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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 302, de 22/11/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 302
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 280
celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día... (Página 15011)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones que han afectado a la Comunitat Valenciana durante los días 11
a 19 del mes de octubre de 2007 (BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2007.) (Número de expediente 130/000050.) .... (Página 15011)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la
que se establece determinada norma tributaria.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 127-1, de 9 de marzo de 2007. (Número de expediente 121/000127.)... (Página 15018)
- Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 140-1, de 15 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000140.)... (Página 15025)
Proposición de Ley Orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 283-1, de 22 de junio de 2007. (Número de
expediente 122/000222.) .... (Página 15031)
- Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 126-1, de 23 de febrero de 2007. (Número de expediente 121/000126.) .... (Página 15040)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley del Cine. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 138-1, de 8 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000138.)... (Página 15052)
- Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 121-1, de 15 de enero de 2007. (Número de expediente 121/000121.)...
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes. (Votación.)...
(Página 15071)
Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 15071)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)...
(Página 15075)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Modificación del orden del día... (Página 15011)
La Presidencia anuncia que el debate del punto 33, relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social se realizará tras el debate del punto 36, y el punto número 37, relativo al dictamen de la
Comisión sobre el proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso se realizará tras el debate correspondiente al punto 38.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página 15011)
Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones que han afectado a la Comunitat Valenciana durante los días 11 a
19 del mes de octubre de 2007... (Página 15011)
La señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) expone ante la Cámara que como consecuencia de las intensas lluvias entre los días 11 y 19 de octubre ocurridas en
la Comunidad Valenciana, en la que hubo que lamentar el fallecimiento de una mujer, el Gobierno, fruto del compromiso con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana afectados por este desastre natural, presenta este real decreto para su convalidación
en la Cámara.
Expone el contenido de la norma, cuyas medidas conciernen a nueve departamentos ministeriales. Contempla toda una serie de beneficios fiscales como exenciones de las cuotas en el IBI para viviendas y establecimientos dañados como
consecuencia directa de las inundaciones; reducciones en el impuesto sobre actividades económicas para empresas que han tenido que cerrar temporalmente; exención de tasas de tráfico para las bajas de vehículos dañados por el temporal y toda una
serie de reducciones fiscales para las actividades agrarias, así como en el ámbito laboral y de la Seguridad Social. Hasta ayer, las ayudas solicitadas eran 1.075, de las que mil corresponden a Alicante y las 75 restantes a Valencia.
Finaliza señalando que aunque no se puede evitar que se produzcan estos fenómenos meteorológicos sí se puede trabajar para reducir al mínimo sus consecuencias, y el Gobierno así lo está haciendo. Solicita de la Cámara la convalidación del
real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); la señora Montesinos de
Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Enmiendas del Senado... (Página 15018)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que
se establece determinada norma tributaria...
(Página 15018)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad... (Página 15025)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Ortiz Rivas, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial... (Página 15031)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Souvirón García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y Mayoral Cortes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba.)
Proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social... (Página 15040)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal y Fernández Davila y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz
Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán.)
Interviene el señor Echániz Salgado.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 15052)
Proyecto de Ley del Cine... (Página 15052)
Interviene el señor ministro de Cultura (Molina Sánchez), en nombre del Gobierno. Muestra su satisfacción por la aprobación en esta Cámara de la Ley del Cine, con un notabilísimo grado de consenso. La normativa propicia la adaptación a las
nuevas tecnologías y a los nuevos formatos.
Resalta dos aspectos que son la incidencia positiva
contra la piratería audiovisual así como las medidas que se ofrecen para facilitar el acceso al disfrute de las obras cinematográficas y audiovisuales por parte de las personas con discapacidad física y sensorial.
Finaliza haciendo una apuesta firme por el cine como cultura, como vehículo de transmisión de ideas, de sensibilidades y realidades, como preservador de nuestro pasado y nuestro presente, como vehículo cultural cuya industria contribuye al
desarrollo económico, a la creación de empleo y a los avances tecnológicos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban
Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza y el señor Louro
Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso... (Página 15063)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Puig Cordón, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Oltra Torres, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso y el señor Suárez González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 15071)
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones que han
afectado a la Comunitat Valenciana durante los días 11 a 19 del mes de octubre de 2007, se aprueba por 317 votos a favor y dos abstenciones.
Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 15071)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas
inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial.
Votación del conjunto... (Página 15074)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 189 votos a favor, 133 en contra y tres abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)...
(Página 15075)
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley del Cine, así como el texto del dictamen.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como el texto del dictamen.
Se levanta la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señorías, reanudamos el Pleno.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Tengo que anunciarles que el debate del punto 33, relativo a enmiendas del Senado al proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social, se realizará tras el debate del punto 36 como último punto del apartado
correspondiente a las enmiendas del Senado. Y el punto número 37, que se refiere al dictamen de Comisión relativo al proyecto de Ley sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, se realizará tras el correspondiente
al punto 38. Se anuncia que las votaciones se realizarán a última hora y desde luego no antes de las trece horas.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 10/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INTENSAS TORMENTAS DE LLUVIA Y VIENTO E INUNDACIONES QUE HAN AFECTADO A LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE LOS DÍAS 11
A 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2007.
(Número de expediente 130/000050.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Punto IV del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-Ley 10/2007, de 19 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones que han afectado a la Comunitat Valenciana durante los días 11 a 19 de octubre de 2007. Tiene la palabra por el Gobierno la señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor presidente, señoras y señores diputados, como saben ustedes, entre los días 11 y 19 del pasado mes de
octubre se produjo un fenómeno de intensas tormentas de lluvia y viento en la Comunitat Valenciana, que dio lugar a una situación de emergencia. Desgraciadamente, como consecuencia directa de las lluvias debimos lamentar el fallecimiento de una
mujer, Encarnación Sastre, en la localidad de El Verger. Permítanme volver a expresar la solidaridad del Gobierno con sus familiares, a quienes tuve la ocasión de transmitir personalmente las condolencias del Gobierno.
También se produjeron cuantiosos daños materiales. No es infrecuente en la costa mediterránea, y de manera especial en Levante, el fenómeno meteorológico denominado gota fría. Pero en esta ocasión su intensidad fue especialmente fuerte.
Entre los días 11 y 12 de octubre se llegaron a superar 400 litros por metro cuadrado en algunas zonas del norte de la provincia de Alicante, y 300 litros en una amplia zona de, entre otras, las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa y La
Safor. La segunda tanda de lluvias de los días 18 y 19, aunque menos cuantiosa, incidió nuevamente sobre las zonas castigadas y vino a agravar los daños de los días anteriores. Las precipitaciones y el desbordamiento de cauces provocaron
inundaciones en varias zonas urbanas, especialmente en municipios como El Verger, Calp, Beniarbeig, Xàbia, Els Poblets, Dénia, en la provincia de Alicante, y Almusafes, Enguera y Sumacàrcer, en la provincia de Valencia. Como consecuencia directa de
las lluvias se produjeron daños importantes en viviendas, industrias, comercios, infraestructuras de transporte, agricultura, riberas y playas. La normalidad de la vida y la actividad laboral y profesional de muchos miles de ciudadanos y ciudadanas
se vio gravemente perturbada. El Gobierno expresó desde el primer momento su voluntad de poner todos los medios para superar la situación, restablecer los daños y volver a la situación de normalidad lo antes posible. Con el fin de responder con la
máxima agilidad ante las necesidades de todos los afectados, distintos miembros del Gobierno visitamos las zonas afectadas para conocer de primera mano la situación y estar con los ciudadanos que la estaban padeciendo. Desde el Centro de
Cooperación Operativa, integrado por todas las administraciones, hemos trabajado con celeridad y en permanente colaboración para garantizar la seguridad de las personas y preservar sus bienes, atender las necesidades de las poblaciones afectadas y
restablecer cuanto antes los servicios, las infraestructuras y las comunicaciones. Quiero destacar muy señaladamente la conducta ejemplar de colaboración y solidaridad del conjunto de los ciudadanos que sufrieron las inundaciones; una actitud que
constituye el mejor acicate para preservar y profundizar el trabajo cooperativo entre las distintas administraciones en la gestión de este tipo de catástrofes. Asimismo, quiero subrayar el trabajo desarrollado por la Unidad Militar de Emergencias,
que de nuevo ha prestado un eficaz servicio a la reconstrucción de las zonas dañadas y ha contribuido a mejorar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
Señorías, fruto del compromiso del Gobierno con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana afectados por este desastre natural es el Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre, que hoy presento para su convalidación en esta Cámara. Este real
decreto recoge un conjunto de quince medidas que afectan a nueve ministerios y que han sido consensuadas con los ayuntamientos y con la Comunidad Valenciana. Estas medidas vienen a paliar los efectos ocasionados por las tormentas en 307 municipios,
201 de la provincia de Valencia y 106 de la provincia de Alicante. La relación de municipios afectados se ha concretado en la orden del Ministerio del Interior publicada ayer mismo, 21 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado.
Entrando ya en el contenido concreto de la norma, que, como les decía, incluye medidas que conciernen a nueve departamentos ministeriales, empezaré por la concesión de ayudas a entidades locales para obras de reparación o restitución de
infraestructuras, equipamientos e instalaciones, así como servicios de titularidad municipal de las comarcas y de las mancomunidades. También habrá ayudas para la reparación de la red viaria de las diputaciones provinciales. Estas subvenciones,
como es habitual en este tipo de actuaciones, alcanzan al 50 por ciento del coste de los proyectos de reparación. Los daños provocados por las inundaciones en explotaciones agrícolas y ganaderas serán objeto de indemnización, siempre que se trate
de producciones que no estén cubiertas por el sistema de seguros agrarios combinados, con los requisitos habituales en estos casos. El decreto-ley, señorías, contempla una serie de beneficios fiscales, como exenciones de las cuotas del impuesto
sobre bienes inmuebles para viviendas y otros establecimientos y locales dañados como consecuencia directa de las inundaciones; reducciones en el impuesto sobre actividades económicas para empresas que han debido cerrar temporalmente, así como
exención de tasas de tráfico para la tramitación de bajas de vehículos dañados por el temporal. Se regulan igualmente reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias. En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, se dispone que los
expedientes de regulación de empleo originados a causa de los daños producidos por las inundaciones tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. Los empresarios quedarán igualmente exonerados del abono de las cuotas a
la Seguridad Social mientras dura la suspensión de la actividad. Cabe destacar también, entre otras medidas, en este ámbito la moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la seguridad Social.
En cuanto a las ayudas para resarcir daños personales y materiales sufridos en viviendas, enseres domésticos o establecimientos comerciales, gestionadas por el Ministerio del Interior a través del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, puedo
decirles que en estos momentos, cuando todavía queda un mes para que los damnificados puedan seguir presentando sus solicitudes de ayuda, están registradas y tramitándose más de un millar. Concretamente, a fecha de ayer eran 1.075 las ayudas
solicitadas, de las que 1.000 corresponden a Alicante y las 75 restantes a Valencia.
La diferencia evidente se entiende si tenemos en cuenta que en Alicante los daños se concentraron en los núcleos urbanos, en tanto que en la provincia de Valencia
afectaron más a la agricultura. Como pueden ver, estas cifras expresan el buen ritmo con que se está trabajando para la reparación lo más rápida posible de las pérdidas sufridas por los ciudadanos. Estas ayudas directas para los ciudadanos pueden
alcanzar una cuantía superior a 15.000 euros por daños en viviendas y superior a 2.500 euros por daños en enseres de primera necesidad. También las comunidades de propietarios pueden recibir ayudas de hasta 8.000 euros por daños en elementos
comunes. La misma cifra prevista para las ayudas está dirigida a comercios e industrias. Igualmente, por parte del Ministerio del Interior, y al amparo del mismo real decreto, se subvencionan los gastos de emergencia que las entidades locales
hayan tenido que efectuar de manera inmediata para salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. Se dispone, señorías, asimismo, de una línea de préstamos a cargo del ICO para financiar la reparación o reposición de instalaciones y equipos
agrícolas, industriales y mercantiles, automóviles, motocicletas, vehículos comerciales y locales de trabajo. Quiero subrayar, porque es una novedad significativa respecto a anteriores decretos-leyes de este tipo, que se ha adoptado una medida
específica destinada a paliar los daños en vehículos que hayan sido declarados siniestro total, lo que constituía una demanda muy generalizada de los afectados, a cuyos propietarios se les dará una ayuda de 1.000 euros.
Finalmente, el decreto-ley
prevé con carácter general la suscripción de convenios de colaboración con las comunidades autónomas y otras administraciones territoriales con el fin de paliar los daños producidos.
De manera particular se autoriza al Ministerio de Vivienda a
suscribir acuerdos en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Comunidad Valenciana para la aplicación del Plan estatal 2005-2008, con el fin de resolver la situación de los ciudadanos cuyas viviendas han resultado afectadas. Ya les
aseguro que el Ministerio de Vivienda está trabajando en su preparación para poder suscribir cuanto antes estos convenios.
En definitiva, señorías, el Gobierno ha actuado de manera diligente y eficaz para aliviar lo más y mejor posible y con rapidez la situación vivida por los ciudadanos en las zonas afectadas por las lluvias en la Comunidad Valenciana. Nuestro
objetivo y nuestra obligación ha sido desde el primer momento trabajar para devolver la normalidad a las vidas de todos los hombres y mujeres, de todos los ciudadanos y ciudadanas afectados e intentar reparar en la mayor medida posible los daños
sufridos en sus casas, en sus negocios, en su entorno, en definitiva, en sus vidas. Fruto de esa voluntad, que sabemos compartida por el conjunto de la ciudadanía, es este decreto-ley que el Gobierno somete a su aprobación. Es el instrumento para
hacer llegar las ayudas y para paliar esos daños; es una norma adecuada; una norma necesaria; una norma que engloba las distintas perspectivas desde las que es posible ofrecer una reparación a los ciudadanos; una norma que expresa la solidaridad
de todos los españoles con los miles de valencianos y valencianas que vieron gravemente perturbada su vida cotidiana por la tormenta. Termino ya.
Señorías, solo me resta expresar una vez más el compromiso del Gobierno en la prevención de
situaciones como las que tratamos
aquí. Es cierto que nunca podemos ni podremos evitar que se produzcan fenómenos meteorológicos como los que en octubre afectaron tan gravemente a la Comunidad Valenciana, pero sí podemos trabajar para reducir al mínimo sus consecuencias, y
les aseguro que el Gobierno así lo está haciendo. Señor presidente, señorías, por todas estas razones solicito de SS.SS. y de esta Cámara la convalidación del presente real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta del Gobierno, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto y de todas las fuerzas políticas que lo componen, que así me lo han hecho constar, vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley por los
principios de solidaridad que siempre hemos mantenido las distintas fuerzas políticas en todos aquellos casos de catástrofes naturales en que la Administración pública, tanto la Administración General o Central del Estado como de las comunidades
autónomas y las distintas instituciones civiles, militares, Cruz Roja, etcétera, vuelcan toda su actividad técnica, profesional y humana en suprimir al menos las penurias que se derivan de todos estos incidentes y accidentes climatológicos que
perturban la convivencia normal. Entendemos que esto se refleja en el texto del real decreto-ley, como es ya norma tradicional en casos similares de catástrofes naturales como la que ha ocurrido el pasado mes de octubre en la Comunidad Valenciana,
y debe haber constancia de este voto de apoyo en la convalidación de este real decreto ley para que la solidaridad siga prevaleciendo bajo nuestro amparo constitucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Siempre que hay catástrofes tenemos que esperar a la aprobación de un real decreto, y aunque todos son muy parecidos poco se puede decir sobre su contenido. Lo que sí se puede decir es que sería mucho más interesante que hubiera una
legislación genérica que en el caso de que se dé una catástrofe se aplique siempre de manera inmediata y directa y los ciudadanos sepan a qué atenerse. Eso sería siempre lo más razonable y es una de las asignaturas pendientes en este casa.
Otra de las cuestiones que suelen ocurrir, especialmente en la última legislatura, es la utilización política de las catástrofes. Cada vez nos instalamos más en el todo vale y parece que si no llueve es culpa de un determinado gobierno y si
llueve también es culpa de un determinado gobierno. Es un absurdo evidente, pero es algo que se repite una y otra vez en los medios de comunicación. Lo que sí podemos exigir y exigimos es que haya previsión y que haya planes de emergencia que se
cumplan correctamente ya que todas las consecuencias que se dan a raíz de una catástrofe son más evitables cuanta más previsión hay. Esta es la política a la que Izquierda Unida-Iniciativa se suma. En este caso, las lluvias acaecidas han sacado a
la luz un problema que desde Izquierda Unida-Iniciativa llevamos mucho tiempo denunciando, que es la política urbanística que padecemos en el País Valenciano. Hay una situación de crecimiento incontrolado de urbanizaciones e infraestructuras.
Ocurre lo mismo con el AVE. Hemos denunciado en muchas ocasiones que el trazado del AVE va a significar una muralla que va a generar el doble de inundaciones al frenar el ciclo normal del agua. La política urbanística, construir sin tener en
cuenta el medio ambiente y la naturaleza nos lleva a que las catástrofes y sus consecuencias sean mucho más graves. Las lluvias torrenciales ocurren y no dependen de los gobiernos, pero no es menos cierto que existe la obligación de todos los
poderes públicos de diseñar y aplicar políticas teniendo en cuenta los imponderables, minimizando los riesgos y previniendo los efectos de las catástrofes. Las políticas de dejar hacer al mercado, de que todo vale, no solo no previenen las
catástrofes sino que las agravan. El territorio no soporta cualquier cosa. Es una evidencia, pero además los expertos lo tienen que decir una y otra vez en conferencias. Si no se tienen en cuenta las restricciones que la naturaleza impone a la
acción humana, los que sufrimos las consecuencias somos los ciudadanos. En el caso del País Valenciano, el Plan de acción territorial de prevención de riesgos contra inundaciones de la Comunidad Valenciana, además de ser un documento colorido y
lleno de buenas intenciones, carece de medidas concretas, de actuaciones específicas y, por supuesto, de presupuesto. Las cañas acumuladas quizá han tenido algo que ver en las inundaciones, pero desde luego no han tenido un impacto decisivo.
Podemos ver, por ejemplo, el caso de Calpe, en el que si se hubiera impedido que se construyeran viviendas en la zona baja de Las Salinas, por donde se bombea el agua al mar, los efectos hubieran sido menores. Las ayudas que hoy vamos a aprobar sin
duda son necesarias, justas y bienvenidas. Esperamos que los afectados no tarden nada en cobrarlas, pero el problema, señorías, seguirá existiendo y es culpa de todos los poderes públicos, de unos gobiernos y de otros. Y es que si la política
urbanística y la carencia de prevención suficiente continúa, todas las ayudas posteriores evidentemente son posteriores, no previenen y no evitan el problema. Trabajemos por evitar este tipo de problemas.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Navarro.
A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, como viene siendo norma habitual, aprobará en sus propios términos este real-decreto de ayudas paliativas a los daños ocasionados en el mes de octubre a las producciones de las zonas de la Comunitat Valenciana y a la renta de
los agricultores. Solamente quiero decir, en línea con la intervención del portavoz anterior, que durante estos días también se están produciendo situaciones parecidas en la zona de Utrera, de Sevilla, y que esperamos del Gobierno -sin entrar en el
análisis de las causas, unas naturales y otras artificiales, como la edificación en zonas de cauces, etcétera- que las medidas paliativas también en este caso se tramiten urgentemente y podamos, si es posible, aprobarlas también en forma de
real-decreto en alguno de los Plenos que se produzcan en diciembre.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Txueka.
¿Grupo de Ezquerra Republicana? (Pausa.) Grupo de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora vicepresidenta, nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, va también a convalidar este real decreto-ley, como lo ha hecho en todas las ocasiones anteriores, en este caso referido a las inundaciones por los efectos de
los fuertes golpes de viento en el País Valenciano, en la zona de Alicante, en el municipio de El Verger especialmente, donde además hubo que lamentar una víctima, y en cantidad de municipios tanto de Alicante como algunos del sur de Valencia. Sin
duda, esto respalda el principio de solidaridad, que nuestro grupo también ha destacado siempre a la hora de tomar o de apoyar este tipo de medidas. Sin embargo, tenemos que adherirnos a las consideraciones que han hecho ya en esta Cámara la señora
Navarro y también el representante del Grupo Vasco en el sentido de que siempre hemos dicho que sería necesario plantear una solución genérica, específica, un marco de actuación para casos de catástrofes y no tener que hacerlo en cada caso que se
produzca. Ahora mismo se están produciendo también problemas en Sevilla y otras zonas del país, por lo que habrá que hacer otro real-decreto, luego convalidarlo, y todo ello parece que resta agilidad y da menos garantía y menos seguridad jurídica a
los posibles afectados, que en definitiva podemos ser todos. Por ello, seguimos reclamando una vez más - lo hemos hecho ya en dos ocasiones- una legislación más genérica. Las medidas que establece el real-decreto son las usuales en este caso, con
una novedad mínima respecto a lo relacionado con vehículos y vivienda, lo que justifica lo que venimos reiterando respecto a que todas son parecidas, por lo que podría hacerse una normativa genérica que luego se aplicara donde se valorara, por datos
objetivos, que fueran necesarias ayudas directas a las corporaciones locales, créditos privilegiados, ayudas a los damnificados en temas de vivienda, en temas de comercio, las que, en definitiva, son habituales en ese tipo de normativa. Reconocemos
el ejercicio de coordinación entre ministerios -no es fácil poner de acuerdo a nueve ministerios para un único objetivo- y también la coordinación y la cercanía a los ayuntamientos, coordinando las medidas a tomar con ellos y además con las
comunidades autónomas, en este caso con el Gobierno valenciano.
En definitiva, vamos a apoyar esta convalidación con nuestro voto y manifestamos que, aunque no se pueden evitar o prevenir este tipo de catástrofes, una acción inteligente para mejorar las infraestructuras y su construcción y tener en
cuenta la posibilidad de catástrofes puede evitar que los efectos sean tan gravosos como los que a menudo se producen y que luego haya que tomar medidas como las establecidas en el decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Guinart.
Teniendo en cuenta que el señor Cerdà se ha incorporado con unos segundos de retraso y le habría correspondido intervenir con anterioridad, tiene la palabra en estos momentos en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor CERDÀ ARGENT: Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.
Nuestro grupo va a votar a favor de este real decreto, y no porque esté completamente de acuerdo con su contenido, pero la gravedad de los hechos y la premura con que las gentes de la Marina y de la Calp necesitan estas indemnizaciones hace
que estemos a favor. No obstante, vemos algunas deficiencias importantes respecto a los daños ocasionados en el periodo entre el 11 y el 18 de octubre, cuando esta zona sufrió intensas tormentas de lluvia y viento y grandes inundaciones que han
perjudicado y anegado miles de hectáreas, ha habido que evacuar a los residentes y se han producido daños a infraestructuras y también a bienes públicos y privados. Entendemos que no sería pertinente retrasar más el pago de las indemnizaciones,
pero vemos algunas deficiencias sobre todo en sectores importantes en esas zonas, cuyos daños se evalúan de manera poco precisa, por ejemplo en la agricultura y la ganadería, que son los más perjudicados en estas inundaciones, y que no se observan
de una manera detallada en este real decreto. Además, estas son áreas afectadas y sometidas a una fuerte presión especulativa y urbanística, y no sé si este decreto nos deja la duda, como mínimo, de si contribuye adecuadamente
a reparar los daños o bien existe un riesgo real de que estas inundaciones puedan haber sido un golpe de gracia para que los afectados que ejercían la actividad que en ese momento realizaban, y que hasta ese momento había sido productiva y
beneficiosa para el sector, se vean obligados, por desgracia, a seguir, a raíz de estas inundaciones, este movimiento especulativo y a vender sus tierras porque no se van a poder dedicar a estas actividades.
También criticamos el real decreto en el sentido de que las ayudas a producciones agrícolas y ganaderas se circunscriben a explotaciones con seguros en vigor. Ya sé que es parte de la ley, pero hay sectores importantes en estas zonas, por
ejemplo el de los frutos secos, en los que la contratación de seguros es muy minoritaria porque nunca ha habido grandes problemas, y eso les condena de alguna manera a no poder acogerse a estas ayudas. Hay muchos daños causados en infraestructuras,
por ejemplo de riegos comunitarios, para las que tampoco se contemplan estas ayudas, y no nos vale la referencia a una posible reducción del índice de rendimiento neto respecto al régimen de estimación objetiva del IRPF.
Creemos que debería haberse
establecido un modelo cero para el ejercicio 2007 para agricultores y ganaderos afectados. Igualmente nos parece insuficiente que se prevea una moratoria en cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y los trabajadores por cuenta propia.
En nuestra opinión, se debería haber aplicado una condonación de las mismas para agricultores y ganaderos afectados.
En definitiva, vamos a votar favorablemente este real decreto. Dado el poco tiempo parlamentario que nos queda para tramitar este tipo de iniciativas que tienen un fondo real y una afectación real en personas, no nos vamos a oponer a que se
tramite como proyecto de ley, pero entendemos que el decreto se queda corto. En todo caso, si esto es lo que hay, esto es lo que vamos a votar: a favor de que se apruebe este real decreto, a pesar de las insuficiencias que ya hemos apuntado.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Cerdà.
A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
No sé si ahora la tendremos que llamar también señora ministra del Interior, porque al Grupo Parlamentario Popular no ha dejado de sorprendernos que ayer conociéramos todos que había asumido usted las competencias del Ministerio de
Exteriores y que hoy también asume las de Interior. Probablemente será porque estamos ya en campaña electoral y porque la vicepresidenta concurre, como todos ustedes sabrán, por la provincia de Valencia, igual que el ministro Bernat Soria por la
provincia de Alicante. Lo que sí espero, o en este caso esperamos todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, es que tengan mejor resultado que el que obtuvieron -y de lo que se beneficiaron- los que le precedieron, es decir, los de Jaén, los
de Segovia o los de Madrid, que lamentablemente ha sido la comunidad que menos presupuesto ha recibido de los Presupuestos Generales del Estado. (Rumores.) Por tanto, espero que tengamos mayor beneficio a lo largo de estos meses porque tengo la
absoluta certeza, señora vicepresidenta y candidata, de que las próximas elecciones la situarán a usted y a todo su Gobierno donde les corresponde, es decir, en la oposición. (Rumores.) Y, una vez más, los valencianos y todos los miembros de la
Comunidad Valenciana tendrán lo que merecen. (Rumores y protestas.)
Dicho lo cual, quiero decir que, sin que sirva de precedente, coincido en algo con usted y es en que en la Comunidad Valenciana, y fundamentalmente en la provincia de Alicante, hubo solidaridad entre todos los ciudadanos y ciudadanas y en
que además lamentamos la pérdida humana que se produjo con motivo de la riada y, por supuesto, también las pérdidas materiales.
En eso sí coincidimos con usted y, como decía antes, creo que será en lo justo.
Por otra parte, quisiera recordarle que la actitud que ha mantenido su Gobierno con motivo de las inundaciones y de las lluvias torrenciales que afectaron a gran parte de la comunidad entre los días 11 y 19 de octubre ha dado la medida justa
de su ineficacia, de su imprevisión y de su falta de compromiso con la Comunidad Valenciana, y muy especialmente con la provincia de Alicante que fue la más afectada. A pesar del desembarco inicial de ministros, los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana lamentamos enormemente que no fuesen a nuestra tierra los ministros que realmente tenían algo que hacer y que se debían haber comprometido con nuestra tierra. Por ejemplo, echamos en falta a la ministra de Medio Ambiente, que, eso sí, se
encontraba de periplo por China acompañada del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Nos hubiera gustado que la señora ministra hubiera suspendido su viaje, se hubiera personado y se hubiera comprometido realmente con la comunidad.
Muy al contrario, se limitó, con esa incontinencia verbal que la caracteriza, a hacer declaraciones desde China para evitar asumir sus propias responsabilidades, porque no podemos olvidar que la competencia, la responsabilidad de la limpieza de los
cauces de los ríos corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar; por cierto, los ayuntamientos y vecinos solicitaron la limpieza de estos cauces y no solamente se les denegó sino que además se persiguió
con denuncias a quienes intentaron evitar la catástrofe. Además, la ministra, como decía, con esa incontinencia verbal que la caracteriza, dejó caer una de sus perlas o guindas: que la responsabilidad última era del urbanismo valenciano. Como no
podía ser de otra manera, la responsabilidad siempre en portería ajena.
Pues yo le tengo que recordar dos cosas: primero, que la Comunidad Valenciana es la comunidad que más suelo protegido tiene, un tercio de todo el territorio de la comunidad. Pero, además, desde el año 1997, gobernando el Partido Popular y
siendo entonces presidente don Eduardo Zaplana, se aprobó el Patricova, plan que tiene dos fines claros: por un lado, el de incidir en la ordenación y en esa ordenación queda bien claro, según el plan, que no se podrá edificar en todo el mapa en
las zonas inundables. Donde se han producido las inundaciones ha sido en edificaciones anteriores a 1997, es decir, Gobierno socialista de Joan Lerma. (Rumores.) Desde 1997 hasta la fecha no se ha construido nada en zonas inundables; lo lamento,
pero la realidad es así de clara y de tozuda. (Rumores.) Tranquilícense, señorías, y déjenme terminar que estoy en el uso de la palabra. Por otro lado, el otro fin que tiene ese plan -por cierto, que es una actuación conjunta del Estado y la
comunidad autónoma- es la limpieza y el mantenimiento de los cauces y de los encauzamientos de los ríos porque, como ustedes saben, eso es del dominio público hidráulico. Pues en esa parte, de la que corresponde un 70 por ciento al Estado a través
de los fondos Feder y un 30 por ciento a la Generalitat Valenciana, quien debe adjudicar las obras es el Gobierno de España y en eso, como de costumbre, no se ejecutan y se lleva el premio a la demora en todas las actuaciones. Por tanto, la parte
del Patricova que no se estaba cumpliendo es de responsabilidad única y última del propio Gobierno de España, ese al que tanto le gusta publicitarse, sobre todo en nuestra comunidad, no solamente a través de los ministerios sino además a través de
la desalación de las aguas.
Además, el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido una actitud absolutamente contraria a los intereses de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas de la Comunidad Valenciana, votando en contra de las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular presentó precisamente para evitar que volvieran a suceder hechos como ese; votó en contra de que se ampliara la partida de adecuación de cauces naturales, sobre el tema de los encauzamientos, las obras de drenaje, etcétera. A
todo aquello que nazca, que parta o emane del Grupo Parlamentario Popular se aplica el rodillo socialista; da igual si luego los afectados son los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, el hecho es ir en contra de cualquier iniciativa
que presente nuestro grupo.
Pero, como decía al principio, no solamente echamos en falta la presencia de la ministra de Medio Ambiente, sino también la de la ministra de Fomento, que imagino que la pobre bastante atareada está, incluso ella misma debe de pedir que se
la cese cuanto antes para evitar seguir produciendo los daños que va ocasionando a través de su ministerio, y la de la ministra de la Vivienda, porque, fíjese, nosotros coincidimos con muchos de los portavoces en que este es un decreto -decreto que
nosotros vamos a votar favorablemente- que, para desgracia de la mayoría, se puede convertir en papel mojado. ¿Por qué digo esto? Porque todo es a través de convenios y esos convenios corresponde hacerlos a los distintos ministerios con las
consellerías y hasta la fecha, a pesar de que las consellerías han hecho los deberes y de que desde luego se han asignado cantidades importantes, y voy a poner ejemplos: la Consellería de Infraestructuras y Transportes, 11,5 millones de euros; la
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 12 millones de euros; la de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 31,200 millones de euros; la Consellería de Turismo, 1,8 millones euros; la de Industria, Comercio e Innovación, 2 millones de euros,
etcétera, y se habilitarán además los créditos necesarios y suficientes en los presupuestos para que se puedan ejecutar todas las medidas necesarias para paliar los daños que ocasionaron las lluvias torrenciales; pues bien, como decía, el resto es
a través de convenios singulares, y esos convenios no solamente corresponden a la propia comunidad sino que corresponden a los distintos ministerios, y hasta la fecha desconocemos cuántas son las cantidades o los conceptos, porque, a pesar de que
hoy se aprobará este real decreto, ha habido un mes que se ha perdido. Por tanto, eso de real decreto urgente... Lo de urgente para ustedes es un concepto muy distinto al de la realidad social de la Comunidad Valenciana.
Mientras tanto, se sigue trabajando a través de la Diputación Provincial de Alicante, se sigue trabajando a través de la Generalitat Valenciana realojando a los vecinos, construyendo las nuevas viviendas, habilitándoles, dando las ayudas a
los agricultores, etcétera. Por tanto, el compromiso real y las soluciones las están dando aquellas instituciones que están gobernadas por el Partido Popular. La Diputación Provincial de Alicante, sin ir más lejos, se reunía ayer con los alcaldes
de los municipios afectados de la provincia y, por unanimidad de todos los alcaldes, no solamente de los del Partido Popular sino también de los del Partido Socialista, se demandaba -porque usted ha dicho en su intervención que las ayudas eran del
50 por ciento. No, según el real decreto, hasta el 50 por ciento. Como ya nos conocemos todos, se les está pidiendo a ustedes que esas ayudas alcancen el 50 por ciento, que no nos encontremos luego con la desagradable sorpresa de que puede ser un
uno, un 5 o un 10 por ciento-, por unanimidad de todos los alcaldes de la provincia, repito, se pidió que las ayudas que tiene que dar el Gobierno de España fueran ayudas que alcanzaran hasta el 50 por ciento, no solamente en la red de carreteras
sino en los caminos municipales, etcétera.
En cualquier caso, señorías, insisto en que es un decreto que vamos a votar favorablemente pero que se nos queda corto y lo que más nos preocupa es que quien tiene que poner en marcha ese decreto, quien tiene que aplicar las medidas que en
él se recogen es el Gobierno socialista, el Gobierno que en sí ha personificado la desidia, la apatía y el rechazo más absoluto a todo aquello que provenga de la Comunidad Valenciana.
(Rumores.-El señor Campos Arteseros: ¡Venga hombre!) Pero no se
preocupen, tranquilícense, tranquilícense, yo comprendo que puedan estar ustedes muy nerviosos.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señorías, les ruego silencio.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Buena prueba de ello es quién ha presentado hoy el real decreto y quién... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señora Montesinos, un momento, por favor.
El tiempo está corriendo desde el principio, lo que pasa es que no aparecía reflejado en la pantalla de arriba, pero aparece reflejado en el resto de las pantallas. Les ruego silencio para que la señora Montesinos pueda continuar con su
intervención. Muchas gracias. (El señor Martínez-Pujalte López: Se ponen nerviosos.)
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Sí, lo lamentamos, pero es así; el nerviosismo ya está instalado en el Grupo Socialista Yo comprendo que la señora vicepresidenta lo tiene complicado y muy difícil en la provincia de Alicante (Rumores.)
Porque no solamente fue la que firmó la derogación del trasvase del Ebro, sino que, además, a lo largo de todos estos años ha dado la espalda a la Comunidad Valenciana. Pero, en cualquier caso, quiero trasladar un mensaje de tranquilidad y de
sosiego a las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Valenciana porque todas aquellas instituciones en las que nosotros estamos gobernando van a dar cumplida cuenta del compromiso que año tras año mantenemos. Desde luego, daremos cumplida cuenta
de los compromisos que hemos ido adquiriendo y exigiremos al Gobierno de la nación que las ayudas alcancen el máximo y que puedan ser beneficiados todos aquellos que han sido afectados a consecuencia de las riadas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Montesinos.
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en este trámite de convalidación del Real Decreto Ley 10/2007, de medidas urgentes para reparar los daños causados por
las intensas tormentas que han afectado a la Comunidad Valenciana durante los días 11 a 19 del pasado mes de octubre y que se han manifestado con especial virulencia en el norte de la provincia de Alicante y en el sur de la provincia de Valencia.
Quiero que mis primeras palabras sean para expresar la solidaridad, el afecto y la cercanía del Grupo Parlamentario Socialista con las vecinas y vecinos de los municipios afectados en las comarcas de la Marina Baixa, la Marina Alta y la
Sabor, y muy especialmente con los familiares de la anciana trágicamente fallecida en El Verger, doña Encarnación Sastre.
Señorías, como la vicepresidenta ha dicho, esta ha sido una de las más violentas tormentas de lluvia y viento que se han
producido en la Península en los últimos años, habiéndose llegado a registrar en la zona precipitaciones de 400 litros por metro cuadrado. Permítanme que dedique unos instantes a recordar que la descomunal intensidad de las lluvias ha ocasionado
graves daños en 70 pueblos, si bien ha afectado a más de 300 municipios en total, la mayoría de Alicante, pero también del sur de la provincia de Valencia. Permítanme también que les recuerde que los municipios de El Verger, Beniarbeig, Els
Poblets, Dénia, Xàbia y Calp en la provincia de Alicante y Almussafes, Enguera y varios más en la provincia de Valencia han sido los más castigados. Permítanme que les recuerde también que ha habido varios centenares de ciudadanos que tuvieron que
ser rescatados con medios aéreos y que los daños materiales, como ya se ha dicho, han sido extraordinarios. Déjenme asimismo que les diga, señorías, que la frase más repetida en aquella zona en esos días fue: Lo hemos perdido todos. Señoras
diputadas, señores diputados, en esa frase se resume muy bien lo acontecido porque muchas vecinas y muchos vecinos de Alicante y de Valencia lo han perdido todo o casi todo.
Señorías, quiero también reconocer y agradecer la respuesta eficaz de los profesionales de las distintas administraciones que han formado parte del operativo establecido para socorrer y para colaborar en el restablecimiento de la normalidad
en los municipios afectados. Como imaginan, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto por dos razones. La primera, porque, a nuestro juicio, es un instrumento muy adecuado, es una herramienta
útil para contribuir a reparar los daños sufridos por tantos ciudadanos y ciudadanas del norte de la provincia de Alicante. Se trata de un catálogo de medidas, de un paquete de 15 medidas en forma de subvenciones, exenciones y créditos a bajo
interés dirigidos a ayudar a las familias, a las empresas, a los comercios, a los agricultores y también a los ayuntamientos a retornar a la normalidad. La segunda razón que motiva nuestro apoyo al real decreto es que en él se simboliza el
compromiso político firme del Gobierno con la Comunidad Valenciana y con la provincia de Alicante. Sí, señorías, el espíritu de esta norma es la cercanía, es la proximidad y es la solidaridad del Gobierno de España con los afectados por estas
inundaciones, un Gobierno, señorías, que, como se ha dicho, estuvo presente allí desde el primer momento, aunque parece que eso a algunos les puede haber molestado. Allí estuvo el ministro de Trabajo, la ministra de Agricultura, el ministro de
Sanidad, la secretaria de Estado de Cooperación al Desarrollo y la misma vicepresidenta del Gobierno, con los afectados, recorriendo los lugares con mayores daños, escuchando la amarga queja, escuchando las demandas de los afectados, escuchando las
peticiones de los alcaldes, viendo con sus propios ojos las terribles consecuencias del
temporal y, sobre todo, señorías, allí estuvo un Gobierno compartiendo con los alicantinos y alicantinas la preocupación y la angustia por las cuantiosas pérdidas.
Dedicaré un minuto a recorrer la intervención y contestar algunas cuestiones planteadas por la señora Montesinos. Parece, señora Montesinos, que están ustedes muy nerviosos, extraordinariamente nerviosos con las candidaturas, con los cabeza
de lista del Partido Socialista por la provincia de Alicante, por la provincia de Valencia y por la provincia de Castellón, (Aplausos.) que son magníficos candidatos, que están preocupados por la Comunidad Valenciana, que están volcados trabajando
por la Comunidad Valenciana. Usted ha hablado de que ha echado en falta, en ese momento en el que el Gobierno estuvo volcado en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana, la presencia de algunos ministros. Pues, ¿sabe qué le digo? Que
yo echo en falta hoy aquí la presencia de los diputados y diputadas valencianos y alicantinos del Partido Popular, que la han dejado literalmente sola, señora Montesinos, la han dejado totalmente sola. (Aplausos.-El señor Campos Arteseros pronuncia
palabras que no se perciben.) ¿Sabe lo qué pienso? Que detrás de esa bronca que nos ha echado hay un profundo complejo de culpa. (El señor Martínez-Pujalte López: Herick, que te quita el sitio.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señoría, le ruego silencio, por favor.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Hay un profundo complejo de culpa que puede estar originado en que su Gobierno gestionaba las crisis de otra manera. Porque usted ha hablado de algunos ministros que no estuvieron cuando estuvo medio Gobierno en
Alicante (Una señora diputada: En el Prestige.) y cuando hubo una crisis como la del Prestige, que estaba llenando de chapapote las costas de Galicia, el ministro de Fomento estaba de cacería en Lérida y el ministro de Medio Ambiente estaba de
vacaciones en Doñana.
(Aplausos.) Así es como gestionaba las crisis el Partido Popular y eso es lo que les pone nerviosos, que sus ministros se iban de cacería y los nuestros estaban al pie del cañón, con la gente, demostrando cercanía, demostrando
cariño y viendo qué es lo que tenían que hacer para trasladarlo a este real decreto. (El señor Martínez-Pujalte López: Está de meritorio.-El señor Armas Dárias: Donde las dan, las toman.)
Acabo, señora vicepresidenta, señorías, utilizando una frase que usted utilizó en plena crisis. Usted dijo en Alicante -en concreto, creo que fue en Calpe- que el Gobierno pondría todos los medios a su alcance para hacer más corta la dureza
de la catástrofe. A ojos de este grupo, a juicio de la mayoría en este Parlamento, con este real decreto-ley, con el conjunto amplio de medidas que contiene, no cabe la menor duda de que el Gobierno, señora vicepresidenta, ha cumplido su compromiso
y ha puesto todos los medios a su alcance para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas gravemente afectados en la Comunidad Valenciana por este temporal.
Muchas gracias. (El señor Campos Arteseros: Muy bien.-Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: Tienes la lista garantizada.-El señor González Serna: Ella no, yo sí.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor González Serna.
Señorías, por favor, silencio.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/1981, DE 25 DE MARZO, DE REGULACIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Y OTRAS NORMAS DEL SISTEMA HIPOTECARIO Y FINANCIERO, DE REGULACIÓN DE LAS HIPOTECAS INVERSAS Y EL SEGURO DE DEPENDENCIA Y POR LA
QUE SE ESTABLECE DETERMINADA NORMA TRIBUTARIA.
(Número de expediente 121/000127.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al punto V del orden del día: Enmiendas del Senado. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema
hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con brevedad, pues este diputado del Grupo Mixto va a votar favorablemente la mayoría de las enmiendas que proceden del Senado.
Ya dijimos en su día, cuando se celebraron los debates en la Cámara, que esta modificación del
mercado hipotecario, así como otras cuestiones del sistema financiero y del mismo sistema hipotecario, introducía una nueva figura -fue una iniciativa muy afortunada del señor Sánchez i Llibre, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió)-, las hipotecas inversas. Esta nomenclatura ya consta en papel oficial y de esta Cámara saldrá el pleno reconocimiento de la juridicidad de las hipotecas inversas e igualmente el seguro de dependencia. La gran mayoría de las enmiendas son
de carácter técnico o garantizan la seguridad jurídica de las distintas figuras que aparecen en el complicado mercado hipotecario y financiero. Pensamos que era necesario disponer de un instrumento moderno de legislación en la regulación de las
normas del mercado hipotecario y sobre todo que es necesario un principio jurídico de referencia en relación con las hipotecas inversas al encontrarse muchas personas en la tercera edad o jubiladas tras haber hecho a lo largo de
su vida una serie de inversiones para adquirir una vivienda; que tengan ahora el beneficio de la hipoteca inversa. Por esta razón suscribimos los principios que inspiran este proyecto de ley y lo votaremos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, cuando esta ley, la Ley del Mercado Hipotecario, pieza fundamental para las políticas de vivienda, salía del Congreso, mi grupo lamentaba que el Grupo Socialista no hubiese querido pactarla con él. Es
más, tampoco se pudo realizar un debate en el Pleno porque nos decían que no había tiempo para que se tramitase. Qué sencillo hubiese sido que, tratándose de una ley tan trascendente para tanta gente, se hubiese hecho, pero el Grupo Socialista y el
Grupo Popular dijeron que no a la avocación por el Pleno y finalmente el debate no se pudo producir. Lo cierto es que en cuanto a los elementos fundamentales de transparencia, de alimentar la capacidad de endeudamiento, de poner el cinturón a las
entidades financieras y no a los ciudadanos, el Grupo Socialista no quiso incorporar ninguna de nuestras enmiendas. En el trámite del Senado la cosa podía ir a mejor o a peor, pero, como casi siempre pasa con el Senado y la mayoría de las veces con
el Grupo Socialista cuando pacta con quien pacta, se ha ido a peor. Explicaré por qué. Hay una enmienda al artículo 10, pactada e introducida por el Grupo Popular y por Convergència i Unió, que no podemos apoyar. El proyecto de ley reduce los
honorarios notariales de las escrituras de subrogación, novación, modificación y cancelación de los créditos o préstamos hipotecarios, aplicando los aranceles correspondientes a los documentos en cuantía que asciende con carácter general a 30 euros
y el Senado lo que hace ahora es modificar esa pretensión aplicando los aranceles correspondientes a los documentos de cuantía. Eso incrementa los costes y lo justifican diciendo que es para mantener una equivalencia en el trato de las
inscripciones que practican los registradores. Los aranceles ascienden a 24 euros hasta una base de 6.000 euros y cantidades tarifadas por el resto, pero creemos que no podemos apoyar esta enmienda porque va en contra de la sensible reducción de
los costes para el consumidor de los productos hipotecarios. Se hace más de lobby que en defensa de los intereses de los ciudadanos. Es una ley económica a la que nadie le presta atención e incorporan enmiendas en perjuicio de los ciudadanos.
También se modifica el apartado 8 de la disposición adicional primera en el mismo sentido y también vamos a votar en sentido contrario.
En el artículo 11 se vuelve a introducir el punto que amplia la constitución de hipotecas de máximos. Esta es una enmienda, señor Torres, de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista. Le recordaría que este punto desapareció
porque se aceptó una enmienda nuestra, una de las pocas cosas que nos incorporaron en la hipoteca de máximos, que precisamente consideraba que no era de recibo ampliar la figura de hipoteca de máximos en garantía de toda clase de obligaciones
presentes o futuras sin necesidad de pacto novatorio. Se afirma en las motivaciones de la enmienda en el Senado, la pactada entre CiU y Grupo Socialista, que esta hipoteca de máximo flotante solo va destinada a financiar actividades empresariales.
Pero, ¿saben cuál es el problema? Que en el texto que han incorporado en la ley eso no se dice; eso no se explica. Lo triste y lamentable -lo digo así, en estos términos- y está en el 'Diario de Sesiones' del 16 de octubre de 2007, cuando lo
discutíamos en el Congreso, es que lo único que se introdujo por parte de nuestro grupo es algo que limitaba la hipoteca de máximos, porque esta hipoteca de máximos, pensada también para el consumo, lo que va a hacer en definitiva es que las
familias, ya de por sí muy endeudadas, tengan otro instrumento para endeudarse aún más. Ese es el objeto de la hipoteca de máximos: al servicio de las entidades financieras. Lo que es lamentable es que, habiendo mejorado la hipoteca de máximos,
habiéndose establecido que cuando se incremente esa hipoteca de máximos tenga la necesidad de un pacto novatorio, ustedes lo borren de un plumazo en el trámite del Senado y consigan finalmente lo que querían las entidades financieras. Eso es lo que
pasa con el Senado y hoy seguramente se va a aprobar sin pena ni gloria, sin que pase nada. Además, se introduce un nuevo apartado en la disposición adicional primera para que puedan instrumentarse hipotecas inversas sobre cualquier tipo de
inmueble, si bien en este caso no tendrán incentivos fiscales, incrementando también la capacidad de endeudamiento.
Y después viene el cajón de sastre. Es cierto que en esta legislatura nos quitamos de encima la ley de acompañamiento, pero hay veces que, de golpe y porrazo, aparecen leyes como esta en las que vienen todo tipo de medidas. No estamos en
contra de todas, pero de alguna sí, radicalmente.
Lo cierto es que hay un cajón de sastre en esta ley que es lo más parecido a la ley de acompañamiento que hemos tenido en los últimos tiempos. Voy a relatar. Hay una nueva disposición adicional
sobre reglas especiales para valorar el patrimonio de los solicitantes de prestaciones por dependencia y computar la capacidad económica de los solicitantes para su posterior evaluación por parte de la Administración; hay nuevas disposiciones
adicionales sobre la Copa América y los incentivos fiscales a la misma; hay una nueva disposición final para ajustar técnicamente la revolución de esa política tan progresista que llaman ustedes el cheque bebé; hay una disposición final sobre el
Fondo de Garantía de Elementos creado en los Presupuestos Generales
del Estado, y esto ya está en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que finalmente ha sido retirado por el Gobierno y se incorpora ahora aquí; hay una nueva disposición final para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil -ya me
dirán qué tiene que ver esto con las hipotecas- y el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral para -al parecer- adecuar reformas procesales precisas al sistema telemático Lexnet; hay una nueva disposición final para modificar la Ley del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, propuesta positiva que viene de la Generalitat y con la que estamos de acuerdo; y, atención al dato, una nueva disposición final, paternidad de Convergència i Unió, para modificar la Ley de Contratos del
Sector Público y permitir a las administraciones públicas que contraten con las empresas de trabajo temporal. La verdad es que se han superado; la verdad es que se han superado. Cuando estamos toda la legislatura diciendo que hay que limitar la
capacidad de contratación del sector público, de las administraciones públicas con las empresas de trabajo temporal, ustedes van y nos introducen esto en el trámite del Senado. Una ley del mercado hipotecario que tenía que pactarse no para dar más
instrumentos a las entidades financieras, sino para dar más instrumentos a los ciudadanos, la pactan ustedes con CiU y con PP, y después, nos viene esto del Senado. La verdad es que en las medidas y en las dinámicas de las leyes económicas, ustedes
se superan, y esta enmienda a mí me ha superado por completo, ha superado mi capacidad de sorprenderme. Les felicito, porque además aprueban estas medidas e incluso hay veces que nos dicen que son de izquierdas; la verdad es que es sorprendente la
capacidad que tienen.
Para acabar, nosotros pretendíamos en esta ley -que es evidente que no lo hemos conseguido-, en primer lugar, más derechos para los ciudadanos y, por tanto, que la subrogación de las hipotecas fuese también con efectos retroactivos, que esa
comisión baje pudiese ser de todas las hipotecas.
No lo conseguimos. No quisieron pactarlo ni introducirlo con nosotros.
Lamentamos que así fuese. Queríamos impedir el derecho a enervar; es decir, que las entidades financieras impidiesen la
subrogación, derecho que se mantiene en la legislación actual, y que no tiene sentido alguno.
¿Saben qué? No lo conseguimos. Queríamos que el derecho al desistimiento existiese en los casos que nos ocupan de creación de hipoteca, de compra y
venta, porque existe en la legislación comparada. ¿Saben qué? No lo conseguimos. Queríamos que los intereses de demora fuesen los mismos que los del préstamo hipotecario. No lo conseguimos. Queríamos limitar los gastos de apertura, queríamos
mayor transparencia, seguridad jurídica e información comprensible para los deudores hipotecarios, que recogía nuestra enmienda número 3 en el Congreso, que tampoco conseguimos incorporar. Queríamos la posibilidad de acordar medidas que impidiesen
la ejecución de viviendas hipotecadas -escuchen bien- cuando se tratase de la vivienda habitual y permanente de familias en situación de insolvencia transitoria. Existe en la legislación comparada. Se trataba de un acuerdo entre partes, y ustedes
no lo quisieron incorporar. Lo único que incorporamos -ya lo he explicado- se lo cargaron de un plumazo con el pacto con CiU en el Senado. Y queríamos incorporar propuestas que vienen de Francia, como la Ley Neiertz, propuestas que lo que hacen es
limitar la capacidad de endeudamiento de las familias, porque esto repercute en el precio de la vivienda; una política no progresista, una política que se hace en Francia y que es razonable en uno de los países más endeudados de Europa. Estábamos
dispuestos a transaccionar, pero no quisieron escuchar las propuestas. Queríamos limitar las posiciones dominantes y la imposición de cláusulas abusivas o desequilibradas a favor de las entidades de crédito. Tampoco se ha incorporado. Queríamos
que las personas mayores no se vean privadas de la disposición de su vivienda habitual. Y podría continuar hablando de todas las propuestas que no aceptaron.
Quiero certificar en el Pleno -y acabo, señor presidente- que hoy es la certificación no de la separación, como Marichalar y la Infanta, sino del divorcio en materia de política de vivienda. Nosotros pactamos la Ley de Suelo con todas las
intenciones y dijimos: queremos pactar la política fiscal y la política hipotecaria, y dijimos explícitamente que era condición para aceptar la política de vivienda. Ustedes han pactado con PP y con CiU la política hipotecaria, y así vamos. Somos
el país más endeudado de Europa y un país en el que la Ley Hipotecaria se pone al servicio de quien se pone, no de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Herrera.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Solo quiero manifestar la esperanza de que esta alteración del orden del día se haya realizado con todos los requerimientos reglamentarios previstos y se haya notificado a los grupos. El portavoz de mi grupo que iba a intervenir en esta
materia se encuentra ausente por otro tipo de responsabilidades que tiene que afrontar inevitablemente, y uno que tiene cierta capacidad de improvisación, sin embargo no tiene un conocimiento tan enciclopédico de las materias -parafraseando a Fraga,
no tiene todo el Estado en la cabeza- como para poder intervenir en una materia sobre la que desconoce prácticamente todo. Pido disculpas y fijaremos nuestra posición por el procedimiento más elemental previsto también en el Reglamento, es decir,
votando posteriormente las enmiendas del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Olabarría. Para su aclaración y la de su grupo, esta alteración del orden del día se acordó en la Junta de Portavoces.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario Convergència i Unió, efectivamente, pactó con el grupo parlamentario que da a poyo al Gobierno, con el Grupo Socialista, las bases o los ejes fundamentales de la reforma del mercado
hipotecario. También quiero manifestar que, sinceramente, el Partido Socialista, en este caso el Gobierno, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, señor Solbes, ha tenido el buen criterio de pactar con Convergència i Unió
algunos aspectos económicos que se han consensuado a lo largo de esta legislatura, porque los resultados están encima de la mesa, y probablemente algún mérito y algunos aspectos fundamentales tienen las aportaciones de Convergència i Unió en los
resultados de hoy de la economía española. Nosotros eso siempre lo manifestamos con satisfacción.
Si el Gobierno, en este caso el señor Caldera, hubiera atinado en pactar algunos aspectos fundamentales de la política social con Convergència i
Unió, algunas rentas y algunas pensiones que hoy son miserables, probablemente tendrían otra calificación y hubieran tenido unos incrementos más sustanciales de los que han tenido, desgraciadamente, pactando algunos aspectos sociales con Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Por tanto, satisfacción desde nuestra perspectiva y también quiero manifestar que si se hubieran materializado estos pactos en temas sociales, probablemente hoy los agentes sociales españoles podrían gozar de
mayor satisfacción en las prestaciones que -repito- lamentablemente algunas son miserables.
Dicho esto, señorías, quiero manifestar a continuación que en el Senado se han aprobado una serie de enmiendas que complementan y perfeccionan la ley que nosotros ya pactamos en el Congreso de los Diputados y que quizás yo la definiría como
una ley que, finalmente con su aplicación, va a producir una reducción de los costes arancelarios relativos a los préstamos o créditos hipotecarios, extendiendo dicha bonificación al caso también de las conciliaciones que no tienen como finalidad la
subrogación de los créditos hipotecarios, y también se van a ver aquí reducidos -yo diría de una manera importante- los aranceles y los costes que a lo largo de la formulación de un préstamo hipotecario se venían produciendo hasta la fecha. Por
tanto, reducción de los costes arancelarios a lo largo de las futuras negociaciones o de las futuras transacciones que se puedan materializar en la vida económica española.
En segundo lugar, hay un aspecto al que nosotros le damos muchísima importancia -y lo ha dicho el señor Mardones en su intervención-, en esta reforma de la Ley Hipotecaria existe una gran aportación de Convergència i Unió, que se materializó
al principio de esta legislatura; a través de un pacto entre el señor Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, y nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, hemos conseguido regular positivamente la figura de la hipoteca
inversa.
Repito, aportación de Convergència i Unió, y también manifestamos nuestra gran satisfacción. Si en alguna ocasión a lo largo de la legislatura, en algunos aspectos somos -yo diría- innovadores y planteamos cuestiones que puedan dar como
resultado la modernización de los activos financieros y de los mecanismos financieros en España, no es porque lo sepamos absolutamente todo, sino porque escuchamos a la sociedad civil. Y justamente porque escuchamos a la sociedad civil, tuvimos a
bien escuchar a todas las asociaciones españolas y catalanas que engloban la gente mayor de más de 65, que tienen dificultades para llegar a final de mes y que tienen patrimonios que no los pueden utilizar para complementar sus pensiones, y gracias
a estas propuestas que vinieron de la gente mayor española, ciudadanos españoles, ciudadanos catalanes, hemos podido introducir esta enmienda, en la cual hay una regulación muy positiva de la hipoteca inversa, que va a permitir a las personas que
lleguen a una determinada edad, más de 65 años, hacer líquido el valor de su vivienda.
Mediante este producto financiero, señorías, podrán contribuir a paliar uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, como es la satisfacción del
incremento de las necesidades de rentas durante los últimos años de la vida a través del disfrute del ahorro acumulado en la vivienda habitual. En este trámite parlamentario hemos conseguido, con el apoyo de todas las formaciones políticas, que
todas aquellas personas que tengan este ahorro acumulado a través de su vivienda particular o habitual puedan disfrutar, a través de esta fórmula que es la hipoteca inversa, de la posibilidad de poder incorporar rentas complementarias con
bonificaciones importantes y con exenciones de todos aquellos impuestos que se refieren a actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Por tanto, gran satisfacción por parte de Convergència i Unió. También, quiero felicitar
extensivamente a todas aquellas personas mayores que con más de 65 tienen dificultades con las pensiones actuales, porque a partir de que este mecanismo, esta articulación de la hipoteca inversa, esté en el Boletín Oficial del Estado podrán
complementarla con un gran ahorro de los costes que se refieren a las tramitaciones de las hipotecas.
Hay otras cuestiones que también hemos introducido en el Senado, que complementan algunos de los aspectos que no conseguimos consensuar con el Gobierno, como son las que se refieren a los aranceles y los costes notariales, recogidos en
nuestras enmiendas 92, 94 y 99, que fueron aprobadas en el Senado y que también apelamos
a la sensibilidad del Grupo Socialista para que puedan estar formalizadas y aprobadas en este acto. Asimismo, hay una disposición adicional nueva -a la que antes se ha referido el señor Herrera- que es nuestra enmienda número 100, que hace
referencia a la Ley de Contratos del Estado. Me alegro, sinceramente, de que el señor Herrera haya dicho que esta enmienda número 100 es una enmienda de izquierdas. (El señor Herrera Torres: Yo no he dicho eso.) Y si es de izquierdas,
sinceramente, lo mínimo que le puedo pedir es que la pueda votar en este trámite parlamentario. Y si realmente esta enmienda está en la Ley Hipotecaria -que ciertamente no tendría por qué plantearse- es debido a que cuando se promulgó en esta
Cámara la Ley de Contratos del Estado, nosotros llegamos a un pacto con el Grupo Parlamentario Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco, con Esquerra Republicana, con el Grupo Mixto y también con el Grupo Parlamentario Popular, en el cual
coincidimos todos los grupos parlamentarios en la posibilidad de que en determinadas condiciones, la Administración pública pudiera recurrir a la contratación a través de las ETT, las empresas de trabajo temporal. Desgraciadamente, el Gobierno, en
este caso el Grupo Parlamentario Socialista, no cumplió este pacto. Ha sido de las pocas cosas que yo le puedo achacar en esta legislatura, que una cosa que pactamos en el Congreso, con todos los grupos parlamentarios en el Senado, por razones que
desconozco ustedes la vulneran. Aprovecho esta tramitación parlamentaria para anunciarles que en caso de que no prosperara hoy, lo seguiremos intentando en el resto de leyes que todavía quedan pendientes de tramitación en el Senado, porque los
pactos, señorías, hay que cumplirlos, y cuando dos grupos parlamentarios llegan a un acuerdo en ciertas cuestiones y se incorporan determinados aspectos que nosotros consideramos relevantes, hay que cumplirlos hasta el final; y mientras ustedes no
los cumplan, nosotros seguiremos intentando que esta enmienda que pactamos y consensuamos todos los grupos parlamentarios en la tramitación de las leyes de contratos públicos, se pueda hacer extensiva a las empresas de trabajo temporal.
Por tanto,
hago esta reflexión y apelo a la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista para que rectifique e intente consensuar todos aquellos pactos que se han materializado a lo largo de esta legislatura.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, estamos en el último trámite para la aprobación de la Ley Hipotecaria. Lo primero que hay que reseñar es que es la Ley Hipotecaria y la ley de acompañamiento.
Señorías, para que
conste en el 'Diario de Sesiones', para que quede claro -el señor Torres lo conoce bien-, hay que decir que en esta ley vamos a aprobar no solo medidas de la Ley Hipotecaria sino también medidas del marco fiscal y otros incentivos para la Copa de
América; vamos a aprobar una modificación del marco del pago de alimentos; vamos a aprobar modificaciones en la Ley de Dependencia; vamos a aprobar modificaciones en el impuesto sobre sucesiones para que se pueda hacer la autoliquidación en
Cataluña; vamos a aprobar la modificación de una ley, a la que no se puede poner número porque todavía no se ha publicado, que es la de los 2.500 euros. La ley de los 2.500 euros se modifica también en esta ley. Señorías, sean mejores o peores,
sean necesarias o no esas modificaciones, lo que es evidente es que el Grupo Socialista, que tanto había criticado al Partido Popular por la Ley de Acompañamiento, resulta que hace una ley de acompañamiento en el Senado, sin trámite en el Congreso,
con enmiendas en el Senado que no han pasado previamente por el Congreso y ante las que solo cabe decir sí o no; no cabe el debate, no cabe la mejora, no caben las aportaciones positivas de 350 diputados que seguro que estarían encantados de poder
hacer aportaciones positivas a la modificación del Aranzadi que hoy propone aquí el Grupo Socialista. Lo mínimo que pediría, señorías, es que el Grupo Socialista tuviera luego la sensibilidad de hacer textos refundidos, porque cuando había una Ley
de Acompañamiento los profesionales acudían a ella para ver las modificaciones; pero a ver a quién se le ocurre que para saber cómo se computa la dependencia haya que ir a la Ley Hipotecaria; a ver cómo se le ocurre a un señor que tiene que
consultar algo sobre el pago de alimentos ir a la Ley Hipotecaria; no parece razonable. Por lo menos, que se hagan textos refundidos -ya no lo podemos proponer, porque este trámite evita las enmiendas-, que sería de mucho sentido común.
(Aplausos.)
Dicho esto,que es una cuestión de trámite, aunque no baladí, porque es una cuestión de trámite que ha impedido un debate más sosegado de algunos aspectos, hay que entrar en la Ley Hipotecaria. Señor Herrera, con el Grupo Parlamentario
Popular no se ha pactado la Ley Hipotecaria. Nosotros hemos entendido que había que hacer una reforma de la misma. Nos hubiera gustado que la reforma hubiera sido mucho más profunda; mi grupo, y yo personalmente, planteamos medidas para que la
reforma fuera más profunda, porque entendemos que en el actual contexto era bueno crear un marco que facilitara que los ocho millones de familias que tienen una hipoteca estén en mejores condiciones para pagarla. Entendemos que todos los que
quieran firmar una hipoteca deben tener mejores condiciones, menos gastos hipotecarios, tanto para la formalización como para cuando finalizan la hipoteca. Entendíamos que era bueno que se hubiera planteado un marco para que las familias que
teniendo una hipoteca, es decir, que ya la han firmado, y pasan por dificultades pudieran tener ventajas. Creíamos que era bueno crear un marco para que los
tipos variables -que es el 90 por ciento de las hipotecas en España- tuvieran algún fórmula para poder convertirse en fijos sin un coste para los que han firmado la hipoteca. Entendíamos que había que ir mucho más allá, pero aquí se
plantean algunas reformas que mi grupo votó favorablemente, y hoy también vamos a votar a favor de alguna reforma. Es una reforma tímida; no es una reforma que avance en la actual coyuntura del mercado hipotecario; es una reforma hecha hace dos
años cuando no había esos problemas, pero es una reforma en la que se avanza. Señor Herrera, usted estará de acuerdo conmigo, aquí estamos planteando un marco para las hipotecas, pero también es justo que para que las personas mayores puedan tener
una mayor calidad de vida tras la jubilación, planteemos -y perdonen el tecnicismo- una fórmula de dilución del patrimonio, una fórmula de utilización del propio patrimonio para poder mejorar la calidad de vida en el futuro. ¿Eso se llama hipoteca
inversa? Pues yo estoy de acuerdo. ¿Que se debería haber hecho mejor, no solo con un instrumento financiero, sino que habría que haber incorporado el seguro y otros instrumentos financieros para la posibilidad de la dilución del patrimonio con
garantías jurídicas para los mayores, para que no se queden con el patrimonio sin garantía? Estoy de acuerdo. ¿Que hay que hacerlo entre todos? Estoy de acuerdo. Porque hay que facilitar que las personas mayores puedan usar su patrimonio para
mejorar la calidad de vida y eso hay que hacerlo con garantías jurídicas y con garantías procesales para el que lo hace. Aquí se avanza en una parte.
Estoy de acuerdo; me hubiera gustado que se avanzara también en otras fórmulas, como sabe el
señor Torres. Yo apoyaré esta fórmula, pero plantearé ahora o en el futuro otros instrumentos de utilización del patrimonio para mejorar la calidad de vida de los mayores. Me gustaría que se hubieran bajado más los aranceles. Entiendo que en la
cancelación de las hipotecas no tendría que pagarse, señor Torres. Es mi opinión. Un señor firma una hipoteca, paga al notario, paga al registrador, le paga religiosamente al banco y cuando ha pagado y cree que ha acabado le dicen: no, oiga,
ahora a pagar otra vez aranceles. Me parece que eso ya es un gasto innecesario. Yo habría rebajado esos aranceles, pero, señor Torres, usted y yo sabemos que aquí nos hemos encontrado con diversos problemas. Sé que usted ha tenido voluntad de
solucionarlos. A veces su grupo no le ha dejado llegar hasta donde usted hubiera querido llegar.
Creo que lo ha hecho muy bien, y está bien que el Grupo Popular le diga a un portavoz socialista que ha hecho un buen trabajo, creo que es de
justicia. Estamos ante una ley que es corta y en la que habrá que profundizar en el futuro, pero que avanza. Desde luego, lo que sí aprobamos hoy, señor Herrera, es la ley de acompañamiento, y además una ley de acompañamiento que se llama Ley
Hipotecaria -que es más raro aún- y además sin pasar por el Congreso porque se ha tramitado exclusivamente por el Senado.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en este punto tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una ley muy importante. Estamos regulando el mercado hipotecario para muchos años. El mercado hipotecario español tiene en estos momentos un perfil atípico en Europa. Desde el año 1981 tiene un perfil determinado.
Se destina a la adquisición o promoción de vivienda. Se utiliza solamente la modalidad de préstamo con una amortización constante, con un tipo variable, con referencia en el interbancario y con una cadencia de revisión entre 6 y 12 meses. Este
modelo está agotado y, por tanto, se ha planteado -pensemos la importancia que tiene para todas las familias españolas- una modificación del marco regulador básico que va a servir durante muchos años fundamentalmente para la financiación de la
vivienda en España, dentro del conjunto de la Europa ampliada. Se ha pretendido hacer una legislación mucho más eficaz en el actual contexto económico, sin alterar la seguridad jurídica y la solidez de garantía que ahora ofrece.
Antes de referirme al contenido quiero recordar que esta ley se viene discutiendo en el ámbito de la sociedad civil durante muchos años. Ha habido comisiones de expertos en las que ha intervenido todo el mundo que ha querido, también las
asociaciones de consumidores y usuarios y, al final, el ministerio mandó un proyecto de ley bastante consensuado. Los grupos han hecho aportaciones relevantes. Se ha pactado gran parte de la ley con los grupos y, si no se ha pactado todo es
porque, al final, había una discrepancia imposible de consensuar. El Grupo Popular y Convergència i Unió han hecho aportaciones, pero también hay muchos puntos de vista que no se han recogido porque el Grupo Parlamentario Socialista ha entendido
que no se podían integrar en esta ley. Asimismo, quiero agradecer al resto de los grupos, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, sus importantes aportaciones.
Cuando desde esta tribuna se ha dicho que no se ha hecho lo suficiente por integrar la perspectiva del consumidor, por evitar el sobreendeudamiento y que esta ley solo está pensada para las entidades financieras, yo quiero ser claro en el
planteamiento que ha tenido el Grupo Socialista.
España tiene un mercado hipotecario desarrollado que ha permitido que las familias españolas estén a la cabeza de la riqueza, junto a las de Italia, de todos los países de la OCDE. Esto tiene que
ver bastante con el buen sistema hipotecario que hemos tenido hasta ahora y con las garantías de seguridad. Pero también, y aquí quiero incidir, porque tiene unos costes de transacción muy aceptables. Señorías, cuando se dice que esta ley no
incorpora garantías para el sobreendeudamiento, o cuando se pone como ejemplo la Ley Neiertz de
Francia, no se está diciendo qué costes tienen todas estas garantías, restricciones que ha producido que el mercado hipotecario francés deje mucho que desear, no se haya desarrollado y que las familias francesas tengan auténticos problemas
de acceso a la vivienda. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.) Solo se habla de garantías y no de qué costes tienen esas garantías que harían inaccesible acceder a una vivienda a las familias españolas. Hay que tener un
punto de equilibrio, porque el Grupo Socialista, señorías, ha pretendido que ninguna de las normas introducidas produzcan un coste adicional a las familias y estamos, queramos o no, en una sociedad de libre mercado donde cualquier restricción,
cualquier coste que se introduzca a la entidad financiera va a repercutir en el consumidor ineludiblemente. Por tanto, hay que buscar un equilibrio entre la garantía y el coste, que es lo que ha hecho en este caso el Grupo Socialista.
La ley mejora cuatro aspectos fundamentales. Mejora los instrumentos de refinanciación. Había un marco legal obsoleto y creemos que esto es muy bueno para que las entidades puedan refinanciar y capturar recursos fácilmente, y más con las
trabas que hay de liquidez después de la última crisis financiera. Se eliminan las trabas legales que impiden la oferta competitiva de préstamos a tipos fijos y mixtos. Se flexibilizan las normas relativas a la formalización y modificación de los
préstamos hipotecarios y se moviliza el patrimonio. Entiendo que hemos hecho un trabajo más que aceptable en todas estas cuestiones que atienden, primero, a la transparencia del mercado. Ahora, un ciudadano que vaya a suscribir una hipoteca va a
tener los escenarios de riesgo más claros y va a saber en qué obligaciones incurre de una manera cierta. Va a tener la garantía de que la sociedad de tasación tiene independencia y, por lo tanto, no se producirán problemas a la hora de la
valoración de la vivienda que compra. Va a saber que si tiene necesidad de ampliar el crédito o de hacer una novación, el cambio jurídico que hemos introducido respecto a la consideración de la novación modificativa o extintiva, le va a favorecer
porque no va a tener que pagar impuestos o aranceles en función de la consideración de que la hipoteca se tiene que constituir de nuevo. Todas estas reglas son claramente favorecedoras de la mejora del mercado hipotecario y de los costes para los
ciudadanos que tienen una hipoteca. No se puede pensar -a juicio del Grupo Socialista- que porque se den facilidades para que se financie una ampliación de una hipoteca para que no se incurra en nuevos costes, con esto se está dando una especie de
barra libre a las entidades financieras. El objetivo es que si alguien tiene dificultades en estos momentos, por la crisis general que se ha producido en el mundo, por la inflación que tenemos, por la subida de costes por los tipos interés que el
Banco Central Europeo ha fijado, lo que ha repercutido en que muchas familias tengan dificultades para llegar a final de mes, puedan -eso depende de ellos- ampliar su hipoteca para facilitar la cuota mensual. Esto no puede considerarse como una
especie de mala política sino todo lo contrario, facilitará a estas familias que puedan fijar, en función de sus necesidades, la cuota mensual que mejor les venga. La libertad individual no puede ser coartada en base al principio de evitar un
sobreendeudamiento o que alguna familia pueda excederse o calcular mal sus posibilidades. La libertad individual está por encima de todo, y nosotros, desde esta casa, tenemos que facilitar que quien tenga problemas los pueda solucionar. Y con esta
ley los puede solucionar, porque puede ampliar su crédito en mejores condiciones que lo estaba haciendo hasta el momento. Esta posición ha sido compartida por la mayoría de los grupos.
Desde luego, discrepamos con Convergència i Unió en la enmienda que ha presentado y que viene del Senado respecto a las empresas de trabajo temporal, no porque entendamos que no se puedan utilizar en algunos sectores de la actividad pública,
sino porque esta discusión está encima de la mesa del diálogo social. Además, amplía excesivamente los campos, no se ajusta a lo que es posible y por tanto entra en una serie de riesgos que creemos que en estos momentos no se pueden asumir,
independientemente de los acuerdos que el diputado y portavoz Sánchez i Llibre haya tenido con otros portavoces de la casa y que tendrá que sustanciar donde corresponda. No somos quiénes para juzgar esos acuerdos, pero entendemos que en esta ley y
con esta premura sería un riesgo, una temeridad aceptar esta enmienda. Y del conjunto de disposiciones que vienen del Senado, este grupo -aparte de las que ha planteado el propio Grupo Socialista- también aceptará alguna transacción con el Grupo
Popular, sobre todo en el artículo 6, en la compensación por amortización anticipada que se pueda aplicar también a las pymes. Asimismo, hay una disposición transitoria que predica el carácter de novación modificativa en ampliaciones de capital sin
pérdida de rango, que corresponde a la enmienda 79, del Grupo Popular, que también será aceptada. Se han citado aquí una serie de adiciones, como el Fondo de Garantía de Alimentos, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a
procedimiento laboral, la modificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, todas las cuestiones fiscales de la Copa América y la deducción por nacimiento y adopción, que entendemos que era un buen momento procesal -si me permite la
expresión- al final de la legislatura para que no se quedaran fuera estos temas tan importantes que no son cuestionados prácticamente por nadie. Por tanto una cosa es que en una ley de acompañamiento se introduzcan cuestiones tremendamente
conflictivas y otra es que al final de la legislatura no se queden fuera cuestiones que la sociedad quiere que le solucionemos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Torres.
PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 121/000140.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Continuamos con el punto 35: Proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Observo que no hay ningún miembro del Grupo Parlamentario
Mixto, por tanto continuamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El señor Herrera tiene la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Comenzaré diciendo que entendemos desde nuestro grupo parlamentario que la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad es una buena ley. Es una buena ley porque lo que hace es trasponer una directiva, es una buena ley porque hace que
de una vez por todas se cumpla con la directiva comunitaria y es una buena ley porque, en definitiva, lo que hace es acercarnos a Europa, si bien -la portavoz socialista lo sabe- nosotros hubiésemos hecho una ley más ambiciosa. Saben ustedes que
una de nuestras demandas, que también lo es de diferentes organizaciones sociales, fue que el espacio Red Natura 2000 tuviese una protección igual que la que tiene en Cataluña, por ejemplo. No significa que no se puedan hacer actividades ni se
pueda transformar, no significa ninguna limitación a ese espacio de Red Natura 2000, pero para nosotros en ese artículo 41 tendría que haber sido un espacio natural protegido precisamente para garantizar que el espacio de Red Natura 2000 tuviese una
mayor protección de la que finalmente tiene. Desde nuestro punto de vista, la ley se ubica en el terreno de la trasposición de la directiva, por tanto positiva y correcta, pero también con elementos de insuficiencia.
Dicho esto, voy a leer un discurso que no es mío. El discurso dice: Uno de los propósitos de esta nueva ley era hacer frente al dictamen motivado de la Comisión Europea de fecha 2002, que tiene que ver con la inadecuada trasposición de la
Directiva Hábitat y de la Directiva Aves. Por ejemplo en ese dictamen motivado se dice que España está incumpliendo la legislación europea porque en la Ley 4/1989 no se deja suficientemente claro que la caza de la perdiz con reclamo no se puede
hacer durante determinadas épocas. Por eso lamento, señorías, que se esté haciendo sobre este tema una enorme -dice la persona que les digo- demagogia, que se esté diciendo que la Comisión Europea acepta la caza con reclamo por ser una tradición.
No se trata de tradiciones sino de directivas europeas que hay que saber desarrollar en nuestro país, con las excepciones que esas mismas directivas pueden establecer pero no con ninguna otra. Por eso espero que se entienda adecuadamente por parte
de todos los diputados que votar a favor de una enmienda que viene del Senado que lo único que ha hecho es volver al texto de la Ley 4/1989, significa incurrir en un incumplimiento de la norma europea que está escrito negro sobre blanco en el
dictamen motivado del año 2002. La persona que les cito continúa: Por supuesto también considero increíble la demagogia que se ha hecho sobre la cuestión relativa al uso de plomo en las municiones de caza. Cuando gobernaba el Partido Popular se
aprobó un decreto para prohibir el uso del plomo en los humedales Ramsar y lo único que dice la ley en el texto que llegó del Senado es que además de los humedales Ramsar hay algunos humedales en Red Natura 2000. Después, nos explica que eso
significa un 0,1 del territorio. Esta intervención dice a continuación: Cuando hay ya varios países europeos donde está prohibido el uso del plomo en todos los humedales y hay otros países donde está prohibido el uso del plomo en todas partes,
pero se ha trasladado a la opinión pública que aquí hay quien la tiene tomada con la caza. Se acaba así esta intervención: Si la votación del próximo Pleno en el Congreso ratifica el texto que ha vuelto a ser la Ley 4/1989, tendremos que asumir
que el Reino de España vuelve a incumplir lo que ya la Comisión Europea nos dijo por escrito el año 2002 en dictamen motivado. Espero del rigor y de la seriedad de los parlamentarios de todos los grupos de la Cámara para que no acepten votar a
favor de estas enmiendas. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, hace dos días en la Comisión de Medio Ambiente, en respuesta a una pregunta de este diputado que les habla. ¿Por qué se lo digo? Porque entendemos que precisamente tenemos
que hacer una ley que cumpla con la Directiva Aves y con la Directiva Hábitats, ya que, en definitiva, lo que vamos a aprobar, si finalmente se aprueba, la caza de la perdiz con reclamo en época de celo, incumple la Directiva Hábitats y no
entendemos que por tradición se pueda incumplir una directiva europea. No lo digo solo yo, también la ministra de Medio Ambiente del Gobierno de España y por eso nosotros vamos a votar en sentido contrario. Como les decía, esta es una buena ley
que no ha ido en materia de Red Natura 2000 tan lejos como hubiésemos querido y es una buena ley que, si se aprueba así, se va a aprobar con un elemento que la Unión Europea va a tirar para atrás de aquí a tres meses, y ustedes lo saben. La
pregunta es: ¿Este Parlamento tiene que aprobar una ley que todos sabemos que va a tirar para atrás la Unión Europea? Creo que no obedece ni a la seriedad ni al rigor de una Cámara como ésta. Es que hay que decirlo, lo que se pretende aprobar es
algo que va contra la Directiva Hábitats y no puede ser que aprobemos medidas como estas.
En el proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad existen prohibiciones y limitaciones a la práctica de caza que son las expresadas en la legislación europea y no es verdad que la ley prohíba la caza, ni mucho menos, lo que
hacemos es homologarnos en materia de caza al resto de la Unión Europea, simple y llanamente. En el caso concreto que nos ocupa, la caza de perdiz con reclamo, en la Directiva Aves se dice claramente
que queda prohibido con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante la época de celo, reproducción y crianza, y la caza durante el trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias, dos
enmiendas que se han incorporado en el Senado; lo dice explícitamente. La cuestión es: ¿Qué hacemos? ¿Nos tapamos los ojos y hacemos como que no existe esa directiva? Por mucho que se insista, existe un bien que es el de la protección del medio
ambiente y de la biodiversidad al que nosotros tenemos que proteger. Y lo que se va a aprobar, la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, esto lo hace compatible con las prácticas cinegéticas; claro que se hace compatible, por supuesto
que sí, pero ajustándonos a la directiva europea. Aparte del plomo, que ya lo he explicado a partir de lo que decía la ministra, entendemos que es bueno que aprobemos una ley que simple y llanamente no tenga la tarjeta roja, aunque sea en un solo
artículo, por parte de la Unión Europea, que la va a tener. Por eso nosotros entendemos que habiendo existido una ley que se ha dialogado y se ha discutido con todos los sectores, con las entidades ecologistas pero también con las organizaciones
cinegéticas, con aquellas entidades que defienden la caza, sería bueno que finalmente aprobásemos la ley, que lo que hace es simplemente cumplir con la directiva europea. Ya les digo que nosotros vamos a votar en contra de aquellos elementos que no
nos gustan nada, que vienen del Senado, como, por ejemplo, el tema de las aves migratorias, que plantean que en caso de migraciones se pueda producir esa caza que ni compartimos ni entendemos. Por eso esperamos un ejercicio de responsabilidad para
que una buena ley no tenga esta mancha, para garantizar, en definitiva, un texto coherente, para entender que el derecho del medio ambiente que nos viene tanto de Europa simplemente tenemos que trasponerlo correctamente.
Saben que yo siempre he dicho que el problema en materia de derecho del medio ambiente en este país es que históricamente simplemente trasponemos las directivas que nos vienen de Europa, nunca vamos más allá. Las legislaciones en materia
medioambiental de otros países de la Unión Europea, de los países escandinavos por poner un ejemplo, van más allá.
Nosotros tenemos una tradición que en algunos aspectos va más allá, pero está limitada, señora Colldeforns. Simplemente lo que
hacemos es trasponer.
Esta ley es una correcta trasposición, con algunos elementos positivos, lo reconozco, y con algunos elementos en los que no hemos tenido la ambición necesaria y suficiente. Lo cierto es que España, el territorio del Estado, es una de las
reservas de biodiversidad de Europa, y ustedes lo saben. Esta ley da respuesta precisamente a lo que somos pero debería darla incluso con mayor ambición; por tanto, nosotros no descartamos que en la siguiente legislatura incluso se le dote de más
ambición.
Ya para acabar, señora presidenta, esperamos que la ley no tenga manchas y sobre todo que la ley no se apruebe a sabiendas que de aquí a unos meses tendrá en determinados artículos tarjeta roja de la Unión Europea.
Esperamos que así sea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Como es sabido, mi grupo en el debate en el Congreso y en Comisión manifestó una opinión bastante favorable a esta ley, sobre todo un respeto competencial importante, así como a la participación de diversos colectivos que en el fondo son los
que gestionan este espacio. El talante del Grupo Socialista fue muy abierto, se discutieron bastantes enmiendas, se aceptaron y se trabajaron las transaccionales oportunas.
A lo largo del debate del Senado, que ha sido interesante, mi grupo volvió a presentar una serie de enmiendas que coincidieron con otros grupos. En ese debate muchas de las enmiendas fueron aprobadas en el propio Senado y nosotros nos vamos
a manifestar en el mismo sentido -independientemente de la valoración favorable que hacemos de la ley, de las enmiendas y del talante, vuelvo a repetir, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso- respecto de algunas de las enmiendas que se
aprobaron, tanto a propuesta nuestra como de otros grupos. En concreto vamos a apoyar tres materias fundamentales. Respecto a la contrapasa, que en ciertas condiciones volvería a permitir su establecimiento, la vamos a apoyar; también damos
nuestro apoyo respecto al establecimiento de medidas compensatorias para restricciones de uso y sobre todo el tema de la utilización del plomo. Creo que hay cierta demagogia cuando se habla de esta cuestión, cuando se dicen cosas como las que se
han dicho por el portavoz anterior, ya que el texto aprobado en el Senado dice que se prohíbe la tenencia y el uso de munición con contenido de plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo. Y se matiza muchísimo diciendo: cuando estas
actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la lista del Convenio relativo a humedales de importancia internacional. También se matiza muchísimo cuando se dice que el Gobierno apoyará e impulsará, en colaboración con las asociaciones
representativas del sector de la caza y con el sector económico implicado, proyectos de investigación que permitan el desarrollo de un producto sustitutivo en condiciones aceptables de calidad/precio que eviten el efecto contaminante del plomo.
Por tanto, vamos a apoyar esta y algunas otras cuestiones y vamos a seguir la posición que nuestro grupo siguió en el Senado. Vuelvo a decir que hacemos una valoración muy positiva del talante y del texto de la ley presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Txueka.
Tiene la palabra la señora Bonàs para defender la posición del Grupo de Esquerra Republicana.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, finalizamos la discusión del proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Se trata de un proyecto de ley que afecta a una parte importante del territorio y a la gestión de recursos básicos para el bienestar del
ciudadano y de la economía. Aunque alguien quiera siempre contraponer preservación del territorio y economía, en realidad están muy equivocados, ya que está muy ligada la preservación del territorio a las implicaciones económicas positivas que
tiene. Lamentamos que llegase a la Cámara tan al final de la legislatura, lo que nos ha obligado a acelerar mucho el trámite y no ha sido positivo para la ley.
Un debate más pausado seguramente hubiera dado lugar a un texto mucho más completo.
Hace poco se ha publicado el efecto que la construcción en la costa tiene sobre la pluviometría mediterránea. Eso nos lleva a pensar que si hace unos años hubiéramos sabido las implicaciones que determinadas actuaciones tenían en el
territorio, seguramente habríamos ahorrado muchos esfuerzos económicos. Por tanto, es importante esta ley en cuanto podemos evitar errores en el futuro que han sucedido en el pasado.
La nueva ley derogará la Ley de 1989. Es una ley que, como ustedes saben, ha quedado desfasada. Hemos visto que muchos elementos del patrimonio natural se han ido deteriorando y la pérdida de la biodiversidad, como ustedes saben, continúa
con una marcha veloz. Votaremos a favor del nuevo texto. Hemos contribuido con muchas enmiendas durante su tramitación, aunque tenemos dudas de que este nuevo marco vaya a ser suficiente para lo que pretendíamos. De hecho, en algunas de las
enmiendas de Esquerra Republicana íbamos más allá. Citaré algunas de ellas, como, por ejemplo, la de la calidad ambiental. Proponíamos que los municipios pudieran reducir en el IBI el tipo sobre las fincas rústicas, que los municipios pudieran
establecer bonificaciones en el IBI sobre las fincas que contribuyan singularmente a la preservación de la biodiversidad. También propusimos beneficios fiscales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y en el impuesto sobre sucesiones para
fincas ubicadas en espacios naturales protegidos. En general en esta legislatura no se ha incentivado, se ha perseguido solo la infracción. La deuda pendiente de esta legislatura es buscar líneas de incentivación en términos medioambientales.
También propusimos, por ejemplo, aumentar la franja de protección recogida en la Ley de Costas para que pase de 100 a 200 metros. Les he comentado antes que si hubiéramos sabido hace unos años el efecto positivo que tenía la preservación de
las playas y las dunas que había 100 metros para adentro y el efecto de las zonas húmedas en la creación de lluvia en el Mediterráneo, seguramente nos hubiésemos ahorrado muchos problemas. Aún estamos a tiempo de aumentar la zona de protección, que
es una medida urgente que debe adoptarse ya y no lo hemos conseguido.
Paso a comentar nuestra posición respecto a algunas enmiendas que nos llegan del Senado. Respecto a la enmienda que modifica el artículo 3.6, votaremos en contra porque excluye del ámbito de la ley la conservación in situ de las especies
domesticadas y cultivadas, algo que consideramos fundamental, por ejemplo, para mantener las variedades agrícolas autóctonas ya suficientemente amenazadas. Votaremos también en contra de la enmienda que modifica el artículo 3.20, porque da lugar a
interpretaciones que excluyen que las zonas seminaturales puedan ser consideradas hábitats naturales a proteger. Respecto a la enmienda al artículo 18, su aprobación supondría eliminar la obligación de que los planes urbanísticos tengan que
supeditarse a los planes de ordenación de los recursos naturales. Este es precisamente uno de los aspectos más importantes de la nueva ley cuya supresión consideraríamos muy grave. En una de estas enmiendas propusimos ir más allá: aplicar el
régimen del suelo no urbanizable a todos los espacios protegidos, algo que, a nuestro entender, increíblemente no sucede en algunas comunidades autónomas.
Nuestra enmienda no prosperó, pero, como mínimo, el texto actual da un buen instrumento.
Respecto a la modificación del artículo 29, sobre las categorías de los espacios protegidos, podríamos estar de acuerdo en la justificación, pero en este momento no puede introducirse en la ley sin que se hayan introducido otros cambios, pues, si
no, no se entendería.
Por tanto, votaremos en contra. En cuanto a la enmienda que modifica el artículo 45.10, no estamos en contra de que la caza sea compatible con la declaración de un espacio como Red Natura 2000, pero es un cambio necesario, ya
que en ningún punto de la ley se dice que la caza no pueda ejercerse en estos espacios. Por el contrario, es necesario que la Administración se reserve la potestad para limitar dicha práctica en casos concretos y justificados, algo que dicha
enmienda justificaría. La caza es necesaria, más ahora que han desaparecido los grandes depredadores -el único gran depredador es el ser humano-, pero convendrán, señorías, en que hay que regularla y limitarla.
Me adelanto y entro ya en el debate del tema del plomo. Como se ha dicho aquí, tal y como salió el texto de la Cámara amplía humedales -que es un 0,1 por ciento-, pero es cierto que si no están tipificados y catalogados todos los humedales
entramos en una zona insegura para practicantes de la caza. Por otra parte, no se limita el uso del plomo, cuando creíamos que el texto debía contener una moratoria para el uso del plomo, una fecha de caducidad para que todo el sector, fabricantes
de armas y municiones, pudieran irse preparando paulatinamente. Por tanto, no nos gusta cómo quedó el texto inicial ni tampoco la enmienda introducida en el Senado, porque el texto no queda claro. El plomo se continúa
utilizando indefinidamente, cuando era bueno poner una fecha para que el sector pudiera irse preparando e ir sustituyendo el plomo paulatinamente.
Otra enmienda que nos preocupa es la que modifica el artículo 52.2. En la versión remitida al Senado, ese artículo establecía que las administraciones públicas debían prohibir la introducción de especies alóctonas, cuando estas fueran
susceptibles de competir con las especies silvestres autónomas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. La enmienda del Senado sustituye la 'o' por una 'y', es decir, exige simultaneidad de todas las consecuencias, que ya son
suficientemente graves. A veces una 'o' y una 'y' cambian mucho la aplicación de la ley. Asimismo, tenemos una posición contraria a la enmienda que modifica el artículo 62.3.a). El texto original limita aquellas técnicas masivas o no selectivas
de caza que no solo pueden causar localmente la desaparición de una especie -algo muy grave-, sino las que puedan turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones. La enmienda del Senado persigue la supresión de este extremo, algo que no vemos
adecuado, porque si se perturba gravemente la tranquilidad de las poblaciones, se está propiciando su desaparición. También nos parece oportuna la enmienda al artículo 73, nuevos apartados. Se trata de la inclusión de nuevas acciones en el ámbito
de la investigación y la divulgación a efectuar con cargo al Fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad. Finalmente, nos opondremos a la enmienda por la que se modifica la disposición final sexta, pues el plazo inicialmente previsto era
suficiente.
A modo de conclusión, reitero que nos alegramos de que finalmente se pueda aprobar esta ley, una ley que incluye más de cuarenta enmiendas propuestas por Esquerra Republicana, unas introducidas tal cual y otras que fueron transaccionadas.
Si bien se trata de un paso adelante, les anticipamos que varias de las ideas que adelantamos y que continuamos considerando viables deberían seguir siendo consideradas en la próxima legislatura, como es el caso de las medidas incentivadoras de la
preservación del medio ambiente, sobre todo medidas fiscales. Lamentamos el debate un poco anecdótico de la perdiz con reclamo, que es una directiva europea. Querámoslo o no, las directivas europeas tienen que respetarse, si no hoy, dentro de
poco. En el tema del plomo, lamentamos que no sea tratado con suficiente seriedad. La rapidez en el trámite debe ser lo que no ha permitido llegar al fondo en este tema, cuando es un tema importante, porque el plomo es un gran contaminante y
debería sustituirse. Entendemos que hay detrás un mercado importante, fabricantes de municiones y de armas, y por eso debería ponerse una fecha fija de diez años para eliminarlo. Como ha quedado este tema con la enmienda del Senado, el texto es
muy difuso y no da seguridad al cazador de que esté actuando de forma legal o ilegal. Por tanto, respecto al plomo, hemos decidido abstenernos.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Bonàs.
Turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición con relación a las enmiendas que vienen del Senado a este proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Nuestro grupo ya
se posicionó respecto a la bondad y la oportunidad del proyecto en el debate que se produjo en esta Cámara cuando se discutió la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular, y sería ahora redundante insistir en ello, con lo cual voy a
ceñirme al objeto de este trámite, que es admitir o rechazar, por tanto, posicionarnos, respecto a las enmiendas del Senado. Mi grupo valora positivamente las aportaciones que hace el Senado, entendiendo que este mecanismo de segunda lectura
intenta mejorar y ver desde otra óptica las propuestas legislativas de las Cortes generales. En principio, atendemos con mucho rigor las propuestas del Senado, algunas de ellas a iniciativa de mi grupo, que vamos a votar favor. En este caso es de
destacar que la mayoría de las enmiendas de mi grupo, de carácter competencial, que ya se vieron en el Congreso, fueron admitidas o transaccionadas por el grupo mayoritario, con lo cual las enmiendas del Senado tienen menos este carácter, a pesar de
ser la Cámara de representación territorial. No obstante, hay un aspecto importante que ya introdujimos en el Senado y que quiero destacar una vez más, la matización del concepto estatal en relación con los organismos que la ley crea y regula
versus el concepto nacional, que es lo que figuraba en el texto original que proponía el Gobierno.
Vamos a votar especialmente a favor de las enmiendas relativas a la práctica de la caza -no voy a entrar ahora en el debate porque ya se ha producido-, pues es algo tradicional y ampliamente practicado por muchos españoles. Sabemos que su
encaje es difícil en la normativa europea, pero creemos que puede hacerse a partir de los matices contenidos en las enmiendas del Senado, como destacaba el señor Txueka hace unos instantes.
Asimismo, vamos a apoyar las enmiendas que hacen
referencia a la incorporación de aspectos y valores geológicos, a diferencia de alguna enmienda de carácter semántico, como el tema de las especies introducidas en lugar de exóticas, que es lo contrario de autóctonas. Está en consonancia con la
normativa europea y expresa mejor lo que se pretende decir en estos casos que en lugar de especies introducidas, se hable de especies exóticas. Con respecto a otras enmiendas, nos vamos a abstener.
Aparte están las que tienen un carácter puramente
técnico o son corrección de gazapos que se han introducido en algunos casos, pero entendemos que la mayoría va a decidir cuál va a ser la posición final de la ley.
Para acabar, quiero agradecer el espíritu de diálogo y de pacto en aquello que ha sido posible, que a lo largo de la tramitación de la ley hemos podido practicar, hecho que nos ha permitido una cierta celeridad, a pesar de alguna oposición
en su itinerario legislativo, lo que permitirá que a partir de su entrada en vigor el territorio español cuente con una normativa actualizada e integrada, con algunos matices, en la normativa europea, ese ámbito geográfico, cultural y político al
que pertenecemos en una materia tan trascendente, de presente y de futuro, como es el patrimonio natural y la biodiversidad.
Gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Guinart.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tras su trámite en el Senado, vuelve a la Cámara para su aprobación definitiva un controvertido proyecto de ley que ha seguido el trámite de urgencia y a cuyo debate en Pleno se optó después de la Comisión, un proyecto de ley no
consensuado con los sectores afectados: cazadores, pescadores, agricultores, ganaderos y población rural, que cuenta asimismo con el rechazo de varios gobiernos autonómicos, algunos gobernados por el propio Partido Socialista. Se trata, señorías,
de una norma excesivamente intervencionista y que, en nombre de la protección del patrimonio natural y la biodiversidad, supone un claro atentado a la propiedad privada. Considera solamente la componente ambiental del desarrollo sostenible, crea
inseguridad jurídica debido a la calculada ambigüedad de muchos de sus párrafos, diluye la política forestal en la política ambiental y centra la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad en prohibiciones y limitaciones, las dos
palabras preferidas por la ministra de Medio Ambiente. La llamada protección cautelar establece limitaciones respecto de usos y actividades en una cuarta parte del territorio nacional, la Red Natura 2000, de aplicarse con literalidad el texto de la
norma. Y la llamada protección preventiva amplía esas limitaciones a toda zona bien conservada amenazada por un factor de perturbación, que no se define y que puede ser cualquiera. Su paso por el Senado ha permitido que hoy votemos unas enmiendas
que eliminan una serie de lagunas, ambigüedades y restricciones impuestas de manera arbitraria -de manera sectaria, diría yo- al sector cinegético y que podrían impedir el ejercicio de la caza en un 25 por ciento del territorio español -los espacios
Red Natura 2000-, en caso de aplicarse la norma tal cual está escrita. Y en caso de aplicarse la protección preventiva, a la que me he referido anteriormente, esta prohibición podría extenderse a un porcentaje muchísimo mayor.
Esas restricciones, señorías, no existen en otros países europeos. De hecho, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en un escrito de fecha 20 de junio de 2007, afirma textualmente: 'Las prácticas cinegéticas
sostenibles que incluyan la creación, protección y gestión de hábitats apropiados puede contribuir de manera significativa a la conservación de ciertas especies silvestres. La caza' -continúa el escrito de la Dirección General de Medio Ambiente de
la Comisión europea- 'es una actividad que proporciona beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales en diferentes regiones de la Unión Europea y, como tal, un instrumento potencialmente importante para promover prácticas
sostenibles y para asegurar el apoyo local a las medidas de conservación y de gestión'. Es evidente que nuestra ministra, lejos de reconocer la importancia de la caza, hace todo lo posible para acabar con ella.
Señorías, las enmiendas que se refieren al sector cinegético y que vamos a votar a continuación, para las cuales anuncio que nuestro grupo parlamentario ha pedido votación separada, establecen en primer lugar que la caza, la pesca y otros
aprovechamientos tradicionales no son, en principio, incompatibles en cuanto a su desarrollo con la Red Natura 2000 y, por ello, las limitaciones que pudieran imponerse deben ser debidamente justificadas y compensadas. En segundo lugar, las
enmiendas eliminan determinadas restricciones para algunas modalidades de caza, como la de aves migratorias acuáticas o la perdiz con reclamo, de gran arraigo en algunos territorios españoles. En tercer lugar, la prohibición del uso de munición que
contenga plomo se limita, como indicaba el texto inicial del proyecto de ley, a las zonas húmedas incluidas en la lista de convenios relativos a humedales de importancia comunitaria.
De acuerdo con la legislación de la Unión Europea, no existe ninguna prohibición de utilización de munición de plomo para la caza; en concreto, la Directiva Aves y la Directiva Hábitat no contienen disposición alguna sobre esta materia.
Por otro lado, conviene recordar que la ministra Carbona se comprometió a que su ministerio iba a colaborar en la búsqueda de soluciones alternativas a la munición de plomo; tal vez sería el momento de que el Grupo Parlamentario Socialista nos
indicara qué ha hecho el ministerio al respecto. En cuanto a la caza de perdiz con reclamo, no es cierto que se trate de una práctica prohibida por la Unión Europea. Pese a que la ministra de Medio Ambiente en la Comisión del pasado día 20 lo
afirmó reiteradamente, no es cierto que la Comisión Europea enviara un dictamen motivado reciente a España en relación con la perdiz con reclamo. El dictamen motivado al que alude la ministra de Medio Ambiente -ya nos tiene acostumbrados a sus
falsas verdades, a sus verdades a medias- tiene ya más de cinco años de antigüedad y quedó archivado ya que la Comisión Europea no apreció que la caza de la perdiz con reclamo fuera contraria a la Directiva Aves.
Las enmiendas que hoy se someten a votación pretenden eliminar una serie de trabas impuestas al sector cinegético; pretenden que pueda seguir efectuándose una actividad tradicional y de gran arraigo en España como es la caza. Para nuestro
grupo parlamentario, la caza es un factor esencial en la conservación de los espacios naturales y una herramienta eficaz de gestión de poblaciones. Señorías socialistas, su concepto de protección del patrimonio natural y de la biodiversidad es
caduco y antiguo. El Grupo Popular apuesta por una gestión sostenible de los recursos naturales en la que los aspectos económico, social y ambiental estén en un plano de igualdad. Apostamos por la participación de todos los sectores sociales y
económicos implicados en ello. Apostamos por una gestión activa en la que el manejo de los hábitats y las actividades tradicionales deben quedar incluidas. La caza es un ejemplo, su práctica constituye un factor esencial en la conservación del
medio natural y contribuye de forma notable a la generación de empleo y riqueza en el mundo rural; ese medio, al que ustedes, señorías socialistas, dicen apoyar, pero al que van a asestar una herida mortal si no aprueban las enmiendas que hoy vamos
a votar.
Termino, señora presidenta, señorías. Hoy se aprueba un proyecto de ley que no nos sorprende en su filosofía: limita y prohíbe; un proyecto de ley que no incentiva, no protege, no pone en valor nuestro patrimonio natural y nuestra
biodiversidad y supone un dique y no un cauce para nuestras actividades tradicionales. El Grupo Parlamentario Popular solicita que voten afirmativamente las enmiendas del Senado y que eviten con ello los enormes perjuicios que el texto que
debatimos aportaría a un sector tradicional como es el sector cinegético y al mundo rural tan ligado a él.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora De Lara.
El turno del Grupo Socialista. Señora Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Socialista, subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo en este trámite final del proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad sobre las enmiendas del Senado. Haré referencia a algunas de las
enmiendas más relevantes, a nuestro juicio, que se han introducido en el texto en el Senado, dado que por el tiempo no podría detenerme en todas. En primer lugar, quiero mostrar la posición contraria del Grupo Socialista a la enmienda al artículo
62, apartado j), que se refiere al uso de munición con plomo en el ejercicio de la caza y el tiro deportivo. Quiero insistir, una vez más, en que la intoxicación por plomo procedente de la actividad de la caza y del tiro deportivo es la responsable
de la creciente mortalidad de aves acuáticas, como lo demuestran numerosos estudios de ámbito nacional e internacional. Esta intoxicación por perdigones de plomo se produce especialmente en las zonas húmedas del territorio.
Como ustedes saben y ya se ha dicho por parte de otros portavoces, España ratificó el Convenio relativo a humedales de importancia internacional como hábitats de aves acuáticas que considera a los humedales como un recurso de especial
importancia internacional. Igualmente, España ratificó en su momento el Convenio sobre conservación de especies migratorias de animales silvestres, así como el Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias del año 1995, que insta
a las partes a la eliminación gradual -hasta el año 2000, se decía- del plomo para la caza en los humedales. Por otro lado, como también se ha dicho, España aprobó con gobiernos del Partido Popular el Real Decreto 581/2001, por el que en
determinadas zonas húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo. He escuchando a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y creo que el Grupo Parlamentario Popular sufre
un retroceso en esa restricción respecto al real decreto que ellos mismos aprobaron.
Señorías, el texto inicial del proyecto de ley recogía respecto a esta cuestión la realidad constatada y el cumplimiento de la directiva europea. Es necesario
resaltar que la prohibición del uso de municiones con plomo se refiere solo a los humedales y no a la totalidad del territorio, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular. Humedales incluidos en la lista del Convenio relativo a humedales de
importancia internacional Ramsar; los humedales que formen parte de la Red Natura 2000, no toda la Red Natura 2000; los humedales de la Red Natura 2000 y los incluidos en la Red de espacios naturales protegidos, como ya recogía -como digo- el real
decreto aprobado en el año 2001. El incremento de la prohibición, como dijo la ministra en la Comisión, no llega al 0,1 por ciento del total del territorio, pues solo se amplía a los ya existentes en los humedales de la Red Natura 2000.
Quiero hacer mención, en este mismo artículo 62 que votaremos en contra, a las modificaciones del Senado en los apartados f) y g), que hacen referencia al cercado y vallado de los terrenos y a la captura de predadores, ya que la utilización
de métodos de control de predadores entraña, como está demostrado, riesgos para especies amenazadas.
Votaremos a favor del artículo 62 bis en relación con la caza de perdiz con reclamo, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista del recurso,
es decir, de la perdiz, no constituye un problema para esa especie, como afirman todos los estudios de población que existen, así como el arraigo de este tipo de caza en algunas zonas del territorio español. Queremos dejar constancia de que,
conforme a la Directiva Aves y a este proyecto de ley, se prohíbe, con carácter general, la caza de aves durante la época de celo, reproducción y crianza, como también se ha dicho desde esta tribuna.
Me detendré en la enmienda a la disposición adicional octava referida a la posibilidad de permitir determinadas prácticas de caza tradicionales en el caso de las aves
migratorias. Esta norma es contraria a la Directiva Aves, ya que permitiría a las administraciones competentes autorizar, de forma generalizada, una modalidad de caza que solo podría ser permitida, en todo caso, a título individual,
mediante el régimen de excepciones previstas en el artículo 9 de la directiva y en el artículo 58 de este proyecto de ley. La directiva establece, en su artículo 7.4, la prohibición de la caza de especies migratorias durante el trayecto hacia su
lugar de nidificación y, el artículo 9, permite a los Estados miembros que se introduzcan excepciones a la prohibición si no hubiera otra solución satisfactoria; y subrayo este párrafo.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo condenó al Reino de España en el año 2005 en el asunto C-135/04, la Comisión contra España, a la caza en contrapasa de la paloma torcaz en Guipúzcoa, como muy bien sabe el Grupo Vasco. Posteriormente,
atendiendo a la petición de las organizaciones SEO/BirdLife, Izate y Lanius, en septiembre de 2007, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la orden foral que permitía la caza en contrapasa en Vizcaya. La enmienda es contraria al
derecho y a la jurisprudencia comunitaria y por eso, como les digo, el Grupo Socialista votará en contra, ya que, a nuestro entender, se produjo un error en la votación del Senado.
Quiero hacer un inciso en mi intervención para decir que el Grupo Socialista quiere dejar claro que apoyamos la práctica de caza, con las limitaciones necesarias para la protección del medio ambiente, que creemos que a largo plazo redundará
en el medio ambiente y también, por supuesto, en la práctica de la caza y en los cazadores. Por último, respecto a la enmienda del Senado a la disposición final sexta, que modifica la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrado de
la contaminación, votaremos en contra de la ampliación hasta un año, puesto que dicha prórroga puede dar lugar a un procedimiento de infracción de la Unión Europea contra España. A nuestro juicio, hay que dejar el texto tal y como se recoge en el
proyecto inicial que salió del Congreso.
Para no extenderme más, he querido reseñar nuestra posición en relación con alguna de las enmiendas del Senado más significativas y, quizá, más polémica. Votaremos a favor de muchas otras que, a nuestro entender, mejoran el texto y algunas
correcciones que son prácticamente técnicas o muy sutiles. Quiero agradecer el trabajo de todos los grupos y la voluntad de acuerdo de la mayoría, expresado en el anterior trámite parlamentario, en la Comisión de Medio Ambiente, y manifestado hoy
desde la tribuna a lo largo de toda la tramitación de este proyecto de ley.
Pero en este apartado, no me queda más remedio que hacer una salvedad en relación con la posición del Grupo Popular en la tramitación de este proyecto de ley. Empezó con
una enmienda a la totalidad presentada en el Congreso con el ánimo de demorar la tramitación y hacerla imposible; continuó con un veto en el Senado que incomprensiblemente acabaron retirando para, como digo, hacer al final una lectura alarmista,
una lectura torticera, una lectura engañosa que refleja unos más que dudosos principios ambientales, en línea con la del primo de Rajoy que todos conocemos.
Para finalizar, señorías, el Grupo Socialista está convencido de que tenemos una buena Ley de patrimonio natural y de biodiversidad, que será un instrumento eficaz para dejar a nuestros hijos un patrimonio cultural, como mínimo, en el mismo
estado en que nosotros lo recibimos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Ortiz.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. (Número de expediente 122/000222.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Entramos en el punto 36 del orden del día: Proposición de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial.
Para la fijación de posiciones y en nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Gracias, señora presidenta.
Como representante del Bloque Nacionalista Galego, vamos a apoyar las enmiendas que vienen del Senado porque nos parecen meritorias, especialmente una de ellas. La que nos parece más interesante y que viene a poner a la ley orgánica, con
sus modificaciones, en un estado de asunción mayoritaria por este Congreso de los Diputados es aquella que hace referencia a la modificación del artículo 382, cuando habla de que para aplicar las medidas de carácter punitivo que se establecen en
este artículo, tendrá que contemplarse que se trata de un resultado lesivo para las personas constitutivo de delito, y no solamente un resultado lesivo. Esta redacción da mayor seguridad y pondera más el aspecto punitivo en función de la gravedad
de los daños producidos. Se trata de un cambio cualitativo importante que valoramos en todo lo que significa.
De la misma manera, nos parece relevante matizar la revisión de señalización vial y la normativa reguladora de los límites de velocidad,
para adecuarlas a una aplicación mucho más taxativa y punitiva de las infracciones en materia de tráfico. Igualmente nos parece importante que se aclaren las competencias para sancionar las infracciones, en el caso de aquellas comunidades autónomas
con competencias de tráfico transferidas, como son Cataluña y Euskadi, y esperemos que en un plazo de tiempo más bien corto que largo, también Galicia.
El BNG considera que la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal no va a ser una vara mágica, pero si tiene efectos positivos lo será en la medida en que se asuma como un efecto psicológico de carácter preventivo que nos obligue a ser
mucho más cautelosos, a tener más cuidado con la vida de las personas y a actuar sin dosis manifiestas de temeridad en la carretera. Sin duda alguna, el grave problema que significan los accidentes de tráfico, con tantas vidas humanas segadas -más
de cuatro mil al año en el caso del Estado español-, indica que tomar esta decisión no es caprichoso, no es una medida puramente política, sino que se trata de prevenir y de ser todos más conscientes de la gravedad de nuestras actuaciones, si son
temerarias. Vamos a apoyar, sin duda alguna, las enmiendas del Senado.
Muchas gracias. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias.
Tiene la palabra la señora Navarro.
¿Señor Mardones?
El señor MARDONES SEVILLA: Habíamos pedido compartir el turno del Grupo Mixto.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): No me lo habían pasado, pero S.S.
tiene casi siete minutos.
El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su cortesía, señora presidenta.
Intervengo con brevedad, en nombre de Coalición Canaria en el Grupo Mixto, para decir que vamos a votar favorablemente las enmiendas que nos llegan del Senado. Son pocas, pero creo que han introducido algunas cuestiones técnicas, como la de
modificar el artículo 379 del Código Penal, así como la modificación del artículo 382, donde se introduce la frase: un resultado lesivo constitutivo de delito. Sería desproporcionado no hacer una división entre un resultado lesivo, que puede ser,
como se dice en la enmienda, constitutivo de delito, y una simple falta administrativa; sería desproporcionado, repito, aplicar una pena prevista en el Código Penal a lo que es simplemente una falta administrativa en la conducción de un vehículo.
Creemos que esto es lo más destacado de las enmiendas que nos llegan.
En una de las enmiendas se regulan aspectos técnicos en la disposición adicional y otra señala en el artículo 68 las competencias de las comunidades autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas -son pocas las que las tienen- en
materia de tráfico. Creemos que es oportuna la introducción de una vacatio legis en los casos en los que el infractor no haya obtenido el carné de conducir, para que disponga al menos de un plazo de seis meses para que, con asistencia a la adecuada
escuela de conductores, pueda obtener este documento preceptivo.
Vamos a votar favorablemente todas estas enmiendas del Senado, haciendo una valoración positiva de este todavía proyecto de ley; pero debemos tener clara la directriz que lo ha inspirado, fundamentalmente a través de la magnífica labor que
ha desarrollado la Comisión parlamentaria de Seguridad Vial, bajo la presidencia de don Jordi Janè, de Convergència i Unió, que ha sido secundada por todos los grupos parlamentarios. Hay que tomar conciencia de este problema. Habrá que ver también
las actuaciones de esta nueva figura del fiscal para la seguridad vial, en la que están puestas tantas esperanzas para que la senda de lo penal vaya no solamente generando jurisprudencia sino ejemplaridad disuasoria para todos los infractores,
porque es algo que un Estado moderno no puede permitirse, ya que no se trata solo de contar muertos o heridos en accidentes de tráfico en los puentes o fines de semana, ni siquiera por meses o por años; si tuviéramos que contabilizar los muertos y
heridos en accidentes de tráfico por legislaturas parlamentarias, comprobaríamos que son miles, lo cual es una hecatombe. Hablando con sentido práctico, nos felicitamos hoy por esta nueva disposición legislativa que modifica el Código Penal y que
tendrá gran fuerza disuasoria, así como esperamos que se hagan las pertinentes adecuaciones en nuestro ordenamiento legislativo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Se someten a debate seis enmiendas del Senado que consideramos positivas.
En cuanto a la primera, al artículo 379, obviamente nos hubiera gustado que se hubiera vuelto al texto que se aprobó en Comisión. No sabemos si fue un desliz, un
lapsus o el subconsciente el que hizo que aquella Comisión aprobara un texto que consideramos que mejoraba sustancialmente el original del proyecto de ley tomado en consideración. Entendíamos que rompía el automatismo del tipo penal que se crea
castigando el exceso de velocidad porque consideramos que cuando hablamos de delitos tenemos que incorporar la valoración del riesgo, del peligro, es decir, vincular el exceso de velocidad a la peligrosidad y la seguridad del tráfico, que es el bien
jurídico protegido. Y esto es lo que se ha de hacer cuando hablamos de derecho penal. Por tanto, nos parece más que discutible el automatismo que se recoge hoy por hoy en el artículo 379, a pesar de la enmienda del Senado que, como digo, no
solventa esta situación al obviar la puesta en peligro concreto, más allá de las valoraciones que merece la tipificación específica del exceso de velocidad y la influencia de este factor en los accidentes de tráfico, que es lógica y es evidente.
Pero el plus de gravedad que significa la intervención penal se sitúa en la creación del peligro añadido a la infracción formal de los límites y exigencias administrativas.
En general lo que ocurre con esta reforma es que se prescinde de esta exigencia, optando por presumir el peligro en determinados comportamientos. Nosotros considerábamos que esto no era lo razonable.
Respecto a la enmienda número 382, nos parece muy positiva porque es más adecuado circunscribir su aplicación a aquellos supuestos en los que el resultado sea un delito de lesiones, evitando la desproporción que suponía el texto anterior.
Esta enmienda sí se puede considerar de contenido y supone un avance en la proporcionalidad de las penas. En el resto de enmiendas destaca la de la vacatio legis respecto a quienes conducen sin haber obtenido el correspondiente permiso, que también
votaremos favorablemente, y la que se refiere a las competencias. En definitiva, todas son positivas.
En cuanto al texto resultante, nuestro grupo sigue poniendo en duda la necesidad y la oportunidad de esta reforma del Código Penal tal y como se ha efectuado. Pese a nuestros reparos, solo nos queda desear que sea efectiva y que funcione en
un tema tan sensible como es la seguridad vial, que esta reforma tenga un verdadero efecto positivo en la lucha contra la siniestralidad en las carreteras. El modelo de política criminal debe abordarse de manera global, con una reforma integral del
Código Penal, que fue la primera iniciativa que esta portavoz defendió en la Comisión de Justicia en esta legislatura. Curiosamente, fue aprobada y, sin embargo, la legislatura acaba y solo tenemos una reforma muy parcial del Código Penal.
Esperamos que una reforma en este sentido en el ámbito de la seguridad vial sea una herramienta más, una herramienta útil y que no quede como la reforma de la Ley de violencia de género, donde se incrementan las penas pero después las mujeres siguen
padeciendo esta violencia. ¿Por qué? Porque en la práctica este tipo de reformas suelen revelarse inútiles para la prevención de los delitos. En cualquier caso, también nos parece positivo que haya formación directa hacia las personas y los días
de servicio a favor de la comunidad, intentando a través de ello que haya un cambio de actitud, porque la concienciación de la ciudadanía en la seguridad vial es fundamental.
También deseamos destacar que tenemos que seguir haciendo grandes esfuerzos en la aplicación del carné por puntos. No nos centremos ahora en esta reforma del Código Penal olvidando el fundamental carné por puntos, que debe ser el que nos dé
los logros y nos permita aplaudir una reducción de cifras que, hoy por hoy, todavía no hemos visto. Como reflexión global, desde este contexto social en que nos movemos a veces se hacen reformas que se dirigen a los errores ajenos, que sí que hay
que perseguir, sobre todo cuando se ponen en peligro vidas ajenas, pero también hay que reconocer los errores propios y, por lo tanto, analizar qué estamos haciendo respecto a la poderosísima industria automovilística. La enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds respecto a introducir los limitadores de velocidad no se aprobó. ¿Los coches son legales cuando pueden alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora y después recogerlo en el
Código Penal? ¿No es una flagrante contradicción, señorías, que se puedan construir coches de este tipo, que puedan circular por nuestro país, que se vendan con anuncios que dicen que cuanto más rápido vayas, eres más triunfador y mejor, que lo que
hacen es invitar a la peligrosidad y a las grandes velocidades? Evidentemente algo se está haciendo mal. También tenemos mecanismos de seguridad para los coches que cuestan dinero. Por tanto, en función de la capacidad económica del ciudadano se
puede comprar un coche que tiene más o menos mecanismos de seguridad. Es decir, se podrían evitar muchos accidentes obligando a establecer en todos los coches mecanismos de seguridad y, sin embargo, no se hace. Así, coche más caro, más seguridad;
el que tiene más dinero lo compra y compra más seguridad. Sin embargo, el que no tiene dinero, coche pequeño, mucha velocidad y más inseguridad. Como digo, algo estamos haciendo mal.
¿Qué estamos haciendo mal también? La política de infraestructuras.
También nos vamos a los errores ajenos y olvidamos los propios. Tenemos las carreteras secundarias en un pésimo estado. No se cumple todavía un plan efectivo, rápido y
eficaz de eliminación de los puntos negros. Cada vez que se tramitan los Presupuestos Generales del Estado, los parlamentarios tenemos que hacer las enmiendas de nuestras circunscripciones electorales diciendo: Por favor, invierta en arreglar este
punto negro donde la gente, día a día, está teniendo accidentes. Eso no es razonable. De hecho, en Portugal, en dos años, eliminaron los puntos negros y han reducido el número de accidentes. Imitemos en la efectividad a nuestros vecinos
portugueses. Los guardarrailes están mutilando a los moteros. También hemos estado toda la legislatura pidiendo que se eliminen los guardarraíles y que se ponga protección. ¿Es necesario que estemos cuatro años pidiéndolo, cuando es evidente que,
si se hace, se va a reducir el número de accidentes y, sobre todo, las consecuencias negativas en las personas de esos accidentes? Las autopistas de pago que hemos pagado, una y otra vez, están en un estado pésimo y lamentable, entre otras la AP-7
que, repito, la pagamos una y otra vez. Las carreteras secundarías también están en un pésimo estado, curvas imposibles a las que se enfrentan los ciudadanos todos los días y mala señalización.
Señorías, atendamos también los errores propios. Hay mucho trabajo por hacer. Había mucho trabajo por hacer antes de hacer una reforma del Código Penal.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Navarro.
Turno de la señora Uría en nombre del Grupo Vasco.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, cuando esta mañana pensaba qué decir en esta tribuna respecto del texto que nos llega
del Senado, las radios hacían el panegírico del gran actor Fernando Fernán Gómez y ponían un corte en el que, al aludir a su polifacética carrera, él negaba que tuviese tal carácter y decía: Si ni siquiera sé conducir.
No he conducido
nunca un coche. Muchos sí lo hacemos, pero no siempre lo hacemos bien y no siempre en las debidas condiciones. Ello tiene consecuencias que deben ser disciplinadas y eso justifica el que en esta materia deban entrar a regular los poderes públicos.
Todos ustedes conocen, señorías, que mi grupo ha sido muy crítico con esta reforma: No firmó la iniciativa y no la ha votado en los distintos trámites porque nos parecía que había un exceso en la respuesta punitiva.
Exceso que se quiere
paliar con intervenciones desde distintos sectores, desde la propia fiscalía, diciendo que la respuesta de prisión que se anuda a determinas conductas referidas a seguridad vial, en realidad no se va a cumplir, que la pretensión es educar, y que se
sustituirá por trabajos en beneficio de la comunidad. Creemos que entonces debió hacerse una norma con estas medidas y no con la amenaza de la prisión, pero ahí ha quedado.
Por otra parte, el propio presidente de la Comisión de Seguridad Vial, que será portavoz en esta norma en nombre de Convergència i Unió, en distintas intervenciones recientes le he oído decir que tiene una gran fe en la disposición adicional
que hace referencia a la revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad. Pues, para ese viaje, tampoco hacía falta tocar el Código Penal. Podía haberse hecho esto, incluso, en normas sin rango de ley.
Con todo, debo reconocer que el texto de la norma ha mejorado notablemente a lo largo de su tramitación. Desapareció ya en el último tramité en esta Cámara lo que nos parecía, en el artículo 379, una tautología al redactarlo en una forma tan
farragosa, incluyendo la expresión: en consideración a la desproporción con el límite superior establecido para dicho tramo y a las circunstancias concurrentes en el momento de la infracción. Parecía que eso llevaba a un tipo penal absolutamente
difícil de interpretar y, desde luego, perdía todo el requisito de claridad en el tipo que se exige en las normas penales. Insisto, esto ya desapareció en el último tramo en esta misma Cámara. En artículo 380 vemos que sigue subsistiendo una pega:
la temeridad manifiesta creando concreto peligro sin causar daño aparece más penada si vemos que con resultado de daño efectivo iríamos a las lesiones del 152.1.3º, que son las lesiones a que se refiere el artículo 150, que tienen menos pena de lo
que aquí se pretende. Lo que más nos satisface es la corrección que se ha efectuado en el artículo 382, fruto de una enmienda presenta por el Grupo de Senadores Vascos. Cuando por los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se
ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo, se dice ahora: constitutivo de delito. Ha desaparecido la posibilidad de que se pudiese referir a la simple falta que contempla el artículo 621.1º del Código Penal. Nos parece que esto
aporta corrección, puesto que se trata de la aplicación de un concurso de leyes que debe ser resuelto con el principio de alternatividad. Se ha aceptado una enmienda de nuestro grupo, nos satisface y así lo manifestamos en la tribuna. De igual
forma que en la disposición final primera, por la que se reformaba el real-decreto legislativo 339/1990, nos habíamos quejado desde esta tribuna -y también en la propia Comisión- del recorte que de algunas competencias, que creíamos propias de las
comunidades autónomas, se hacía con las previsiones del texto. Consideramos ya inútil y nos llevaría a la melancolía volver a referirnos a la competencia en relación con la expedición y la retirada de los permisos de conducir, sin embargo, sí nos
satisface que al menos en las infracciones a las que se refiere el artículo 52 de la ley, cuando hace referencia a la publicidad respecto de vehículos a motor sin autorización, por fin se haya reconocido que puede ser competencia de las comunidades
autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico. Creemos que no solo es por tráfico sino también por la competencia de consumo, generalmente asumida por las comunidades autónomas.
Estas mejoras nos llevarán a que, en este trámite, mi grupo vote afirmativamente tanto a lo que ha sido introducido por el Senado como en la necesaria votación sobre la organicidad de la norma, puesto que se le han añadido diversos párrafos.
Insistimos, no es lo que nosotros hubiésemos hecho; no nos parece la respuesta más feliz a la siniestralidad en las carreteras, pero, al igual que hacía la señora Navarro, también nosotros deseamos que la norma llegue a estar en vigor y llegue a
tener la efectividad que se ha pretendido, creo, en la voluntad de todos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Uría. Señor Cerdà, tiene la palabra en nombre de su grupo.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, presidenta.
El Grupo de Esquerra Republicana va a votar favorablemente las enmiendas del Senado. La primera de las enmiendas es de carácter técnico y enmienda los errores de redacción que se cometieron en el artículo 379.2. La segunda enmienda
circunscribe y limita la aplicación del artículo 382 a los supuestos en que haya un resultado lesivo constitutivo de delito, cuestión que nos parece más que razonable, en tanto que evita la aplicación de la pena en los supuestos en que los
resultados lesivos sean consecuencia de una falta. La tercera enmienda incorpora la obligación del Gobierno de revisar -y nos parece que era necesario y pertinente- la normativa reguladora de límites de velocidad, junto a la revisión de la
señalización vial. La cuarta enmienda pretende que se respete adecuadamente el reparto competencial para las sanciones de infracciones.
La quinta enmienda delimita los preceptos de la ley, que debe tener carácter orgánico. Y la sexta, y última
enmienda, establece una moratoria legal para las personas que condujeron sin permiso de
conducir, de tal manera que, tal y como recoge el mensaje motivado de las enmiendas del Senado, incentive el cumplimiento de la normativa penal en este aspecto.
A nuestro entender, señorías, las enmiendas mejoran la ley y, por tanto, nuestro grupo votará favorablemente las enmiendas del Senado y el conjunto de la ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Cerdà.
Señor Jané, tiene la palabra en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, llega hoy al Pleno de la Cámara el último trámite sobre una reforma del Código Penal en materia de seguridad vial que tiene largo recorrido. Largo recorrido si nos remitimos a los
propios trabajos de la Comisión de Seguridad Vial realizando todo un conjunto de ricas y constructivas comparecencias sobre lo que era una necesidad por todos compartida. De esas comparecencias tuvimos un resultado final que todos los grupos
compartíamos, era necesario modificar el Código Penal. Por tanto, llega hoy esta reforma que es necesaria pero que además no es improvisada.
Ya que está aquí el ministro del Interior, aprovecho para agradecerle todo el trabajo que su ministerio ha realizado en el ámbito de la seguridad vial -el señor Pere Navarro, director general de Tráfico y todo su equipo, también el anterior
ministro Alonso se implicó a fondo en este tema- y quiero agradecer también la colaboración del Ministerio de Justicia en lo que ha sido esta reforma. Quiero recordar que el 22 de febrero del año 2006, hace ya más de 20 meses, el director general
de Tráfico realizó una propuesta concreta de modificación del Código Penal ante la Comisión de Seguridad Vial para los tres supuestos que hoy estamos aprobando y que ha dado pie a la tramitación final que esta Cámara y las Cortes Generales han
realizado. Por tanto no es reforma improvisada, es reforma necesaria. Necesaria porque incide, en primer lugar, en dos aspectos nucleares, velocidad y alcohol, y todos los expertos coinciden en afirmar que si consiguiéramos atajar esas elevadas
velocidades y esas elevadas tasas de alcoholemia y también de consumo de drogas y de estupefacientes, si lográramos atajar ese problema, conseguiríamos reducir los accidentes de tráfico en un 40 por ciento en cuanto a víctimas mortales. No es poco
ese 40 por ciento de salvar vidas si fuéramos capaces, repito, de atajar esos dos grandes problemas: velocidad y alcohol. ¿Esa reforma lo va a conseguir? No nos engañemos: no. Es un elemento más que va en la línea necesaria, pero no es una
varita mágica que por sí sola vaya a dar solución a esos excesos de velocidad y a esos excesos en la ingesta de alcohol o de drogas. Pero va en la línea adecuada, era necesaria, es una pieza más a la que no podemos renunciar. Y hemos legislado en
esos aspectos como lo han hecho la mayoría de los países de nuestro entorno; están en sus códigos penales esos excesos de velocidad y excesos de alcoholemia en Japón, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra -donde ahora están
también modificando su Código Penal en este aspecto: ahora, en este mismo periodo de sesiones, también en el Reino Unido están endureciendo esos delitos-; Suiza, Irlanda, Finlandia, Luxemburgo o en Holanda, donde los excesos de velocidad son mucho
más rigurosos en la vía penal de lo que van a ser en nuestro país a partir de la reforma, porque en Holanda se castigan excesos de más de 30 kilómetros en vía urbana y de más de 40 en vía interurbana, justo la mitad: nosotros hoy aprobamos que
entran en la vía penal excesos de más de 60 kilómetros en vía urbana y de más de 80 en vía interurbana. Por cierto hay una modificación importante del Senado -y adelanto que votaremos a favor de todas las enmiendas del Senado- porque cuando
hablamos de excesos de velocidad es necesario que el límite esté bien puesto, que sea un límite creíble, que no sea un límite que dice 30 kilómetros por hora porque allí había una zona escolar en un tiempo o hubo unas obras, y ya no existe esa zona
escolar o ya no están esas obras y el límite sigue siendo de 30. Revisemos ese límite porque exceder el mismo puede comportar la implicación del derecho penal. Por tanto seamos rigurosos y en el Senado hemos incrementado lo que fue una disposición
adicional que en su día introdujo Convergència i Unió en el sentido de revisar los límites de velocidad y poder regularlos porque, lo sabe bien el ministro del Interior, quizá determinadas vías urbanas, como pueden ser las Rondas en Barcelona o
algún tramo de la M-30 en Madrid, deben ser consideradas a efectos de la aplicación de este Código como vías interurbanas, para que el exceso sea de 80 y no de 60, atendiendo a las velocidades potenciales que los vehículos pueden alcanzar en ese
tipo de vías. Por tanto nos queda trabajo por hacer: adecuar límites de velocidad y, evidentemente, trabajar desde el Ministerio de Fomento. (Rumores.) Le pediría a la ministra de Fomento más implicación en este ámbito, trabajar desde el
Ministerio de Fomento en superar los puntos negros, mejorar la señalización, mejorar de manera clara todos esos tramos de concentración de accidentes, los guardarraíles. Señorías, es necesario que, de alguna manera, haya esa implicación en todos
esos ámbitos en los que el Ministerio de Fomento tiene competencias. Mensaje para el conductor, pero que se pongan también las pilas todos los poderes públicos. Rememos todos en la misma dirección. Esta reforma, hoy necesaria, es solo una pieza
más de ese conjunto de actuaciones que en materia de seguridad vial debemos llevar a cabo todos.
Señorías, hay dos aspectos de las enmiendas del Senado que yo quería destacar. En primer lugar, el relativo al hecho de que vamos a castigar penalmente a aquellos que conducen sin permiso, a aquellos que han perdido los puntos y siguen
conduciendo y también evidentemente a aquellos que nunca han llegado a tener un permiso de conducir, que es una conducta antisocial, poco solidaria y que vamos, de manera expresa, a castigar,
pero en el Senado se ha introducido que esa penalización entre en vigor el 1 de mayo. Les estamos dando un mensaje: a partir del 1 de mayo quien conduzca sin tener permiso va a tener una consecuencia penal; le estamos diciendo a ese
infractor que tiene un tiempo valioso para hacer los deberes, para acudir a un centro especializado para formarse, para superar las pruebas y para conducir con permiso. Es importante esa moratoria, esa vacatio hasta el 1 de mayo pero, ante los
mensajes que hoy se pueden reflejar en los medios de comunicación, la reforma en su conjunto, excepto en este apartado, la reforma que hoy aprobamos en cuanto a velocidades y exceso de alcohol, entra en vigor el próximo puente de la Constitución;
digámoslo claro, el próximo puente de la Constitución previsiblemente esta norma estará ya en vigor y, ¿qué esperamos?, ¿que se aplique mucho, que haya muchos infractores? No, lo que esperamos es que tenga un efecto de disuasión, de prevención.
Este Código Penal será un código con buenos resultados si se aplica poco porque consiga esa labor preventiva. Voy a poner un ejemplo. Señorías, ¿cuántas veces un conductor se lo piensa dos veces y cambia la actitud ante el volante cuando traspasa
la frontera y sabe que en el país donde entra hay normas más rigurosas y que van a ser más exigentes y vigilantes? Esto ha pasado y que cada uno recapacite sobre cuál es su actitud cuando conduce en otros países si sabe que la respuesta allí es
distinta. Es lo que pretendemos, que cambie la actitud del conductor infractor. Esta reforma se dirige a los grandes infractores, a aquellos que van a más de 200 kilómetros por hora por una autovía o por una autopista; es a ese segmento. Por
tanto, lo que pretende es proteger a la mayoría de ciudadanos que no van a esas velocidades pero que pueden, desgraciadamente, ser víctimas de un accidente de tráfico por culpa de un ciudadano que sí altera de manera exagerada los límites previstos.
Por consiguiente, entendemos, señorías, que es una reforma necesaria que protege el interés general, protege ante lo que es el principal problema en cuanto a muertes de jóvenes en nuestro país; los accidentes de tráfico son la primera causa de
mortalidad de nuestros jóvenes, el año pasado, 2006, una media de más de once muertos por día. No nos podemos permitir esas cifras y, por tanto, todo aquello que camine en la dirección necesaria creemos, señorías, que es importante que reúna el
consenso en esta Cámara. Quiero agradecer de manera expresa la colaboración tanto del Gobierno como de todos los grupos parlamentarios en esta reforma, desde la coincidencia o desde la discrepancia. Quiero agradecer todas las posiciones, todos los
debates han sido en positivo y espero que, al final, esta reforma tenga también, más allá del consenso parlamentario, el de la sociedad. Aquí nos la jugamos; que se aplique bien, que se aplique desde el sentido común, que se aplique desde la
serenidad y desde la exigencia, pero que no haya una aplicación incorrecta de la misma porque eso produciría un no consenso social que este legislador quiere evitar. Por tanto, mi agradecimiento a todos.
En esta semana dedicada a las víctimas de los accidentes de tráfico -el pasado domingo fue el Día Mundial de los Accidentes de Tráfico y hoy nos acompañan asociaciones que han trabajado muchísimo a favor de la lucha contra los accidentes de
tráfico y la protección de las víctimas- es también un homenaje a ellas el que se acabe aprobando el Código Penal. No nos podemos permitir esas cifras, debemos remar todos en esa dirección.
Esperamos que en la próxima legislatura podamos hacer
entre todos un pacto de Estado en materia de seguridad vial, que esto no pueda ser utilizado políticamente a favor de unos o en contra de otros porque a todos nos incumbe ese objetivo. Quiero recordar que precisamente el lunes de esta semana
-llevábamos casi tres años sin que hubiera pasado un hecho similar, y es el mejor homenaje a las víctimas-, no tuvimos ninguna víctima mortal en nuestras carreteras, es un buen dato; esperemos que sea un buen presagio de lo que pretendemos con esta
reforma: evitar accidentes, no tanto castigar sino sobre todo prevenir. Muchas gracias a todos.
Termino, señora presidenta, señorías, haciendo dos aclaraciones técnicas que es necesario que consten en el 'Diario de Sesiones', sea cual sea al final la votación de hoy. Es necesario que conste que hay un error en la redacción del
preámbulo, y como esperamos que hoy este preámbulo se apruebe de manera definitiva y pase a ser ley, deseamos que cuando se dice que la Comisión de Seguridad Vial está estudiando diversas propuestas se diga que ha estudiado. Ese tiempo verbal
debería modificarse.
Otro aspecto que ha enmendado el Senado pero no es tal enmienda, es también una corrección gramatical. Cuando se habla de la tasa de alcohol en aire expirado nunca lo es por litro en sangre porque el aire expirado no es en sangre; por
tanto, esa corrección del Senado, sea cual sea el resultado de la votación hoy, si no llegaran a convalidarse por lo que fuera esas enmiendas del Senado, que yo espero que se convaliden todas, por lo que fuera, sería una corrección técnica que
debería igualmente introducirse.
Gracias a todos, señorías; esperemos que este efecto positivo para la seguridad vial sea, a través de esta reforma del Código Penal, ese elemento necesario de tantas acciones que nos quedan por hacer y por tanto esperemos que, con la
implicación de todos, consigamos ese propósito compartido, que es reducir los accidentes de tráfico, reducir tanto dolor que nos causan los accidentes de tráfico, muertes, heridos, que no nos podemos permitir. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Jané.
Es el turno del Grupo Popular. Señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Cuando en el futuro alguien se plantee en qué momento se perpetró esta reforma del Código Penal en
materia de seguridad vial no lo tendrá difícil, no necesitará ni buscar la fecha; simplemente leyendo por encima, sin mucho detenimiento, el contenido de la reforma, sabrá que es un producto indiscutible de esta que pasará a la historia
parlamentaria como la legislatura del 'como sea'. Del 'como sea', que es la expresión que sintetiza esa actitud del Gobierno, del grupo mayoritario y de los grupos que le han auxiliado para aprobar las normas, en la que han creído siempre que con
la buena voluntad expresada en las exposiciones de motivos de las leyes se solucionaban los problemas, sin aquilatar más su contenido, sin dedicarle mayor tiempo y sin buscar que fueran en sí mismas normas aplicables y normas eficaces para
solucionar esos problemas. A la hora de la aplicación lo que se produce en todos los casos, y lamentablemente tememos que en este también, es una enorme frustración en sus destinatarios, que esperaban que efectivamente el trabajo que aquí hacemos
fuera útil para mejorar los problemas y se encuentran con que en muchos casos terminan agravándose.
Nuestra posición en este tema ya se puso de manifiesto en el debate que se produjo precisamente en esta Cámara, en el Congreso, por tanto, vamos a aquello que tiene relación con las enmiendas que nos han llegado del Senado. El primer asunto
es el de la velocidad. Con la norma que hoy van a aprobar se va a establecer un límite objetivo por encima del cual todos aquellos conductores que circulen serán considerados como incursos en el tipo penal y por tanto serán penados con prisión. La
disposición adicional de esta misma norma establece e insta al Gobierno a que, cuanto antes, modifique la señalización de tráfico, y no solo eso, sino también la normativa reguladora de los límites de velocidad para adecuarla a las necesidades de la
seguridad vial, con lo cual tenemos una disposición adicional que refuta el sentido de justicia de la propia norma. ¿No sería mucho más razonable que primero se pusiera al día la señalización y se modificara la regulación y después se incluyera en
el Código Penal la persecución de los conductores? ¿Por qué criminalizamos a los conductores antes de que la Administración haga los deberes? Yo comprendo, señorías, que este hecho es un auténtico símbolo de lo que ha sido la política de seguridad
vial del Gobierno durante esta legislatura: hacer recaer sobre los hombros de los conductores la incapacidad del Gobierno y la impotencia para desarrollar una política integral de seguridad vial para limitarse a una política de control y de sanción
en el tráfico que, al final, ha tenido más sentido represivo que preventivo lamentablemente cuando hacemos el balance al final de la legislatura. Además, también hemos perdido una ocasión única para establecer un sistema homologable para la
detección de droga en sangre en los conductores. Entre las cosas que razonablemente se consideran delito está conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, de drogas y de estupefacientes. Ya en el trámite en el Senado el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) introdujo la posibilidad de abrir un debate sobre eso, con el que nosotros estábamos de acuerdo y que hemos mantenido en dicha Cámara. Sin embargo, eso que hubiera sido un esfuerzo mínimo y que hubiera
hecho que quienes se encuentran al pie de la carretera, los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tuvieran un instrumento para poder perseguir esas conductas que se revelan tan peligrosas -hace poco la Dirección General de
Tráfico hizo un control sobre este tipo de sustancias a título indicativo y se demostró que el 80 por ciento de los conductores a los que se les hacía el control llevaban algún tipo de droga en sangre- es un problema que no hemos solucionado cuando
vamos a celebrar la aprobación de esta norma. Además, hemos aprovechado esa posibilidad para, acudiendo a un término clásico, interpolar en una reforma de carácter penal una reforma del derecho sancionador administrativo, que nos parece, ya lo
hemos dicho, una auténtica falta de respeto a nuestra labor como legisladores. Desde luego, vamos a votar en contra las enmiendas del Senado que nos llegan y tienen relación con esa interpolación.
Nosotros creemos que es una gran ocasión perdida. Todos los grupos parlamentarios estábamos de acuerdo con que la respuesta del ordenamiento jurídico a las cuestiones de inseguridad vial no era la adecuada. Creo que hicimos el diagnóstico
acertado y compartido. Hemos trabajado mucho en la Comisión de Seguridad Vial en acopiar documentos y celebrar numerosas comparecencias que nos han ilustrado mucho, pero a la hora de ponernos a escribir sobre el papel el resultado, que tenía que
ser la expresión en la norma que hoy debatimos, apareció el Gobierno y ya ha sido imposible cualquier acuerdo. No se nos ha tenido en cuenta ni una sola enmienda de las que hemos presentado a esta norma. El grupo mayoritario quiso por su cuenta,
ya que tenía los votos suficientes en la proposición firmada inicialmente para aprobarlo, tirar para adelante como fuera para aprobar una norma que, desde luego, ya digo que va a crear una enorme frustración. Sin embargo, nosotros en todo momento
hemos apoyado, aunque no se nos han tenido en cuenta nuestras enmiendas, aquellas enmiendas de otros grupos que mejoraban el proyecto de la norma y hoy lo vamos a seguir haciendo. Vamos a votar a favor de la enmienda que tiene relación con el
artículo 382 y que establece que, en aquellos supuestos en que se vaya a aplicar la pena en su grado máximo como consecuencia de los delitos que se van a considerar a partir de este momento como delitos contra la seguridad vial, se tenga en cuenta
que se produzcan las lesiones, pero que esas lesiones sean constitutivas de delito, porque nos parece mucho más acertado. Vamos a apoyar también la enmienda transaccional que revela la insuficiencia de las normas reguladoras sobre los límites de
velocidad y que el Gobierno las modifique cuanto antes, porque nos parece de lo más adecuada. También apoyaremos la enmienda que va a establecer un periodo de vacatio legis en cuanto a la entrada en vigor de lo que se refiere a conducir sin carné,
porque nos parece que es la línea acertada, que favorece la responsabilidad y se ajusta a la
filosofía que nosotros mantenemos sin ninguna duda en este tema.
En fin, señorías, lamentamos mucho que sea una ocasión perdida, lamentamos mucho que esta norma vaya a ser un producto del 'como sea' y, desde luego, no queremos sumarnos a la iniciativa porque no deseamos correr el riesgo de convertir una
norma de rango normativo del Código Penal en un espantajo con el que asustar a los conductores, a ver si ellos arreglan el problema en relación con el cual la Administración se muestra incapaz de hacer los deberes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Souvirón.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sube aquí a este estrado don Federico Souvirón y nos da unos buenos días con las siguientes píldoras. En primer lugar, sube sin muleta, sube sin capote, lo cual evidentemente dice mucho de la talla que él tiene de buen
parlamentario, pero luego nos lanza las siguientes píldoras corrosivas, por decirlo de alguna manera: Se está perpetrando una proposición de ley. Pero, don Federico, se está perpetrando con el apoyo de la inmensa mayoría de esta Cámara y con la
ausencia de ustedes.
Se está perpetrando un principio democrático, don Federico, esa es la cuestión que tenemos que dejar bien clara desde el principio. La siguiente píldora se refiere a la legislatura del 'como sea'. Mire usted, sería preferible
esto -que no lo es- ante la legislatura que algunos han intentado montar de la mentira como arte político. Eso sí que es grave.
Estamos tratando en este momento de desarrollar seriamente, conscientes de nuestras responsabilidades parlamentarias,
un conjunto de medidas que tratan de proteger la vida y la integridad física de las personas. Si eso se puede calificar de hacer algo como sea o como algo irrelevante o sin importancia, están ustedes bastante equivocados. Y, por favor, no me trate
usted a los grupos parlamentarios que, juntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, han contribuido a la elaboración de esta norma y a traerla aquí como proposición de ley como tropa auxiliar. Creo que ellos tienen la dignidad propia de lo que
representa su porción de soberanía representada en esta Cámara y, por tanto, creo que no son tropa auxiliar de nada. Simplemente han entendido mejor que ustedes -pero muchísimo mejor que ustedes- el problema que hay en nuestras carreteras, el
problema de impunidad que padecen muchos ciudadanos españoles, y por eso han contribuido, leal y responsablemente, al voto de esta proposición de ley y a sacarla adelante esta mañana.
Señora presidenta, señorías, no vamos a entrar hoy a repetir viejos debates. Creo que las cosas ya están dichas casi todas, han quedado claras las posiciones definitivamente y, por si faltaba algún elemento de clarificación, la intervención
del representante del Grupo Parlamentario Popular ha sido muy eficaz al respecto. Así que estamos los que la apoyamos, obviamente con matices o reservas, porque nadie es perfecto y no hay ninguna proposición que sea la Ley de las Doce Tablas ni
tampoco el código del Sinaí, y por eso creo que están las cosas claramente posicionadas. A partir de este momento lo que corresponde es que cada cual asuma a sus responsabilidades. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, hemos asumido las
nuestras, creo que los restantes grupos también y obviamente lo ha hecho asimismo el Grupo Parlamentario Popular.
Hemos venido trabajando aquí con los grupos que han apoyado esta iniciativa como una plataforma de impulso, que trata fundamentalmente
de establecer mejores condiciones para la seguridad de los ciudadanos en las carreteras. Ahí han estado, juntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego,
Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds, Chunta Aragonesista, etcétera. Hoy también tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, con un intento de aproximación, de entendimiento, que hubo en el Senado y
que hoy vuelve a reproducirse, como consecuencia de lo que ahora mismo anuncio ante SS.SS. y es que el Grupo Parlamentario Socialista asume todas las enmiendas procedentes del Senado, entre otras cosas porque muchas de esas enmiendas o casi todas
ellas han sido negociadas también con el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Anunciamos, por tanto, nuestro voto positivo. También quisiera hacer una valoración de lo que puede significar en términos globales esta reforma que hoy vamos a
aprobar.
Comenzamos la legislatura debatiendo y aprobando una ley que establecía el permiso de conducir por puntos, una ley que yo calificaría como ley orientada fundamentalmente a promover conductas sociales positivas en el campo de la seguridad
vial. Pues bien, se trataba de establecer un principio de autogestión, de responsabilización de ciudadanos en el manejo de su crédito de 12 puntos. Eso es pedagogía, eso es promover conductas sociales positivas. Hoy, al finalizar la legislatura,
del mismo modo que hicimos esta promoción de conductas positivas, mediante esta proposición de ley vamos a hacer un acto de responsabilidad estableciendo disposiciones que ponen coto o que intentan poner coto a conductas sociales negativas y entre
tales conductas sociales negativas -ya han sido citadas y comparto las valoraciones de los intervinientes precedentes- está el exceso de consumo de alcohol y de drogas, la velocidad desmesurada, la carencia de permiso de conducir o conducir
habiéndolo perdido. Por eso, el proyecto de ley que hoy abordamos establece además una cadencia de carácter agravatorio. Desde la conducción temeraria hasta los resultados lesivos constitutivos de delito, todo eso está contemplado en esta reforma
de forma gradual y prudente. Y tengo que reafirmar esta mañana de una manera
lo más rotunda posible que gracias a esta ley tendremos más Estado de derecho en calles y carreteras. El Código Penal, señorías, estaba prácticamente ausente, la justicia como institución se había desvanecido del tratamiento de un fenómeno
de masas tan amplio y delicado como es la seguridad de los ciudadanos en la circulación vial, un problema inmenso que prácticamente carecía de proyección penal y que había sufrido la paulatina privatización del procedimiento penal, reducido las más
de las veces a determinar el daño económico como arreglo entre las compañías de seguros antes que abordar los resultados lesivos contra las personas. Hoy damos un paso importantísimo en esa dirección. La justicia tendrá un papel destacado en la
política de seguridad vial, todo ello reforzado con el hecho de la creación de la Fiscalía especial dedicada a los delitos de tráfico y seguridad vial. Ese es, precisamente, señorías, el objetivo central de la reforma, acabar con las impunidades
que se venían produciendo y que generaban una enorme alarma social. Las asociaciones de víctimas, a las que también quiero rendir tributo, reconocimiento y saludo esta misma mañana, han sido quienes venían reclamando constantemente esta reforma,
porque son quienes han padecido de manera más dolorosa y directa la impunidad que ahora tratamos de erradicar.
Tenían toda la razón y el Grupo Parlamentario Socialista siempre entendió que la razón estaba de su parte, como el actual presidente del
Gobierno, que en su momento hizo una afirmación que a mi juicio era categórica pero evidente: El que conduce como un homicida debe ser tratado como tal.
Pues bien, para proteger de estas conductas a veces homicidas a la inmensa mayoría de conductores cumplidores de la ley, no debemos dudar, señorías, en poner un límite enérgico y sancionador a quienes se manifiestan como antisociales.
¿Todos a la cárcel, como decía la película famosa de Berlanga? Hay algunos que han intentado erosionar la imagen, crear alarma o establecer algún tipo de imagen negativa en relación con este proyecto, pero todos a la cárcel es a mi juicio una
afirmación falaz, demagógica y, sobre todo y fundamentalmente, una afirmación carente de solvencia y de pruebas. Parece desconocer el sentido del alcance de la reforma que se plantea, que no es otro que realizar precisamente un conjunto de medidas
que permitan, como he dicho antes, la presencia de la justicia penal, que se había ausentado desgraciadamente de este menester, de este conjunto de actividades que deben desarrollar los poderes públicos para preservar la vida y la seguridad integral
de las personas. Para el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, se trata también -esto quiero dejarlo patente esta mañana- del cumplimiento de un compromiso electoral. El Partido Socialista adquirió a lo largo de la pasada legislatura y de la
presente acción del Gobierno el compromiso de actuar en este terreno. Frente a la pasividad que había venido planteando el Gobierno del Partido Popular, que había insuflado en la opinión pública la idea de que los accidentes de tráfico eran un
fatalismo, eran una situación absolutamente inexorable e irreversible, nosotros planteamos en su momento y hemos llevado adelante, obviamente con el apoyo de los restantes grupos, en el Congreso, en el Senado y en la acción del Gobierno, la
necesidad de adoptar medidas más severas para proteger la vida de los ciudadanos en el tráfico haciendo cumplir la ley y modificando aquellas partes del Código Penal que evidentemente no venían contribuyendo a la consecución del objetivo final.
El objetivo final, señorías, y con esto acabo, ¿cuál es? Es muy sencillo.
Se trata de conseguir, utilizando resortes de distinto ámbito, a través de una política de amplio espectro puesta en marcha por el Gobierno, una política que trata
de abarcar distintos elementos que concurren sobre la seguridad vial, el objetivo central y final, que es la reducción del número de muertos, de fallecidos, en un 40 por ciento, en el marco del objetivo comunitario. A esto se dirige y esta es la
razón de ser de esta reforma del Código Penal y no otra. Esta es la esencia del acto de responsabilidad que hemos hecho los socialistas y que compartimos con el resto de los grupos de la Cámara lamentando evidentemente la soledad una vez más el
Grupo Parlamentario Popular, que desde luego se queda al margen de los consensos y que con su acción no contribuye a la defensa de la integridad física y la vida de los ciudadanos españoles, que es el objetivo final que pretendemos conseguir.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mayoral.
El señor ministro ha pedido la palabra. Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.
Unas brevísimas palabras para mostrar la satisfacción del Gobierno por la aprobación de este proyecto, de esta modificación del Código Penal en materia de seguridad vial. Destacaban algunos de los portavoces parlamentarios -he oído al señor
Mardones y también al señor Jané- el carácter preventivo o disuasorio que tiene toda norma penal. Yo quiero hacerlo hoy aquí en esta tribuna explicando una vez más que tratamos con esta ley de que los ciudadanos no conduzcan sin carné -algo que va
a mejorar, por cierto, la eficacia del carné por puntos-, de que los ciudadanos no vayan a velocidades temerarias por las carreteras, en definitiva, de impedir que pongan en riesgo su vida y la vida de los demás. Ese es el sentido de esta
modificación del Código Penal que hoy hacemos.
Quisiera en segundo término destacar que no es algo que se haya hecho apresuradamente. Hace ya bastante tiempo que en la Comisión de Seguridad Vial de este Congreso se aprobaron mociones en este sentido, ha habido, por tanto, un tiempo de
maduración de la propuesta. Esta propuesta cuenta con el acuerdo de las asociaciones de víctimas, a quienes quiero agradecer su trabajo continuado durante toda la legislatura aprovechando esta que seguramente será mi última oportunidad
para hablar de este tema en esta Cámara. Por tanto, no es una ley que no se haya trabajado o que no se haya pensado. Es una ley que se ha enriquecido considerablemente en el Senado con enmiendas llenas de sentido común y que hoy cuenta, a
mi juicio, con una madurez suficiente para ponerla en marcha y para poderla explicar al conjunto de los ciudadanos, que la van a entender, porque lo que no es explicable es que alguien pueda ir a 200 kilómetros por hora en una carretera poniendo en
riesgo su vida y la de los demás, sin que le pase absolutamente nada; eso no es explicable.
Termino, señora presidenta. Es verdad que esta, como decía, será la última intervención probablemente en esta Cámara en esta legislatura en relación con este tema. Creo que podemos echar brevísimamente la vista atrás para decir dos cosas
que se han destacado aquí por muchos portavoces, la primera, que ha habido una Comisión de Seguridad Vial que ha funcionado muy bien, con mucho consenso; la segunda, que ha habido un Gobierno que desde el primer momento ha cogido el toro por los
cuernos. El resultado de estas dos cosas, del trabajo parlamentario y del trabajo del Gobierno y del apoyo de las asociaciones de víctimas es que hoy estamos hablando de un año, el año 2007, donde probablemente tengamos que lamentar al final del
mismo algo menos de 3.000 fallecidos en nuestras carreteras, pero cuando comenzó la legislatura esa cifra era de 4.000. Son 1.000 fallecidos menos -más de 1.000-, de los cuales más de la mitad son directamente imputables al carné por puntos, que sí
está funcionando, y eso, el carné por puntos y esta política que -como señalaba el señor Jané, presidente de la Comisión- es una política global que tiene distintos elementos, es fruto del consenso en esta Cámara y con las asociaciones de víctimas.
Me gustaría destacar este consenso, porque debo reconocer que hay intervenciones que uno, al final de la legislatura y echando la vista atrás, no entiende muy bien.
Muchas gracias, señora presidenta, gracias a todos los grupos parlamentarios. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor ministro.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000126.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto 33: Proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social. En nombre del Grupo Mixto, la señora Lasagabaster, la señora Fernández y el señor Mardones se van a repartir el
tiempo en tres voces. Señora Lasagabaster, tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, nos repartiremos el tiempo, pero en realidad es suficiente para explicar una de las cuestiones que, desde nuestra perspectiva -nos han oído muchas veces hablar del tema-, es muy importante y muy relevante, por dos razones.
Hablamos de la jubilación anticipada de los miembros de las distintas policías integrales que existen en el Estado.
Son dos razones fundamentales que llevan a pedir que se produzca la posibilidad de una jubilación anticipada de estos miembros, en
primer lugar, por las propias personas que desempeñan unas determinadas funciones y actividades, que requieren -y no tengo que explicarlo aquí, porque es bien conocido por todos- que realmente puedan llegar a buen término, puedan llegar a tener una
jubilación anticipada, y, desde el punto de vista del interés público, del interés general, a todos nos interesa que haya una jubilación anticipada, porque por razones de edad hay determinadas funciones que no todo el mundo puede cumplir, y que haya
un servicio público de calidad en relación con el tema de la seguridad.
Esta cuestión de la jubilación anticipada, que no es distinta de la que se viene produciendo en otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se viene solicitando desde hace
mucho tiempo en esta Cámara y hasta ahora no se había producido la previsión dentro una ley que contuviera esa posibilidad manifiesta y positiva de que se pueda producir algo -como vengo diciendo- no diferente a lo que ya hay en otros cuerpos de
seguridad.
Pediremos votación separada de la enmienda del Senado referida a la disposición adicional vigésima novena, porque creemos que es muy importante. Esta Cámara tiene pronunciamientos favorables para apoyar esa jubilación anticipada y esperamos
de todos los grupos de la Cámara que aprueben una cuestión que afecta no solamente a la igualdad de las propias personas que desempeñan estas actividades, sino también y muy importantemente al servicio público de seguridad, que tiene que ser igual y
que queremos todos -y los miembros de las policías integrales también- que sea del mismo nivel de calidad en todos los lugares, independientemente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por tanto, pedimos su votación y esperamos que se consiga algo
que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
En este turno de posicionamiento en relación con las enmiendas que vienen del Senado, no queremos desaprovechar la oportunidad para manifestar una vez más nuestra posición en relación con la generalidad de las modificaciones que se hacen en
este proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social; en definitiva, una posición que significó nuestra abstención en la votación de este proyecto cuando fue tramitado en esta Cámara antes de ser enviado al Senado. No dejamos de
reconocer, como ya lo manifestamos en el debate parlamentario correspondiente, la incorporación de nuevas prestaciones o la modificación de alguna de ellas, que entendemos que son positivas, por ejemplo, la pensión de viudedad,
independientemente de la forma jurídica escogida por la pareja, o las pensiones de orfandad, con la misma consideración que acabamos de comentar.
Nuestro desacuerdo radica fundamentalmente en las modificaciones que se hacen a través del artículo 3 del proyecto de ley, de los artículos 161 bis, 163 y disposición transitoria tercera, así como en la disposición transitoria cuarta de la
Ley General de la Seguridad Social. En definitiva, radica en las modificaciones que se hacen en relación con las reducciones de las prestaciones de jubilación, que entendemos que perjudican gravemente a aquellas personas que van a acceder a la
misma en el futuro. Desde luego, señorías, no tenemos ningún dato, no hay ningún informe al respecto, solo conjeturas que puedan hacernos entender que mantener la situación de la jubilación que existe actualmente pueda ser perjudicial para el
futuro de la Seguridad Social. Por tanto, entendemos que nada de esto debió ser modificado. De la misma manera que votamos positivamente a un número importante de enmiendas, la mayoría transaccionadas por los distintos grupos de esta Cámara, por
considerar que mejoraban el texto del proyecto sobre las diferentes prestaciones de la Seguridad Social, también vamos a votar favorablemente a las enmiendas del Senado que hoy nos llegan y que entendemos que son positivas. Una de ellas, como acaba
de comentar la portavoz que me precedió en el uso de la palabra, es la nueva disposición relacionada con las personas que son miembros de las policías nacionales y con la equiparación de las jubilaciones de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
También nos parecen positivas las otras nuevas disposiciones que se acordaron. Del mismo modo, nos parece positiva la incorporación que se hace y que mejora algunos colectivos que tienen singularidades específicas, como es el
caso de aquellas personas sujetas al Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Por tanto, señorías, vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado, a no ser que alguna consideración, en el debate que queda pendiente,
nos haga entender que debemos modificar nuestro voto, pero, desde luego, a la vista de las enmiendas que nos llegan del Senado, vamos a votar favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Fernández.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Estamos -y Coalición Canaria lo valora así, ya lo dijo en su día también en los primeros debates que tuvimos de este proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social- ante un muy importante, importantísimo documento que va a señalar
unos vectores por los que debe de ir una política de protección social, de Seguridad Social, actualmente en el Estado español. Estamos ante un gran proyecto de ley, muy importante, y quiero hacer un reconocimiento aquí a la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social -encabezada por su secretario y todo su personal-, que ha sabido verdaderamente vertebrar lo que era un acuerdo político y social que se tomó el 13 de julio del año 2006 entre el Gobierno, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras,
la CEOE, la parte de la patronal y de la Cepyme, para dar un impulso nuevo a la Seguridad Social. Incluso hubo calificaciones de que era solamente un planteamiento técnico-administrativo. No lo comparto, esto va más allá. Estamos ante un gran
documento de política social de un Estado democrático avanzado en que todo un sistema de protección al elemento productor-trabajador está muy conseguido y muy avanzado. Se habían señalado cuatro grandes proyectos y, desde luego, articular una ley
tan amplia y compleja requiere un equipo que sepa lo que tiene que hacer para que después los legisladores podamos saber qué es lo que tenemos que enmendar, qué es lo que tenemos que apoyar y, en definitiva, qué es lo que tenemos que votar.
Hoy
nuestro voto va a ser afirmativo para estas enmiendas que llegan del Senado, salvo alguna reserva que voy a exponer a continuación. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)
Se hacen cuatro grandes apartados: la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la jubilación y la supervivencia. A medida que se avanzaba en el texto hubo que instrumentalizar -así lo vemos en las disposiciones adicionales que
tiene todo este proyecto de ley- una serie de colectivos que, por su singularidad, había que reconocer también. Aparecen aquí figuras como los funcionarios públicos, en cuestión de los derechos pasivos y en cuanto a sus mutualidades; aparecen
colectivos, como los trabajadores de las agencias de aduana, de los servicios de extinción de incendios, de los bomberos, que tienen unas peculiaridades y características determinadas. Todo este proyecto de ley se encuentra también con que tiene
que resolver una serie de medidas de protección social en los casos de muerte y supervivencia, auxilio por defunción, pensiones de viudedad, parejas de hecho, familias numerosas y todo esto verdaderamente es complicado, y, sobre todo, porque este
proyecto de ley en este momento señala algo que apoyamos, un nuevo vector de los incentivos de prolongación de actividad. Señorías, tenemos que evitar que la Seguridad Social, dentro de quince, veinte o veinticinco años, haga crisis y que aquí
nadie tenga capacidad de garantizarle al trabajador que ha cotizado una pensión de jubilación digna para vivir, con un principio pleno de derechos humanos a una calidad de vida en ese concepto. Esa prolongación de actividades va en contra de las
jubilaciones anticipadas, y nosotros la apoyamos fundamentalmente. En las enmiendas que nos llegan del Senado, junto a algunas que he señalado ya de las clases
pasivas de funcionarios, hay una serie de disposiciones adicionales que vienen a regular tanto una protección al trabajo a tiempo parcial como el contrato de relevo, y todo lo que se está realizando fundamentalmente en este texto, en la
disposición adicional trigésima primera nueva, respecto a las víctimas de violencia de género, que se encuentran también respetadas.
Quiero hacer una reflexión. No sé si nos hemos precipitado en hacer una legislación sobre la disposición adicional vigésima novena, de jubilación de los funcionarios de los cuerpos de las policías de las comunidades autónomas. Se van a
encontrar con un reto: el problema es que se van a tener que jubilar de golpe los que entraron con una edad determinada. Una cosa es la prolongación de actividades a un trabajador normal y otra la prolongación de actividades en profesiones
especiales. A nadie se le ocurriría hablar de una prolongación de actividades en el campo del atletismo o del deporte; hay unas edades en que mandan al deportista a la grada. Tendrá que tener otras actividades complementarias, pero no la de
correr o jugar en un determinado deporte. Debemos hacer una reflexión porque se pueden producir agravios comparativos entre policías autonómicas, policías del Estado y policías municipales de las distintas organizaciones que los tienen. Porque el
tema es del inmediato futuro en cuanto lleguen las jubilaciones masivas. Podíamos legislar aquí en una línea de incentivo de prolongación de actividades y en otra línea con las policías autonómicas pidiendo una cosa y su contraria. Y esto es lo
que nos hace reflexionar sobre esta enmienda que nos llega.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Mardones.
Continuando con el grupo de fijación de posiciones, tiene la palabra, por Izquierda Unida, la señora Muñoz.
La Señora MUÑOZ DE DIEGO: Señor presidente, señorías, en este trámite de debate de las enmiendas que vienen del Senado no queríamos desaprovechar la ocasión para manifestar que nuestro grupo parlamentario tuvo una posición respecto a la
presente ley que se explicitó a través de la abstención. Pensamos en aquel momento -y pensamos aún hoy- que esta Ley de reforma de medidas de la Seguridad Social podía haber sido mucho más ambiciosa. Podía haber sido ambiciosa en el ámbito de las
prestaciones; podía haber ampliado derechos, haber afrontado retos de futuro muy importantes sobre el modelo de protección social. No vamos a negar desde nuestro grupo parlamentario que han existido tímidos avances en esta ley que van a permitir
mejorar el acceso a los derechos y prestaciones, por ejemplo, de las parejas de hecho; mejoras en las prestaciones del derecho de viudedad, de orfandad, en la incapacidad temporal o en la jubilación anticipada. Son avances que nosotros hemos
saludado, a los que hemos contribuido y que aplaudimos. Por el contrario, esta ley no abordaba temas tan importantes como las cuantías de las prestaciones más bajas, especialmente las no contributivas. A nuestro juicio, esta ley no ha asumido el
reto de una profunda y serena reforma que permitiera crear un sistema de prestaciones para luchar eficazmente contra la exclusión social y para ayudar a esos 800.000 españoles y españolas que están en el umbral de la pobreza y muchos de los cuales
son perceptores de algunas de las prestaciones que se encuentran previstas en la legislación en materia de Seguridad Social. Le reprochamos, por tanto, con modestia, que habiendo podido ir más lejos no hayan ido; que habiendo tenido los recursos,
los medios y las mayorías parlamentarias no las hayan aprovechado. No hemos compartido de esta ley algunas cosas, en especial la posibilidad de prolongación de la vida laboral hasta los 70 años, en un país en que el acceso de los jóvenes al empleo
estable y de calidad es casi una quimera. Por estas razones y por muchas otras que se expresaron en el debate de esta ley, nuestro grupo parlamentario mantuvo un voto de abstención, como he dicho antes. Las enmiendas que han resultado aprobadas en
el Senado, y a las que ahora me referiré, no han modificado sustancialmente ni los contenidos ni las razones ni la filosofía de la ley, pero en todo caso han incorporado algunas cuestiones que nos parecen de interés. Hay una parte de las enmiendas
que nuestro grupo votará favorablemente que tiene que ver con correcciones técnicas, con la incorporación o la armonización de diferentes enmiendas que resultaron aprobadas en el trámite parlamentario y que, en consecuencia, permiten dar coherencia
al texto.
En todo caso, voy a centrar la intervención en las enmiendas que, a nuestro juicio, introducen algunas modificaciones o matices respecto al texto aprobado en el Congreso. En especial quiero hacer referencia a la que se ha incorporado al
artículo 3, apartado tres, porque amplía el concepto de involuntariedad de cese del trabajador para que pueda acceder a la jubilación anticipada. Permite que el contrato individual de prejubilación se considere como cese involuntario del
trabajador. Esta redacción se acerca al contenido de algunas de las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado, tanto en el Congreso como en el Senado, y pensamos que permite a un número muy importante de trabajadores que se han visto
inmersos en reestructuraciones muy complejas de empresas y que han tenido que suscribir estos contratos voluntarios de prejubilación, acceder a la jubilación anticipada. Creemos que eso constituye un avance respecto al texto que salió aprobado del
Congreso.
Igualmente, saludamos que se haya hecho una nueva regulación y se hayan clarificado el contrato de relevo y la jubilación parcial, porque había lagunas que conllevaban interpretaciones muy diversas y que, por tanto, restaban eficacia.
También nos parece adecuado incorporar que en el cálculo de la pensión las situaciones de incapacidad laboral no sean gravosas para
el pensionista. En ese sentido, pensamos que la aclaración que se hace es positiva.
Queremos hacer especial mención a la disposición adicional decimotercera, que se ha incorporado y que hace referencia a la consideración de familia numerosa, ampliando o cambiando la terminología que salió aprobada en el Congreso, que
hablaba de viudos o viudas con dos hijos a su cargo para tener esa consideración. Se ha cambiado esa terminología por la de las familias en las que uno de los progenitores haya fallecido, porque el concepto de viudo o viuda tiene un contenido
jurídico que hace referencia al matrimonio. Nos parece correcta esa modificación, pero pensamos que es reduccionista, entre otras razones, porque en el debate de los Presupuestos Generales del Estado esta Cámara ha aprobado una enmienda de mi grupo
parlamentario que considera familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos a su cargo, por lo que el hecho de que hubiera fallecido o no el cónyuge o uno de los progenitores no tendría relevancia.
Quiero aprovechar para mencionar otra enmienda que nos parece interesante y a la que también se han referido otros grupos parlamentarios. Se trata de la incorporación de una nueva disposición adicional, la vigésima novena, sobre
jubilaciones anticipadas de funcionarios de policías autonómicas y su equiparación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A este respecto quiero señalar que nuestro grupo parlamentario siempre ha estado de acuerdo con que
se regule la segunda actividad y con que las policías autonómicas puedan tener un sistema de cese del trabajo activo que permita el rejuvenecimiento de las plantillas y que trabajos que requieren una extraordinaria tensión puedan tener unos sistemas
de jubilación diferentes. Hemos compartido esa filosofía, la hemos votado en esta Cámara en algunas ocasiones y pensamos, además, que es el camino adecuado; un camino en el que se debe avanzar con las policías autonómicas, igual que con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con otros colectivos. De lo que está ocurriendo no nos gusta que cada vez que surge un nuevo colectivo se haga una regulación específica. Durante mucho tiempo hemos hablado de bomberos; ahora hablamos
de policías autonómicas; después -imagino- hablaremos de policías locales. Sería conveniente que desde la responsabilidad del ministerio se abordara esta cuestión con la seriedad que merece.
En todo caso, hay una parte de la enmienda aprobada, esta primera, que nosotros compartimos plenamente, y una segunda parte que creemos que solamente ha servido para introducir confusión en un tema en el que podría haber una enorme
unanimidad en esta Cámara: se trata de la parte que hace referencia a la aplicación de los coeficientes reductores. Lo decimos porque de una lectura sin matices se podría interpretar que lo que se pretende, por un lado, es que se aplique la
legislación de los funcionarios y de clases pasivas en lo que es beneficioso y, por otro lado, que el régimen general no se aplique en lo que es perjudicial.
Estamos convencidos de que quien ha presentado esta enmienda no lo ha hecho con esa
intención y que no es lo que persigue, pero en todo caso puede inducir a confusión. Mi grupo parlamentario quiere dejar claro en esta tribuna cuál es nuestra posición sobre una enmienda que en su filosofía compartimos, y así lo hemos hecho durante
mucho tiempo. Pero en el tema de los coeficientes reductores hemos defendido que tiene que haber un sistema de corresponsabilidad de cotización a fin de buscar el mecanismo para que estos trabajadores puedan tener unas condiciones diferentes.
Sabemos también que esta enmienda no se puede aplicar tal y como va a salir de esta Cámara si resulta aprobada. Sabemos que exige regulación con los agentes sociales; exige negociación con las comunidades autónomas; exige esfuerzo de cotización
compartido; exige, en definitiva, establecer que lo que es una voluntad se convierta en un derecho. En el ámbito de los derechos nuestro grupo parlamentario va a estar con las policías autonómicas porque consideramos que es justo que se regule su
situación, pero no queremos que a veces con redacciones que puedan inducir a confusión se intente esconder un privilegio. Derechos, todos; privilegios, ninguno, y para ello lo que hay que hacer es discutir y regular correctamente esta disposición
adicional. Soy consciente de que si sale aprobada corresponderá realizar un enorme esfuerzo de negociación en el que las policías autonómicas contarán, como han contado siempre, con el apoyo de nuestro grupo parlamentario para consolidar derechos,
para tener mejores condiciones laborales, que es lo que nos debe guiar a todos.
Termino mi intervención haciendo mención a una enmienda que aparece en esta ley y que, francamente -y me van a permitir el tono quizá jocoso-, es para nota, que es la de los semáforos en los párquines. Acabamos de debatir la Ley de
Seguridad Vial, y, francamente, eso parece un error, porque en todo caso debería haber ido en esa ley y no en la Ley de Seguridad Social. Al margen de estar de acuerdo, me parece que la técnica legislativa tiene unos límites que no deberíamos
sobrepasar con tanta alegría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Muñoz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, quiero saludar, en primer lugar, a los diversos colectivos que nos acompañan aquí y que representan a organizaciones o asociaciones de viudas y de prejubilados y sindicatos mayoritarios
de las policías autonómicas con carácter integral, es decir, colectivos que podríamos decir que representan a las organizaciones marginadas o preteridas por las disposiciones que configuran el contenido material de esta ley. Compartiendo, desde la
solidaridad, el principio de la preterición de
derechos y marginación que afecta a estos colectivos, siento una particular empatía hacia su presencia, que agradezco por lo que pueda tener simbólicamente de apoyo a las afirmaciones de mi grupo parlamentario.
Señor presidente, estamos hablando de una ley importante, de gran relevancia y de una ley muy mala, para qué vamos a andar con eufemismos o con el lenguaje perifrástico tan al uso en esta Cámara. Es una ley que no resuelve los problemas
relativos a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones; que no prevé una mejora prestacional, sobre todo para los colectivos peor atendidos por nuestro sistema público de Seguridad Social; que no se corresponde con el contenido esencial
que ya ha diseñado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el contenido esencial del derecho prescrito por el artículo 41 de la Constitución, que es el que define el sistema de Seguridad Social del Estado español, y que deja
fuera o extramuros de su contenido los intereses y los derechos legítimos que deberían ser constitucionalmente atendidos, tal y como prevé la jurisprudencia constitucional debidamente.
Los deja extramuros seguramente porque no tienen interlocución,
representantes ni capacidad de movilización para hacer lo que se ha hecho en esta ley, que es algo para lo cual el Ministerio de Trabajo incluso sobraba. Estas leyes y otras antecedentes a la misma han sido elaboradas por cuatro interlocutores
sociales, ni siquiera por todos los interlocutores sociales que ostentan la condición de mayor representatividad sindical, tal como está prevista esta en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Está elaborada en sus propios términos y aprobada, ya
que acabamos el iter legislativo de la misma, por Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme. Para esta forma o metodología de actuación creo que podríamos proceder, desde una perspectiva de austeridad presupuestaria, señor presidente, incluso a
disolver el Ministerio de Trabajo, dada su escasísima aportación, que consiste solo en poner los sellos correspondientes de oficialidad a los documentos que estos cuatro interlocutores sociales sistemáticamente le presentan, que pasan virginalmente
por el ministerio y por las mayorías o la correlación de fuerzas existentes en esta Cámara de forma igualmente inmaculada y virginal. Al final, quien está legislando, mediante una figura que se aproxima mucho a la usurpación de funciones
legislativas, son cuatro interlocutores, que son más representativos, no digo que no, pero es que hay otros más representativos también. Es que ELA tiene también la noción o la condición jurídica de sindicato más representativo por ostentar en la
Comunidad Autónoma Vasca, en el ámbito de las nuevas elecciones sindicales, un mínimo del 15 por ciento y 1.500 representantes electos, y la Intersindical gallega y otros también. Sin embargo, a estos no se les lleva a negociar. No sé dónde se
negocian estas leyes y por qué se hacen tan mal. Se hacen mal seguramente porque la negociación es complicada y estos interlocutores concernidos, que están sustituyendo en sus funciones institucionales al propio ministro de Trabajo y al Gobierno
español, tienen que llegar a acuerdos equidistantes o con una formula razonablemente equidistante que al final se convierten en leyes que no resuelven los problemas estructurales, en este caso, del sistema público de pensiones. Desde esta
perspectiva, tenemos que decir que de nuevo nos vemos nosotros también preteridos como grupo, porque no ha habido interlocución con nuestro grupo y, según sé, tampoco la ha habido con casi ninguno de los grupos parlamentarios, y estamos ante una ley
que va a resolver muy pocos problemas. Es una reforma, por utilizar una expresión amable y no ser tan crítico, que podríamos calificar de discreta en el mejor de los casos, pero que requiere otras reformas posteriores si queremos que el sistema
público de pensiones del Estado español sea un sistema garantizado para el futuro, dados los problemas que gravitan sobre él de carácter demográfico, de carácter económico, etcétera. Y sobre todo es injusta y regresiva. Es regresiva no porque lo
diga yo, sino porque incumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la protección de determinadas contingencias a las que brevemente me voy a referir.
Lo mejor que hemos visto, señor presidente, se ha hecho en el Senado, donde se ha logrado introducir, mediante las correspondientes transacciones políticas, una enmienda que se refiere no a la prejubilación, sino a la jubilación anticipada,
que es otra cosa, de determinadas policías autonómicas, las policías de carácter integral, que tienen competencias en materia de protección de los bienes y personas y en materia de seguridad ciudadana. Pero se ha hecho mediante un adelantamiento
-no sé por qué la portavoz de Izquierda Unida decía que la enmienda induce a confusión- que equipara su situación a la de los miembros y funcionarios de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus propios términos, a los 60 años, como
los demás, como la Policía Nacional, como la Guardia Civil, y sin aplicación de coeficientes reductores, también como los demás, que se nos olvida, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, a cuyos miembros no se les aplica tampoco coeficientes
reductores a los 60 años. El problema de la segunda y tercera actividad es de otra naturaleza, no está vinculada a la problemática de la Seguridad Social, es una situación administrativa especial que puede resolver ciertos problemas, pero no está
vinculada a una equiparación que dimanaría, sencillamente, de los requerimientos del principio de igualdad ante la ley prescritos también por la Constitución, artículos 9.2 y 14.
Con esta enmienda -y me estoy refiriendo a ella con un discurso un tanto nostálgico, melancólico, porque sabemos que nos la van a tumbar, valga la expresión poco forense, señor presidente, en la próxima votación- estamos incumpliendo
requerimientos de legalidad y requerimientos que derivan de acuerdos parlamentarios anteriores. Me voy a referir a varios. La Ley de Acompañamiento del año 2001, en concreto la Ley de 27 de diciembre del año 2001 de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, ya obligaba a la Administración,
mediante los correspondientes sistemas de negociación, a adelantar la edad de jubilación de estos funcionarios de las policías autonómicas equiparándolos a la edad y a los mecanismos de jubilación previstos para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y además invocaba que esto se tenía que realizar en el plazo más breve posible. Repito la fecha: año 2001. Menos mal que se invoca la brevedad, porque desde el año 2001 han pasado siete años y estamos esperando algún tipo de
solución normativa respecto a este requerimiento que es legal, ni siquiera es un mandato parlamentario, es un mandato de derecho positivo, de derecho material, que nos impone o nos obliga a todos. No sé cómo tomarme la expresión: en el plazo más
breve posible, y cómo interpretar el concepto de la brevedad en términos jurídicos o metajurídicos, si es generacional, si es cada trienio, si es cada quinquenio, cada 25 años. Habría que dejar quizá que algún filólogo hiciera una interpretación
colateral respecto a esta cuestión. Pero hay otros dos mandatos que se incumplen en relación con esta materia. Una resolución presentada por nuestro grupo, aprobada en el debate sobre el estado de la Nación el 6 de julio de 2006, obliga a lo
mismo, y yo invoco aquí la teoría de los actos propios. Otra resolución aprobada por el Parlamento vasco impone lo mismo, aprobada también por el Partido Socialista de Euskadi y por el Partido Popular del País Vasco.
Impone lo mismo.
En relación con el problema apuntado, señor presidente, qué decir. Que esta ley ha pasado con más pena que gloria por el Senado, es decir, no se ha resuelto ninguno de los problemas profundos que nosotros ya comentamos cuando se debatió
aquí, en el Congreso de los Diputados. No se han resuelto los problemas de la carencia de legitimidad de origen, que dimana del hecho de que no todos los interlocutores con legitimidad para negociar leyes de este contenido estén en la mesa de
negociación y algunos sean sistemáticamente preteridos, cuando ostentan además la condición de sindicatos más representativos. No se ha abordado el problema de las competencias autonómicas previstas, por ejemplo, en el Estatuto de Gernika en
materia de Seguridad Social en los artículos 18 y disposición transitoria quinta. Es más, por primera vez en la historia del ordenamiento jurídico del sector de la Seguridad Social se incorpora al preámbulo la noción o locución caja única, que es
un concepto absolutamente metajurídico y que impediría en el futuro posibles transferencias impuestas por la Constitución. Esta es una apelación, una invocación clara a los autodenominados a sí mismos partidos constitucionalistas. No se ha
resuelto el problema de las viudas, a las que tanto se refieren, y con tanta solemnidad y prosopopeya, algunos portavoces de los partidos mayoritarios. Se mantiene el coeficiente para calcular la cuantía de la pensión de viudedad en el 52 por
ciento. Yo le recuerdo a la señora López i Chamosa que concurrieron a las últimas elecciones generales prometiendo que este coeficiente para el cómputo de la pensión de viudedad llegaría antes de acabar la legislatura al 70 por ciento de la base
reguladora o de la renta del cónyuge fallecido. No se resuelven tampoco los problemas de los prejubilados, incumpliendo una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario y que obligaba a que a los prejubilados contra su voluntad,
y habiendo cotizado durante 35 años por lo menos, llegados estos a la edad de 65 años, se les elevaría su pensión de jubilación a la propia o a la cuantía de los de su categoría profesional que se jubilaron en activo. En definitiva, no se ha
resuelto nada de lo relevante o se han resuelto muy pocas cosas relevantes; se ha avanzado muy poco; se han incumplido requerimientos de la jurisprudencia constitucional, que nos impone, en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional - con
esto acabo, señor presidente- de fecha 7 de julio de 1987, que las reformas no sean irregresivas, es decir, no se endurezcan, y se hace en la pensión de jubilación. Ya no se puede jubilar una persona con 4.700 días de cotización, ahora tiene que
haber cotizado 5.475. Se incrementa el periodo de carencia; se endurece el acceso a la pensión de jubilación; se incumple la jurisprudencia constitucional; por tanto, nos encontramos con una ley que no solo no resuelve los problemas pro futuro
de la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que sigue manteniendo en la absoluta marginalidad a los colectivos más desfavorecidos, más vulnerables, con menos capacidad de interlocución, y además se incumple el principio de igualdad ante la
ley en relación con determinados colectivos de funcionarios, como son las policías autonómicas de carácter integral. Desde luego, para un viaje de estas características pocas alforjas hacen falta, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Olabarría.
A continuación es el turno del Grupo de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
La incorporación de enmiendas del Senado no ha supuesto la introducción de cambios sustanciales en el texto de la ley. Es cierto que hay alguna incorporación, a nuestro parecer, en términos generales más técnica que de calado, razón por la
cual nuestro grupo parlamentario no va a variar su posición, la que ya adoptamos, primero, en el debate de la enmienda a la totalidad, luego en Comisión, posteriormente en el Pleno: nosotros nos abstenemos y punto. No vamos a avalar la ley. Es
cierto que el apartado tres del artículo 2 incorpora una aclaración en el texto que nos parece positiva -hablo del tránsito en el Senado-, y es que se prevé que el complemento de la pensión de invalidez que perciba el trabajador que es calificado
como gran inválido para remunerar a las personas que le atiendan en ningún caso pueda ser inferior al 45 por ciento de la pensión percibida. Eso nos parece interesante, aun cuando todo lo que se ha aprobado en el Senado, repito, no debamos
magnificarlo ni mucho menos.
También la mejora introducida
en el apartado cuatro del artículo 7 se adapta a lo establecido en el acuerdo social de 2006, en el sentido de que en las cotizaciones para beneficiarios de subsidios asistenciales con 52 años y derecho a la pensión de jubilación la base de
cotización se elevase hasta el 125 por ciento de la misma base de cotización; por ello, es procedente sustituir la referencia al 125 por ciento del salario mínimo interprofesional por el 125 por ciento del tope mínimo de cotización; es más
adecuado. No obstante, dicha modificación, repito, no es más que una mejora técnica y punto. De hecho, incluso en la enmienda a la disposición adicional tercera de la ley se introduce una ampliación retroactiva de sus efectos al 1 de enero del año
2007, es decir que de darse los supuestos especiales contemplados en la disposición, en el presente año 2007 podrán beneficiarse de pensión de viudedad. Nos parece justo, y una medida de retroactividad como esta fue defendida también por nuestro
grupo parlamentario en lo referente a la Ley de prestaciones por nacimiento o adopción -conocida como Ley de los 2.500 euros-, y entonces nos dieron portazo. Es verdad que luego negociamos, pero nos parece que no deja de ser una contradicción que,
puestos en el escenario en el que estamos en esta ley, vale la pena sacar a colación. En la disposición adicional séptima se incorpora la previsión de que el estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los
empleados públicos, que el Gobierno debe presentar en el plazo de un año, deberá incluir la realidad de los colectivos afectados y de forma expresa, tal y como habíamos reivindicado desde hace mucho tiempo, los que tienen como marco de aplicación el
marco estatutario de los servicios de salud.
Nos parece particularmente importante dar apoyo a la enmienda introducida en el Senado por los compañeros del Grupo Parlamentario Vasco por la que se introduce una nueva disposición adicional vigésima novena, que regula, tal como ha salido
ya a colación anteriormente, que los cuerpos de policía nacionales -no los estatales- de Cataluña, de Euskadi o de Navarra puedan tener las mismas condiciones que la policía española. No vemos ninguna razón por la cual se pueda crear un escenario
de agravios justamente cuando hablamos de derechos.
También vamos a votar a favor de las disposiciones adicionales trigésima y trigésima primera, que se enmarcan asimismo en este ámbito de las reformas de carácter técnico que he mencionado. Tal como ha dicho la compañera diputada de
Izquierda Unida, no entendemos qué hace en esta ley la disposición adicional sobre la medida -no salimos de nuestra perplejidad- que busca dotar la salida de los garajes de dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones. No vamos
a rehusarla, votaremos a favor, creo que es de sentido común, pues todos algún día hemos padecido algún susto, sea como protagonistas o como víctimas de la sorpresa. Pero si saliera aquí alguien del Gobierno a explicarnos qué hace esa medida en
esta ley se agradecería puesto que a veces parece como si estuvieran abonados a una cierta anécdota constante.
Para nosotros es importante destacar lo que les hemos repetido ya en diversas ocasiones. Cuando a ustedes les interesa se acercan a la izquierda, a Izquierda Unida y a Esquerra Republicana y, cuando les interesa se van con el Partido
Popular y en este caso también, debo decirlo, con los compañeros de Convergència i Unió. Ya con los precedentes del señor Solbes, que optó por la derecha o el centro derecha para pactar la reforma fiscal, cuando a ustedes les interesa, en ámbitos
como el de la protección social, se van con la derecha puesto que siempre, siempre, les sale más barato. Efectivamente, así ha sido.
Nosotros habíamos planteado la necesidad de dar un verdadero hachazo a la pobreza poniendo a la misma altura del
Iprem las pensiones no contributivas y, después de mucho trabajar, al final, nos lo concedieron -ustedes que teóricamente deberían redistribuir, socializar la riqueza, repartir los beneficios, sobre todo a favor de las clases populares, de las
personas más desfavorecidas- y aceptaron -ciertamente afecta a 40.000 personas- que en el plazo de cinco años aquellas personas que vivieran solas en régimen de alquiler estuvieran protegidas en este ámbito y que se alcanzara en cinco años, repito,
el valor del Iprem. Conseguimos esto, pero ni mucho menos era lo que queríamos. En estos momentos en Europa los sistemas de protección están girando hacia una cierta limitación de los derechos. Las cosas no son porque sí y aunque la
socialdemocracia se ufana a veces de tener buena salud, la verdad es que en Europa corren malos vientos para los sistemas de protección y ustedes, en parte, se han contagiado de ello y la verdad es que ya de entrada orientaron las negociaciones con
el Partido Popular y con Convergència i Unió. Esto no se corresponde con su definición política socialdemócrata ni con la bonanza económica de estos últimos años que ha permitido un superávit en los activos del Estado y, repito, aquí de lo que se
trata es de socializar la riqueza y repartir beneficios y evidentemente son las personas más desfavorecidas las que deberían haber tenido mayores incrementos en esta participación en los beneficios. ¿Cómo se puede entender que en algunos ámbitos
sea más difícil hoy día acceder a la jubilación? Ustedes han recortado, han suprimido del cómputo total de días cotizados los cotizados como gratificaciones extraordinarias y eso significará que la capacidad para jubilarse habiendo cotizado trece
años quedará retrasada. No se entiende. Ciertamente, les ha salido más barato.
Nosotros les hemos empujado para que su frenazo no tuviera la intensidad que ha tenido, pero deben reconocer que, aunque en algunos temas relacionados con la
ampliación de algunos plazos en situaciones de incapacidad, solicitudes de prestaciones, requisitos para adquirir la viudedad, mejoras de prestaciones de orfandad, jubilación parcial, prejubilaciones forzosas anteriores al año 2002, les ha salido
más barato, deberían aquilatar si lo que resulta más barato desde el punto de vista económico resulta también -creo que sí- más caro para el progreso social
y, en definitiva, para la justicia social. Esquerra Republicana de Catalunya solamente se abstiene, no vamos a votar en contra puesto que creemos que hemos hecho la labor que nos corresponde que es hacer que ustedes no den más frenazos,
pero no podemos legitimar con el voto favorable esta ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, llega efectivamente a este trámite final el proyecto de Ley de medidas de reforma en la Seguridad Social después de un recorrido parlamentario largo y después de un proceso de diálogo con los agentes sociales suficientemente largo.
Nos llega una propuesta de reforma de nuestro sistema de la Seguridad Social que responde a la lógica del Pacto de Toledo. Una lógica, la del Pacto de Toledo, encaminada en dos direcciones convergentes: por un lado, tomar medidas que hagan
sostenible en el tiempo nuestro sistema de protección social y, por otro lado, tomar medidas que introduzcan mayor cuota de solidaridad, mayores niveles de equidad en ese sistema de protección social.
Desde esta perspectiva, todas aquellas medidas que hemos impulsado desde 1995 según la lógica de la sostenibilidad del sistema de protección social, o sea, medidas tendentes a preparar nuestro sistema frente al reto del envejecimiento, en el
corto plazo son siempre medidas que van a ser leídas por quienes no tienen esa visión a largo plazo de las necesidades del sistema de pensiones como medidas regresivas. Pero precisamente si hoy el sistema de protección social tiene superávit, si
hoy el sistema de protección social ha ampliado su capacidad de cobertura, si hoy podemos afirmar que el sistema de protección social, que el sistema de pensiones tiene buena salud es por esas medidas de racionalidad en el gasto que desde 1995 se
han impulsado y que han sido compartidas por los escaños del Partido Popular, por los escaños del Partido Socialista, por los escaños de Convergència i Unió y por los escaños de otros grupos parlamentarios. Garantizar el progreso social, garantizar
que el sistema de pensiones sea sostenible frente al reto del envejecimiento implica tomar medidas que en el corto plazo quizá no sean comprendidas por la opinión pública, y eso es valor político y desarrollar políticas responsables y progresistas.
En ese sentido, mi grupo no tiene ningún complejo en relación con las medidas que incorpora este proyecto de ley. Proyecto de ley en el que Convergència i Unió planteó al Grupo Parlamentario Socialista y al propio Gobierno cuestiones que
nos parecía que se debían resolver en el correspondiente trámite parlamentario. Efectivamente, nuestro grupo no solo compartía esa filosofía del proyecto de ley fruto del diálogo social y que responde a la lógica del Pacto de Toledo, sino que
además ha aprovechado el trámite parlamentario del mismo para introducir algunas mejoras sustanciales desde la perspectiva de la equidad en nuestro sistema de protección social. Una primera: incorporación a efectos de la consideración de la
jubilación anticipada del servicio militar obligatorio, considerado como cotizado a efectos de pensión y para poder acceder a la jubilación anticipada. ¿Era esta nuestra propuesta de máximos? Ni mucho menos, pero por primera vez en el ordenamiento
legal español el servicio militar obligatorio va a ser considerado a efectos de pensión para poder acceder a esa jubilación anticipada. Nos parece un avance importante y sustancial. En segundo lugar, mejora de las posibilidades de jubilación
anticipada para las personas con discapacidad, dando respuesta a algunos problemas que se empezaban a configurar en el colectivo de personas con discapacidad intelectual; mayor equidad para las personas con discapacidad intelectual para acceder a
la jubilación anticipada, y mejoras de las pensiones de jubilación anticipada causadas con anterioridad a 1 de enero de 2002.
Nos acompañan diversos dirigentes de los colectivos de prejubilados, el señor Calabia y sus compañeros de Cataluña, a quienes damos la bienvenida.
Seguramente no resolvemos todo lo que queríamos, ni mucho menos, pero por fin damos respuesta a una situación de profunda injusticia que afectaba a cientos de miles de trabajadores jubilados antes del año 2000-2002. Estos días, el señor
Calabia y sus compañeros nos pedían que el Gobierno fuese rápido en cumplir esta previsión legal y que estos pagos se efectuasen lo más pronto posible. Convergència i Unió quiere manifestar que efectivamente es necesario que estas compensaciones se
cobren lo más pronto posible.
Respuesta también al problema de los sacerdotes secularizados, una vieja cuestión que Convergència i Unió ha planteado en esta Cámara desde tiempos del señor Homs, y con esta ley damos otro paso adelante para mejorar la condición de esas
personas.
Mejoras sustanciales en la pensión de orfandad. Mi grupo quería remarcar que precisamente una lucha eficaz contra la pobreza en España hoy exige mejorar las pensiones de orfandad porque, entre otras cosas, en el dibujo de la pobreza se
empiezan a configurar núcleos familiares de familias monoparentales, viudas o madres solteras con hijos a cargo, como nuevo núcleo de pobreza. Riesgo de pobreza en estos colectivos más del 40 por ciento, según la encuesta de condiciones básicas de
la vida de 2005. En este sentido, incrementamos la pensión de orfandad, facilitamos el acceso a la misma en el supuesto de que los padres no hubiesen cotizado y hacemos compatible la pensión de orfandad con el empleo en las administraciones
públicas. También en este mismo sentido de lucha contra la pobreza ampliamos el concepto de familia numerosa, que luego se ha complementado en el trámite de presupuestos, a
una persona viuda con dos hijos. A partir de la entrada en vigor de esta ley, la persona viuda con dos hijos va a tener la misma consideración de apoyo social que las familias numerosas. Se mejora también el nivel de compatibilidad de las
prestaciones por hijo a cargo con el empleo remunerado.
En materia de pensión de viudedad, nos hemos quedado lejos de las pretensiones que teníamos, y queremos agradecer los esfuerzos que nuestra amiga y compañera, la señora López i Chamosa, hecho para mejorar esta ley en muchísimos aspectos,
jugando un papel difícil por su condición de diputada y portavoz del grupo de la mayoría que apoya al Gobierno. Yo creo que coincidimos en que nos hemos quedado cortos en las reformas de la pensión de viudedad en esta legislatura, pero es evidente
que esta ley reconoce la pensión de viudedad para las parejas de hecho, es un hecho relevante, y en el trámite del Senado hemos conseguido, y no es un tema técnico ni menor, mediante una enmienda de Convergència i Unió pactada con el Grupo
Socialista, que esta medida entre en vigor desde el uno de enero de este mismo año. Hay también una petición al Gobierno para que estos pagos se produzcan lo más pronto posible porque hay situaciones humanas difícilmente comprensibles.
Hemos mejorado también el tratamiento a los colectivos con discapacidad, desde su consideración con un grado igual o superior al 65 por ciento a las personas que hayan sido declaradas incapacitadas judicialmente hasta las mejoras que se han
introducido en el Senado sobre el tratamiento del complemento de gran invalidez, garantizando un 45 por ciento en todo caso, una mejora sobre las previsiones iniciales que contenía el proyecto de ley.
También quiero recordar que en materia de parejas de hecho en el Senado hemos mejorado el tratamiento de los países como Cataluña, donde existen legislaciones de parejas de hecho como fruto de la existencia de un derecho civil propio y en el
texto del Senado hemos permitido reforzar que se considere pareja de hecho aquello que el derecho civil de Cataluña establece. Por tanto, es un paquete de cuestiones incorporadas en el trámite en el Congreso y en el Senado pactadas con el Grupo
Socialista que mejoran este proyecto de ley y que nos permiten votar con mucha tranquilidad el mismo.
En el trámite en el Senado también se ha incorporado una enmienda, fruto de una iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco, que pretende garantizar la plena equiparación de las policías autonómicas de Cataluña, del País Vasco y de Navarra con
los policías que dependen del Estado. Vamos a votar a favor de esa enmienda. Somos conscientes de que queda aún un importante camino por recorrer para que eso se haga realidad, pero esta enmienda tiene un alto valor político y jurídico que va a
forzar que el Estado y las comunidades autónomas aborden una cuestión sustancial como es una gestión del envejecimiento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en Cataluña, en Navarra y en el País Vasco son los
principales responsables de la seguridad. No es tan solo una política de protección social de un colectivo de profesionales, sino que es una política integral de seguridad que exige una gestión del problema del envejecimiento.
Termino, señorías. La reforma es importante -es evidente-, pero es insuficiente, y sabemos que en la próxima legislatura tendremos que continuar reformando nuestro sistema de protección social, facilitando que más personas mayores continúen
trabajando, que más personas mayores de 65 años continúen incorporadas activamente en nuestra sociedad y combatiendo los núcleos concretos de pobreza que se sitúan en personas que viven solas -personas viudas o solteras- con pensiones claramente
insuficientes y en núcleos de pobreza infantil, en unidades familiares con hijos a cargo, con sueldos muy bajos, con imposibilidad de acceder a oportunidades. En la siguiente legislatura el Pacto de Toledo deberá ser renovado y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) continuará trabajando para que esta sea una política de consensos y de mejoras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Campuzano.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero saludar a todas las personas que desde las tribunas han querido seguir este debate y de una forma muy especial a las asociaciones que de una u otra manera trabajan en esta área.
Señorías, debatimos por
última vez en este trámite parlamentario las enmiendas que han sido incorporadas en el Senado con el objeto de aprobar definitivamente la ley y enviarla para su sanción y publicación. Por tanto, es el momento de recopilación y de análisis final de
todo un proceso que se inició con el debate con los agentes sociales, que culminó con el acuerdo del año pasado con los mismos y que se ha perfeccionado ahora con la tramitación en las Cámaras incorporando nuevos matices, nuevas inquietudes y nuevas
medidas.
La primera reflexión que quiero hacer es que el Grupo Parlamentario Popular ha contribuido durante todo el proceso de una forma constructiva y razonable a su tramitación, que ha incorporado veinticinco de sus enmiendas y que ha
transaccionado con los grupos otro buen número de ellas, tanto en el Congreso como en el Senado. Es la forma en la que entendemos que tiene que comportarse un partido de la oposición que es alternativa de Gobierno y es también el comportamiento que
esperamos del Partido Socialista, caso de que el Partido Popular gane las próximas elecciones de marzo. Señorías, esto no fue así siempre. El Partido Socialista se abstuvo en la reforma del año 2002, que incorporaba el acuerdo de 2001, teniendo
muchas menos razones que nosotros para hacerlo, pero no todos somos iguales,
tampoco en esto. Por eso, nosotros vamos a brindarles el voto afirmativo, porque aunque no es nuestra ley ni nos satisface plenamente, es un texto que permite avanzar, en este caso de forma timorata, parcial e insuficiente, en algunas de
las necesidades que tiene nuestro sistema público de pensiones, sobre el que ya tenemos que estar pensando en su próxima revisión en la medida en que es un ser dinámico y susceptible de ajustes y retoques permanentes que vayan adaptando sus
preceptos a los inevitables cambios de una sociedad cambiante, a las necesidades de ingresos y de prestaciones, que también tienen que evolucionar. No es nuestra ley, por tanto, no estamos conformes con ella al cien por cien, pero haremos de ella
una estación más en el viaje que la Seguridad Social española tiene que iniciar sin demoras hacia la consolidación de sus bases y la sostenibilidad económica, hacia su adaptación a los profundos cambios demográficos que estamos viviendo y hacia las
nuevas respuestas a los nuevos desafíos en ingresos y en prestaciones que desde hoy mismo entendemos que ya existen.
Desde aquí, señorías, un reconocimiento y un agradecimiento a cuantas asociaciones, colectivos sociales, sindicatos, organizaciones empresariales e individuos a título particular nos han ayudado a modelar nuestra posición, nuestras enmiendas
y nos han motivado durante todo el camino; algunos nos acompañan hoy desde las tribunas. También quiero mostrar agradecimiento a mis compañeros de bancada parlamentaria, porque prácticamente todos se han acercado en algún momento de la tramitación
para hacer alguna apreciación, pregunta o sugerencia, y especialmente a mis compañeros de la Comisión: Lourdes Méndez, Vicente Martínez-Pujalte, José Eugenio Azpiroz, María Eugenia Martín Mendizábal, Miguel Barrachina, Ana Pastor, Julio Sánchez
Fierro, Tomás Burgos, Jesús Merino, Guadalupe Hernando o Juan Morano, porque todos han sido imprescindibles en todo este proceso. Agradecimiento también a nuestros adversarios y, en especial, a Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario
Socialista, y al resto de portavoces de los grupos parlamentarios por su colaboración, a los letrados y también al secretario de Estado de la Seguridad Social, don Octavio Granado, con quien seguro estamos en las antípodas ideológicas, pero con el
que hemos construido y conseguido una relación de confianza y de coherencia con la que se puede trabajar. Sin embargo, señorías, no podemos decir lo mismo del ministro Caldera, ministro que hoy no está aquí, que se comprometió a una cosa que no ha
cumplido en la mañana de hoy y que solo ha venido una vez a la Comisión del Pacto de Toledo en los cuatro años de legislatura y lo hizo para soltarnos un mitin sobre el sistema a quienes precisamente desde el ámbito parlamentario nos ocupamos todos
los días del mismo.
También es el momento del análisis de los elementos esenciales de la ley, señorías, e igualmente de su contexto. Recibimos una Ley de la Seguridad Social con frialdad porque entendimos bien pronto que esta no era realmente una ley de
reforma del sistema, sino más bien un grupo de nueve artículos y algunas disposiciones, todo lo más que fueron capaces de acordar con los agentes para conseguir la firma de todos ellos. Y hay veces que en aras del consenso hay que renunciar a
algunas ambiciones, lo que no tengo tan claro es si en estos casos es más importante el consenso o la renuncia a algunas cosas que un gobierno sabe que tiene que hacer de forma urgente. Sabemos que adoptar determinadas medidas a veces puede dejar
fuera a alguien, pero siempre supimos que aquellas medidas eran buenas para todos. El Gobierno trajo a esta Cámara una ley jibarizada y entre todos la hemos estirado para hacerla adolescente, pero no ha pasado de ahí, no ha llegado a la madurez.
La pregunta que siempre hay que hacerse en estos casos es si esta ley es la que necesita nuestro país en este momento, en un momento de coyunturas, de alarmas demográficas, de crecimiento económico que comienza a deteriorarse claramente en este
final de legislatura. Desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara: no han querido ir más lejos. Señorías, tenían a todos los grupos dispuestos y a las instituciones internacionales demandándoselo; sin embargo, han preferido hacer una ley
de andar por casa, lo cual, por lo que lleva aparejado de desaprovechamiento de una gran oportunidad y una legislatura, no es precisamente lo que cualquiera podría calificar de muy responsable o de muy previsor. No hemos avanzado mucho en las
recomendaciones del Pacto de Toledo, ni en los gastos ni en la vía de los ingresos, lo cual apunta, como decía, a que pronto habrá que abordar una nueva reforma. Por lo tanto, el principal reproche que les puede hacer la sociedad española no es
tanto que se hayan salido de la pista, lo cual no les tranquilizará nada, como que no hayan llegado ustedes a la meta, sobre todo teniendo a todos los grupos, a todas las escuderías -permítanme el símil- absolutamente dispuestas a lograr esta
medida. Es, pues, una ocasión perdida, quizá por la miopía, quizá por la falta de ambición, quizá por el miedo, pero sepan que lo más notorio de esta ley no es lo que incorpora, sino -y es mucho- que lo que podía estar incluido y por tanto
dispuesto a contribuir desde ya a poner las bases reales del futuro de la Seguridad Social se ha pospuesto ad calendas graecas. Es decir, todo lo que se ha dejado de hacer y se hace tarde sin duda genera más problemas y no tienen más que mirar a
nuestro vecino Sarkozy. Para nosotros prevenir siempre es más rentable que curar. Señorías, nosotros los hicimos, recogimos una situación de déficit en la Seguridad Social, la dejamos en superávit y creamos el Fondo de Reserva. Cogimos un
desempleo con el 22,76 por ciento y lo dejamos en menos de la mitad, reduciendo el déficit, y con él la deuda pública, y con ella la inflación y los tipos de interés, a la tercera parte. No sé qué van a hacer ustedes, pero la situación es
preocupante. El desafío demográfico está a la vuelta de la esquina, el crédito demográfico de los años treinta y cuarenta se va a terminar y no hay medidas que aborden esto con seriedad.
La natalidad sigue en cifras anémicas
en nuestro país, el desempleo empieza a despuntar y los últimos datos económicos de inflación, de crecimiento de tipos de interés, son más preocupantes que antes y además está bajando la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, lo
cual complicará el escenario futuro muy pronto.
Señorías, creemos sinceramente que el presupuesto para pensiones para el año 2008 que ustedes han aprobado no crece al ritmo del de 2007 y dudo que pueda hacer frente a las nuevas necesidades en materia de pensiones, salvo, eso sí, que haya
mucha gente que prolongue voluntariamente su vida laboral y para eso esta ley tampoco ha incorporado medidas concretas.
Señorías, nosotros evitamos la crisis del año 1996 y lo volveremos a hacer. Los españoles saben perfectamente en quién pueden
confiar para sostener su Seguridad Social y a quién pueden confiar sus ahorros con garantías. Mientras tanto, ustedes han incumplido su promesa electoral de subir al 70 por ciento la base reguladora de las pensiones más bajas de viudedad, que fue
aumentada por el Partido Popular hasta su situación actual, en torno a un 79 por ciento. Y también han votado en contra de indiciarlas al salario mínimo interprofesional, como apoyamos en esta ley. Las jubilaciones anticipadas ya suponen el 47 por
ciento, casi la mitad de las altas de jubilación de nuestro país, lo cual es también enormemente preocupante. Las jubilaciones parciales se han vuelto imparables y también generan preocupación en la sociedad española. Han montado un lío con los
sindicatos con las jubilaciones parciales de los funcionarios y tampoco han avanzado en los complementos a mínimos. Antes de ser Gobierno, señorías, el Grupo Socialista se rompió la garganta para terminar en 2008 y, cuando lo fueron, se les
quitaron las prisas porque, sin duda, para ellos una cosa es predicar y otra bien distinta es dar trigo. Y aquí estamos, siendo aún injustos con el sistema público de pensiones mientras, según anuncian, existe superávit en los Presupuestos
Generales del Estado. Ya veremos después de los zeta-cheques electorales cómo quedarán las cuentas públicas.
Señorías, tampoco han avanzado ustedes en previsión social complementaria y es un grave error desde el punto de vista filosófico, porque incentivar a la gente al ahorro y motivarla para que complemente sus ingresos es bueno para el bienestar
de los mayores y, sobre todo, bueno para la sociedad en su conjunto. Tampoco han avanzado significativamente en los temas clave de la contributividad y en la equidad de las tasas de retorno de las cotizaciones.
Señorías, al Partido Popular le importa y mucho el Pacto de Toledo, el acuerdo y el consenso. Por eso, desde el inicio de la legislatura les ofrecimos nuestra mano en un ejercicio absoluto de responsabilidad.
Ustedes la rechazaron y
prefirieron acordar fuera de esta Cámara, sin los grupos políticos, utilizando otra metodología, y sin aprovechar al 90 de la sociedad española representada en esta Cámara por los dos grupos mayoritarios. Prefirieron traer textos terminados y sin
consultar, como el de reforma del Fondo de Reserva que se han tenido ustedes que comer por no acordar antes con nosotros. Por eso, han perdido una gran oportunidad en esta legislatura, porque ustedes han pretendido contar con nosotros y con el
resto de los grupos, únicamente cuando querían acordar ...
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Echániz, le pido que vaya concluyendo.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.
Han pretendido contar con otros únicamente cuando querían acordar lo impopular, apelando a nuestra responsabilidad y, sin embargo, anunciando de forma unilateral lo bueno -cuando era fruto del trabajo de todos-, en mítines de Rodiezmo o en
decretos de bomberos, y esa es, sin duda, la mejor forma de cargarse el Pacto de Toledo.
Termino, señor presidente. Entendemos que siguen siendo necesarios los acuerdos, que es necesario seguir desarrollando las recomendaciones del Pacto de Toledo que todavía están vírgenes y que, además, hay que renovar pronto las
recomendaciones en el seno de esa Comisión del Pacto de Toledo para afrontar los nuevos desafíos. En ese sentido, señorías, esperamos poder convocarla el año próximo desde el Gobierno y esperamos de ustedes la misma responsabilidad, seriedad y
coherencia que nosotros les hemos ofrecido en esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Echániz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me van a permitir que dé la bienvenida a los representantes de los colectivos que hoy nos acompañan en la tribuna, con algunos de los cuales hemos compartido en esta legislatura todo el recorrido de esta ley: las
asociaciones de prejubilados, jubilados y viudas. Me van a permitir que nombre al señor Calabia, que hoy nos acompaña, con quien, después de muchas reuniones, ya compartimos amistad, y también a los representantes de los sindicatos de policía, de
la Ertzaintza, de la Policía Foral y -como no- de los Mossos de Cataluña.
Paso, a continuación, a fijar la posición de mi grupo en esta ley. Damos hoy cumplimiento al trámite final de la Ley de Seguridad Social.
Sinceramente, pienso que el Pacto de Toledo es el mayor acuerdo de toda la democracia que todavía hoy
mantenemos. Hemos de felicitarnos todos los grupos porque a lo largo de la negociación de este proyecto de ley todos nos hemos dejado algo y todos hemos incluido algo de lo que reivindicamos en
la ley. Vaya mi agradecimiento para todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios porque, a pesar de las diferencias, hemos podido alcanzar acuerdos.
Seguramente que esta no es la reforma que nadie de nosotros individualmente querría, porque todos hubiéramos ido más allá en una dirección o en otra, pero esta es la reforma posible, la que se deriva de los acuerdos del Pacto de Toledo de
2003, de los acuerdos con los agentes sociales y de los acuerdos de los grupos parlamentarios en esta Cámara.
Desde mi punto de vista, este, que es el acuerdo posible, es el mejor acuerdo. Mejora el tema de la viudedad. Probablemente no como a mí
me gustaría ni como a otros portavoces les gustaría -lo decía el señor Campuzano en su intervención-, seguramente nos gustaría ir más allá, pero esto es hasta donde hemos podido llegar. Creo que avanzamos, porque adaptamos la pensión de viudedad a
la situación actual del país y reconocemos a las parejas de hecho un derecho que no tenían, porque hay gente que lleva muchos años de convivencia y no tenían el reconocimiento de la pensión de viudedad.
A los prejubilados seguramente que no les equiparamos como a ellos les gustaría, pero hacemos un avance importante, les mejoramos la pensión y además se la reconocemos desde el 1 de enero de 2007. Por tanto, hay 500.000 prejubilados que van
a ver mejorada su pensión. ¿Seguramente desearían más? Sin ninguna duda, pero hay que reconocer que esto es un paso adelante en la buena dirección. ¿La ley contempla también medidas de contención de gasto? Sí, como el tema de los 15 años
efectivos o la revisión de la invalidez, y lo hacemos en la dirección de garantizar el sistema. Los que hoy estamos aquí tenemos la obligación de admitir y concretar peticiones de grupos y colectivos, pero también, señorías, pensando en que tenemos
la responsabilidad de que el sistema de Seguridad Social cubra a estos colectivos, cubra a los que han de venir mañana y a los que han de venir dentro de 30 años. Por tanto, está en la buena dirección.
Mi grupo va a apoyar todas las enmiendas que ha introducido el Senado. Hay muchas que clarifican y que mejoran, salvo dos sobre las que tenemos dudas y, evidentemente, no compartimos y que voy a explicar cuál es nuestra posición. No
compartimos la disposición adicional final trigésimo segunda, que es la de los semáforos en los párquines. Tenemos nuestras dudas, les digo por qué, señorías, porque entramos en competencias de las comunidades autónomas y de los municipios. Al
final, si todo el mundo piensa que hay que votarlo, no nos vamos a quedar atrás, pero que sepamos que estamos entrando y mandatando en temas que son competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Sepamos eso y punto. En cuanto al
tema de la jubilación de los policías, nosotros creemos que hablar de jubilación anticipada en general es un error, hay que hablar de jubilación anticipada en colectivos. Compartimos la idea de que los policías no pueden estar con 65 años
patrullando en la calle; sin ninguna duda, compartimos esa idea, pero lo que no compartimos es la forma en que lo hemos introducido aquí, porque genera un agravio comparativo con las clases pasivas, porque cogemos una parte de clases pasivas para
un sistema que no tiene nada que ver con clases pasivas. Ahora, vaya nuestro compromiso y la propuesta a todos los grupos de que, si lo estiman oportuno, convocamos la Comisión del Pacto de Toledo mañana mismo y ahí nos ponemos a buscar la fórmula
de la jubilación para el colectivo de Mossos d'Esquadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral, mañana mismo si quieren, señorías, porque creemos que hay que hacerlo y nuestro compromiso es hacerlo, y lo digo aquí porque yo no me quiero apuntar
ningún tanto, quiero que lo hagamos todos juntos. Porque lo que quiero, señorías, es que el Pacto de Toledo siga funcionando y siga funcionando en esta legislatura y en la próxima. Señor Echániz, si diera la casualidad de que dentro de muchos años
nosotros estuviéramos en la oposición, no dude de que seremos leales con el Pacto de Toledo y con el Gobierno en el tema de Seguridad Social; ya lo fuimos en las dos legislaturas pasadas. Espero que en la próxima legislatura sigamos con los
encuentros que hemos mantenido con ustedes dentro del Pacto de Toledo. Yo siempre digo que uno se acaba haciendo más amigo de aquel con el que discute más, y nosotros hemos discutido mucho, pero compartimos una cosa: garantizar el sistema de
pensiones para hoy, para mañana y para el futuro; y esto es lo que mueve a mi grupo a la hora de hacer esta reforma para este colectivo. En un sistema de pensiones como el nuestro sería una barbaridad hacer cualquier reforma con un grupo
parlamentario, como es el popular, enfrente de otro grupo parlamentario, como es el socialista, porque son las dos únicas alternativas de Gobierno. Pero también sería una barbaridad, señorías, hacerlo frente a los agentes sociales, frente a los
empresarios o frente a los sindicatos, que son los que contribuyen al sistema. Por tanto, creo que lo hacemos bien. Primero, en el Congreso, los partidos políticos; después, los agentes sociales con el Gobierno y, finalmente, como no puede ser de
otra manera, el Parlamento tiene la última voluntad para hacer la ley. Por tanto, señorías, les pido que reflexionen en lo que hace referencia a la disposición adicional de la jubilación de los policías. Convoquemos el Pacto de Toledo mañana
mismo, empecemos a hablar de ello, busquemos la fórmula conjuntamente -todos- que permita a los policías, a la Ertzaintza, a los Mossos d'Esquadra y a la Policía Foral, jubilarse anticipadamente, porque es de recibo que con 65 años no estén
patrullando en las calles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
A continuación, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Solo quiero, en nombre del Gobierno, agradecer a todos los grupos parlamentarios su trabajo y su dedicación en el momento de aprobar esta ley tan importante. La Seguridad Social es de todos. Tenemos, por fortuna, una Seguridad Social
saneada, que permite a los españoles tener garantizado su futuro, y con este texto, sin duda, contribuimos de forma notable a que así sea, al mismo tiempo que mejoramos bastantes aspectos que tienen que ver con la vida de nuestros ciudadanos. El
primer objetivo es el de la sostenibilidad; gracias a todos los grupos parlamentarios por cooperar en el mismo. El segundo, sin duda, es la mejora de determinadas prestaciones que incorpora este texto. Sus señorías conocen muy bien, porque han
trabajo profundamente en ello, que de este modo la protección social en nuestro país aumenta y se incrementa; ello se deriva del acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Se mejora la pensión de jubilación. Se prevén posibles reducciones de
la edad de jubilación de personas con discapacidad; este es un punto muy importante. Se compensa el perjuicio sufrido por los trabajadores jubilados de forma anticipada antes del 1 de enero del año 2002. Hay novedades en relación con la viudedad
que mejoran su tratamiento y que adaptan la regulación de la misma a la familia del siglo XXI. En relación con la incapacidad permanente, se establecen mejoras que afectan a la cuantía del complemento de gran invalidez o al cálculo de la pensión
derivada de enfermedad común. También se mejora el tratamiento que reciben los desempleados. Hay otro conjunto de medidas que mejoran, sin duda, el tratamiento de las familias, empleados públicos, etcétera.
Para acabar, querría hacer referencia a un punto en el que mi compañera de Grupo Parlamentario, la señora López i Chamosa, ha insistido, y es una enmienda introducida en el Senado. Señorías, en el debate en dicha Cámara, se ha introducido
una disposición relativa a la jubilación de los policías autonómicos integrados en el régimen general de la Seguridad Social. Saben que esta es una cuestión compleja, que ha de abordarse examinando con detalle el régimen existente en clases pasivas
y de Seguridad Social, que guardan diferencias importantes, y que ha de combinar las necesidades del sistema que miran claramente a la prolongación de la vida laboral y al mantenimiento de los principios de contributividad y equidad, junto con las
necesidades de la mejora de política de seguridad. Quiero dejar bien claro, señorías, que asumimos el compromiso -lo asumimos- pleno de buscar, con la participación de todos los grupos parlamentarios, a través de la Comisión del Pacto de Toledo, de
los sectores afectados y de los interlocutores sociales, una solución satisfactoria para todos. Pero creo que debe ser en términos más meditados que los de la enmienda aprobada, que plantea serias dificultades, tanto funcionales como de equidad, al
sistema de Seguridad Social. Una vez más, señorías, insisto en que me comprometo, en nombre del Gobierno, a que busquemos entre todos la mejor solución, desde mañana mismo, pero partiendo del acuerdo que ha presidido hasta ahora la aprobación del
proyecto de ley. Definitivamente, quiero agradecer a todos los grupos su buena voluntad, su cooperación y las mejoras que han introducido en esta tan importante ley para todos los españoles.
Gracias. (Aplausos.-El señor Echániz Salgado pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor ministro.
Señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Gracias, señor presidente.
Solamente quiero manifestar que, tras el compromiso verbal en el hemiciclo del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Grupo Parlamentario Popular acepta la convocatoria mañana del Pacto de Toledo para debatir en profundidad esta
cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Echániz.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DEL CINE. (Número de expediente 121/000138.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al punto siguiente del orden del día. Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Proyecto de Ley del Cine.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE CULTURA (Molina Sánchez): Señor presidente, señorías, deseo comenzar mi intervención dedicando el más admirado, sentido y sincero recuerdo al gran personaje de la cultura española que nos dejó ayer, Fernando Fernán
Gómez. (Aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.) En él se concentraban las virtudes de un auténtico hombre del Renacimiento, actor, director, escritor, ensayista, articulista, labores que ejerció con esa indudable maestría que
obtuvo el reconocimiento nacional e internacional. Descanse en paz el autor de Las bicicletas son para el verano; El viaje a ninguna parte o La vida por delante.
Señor presidente, señorías, creo que debe ser un motivo de satisfacción para todos los presentes la aprobación por esta Cámara del proyecto de Ley del Cine. Es una ley que, tras su paso por la Cámara Alta, pondrá el broche final de la
legislatura en el ámbito de la cultura y que supone, a mi juicio, el triunfo de una política de consenso y la demostración de que el trabajo en común es la mejor de las pautas de actuación para armonizar las
distintas posturas y dirimir conflictos. Un consenso que posibilita la aprobación de una norma cuya complejidad técnica va íntimamente unida a su intento de regular y dar satisfacción a tan distintos sectores y ámbitos, como son todos los
que se ven involucrados en la cinematografía.
Veo con satisfacción cómo cuando quedan pocos meses para finalizar la legislatura se han tramitado y aprobado en las Cortes Generales, con un notabilísimo grado de consenso, normas de contenido cultural, como son la Ley de la lectura, del
libro y las bibliotecas; la modificación del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual o la Ley de restitución de los documentos incautados con motivo de la guerra civil, normas a las que debe sumarse el proyecto de Ley sobre reutilización
de la información del sector público, también discutido en la Comisión de Cultura del Congreso.
No puedo por menos que felicitar a los miembros de todos los grupos parlamentarios que han intervenido con espíritu constructivo en el debate y mejora
del articulado desde que el Gobierno aprobara este proyecto el pasado 1 de junio. Desde entonces se ha trabajado mucho y bien en esta Cámara. De las 260 enmiendas presentadas, y hasta la aprobación del dictamen de la Comisión de la semana pasada,
se han aprobado o transaccionado más de 150 enmiendas para introducir las modificaciones requeridas y alcanzar este triple consenso que caracteriza las leyes que regulan aspectos culturales. Por un lado, los acuerdos dentro del muy amplio y variado
sector cinematográfico, que engloba posturas de sus diversas entidades y asociaciones. Por otro, la necesidad de armonizar el texto a la luz de las competencias autonómicas, ya que las últimas reformas estatutarias han traído la asunción de
competencias muy detalladas, dentro de la genérica competencia de cultura, que hace necesaria la armonización de la Ley estatal con las nuevas realidades estatutarias; algo que ha propiciado un tratamiento especial para la producción en lenguas
oficiales de las comunidades autónomas distintas al castellano. Por último, y no menos importante, el consenso con los grupos parlamentarios, que reflejan distintas sensibilidades y posibilidades de actuación ante el tratamiento que deben procurar
los poderes públicos en su relación con el doble aspecto cultural e industrial de la producción cinematográfica. A nadie se le escapa la dificultad de modular y armonizar tal cantidad de intereses tan legítimos y al mismo tiempo tan diferentes,
pero creo que tras su paso por el Senado y posterior aprobación definitiva del proyecto, todos apreciaremos los beneficios de una ley que actualiza y pone al día una regulación que necesitaba renovarse y prever nuevos aspectos no contemplados o
insuficientemente tratados en su estado actual. Resulta fundamental en el proyecto la posibilidad de dejar una puerta abierta que propicie la adaptación de la normativa a las nuevas tecnologías y a los nuevos formatos y es que, aunque a fecha de
hoy las técnicas más avanzadas siguen sin permitirnos ver los sucesos futuros, es muy conveniente contar con una norma que pueda responder a los nuevos retos técnicos que están por llegar y entre los cuales ya podemos entrever algunos que se nos
aparecen como más o menos inmediatos, como es el caso de la digitalización de las salas o de las nuevas configuraciones de pantallas a través del ordenador, teléfono móvil u otros medios.
Quiero resaltar, asimismo, el esfuerzo realizado por los distintos ministerios, que también han sido protagonistas en la elaboración de la norma, y por el Gobierno, que ha manifestado una indudable voluntad en su firme apuesta por el cine.
Me refiero al Fondo de Protección a la Cinematografía, que garantiza financieramente la aplicación de la ley y cuya partida para el próximo año se ha incrementado en los Presupuestos Generales del Estado, siguiendo la memoria económica del proyecto
de ley, hasta 85 millones de euros, lo que supone un aumento de algo más de 18 millones respecto al ejercicio anterior. Sin duda, ello ha de significar un respaldo fundamental para la actividad cinematográfica y audiovisual en nuestro país, que
también se verá reforzada por el fomento de determinados incentivos fiscales, especialmente a través de las agrupaciones de interés económico, capaces de atraer hacia el cine español capitales procedentes de otros sectores y ámbitos económicos. Dos
aspectos que deseo subrayar en esta intervención son la incidencia positiva en la lucha contra la piratería audiovisual, derivada de diversas alternativas y de posibles actuaciones reflejadas en el proyecto de ley, y como algo igualmente
significativo, aunque en otro orden, las medidas que se ofrecen para facilitar el acceso al disfrute de las obras cinematográficas y audiovisuales por parte de las personas con discapacidad física y sensorial.
Finalizo mi intervención haciendo una apuesta firme por el cine como cultura, como vehículo de transmisión de ideas, de sensibilidades y realidades, como preservador de nuestro pasado y nuestro presente, como vehículo cultural, en suma, cuya
industria contribuye al desarrollo económico, a la creación de empleo y a los avances tecnológicos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor ministro de Cultura.
Turno a favor de las enmiendas. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego sigue defendiendo una serie de enmiendas, que nos parece que mejorarían sensiblemente la Ley del Cine, y las voy a enumerar por grandes apartados. En primer lugar,
pensamos que la ley podría mejorar sensiblemente a la hora de definir con mayor corrección y matiz lo que es el concepto de posición dominante. Sin duda, un concepto fundamental para poder defender la independencia real de las productoras, de las
distribuidoras y de las exhibidoras. Hay muchas
fórmulas para poder poner -con artimañas, que la legislación mercantil reputa válidas- precisamente las cautelas o incluso las previsiones en contra de esta posición dominante. Si la ley estuviese redactada en este sentido con más rigor,
sin duda alguna, mejoraría sensiblemente y a esto van destinadas nuestras enmiendas 9, 10 y 11.
Exactamente igual nos parece que en un mundo como el actual, donde el productor independiente se encuentra con un sistema de relaciones económicas donde la posición dominante es siempre muy agresiva, sería fundamental dejar claro el derecho
de reversión al productor independiente de los derechos de propiedad intelectual en relación con prestadores de servicios de comunicación audiovisuales, por lo menos estableciéndolo a partir de los siete años de explotación o de exhibición de su
obra cinematográfica o audiovisual. Algo de esto acontece en el Reino Unido y en Francia. Nosotros destinamos precisamente a aclarar la cuestión de la reversión al productor independiente una enmienda que nos parece fundamental. Igual que nos
parece que no debían de ser dejadas de la mano de Dios precisamente los problemas de las empresas de alquiler y de distribuidor videográfico independientes, en consecuencia con la referencia que hay en el artículo 9 cuando se habla del alquiler
videográfico. Por tanto, que se contemplase en la ley, de una forma mucho más matizada y amplia, a todo el sector videográfico y distribuidor videográfico, que es una forma fundamental de distribución incluso de cine en este momento, sería
importante. A eso van destinadas nuestras enmiendas 15, 26 y 27.
Lo que la ley contempla con una cierta impotencia es precisamente el desequilibrio en la negociación entre distribuidoras y exhibidoras cinematográficas. Creemos que, aunque no se pueda intervenir en la economía de mercado, habría que tomar
por lo menos algunas cautelas que equilibrasen precisamente la relación. No sabemos si lo mejor es, dejando claro que por lo menos las ganancias de las distribuidoras no pudieran superar el 48 por ciento de la recaudación de taquilla, en caso de
que esto se viese imposible, que las copias de los contratos entre distribuidoras y exhibidoras debían de ser depositadas en el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y en la futura agencia estatal. Sin duda, esto serviría,
primero, como acumulación de una información muy importante a la hora de ir al Tribunal de la Competencia.
Asimismo, aunque pueda tener muchos problemas y muchas incidencias, que a lo mejor no podemos calibrar en este momento, está claro que la
comercialización en DVD, en alquiler, venta o a través de nuevas tecnologías, en televisión de pago o abierto, debía de tener unas cautelas importantes hasta que se explotase la obra, por lo menos mínimamente, en las salas cinematográficas, cosa que
la ley tampoco asume.
Por último, nos gustaría hacer hincapié en algo muy importante. Creemos que los operadores de televisión, incumpliendo la inversión anticipada del 5 por ciento, al que están obligados por ley, debían ser contemplados en la Ley del Cine con
un rigor administrativo y punitivo que la ley no contempla. Aquí está uno de sus talones de Aquiles fundamentales al que me quiero referir. Nosotros tuvimos mucho interés en que la figura del productor independiente fuese eso, claramente productor
independiente. Y fuese, además, el destinatario fundamental de las ayudas de cualquier tipo, tanto ayudas a la creación y ayudas a la producción de largometraje, como ayudas posteriores de amortización una vez que está ya la película explotada o en
una primera fase, por lo menos en los largometrajes. Pensamos que el proyecto de ley tal como queda en este aspecto no clarifica suficientemente el hecho de que productoras vinculadas a operadores de televisión no se vayan a poder hacer con muchas
ayudas en un doble aspecto, tanto ayudas a la producción como ayudas a la amortización de largometraje, posteriormente. Por eso quiero recordarles que en el caso de la Unión Europea -que no tenemos que tomar como modelo y que, sin duda, tiene
muchísimas vías de agua que no contemplan o amparan de forma todo lo positiva que debieran el problema de la excepcionalidad cultural- está claro que la normativa de ayudas Eurimage y del programa Media, de la Comisión Europea, se conceden a
productoras independientes de los operadores de televisión, a pesar de que no se preocupen de definir lo que es un operador independiente.
Pensamos que esta ley, a pesar de su buena voluntad, por aquí va a tener una vía de agua muy poderosa, y a
nosotros nos gustaría que esto no aconteciese, pero creo que sí va a acontecer para desgracia, precisamente, de la producción verdaderamente independiente.
Por último, ya definitivamente, quiero decirles que tiene razón el ministro cuando dice que se hizo un especial esfuerzo para consensuar la ley. En este aspecto a nosotros no nos duelen prendas en reconocerlo, si bien es cierto que se trata
de un tímido empeño para lograr que la excepcionalidad cultural -no solamente con lo que tiene que ver con cine español en lengua española, sino sobre todo con cine en lengua gallega, catalana y vasca- sea un instrumento aún muy deficiente y muy
debilitado, pero mejor algo que nada. En este aspecto valoramos muy positivamente las enmiendas que se hicieron transaccionales -algunas de las nuestras- y ojalá que ahora, con el esfuerzo de la Comunidad Autónoma de Galicia, logremos crear un
producto audiovisual, y cinematográfico en especial, que logre que la cultura gallega contribuya también en este sector a un cine específico, diferente, de calidad en lengua propia, que ayude no solamente a la normalización lingüística sino también
al desarrollo artístico e industrial de la cultura gallega. Es un instrumento, vuelvo a repetir, pequeño, seguramente débil, pero sabemos que dentro de lo posible es un sector muy transnacionalizado y con la capacidad política que hay desde la
perspectiva de una economía de mercado, pues se hizo un esfuerzo loable, que esperemos que aún pueda ser mejorado en todos los matices en el Senado. Vamos a apoyar, por lo tanto, el dictamen de la Comisión, y solamente haremos causa de
esa disposición adicional octava nueva, metida con calzador, porque no sabemos a qué viene en una Ley del Cine reforzar más las negociaciones colectivas de ámbito estatal. Esto es, desde una perspectiva nacionalista, inasumible. Nosotros
no lo vamos a aceptar, vamos a votar negativamente esta disposición adicional, que además aquí no pinta nada y que pensamos que es una especie de contribución, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para reforzar más un marco sindical que
nos parece que es muy poco democrático y muy poco atento a la realidad plurinacional del Estado español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Rodríguez.
A favor de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Como se recoge en la exposición de motivos, la actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y economía.
Como manifestación artística y expresión creativa es un elemento básico de la entidad
cultural de un país. Esta máxima, que efectivamente se recoge en la exposición de motivos, algunos países la han entendido históricamente muy bien, otros no tanto y cada día padecemos sus consecuencias al no haber entendido lo que significa el cine
para un país, para su cultura. Este proyecto se centra especialmente en la cuestión económica, en torno a porcentajes o exigencias económicas de cuya importancia no dudamos. Pero deja a un lado clamorosamente las importantes relaciones culturales
que al cine y a lo audiovisual se le reconocen, como decía en su exposición de motivos. Por eso mi grupo parlamentario se abstuvo en el debate en Comisión y hoy mantiene determinadas enmiendas que pretenden alterar este enfoque.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya echamos profundamente de menos en esta ley una figura que viene siendo excluida sistemáticamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Un momento, señora Navarro.
Señorías, les ruego silencio porque es imposible para la persona que está en la tribuna desarrollar su intervención con normalidad. Por eso les pido silencio.
La señora NAVARRO CASILLAS: Hablaba de una figura que viene siendo excluida sistemáticamente de la ley: el espectador del cine, el público.
Cualquier proyecto de ley ha de tener en cuenta no solamente los intereses de los profesionales
del sector que Izquierda Unida ha defendido con pasión y fervor, que son fundamentales, sino también al público que acude al cine y sobre todo al que ha dejado de acudir ante la banalización de la cartelera. Tener en cuenta al público significa
incluir criterios cualitativos y no solo cuantitativos. El cine y el resto de expresiones audiovisuales no solamente son un importante motor económico de nuestra sociedad sino un elemento de nuestra entidad cultural y, como es obvio, muchas veces
los criterios culturales no pueden reducirse a meros porcentajes numéricos, al número de entradas vendidas. Para establecer criterios culturales es necesario consensuar una serie de medidas de carácter cualitativo, entender que una película es ante
todo un bien cultural y que el indicador cuantitativo de la taquilla no puede ser el único medio para medir la bondad de un título.
El rendimiento de taquilla -los aquí presentes lo sabemos muy bien- está muy condicionado por la publicidad que se
le da a una película y no tanto con la calidad de la misma. A nadie puede escapársele que año tras año las películas más taquilleras suelen ser de más que dudosa calidad y que tampoco suelen engrosar las alforjas del acervo cultural de un país, a
menudo son productos de consumo rápido y más rápido olvido. Sin quitarle legitimidad a este tipo de cine, tampoco podemos pedirle a nuestra industria cinematográfica que todas las películas que se realizan estén destinadas a pasar por el filtro
consumista y eso es lo que muchos le quieren pedir. Desde Izquierda Unida no estamos dispuestos. En sintonía con esta reivindicación hemos logrado la introducción de una enmienda que, si bien ha pasado desapercibida por los medios de comunicación,
nos parece del todo relevante, y es el fomento y apoyo de los cines municipales donde se puedan ver películas que o no llegan o poco duran en los cines comerciales. Y que se promueva el cine de calidad a través de estos cines municipales en sus
diversas expresiones, que se fomenten los debates, el cinefórum y el pensamiento crítico en torno a esta actividad cultural, que acerque el cine de calidad a los ciudadanos.
Otro olvido de la ley: los trabajadores del cine. Detrás de un director aclamado, detrás de un actor muy famoso para el público hay miles de trabajadores -incluidos actores- de la industria cinematográfica que desarrollan su trabajo en
pésimas condiciones, en absoluta precariedad y sin representación sindical reconocida. Dos disposiciones que hemos introducido tratan de frenar esta situación y acoger las reivindicaciones del sector, al que quiero saludar porque una representación
del mismo se encuentra aquí presente, con nosotros, atentos a este debate. Una de las disposiciones será de aplicación inmediata y otra emplaza al Gobierno a realizar un estudio de esos que tanto le gustan al Grupo Parlamentario Socialista,
impulsados por el Gobierno. Nosotros apostamos por que ambas disposiciones sean instrumentos útiles para mejorar las condiciones de trabajo de este sector, y ese ha sido el objetivo de nuestras enmiendas y el objetivo de los acuerdos alcanzados.
En esta línea de defensa de los derechos de todo aquel que desempeña su trabajo en el sector del cine y en el audiovisual, hemos logrado una modificación de la definición del personal creativo, que incluye a los actores y demás artistas del sector,
también importante.
Señorías, desde las instituciones públicas y desde el desarrollo de una ley como esta, no debemos obviar algunos de los siguientes datos. Uno, la cobertura en el territorio nacional de salas de cine que proyecten películas en versión
original. Son apenas cinco o seis las ciudades en todo el Estado español donde se puede disfrutar de películas en versión original. Hemos presentado enmiendas para que esto se modifique, para que los ciudadanos puedan acceder a ver las películas
en su formato original, en versión original, que es lo que están demandando. De hecho, muchas de las películas que se bajan por Internet -de manera ciertamente ilegal porque se trata, según las sentencias, de obtener un lucro- normalmente es porque
los ciudadanos quieren ver películas en versión original que de otra manera no pueden ver. Hay que garantizar el acceso de los ciudadanos a estas películas en versión original. El doblaje, históricamente, fue una herramienta utilizada por las
dictaduras fascistas europeas para censurar los contenidos que no interesaban. Para colmo de las incoherencias, el principal país en recaudación cinematográfica, Estados Unidos, pone muchos problemas para que las películas extranjeras se doblen al
inglés en su territorio; por algo será, señorías, por algo será. De igual forma, se debe exigir a las televisiones y especialmente a la televisión de todos, a la pública, que predique con el ejemplo permitiéndonos ver películas en versión original
subtitulada, con formato de exhibición y sin cortes publicitarios. También una mayor implicación en el cine y, por tanto, se deben incrementar los porcentajes, como hemos pedido, que se establecen para la promoción del cine y del sector audiovisual
a los operadores de radiodifusión. El legítimo afán de ganancia económica por parte de los operadores de televisión no puede vulnerar el derecho a la integridad de la obra artística y al de los espectadores, como digo, a percibir en condiciones una
película. Una sociedad sana, cinematográfica y culturalmente hablando, debe exigir a los sectores del negocio cinematográfico que nos permitan el acceso a las principales películas del año que se han destacado en foros y festivales de cine, porque,
señorías, no existen solamente los Oscar, existen muchos festivales y después los ciudadanos no pueden acceder en la mayoría de las carteleras del Estado español a esas películas que se premian en festivales. Una buena ley del cine debería cambiar
esa situación. Se hace necesario conjugar la película llamada a ser un éxito económico con la que obtiene el reconocimiento especializado, porque, de lo contrario, la cuesta abajo cultural de nuestra sociedad parece inevitable. (El señor
vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)
Con las modificaciones históricas operadas hemos pasado de la concesión de ayudas a priori, sobre proyecto, a las ayudas a posteriori, que bendicen el rendimiento en taquilla. Entendemos que la concesión de ayudas a priori conlleva el
siempre espinoso tema de la formación de los comités de expertos, pero entendemos igualmente que es la única manera de que el dinero público pueda financiar títulos de calidad, apostar por la cultura. Como digo, no se trata de excluir determinados
títulos de la industria norteamericana, sino incluir películas de otras partes del mundo, como el cine español, sin duda más preocupado por el naturalismo cinematográfico y la problemática social que el cine del amigo norteamericano. Por eso, el
ICA debería apostar por este tipo de mecanismos y por eso esta ley debería promover la importante lista de buenos cineastas con los que este país cuenta. También debemos luchar contra los contratos abusivos que padecen los exhibidores; la
posibilidad de acudir al Tribunal de Defensa de la Competencia es inocua. Izquierda Unida proponía otras medidas para acabar con estos contratos leoninos que se padecen por parte de los exhibidores y ninguna de las medidas propuestas ha sido
aceptada por el Grupo Socialista. El amigo norteamericano seguirá vendiendo e imponiendo su modelo cultural a través de los paquetes de películas de cine.
Otra de las medidas que se proponen, que ha sido también rechazada, es la de una agencia pública de gestión de derechos de autor, aprovechando la Ley de agencias que se ha aprobado en esta legislatura; entendemos que se debe asumir como
servicio público la protección de los derechos de propiedad intelectual en todos los ámbitos, esto es, que los servicios que hoy presta la SGAE se presten por una agencia de carácter público y no residan en manos privadas. También entendemos
fundamental que se incida en la formación de los públicos cinematográficos exigentes y para eso presentamos innumerables medidas. Y por supuesto, celebramos que se hayan incorporado al texto nuestras demandas de accesibilidad universal para que
incluso las personas que van en silla de ruedas puedan asistir al cine.
Señorías, Fernando Fernán Gómez en un artículo titulado El final de algunas utopías, dijo: Quizá sea exagerado hablar del fin de las utopías así, en términos generales, absolutos; sería más preciso referirse al final de algunas utopías
porque otras, pese a la trascendencia de los últimos acontecimientos históricos, siguen vivitas y coleando. Señorías, un sueño, una utopía, un homenaje; que las salas de cine españolas estén repletas de público que quiere ver cine español, que no
sea una utopía.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Navarro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente porque el grado de consenso alcanzado entre todos los grupos políticos, especialmente con mi grupo que ha visto reflejadas la mayoría de sus enmiendas en el texto que se presenta al Pleno, es muy grande. Es satisfactorio
dados los complejos inicios del
anteproyecto, que finalmente llegó de una manera un poco más encauzada y en el que se han podido introducir matices por parte de todos los grupos y se han podido cohonestar diferentes intereses, lo cual es una virtud muy importante de esta
ley. Era muy importante no romper ningún jarrón, con intereses muy contrapuestos, indudablemente. Se ha mantenido un equilibrio y esperamos que pueda servir también de trampolín para la industria audiovisual. Digo industria porque uno de los
intereses de mi grupo ha sido subrayar, junto al carácter cultural que tiene esta actividad, su vertiente industrial, que quisiéramos que fuera profundizando cada vez más porque tiene que ser un motor económico cada vez más importante, esperamos que
siga profundizando en el futuro de nuestra economía. En ese sentido, las medidas que se han tomado de fomento de la producción independiente y de la industria nos parecen interesantes, así como la futura ampliación del sistema de garantías
bancarias, etcétera; ahí se han dado pasos interesantes. Por otra parte, también es cierto que el ámbito estrictamente cultural -cultura es diversidad, evidentemente, y esa diversidad cultural también existe en este país- debería verse reflejado
en esta ley. Finalmente, se ha conseguido en gran medida a nivel competencial, donde que se planteaban una serie de enmiendas. En el caso de algunos estatutos recientemente renovados era más ostensible porque se había hecho una mención a unos
títulos competenciales más precisos sobre estas materias. Creo que ahí se ha avanzado, pero también en el ámbito de la diversidad cultural en lo que respecta a la aportación económica por parte del Estado para que la producción audiovisual no se
restrinja únicamente al castellano, sino que sea impulsada también al resto de las lenguas oficiales del Estado.
Paralelamente quedan vivas dos enmiendas de nuestro grupo, una de ellas se ve reflejada en la transaccional que va a ser presentada por los socialistas, que hace referencia a la nueva agencia y a una presencia de las comunidades autónomas.
Esto debería ser objeto, si es posible, de una mayor precisión en el ámbito del Senado. No es tan necesario hablar de una presencia genérica de las comunidades autónomas como de que aquellas que tienen lenguas oficiales diferentes del castellano
puedan tener una representación en la agencia y puedan ser oídas las perspectivas que ellos puedan aportar. En cualquier caso, nos parece que la transaccional que se va a presentar en cierto modo es un avance porque precisa algo -antes no se
precisaba nada- del contenido de la futura agencia. La otra enmienda que mantenemos viva es la referente al artículo 22, a fin de que no se limiten a los largometrajes las ayudas previstas en ese artículo.
Quisiera señalar también que mi grupo va a estudiar de cara al Senado -lo conoce también el Grupo Socialista, el grupo mayoritario- algo más técnico que de contenido estricto respecto a esas cantidades que el Estado va a aportar para la
promoción de lo audiovisual en lenguas diferentes al castellano a lo que en los presupuestos de otras comunidades autónomas se hace una referencia mediante convenio. Como es conocido, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca el sistema de
concierto tiene sus propias especificidades y vamos a ver si quizá esta especificidad técnica pudiera verse reflejada de una manera más concreta en el trámite del Senado. En cualquier caso, en cuanto al contenido de esta adicional sexta y el
artículo concordante, estamos de acuerdo.
También tengo que hacer una mención, porque ha sido la posición de mi partido en cualquier otra ley que se ha discutido en el ámbito de las Cortes, a la nueva disposición adicional octava que hace referencia al convenio colectivo sectorial
de ámbito estatal. Mi grupo siempre ha defendido que los convenios colectivos deben tener un ámbito geográfico, en concreto el de la Comunidad Autónoma vasca circunscrito a esta. Por tanto, no podemos manifestar nuestro apoyo a una disposición, no
por el contenido del resto y el objetivo loable de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero creemos que si se hubieran suprimido esas dos palabras, de ámbito estatal, hubiera podido concitar un apoyo más unánime de la Cámara en este punto
al que no nos podemos sumar.
También quisiera hacer referencia, señor presidente, a que en el guión que se ha pasado a los portavoces parlamentarios no figura como votación separada, pero quisiera que en este momento así se hiciera constar por parte de la Mesa para que
el resto de los portavoces lo conocieran.
También a la disposición final tercera, sobre los títulos competenciales habilitantes para el articulado de esta ley, mantenemos algunas discrepancias y nuestro grupo desea abstenerse en ese punto concreto.
Por último, deseo mostrar nuestro apoyo al conjunto de la ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Esteban.
Se toma nota de su petición de votación separada.
Para la defensa de las enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ver un asesinato por televisión pudiera contribuir a descargar los propios sentimientos de odio. Si uno no tiene sentimientos de odio los podrá obtener en la pausa publicitaria. Este punto de vista tan sarcástico viene a ser una
metáfora aproximada de la relación histórica entre el cine y la televisión que grosso modo viene a decir que el cine es arte y que la televisión es comercio. Ustedes saben perfectamente que ni todo el cine es arte ni toda la televisión es comercio,
pero me permitirán que hayamos hecho referencia a todo ello cuando vamos a votar esta ley para contrastar algunos aspectos de su contenido de confrontación entre el cine y la televisión, lucha por definición, por la audiencia, por los derechos,
etcétera. No está de más decir, por otro lado, que esta lucha cada día es más inútil, ya que ambos medios -aunque hay quien no quiere reconocerlo- están fusionados tecnológicamente y deben reconocerse mutuamente el espacio vital y
compartido. Pues bien, la nueva Ley del Cine español no tan solo está al margen de todo ello, sino que quizá hoy saldrá, pero hemos podido oír de fondo un suave rumor de sables parabólicos. Han sido diversas las fuerzas que han participado en esta
reciente pugna entre cine y televisión. Por ejemplo, Fapae ha estado de acuerdo con algunos puntos de la ley, por aquello de más vale pájaro que ciento volando. Su actitud conservadora se corresponde con la que mantienen respecto a la Comunidad
Autónoma de Madrid, que no teniendo una política cinematográfica de calado, disfruta de una cordial moratoria por parte de la Federación de Productores a la hora de exigirla. Eso no deja de ser curioso, dada la circunstancia de que es precisamente
en Madrid donde se concentra el mayor volumen de producción estatal. Como en toda película que se precie, hace falta un malo, y quien hace de malo aquí es Uteca -y lo es-, con su predominio mediático, su arsenal de audiencias, su capacidad
inversora y la larga mano para condicionar al Partido Popular y al Partido Socialista. Uteca asusta y su objetivo ha sobrevivido a todas las enmiendas, incluso a la nuestra, a la republicana, la 168, para pasar del 5 al 6 por ciento y que todo lo
aportado por las televisiones vaya al fondo del ICAA, y no como ahora que compensan el 5 por ciento obligatorio con desgravaciones fiscales; dicho en términos populares, hecha la ley, hecha la trampa, y cuantas más plusvalías mejor.
Se ha desperdiciado una vez más una buena ocasión para actualizar la industria cinematográfica, pero lo más grave es que el proyecto de la ex ministra Calvo ponía en evidencia que el Gobierno tomaba partido descaradamente por una de las
grandes partes -a las que antes aludía- en litigio. En la batalla de fondo entre el cine y la televisión, sin duda el Gobierno ha sido cautivo de Uteca y de su presión por el dominio audiovisual. ¿Era necesario plantear un borrador de ley tan
decimonónico, cuando lo que le pedimos a la ministra -recuerden ustedes la moción que aprobamos aquí por unanimidad todos los grupos parlamentarios, a instancias de Esquerra Republicana, antes de que se presentara la ley- fue que nos trajera una ley
que diera respuesta a la plurinacionalidad y pluriculturalidad del Estado? Le pedimos a la ministra que diseñara una ley que integrara las necesidades del sector cinematográfico, especialmente de los productores independientes. Le encargamos una
ley que integrara los elementos clave de la evolución tecnológica y que creara una agencia que armonizara las complejas características de subvención y control que exigen la globalización del mercado cultural y su sincronización con las culturales
plurales del mundo, a las que el Estado español aporta una reconocida riqueza y variedad nacional. Esta Cámara le encargó a la ministra Calvo un estructurado plan, un plan Renove de la industria cinematrográfica española. La ministra Calvo ya no
está aquí; la ministra Álvarez, sí, pero por suerte ella no es ministra de Cultura.
Como saben, Esquerra Republicana presentó una enmienda de totalidad, porque además el texto adolecía del respeto exigido competencialmente por el Estatut. Al final hemos salvado los muebles -se lo hemos reconocido al ministro, gracias
también a su buena predisposición-, pero solo los hemos salvado. Mantenemos vivas las enmiendas 176, 177 y 178, porque cuestionamos el soporte constitucional al cual se acogen ustedes. Ahora esto es harina de otro costal. Vamos a ver cuánto y
cómo evoluciona y qué ocurre con el Estatut. Por eso, entre todos, gracias al Fondo para el fomento de la producción, distribución y exhibición de las obras cinematográficas y audiovisuales en las lenguas cooficiales, complementario al existente y
pactado después de arduas negociaciones, hemos conseguido desbloquear esto, pero el problema, el conflicto, subsiste, y ya que subsiste, nosotros mantenemos las enmiendas de carácter competencial relacionadas con el soporte constitucional de la ley.
Y en este aspecto no actuábamos -como en otros contenidos de la ley- de forma aislada. Esquerra Republicana se reunió con el sector cinematográfico de Cataluña y les pedimos su opinión, y expresaron no su indignación -cierto-, no su protesta, sino
su desazón ante el arcaico contenido del mismo. Del corte y pega de la ministra Calvo, con una gran esfuerzo por parte de todos, hemos llegado a una ley que apunta maneras, cosa que hemos reconocido a raíz de la predisposición -a la que antes he
aludido- del actual ministro, señor Molina. Nos comprometemos a colaborar en su despliegue, pero, no nos engañemos, es una ley timorata con la realidad pluricultural del Estado español. Hay que ser claros. Hay que proclamarlo y hay que hacer
pedagogía de ella. De ahí viene el mantenimiento de las enmiendas 162, 170 y 171, porque no tiene ningún sentido que Cataluña, por ejemplo, no pueda emitir certificados de nacionalidad catalana de un producto cinematográfico complementario -repito,
complementario- de la certificación de nacionalidad española del mismo producto. Las enmiendas números 170 y 171 dan un nuevo hervor a esta voluntad plurilingüística de la ley y por eso las mantenemos, reconociendo el mérito de los acuerdos
alcanzados.
Es cierto que la Ley del Cine ha llegado al punto en el que está porque está usted, señor Molina. Usted no ha perdido los papeles; de hecho, no pierde ni los que no son suyos, ya sabe usted a qué me refiero, a los papeles de Salamanca.
Queremos que el cine en el Estado español sea competitivo, pero no ha de serlo a cualquier precio. Hemos de actuar como se intenta con la televisión. Reconocemos que se están haciendo grandes avances respecto a una nueva concepción de lo que debe
ser el mundo de la televisión en el Estado español para que se cumplan los principios de servicio público en materia cinematográfica. Se denuncia que es un sector demasiado fragmentado. Pues hay que potenciar su
concentración racional sin abrir las puertas al monopolio. Atención a esto. Se acusa de debilidad financiera al tejido mayoritariamente PYME de las empresas. Pues la agencia debe crear un sistema financiero adecuado y velar para que la
tensión económica no condicione la creatividad y, evidentemente, tampoco la competitividad. Señores diputados, el factor más importante en la creación de ideas artísticas y su posterior desarrollo y explotación es el tiempo. Y la cultura de las
distintas naciones del actual Estado no debería quedar en manos de otra cultura dominante porque ésta nos va a imponer su rentabilidad.
Vamos a dar un sí a la ley -un sí matizado, pero un sí-, aunque anunciamos nuestra firme resolución de seguir en la brecha defendiendo la idea de que el futuro del cine está en los creadores individuales y colectivos, en la universidad, en
las escuelas de cine, en los productores independientes, pequeños, medianos o grandes, en el control del uso del espacio radioeléctrico por parte de las cadenas de televisión y en la implicación de las mismas en la promoción y difusión de nuestro
cine, en el control que evite el monopolio allí donde se pretenda ejercer, en la regulación laboral que impida el mileurismo oportunista y en la integración del discurso creativo del cine en las nuevas tecnologías.
Todo ello, evidentemente, dentro
de un marco y de una concepción multicultural del Estado español.
Voy terminando, señor presidente. Está por ver cómo se concreta la participación de las comunidades autónomas en la nueva agencia. Nosotros sometemos a votación dos enmiendas, las números 174 y 175, que persiguen una agencia de carácter
federal. Se nos ofrece una transaccional que aceptamos, pero es una transaccional solamente para ir tirando. Vamos a ver cómo queda esto. No queremos que el Parlamento pierda de vista la transformación del ICAA en agencia. Ya les anuncio que
Esquerra Republicana de Catalunya, atendiendo a los avances a los que aludí anteriormente respecto a Radiotelevisión Española y al gran centro que se va a crear en Madrid, propone que la Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales esté ubicada en Barcelona por su tradición cinematográfica y por el auge de la industria de lo audiovisual en la capital de Cataluña.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Tardà.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señorías, señor ministro, les anuncio que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente esta ley. Una ley que empezó mal, que empezó con una falta clara de
consenso con el conjunto de los agentes del mundo del cine. Había un importante disenso entre las televisiones, los productores independientes, los exhibidores, los distribuidores y los actores, elementos claves en el mundo del cine, y también con
los técnicos que aportan creatividad y calidad. Dijimos en aquel entonces -y estamos satisfechos de haber resuelto esta situación- que no se podía hacer una Ley del Cine contra el mundo del cine y que se exigía un mínimo de consenso para llevar
adelante una ley. Esto se ha resuelto con el esfuerzo de todos: los sectores, los agentes, que han renunciado a parte de su voluntad y del Gobierno. Está aquí la vicepresidenta, que aportó elementos clave en este tema, y después usted, señor
ministro, ha acabado también -antes lo ha dicho el compañero Tardà- buscando consensos.
Había otro problema grave cuando empezó a tramitarse esta ley, la invasión competencial. Esto no lo defendía solamente un grupo catalanista de esta Cámara, sino que el Institut d´Estudis Autonómics hizo un informe completísimo donde,
dándole un titular cinematográfico, decía que era una invasión competencial por tierra, mar y aire. Esto creó problemas y originó nuestra enmienda a la totalidad. Tengo que decir que, tanto por parte del ministerio como del Grupo Parlamentario
Socialista en la Cámara, se ha hecho un gran esfuerzo para resolver este y otros temas que luego iré comentando. Es cierto que la invasión competencial se resolvió con un conjunto de enmiendas. Es una lástima -lo he dicho en esta Cámara y lo
vuelvo a decir- que cuando nos encontramos con una ley que invade competencias, como ya nos pasó con la Ley del Libro, presentamos enmiendas, las pactamos con el Grupo Parlamentario Socialista y con el ministerio y la ponemos en competencia. Es una
lástima. Estoy seguro de que en el futuro no ocurrirá, porque todavía en este caso había la pequeña excusa de que la invasión era sobre todo respecto a dos estatutos nuevos, el de Cataluña y el andaluz. La invasión existía con estos dos estatutos
y no era solamente porque los catalanes siempre estamos con lo mismo, sino que era una invasión respecto a dos leyes orgánicas aprobadas en esta Cámara. Por tanto, había que resolverlo y se resolvió.
Conseguido este mayor consenso, con todos los matices -repito- y renunciando todos a algo, hemos llevado adelante una ley que claramente es mucho mejor de la que llegó y que, sin resolver la problemática global que tiene el sector del cine
en este país, resuelve bastantes aspectos que nos parecen determinantes. Por eso damos nuestro apoyo claro a esta ley. Nuestro grupo presentó 25 enmiendas, aparte de la enmienda a la totalidad que se resolvió después y que retiramos a partir de
los acuerdos a los que se llegó en el sentido competencial, de las cuales solamente están vivas prácticamente en su totalidad dos, que son de tipo fiscal, de defensa del sector desde la óptica de la fiscalidad. Hemos conseguido, por la vía de la
aceptación del Gobierno, del Grupo Parlamentario Socialista y del ministerio o bien por transacciones, resolver todos los problemas que teníamos respecto a esta ley. Repito que quedan dos
enmiendas, que siguen vivas para su votación, que tienen una función muy clara: mejorar la fiscalidad del mundo del cine, porque nos parece otra fórmula clara de ayudarle y por eso se mantienen. Ha habido un conjunto de soluciones, de
enmiendas aceptadas y transaccionadas que resuelven temas determinantes para nosotros para la aprobación de esta ley. Seis de las enmiendas aprobadas resuelven los temas competenciales. Esquerra Republicana mantiene dos enmiendas de tipo
filosófico, que compartimos y que también apoyaremos, pero se ha resuelto la invasión competencial por las incorporaciones a la ley en el sentido de respetar las competencias que tiene la comunidad autónoma. Se ha resuelto el elemento competencial
y a nosotros eso nos da tranquilidad, aunque entendemos que Esquerra Republicana siga defendiendo el fuero que de alguna forma existe.
Se han aprobado tres enmiendas en la línea de facilitar la accesibilidad al mundo del cine por parte de las personas con discapacidad, en cuanto a la exhibición del cine facilitando estos mecanismos. Nos parece un elemento clave. Después
también hay una enmienda que ha resuelto dos o tres cosas al mismo tiempo. Respecto a la invasión de competencias se discutía sobre el fondo, solicitando la territorialización del Fondo de ayuda a la promoción del cine. Como grupo entendíamos que
era un error, pero si había la invasión competencial no tenía solución este tema. Ha habido una solución imaginativa por parte de todos para evitar la territorialización del fondo que ha sido un error -lo comenté en público y en privado-, pero al
mismo tiempo hemos creado algo que nos parece muy positivo, que es un Fondo específico para el cine que se hace en lenguas oficiales distintas del castellano, con lo cual ocurren varias cosas. Una es que se compromete a los gobiernos autonómicos a
poner dinero. Ya lo hacen en parte, pero ahora sabrán que todo el dinero que pongan, hasta un tope, será también puesto por el Estado. Por tanto, el cine de este país, en el conjunto de lenguas de este país, tiene más dinero, más soporte y, por
tanto, hemos salido ganando todos. Ha salido ganando el cine producido y emitido en catalán, en vasco y en gallego y, además, se va a una fórmula -el Estado autonómico va en esta línea, lo hacemos en otros sectores, en la Ley de Dependencia también
lo hemos hecho- en la que ponen dinero los gobiernos autonómicos, pone dinero el Estado y ampliamos el fondo de todos con este fondo complementario, con lo que se reconoce el esfuerzo y la aportación que hacen al cine de este país Cataluña, el País
Vasco y Galicia. Este es un elemento claramente positivo de la ley.
Hay otras cosas que también nos preocupaban y esta ley, como mínimo, interviene y busca fórmulas. El cine en este país, entre otras cosas, tiene un grave problema con la piratería, con la piratería que empieza con la grabación en las salas
de exhibición. La ley contempla este tema, le da armas al exhibidor, sin exigirle que haga de policía y le da medios para evitar esta piratería. Aunque quizá no podemos evitar que venga vía Internet, etcétera, de alguna forma evitamos la grabación
pirata de una película en una sala de exhibición y damos mecanismos para que el cine se pueda defender ante esta agresión de la persona que la única voluntad que tiene es aprovecharse del esfuerzo creativo, económico, etcétera, que hay detrás de
cada película. Este aspecto me parece un elemento positivo, aunque creo que en este tema tendremos que trabajar más porque aquí tenemos dificultades.
Hay otro elemento fundamental que hemos conseguido introducir en esta ley que en una proposición no de ley propuesta por nuestro grupo fue aprobada por unanimidad, que es la promoción del cine en estreno por parte de las televisiones. En la
ley se habla de las televisiones públicas -y se llegará a acuerdos también con las privadas- para intentar potenciar el cine de estreno europeo y español en la fase de estreno. Muchas veces se hace un gran esfuerzo para producir y a la hora de la
comercialización falta dinero. Una aportación de las televisiones públicas y privadas en el sentido de potenciar y de anunciar los estrenos de este cine español, me parece que es una buena aportación de esta ley.
Hay otro elemento que consideramos positivo, por el que hemos luchado y estamos satisfechos de haberlo conseguido, que es la industria de animación. Hasta ahora la industria de animación en España es cada vez más potente y está localizada
en distintos puntos de España. Hay una buena industria en Galicia, en Andalucía, evidentemente en Madrid, en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco. Era una industria potente, estaba produciendo, tenía un muy buen nivel creativo, un buen nivel
tecnológico, pero no podía optar al Fondo de promoción y tampoco tenía acuerdos con las televisiones de una forma estable. Aquí hay un compromiso para conseguir, primero, que forme parte del fondo -gran novedad- y, dos, la agencia o el instituto se
compromete a conseguir convenios con las televisiones españolas y otras para fomentar acuerdos de producción y de distribución con el cine de animación. Hemos de intentar -no lo hemos conseguido todavía- concretar más este aspecto.
Creo que se ha
mejorado el texto en el sentido de conseguir un compromiso del Gobierno para apoyar esta industria de animación que me parece de una gran importancia y en el Senado podemos buscar elementos que potencien más este aspecto y esta industria que nos
parece muy positiva.
Voy acabando ya, señor presidente. Tengo todavía tiempo, pero necesitaría dos minutos más. La exhibición es otro sector importante. Ha hecho un gran esfuerzo y aporta su cuota de pantalla. Esta ley hace dos cosas relevantes. En primer
lugar, es un sector que tiene que reestructurarse en muchos sentidos, pero hay un cambio tecnológico que se va a producir en breve y le hemos de ayudar a que lo haga. Es importante que el cine se distribuya por todos los mecanismos y que lo veamos
en televisión y en todas partes, pero las salas siguen siendo un elemento clave para el cine. Hemos de conseguir salas que tengan los últimos niveles tecnológicos y les hemos de ayudar a que den este paso hacia la modernización
tecnológica. Por otra parte, hay un factor positivo en la ley y en el que hemos de ir un poco más lejos. Las salas, que son entidades privadas, hacen una aportación desde hace muchos años muy positiva que es la cuota de cine, donde se
comprometen a una exhibición de cine europeo en sus pantallas. Lo que hace la ley es positivo: reconocer que este es un esfuerzo que se hace al servicio de la diversidad y de la pluralidad del cine que exhiben. Hemos de reconocer este esfuerzo y
buscar reglamentariamente medios de compensación. Hemos llegado a un texto que se puede mejorar y este grupo va a intentar, de acuerdo con el Grupo Socialista, introducir en el Senado algún elemento nuevo de mejora en esta línea para compensar y
reconocer este esfuerzo que se hace también desde la exhibición para que el cine que se hace en este país y en Europa tenga el nivel de exhibición y la calidad necesarios.
Se acaba mi tiempo. Estoy satisfecho y quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los grupos de llevar adelante una ley que hacía falta, que mejora la situación actual y que aporta elementos importantes y claros al
sector del cine. Es un sector vital tanto desde el punto de vista cultural y estratégico como económico. Estamos satisfechos de haber luchado por mejorar esta ley. Nos sentimos satisfechos y vamos a aprobar esta ley porque va a ser una ley
beneficiosa para el sector y, finalmente, también en el fondo -que es el gran objetivo- para los ciudadanos de este país.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero sumarme al homenaje que el señor ministro ha hecho en esta tribuna a don Fernando Fernán Gómez, a la pena, al pésame a su familia, a su mujer y dejar claro el agradecimiento que tendremos siempre por su obra, por más de sesenta años
de trabajo maravilloso.
En cuanto a la ley, voy a empezar por la parte negativa. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco hablaba de los -me parece que dijo exactamente- complejos inicios de la ley. Nosotros le hemos llamado -y lo seguimos haciendo- la torpeza
de la ley; torpeza enorme en la tramitación, en el íter de esta ley, donde al final, como socorrista, tuvo que actuar la vicepresidenta del Gobierno, que aquí nos acompaña. Llegamos al grado de que está todo patas arriba, todos los sectores
confrontados y todo esto se termina o no se termina con aquella frase definitiva, en una entrevista a la señora ministra, cuando dijo: En la Ley del Cine todos han sido absolutamente desleales. En ese caso, convendría mirar al árbitro, porque
tanta unanimidad en la deslealtad quizás significa que la torpeza estaba en otro sitio. Esto que nosotros hemos llamado la torpeza ha complicado muchísimo esta gestión. Además de la torpeza que tanto ha complicado esta ley -y lo hemos dicho-,
tenemos un texto -y me parece que ha sido el señor Tardá quien lo ha calificado así- arcaico. Este texto podría tener tranquilamente veinte o incluso treinta años. Cualquier actualización en una era sencillamente digital -no digo más que
sencillamente digital- está ausente del texto, excepto por la digitalización de las salas.
Sigo con la parte negativa, que me parece muy seria. Cuando llegamos al final de la tramitación de esta ley y estaba preparada para su debate en la Cámara, afrontamos lo que los grupos han recordado como -se llegaron a presentar en el
registro- enmiendas a la totalidad por invasión competencial, por falta de respeto competencial: la invasión competencial por tierra, mar y aire. Eso se arregló poniendo un dinero. La invasión competencial quedó perfectamente borrada, en opinión
de los defensores del sagrado estatuto, sencillamente, con un dinero. Esto fue tan... -no lo voy a calificar, voy a intentar describirlo- descarnado. Pocas veces hemos visto algo tan descarnado en esta Cámara: si me das un dinero, me olvido de
mis competencias; las mantendré testimonialmente pero ahí acaba la historia. A nuestro juicio, esto fue tan serio que incluso nos cuestionamos si podíamos seguir manteniendo el apoyo a parte de la ley, que se la damos. Lo sopesamos seriamente y
llegamos a la conclusión de que sí, de que esto era una ventaja puramente crematística que se llevaban unos grupos para atender a sus necesidades, a sus sectores, a sus compromisos, pero que no alteraba el resto de la ley. Nos parece lo menos
ejemplar, si se quiere, lo menos digno, que hemos visto. Tendrá beneficios, pero crematísticos. Efectivamente, no parece un procedimiento ejemplar, y sé que mis compañeros del Grupo Socialista y otros muchos comparten este criterio.
Llegamos a la conclusión de que, naturalmente, vamos a votar que no a estos artículos; que nos parece deplorable todo ello. Y sin embargo, esto me va a permitir pasar a la parte positiva de la ley, aquella por la que vamos a votar
favorablemente casi todos sus artículos. Señalaré luego qué enmiendas mantenemos y en qué nos abstendremos. Sin duda, ha sido una ley en la que hemos hecho el reconocimiento -lo hemos hecho varias veces-de que el grupo que apoya el Gobierno, y por
lo tanto el Gobierno, ha aceptado, transaccionado y estudiado con los grupos muchas enmiendas.
Hemos modificado en más de un tercio el texto, y hemos de reconocerlo y apreciarlo. Por otro lado, las enmiendas de los diferentes grupos venían de los
diferentes sectores; sectores a los que agradecemos muy especialmente su colaboración con el trabajo del Congreso que ha sido inapreciable, realmente, muy valioso. Esta mejora por la vía de enmiendas transaccionales, normalmente, o de aceptación
de enmiendas, ha mejorado en muchos sectores; no -y nos sigue preocupando- en el sector de la animación, que ha mejorado claramente pero nos gustaría
volver a abrir esta cuestión en el Senado; y tampoco del todo -aunque se hace un reconocimiento, como bien ha dicho el señor Vilajoana- en el sector de la exhibición. Es mejor lo que aquí se va a aprobar, pero nos gustaría volver a
discutirlo en el Senado.
Nos preocupa también el desacuerdo habido entre televisiones comerciales y productores; también mantendremos una enmienda porque en el Senado podríamos intentar acercar posiciones. Por otro lado, quiero señalar como cuestiones muy
importantes la incorporación que se ha hecho de las sugerencias del Cermi, de todos los representantes de las personas con discapacidad. Si consiguiéramos en la mayor parte de las leyes trasladar las cuestiones que necesitan y les preocupan,
cumpliríamos una obligación, a veces más gravosa, a veces menos. Nos parecen apreciables -lo habíamos reclamado muchas veces- las enmiendas fiscales..., perdón, las enmiendas fiscales nuestras no nos han sido aceptadas, las mantendremos también en
el Senado. Entendemos que la propuesta fiscal que recoge el texto -y así lo habíamos reclamado una y otra vez- puede cambiar y dar estabilidad al modelo de la industria del cine. Nuestro cine es excelente -lo digo con todas las de la ley, con
todas las palabras-, pero la industria todavía es muy frágil. Tenemos confianza en este modelo fiscal que posibilitará atraer capitales ajenos; apreciamos el que hay; insistiremos en el Senado para mejorarlo -el Senado, a estas alturas, hará una
tramitación muy rápida-, y con todo ello esperamos que dentro de tres años podamos hacer una evaluación de la industria del cine, de la llamada a los espectadores para que acudan de nuevo al cine, puesto que hay una cierta desafección en salas y que
este trabajo, junto a la introducción de cuestiones en un modelo que no sea tan arcaico como este, haya supuesto un avance.
Vuelvo a manifestar nuestro voto rotundamente negativo al descarnado fondo que arrebataron a un Gobierno que no sabía dónde meterse.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Finalmente, para fijar su posición en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Louro.
El señor LOURO GOYANES: Señor presidente, señorías, permítanme que empiece mi intervención haciendo mías y del Grupo Parlamentario Socialista las palabras del ministro en relación con el fallecimiento de uno de los grandes de la cultura
española, de Fernando Fernán Gómez. Expresamos la gratitud y el reconocimiento de nuestro grupo, así como el sentimiento de pérdida y de pesar.
Señor ministro, nos ha presentado usted una ley que está en este trámite parlamentario y que ha encontrado en esta Cámara apoyo y respaldo para el cine español. Permítame que le diga unas palabras. En los albores del cine, muy poco después
de que los hermanos Lumièr sorprendieran en París con su maravilloso invento a los primeros espectadores, en diciembre del año 1885, en España ya surgieron los primeros pioneros. Nombres como el aragonés afincado en Cataluña Segundo de Chomón, el
catalán Fructuós Gelabert, el madrileno Eugenio Jimeno, el gallego de origen francés José Seller, junto con Eduardo de Lucas y su socio Antonio Salinas en el País Vasco, son nombres destacados que pusieron las primeras piedras de ese gran edificio,
de esa gran realidad que es ahora el cine español. A lo largo de más de un siglo, España no solo ha cimentado una cinematografía propia y sólida sino que, además, ha contribuido al desarrollo del propio cine, con autores de prestigio cuya obra e
influencia se extendió más allá de nuestras fronteras, incluso con numerosos reconocimientos internacionales dilatados en el tiempo.
Señorías, la actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestro país en su doble vertiente: en la vertiente económica y en la vertiente cultural. Como manifestación artística y creativa, es un elemento básico
de nuestra personalidad colectiva. Su contribución al desarrollo tecnológico, económico y de creación de empleo, junto al mantenimiento de nuestra diversidad cultural, justifican la intervención de los poderes públicos en nuestro espacio
cinematográfico y audiovisual, promoviendo y adoptando un marco normativo que asegure las mejores condiciones de trabajo para el desarrollo del talento de nuestros creadores y de nuestros productores cinematográficos.
Es sabido que en la actualidad
esta actividad está regulada por la Ley 15/2001, de 9 de julio, entre otras normas. Es cierto, señorías, que los cambios tecnológicos producidos en los últimos tiempos inciden...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Disculpe un momento, señor Louro.
Por favor, señorías, rebajemos el tono porque es manifiestamente incómodo para el interviniente. Gracias.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.
Decíamos que los cambios tecnológicos producidos en los últimos tiempos inciden con potencia en la producción, distribución y exhibición de los bienes y productos audiovisuales. Es necesario, por lo tanto, reaccionar y dar respuesta a las
nuevas realidades, a las nuevas demandas y, como decía el ministro en unas de sus intervenciones en esta Cámara, adelantarnos al futuro si queremos ganar posiciones y jugar el papel que nos corresponde como país de gran tradición cultural y de gran
vocación industrial. Por ello, señorías, en su día saludamos y felicitamos la iniciativa del Gobierno de presentar en esta Cámara un proyecto de ley que establece con claridad tres grandes objetivos. El primer objetivo es regular las relaciones
entre los distintos agentes que participan en la producción cinematográfica, desde los creadores a los productores, el personal técnico
y artístico, hasta la industria técnica, los distribuidores y exhibidores y a las empresas videográficas. Un segundo gran objetivo fija como prioritario el fortalecimiento del tejido industrial, mejorando su capacidad, su estructura y su
competitividad. Y un tercer objetivo es dar respuesta a la diversidad de nuestro espacio cultural. Para ello, señorías, con esta ley hacemos alguna cosas. Primera cuestión, activar la movilización de recursos económicos y financieros. Segunda
cuestión, integrar e incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación y la cultura. Tercera cuestión, apostar por la calidad de nuestros profesionales y de nuestros creadores. Y cuarta cuestión, crear instrumentos de gestión que faciliten la
agilidad de la misma, y estoy hablando de la creación de la futura agencia cinematográfica.
Señorías, esta es una ley necesaria, una ley oportuna, una ley querida; una ley querida porque tiene amplio respaldo en el sector cultural, amplio respaldo social, amplio respaldo de los distintos colectivos que hacen posible el cine y el
audiovisual. Señorías, esperamos que esta ley tenga también un amplio respaldo parlamentario. Después de escuchar a los portavoces de los distintos grupos, estamos en condiciones de decir que esta ley va a ser una ley de todos, de todos los grupos
parlamentarios; va a ser una ley de esta Cámara. Se trata de una ley que ha despertado el interés de todos los grupos porque se han presentado del orden de 257 enmiendas. Hemos hablado, hemos dialogado, hemos negociado, hemos acordado y hemos
incorporado al proyecto inicial 43 enmiendas en sus términos y más de 120 enmiendas transaccionadas. En el trámite de la ley se ha enriquecido el texto y esto le produce satisfacción al Grupo Parlamentario Socialista porque creemos en la función de
esta Cámara, creemos en la tarea y en el trabajo parlamentario. Por lo tanto, vaya nuestra gratitud a todos los grupos.
En este trámite, señorías, les anuncio que mi grupo apoya las enmiendas transaccionales que están presentadas y dos correcciones técnicas y rechaza el resto de las enmiendas presentadas porque, de incorporarlas, restarían coherencia al texto
que vamos a someter a votación. Señorías, termino manifestando la satisfacción de mi grupo por poder decir que la Ley del Cine es la ley de todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Louro.
- PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO. (Número de expediente 121/000121.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el debate, pasamos al debate del punto 37, habida cuenta de la alteración anterior. Proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, para defender las enmiendas presentadas por el Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El Señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
El 10 de mayo de este mismo año discutíamos dos enmiendas de totalidad con texto alternativo, una de ellas de nuestro grupo parlamentario, en torno a esta ley y decíamos que la ley que presentaba el Gobierno no obedecía a las expectativas
demandadas por la sociedad civil, a lo que se le había exigido al Gobierno y a lo que había aprobado esta Cámara. Por aquel entonces decíamos y explicábamos que esta Cámara había aprobado que se estableciese un control periódico del Congreso y no
solo que se le informase, se mandataba al Gobierno sobre la necesidad de una información periódica, separando expresamente el papel de la información del papel de control, se hablaba de la aplicación estricta del código de conducta, se planteaba la
necesidad de una información detallada mínima que se debía incorporar y se mandataba al Gobierno a que se incorporasen en la ley las mejores prácticas de la Unión Europea. Eso era lo que aprobamos en una proposición no de ley ya hace mucho tiempo
en esta Cámara, a instancias de una plataforma activísima que ha sido el primer motor de que hoy tengamos ley y de que sea asumible. Hay que decirlo así y en estos términos. La propuesta presentada por el Gobierno era un mal proyecto. Se había
hablado exclusivamente con los sectores industriales, pero no con los promotores de la iniciativa, ni con Greenpeace, ni con Intermon, ni con Amnistía, ni tampoco con la Fundació per la Pau. Estaba claro que cuando solo pactas con los productores
de armas y no con quienes querían esa legislación exigente y transparente, acabas legislando no como te lo habían pedido, sino como pedían precisamente los productores de armas. El proyecto de ley que se presentó en esta Cámara era una ley mucho
menos que de mínimos.
Ahora estamos acabando ya la tramitación y quiero destacar que, pese a que aprobemos hoy este texto, hemos asumido un riesgo que era innecesario. El riesgo es que finalmente no haya ley. No nos confundamos. Hoy esta Cámara puede aprobar
el texto, pero con que solo haya una pequeñísima modificación en el Senado no cumpliremos con uno de los mandatos de esta legislatura, que es aprobar una ley en materia de comercio de armas. Por eso, digo que la ley se presentó tarde y hemos
esperado hasta el último minuto, incluso al minuto de descuento, para sacar la ley con riesgos existentes. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
Como les decía, nos presentaron una ley que estaba en el pelotón de cola de la legislación en materia de comercio de armas del contexto europeo.
Quiero valorar que hoy vayamos a aprobar una ley que se situará en el pelotón de enmedio, no en
el pelotón de cabeza, en lo
que se refiere al comercio de armas. En mayo de 2007 nosotros pedíamos que debíamos igualarnos a Italia o al Reino Unido en cuanto al rigor en la implementación del código de conducta de la Unión Europea; a Italia, en cuanto a la
información requerida para otorgar licencias a la exportación; al Reino Unido, Bélgica, Suecia e Italia, en cuanto a la exigencia de un certificado de uso final de las exportaciones; a Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Finlandia, Reino Unido,
Holanda o Suecia, en lo que se refiere a la transparencia de exportaciones; a Suecia o Reino Unido, en lo que se refiere al control parlamentario, no solo información, de dichas exportaciones; o a Bélgica, Estados Unidos, Finlandia, Alemania y
Holanda, en lo que se refiere al control de los intermediarios. ¿Hemos respondido a todas estas exigencias? No. ¿Hemos avanzado? Claro que sí. Pero lo cierto es, como les decía, que la ley que vamos a aprobar se sitúa en el pelotón de enmedio,
pese a que había una mayoría parlamentaria -que podrían haberla utilizado- para hacer que nos situásemos en el pelotón de cabeza en torno a las exigencias en materia de comercio de armas. Decíamos entonces: en el articulado no se entiende por
transferencia todo tipo de movimiento. Y hay avances; hay avances como la supresión del artículo 14.4. Dejamos de dar absoluta discrecionalidad al órgano regulador no permitiéndole, precisamente, la opacidad que se le permitía en el proyecto de
ley; pero también es cierto que no podremos saber cada una de las deliberaciones de la Jimddu, que es el órgano regulador. ¿Avanzamos? Claro que sí; pero existen aún elementos de opacidad. El proyecto no tiene presente muchos aspectos que
nosotros habíamos planteado, como establecer criterios de extraterritorialidad para los intermediarios. Nosotros creíamos que era posible. Es más, en un país en que nos dedicamos -por vía de jueces destacadísimos- a perseguir el delito a nivel
internacional, en este aspecto nos hemos quedado a medias. El Congreso no solo hablaba de la información, hablaba también del control y nosotros, por ejemplo, planteábamos -inspirándonos en las mejores prácticas de otros países- que se debería
constituir un comité permanente consultivo que tuviese acceso a toda la información relevante y que pudiese estar, por una parte, en la toma de posiciones. Pero dicho esto, que son elementos que son aún carencias, es verdad que se ha avanzado y se
ha avanzado mucho; se habla del coste humano en la exposición de motivos, un coste humano que ni se citaba. Hay referencia al Reglamento 1236/2005, de la Comisión Europea, sobre prohibición y control de comercio de productos que pueden utilizarse
para aplicar la pena de muerte o infligir la tortura. Se avanza y se incluyen objeto y finalidad de la ley y el control y regulación de los acuerdos de producción bajo licencia; se amplia la descripción del concepto de transparencia; se amplía el
control a todas las armas de fuego, a todas las armas de fuego, dando cumplimiento a una resolución -la de Naciones Unidas-, la 55/255; se incluyen cláusulas de no reexportación, se añaden que para las operaciones de corretaje se informará sobre la
financiación utilizada. Se incluyen mecanismos de verificación, seguimiento y colaboración entre gobiernos. Como elementos incorporados a la ley están los informes sobre la materia en general y también aquellos que se publican por organismos de
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como los informes de referencia de organizaciones y centros de investigación sobre paz, sobre desarme, sobre derechos humanos. Se dice que se tendrán que tener cuenta las mejores prácticas y las
más actualizadas del código de conducta de la Unión Europea. Se hace referencia explícita a denegar operaciones cuando estas violen derechos humanos o cuando sean contrarios a embargos. Estos son elementos positivos y elementos avance, como el
hecho de que se afirme que el Gobierno promoverá una ley de prohibición de bombas de racimo a escala internacional; claro que es positivo. Ahora tendremos que ver si se es coherente y, finalmente, aparte de promover esa legislación a nivel
internacional prohibimos las bombas racimo y la exportación por parte de España.
Y esos elementos ¿por qué se han incorporado? Hay que decirlo, se han incorporado porque ha habido una presión exigente por parte de las organizaciones no gubernamentales y porque ha habido una mayoría parlamentaria y grupos parlamentarios
como el nuestro que les han dicho que sin determinadas líneas no aprobábamos la ley, que sin determinados elementos que hiciesen de esta una ley una ley aceptable nosotros no nos íbamos a incorporar. Y todos los elementos que he citado son
exigencias, aspectos y enmiendas que nuestro grupo ha incorporado.
Dejo para el final el polémico artículo 16, y lo dejo para el final porque para nosotros la solución no nos da plena satisfacción, como bien saben.
¿Por qué no nos da plena satisfacción? Por una razón muy sencilla, porque lo que
pretendíamos saber es qué se exporta, todo el detalle, y con las categorías descriptivas nos hemos quedado a medias, por qué negarlo.
Hubiésemos querido conocer con pleno detalle qué se exporta y en el informe de estadística española de explotación
de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2006, el Gobierno decía que ya se avanzaba en el cumplimiento de artículo 16 de la ley, ¿y qué pasa? Que en su información nos decía: Categorías: bombas,
torpedos, cohetes, misiles, bombas, torpedos, granadas, botes de humo, cohetes, etcétera, etcétera. Finalmente, material exportado a Marruecos, casi siete millones de euros. No sabemos el qué, y para nosotros es un elemento insuficiente. ¿Por qué
entendemos que se avanza y se avanza mucho? Por una razón muy simple: porque ustedes excluyen explícitamente el secreto estadístico. Porque ustedes excluyen explícitamente esa excusa en la que se han amparado tantas y tantas veces que es el
artículo 13 de la Ley de la Función Estadística Pública, que ha impedido que se diese información por el Gobierno, que ha parapetado a diferentes órganos del Gobierno a la hora de dar información. Quiero dejar muy
claro que es voluntad del legislador -y espero, porque ese es el compromiso, que así lo exprese el portavoz socialista- que la exclusión de esa referencia al artículo 13 significa el fin de la impunidad, no tener la excusa para no dar toda
la información que se requiere. Es cierto que en los informes no hemos conseguido que nos digan el qué, pero es verdad que con la exclusión de ese artículo garantizamos que cuando solicitemos la información no podrán negarla, nos la tendrán que dar
y habrá un efectivo, un mejor instrumento de control. La Ley 12/89 de la Función de Estadística Pública no servirá para el comercio de armas y esta ha sido la voluntad del legislador.
Acabo ya, señor presidente, ahora sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor diputado.
El señor HERRERA TORRES: Acabo diciendo que nuestro papel se ha notado.
Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad para evidenciar que la ley fallaba, hemos insistido en que sin elementos fundamentales esta ley no la íbamos a apoyar.
Sabíamos que no teníamos la llave de la ley, todos ustedes lo saben, pero también que esa exigencia ha hecho que incluso en el último tramo haya habido mejoras como la supresión de las referencias a esa Ley de la Función Estadística Pública.
Nuestra actitud ha sido exigente y va a continuar siéndolo. Es un sí exigente, un sí más satisfecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Herrera, acabe.
El señor HERRERA TORRES: Y una actitud en definitiva que lo que va a hacer es intentar que esta ley obedezca a las demandas de una sociedad civil que lo único que quiere es que en España se hagan las cosas bien.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Herrera.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
Estamos ante este proyecto de ley que, les recuerdo, es material de defensa militar y de doble uso, y comienzo afirmando que es básicamente una ley correcta con la que nuestro grupo estará de acuerdo en sus términos genéricos y básicos así
como estamos de acuerdo con el uso y la finalidad del mismo. Nuestro grupo solamente planteó una enmienda que trata de distinguir entre las armas de fuego susceptibles de ser utilizadas por ejércitos, guerrillas o elementos capaces de actuar contra
la paz y la seguridad y aquellas otras cuyo uso es estrictamente deportivo por ser básicamente inhábiles para usos distintos del mismo deportivo. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)
Nuestro interés evidentemente es doble y no lo voy a negar. Primero, este tipo de armas, buena parte de dicha industria, está radicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco y precisamente la patronal del sector, la Asociación Armera
Deportiva, tiene su sede en Eibar. Esto es una realidad. Pero sabemos, y nuestro interés también iba en ese sentido, que las escopetas de caza y tiro deportivo y sus municiones no tienen relación alguna, por mucho que aquí se pretenda insistir, en
los términos acuñados por el protocolo de Naciones Unidas, ya que no son instrumentos susceptibles de poner en peligro la seguridad de los Estados ni el bienestar de los pueblos o su desarrollo económico y social o su legítimo derecho a vivir en
paz, que es lo que dice el protocolo. Las escopetas de caza y tiro deportivo no son aptas para ser usadas por estados actores no estatales susceptibles de actuar contra la paz y la seguridad o de involucrarse en actividades terroristas, porque su
diseño y características las hacen básicamente inútiles para esos usos. Pues bien, el Grupo Socialista no ha sido capaz de entenderlo, aunque, sinceramente, creo que lo entiende pero que es rehén de cierto prurito estético que aquí se ha
manifestado repetidas veces. Además, su propuesta de acuerdo o intento de transacción, que alguna ha habido, nos remitía básicamente a un desarrollo reglamentario posterior, a una hipotética buena voluntad y al buen rollo existente. A nosotros -se
lo dije en privado y se lo digo en público- esto no nos sirve, aunque entiendo los pruritos estéticos que comentaba anteriormente, porque sinceramente no existe ningún impedimento, ninguno, para que esto se reflejara en el proyecto de ley y no de
tapadillo y sin saber qué va en el desarrollo reglamentario de la propia ley. Entendemos que en el fondo lo que ha habido es una falta de voluntad, porque podían haberse buscado redacciones que contentaran a las dos partes. Creemos que ha habido
una falta de voluntad porque no queremos creer que es una falta de inteligencia política. Nuestro grupo, por tanto, se va a abstener en esta ley y además va a pedir una votación separada del artículo 1 del dictamen de la Comisión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señor Txueka. Su señoría señalaba que pedirá votación separada del artículo 1.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Puig Cordón.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Esquerra Republicana mantiene vivas sus enmiendas esperando poder llegar a tiempo para introducir alguna de las mejoras. Consideramos que estas mejoras son
necesarias si queremos que la ley sea verdaderamente transparente. De hecho, la mayoría de ellas vienen a corregir formulaciones ambiguas que dejan puertas abiertas a la opacidad. Si el Gobierno del Partido Socialista no está dispuesto a
utilizar estas puertas, debería cerrarlas y si, por el contrario, se mantienen esos agujeros, está quedando patente la voluntad del grupo mayoritario y del Gobierno de consolidar en el desarrollo reglamentario, entendemos nosotros, un fraude de ley,
un fraude a la sociedad y a las organizaciones que impulsaron esta ley con la intención de que hubiera un estricto control y la suficiente información sobre el comercio exterior. Ciertamente, la ley, incluso tal y como está, supone un avance, pero
no es suficiente. Las excepciones, que calificamos de trampas, de agujeros, que hacen que la ley siga siendo un colador, son tantas que no podemos votar favorablemente dicha ley. En primer lugar, se continúa sin exigir la descripción del producto,
la fórmula categoría descriptiva que utiliza la ley no garantiza la transparencia necesaria e incluso permite el fraude al establecer unas categorías difícilmente contestables. En segundo lugar, la exención del informe previo y de la presentación
del documento de control supone un colador en sí, por un lado, porque la interpretación del artículo 8 de la ley, de su desarrollo reglamentario y de las garantías oportunas depende exclusivamente de la voluntad del gobierno de turno. Esto podría
ser solventado por un reglamento coherente y limitativo que incluyese la participación de las organizaciones de la sociedad civil especialistas en la materia, pero si existiera esta voluntad por parte del Gobierno y del grupo mayoritario ya hubiera
quedado incorporada esta cuestión en este trámite parlamentario. Por otro lado, la información que el Gobierno otorgará respecto de estas exenciones es sobre el tipo de operaciones y sobre los criterios, y la información que nuestro grupo reclama
en la enmienda no es sobre el tipo de operaciones exentas sino sobre las operaciones en sí. En ese sentido, si no existe duda de que la operación se ajusta a la legalidad hasta el punto de que es beneficiaria de excepción, entonces, ¿por qué
esconder qué operaciones concretas son, cuando supuestamente no hay nada que esconder? De nuevo, como en la referencia a la categoría descriptiva de la que hablamos antes, la formulación actual dificulta la transparencia e incluso permite el fraude
al establecer la obligación de definir unos tipos de operaciones y unos criterios no contrastables al no conocer las operaciones concretas.
Estas serían las consideraciones más importantes y las que, de entrada, permiten la generalización de excepciones que desvirtúan el contenido de la ley, pero tenemos algunas dudas más que pueden ser claves en la concepción y en el desarrollo
de la propia ley. Esperamos que el Grupo Socialista nos responda, para dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' y alejar la duda de mi grupo y de las organizaciones que han trabajado para que hoy estemos aquí. Una, la eliminación de la
referencia al artículo 13 de la Ley de la Función Estadística Pública. En el articulado de la ley significa que este no será aplicable a ninguno de los casos competentes y regulados por ella. Por favor, respondan si garantizan que el polémico
artículo 13 no vendrá a limitar los defectos que la presente ley establece. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)
Dos, cuando en el artículo 4.2 se afirma que las solicitudes de autorización deberán ir acompañadas de los documentos de control con la necesaria inclusión de las cláusulas de no reexportación que se determinen reglamentariamente, ¿qué es
exactamente lo que se debe determinar reglamentariamente? ¿Los documentos de control? ¿La inclusión de las cláusulas de no reexportación? ¿O ambas cosas? Dicho de otra manera, ¿las cláusulas de no reexportación serán necesarias en cualquier
caso? En principio nosotros entendemos que sí, pero nos hace dudar el hecho de que ustedes, señores socialistas, no aceptaran nuestra enmienda para aclararlo, porque simplemente suponía un cambio del orden sintáctico. En esa enmienda proponíamos
que, en lugar de decir los documentos de control con la necesaria inclusión de las cláusulas de no reexportación que se determinan reglamentariamente, se dijera: los documentos de control que se determinen reglamentariamente con la necesaria
inclusión de las cláusulas de no reexportación. Señorías, más allá de la práctica se han empeñado en enseñarnos a desconfiar de sus palabras, del grupo mayoritario y de la actitud del Gobierno. En el caso que nos ocupa, la rotunda negativa del
grupo mayoritario a aceptar enmiendas que tapen los posibles agujeros de la ley, como el ejemplo que les acabo de poner, nos hace sospechar que pretenden mantenerla conscientemente y con una fidelidad que no compartimos. Es más, aunque en un minuto
de inocencia volviéramos a confiar en su palabra y en su buena voluntad, las grietas señaladas durante mi exposición podrían ser aprovechadas por cualquier otro Gobierno de otro color, del que nos fiamos todavía menos que de ustedes, para esquivar y
dejar en papel mojado esta presente ley.
Es por todo ello que nuestro grupo no la va a votar favorablemente, dejaremos que la ley se tramite y tire para adelante pero mantenemos nuestras enmiendas y, por lo tanto, creemos que existe una ley que mejora la situación pero se queda
corta, muy corta, y significa que la ley sigue siendo poco transparente y sigue siendo un coladero. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Puig.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta. Con brevedad.
Mi grupo y dentro del mismo, en este caso, Coalición Canaria, en cuyo nombre presentamos en su momento una serie de enmiendas de procedimiento dentro de la Cámara, va a votar favorablemente este proyecto de ley.
Creemos que es un importante
paso de mejora sobre la
situación de control legislativo actual en este momento para lo que llamamos ya, en nuestro lenguaje habitual, la exportación de armas hacia otros países, bien segundos, bien terceros al respecto.
Las enmiendas que presentamos, las cautelares, sobre todo la que hace referencia a la posibilidad de ubicación de la casa matriz de un holding de empresas dedicadas a la producción y exportación de armas en paraísos fiscales, ha quedado
perfectamente recogida en el informe tanto de la ponencia como de la Comisión, y así lo vemos en el artículo 12 de este proyecto de ley en cuanto a las exigencias de inscripción de las empresas que quieran hacer exportación de este material de
defensa y de doble uso, exportación de armas, en una palabra, para que tengamos las garantías jurídicas en la inscripción respectiva que se viene a hacer aquí.
Creemos que la ley es un paso adelante y muy positivo porque, en primer lugar, para efectos de derecho comparado y dentro de los organismos internacionales, este proyecto de ley todavía recoge los ocho criterios que la Unión Europea tiene
precisamente con respecto al código de buena conducta. Son ocho criterios fundamentales que la Unión Europea tiene con su código de conducta para la exportación de armas y procedimientos similares que se recogen plenamente aquí. Me he referido
también a la exigencia de la inscripción y de la comunicación semestral al Parlamento de todas las vicisitudes de exportación que hayan ocurrido y sobre todo también una nueva composición reforzada de lo que ha sido hasta ahora la Junta
interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Estando plenamente aquí todas las garantías y partiendo de un principio de eficacia legislativa, señora presidenta, mi grupo y este diputado van a votar en
toda su extensión el texto tal como nos ha venido de la Comisión de Defensa por entenderlo bueno, conveniente y necesario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra al señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, para quienes llevamos ya unos cuantos años en esta Cámara y que hemos tenido ocasión de debatir desde 1996 todas las cuestiones relacionadas con el control y la transparencia del comercio de armas, del material de defensa y del
material de doble uso, hoy, sin lugar a dudas, es un día importante. Cuando en 1996 Vicenç Fisas, de la cátedra de la Unesco de la Universidad Autónoma de Barcelona, se dirigió a Convergència i Unió, en las personas de Joaquim Molins y de Lluís
Recoder, planteándonos la necesidad de que en aquella legislatura impulsásemos políticas orientadas al control del comercio de armas, no nos podíamos imaginar que en el año 2007 estaríamos articulando una ley de estas características. Ni Joan
Saura, que entonces era el portavoz de Iniciativa per Catalunya, ni Pedro Moya, que era el portavoz del Grupo Socialista, ni yo mismo, que fuimos los tres diputados a quienes tocó básicamente impulsar junto con el Grupo Popular la primera
proposición no de ley que aprobó esta Cámara, nos podíamos imaginar que el debate sobre el control de comercio de armas llegase a este punto. Lo digo también porque escuchando a algunos portavoces que han intentado poner mucha agua a este vino,
estamos desautorizando un hecho muy importante. Lo que empezaron siendo prácticas parlamentarias derivadas de mandatos del propio Parlamento, hoy, cuando termine, se van a convertir en ley, y la voluntad política que han tenido los gobiernos de
comparecer anualmente en esta Cámara de enviar semestralmente la correspondiente información y de generar en estos doce años debate parlamentario sobre la política del Gobierno de venta de material de defensa deja de convertirse en una práctica
parlamentaria para convertirse en un mandato legal. Eso tiene una importancia política fundamental, porque ahora ya no va a depender de la discusión entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre si se cumple o no una proposición no de ley,
sino que va a ser un mandato legal que obliga al Gobierno. Además, señorías, como fruto del debate parlamentario que hemos tenido, esa comparecencia anual del Gobierno va a ir acompañada de un dictamen de la correspondiente Comisión del Congreso de
los Diputados que va a valorar si aquello que el Gobierno ha enviado es acorde o no a las demandas que se contienen en esta ley y que va a permitir que los grupos parlamentarios formulen recomendaciones al Gobierno para el año siguiente.
Señor Puig, si me permite, se podría ser tan contundente como usted lo ha sido en el debate parlamentario si a lo largo de esta legislatura su grupo hubiese tenido en el seno de la Comisión de Defensa en estos asuntos una posición
especialmente activa, pero no ha sido el caso.
Entonces, la ley a lo que obliga a los grupos parlamentarios, igual que nos obligaban las proposiciones no de ley, es a trabajar más en el seno de la Comisión en cumplimiento de la legislación. Por
tanto, les pido que no pongan agua a ese vino, porque la ley que vamos a aprobar es una ley importante que crea condiciones para un control político efectivo del comercio de armas, del material de defensa y del material de doble uso.
Por tanto,
Convergència i Unió la va a votar sin ningún tipo de complejos y viendo ese recorrido en estos últimos años.
Me gustaría destacar algunas cuestiones que en el trámite parlamentario se han incorporado. Por ejemplo, en el artículo 4, se incorpora como necesidad de información a facilitar todo lo relacionado con el corretaje y los países de tránsito
y métodos de trasporte utilizados, precisamente para combatir los desvíos de armas. En el artículo 8, donde se regulan la denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y revocación de las
autorizaciones, se incorporan, para poder valorar si se producen o no vulneraciones de derechos humanos, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, así como, y es muy significativo, señorías, la
información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos. Articulamos por ley que los informes de los organismos de la sociedad civil implicados en
estas cuestiones -y aquí nos acompañan algunas de las organizaciones de derechos humanos de España- se tengan en cuenta a la hora de valorar las vulneraciones de derechos humanos. En las prácticas de estos doce últimos años, esa dimensión nunca se
ha tenido en cuenta. En ese mismo artículo 8 existe también una mención específica de que para la aplicación de los criterios del código de conducta de la Unión Europea, se deberá de interpretar según las mejores prácticas que sobre el mismo
existan. En el artículo 14 creo que hemos encontrado una redacción sobre las exenciones de informe previo y de la presentación de documentos de control en determinados supuestos que va a permitir un control ex post de este tipo de decisiones por
parte de la Administración, y con las conversaciones que hemos tenido con el Gobierno no queremos generar incertidumbre con relación a esta información, porque estas exenciones de informe previo y de la correspondiente documentación tienen que ver
con operaciones realizadas en el seno de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea.
Convergència i Unió no desconfía de operaciones realizadas con aliados de España. En todo caso, la discusión política la vamos a tener en el Congreso en ese
control posterior.
Artículo 16, al que algunos portavoces han hecho referencia. Es evidente que vamos a tener una tensión importante en los próximos años en relación con la aplicación de este artículo. Las organizaciones de la sociedad civil van a ser
exigentes sobre el nivel de información que el Gobierno va a entregar y los grupos parlamentario vamos a ser exigentes en esa discusión. Estoy convencido, tal y como ha pasado a lo largo de estos años, que vamos a ir mejorando ese nivel de
información que se va a otorgar. Además, señorías, en ese artículo 16 se regula por primera vez esa comparecencia anual del Gobierno y ese dictamen sobre la información recibida al que hacía referencia, dictamen al que el Gobierno deberá responder
al año siguiente sobre qué actuaciones ha hecho en función de las recomendaciones del Parlamento, transparencia y control que obliga al Gobierno a explicar si cumple o no con las recomendaciones del Congreso.
Eso, señorías, es trabajo para este
Parlamento, no de discurso desde la tribuna, sino trabajo a fondo, con papeles, con tiempo, discutiendo en el seno de la correspondiente Comisión.
Señorías, también se incorporan tres cuestiones que Convergència i Unió ha considerado significativas. Una es la disposición final tercera ter (nueva), sobre bombas de racimo. Nuestro grupo fue el único grupo parlamentario que presentó una
enmienda que modificaba la Ley de minas antipersonal para prohibir las bombas de racimo. Hubiésemos optado por esa prohibición a través de dicha ley para prohibir las bombas de racimo.
Eso no ha sido hoy posible en este trámite parlamentario, pero
el texto que incorporamos afirma que el Gobierno promoverá y apoyará las iniciativas nacionales e internacionales, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en los organismos multilaterales competentes, que tengan por objetivo la restricción y, en
su caso, la prohibición de las bombas de racimo, especialmente peligrosas para las poblaciones civiles. Es un mandato muy diáfano sobre que la posición de España es contraria a las bombas de racimo y que, por tanto, España va a defender, en el seno
de la comunidad internacional, la prohibición de estas armas que afectan a la población civil. Es evidente que si España mantiene esa posición en el seno de la comunidad internacional, no va a ser razonable que en España se continúen fabricando
bombas de racimo. Quizás en la próxima legislatura deberemos ya abordar directamente la modificación de la Ley de minas antipersonales para consagrar esa prohibición.
Señorías, la disposición final tercera bis (nueva) establece un compromiso sobre el tratado internacional del comercio de armas. El 16 de mayo de 2007 Ellen Johnson-Sirleaf, la actual presidenta de Liberia, afirmaba en un artículo en La
Vanguardia en relación con la situación en su país, que vivió un periodo largo de guerra civil, dramático: Sabíamos que no podríamos reconstruir nuestra sociedad sin poner fin a la violencia y por eso negamos a los combatientes el acceso a estas
armas. En el año 2004 desarmamos y desmovilizamos a más de 100.000 ex combatientes y recuperamos y destruimos cerca de 28.000 armas y 8 millones de municiones, pero todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano si no se controla el comercio
internacional de armas y estas siguen siendo fáciles de obtener atravesando fronteras, a manos de individuos sin escrúpulos o de grupos en busca de sus intereses particulares. Señorías, somos conscientes de que en España con esta ley damos un paso
importante, un paso significativo, pero sin ese tratado internacional de comercio de armas la cuestión de fondo que nos planteaba la presidenta de Liberia va a continuar abierta, porque la principal responsabilidad del problema del comercio de armas
no está en un Estado como el español; está en el caso de Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia... Ahí es donde necesitamos ese tratado que comprometa a la comunidad internacional para controlar un comercio que no es un comercio
cualquiera, que es un comercio muchas veces mortal y nocivo. En todo caso, creemos que hoy damos un paso adelante y con mucha convicción votaremos a favor del conjunto del texto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Campuzano.
Tiene la palabra la señora Oltra en nombre de su grupo parlamentario, el Grupo Popular.
La señora OLTRA TORRES: Con la venia, señora presidenta, y con la brevedad que aconseja la hora en que debatimos.
Señorías, concluye hoy el trámite parlamentario del proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, en el que me dispongo a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular. Como ya se ha dicho
anteriormente, este proyecto de ley es consecuencia del acuerdo adoptado por la unanimidad de los grupos...
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón, señora Oltra.
¡Señorías! ¡Señorías! (Pausa.)
Ya tiene silencio S.S. para poder continuar. Perdón, señora Oltra.
La señora OLTRA TORRES: Les decía que, como ya se ha dicho anteriormente, este proyecto de ley es consecuencia del acuerdo adoptado por la unanimidad por los grupos parlamentarios de esta Cámara mediante la propuesta conjunta de una
proposición no de ley, cuyo debate tuvo lugar el pasado día 13 de diciembre de 2005. Este acuerdo, que era el tercero que adoptaba el Pleno de esta Cámara en materia de control y transparencia del comercio exterior de material de defensa y de doble
uso, venía precedido de otros dos acuerdos, de fecha 18 de marzo de 1997 y 11 de diciembre de 2001 respectivamente, que pusieron en marcha un proceso de concienciación sobre la importancia del control sobre las exportaciones de armas, de
transparencia en la información y de compromiso con la sociedad de dotarnos de unas normas de conducta que impidan que las armas no lleguen donde no deben llegar. El Grupo Parlamentario Popular, por tanto, se siente muy involucrado con la
importancia del control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y por eso ha participado y ha propiciado siempre el consenso en esta materia. De esa forma lo hicimos cuando fuimos Gobierno y con ese ánimo ha intervenido en el
trámite parlamentario de este proyecto de ley siendo oposición. Creemos que, por encima de todo, estamos tratando de una cuestión humanitaria. Lo que hay detrás de esta iniciativa, señorías, como en todas las anteriores que se han debatido en esta
Cámara, es la conciencia sobre la importancia de que las armas no terminen en manos indebidas, que se controle quién es el destinatario final de las mismas, que se garantice que no se desvían dichas operaciones, en suma, que esas exportaciones no
van a contribuir a fomentar la violación de derechos humanos o al incremento de conflictos armados y que, además, podamos conocer en este Parlamento, cada vez con más detalle, qué operaciones ha autorizado el Gobierno y a qué países. Hoy vamos a
votar que ese control esté regulado mediante una ley dándole así el máximo rango que puede tener esta norma. Consenso y avance en la armonización en las normas de los países de nuestro entorno han sido cuestiones que nuestro grupo ha puesto siempre
de manifiesto como imprescindibles para conseguir el fin que perseguimos, que no es otro que erradicar el tráfico ilícito de armas y evitar que su proliferación acabe con tantas vidas humanas que diariamente terminan dramáticamente por esta causa.
Hoy no queremos concluir este debate sin incidir en estos ámbitos de actuación.
Una vez dicho esto, nos gustaría hacer alguna consideración sobre cuestiones que nos preocupan. La primera de ellas es, como les decía en el debate de Comisión, que hemos apurado tanto los tiempos que vamos a tener que elegir entre nuestra
voluntad de tener una ley aprobada o que el Senado ejerza su función, pues en el caso de que en el Senado se aprobase alguna enmienda -como ya se ha dicho en esta tribuna-, sería muy complicado -por no decir imposible- que este proyecto de ley
entrase en vigor en esta legislatura. Señorías del Grupo Socialista, nos queda el mal gusto de haber estado mucho tiempo parados, de haber perdido mucho tiempo y ahora querer rematar en el último momento, en el último minuto -les decía- y a marchas
forzadas, cuando había tiempo suficiente para haberlo hecho con el sosiego y debate que todo proyecto de ley merece.
Otra cuestión que nos preocupa es la aplicación práctica de esta ley.
Señorías, sin ánimo de repetir las críticas que hice al Gobierno sobre su falta de cumplimiento con la Comisión de Defensa en relación con las comparecencias anuales que
debe hacer el secretario de Estado de Turismo y Comercio para explicar las estadísticas de cada año y el envío periódico de información a esta Cámara, sí que debo decir que, a mi juicio, se nos acaba la legislatura y hemos debatido muy poco en la
Comisión sobre la gestión de este Gobierno en materia de exportaciones de material de defensa y de material de doble uso. Ayer conocimos que, por fin, el secretario de Estado podrá comparecer el día 11 de diciembre de 2007 para informar sobre las
estadísticas del año 2006, más vale tarde que nunca, y eso nos hace evitar decir hoy lo que allí pondremos de manifiesto. Tampoco quiero recordar la postura que ha tenido este Gobierno con la venta de armamento a Venezuela o la posición que ha
tenido respecto del levantamiento del embargo a China, pero creo que estas y otras muchas cuestiones han estado detrás de la falta de puntualidad en la entrega de información y la falta de transparencia en la misma. Por eso, porque una cosa es
predicar y otra dar trigo, es por lo que nos preocupa que no quede en papel mojado esta ley. Creemos que solo mediante una verdadera apuesta por parte del Gobierno en la colaboración con esta Cámara en la labor parlamentaria de control sobre el
comercio del material de defensa y de doble uso, será posible que se vea reflejado el ánimo que hemos tenido los grupos parlamentarios cuando hemos trabajado para mejorar el texto del proyecto de ley aprobado inicialmente. Por eso, el voto
favorable del Grupo Parlamentario Popular se hace, además, desde la responsabilidad de sabernos alternativa de Gobierno y de estar convencidos de que Gobierno seremos tras las próximas elecciones generales de marzo.
Por último, y como siempre hace mi grupo, quiero saludar y reconocer el trabajo que las distintas organización no gubernamentales han hecho desde ... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Oltra, perdone que la interrumpa.
Señorías, no estoy dispuesta a seguir la sesión en estas condiciones de ruido para la interviniente. Aunque resulte paradójico, les invito a salir del hemiciclo si no están ustedes dispuestos a escuchar con la atención debida a una Cámara
de representación en el uso de la palabra de quien corresponde. (Continúan los rumores.) Son ustedes los que van a decidir si se callan o no y si dejan a la señora Oltra seguir su intervención. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.)
Señora Oltra, continúe.
La señora OLTRA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Les decía que, por último, y como siempre hace mi grupo, quiero reconocer el trabajo que las distintas organizaciones no gubernamentales -algunos de cuyos representantes nos acompañan hoy en esta sesión- han hecho desde 1996, que sin duda
hoy recoge sus frutos con la aprobación de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señorías, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Oltra.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Trataremos de ser breves, dada la hora. Señora presidenta, señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo con relación a la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y lo hago diciendo en
primer lugar que con esta ley nuestro país ayuda mucho a hacer lo que yo diría camino a la hora de erradicar el tráfico de armas y sus nefastas y lacerantes consecuencias. Con esta ley, España es, sigue siendo uno de los países a la vanguardia en
la lucha por el control de las armas y los materiales de doble uso. Con esta ley, el código de conducta de la Unión Europea en plan amplio y generoso lo convertimos en ley. Con esta ley, todas las armas van a necesitar autorización de la Jimddu,
del Gobierno, para ser vendidas o exportadas cumpliendo un compromiso internacional de nuestro Gobierno, cumpliendo en definitiva con el Protocolo de Naciones Unidas que surge de la Resolución 55/255, de 31 de mayo de 2001, resolución que obliga a
que todas las armas sean autorizadas para su venta; resolución que nuestro Gobierno firmó en el año 2005 y que ha entrado en vigor en este año. Por tanto, con esta ley, al tener que ser todas las armas autorizadas para su venta, estamos dando
cumplimiento a un compromiso internacional de nuestro país. Con esta ley se avanza en la transparencia, se avanza en la información que el Gobierno tiene que poner en manos del Parlamento y se avanza en el papel del Parlamento a la hora de
controlar la venta de armas. Deberá haber dos informes semestrales y una comparecencia del Gobierno y habrá a posteriori un dictamen del Congreso de los Diputados sobre la actuación del Gobierno en materia de armas y material de doble uso. Esta
ley también, además de otros aspectos que compañeros míos han desarrollado en intervenciones anteriores, introduce la apuesta, en el ámbito de Naciones Unidas, por un tratado mundial para el control de armas e introduce que nuestro país apoye, en
los ámbitos internacionales, en las organizaciones internacionales y en los foros internacionales, medidas para la restricción y prohibición de las bombas de racimo.
Ha habido un esfuerzo importante de los grupos parlamentarios para acordar esta ley, como lo hubo anteriormente. Las iniciativas que en este Parlamento se han visto sobre el control de armas, tanto las PNL del año 1997 como las del año
2000, como la PNL por la cual solicitamos esta ley al Gobierno, fueron fruto de un amplio consenso de los grupos parlamentarios, que se ha vuelto a plasmar en esta ley, ley que cuenta también con un importante acuerdo con las ONG. Me gustaría
detenerme un minuto para reconocer el importante papel de las ONG a la hora de trabajar por que, desde las instituciones parlamentarias y desde el Gobierno, se impulsasen medidas para el control de las armas. Es de agradecerles y valorarles su
importante papel para que hoy esta ley salga adelante. Nosotros, por tanto, vamos a votar el dictamen de la Comisión de Defensa y vamos a rechazar todas las enmiendas que se han presentado a este dictamen, porque consideramos que es un dictamen
positivo que puede facilitar mucho el control de las armas, que coloca a nuestro país a la vanguardia de la lucha por dicho control y que es algo que cuenta con un consenso muy importante en este Parlamento.
Hecha esta primera reflexión, me gustaría hacerles otras dos. Este avance es muy importante, pero hay que acompasarlo con avances en otros ámbitos, en el de la Unión Europea, en el de Naciones Unidas y en el de otros foros internacionales,
porque entendemos que para que esta ley sea más eficaz, más eficiente y sirva de verdad ampliamente para combatir el tráfico ilícito de armas, son necesarios avances similares en otros ámbitos, en Europa o a nivel mundial, en el ámbito de Naciones
Unidas o en el ámbito de la OSCE. Todos sabemos que es difícil, sobre todo en el ámbito de la ONU, avanzar en lo que son decisiones y normativas para controlar la venta de armas, porque los actores ahí son otros que tienen muchos intereses -el
compañero Campuzano lo citaba antes- y las resistencias son muchas y las necesidades del consenso también lo dificultan, pero en el pasado fue posible, cómo no, un tratado para acabar con las minas antipersonas o un tratado para acabar con las
armas químicas. Si fue posible en el pasado, ¿por qué no va a ser posible en el futuro un tratado para controlar las armas y el material de doble uso o para reducir y restringir sistemáticamente y prohibir las bombas de racimo? Este es un
objetivo, cómo no, democrático y de defensa de los derechos humanos y, a la vez, este objetivo, que las normas sean para todo el mundo y que todo el mundo se tenga que atener a ellas, es una forma de garantizarle a la industria igualdad de
condiciones a la hora de competir.
Junto a esta segunda reflexión, me gustaría hacer una última. El paso que damos hoy aquí es muy importante. El trabajo que se está haciendo en Naciones Unidas o en la Unión Europea es muy importante, así como el papel que está jugando
España ahí apostando por normativas que reduzcan y acaben con el tráfico ilícito de armas. Ahora creo que no debemos de abandonar lo que a mi entender debe de ser el gran objetivo, que es que las decisiones que se tomen, las normativas que se tomen
en otros ámbitos -nosotros lo estamos haciendo hoy aquí- sean jurídicamente vinculantes, porque eso es lo que hará de verdad efectiva y resolutiva la lucha contra el tráfico ilícito de armas, la lucha para acabar con las bombas de racimo u otro tipo
de armamentos. En el mundo mueren 300.000 personas al año como consecuencia del tráfico ilícito de armas y son muchos más los heridos. Por tanto, acabar con todo esto es un objetivo noble, un objetivo de gran decencia política, un objetivo que
nosotros debemos de seguir impulsando, porque esta ley -la ley que nosotros vamos a aprobar aquí- a nuestro país -desde el consenso en el que se va a aprobar- le da una enorme autoridad moral para, en otros ámbitos, territoriales y geográficos,
trabajar por acabar con esta lacra de nuestro tiempo que es el tráfico ilícito de armas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Suárez.
Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 10/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INTENSAS TORMENTAS DE LLUVIA Y VIENTO E INUNDACIONES QUE HAN AFECTADO A LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE LOS DÍAS 11
A 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2007.
(Número de expediente 130/000050.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.
Votación de convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre, por el que adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones
que han afectado a la Comunitat Valenciana durante los días 11 a 19 del mes de octubre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 317; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Algún grupo parlamentario desea su tramitación como proyecto de ley? (Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/1981, DE 25 DE MARZO, DE REGULACIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Y OTRAS NORMAS DEL SISTEMA HIPOTECARIO Y FINANCIERO, DE REGULACIÓN DE HIPOTECAS INVERSAS Y EL SEGURO DE DEPENDENCIA Y POR LA QUE SE
ESTABLECE DETERMINADA NORMA TRIBUTARIA.
(Número de expediente 121/000127.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas
inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Solicito votación separada de la disposición final nueva correspondiente al Fondo de garantía del pago de alimentos, correspondiente también a la modificación de la disposición adicional única de la Ley 15/2005, de 8 de julio. (La señora
Sánchez Díaz pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra votación separada? (Pausa.)
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Atendiendo la petición del Grupo Parlamentario Socialista, para darles información y que no se equivoquen, es la enmienda 89 del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: He anotado disposición final nueva relativa al Fondo de garantía del pago de alimentos y así se votará. Espero que sea suficientemente clara la votación.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, que doy por releída porque ya lo hice anteriormente.
Enmiendas al preámbulo, en su apartado VI, al artículo 10.1 y a la disposición adicional primera, apartado 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 11; en contra, 172; abstenciones, 143.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmienda al artículo 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 319; en contra, cuatro; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda por la que se incluye una disposición final nueva sobre modificación de la Ley 30/2007.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 142; en contra, 171; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda por la que se incluye en la disposición adicional primera un nuevo apartado 9 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 325.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmiendas al preámbulo, en su apartado VII, al artículo 13, a la disposición adicional primera, apartados 1 y 6 y por la que se incluye una nueva disposición final que modifica el apartado 5 del artículo 12 de la Ley 26/1984.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 22; en contra, 160; abstenciones, 143.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmienda por la que se incluye una nueva disposición adicional sobre reglas especiales para valorar las disposiciones patrimoniales a los efectos de la determinación de la capacidad económica de los solicitantes de prestaciones por
dependencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 297; en contra, 24, abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmiendas por las que se incluye una disposición final nueva que modifica determinados artículos de la Ley 1/2000 y del Real Decreto Legislativo 2/1995; por la que se incluye una disposición final nueva que modifica el artículo 34 de la Ley
24/1987, y por la que se incluye una disposición final nueva que modifica el artículo 12.5 de la Ley 26/1984.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 318; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Disposición final nueva relativa al Fondo de garantía del pago de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 310; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Votamos el resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 121/000140.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Enmienda por la que, en todo el texto del proyecto de ley, se sustituye la expresión especie exótica invasora por especie introducida invasora.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 142; en contra, 174; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmiendas al artículo 3, apartados 6 y 20, a los artículos 13, 18 y a la disposición final sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 150; en contra, 171; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas al artículo 3, apartados 18 y 19, a los artículos 19 y 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 317; en contra, dos; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Enmiendas a los artículos 5, 49 y 75.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 160; en contra, 161; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas a los artículos 8, 17, 28 y 72.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 322; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Enmienda a la rúbrica del capítulo II del título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 191; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda al artículo 29.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 135; en contra, 178; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda al artículo 33.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 315; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda al artículo 33.3
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 198; en contra, uno; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda por la que se añade un nuevo apartado 10 al artículo 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 151; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda al artículo 52.2
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 149; en contra, 173; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda al artículo 62.3. a)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 149; en contra, 175; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda al artículo 62.3. f)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 150; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda al artículo 62.3.g)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 161; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda al artículo 62.3.j)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 149; en contra, 166; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Resto de enmiendas al artículo 62.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 151; en contra, 173; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmienda por la que se introduce un artículo 62 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 313; en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmiendas por la que se introduce un nuevo capítulo V en el título IV y al artículo 76.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 152; en contra, 163; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmienda al artículo 73.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 319; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda por la que se introduce una disposición adicional octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 160; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 309; en contra, cinco; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 323; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. (Número de expediente 122/000222.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial.
Enmienda a la disposición final primera y a la disposición final primera bis nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 191; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 325; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Tenemos que realizar votación de conjunto, porque al tratarse de ley orgánica y habiéndose incorporado enmiendas del Senado, tenemos que comprobar la mayoría de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 189; en contra, 133; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: La ley ha sido aprobada.
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000126.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, como ya tienen constancia los servicios de la Cámara, la disposición adicional trigésimo segunda nueva, que se vota en segundo lugar, mi grupo pediría que se votara el primer párrafo por
una parte y los dos últimos por otra.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmienda por la que se introduce una nueva disposición adicional vigésimo novena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 29; en contra, 160; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda por la que se introduce una nueva disposición adicional trigésimo segunda. Votación del primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 319; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Votamos el resto de los párrafos de la enmienda por la que se introduce una nueva disposición adicional trigésimo segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 17; en contra, 303; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)
- PROYECTO DE LEY DEL CINE. (Número de expediente 121/000138.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley del Cine.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez.
Enmienda transaccional a la enmienda 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
¿Algún grupo parlamentario, respecto al guión de votación, va a pedir votos particulares? Prefiero que me lo digan. (Pausa.) ¿No? Pues entonces lo hacemos de corrido.
Enmienda transaccional a la enmienda 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda transaccional a la enmienda 31, que también lo es a la enmienda 53, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), 138, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, 174, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana (ERC), y 222, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 188; en contra, dos; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 23; en contra 289; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Comunico a la Cámara que el voto particular del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha sido retirado. Así pues, votamos la enmienda transaccional a la enmienda 95.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 12; en contra 289; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 26; en contra 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Enmiendas 162, 169, 170 y 171.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 29; en contra, 292.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas 176 a 178.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 28; en contra 292.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas 168 y 179.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 14; en contra, 306.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmienda transaccional a la enmienda 165.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda 175.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 19; en contra, 291; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 25; en contra 294; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 127; en contra, 171; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Votación del dictamen. Artículo 35 bis nuevo, disposición adicional sexta nueva y disposición final quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 187; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobados.
Artículo 4 n) y disposiciones adicionales primera, undécima nueva y duodécima nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 188; en contra, cuatro; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Aprobados.
Disposición adicional octava nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 308; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 300; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Votamos el resto del dictamen con las correcciones técnicas que han sido distribuidas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 317; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Aprobado.
- PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO. (Número de expediente 121/000121.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación de la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 13; en contra, 297; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Grupo Parlamentario Vasco. Votación de la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, nueve; en contra, 299; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 13; en contra, 299; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Votación del dictamen. En primer lugar, votación del artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 305; en contra, siete; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Aprobado.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 305: abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Aprobado.
Se levanta la sesión. Que tengan un buen fin de semana.
Eran las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.