantía de transparencia, igualdad y libre competencia y no discriminación, particularmente mediante el
recurso a los concursos públicos como forma normal de adjudicación, y el máximo respeto a las garantías sobre la custodia, uso y acceso a las historias clínicas que la ley contempla.
En relación con las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos, ya anuncio que vamos a votar favorablemente a la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entre otras cosas porque entendemos que
hace un planteamiento global que coincide a su vez con la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que, como decía, podría aceptarse su propuesta. En relación con las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, entendemos que muchas de
ellas quedan subsumidas en una redacción un poco más genérica y amplia, si me permite, que la que hace el Grupo Socialista; le hemos propuesto una pequeña transaccional, cuyo texto, en caso de ser aceptado, haríamos llegar a la Mesa, para
introducir unos pequeños elementos que nos parece que sí eran discordantes entre ambas propuestas de resolución y que incorporaríamos a las nuestras. En caso de aceptar esto, el Grupo Popular podría renunciar a las suyas y votaríamos conjuntamente
las presentadas por el Grupo Socialista con esa incorporación.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Popular tiene la palabra la señora Font.
La señora FONT BONMATÍ: Acerca de las historias clínicas, como señalaba en su comparecencia en la anterior sesión el presidente del Tribunal de Cuentas, la Ley General de Sanidad del año 1986, por su indefinición, por su falta de
concreción, impulsó que cada gerente de hospital pudiera gestionar las historias clínicas; por tanto hay muchas diferencias en esta gestión entre unos y otros hospitales. Algunos optaron por la gestión con recursos propios, otros por una gestión
mixta, otros por una agencia externa; cada uno optó por un modelo distinto de gestión, por tanto hay notables diferencias entre hospitales. Por eso fueron necesarias algunas leyes que subsanaran esas pequeñas inconcreciones en algunos decretos que
se realizaron en la legislatura pasada y que acabaron en la Ley de Autonomía del Paciente (como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista) que fue aprobada, si no recuerdo mal, por unanimidad de toda la Cámara, por tanto todos
estamos completamente de acuerdo en su contenido.
En este momento la homologación de la gestión de todos los hospitales de España donde las transferencias se han producido no va a resultar una tarea fácil y habrá que hacer todo lo posible para que se pueda llevar a cabo. Por eso nuestras
propuestas de resolución iban en el sentido de homologar todas las historias clínicas, que se profundice y desarrolle la Ley básica de Autonomía del Paciente, donde se recogen todos los principios básicos que tienen que regular estas gestiones y así
evitar que los archivos se dispersen o que no se puedan cumplir algunas normas como la de confidencialidad o la de protección de datos del paciente.
Estas propuestas de resolución que ha elaborado el Grupo Parlamentario Socialista y que nos ha
presentado como un texto transaccional que recoge mucho de lo que nosotros solicitábamos vamos a aceptarlas y renunciaremos a nuestras propuestas para que quede este texto vigente.
En cuanto a la resolución de CiU también vamos a votar a favor porque creemos que es una de las formas más eficaces de gestión, como así se ha demostrado.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: En la resolución que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 (ampliada hasta 2002 como comentaba el
portavoz
socialista) para el archivo, depósito, custodia o gestión de historias clínicas, y de acuerdo con las conclusiones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, proponemos instar a la autoridades estatales, autonómicas y a los hospitales de
titularidad pública del Sistema Nacional de Salud a adoptar las medidas que sean necesarias con objeto de acometer la correcta gestión de las historias clínicas y contratación de la gestión de sus archivos con empresas privadas de acuerdo con la
legislación específica vigente a fin de garantizar la plena protección de los datos de carácter personal así como el ejercicio del derecho a la intimidad y al acceso a la historia clínica de los pacientes.
Agradecemos el apoyo del Grupo Socialista y del Grupo Popular y les informamos de que nosotros también apoyaremos las propuestas que ha presentado el Grupo Socialista y que el Grupo Popular ha asumido retirando las suyas.
El señor PRESIDENTE: Una vez terminado el debate de las propuestas de resolución presentadas, ¿quiere algún grupo fijar posición? (Pausa.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA O EN VIGOR EN 1999 Y 2000 DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE GENERAR INGRESOS EN UNA MUESTRA DE HOSPITALES DE TITULARIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON
ESPECIAL REFERENCIA A LOS CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000139 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso: 251/000022 y número de expediente Senado:
771/000021.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 de las actividades y servicios susceptibles de generar ingresos en una muestra de
hospitales de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, con especial referencia a los contratos que tienen por objeto la realización de ensayos clínicos.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora doña María Luisa Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Señorías, a la vista del informe del Tribunal de Cuentas y detectadas las irregularidades y deficiencias en la tramitación y ejecución de los ensayos clínicos, y teniendo en cuenta que la materia de la gestión en la
asistencia sanitaria está transferida a las comunidades autónomas y las propias recomendaciones del Tribunal de Cuentas respecto a que haya criterios homogéneos en la tramitación y en la ejecución de estos ensayos clínicos, proponemos esta
resolución en la que instamos que sea en el seno del consejo interterritorial, que es el órgano institucional en el que se produce el encuentro entre las comunidades autónomas responsables de la gestión y el Ministerio de Sanidad y Consumo, donde se
establezca un acuerdo entre las administraciones responsables, en este caso el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas, para la elaboración de procedimientos y criterios de autorización comunes para los ensayos clínicos en el
conjunto de los centros sanitarios del país. El caso de los hospitales de titularidad pública y aquellos dependientes del Sistema Nacional de Salud tiene otro aspecto referido a los ingresos generados por la realización de estos ensayos clínicos,
pues además de los procedimientos relativos a la ética de los ensayos clínicos se refiere a los asuntos económicos. Por eso proponemos una segunda orientación de esta propuesta de resolución que se refiere a los ingresos derivados de la realización
de ensayos clínicos en los hospitales públicos, y en concreto al establecimiento de las normas comunes referidas a la gestión de los ingresos generados por esta actividad. Este es en esencia el contenido de la propuesta de resolución que hacemos y
que como decía viene derivada de las propias recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Aprovecho esta intervención para fijar la posición de nuestro grupo respecto del resto de propuestas de resolución. De las cuatro que propone el Grupo Parlamentario Popular, las números 2 y 3 se refieren a las actividades generadoras de
ingresos en los hospitales públicos. Ambas resoluciones se refieren a asuntos que son competencia de gestión y por tanto responsabilidad de las comunidades autónomas. En el caso de la primera, que insta al Ministerio de Sanidad y Consumo a que en
coordinación con las comunidades autónomas se establezcan criterios comunes para la tramitación de estos contratos susceptibles de generar ingresos en los hospitales públicos, le voy a proponer una modificación a modo de transacción para que se
garantice la autonomía e independencia de las comunidades autónomas en materia de gestión, por tanto después del Ministerio de Sanidad y Consumo, para incorporar el previo acuerdo en coordinación con las comunidades autónomas. Es decir para que
estos criterios comunes sean también por voluntad previa de las comunidades autónomas a fin de evitar posibles conflictos institucionales y competenciales. También exponemos, puesto que nos estamos refiriendo al cumplimiento de legislaciones ya
vigentes y que se deben de cumplir, que los criterios sean a modo de recomendaciones; que se establezca un conjunto de recomendaciones sobre criterios comunes a fin de que lo que salga de aquí evite cualquier tipo de suspicacia o de posible
interpretación de intromisión en competencias de las comunidades autónomas. Por tanto la segunda matización es que se establezcan recomendaciones sobre criterios comunes. Estas son las dos sugerencias que proponemos a la primera
propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular que lleva el número 2.
En cambio la número 3, que se refiere a un asunto muy puntual de gestión, se podría considerar incluida en estos criterios comunes si incluyesen también la calidad. Como propuesta de resolución aislada se refiere a asuntos muy puntuales de
gestión de los hospitales públicos que, insisto, son competencia de las comunidades autónomas. No vemos el encaje de esta iniciativa como mandato, en este caso desde el Congreso de los Diputados.
Estaríamos dispuestos a que se incluyesen criterios
comunes de calidad, pero no la contemplamos como propuesta de resolución aislada. Si no se acepta incluir en la propuesta número 1 la numerada como 2, algo genérico acerca del control de calidad, votaríamos en contra. La 3 y la 4, numeradas como 4
y 5, que son recomendaciones que proponemos en el sentido último en nuestra propuesta de resolución, de cumplimiento de los requisitos legales actuales y del cumplimiento de la declaración de Helsinki, las votaremos a favor.
Respecto a las propuestas de resolución de CiU, la número 6, que también hace una recomendación genérica a los hospitales públicos para velar por el cumplimiento de los requisitos legales, estamos de acuerdo y la votaremos a favor. No
podemos apoyar la número 7, que es la 2 de CiU, porque se refiere a asuntos que tienen que ver con las incompatibilidades del personal sanitario. Es un asunto mayor como para modificarlo a través de una propuesta de resolución basada en un informe
del Tribunal de Cuentas y es un asunto que afecta también a la capacidad de gestión de las comunidades autónomas y a la legislación básica estatal. Nos parece que es un asunto mayor y no una recomendación genérica de mejora de la gestión. Por
tanto, votaremos en contra de la número 2 de CiU, numerada como 7 en el conjunto de las propuestas de resolución.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Font.
La señora FONT BONMATÍ: Como también indica el informe de fiscalización que expuso el otro día el presidente del Tribunal Constitucional, las actividades de servicio que son objeto de contratos que generan ingresos en los hospitales no han
sido homogéneos en todos ellos y no se han coordinado entre sí, obteniendo resultados y unos rendimientos dispares.
Consideramos oportuna la recomendación de este Tribunal en el sentido de que se establezcan criterios comunes para su tramitación
incluyendo cláusulas que establezcan sistemas de control de calidad sobre la gestión de los servicios prestados, como así lo recogemos en nuestras propuestas de resolución. Por eso, y haciendo hincapié en la propuesta que usted nos había hecho,
admitiríamos esa transaccional a la 1, tal cual la ha expresado usted. Podemos incluir en la 1 en la 2, para que haya un sistema de control de calidad de la gestión de las historias clínicas, porque en este momento no lo hay. Deseamos que por lo
menos se establezcan una serie de cláusulas para que exista este sistema de control de calidad porque es importante ver cómo funcionan y si lo que están haciendo lo están haciendo bien. De la misma manera también instamos a las autoridades
sanitarias competentes a que se vigilen todos los acuerdos de Helsinki porque las buenas prácticas médicas tienen que primar sobre todas las cosas; así se tenía que potenciar, todavía más si cabe, el funcionamiento de los comités éticos en
investigación. Respecto al informe sobre la manutención del personal de guardia, aunque no lo recogemos en nuestras propuestas de resolución, queríamos dejar claras algunas de las cuestiones, porque hay que tener en cuenta que las guardias y la
manutención del personal de guardias se realiza en el mismo puesto de trabajo donde el personal no abandona su puesto de trabajo en lo que se llaman períodos de inactividad que están incluidos dentro de la jornada laboral. El personal sanitario,
los médicos, están en permanente disposición de servicio de los centros sanitarios, y esto debería ser objeto de una valoración. Ya sé que no es objeto de este Tribunal ni de esta Comisión, aunque habría que tratarlo en otro sitio, y por eso no la
hemos introducido en nuestras propuestas de resolución; sin embargo, debería ser objeto de una valoración o de un cómputo determinado y, en consecuencia, recibir algún reconocimiento, alguna compensación. Esto es lo que se está debatiendo en la
actual directiva comunitaria que se está tramitando en las instancias europeas sobre la ordenación del tiempo de trabajo, para así evitar el conflicto entre si deben o no percibir, si deben o no introducirse en sus remuneraciones como salario en
especie o de otra manera.
En cuanto a las propuestas de resolución de Convergència i Unió, vamos a apoyar la número 1 ó 6 y vamos a rechazar la que viene como número 7, la propuesta 2, porque entra en un conflicto de compatibilidades que no es objeto tampoco de esta
Comisión ni del Tribunal de Cuentas. Habría que debatirlo en otra Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para atender las propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: En las propuestas de resolución que presenta Convergència i Unió al informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 de las actividades y servicios susceptibles de generar
ingresos en una muestra de hospitales de utilidad pública, y de acuerdo con las conclusiones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, proponemos instar a los hospitales de utilidad pública del Sistema Nacional de Salud a velar por el cumplimiento de
los requisitos legales en la gestión y la realización de ensayos clínicos, especialmente por lo que se refiere a los informes previos de los comités éticos de investigación clínica y con la acreditación de la constitución de los oportunos seguros
obligatorios. Asimismo
proponíamos una segunda resolución que instaba al Gobierno a realizar, ante la rigidez de la actual legislación reguladora de las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y con objeto de promocionar el
desarrollo de la investigación de acuerdo con los objetivos europeos al respecto, las oportunas modificaciones normativas con objeto de flexibilizar y mejorar el proceso de compatibilidad de las obligaciones asistenciales y las actividades
investigadoras que puedan desarrollar los médicos en los hospitales de utilidad pública. Entendemos la posición del Grupo Popular y del Grupo Socialista en el sentido de que quizá no es esta Comisión la adecuada para tratar este tema, por este
motivo, señor presidente, retiraremos esta resolución, pero como es importante la llevaremos a la Comisión adecuada para que tratemos este tema, porque nos parece muy importante potenciar y compatibilizar la investigación clínica con los servicios
asistenciales. En el país tenemos equipos humanos de primer nivel que están haciendo bien esta doble función de atender y además investigar, pero tenemos que buscar mecanismos para que esto sea posible. En cualquier caso, agradecemos el apoyo a la
resolución primera que hemos presentado y reitero que retiraremos nuestra segunda resolución.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS FUNDACIONES CONSTITUIDAS AL AMPARO DE LA LEY 15/1997, DE 25 DE ABRIL, SOBRE HABILITACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 1999, 2000 Y 2001
(CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000141 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000024 y número de expediente Senado 771/000022.)
El señor PRESIDENTE: Una vez concluido el debate del punto 4 del orden del día pasamos al 5, informe de fiscalización sobre la contratación celebrada por las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, 1999, 2000 y 2001.
Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: Una vez analizado por parte de nuestro grupo el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas nos hemos hecho eco de algunas de las propuestas o recomendaciones que hace dicho Tribunal y hemos presentado siete
propuestas de resolución dirigidas, una al Gobierno, otra al Tribunal de Cuentas, dos al Ministerio de Sanidad y tres a las comunidades autónomas. En principio es necesario que el Gobierno estudie la modificación de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, puesto que parece obvio que existen serias irregularidades como consecuencia de no cumplir esta normativa, de no estar suficientemente clara. Por otra parte, y una vez que ha sido transferida la gestión sanitaria a las
comunidades autónomas, nos parece importante que sean estas quienes sigan el cumplimiento de la normativa que afecta a estas fundaciones-hospitales, sobre todo en cumplimiento de los requisitos de publicidad y concurrencia, así como de garantizar
los principios de eficiencia y economía en la gestión de fondos públicos.
Entendemos que el propio Tribunal de Cuentas debe completar la fiscalización de las fundaciones-hospitales en los ejercicios 2002-2004 para evaluar la situación en el momento
actual, toda vez que se ha producido, como decía anteriormente, la transferencia en la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas. Nosotros pensamos que el Ministerio de Sanidad, en el ámbito de sus competencias, debe introducir en el
Sistema Nacional de Salud sistemas de evaluación de los diferentes modelos organizativos y de gestión para evaluar y conocer cuáles son los modelos más adecuados para garantizar su pervivencia y su eficiencia. En estas siete propuestas de
resolución el Grupo Socialista pretende recoger las recomendaciones del Tribunal de Cuentas e incorporar métodos efectivos para que se mejore el sistema de gestión de las fundaciones-hospitales.
Con relación a las dos propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, no las podemos apoyar por las siguientes razones. La primera propuesta del Grupo Popular, en la que solicita que se incluya en los estatutos de las
fundaciones-hospitales determinada normativa de publicidad y concurrencia, no la podemos asumir, puesto que esos requisitos ya están en la propia ley y así se deben cumplir. Entendemos que no es a través de los propios estatutos, sino cumpliendo
las normas que están vigentes como se debe gestionar esta situación. Por otra parte, los principios de eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos deben respetarse siempre en las fundaciones-hospitales, así como los requisitos de
publicidad y concurrencia, y no nos parece que el modo adecuado sea a través de la inclusión en sus estatutos. Lo que parece asumir el Grupo Popular, aunque no lo mencione, es que este modelo concreto de gestión y contratación no es un modelo
adecuado, por lo que están reconociendo implícitamente que se equivocaron cuando crearon este tipo de modelos en la Ley 15/1997. En la segunda propuesta de resolución instan a las administraciones sanitarias, creadas bajo la Ley 15/1997, a que
profundicen en las técnicas de actividad contractual propias de la contratación administrativa. Nuevamente están reconociendo que no pueden tener estas fundaciones modelos de contratación específicos y lo que hacen es pedir de alguna forma que, por
la vía de los hechos, se rijan por la norma de la contratación administrativa general. Por eso, nosotros pensamos que tampoco se puede aprobar esta propuesta de resolución ya que, por una parte, nosotros en nuestras propuestas de resolución ya
instamos a hacer que se cumpla la ley por parte de los
organismos pertinentes y, por otra parte, pedimos la modificación respecto a la Ley de contratos de las administraciones públicas.
Esta es la posición de nuestro grupo y entendemos que lo que pretende el Grupo Popular trasladar en estas propuestas de resolución, en cuanto a la mejora en la gestión, está incluido en las propuestas de resolución del Grupo Socialista y no
se pueden buscar rodeos para cumplir una norma que ya es de obligado cumplimiento en estas fundaciones-hospitales.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Font.
La señora FONT BONMATÍ: Lo que más llama la atención en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las fundaciones es que con leyes del año 2000 se fiscalizan contratos del año 1997; difícilmente podían ajustarse a su
cumplimiento, puesto que en aquel momento no existían. También en este informe, en todo su desarrollo, dentro de sus prioridades, está el establecimiento de lo meramente público y no entiende cómo las fundaciones pueden regirse por el derecho
civil, por el derecho mercantil, y no se rigen por la misma legislación que el resto de las administraciones públicas. No entiende tampoco que estos hospitales son una nueva vía de gestión, no se gestionan igual que el resto de los hospitales del
Sistema Nacional de Salud. Las metodologías y los criterios meramente públicos son escasamente compatibles con la gestión privada, que es la que precisamente da sentido al establecimiento de las fundaciones. Esta gestión se diseñó así para quitar
burocracia, para agilizar los procesos en todos los hospitales. Los elementos de transparencia son muy importantes pero también hay que tener en cuenta otros, como son los de eficacia y los de eficiencia; no pueden encerrarse en planteamientos
puramente jurídicos y menos si son estrictamente jurídico-públicos. Hay que recordar que las fundaciones sanitarias, como ya he dicho antes, se ajustan, en su actividad contractual, al derecho civil y mercantil, lo que conlleva una gestión mucho
más ágil y más flexible que la del derecho público, que por definición debe acomodarse a los órganos y a los organismos públicos.
Que las fundaciones, como cualquier organismo público, deben adaptarse a las nuevas leyes es algo obvio, no es discutible, y ahí no vamos a entrar. Pero eso sí, no se puede fiscalizar con efectos retroactivos. Las nuevas leyes no tienen
efectos anteriores. Por otro lado, al estar transferidas a las comunidades autónomas en sus entes fundacionales y sus estatutos, la gestión debe responder a las necesidades, circunstancias y requerimientos de los ámbitos en los que cada una de las
fundaciones puede y debe operar. En uno de los informes aparecía la uniformidad de todas las fundaciones, lo cual parece ser que es bastante contradictorio con la razón de ser de las mismas, sobre todo, como he dicho, teniendo en cuenta que las
fundaciones han sido transferidas a las comunidades autónomas y éstas tienen, por la Constitución, capacidad para autogestionarse y para autoorganizarse; chocaría un poco con este principio de pretensión de hacer tabla rasa.
Nosotros no nos hemos equivocado en el planteamiento de estos nuevos modelos de gestión. Se ha demostrado que son mucho más ágiles y mucho más eficaces que el resto del Sistema Nacional de Salud, como ha sido reconocido en otros informes
del Tribunal en el tema de medicamentos y en otros muchos que hemos tenido oportunidad de ver estos días, lo cual no quita para que se reconozcan determinados comportamientos. Por cierto, las resoluciones que presenta el Grupo Popular son las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas para agilizar y dar mayor transparencia a las fundaciones. Ellos ya lo estaban haciendo, como reconoce también el propio informe del Tribunal, y se estaban utilizando muchas de las prácticas de otras
administraciones públicas. Lo único que pedimos es que, en aquellas cuestiones que así lo requieran, se profundice un poco más y que se homologuen a los contratos de las administraciones públicas; también, para facilitar su mayor transparencia, y
esto no tiene mucha discusión, que se publique no solamente en los boletines oficiales que corresponda sino en los periódicos locales.
No entiendo por qué ustedes votan en contra de estas dos propuestas de resolución, que son las dos recomendaciones del Tribunal de Cuenta y en cambio aducen otra serie de cosas. Nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Una vez concluida la defensa de las propuestas de resolución presentadas, ¿hay algún grupo que quiera fijar su posición? (Pausa.) Como no hay ningún grupo que quiera hacerlo, damos el debate por concluido y suspendemos
la sesión por un minuto para dar lugar a que se puedan presentar algunas transaccionales que se han anunciado y que no han llegado a esta Mesa. (Pausa.)
Reanudamos la sesión para proceder a las votaciones. Lo haremos siguiendo el orden en que hemos hecho los debates. Empezamos votando el punto número 2, que ha sido el primero que se ha debatido. En primer lugar, las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, menos la propuesta número 3, que votaríamos de forma separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar la propuesta número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. ... (Página ) pueden votar en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación pasamos al punto número 1 del orden del día. Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, que se pueden votar en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar ahora las propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Se ha pedido votación separada de la propuesta número 8; de la número 11 lo ha pedido el Grupo Socialista y de las propuestas 9 y l0. Votamos la propueta 8, número 1 del
Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas 9 y 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la propuesta número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha retirado y no se somete por tanto a votación.
Pasamos al punto 3 del orden del día. Empezamos votando las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. Existe una propuesta transaccional y el Grupo Popular retira sus propuestas. Dicha transaccional ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista con una pequeña modificación en la propuesta número 1, que dice: Impulsar la compatibilidad de la información clínica entre centros y el uso de las nuevas tecnologías en su gestión. Y en otro apartado añadir: y
competencias.
Con estas modificaciones votamos esta transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la propuesta número 10 del Grupo Parlamentario Catalán.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del punto número 4 del orden del día. En primer lugar, la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, la segunda y tercera. La primera y segunda del Grupo Parlamentario Popular se ha transaccionado y dice lo siguiente: Instar al Ministerio de Sanidad y Consumo para que, previo acuerdo
y en coordinación con las comunidades autónomas, se establezcan recomendaciones sobre criterios comunes para la tramitación y control de calidad de los contratos de servicio susceptibles de generar ingresos en los hospitales públicos. Votamos la
transaccional y a su vez las propuestas 4 y 5 en bloque.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
En cuanto a las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la número 7 se ha retirado y pasaríamos a votar la número 1, número 6 del total de las propuestas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al punto número 5. En primer lugar votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Concluidas las votaciones, suspendemos la sesión unos minutos, mientras llega el presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS LLEVADAS A CABO POR EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) EN LOS GRUPOS FESA/ENFERSA Y ERCROS EN EL PERÍODO 1992-2000 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000115
DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000001 y número de expediente Senado 771/000001.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
En primer lugar damos la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar sobre distintos asuntos. Empezamos con el punto número 6 del orden del día, que es el informe de fiscalización de todas las operaciones
económico-financieras llevadas a cabo por el Instituto de Crédito Oficial en los grupos FESA/Enfersa y Ercros en el período 1992-2000. Para informar sobre este expediente tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del Tribunal aprobó en enero de 2003 el informe de fiscalización de todas las operaciones económico-financieras y patrimoniales llevadas a cabo por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) en los grupos FESA/Enfersa y Ercros en el período 1992-2000, fiscalización que había sido solicitada por la Comisión mixta el 7 de junio de 2001.
En el informe se señala que, con carácter general, las actuaciones del ICO con relación a las operaciones instrumentadas con los grupos FESA/Enfersa y Ercros se han producido en aplicación de la normativa vigente en cumplimiento de las
funciones que legalmente tiene atribuidas como instrumento de ejecución de las líneas fundamentales establecidas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dentro del marco de determinadas medidas de política económica. Por su
parte la actuación de dicha Comisión se produjo dentro de las directrices fijadas por el Plan de Reconversión del Sector de Fertilizantes y más concretamente del Real Decreto 295/1985, de 20 de febrero, que declaró en reconversión el sector y aprobó
las medidas a aplicar. Durante el período fiscalizado la Comisión dio instrucciones al ICO para que, dentro del marco general de actuaciones llevadas a cabo para la reconversión del sector de fertilizantes y con el objetivo de ayudar a un sector
estratégico en crisis, realizara una serie de operaciones con el grupo FESA/Enfersa, que ha venido representando entre un 80 y un 90 por ciento del sector, por un importe total de 58.116 millones de pesetas. De las operaciones aludidas, la parte
principal corresponde a 11 préstamos por un importe de 47.258 millones de pesetas concedidos por el ICO al grupo en el período 1993-1995. Concluye el informe que las especiales circunstancias que rodearon la concesión de estos préstamos, las
condiciones en las que se concedieron, así como el hecho de que el ICO haya provisionado desde su concesión por el cien por cien del principal dispuesto ponen de manifiesto las escasas expectativas que existían de recuperación de los mismos.
Ante la continuada crisis del sector de fertilizantes y la imposibilidad de las sociedades prestatarias de hacer frente a sus obligaciones, la mayoría de los préstamos concedidos por el ICO fue sufriendo a lo largo del período analizado un
proceso de reducción de las garantías originales y de eliminación del devengo de intereses. Esta reducción de garantías y eliminación de intereses se efectuó, al igual que su concesión, por acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos. En 1992 el ICO era acreedor del grupo FESA/Enfersa por un total de 19.702 millones de pesetas por los préstamos de reconversión industrial traspasados desde Argentaria. A raíz de la suspensión de pagos del grupo en julio de 1992,
siguiendo instrucciones de la Comisión delegada, la citada cantidad sufrió una quita de 13.795 millones de pesetas, cobrándose 50 millones de pesetas en metálico y convirtiéndose el resto, 5.857 millones de pesetas, en cuentas participativas.
Concluye asimismo el informe que las tasaciones que sirvieron para valorar los activos en garantía de los siete préstamos hipotecarios concedidos por el ICO a FESA/Enfersa y a Fertiberia presentan una serie de deficiencias por las que no se pueden
considerar aceptables. El ICO concedió con carácter de urgencia un préstamo de 5.000 millones a Fertiberia sin devengo de intereses. La urgencia en la concesión de este préstamo y en la posterior disposición de los fondos por parte de la
prestataria contrasta con el hecho de que los mismos fueron invertidos una vez recibidos en letras del Tesoro hasta por lo menos marzo de 1995. En 1994 la Comisión delegada instruyó al ICO para que concediera un crédito participativo sin interés y
amortizado anualmente por Ercros con el 15 por ciento de sus resultados por un importe de 8.500 millones de pesetas. Ercros, sociedad anónima, era una sociedad prácticamente sin actividad que generaba pérdidas de explotación, sin perspectivas de
cambio en un futuro próximo, por lo que aún no había comenzado a devolver el crédito cuando en junio de 1998 la Comisión delegada aprobó el rescate del mismo, estableciendo la cuantía a pagar por la prestataria al ICO en 1.100 millones de pesetas,
que, dadas las condiciones de concesión del crédito y sus garantías, interés nulo, devolverlo con beneficios de Ercros, sociedad anónima, y situado en el orden de prelación de los créditos inmediatamente al del capital, y que las valoraciones del
mismo oscilaban
entre 75 y 83 millones de pesetas, concluye el informe que se puede considerar una cifra razonable.
El ICO ha concedido durante el período fiscalizado relativamente poca importancia a la gestión y venta de los activos adquiridos, pero en cualquier caso la venta de inmuebles por parte del Instituto durante el período fiscalizado ha
cumplido, en términos generales, los requisitos exigibles a las operaciones de esta naturaleza. Señala finalmente el Tribunal que el coste real que han supuesto al sector público estas ayudas es imposible determinar a la fecha de redacción del
informe, pues parte de las mismas están pendientes de recuperar en forma de créditos vivos a largo plazo y otra parte se recuperó por la vía de la adjudicación de activos. Destaca que las mencionadas ayudas han sido determinantes para evitar la
quiebra del grupo FESA/Enfersa, aunque la situación del sector de fertilizantes a la fecha de este informe sigue presentando incertidumbres respecto al futuro.
El señor PRESIDENTE: A continuación abrimos un turno para formular preguntas o pedir aclaraciones o informaciones adicionales. Tiene la palabra la representante del Grupo Popular, doña Elvira Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Nos encontramos ante un informe de fiscalización del Tribunal realizado como consecuencia de una petición de esta Comisión de fecha 13 de junio de 2001 con el siguiente contenido: recabar al Tribunal de Cuentas
la fiscalización específica y urgente de todas las operaciones económico-financieras y patrimoniales llevadas a cabo por el ICO en los grupos FESA/Enfersa y Ercros en el período 1992/2000, señalando, en su caso, cuantas infracciones, prácticas
irregulares y responsabilidades pudieran derivar de ellas. El Tribunal, como es habitual, se marcó unos objetivos amplios y detallados que han dado origen a un informe extenso y minucioso. En la próxima sesión de esta Comisión deberemos aprobar
las resoluciones que nos merezca la materia fiscalizada, y es en este sentido en el que deben entenderse las preguntas que le voy a formular al presidente, agradeciéndole de antemano sus respuestas, que espero que ayuden a nuestra labor. El informe
concluye con una serie de conclusiones, valga la redundancia, que son un resumen de lo que de forma amplia y detallada se nos ha expuesto en las páginas anteriores del mismo, pero no incluye, como suele ser lo habitual en otros informes,
recomendaciones. Señor presidente, ¿esto es así porque el Tribunal entiende que no hace falta recomendar nada o porque es una operación concluida y, por tanto, se agotó en sí misma? Ya sé, presidente, que en alguna otra ocasión nos ha dicho que
esta es cuestión nuestra, pero estas comparecencias deben servir para aclararnos las dudas que podamos tener, y es en ese sentido, repito, en el que le hago esta pregunta.
Por otra parte, en otro orden de ideas, las razones por las cuales esta Comisión solicitó del Tribunal la realización de la fiscalización quedaban muy claras en el contenido de la propia petición, pero del texto del informe, y especialmente
de las conclusiones que lo culminan, no se desprende contestación concreta a lo que se demandaba. Por ello, señor presidente, le hago las siguientes preguntas. ¿Entiende el Tribunal que se han cometido infracciones en las operaciones fiscalizadas?
En su caso, en el caso de que se hubieran podido cometer, ¿han dado origen a expedientes de responsabilidad contable que sigan vivos en el Tribunal? En segundo lugar, ¿entiende el Tribunal que se han podido llevar a cabo prácticas irregulares? En
su caso, ¿estas prácticas irregulares que se hubieran podido cometer han supuesto menoscabo para los caudales públicos? En el caso de haber sido así, ¿ha abierto el Tribunal algún expediente de responsabilidad contable como consecuencia de alguna
práctica que haya sido considerada como irregular y ese expediente sigue vivo? Por último, señor presidente, el informe concluye, como usted ha dicho, cuantificando el montante de las ayudas del sector público al grupo FESA/Enfersa a través del ICO
como agencia financiera del Estado e instrumento de la política económica del Gobierno, consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo para la reconversión del sector de fertilizantes, con el objetivo de ayudar a un sector estratégico en crisis. Y
su última frase, como también ha señalado, es que esas ayudas fueron determinantes para evitar la quiebra del grupo, aunque la situación actual del sector sigue presentando incertidumbres. Sé que esta pregunta es de más difícil contestación y a lo
mejor no me la puede dar, pero no puedo dejar de hacérsela. ¿Se puede decir que los fondos públicos destinados a estas operaciones fueron realmente eficaces? ¿Había objetivos fijados en términos de empleos y de renta en los territorios en los que
se encontraban las empresas objeto de reconversión? ¿Se hizo su seguimiento? ¿Hubiera podido haber otras alternativas?
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Hierro por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HIERRO RECIO: Como bien ha señalado la portavoz del Grupo Popular, estamos en el momento procedimental de realizar consultas al representante y presidente del Tribunal de Cuentas sobre el informe de fiscalización relativo a las
relaciones del ICO con Ercros y con FESA/Enfersa. Probablemente no sea el momento de repasar por qué se solicita este informe, pero sí recordar -como ha manifestado la portavoz del PP- que este informe se solicita y se aprueba su solicitud a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, cuando por parte de otros grupos políticos de esta Cámara no se pretendía este tipo de informe sino la apertura de una comisión de investigación. No obstante, a eso nos remitiremos en las propuestas de
resolución. La petición solicitada por el Grupo Popular, al aumentar el volumen de la fiscalización, no hace sino
intentar diluir lo que en realidad interesaba a esta Cámara en su momento, y sigue interesando, que es la operación de los 8.500 millones de préstamo a Ercros y su posterior condonación por importe de 7.400 millones.
Queremos plantearle varias cuestiones, porque nos ha resultado extraño ver en el informe de fiscalización algunas frases que aparecen en el mismo y que entendemos que son de dudosa cabida en el informe. Las preguntas van a referirse a ese
préstamo y son las siguientes. El rescate, que en realidad es una condonación -porque ya sabemos que es un eufemismo, depende de quien tenga la iniciativa le llama rescate o le llama condonación-, este grupo político no ha encontrado que tenga
cobertura legal en la Ley 27/1984, de Reconversión Industrial, es decir, no es un instrumento previsto para la reconversión. Por tanto, querríamos saber cuál es su posición. ¿Es un instrumento previsto en la Ley de Reconversión Industrial o no?
¿Y en el decreto? En la concesión de este préstamo ocurre algo muy curioso. En la concesión de este préstamo, como usted sabe, se constituye un depósito -es un préstamo que sirve para una operación acordeón para una ampliación de capital de FESA-
en el ICO para que FESA pueda ir retirándolo conforme vaya siendo necesario para abonar las cantidades requeridas por el convenio con los acreedores.
Evidentemente, dado que no se cobra tipo de interés alguno por el préstamo, porque así está
expresamente pactado, tampoco se va a retribuir tipo de interés alguno por el depósito. Sin embargo, curiosamente, ustedes hacen referencia a que sí se cobran por parte de Ercros unos intereses en relación con ese depósito y con un par de pagarés
correspondientes al mismo, cuando eso no estaba previsto en escritura pública y, sin embargo, se abonan unas cantidades, que son varios centenares de millones de pesetas, por intereses que -insisto- no estaban previstos ni habían sido decisión de la
Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos ni estaban previstos en la propia escritura.
Querría saber si el Tribunal valora que ahí puede existir alguna responsabilidad, máxime cuando eso se realiza en función de una decisión de la
comisión de seguimiento del convenio de acreedores de FESA, que desde luego, entiende este grupo, no tiene ninguna capacidad para modificar resoluciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Se afirma también en el informe que no se justifica la aplicación de 1.856 millones de pesetas. En concreto, de ese depósito se retiran las cantidades, al final se retiran los 8.500 millones de pesetas, y se nos dice en la página 63: El
ICO no ha podido localizar la documentación que acredite la aplicación de dos de las disposiciones de depósito por importe de 1.005 y 851 millones de pesetas a las finalidades previstas.
No sabemos si el Tribunal de Cuentas ha hecho ejercicio que
se deriva de las posibilidades que le permite el artículo 30 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas para, puesto que el ICO no dispone de la documentación, solicitar a las entidades afectadas, entiéndase FESA y Ercros, la aplicación de
esos depósitos, porque, si no, ahora mismo lo que nos dice el informe es que no se sabe si esos 1.856 millones de pesetas se han aplicado a las finalidades establecidas en el préstamo.
Hay otra cuestión que es importante y que, sin embargo, pasa casi desapercibida, pero que este grupo tiene mucho interés en conocer.
Ustedes saben que cuando se va a conceder este préstamo el capital suscrito por Ercros de FESA/Enfersa es
de 83,6 por ciento y que el acuerdo de venta a Inmobiliaria Espacio consiste en la venta del capital para el control de esas sociedades, es decir, consiste en realidad en un traspaso de la gestión. En ese traspaso de la gestión, cumpliendo
escrupulosamente lo previsto en el préstamo, se traspasa la gestión, pero solo se traspasa el 53 por ciento del capital y queda pendiente de traspasar otro 20 por ciento del capital, sobre el cual se establece un derecho de adquisición preferente
por parte de Inmobiliaria Espacio en relación con Ercros, evidentemente, y que después se ejecuta más adelante. Es decir, se vende el 53 por ciento de las acciones a 1 peseta por acción, que es el acuerdo, pero se deja un 20 por ciento del capital
restante cuyo valor de venta desconocemos y que es muy importante conocer sobre todo si se dice que es un sector en crisis y que, por tanto, parece que no es razonable que se puedan recuperar los recursos que se han aplicado en forma de préstamos a
ese sector. Es muy importante para el Grupo Socialista conocer el valor de esa operación, el importe de la compra de ese 20 por ciento.
Habría algunas cosas más, pero quería remitirme a alguna de las alusiones que se hacen en el informe que a este grupo no le parecen razonables, como, por ejemplo, decir -y lo ha repetido el presidente del Tribunal- que puede considerarse
razonable el importe del rescate. Pensamos que no es misión del Tribunal decir si las cosas son razonables o no, tal vez lo sea decir si son legales o ilegales, si se ajustan a la normativa vigente o no, pero no decir si son razonables o no,
porque, permítame, señor presidente, que yo sepa, es la única operación de préstamo no sometida a una suspensión de pagos, de todos los préstamos realizados al sector, en la cual no se está recuperando el valor del capital principal, la única.
Yo
no sé si es razonable haber perdido el 80 por ciento de ese capital cuando en el resto de operaciones se está recuperando. De hecho, el propio Tribunal incluye un cuadro de amortización de todos los préstamos realizados. Luego si en la resultante
de la fusión de FESA con Fertiberia se están abonando las cantidades, si las cantidades prestadas a Inmobiliaria Espacio se están abonando, ¿cómo puede ser razonable que no se estén abonando las cantidades que en su momento correspondía pagar a
Ercros y, sin embargo, parece ser que es razonable que no se abonen? Me va a permitir el presidente del Tribunal que considere que la palabra razonable no es adecuada para
un informe del Tribunal y mucho menos decir que ha habido un proceso general de reducción de garantía. Ha habido un momento en el que se han reducido las garantías, ha habido un momento en el cual se eliminó el pago de intereses para todas
las operaciones afectadas, pero -insisto- el principal, salvo en el año 1992, cuando la empresa pasa a suspensión de pagos y, por tanto, todos los acreedores, incluida por supuesto la Administración del Estado, tienen una quita de sus operaciones no
decidida por el consejo, sino que es una quita de la Junta de acreedores que al final la asume la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, salvo en ese caso, en el que ha habido una suspensión de pagos de por medio, nunca ha habido
una pérdida del principal, y cuando se han producido situaciones en las que no se ha pagado el principal del préstamo, la Comisión delegada ha autorizado al ICO a que ejecute las garantías. Pues este préstamo es el único en el que no había
garantías que ejecutar y en el que además se ha perdido parte del principal sin estar sometido a un proceso concursal. Eso no nos parece razonable.
Nuestro grupo, en función de las respuestas que dé el señor presidente y en función del análisis que terminemos de hacer del informe, realizará las oportunas propuestas de resolución al efecto de profundizar en algo que entendemos que no
queda suficientemente aclarado hasta este momento.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar a las preguntas y petición de aclaraciones que se le han formulado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto Alba): En primer lugar se ha preguntado por qué este informe no tiene recomendaciones. No en todos los informes el Tribunal hace recomendaciones. No se les escapa a SS.SS. que este es un
informe muy específico sobre un tema muy concreto, y no tiene recomendaciones. Este presidente no puede decir otra cosa. En cuanto a la alusión a infracciones y responsabilidades, el Tribunal las señala. Ahora bien, hay una información adicional
que no viene nunca en los informes y que este presidente no tiene inconveniente en dar, como ha hecho otras veces. Como todo informe de fiscalización, pasa por los servicios jurídicos de la Fiscalía y por el servicio jurídico del Estado y aquí no
han apreciado responsabilidades contables. Como quiera que en el departamento primero de enjuiciamiento había planteadas dos acciones públicas en relación con este tema, el consejero consulta al departamento la posibilidad de aplicar el artículo 45
y hacer una pieza separada. El consejero se dirige otra vez al fiscal y al abogado del Estado, que le dicen que no procede la pieza separada. Esas acciones públicas han tenido su tramitación, sus correspondientes comunicaciones, pero la
información que yo tengo aquí es que en primera y en segunda instancia han sido concluidas con la resolución de ser archivadas. Respecto a cualquier otra mención que se haga en el informe de alguna práctica irregular, este presidente no tiene
constancia de que haya dado lugar a responsabilidades contables. Esto no quiere decir que no sean prácticas irregulares, aunque no sean ilegales.
Me ha parecido entender que preguntaban si la cuantificación había tenido eficacia. Esta eficacia habría que verla -y esto no lo aborda el informe- en términos de política económica. Yo puedo decir que está a la vista de todos que estas
ayudas casi siempre llevan consigo un quebranto porque no se dan con criterios de rentabilidad sino para sectores en crisis; por tanto, el criterio de rentabilidad suele estar bastante ausente.
Otra pregunta se refiere al rescate. Lo que se dice en el informe es que la Comisión delegada aprobó el rescate y, en general, las actuaciones del ICO, en cumplimiento de sus atribuciones y siguiendo las instrucciones de esta Comisión
delegada del Gobierno. También se ha dicho aquí que el informe concluye -y es verdad, también lo ha leído este presidente- que se puede considerar una cifra razonable. En todos los informes de auditoría esta razonabilidad se hace siempre en
función de algo. Por lo que yo he leído, el Tribunal dice que, dadas las valoraciones que había del mismo, en función de unas concesiones que no tenían garantías y de que el interés era duro, a devolver con beneficios de Ercros, que no los tenía
porque estaba en situación de crisis, esa cifra puede considerarse razonable. Yo estoy presentando un informe que aprobó el pleno y no voy a introducir aquí otros elementos que no estén en el informe.
En cuanto a otras posibles valoraciones sobre si no se pudo haber solicitado a entidades informes sobre la aplicación de los depósitos, les diré que el Tribunal de Cuentas tiene acceso al cuentadante, al sector público, pero respecto a otras
entidades a veces sucede que, en efecto, reciben ayudas, pero después pasan al sector privado y ahí el Tribunal de Cuentas no tiene posibilidades. Esto es todo lo que puede decir este presidente de estos informes. Son informes que ha aprobado el
pleno del Tribunal y, naturalmente, no puedo entrar en valoraciones que corresponde hacer a aquellos que reciben el informe. Sí diré que es un informe que se limita a detallar el importe de los diferentes tipos de ayudas y préstamos dados por el
ICO, siempre siguiendo las instrucciones de la Comisión delegada, a un sector en reconversión, el de fertilizantes.
Se ha aludido a las repercusiones económicas. El informe hace una aproximación de 26.000 millones, pero anticipa que todavía hay activos pendientes de venta por parte del ICO, y cuando no se tiene toda la información hay que ser prudente al
hacer valoraciones y cuantificaciones. ¿Que ha habido ciertas, digamos, irregularidades en materia de tasaciones de activos en ejecución de garantías que no estaban objetivadas, sino que se hicieron unas valoraciones globales, muchas veces en base
a los datos presentados por el prestatario?
Pues sí, en efecto, son irregularidades, pero, repito, la información que yo traigo hoy aquí es que de ellas no se han desprendido -que era la pregunta que se me hacía- responsabilidades contables. (El señor Hierro Recio pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Me piden un segundo turno. ¿Quiere también el Grupo Popular hacer uso de la palabra? (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hierro.
El señor HIERRO RECIO: Quiero, además de pedir una aclaración, recordar la literalidad del artículo 30.1 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que deja claro que se puede solicitar colaboración porque el deber de colaboración
se extiende también a quienes hayan participado o participaren por cualquier causa, así como a aquellas personas físicas o jurídicas -que no estamos hablando del sector público- perceptoras de subvenciones u otras ayudas del sector público. Es
decir, no podemos llegar aquí y decir que un informe es razonable, que las cuantías serán razonables, y que no tengamos, por ejemplo, la explicación en relación con 1.856 millones de pesetas -que no la sabemos-, pudiendo haberla recabado -si el ICO
no dispone de información al respecto, que ya es bastante extraño- de los perceptores, porque la ley lo permite. Es decir, en relación con los intereses pagados por ese depósito, que no estaban previstos en la escritura pública, ¿qué ocurre?
¿Tiene alguna valoración que hacer, aparte de la del informe? Y vuelvo a preguntarle si el Tribunal de Cuentas dispone de datos sobre el importe de la venta del 20 por ciento de las acciones de Ercros a Inmobiliaria Espacio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto Alba): Este Tribunal contesta, pero no entra en debate con el señor parlamentario; incluso hasta puede admitir que los informes del Tribunal de Cuentas no son de lo mejor, pero mi actitud
no está en defender nada que se pueda desprender del informe. Le agradezco el tono utilizado, correcto y moderado, pero esa es una valoración que hay que desechar desde el principio. Si el ponente, al hacer eso, no estimó que debía hacer eso, no
lo estimó. Lo que tiene el informe es lo que tiene el informe y nada más, y yo de ahí no puedo pasar. Ya he dicho muchas veces que si el ponente, cuando fue consejero, hacía un informe quizás no hacía lo mismo.
En cuanto a los intereses de depósito ya se hace constar en el informe que no estaban previstos. Ya he dicho que no hay otro tipo de responsabilidades. Muchas veces el informe se limita a constatar los hechos. Eso sí merece una valoración
del que lo recibe acerca de la calidad de la gestión que se ha realizado. Ahora bien, si no estando previsto, como dice el Tribunal, se ha tenido esa gestión, que merezca una crítica. El informe no dice otra cosa.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA Y DE SUS SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS, EJERCICIOS 1998 A 2001. (Número de expediente Congreso 251/000053 y Número de expediente Senado 771/000054.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 7: Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus sociedades mercantiles participadas, ejercicios 1998 a 2001.
Para explicar el informe tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del Tribunal, en su sesión de octubre de 2004, aprobó el informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus sociedades mercantiles participadas, ejercicio
1998-2001. De conformidad con lo solicitado por esta Comisión Mixta, la fiscalización comprende, con carácter general, el análisis de la legalidad, la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión de la ciudad y de las sociedades por ella
participadas y, en particular, el examen de las materias específicamente recogidas en el acuerdo. La fiscalización se ha visto condicionada por la falta en cada uno de los ejercicios fiscalizados de las memorias sobre el coste y rendimiento de los
objetivos programados y de la indicación de los mismos, lo que unido a la falta de contabilidad analítica, no ha permitido conocer ni analizar el grado de eficiencia y economía de la gestión económico-financiera llevada a cabo por a ciudad autónoma.
Los organigramas funcionales analizados no contemplan aquella parte de la gestión que se lleva a cabo a través de las 21 entidades creadas: 6 organismos autónomos, 13 sociedades mercantiles y 2 entes públicos que han coexistido durante el
período fiscalizado con la administración general de la ciudad. La ciudad creó el servicio jurídico propio en el ejercicio 2000, resultando precaria su dotación de recursos. La contratación de servicios externos ha supuesto para la ciudad gastos
superiores a los 100 millones de pesetas en el período fiscalizado. En la gestión de personal se ha observado la existencia de desdoblamiento entre consejerías y la competencia en materia de contratación, lo que unido a la carencia de relaciones de
puestos de trabajo, ha permitido incrementos en dichas contrataciones sin el debido control por parte de la ciudad.
Estas contrataciones de personal se han producido de forma significativa en el bienio 2000-2001. Por subsectores, este hecho es
relevante en las sociedades mercantiles participadas. Además, las condiciones socioeconómicas del personal funcionario de la ciudad, fijadas en los convenios, no se
ajustan al régimen general de la Función pública, y también se ha detectado que determinados funcionarios del órgano interventor y de la ciudad habían sido retribuidos indebidamente por las sociedades mercantiles participadas por el
desempeño de tareas propias de su condición de funcionarios de dicho órgano. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la inexistencia de mecanismos procedimentales para la custodia de los bienes municipales en la medida en que no se ha implantado
ningún sistema que permita la identificación, localización y control físico periódico.
Respecto a la custodia y seguridad de los recursos tributarios propios de la ciudad, se observa que no existe separación efectiva respecto a su gestión, recaudación, contabilización e inspección. En lo que hace referencia a las cuentas
generales, con independencia de su rendición al Tribunal en plazo, todas las presentadas en el período fiscalizado carecían de las correspondientes a las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente de forma indirecta, de los estados de
gastos con financiación afectada, de compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, de evolución y situación de recursos administrados por cuenta de otros entes, así como de las relaciones nominales de deudores y acreedores por
operaciones no presupuestarias y de los estados de deuda.
En cuanto a la gestión de los ingresos se ha constatado el procedimiento indebido seguido en el reconocimiento de los derechos de los recursos que tienen su origen en la transferencia del Estado y en las operaciones de endeudamiento a largo
plazo. Respecto a los gastos de representación, de protocolo y análogos, que representan un total de 355 millones de pesetas en el período fiscalizado, se puso de manifiesto la carencia generalizada de documentación suficiente en los justificantes
aportados, lo que unido a la ausencia de una normativa adecuada, no permitió constatar ni el fin ni la conveniencia de los mismos. En subvenciones los procedimientos establecidos y llevados a cabo por la ciudad en su concesión no garantizan el
cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia que deben estar presentes en su gestión.
En el área de la contratación los criterios de adjudicación no se hicieron públicos con precisión y claridad, lo que no es coherente con los principios de publicidad, transparencia y objetividad en la contratación pública. En varios
contratos no se ha justificado la existencia de una imperiosa urgencia y en otros se utilizó indebidamente la tramitación de emergencia. También se ha observado una práctica generalizada consistente en el fraccionamiento injustificado del objeto de
los contratos examinados y en algunos expedientes de suministros y de contratos de consultoría, asistencia y servicios no constan los documentos expresamente requeridos acreditativos de su ejecución.
Las relaciones financieras de la ciudad con las sociedades mercantiles comprenden las responsabilidades subsidiarias de aquella en el colectivo de trabajadores y al servicio de dichas sociedades, la financiación de sus actividades y su
endeudamiento financiero. Así la deuda viva soportada por la ciudad con este motivo al cierre del ejercicio 2001 asciende a 14.252 millones de pesetas. Toda la gestión, incluida la financiación de los programas operativos de la ciudad financiados
con fondos europeos, se realizaba a través de una determinada sociedad mercantil, lo que sustraía a la Administración General la contabilización de estos recursos y de los gastos que financiaban.
El informe concluye con recomendaciones para mejorar la organización, estructura básica administrativa y de gestión, eliminar las debilidades observadas en el control interno, cumplir los plazos para la rendición de la cuenta general,
contabilizar las operaciones económicas atendiendo a los principios contables públicos, confeccionar la relación de puestos de trabajo, contener los gastos de representación, protocolo y análogos, cumplir con los requisitos de la normativa en
concesión de subvenciones, implantar un inventario de la totalidad de los bienes y derechos de la ciudad y respetar rigurosamente la legislación vigente en materia de contratación administrativa.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al turno de preguntas y aclaraciones.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, me va a permitir que antes de entrar en la introducción del tema haga unas apreciaciones que van al detalle de lo que el presidente del Tribunal de Cuentas ha manifestado,
porque será ilustrativo para esta Comisión y así sabremos lo que en política no se debe hacer nunca, nunca; de lo que los políticos tienen que huir sistemáticamente.
En el período 1998-2001 hubo una etapa en la ciudad de Ceuta en que gobernó un grupo político que se llamaba GIL (Grupo Independiente Liberal). La mayoría de lo que el presidente del Tribunal de Cuentas ha manifestado en esta Comisión y en
lo que yo entraré al detalle corresponde a la etapa gobernada por este partido político -entre comillas- y por estos personajes bajo cuyo mandato tuvimos la desgracia de estar los que vivimos en Ceuta.
Voy a empezar hablando de lo que significó este tipo de gastos, el desmadre absoluto que había en la economía, y luego entraré en las modificaciones que se han realizado. Los gastos a justificar de la presidencia de la Ciudad Autónoma de
Ceuta se motivan con ocasión de viajes presuntamente oficiales que se realizan de una forma generalizada durante fines de semana. Durante esos fines de semana se producía la sustitución remunerada del presidente de la ciudad. Los gastos de
alojamiento durante el ejercicio de 2000 ascendieron a 37.800 euros, siendo destacables las estancias en
hoteles como el Villamagna o el Ritz, de Madrid. La asistencia a consejos de administración de sociedades municipales era remunerada para los miembros del consejo. En este sentido, hay que señalar también que la asistencia a dichos
consejos estaba vetada a los grupos políticos de la oposición. Solamente estaba compuesta por el grupo político que gobernaba la ciudad. De ello se podría deducir que las convocatorias pudiesen responder a necesidades económicas de sus miembros,
ya que la cantidad asignada a cada asistencia y miembro ascendía a 600 euros. Ha habido consejos de administración que han durado exactamente dos minutos entre la entrada y la salida de los consejeros con el cheque en la mano. En el ejercicio 2000
se realiza un viaje de 11 personas a Argentina por importe de 8 millones de pesetas, calificado como institucional, con motivo de los actos de promoción turística de Ceuta. Comprenderán la relación que tiene Ceuta con Argentina, es cotidiana,
habitual y sistemática. Con relación a ello no existe memoria en la que se recojan las actuaciones realizadas ni los objetivos logrados, sino únicamente una relación de las facturas justificativas de los gastos por importe, como he dicho antes, de
8 millones de pesetas. En los contratos de asesoría jurídica llevados a cabo en el período de referencia no se estima justificada la inexistencia de medios en la Administración de la ciudad. Así en el ejercicio 2000 se realizaron los siguientes
contratos: de asistencia jurídica, 240.404 euros, 40 millones de pesetas; en asesoramiento europeo, 432.728 euros, 71 millones 832.848 pesetas. En cuanto a los contratos de redacción de proyectos de obras, que podían haber sido encargados a los
servicios técnicos de la ciudad y no lo fueron, cabe destacar que los honorarios computables a estos servicios externos ascendieron a 378 millones 112.000 pesetas.
Analizados los gastos relativos a las dietas de desplazamiento y protocolarios por el período en que se gobernó la Ciudad Autónoma de Ceuta el señor Sampietro, el señor presidente de la ciudad en aquel entonces, se gastó en viajes para él y
para su mujer la friolera de 29.000 euros, cinco millones de pesetas. Entrados en los ejercicios 2000 y 2001, aparte ya del famoso viaje a Argentina que he dicho antes de 8 millones de pesetas, el alojamiento en Madrid con motivo de Fitur supuso
258.000 pesetas del señor presidente y 290.000 de su esposa, junto a 972.900 pesetas en gastos a justificar que todavía estamos esperando a que lleguen. Asimismo, dispuso de gastos a justificar para viajes a Madrid de 3 millones 139.000 pesetas, de
886.000 para viajes a Barcelona y de 2 millones de pesetas para gastos menores de la presidencia. No solo el presidente realizaba este tipo de gastos. Es también de destacar las 998.000 que gastó el consejero de la presidencia en un viaje a Roma o
los dos millones de pesetas que el consejero de economía con el de presidencia se gastaron en Estocolmo. En la misma línea de actuación se permitió costear la esquela del padre del señor presidente de la ciudad en un periódico de tirada nacional,
que supuso 800.000 pesetas.
Podría seguir indefinidamente y no estamos en la Comisión para oír todas estas barbaridades que se cometieron en aquel período. Pero sí voy a contar qué es lo que hizo y la necesidad, como consecuencia de estas atrocidades, de realizar una
moción de censura gracias a la cual comenzó a gobernar desde aquel entonces el Partido Popular a partir de 2001. La llegada en febrero de 2001 de un nuevo Gobierno a la Ciudad Autónoma de Ceuta supuso un cambio de rumbo político dirigido, entre
otros objetivos a: Uno, corregir el despilfarro; dos, evitar la opacidad en la gestión de los recursos públicos; tres, mejorar la organización, los procedimientos de contratación y la ordenación de recursos humanos; cuatro, abordar todas las
cuestiones propias de la acción de Gobierno y, en particular, las complejas con el sometimiento a la ley de manera transparente y defendiendo siempre el interés general. Tal intención queda demostrada en cuanto a su materialización, tanto en base a
medidas adoptadas durante el mismo ejercicio 2001 para corregir el despilfarro y la opacidad en la realización del gasto público como en la asunción, desde entonces y sin interrupción, de iniciativas directamente relacionadas con los explícitos
desvíos, algunas ya implantadas, otras en trámite y un tercer grupo en fase de elaboración, todo ello refrendado de la misma forma y auspiciado por el contenido del propio informe del Tribunal de Cuentas a partir de que el mismo se eleva a
definitivo. Sirva esta introducción para poner en evidencia que el mencionado informe del Tribunal no puede ser utilizado, como se pretende, para culpar a un Gobierno de un comportamiento que por no estar no tuvo, un comportamiento que por el
contrario vino a corregir, según prueban las medidas adoptadas en relación con los reiterados objetivos, todo lo cual será objeto a continuación de un breve comentario.
Corregir el despilfarro y la opacidad. De manera inmediata se adoptaron, a los efectos oportunos, las siguientes medidas: reducción del número de costes de altos cargos y reducción de los altos cargos; eliminación de las dietas por
asistencia a consejos de administración, así como las correspondientes sustituciones del presidente de la ciudad, e inclusión en estas sociedades de la oposición para que fiscalizara el trabajo; supresión de gastos con cargo a tarjetas de crédito y
contención hasta el límite de lo razonable en los gastos a justificar; supresión de los contratos blindados para el personal de alta dirección; cancelación a su vencimiento de la práctica totalidad de los contratos de asesoría mediante iguala de
honorarios hasta entonces existentes; congelación de los sueldos de los altos cargos; aprobación del presupuesto dentro de un plazo legalmente establecido y con el informe favorable del Consejo Económico y Social, condiciones éstas que se cumplen
en todos los ejercicios posteriores; incorporación de todos los grupos políticos de la asamblea, salvo renuncia voluntaria, a los órganos colegiados de dirección
de las sociedades mercantiles públicas y órganos autónomos, con independencia de que los mencionados grupos formen parte del Gobierno de la ciudad.
En cuanto a la fiscalización de las referidas sociedades y organismos autónomos, se siguen las siguientes prácticas. Las transferencias que se reciben se recogen en sus respectivos presupuestos que forman parte del general y que son
aprobados anualmente por el pleno de la asamblea. Cada una de las sociedades y organismos autónomos tiene un interventor y secretario, funcionarios de carrera encargados de asesorar y fiscalizar cualquier actuación de la que se deriven
consecuencias económicas. Las sociedades mercantiles están sometidas a auditorías externas que en ningún caso sustituyen las labores de la intervención y fiscalización.
Las cuentas anuales de las sociedades y las liquidaciones presupuestarias de
los organismos autónomos son aprobadas anualmente por los órganos que tienen encomendadas dichas funciones dentro de sus correspondientes estatutos. En ellas se recogen detalladamente los destinos de los fondos transferidos por la ciudad. Todo
movimiento o disposición de fondos en las sociedades u organismos autónomos requieren inexcusablemente la firma mancomunada del presidente de la sociedad, del organismo autónomo y del interventor. Las antes referidas cuentas y liquidaciones forman
parte de la cuenta general de la ciudad, que es aprobada, sometida a exposición pública y remitida al Tribunal de Cuentas, como no podía ser de otra forma.
Como consecuencia de las indicadas medidas y otras que con posterioridad se han ido adoptando con idéntica finalidad, se han ido obteniendo resultados satisfactorios en la moderación de los gastos relativos a relaciones externas, asesorías,
protocolo, representación y altos cargos.
Comparando los ejercicios 2000 y 2004 se obtienen los siguientes datos: el número de altos cargos pasa de 63 a 28, lo que supone una reducción del 55,5 por ciento; el montante económico de la rebaja de
las retribuciones de estos altos cargos se sitúa, también en términos relativos, en un 45,5 por ciento; el ahorro neto derivado de la deducción practicada en los comentados conceptos de gasto se cifra aproximadamente en 3,2 millones de euros al
año, tal como se desprende de un cuadro adjunto que podría dar a cualquier miembro de la Comisión que así lo deseara.
Saneamiento de las deudas. Efectivamente, en el ejercicio 2001 el nuevo Gobierno acomete, en virtud de un acuerdo adoptado por el pleno de la asamblea, un expediente extraordinario de saneamiento de deudas no reconocidas por importe de
4.700.000 euros, respecto de lo que parece oportuno significar, en orden a valorar la mencionada actuación, lo que sigue: todas las deudas contempladas en el expediente se corresponden con gastos generados en ejercicios anteriores, en concreto el
ejercicio del que estamos hablando; constan los correspondientes soportes documentales en forma de certificaciones o facturas debidamente conformadas, a través de las que se pone de manifiesto la naturaleza de la presentación y su precio objetivo.
El reconocimiento extrajudicial de las deudas es una figura recogida en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación vigente. La atención de las deudas anteriormente expresadas pone de manifiesto la actitud responsable del Gobierno actual en
defensa del interés general como alternativa a la opción de desatender las obligaciones por haber sido contraídas por otros anteriores. La experiencia demuestra que esta última opción, al margen de ser éticamente reprobable, termina siendo más
gravosa para la Hacienda pública.
La Manzana del Revellín es otro de los apartados en los que el Tribunal de Cuentas hace hincapié. Con relación al asunto susceptible de ser certificado como uno de los que al principio de esta exposición eran aludidos como cuestiones de
índole compleja, procede afirmar con toda rotundidad: Uno, que la situación controvertida se origina en el año 2000, por tanto con anterioridad a la llegada del nuevo Gobierno y con la consecuencia de la decisión adoptada sobre la enajenación de la
referida parcela, lo que a su vez implica el abandono del proyecto de Álvaro Siza, conocido arquitecto, asumido como objetivo político prioritario en 1997, y una considerable reducción de espacios de titularidad pública en beneficio de un notable
aprovechamiento comercial. Dos, que la actuación del Gobierno que toma posesión en febrero de 2001 tiene como objeto principal corregir una situación considerada no beneficiosa para el interés general, a efecto de lo cual, con base en resoluciones
del pleno, favorablemente informadas por los servicios competentes, se logra reducir en un porcentaje significativo el aprovechamiento de índole comercial, recuperar la titularidad pública para la mayoría de la parcela y ejecutar el proyecto de
Álvaro Siza presentado en 1997. Tercero, las otras dos posibles opciones también analizadas por el nuevo Gobierno, consistentes en viabilizar el proyecto urbanístico consecuente con la venta de la parcela, o alternativamente iniciar un litigio con
la propiedad privada para anular la comentada venta, fueron desestimadas por considerar, en relación con la primera, que la misma suponía menos titularidad pública, más aprovechamiento comercial y abandono del proyecto de Siza. En cuanto a la
segunda, un notable riesgo e incertidumbre por las posibles indemnizaciones a favor de la propiedad privada, junto con la paralización de las inversiones durante un plazo indeterminado y presumiblemente dilatado. Cuarto, la cuestión relativa a la
posible nulidad de acuerdo sobre la venta de la parcela adoptado, según se ha indicado en el año 2000, el Gobierno ha tomado la decisión, ante la solicitud formulada por un partido político extra parlamentario, de instruir el correspondiente
expediente a efectos de elevar en breve propuesta de resolución al Consejo de Estado cuyo dictamen será vinculante para la ciudad. Quinto, el coste de estas obras está siendo sometido, junto a la verificación y fiscalización realizada por los
servicios técnicos de la ciudad, a consultorías externas de carácter específico, dada la singularidad del procedimiento
de contratación y por causa de las circunstancias concurrentes ha sido necesario llevar a cabo. Para mejorar la organización, los procedimientos de contratación, los controles de fiscalización y la ordenación de los recursos humanos, según
se ha indicado, desde el acceso del nuevo Gobierno y de manera ininterrumpida, se han llevado a cabo actuaciones directamente relacionadas con las expresadas prioridades entre las que cabe citar las siguientes: Aprobación de un nuevo reglamento de
la asamblea y aprobación del correspondiente al Gobierno y a la Administración; aprobación de los presupuestos por programas; inicio de las actuaciones encaminadas a la actualización de inventario de bienes inmuebles propiedad de la ciudad;
redacción de memoria en virtud del acuerdo al efecto adoptado por el pleno de la asamblea para la constitución de un órgano autónomo encargado de la gestión tributaria, al objeto de, entre otras finalidades, separar las tareas de liquidación,
recaudación, contabilidad e inspección de tributos; aprobación de un reglamento y subvenciones de conformidad con las prescripciones legales a tal efecto vinculantes; reserva de los puestos de director general a funcionarios de carrera
pertenecientes al grupo A; adopción de resoluciones dirigidas a unificar criterios en materia de contratación, como es el caso de acuerdos adoptados por el Gobierno con fecha de 21 de enero de 2005, así como para agilizar los correspondientes
trámites y reforzar el carácter objetivo de las resoluciones sobre adjudicación de los contratos; inicio de los trabajos correspondientes a la elaboración de tantas veces aplazada relación de puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma de Ceuta;
redacción de sendos proyectos de disposición reglamentaria para perfeccionar y fiscalizar de las transferencias a sociedades mercantiles y organismos autónomos y el establecimiento de unas bases para la ordenación de gastos relativos a la publicidad
institucional.
Con todo esto que acabo de manifestar queda perfectamente determinado -y si no así se hará saber públicamente- que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas han sido seguidas a rajatabla en este caso. Como consecuencia de esto, señor
presidente del Tribunal de Cuentas, le realizamos las siguientes preguntas: Primera. ¿Percibe el Tribunal de Cuentas que con la llegada de un nuevo Gobierno, en febrero de 2001, se adopta una actitud decidida contra el despilfarro y la opacidad en
la relación del gasto público, según ponen de manifiesto las medidas que se señalan anteriormente de las que el Tribunal de Cuentas debiera tener conocimiento? Cuando se habla de la instrucción, en este caso de la revisión de las cuentas de 1998 a
2001, no se especifica qué gobiernos estuvieron, por tanto, me he centrado en la etapa del Gobierno en donde todas estas irregularidades que ha denunciado el Tribunal de Cuentas se produjeron.
Segunda. En relación con el tratado expediente sobre reconocimiento extra judicial de deudas que se citan en el informe del Tribunal de Cuentas y con carácter complementario a las consideraciones por el mismo formuladas, ¿puede el Tribunal
de Cuentas, si así lo estima y dispone de información suficiente, acreditar que los gastos correspondieron a obligaciones contraídas entre los años 1994 y 2001?; ¿que todas las prestaciones están soportadas documentalmente a través de facturas o
certificaciones debidamente conformadas?; ¿que la práctica de reconocimiento extra judicial de las deudas está permitida por el ordenamiento jurídico vigente?
Tercera pregunta, ¿podría confirmar este Tribunal que en relación con el controvertido asunto de la Manzana del Revellín, la venta de la correspondiente parcela, incluidas las determinaciones de índole urbanística y económica a las mismas
aparejadas, fueron adoptadas con anterioridad al mes de febrero de 2001?
Cuarta, ¿considera el Tribunal de Cuentas que las medidas puestas en marcha por el actual Gobierno de la ciudad, y que se señalan anteriormente, están en línea con las recomendaciones que el informe recogía para mejorar la organización, los
procedimientos de contratación, fiscalización y ordenación de recursos humanos?
Quinta, teniendo en cuenta que el informe pone de manifiesto deficiencias e irregularidades y apreciando que las mismas han sido objeto de utilización política y mediática para imputarlas al actual Gobierno aprovechándose de que el informe,
por razones obvias, no separa la gestión durante el período analizado en función de los cambios de Gobierno, ¿estaría en condiciones el señor presidente del Tribunal de poder informar acerca de la percepción de un cambio en el modo de gestionar los
recursos públicos a partir de febrero de 2001?
Sexta y última pregunta, ¿ha abierto algún expediente de responsabilidad contable hacia algunas de las personas que gobernaban en Ceuta en esas fechas?
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor don Salvador de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Como el portavoz del Partido Popular ha hecho una introducción política y antes de entrar en lo que hoy es importante, que es oír al presidente del Tribunal las respuestas a las preguntas que le hagamos,
permítanme una valoración más técnica que política, que es la que ha hecho el representante del Grupo Popular, que ha dejado muy claro que el Partido Popular no tiene nada que ver con esto. No obstante, el portavoz del Partido Popular sabe, porque
es diputado por Ceuta, que el informe de fiscalización abarca 1998-2001, y que en ese período estuvo durante un largo tiempo gobernando su partido.
Hubo un primer período con un alcalde del GIL (coincido en las apreciaciones de S.S. en que se
cometieron auténticas irregularidades incomprensibles en una democracia), pero después de un año y medio entra a gobernar la ciudad el Partido Popular con un presidente del mismo partido, y entra un tercer presidente después de
un año cuando el Partido Popular decide cambiarle. Hay un tiempo de gobierno que le corresponde única y exclusivamente al Partido Popular.
S.S. ha hecho unas preguntas a don Ubaldo Nieto que están muy claras en el comienzo del informe de
fiscalización, punto 1.3: de 1998 a 2001 para todas las cuestiones que ha planteado. No intente quitarse de encima responsabilidades propias de un período de gobierno que fue nefasto para la Ciudad Autónoma de Ceuta, que cuenta con un índice de
desempleo superior al 30 por ciento, donde hubo auténticos despilfarros propios de una república bananera en una ciudad autónoma gobernada primero por el GIL y luego por el Partido Popular.
Termino esta intervención diciendo que S.S. no está en posición de quitarse de encima este problema, porque gran parte de los miembros del GIL como tal grupo político fueron a engrosar las filas del Partido Popular. Le puedo enumerar todo
un rosario de poblaciones que ingresaron de muy buen agrado en esas filas como son La Línea y la Costa del Sol, aquellos indeseables que usted hoy destaca como integrantes del GIL. No solo les compete un período de fiscalización sino que ahora
deben afrontar este problema porque aceptaron en sus filas a gran parte de los integrantes del GIL como organización, y no me refiero solo a Ceuta.
Hecha esta introducción y yendo al fondo del problema, de lo expuesto por el señor presidente del Tribunal de Cuentas se desprende que la Ciudad Autónoma de Ceuta durante este período fiscalizado estuvo inmersa en un absoluto caos
organizativo donde se prescindió de las más elementales normas en cuanto a la gestión de lo público e imperó la más absoluta arbitrariedad de sus gobernantes -en plural- lo que supuso unos cuantiosos perjuicios económicos con cargo al erario
público.
Usted ha querido hacer aquí una proclama, pero yo le lanzo un reto: vamos a fiscalizar también el período siguiente. Usted ha hablado del período que va de 2002 a 2005. Ese período está por fiscalizar. Si quiere, también lo sometemos a
fiscalización. Porque usted hace unos planteamientos que no se corresponden. Aquí estamos fiscalizando el período que tiene fecha de 10 de noviembre de 2004, y está dando por bueno...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor De la Encina, le rogaría que no entrasen en debate.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Es que ha hecho una introducción previa.
El señor PRESIDENTE: Hemos dado la posibilidad de que todo el mundo se pueda explicar y quiero que haya las menores restricciones posibles, pero quisiera que el debate se produjera en la próxima sesión.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Pero como en gran parte del contenido se ha hablado de un período que no está fiscalizado, dándose por bueno, lo que estoy dando a entender es que hablaremos en su momento de ese período porque no está
fiscalizado. No se puede dar por bueno lo que todavía no está fiscalizado.
Continúo entrando en el fondo del problema. En este período fiscalizado ha existido el más absoluto abandono de los preceptos y elementales normas de control interno, con una muy deficiente función interventora, con una absoluta falta de
aportación de documentos que requería el propio Tribunal de Cuentas, con una ausencia de control financiero generalizado y una ausencia de justificación de las transferencias a las sociedades participadas por un valor de 13.544 millones de pesetas.
Además, la seguridad y la custodia de los activos y de los recursos tributarios propios de la ciudad de Ceuta fueron prácticamente inexistentes y, según recoge el Tribunal, caóticos. Las subvenciones y ayudas fueron concedidas durante este período
sin ningún tipo de sujeción a procedimientos de control que asegurasen los principios de igualdad, publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia, que son obligatoriamente de aplicación en el período que estamos abarcando y que comprende el
mandato de tres presidentes del GIL y del Partido Popular. Se incumplieron las más elementales normas contables y presupuestarias conforme a la normativa vigente, conteniendo además graves incoherencias y deficiencias. Todas las cuentas generales
fueron aprobadas fuera de plazo de forma generalizada, no se rindieron ante el Tribunal de Cuentas en los plazos legalmente señalados y presentaron abundantes carencias documentales, además de rectificaciones y errores contables. La gestión
recaudatoria y en general de los recursos y su posterior inspección no garantizó su seguridad. La gestión de los gastos estuvo llena de irregularidades, inexistencia de control y desdoblamiento, sobre todo en materia de contratación de personal,
que se sigue produciendo hoy en día en la Ciudad Autónoma de Ceuta, no habiéndose garantizado los principios de igualdad, de mérito, de capacidad, así como el obligatorio de publicidad, ni en el ámbito de la ciudad autónoma ni en las sociedades y
organismos autónomos en ese período 1998-2001. Por nuestra parte, merecen una especial consideración los gastos de representación y protocolo.
Haber gastado 355 millones de pesetas en gastos de representación y protocolo sin existir, como dice el
Tribunal, ninguna justificación, ninguna aportación, con insuficiente e inadecuada documentación que lo justifique, nos parece impropio de un Estado democrático de derecho.
Dedicaremos un apartado especial a las preguntas que formularé
posteriormente al presidente del Tribunal.
Se ha constatado la existencia de pagos de algunos de estos gastos a través de tarjetas de crédito, que en número de 3 fueron autorizadas con una total ausencia de normativas reguladoras del uso de las mismas e insuficientes justificaciones
de gastos pagados por este medio. Lo que, a nuestro juicio, tiene mayor gravedad, los gastos contabilizados en el sector público de la Ciudad Autónoma de Ceuta en concepto de transferencia,
ascendieron en el periodo fiscalizado a 19.641 millones de las antiguas pesetas, de los cuales el 72 por ciento, a nuestro juicio y a juicio del Tribunal, no son subvenciones sino financiación de las sociedades mercantiles y organismos
autónomos. No le pido una opinión, le pido, señor presidente del Tribunal de Cuentas, que nos aclare, si puede, la instrumentación de esa financiación. Mi pregunta es: si no es una subvención, ¿es una facturación de las sociedades y organismos
autónomos a la ciudad por los servicios prestados? ¿Es una donación? ¿Es un préstamo? ¿Es un simple ingreso en cuenta? Por tanto, ¿en concepto de qué se reconoce la obligación de la ciudad a favor de las sociedades mercantiles y organismos
autónomos? ¿Cómo se aporta y documenta?
Voy terminando. La ciudad no procedió a controlar con el debido rigor el empleo (es una ciudad que tiene ni más ni menos que el 30 por ciento de desempleo de la población activa y, por tanto, es muy fácil la práctica de clientelismo, que
dicho sea de paso hoy también se sigue aplicando, varios años después) dado a esas transferencias, y además el informe dice textualmente: La indebida justificación de los beneficiarios de estas ayudas o subvenciones y la ausencia de la verificación
de su correcta y adecuada aplicación a los fines y control de las irregularidades detectadas en su seguimiento -remarco-, debe dar lugar, en su caso, a la exigencia de las responsabilidades a las que hubiera lugar y, en todo caso, su debido
reintegro, cuando así proceda.
Le pregunto: ¿podría confirmarnos el presidente del Tribunal de Cuentas que este informe no está señalando la existencia de responsabilidades jurídicas y en muchos casos podría incurrirse en el deber de reintegro al erario de la ciudad
autónoma de las cantidades concedidas por este concepto? ¿Qué actuaciones -si las hay- ha emprendido la Fiscalía? ¿Existe expediente de responsabilidades contables? Por último, ¿podría aclararnos, señor Nieto, si de esta irregular operatoria
mercantil del conjunto de la ciudad autónoma y del tejido empresarial público objetivamente pueden derivarse contingencias fiscales?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar a las preguntas que le han formulado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS ( Nieto Alba): En primer lugar, la pregunta que se me hace es sobre si el Tribunal ha hecho el seguimiento de las recomendaciones. Pues no. Este informe presenta aquí unas recomendaciones y para
eso haría falta hacer nuevas comprobaciones, la única manera que tiene una fiscalización que se llama permanente y consultiva. No obstante, si quiere que algo se acredite, tendría que solicitarlo por escrito.
Lo mismo digo del tema de Revellín. Este presidente no puede acreditarlo aquí, también tendría que pedirlo por escrito. El informe comprende un período y las conclusiones y los hechos se refieren a este período. No obstante, como se ha
insinuado aquí pedir información sobre responsabilidades, conjuntamente voy a responder a esto. Quizá también se incluyan aquí otras dudas que han surgido. Esta fiscalización empieza porque le ha faltado información para poder hacer el análisis
que pedía esta Comisión Mixta. Además, se crea una administración a través de empresas públicas, empresas públicas que lo gestionaban todo: gestionaban los tributos, el urbanismo, el deporte, la cultura, hasta los fondos europeos, pero sin control
por parte de la Administración de la ciudad de Ceuta. Naturalmente, esto tampoco es la primera vez que se pone aquí de manifiesto. Recuerdo algunos otros informes sobre corporaciones locales, como el caso de Marbella, con una total
discrecionalidad. Allí donde hay una falta de control y una total discrecionalidad en su actuación, y ya lo he puesto de manifiesto aquí en otras presentaciones, es difícil identificar responsabilidades, incluso hasta responsabilidades penales.
Sin embargo, la información que tengo es que parece que se han podido identificar. Como consecuencia del paso de este informe por el ministerio fiscal y el servicio jurídico del Estado, se han trasladado ya a la sección de enjuiciamiento documentos
relacionados, y los voy a detallar porque algunos tienen que ver con las preguntas que se me han formulado: personal de las sociedades mercantiles, gastos de representación, protocolo, relaciones exteriores e institucionales y otros de naturaleza
análoga de la presidencia y de la empresa pública Parque marítimo del Mediterráneo, S.A., gastos abonados mediante tarjeta de crédito, falta de justificantes de subvenciones, expedientes relativos a la Manzana del Revellín, irregularidades en varios
convenios por intermediación del objeto y precio y ausencia de facturas y justificantes en contratos. Esta es la información que puedo dar aquí a raíz de la petición de los posibles hechos de los que se desprenden las responsabilidades contables
del fiscal y de los servicios jurídicos del Estado. Por lo demás, este presidente tiene muy poca información adicional más que darles. Lo único que se desprende del informe es una falta de esos controles internos que tiene que haber en toda
gestión pública para que el control externo tenga un adecuado soporte. Esto ha afectado a los ingresos tributarios, a los inmuebles, a las subvenciones; incluso ha habido sociedades que realizaban los servicios jurídicos que por ley tenía que
realizar la propia Administración general. Por lo demás, quiero poner de manifiesto que la fiscalización del Tribunal de Cuentas es permanente y, dentro de ese ámbito de la fiscalización permanente, se puede incluso pedir por parte de esta Comisión
Mixta un seguimiento, pero hoy por hoy el informe tiene unas recomendaciones y no es la primera vez que -y lo digo por propia experiencia- quienes reciben esas recomendaciones se anticipan a ponerlas en práctica, aunque en otros casos, en otro
informe posterior, hay que decir que no se ha hecho nada. Eso entra dentro del futuro, pero no de lo que hoy
presenta este presidente aquí, que no puede presentar otra cosa que el informe que aprobó el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Voy a abrir otro turno porque veo que se me pide la palabra, pero quiero recordar que el turno es para pedir aclaraciones y formular preguntas al presidente del Tribunal, no para debatir entre los grupos, que ya hay
otra sesión para que se puedan debatir las propuestas de resolución. Quiero recordar a uno y otro interviniente que en el primer turno han podido dar todas las explicaciones habidas y por haber, incluso más allá de lo que realmente significa este
turno.
Tiene la palabra el señor González por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Efectivamente, voy a utilizar este turno para aclarar y para preguntar. La primera aclaración es que este portavoz en ningún momento en su exposición inicial ha hecho balance político, sino que ha hecho una
descripción estrictamente técnica de lo que ha hecho la ciudad autónoma con respecto al informe del Tribunal de Cuentas. Otra cosa es que se quiera utilizar como excusa para luego acometer respuestas. No ha habido esa intención por parte de este
portavoz y en el 'Diario de Sesiones' queda reflejado, con lo cual la excusa queda injustificada y quizás se ha utilizado algo que no se debía haber utilizado.
Señor presidente de la Comisión, insisto en dos temas aclaratorios. Una cosa es el informe del Tribunal de Cuentas en el período de 1998 a 2001, que es como está reflejado, y otra cosa es que el animal que cruce la carretera sea atropellado
en una fecha determinada, porque cuando no se especifican las fechas de las que estamos hablando y dónde se han cometido esas irregularidades parece que todos son culpables, y no todos son culpables, sino que algunos han intentado y siguen
intentando -y lo están logrando- regularizar situaciones que no eran regulares. Quiero decir dos cosas más. La primera, que miembros de aquel Gobierno vieron lo que estaba pasando y participaron junto con el Partido Socialista Obrero Español y el
Partido Popular en desalojar de la Presidencia de un gobierno a unos señores que estamos viendo lo que hicieron y, por lo tanto, ellos contribuyeron a que esta situación se regularizara. Y no soy nadie para defenderles, porque independientemente de
esto, ellos tendrán la forma de hacerlo, si es que hubiera lugar. La segunda, que en Ceuta nosotros no hemos acogido a ninguna persona que hubiera pertenecido al GIL. Seguramente el señor De la Encina se refiriera al alcalde de Estepona o el
reconocido y prestigioso miembro del PSOE Antonio Pizarro, primer teniente de alcalde, que creo que sí tiene alguien del GIL. Pero eso es irrelevante en este caso, lo que sí quiero dejar claro es que el período fiscalizado abarca tres ejercicios
presupuestarios, pero las irregularidades manifiestas -yo no digo que no haya habido algún tipo de errores en este caso en algún otro período- que el señor De la Encina ha enumerado una a una corresponden solamente al periodo en que el Gobierno de
la ciudad autónoma estaba presidido por Antonio Sampietro Casarramona, miembro de reconocido prestigio de esta Comisión y del GIL. Deseo preguntar si hay interés por parte del grupo mayoritario de esta Comisión y que apoya al Gobierno en que haya
otra nueva fiscalización a la ciudad de Ceuta. Estoy absolutamente seguro de que mi grupo y el Gobierno actual de la ciudad estarán encantados de que exista esa fiscalización precisamente para aclarar las cosas que, al parecer, alguien tiene
interés en oscurecer.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De la Encina por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: El interés del Grupo Parlamentario Socialista es el que siempre le mueve, aclarar en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de la democracia y en beneficio de la transparencia; nunca extender manchas sobre
nadie ni sobre nada. Reitero, porque parece ser que el portavoz del Grupo Popular no ha estado muy atento, que el propio informe del Tribunal de Cuentas, en su punto 1.2, cuando habla del alcance, deja manifiestamente claro -y lo tengo aquí
delante- que se refiere al período año por año. Yo he hecho la matización de que en ese período de cuatro años hubo tres presidentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta: el primero, que duró un año y medio, del GIL, señor Sampietro; el segundo, que
duró un año, señor Fortes, y el tercero, que continúa en el cargo, el señor Vivas. Eso es una realidad que encaja perfectamente con el alcance del contenido, que en muchas ocasiones no se separa en cuanto a la descripción de los hechos.
En cuanto a extender o no la mancha, como usted dice, quizá usted la quiera ver porque tenga algo que temer, pero yo no lo he hecho ni lo voy a hacer porque soy muy consciente de que en un Estado democrático y de derecho nunca se puede
culpar a nadie de nada si no existen pruebas. De ahí ese informe de fiscalización, y ya veremos la propuesta de resolución que se hará en su momento.
Yo no he dicho que tenga interés en fiscalizar el nuevo período. No, ha sido usted quien se ha dedicado aquí a hablar durante diez minutos de un período que no está fiscalizado. Lo que he dicho está recogido en el 'Diario de Sesiones' y es
que se hará en su momento o no la fiscalización sobre ese período, pero usted no hable aquí de un período que no está fiscalizado, dándolo por bueno, para decir que eso ha sido corregido. Eso ya se verá. Le quiero decir que el señor Sampietro y
seguía muy bien al entonces presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, negaba todas las imputaciones que hoy se recogen aquí por el Tribunal de Cuentas, una tendencia natural de los seres humanos a negar cosas delictivas. Y le contesto a una
pregunta que usted ha hecho: alguien decidirá o no, en función de si esto va
a la justicia ordinaria, quién es culpable y quién no lo es, pero nadie puede negar que aquí estamos fiscalizando un período de cuatro años, de los que dos años y medio corresponden a la gestión del Partido Popular.
Pero como lo importante
no es eso, lo importante es lo que ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas (yo he intentado tomar nota, y lo leeré más tranquilo de nuevo en la transcripción), señor Nieto, me gustaría que me aclarara una cosa. Usted ha dicho -lo he anotado
a bolígrafo- que el ministerio fiscal y los servicios jurídicos del Estado han trasladado ya -es una pregunta que le formulé- a la sección de enjuiciamiento documentos relacionados con personal de las sociedades mercantiles, protocolos, Parque
Marítimo del Mediterráneo de Ceuta, las tarjetas de crédito, etcétera. Antes de que se vaya, mi duda es: ¿quiere decir que se han abierto ya diligencias formales? ¿De qué tipo, en qué plazos? Pregunta que me gustaría que, por favor, me aclarara
aunque fuera brevemente.
Ya termino diciendo que no me refería, don Francisco, al concejal de Estepona, sino al alcalde de La Línea, mano derecha del señor Gil y hoy alcalde del Partido Popular, y me refería a la plaga de alcaldes que tuvieron en aquella época, que
eran del GIL y que terminaron en el Partido Popular, porque ese fue el acuerdo político del GIL, ingresar en el Partido Popular. Por tanto, tengan cuidado también porque en sus filas tienen a muchos de aquellos que entonces se jactaban de ir de la
mano de un grupo que era el que iba a salvar la Costa del Sol, con esos afanes imperialistas de introducirse en Ceuta y Melilla, etcétera, y terminaron y siguen en el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar a las preguntas que le han formulado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Cuando el fiscal y el abogado del Estado aprecian hechos de posibles responsables contables, lo ponen de manifiesto al departamento que ha hecho la fiscalización. Este
departamento lo valora. La única información que tiene este presidente es que, hecha esa valoración, traslada a la sección de enjuiciamiento todos estos antecedentes y documentos que he señalado anteriormente. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo está la
tramitación de todos y cada uno de estos asuntos? ¿Estarán hechas las diligencias previas, estarán hechas las propuestas de delegados instructores? No tiene este presidente otra información que la que acabo de dar porque eso entra dentro del
ámbito jurisdiccional, que tiene sus propios órganos, tiene sus propios procedimientos. En todo caso, dentro del procedimiento -cómo está y hasta dónde se puede llegar con la información-, con mucho gusto se le puede dar.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES GESTIONADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, EJERCICIO 2001 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000130 DE LA VII LEGISLATURA).
(Número de expediente
Congreso 251/000014 y número de expediente Senado 771/000012.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, pasamos al punto número 8, Informe de fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ejercicio 2001. Vamos a dar la palabra la
presidente del Tribunal para que explique este informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del Tribunal aprobó el Informe de fiscalización de las subvenciones gestionadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), ejercicio 2001,
el 25 de julio de 2003. El Tribunal considera que el control interno establecido por el Inaem para la gestión de las subvenciones presenta debilidades tanto en el propio diseño del sistema como en su ejercicio. Entre ellas destaca la inexistencia
de un registro general de subvenciones del Estado y un registro integrado con las demás administraciones públicas, debilidad que no es específica del Inaem, sino que procede de una competencia general del Gobierno no desarrollada, que impide que los
gestores puedan comprobar que el total de las ayudas públicas percibidas por los beneficiarios no supere el coste de la actividad subvencionada.
También se han constatado deficiencias en el control efectivo por el Inaem de los justificantes presentados, falta de homogeneidad de los procedimientos seguidos por las dos subdirecciones generales que gestionan subvenciones e
insuficiencias de registro y seguimiento de los expedientes en cuanto a los plazos, justificantes y reintegros.
Respecto a las subvenciones de convocatoria pública, se ha observado la deficiencia en las órdenes y resoluciones reguladoras de las bases y de las condiciones específicas de las convocatorias, falta de subsanación previa a la concesión de
los defectos de la documentación presentada con la solicitud, la imposibilidad de apreciar un sistema objetivable de puntuación para la ordenación de las solicitudes y la fijación del importe a conceder y diversos defectos materiales y formales en
algunos de los expedientes sometidos a revisión. Además, en uno de sus expedientes el Inaem no facilitó al juzgado la información necesaria para evitar un posible fraude de ley.
Las subvenciones nominativas presentan para el año 2001 el 82 por ciento del total de transferencias gestionadas por el Inaem en términos de obligaciones reconocidas. Dos beneficiarios, El Teatro Lírico de Madrid y el Gran Teatro del Liceo
de Barcelona, percibieron a su vez el 68 por ciento de aquéllas. Además, se
observaron importantes defectos materiales en los siguientes expedientes: Subvención de 60.000 euros a la asociación cultural grupo Zorongo; subvención de 300.000 euros a la asociación cultural red española de teatros, auditorios y
circuitos de titularidad pública, Acretac; subvención de 910.000 euros a la fundación Teatro LLiure Teatro Público y subvenciones por importe de 1,2 millones de euros, desde el año 1998 hasta el año 2001, a la fundación de La casa del Actor. En
todos estos casos el Tribunal considera injustificadas las subvenciones por la insuficiencia de los documentos presentados o la falta de relación de los mismos con los proyectos subvencionados.
En cuanto a los expedientes integrantes del conjunto de otras subvenciones se observaron deficiencias importantes en los expedientes relativos al convenio celebrado con la sociedad general de autores y editores y al suscrito por la
colaboración con la exposición conmemorativa del centenario de Joaquín Rodrigo.
El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que proceda a ordenar y poner en funcionamiento un registro general de subvenciones de las administraciones del Estado y promueva las normas y convenios pertinentes para establecer un registro
integrado de las subvenciones gestionadas por todas las administraciones públicas. Se recomienda también al Inaem que fortalezca su control interno reforzando la exigencia de los documentos o documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos, mejorando la actividad de revisión de los justificantes e implantando un riguroso sistema de seguimiento y control de los plazos de justificación y de los reintegros procedentes.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor Nieto, por la auditoría del Tribunal de Cuentas y por su propio informe.
Me parece innecesario entrar a valorar cada una de las subvenciones que ustedes han señalado -donde hemos visto que hay cuestiones que han merecido su atención y a veces su reconvención-, pues el documento de alegaciones es muy detallado,
subvención por subvención, asociación por asociación. También están muy detallados los casos en que se considera necesario el reintegro de las cantidades percibidas. Por lo tanto, han atendido al Tribunal de Cuentas, como no podía ser de otra
manera, corrigiendo y reintegrado en su caso alguna de las cantidades recibidas.
Nos estamos refiriendo al Inaem, concretamente a las subvenciones que recibe el teatro y la música. Por sus propias características, por los sistemas de trabajo
atípicos con respecto a los demás beneficiarios de subvenciones que tienen, tanto compañías de teatro como compañías de música, hay unas singularidades que no se contemplan en el sistema y en los reglamentos de subvenciones. Además son personas de
la máxima solvencia, de la máxima calidad, pero que no están acostumbradas a trabajar con unos sistemas que para ellos son rígidos en función de una actividad que se caracteriza por la singularidad y la flexibilidad. Voy a mencionar concretamente
la Casa del Actor, a la que el señor presidente se ha referido. Usted sabe que tuvieron muchos problemas, espero que los dejen de tener pronto. Tuvieron una gerencia complicada, pero esperamos que sea un proyecto que prospere, a pesar de que sus
avatares han sido complicados.
Con este tipo de subvenciones y dado que las alegaciones están desde mi punto de vista muy detalladas una a una y se puede saber qué sucedió con cada una y qué está sucediendo, me parece más importante que hablemos en términos genéricos. La
primera recomendación que el Tribunal hace al Gobierno es la puesta en funcionamiento de un registro general de subvenciones de la Administración del Estado. Cada vez que tenemos una fiscalización de subvenciones volvemos a esta cuestión. Parece
necesario, sobre todo habiendo ahora diferentes administraciones que están siendo también muy activas en materia de subvenciones, que se pueda tener este registro general. No sé si el presidente conoce si a fecha de hoy existe (yo lo desconozco) o
si está en marcha, pero la recomendación del propio Tribunal es muy necesaria. Nosotros añadiríamos si no piensan que es también necesario revisar en este momento las bases reguladoras de las subvenciones. Es un campo que ha ido muy deprisa. Son
diversas administraciones las que en este momento tienen competencias, y aunque no es muy tarde, pues el texto refundido se aprobó en el Real Decreto-ley de 1988 y sobre todo en el Real Decreto de 1993 por el que se aprueba el reglamento de las
subvenciones (no ha pasado tanto tiempo), en esta materia y precisamente contemplando la casuística de estos doce años transcurridos desde la aprobación del pasado reglamento que el Tribunal ha podido observar, quizá convendría revisar dicho
reglamento, además, como ya he dicho, de atender a la petición del registro general de subvenciones que hace el propio Tribunal.
No es fácil hacer esto con carácter general, pero sí hay una observación sobre la falta de objetivación. Hay veces que en los criterios objetivos, como pueden ser en la subvención de espectáculos, de actividades artísticas, hay una parte
difícilmente objetivable sobre la calidad, las características artísticas de determinada actividad que se subvenciona.
Esto hoy constituye un problema a la hora de respetar la objetivación total en las subvenciones. La última convocatoria de
subvenciones por parte del Inaem es de hace 15 días, y vamos a ver si ellos han conseguido avanzar en este camino, porque (estamos de acuerdo con el Tribunal) es necesario. Yo querría pedirle una aclaración y su opinión, si es posible, señor Nieto.
Como bien ha dicho, las subvenciones nominativas suponen (no entro a decir si son convenientes o no) el 82 por ciento de las subvenciones en los momentos que están auditando. De esas subvenciones nominativas que suponen el 82 por ciento, por
tanto de este documento, como bien ha dicho, el 68 por ciento corresponden a los dos grandes teatros de la ópera españoles: la Fundación Teatro Lírico y la Fundación del Liceo de Barcelona. Sé que usted me puede decir que eso no es materia
que incumba a este Tribunal, pero sí creo que lo puede ser porque he visto que ustedes hacen observaciones de este tipo.
Concretamente en la Fundación del Teatro Lírico se da una cuestión atípica; recibe hasta un 58 por ciento de su presupuesto
por la vía de esta subvención nominativa (55,7 del total, señalan ustedes), por tanto hay una actividad subvencionada por la vía presupuestaria, por la vía de los impuestos de todos los españoles, que va dirigida a financiar, a subvencionar una
actividad que prácticamente en un 90 por ciento (creo que puede ser más) solo es disfrutada por unas pocas personas que son los abonados a este Teatro Real. Más del 90 por ciento, por tanto, de una actividad que se subvenciona en un 55 por ciento,
va dirigida a un público muy reducido (es lógico que sea muy reducido, no todas las actividades pueden ser abiertas), pero además cerrado. En principio este sistema de abonos estaba previsto inicialmente porque era conveniente darle una estabilidad
financiera a una actividad nueva, como era la actividad de la ópera en la Fundación del Teatro Lírico y en el Teatro Real, pero al cabo de 10 años, cuando ya ha adquirido una velocidad de crucero, parece que no hay otra actividad en la que podamos
decir que esta cantidad tan extraordinariamente importante de la que estamos hablando, 14 millones de euros, vaya dirigida solo a muy pocas personas y que vayan a ser las mismas. Nosotros hemos hecho preguntas y se dice que el abono pertenece al
Teatro Real, pero las personas pueden renovar ese abono hasta su muerte (podríamos llamarle vitalicio, aunque parece que no es la palabra adecuada), es renovable sin condiciones año a año. Nosotros creemos que ha llegado el momento con toda
prudencia de volver a estudiar este sistema cerrado de abonos y me parece que este es un lugar oportuno para decirlo. Hasta qué punto consideran ustedes adecuado que esta actividad que ustedes están auditando, una actividad que solo va dirigida a
muy pocos, que son los mismos y que lo van a ser para siempre, se financie (ustedes mismos lo dicen) en más de un 50 por ciento. Con prudencia, sin hacer que la estabilidad financiera del teatro se tambalee naturalmente, creemos que la estabilidad
de las artes escénicas la da entre otras cosas la calidad de lo que representan; es decir, la estabilidad del teatro pasados 10 años debe reposar más en la calidad de las funciones de la ópera que en las subvenciones y si tuviera que ser en las
subvenciones, que seguro que lo tiene que ser, no puede ser para un coto tan restringido. El Museo del Prado se subvenciona también en un porcentaje muy amplio, pero naturalmente es abierto. Es decir la anomalía no es que aquí se subvencione una
actividad (que nos parece bien) la anomalía, pasado el período, insisto, de puesta en flotación de este gran buque importante de la ópera, no es que se subvencione, que todos los teatros de la ópera se subvencionen, es que sea tan restringido y
prácticamente vitalicio el disfrutador de estas subvenciones.
Termino diciendo que atendemos a sus recomendaciones y que esperamos que el Inaem vaya perfeccionando su sistema, que es complicado, porque estamos hablando de compañías de teatro y de música, que tienen sus peculiaridades.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Tomo la palabra en nombre de mi grupo para excusar la ausencia de la diputada designada ponente por este grupo parlamentario en relación con este informe de fiscalización, quien por causas de fuerza mayor hoy no ha
podido asistir a la sesión de la Comisión, con lo cual sin un examen exhaustivo de este informe de fiscalización la verdad es que no estamos en disposición de utilizar el turno de preguntas y aclaraciones al presidente del Tribunal; sí que lo
estaríamos para utilizar un turno de valoración política, pero visto lo sucedido en el anterior informe de fiscalización prefiero no hacerlo.
En cualquier caso, pudiendo analizar con mucho más detalle este informe y habiendo oído las explicaciones ofrecidas por el presidente del Tribunal de Cuentas, mi grupo en la siguiente sesión de la Comisión mixta formulará las oportunas
propuestas de resolución que se derivan de las recomendaciones de dicho informe que permitan en la medida de lo posible subsanar las deficiencias contables y de gestión que el Tribunal de Cuentas ha detectado en su informe.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar a las preguntas que se hayan formulado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto Alba): En primer lugar, cualquier valoración que afecte a la política de subvenciones y si estas van a grupos más o menos elitistas no le incumbe al Tribunal de Cuentas; este presidente no
debe entrar en este terreno porque correría el riesgo de expresar sus propias preferencias sobre el fenómeno subvencional. Es más, hay una preocupación en el Tribunal por este tema desde hace mucho tiempo; se presentó una moción en su debido
momento, incluso, como todos saben, hay una ley de subvenciones todavía reciente del año 2003, si bien todavía no está desarrollada reglamentariamente. En lo que el Tribunal insiste constantemente es en los aspectos de su control. Aquí se pone
énfasis en la necesidad de un registro de subvenciones no solamente para el Estado sino para todas las administraciones públicas. Lo que hay que evitar es que por falta de uno de estos registros se reciba más subvención que lo que cuesta el
servicio que se presta. El Tribunal habla de hacer un control de los justificantes. Un tema
de suma importancia en el que el Tribunal también insiste mucho en todos sus informes y en este también, es que esas deficiencias que tienen las órdenes, las resoluciones, la forma de regular las bases, las condiciones específicas de las
convocatorias, esa no objetivación de las condiciones genera lo que yo repito muchas veces que se llama riesgos morales. Estos riesgos morales generan propensión a estimular a la negligencia en la gestión. Por tanto, eso es lo que incumbe al
Tribunal y lo que se ha puesto de manifiesto en este informe, pero, repito una vez más, sin entrar en valoraciones, pues la política de subvenciones le corresponde hacerla al Gobierno y a los gestores.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, EJERCICIO 2001 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000137 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000020 y número de expediente Senado
771/000019.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto número 8, pasamos al 9, que corresponde al informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2001.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre este expediente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Entre los resultados del informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, aprobado en noviembre de 2003, destacan los siguientes. Las cuentas anuales de la
fundación del ejercicio 2001 expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones; no obstante, como aspectos relevantes de la gestión hay que señalar que el
sistema informático de gestión de taquilla es independiente del contable, lo que pudiera originar errores en este. Por otra parte, en cuanto a los ingresos generados por el denominado Paseo del Arte la fundación no ha conciliado los saldos
recíprocos con los tres museos integrados en el mismo: el de la propia fundación, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En relación con uno de los principales ingresos de la fundación, el correspondiente a las denominadas visitas privadas, se ha verificado que las normas internas y las tarifas aplicadas durante el ejercicio fiscalizado difieren de las
aprobadas por el patronato. También se ha constatado que en el control interno para la valoración de existencias es deficiente e insuficiente la coordinación entre las diferentes áreas de gestión. En lo que se refiere a la dotación fundacional, de
la partida más relevante de la misma, destinada a la compra de la colección Thyssen-Bornemisza, con 338 millones de dólares USA, el informe destaca que el hecho de que el precio acordado para el pago de la compra se fijase en la mencionada divisa y
no en pesetas ha supuesto un aumento de 28 millones de euros en relación con la señalada en el Real Decreto-ley 11/1993, por el que se regulan las condiciones de la compra de la colección. El precitado real decreto debería haber considerado
explícitamente entre los gastos asociados a la compra los derivados de las diferencias en el tipo de cambio.
En relación con la ampliación del museo, con objeto de albergar la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, cedida a aquél en préstamo, y para otras instalaciones, la fundación adquirió dos edificios. En estas adquisiciones y en las obras de
acondicionamiento de ambos edificios el informe destaca diversas incidencias, entre las que resalta que los contratos con las empresas adjudicatarias de las obras de demolición y de rehabilitación de los edificios fueron suscritos con posterioridad
al inicio de las obras. Las modificaciones en los plazos de ampliación del museo analizadas a lo largo del informe supusieron que la previsión inicial de apertura de aquél, fijada para octubre de 2002, se difiriera hasta noviembre de 2003. El
Tribunal recomienda que las autorizaciones para visitas privadas sean concordantes con las normas aprobadas por el patronato en 1992 o se modifiquen estas si se consideran insuficientes, que la entidad corrija los errores y deficiencias en la
elaboración del inventario de existencias de productos para su venta en la tienda del museo y que detalle en la memoria el saldo y la evolución de la aportación por el Estado a la dotación fundacional de 42 millones de euros, realizada mediante la
Ley 24/1990 y destinada a cubrir las diferencias entre los ingresos y gastos de la fundación.
El señor PRESIDENTE: A continuación, abrimos un turno de aclaraciones y preguntas.
Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, la señora Beatriz Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: En primer lugar, me gustaría decir que en mi modestísima opinión, a pesar de las cuestiones que ha señalado el señor presidente, el balance del informe del Tribunal de Cuentas supone casi una actividad
modélica, sobre todo comparado con otros similares, cuyos problemas son enormes. Tanto es así que la reflexión, cuando hemos estado estudiando el informe, muy detallado, que ha hecho el Tribunal, es que nos parecía necesario objetivar esta gestión
en sus facetas más complicadas para que pudiera servir de pauta. En este momento hay museos que se están ampliando; museos importantes que han cambiado su estructura orgánica, jurídica y administrativa y museos que están sujetos a una fase de
ampliación importante, y nos parecía que cuestiones muy difíciles objetivamente en esta fundación estaban tratadas de manera notable; estamos hablando del tratamiento del patrocinio, del sistema de exposiciones. Efectivamente hay determinadas
anomalías, pero son mínimas en algo
tan complicado de gestionar, en los seguros, una parte sustancial cuando hablamos de los museos, en la gestión de las tiendas. El informe señala, y lo señala muy bien, que hay pequeñas anomalías, pero son tan pequeñas (como además se ha
tomado nota y están subsanadas) que parece conveniente encargar a partir de este informe y de la gestión del museo un manual de procedimiento para que pudieran disponer de él otros museos. Hemos visto también en las alegaciones cuestiones de cambio
de moneda que han sido importantes y que han sido atendidas; supongo que en general todo está siendo atendido y a fecha de hoy rectificadas las anomalías que, insisto, me perecen pequeñas.
En el punto cuarto se habla de la ampliación del museo. El último párrafo se refiere a la ampliación del museo, a la adquisición y remodelación de los dos edificios; a este respecto, señor Nieto, me voy a permitir decirle algo, aunque sé
que me va a decir que no es de su incumbencia, pero también sé que no estoy hablando en vano, porque pienso que de alguna manera el Tribunal de Cuentas lo va a procesar. Estamos hablando de una ampliación. El informe del Tribunal de Cuentas es muy
detallado en esta fiscalización al explicar cómo se hizo y cómo está hoy la colección del barón Thyssen. No es muy extenso, pero sí muy preciso, en cómo está expuesta la colección nueva, la de la ampliación, la de la baronesa.
Nosotros querríamos
plantear la siguiente cuestión. Hay un informe sobre el continente por parte del Tribunal, sin embargo no hay un informe sobre el contenido; no sabemos si es que no es competencia suya. Sobre el contenido, ¿qué querría yo decir? Estoy hablando
del contenido de los nuevos edificios, de la ampliación. En primer lugar, quiero decir que tanto la colección del barón como la colección de la baronesa se deben a una extraordinaria (no me duele decirlo y lo repetiré tantas veces como sea
necesario) generosidad de los dos dueños de la colección: antes del barón y de su mujer y ahora de la baronesa. Se trata de una generosidad extraordinaria, como digo, y les podría aplicar además otros calificativos como amantes del arte y personas
que han dedicado su vida al arte. La generosidad ha sido grande.
Así como con la colección del barón hubo una primera etapa de préstamo y una segunda fase en que se adquirió la colección, estamos en la primera etapa con la colección de la baronesa; insisto en que hablo del contenido de este continente
auditado, que no tiene por qué escapar de la atención del Tribunal. La colección está en una situación de préstamo magnífica y generosa por parte de la baronesa Thyssen: 11 años, prorrogables año por año, lo dice muy bien su informe; esto está
muy bien. La ampliación ha sido modélica (y lo dicen) en precio y en tiempo, cosa que no es frecuente en la ampliación de un museo, como estamos viendo. Tanto en precio como en tiempo la ampliación ha sido modélica y la colección es
extraordinaria. Ahora bien, haría falta iniciar una segunda fase, que nosotros (me refiero al Gobierno anterior del Partido Popular) teníamos prevista: la de garantizar la permanencia de la colección de la baronesa, generosísimamente prestada hoy
al museo, insisto. Lo que el Tribunal audita hoy de este continente no se justificaría si no garantizamos o intentamos garantizar este segundo paso de la permanencia de la colección, con el mismo espíritu que se hizo con la colección de barón.
Hoy
esto no está hecho, y creemos que es urgente hacerlo, por razones que no vienen al caso. Creemos que habría que abrir una negociación con la dueña de la colección que constituye hoy el contenido de este museo, nada más y nada menos. Sabemos de la
buena voluntad y de la generosidad que ella ha acreditado, pero sería urgente abrir una negociación al más alto nivel, el del Estado, con la dueña de la colección que se exhibe hoy, el continente que han auditado, para garantizar la permanencia de
la colección. Por nuestra parte, estamos dispuestos a considerar esto como una cuestión de la máxima envergadura y a tratarlo con la máxima prudencia y sentido de la colaboración. Creemos que la permanencia de la colección es una cuestión de
Estado, que constituye una nueva fase; la primera fase es el préstamo, la segunda la ampliación y la tercera sería la permanencia de la colección.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor Nieto su comparecencia y también la exhaustiva y rigurosa labor técnica que han llevado a cabo en la realización del presente informe.
Queremos destacar también
la oportunidad y la calidad del mismo, que como órgano especializado que son, añade un mayor valor a los resultados que se desprenden del análisis pormenorizado de la gestión de la Fundación Thyssen-Bornemisza. Su estudio de la realidad de la
gestión de este importante y complejo motor y dinamizador de nuestra oferta cultural nos permitirá seguir incorporando elementos que faciliten el control y que permitan adecuar los modelos que se estaban utilizando a nuevos sistemas que eviten los
pequeños desfases y fallos que se desprenden del presente estudio. Aprovechando su presencia y teniendo en cuenta que la fiscalización de la fundación referida al año 2001 ha sido promovida por iniciativa del Tribunal, quisiéramos conocer las
razones por las cuales consideraron importante incluir esta actuación dentro del programa de fiscalizaciones para el año 2002.
Por mi parte, voy a ser breve. No voy a entrar, señora Rodríguez, en temas que no son objeto de debate en esta reunión; simplemente me centraré en aquellos rasgos significativos que se desprenden de la elaboración del informe. Lo primero
que queremos manifestar es que no hay variaciones significativas en lo referido tanto al patrimonio como a la situación financiera del ejercicio económico del año 2001, lo que es un elemento positivo respecto a la eficiencia que debe presidir
toda gestión de recursos públicos. En cuanto a los diversos aspectos de la gestión coincidimos en que es necesario buscar sistemas que permitan conciliar la gestión de la venta en taquilla con la gestión contable y la de las ventas de
productos para evitar las compensaciones indebidas por las pequeñas diferencias de arqueo que se manifiestan en el informe.
Asimismo, se detecta un deficiente sistema de control interno en lo tocante a la valoración de existencias, tanto en
inventario como en supervisión final.
En cuanto al Paseo del Arte, es necesario una mayor coordinación entre la gestión de los tres centros para una mejor clarificación de los saldos de los abonos vendidos y lo que corresponde a cada uno de los museos o adoptar sistemas
informáticos o técnicos adecuados que permitan clarificar de un modo inequívoco las cantidades correspondientes a cada uno de ellos. Lo que sí nos resulta llamativo y sorprendente es lo referido a las visitas privadas y al alquiler de salones, ya
que no cumplen las normas aprobadas por el patronato en noviembre de 1992; en cuanto a tarifas, porque se aplican unas menores que las aprobadas; en el número de visitantes, porque multiplica por cuatro el número establecido en aquellas normas; y
en el alquiler del hall central, porque perdió su carácter de excepcionalidad. Sorprende en este caso que los responsables políticos del Partido Popular en aquellos años no detectasen esta situación y no modificasen las normas que rigen para la
gestión de estas actividades adecuándolas a las necesidades reales.
Sobre los apartados referidos a la dotación fundacional y ampliación del museo con la adquisición de dos edificios y a su remodelación, solamente quiero reseñar la conveniencia ya apuntada de señalar las aportaciones que el Estado destina
para compensar las diferencias entre ingresos y gastos. Por otra parte debo destacar las demoras sufridas en relación con las previsiones. Asimismo, sorprende que los contratos con las empresas adjudicatarias de demolición y rehabilitación de los
edificios fuesen suscritos después del inicio de las obras. Todo este cúmulo de incidencias y circunstancias derivó en modificaciones de plazos que retrasaron la previsión inicial de apertura en 13 meses, con todo lo que ello supone.
Agradecemos al presidente del Tribunal de Cuentas sus recomendaciones, las compartimos y serán el punto de partida para la realización de nuevas aportaciones que nos permitan avanzar en la mejora de la gestión y subsanar los errores
detectados, sobre todo en lo referido a la adecuación de las visitas privadas a la realidad de la práctica o de la demanda, que actualmente se produce mediante la revisión de las normas aprobadas en noviembre de 1992. La aplicación de los sistemas
de control y recomendaciones que nos hace nos permitirán avanzar más en la claridad de las cuentas de lo público, la transparencia, que consideramos fundamental y básico para las relaciones entre las instituciones y la ciudadanía.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, el continente y el contenido. Respecto al contenido, en el informe se dice que se trata de una colección cedida en préstamo; en cuanto al continente, hay una
ampliación y una contratación, y aquí es donde el Tribunal habla de esa contratación y destaca unas pequeñas deficiencias.
Cuando se hace una contratación, el Tribunal no puede estar diferenciando si lo que va dentro es una colección valiosa o no.
Dice que las reflexiones que se hacen están bien, y éste es un foro donde los criterios tienen que ser amplios, pero que en todo caso estima que esta información que se da aquí al hacer estos comentarios el Tribunal la procesa. Lo único que
yo puedo decir es que los miembros del Tribunal que han hecho estos informes como ponentes leen el 'Diario de Sesiones' y a esa valoración es a la que me tengo que remitir. Tengo la sensación de que cuando se hacen fiscalizaciones con temas
sensibles, como es la cultura o es la pintura, los propios ponentes lo tienen en cuenta. Sin embargo, si hay unas pequeñas deficiencias en la contratación, se trata de estar sometido a una norma y es lo mismo que haya una colección valiosa o que no
haya nada.
Otras observaciones. Razones por las cuales se ha incluido. En este momento es una fiscalización que ya fue probada en el 2003, esto se programó para el 2002, y procede de la renovación del pleno del Tribunal, donde hay un departamento que
se ocupa de fundaciones, y puede suceder que en ese momento el consejero haya dicho: tengo que seleccionar alguna fundación. Pero en este momento yo no tengo otra información, como a veces sucede: que esto es porque no ha rendido cuentas, por
ejemplo; que hubiera otras razones para singularizarlas. No tengo otra información.
Otra observación que se ha hecho es sobre las visitas privadas, el número de personas y de tarifas, que no respetan las normas del Patronato. Ya lo dice el
informe. Dice que se respeten las normas del Patronato o que el Patronato haga otras. Es un tema típico de control.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES, EJERCICIO 2001.
(Número de expediente Congreso 251/000057 y número de expediente Senado 771/000057.)
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto, pasamos al número 10: informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2001.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre este expediente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del Tribunal, en su sesión de diciembre de 2004, aprobó el informe de
fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2001. Como resultado de las comprobaciones efectuadas se deduce que las cuentas anuales del Instituto correspondientes al ejercicio 2001 reflejan en todos sus aspectos significativos la
imagen fiel de su situación financiero-patrimonial y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con los principios y criterios contables que le son de aplicación, si bien se han puesto de manifiesto una serie de incidencias, entre las que
destacan la falta de un inventario actualizado de la totalidad de los elementos del inmovilizado, la no contabilización de subvenciones recibidas en especie y la existencia de partidas de gastos e inmovilizado incorrectamente contabilizadas.
El análisis de los sistemas y procedimientos de control interno y de gestión aplicados por la entidad ha puesto de manifiesto que los manuales de procedimientos del Instituto Cervantes deben ser objeto de revisión, ya que una parte
importante de las actuaciones de la sede carecen de una norma escrita que establezca los procedimientos a seguir y la mayoría de las normas que se refieren a los centros están ya obsoletas. En el área de personal, la división de las plantillas
aprobadas para los centros del Instituto en dos categorías, en función únicamente de los alumnos matriculados en el centro, se revela en la práctica muy rígida. Además, el procedimiento seguido por el Instituto para la selección de su personal, en
la segunda y definitiva fase del mismo es completamente subjetiva y como única justificación queda un acta levantada por el comité de selección en el que se señala únicamente, y no en todos los casos, la puntuación final de cada uno de los
candidatos entrevistados, sin que quede constancia de cómo se llega a la misma, lo que impide que se pueda opinar sobre la razonabilidad de la selección realizada. La falta de acuerdo entre el instituto y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación para la liquidación de los ingresos y gastos procedentes de los exámenes del diploma de español como lengua extranjera, celebrados en centros dependientes de este ministerio, provoca una importante acumulación de saldos deudores y
acreedores en las cuentas del instituto.
Cuando en 1999 el Centro virtual Cervantes se planteó el desarrollo de un curso de español a través de internet, debería haber realizado un estudio del proyecto y de los costes que el mismo podía suponer,
así como los beneficios que su futura comercialización podía reportar al instituto, máxime teniendo en cuenta que el presupuesto del proyecto se ha incrementado desde 700.000 a 7.000.000 de euros.
Por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones que el Tribunal realizó en el anterior informe de fiscalización del instituto, correspondiente a los ejercicios 1992/1994, se ha constatado que en general ha llevado a cabo las
actuaciones necesarias para tratar de dar cumplimiento a las mismas. En el presente informe el Tribunal recomienda que el instituto disponga de un manual de procedimientos actualizado, de un inventario completo de bienes y derechos y de mayor
control sobre los saldos pendientes de cobro y pago y que establezca un acuerdo con el departamento ministerial para el proceso de liquidación de ingresos y de gastos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
A continuación abrimos el turno de preguntas y aclaraciones. En primer lugar tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor Nieto, por el extenso informe de fiscalización que nos han hecho llegar y por el que nos acaba de exponer.
La conclusión a la que la lectura muy detallada que hemos hecho de este informe nos lleva es que el Instituto Cervantes, aparte de alguna otra incidencia, lo que tiene es un problema de crecimiento. Bendito problema en este caso. Porque
las cifras de su crecimiento, de su actividad, son extraordinarias a la fecha que el Tribunal audita, y esperamos que lo sigan siendo. No sólo es el crecimiento en su implantación, en el número de alumnos y en el número de horas, que es bien
notable y ustedes lo recogen muy detalladamente en la página 35 del informe, cuando se pasa de menos de 20.000 matrículas al inicio a 66.000 en este momento, sino que la expansión del Instituto, las sedes y la actividad han sido muy grandes. Y hay
dos cuestiones que señala el Tribunal de Cuentas con acierto, la gestión de dos cuestiones nuevas: una, el Centro virtual Cervantes, que, como bien dice, debía haberse programado, puesto que ha tenido un desarrollo y unos gastos importantes, pero
es que ni la más optimista de las programaciones hubiera podido preverlo; quizás habría debido, pero parece que esta área tan joven, creada en 1998, ha desbordado las previsiones más optimistas en cuanto a su número de usuarios. Por tanto,
esperamos que sea corregido, no está siendo nada fácil la implantación, como toda la aplicación de las nuevas tecnologías, pero -y lo observa el propio Tribunal- ha sido una cuestión de crecimiento y de implantación.
Ha sido así también en lo que comúnmente conocemos como DELE, el diploma de español como lengua extranjera. Esto se gestionaba de una manera dispersa, ha tenido una demanda enorme y creemos que en este momento va a tener mucha más -ahora
diré por qué-, y sólo en 2002 asume el Cervantes la totalidad de la gestión de esta expedición de los diplomas de español como lengua extranjera. Antes, insisto, estaba dispersa. Unificar, tanto por las cantidades que se recaudan como por los
cursos que se imparten, las acreditaciones y el profesorado ha llevado un tiempo y parece que está en expansión. El otro día el director del Instituto Cervantes decía que era imposible de asumir por parte del Instituto, pero como reto es notable;
se trata de la formación de nada menos que 200.000 profesores en Brasil. La demanda en
este momento de estudio del castellano y de las otras lenguas españolas es extraordinariamente importante y por eso repito la cuestión de la crisis de crecimiento: si se sabe atender las recomendaciones del Tribunal, entre otras cosas,
posiblemente en muy poco tiempo podrá haberse subsanado y podrá cogerse una buena velocidad para el desarrollo. Sí quiero decir que una de sus recomendaciones es potenciar la unidad de auditoría interna y cómo el instituto, no sé a fecha de hoy de
este ejercicio, señala su imposibilidad de tener un tercer auditor interno; quizá convendría que nos ocupáramos de este presupuesto.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vallés.
El señor VALLÈS VIVES: A estas horas, señor presidente, intentaré ser breve.
La fiscalización del Instituto Cervantes se incluyó, como muy bien ha dicho el presidente del Tribunal, en el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2002 y, de acuerdo con las directrices técnicas aprobadas en su
momento, los objetivos de dicho informe pretendían examinar las cuentas anuales para el año 2001, el análisis de su actividad, tanto académica como cultural, y también el seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, como
consecuencia de otro informe previo de fiscalización del mismo instituto, aprobado con anterioridad al examen de los ejercicios 1999-1994. La primera pregunta que le quería formular al señor presidente, a diferencia de la pregunta anterior que le
hacía mi compañero con otro informe de fiscalización, se refiere a los motivos que llevaron al Tribunal de Cuentas a la realización de una nueva fiscalización del mismo ente, a iniciativa propia del Tribunal de Cuentas, transcurridos apenas seis
años desde la realización del anterior informe de fiscalización por parte del Tribunal. Entiendo que hay alguna singularidad, pero ¿tenía el Tribunal de Cuentas algún indicio de mala gestión o de contabilidad irregular del instituto para solicitar
o para incluir este informe de fiscalización en su plan anual de trabajo? Eso se lo pregunto porque entiendo que la probabilidad de que, por un sistema de muestreo, le vuelva a tocar una fiscalización a la misma fundación, en este caso al Instituto
Cervantes, debe ser bastante baja. En cualquier caso, también estaría bien saber cuál es la periodicidad en la que habitualmente se realizan informes posteriores sobre un mismo ente por parte del Tribunal de Cuentas. No estoy preguntando por una
media exacta de carácter anual, pero sí más o menos para tener una cierta sensación de proporcionalidad con relación a otros casos en que se realizan informes de fiscalización con carácter posterior.
Como decía el informe, se basa fundamentalmente en el análisis de las cuentas anuales y en el de la gestión, tanto de su actividad económica como cultural en sus distintas sedes. Del análisis de las cuentas cabe decir, como muy bien ha
dicho el presidente, en primer lugar, que, aunque éstas fueron presentadas a la Intervención General del Estado fuera del plazo legal establecido, lo cierto es que, a criterio del Tribunal de Cuentas, estas cuentas reflejan razonablemente la imagen
fiel de su situación financiera patrimonial y los resultados de sus operaciones. A pesar de ello, y aunque no existan graves irregularidades contables, sí se desprenden algunas deficiencias que deberían ser corregidas, deficiencias como que el
instituto no dispone de un inventario actualizado y completo, que para el control de los saldos pendientes de cobro y pago se utiliza un programa extra contable que, a juicio del Tribunal, es de poca fiabilidad, al no coincidir en algunos casos los
saldos reflejados en contabilidad; o que no se contabilizan en ningún lugar las subvenciones que han sido recibidas en especie. Entiendo en cualquier caso que estos son elementos de menor cuantía y que seguramente, de acuerdo con las
recomendaciones del propio Tribunal y de las propuestas de resolución que se puedan aprobar en esta Comisión, pueden ser fácilmente subsanables. Del análisis de la gestión de su actividad académica y cultural cabe destacar que algunos de sus
ámbitos son francamente mejorables. Así, como bien se ha dicho ya, los manuales de procedimiento deberían ser objeto de revisión, ya que la mayoría de las normas que se refieren a los centros están obsoletas, datan del año 1993, y desde entonces no
han sido modificadas en ningún caso para adaptarlas a los procedimientos en vigor. Sin duda este desfase temporal debería ser tenido en cuenta para mejorar esos manuales de procedimiento.
Se reflejan también algunas deficiencias que ya se han comentado aquí con relación al personal, a la distinta división de plantillas en función de las categorías del centro, que seguramente se revela como una práctica, en palabras del
presidente y también del propio informe, muy rígida; eso significa que algunos centros adolecen de personal subalterno, lo que implicaría que su trabajo tenga que suplirse por personal auxiliar. Hay también algunas deficiencias para la selección
del mismo personal; el informe del Tribunal de Cuentas considera que se utilizan criterios excesivamente subjetivos, y eso merecería ser corregido. En este mismo ámbito se detecta la necesidad de un mayor control sobre todos los centros de examen
del diploma español como lengua extranjera en general y fundamentalmente sobre los gestionados por los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores y Cooperación. Hay una importante acumulación de saldos deudores y acreedores en las cuentas del
instituto, como consecuencia de la falta de acuerdo entre el organismo y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la liquidación de ingresos y gastos procedentes de los exámenes del diploma de español.
Más destacable me parece el análisis que realiza el Tribunal de Cuentas sobre el proceso de creación y
puesta en marcha del proyecto Enlace, un proyecto que, como es bien sabido, consiste en la realización de cursos de enseñanza en español a través de internet y cuyo desarrollo ha ido sufriendo diversos cambios desde su aprobación allá por el
año 1998, debidos, entre otras razones, a la falta de modernidad de algunos de los aspectos tecnológicos sugeridos para la implantación de ese proyecto. El Tribunal de Cuentas destaca la mala planificación y previsión del proyecto Enlace, que no
estudió en ningún momento ni sus costes, ni los beneficios que podría obtener de su futura comercialización, lo que llegó a producir, y eso es más grave, un incremento del presupuesto inicial de 781.000 euros a siete millones y medio de euros
aproximadamente. Sobre este aspecto el Tribunal afirma que no se ha encontrado en ningún caso ningún estudio en el que se decidiera la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria del concurso para la activación y puesta en marcha de dicho
proyecto Enlace y el Instituto tampoco aporta en ningún momento, a pesar de algunas insistencias efectuadas por el propio Tribunal, ningún informe de estas características. Así lo dice en la nota a pie de página número 2, que aparece en la página
49 del informe de fiscalización. Mi pregunta sobre este aspecto es: ¿Debería haber habido un informe o un estudio de estas características? ¿Por qué lo solicita el Tribunal y por qué no actúa ante la falta de colaboración del instituto, que ni
menciona la existencia de dicho informe, que en el caso de ser preceptivo debería exigirse, en las alegaciones que el instituto formula al informe elaborado por el Tribunal de Cuentas?
Finalmente, con relación a los centros el Tribunal señala la debilidad de la unidad de auditoría interna en el seno del instituto, de forma que impide la visita de más centros al año y la auditoría de las principales actividades llevadas a
cabo por los servicios centrales del propio instituto. Esta y otras deficiencias, señor presidente, van a ser tenidas en cuenta por mi grupo e intentaremos reflejarlas en nuestras propuestas de resolución, que irán, como siempre, en la dirección de
mejorar la gestión, tanto de la actividad económica como cultural del Instituto Cervantes y de sus centros y sedes, para que pueda seguir cumpliendo, aún con mayor eficacia, el objetivo tan digno para el que fue creado. Además, este es un momento,
como decía antes la portavoz del Grupo Popular, en el que el instituto está experimentando un importante crecimiento, lo cual sin duda requiere que lo tengamos muy presente y que seamos capaces de transformar en propuestas de resolución dirigidas al
Gobierno, en este caso al instituto, estas recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas. ... (Página ) de realización de esta cristalización. Salvo que la motivación principal estuviera en querer comprobar las
recomendaciones del informe anterior, cosa que también se hace con frecuencia, máxime teniendo en cuenta que se trataba de un organismo en expansión, este presidente no tiene aquí otra información que le pueda servir al ponente para incluirla en el
plan de fiscalización. En cuanto al proyecto del Centro virtual Cervantes, ya dice el informe que debería haber realizado un estudio de los costes que debían suponer. Y no sólo eso, sino de los beneficios que le podía reportar, porque no es normal
pasar de un presupuesto de 780.000 euros a 7,5 millones.
Las recomendaciones del informe anterior, que se había apreciado algo muy importante en materia de informática sobre las matriculaciones y los convenios, parece que se ha comprobado, pero existe todavía, y aquí se ha dicho, la necesidad de
un control interno de los ingresos y otorgamiento de títulos. Muchas veces no se sabe a quién corresponde el de ingresos, si al instituto o al ministerio. Por otra parte, salvo algunas incidencias no relevantes, mi exposición empieza por decir que
las cuentas anuales del instituto son correctas. Y no tengo más consideraciones, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. Concluido el debate del último punto, el punto 10, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.