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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 12, de 28/09/2004
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 12
PARA RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC ANTICH OLIVER
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 28 de septiembre de 2004,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de la comparecencia acordada por la Mesa de la Comisión en su reunión de 21 de septiembre de 2004.
- Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas para explicar la situación de los procedimientos derivados de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella en los años 1991-1999. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Retirado. (Número de expediente del Congreso 212/000073 y número de expediente del Senado 713/000023.) ... (Página 3)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de los sectores públicos autonómicos y local, ejercicio 2000 (correspondiente al número de expediente 250/000016 de la VII legislatura). (Número de expediente del Congreso 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000003.)
... (Página 3)
- Moción relativa a las posibles soluciones legales y administrativas para que las entidades locales rindan sus cuentas de forma completa y en los plazos legalmente establecidos (corresponde al número de expediente 251/000118 de la VII
legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 773/000003.) ... (Página 6)
- Informe de fiscalización del cumplimiento por las empresas estatales de las obligaciones establecidas por la ley en relación con el patrimonio histórico o artístico exigibles en las obras públicas realizadas por aquellas entidades respecto
a las aprobadas o concluidas en los ejercicios 1999, 2000 y 2001. (Corresponde al número de expediente 251/000123 de la VII legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000007 y número de expediente del Senado 771/000006.) ...
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toledo, 1997 y 1998 (corresponde al número de expediente 251/000126 de la VII legislatura).
(Número de expediente del Congreso 251/000010 y número de expediente del Senado 7711000013.) ...
- Informe de fiscalización de las becas y ayudas de carácter general en el ámbito universitario (convocatoria general y de movilidad), ejercicio 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000031 y número de expediente del Senado
771/000031.) ... (Página 12)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre:
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 25 de mayo de 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000043.) ... (Página 14)
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 25 de mayo de 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000036 y número de expediente del Senado 771/000038.) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de Cantabria de 25 de mayo de 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000037.) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 25 de mayo de 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000038 y número de expediente del Senado 771/000039.) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de La Rioja de 25 de mayo de 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000040.) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a las Cortes de Aragón de 25 de mayo de 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000041.) ...
(Página
15)
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 25 de mayo de 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000035.) ...
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 25 de mayo de 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000036.) ...
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA ACORDADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar tenemos que ratificar la celebración de la comparecencia acordada por la Mesa de la Comisión en su reunión de 21 de septiembre de 2004, lo cual supongo que se puede hacer por asentimiento.
(Asentimiento.) Queda ratificada.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EN LOS AÑOS 1991-1999. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente del Congreso 212/000073 y número expediente del Senado 713/000023.)
El señor PRESIDENTE: Les informo que se ha pedido que se posponga el punto número 15, que se refiere al debate y votación de la PNL sobre irregularidades en el proceso de privatización de la empresa pública Initec, y el Grupo Popular ha
pedido la retirada del punto número 14, sobre la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas en relación con el Ayuntamiento de Marbella, porque en estos momentos hay en marcha distintas actuaciones del Tribunal de Cuentas.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE LOS SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICOS Y LOCAL, EJERCICIO 2000 (CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 250/000016 DE LA VII LEGISLATURA). (Número de expediente del Congreso 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000003.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el primer punto del orden del día sobre debate y votación de las propuestas de resolución. La primera sería la relativa al informe sobre los sectores públicos autonómicos y local, ejercicio 2000. Abriendo
ya el turno de intervenciones, y teniendo en cuenta que, según el orden de entrada en el Registro, la primera propuesta de resolución que entró fue la del Grupo Popular, tiene la palabra el Grupo Popular para su defensa. (El señor Vallès Vives pide
la palabra.)
Sí, señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Sólo una cuestión de orden, señor presidente.
Desearía saber si vamos a acumular las votaciones de las distintas propuestas de resolución al final o se va a hacer de forma individualizada en el tratamiento de cada
una de ellas.
El señor PRESIDENTE: Si SS.SS. están de acuerdo, podríamos acumularlas y proceder a la votación a las doce y cuarto.
Tiene la palabra el representante del Grupo Popular.
El señor BETETA BARREDA: Señorías, a la vista del informe del Tribunal de Cuentas, lo primero que hay que resaltar son las limitaciones que el propio Tribunal expone sobre su trabajo. La primera gran limitación, no como una excepción sino
con carácter general, es que la cuenta general no incluye la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados con indicación de los previstos alcanzados y del coste correspondiente, lo que supone una limitación a la
verificación de la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. También es de resaltar como otra de las limitaciones generales al alcance de la fiscalización elaborada para este periodo por
el Tribunal de Cuentas, la carencia en las comunidades autónomas, por regla general, de un inventario de bienes y derechos completo, actualizado y valorado; la no implantación en el ejercicio 2000 del Plan General de Contabilidad Pública en todas
las comunidades autónomas; así como la no elaboración por parte de otras comunidades de los estados financieros, de acuerdo con dicho plan, y no se permite, en consecuencia, el adecuado conocimiento de la situación patrimonial y de los resultados
económicos patrimoniales registrados en el ejercicio. Por otra parte, yo creo que no puede dejar de resaltarse el incremento que se produce en la falta de rendición de cuentas, especialmente de los organismos autónomos, pues del ejercicio de 1999
al del 2000 pasan de 3 a 58 los que no han rendido cuentas. La cifra ya de por sí es elevada, prácticamente la cuarta parte de los que tenían que haber cumplido dicha obligación, y si incluimos los que han rendido su cuenta fuera de plazo, se
evidencia que al menos el 70 por ciento están fuera del plazo correspondiente. Pero quizá lo que hace la cifra más preocupante, como antes indiqué, es la tendencia, es decir, el incremento respecto al ejercicio anterior.
En otro orden de cosas, también es patente la falta de homogeneidad en el tratamiento de las distintas cuentas por parte de las comunidades autónomas, que tienen su propio órgano externo de control. Entiendo que se debería trabajar en la
profundización y la homogeneización del tratamiento de las cuentas, así como ir buscando programas de fiscalización horizontales en todo
el territorio español. También sería deseable que se incrementara la fiscalización no de la mera legalidad simplemente, sino también de la eficiencia y la gestión de las distintas entidades, por lo que resultaría muy necesario implantar la
contabilidad analítica, lo cual sin duda nos daría a todos un instrumento valiosísimo para posibilitar dicho análisis.
En consecuencia con estas reflexiones, hemos presentado una serie de propuestas de resolución, de las que ya disponen todos los miembros de la Comisión, a través de las cuales proponemos que se lleven a cabo distintas actuaciones. La
primera insta al Gobierno a que se impulse, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la consecución de un mayor grado de homogeneidad en la elaboración de las cuentas a rendir por las distintas comunidades autónomas, superando las
deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su informe, lo que sin duda va a facilitar la agregación de los saldos contables y el seguimiento del déficit y el endeudamiento, entre otras magnitudes, del sector público autonómico.
También instamos al Gobierno a que, aplicando los instrumentos de colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas contemplados en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, se elabore un censo de las entidades que integran los sectores públicos autonómicos y local y prevea mecanismos permanentes de actualización, porque obviamente es un elemento que tiene que estar actualizado, ya que es muy viva
la creación de estos entes por parte de los distintos agentes, tanto autonómicos como locales.
Solicitamos también instar al Tribunal de Cuentas a que, aplicando los mecanismos legalmente previstos, exija el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas a los responsables de todas las entidades públicas de los sectores públicos
autonómico y local que no hayan rendido en los plazos establecidos. Ya hemos visto anteriormente cómo la tendencia no es precisamente positiva, y es bueno, por respeto a los ciudadanos, que a través de sus impuestos son los que vienen a financiar
el conjunto de las administraciones públicas, que todas ellas rindan las cuentas en tiempo y forma.
La cuarta resolución instaría al Tribunal de Cuentas a que, en coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, establezca un contenido común para el informe anual de cada comunidad y unos mismos criterios en la
actividad fiscalizadora que posibiliten un estudio comparado de los mismos. Es evidente que si no tenemos unos criterios comunes y unas normas mínimamente comunes, la agregación es difícil, la comparación es imposible y, en definitiva, no podremos
rendir el servicio al conjunto de los ciudadanos de informarles cómo se está gastando el dinero de sus impuestos.
La quinta propuesta insta al Tribunal a que, en la medida en que la disponibilidad de los medios lo permita, y en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, se incorpore en sucesivos programas anuales la
fiscalización singular de determinados ámbitos de la gestión del sector público autonómico, y ponemos una relación de posibles temas que son los que tienen mayor importancia, de carácter social y presupuestario, para las propias comunidades
autónomas.
Estamos en contacto con el Grupo Parlamentario Socialista sobre esta cuestión y estamos, naturalmente, abiertos, como ha indicado mi portavoz, a llegar a un acuerdo en esta materia a la hora redactar un texto conjunto que permita su
aprobación por los distintos grupos.
La sexta resolución instaría a la Intervención General del Estado a que impulse la publicación de una nueva instrucción contable de las entidades locales que, adoptando sus obligaciones contables su volumen de actividad, facilite la
elaboración de las cuentas anuales y su rendición al Tribunal de Cuentas. Esto tiene mucho que ver con la moción que veremos ulteriormente.
Finalmente, la séptima indica que se insta al Tribunal a que continúe en próximos ejercicios profundizando en el estudio comparado de la prestación de determinados servicios públicos de las entidades locales.
Volvemos otra vez a la línea de
la nueva teoría que hoy se está contemplando por el Tribunal de Cuentas y por los estudiosos en la materia de la conveniencia de ir analizando horizontalmente ramas de actividad de la Administración, porque eso sí puede permitir profundizar en la
mejora de las técnicas de gestión y un mejor conocimiento en profundidad de cómo funcionan realmente nuestras instituciones.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de sus propuestas de resolución.
El señor VALLÈS VIVES: Mi grupo parlamentario, de acuerdo con el examen del informe de fiscalización de los sectores públicos autonómico y local de 2000 y con las aclaraciones que formuló en su comparecencia el presidente del Tribunal de
Cuentas, formula un total de trece propuestas de resolución.
La primera propuesta solicita al Tribunal de Cuentas que analice las posibles soluciones legales y administrativas para que las fundaciones y consorcios rindan sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido.
Como ya expusimos en la anterior sesión de esta Comisión, se desprendía del informe del Tribunal de Cuentas un alto grado de incumplimiento en la presentación de las cuentas por parte de las fundaciones y consorcios. Por lo tanto, es coherente esta
primera propuesta de resolución en relación con lo que se desprende de los contenidos del informe.
La segunda propuesta insta a aquellas comunidades autónomas que aún no han implantado el Plan General de Contabilidad Pública a que lo efectúen en el plazo más breve posible. Es cierto que el informe es del año 2000 y
es posible que en la actualidad alguna de ellas ya lo haya realizado, pero, en cualquier caso, si se desprende que alguna de ellas aún no lo ha llevado a cabo, se insta a que lo hagan en el plazo más breve posible de tiempo.
La tercera propuesta insta a las comunidades autónomas a que imputen correctamente al presupuesto las variaciones netas de las operaciones de endeudamiento a corto plazo y a que imputen correctamente las operaciones a largo plazo.
La cuarta propuesta de resolución insta a las comunidades autónomas a que reconozcan adecuadamente los derechos en concepto de recursos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
La quinta propuesta de resolución insta a las comunidades autónomas a que reconozcan los derechos adecuadamente cuando esté acreditado el devengo de los ingresos correspondientes, especialmente cuando se trate de fondos estructurales de la
Unión Europea.
La sexta insta también a las comunidades autónomas a que procedan a un adecuado registro de los derechos pendientes de cobro, dada la importancia que tiene para el remanente de tesorería.
La séptima insta a las comunidades autónomas a que, en relación con las modificaciones de crédito, garanticen la suficiente cobertura financiera para atender los mayores gastos en incorporaciones y generaciones de créditos, y que aporten la
documentación exigida, especialmente la memoria que justifica la necesidad de las variaciones de los créditos y su incidencia en los objetivos programados.
La octava insta a las comunidades autónomas, en especial la de Galicia, la de Valencia y la Foral de Navarra, a llevar un registro adecuado de derechos pendientes de cobro, de obligaciones pendientes de pago y de los fondos líquidos. Es la
única propuesta de resolución que menciona expresamente a tres comunidades autónomas, pero, tal y como indica el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, no se hace como mero ejemplo sino que se singulariza a estas tres comunidades como
las únicas que en ese momento no llevaban adecuadamente este registro. De ahí que instemos expresamente a estas tres comunidades autónomas a cumplir esta resolución.
La novena insta también a las comunidades autónomas a que implanten sistemas contables de gastos con financiación afectada, de forma que permitan conocer la aplicación de los recursos obtenidos a través del endeudamiento a largo plazo a la
financiación de las correspondientes inversiones.
La décima insta a las comunidades autónomas a que cumplan con los requisitos regulados por la normativa aplicable en materia de subvenciones.
La undécima insta a las comunidades autónomas y a las entidades locales a que potencien la adjudicación de los contratos de obras públicas por el sistema ordinario de subasta.
La duodécima insta a los órganos de control externo de las comunidades autónomas y a las distintas diputaciones provinciales a incrementar sus esfuerzos en la tarea de ayuda a aquellos municipios que no disponen de medios propios para llevar
a cabo las recomendaciones emanadas del Tribunal de Cuentas. Como recordamos, el informe de fiscalización contemplaba un alto grado de incumplimiento en la elaboración de las cuentas por parte de algunos municipios, lo que era y sigue siendo
sorprendente, y de ahí que los órganos o las comunidades autónomas que gocen de órganos de control externo, y aquellas que nos los tengan a través de sus diputaciones provinciales, puedan ayudar precisamente a estos pequeños municipios que no gocen
de los recursos adecuados para llevar a cabo sus cuentas.
Finalmente, la decimotercera insta a aquellas administraciones que no hayan remitido la documentación solicitada por el Tribunal de Cuentas a cumplir las obligaciones que la normativa vigente les impone en relación con la puesta a
disposición del Tribunal de Cuentas de toda la documentación exigida por éste.
Estas serían las propuestas de resolución que formularía el Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso, me gustaría anunciar que mi grupo va a votar favorablemente las siete propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular,
siempre y cuando en la quinta se acepte una enmienda transaccional in voce que estamos negociando, pero que formularíamos en los siguientes términos. La propuesta de resolución quinta, pues, quedaría redactada de la siguiente forma: Instar al
Tribunal de Cuentas a que, en la medida en que la disponibilidad de medios lo permita, y en cooperación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, de acuerdo con el ámbito competencial de cada una de las instituciones,
incorporen en sucesivos programas anuales la fiscalización singular de determinados ámbitos de la gestión del sector público autonómico. Esta sería nuestra propuesta, que entendemos es más acorde y respetuosa también con la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en relación con la cooperación que debe existir entre los órganos de control externo autonómicos y el Tribunal de Cuentas. En la medida en que sea aceptada por el Grupo Popular, como le anunciaba antes, votaríamos a favor de
todas las propuestas de resolución, y en caso de no ser aceptada por el Grupo Popular, solicitaríamos la votación separada de cada una de las resoluciones.
El señor PRESIDENTE: Pediría que en todo caso estas propuestas se pasen por escrito a la Mesa. (El señor Beteta Barreda pide la palabra.)
¿Sí, señor Beteta?
El señor BETETA BARREDA: Nosotros aceptamos la propuesta de modificación que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en los términos en los que ha sido leída por su portavoz, y le solicitaríamos por nuestra parte que en su propuesta de
resolución número 8, creo que es la número 15 general, se retiraran los nombres específicos de las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que es más lógico dejar la formulación
en los términos generales, como se hace en el resto de las resoluciones, donde también vienen citadas específicamente otras comunidades autónomas.
Pero es que además en el propio informe se indica que no se dispone de una información
suficientemente contrastada que permita deducir el remanente de tesorería de esas comunidades, pero que las deficiencias observadas en cuanto al inadecuado registro de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago y de fondos
líquidos, se predican con carácter general de todas las comunidades autónomas. En consecuencia, no parecería razonable focalizar sólo en estas comunidades autónomas, que, vuelvo a decir, sí se citan, no es una exageración del portavoz del Grupo
Socialista -Dios me libre de llevar esa cuestión- porque lo he leído igual que él en el texto del propio Tribunal, y me parece más coherente que se haga una modificación en el sentido de eliminar los nombres de estas tres comunidades. El resto del
texto podría ir tal y como va, y en este sentido no tendríamos ningún inconveniente para votarlo. Todos sabemos que el que debe mejorar, obviamente, es el que no está cumpliendo con la normativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: En los términos en que ha sido planteado por el portavoz del Grupo Popular, mi grupo no tendría inconveniente en suprimir la referencia a estas tres comunidades autónomas, teniendo en cuenta, sin embargo, que el
propio Tribunal hace una mención específica y casi reducida a estos ámbitos territoriales. En cualquier caso, en aras de hacer una declaración más genérica, dirigida al conjunto de las comunidades autónomas, creo que podríamos llegar al compromiso
y por lo tanto al consenso de suprimir las referencias a estas tres comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: ¿En el turno de fijación de posiciones hay alguna petición de palabra? (Pausa.)
Señor Mardones, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Con gran brevedad intervengo para apoyar todas las propuestas que han presentado tanto el Grupo Parlamentario Popular, de la 1 a la 7, ambas inclusive, y las de la 8 a la 20, del Grupo Parlamentario Socialista, y
para hacer un comentario positivo respecto a la cuestión quinta. Ha dicho el portavoz socialista que va a ofertar una especie de enmienda transaccional al Grupo Parlamentario Popular. La vamos a respetar, por supuesto, vamos a apoyar que tengan el
consenso los dos grupos, porque llevar al Tribunal de Cuentas a que inste a estas corporaciones, entidades de las comunidades autónomas, en ámbitos muy específicos determinados -aquí se especifican los servicios sanitarios- lo vemos adecuado.
Tenemos en este momento un problema de cara a los Presupuestos Generales del Estado que es el déficit sanitario de las comunidades autónomas. La verdad es que cuando tratamos de comparar la gestión, el sistema de contabilidad, el sistema de control
que los órganos externos de las comunidades autónomas llevan al respecto, nos estamos encontrando con una disparidad de criterios. Es el caso, por ejemplo, del archipiélago canario, con la imputación a gastos de transferencias desde la
Administración central autonómica en los servicios sanitarios, en cuanto se produce una distorsión de las cifras de población protegida porque hay una incidencia fortísima de la población turística del área europea, donde hay convenios de Seguridad
Social, y no digamos ya nada con los inmigrantes, que distorsionan listas de espera, servicios sanitarios, etcétera. Nos encontramos que tratar de comparar las actuaciones del Tribunal de Cuentas en una comunidad autónoma o en otra produce unas
disparidades de criterio que se pueden subsanar con lo que plantea la propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Igualmente nos parece muy acertada la propuesta de resolución número 11 del Grupo Parlamentario Socialista de instar a las comunidades autónomas a que reconozcan adecuadamente los derechos en concepto de recursos procedentes del Fondo de
Compensación Interterritorial. Si no hay una norma común para todas las comunidades autónomas es imposible hacer comparaciones respecto a la eficiencia o eficacia.
Por supuesto, secundo la postura del portavoz del Grupo Popular respecto a la propuesta de resolución número 15 de no citar comunidades autónomas, como ya ha aceptado el Grupo Parlamentario Socialista. Nos parece muy adecuado, porque lo que
en una anualidad puede afectar a unas determinadas comunidades autónomas, en otra anualidad puede afectar a otras.
Por lo que refiere a la propuesta número 19 del Grupo Parlamentario Socialista, en el archipiélago canario es de una gravedad tremenda, porque hay ayuntamientos con trescientos vecinos empadronados, o del orden de los quinientos, que no
tienen medios para responder a una auditoría de las cuentas de sus presupuestos, y nos parece muy oportuno que haya un órgano de apoyo en este sentido. Quiero hacer una observación: las diputaciones provinciales en el archipiélago canario no
existen, son los cabildos insulares. Pedimos que se haga esa observación, porque los cabildos insulares canarios sí podían tener este papel que se quiere atribuir también al resto del Estado, donde existe la estructura orgánica de las diputaciones
provinciales.
Apoyaremos estas propuestas con nuestro voto, señor presidente.
MOCIÓN RELATIVA A LAS POSIBLES SOLUCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA QUE LAS ENTIDADES LOCALES RINDAN SUS CUENTAS DE FORMA COMPLETA Y EN LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000118 DE LA VII
LEGISLATURA). (Número de expediente del
Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 773/000003.)El señor PRESIDENTE: Una vez finalizado el debate del primer punto del orden del día, pasaríamos al segundo, que es la moción relativa a las posibles soluciones legales y
administrativas para que las entidades locales rindan sus cuentas de forma completa y en los plazos legalmente establecidos. Según el orden de registro, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Beteta.
El señor BETETA BARREDA: En la moción, el Tribunal presenta la preocupante situación de las corporaciones locales en cuanto a su rendición de cuentas y se aprecia el elevado número de las mismas que no lo hacen, como hemos podido ver en el
punto anterior. Pero es más, en el profundo análisis del Tribunal constatamos que en gran medida no se debe acusar de desidia a las administraciones, sino que en muchos casos existen circunstancias de complejidad que hacen, si no imposible, cuando
menos muy difícil para ciertas corporaciones el cumplimiento de sus obligaciones legales. Hay que tener en cuenta el mapa municipal español: el número de municipios en España asciende a 8.158, de los que más del 60 por ciento, es decir, 4.954,
tienen una población inferior a 1.000 habitantes, porcentaje que se eleva al 85 por ciento, es decir, 6.957 municipios, si consideramos a los que tienen una población inferior a 5.000 habitantes. La tendencia existente durante los últimos veinte
años no es la concentración de municipios, sino la paulatina creación de nuevos. La excesiva atomización municipal, en consecuencia, dificulta en este sentido la puesta en marcha de servicios públicos y de medios de control que ofrezcan las
suficientes garantías. Se observa que si se estratifican los municipios en función de la población, mientras que no habían rendido al Tribunal cuentas de dos o más ejercicios el 11 por ciento de municipios con población superior a 5.000 habitantes,
los de entre 1.000 y 5.000 se situaron en el 18 por ciento, y los de población inferior a 1.000 se sitúan en el 30 por ciento.
Respecto al cumplimiento de las obligaciones en los plazos legalmente establecidos, en el ejercicio 1998 solamente el 26 por ciento de los ayuntamientos rindieron sus cuentas antes del 15 de octubre de 1999, que es la fecha prevista en la
ley. Por lo que, en cumplimiento del mandato parlamentario, mediante la resolución de 8 de noviembre de 2000, a que examinen las posibles soluciones tanto legales como administrativas que hagan posible que aquellas entidades locales que o bien no
rinden sus cuentas o bien lo hacen de manera incompleta en los plazos y condiciones que establecen las leyes, entendemos que, efectuado dicho análisis, el Tribunal afirma, y creo que con razón, que del análisis, así como de los antecedentes sobre la
rendición de las cuentas de que se dispone y de la normativa reguladora en la materia, se deduce que las causas son diversas, y mientras que en algunos casos pudieran tener su origen en una falta de voluntad de cumplir con la exigencia legal, pocos,
en la mayoría de las situaciones el incumplimiento se derivaría más bien de la complejidad de los documentos y del procedimiento vigente establecido para la formación y rendición de la cuenta general, así como de la insuficiencia de los medios
personales y materiales de que disponen las entidades locales de menor dimensión. Por ello, el Tribunal efectúa en su moción propuestas en cinco ámbitos diferentes: uno, sobre la normativa en cuanto a la estructura de las cuentas; dos, sobre
normativa respecto a la tramitación y rendición de la cuenta general de las entidades locales; tres, en cuanto a la normativa estatal y autonómica sobre los plazos de rendición de las cuentas anuales de las entidades locales; cuatro, sobre la
normativa reguladora de la intervención local; y cinco, sobre la normativa respecto al deber y apoyo en colaboración de diputaciones provinciales y comunidades autónomas uniprovinciales y, como hemos escuchado hace unos momentos, también debería
hablar de los cabildos insulares.
Para la mejora de la situación de la rendición de cuentas, y vista la moción, nuestro grupo parlamentario presenta la siguiente propuesta de resolución: Instar al Gobierno a que incorpore a la normativa, en sus términos estrictos, las
propuestas que incorpora la moción del Tribunal de Cuentas, y segundo, instar al Gobierno a la creación de un registro oficial único en el que se depositen las cuentas rendidas y que posibilite el acceso a la información demandada por los distintos
destinatarios.
El señor PRESIDENTE: ¿En el turno de fijación de posiciones hay alguna petición de palabra? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Porque nos parecen acertadas, vamos a apoyar las propuestas y quiero destacar con cierto énfasis la segunda. Se acepta el reconocimiento de que en la estructura administrativa local canaria no hay diputaciones
provinciales sino cabildos insulares y el señor portavoz del Grupo Popular ya lo ha expuesto aquí para que se recoja. La segunda la creemos muy importante porque en este momento hay una masa impenetrable de datos con todas las cuestiones de las
cuentas rendidas, posiblemente porque falta un registro oficial único. Lo queremos apoyar porque esto permitirá colgar en internet una página web que permita de alguna manera el acceso por un registro oficial único. En cualquier parte de España se
deberá posibilitar el acceso a la información demandada, pero para eso tenemos el instrumento llamado internet y las páginas web correspondientes, que se pueden aplicar en cuanto exista un registro oficial único. El organismo competente que ostente
la protección jurídica del registro oficial único podrá colgar en internet la información
pertinente para que cualquier entidad, organismo o ciudadano tenga acceso a ella.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Vallès, recuerdo a SS.SS. que en las Islas Baleares también hay una especificidad, que son los consejos insulares, y que por lo tanto se tenga en cuenta también a la hora de
incorporarlos.
Tiene la palabra el señor Vallès, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VALLÈS VIVES: Nuestro grupo parlamentario, como ya anunciamos en la anterior sesión de la Comisión, en la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, compartimos y compartíamos las recomendaciones que se reflejan y
aparecen en esta moción. Y en la medida en que la confección de esta moción es consecuencia o se deriva de una demanda explícita del propio Parlamento, entendíamos que no hacía falta presentar propuestas de resolución. En cualquier caso, me
gustaría fijar posición en relación con las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular, anunciando que vamos a votar favorablemente la primera de ellas, en la medida en que insta al Gobierno a incorporar a la normativa en sus
estrictos términos las propuestas que incorpora en su moción el Tribunal de Cuentas, pero vamos a votar en contra de la segunda de ellas, respecto a la creación de un registro oficial único en el que se depositen las cuentas rendidas de las
entidades locales, pues si bien este registro facilitaría el acceso a las mismas de todos los interesados en ellas, en el estado actual en que se rinden no resultaría conveniente depositarlas sin que hubieran sido fiscalizadas previamente por los
órganos de control externo. Por eso estimamos que hoy por hoy es suficiente con la publicidad que se da a las cuentas locales en el trámite de información pública a que se someten para su aprobación. Por eso, y en la medida en que se mantenga esta
segunda propuesta de resolución, mi grupo pediría la votación separada de las dos propuestas y anunciamos el voto desfavorable a la segunda de ellas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LAS EMPRESAS ESTATALES DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO HISTÓRICO O ARTÍSTICO EXIGIBLES EN LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR AQUELLAS ENTIDADES RESPECTO
A LAS APROBADAS O CONCLUIDAS EN LOS EJERCICIOS 1999, 2000 Y 2001. (Corresponde al núm. 251/000123 de la VII Legislatura.) (Número de expediente del Congreso 251/000007 y número de expediente del Senado 771/000006.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: Informe de fiscalización del cumplimiento de las empresas estatales de las obligaciones establecidas por la ley en relación con el patrimonio histórico o artístico exigibles en las
obras públicas realizadas por aquellas entidades respecto a las aprobadas o concluidas en los Ejercicios 1999, 2000 y 2001.
Para defender las propuestas de resolución, tiene en primer lugar la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Como ya señalamos al comparecer el presidente del Tribunal de Cuentas para explicarnos y aclararnos cuestiones respecto a este informe de fiscalización, creemos que nos estamos encontrando ante un caso
verdaderamente atípico, porque la situación que señala el Tribunal en su informe pone de manifiesto tres hechos relevantes. En primer lugar, el de que la mayor parte de las empresas y concesionarios, sólo revisa en eso a los concesionarios de
autopistas públicas, no cumplen con las obligaciones que se derivan de la interpretación que el Tribunal da a la norma. Después, en sus alegaciones, las empresas y sociedades entienden que la norma no les es de aplicación. En tercer lugar, que el
ministerio interesado, y uso la palabra interesado voluntariamente, es decir, aquel que podría beneficiarse de los fondos que se derivan de la aplicación de la norma, no ha tomado iniciativas para reclamar esos fondos que en teoría se le deben.
Por eso decía, señor presidente, señorías, que nos encontramos ante una situación atípica, tanto por el incumplimiento generalizado que se denuncia como por su cuantía, porque es de cuantía muy importante lo que pudiera suponer poner en
marcha esta norma, y además porque ese importe total sobre el que gira ese 1 por ciento cultural de las obras en la actualidad es realmente muy superior al que era en el año 1985, en el que se aprueba esta ley para conservar nuestro patrimonio
histórico-artístico, y en la que se dice que el 1 por ciento del importe de las obras públicas se destina a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la creatividad artística. Por ello nos
ha parecido oportuno pedir que la situación se clarifique por los responsables, que si es necesario se adecúe la normativa a las necesidades y situación actual y, en cualquier caso, que se preserve el objeto de la Ley de patrimonio histórico
artístico español para su conservación y enriquecimiento.
Hacemos dos propuestas de resolución. La primera: Instar al Gobierno a que clarifique jurídicamente la aplicación de la Ley de patrimonio histórico artístico y su normativa de desarrollo en lo que se refiere a las aportaciones conocidas
como 1 por ciento cultural. La segunda: Instar al Gobierno y al Ministerio de Cultura a que la aplicación del 1 por ciento cultural, de acuerdo con las directrices de la comisión interministerial creada al efecto hace pocas fechas, se base en
parámetros
objetivos y, en cualquier caso, se destine a financiar inversiones que atiendan al objeto de la ley de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz.
El señor VALLÈS VIVES: Es evidente que estamos ante un caso en el que el Gobierno ya ha actuado de forma previa, incluso reaccionando a este informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas, visto el alto grado de
incumplimiento del llamado 1 por ciento cultural, como ya constatamos en la anterior sesión de esta Comisión, incluso antes del debate y su oportuna aprobación, votación, por esta Comisión de las propuestas de resolución que se pudieran aprobar, y
mediante Real Decreto 1893/2004, de 10 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 20 de este mes, se crea la comisión interministerial para la coordinación del 1 por ciento cultural, que, entre otras cosas, lo que pretende
hacer es precisamente objetivar el llamado 1 por ciento cultural, es decir, establecer parámetros objetivos para determinar la exigencia y también su adecuado destino. Por eso, vistas y analizadas las dos propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Popular, anunciamos que vamos a votar favorablemente las dos que se presentan, teniendo en cuenta, evidentemente que ya se está instando al Gobierno a realizar y a tomar medidas en una determinada dirección cuando éstas ya han sido tomadas;
en cualquier caso, como van en la misma dirección en la que pretende actuar el propio Gobierno, vamos a votar favorablemente las dos.
Nuestro grupo formula dos propuestas de resolución que yo me atrevería a decir que también van en la misma dirección. La primera de ellas consiste en instar al Gobierno a respetar y garantizar en el futuro, y también en relación con las
obras públicas que estén en curso, por tanto, una cuestión de inmediatez y otra de cara al futuro, se controle el cumplimiento por las empresas estatales de las obligaciones que en relación con la realización de obras públicas se establecen en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio histórico español.
La segunda propuesta de resolución consiste precisamente en comunicar a la recién creada comisión interministerial para la coordinación del 1 por ciento cultural, a la que me referí antes, las conclusiones del informe de fiscalización
elaborado por el Tribunal de Cuentas, así como las propuestas de resolución que se puedan aprobar en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿En el turno de fijación de posiciones hay alguna petición de palabra? (Denegaciones.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, 1997 Y 1998.
(Corresponde al núm. de expte. 251/000126 de la VII Legislatura.) (Número de expediente del Congreso 251/000010 y número de expediente del Senado 771/000013.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 4: Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toledo, 1997 y 1998.
Para defender las propuestas de resolución, tiene en primer lugar la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Señorías, este informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toledo de los años 1997 y 1998 plantea, como ya dijimos en la sesión anterior, problemas similares a los que se han visto y veremos en informes que
tenemos también encima de la mesa de otros ayuntamientos españoles. La solución no es que se sigan haciendo por el Tribunal de Cuentas fiscalizaciones sine die concurrentes y reiteradas sobre las mismas entidades, lo que sólo puede llevar al
colapso a las actuaciones del Tribunal, sino que esta Comisión debe instar al Tribunal a que culmine en el plazo más breve posible la moción que está llevando a cabo analizando los problemas estructurales, de organización, de gestión y de control de
que adolecen nuestras corporaciones locales con generalidad y, en su caso, proponer esas modificaciones normativas y de legislación que parece hacen falta en el sector. Igualmente, consideramos oportuno instar al Ayuntamiento de Toledo a que
instrumente, si no lo ha llevado a cabo, dado que la fiscalización se refiere a los ejercicios 1997 y 1998, las medidas oportunas para que mejore su sistema de control interno de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas
en su informe de fiscalización.
Por eso nosotros presentamos dos propuestas de resolución, que son sencillas atendiendo a las circunstancias especiales de las fechas y de lo que vemos dentro del expediente. La primera es instar, como decía, al Ayuntamiento de Toledo a que
tome las medidas oportunas para mejorar su sistema de control interno, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas. La segunda, instar al Tribunal de Cuentas a que culmine en el plazo más breve posible la moción que a
petición de esta Comisión está llevando a cabo, analizando, como decía, los problemas estructurales de organización, de gestión y de control, de que con carácter general adolecen nuestras corporaciones locales, para proponer las oportunas
modificaciones en las normas y en la legislación pertinente. En este sentido, ya anuncio que después de que presente sus resoluciones el portavoz del Grupo Socialista yo intervendría, porque no estamos muy de acuerdo con el enfoque que le han dado
a las resoluciones sobre este expediente de
fiscalización, por diversas razones; pero bueno, que ellos expliquen cuál es su postura sobre esto.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Agustín Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Yo no puedo dejar de compartir que hay muchos problemas, y en ese sentido parece oportuno instar al Tribunal de Cuentas a que, conforme a la moción que está presentada por la Comisión, se lleve a cabo el análisis de
los problemas que tienen los ayuntamientos para cumplir con sus obligaciones contables y de todo orden. No obstante, desde luego, a nosotros nos parece que el Ayuntamiento de Toledo presenta notables singularidades que se ponen de manifiesto
claramente en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, repasando algunos de los puntos el Tribunal de Cuentas dice que las cuentas y estados anuales no reflejan la realidad, no reflejan la realidad financiera y contable
patrimonial del Ayuntamiento de Toledo. Esto no se puede predicar con carácter general de todos los ayuntamientos, una cosa es que en los ayuntamientos haya dificultades financieras y otra distinto que las cuentas no reflejen lo que debieran de
reflejar. Quiero recordar que dice que en el inmovilizado, en el material, hay bajas por valor en venta que no corresponden con las normas contables; que en el inmaterial se han metido gastos que deben de ir al grupo 6, que es el grupo de gastos
en el Plan General de Contabilidad. En las infraestructuras también se incluyen cantidades que debieran de haber ido al grupo 6. El inmovilizado financiero está incompleto. En los derechos incobrables existe una diferencia notable de 1.370
millones. En los acreedores presupuestarios no contabilizados existen unas diferencias de 470 millones. El remanente es negativo en más de 1.850 millones que lo que resulta de la contabilidad. Es decir, existen notables dificultades, existen
particularidades muy especiales en el Ayuntamiento de Toledo. Por otro lado, recuerdo también que de los siete contratos que examinó el Tribunal de Cuentas, justamente los siete eran defectuosos en contratación. En muchos había una oferta anterior
a la publicación del anuncio de concurso, lo cual desde luego es notablemente incorrecto. Los procedimientos negociados eran improcedentes. Existían reformados continuos. Existen ofertas ficticias de reducción de plazos. Existen criterios de
adjudicación de contratos infringiendo la normativa nacional y directivas europeas. No se explicita la ponderación de la adjudicación y pudieran apreciarse desde luego defectos también de predeterminación en la adjudicación. En esas condiciones,
decir que todos los ayuntamientos están exactamente igual, me parece que es absolutamente injusto.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Toledo ha aprobado un plan financiero de saneamiento que ha incumplido sistemáticamente, como pone de manifiesto el punto 4.3,3 del informe del Tribunal de Cuentas. Además, este grupo ha tenido conocimiento
de que en la última cuenta general cerrada por la corporación, la del año 2003, ha habido un déficit de 15 millones de euros, duplicando el que existía en el año 2002. Igualmente, se ha tenido conocimiento de un informe de control financiero del
año 2002, que se ha presentado en el año 2003, donde se recoge que existen importantes deficiencias e irregularidades en la elaboración y ejecución del presupuesto, incoherencia presupuestaria, volumen de modificaciones de crédito, rigidez del gasto
corriente en la contratación, en especial volumen de contratos tramitados mediante procedimiento negociado sin publicidad, sistemas de contratación que elevan el precio del contrato, ineficacia presupuestaria en obras... Estoy diciendo cosas que
figuran en ese informe. En el área de festejos, retiración de terceros, ejecución de gastos no aprobados en los presupuestos, fraccionamientos que ocultan una gestión integral de las fiestas, etcétera. Por si esto fuera poco, ha habido
recientemente una sentencia del Tribunal Suprema, dictada en este mismo año 2004, que ha anulado el concurso que en 1996 adjudicó la concesión del servicio de aguas a Aguas de Toledo, y se ha manifestado por la portavoz del equipo de Gobierno la
voluntad de proceder a una nueva adjudicación de dicha concesión, pero inicialmente se lo han dado a la misma. En estas circunstancias, decir que el Ayuntamiento de Toledo está entre los ayuntamientos que actúan con normalidad me parece que es
absolutamente incorrecto. No solamente es que en los años 1997 y 1998 el Ayuntamiento de Toledo no respondiera a un funcionamiento normal del conjunto medio de los ayuntamientos de España, sino que ha empeorado sensiblemente desde que se hizo esa
fiscalización hasta el momento actual.
Eso nos lleva a nosotros a presentar las propuestas de resolución, que sencillamente van en el sentido de que el Ayuntamiento de Toledo debe tomar alguna medida:
Instamos al Ayuntamiento de Toledo a la inmediata adopción de cuantas medidas sean necesarias para que las cuentas y estados anuales reflejen su verdadera situación financiera y patrimonial. Instamos al Ayuntamiento de Toledo a que de una
vez por todas cumpla el Plan financiero de saneamiento ya aprobado, es decir, a ajustar los presupuestos que hayan de aprobarse a las medidas recogidas en dicho plan y a no concertar operaciones de crédito por importe superior al límite establecido.
Instamos al Ayuntamiento de Toledo a que no se incluyan, entre los que han de servir de base para la adjudicación de concursos, criterios contrarios a los principios de no discriminación e igualdad de trato en la selección de adjudicatarios, tal
como se lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas. Instamos al Ayuntamiento de Toledo al estricto cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el concurso que ha adjudicado la concesión del servicio de aguas a Aguas de
Toledo, y que se establezca una nueva legislación que respete escrupulosamente lo establecido en la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Instamos al Ministerio de Economía y Hacienda a que compruebe, antes de conceder autorización al Ayuntamiento de Toledo para una nueva operación de crédito, que dicha entidad cumple
estrictamente las medidas contenidas en el último Plan Financiero de Saneamiento aprobado. Instamos al Tribunal de Cuentas a que requiera al Ayuntamiento de Toledo para que remita nada más que se celebre, en su caso, por su importancia, un nuevo
contrato de adjudicación de la concesión del servicio de aguas. Por último, instamos al Tribunal de Cuentas a que, vistas estas singularidades tan especiales del Ayuntamiento de Toledo, incluya en el programa de actuaciones para el año 2005 la
fiscalización de la actividad económico-financiera de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.Reitero que desde luego, sin perjuicio de reconocer que existen dificultades para muchos ayuntamientos, desde luego es evidente que el comportamiento
del Ayuntamiento de Toledo para nada tiene que ver o para nada refleja un comportamiento general del resto de los ayuntamientos de España.
¡Faltaría más! Yo creo que este ayuntamiento tiene unas singularidades muy importantes, y desde luego el
comportamiento del ayuntamiento en absoluto es el mismo que el del resto de los ayuntamientos de España.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRRER: Yo mantenía un tono un poco diferente, pero es lo mismo, yo no he dicho que vamos a votar en contra de todas las resoluciones que propone el Grupo Parlamentario Socialista, porque aquí hay resoluciones muy
acordes con el texto del informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Toledo en los años 1997 y 1998, que son los que hacen al caso, y no informes económicos financieros sobre el 2003. Por cierto, señoría, me ha sorprendido positivamente cómo
le preocupa que el Ayuntamiento de Toledo tenga déficit. Yo creí que a ustedes les importaba un poco menos que las entidades públicas tuvieran sus cuentas equilibradas.
En relación con el informe de fiscalización, vuelvo a decir, del Tribunal de Cuentas y las resoluciones que nos plantea el Grupo Socialista, estamos plenamente de acuerdo con la primera, la que hace el número 3 de orden, en donde se insta al
Ayuntamiento de Toledo (que conste que no me gustan los adjetivos, ni la inmediata adopción, ni de una vez por todas, pero, en fin, éste es el literal de las resoluciones) a que adopte las medidas necesarias para que sus cuentas y estados anuales
reflejen fielmente la verdadera situación financiera y patrimonial de la entidad local; o sea, pediríamos votación separada, porque con ésta estaríamos de acuerdo. Yo recuerdo a SS.SS. que le hice una pregunta expresa al presidente del Tribunal
de Cuentas en donde le dije si habían encontrado indicios de responsabilidad contable, y él dijo, me parece, que, salvo una cuestión pequeña, que no habían encontrado ninguno.
En la segunda resolución, la que hace el número 4, instar al Ayuntamiento de Toledo al estricto cumplimiento de una vez por todas del último Plan Financiero de Saneamiento, la verdad es que no sé a qué último Plan Financiero de Saneamiento
se refieren, no sé si al de aquellos años. Me parece que esta obligación se ha quedado un poco obsoleta y, como tal, no votaríamos a favor.
La tercera, instar al Ayuntamiento de Toledo a no incluir, entre los que han de servir de base para la adjudicación de concursos, criterios contrarios a los principios de no discriminación, aunque es un poco confusa, entendemos que sus
pliegos de bases tengan principios de no discriminación, por lo que votaríamos a favor.
En la siguiente, que es el estricto cumplimiento (con cumplimiento vale) de la sentencia del Tribunal Supremo, por supuesto, ¡faltaría más!, supongo que el Ayuntamiento de Toledo atenderá a una sentencia del Tribunal Supremo; pero, por
obvia, no podemos decir nada diferente.
En la quinta, la que hace el número 7, de conceder autorización para la concertación si tienen un último plan de saneamiento aprobado, eso siempre lo ha hecho el Ministerio de Economía y Hacienda, y estamos de acuerdo. Sin embargo no
estamos de acuerdo en las dos últimas y lo explico. En primer lugar porque los contratos importantes de los ayuntamientos ya se fiscalizan en los informes generales de contratación de corporaciones locales, por lo que en principio no nos parece
necesaria. Y la siguiente, de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 20002 y 2003, por lo que decía con anterioridad. Respetando, cómo le diría yo, señoría, presidente, nuestra competencia, obviamente, para marcarle el trabajo al Tribunal de Cuentas,
mandar hacer fiscalizaciones de cinco ejercicios a un ayuntamiento o ponerle las tareas, en eso debemos de ser lo más prudentes posible e intentar adelantar en el tiempo para ver cuál es la situación. Si las cuentas del Ayuntamiento de Toledo, como
dice S.S., tienen tantos problemas, a mí no me cabe duda de que el Tribunal de Cuentas a lo mejor coge la fiscalización del año 2002 o la fiscalización del año 2003 para barrer hacia detrás, pero mandar que fiscalicen cinco años y que cuando venga
el bloque de ayuntamientos, y S.S. los ha visto, volvamos a tener por igualdad de trato que pedir la fiscalización de todos los años que han transcurrido desde esas fechas hasta ahora en su mayor, a mí me parece sobrecargar de una manera demasiado
grande lo que son las actuaciones del Tribunal. Por eso, y repito, apoyaríamos las resoluciones 3, 5, 6 y 7 de la propuesta y votaríamos en contra el resto.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Turiel del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor TURIEL SANDÍN: En general lo ponemos desde luego es aceptable, al margen de que podamos estar de acuerdo. Si en la resolución número 2 que propone el Grupo Socialista, el problema es porque se dice de una vez por todas, pues
obviamente nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Si la representante del Grupo Popular es el único inconveniente que encuentra para votar nuestra propuesta número 2 es que se pone de una vez por todas, desde luego denla por eliminada, que no
hay problema. Desde luego la número 2 queda suficientemente clara para poderla apoyar, es decir, el último Plan financiero de saneamiento aprobado parece ser que lo menciona el informe del Tribunal de Cuentas, obviamente, ha podido aprobarse alguno
después. El informe es relativamente reciente y desde luego existen razones para entender que el último Plan financiero de saneamiento aprobado es el que se menciona en el informe del Tribunal de Cuentas. En todo caso, habrá uno. Yo creo que
eliminando ese término de una vez por todas, la propuesta número 2, 4 en el cómputo general, puede ser aceptable. Nosotros estaríamos dispuestos a retirar el de una vez por todas.
En la propuesta número 4 nuestra, la 6 general, tampoco hay ningún problema en eliminar la palabra estricto; es decir, si el problema es que parece que estricto fuera muy duro, pues... Las razones por las que se puso el estricto es, ya lo
expliqué antes, porque parece ser que la portavoz del Partido Popular en Toledo más o menos de alguna manera estuviera dando a entender que va a volverse a proceder a una adjudicación a la misma empresa. Es decir, las declaraciones en la prensa de
esta portavoz eran en ese sentido y por eso se puso la palabra estricto. No obstante, desde luego, no existe ningún inconveniente en retirar la palabra estricto.
En cuanto al que el Ministerio de Hacienda lo comprueba, debería de comprobarlo, pero no está de más instárselo.
Respecto a la última propuesta, si la portavoz del Grupo Popular entiende que efectivamente es una carga excesiva poner cinco años y que le vale con los años 2002 y 2003, estaríamos dispuestos desde luego a aceptar que la fiscalización se
haga de los años 2002 y 2003, eliminando la fiscalización de los años 1999, 2000 y 2001. Eso desde luego me parece que es lo transaccional que se puede ofertar.
Si está de acuerdo el portavoz del Grupo Popular, procederíamos a eliminar estos términos.
El señor PRESIDENTE: Pregunto al Grupo Popular si está de acuerdo con las propuestas que se han hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Nuestra votación sería, a la resolución número 3, favorable; la 4 es que nos parece, tal como y como está, oportuna; la 5, como está; la 6, como está, si quieren dejar estricto no tenemos ningún inconveniente;
la 7, como está; y seguiríamos votando desfavorablemente a la 8 y a la 9, por las razones que he expuesto con anterioridad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS BECAS Y AYUDAS DE CARÁCTER GENERAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO (CONVOCATORIA GENERAL Y DE MOVILIDAD), EJERCICIO 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000031 y número de expediente del Senado
771/000031.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5 del orden del día: Informe de fiscalización de las becas y ayudas de carácter general en el ámbito universitario.
Para defender las propuestas de resolución, tiene la palabra la señora Rodríguez por parte del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Como ya señalamos en la reunión anterior, el Tribunal de Cuentas ha realizado un detallado informe en relación con las becas y ayudas de carácter general en el ámbito universitario atendiendo a los siguientes
aspectos: la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable, la comprobación de la gestión económica financiera de las becas y si se ha realizado conforme a los principios y normas contables que le son de aplicación para evaluar el
contenido y variaciones producidas en la formalización de las convocatorias y analizando los procedimientos administrativos de otorgamiento y de control y seguimiento posterior.
Del análisis del informe, de sus conclusiones y recomendaciones se deduce que en un campo tan importante, tanto cualitativamente (igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes) como cuantitativamente (680 millones de euros y más de 350.000
alumnos implicados), hay una serie de mejoras a efectuar que darán como resultado la ejecución de forma más eficaz y eficiente de los créditos dotados en cada ejercicio presupuestario. Por eso este grupo parlamentario ha presentado las siguientes
propuestas de resolución.
La primera: Instar al Gobierno y el Ministerio de Educación y Ciencia a que revisen el real decreto por el que se regula el sistema de becas y de ayudas personalizadas, y adecúen las órdenes ministeriales de convocatorias y procedimiento de
concesión en el sentido indicado por el Tribunal de Cuentas.
La segunda: Instar al Ministro de Educación y Ciencia a que estudie la posibilidad y, en su caso, ponga en marcha una base general de becarios y becas y amplíe y sistematice los controles sobre muestras de expedientes que comenzó en el
curso 2000-20001, a los efectos de garantizar que se cumplen todos los requisitos de concesión y beneficiarios de las becas.
Y la tercera: Instar al Ministerio de Educación y Ciencia a que tome las medidas oportunas y realice las
actuaciones que estime necesarias para que los procedimientos a llevar a cabo por las universidades se realicen de la manera más segura y eficaz posible para evitar los problemas a que hace referencia el informe del Tribunal de Cuentas.
En este sentido son muy parecidas, pero diferentes, claro, porque las hemos escrito con diferentes manos, a las resoluciones que hace el Grupo Parlamentario Socialista. Yo pongo encima de la mesa, ellos también se refieren a las
universidades, que quizá haya sido la resolución que en su redacción más dudas nos haya planteado. Sin embargo, del análisis y de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, se deduce que también el procedimiento que se llevó a cabo en las
universidades se podría mejorar en aras de esa eficacia y esa eficiencia. Por eso nos ha parecido oportuno recogerla en nuestras propuestas de resolución y nos congratulamos de que también el Grupo Parlamentario Socialista lo haya recogido, lo cual
significa que estamos todos preocupados e interesados en que estos procedimientos se corrijan.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Luis Miguel Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Ya manifestamos en la comparecencia anterior la importancia que para nosotros tenía que este tema funcionase adecuada y correctamente. El informe detectaba muchas irregularidades, era un informe del 2001 y por
tanto lo primero que hicimos fue realizar a partir de aquí las comprobaciones pertinentes para saber qué cosas ya se podían haber subsanado dentro de las recomendaciones que hacía el Tribunal. A partir de aquí nosotros ya hicimos las propuestas de
resoluciones que hoy presentamos aquí a todos ustedes.
La primera propuesta era instar al Ministerio de Educación y Ciencia para que articule los mecanismos necesarios para elaborar un estudio técnico sobre la posibilidad de disponer de una base de datos general de becarios y becas que integre a
todos los becarios, a todos los componentes de las becas y a las distintas notificaciones durante todo el ciclo de la gestión del expediente, incluyendo tanto su otorgamiento como su denegación.
La siguiente: Instar al Ministerio de Educación y Ciencia para que, si una vez realizado dicho estudio técnico éste demuestra su viabilidad, aporte las soluciones técnicas para su puesta en marcha.
La tercera sería: Instar al Ministerio de Educación y Ciencia para que encomiende, a su vez, al conjunto de las universidades públicas el desarrollo de procesos de validación y control de la calidad de las solicitudes recibidas por estas,
con carácter propio y con el objetivo final de optimizar y mejorar el sistema de gestión de becas.
Y la cuarta sería: Instar al Ministerio de Educación y Ciencia a que habilite los medios humanos y materiales necesarios para que las unidades administrativas correspondientes puedan proceder a la consolidación y sistematización del control
del seguimiento de una muestra de expedientes por parte de la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa, que elevará las conclusiones a las universidades afectadas para que puedan subsanar las deficiencias detectadas.
En relación a las propuestas que presenta el Grupo Popular, que coinciden en gran medida con las nuestras, votaríamos a favor de la segunda y de la tercera, no estando en este momento en disposición de votar a favor de la primera, ya que
consideramos que la posible revisión del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, está supeditada a una discusión más en profundidad sobre las competencias en materia de becas, que de conformidad con el real decreto continúa ejerciendo en este
momento el Ministerio de Educación y Ciencia.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. ¿Hay alguna petición de palabra? No hay petición de palabra y por lo tanto esperaremos un momento a que sean las doce y cuarto, porque dimos esa hora para iniciar las votaciones.
(Pausa.)
Vamos a proceder ya a las votaciones.
En primer lugar, en cuanto a las propuestas de resolución del primer punto del orden del día, empezaríamos por las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, entendiendo que la propuesta 5 quedaría de la
siguiente forma: Instar al Tribunal de Cuentas para que en la medida en que la disponibilidad de medios lo permita, y en cooperación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, de acuerdo con el ámbito competencial de cada una
de las instituciones, incorporen en sucesivos programas anuales la fiscalización singular de determinados ámbitos de gestión del sector público autonómico.
Teniendo en cuenta esta transaccional, iniciamos la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasaríamos a la votación de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Había dos transacciones. Una propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Socialista, y 15 de entrada, que era retirar de la propuesta lo que eran los nombres de las comunidades autónomas.
La número 12, y 19 de entrada, era añadir los cabildos y los consejos insulares.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasaríamos a la votación de la moción relativa a las posibles soluciones legales y administrativas para que las entidades locales rindan sus cuentas en forma completa y en los plazos legalmente establecidos.
Hay un solo grupo de propuestas de resolución del Grupo Popular y entonces yo creo que tiene que haber votación separada. Votaríamos en primer lugar la primera propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasaríamos a la votación de la segunda propuesta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: La segunda propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular quedaría rechazada.
Pasamos a votar el tercer punto del orden del día: Informe de fiscalización del cumplimiento por las empresas estatales de las obligaciones establecidas por la ley en relación a patrimonio histórico artístico.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular ¿Hay alguna petición de votación separada? (Denegaciones.) Se podrían votar entonces conjuntamente la primera y la segunda.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votación de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad las dos propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a votar el punto 4 del orden del día: Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toledo.
Pasaríamos en primer lugar a la votación de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular. ¿Hay alguna petición de votación separada? (Pausa.) Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
En relación a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, si no he entendido mal, habría petición de votación separada de las propuestas número 4, 8 y 9. Pasamos a votar en estos momentos las propuestas
números 3, 5, 6 y 7.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación votamos las propuestas 4, 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; votos en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a continuación a votar el punto número 5 del orden del día: Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de las becas y ayudas de carácter general en el ámbito universitario. En primer lugar votamos las
propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Hay petición de votación separada de la segunda y la tercera. En primer lugar, votamos la primera propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las propuestas segunda y tercera, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Hay petición de votación separada? (Pausa.) Pasamos a votarlas agrupadamente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE:
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES LOCALES DE 25 DE MAYO DE 2003. (Número
de expediente del Congreso 251/ 000035 y número de expediente del Senado 771/000043.)- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA DE 25 DE MAYO DE 20003. (Número de expediente del
Congreso 251/000036 y número de expediente del Senado 771/000038.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANTABRIA DE 25 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000037.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DE 25 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000038 y número de expediente del Senado 771/000039.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LA RIOJA DE 25 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000040.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE ARAGÓN DE 25 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000041.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA DE 25 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000035.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 25 DE MAYO DE 2003. (Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000036.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar la sesión. En primer lugar, damos la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, que viene a informarnos de toda una serie de cuestiones. He de decir que vamos a ver conjuntamente el
resto de los puntos del orden del día; por lo tanto, vamos a agrupar el informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 25 de mayo de 2003 con la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a las asambleas
regionales de Murcia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Extremadura y las del Principado de Asturias. Para informar sobre todos y cada uno de estos expedientes, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas gracias, señor presidente. Siguiendo ya el modelo de presentación de estos informes de otras elecciones, los informes de fiscalización de las contabilidades electorales
presentados por las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones locales y a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Murcia, celebradas el 25 de mayo
de 2003, fueron aprobados por el Tribunal el 22 de junio de 2004. En la misma fecha se celebraron también elecciones en otras seis comunidades autónomas que cuentan con órganos de control externo, los cuales se han encargado de la respectiva
fiscalización.
Comenzando por la contabilidad de las elecciones locales, el número de formaciones políticas que se han presentado se eleva a 763. Los resultados de su fiscalización se exponen de forma detallada para las 134 formaciones con mayor
implantación, y de forma sintética para las 629 restantes. El gasto total declarado asciende a 51 millones de euros, de los que 50 corresponden a las formaciones con mayor implantación. Las formaciones políticas que, pese a haberles sido recordada
la obligación de remisión, no han presentado la contabilidad electoral, suponen un total de 697, la mayoría tienen pequeña implantación y generalmente sólo han concurrido en un municipio. El Tribunal de Cuentas, considerando que el incumplimiento
de la presentación de la contabilidad les impide declarar el importe de los gastos justificados, ha resuelto proponer la no adjudicación de las subvenciones contempladas en la normativa electoral para todas aquellas formaciones políticas que no han
rendido la contabilidad electoral.
De las contabilidades recibidas hay que destacar un adecuado seguimiento en general de los criterios técnicos aprobados por el pleno del Tribunal sobre determinados aspectos de la fiscalización de las contabilidades electorales y sobre la
documentación a remitir por las formaciones políticas. En tres formaciones políticas se han producido excesos sobre algunos de los límites de gastos contemplados en la normativa electoral para el supuesto de concurrencia de procesos electorales.
Asimismo, en otras 14 formaciones se han producido excesos sobre alguno de los límites de gastos contemplados para el caso de que se presente sólo a las elecciones locales. En todos los casos dichos excesos se han considerado a efectos de la
propuesta de reducción de la subvención electoral, salvo para dos formaciones a las
que no les corresponde percibir subvención al no haber justificado ninguna de las operaciones de gasto.
En la mayor parte de las formaciones políticas, especialmente en aquellas con menor implantación, las aportaciones privadas declaradas carecen de alguno de los requisitos sobre identificación exigidos en la normativa electoral; y en algunas
formaciones políticas no está acreditado documentalmente el origen de los fondos aportados por el partido a su propia campaña electoral, lo que dificulta la fiscalización del cumplimiento de las restricciones legales establecidas para los recursos
procedentes de la financiación privada. En otros incumplimientos de la normativa electoral se destaca la realización por algunas formaciones políticas de gastos electorales en emisoras de televisión local por ondas terrestres, prohibidos por la Ley
orgánica 14/1995.
El informe destaca también la falta de apertura de cuentas específicas en entidades bancarias para la realización de los ingresos y gastos electorales, por parte principalmente de formaciones de menor implantación, y el mantenimiento en la
mayoría de las formaciones de obligaciones pendientes con proveedores y acreedores con posterioridad al límite temporal para disposición de los saldos de las cuentas corrientes electorales. En cuanto a las obligaciones de terceros contempladas en
la normativa electoral, se ha incumplido por algunas entidades financieras la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas información detallada de los créditos electorales concedidos, y en mayor medida por parte de las empresas que han facturado
gastos electorales superiores a 6.010 euros.
Teniendo en cuenta los resultados de fiscalización de cada formación, el Tribunal de Cuentas ha indicado en todos los casos si formula o no alguna de las propuestas previstas en el artículo 134.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General. En consecuencia, además de la propuesta referida a la no adjudicación de subvención a las formaciones políticas que no han rendido contabilidad electoral, se han formulado 36 propuestas de reducción por un importe total de 102.859 euros.
El resumen de los gastos electorales justificados por el Tribunal de Cuentas y las respectivas propuestas formuladas se detallan en un anexo al informe.
Por último, en el informe sobre contabilidad de las elecciones locales, además de reiterarse las propuestas sugeridas, expresadas en la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos
políticos, se incluyen diversas recomendaciones entre las cuales destacan las siguientes: armonizar la normativa electoral, estatal y autonómica; desarrollar o modificar determinados aspectos de la regulación del límite de gastos y de la
cuantificación de la subvención a percibir por los envíos de propaganda electoral; establecer un régimen sancionador adecuadamente desarrollado para los casos de incumplimiento por formaciones políticas o por terceras personas de las obligaciones
contempladas en la normativa electoral.
Por lo que se refiere a la fiscalización de las contabilidades correspondientes a las elecciones de las siete asambleas legislativas citadas, todas las formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral han cumplido con
dicha obligación. El gasto total declarado por las formaciones políticas asciende a un total de 7,8 millones de euros. En una formación política que ha concurrido simultáneamente a las elecciones a las Cortes de Castilla y León y a las elecciones
locales, se ha producido un exceso sobre uno de los límites de gastos contemplados en la normativa electoral para el supuesto de la concurrencia de procesos electorales, lo que ha ocasionado la formulación de la correspondiente propuesta de
reducción de la subvención electoral, distribuyéndose proporcionalmente entre ambos procesos. Por otra parte, en una formación política que ha concurrido a las elecciones al Parlamento de Cantabria y a la Diputación General de La Rioja, se han
producido excesos sobre alguno de los límites específicos aplicables a cada proceso autonómico, si bien, de conformidad con los criterios contemplados en los respectivos informes, no se ha formulado propuesta de reducción de la subvención electoral
a percibir en ninguno de ellos. En una de las formaciones políticas que ha concurrido a las elecciones de las Cortes de Aragón no ha quedado debidamente acreditada la procedencia de las aportaciones declaradas, cuya cuantía superó la limitación
establecida en la normativa electoral para las aportaciones privadas.
Entre otros incumplimientos de la normativa electoral se destaca la realización por dos formaciones políticas que han concurrido a las elecciones de las Cortes de Castilla y León
de gastos electorales en emisoras de televisión local por ondas terrestres, prohibidos por la Ley orgánica 14/1995. El informe destaca también la existencia de obligaciones pendientes con proveedores y acreedores con posterioridad al límite
temporal para la disposición de los saldos de las cuentas corrientes electorales en la contabilidad de cuatro formaciones correspondientes a las elecciones de las Cortes de Aragón, Cortes de Castilla y León y la Asamblea regional de Murcia. Y por
último, en estos mismos procesos, en tres formaciones políticas se ha producido pago de gastos electorales con fondos de la actividad ordinaria y por caja, sin pasar por la cuenta corriente electoral. En función de los resultados de la
fiscalización, únicamente en los procesos electorales correspondientes a las Cortes de Aragón y a las Cortes de Castilla y León, el Tribunal de Cuentas propone la reducción de las subvenciones a percibir por dos formaciones políticas por un total
conjunto de 2.896 euros.
Los informes finalizan con recomendaciones similares a las obtenidas en los resultados de fiscalización derivados de las elecciones, también locales.
El señor PRESIDENTE: A continuación abrimos un turno para preguntas y aclaraciones. ¿Grupos que
quieran intervenir? Tiene la palabra la señora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Más que para pedir aclaraciones, puesto que es de felicitar la estructura homogénea del Tribunal en sus informes, la claridad de lo que expone, dentro de ser unos informes que a veces pueden parecer un poco
pesados de leer, sin embargo son claros y facilitan el entendimiento para conseguir el objetivo de lo que pretenden, yo quería solamente manifestar dos cuestiones.
La primera, vaya por delante que nosotros estamos plenamente de acuerdo con las recomendaciones y las conclusiones a las que llega el Tribunal de Cuentas en relación con la armonización de la normativa, con la mayor exigencia en la remisión
de documentación y también con la determinación de los límites de gasto de los envíos electorales, porque todo esto lleva a clarificar cuáles son las normas que tienen que seguir los distintos partidos y formaciones para conseguir, como decía antes,
el objetivo de este tipo de fiscalizaciones en relación con los procesos electorales.
En segundo lugar, felicitar también el tesón del Tribunal para poder realizar su informe aunque no se encuentre en la contraparte con todos los medios necesarios, y por eso le felicitamos desde nuestro grupo por la asistencia prestada a las
formaciones políticas mediante la aprobación de unos criterios generales que distribuyen a todas y que van clarificando cuáles son las normas de funcionamiento. Y también por todo el trabajo efectuado para subsanar que determinados proveedores y
también entidades financieras no comuniquen al Tribunal los servicios electorales prestados, los préstamos concedidos para la financiación de la campaña electoral. En ese sentido, cuentan obviamente con todo nuestro apoyo y con todo nuestro interés
por el proceso que siguen. Tendrán también todo nuestro apoyo para armonizar procesos, armonizar formas de rendimiento y armonizar actuaciones que puedan llevarnos a conocer de forma más clara cómo se realizan los procesos electorales.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Luis Mardones, representante del Grupo Parlamentario Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero saludar y dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas, y ratificar plenamente el apoyo de mi coalición al informe que ha presentado. Voy a hacerle solamente dos consultas.
En primer lugar, se ha referido y con cierta repetición, debe ser que hay varios casos, a la publicidad en emisoras locales de televisión por ondas terrestres, que está expresamente prohibido por la Ley electoral. Si la advertencia de haber
hecho uso de un instrumento de publicidad electoral prohibido por la ley electoral se dirige solamente a las formaciones políticas que han conculcado esta disposición legal, le pregunto, ¿no caben también actuaciones sobre la titularidad o
propietarios de las emisoras locales por ondas terrestres que están prestándose como instrumento a un fin ilícito? Porque aquí el principio de culpabilidad no estaría solamente en la formación política que infringe la Ley electoral por esto, sino
en el instrumento técnico, que suelen ser entidades la mayoría de las veces privadas, que tendrían que conocer también la Ley electoral para no prestarse a ser utilizadas, con el pago correspondiente, porque supongo que pasarán factura a esas
formaciones políticas de la publicidad electoral emitida, que no serán espacios gratuitos, y por tanto ellos también están infringiendo la legislación. Y preguntaría si cabría alguna medida del Tribunal de Cuentas o por parte de los poderes
públicos, del Parlamento a esta actuación.
Me ha parecido oírle decir que hay opacidad en las aportaciones de los propios partidos a los gastos de campaña electoral. Este fenómeno, ¿está muy extendido? Usted ha denunciado que hay una opacidad, me ha parecido entenderlo así, en las
aportaciones financieras de los propios partidos a los gastos de campaña electoral que impide, digamos, diferenciarlas de las aportaciones privadas que estuvieran sustentadas por principio legal.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Luis Miguel Salvador, por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SALVADOR GARCÍA: Buenos días, estimado presidente del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto de Alba, estimado presidente de la Comisión, don Francesc Antich, estimadas señorías. En una intervención anterior ya felicité al Tribunal
de Cuentas en la persona de quien lo dirige, el señor Nieto de Alba, y no puedo dejar de volver a hacerlo, porque lo cierto es que cada vez que accedemos a los informes que elaboran volvemos a comprobar la minuciosidad y laboriosidad de los mismos,
así como su riqueza documental y una excelente metodología. A nadie se le debiera felicitar por hacer bien aquello a lo que se ha comprometido, pero nunca viene de más sabernos bien reconocidos, pues seguro que ello estimulará aún más nuestro
trabajo, y a ustedes sin duda hay que felicitarles.
Los informes de fiscalización a los que acaba de referirse hacen mención a las distintas contabilidades de los múltiples procesos electorales que acabamos de realizar en nuestro país hace poco más de un año, desde las elecciones locales del
25 de mayo de 2003 hasta los comicios autonómicos de algunas de las comunidades que accedieron a su autonomía por el artículo 143 de la Constitución española. Procesos celebrados también en la fecha mencionada anteriormente, es decir, elecciones a
la Asamblea regional de Murcia, al Parlamento de Cantabria, a las Cortes de Castilla y León, al Parlamento de la Rioja, a las Cortes de Aragón, a la Asamblea de
Extremadura y a la Junta General del Principado de Asturias. Todas estas campañas electorales han terminado, dejando al frente de sus responsabilidades a gobiernos democráticos. Pero para que el sistema genere credibilidad en la ciudadanía
es necesario el ejercicio que ahora estamos realizando, un análisis profundo y transparente de la contabilidad de las distintas formaciones políticas que han concurrido a estos comicios. Las reglas eran conocidas por todos, y la necesidad de
atenerse a la legalidad también. Del estudio de los distintos informes, y teniendo presente que la mentalidad que nos debe de acompañar es primero la de autoexigencia y después la de exigencia a todos los demás, he de manifestar en nombre de mi
grupo, el Partido Socialista, que estamos razonablemente satisfechos por la adaptación mayoritaria a las normas escritas, en especial con los partidos de ámbito nacional o de amplia raigambre en su comunidad de referencia. En esta intervención me
referiré por separado a las elecciones locales y luego, en un mismo apartado, al conjunto de las autonómicas.
Respecto a las elecciones locales, quiero resaltar el único dato que no va muy en línea con lo que he manifestado hasta ahora, como es el hecho de que 697 formaciones de las 4.600 encargadas de presentar contabilidad electoral no hubiesen
cumplido con este requisito, aunque bien es cierto que la mayoría de éstas son pequeñas y están implantadas normalmente en un único municipio, las mismas que mayoritariamente han incumplido con frecuencia la obligación de abrir cuentas bancarias
específicas para los procesos electorales, así como su posterior comunicación a la Junta Electoral.
El gasto electoral declarado por las formaciones coincide prácticamente con el que ha presentado el Tribunal. Por lo tanto, nos parece que está muy ajustado, aunque consideramos que hay que mejorar, eso sí, la identificación de las
aportaciones privadas para cumplir adecuadamente con la normativa electoral, así como el origen de los fondos aportados a la campaña, para poder controlar mejor el límite de 6.010.
Afortunadamente, son muy escasas las formaciones que han realizado
gastos electorales en emisoras de televisión local, como usted bien ha mencionado, por ondas terrestres, a pesar de no estar permitido.
Finalmente, quiero decir que pocas formaciones políticas de las de mayor implantación territorial han sido
requeridas para la reducción de sus subvenciones electorales, síntoma de que todo ha funcionado adecuadamente. Únicamente a dos formaciones no les corresponde percibir subvenciones, al haber justificado cero euros como gasto. En cuanto al proceso
de concurrencia en distintos procesos electorales, la mayor reducción propuesta por haber rebasado el límite del gasto es la de Unión del Pueblo Leonés, por menos de 2.000 euros.
Ante la situación descrita podemos considerar que el esfuerzo realizado por las formaciones políticas de ámbito estatal en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa electoral es satisfactorio; y, sobre las elecciones
autonómicas en las distintas comunidades, que todas las formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral han cumplido con dicha obligación, constatándose el esfuerzo realizado para aportar la documentación acreditativa. En las
elecciones de Aragón, Asturias, Extremadura y Murcia, no se superó en ningún caso el límite de gastos; en Cantabria y La Rioja únicamente una formación política lo hizo y el Tribunal no consideró oportuno proponer la reducción de su subvención.
En las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en la mayoría de estos procesos, se destaca la necesidad de aportar medidas que mejoren la armonización de las distintas normativas electorales, tanto la estatal como la
autonómica, reclamando también establecer legalmente un régimen sancionador más adecuado, o que las subvenciones a percibir por el concepto de envío de propaganda electoral sea objeto de una regulación más precisa. Mi grupo, como siempre, toma
buena nota de sus propuestas y aportaciones para abordar el estudio de nuestras propuestas de resolución. Les reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a su trabajo, garante sin duda de un Estado de Derecho mucho mejor.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas, para contestar.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En realidad se han hecho sólo consideraciones. Una pregunta más concreta ha hecho el señor Mardones, sobre los medios de comunicación. El Tribunal de Cuentas no tiene fuerza
ejecutiva y además fiscalizamos con arreglo a nuestra ley orgánica y a nuestra ley de funcionamiento, que está hecha para el sector público. Los partidos políticos no son sector público y no podemos entrar en lo que no sea del ámbito de nuestra
fiscalización. Lo único que hace es ponerlo de manifiesto y no puede pasar de ahí.
En cuanto a esas aportaciones del partido, a través de financiación ordinaria, para las campañas electorales, que pueden violentar los límites de las campañas electorales, lo que hace el informe es detallarlo. Sí tengo que poner de
manifiesto que esta contabilidad electoral hay que integrarla en la contabilidad del partido y después nosotros hacemos una fiscalización global de todo.
Por lo que se refiere a otro tipo de consideraciones, incluso esa especie de felicitación más o menos intensiva al Tribunal de Cuentas, es verdad que se trata de un ámbito delicado para el Tribunal. Yo lo he dicho varias veces aquí; en el
ámbito internacional no son muchos los países en los que esto sea fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Yo, que conozco un poco la historia de todo esto, porque desde que se implantó la ley aquí estoy, siempre tengo que decir lo mismo: el
Tribunal hace el gran esfuerzo de mandar unas instrucciones muy detalladas
a las formaciones políticas, la ponencia está receptiva para atender cualquier duda que tengan los gerentes de las campañas electorales o los gerentes de los partidos, pero después tiene que tener también rigor en el informe que hace. ¿Por
qué? Porque no es mucho el gasto público en comparación con el total -aunque a alguien se lo pueda parecer; eso ya es otro tema- que fiscaliza el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, sí que se puede jugar el Tribunal la credibilidad en este pequeño
ámbito y por tanto tiene que tener un cierto rigor. Y de ahí vienen las mociones que hace el Tribunal y la moción aprobada por esta Comisión, para poner de manifiesto la necesidad de que la normativa se modifique.
En materia de rendición de cuentas, por ejemplo, el artículo 133.1 de la Ley de Régimen Electoral General sólo habla de la presentación de cuentas de aquellos que han solicitado subvención o que van a cobrarla. La moción dice que la
rendición de la contabilidad electoral debe estar ligada al proceso electoral, para poder permitirle hacer alguna fiscalización selectiva e incluso para ver si se cumplen los límites en cuanto a gastos y a obtención de esos fondos. Sería un
principio de transparencia. Podría alguna formación política decir que no solicita subvenciones, pero estar infringiendo los límites de gastos o las fuentes de financiación. También hay que regular con más detalle todo lo que se refiere a las
sanciones del órgano y de los procedimientos de sanción. Siempre que se presenta un informe de campañas electorales o de financiación de los partidos políticos, lo que hace este presidente es remitirse a esa moción que ya se ha presentado.
Agradezco esa especie de felicitación que han expresado, porque, en efecto, la proporción de medios que dedica el Tribunal a este tema es desproporcionada con relación a todo el volumen del gasto público, pero también -repito- tenemos que
tener en cuenta que la credibilidad en este aspecto es muy importante y no queremos que nos reste confianza para hacer el resto del sector público.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
¿Algún grupo quiere un turno breve para hacer alguna aclaración o pregunta? (Pausa.) Si no, agradezco otra vez la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas en la Comisión presentando los informes que figuran en el orden del día y,
sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.