DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 11

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTÍ CERDÀ I ARGENT

Sesión núm. 2

celebrada el miércoles, 22 de septiembre de 2004,

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamentoo, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente Congreso 042/000005 y número de expediente Senado 574/0000003.)


Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog), sobre:


- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2003. (Número de expediente Congreso 260/000001 y número de expediente Senado 780/0000001.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



DELEGACIÓN DE LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ÉSTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número
de expediente Congreso 042/000005 y número expediente Senado 574/000003)


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Estamos a punto de empezar la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Les agradezco a todos su asistencia. Nos informan que efectivamente tenemos quórum, por tanto vamos a establecer
un guión para que vaya lo más rápidamente posible esta Comisión y para que se hagan los trabajos pertinentemente. Me apuntan que es preceptivo someter a la consideración de esta Comisión la delegación de las mesas de las comisiones de la
competencia de éstas en adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Me parece que si no hay nadie, ningún grupo que se manifieste
en contra, adoptaríamos esta delegación de funciones de la Comisión.
(Pausa.)


COMPARECENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (MÚGICA HERZOG) SOBRE :


- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2003. (Número de expediente Congreso 260/000001 y número de expediente Senado 780/000001).)


El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día: Comparecencia, por el tiempo que estime oportuno, del Defensor del Pueblo, y después estableceremos un turno de diez minutos, que es lo que es preceptivo según el Reglamento, con una
cierta flexibilidad, en un orden que es aleatorio, como cualquier orden. Saben que es la combinación de grupos del Congreso y del Senado, por tanto hemos establecido un orden; si hay alguien que esté en contra le agradecería que lo hiciera saber.
El orden de intervención sería de mayor a menor, empezando por el Grupo Parlamentario Popular, después el Grupo Parlamentario Catalán, Grupo Entesa Catalana de Progrés, Grupo Vasco, Grupo Esquerra Republicana, Grupo Coalición Canaria, Grupo
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, Grupo Mixto y Grupo Socialista. Si no hay ninguna petición ni en el tema del orden ni en el de la delegación de funciones a la Mesa y portavoces, doy la palabra al señor Enrique Múgica
para que nos exponga el resultado de su trabajo.



El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señor presidente, señorías, es la cuarta vez que vengo aquí a presentar el informe. Ustedes tendrán la bondad de aguantarme y yo, naturalmente, responderé atentamente y con la cordialidad que
ya me conocen a las preguntas que me hagan los que quieran hacer preguntas, en cumplimiento de lo previsto por Ley orgánica reguladora de la institución del Defensor del Pueblo.



Comparezco ante esta nueva Comisión Mixta con objeto de dar la preceptiva cuenta anual, cuyos detalles y pormenores se encuentran a disposición de SS.SS. en el gran o gordo informe, de casi quinientas páginas, correspondiente al año 2003.
El documento completo, junto con el que refleja la oportuna liquidación presupuestaria, ya quedó registrado en las dos Cámaras el 14 de junio del corriente año. Asimismo, con fecha de 22 de junio pasado la Mesa del Congreso de los Diputados adoptó
el acuerdo de admitir el informe a trámite, trasladarlo a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes. Nosotros hubiéramos querido antes (que hubiera sido en el primer semestre, como
fue en otras ocasiones), presentar este informe, lo que pasa es que la vida política española con las elecciones (generales, autonómicas) lo hizo imposible, pero confiamos en que el próximo año sea en los primeros meses cuando presentemos el informe
correspondiente a este año.



Como viene siendo habitual en estas comparecencias, antes de presentar los aspectos sustantivos que se consideran más relevantes en el contenido del informe, me permito, señorías, exponer algunas circunstancias de carácter previo y
complementario que me parecen significativas a la hora de ofrecerles un balance lo más completo posible que facilite la valoración de las tareas desempeñadas por la institución durante este ejercicio.
Ante todo, es importante seguir insistiendo en
algo acerca de lo cual la reciente constituida Comisión mixta me perdonará, me excusará la reiteración. La actividad del Defensor de Pueblo se encuentra muy relacionada, como por otra parte es natural, con las circunstancias concretas que
condicionan la vida de los ciudadanos; esas circunstancias que reflejan el grado de eficacia de los derechos fundamentales de las personas reconocidos por el ordenamiento vigente; eficacia que constituye la finalidad principal de nuestros
esfuerzos. Lo cual, unido a la confianza otorgada por las población española a esta institución tutelar, puesta de manifiesto con ocasión de diferentes encuestas que se han celebrado y también en la última, que se celebró el mes de julio, por el
CIS, con los medios que tiene el CIS, muestra que entre las instituciones que más confianza merecen a la ciudadanía la segunda es el Defensor del Pueblo. A nosotros eso nos llena de contento, aunque no sé si somos la segunda por el trabajo que
realizamos o por el


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nombre que tenemos. Ese papel relevante se lo otorgan el amplio y creciente abanico de problemas que plantea la actuación de los entes y organismos de la Administración en el ámbito de los derechos constitucionales de los ciudadanos y la
necesidad de que los propios derechos básicos, incluidos en el texto constitucional, encuentren un cauce de expresión adecuado ante la cada día más compleja trama configurada en los poderes del Estado en sus respectivas parcelas de actuación. De
este modo, la figura del Defensor se convierte por el mero ejercicio de sus competencias en observatorio privilegiado para el análisis y la propuesta subsiguiente de posibles reformas que favorezcan la convivencia democrática a que aspira nuestro
Estado de derecho.Semejante objetivo no es fácil de lograr, y para llevar a cabo las tareas consiguientes el Defensor del Pueblo tiene en su mano un arma decisiva que potencia su carácter de Alto Comisionado de las Cortes Generales, el arma de su
independencia a ultranza. El Defensor del Pueblo -declara tajantemente la ley orgánica que lo regula- no estará sujeto a mandato imperativo alguno; y por si esto fuera poco añade y precisa que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad;
desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Independencia, pues, a toda costa, independencia que debe perseguir todas y cada una de sus actuaciones; independencia que desde el mismo momento de ser elegido, con independencia de las
funciones que con anterioridad ha ejercido, le concede autonomía incluso respecto de los diputados y senadores que lo eligieron. Ningún poder del Estado, ninguna fuerza política por predominante que sea en los diferentes ámbitos de ese poder
condicionará una actuación celosa de la autonomía y la independencia característica del Defensor. Garantía manifiesta de esa radical independencia son tanto la legitimación para recurrir los actos de todos los poderes, también del que le elige y
comisiona, como la duración de su mandato institucional, que abarca un parámetro temporal presente al menos en dos legislaturas.
Esa privilegiada posición que recibe el Defensor del Pueblo del ordenamiento jurídico no convierte, sin embargo, a esta
figura en una instancia dominante o arbitraria, que pueda ejercer sus competencias mediante la imposición vinculante al margen o por encima de los poderes del Estado; muy al contrario, cuando el Defensor acepta una queja a trámite trata de ponerse
en el lugar de quien reclama, de superar los conflictos inherentes a la queja. A tal efecto trata de establecer un puente para resolver los problemas, proponiendo una salida acorde con el espíritu de la norma y elaborando una resolución
conciliadora. La resolución del Defensor pretende ser por eso un elemento superador de divergencias originadas en el ejercicio de la actividad administrativa pública. Ni un parapeto, ni una barricada; ni un parapeto de casos difíciles o
desahuciados por otras instancias, ni una barricada desde la que se enarbolan banderas reivindicadoras de injusticias o derechos. En este sentido, y sin perjuicio de la firmeza con que han de ser defendidos esos derechos, se estima que el mandato
recibido de las Cortes Generales tiene mucho más que ver con la creación de condiciones propiciatorias de soluciones activas que con la incorporación tajante y agresiva de opiniones, que a la larga resultarían seguramente contraproducentes; mucho
más que ver con la prevención de situaciones de conflicto que con la intervención quirúrgica en situaciones de abierta transgresión; mucho más que ver, en definitiva, con la auctoritas persuasiva que con la potestas imperativa, sin que ello afecte,
repito, señorías, a la sólida convicción que la tutela de los derechos exige a veces una firmeza y una determinación a toda prueba. Condición férrea, pues, bajo propuestas conciliadoras. Más de veinte años actuando bajo esa convicción han
conseguido que la gran mayoría de los ciudadanos y de los grupos y las fuerzas sociales sigan depositando su confianza en una institución que desea y se esfuerza por seguir mereciendo ese crédito privilegiado.



Precisamente ahí radica con toda seguridad la causa de que el Defensor del Pueblo reciba peticiones ciudadanas, de carácter individual o colectivo, que a veces se encuentran alejadas de las competencias propias de la Constitución. Así ha
ocurrido por ejemplo en el año 2003 con las quejas derivadas de la participación española en el conflicto de Irak, más de 36.000, que pusieron a prueba por su concentración en pocas fechas el sistema informático recientemente instalado y que no se
han computado en su inmensa mayoría como quejas a efectos de los datos globales ofrecidos en el informe, aunque sí aumentaron considerablemente la carga de trabajo de los servicios de la oficina, puesto que todas ellas se analizaron y respondieron
puntual y escrupulosamente. Sin embargo, teniendo en cuenta que la institución del Defensor del Pueblo no tiene atribuidas facultades que le permitan determinar u orientar la política exterior del país, o la misión de las Fuerzas Armadas, o la
convocatoria de consultas populares en relación con la decisión de los poderes del Estado, pareció viable la actuación procesal que permitiera cuestionar las correspondientes decisiones gubernamentales ante el Tribunal Constitucional, tal y como
proponían alguna de estas quejas. Todas las peticiones fueron, como he dicho, razonablemente analizadas y respondidas.



Desde otro ángulo, que se refiere más bien a los medios que permiten mantener la gestión de toda la actividad desplegada dentro de unos límites funcionales cada vez más eficaces, merece la pena destacar el aprovechamiento de los recursos
puestos a disposición de la institución.
En primer término, durante el ejercicio 2003 llama la atención un índice de ejecución presupuestaria de casi un 98 por ciento, sin descuidar tampoco la continuidad en la solvencia financiera de la cuenta de
patrimonio. En segundo lugar, deben subrayarse los esfuerzos para seguir tratando de normalizar y racionalizar el sistema de contratación, tanto en la suscripción de nuevos contratos como en la renovación de otros en vigor, lo que ha permitido
garantizar la prestación


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de los servicios correspondientes, dar cobertura a nuevas necesidades e imponer unas pautas significativas de ahorro. En esta parcela debo mencionar los factores derivados de la progresiva adecuación del nuevo edificio, que junto con el
Palacio de Bermejillo alberga los servicios de la sede, y que en estas fechas se encuentra ocupado en gran medida, así como el perfeccionamiento de la tramitación de quejas, que pretende mejorar la atención a los ciudadanos en las relaciones
externas de la institución mediante procedimientos informatizados de cobertura. Ya es apreciable, por ejemplo, el número de quejas recibidas por medio del formulario incluido en la página electrónica del Defensor, que durante el ejercicio 2003
supuso la cantidad de 2.388 quejas. Continuando la labor emprendida en los ejercicios precedentes, en el mismo ejercicio 2003 se registró un espectacular crecimiento de las tareas que integran las relaciones institucionales, que de ordinario
reflejan los medios informativos. Por un lado, en lo referente a la actividad internacional, se produjo un notable aumento del número de actuaciones y de la presencia en muy diversos foros, interesantes para el intercambio de puntos de vista y para
el desarrollo de los derechos humanos. Aunque el informe contiene una relación completa de esas actividades, permítanme subrayar, señorías, la importancia de la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos número 59, en Ginebra, en la que
tuvimos ocasión de presentar un texto sobre la situación de las víctimas del terrorismo en España; de la participación en el VIII Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en la que se aprobó la Declaración de Panamá, y de las
numerosísimas visitas de intercambio y cooperación mutua, entre las que debo destacar, por la emoción que suscita y como un humilde homenaje a su memoria, la reunión celebrada en el Palacio de Bermejillo con el que fuera Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, don Sergio Vieira de Mello, luego asesinado en Irak cuando trataba de imponer sosiego y buen sentido en aquel torbellino que no cesa de sangre, confusión y fanatismo. Además, la presencia de la institución en la
sociedad y en los medios de expresión se vio considerablemente reforzada por las muy numerosas actividades de colaboración con organismos y entidades dedicadas a la formación y difusión en el campo de los derechos humanos, con participación en
reuniones especializadas, y por la publicación de libros y documentos, entre los que sobresalen: El Libro del Defensor del Pueblo, con la historia y normativa reguladora de la institución en versión trilingüe; el texto sobre Tutela de los derechos
humanos, que recoge ponencias y debates de la reunión intercontinental Unión Europea-América Latina-Caribe, celebrada en el ejercicio anterior; y los informes monográficos, cuyas conclusiones y recomendaciones tuvieron tanta repercusión en los
medios, acerca de La escolarización del alumnado inmigrante en España y las Listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.Haciendo referencia ya al informe propiamente dicho, se sigue utilizando la misma estructura interna que en ejercicios
precedentes, de manera que se facilita la comprensión comparativa interanual y se asientan en lo posible los criterios de elaboración de un documento tan complejo; criterios que, no obstante, podrían ser fácilmente modificables, habida cuenta de la
construcción modular e intercambiable que caracteriza los distintos apartados en que se divide.
Los datos principales de la gestión proporcionan, entre otras cuestiones, información relativa al número de quejas recibidas en el 2003, al estado de
tramitación de las mismas y al análisis cuantitativo de las resoluciones elaboradas por el Defensor del Pueblo. El apartado dedicado a dar cuenta de las administraciones que han incumplido la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo
recoge una tipología que distingue de mayor a menor gravedad entre administraciones entorpecedoras, administraciones que tienen pendiente respuesta tras un tercer requerimiento y administraciones que finalmente responden tras este tercer
requerimiento. El informe también da noticia detallada de la supervisión llevada a cabo sobre la actividad de las administraciones públicas, noticia guiada por el armazón de las quejas y presentada por núcleos de actividad administrativa que
atienden a distintas áreas organizativas de la institución. Los demás apartados se refieren a las resoluciones formuladas por el Defensor y a las relaciones institucionales.



Los datos principales de la gestión, como decía, se centran en la tramitación de quejas y peticiones ciudadanas. Aparte de la relativa a la intervención en Irak que, como dije, no son computables a estos efectos por exigir tan sólo una
gestión de análisis previo y seguimiento, aunque su carga de trabajo aplicada fuera considerable, el total de las quejas de los ciudadanos recibidas por el Defensor del Pueblo alcanzó la cifra de 17.389. Las quejas iniciadas de oficio desde la
propia institución, también incluidas en ese total, ascendieron a 165. Aunque pueda tenerse por un dato cuantitativo menor, la gestión de estos expedientes de oficio es de una gran importancia, pues exige, de un lado, mantener un grado de
receptividad elevado ante la posible aparición de conflictos, su eficacia preventiva es digna de tenerse en cuenta, porque es un requerimiento que de oficio, que por sí misma hace la institución y que requiere, por otra parte, la puesta en marcha
del mecanismo indagatorio habitual sin partir de más datos que los proporcionados por alguna noticia registrada de ordinario por los medios de comunicación, sin apoyo en una reclamación inicial que suele aportar unos niveles de conocimiento
superiores de partida, niveles de conocimiento singulares que suelen servir de base en la investigación correspondiente. En términos cuantitativos, en la fase actual de desarrollo de la institución, la cifra más importante de las quejas tiene su
origen en las reclamaciones ordinarias o quejas de los ciudadanos; reclamaciones que dentro de una tendencia netamente


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creciente oscilan de año en año con altibajos en dientes de sierra, con cantidades que pueden presentar un registro más elevado, como sucedió en el ejercicio de 2002, o como parece que lleva camino de suceder en el que nos encontramos, 2004,
si continúa la progresión observada en la primera parte del año, y en otras ocasiones ligeramente por debajo de esa línea de tendencia, como es el caso del informe que hoy presentamos. Puede suponerse claramente que en relación con el cómputo
obligado la decisión de los ciudadanos, si se prescinde de determinados acontecimientos de gran repercusión, como la mencionada guerra en Irak o el naufragio del petrolero Prestige, son poco previsibles en orden al establecimiento de pronósticos de
gestión.Del mencionado total de las 17.389 quejas citadas, tenían carácter individual 12.612; fueron consideradas como colectivas otras 4.162 y, como ya se ha dicho, 165 se incoaron de oficio. Como ya viene siendo habitual, es superior el número
de las presentadas por hombres que el de las presentadas por mujeres y, como es lógico, la inmensa mayoría, casi un 98 por ciento, procede de territorio español.
Destaca por comunidades autónomas la de Madrid, con poco más del 33 por ciento de las
quejas recibidas, seguida con gran diferencia por la Comunidad Valenciana -casi el 11 por ciento- y Andalucía y Cataluña con más del 9 por ciento. De las recibidas del extranjero, unas 400 en total, vuelven a ocupar los primeros lugares los países
iberoamericanos, sobre todo Argentina, México y Venezuela, y los países vecinos, como Francia y Marruecos. He de notar asimismo el peso constante mantenido en los ejercicios últimos de las quejas procedentes del conjunto de los países de la Unión
Europea, como la ya aludida Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica e Italia, lo cual sugiere, salvando los modelos defensoriales, una cierta conciencia de homogeneidad en los hábitos ciudadanos ante las instituciones. En cuanto concierne a las
distintas administraciones u organismos afectados, las quejas tienen que ver de modo sobresaliente con los sectores de inmigración y atención a los inmigrantes españoles, administración de justicia y función y empleo público. Se observa en ese
sentido un cierto cambio en los primeros puestos, porque este último sector, el de la función pública, venía figurando a la cabeza en los ejercicios precedentes. Conservan sus altas frecuencias asimismo los sectores de la sanidad y la seguridad
social y la acción social, la ordenación de la actividad económica y la administración educativa.



Especial interés en la gestión, de otro lado, el asunto relativo al estado de tramitación de las quejas que venimos mencionando. De las quejas totales recibidas o incoadas, 9.476 no fueron admitidas a trámite, otras 6.249 se admitieron para
ser investigadas ante las correspondientes administraciones y 1.664 se encontraban pendientes de tomar las decisiones oportunas por las administraciones a 31 de diciembre de 2003.
Entre los motivos de no admisión de la queja es preciso señalar la
no existencia de indicios de irregularidad administrativa, la comprobación de no intervención de los poderes públicos en el caso reclamado y el hecho de haber recaído sentencia firme o haberse producido intervención judicial en el asunto. El alto
número de inadmisiones se debe a que se consideran incluidas en este grupo quejas de carácter colectivo, con numerosos componentes singulares de ese colectivo que se encuentran como quejas distintas. Así ha sucedido en concreto con quienes
interpusieron quejas contrarias a la utilización o experimentación con embriones, y con quienes habrían solicitado equiparación de vacaciones en el servicio de Correos o determinadas reformas en la modalidad de los distintos ciclos universitarios.
Por cierto, en el caso de las células embrionarias, una vez asentados los criterios científicos y normativos correspondientes sí que han sido admitidas las quejas de ciertos colectivos, muy singularmente las procedentes de personas afectadas por
diabetes, para facilitar la oportuna terapia. Las quejas objeto de admisión se habían dado por concluidas en más del 41 por ciento de los casos a 31 de diciembre del ejercicio de 2003, y poco más del 58 por ciento se encontraba en fase de
tramitación en esa misma fecha. El documento del informe contiene ese detalle, distinguiendo entre quejas individuales y colectivas, cuadros y gráficos explicativos con todos estos detalles. Las resoluciones institucionales dirigidas a las
administraciones públicas como consecuencia de la gestión de las distintas quejas admitidas alcanzaron unos totales de 154 recomendaciones de alcance general, 228 sugerencias en torno al tratamiento concreto de determinadas situaciones, 103
recordatorios de deberes legales y una advertencia por estimarse falta de colaboración adecuada. A finales del año 2003 del total de recomendaciones y sugerencias habían sido admitidas 176, rechazadas 88 y se encontraban pendientes de decisión 118.
Esas cantidades actualizadas a principios del mes de septiembre, alcanzaban las 243 para las admitidas, 115 para las rechazadas y 24 para las pendientes, cifras que ahorran una proporción cercana al 65 por ciento de resoluciones afectadas por las
administraciones a las que se habían dirigido. Además el estudio monográfico sobre funcionarios interinos, puesto a punto por la institución en el ejercicio, generó otras 168 recomendaciones ante diversas administraciones y organismos afectados
total o parcialmente en más del 86 por ciento de los casos. Todo ello lo tienen en el informe que ya está en poder de sus señorías.



Comentando ya el apartado que se dedica en el informe a reflejar los incumplimientos más notorios de la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo por parte de las administraciones a las que tiene que supervisar, se han tenido en
cuenta, como mencionaba, tres núcleos principales: el de las que se llama en el informe administraciones entorpecedoras, que han puesto en dificultad la labor defensorial de manera destacada; el de las que no han respondido después de haber sido
requeridas por tercera vez y el de las que provocaron un tercer requerimiento que sí fue respondido.



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En el primer grupo se encuentran, entre otras, la Consejería de Obras Públicas de la Región de Murcia, los ayuntamientos de Barcelona, Cartagena y Santa Cruz de Tenerife. Los otros dos grupos componen una larga lista, contenida en el
informe que tienen a su disposición sus señorías. En todos los casos el mismo documento presenta además un resumen significativo con los datos que han merecido la inclusión en el pelotón de los incumplidores. A la hora de entrar en el apartado más
voluminoso del informe, el de la supervisión de la actividad concreta de las diversas administraciones públicas, hemos de proceder forzosamente con un cierto criterio selectivo y por su orden sectorial. De esta manera creo que será más fácil seguir
esta intervención.En la esfera en que se desenvuelve el empleo público o, si se quiere, la prestación del personal adscrito a las administraciones públicas cabe delimitar las materias que se sitúan en el ámbito del Régimen General de la Función
Pública, por un lado, y a aquellos otros aspectos que afectan a situaciones estatutarias singulares. Por lo que hace al régimen general las quejas recibidas han manifestado la preocupación existente entre los funcionarios públicos o aspirantes a
serlo, bien por entender lesionados algunos derechos que se desprendían del régimen aplicable, bien por considerar incumplidos los principios constitucionales de acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
Pueden destacarse unos cuantos ejemplos indicativos de situaciones concretas. Así, la recomendación, finalmente atendida, para que en los sistemas de selección y provisión de ciertos puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración
local con habilitación de carácter nacional se exija titulación académica de grado medio o superior; la recomendación, asimismo aceptada, de que, estableciendo el criterio de que las calificaciones obtenidas por las personas con discapacidad cuando
hubieran superado el proceso selectivo pero no conseguido plaza en el cupo de reserva de la convocatoria, sean tenidas en cuenta para que puedan optar a las plazas del turno libre; las sugerencias formuladas y atendidas con la finalidad de que la
Administración diera respuesta expresa en determinados recursos, reclamaciones o solicitudes; las actuaciones para que la llamada discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores en los procesos de selección no impida la supervisión que la
institución del Defensor del Pueblo ha de llevar a cabo con objeto de evitar la indefensión del administrado, la desviación de poder o la arbitrariedad en la decisión adoptada dentro de las limitaciones previstas en el ordenamiento. Merecen citarse
también las investigaciones y sugerencias en torno a determinados perjuicios, molestias y actuaciones, notoriamente desviadas en determinados procesos selectivos que favorecen a ciertos aspirantes en menoscabo de otros; la recomendación, esta vez
no atendida, para que se reconociera el derecho a disfrutar de una situación de licencia a quienes formalicen una pareja de hecho en tanto se proceda a regular las uniones de hecho; y finalmente la elaboración del informe específico acerca de la
situación de los funcionarios interinos y el personal eventual del sector público, del que se dio cuenta a las Cortes Generales, en el que se recoge todo un abanico de problemas y dentro del que se formulaba una completa batería de sugerencias y
recomendaciones para superarlos.



El otro gran ámbito de empleo público, el referido a situaciones estatutarias específicas, acoge cuestiones que afectan principalmente al personal de los servicios de salud y a las tareas conducentes a la esperada aparición de su estatuto
marco, finalmente aprobado por ley de 16 de diciembre de 2003; al personal que presta sus servicios en el sector docente público, tanto universitario como no universitario (En el universitario destacan aspectos como el acceso a los distintos
cuerpos, el del procedimiento para la habilitación previa para todo el territorio nacional o los procesos de evaluación en materia de contratación laboral; en la parcela no universitaria son de mencionar extremos como las convocatorias autonómicas
de acceso, las dificultades en cuanto a equiparación de calificaciones con respecto a las otorgadas en centros extranjeros, o las limitaciones a la facilitación de datos por vía electrónica por parte del Ministerio de Administraciones Públicas); al
personal al servicio de la Administración de Justicia, sobre todo en cuanto se refiere al sistema selectivo, la organización de las bolsas de trabajo, las repercusiones derivadas de la nueva ley modificativa del Poder Judicial; al personal de
instituciones penitenciarias en cuanto toca, por ejemplo, a la demandada integración en el cuerpo de maestros o a las dificultades integradas por el incremento del horario de presencia en los centros; al personal al servicio de la Administración
militar y su manifiesta inquietud por el nuevo modelo organizativo de las Fuerzas Armadas Profesionales, los inconvenientes propios de la sanción de arresto por falta leve, las repercusiones económicas en las situaciones de sucesión en el mando y la
precariedad derivada del cese en la relación de servicios profesionales para militares de complemento y otras clases; al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por aspectos como la inadecuación de algunas funciones encomendadas, la
dificultad de llevar a cabo la acción sindical al margen de los cauces reglamentarios, la situación en punto a confidencialidad de los informes médicos o las indemnizaciones por traslado forzoso en beneficio de quien convive maritalmente con la
persona trasladada; al personal laboral, preocupado por la alta tasa de interinidad y por los inconvenientes que produce la movilidad interadministrativa; y al personal de clases pasivas en torno a la situación creada por la falta de
confidencialidad en los diagnósticos médicos obrantes en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y sobre la facultad de optar por parte de ciertos pensionistas dados de alta en el régimen especial de las Fuerzas Armadas por


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la asistencia sanitaria de otros regímenes de la Seguridad Social del que también sean beneficiarios.La gestión llevada a cabo por el área organizativa de Defensa e Interior se centró durante el ejercicio 2003 en tres ámbitos materiales de
actuación: el penitenciario, la seguridad ciudadana y la actividad militar. Por lo que se refiere al marco general del ordenamiento, las modificaciones normativas producidas durante el año 2003 condicionaron muy adecuadamente la gestión
correspondiente en este apartado. Hasta cuatro leyes orgánicas aparecieron en ese sector: la de las medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas; la de las medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e integración social de los extranjeros; la de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional y la de modificación del Código Penal, que supuso una amplia reforma del mismo y cuyos aspectos sustanciales
entrarán en vigor el próximo octubre.



En lo que hace referencia al sistema penitenciario es preciso señalar además el esfuerzo que supone adecuar los centros para un tratamiento conveniente de los internos cuando se produce un incremento de la población penitenciaria superior a
un 8 por ciento, cuando el empleo de nuevas tecnologías se está llevando a cabo, aún de forma incipiente, por parte de la Administración penitenciaria, y cuando los problemas se hacen aún más complejos debido a las dificultades específicas derivadas
de un notable crecimiento del número de internos extranjeros, que en la actualidad alcanza la proporción de uno a cuatro. Uno de cada cuatro reclusos de los centros penitenciarios españoles es extranjero. Desde el Defensor del Pueblo hemos seguido
trabajando con especial dedicación en esta materia con objeto de preservar de la mejor manera posible el derecho a la vida y a la integridad física en los centros penitenciarios, la tutela de la salud, la libertad religiosa de los internos, los
aspectos educativos, la confidencialidad y la libertad de correspondencia o las actividades laborales. Se ha prestado una singular atención a los problemas que se les plantean a las mujeres en prisión. Cada uno de estos asuntos ofrece tantas
posibilidades de debate y tantas facetas sugerentes para la acción que no es posible pasar una breve revista sin extenderse mucho. Sus señorías disponen de una panorámica más amplia sobre el mundo de las prisiones en el texto del informe y en el
paralelo que hace nuestra gestión durante el año 2003. Atención puntual merece el análisis del riesgo de suicidio y su incidencia en personas privadas de libertad, así como la situación de los internos enfermos con padecimientos graves e
incurables; la adecuación de plantillas de personal funcionario, para tratar así de evitar en lo posible los casos de crispación y deterioro de los hábitos deseables en los centros; y el estudio de casos, cada vez por desgracia más numerosos, de
internos con deficiencias psíquicas, drogadicción o necesitados de servicios de atención médica urgente. Otro aspecto de interés de que trata el informe es la infraestructura de los centros penitenciarios. Las visitas realizadas periódicamente a
todos y cada uno de estos centros por el Defensor del Pueblo, por la institución, ha permitido conocer su estado material, con muchas carencias en determinados casos puntuales y con necesidades evidentes de mantenimiento, distribución y situación
higiénico-sanitaria, que unidas a la masificación creciente, sobre todo en el caso de las internas con hijos, han provocado la formulación de recomendaciones y sugerencias a la Administración competente con objeto de superar estas situaciones y de
prevenir posibles conflictos por su causa.



En cuanto a seguridad ciudadana, se han dirigido quejas a la institución, que han permitido matizar el concepto de víctima del terrorismo, a los efectos que pudieran ser de aplicación fundamentalmente económicos; se ha encarecido el control
de acceso a las dependencias policiales y la aplicación efectiva de medios disciplinarios, con objeto de castigar o evitar presuntos casos de malos tratos; se han establecido criterios para la autorización del uso de videocámaras móviles para la
prevención del delito cuando existe un riesgo cierto y concreto, dentro de una situación específica por supuesto; se han comprobado las condiciones de seguridad existentes en ciertos calabozos policiales, en particular por lo que se refiere a la
prevención de incendios; se han verificado las condiciones bajo las cuales en alguna ocasión se procede a las citaciones, las detenciones y las peticiones de colaboración policial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y, por último, en
lo relativo a Tráfico, se han producido reclamaciones y, por consiguiente, las oportunas indagaciones, entre otros asuntos, en cuantos afectan a las garantías del procedimiento sancionador de infracciones de circulación, el control de las escuelas
de conductores, los requisitos y condiciones para la retirada de vehículos abandonados y la facilitación de trámites para el canje de permisos de conducir a ciudadanos extranjeros.



La labor desarrollada en el ámbito de actuación de la Administración militar se vio trágicamente marcada por el conjunto de quejas originadas por el accidente de un avión en Turquía, en el que regresaban a España 62 militares después de
cumplir una misión en Afganistán, asunto sobre el que más tarde, y hasta hace muy poco tiempo, con posterioridad al periodo correspondiente al informe, se han venido sucediendo noticias y nuevos elementos de investigación. De otra parte, el nuevo
modelo de Fuerzas Armadas dio lugar a una serie de quejas relativas al futuro incierto de quienes se encontraron afectados por la finalización de sus compromisos, cuya tramitación ha dado lugar a diversos contactos con el fin de procurarles un
destino razonable.



El área dedicada en el Defensor del Pueblo a la justicia y a la violencia doméstica -esto se cambia siempre, una veces es violencia doméstica, otras violencia de género; yo sigo con violencia doméstica- gestiona entre otros contenidos
funcionales los expedientes o los asuntos planteados acerca del funcionamiento de la


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Administración de Justicia, por un lado, y de los problemas lacerantes y frecuentes suscitados por los que ha dado en englobarse bajo la ética de violencia doméstica, por otro. Uno de los puntos que con más asiduidad aparece en los informes
preceptivos de cada año es el de las dilaciones y retrasos judiciales, que no acaba de encontrar vías de solución plenamente satisfactorias, a pesar de la importancia que reviste el objetivo de que la justicia sea impartida a tiempo tanto para
prevención de conflictos como para que la acción de juzgar se desarrolle en las mejores condiciones posibles que permitan alcanzar un máximo de eficacia.
Pues bien, a pesar de las medidas adoptadas dotando a la Administración de Justicia de mejores
medios, las dilaciones, de acuerdo con las quejas formuladas por los ciudadanos, se han mantenido, cuando no ensanchado, por lo que se requiere una actuación urgente tras una reflexión ponderada. Las dilaciones afectan tanto a los órganos
colegiados como a los unipersonales, y deben destacarse las actuaciones de respaldo de la institución al plan de apoyo puesto en práctica por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, con objeto de resolver los 21.879
asuntos civiles pendientes de la Audiencia Provincial de Madrid. Dos años después de iniciado el plan, a 31 de diciembre de 2003 los asuntos pendientes habían descendido y se situaban en 13.180. Por otro lado, también hay que tener en cuenta junto
a las dilaciones las quejas en torno al servicio público judicial, distinto es la función jurisdiccional propiamente dicha, un servicio puede mejorar si se toman medidas organizativas apropiadas, se incorpora tecnología informática o se introducen
técnicas modernas de gestión. Especial atención se dedica a las quejas relacionadas con la delincuencia de menores, atención que se ha manifestado el pasado ejercicio en las visitas giradas a centros de internamiento en Ceuta, Valencia, Asturias,
Ciudad Real, Madrid, Sevilla y Cádiz, para comprobar el número de plazas disponibles, el estado de las instalaciones y equipamiento y cambiar impresiones con los menores y educadores, al objeto de conocer las dificultades para una aplicación
adecuada de la Ley Orgánica del 12 de enero de 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. De igual modo, se procedió en el ejercicio del que se informa a efectuar un seguimiento de las recomendaciones elaboradas como consecuencia
del estudio realizado por la institución sobre la situación existente transcurrido un año de vigencia de la mencionada ley orgánica.Las actividades relacionadas con la violencia doméstica o de género no pierden desgraciadamente actualidad, lo que
puede comprobarse por la asiduidad indeseable, pero desgraciadamente necesaria, con la que los noticiarios, los servicios de noticias nos dan a conocer nuevos casos. Yo recuerdo, aparte de eso, cuando decían del terrorismo, en los años más duros,
que cómo iba a dar imágenes de terrorismo por las televisiones, que eso espantaba, que eso no era bueno. Yo era de los que defendía, y afortunadamente salió -he sido víctima del terrorismo- que la televisión debía dar noticia de todas las
actuaciones de los terroristas, de todos los actos criminales, para que los ciudadanos se concienciaran de lo que es el terrorismo y apoyaran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; para el terrorismo hay que actuar sin desmayo ni complacencia, ni
tolerancia, ni nada, y afortunadamente hoy el terrorismo está aflojando; ojalá en una fase terminal. Lo mismo sucede con la visión de los casos de agresión doméstica. Es fundamental que sigan, desgraciadamente; cuanto menos se den mejor, pero
los que aparecen deben ser ofrecidos a los ciudadanos que visionan las tecnologías de la televisión. Por eso en la institución seguimos muy atentamente esto. Se abrieron diversas investigaciones por este motivo durante el ejercicio 2003, tanto
relativas a mujeres fallecidas como a distintas agresiones sufridas por mujeres (o por donas, digámoslo en catalán también, utilizando el bilingüismo) que tienen que ver con las crisis de convivencia, también influenciadas en cierta medida por el
mundo judicial, puesto que las decisiones judiciales que afectan al régimen económico, a la relación con los hijos, a la espera prolongada de sentencia o a cualquier otro aspecto contribuyen de modo indirecto a la superación o al agravamiento de
estas fases críticas. Mención singular debe hacerse de la recomendación dirigida al Ministerio de Justicia con objeto de que contemplara la posibilidad de elección por parte de la mujer extranjera de la ley española en los casos de separación o
divorcio cuando ambos cónyuges residen en España, recomendación que se vio atendida con la modificación del artículo 107 del Código Civil mediante Ley Orgánica de 22 de diciembre de 2003. Es muy importante este supuesto para el combate por la
igualdad de sexos, porque si se aplicaba, como hasta ahora, como hasta entonces, la ley de origen, por ejemplo para los marroquíes, que tienen una ley en la que el islamismo funciona con fuerza, la mujer estaba tan supeditada al hombre que las
condiciones de divorcio eran muy gravosas para ella, mientras que el hombre lo podía hacer con la facilidad que en ciertas situaciones se le da.



En otro orden de cosas, bajo este núcleo de trabajo se incluyen también las cuestiones relativas a la asistencia letrada en general, y muy concretamente de la asistencia a inmigrantes, de gran interés, tanto por referirse a la tutela de un
derecho fundamental explícitamente formulado por nuestra Constitución como por afectar a quienes llegan a nuestro territorio en condiciones a veces muy penosas. Por eso, aparte de todas las actuaciones llevadas a cabo por la institución en los
ejercicios precedentes, y de la gestión ordinaria de las quejas correspondientes, hemos abierto un foro permanente de debate en la página electrónica del Defensor del Pueblo, que ha recogido opiniones de toda clase expresadas libremente por los
ciudadanos, por profesionales del derecho y por responsables de asociaciones diversas. Además de forma paralela durante el año 2003 se celebraron jornadas especializadas para tratar de los problemas


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planteados por la asistencia jurídica a los extranjeros, unas jornadas en las que intervinieron responsables de la Administración central y autonómica, abogados, jueces, fiscales y representantes de organizaciones no gubernamentales, con la
finalidad de elaborar un informe especializado y multifocal, destinado a generar propuestas e iniciativas para mejorar la eficacia del derecho constitucional de asistencia letrada.Dentro de otras parcelas gestionadas en este mismo sector
organizativo se incluyen las relativas a la atención de los ciudadanos españoles en el exterior.
Se trata de emigrantes por razones de trabajo, de españoles privados de libertad en el extranjero o de las condiciones bajo las que se presta el
servicio consular. Las quejas por necesidades no cubiertas adecuadamente en múltiples campos, como la asistencia sanitaria, la percepción de pensiones, la expedición de pasaportes, el derecho a participar en procesos electorales y la asignación de
recursos al servicio exterior, tienen su importancia; pero las reclamaciones más numerosas y de mayor calado fueron las procedentes de detenidos españoles en diversos países, que mostraban su descontento con la actuación de la delegación
diplomática correspondiente, con la demora en la tramitación en el expediente de trabajo y con las malas condiciones de vida que habían de soportar en prisiones extranjeras. Las actuaciones más importantes llevadas a cabo acerca de las cuestiones
que se plantean en el Registro Civil, consideradas también dentro del área de la justicia, se han centrado en las gestiones derivadas de quejas por retraso en la tramitación de solicitudes de concesión de la nacionalidad española, inscripción de
matrimonios, sobre todo los enlaces entre españoles y extranjeros, y las reclamaciones directamente relacionadas con deficiencias burocráticas o demoras en la realización de trámites registrales, demoras muy supeditadas, por lo general, a la escasez
de medios humanos y materiales que influye notablemente en la calidad de la atención prestada.



El área de la gestión dedicada a la tutela de los derechos que tienen relación con la Administración económica está adquiriendo una importancia creciente en nuestro país, sea por influencia del bloque económico en el que nos encontramos
integrados, la Unión Europea, sea porque la conciencia ciudadana va asumiendo de modo progresivo y continuado los avances que en materia de cultura económica y financiera se han producido en los últimos años. Si a ello unimos las modificaciones
relacionadas con esta materia producidas últimamente en el ordenamiento, tendremos esbozado un cuadro de verdadera escalada en el camino a la eficacia de los derechos económicos constitucionales. La actividad correspondiente se ha visto muy
influenciada por las nuevas leyes orgánicas recientemente aparecidas y también por los progresos tecnológicos y por la generalización de las telecomunicaciones. Entre las modificaciones normativas aludidas, destacan el marco regulador ofrecido por
la nueva Ley General Tributaria, de 17 de diciembre de 2003, que recoge los principios esenciales de la relación tributaria y que regula las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes.
Aunque su aparición debe ser acogida
con cautela hasta que se practiquen los oportunos reglamentos (haciendo, como siempre digo: haz tú la ley, yo hago los reglamentos, que es lo importante), sí que parece resolver ciertos problemas que se planteaban con la normativa anterior. Me
refiero, por ejemplo, a la posibilidad que se abre con la nueva ley de que los tribunales económico-administrativos rectifiquen sus propias resoluciones cuando incurran en error de hecho, o la posibilidad de suspender total o parcialmente el ingreso
de la deuda tributaria sin aportación de garantía. Otra modificación legal que merece mención es la aprobación de la Ley de 18 de noviembre de 2003, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad, conocida como el Estatuto del
discapacitado, cuya elaboración fue recomendada en su día por la institución del Defensor del Pueblo con motivo de la realización de un informe monográfico sobre distintos aspectos relativos a la fiscalidad aplicable a las personas con discapacidad.



Otros aspectos derivados de la gestión de ciertas quejas que merece la pena aludir en lo que se refiere a la relación tributaria, son los relacionados con la exención de las prestaciones por nacimiento de hijos en casos de parto múltiple,
respecto del impuesto sobre la renta de las personas físicas y las obligaciones naturales de informar por parte de los notarios en el acto de otorgamiento de las escrituras acerca del abono del impuesto que grava el valor de los terrenos de
naturaleza urbana. Hay también determinados puntos relativos con este sector que tienen que ver con la ordenación de la actividad económica en materias diversas. Así, se efectuaron investigaciones sobre el rechazo manifiesto de aseguramiento o la
petición de primas exageradas de seguros en el ramo del automóvil a personas jóvenes; sobre las limitaciones de horario de caja en oficinas bancarias y los inconvenientes que eso supone para el pago de determinadas facturas; sobre diversas
cuestiones, como la información contenida en los envases de alimentos relacionadas con el consumo; sobre la fabricación clandestina de determinados tipos de cigarros, los cigarros caliqueños, en la zona de Valencia (yo no los fumaría nunca), y
sobre las dificultades que para el adecuado suministro a determinados pacientes suponen los márgenes comerciales regulados en las oficinas de farmacia.



En el sector de los transportes y comunicaciones, cuyas quejas y peticiones se analizan y responden también dentro del área que nos ocupa, cabe señalar en los casos estudiados los que se refieren a las cuotas y procedimientos previstos para
la instalación y la desconexión telefónica y, en esta misma parcela, la investigación acerca de las cantidades facturadas por las empresas de servicios telefónicos correspondientes a las llamadas líneas de tarificación adicional, que se


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reconocen por la utilización de determinados prefijos y las líneas para adultos; las actuaciones llevadas a cabo para actualizar la tecnología que permita generalizar los servicios de internet y la recepción televisual en ciertas zonas sin
cobertura dentro del territorio nacional - parece que ya están todas-, y las recomendaciones para que se resuelvan los problemas de accesibilidad a las personas con sillas de ruedas o con movilidad reducida en las estaciones de ferrocarril.El área
de ordenación territorial está encargada de gestionar las quejas y otras peticiones relacionadas con sectores tan amplios como el medio ambiente, en general, el urbanismo y la vivienda. Por lo que se refiere al medio ambiente, la heterogeneidad de
aspectos que comprende se hace evidente con la simple consulta al índice del informe, aunque todos esos aspectos se anuden de alguna manera en el concepto negativo de contaminación. Se trate de contaminación atmosférica, de la protección de
espacios naturales, de los espacios marítimos o litorales, del ruido, de los residuos o de las líneas de alta tensión, siempre late un sentir de fondo en las quejas configurado por el deseo de que esos sistemas no contaminen ni se vean contaminados;
un deseo de que la Administración lleve a cabo, impida o corrija determinados actos con el fin de asegurar el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, tal y
como se pedía en nuestra Constitución. En esta dirección, se ha actuado razonablemente para que se facilite el acceso a la información ambiental a los representantes de asociaciones o entidades preocupadas por esta información y no sólo a los
interesados directos y personales; se han hecho esfuerzos repetidos con objeto de potenciar y extender la aplicación de las evaluaciones de impacto ambiental; se han efectuado investigaciones diversas en materia de contaminación atmosférica, así
como en relación con la obligación de proteger los espacios naturales, entre los que destacan, por la necesidad de especial cuidado, las vías pecuarias, que sufren agresiones como la ocupación ilegal de superficie, el descuido y falta de
restauración o los vertidos de escombros.



En cuanto a la protección del espacio marítimo, incluyendo mar, costas y puertos, ha destacado durante el ejercicio de 2003 la continuación de las actividades desarrolladas en torno al naufragio del petrolero Prestige en la costa gallega.
El gran número de las quejas recibidas y la investigación realizada generaron un volumen documental extraordinario y dieron lugar a un informe de la institución en el que, tratando de sistematizar lo actuado, se reflejaron consideraciones sobre la
información suministrada, sobre la actuación de la Administración General del Estado y sobre la actuación de la Junta de Galicia, para concluir poniendo de relieve la necesidad de una investigación integral, en sede parlamentaria, al tiempo que se
formulaban recomendaciones varias de las que se dio traslado a las administraciones competentes, y también constan en el informe que ustedes tienen.



Los problemas generados por la contaminación acústica, la prevención y gestión de residuos o el uso de líneas de alta tensión y telefonía móvil dieron lugar asimismo a numerosas quejas y ocuparon por ello buena parte del trabajo de análisis
e investigación. Destacan en este sentido los casos del ruido provocado por el tráfico de los aeropuertos en las poblaciones cercanas; el ruido callejero, incluido el provocado por los adictos al conocido botellón, o el ruido procedente de locales
de ocio o diversión.



El urbanismo y la vivienda configuran un ámbito de actuación especialmente interesante por su importancia relativa y su peso agobiante en la vida ordinaria de los ciudadanos. Si se tiene en consideración la hasta ahora débil presencia de la
acción pública en el sector, el incremento excesivo de los precios y el muy elevado endeudamiento de las familias en relación con la renta disponible, no debe extrañar a nadie que desde el Defensor del Pueblo se haya reflexionado sobre un modelo
urbanístico, del que se trazan en el informe de 2003 algunas líneas directrices indicativas.
Líneas que pasan por una adecuada política de vivienda, que comprenda extremos tan sustanciales como el plan correspondiente y la oportuna evaluación
ambiental, una información completa y accesible a todos los ciudadanos, la participación de los mismos en el plan, la ejecución adecuada de ese mismo plan, descentralizada y diferenciada, y una especial vigilancia en el caso de las urbanizaciones
ilegales sobre las que, por cierto, se viene formulando un apreciable número de quejas. En lo que respecta a la vivienda, el compromiso constitucional de hacer efectivo por los poderes públicos el derecho a una vivienda digna se convierte en objeto
de atención específica por parte del Defensor del Pueblo. Por eso, desde la institución se trata de mejorar, con recomendaciones y sugerencias, las actuaciones públicas, los planes de vivienda y el régimen legal de las viviendas protegidas.



El área que se ocupa de la gestión de quejas en el campo de la sanidad y la política social cubre los ámbitos funcionales de la Administración sanitaria, de la acción social, de la Seguridad Social y de la Administración laboral, todos ellos
relacionados por una espesa red de interconexiones de carácter histórico y conceptual. En la parcela de la Administración sanitaria, las reclamaciones ciudadanas giran en torno a tres ejes básicos: la accesibilidad a los servicios, la
participación de usuarios y profesionales y el creciente interés por los aspectos cualitativos de la relación sanitaria. Así, se han recibido y estudiado quejas y se han elaborado resoluciones acerca de la universalización plena y efectiva del
derecho a la asistencia sanitaria, sobre el derecho a conocer la información y la documentación clínica, sobre las listas de espera, sobre el transporte sanitario, sobre la atención extrahospitalaria, sobre presuntos errores clínicos, sobre la
dispensación, financiación


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y control de los medicamentos y sobre todos los problemas que se plantean a los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes, tanto por las dificultades de diagnóstico como por la inexistencia de centros especializados de referencia.El
campo de la acción social tiene tres elementos de referencia: los menores, las personas con discapacidad y los ancianos. Más en concreto, los problemas suscitados por las quejas ante el Defensor llevaron a investigar determinados casos con objeto
de que, ante el desamparo del menor, fueran tomadas medidas materiales de protección u otras referidas a la patria potestad o a la tutela, para dejar a salvo sus intereses económicos. Cabe citar aquí los problemas generados por los procesos de
adopción internacional y las limitaciones de actuación derivadas de la aplicación de ordenamientos de distintos países, así como la destacable labor llevada a cabo en esta materia por la Comisión Especial del Senado sobre adopción internacional.



El grupo de las personas con discapacidad, que aparece con regularidad en distintos apartados de nuestro informe, ha sido objeto de una especial atención en 2003, declarado Año Europeo de las Personas con Discapacidad, propiciando
modificaciones normativas y generando planes de acción por parte de los poderes públicos. Las quejas formuladas se han referido a cuestiones de criterios, aplicación de baremos y demoras en el proceso de reconocimiento de las minusvalías; a la
accesibilidad a oficinas y edificios públicos; a la adquisición y adaptación de vehículos a motor para personas con minusvalía; al incremento de prestaciones económicas y a las necesidades de plazas residenciales.



En cuanto a los ancianos, es preciso resaltar la mayor cobertura social de las personas dedicadas a atender a otras con minusvalía o enfermas, extendiendo la consideración de periodo de cotización efectiva, a los efectos del cálculo de
prestaciones, al primer año de excedencia por cuidado de otros familiares. De otra parte, hemos seguido investigando para comprobar la instalación efectiva del programa de teleasistencia y seguimiento de mayores en la Comunidad de Madrid,
especialmente en previsión de la tristemente consolidada soledad estival y de los fallecimientos de ancianos incomunicados en sus domicilios; se trataron de agilizar las solicitudes de plazas en residencias, aunque todavía es palpable la escasez de
recursos en este punto, y se hicieron esfuerzos por lograr que la atención en los centros residenciales sea la idónea en todos los sentidos, pero sobre todo en el sanitario.



Voy terminando. Por lo que se refiere a la Seguridad Social, que sigue motivando un elevado número de quejas, continúan recibiéndose muchas reclamaciones relativas a la afiliación al sistema, errores en los informes sobre vida laboral y
cotizaciones acreditadas, así como por la gestión recaudatoria motivada por descubiertos en la cotización. En cuanto a las prestaciones, se han cogido y analizado distintos casos relacionados con los derechos a la prestación de asistencia
sanitaria, a las prestaciones en caso de incapacidad temporal, incapacidad permanente y maternidad, a las pensiones de jubilación, a las prestaciones de supervivencia y por desempleo y a las denominadas pensiones no contributivas. En el ámbito de
la administración laboral, se resolvieron diversos problemas que están ahí y por tanto ya los conocen ustedes.



En el ámbito de la Administración laboral se han resuelto diversos problemas que figuran en el informe y que ya conocen ustedes. El área de inmigración y de asuntos exteriores despliega una actividad constante, teniendo en cuenta las
circunstancias actuales y los desplazamientos continuos de personas procedentes de países menos desarrollados, los problemas derivados del control de fronteras y la acumulación de expedientes y casos singulares por tramitar. Al igual que sucede en
otros ámbitos de gestión, el panorama que aparece cuando uno se asoma a la ventana del informe en este punto sobrecoge por la cantidad y variedad de los problemas que acoge, nada menos que trece apartados clave, algunos de ellos de tanta enjundia y
trascendencia como para hacer desistir a cualquiera de exponer un breve resumen de su contenido. Modificaciones normativas, régimen de entradas en el territorio nacional y entradas por puestos no habilitados, menores extranjeros no acompañados,
centros de internamiento, expulsiones y devoluciones, asilo, racismo y xenofobia son algunos de estos apartados. No me queda más remedio, señorías, que destacar algunos de los asuntos más interesantes, por no alargar, porque nos alargaríamos mucho.
Debido a ello, y partiendo del criterio de que, hablando en términos globales, la inmigración para nosotros, para la institución, es un acontecimiento netamente positivo para nuestro bienestar personal y social, preocupan determinados aspectos de
carácter general y otros de carácter mucho más limitados, sobre los que hemos venido trabajando. Entre los aspectos de carácter general que me parece conveniente subrayar están los más evidentes. Ante todo, nuestra situación geográfica y nuestra
pertenencia a un espacio común europeo desarrollado y de altos niveles de renta que nos convierte, querámoslo o no, en país propicio a las aglomeraciones de entrada hacia un mundo soñado desde latitudes más pobres. Por otro lado, esa circunstancia
y el hecho evidente de que no todas las personas que lo desean puedan ser acogidas con las garantías necesarias en España, provocan, debido al dinamismo inherente a las propias corrientes migratorias, unas condiciones cambiantes, poco propicias para
sedimentar un marco normativo cuyas variaciones siempre producen desasosiego e inseguridad en los procesos de integración, un marco normativo condicionado además por las normas de ámbito comunitario o supranacional, lo cual añade una complejidad
innegable a la tarea de legislar. Por último, y también como consecuencia de los factores señalados, nos encontramos ante una situación fáctica en la que numerosos inmigrantes se encuentran de manera ilegal en territorio español, sin papeles, en
paro


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o trabajando en la economía sumergida, una situación no deseable que puede generar tensiones en cualquier momento y cuya superación constituye un objetivo primordial. Desde que la presión migratoria fue haciéndose más elevada y con motivo
de la aparición de las sucesivas normas en materia de extranjería, hemos mantenido contactos permanentes con las diferentes administraciones a los efectos de perfilar y normalizar los criterios de arraigo. En primer lugar, el arraigo familiar, cuya
eficacia ha resultado evidente, y en segundo término, otros motivos de arraigo e integración, como el que se deriva de un contrato laboral o de la prestación continuada del trabajo por cuenta ajena que, debidamente regulado y aplicado, también
podría contribuir a la oportuna regularización y suavizar las tensiones que provocan la situación irregular de numerosas personas.Bajando al terreno de los hechos concretos, consecuencia de las quejas formulas ante la institución o de las visitas
giradas por nosotros a diversos puestos fronterizos y centros de internamiento para comprobar in situ las instalaciones y los procedimientos empleados, cabe destacar ciertos asuntos de entre la multitud de cuestiones que el informe detalla. Así, la
especial atención prestada por la institución en los casos frecuentes de menores extranjeros no acompañados, en virtud de la cual se han analizado e investigado los procedimientos de repatriación y documentación de esos menores, desde el criterio
básico de la seguridad de los propios menores, así como el trato a los mismos en los centros, tanto en cuanto a una adecuada relación personal propicia a la integración como a la idoneidad de las instalaciones previstas. En el mismo sentido, se han
continuado con regularidad las actividades de supervisión ordinaria en los centros de internamiento de extranjeros en todo el territorio nacional. Las visitas correspondientes durante el ejercicio que nos ocupa a los centros situados en Algeciras,
Barcelona, Málaga, Murcia y Valencia, han permitido comprobar determinadas deficiencias en las prácticas comunes de acogida y servicios, en la dotación de personal y en las instalaciones, de las cuales se dio el oportuno traslado a las autoridades
responsables.



En lo concerniente a expulsiones y devoluciones, se han llevado a cabo investigaciones en relación con las garantías establecidas para normalizar el procedimiento sancionador de expulsión, con la propia tramitación de las expulsiones
efectuadas, con el estado y la naturaleza de un edificio conocido como sala de repatriaciones, en el complejo del aeropuerto de Madrid-Barajas, destinada a la custodia de extranjeros en trámite de expulsión, y con el caso producido con motivo de la
detención y traslado hasta Algeciras de un grupo de inmigrantes en situación irregular para incoarles expedientes de expulsión.



Por lo que se refiere al funcionamiento de centros y oficinas que se ocupan de la regularización de inmigrantes, se han llevado a cabo actuaciones dirigidas a conocer el funcionamiento de las oficinas consulares en lo que afecta a atención a
los usuarios y a la garantía de los procedimientos establecidos, fundamentalmente en los procesos de reagrupación familiar, con respecto a los cuales se ha recibido un gran número de quejas. Asimismo, se ha vuelto a investigar el funcionamiento de
las oficinas de extranjeros y la tramitación de las regularizaciones y de los procesos ordinarios de extranjería. Señalaré también, dentro de esta área, la importancia de lo actuado respecto a las solicitudes de asilo, tanto por el número de
personas afectadas como por la puesta en marcha en 2003 de un nuevo modelo derivado de la trasposición al ordenamiento español de la normativa europea, que establece normas mínimas para la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas
desplazadas. Durante el ejercicio que cubre el informe se han investigado distintas solicitudes de asilo formuladas por ciudadanos de diversa procedencia, insistiendo sobre todo en el rigor necesario a tener en cuenta en la tramitación
correspondiente.



Finalmente, el área que nos ocupa del análisis y de la gestión de quejas en los ámbitos de educación y cultura invirtió buena parte de su trabajo en poner a punto para su presentación y difusión un informe monográfico acerca de la
escolarización de los alumnos hijos de inmigrantes, cuyas conclusiones pusieron de manifiesto algo que quedó corroborado por la investigación derivada de algunas quejas recibidas en la propia institución. A saber: la concentración de tales alumnos
afecta de manera muy especial y concreta a determinados centros, que son los que acogen a hijos de inmigrantes en porcentajes muy superiores a los de otros centros situados en la misma zona. Ahora bien, todos los expertos coinciden en señalar que,
cuando esos porcentajes superan una proporción determinada, es probable que se altere o perturbe el proceso educativo ordinario, de acuerdo con la planificación prevista. Como resultado de la investigación, se formularon las oportunas
recomendaciones a las autoridades educativas. Además, se ha llamado la atención de las autoridades competentes para que traten de evitar el deterioro de las instalaciones escolares y se cubran las nuevas necesidades de plazas que vayan surgiendo;
se han investigado todos los aspectos sobre el perfeccionamiento de la metodología, convalidación, etcétera.



Por lo que respecta a los estudios universitarios, se han producido quejas por las modificaciones normativas en relación con el acceso a estos estudios y su interpretación por las distintas universidades. Se han investigado las
circunstancias referentes, y que tienen un gran número de quejas, a la exclusión de la profesión de psicólogo, salvo en los casos de especialización clínica, de las profesiones sanitarias.



Y ahora voy a llegar al final con algo que no tiene que ver, como dije en los medios de comunicación, con este informe 2003, pero es un asunto que ya nos preocupaba desde el año 2003 y que ahora nos preocupa con acritud, y nos preocupa
extraordinariamente porque


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incide en la defensa de los menores a tener una educación sin perturbaciones. En este terreno que tanto nos importa, señorías, de la garantía y la defensa del derecho de todos a la educación, nos inquieta en gran medida una circunstancia
concreta que está adquiriendo caracteres alarmantes y que puede desvirtuar o hacer estériles en muchos casos los esfuerzos dirigidos a lograr la eficacia de los procesos educativos. Me refiero a los evidentes perjuicios que puede llegar a producir
un instrumento de gran repercusión en la sociedad pero que se agranda en relación con quienes dan los primeros pasos en su formación: se trata de los contenidos y la programación del medio televisivo. Sin ánimo de generalizar y, naturalmente, sin
que puedan en absoluto verse afectados los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de empresa, sería preciso establecer unos principios, formular algunas recomendaciones o poner de relieve ciertos riesgos evidentes que la televisión
actual puede producir, principalmente en el deterioro de los resultados educativos. A nadie con sentido común, en una sociedad moderna y progresista, puede resultarle indiferente algo que se produce de manera cotidiana en muchos de nuestros
hogares: a los niños y a las niñas, a los adolescentes, cuando vuelven a casa del colegio cada tarde cargados con una pesada mochila y unos deberes pendientes, les espera en la sala de estar o en el cuarto de cada uno la programación televisiva
ritual, una programación poco propicia a la sedimentación de los valores o de la información que hayan podido recibir en las aulas, programación que se impone en las horas libres y a la que les resulta muy difícil sustraerse, porque se les adoba con
un lenguaje fácil y pobre, al borde del grito, con situaciones en las que sobrenada la violencia y la zafiedad, con la miel de unos cuerpos atractivos y tentadores que todo lo experimentan sin dificultad, en un clima de falso compañerismo y de
indolencia, de pasotismo, de dolce far niente. Las horas pasan veloces, los padres no pueden intervenir porque, o no están en casa o han arrojado la toalla. Y al día siguiente, vuelta a empezar. La conciencia del tiempo, que debería dedicarse a
dar contenido y a afianzar el derecho a la educación, se esfuma como el agua entre las manos. Nuestros educandos crecen y la sociedad se encuentra así con unos individuos a los que les resulta difícil convivir y que hacen difícil la convivencia,
atiborrados de imágenes zafias, de cotilleos inútiles o abyectos, alejados de una realidad que por ley natural están obligados a tomar en sus manos, sin recursos aprendidos para transformarla. Se trata de un estado de cosas ante el que no podemos
dar la callada por respuesta. La institución del Defensor del Pueblo, encargada por la Constitución de la tutela de los derechos básicos de los ciudadanos, tiene que hacer sonar la sirena de alarma para que ese panorama cambie de algún modo. Somos
conscientes de que ya se están algunos pasos, en esta dirección; hemos participado incluso en la promoción de ciertas sugerencias con este mismo propósito. Se ofrecen diversas alternativas en derecho comparado, pero quizá sea este el momento
propicio para señalar la conveniencia de establecer un debate abierto y solvente, con participación de todos los grupos sociales afectados, que nos permita disponer de unos materiales básicos de referencia sobre los que fundamentar las
recomendaciones oportunas a las distintas administraciones públicas. Considerando que forma parte vital de nuestra encomienda constitucional la vigilancia de los derechos básicos de todos, pero muy en especial de los menores, a esta tarea pensamos
dedicar en el futuro inmediato, contando con la colaboración y los recursos que puedan allegarse, la firme decisión de aportar nuestro esfuerzo, sin regateos, al objeto de incentivar y estimular el perfeccionamiento de una verdadera democracia por
la vía imprescindible de una educación configurada por los auténticos valores de una convivencia justa, libre y solidaria, a la que debieran cooperar unos recursos tan potentes como los de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Unos medios que, en el contexto de un servicio público, porque la televisión es un servicio público, tanto la pública como la privada (yo era ministro de Justicia en el Gobierno que hizo las concesiones a las televisiones privadas, concesiones que
se dieron porque eran un servicio público que debía ser gestionado por las empresas), unos medios que tendrían que servir, por el contrario, para dotar a nuestra juventud de una preparación con un altísimo nivel de calidad. Pedimos el ocio, además
de educación, ocio, pero un ocio que sea digerible y que no atente a principios fundamentales de la educación.Acabo con ello esta presentación, señorías, haciendo mención de que en el informe se incluye, por último, como habrán podido comprobar, la
relación por orden cronológico de solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad contra las normas que se especifican y transcribiendo los fundamentos de la resolución tomada en cada caso.
Espero que este apretado -¡y tan
apretado, presidente!- y necesariamente resumido balance, contribuya a esclarecer y estimular el desarrollo del debate y que éste sirva para perfeccionar la labor que venimos realizando en la defensa de los derechos constitucionales.



Muchas gracias por su atención.



El señor PRESIDENTE: Señor Múgica, le agradecemos su comparecencia y también, a pesar de que parezca lo contrario, la brevedad en la exposición del informe.



Vamos a pasar a las intervenciones de los grupos por el orden que habíamos acordado anteriormente. Los turnos son de diez minutos y les rogaría que nos ciñéramos al tiempo, a mí no me gusta la dilatación del tiempo y creo que con diez
minutos es suficiente. Si acaso, puede haber otro turno de preguntas, así que vamos a ser todos razonables y ajustarnos al tiempo.
Siguiendo el orden que hemos acordado, tiene la palabra por el


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Grupo Parlamentario Popular el señor don Gabino Puche.El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señor presidente, señorías, en la mañana de hoy quiero que mis primeras palabras sean, como no puede ser de otra forma, para agradecer su presencia,
señor Múgica, para darle una cordial bienvenida a esta su Casa, y también a los adjuntos que le acompañan, a la señora Cava y al señor Aguilar, y hacerlo extensivo también, cómo no, a todo el equipo.



Sin embargo, no quisiera yo que estas mis primeras palabras de introducción se quedaran en la bienvenida y en la felicitación, sino que quiero que sean palabras, como digo, de felicitación expresa, porque creo que se nos ha presentado hace
ya unas semanas un informe importante, un documento muy importante, y además quiero que esas palabras de felicitación se extiendan a la forma en la que esta mañana se ha expresado el Defensor del Pueblo y a la forma en la que nos ha expuesto el
documento.



Quiero expresar manifiestamente por parte de mi grupo que es un documento que toca todos los aspectos que preocupan hoy a la sociedad española y que la preocuparon en su momento, en el año 2003, y sin duda alguna son aspectos que interesan a
la opinión pública. Quiero resaltar desde el Grupo Popular que es un informe ponderado, equilibrado y hecho desde la seriedad, desde la rigurosidad y el equilibrio. Por tanto, señor defensor del pueblo, reciba la felicitación del Grupo Popular y
hágala extensiva, por favor, a todo su equipo técnico, así como a su adjunto.



Dicho esto, señor presidente, que creo que es de justicia, voy a tratar de ceñirme al tiempo que usted me da, pero acogiéndome a la flexibilidad, a esa generosidad que sin duda alguna usted va a tener con nosotros, dada la extensión de este
informe, ya le adelanto que no voy a abusar de esa generosidad ni tampoco de la paciencia de los señores comisionados en esta larga Comisión. Y entro sin más dilación en el análisis del informe que se nos ha presentado, en el meollo de la cuestión,
con la misma sistemática que el señor Defensor del Pueblo ha expuesto, empezando por los datos de carácter global que nos cuantifican el esfuerzo realizado por la institución del Defensor del Pueblo, es decir, las series estadísticas que claramente
nos enfrentan a la frialdad de los números, pero que sin duda alguna, también es cierto, nos proporcionan una primera aproximación a la importante actividad llevada a cabo por el Defensor.



Estos datos nos reflejan, señor presidente, que en el año 2003 se rebajan las actuaciones, se rebajan las quejas con respecto al año anterior, es decir, hay menos quejas, por supuesto, haciendo la salvedad que señalaba el Defensor del Pueblo
de no considerar las quejas relacionadas con el conflicto de Irak dado que no es competencia de la defensoría del Pueblo el intervenir en la Administración exterior ni, por supuesto, en las Fuerzas Armadas ni en propugnar consultas populares. Digo
que, haciendo abstracción de eso, que obvia todo comentario, las quejas efectivamente bajan, las quejas individuales y, por el contrario, suben las quejas de oficio. Y esto me lleva a una primera reflexión, y es que el año pasado, cuando la
Comisión se encontraba en este mismo trámite, alguna portavoz de algún grupo, dado que se había producido un incremento de las quejas individuales y una disminución de las quejas de oficio, demandaba al Defensor del Pueblo una reflexión en el
sentido de si eso no suponía un mayor conocimiento pero a la vez un deterioro de la gestión de los servicios públicos, un deterioro de la gestión de la Administración e incluso un deterioro del incipiente -me parece que así se le llamaba- bienestar
social español. Hoy, dado que las quejas individuales bajan y suben, afortunadamente, las de oficio, creo que podríamos inferir un análisis distinto. Es decir, ¿es menos conocida la institución? Yo creo que no, y además el señor Defensor del
Pueblo ha dado unos datos al principio con respecto a unas encuestas, y por tanto creo que la institución del Defensor del Pueblo es cada vez más conocida y está cada vez más arraigada. Por el contrario, al haber menos quejas, se puede inferir que
no hay por tanto deterioro en la gestión de los servicios públicos ni en la gestión de la Administración ni, por supuesto, en la gestión de nuestro Estado de bienestar. En ese sentido creo sinceramente, señor presidente, que se trata, a mi modesto
entender, de que las quejas van subiendo y bajando en función de las circunstancias políticas, de las circunstancias generales de un país y que, por tanto, estamos dentro de la normalidad. Este es el juicio que a mí me cabe, pero me gustaría oír en
la mañana de hoy una reflexión específica de ese punto concretamente al Defensor del Pueblo.



Me gustaría, por otra parte, igual que sucediera en informes precedentes, comprobar que la inmensa mayoría de esas quejas proceden del territorio nacional, como ya se ha expresado por parte del Defensor del Pueblo. Y repiten comunidades,
como Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, sin duda alguna, señor Múgica, porque también son comunidades de mayor peso de población. Es decir, es muy significativo que precisamente las cuatro con más peso específico en España sean las que
presentan mayor índice de quejas. Y quiero llamar la atención de que siguen a la cabeza, en cuanto a las quejas procedentes del extranjero, como también se ha recalcado, las de países iberoamericanos; creo que, a mi modesto entender, sin duda
alguna por las circunstancias económicas y políticas que atraviesan precisamente esos países. En cuanto al continente europeo, al que también se ha referido el señor Defensor del Pueblo, creo que las quejas están relacionadas fundamentalmente con
la adquisición de vivienda y con los trámites para el establecimiento de residentes, fundamentalmente españoles en el extranjero.



Sobre el estado de tramitación de las quejas, quiero resaltar que más del 50 por ciento de las quejas registradas no se admitieron a trámite y creo sinceramente


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que con la explicación que nos ha dado el Defensor del Pueblo queda totalmente explicado el acontecimiento; es decir, no ha habido incidencias de irregularidad administrativa, no se han observado actuaciones inadecuadas de los poderes
públicos y no se han producido sentencias firmes, lo cual quiere decir que está claramente justificado el que el cincuenta y tantos por ciento no se hayan admitido a trámite.El informe de actividad de la institución culmina con una serie de
resoluciones dirigidas a las administraciones. Yo quiero resaltar que durante 2003 se formularon 154 recomendaciones, 228 sugerencias, 103 recordatorios y una advertencia. Según se desprende de ese informe, se demuestra que en torno al 23 por
ciento de las administraciones estudian las recomendaciones del Defensor del Pueblo, es decir, el setenta y tanto por ciento de las administraciones estudian las recomendaciones y se rechazan o se contestan negativamente, en el uso también del
derecho de la Administración; el 23 por ciento, lo cual sin duda alguna estimo que es un alto cumplimiento de las recomendaciones por parte de las distintas administraciones. En este sentido, también me gustaría conocer la opinión personal del
defensor, si le merece la misma opinión, es decir, que las recomendaciones son admitidas en un setenta y tantos por ciento por la Administración, lo cual indica la categoría de esas sugerencias, de esas recomendaciones que se hacen por parte de la
defensoría.



Sobre las administraciones que han incumplido la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo, a mí me congratula muchísimo este año y me satisface observar que no figure la Administración Central. Ha habido años, en concreto los dos
últimos años, en los que el Ministerio de Fomento aparecía y era objeto de sucesivas críticas por parte de algunos portavoces, producto, como ya se explicaba en su momento, de las tramitaciones de expedientes de expropiación. Acabado eso, a mí me
congratula que este año no figure la Administración Central como administración entorpecedora, y sí lo hagan, desgraciadamente, autonómicas y locales, en las cuales está reflejado prácticamente todo el arco político. A nosotros, desde luego, y lo
digo taxativamente, no nos agrada que se pueda entorpecer la labor del Defensor del Pueblo, como tampoco nos agrada que no se conteste en el capítulo a que él hacía referencia. En cualquier caso, yo quiero decir que el Defensor del Pueblo es una
institución cada vez con más prestigio y que cada día que pasa, señor Múgica, se prestigia más, y es fácil constatar que goza del respeto de la totalidad de las administraciones, de la central, de las administraciones autonómicas y de la
Administración local.



Y entro rápidamente, para cumplir con ese mandato que nos ha dado el presidente, en la segunda parte del informe, es decir, en las distintas administraciones, en los distintos aspectos de la Administración que nos ocupan. En ese sentido, y
siguiendo el mismo criterio y el mismo orden que usted hacía en lo referente a función y empleo público, entro de lleno en el apartado sustancial de ese informe que afecta, como digo, al campo del empleo público. Yo quiero llamar la atención de la
Comisión en el día de hoy porque, en el informe monográfico que se presentó en el año 2003 ante las Cortes sobre funcionarios interinos y personal eventual del sector público, se abordaba claramente el problema inherente a la existencia de grupos
muy numerosos de empleados públicos que desempeñan sus funciones al servicio de las distintas administraciones públicas. Ese informe, señorías, permitía constatar que, en algunas pruebas de acceso a la función pública, los servicios prestados a la
Administración convocante habían tenido un excesivo peso específico y su inclusión era fundamental a la hora de evaluar simplemente con atribuir puntos, sin tener en cuenta otros objetivos. Yo creo que la experiencia adquirida o los conocimientos
acumulados en el desempeño del puesto puede ser importante, pero no debe ser fundamental, y por eso quiero llamar la atención sobre ese informe monográfico, porque se sacaron conclusiones de todo tipo que han permitido, y quiero resaltarlo también,
a las distintas administraciones las oportunas recomendaciones, que han permitido, como digo, pasos muy positivos para solucionar el problema de referencia al que usted ha hecho mención hace un minuto.



En cuanto al área de prisiones, en el informe de esta mañana se nos pone de manifiesto que la población reclusa ha aumentando en un porcentaje importante, el ocho y pico por ciento, incremento que yo creo que afecta (no es que lo crea, es
que lo afirma el informe) tanto a penados como a presos preventivos. Pero al mismo tiempo se nos señala en ese informe la promulgación, y usted se ha referido a ello, señor Múgica, de importantes leyes con una incidencia fundamental en ese ámbito.
En concreto, la Ley orgánica que entró en vigor en el segundo semestre de 2003, sobre el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, la de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana y la de violencia doméstica e integración social de
extranjeros, juntamente con la de Enjuiciamiento Criminal, en materia de prisión provisional. Es evidente, por tanto, señor presidente y señorías, el efecto que ha tenido el endurecimiento del acceso al tercer grado del tratamiento penitenciario y
de la libertad condicional, la ampliación de los límites máximos del cumplimiento de penas y en general el número del elenco de delitos y de faltas y la mayor eficacia judicial, así como los juicios rápidos, que tienen y tendrán en el futuro una
incidencia en el número de internos en los centros penitenciarios.
Con ese incremento de presos que se ha generado, a consecuencia, sin duda alguna, del endurecimiento de las leyes, que demandaba por una parte la sociedad española y que se han
puesto en marcha, parece claro que a la Administración penitenciaria a partir de ahora (y en eso tendremos que poner especial incidencia los parlamentarios) se le debe de exigir un importante esfuerzo en la adecuación de medios personales


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y materiales suficientes con el número de internos actual y los que pueda haber en el futuro. En ese sentido, tengo que decir que nos parecen lamentables las noticias aparecidas estos últimos días, que informan de determinadas dificultades
por parte de algunas corporaciones locales y entes autonómicos para evitar la construcción de determinados centros penitenciarios en esos ámbitos territoriales.Respecto a cuestiones relativas a sanidad y salud en las prisiones, me parece muy
positivo, señor Múgica, que la institución haya continuado el seguimiento del programa de intercambio de jeringuillas en prisión, convencidos como estamos de la utilidad de este instrumento para la prevención de enfermedades asociadas al consumo de
drogas por vía parenteral. Me alegra, señor Múgica, ver en el informe que la valoración cualitativa es muy positiva, y yo me felicito por ello, ya que los posibles usuarios de drogas por vía inyectada pueden disponer de jeringuillas estériles y por
tanto evitar el compartirlas, lo que disminuye la posibilidad de infectarse con el virus del VIH, de la hepatitis u otros. Me alegra asimismo comprobar que en el informe se recoge que la Administración penitenciaria realiza un importante esfuerzo
de lucha contra la droga, en cumplimiento del Real Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional sobre Drogas y se establecen los objetivos para el año 2002-2008. Y lamento, cómo no, una vez más que las situaciones de las mujeres en prisión
siga siendo peor que la de los hombres, aunque bien es cierto que hay que descartar las ingresadas en prisiones tipo, como ustedes saben, es decir, aquellas que se hacen a partir de 1991. En este tema reconozco la importancia de las visitas
realizadas por parte de la defensoría y me gustaría oír del defensor esta mañana qué posibilidades tiene de actuar en este campo, me refiero al campo de mejorar la situación de las mujeres con respecto a la de los hombres.



En el área de ciudadanía y de seguridad pública... Le rogaría al presidente que me vaya avisando del tiempo, para no extenderme demasiado.



El señor PRESIDENTE: Le aviso, y se acaba de exceder cinco minutos ya del tiempo marcado.



El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Bien, pues entonces obvio algunas cuestiones, pero no quisiera dejar de resaltar, por ejemplo, las que se refieren a la justicia, a la Administración de justicia, dado que lamentablemente una vez más hay que
hablar de dilaciones y retrasos en los procedimientos judiciales, y merece ser destacada la situación de los retrasos, como decía el defensor, en cuanto al Tribunal Supremo, que es especialmente tradicional en la Sala de lo
Contencioso-administrativo.
Pero lo que más debe de preocuparnos, señorías, es el comentario que ha hecho el Defensor cuando nos ha puesto de manifiesto que, lejos de ir avanzando en la reducción de los tiempos de espera de los recursos existentes
ante el Tribunal Supremo, se está produciendo, a pesar de las medidas importantes que se adoptan, una demora. Se adoptan medidas, pero seguimos con demora, mayor incluso. De ahí que el planteamiento del Defensor de estudiar cuál es la naturaleza
del Tribunal Supremo, mejor dicho, cuál debería ser la naturaleza de ese tribunal como máximo órgano del sistema judicial del Estado deba de ser tenido en cuenta por parte de mi grupo. Nos gustaría que en la mañana de hoy nos pudiese hacer algunas
reflexiones al respecto, pues nosotros tenemos muy claro que la justicia no puede ni debe considerarse como tal si no se otorga a tiempo, y no debe de olvidar que la consagración de un derecho supone una auténtica obligación para los poderes
públicos.



En inmigración y asuntos exteriores, señorías, seguimos con el mismo problema. El capítulo relativo a la inmigración y extranjería sigue siendo uno de los capítulos a los que se le presta una gran importancia y por el que tenemos gran
preocupación. Y paso rápidamente a otro apartado.



La sanidad. En cuanto a la Administración sanitaria, señor Múgica, es importante tener presente que durante el año 2003 se han publicado tres textos legales que han tenido una incidencia trascendental y muy favorable en el ámbito al que me
refiero, concretamente la de cohesión social y calidad del Sistema de Salud, el sistema de ordenación de las profesiones sanitarias y el estatuto marco, que han permitido de alguna forma que todas las administraciones se pongan en marcha a la hora
de intentar acabar con las listas de espera, esa grave preocupación que tienen todos los españoles.



Tendría que hablar de medio ambiente, ordenación territorial, situación económica y educación infantil, para terminar con el mismo tema que a usted y a todos nos preocupa. Por lo que se refiere a la Administración educativa, concretamente a
la educación infantil, se refleja en el informe, que existen algunos desajustes en la oferta de plazas destinadas a alumnos de tres años. Yo creo que si bien es cierto que la demanda de plazas, al ser una enseñanza voluntaria, no se ajusta a la
realidad ni tiene la compensación junto con la obligatoria, sí hay que seguir avanzando en este tema, y así lo asumo como parlamentario.



Por último, una reflexión como la que usted hacía, señor Defensor del Pueblo. La preocupación con acritud -he apuntado exactamente su palabra- creo que tenemos que tenerla todos los que nos consideramos defensores de la libertad, defensores
de los derechos humanos y defensores de la Constitución de nuestro país. El deber de garantizar el derecho a la educación conjuntamente con el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión va de suyo en un Estado democrático y
de Derecho como es el español. Por tanto, comparto esa reflexión de preocupación, que no se complemente el sistema educativo que tenemos en las aulas con ese derecho a la información, con ese mal sistema de complementación educativa que tenemos
cuando llegamos a casa, como usted decía, cuando esos


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niños llegan a casa y pueden sentirse de alguna forma indefensos frente a algunas informaciones o frente a algunos programas televisivos.Señor Defensor del Pueblo, termino como empecé, agradeciéndole como siempre su presencia en esta su
Casa, dándole felicitaciones sinceras por esa objetividad y rigurosidad en el informe que se nos ha presentado y compartiendo claramente esta acritud, para que, en definitiva, siga usted estimulando a todas las administraciones en la defensa de esas
libertades y esos derechos humanos por la que todos conjuntamente luchamos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Ante todo, me quiero sumar, igual que el interviniente anterior, al agradecimiento al señor Múgica, Defensor del Pueblo, por su informe sobre el año 2003, que por razones electorales se ha demorado hasta el mes de
septiembre. Me consta que estaba en esta Cámara desde junio, pero por razones de calendario y agenda no se ha podido presentar antes, siguiendo las buenas prácticas que hemos llegado a tener.



Corresponde este informe de 2003 a una etapa anterior, pero lógicamente tiene la continuidad de una gestión y además acumula ya una buena experiencia que se consiguió en la pasada legislatura, en la cual se estructuró de una forma muy
coherente. Se ha ido mejorando, y en la primera presentación que de él nos hizo el Defensor ya nos habló de la mejora que pretendía llevar a cabo en los temas informáticos y realmente este año ya se ven unos resultados muy positivos en el
tratamiento de las estadísticas y en la presentación del informe.



Me hubiera gustado, señor Defensor del Pueblo, y solamente lo digo como apostilla, que sumara a este informe anual una cita con mayor profundidad, o al menos como balance de la acción del Defensor del Pueblo, de los dos informes que los
adjuntos hicieron el año pasado.
Nuestro grupo quiere dejar constancia de ello en esta Comisión, porque sería una buena práctica que ya propusimos en nuestros comentarios del año pasado. Esperamos que se continúe en este espíritu para el futuro
porque redundaría en la mejora de determinados temas, algunos de los cuales ya citaré más adelante aunque anticipo el tema del Prestige, que ya ha generado en estas Cámaras una acción importante y que realmente ha tenido un buen tratamiento en el
informe.



Vuelvo a insistir en el tema de las estadísticas. Me gustaría, ahora que el tema está abierto y que informáticamente es tratable, que se trataran los expedientes específicos que se generan, porque si bien el anterior interviniente hablaba
de las quejas colectivas (una queja colectiva es una sola queja cuando es de 500 personas, de mil o de 25), realmente lo que importa de las quejas son los expedientes tratados. Es una cosa en la que nuestro grupo no se cansa de insistir y le
insisto otra vez si puede ser posible establecer ya para el futuro una estadística de asuntos o temas que se tratan específicamente, porque una queja colectiva de 325 personas, aunque generen 325 respuestas, 325 respuestas separadas, en definitiva
creemos que son la misma, y así se lo indicábamos.



Dentro de esta modernización informática, quiero resaltar el hecho de que cada una de las 36.095 quejas electrónicas generadas por el tema de Irak hayan tenido, según me consta y ha informado usted directamente, una respuesta personalizada,
lo cual dice mucho más a favor de esta modernización informática del centro y genera en el ciudadano confianza en la institución; el hecho de que un señor que solamente ha apretado una tecla, que realmente tenía una inquietud y que se ha encontrado
delante de la web y ha sido atendido quiere decir que su queja no ha caído en saco roto. Tomo constancia de esta web que se ha abierto como foro de debate, que significa una introspección importante dentro del tema informático, porque en definitiva
sí que abre un diálogo directo, fresco y ágil para los determinados temas que se generan en la sociedad, y realmente da la medida de la validez o la eficacia de la institución.



También es de felicitar que desde hace dos años, y esta es una estadística importante, las quejas de oficio estén subiendo. Esto también quiere decir que la institución genera y conoce los problemas y que, como recibe mayor información,
actúa, en consecuencia, más profundamente en el estudio o al menos en la profundización o en la solución de determinados problemas específicos. Por esta razón todas estas estadísticas permiten a las personas que tenemos que leer rápidamente este
informe que tan pormenorizadamente nos envía y que luego tan pormenorizadamente nos explica aquí, y que en diez minutos tenemos que comentar, conocer estos valores de audiencia a la población, y es algo que a los comisionados y a los representantes
electos del pueblo sí nos resulta caro y animoso percibir.



Quisiera ya dentro del tema perfilar algunos temas. La Administración de la justicia ocupa, como cada año, una parte importante del informe, y me quería centrar en la Ley 23/2003, sobre arrendamientos, la cual genera una serie de
expectativas generales, cuando realmente sí ha sido posible que ustedes detectaran que, dada la agilidad que necesitan determinados desahucios o informes que tienen que llegar a los beneficiarios, no llegan en su momento en la Administración de
justicia. Usted denuncia el hecho de que falta dotar de tecnología informática a la Administración de justicia y aplicar nuevas técnicas de gestión. Yo también quisiera agregar aquí al menos un comentario, porque también hay una acumulación de
casos en otros muchos temas, como es la necesidad de dotar de jueces, que yo no he oído, ni acabo de leer en su informe. Me gustaría oír su opinión sobre la necesidad de dotar a la Administración judicial de jueces, porque todos somos conscientes
de que no se


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nombran, de que faltan jueces en la Administración y esto es importante.Usted ya cita en su informe las disfunciones en el transporte sanitario de Madrid o en la actuación entre los bomberos y la Administración de sanidad. Me consta que
también hemos recibido insistentemente todos los portavoces y todos los grupos políticos información sobre ello. Los sindicatos han manifestado en sus muchas visitas, al menos me consta que a su institución y a nosotros los portavoces, esta
problemática existente en Madrid. Usted anuncia ya, en atención a este tema, la apertura de una investigación de oficio, que creemos necesaria, porque hay casos flagrantes, en los cuales se anuncian disfunciones o posibles daños irreparables a
determinados accidentados por falta de coordinación. Me gustaría saber cuándo tiene previsto el señor Defensor del Pueblo establecer esta investigación de oficio para solucionar este problema.



Después hay un tema que, como ya he anunciado, es importante para nuestro grupo y que, en definitiva, ha marcado una acción legislativa importante para toda esta Cámara. Dentro de pocos días se aplica ya un acuerdo parlamentario para abrir
una subcomisión dentro de la Comisión de Agricultura y Pesca, en la cual intentaremos profundizar. Usted denuncia muy bien una falta de rigor a la hora de establecer un criterio por parte de la Administración, cuatro mil folios no han servido para
aclarar, y supongo que le han supuesto un grave problema de síntesis, al menos de concreción, que ha plasmado muy bien en su informe. Me felicito por ello porque será un elemento importante para esta subcomisión a la hora de evaluar muchos puntos
en las conclusiones que tengamos que elevar en su momento. En definitiva, olvida la Administración hacer mención al procedimiento judicial de Corcubión sobre el tema, la aplicación del Convenio de Marpol, una descoordinación en el mando y,
realmente, sí que, en definitiva, entenderíamos que depende de lo que digamos la Comisión.
Agradeceríamos que usted siguiera nuestros trabajos parlamentarios por si genera soluciones futuras o al menos una investigación de oficio del Defensor del
Pueblo a partir de estas conclusiones. No lo anuncio ni se lo pido, pero realmente sí le ruego es que al menos siga las conclusiones de la subcomisión, para que de alguna forma seamos capaces de defender unos resultados. Perdón, me corrigen. En
mi intervención estaba hablando de una subcomisión de estudio del Prestige, en coherencia con el informe que usted ha realizado, y realmente le pido el seguimiento de los acuerdos de esta subcomisión.



Me gustaría al menos escuchar sus comentarios, que no he oído aunque sí constan en el informe o al menos en la publicación que usted nos ha enviado, sobre las conexiones con los Defensores del Pueblo autonómicos, que sé que existen; por
ejemplo, me consta que existe por parte del Síndic de Greuges el tema del proyecto NIX de asistencia jurídica gratuita, además del convenio internacional, que creo está siguiendo. Me gustaría oír unos comentarios por su parte.



Finalmente también el informe sobre televisión. No se trata de un informe sobre menores, es un tema vivo que el próximo mes de febrero realmente generará una nueva ley de lo audiovisual. Posiblemente también es un tema que habrá que
seguir, en cuanto que usted ha mencionado la protección de los menores que ven la televisión y al menos dentro de nuestro grupo se detecta la necesidad de abrir un consejo superior de audiovisuales que genere las buenas prácticas y de alguna forma
sea un interlocutor válido con su institución, para que la televisión sea lo que queremos todos, un servicio público y, en definitiva, una cobertura social importante.



Termino volviendo a insistir sobre el foro. Es un tema muy apropiado, muy actual y realmente creo que mejorable. Es un buen primer paso para que no solamente hablemos de los problemas en el informe anual del Defensor del Pueblo, sino de
una forma directa, inmediata, con especialistas, y de una forma abierta; en definitiva, que esta casa abierta que usted está ofreciendo a todos los ciudadanos sea también una casa abierta electrónicamente, a la cual puedan todos acceder. Reitero
mi agradecimiento por su informe, que hago extensivo a sus colaboradores, y mis felicitaciones por la continuidad y el éxito de su gestión.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Grau, por ceñirse al tiempo reglamentario, que me parece una norma de respeto a los demás grupos y para el buen funcionamiento de la Comisión.



Tiene la palabra, por el Grupo Entessa Catalana de Progrés, don Josep María Batlle.



El señor BATLLE FARRÁN: Señor Defensor del Pueblo y adjuntos, bienvenidos, buenos días y muchas gracias por ese trabajo acurado, serio, detallado, que valoramos desde nuestro grupo de forma muy positiva, tanto el documento base que ha
servido a la intervención y a la exposición posterior del señor Defensor, como la propia exposición en sí. No voy a abundar en los halagos y en los adjetivos, porque diez minutos dan para lo que dan y tenemos que aprovecharlos.



Es cierto que han bajado algo más de 3.800 las quejas recibidas, lo cual en principio tendría que alegrarnos, básicamente porque las 152 recomendaciones, 154 sugerencias y 81 recordatorios que se hacían en el informe del año 2002 deberían de
haber incidido de forma positiva en esta bajada, lo cual, como digo, debería alegrarnos, porque todo este trabajo significa que no habría caído en saco roto. De algo habrán servido estas recomendaciones, de algo habrán servido las sugerencias,
lógicamente las aceptadas, para que la Administración General del Estado, y la autonómica y la municipal, haciendo caso a estas recomendaciones, haya mejorado en su gestión que, en definitiva, es de lo que


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se trata y para lo cual sirven las recomendaciones y las sugerencias.Esta institución ha ganado prestigio y sigue ganando prestigio, y esto también debería alegrarnos, porque tiene para nosotros importancia especial el hecho significativo de
que 36.000 quejas de ciudadanos del pueblo español aunque no se admitían a trámite, hicieran referencia a un asunto que les repugnaba, a un asunto que les preocupaba, a un asunto, en definitiva, que les indignaba. Me estoy refiriendo a la guerra de
Irak y a la intervención militar y a la participación española en esta guerra. Estas denuncias, como he dicho anteriormente, si bien no fueron admitidas a trámite, no deben ocultar la confianza de ese ciudadano que entiende y ve en el Defensor del
Pueblo a su institución, a aquella institución que se preocupará por el tema. Cuestiones de legalidad no han hecho posible que se admitieran esas 36.000 quejas, con todo y eso, debemos ser conscientes de la confianza general y de la confianza
ganada.



El hecho de que se hayan rebajado en 3.800 las quejas no debe hacernos en ningún caso olvidar que detrás de las más de 17.300 recibidas, sean individuales o colectivas, que siguen siendo muchas, se detecta una cierta cronicidad, por ser
repetitivas algunas de ellas. Por tanto, no estaríamos en lo cierto, no estaríamos en lo correcto si no nos preguntáramos si existe un cierto deterioro en el funcionamiento de los servicios públicos, de la gestión de las administraciones públicas o
del modelo de Estado del bienestar, de este modelo de Estado del bienestar, que supongo que con muy buena voluntad y con pocos recursos, o con no todos los recursos que serían necesarios, estamos intentando impulsar.



Me gustaría destacar algunos de los temas analizados en el informe, que, por cierto, muestran una buena foto fija de los problemas que ocupan y preocupan a los ciudadanos y, por tanto, nuestro grupo comparte. Nos encontramos un año más con
una crítica generalizada, se detecta de las quejas recibidas, a las administraciones y a la acción de un Gobierno que lógicamente debería abordar con más decisión algo tan básico como la mejora de la Administración pública. El mal funcionamiento de
las administraciones y, como consecuencia de ello del Estado, se deja ver en todas las áreas objeto de ese informe.



Hablemos de justicia. El propio informe señala la lentitud de la misma ya como una cosa endémica, que reclama o debiera de tener una actuación vigorosa y eficaz. Los datos ofrecidos sobre asuntos pendientes en el Tribunal Supremo son una
buena muestra de ello, especialmente en lo que hace referencia a la Sala de lo Civil y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo; aquí nos parece que es especialmente grave.
Todos los datos que se ofrecen en relación con la Administración de
justicia son realmente desalentadores y nos reafirman en esa denuncia persistente, que deberíamos de hacer quizá con más contundencia, de la falta de medios humanos y económicos que hagan efectivo de una vez por todas el derecho a la tutela
judicial.



La política penitenciaria queda también patente en su informe, y no sólo en su informe, sino por cómo ha incidido sobre ella durante su exposición de esta mañana. Denuncia usted una serie de hechos, en especial el del encarcelamiento de
mujeres y las condiciones, y creo que pone usted el dedo en la llaga, señor Defensor, porque en definitiva está planteando el derecho de los internos a un tratamiento adecuado, no sólo a ser custodiados, no sólo a los temas de seguridad, en los que
incide también de una forma básica este informe: en la privatización de libertad.
Lógicamente para nosotros, no sólo la seguridad en las cárceles debe ser un objetivo, que también, debe serlo la preocupación constante de la Administración
penitenciaria por un tratamiento más personalizado, más profesionalizado, ya que sin estas condiciones el centro no cumple su función rehabilitadora, o es mucho más difícil cumplir esta función rehabilitadora. Se echa en falta una Administración
penitenciaria seria, denunciada también en reiteradas ocasiones, que pasa, lógicamente, por el incremento de personal especializado y profesionalizado y también por la potenciación de programas y la creación de módulos terapéuticos: programas de
estancia, programas de reinserción y la creación de módulos terapéuticos.



Violencia de género. Somos todos conscientes, y por tanto mi grupo se alegra muchísimo, de la extrema y la extraordinaria necesidad de la aprobación de una ley integral en contra de la violencia doméstica, o la violencia de género si
prefieren llamarlo así. ¿Por qué? Porque las medidas adoptadas hasta ahora se han reflejado claramente como insuficientes o no tendentes a la corrección total de este problema.



Otro bloque del informe: inmigración y extranjería, retrasos, dificultades. El informe incide sobre todo en aspectos relacionados con la falta de medios de la Administración general, de la Administración encargada de tramitar los permisos.
No es esta una cuestión coyuntural, se empieza a convertir, señorías, en una demanda estabilizada, que, por tanto, hay que afrontar desde una reforma estructural, reorganizando y adecuando las estructuras y los medios.



Vamos a hablar de educación y de sanidad. Educación. Sólo el 15 por ciento, o algo menos del 15 por ciento de los niños entre 0 y 3 años está escolarizado. El informe hace una especial referencia a la incorporación al sistema educativo.
Este es un tema de profunda preocupación, no sólo, que también, porque hay organismos que recomiendan y avalan que cuanto antes se entra en la disciplina colegial, en la disciplina educativa, mucho mejor para el alumno, sino también por la
dificultad añadida que representa para la incorporación de la mujer, básicamente, en algunos casos también del marido o del hombre, al mercado de trabajo.
Lógicamente, el informe incide sobre el incremento de quejas en relación a las ayudas y a las
becas de estudio. ¿Por


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qué? Porque se venía detectando también en el informe del año 2002 el endurecimiento de las condiciones para conseguir facilidades en esas becas y en esas ayudas de estudio. Por tanto, señorías, mejoremos en este campo y seguro que las
quejas del próximo ejercicio bajarán.En el derecho fundamental de la salud, donde parece evidente y clarísima la posición y la incidencia y la cierta ya cronicidad del informe en lo que hace referencia a los problemas de salud mental, a los
problemas de Alzheimer, cabe preguntarse o reflexionar sobre una cuestión. ¿Este país está preparado, este sistema sanitario, el sistema sanitario español y el sistema asistencial español, están preparados para afrontar el reto de la cronicidad y
de la vejez? ¿O no? ¿Hay que incidir o no hay que incidir en mayores políticas de apoyo? No olvidemos que casi el 16 por ciento de la población es anciana y casi un 40 por ciento, o algo más de un 40 por ciento de la población hospitalaria es
también anciana. Por lo tanto, estamos en un país que está envejeciendo y estamos en un país que necesita muchísima más atención para ese problema de cronicidad y para ese problema de envejecimiento, máxime si tenemos en cuenta que la mayoría de
las cargas que se deben soportar recaen sobre la familia y, por ende, las debe soportar la mujer, como parte esencial y como parte importantísima de esa familia.



Veo que el señor presidente me está reclamando el tiempo. Voy a pasar del tema de la vivienda, recurrente y expresado ya por otros portavoces. Como conclusión les diré una cosa, este informe es un buen barómetro para conocer la realidad de
nuestro país, los problemas del día a día de los ciudadanos, y, de hecho, el incremento en las quejas de oficio, que abarca prácticamente todos los ámbitos del informe, es una muestra de la preocupación que tiene la propia oficina en la garantía de
derechos fundamentales y de derechos esenciales. Todo el informe aborda una serie de deficiencias que se traducen y convierten en un número considerable de recomendaciones y sugerencias que deberían ser de obligado cumplimiento para corregir los
defectos y abundar en la mejora de nuestra sociedad, de nuestro sistema democrático y de nuestras libertades. Con toda seguridad, esos son los objetivos de la Oficina del Defensor, objetivos que compartimos y para los cuales nos ponemos a su
disposición. Cuenten con nuestra lealtad y con nuestro trabajo.



El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), don Francisco Javier Maqueda.



El señor MAQUEDA LAFUENTE: Señor presidente, señorías, señoras y señores, buenos días a todos y a todas. Nos ha presentado el Defensor un amplio informe y una densa exposición que, a nuestro juicio, nos merece la calificación de un trabajo
bien hecho, un buen resumen de lo que ha sido el año 2003 y de lo que han venido trabajando a lo largo de estos años.
Nosotros queremos felicitar al Defensor del Pueblo, nuestro amigo y paisano Enrique Múgica, y a todo el equipo. (El señor Múgica
Herzog: Soy guipuzcoano.) Bien, está bien la aclaración como vizcaíno. (Risas.) A todo el equipo, decía, por el trabajo bien hecho. Tuvimos hace dos meses, un poco antes del verano, la posibilidad de celebrar varias entrevistas con ellos y, en
nuestra opinión, creemos que tienen prestigio y que ese prestigio está bien ganado. En ese sentido, nuestra felicitación reiterada.



Nos consta que son muchas y muy variadas, como se ha visto en el informe y también en su exposición, las quejas, las situaciones que se están tratando en los diferentes ámbitos. Todas esas consultas, hablaba de 17.389 consultas,
evidentemente obedecen a temas muy diversos a los que hay que dar enfoques en algunos casos personales, que lleva un tiempo cuando, evidentemente, el ciudadano o la ciudadana de turno lo que quiere es solución a su conflicto. En ese sentido el
trabajo, como decía antes, se ha hecho de una manera con una eficaz para tratar de solventar esos diferentes conflictos.



Ha habido reclamaciones o quejas de ciudadanos, de ciudadanas, quienes le ven, y nos consta, como una figura accesible, una figura cercana, una figura que está a la altura de lo que la gente de la calle quiere, y en ese sentido, también lo
decía antes, está muy valorada.



Sí nos gustaría transmitirle dos cosas, no queremos ser extensos. En primer lugar es nuestro deseo que haya coordinación con el nuevo Defensor del Pueblo del País Vasco, con el que también ha estado, para que puedan trabajar conjuntamente y
aprovechar las experiencias, las sinergias que se pueden ir generando. Se tienen contactos periódicos con otras comunidades y con diferentes países, como en su informe también se recoge. Es bueno y creemos positivo para todos que haya esa
coordinación y que entre todos, diferentes administraciones autonómicas en este caso y la central del Estado, vayamos en la misma línea y se pueda avanzar.



Nosotros también hemos recibido, como comentaba antes mi antecesor, numerosas quejas por parte de personas que hablaban de todo lo que se ha comentado aquí: de los bomberos, de la Cruz Roja, de educación, de vivienda, de sanidad, de drogas,
de extranjería, de violencia de género, de asuntos penitenciarios, etcétera. Nuestra intención es facilitar directamente al Defensor del Pueblo la información que estamos recogiendo de estas personas e interesarnos; lo haremos personalmente con
usted y con su equipo de trabajo, para avanzar y no venir luego aquí, a la Comisión, a plantearlo como alguna cosa que se nos ha ocurrido a nosotros, sino que nos parece una línea de trabajo más leal transmitirle lo que nos están planteando.



Evidentemente, va a haber numerosos casos pendientes, que irán descendiendo año a año, con el trabajo, como se ha visto en 2002, 2003, etcétera, pero seguro que las quejas van a seguir, desgraciadamente, aumentando y ustedes tendrán que
hacer un importante esfuerzo para tratar de dar respuesta a todas ellas. Tiene


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un equipo de profesionales bueno y estamos convencidos de que a estos ciudadanos y ciudadanas, que confían en ustedes y que confían también en nosotros, no les podemos defraudar. Entonces, en ese sentido, haremos el trabajo de una manera
conjunta y ahí nos brindamos a esa colaboración que le decía.Termino. Las diferentes administraciones entendemos que deben coordinarse y trabajar conjuntamente en la búsqueda de un buen funcionamiento y en el deseado incremento del bienestar social
que todos queremos. Nada más.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Colación Canaria, don Luis Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Sean también mis primeras palabras de salutación y bienvenida a don Enrique Múgica, el Defensor del Pueblo, a los adjuntos que le acompañan en la mesa y a los equipos de personal que hay detrás de esta
institución, porque cada vez que intervengo a la vista del informe anual me parece que tengo que profundizar en el elogio. Bien, no tengo ningún inconveniente en reconocer la profundización en el elogio siempre que se mantenga esta calidad
informativa, que da una gran radiografía y que, quitando los aspectos formales de estos debates, tiene que ser utilizada por los grupos parlamentarios ante las comparecencias de los señores ministros del Gobierno de turno. Quiero decir que esta
misma mañana, durante la comparecencia de la señora directora general de Instituciones Penitenciarias, que está en estos momentos en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, he expuesto algunas de las cuestiones que el propio Defensor
del Pueblo aquí con respecto a determinados fenómenos, denuncias y problemas en prisiones españolas ha evidenciado así. Esto es una exigencia, y la señora directora general dice que se sintió sorprendida en algunos aspectos, sobre todo ante la
denuncia del Defensor del Pueblo de que un envío a un penado, a un recluso, en una prisión los funcionarios o el director lo califican de carta, y ese mismo objeto, mandado a otra prisión, lo clasifican de paquete postal, que tiene unos
intervensionismos totalmente distintos. O que no se reconoce en una prisión el número de la Seguridad Social que tenga un penado y en otra prisión sí se le reconoce el número de la Seguridad Social que tiene ese otro penado, según el centro esté en
una u otra comunidad autónoma.



Quiero hacer un reconocimiento a la sistemática con que se están planteando los informes del Defensor del Pueblo y le avanzo que yo también le pediría al Defensor del Pueblo que no olvide periódicamente -al decir periódicamente, me refiero a
las anualidades correspondientes-, recuperar también algunas aportaciones muy positivas que se han hecho en estos últimos años, señor Múgica, con estudios especializados o selectivos que por propia iniciativa de la institución del Defensor del
Pueblo se han traído a esta Cámara en el informe. El amplio conocimiento que de determinados hechos sociales tiene el Defensor del Pueblo se puede trasladar a esta cuestión.



El Diputado del Común de la Comunidad Autónoma de Canarias últimamente ha presentado en el Parlamento autonómico canario un informe muy exhaustivo también sobre sus competencias como Diputado del Común, una institución con una relación
ampliamente sostenida, con el Defensor del Pueblo. A la vista de estos informes de los defensores y equivalentes en las comunidades autónomas, mi grupo apoya todo sistema de coordinación, de creación de doctrina y de actuación que el Defensor del
Pueblo pueda hacer en reuniones periódicas con sus correspondientes de las comunidades autónomas. Quiero reconocer el esfuerzo y el trabajo de don Enrique Múgica con sus visitas a comunidades autónomas, en su condición de Defensor del Pueblo, para
reunirse allí con el correspondiente de la comunidad autónoma. Esto causa un efecto muy beneficioso en los medios de comunicación para saber qué hacen en su comunidad autónoma los correspondientes. Usted tiene prestigiosos periodistas en la
entidad, y ese salir a la opinión pública con las actuaciones del Defensor del Pueblo genera un ambiente no solamente de confianza sino de conocimiento del ciudadano español para recurrir a la figura del Defensor del Pueblo.
Estas visitas, como
dicen en la Iglesia de las visitas ad limina de los señores obispos a sus parroquias, pueden tener un efecto muy positivo en la creación de normas comunes de comportamiento ante una Administración pública que se rige también, aparte de por las
competencias autonómicas, por normas comunes.



Me voy a fijar en algunos aspectos de la memoria, señor Defensor del Pueblo. En primer lugar, en cuanto a las resoluciones formuladas a las administraciones públicas. Se habla aquí, en su página 45, de las recomendaciones o resoluciones,
las que han ido por vía de recomendación, por vía de sugerencia y de algo muy importante que ustedes han introducido, señor Múgica, y que quiero resaltar y felicitar aquí, que es el recordatorio de deberes legales. Hay administraciones públicas que
se están olvidando de que tienen un imperativo legal en sus propios reglamentos, organismos o leyes propias, deberes legales que tienen que tener el celo y la vigilancia de aplicación permanentes. Y hay administraciones a las que a veces por los
cambios de personas, por los avatares y las circunstancias políticas, se les olvida el cumplimiento de su deber legal de remisión periódica de informes, a la Cámara, bien al Congreso, bien al Senado o bien a cualquier otra institución. Desde luego
habría que profundizar y aclarar por qué hay un número significativo de resoluciones formuladas a las administraciones públicas que han sido rechazadas: se han rechazado 37 recomendaciones y 51 sugerencias. Cuente con nuestro apoyo, señor Defensor
del Pueblo, para que las administraciones públicas, desde la general del Estado a las territoriales autonómicas, que no están a la altura de la transparencia de un


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país democrático, lleguen a estarlo. Porque cuando llegamos, por ejemplo, a la Administración de Justicia -ya lo había señalado en parte con buen énfasis el portavoz de la Entesa del Senado, y a ello me sumo yo-, quiero felicitar que hayan
tenido ustedes la contundencia, y más con un Defensor del Pueblo que en su brillante currículum ha sido ministro de Justicia del Reino de España, de decir lo que se dice aquí respecto a las dilaciones indebidas en procedimientos judiciales. Le
felicito, y lo suscribo, que se diga aquí con toda contundencia que las dilaciones indebidas en el proceso constituyen uno de los índices más claros del fracaso de un sistema judicial. La justicia no puede ser considerada como tal si no se otorga a
tiempo. Y estaremos de acuerdo, señor Defensor del Pueblo, en que vía Presupuestos Generales del Estado, vía leyes específicas, sea una auténtica obligación para los poderes públicos, como bien señalan ustedes en el capítulo correspondiente a la
supervisión de las actividades de la Administración de Justicia, contemplar este fenómeno de las dilaciones indebidas en los procesos judiciales. Esto no puede ser objeto sólo de la noticia episódica, una vez al año, de que el Consejo General del
Poder Judicial empaqueta a un juez o magistrado, le excluye y le pone una sanción porque los expedientes y sumarios que tenía que haber instruido llevaban no sé cuántos años criando polvo.Quiero señalar algo que está empezando a preocuparme, señor
Defensor del Pueblo, que ustedes lo citan en la página 119, y es la libertad religiosa de los internos en los centros penitenciarios españoles. Curiosamente arranca de la denuncia de un abogado del Colegio de Pamplona y usted lo incluye en la
memoria, de que penados de religión musulmana se quejan de que las prerrogativas de cumplimiento de su libertad religiosa las tienen los penados de religión católica. Se da un caso nada más. Pero es que acaba de saltar en la prensa recientemente
que en un centro penitenciario español el fenómeno es el contrario. Igual que hemos denunciado muchas veces que en algunas prisiones españolas había unas mafias de comercio interno de droga, o determinados privilegios de tabaco, etcétera, para los
penados, ese comercio interior delictivo que había ahí, totalmente mafioso, empieza a surgir, como se ha denunciado ya en prensa, en una prisión donde hay una mayoría de penados de religión musulmana, que empiezan a coaccionar a los penados que no
son de esa religión, agnósticos, ateos, cristianos, católicos o del credo que sea, para plantear esas exigencias. Esto es muy preocupante, porque estamos viendo en las estadísticas de reclusos, sobre todo, y de penados que están aumentando los de
religión musulmana o los de origen musulmán o islámico.
Hay que tener cuidado con esto, no se creen unos instrumentos de presión, como ya se han denunciado, por la insuficiencia del cuerpo de instituciones penitenciarias. El propio Defensor del
Pueblo ha recogido acertadamente en este informe una queja, donde se recomienda al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que no haya un funcionario por cien penados, porque es imposible para ese funcionario
controlar a esos cien penados. Pero si los cien penados resulta que además se adscriben a un grupo ideológico religioso del islamismo, pues apaga y vámonos, porque estamos entonces ante un fenómeno muy preocupante sobre el que yo quiero aquí poner
énfasis, porque puede ocurrir que a la vista de esto, un abogado recoja una queja de penados musulmanes en Navarra, y se nos empiece a invertir cuando llegue la queja de esa otra prisión donde se ha dado el fenómeno contrario.



Voy a terminar, señor presidente. En cuanto a los deberes legales, el recordatorio creo que es fundamental. También creo que es muy importante, y quiero felicitar al Defensor del Pueblo, a sus adjuntos y a todos sus colabores en este
aspecto, que al final del informe, junto a las conclusiones, hayan destacado las actuaciones más significativas, porque eso significa por parte de la institución del Defensor del Pueblo hacer un positivo juicio de valor, al que están ustedes
perfectamente legitimados, no de autobombo, un juicio de valor de aquellas actuaciones más significativas en el cometido constitucional que tiene el Defensor del Pueblo. Si esto es profundizar en el elogio, no me cabe ningún rubor; pero quiero
decir que me siento muy satisfecho como parlamentario de que la institución parlamentaria del Defensor del Pueblo nos haga esta aportación de elementos de juicio importantes para que la democracia en España sea propia de un Estado de derecho con
plena transparencia. Mi congratulación, señor Defensor del Pueblo, señores adjuntos, a este respecto.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, doña Isaura Navarro. (Pausa.) Como no está presente, entonces tiene la palabra don José Antonio Labordeta, por el Grupo
Mixto.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Yo no quiero reincidir en los elogios, espero que el rubor anterior se les haya marchado y les vuelva a subir con las palabras que yo les dedico, porque, efectivamente, hay un trabajo aquí increíble, todos estamos
asombrados y realmente agradecidos a todo el colectivo del Defensor del Pueblo, que nos ha dado primero este tomo, este tocho enorme en papel verde, que supongo que es de esperanza, y luego la revista esta maravillosa del Defensor del Pueblo, donde
los resúmenes son magníficos. Doy las gracias a todos los colaboradores, aunque volver a incidir en lo que han dicho todos me parece un poco tonto.



Efectivamente, los datos de quejas han bajado en el año 2003, pero hay un tema sobre el que a mí me queda un poco de duda. Las 36.000 quejas derivadas de la guerra de Irak parece ser que se hicieron fundamentalmente a través de correos
electrónicos y mi pregunta, que a lo mejor me la puede contestar luego, es si fueron correos identificados; y si fueron correos identificados,


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por qué no se les considera quejas. Es una pregunta bastante complicada, porque yo no lo acabo de entender. Sabemos que el ámbito competencial de la institución no incluye facultades para determinar y orientar la política exterior del
país, pero nos parece que lo importante es que en ese momento de tensión la ciudadanía se dirigió, y se dirigió masivamente, a la institución, superando las cifras habituales de todas las reclamaciones. También queremos destacar el alto número de
recomendaciones, resoluciones y advertencias que dirige a las instituciones públicas, de las que sólo se ha producido un rechazo del 23 por ciento, al menos a fecha de diciembre de 2003.En cuanto a los temas sectoriales, es evidente que el cambio
que suponen las pasadas elecciones marca una variación en el criterio de las valoraciones del informe, dado que ahora deberán entenderse como sugerencias al nuevo Gobierno, ya que evidentemente ninguna responsabilidad tienen los nuevos altos cargos
o los nuevos cargos de los distintos ministerios de lo que se desprende de este informe.



Entrando en materia concreta, existen diversas cuestiones puntuales que también nos gustaría valorar positivamente, como las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo en el ámbito de la función y empleos públicos en relación a la
equiparación de derechos de las personas que han optado por las uniones de hecho, por ejemplo, y que ustedes recomiendan, que yo creo que es una recomendación muy importante y muy interesante para el futuro de este país. Igualmente significativo, y
en esto hemos reincidido todos, nos parece el tema siempre complejo y olvidado de las situaciones en las que se encuentran los centros penitenciarios. Tenemos en la institución que usted ahora representa y en estos informes, un punto de referencia
en cuanto al respeto de derechos de valores humanos. Valoramos este esfuerzo en este difícil tema y creo que los colectivos que trabajan en solidaridad con los presos así lo reconocen. Denuncias de malos tratos y malas condiciones en las cárceles
son temas tabú en casi todas las democracias occidentales y, sin embargo, el Defensor del Pueblo español se recorre este año, como indica el informe, hasta quince instituciones penitenciarias, denunciando sin leguajes políticamente correctos lo que
hay detrás de los muros, y por lo cual nosotros le agradecemos y felicitamos. Esperamos -en este momento ocupa el cargo la nueva directora de Instituciones Penitenciarias, que por relaciones personales me consta que así lo hará- que tomará muy
buena nota y se pondrá manos a la obra para corregir los defectos existentes en la política penitenciaria española. Precisamente está compareciendo hoy en la Comisión de Interior, y supongo que algunas decisiones que ha tomado han sido muy
positivas respecto a lo que está pasando dentro de las cárceles. No quisiera pasar por alto, en ese tema de Defensa e Interior, el epígrafe dedicado en el informe al accidente del Yakolev 42, por las repercusiones que tuvo, que está teniendo y que
supongo tendrá.



También otro de los temas que trata con profusión, y nos congratulamos por ello, ya que no se une a las prioridades de las agendas de los políticos, es la situación de los menores. Las visitas a los centros de internamiento, la aplicación
de la Ley Orgánica 5/2000, etcétera, nos parecen muy importantes. Usted se ha referido, y ha reincidido aquí, a la revisión total de los programas de televisión. Efectivamente, a las cinco de la tarde todas las televisiones españolas,
absolutamente todas, excepto la 2, tienen una programación poco apropiada: La 1 está dando siempre un serial pavoroso de lágrimas y en el que llora todo el mundo; en Antena 3 se ponen a insultarse padres y madres, novios y novias, una cosa
increíble; en Tele 5 hacen exactamente lo mismo; Canal Plus, como yo no lo tengo, pues no lo veo, porque tengo las rayas esas y no veo.
Realmente es impresionante, porque hasta la gente madura, como yo por ejemplo, se siente avergonzada de ver
esos programas. Supongo lo que debe significar para los niños que, como dice usted, llegan del colegio y se toman su chocolatito y su bollo, los padres los sientan delante de la televisión para evitar el follón de aguantarlos, y de pronto les
sueltan esos discursos de padres y madres, de novios y novias, insultándose de una manera desesperada, que yo no entiendo, les deben pagar muchísimo para llegar a eso.



No queremos olvidar los temas de violencia doméstica, ahora que estamos en pleno proceso de aprobación de una ley integral contra esta brutal forma de terrorismo. Efectivamente, yo creo que tiene usted razón, no se deben evitar las imágenes
y no se debe evitar la denuncia de este aspecto.



Un tema importante es el de la vivienda. También merece un epígrafe especial, porque años de liberalización salvaje no han conseguido acabar con el problema. Existe un excesivo aumento de los precios que provoca un fortísimo endeudamiento
de las familias en relación con las rentas disponibles. El modelo de desarrollo urbanístico pasa por la ineludible acción pública para evitar que un bien de primera necesidad suponga este enorme esfuerzo económico. Los nuevos tiempos y valores de
un Gobierno de izquierdas, suponemos tienen que empezar a notarse con el esfuerzo de acción pública en materia de suelo y vivienda, siguiendo las recomendaciones que lleva haciendo el Defensor del Pueblo desde el inicio de su toma de posesión.



Un tema que también usted lo señala y en el que yo creo que habría que incidir más es la redistribución del nuevo alumnado en la educación infantil, porque la mayoría, casi el 80 por ciento, yo diría más, el 90 por ciento de los alumnos
emigrantes son colocados en las escuelas públicas, mientras que los colegios concertados apenas mantienen emigrantes y el cupo de alumnos que tiene que tener lo recuperan manteniendo un niño paralítico, un muchacho que tiene deformaciones de algún
tipo, pero por nada del mundo tienen apenas alumnos emigrantes. Con lo cual, nos encontramos con que la educación en las escuelas públicas tiene un problema


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muy grave, que es que la mayoría de los alumnos emigrantes llegan con un desconocimiento absoluto del castellano y tienen que estar durante meses las aulas detenidas para que puedan ponerse al día en castellano, que se ponen muy rápido,
porque los chavales aprenden castellano rápidamente.En materia medioambiental usted trata el tema de la situación de la gestión hidráulica. Afortunadamente, algunos lo creemos así: el trasvase del Ebro es historia y la nueva cultura del agua va
imponiéndose, abriéndose paso.
De las denuncias que realiza el Defensor del Pueblo en el informe, habla de la descoordinación entre instituciones, como por ejemplo la Confederación Hidrográfica del Ebro, y agencias autonómicas, de prácticas que
tienen que ver con conceptos hidráulicos desfasados que tendrían que estar ya superados. Esperamos que se tome buena nota por parte de los nuevos responsables de Medio Ambiente, porque noticias como la aparición en Flix de un vertido de aluminio
dejan en evidencia la fragilidad del sistema, por ejemplo, del Ebro y de los ríos en general.



Un tema que a mí me toca directamente, y que ustedes también lo señalan en el informe, es el tema de la piratería. Efectivamente, usted tuvo una reunión con dos representantes del mundo de la reproducción de medios de sonido; también
estuvo en el I Congreso Internacional de la Piratería y los Derechos Humanos, en Morelos, México. Me gustaría que usted incidiera en ello, porque, y usted lo sabe, en un país como México el mundo de la producción discográfica ha desaparecido
completamente por culpa de la piratería. Aquí, en España, todavía estamos en el mantero, pero ya en México han desaparecido, es decir, toda la gente que trabajaba en las fábricas de discos, en los estudios de grabación, etcétera, están en el paro.
Por eso yo creo que usted debería incidir en este tema, porque estamos yendo hacia una calle sin salida.



Finalmente, quiero lamentar que se dé cuenta de diversos servicios públicos de distintas administraciones que no han asumido las recomendaciones de este Defensor. Por ejemplo, nuestro grupo, nuestro partido, recibe muchas quejas de
servicios consulares. Hay muchos aragoneses, por ejemplo, por citar un territorio, que se encuentran en países extranjeros y que acuden a los servicios consulares y vuelven con una queja tremenda al no haber sido en absoluto atendidos. Yo no sé si
los cónsules tienen que atender a los españoles o no, porque a lo mejor resulta que no tienen la obligación de atenderles, porque yo no lo sé, pero que es una queja muy continua, es una queja absolutamente continua.



Usted tiene la misma queja que tenía también el Justicia de Aragón. Cuando yo estaba en las Cortes aragonesas, el Justicia de Aragón también se quejaba de que muchos servicios públicos no daban cuenta de las quejas.
Naturalmente, él lo
justificaba diciendo que había ayuntamientos muy pequeños que no tenían ni teléfono y que cuando llamaban, si en ese momento no estaba el secretario, no podían hacer la queja. Pero no creo que este sea el desfase que usted hace. Esperamos que el
cambio político también sirva para variar esta actitud y se asuman las propuestas contenidas en este y en los anteriores informes elaborados durante los años en los que ha tenido responsabilidad al frente de esta institución.



Quisiera acabar como han acabado todos mis compañeros, felicitándole por el informe y agradeciéndole dos cosas: por un lado, el enorme informe que nos mandó, estas páginas verdes y, por otro lado, esta revista, que yo creo que nos la podía
mandar antes y así nos evitaría tener que leer todo lo verde que tenemos que leer, porque ahí nos dejamos los ojos.



Muchas gracias, enhorabuena de verdad, y les agradecemos el trabajo que han hecho todos ustedes.



El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Te enviaré las dos.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Muy bien, muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar este primer turno de intervenciones, tiene la palabra por el Grupo Socialista don Juan Luis Rascón.



El señor RASCÓN ORTEGA: Empezaré como los demás grupos parlamentarios, dando la bienvenida al señor Defensor del Pueblo, por supuesto también a sus adjuntos y a todo el equipo que ha dado lugar a un trabajo tan relevante como el que se nos
ha presentado. Quizás más que dar la bienvenida, a estas horas de la mañana habría que demostrar que si algo tiene uno delante de esta institución tan seria sobre la base de este trabajo es lo bien hallada que está la institución representada por
el señor Defensor del Pueblo; bien hallada, porque esta es su casa y por tanto no viene de fuera para estar aquí, pero sobre todo bien hallada por este importantísimo trabajo que trae aquí, al Parlamento, del que forma parte.



A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, este es un momento político muy importante en el año parlamentario: el Defensor del Pueblo viene con las quejas desde la realidad social, con las quejas que los ciudadanos le han ofrecido, bien
entendido que esas quejas son la punta del iceberg de lo que esa realidad social ofrece. Y son las quejas respecto de un patrimonio nada baladí, son nada más y nada menos que los derechos y libertades de los ciudadanos los que están en juego, el
patrimonio, sin ningún género de dudas, más valioso que tiene la convivencia democrática en un país. Por eso ese país, en este caso España, gesta, en protección y defensa de los derechos, determinadas magistraturas. Es verdad que hay algunas que
son magistraturas de decisión, los tribunales de justicia, que pretenden la ejecución inmediata de decisión en materia de protección de derechos y libertades; y hay otra, la institución delante de la que nos encontramos, que es una magistratura de


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persuasión, de consejo, pero que contribuye muy poderosamente a hacer realidad esos derechos y libertades.A la vista está, en aquellas sociedades democráticas más avanzadas la institución del Defensor del Pueblo cuenta con mucho prestigio.
Nosotros estamos camino de conseguirlo, a la vista está con esas encuestas que ha puesto de manifiesto el Defensor. Pero desde el plano institucional todavía queda mucho por hacer. Es ahí donde el Grupo Parlamentario Socialista de cara al futuro
se va a volcar, si nos lo permite la institución, con una serie de propuestas al final de la intervención.



Es verdad, ya lo ha comentado algún que otro interviniente, que si a algo contribuye el informe anual es a hacer una radiografía de esa realidad social, pero no hacer una radiografía de la realidad social para que todo quede como estaba,
sino para que se gesten los adecuados impulsos políticos que permitan, si no impedir definitivamente esas carencias que se detectan, algo inviable por definición, por propia naturaleza, sí mitigar lo más severamente posible esas deficiencias,
algunas de ellas incluso estructurales, que se han ido detectando paulatinamente por la increíble actividad del Defensor del Pueblo, puesta de manifiesto en este informe. Por eso voy a centrarme inicialmente en algunas cuestiones que me gustaría
que me aclarara sobre la estadística presentada. Después haré una mención muy vaga, muy genérica, porque, aunque es un momento político muy importante, intentaré ajustarme a las reglas de juego temporal que se nos han asignado por el presidente
atendiendo al Reglamento de la Cámara, y luego esas propuestas que, si le parece al señor Defensor del Pueblo, podemos comentar de cara al futuro.



En lo que hace a la estadística que nos ha presentado, se detecta que descienden las quejas, en general, en un 18 por ciento, aunque aumentan las de oficio un 8 por ciento y las colectivas -y esta es una primera pregunta que me gustaría
dirigirle al Defensor- descienden un 50 por ciento, un dato que puede que tenga que ver con esos dientes o puntas estadísticas a las que ha aludido el Defensor, pero que quizá merezcan alguna aclaración. También me gustaría saber si en el capítulo
de inadmisiones, cuando hace alusión a la falta de incidios de irregularidad administrativa o actuación inadecuada de los poderes públicos, se están contemplando las cuestiones políticas, al margen de las 36.000 quejas por la guerra de Irak, en las
que no puede entrar el Defensor del Pueblo por estricto cumplimiento de la ley orgánica que le regula. Asimismo, me gustaría saber si en ese capítulo de quejas inadmitidas con la denominación de intervención judicial se está refiriendo a aquel
trámite judicial que no merece consideración de cara a la admisión o inadmisión por parte del Defensor porque se está sub iudice, aunque hay otro capítulo que efectivamente hace referencia a sentencia firme, dado que nos llama la atención que no se
haga ninguna referencia, a pesar de que se hace un diagnóstico muy certero del mal estado de la administración de justicia, que no se haga ninguna recomendación o ninguna sugerencia al servicio público judicial, no obviamente al Poder Judicial, que
es una competencia que constitucionalmente le está vedada.



En cuanto a la eficacia controladora, efectivamente, se observa en la estadística que aumentan las recomendaciones y sugerencias. Nos preocupa muy seriamente que el 35 por ciento de esas recomendaciones y sugerencias, en las que nosotros
hemos buceado y que hemos detectado que son bastante razonables y perfectamente asumibles en su gran mayoría por las distintas administraciones destinatarias, no hayan sido atendidas.
Este es un punto muy serio que hay que tratar, y hay que tratar
en la casa de todos, que es esta, por lo que inmediatamente después diré al referirme a las propuestas de futuro.



Podemos hacer consideraciones temáticas particulares, como han hecho el resto de los portavoces, para describir lo que podríamos llamar la crónica de un déficit anunciado; no es nada nuevo, porque el grueso de los déficit que temáticamente
se describen en el exhaustivo informe sin duda está cronificado. Las instituciones penitenciarias están masificadas, la resocialización es sencillamente imposible. La administración de justicia sufre retrasos; la tutela judicial efectiva, como
derecho fundamental, si no es imposible, es desde luego muy difícil.
La violencia sobre la mujer, la delincuencia de menores, hacen que efectivamente esa administración de justicia sea bastante difícil.



Sobrecogedor sin duda el informe en materia de inmigración: deficiencias en centros de estancia temporal, situación de menores, procedimientos de expulsión e inasistencia jurídica. Creemos que es un capítulo que exige un particular serio
impulso político para hacer realidad lo que desde nuestra óptica creemos que es perfectamente viable en este país: la inmigración quiere un control racional de los flujos migratorios y quiere, sobre todo y ante todo, integración, siempre que el
mercado lo permita.



La Función pública genera, según ha descrito el Defensor del Pueblo, disfunciones estatutarias y serios problemas de acceso. Y esos déficit también tienen que corregirse, como tienen que corregirse los abusos comerciales en servicios
telefónicos, seguros y actuación y farmacéutica en el campo de la economía.



De la ordenación territorial ha hablado el Defensor. Hay problemas serios de vivienda, que son verdaderas tragedias personales para el libre desenvolvimiento de la personalidad de muchos ciudadanos. Y también hay problemas serios en la
preservación del medio ambiente y en la accesibilidad de los disminuidos. Problemas en la sanidad: infraestructuras sanitarias deficientes y en el caso, por ejemplo, alguien lo ha mencionado, de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque se ha
contactado sistemáticamente con todos los portavoces, hay problemas serios de asistencia urgente en accidentes. Estamos jugando con derechos fundamentales como la vida y la integridad física y aquí, sencillamente, tenemos que ser intransigentes
cuando propuestas razonables


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del Defensor del Pueblo exijan una reordenación organizativa adecuada, que es lo que me consta que ya ha ocurrido.En materia de política social las deficiencias se acumulan: atención de menores, a personas con discapacidad y a personas
mayores. Señorías, estamos jugando con minorías que necesitan específicas medidas de apoyo. La calidad democrática de un país se mide, entre otros baremos, por el grado de protección que se ofrece a esas minorías. Sin duda, nos estamos jugando
mucho. Porque, no lo olvidemos, todos los que estamos en política tendemos a hacer algo muy simple, a tratar de ampliar lo más posible el grado de bienestar social de los ciudadanos. Todos los ciudadanos, también los que necesitan un impulso
superior, están llamados a beneficiarse de ese Estado, que está proclamado como tal, como Estado social de derecho, desde el año 1978 entre nosotros.



No puedo extenderme en otros problemas porque quiero responder a la llamada del presidente, como Seguridad Social, política social, educación, exteriores y también cultura. Un panorama, en definitiva, de carencias que necesitan impulsos
políticos decididos. Tal y como he descrito el estado de situación a que hace alusión el informe del Defensor, bien parece que el enfermo está agonizando. No, lo que estamos describiendo es sencillamente aquellas quejas que han trascendido y que
son excepción, por tanto, al panorama general del estado de los derechos y libertades en nuestro país. Por suerte, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles disfrutamos de derechos y libertades con la garantía adecuada, pero no debemos de
olvidar estas carencias y estas deficiencias que se nos están poniendo sobre la mesa por el Defensor del Pueblo. Así que vamos a ver si el enfermo tiene un mero resfriado, pero necesita vitalizar su salud, como mínimo, haciendo deporte, dejando de
fumar, si es posible, señor Múgica, y si no espaciando los puritos continuadamente.



Hablé antes de la muestra de lealtad, señor Defensor del Pueblo, de este grupo parlamentario respecto a esa proyección de futuro que necesita la institución para el posible perfeccionamiento de la misma, para un mejor trabajo al servicio de
las Cortes Generales, de lo que nos tenemos que congratular los que formamos parte como representantes en las Cortes Generales, y, por tanto, indirectamente de la sociedad. Hacemos algunas propuestas. Un capítulo de propuestas puede que tenga que
ver con la proyección de la institución. Tratar de que la institución sea conocida por los ciudadanos y, sobre todo y ante todo, por los servidores públicos, no es baladí, sobre todo lo segundo. Tienen que conocer la institución, tienen que
conocer sus deberes legales, para evitar el sonrojo al que antes hemos aludido: el 35 por ciento de las recomendaciones y sugerencias ciertamente no se atienden, pero es que ocurre que muchos requerimientos no son atendidos o son atendidos en la
tercera ocasión. Eso, con un nivel adecuado de información, también con un nivel adecuado, dicho sea de paso, de presión administrativa y política, quizás logre, si no evitarse del todo, por lo menos reducirse.



En cuanto a la estadística, quizá sería de interés que en el informe se contemplaran los distintos capítulos sobre posibles actuaciones del Defensor del Pueblo. Hemos visto que no se han reflejado, por ejemplo, el ejercicio de acciones de
responsabilidad, probablemente porque en este ejercicio de 2003 no se han llevado a cabo sugerencias legislativas; nos consta que materialmente se han hecho algunas, aunque luego en estadística no aparece, o comunicaciones al fiscal general de
hechos delictivos, que nos consta que también se han llevado a cabo, pero que no aparecen reflejados en la estadística. También nos gustaría que en esa estadística se hiciera una capitulación anual comparativa por año para poder contrastar cómo
marchan esos indicadores, así como que se reflejaran los distintos campos de deficiencias estructurales que año tras año se van repitiendo, como permanente llamada de atención a los operadores políticos.



En cuanto al trámite de queja, ya lo hemos visto, aunque la sensibilidad de las administraciones cada vez es mayor para contestar a los distintos requerimientos del Defensor del Pueblo, hay problemas. Se nos ocurre que ha llegado el momento
de efectuar un compromiso político por todas las fuerzas políticas que están representadas en las Cortes Generales que, dicho sea de paso, son las que en algunos casos no están atendiendo a esos requerimientos que hace el Defensor del Pueblo, para
que por los medios, políticos por supuesto, que corresponda y sin tener que llegar a esos medios conminatorios de que dispone el Defensor del Pueblo, como es el artículo 502 del Código Penal, se contesten, y se contesten en tiempo, forma y de manera
adecuada, que no olvidemos son nada más y nada menos, a través del Defensor del Pueblo, que las Cortes Generales. No estamos hablando de un requerimiento vago y confuso, sino que estamos hablando del requerimiento de los representantes del pueblo
para que contesten a las quejas que se han planteado y que tienen que tramitarse. Por tanto, nosotros ponemos sobre la mesa un compromiso de sensibilización hasta sus últimas consecuencias para que ese número elevadísimo de requerimientos no
contestados adecuadamente se lleve a cabo.



Por otro lado hemos echado en falta, y nos gustaría que en los futuros informes apareciera, una información algo más exhaustiva sobre la actividad en relación con otros defensores. Sí que se dice algo, sobre defensores del pueblo de
comunidades autónomas, importantísimos en esta gestión y a quienes, a través de este exhaustivo trabajo que presenta el Defensor del Pueblo español, nosotros indirectamente homenajeamos, así como a los defensores de otros Estados europeos y del
Defensor del Pueblo europeo. Quizá sea conveniente que en los próximos informes se haga un reflejo fiel de ese trabajo de coordinación, que nos consta que ha ocurrido sobradamente.



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Y por último queremos hacer mención también al control de ejecución. Es verdad que hay un porcentaje demasiado elevado de recomendaciones y sugerencias que se han rechazado y es cierto también que no hay una explicación, por lo menos no
consta en el informe la explicación que da la correspondiente Administración pública para rechazarlo. Probablemente en alguna ocasión tengan razón, porque no tienen la habilitación jurídica suficiente para llevarlo a cabo, y sería conveniente que
nosotros en ese informe detectáramos cuáles son los motivos, las razones que se arguyen por parte de esas administraciones, para saber si efectivamente ese rechazo es racional o es sencillamente irracional: no lo hago porque considero que las
Cortes Generales no me tienen que exigir a mí a través del Defensor del Pueblo lo que me están exigiendo.



Acabo ya, señor Defensor del Pueblo, y acabo reconociendo una vez más esa importantísima labor de la que todos nos congratulamos, nos congratulamos los representantes del pueblo, para quien trabaja el defensor, los adjuntos y el equipo que
le acompaña, y se congratulan sin ningún genero de dudas, y ahí están esas encuestas evidenciándolo, los españoles, que encuentran en esta magistratura de persuasión eficaz, tremendamente eficaz, un motivo, una razón, una casa de apoyo a sus males.



Muchas gracias. Excusas, señor presidente, porque me temo que la regla una vez más no ha sido respetada.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos los grupos, a todos los portavoces, porque más o menos creo que nos hemos ceñido al tiempo, a mí me parece que es una buena regla no porque sea una manía, sino porque la aplicación de una norma es
efectiva cuando es igual para todos y no cuando cada uno nos tomamos un cierto privilegio. Gracias a todos, repito, y ahora pasaremos la palabra al señor Defensor del Pueblo para que pueda responder a las cuestiones planteadas por todos ustedes a
la mayor brevedad posible.



El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Gracias, señorías. Hay diversas preguntas, diversas reflexiones coincidentes entre los portavoces de los distintos grupos; por lo tanto, iré contestando, a lo mejor sin mencionar a algunos o a
alguno para mencionar la referencia geográfica de mi amigo vizcaíno, pero hay una cosa que es unánime, es lógico. Recuerdo una anécdota a raíz de que el rey Alfonso XIII confirió una condecoración a un importante vizcaíno, yo creo que al segundo
vasco más importante en la historia. El primero, aunque yo no sea creyente, es San Ignacio de Loyola, y el segundo era Miguel de Unamuno. Y entonces le dijeron: Y usted ahora ha de decir al rey, entre otras cosas, que era indebido ese premio, esa
condecoración. Yo lo he agradecido al rey, pero le he dicho que no era indebida, que era debida y bien debida. Y lo digo eso no por mi persona, sino por la institución. Y digo que es merecido el homenaje que han hecho ustedes a todos cuantos
componen la institución, a los adjuntos, a los asesores, a los funcionarios, a la gente que hace el servicio mecánico, a todos los amigos de la institución. Es un homenaje merecido, porque están trabajando muy bien, al cual yo me uno en esta casa
que me da la bienvenida después de estar 23 años en ella, pues las bienvenidas siempre son muy bien recibidas en cualquier momento.



Hay menos quejas, por supuesto, pero eso no depende de la situación política que exista, sino porque cada ciudadano que presenta una queja individual o colectivos que presentan quejas colectivas se sienten en la obligación o se sienten a
gusto porque haya una institución a la que pueden presentar sus reclamaciones. Por ejemplo, en el año 2002 fueron más importantes; el año 2003 fue menos importante el número; para el año 2004 hemos pedido una estadística que compare a 21 de
septiembre, aunque se trata de otro año, y resulta que a 21 de septiembre de 2004 (ya hablaremos sobre eso a comienzos del año que viene) las colectivas en vez de 4.205 que son ahora van a ser 12.572 a esta fecha. Las individuales, en vez de 8.602,
van a ser 10.496 a esta fecha. En cambio, bajan también las de oficio a 182. Es decir, significa que nosotros estamos siendo más vagos este año, pero que las ciudadanas o los ciudadanos expresan más ampliamente los problemas que tienen.



Se ha hablado de las prisiones. Hay que mejorar, por supuesto. Si hay igualdad de sexos, si queremos y combatimos por la igualdad de tratamiento de la mujer respecto al hombre en todos los aspectos, en el aspecto familiar, en el aspecto
del trabajo, y también, desgraciadamente, en el aspecto de los internos, tenemos que hacer todos los esfuerzos porque hay que mejorar la vida de las mujeres en las prisiones, eso es absolutamente indudable. Recuerdo que siendo ministro de Justicia
inauguré, creo, en Ávila, una prisión específicamente para mujeres, porque las tuvimos que desalojar de Las Ventas, que era una cárcel muy antigua, para llevarlas a la nueva cárcel. Desde hace años, un pabellón entero de esa nueva cárcel está
ocupado sólo por un señor. Habría que ver que el ámbito carcelario sea bueno para todos, para las mujeres también.
En cuanto a la carta del abogado navarro, que nos dice que un cliente suyo en la prisión de Pamplona está sometido a un trato
discriminatorio por ser musulmán, se añade aquí por uno de los comisionados que el caso se da en otra prisión, donde todos son tratados con discriminación en relación a creencias por parte de los musulmanes, que son mayoría, como los cristianos y
los agnósticos. Menos mal que sucede ahora; en mis tiempos, cuando se estaba en la cárcel, sólo había una obligación, que era la de ser cristiano y cumplir la obligación. Algo hemos avanzado desde entonces, pero evidentemente es un problema que
va a merecer atención. La religión no puede ser nunca un elemento que se utilice como imposición, de imposición de creencias o de


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imposición de costumbres, porque del fanatismo proceden todos los males, sea fanatismo de una o de otra clase.Lo que pedimos para el Tribunal Supremo, lo mismo que para la Administración de justicia, son más medios, más medios materiales y
personales. Pero eso lo hemos pedido siempre, no lo pide el Defensor del Pueblo, lo han pedido todos los ministros de justicia. El problema es que siempre se encuentran con alguien que manda más que otros, porque en un gobierno hay un mandamás que
es el ministro de Economía y Hacienda. Cuidado que yo pedí medios: en los tres años que estuve en el Ministerio de Justicia yo era una plañidera pidiendo medios, unas veces me daban y otras no. Pero si entre todos insistimos para que el mandamás
del ministerio dé más medios, pues habrá más medios materiales y personales, porque lo que es evidente es que no se va a reducir la litigiosidad. Es decir, los derechos fundamentales, la existencia de democracia, trae consigo que el ciudadano
recurre a la defensa de lo que considera derecho menoscabado o derecho violado. El derecho menoscabado en primer grado viene al Defensor o a los defensores de las autonomías. El derecho violado va a los tribunales. Y es curioso, por ejemplo, el
aumento enorme que ha habido en el Tribunal Supremo en los recursos en lo Contencioso Administrativo, que es precisamente cuando el ciudadano frente a la Administración reclama el derecho que le es debido. Y eso va a seguir existiendo.



Señor Pere Grau, continuarán informando los adjuntos. Hemos tenido alguna dificultad para que informen los adjuntos, porque se hicieron unas reglas interiores a las que yo contesté diciendo: El Defensor del Pueblo puede saber muchas cosas,
pero el trabajo lo dirigen en sectores los adjuntos, y si ustedes quieren una información amplia sobre tal tema que lo han trabajado en el sector de trabajo que corresponde a los adjuntos, no es lógico que lo plantee el Defensor del Pueblo, sino que
venga aquí el que lo ha trabajado. Por ejemplo, la adjunta primera ha trabajado sobre temas de asistencia letrada, ha visitado diversos centros de inmigración. Lo lógico es que venga ella, no que venga yo. Yo estaré presente aquí contemplándoles
a ustedes y contemplándola a ella. Lo mismo que hace con cuestiones de educación y otras el adjunto segundo. Con la benevolencia de la Presidencia y de la mesa, volveremos a la vieja costumbre de que sean los adjuntos los que vengan a informar de
las cuestiones que les son propias.



Sobre el Prestige nosotros seguimos con esa subcomisión y ahí tienen los resultados. Tenemos, efectivamente, conexiones con los defensores del pueblo, con las distintas denominaciones. Recientemente fuimos a la toma de posesión del Sindic
de Greuges, Rafael Ribó, viejo diputado de esta casa, y todos los años celebramos, porque la ley nos lo exige y porque nuestro gusto asiente, reuniones anuales con los defensores del pueblo de las comunidades autónomas. La última se hizo en
Santiago, correspondió al Defensor del Pueblo de La Rioja, que como es un hombre estupendo y además muy pío, pues nos hizo a todos concurrir al Año Jacobeo. Hablamos de temas que preocupan enormemente a los defensores del pueblo: problemas de la
discapacidad y la situación de los ancianos. Se hizo, creo que en el mes de julio, y además en un momento realmente de agobio, porque aquí parece que los ancianos no existen. Es decir, muchas familias, desgraciadamente demasiadas, van a su
oportunidad vacacional y allá sus padres o abuelos. Tenemos que tener conciencia, como ciudadanos y como personas que hemos estado en una familia, de estos problemas. Y sobre estos problemas hubo unanimidad y coincidencia en el debate y en la
convergencia de opiniones de los diversos defensores del pueblo.



La última parte de mi intervención es una intervención añadida, voluntaria, obligada y necesariamente añadida. Y como dicen que así como Newton emprendió el estudio de la ley de la relatividad porque estando durmiendo bajo un árbol se le
cayó una manzana en la cabeza, yo cuando fui una tarde, a las seis de la tarde, a mi casa, cuando había la jornada continuada, hace poco, y estaban mis nietos viendo la televisión, unos niños de 12 años, vi allí unas preguntas en un programa, no
digo de qué programa, no me acuerdo de qué televisión, pero estaba una mujer, y yo lo dije a mi esposa: Oye, ¿y esta quién es? Pues esta ha aparecido y habla porque es la ex amante del conductor de la hija de una artista importante. Yo dije,
¿pero qué es esto? Esto no puede ser, que nuestros nietos, nuestros hijos, vean estas cosas al salir del colegio no puede ser. No se trata de meterse contra los medios. Dios me libre de meterme contra la libertad de empresa, aunque uno en la
juventud ha sido muy rojo y se metía contra toda libertad de empresa, pero Dios nos libre de meternos en una sociedad de mercado contra la libertad de empresa y sobre todo contra los periodistas y los programas. A mí me ha gustado mucho que todos
coincidan en que hay que buscar algún procedimiento. Ahí está la Comisión de Medios de Audiovisuales que se ha creado, pero aquí se trató de algo más concreto, porque la Comisión de Medios Audiovisuales va a hacer propuestas para la definición de
todos los programas. A mí me gustaría que hubiera más programas como los de nuestro amigo José Antonio, que eran unos espléndidos programas, cuando recorría España enseñando las regiones desconocidas. No van a ser todos así, José Antonio, yo lo
siento, pero que sean programas que nuestros hijos puedan ver. Pero incluso los programas de dibujos animados, que dicen que son para los menores, fíjense ustedes que son programas violentos, son dibujos animados violentos para niños y a eso
tenemos que buscar entre todos una solución. Yo entiendo que es al Defensor del Pueblo, en defensa de los derechos de menores y de la educación, al que corresponde crear un espacio, al que vamos a invitar a concurrir a partidos políticos, a ONG, a
educadores, al Defensor del Menor que haya por ahí, etcétera, para que entre todos hagamos un programa


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que presentemos a la Administración o a la Comisión de Medios Audiovisuales para su trabajo. Es importante también contar con los medios de comunicación y yo creo que contaremos con ellos porque son conscientes de que se está llegando a un
límite, se está llegando al límite del agotamiento en esos programas y que ya no se puede ir más lejos.La escolarización infantil. A nosotros nos ha preocupado enormemente la escolarización infantil, incluso presentamos ante esta Comisión un libro
que hicimos, un informe de muchas páginas sobre escolarización infantil, y nos preocupaba enormemente el hecho de que en determinados centros había una excesiva carga, lo digo en el sentido positivo, de niños procedentes de la inmigración, lo cual
por una parte perturbaba a los que no eran inmigrantes, que tenían que dedicar tiempo y espacio a un castellano que podía haberse aprendido en menos, y también eran centros que se convertían en guetos discriminatorios contra los niños de los
inmigrantes, cosa que no podía ser en absoluto.



Tengo que decirle que nosotros tenemos una cooperación estupenda con el Ararteko del País Vasco y nos parece un excelente Ararteko. Era buen Ararteko el anterior, Mercedes Agúndez, excelente Ararteko es Íñigo Lamarca, con el que tuvimos
ocasión de trabajar en las jornadas de nuestra bendición jacobea en Santiago en el mes de julio. Y además el ofrecimiento de colaborar el Gobierno Vasco y sus distintos departamentos con los aspectos de nuestro trabajo, se lo agradezco
profundamente, y agradecemos el trípode de una colaboración entre los servicios de la Administración vasca, el Ararteko y nosotros mismos. Muchas gracias.



Señor Mardones, ¿qué le voy a decir a usted? Son muchos años y estudios especializados los tenemos, hay uno preparado, que es un estudio sobre la asistencia letrada a los inmigrantes, que lo ha preparado, que lo está dirigiendo la adjunta
primera, María Luisa Cava de Llano. Para eso hemos tenido reuniones con las administraciones central y autonómica, con fiscales, magistrados, con juristas, con abogados y con organizaciones no gubernamentales. A resultas de todo este trabajo,
estamos preparando un informe para confeccionar un libro que se presentará ante ustedes.



Recordatorio de deberes legales había dicho el representante del Grupo Socialista. Le agradezco, que también ustedes requieran a esas administraciones a contestar a nuestro requerimiento. Pero aquí las administraciones son de todo tipo,
son del Partido Popular, del Partido Socialista, de los nacionalistas vascos, de los nacionalistas catalanes, de los canarios, de los aragoneses, aquí todos son iguales.
Afortunadamente, cada vez hay menos. Y nosotros para tratar de terminar con
esto antes teníamos una vía, la vía de denunciar por falta de cooperación y por actuación indebida ante ustedes y ante las Cortes Generales en los plenarios del Congreso y del Senado, y después acudir al artículo 505 del Código Penal, que habla como
tipo de delito la desobediencia al Defensor del Pueblo, que supone una multa importante y después suspensión de empleo, de función y de sueldo de seis meses a dos años. Eso lo ha utilizado en cierto caso el anterior Ararteko al requerir al
Ayuntamiento de Pasajes, cuyo alcalde devolvía las cartas enviadas por el anterior Ararteko, en que decía ETA no. Entonces, el alcalde, que era de Herri Batasuna, devolvía las cartas. El Ararteko fue a los tribunales y condenaron a un año de
suspensión al alcalde. Es el único caso que conozco. Yo he enviado a muchos alcaldes, consejeros de ministros, directores generales, les hemos enviado requerimiento para decirle: Falta este requerimiento. Pero una cosa es que tengamos la ley y
otra cosa que tengamos que recurrir continuamente a ella. La ley también dice que en España hay una inmigración legal, pero hay un millón de inmigrantes ilegales, y quién es el guapo que los echa del país. Como después de tres años de ministro de
Justicia y 23 años de diputado, conozco bastante a todo el mundo, me permito llamar al alcalde o al consejero o a quien sea y decirle: Oye, que te he enviado un requerimiento, contéstame.
Normalmente no son las autoridades políticas las que
incurren en ese defecto de no contestar porque no quieren, no son las autoridades políticas, el funcionario de turno, que lo traspapela, que va a tomar café y que lo deja ahí, aunque, naturalmente, el último responsable sea la autoridad política.
Por eso es por lo que yo me permito muchas veces llamar a la autoridad política para decirle: Oye, no seas necio y envíame el requerimiento y mira dónde está. Eso realmente es lo que hacemos.



El retraso judicial. Hay retrasos judiciales reales, lo ha habido siempre y lo habrá, ya he hablado de eso. Habrá que aumentar el número de jueces, los jueces que se jubilen habrá que convertirlos en jueces suplentes hasta que tengamos más
jueces, o habrá que convertirlos en magistrados eméritos, habrá formas, pero esto no puede ser. No puede ser que haya demoras de miles y miles. Y ahí sí interviene el Defensor del Pueblo. Se ha hablado de por qué no interviene el Defensor del
Pueblo en el aspecto judicial. En el aspecto judicial nosotros no podemos intervenir cuando está sub júdice, o sea, en el aspecto de la jurisdicción, pero sí intervenimos en los aspectos orgánicos de la Administración de justicia llamando la
atención al fiscal general del Estado sobre la demora enorme de procedimientos, para que el fiscal del Estado impulse que estas demoras sean remediadas. En eso sí intervenimos e incluso hemos hecho un informe, hicimos un informe sobre demoras
judiciales pues realmente eran insostenibles. Es verdad lo que él ha dicho, una demora judicial se convierte en una vulneración del derecho de la tutela judicial efectiva.
Al ser ministro de justicia y ahora Defensor del Pueblo, realmente creo que
aquel refrán del gitano, tengas pleitos y los ganes, ha resultado verdad.



Señor Labordeta, se ha hablado de televisión, hemos coincidido absolutamente con esto; sobre la redistribución de los niños inmigrantes en los colegios y ahora sobre la piratería. Efectivamente, lo de la piratería es


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algo que clama al cielo los llamados top manta. Yo no les echo la culpa, tienen también lo suyo los pobres inmigrantes que están ahí, son gente desesperada que no encuentra trabajo y que a cambio de una pequeña cantidad venden con el riesgo
de ser detenidos, yo echo las culpas a las mafias discográficas, para las que reproducir es muy sencillo, la falta de escrúpulos de algunos ciudadanos que con una pequeña maquinaria que cuesta poco y en una habitación reproducen los discos; yo,
como soy viejo, hablo de discos, ahora hay que hablar de los soportes, los soportes para hacerlo. Y eso es tremendo. Eso lo tiene que combatir la Policía y la Guardia Civil, las Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas con todo
vigor, porque ahí se perjudica no sólo a los creadores, que viven de eso, sino, como ha pasado en México, a los trabajadores de las empresas que se dedican a la reproducción, que se quedan en la calle. Hablo de la reproducción discográfica pero
existe la reproducción en las imprentas de las obras literarias; en Perú la mayor parte de los autores, muchos autores importantes, ven sus obras en ediciones piratas expuestas en los quioscos; por eso se llama piratería.
El I congreso mundial
sobre piratería y derechos humanos se celebró en México, a comienzos de la primavera de este año, en el Estado de Zapata, en Cuernavaca, donde estaba el palacio de Hernán Cortés y después de Emiliano Zapata, lo cual da idea del patrimonio riquísimo
de México.
Hizimos esto clamando al cielo, a Yahvé, para que despareciera. Pero no hacía falta sólo clamar a Yahvé, porque aquí no caen las murallas de Jericó mediante lamentaciones. La responsabilidad la tienen las administraciones y las fuerzas
del orden, en este caso de seguridad y represivas para terminar con esa mafia. Hay que tener en cuenta que hay unas mafias responsables y culpables a las que se debe reprimir con la necesaria dureza para salvar los intereses, los derechos de los
creadores y de los trabajadores.Por último, a mi amigo el señor Rascón, representante del Grupo Socialista, quiero decirle que las propuestas que hace nos parecen muy bien. Ya le he respondido a la diferencia en la intervención del Defensor en los
aspectos orgánicos, administrativos, no jurisdiccionales sobre las demoras judiciales. Hace dos o tres años, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid nos pidió que visitásemos la Audiencia Provincial, para comprobar la situación en la que
estaba.
Estaba en una situación lamentable. Los medios de comunicación siempre se portan con nosotros muy bien porque informan de todo lo que hacemos y muchos conocen nuestra labor a través de ellos. Pues bien, convocamos a los medios de
comunicación e hicieron un amplio reportaje sobre la visita del Defensor a la Audiencia Provincial y entonces hubo una renovación, una mejora de los medios materiales y humanos, y por eso y por otras cosas ha bajado la estadística en Madrid.



Me preguntaba por qué se rechazan nuestras recomendaciones, aunque la mayoría son aceptadas. Quizá habría que estudiarlo. Eso, haría que el tocho del que habla nuestro amigo Labordeta se convirtiera en triple o cuádruple. Le puedo decir
que las propuestas que hacemos son recomendaciones, como la relativa a la modificación del artículo 107 del Código Civil para la igualdad de sexos -ya he insistido en eso-, para que la ley de origen la ley de origen la ley de España, donde residen
los cónyuges y así fue entendido. Yo le agradezco mucho su petición para que nos hagan más caso. Nos hacen bastante, la prueba es que somos el número dos de la encuesta del CIS, el número uno lo ocupa las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
quienes tienen más confianza que el Defensor.
Algo que me resulta increíble (ahora como estamos entre amigos, lo digo) es que en los viejos tiempos la Guardia Civil me llevaba encadenado de prisión a prisión, y ahora sea la institución que ocupa el
primer lugar.
Esto significa los avances prodigiosos que en materia de derechos humanos hemos hecho en este país. Traigo el ejemplo a colación para felicitarnos de ello.



En cuanto a las relaciones con el Defensor del Pueblo europeo, nos reunimos también con el Defensor del Pueblo de distintas naciones y también con el Defensor del Pueblo europeo, cuya labor se relaciona principalmente con el trabajo de los
funcionarios de la Unión Europea. Lo vamos a seguir haciendo porque está bien. La figura del Defensor del pueblo se va extendiendo. Por ejemplo, Kazajstán se dirigió a la Comisión Europea, porque quería montar la institución del Defensor del
Pueblo en ese país. Debido al prestigio que tiene el español, por la cooperación de ustedes y sobre todo por los funcionarios que trabajan en ella, se dirigió a nosotros para que les montásemos la institución del Defensor del Pueblo, cosa que vamos
a hacer. Hace poco nos visitaron también los iraníes. Ahora iba a hacerlo, pero no pudo porque su madre está muy mal, la ministra de Derechos Humanos del Yemen, que es una señora que tiene una tradición de defensa de los derechos humanos en ese
país muy buena.
Es decir, tenemos una relación continua. Hace dos años, después de estar con otras administraciones me visitó una comisión de altos funcionarios chinos para que fuéramos a China a hablar de los derechos humanos, de nuestra
institución. Naturalmente, fuimos allí. En Seúl ha estado recientemente nuestro adjunto segundo, Manuel Aguilar; en Québec, María Luisa Cava de Llano. Se está haciendo ese trabajo y, en función de él y del que hacemos aquí, les agradezco muy de
veras sus palabras y su amistad. Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: He pedido si algún portavoz quería hecer uso de la palabra. En principio, sólo el señor Grau quería decir unas palabras, supongo que breves.



El señor GRAU I BULDÚ: Muy brevemente y sin ánimo de alargar esta Comisión, solamente deseo puntualizar al señor Defensor del Pueblo mi reconocimiento a su labor y a la de sus adjuntos. Posiblemente la


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respuesta o no la he entendido yo o no la ha entendido él. Era un balance de la actividad de la institución, a la que sumaba yo la actividad de los informes parciales que se han debatido en Comisión y que lógicamente representan el global,
en esta reunión de hoy el de toda la institución en el año 2003.El señor PRESIDENTE: Quiero dar las gracias al Defensor del Pueblo y a todo su equipo, que ha hecho un trabajo excelente.



Se levanta la sesión.



Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.