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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 296, de 31/10/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 296
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 274
celebrada el miércoles, 31 de octubre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. 'Boletín Oficial del Estado' número 240, de 6 de octubre de 2007.
(Número de expediente 130/000049.)... (Página 14604)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 99-1, de
8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000099.)... (Página 14611)
- Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 134-1, de 11 de mayo de 2007. (Número de expediente 121/000134.)... (Página 14633)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 14643)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)...
(Página 14644)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes... (Página 14604)
Real Decreto-ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas... (Página 14604)
La señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) expone que el Real decreto-ley aprobado por el Gobierno y sometido a la convalidación de esta Cámara trata de hacer frente a los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a
lo largo del último año hidrológico.
El Real decreto-ley prorroga las condiciones extraordinarias que a lo largo de los últimos años se han aplicado en determinadas cuencas hidrográficas, puesto que el año hidrológico 2004-2005 fue el más seco de
la historia de España según los registros existentes. También fue seco el año hidrológico 2005-2006, año que si bien supuso una recuperación respecto del año anterior, no fue sin embargo suficiente para compensar la drástica caída de las
precipitaciones registrada hace dos años. Por ello los efectos de la sequía se han prolongado hasta el momento presente en algunas cuencas, como las del Júcar, del Segura y en la cabecera del Tajo y del Guadalquivir, y es justamente para estas
cuencas para las que piden que se prorroguen los decretos vigentes de medidas extraordinarias para la gestión de la sequía.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); señora Bònas Pahisa, del Grupo
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:
- Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por 82 Dipu- tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que informe de las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la gravísima situación
que afecta al transporte ferroviario en la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Número de expediente 210/000094.)...
(Página 14648)
- Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para informar sobre la enésima crisis en las
comunicaciones ferroviarias de Cataluña a causa de las obras del AVE a su llegada a Barcelona, así como los plazos de ejecución. (Número de expediente 210/000095.)... (Página 14648)
- Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), para informar sobre los sucesos acaecidos en las obras del tren de alta
velocidad a su entrada en Barcelona causando una elevada siniestralidad y la paralización parcial de determinados servicios de cercanías de RENFE y de los ferrocarriles de la Generalitat, así como para informar sobre la interrelación entre estos
sucesos y el calendario fijado por el Gobierno para la llegada del tren a Barcelona el 21 de diciembre. (Número de expediente 210/000096.)... (Página 14648)
- Comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar de la situación de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña. (Número de expediente 210/000097.)...
Preguntas... (Página 14684)
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Interviene de nuevo la señora ministra de Medio Ambiente.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 14611)
-Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura... (Página 14611)
En nombre del Gobierno interviene la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz). Comienza afirmando que la primera obligación de un Gobierno responsable es
cumplir los mandatos del Parlamento. En este sentido recuerda que el 1 de junio de 2004 el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura,
siendo muchísimas las horas de muchas personas las que se han invertido para dar cumplimiento a ese mandato. Ha sido un gran esfuerzo de integración y transacción, cuyo resultado cree que está a la altura del intenso trabajo realizado. Gracias
también a la voluntad de encuentro y a la dedicación de los grupos parlamentarios hoy traen al Pleno de la Cámara un texto que hace honor a su título, que reconoce y amplía derechos, que se pone del lado de todas las víctimas y que quiere hacerlo
con toda la sociedad.
Expresa por ello su reconocimiento a los señores diputados por su esfuerzo de diálogo y por esa búsqueda de posiciones comunes.
Añade que esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores, a los jueces lo que es de los jueces y que al mismo tiempo que amplía, extiende e instaura derechos reconoce a cada persona
el derecho a conocer y recuperar su memoria personal y familiar. Es también una ley que ha experimentado una sensible transformación como consecuencia de las aportaciones de los distintos grupos de la Cámara y del intenso esfuerzo colectivo por
alcanzar el mayor grado de consenso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Barkos Berruezo, Lasagabaster Olazábal y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Duran i Lleida y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Zaplana
Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
-Proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información...
(Página 14633)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
y la señora Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 14643)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, se aprueba por 325 votos a
favor.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)...
(Página 14644)
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, así como el texto del dictamen.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, así como el texto del dictamen.
Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento... (Página 14648)
Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por 82 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que informe de las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la gravísima situación que
afecta al transporte ferroviario en la Comunidad Autónoma de Cataluña... (Página 14648)
Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para informar sobre la enésima crisis en las
comunicaciones ferroviarias de Cataluña a causa de las obras del AVE a su llegada a Barcelona, así como los plazos de ejecución... (Página 14648)
Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), para informar sobre los sucesos acaecidos en las obras del tren de alta velocidad
a su entrada en Barcelona causando una elevada siniestralidad y la paralización parcial de determinados servicios de cercanías de RENFE y de los ferrocarriles de la Generalitat, así como para informar sobre la interrelación entre estos sucesos y el
calendario fijado por el Gobierno para la llegada del tren a Barcelona el 21 de diciembre... (Página 14648)
Comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar de la situación de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña... (Página 14648)
El señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) señala que comparece ante la Cámara para responder ante todos los ciudadanos del trabajo desarrollado por el Gobierno en las obras de la llegada del AVE a Barcelona, del estado de las
mismas y de sus consecuencias para quienes de un modo u otro las están sufriendo directamente. Lo hace en cumplimiento de una obligación que considera esencial para el funcionamiento de una democracia consolidada. Reconoce que la suspensión de las
líneas de Cercanías y de los ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña provoca una situación difícil para los usuarios, ya que afecta al desarrollo normal de su vida y de su trabajo; a todos ellos han pedido excusas, que hoy las reitera.
Explica seguidamente las causas de esta situación y las perspectivas inmediatas, así como las medidas puestas en marcha por el Gobierno para remediar incidentes parecidos, para atender a los ciudadanos afectados y para garantizar la mejor
conclusión de las obras del servicio de ferrocarril en Barcelona. Añade que el hecho de que sea el presidente del Gobierno quien viene hoy a rendir esas cuentas es expresión de la importancia que para el Gobierno han tenido desde el primer momento
las actuaciones en materia de infraestructuras. Con este fin aprobaron en el año 2005 el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte.
Alude asimismo a los problemas surgidos durante el desarrollo de las obras del AVE, afirmando que la terminación de las mismas supondrá la mejor contribución posible al transporte de Cercanías y a los ciudadanos que lo utilizan, al tiempo
que expresa su compromiso de priorizar ante todo la seguridad de viajeros y trabajadores.
Termina el señor presidente del Gobierno señalando que la petición de excusas no es para él un acto vacío y aún menos una forma de eludir responsabilidades. Cree que el reconocimiento de un error es la condición necesaria para darle
solución y evitar que se repita.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra al amparo del artículo 72 del Reglamento.
Continúa el turno de fijación de posiciones con las intervenciones de los señores Duran i Lleida, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Contesta el señor presidente del Gobierno.
Intervienen nuevamente los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC);
Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno.
El señor Duran i Lleida pide la palabra al amparo del artículo 72.2 del Reglamento para la lectura de un documento, que es leído por la señora secretaria primera de la Mesa.
El señor Rajoy Brey pide la palabra para realizar una pregunta, que no le es concedida.
Preguntas... (Página 14684)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son los motivos que justifican que el Presidente del Gobierno haya anunciado la inauguración de varias
líneas de AVE para el 21, 22 y 23 de diciembre? (Número de expediente 180/002117.)... (Página 14684)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para hacer efectivas las conclusiones de
la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M? (Número de expediente 180/002126.)... (Página 14685)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno: ¿Cómo valora la Vicepresidenta las
últimas declaraciones y actuaciones del Ministro de Justicia? (Número de expediente 180/002118.)... (Página 14686)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno: ¿Cree el Gobierno que los
problemas de su gestión se pueden atribuir a terceros? (Número de expediente 180/002119.)... (Página 14687)
Del Diputado don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Considera el Ministro de Justicia que ETA no es una organización asesina? (Número de expediente
180/002122.)... (Página 14688)
Del Diputado don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Se muestra satisfecho el Ministro del grado de acogida de su propuesta sobre el acceso directo a
la carrera judicial? (Número de expediente 180/002123.)... (Página 14689)
Del Diputado don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Cuándo tendrá voluntad política el Gobierno para ejecutar las obras de desdoblamiento de la carretera
N-II a su paso por las comarcas de Girona? (Número de expediente 180/002116.)... (Página 14690)
Del Diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Podría aclarar la Ministra a qué se refería cuando en agosto prometió un 'cambio sustancial' para septiembre
en los servicios de transporte ferroviario de Cataluña? (Número de expediente 180/002121.)... (Página 14691)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas ha adoptado el Ministro para la protección de los consumidores? (Número de
expediente 180/002124.)... (Página 14692)
De la Diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Se muestra satisfecho el Ministro de Sanidad de los resultados de la política del Gobierno
contra las drogas? (Número de expediente 180/002125.)... (Página 14693)
Se levanta la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 9/2007, DE 5 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. (Número de expediente 130/000049.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas
hidrográficas. La señora ministra de Medio Ambiente tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, subo a esta tribuna para defender el decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la sequía en
determinadas cuencas hidrográficas a lo largo del último año hidrológico. Seguramente para quienes escuchan hablar esta mañana de efectos de la sequía puede producirse una sensación de sorpresa, puesto que ha sido evidente durante las últimas
semanas la intensidad de las lluvias en buena parte de nuestro país. Sin embargo, tenemos que convivir con los problemas derivados de la sequía y de lluvias torrenciales e inundaciones en un país que de forma habitual tiene fenómenos meteorológicos
adversos de signo contrario, que además se ven intensificados, y se verán todavía más, como consecuencia del cambio climático: sequía e inundaciones; fenómenos que son en estos momentos previsibles y para los que en determinadas ocasiones es
necesario tomar medidas de carácter urgente y extraordinario como la que hoy se propone a esta Cámara, sin que eso signifique que el Gobierno no deba trabajar en una política preventiva en ambas cuestiones, tanto en lo que se refiere a la sequía
como a las inundaciones.
Por ello este año el Ministerio de Medio Ambiente aprobó los planes de gestión de la situación de sequía en todas y cada una de las cuencas hidrográficas, lo que permite disponer de todos los indicadores precisos para tomar las medidas más
idóneas de cara a la gestión de los recursos hídricos cuando, de acuerdo con determinados indicadores, se entra en la situación de prealerta o de alerta de sequía. Esos planes de gestión de sequía han sido el fruto de un proceso muy participativo
en cada una de las cuencas y han tenido en cuenta también las observaciones de un comité de expertos creado al efecto. Por otra parte, en lo que se refiere al fenómeno de las inundaciones también el Gobierno trabaja para poderse dotar de una
política preventiva de cara a la gestión de un fenómeno recurrente. Por ello, en las próximas semanas presentaremos un estudio de cartografía de las zonas inundables en toda España, que será una valiosa herramienta para las administraciones
territoriales con competencias en urbanismo y ordenación del territorio, para que puedan tomar sus decisiones con el máximo rigor a la vista de las condiciones del suelo y de la previsión de inundación en cada caso. Asimismo, señorías, hoy mismo
comienza en el Consejo Asesor de Medio Ambiente la tramitación de un proyecto de decreto que modifica el reglamento de dominio público hidráulico para mejorar la gestión de las inundaciones, para poder introducir mayores márgenes de seguridad para
la conservación de nuestros ecosistemas, pero sobre todo para la seguridad de las personas y de los bienes. Hoy pedimos a esta Cámara la convalidación de un decreto-ley que prorroga las condiciones extraordina
rias que, a lo largo de los dos últimos años, hemos aplicado en determinadas cuencas hidrográficas.
Hay que recordar, señorías, que el año hidrológico 2004-2005 fue el más seco de la historia de España, de acuerdo con los registros existentes.
El año hidrológico siguiente, 2005-2006, fue también un año seco, concretamente con un volumen
de precipitaciones de un 16 por ciento por debajo de los valores medios y aunque hubo, por tanto, una recuperación respecto del año anterior, no fue ni mucho menos suficiente para compensar la drástica caída de las precipitaciones registrada hace
ahora dos años. Por ello, señoría, incluso en este año hidrológico que ha terminado, 2006-2007, los efectos de la sequía se han prolongado en algunas cuencas. Concretamente esos efectos se han notado a lo largo del año hidrológico 2006-2007 en las
cuencas del Júcar, del Segura, en la cabecera del Tajo y en el Guadalquivir. Precisamente para estas cuencas es para las que pedimos que se prorroguen los decretos vigentes de medidas extraordinarias para la gestión de la sequía, y es también
básicamente en el ámbito de estas cuencas donde se han identificado determinados espacios, ámbitos territoriales donde los regantes han tenido una reducción significativa de la dotación de agua para regadío.
De hecho, este decreto-ley establece
ayudas económicas, en primer lugar, para las comunidades de regantes de 22 ámbitos territoriales de las cuencas del Tajo, del Guadiana, del Segura y del Guadalquivir, que son ámbitos en los que se ha tenido que reducir la dotación de agua para
regadío por debajo del 50 por ciento de las dotaciones normales. También intentamos paliar con este decreto-ley el efecto económico que ha representado para la mancomunidad de los canales del Taibilla la necesidad de adquirir derechos de agua para
tener garantizado el suministro, el abastecimiento de agua potable a todos los municipios que sirve esta mancomunidad. También, señorías, pedimos que haya una exención de los pagos correspondientes al suministro de agua al Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel, que ha recibido este año un trasvase de aguas desde la cabecera del Tajo, de escasa eficiencia porque no se dan las circunstancias óptimas porque ese trasvase solo permite la reinundación de una parte pequeña de este parque
nacional, por lo que pedimos también que el parque nacional se vea exento del pago de determinadas cuotas. Se exime, por tanto, del pago de la tarifa de utilización de agua y del canon de regulación a ese conjunto de comunidades de regantes
afectadas por la sequía y se exime también en el caso de los regantes que reciben agua del trasvase Tajo-Segura, del pago de gastos fijos y variables asociados a la conducción de aguas hasta el postrasvase de la infraestructura Tajo-Segura.
En su conjunto, se trata de exenciones que para los Presupuestos Generales del Estado suponen una cuantía superior a los 80 millones de euros. De acuerdo con lo que reza en la memoria económica de este decreto-ley, el 50 por ciento de esos
ingresos que no van a ser recibidos en los Presupuestos Generales del Estado, incide sobre los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y el resto se carga a los fondos de contingencia de los Presupuestos Generales del Estado. De acuerdo con
los datos de esta semana, todas las cuencas para las que pedimos la prórroga de las condiciones extraordinarias para la gestión de la sequía se encuentran entre el 10 y el 20 por ciento de la capacidad normal del embalse. Por lo tanto, el
almacenamiento de agua en los embalses de dichas cuencas deja un margen representativo de necesidad de acción pública en la gestión de esos recursos, en particular en la cuenca del Guadalquivir, donde en estos momentos en el almacenamiento de agua
destinada al regadío nos encontramos incluso por debajo del agua embalsada hace un año, como consecuencia de la prolongada situación de escasas precipitaciones que ha afectado en particular a los embalses de la cabecera del río Guadalquivir y que
está comportando efectos severos sobre las comunidades de regantes de dicha cuenca. Asimismo en lo que se refiere a las cuencas del Júcar y del Segura. En lo que corresponde a la cabecera del Tajo, a los embalses de Entrepeñas y Buendía, nos
encontramos todavía por debajo del límite que se considera de gestión excepcional, lo cual reconduce al Consejo de Ministros las decisiones relativas a los trasvases hacia la cuenca del Segura. Sin embargo, gracias a la gestión que se ha realizado
de estos embalses ha habido una clara recuperación respecto del año pasado, aunque todavía se encuentran por debajo del 20 por ciento de su capacidad.
Por todo ello, se pide a esta Cámara que se mantengan esas medidas excepcionales de gestión y en particular que se prorrogue la vigencia de la regulación establecida el año 2005, sobre las transacciones de derechos de agua entre cuencas
diferentes cuando existen infraestructuras que permiten la transferencia de dichos recursos hídricos, tanto en el caso del trasvase Tajo-Segura, como en el trasvase entre el Negratín y el Almanzora. Esta regulación ha resultado un éxito y un alivio
muy considerable para los regantes y usuarios de las cuencas del Segura y del Almanzora que, vía acuerdos voluntarios con comunidades de regantes en el caso del Tajo y en el de la cuenca del Guadalquivir, han podido recibir recursos hídricos
adicionales, fruto de los acuerdos que se llevan a cabo bajo la estrecha vigilancia del Ministerio del Medio Ambiente a través de las respectivas confederaciones hidrográficas. Someto este decreto-ley a su convalidación, cuyo único objetivo es
paliar los efectos económicos de la prolongación de la sequía en determinados ámbitos territoriales de nuestra geografía, sin dejar de trabajar, como he señalado con anterioridad, para que podamos hacer frente, cada vez más, a la sequía recurrente
en nuestro país, desde una política del agua que ponga mayor énfasis en el control público del uso y calidad del agua, siguiendo estrictamente las indicaciones que ha establecido la Comisión Europea en la reciente comunicación formulada ante el
Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, en lo que son ya las bases de una estrategia europea con relación a la sequía y la escasez de agua. Una estrategia europea que, tal como el Gobierno de España está desarrollando desde el
inicio de esta legislatura, pone el énfasis absoluto en la buena gestión de todos los
recursos hídricos disponibles y suscita además el esfuerzo de todas las administraciones para que se produzca el necesario control en la calidad de las aguas, reservando el agua de mayor calidad para los usos de consumo urbano, y para que
haya un desarrollo de las tecnologías que hoy día permiten aguas de menor calidad, a través del tratamiento adecuado, para el resto de los usos necesarios. Señorías, confío en el voto positivo de esta Cámara para que una norma de carácter urgente y
extraordinario pueda ser de alivio a todos los usuarios de los recursos hídricos afectados por esta situación que se ha prolongado a lo largo de los dos últimos dos años.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Fijación de posiciones. Grupo Mixto. Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, cuatro días después de aprobado este decreto destinado a paliar los efectos de la sequía en diversos territorios el sindicato UAGA-COAG alertó públicamente de los graves problemas que se están produciendo también por esta
causa en el Bajo Aragón. UAGA señala que en lo que va de año el registro pluviométrico no alcanza los 200 litros por metro cuadrado; considera que los agricultores y ganaderos están padeciendo una grave situación económica y es que los datos
pluviométricos registrados en los últimos nueve meses indican que únicamente han caído en la comarca 170-200 litros por metro cuadrado. En este sentido UAGA destaca que la falta de precipitaciones ha colocado los cultivos y la ganadería del Bajo
Aragón histórico -Andorra, Matarraña, Bajo Aragón y Bajo Martín- en una situación muy complicada. Otra cifra de ayer mismo son los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro que advertían que este otoño el Ebro tiene el menor nivel de
reservas de la década: 400 metros cúbicos menos que el año pasado. Seis ríos no alcanzaban el pasado lunes el caudal de seguridad necesario para evitar daños en la flora y la fauna y para que los vertidos no tengan efectos nocivos: el Aragón en
Jaca, el Isábena en Capella, el Piedra en Carenas, el Martín en Híjar, el Matarraña en Nonaspe y el Huerva en Zaragoza. En vísperas de una temporada de siembra las reservas son escasas en sistemas de regadío como los canales de Aragón y Cataluña y
de Bardenas. Los embalses del Gállego solo conservan 22 de los casi 100 hectómetros cúbicos que pueden almacenar. Dependerá de la lluvia en diciembre y enero, pero por eso le pedimos a la ministra que también tenga en cuenta esta situación
aragonesa y que no la eche en olvido. Repito, desde Chunta Aragonesista seremos solidarios con los territorios afectados pero estamos aquí también para recordar que en Aragón, a fecha de hoy, hay problemas y que el Ministerio de Medio Ambiente
tiene una responsabilidad para estas comarcas afectadas por el problema de la sequía.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
De forma también muy breve, señora ministra. Nuestro grupo va a dar apoyo a la propuesta que nos trae hoy el Gobierno, pero quisiera hacerle dos consideraciones. En primer lugar, en el anexo de obras encontramos un exceso de obras. No nos
gusta porque no entendemos este exceso de obras en torno a esas medidas urgentes para abordar una situación de sequía cuando, además, muchas de esas obras van más allá de la zona afectada. En segundo lugar, nos hubiese gustado que hoy con estas
medidas urgentes hubiese traído la Ley de Aguas, señora ministra, a la que usted se comprometió, y usted lo sabe -lo hemos hablado en diferentes comparecencias e incluso personalmente-; esto hace que acabemos la legislatura sin la piedra angular
sobre la que construir la nueva cultura del agua. Por eso queríamos decir que, por supuesto, va a tener nuestro apoyo como lo ha tenido en esta materia, en política de aguas, durante toda la legislatura, pero que nos habríamos congratulado si hoy,
por la vía de la urgencia -porque en este país es urgente-, hubiese traído una ley de aguas que nos hubiese permitido avanzar hacia la nueva cultura del agua y tener ese instrumento más poderoso y más útil -y sé que usted lo comparte conmigo-
incluso que el real decreto que nos traen hoy para abordar una situación de sequía que, como usted ha dicho en muchas ocasiones -yo también lo he compartido-, va a ser cada vez más habitual.
Yo no tengo ningún primo que me diga lo contrario, pero
el sentido común me dice que el cambio climático va a afectar, y mucho, a la pluviometría en España y que la situación que hemos vivido en estos últimos años por desgracia va a ser más común de lo que parece, porque el cambio climático afecta, y
afecta mucho. Por eso entendemos que la medida que nos trae hoy es positiva, pero le tengo que decir que es parcial y en el anexo de obras es excesiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Vamos a votar afirmativamente a la convalidación del real decreto-ley. La verdad es que los argumentos de la ministra, expuestos con la facundia que caracteriza sus intervenciones, son convincentes; hay poco que añadir, poco que agotar.
Nosotros disponíamos también de los datos del sindicato UAGA, referidos por el señor Labordeta. Estamos ante un problema cuyo crescendo es peligroso, vinculado a otros problemas que no son colaterales sino que están directamente conectados con el
mismo: el cambio climático, las disfunciones y modificaciones, incluso cronológicas, en el tiempo, de fenómenos atmosféricos y la imprevisibilidad de los mismos. Desde esa perspectiva, las actuaciones ordenadas que presenta la señora ministra
parecen un buen procedimiento para
iniciar y afrontar algo que va a constituir uno de los problemas -con mayúsculas- del futuro. Por ello, sabe la señora ministra que puede contar con nuestra leal colaboración para afrontar un problema que, con toda probabilidad, nos
afectará a todos, y cuando digo a todos me refiero a todos los ciudadanos del mundo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Esquerra Republicana. Señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Señor presidente, señora ministra, señorías, en Cataluña no sorprende hablar de sequía. A pesar de las últimas lluvias, las precipitaciones caídas cerca de la costa, las reservas hídricas están descendiendo
continuamente y es posible que de continuar en la misma tónica a partir de la primavera haya restricciones de suministro de agua en Cataluña. Una buena noticia es que la pedagogía está funcionando y el consumo por habitante está disminuyendo, pero
estamos hablando de sequía y no sabemos hasta cuándo.
Esquerra Republicana va a votar favorablemente la convalidación del Real Decreto-ley sobre medidas urgentes que propone el Gobierno. Nos parecen adecuadas las medidas de apoyo a los titulares de derechos al uso del agua para riego en los
ámbitos territoriales afectados por la sequía, del mismo modo que nos lo parecen las exenciones previstas en el caso específico de la mancomunidad de los canales del Taibilla, que tienen por objeto paliar el desequilibrio económico que ha producido
a la mancomunidad la adquisición de los derechos al uso del agua, necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones. Igualmente nos parece adecuado eximir al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel de la aportación correspondiente a
la tarifa de conducción del abastecimiento Tajo-Segura, dado el escaso aprovechamiento de los recursos trasvasados en el año 2007. También nos parece adecuado prorrogar algunas de las disposiciones anteriores de reales decretos relacionados con la
materia que nos ocupa.
A pesar de ello, no podemos dejar de hacer una reflexión un poco más amplia respecto de la actitud a adoptar ante el fenómeno de la sequía.
Como SS.SS. saben -también la señora ministra-, en ese entorno climático los episodios de sequía
son y serán recurrentes; además, se predice que en el futuro se van a agudizar los períodos de precipitaciones fuertes, de inundaciones, con períodos de sequías recurrentes y más largas. Ante la amenaza real de que los episodios de sequía se
presenten con mayor intensidad, es razonable exigir de este Gobierno -y del que venga a continuación, dentro de poco ya- que se ponga más énfasis en las políticas preventivas. La adopción por parte del Gobierno de lo que se ha dado en llamar la
nueva cultura del agua, de momento nos ha parecido más un discurso que una política real. En los planes estatales de aguas de momento continúa la política del hormigón. Y no estamos diciendo, ni mucho menos, que la política de este Gobierno en
materia de agua sea igual a la del Gobierno anterior, ni mucho menos, están a años luz; pero no es lo mismo apostar por trasvases, como política básica, que tratar de minimizarlos e impulsar la desalación.
Afirmamos que por parte de este Gobierno las medidas de gestión de la demanda de ahorro, de uso eficiente, continúan siendo objeto si no de desatención sí de poca atención; solo hace falta ver el peso que en los Presupuestos Generales del
Estado tendrán las infraestructuras respecto a las políticas destinadas a este campo. Este enfoque preventivo, y más a largo plazo, debería presidir las actuaciones del Gobierno y a buen seguro minimizaría los costes que en el futuro vamos a tener
que afrontar a consecuencia de las sequías que, repito, a pesar de que algunos puedan desmentirlo, serán recurrentes. En definitiva, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley, pero si
de verdad queremos minimizar los efectos de la sequía debemos actuar a priori, como en muchas otras cosas.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la convalidación de este real decreto-ley para paliar la sequía que se da y que se ha dado en los últimos años en una zona del territorio español.
Nuestra posición no puede ser otra que la de votar favorablemente la convalidación, entre otras cosas para ser consecuentes con lo que ya votamos en diciembre del año 2005 y en enero de 2006, con ocasión de la convalidación del Real Decreto 15/2005,
de 16 de diciembre, donde ya se preveían medidas, sobre todo exenciones, para paliar aquella situación. Como la situación no ha cambiado y como se sigue dando una cierta situación de sequía, aunque no tan grave, es lógico que sigamos manteniendo
nuestra posición y que convalidemos este real decreto.
En el anexo I se contempla el ámbito geográfico al que afectan esas exenciones, esas ayudas y esas medidas. Por otro lado, valoramos la disposición adicional primera que prevé la extensión, por vía de resolución del Ministerio de Medio
Ambiente, a otras zonas de la geografía española -lo han recordado hace un momento tanto el señor Labordeta como la señora Bonàs-, para Aragón o para Cataluña cuando se den las circunstancias. En cambio -y en ello coincidimos con el señor Herrera-,
no estamos tan de acuerdo con que en el anexo II se haya incluido la declaración de interés para la ocupación de los terrenos, de una serie de obras y de actuaciones que están relacionadas con el agua pero que no hacen referencia directa ni expresa
a la cuestión de la sequía. Muchas de ellas son obras en segunda fase y en otros casos se habla de actuaciones en relación con saneamiento de aguas, EDAR y otro tipo de instalaciones que poco tienen que ver con la sequía. Además no hay actuaciones
relativas a la reutili
zación de aguas saneadas o recicladas, lo que sí podría incidir en la realimentación de acuíferos al paliar los efectos de la sequía. Aunque no estemos de acuerdo con algunas de esas obras no vamos por ello a dejar de votar favorablemente
la convalidación.
Acabo dando la bienvenida a la noticia de que a partir de ahora y de forma más intensa se va a plantear la política del agua en Europa con esta dimensión geográfica, no solo dentro de los Estados miembros, sino que se van a intentar abordar
los temas relacionados con la sequía y con las inundaciones en una política europea del agua, con incorporación de costes. Aunque esto va a significar el aumento del coste del agua, creemos -como siempre lo hemos creído- que una visión geográfica
más amplia a la del puro Estado miembro -que es España en este caso- puede dar con soluciones estructurales a largo plazo que resuelvan de una forma mejor que la actual, aunque no definitivamente, la problemática del agua, que cada vez será más
grave si realmente se cumplen los pronósticos negativos del cambio climático. Por otro lado, la noticia de la existencia de una base cartográfica de toda la geografía española que permita aplicar medidas preventivas en relación con las inundaciones
nos parece positiva, y seguiremos con interés su aplicación práctica a la hora de tomar medidas y de ejecutar obras que eviten daños lamentables en situaciones de inundaciones.
En definitiva, aunque no estemos de acuerdo, como decía, con algunos aspectos del anexo II, entendemos que nuestra obligación es dar soluciones a los problemas de los ciudadanos en este caso y de las cuencas superiores del Júcar y del Segura
en la zona del Levante y de La Mancha, y votaremos favorablemente la convalidación. En el caso de que alguien pidiera la tramitación como proyecto de ley, votaremos negativamente porque iría en contra de ese espíritu de dar resolución a los
problemas que ahora mismo tenemos planteados en este país y además se prevé que puedan extenderse al menos durante el año 2008.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, debatimos hoy, como ya se ha dicho, un real decreto en el que se adoptan una serie de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. Anticipo ya que, como
hicimos en ocasiones anteriores, nuestro grupo parlamentario va a apoyarlo y lo va a hacer, señorías, porque es necesario para el sector agrario, el gran perjudicado no solo por la sequía sino también por la política de agua del Gobierno socialista.
También es necesario para el abastecimiento de las poblaciones afectadas por la escasez del recurso, como indica el real decreto, algo que ha sido negado por la ministra de Medio Ambiente en otras ocasiones.
Efectivamente, señorías, el año hidrológico 2004-2005 fue en gran parte de España un año seco. El siguiente año, 2005-2006, fue ya menos seco -se nos ha informado en algunas comparecencias- hasta el punto de que la producción de la energía
hidroeléctrica se incrementó en este periodo el 36,5 por ciento y solo algunas cuencas hidrográficas tuvieron precipitaciones por debajo de la media. Pero, señorías, en el presente año las precipitaciones han sido normales, y ello pese al anuncio
de la señora ministra en el mes de abril de que las previsiones que ella tenía indicaban que las lluvias del mes de abril eran las últimas y que las temperaturas en el verano serían superiores a las normales.
Afortunadamente, las previsiones
agoreras de la ministra no se cumplieron y las lluvias han seguido acompañándonos en primavera, en verano y en la actualidad, pero hoy sigue faltando agua, hoy sigue habiendo sequía en la cuenca del Júcar, del Tajo, del Segura y del Guadalquivir y
tal vez, por lo que hemos oído aquí a representantes de otros grupos parlamentarios, sigue habiendo sequía también en otras cuencas. Sigue faltando agua, señorías, en las cuencas deficitarias y en aquellas en las que las actuaciones previstas en el
Plan Hidrológico Nacional se han desechado o se han demorado injustificadamente. La aprobación hoy de este real decreto-ley es una muestra evidente del gran fracaso del Gobierno socialista en política de aguas. Ya no vale, señora ministra, seguir
echando la culpa de todo al Partido Popular. Aquellas promesas del presidente del Gobierno y de la ministra Narbona de más agua, más barata y en menos tiempo para las zonas deficitarias suponen hoy una burla para los regantes afectados por la
sequía y para los habitantes de aquellas zonas con problemas de abastecimiento pese a la normalidad de las precipitaciones en el presente año hidrológico. Son datos del Instituto de Meteorología.
Repito, señorías, este real decreto que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar muestra el fracaso del Gobierno para solucionar los problemas del agua en España. Pero el real decreto que se va a someter a votación en esta Cámara es
además una muestra evidente de la demagogia socialista.
Me explico, señorías. Dice la disposición final primera: Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2008 la vigencia del Real Decreto de medidas urgentes para la regulación de las transacciones
de derechos al aprovechamiento de agua. Señorías, lo que se prorroga -y que quede claro que nos parece bien que se prorrogue- es la aplicación de la flexibilización del régimen concesional. Recuerden ustedes que la flexibilización del régimen
concesional fue motivo de duras críticas por parte de representantes socialistas -también de la hoy ministra de Medio Ambiente- durante la tramitación en esta Cámara de la modificación de la Ley de Aguas de 1999 por el Gobierno del Partido Popular.
Decían entonces -y decía usted, señora ministra- que con esta flexibilización del régimen concesional lo que se pretendía era privatizar el agua, lo que se establecía era un mercado de agua y que ustedes no estaban de acuerdo con ello. Un año,
señora ministra, haciendo demagogia, un año en contra del con
trato de cesión de usos del agua que a día de hoy el real decreto prorroga porque ha mostrado ser un instrumento eficaz que ha permitido que, entre otros, los regantes murcianos hayan podido utilizar el agua de los regantes de Estremera. La
disposición adicional segunda declara la urgente necesidad de ocupación de los terrenos afectados por una serie de actuaciones que se citan en el anexo.
En definitiva, como ya es práctica usual, la gestión del ministerio sigue efectuándose a través de obras de emergencia, de reconocida urgencia o declarando la urgente ocupación de los terrenos. Esta ha sido la práctica habitual del
Ministerio de Medio Ambiente, lo que es una muestra evidente, señorías, de que el Gobierno carece de una planificación hidrológica, y sin ella no puede realizarse, evidentemente, una política de agua eficaz. Un breve análisis del anexo nos muestra,
como ya han adelantado los portavoces de otros grupos parlamentarios, en primer lugar, que la inmensa mayoría de las actuaciones que se contemplan están ya recogidas en el Plan Hidrológico Nacional y han sido demoradas sin justificación.
Curiosamente, si seguimos analizando las actuaciones, nos quedamos un poco perplejos, porque varias de estas actuaciones nada tienen que ver con la sequía e incluso algunas de ellas hablan de eliminar la contaminación química del embalse de Flix,
que, según nos informó el secretario de Medio Ambiente, es un embalse privado. Estamos de acuerdo con las actuaciones, pero no entendemos que haya que meterlas en un decreto urgente de sequía. Por otro lado, como dato curioso, se contempla en el
anexo la primera actuación, la desaladora de la Costa del Sol, pero, fíjense, señorías, la segunda desaladora de la Costa del Sol ha desaparecido de los presupuestos. ¿Cómo es que desaparece de los presupuestos y ahora declaran ustedes la urgente
ocupación de los terrenos? En definitiva, señorías, como he dicho, votaremos favorablemente el real decreto, pero queremos que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de que lo que hoy aprobamos es una clara muestra de la ineficacia del
Gobierno socialista y de la ineficacia del Ministerio de Medio Ambiente para resolver los problemas de agua de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
Grupo Socialista, señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente.
Señora ministra, señorías, este real decreto-ley, como ya se ha señalado en esta Cámara, es la continuación firme y decidida de la política del Gobierno de España para que la peor sequía de la que se tiene conocimiento, que empezó en el año
2004-2005 y que ha continuado sobre todo en las cuencas mediterráneas los dos años siguientes, no suponga un problema económico fuerte para nuestros agricultores ni para el desarrollo del turismo sostenible en nuestras zonas más dependientes de esta
actividad, ni tampoco ninguna restricción en el abastecimiento de las familias y las economías domésticas. En el año 2004 -lo empezamos a saber todos los españoles- nos encontramos con que no solo el Gobierno del Partido Popular no había preparado
ningún plan para hacer frente a la sequía que había que tener aprobado en julio de 2003, sino que también había dejado que se estropearan -y esto quizá no se ha explicado suficiente-, y por tanto luego fueron inservibles, todas las actuaciones que
en la anterior sequía, hace ahora catorce años, el Gobierno socialista había ejecutado. Hubo, por lo tanto, que volver a realizar obras que ya estaban hechas pero que eran inservibles; hubo que invertir un dinero que de otro modo se hubiera podido
aplicar a otras actuaciones, pero, finalmente, señorías, les puedo asegurar que, a pesar de lo que dice el Partido Popular, nadie, ningún ciudadano español, ningún turista que nos visita se ha encontrado con restricciones en el abastecimiento y
además se ha protegido a nuestros agricultores de las consecuencias económicas que una situación como esta les podía suponer. Se ha acometido también -digámoslo todo- un ambicioso plan de ahorro de agua en la agricultura que hace que por primera
vez en España la superficie con riego controlado sea superior a la superficie regada a manta o por inundación. Señorías, esta es una gran noticia que quizá no se conoce suficientemente y que es importante conocer.
En relación con los efectos inmediatos de la sequía y su gestión, debo decir que esta fue una de las primeras preocupaciones de este Gobierno.
Ya en julio de 2005 se acometieron las medidas necesarias para proteger a nuestros agricultores
-como he señalado- y para desarrollar las transacciones por derechos de agua, dando a los centros de intercambio de agua nuevas posibilidades. La señoría del Partido Popular no se entera, no escucha, no sabe, porque le hemos explicado muchas veces
que estos centros de intercambio de agua no suponen un mercado privado, que es lo que preveía la Ley del Plan Hidrológico Nacional, sino un control público, que en algo tan delicado como es la gestión del agua en nuestro país no puede dejarse en
manos del mercado privado; y esto es lo que ha hecho este Gobierno. Además, este real decreto-ley prorroga las exenciones previstas en 2005 y 2006 que también aprobamos por unanimidad ahora hace un año. Se prorrogan asimismo dos reales decretos
que permiten tomar medidas contra la sequía en los ámbitos más afectados -Júcar, Segura y Tajo y también en las cuencas del Guadiana, Ebro y Guadalquivir-, que hoy se prorrogan un año más solamente para esta última. Debo recordar al diputado
Labordeta que el decreto prevé que, oídas las comunidades autónomas, los ámbitos de aplicación se puedan modificar, y estoy segura de que nadie como el Gobierno de Aragón defenderá los intereses de los aragoneses afectados por esta situación.
Por
tanto, acciones inmediatas y de gestión, acciones de fondo de ahorro de agua y de nuevas fuentes, como la desalación y la reutilización del agua en las depuradoras, y política con mayúsculas, señorías, de profunda reorientación de la política del
agua.
El Partido Popular ha encontrado un nuevo mantra -que no es nuevo porque es una constante de toda esta
legislatura-, que es hablar del fracaso de la política de agua del Gobierno. Yo diría que fracaso no de la política de agua, sino fracaso del propio Partido Popular, porque a pesar del esfuerzo continuado durante toda la legislatura por
descalificar la política del agua en España y por revindicar el trasvase del Ebro como la única y gran panacea para todos los males que nos aquejan, no ha logrado convencer ni a un ciudadano más. Es más, les diría que han logrado que sus propios
militantes en otras partes de España ni tan siquiera les apoyen. La precipitada retirada de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado sobre el trasvase del Ebro es un ejemplo de este descomunal fracaso en intentar convencernos de que el
trasvase del Ebro es la única solución a los problemas de España. Yo, señorías, más que de fracaso hablaría de rechazo por parte del Partido Popular a la política del agua, porque, díganme, ¿qué es lo que no les gusta de la política del agua?
¿Acaso no les gusta que se informe previamente a un plan de urbanismo si existe o no disponibilidad de agua? ¿Acaso no les gusta y se oponen a que haya una Fiscalía de Medio Ambiente dedicada a denunciar y castigar los delitos contra el medio
ambiente y la ordenación del territorio? ¿Acaso no les gusta que hayamos puesto en marcha sistemas de control efectivos de los caudales utilizados y de los vertidos realizados para mejorar y conservar la calidad de las aguas y del dominio público
hidráulico? ¿Acaso no les gusta que se acometa un plan de seguridad de nuestras presas, que habían estado abandonadas en un tema tan crítico y tan importante para todos los españoles? ¿Acaso no les gusta que se impulse decididamente, junto con las
comunidades autónomas, la mejora en la calidad de nuestras aguas? Díganme, señorías, qué es lo que ustedes consideran un fracaso. Todo eso y mucho más se ha conseguido en esta legislatura a pesar de su oposición, a pesar de las dificultades y
zancadillas de algunos gobiernos de comunidades autónomas, precisamente de los más afectados por la sequía que hoy nos congrega aquí -y me estoy refiriendo, evidentemente, a la Comunidad Valenciana-; a pesar de las dificultades y las zancadillas,
repito, se ha conseguido todo esto y mucho más en esta legislatura.
Señorías, ustedes hablan de inversión, y yo les digo que a la llegada de este Gobierno ustedes no habían ejecutado más del 15 por ciento del Plan Hidrológico Nacional. En algunas comunidades autónomas el porcentaje era cercano al cero por
ciento. Mis compañeros de Murcia me cuentan que había solamente una primera piedra; creo que una ruta turística a lo largo del levante mediterráneo sería la ruta de las primeras piedras del Partido Popular para obras que nunca se realizaron.
(Aplausos.) En esta legislatura ha habido récord de licitaciones, ha habido récord de adjudicaciones, se ha doblado la inversión en agua, y me sorprende, señorías, que todavía utilicen unos argumentos tan falsos y que tuerzan la verdad de una manera
tan poco respetuosa con los españoles. Usted sabe perfectamente que decir que ha llovido y a pesar de ello hay sequía es torcer los razonamientos. Puede llover en España pero no en el lugar adecuado para que los embalses se llenen; por ejemplo,
las lluvias en la costa tienen efectos en nuestros embalses muy distintos si estas lluvias se producen en la cabecera de los ríos. Esto lo sabe usted y está engañando a los españoles a propósito.
Señora ministra, desde el Grupo Socialista la animamos a seguir decididamente con el cambio de rumbo en la política de agua. La vamos a apoyar en todo, y me lo van a oír algunas veces más hasta el final de esta legislatura: en relación con
el medio ambiente en España -en otros muchos temas también pero sobre todo en el medio ambiente en España- los años venideros recordarán esta legislatura como la legislatura prodigiosa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate sobre este punto del orden del día. (La señora ministra de Medio Ambiente, Narbona Ruiz, pide la palabra.)
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Quiero solamente agradecer a todos los grupos el apoyo que van a dar a la convalidación de este decreto-ley y dar una brevísima contestación a quienes han hecho algún comentario sobre la necesaria reforma de la legislación de aguas en
nuestro país. Quiero recordar, señorías, que desde el principio de la legislatura hemos venido aprobando modificaciones a la legislación vigente, es verdad que no todas las que nos hubiera gustado traer a esta Cámara, pero con las que ya se han
aprobado y con las actuaciones que el Gobierno ha llevado a cabo dentro del programa AGUA creo sinceramente que se ha producido el inicio de una reorientación que, sin ninguna duda, tiene que seguir consolidándose en la siguiente legislatura.
Quiero señalar también, señorías, que esa reorientación goza del pleno apoyo de la Unión Europea, de lo que queda constancia con la financiación de 1.200 millones de euros de la Unión Europea que el anterior Gobierno había solicitado sin tener el
menor éxito para financiar el trasvase del Ebro y que, en cambio, han sido concedidos por la Unión Europea a las actuaciones incluidas en el programa AGUA del Gobierno. La Unión Europea apoya de una manera explícita todas y cada una de las
decisiones que ha tomado el Gobierno en esta legislatura. Quiero también señalar que en la última sequía que sufrió nuestro país hace ahora más de catorce años hubo doce millones de españoles que sufrieron cortes de hasta doce horas en el
suministro de agua potable. Que en esta ocasión los usuarios del agua en las ciudades, las familias, no hayan sufrido estas restricciones es, sin ninguna duda, el fruto del esfuerzo de las distintas administraciones a lo largo de todos estos años;
no es solamente el resultado de la actuación de este Gobierno, aunque también, es fruto por supuesto del avance en la modernización de regadíos, que, como ha señalado la portavoz socialista, ha recibido un nuevo impulso en esta legislatura.
Recordemos que más del 70 por ciento del agua en España lo utiliza la agricul
tura, y todo lo que hagamos para reducir el consumo del agua en la agricultura contribuirá a garantizar más agua para el abastecimiento en los periodos de sequía.
En definitiva, estamos avanzando, señorías, y estamos avanzando también en lo relativo a la contaminación de nuestras aguas, porque tener agua de más calidad significa tener más agua disponible. Por eso, señorías, también está en el anexo
de obras para las que se pide la urgente ocupación la eliminación de la contaminación del agua en el embalse de Flix, porque esa es una actuación fundamental para garantizar el agua de calidad en el río Ebro, que, como se ha señalado ya en alguna
intervención, también ha sido una cuenca afectada por la sequía, es verdad que con menor intensidad que en otras cuencas, pero el Gobierno analizará, de acuerdo con la disposición adicional primera, si existen comunidades de regantes que a lo largo
de este año hayan tenido una dotación inferior al 50 por ciento. Señoría, es fundamental para hacer frente a la sequía, igual que para hacer frente a las inundaciones, la plena colaboración de todas las administraciones, y por eso es oportuno
señalar aquí la responsabilidad que han demostrado algunas de ellas, en concreto la Generalitat de Cataluña, que ha hecho frente a la sequía en los últimos años a través de disposiciones que garantizan el ahorro de agua, que restringen el uso del
agua para finalidades no esenciales, y que están teniendo como resultado, sin ninguna duda, un menor consumo per cápita, que es una de las garantías para hacer frente a las situaciones de sequía. Por lo tanto, señoría, si desde los poderes
públicos, desde los partidos políticos, todos trabajamos con seriedad y responsabilidad, este país podrá hacer frente al cambio climático, y por ello me congratula también que todas las comunidades autónomas de todos los signos políticos hayan
apoyado al Gobierno de España en la presentación de la estrategia de lucha contra el cambio climático, igual que en su momento apoyaron la aprobación del Plan nacional de adaptación al cambio climático. Creo que es así, señoría, más allá de
discursos partidarios, como debe avanzar este país para hacer frente a los desafíos ambientales, y uno de ellos, sin ninguna duda, será el de la mayor escasez de agua en la mayoría de nuestro territorio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Intervención del Gobierno. La señora vicepresidenta tiene la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor presidente, señorías, la primera obligación de un gobierno responsable es cumplir los mandatos del
Parlamento. El 1 de junio de 2004 el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a remitir a esta Cámara un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Han sido, señorías, muchas, muchísimas las horas de
muchas, muchísimas personas las que se han invertido para dar cumplimiento a ese mandato. Se ha hecho un gran esfuerzo de integración y transacción, y creo sinceramente que el resultado está a la altura del intenso trabajo realizado. Con esta ley
comprobamos una vez más los resultados del buen método: escuchar, dialogar, incorporar puntos de vista y lograr que todos los legítimos intereses se vean reconocidos en el resultado final del proceso. Ese es el espíritu que anima a este Gobierno.
Gracias a la voluntad de encuentro y a la dedicación de los grupos parlamentarios, hoy traemos al Pleno de la Cámara un texto que hace honor a su título, un texto que reconoce y amplía derechos, que se pone del lado de todas las víctimas y que
quiere hacerlo con toda la sociedad. Mi reconocimiento a los diputados y diputadas por su esfuerzo de diálogo y por esa búsqueda de posiciones comunes.
Señorías, durante estos treinta años de democracia hemos vivido un intenso aprendizaje colectivo. Hemos aprendido a hacer realidad día a día la promesa de paz y libertad de nuestra democracia. Hemos aprendido a fortalecer todo lo que nos
une y a ampliar espacios de convivencia y de encuentro. Por eso hoy somos una democracia madura, con pilares firmes, una democracia capaz de afrontar con serenidad situaciones derivadas de un pasado doloroso que todavía no habían sido
suficientemente reparadas.
Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores, a los jueces lo que es de los jueces, y que, al tiempo que amplía, extiende e instaura derechos, reconoce a cada
persona el derecho a conocer y recuperar su memoria personal y familiar.
Sí, señorías, reconoce el derecho fundamental a reconstruir la propia biografía, la de todos aquellos que sufrieron persecución o violencia o vieron desaparecido su nombre o
el de sus familiares; en definitiva, la de todos aquellos que vieron cercenado su derecho a la memoria individual y a la dignidad de su recuerdo. Esta es la ley de la que hablamos, una ley que ha experimentado una sensible transformación como
consecuencia de las aportaciones de los distintos grupos que integran esta Cámara y de ese intenso esfuerzo colectivo por alcanzar el mayor grado de consenso.
Es una ley parlamentariamente mejorada en su propósito de avanzar en el proceso reparador
y de reconocimiento de derechos iniciado al final de la dictadura con la primera Ley de
Amnistía y sostenido continuadamente durante los últimos treinta años por la democracia española. En consecuencia, no es de extrañar que de entre todos sus preceptos, nada menos que catorce estén dedicados a conceder derechos y a la mejora
de prestaciones de las víctimas y de sus familiares o al reconocimiento de las asociaciones en las que estas se integran.
Señorías, me lo habrán oído decir más de una vez y lo repito de nuevo en esta Cámara y en esta tribuna hoy: estoy convencida de que no hay en esta ley ni una sola línea que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata.
(Aplausos.) Todos y cada uno de sus artículos responden a principios que todos podemos compartir, principios comunes como el reconocimiento de la dignidad de las personas que esta ley ampara a través del establecimiento de nuevos derechos. Esa es
la finalidad que perseguimos al reconocer pensiones a quienes padecieron lesiones o enfermedad como consecuencia de la guerra, como se hace en el artículo 5; al incrementar la cuantía de las de orfandad, tal y como se prevé en el artículo 6; al
conceder una indemnización a quienes fueron privados de libertad en los llamados batallones disciplinarios, como se hace en el artículo 7, o al establecer exenciones y ayudas fiscales para quienes recibieron indemnizaciones en el pasado. Ese, y
ningún otro, es el contenido de la ley: reconocer derechos.
Se han dicho muchas cosas; entre ellas, que esta ley supone violentar el espíritu de concordia entre los españoles. Señorías, nada más lejos de la realidad; esta ley amplia nuestra casa común al reconocer la posibilidad de adquirir la
nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados que se vieron obligados a renunciar a ella. Se ha dicho que esta ley reabre viejas heridas. Señorías, nada más lejos de la realidad; esta ley refuerza la concordia al reconocer el
derecho de todos a acceder al conocimiento y a la información contenida en registros y archivos públicos, porque nunca en democracia saber más puede ser motivo de discordia. Se ha dicho que esta es una ley innecesaria. Señorías, nada más lejos de
la realidad, porque quedaban situaciones pendientes de falta de tutela que requerían el amparo del legislador y esta Cámara así lo estableció en la resolución de junio de 2004. Por eso, esta es una ley necesaria, porque necesario es siempre
reconocer derechos a quien carece de ellos. (Aplausos.)
Señorías, solo estas Cortes Generales pueden expresar, a través de sus representantes, la voluntad democrática de todos los españoles y pronunciarse en su nombre. Los parlamentos hablan mediante el instrumento de la ley. Pues bien, los
artículos 2 y 3 de esta norma no solo innovan el ordenamiento jurídico, sino que formalizan con la más alta solemnidad que existe en un Estado de derecho, la solemnidad de la ley, el rechazo del pueblo español a toda forma de violencia y persecución
basada en la intolerancia, y lo hacen reconociendo y reivindicando al tiempo, desde la legitimidad democrática, la dignidad de todas y cada una de las víctimas.
Señorías, la ley declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas,
sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura. Declara también la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros
órganos constituidos para imponer condenas por los mismos motivos, así como la ilegitimidad de todas y cada una de sus resoluciones. Esta declaración general se complementa además con la incorporación del derecho de las víctimas, de sus familiares,
de sus descendientes, de sus representantes que así lo deseen, a obtener una declaración personal e individual de reconocimiento de la injusticia padecida. Reconocimiento, sí; reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas y recuperación
individual de la memoria personal y familiar. Esta es, señorías, la esencia de la ley y en esa esencia todos deberíamos estar en condiciones de encontrarnos.
En esta misma línea, la ley aborda cuestiones igualmente necesarias y que requerían una específica regulación después de treinta años de convivencia democrática. Así, era una obligación inaplazable, demandada por distintos colectivos e
incluso recogida en diversos informes del Defensor del Pueblo remitidos a esta Cámara, abordar con transparencia y claridad la cuestión de las fosas y la identificación y localización de las víctimas, porque eso es un instrumento fundamental para la
recuperación de la memoria individual y familiar. (Aplausos.) Todo ello, por supuesto, salvaguardando siempre el respeto a la voluntad de las familias. La regulación prevista en la ley establece un marco claro de referencia para las asociaciones
que hasta ahora vienen trabajando en relación con estos temas; abre cauces para financiar sus actividades, articula fórmulas de colaboración entre todas las administraciones públicas y ordena la preservación y catalogación de estos espacios
mediante la elaboración de un mapa integrado de localización de víctimas.
También ha llegado el momento de afrontar con claridad la que ha sido una demanda reiterada de esta Cámara, ofrecer unos criterios generales de actuación sobre aquellos símbolos y monumentos públicos que, en vez de constituir ocasión de
encuentro, lo son de enfrentamiento o agravio. Creo que la ley cumple esa exigencia largamente demandada. En este sentido, es justo reconocer que, como consecuencia del trabajo de la Comisión, se ha dado una nueva redacción al ahora artículo 15
del dictamen, en el que se compatibiliza el cumplimiento del mandato legal de retirar dichos símbolos con el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y el derecho a la autonomía de las entidades locales. De manera muy especial,
quisiera subrayar en este punto la amplia mayoría alcanzada en torno al Valle de los Caídos, que demuestra de forma meridiana que en la elaboración y debate de esta ley nunca ha estado presente la intención de mirar al pasado y reabrir heridas,
sino, muy por el contrario, la de afrontar el futuro con la mirada limpia, honrando la memoria de todas las víctimas y evitando exaltaciones de valores antidemocráticos.
(Aplausos.)
La ley, señorías, finalmente crea y pone en marcha el Centro Documental de la Memoria Histórica en la ciudad de Salamanca. Este centro tiene como principal objetivo
modernizar, mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil y para ello se potencia y dinamiza la función de recopilación documental y de fomento de la investigación histórica, una actividad que sin duda va a situar a Salamanca
como ciudad de referencia para todo investigador o estudioso de esta etapa de nuestra historia. Señorías, la aprobación por las Cortes Generales de esta ley se inscribe en el largo camino que la democracia española ha transitado en la labor de
reparar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Este es un paso que se suma a muchos que hemos dado juntos a lo largo de estos treinta años, una empresa de solidaridad, concordia y justicia, una empresa que, con el texto que se somete
hoy a su consideración, la gran mayoría de los españoles quiere ver culminada. Señorías, sobre esta ley se han alzado muchas sombras por quienes han adoptado como única estrategia hacer del día noche, por quienes piensan que cerrando las ventanas y
apagando las luces se puede cambiar no ya la percepción de la realidad, sino la realidad misma, pero, en política, la verdad, como la luz, siempre acaba abriéndose paso. (Aplausos.) Esta ley señalará el día en el que los españoles decidieron
solemnemente, a través de sus legítimos representantes, rendir homenaje a cuantos fallecieron o sufrieron violencia y exilio por defender los valores de la justicia y el pluralismo, de la libertad y de la igualdad, los mismos valores que hoy
fundamentan el orden constitucional que rige nuestra convivencia. Ese es su único sentido. Ellos y todas las personas condenadas al olvido merecen nuestra gratitud porque por su sacrificio estamos hoy aquí y tenemos lo que tenemos. Se lo
debíamos, nos lo debíamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Comenzamos el turno a favor de las enmiendas. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Intervendrán la señora Barkos, la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora vicepresidenta, hace prácticamente un año teníamos en este mismo salón de Plenos el debate de totalidad del proyecto que hoy estamos enmendando. Fue el 14 de diciembre de 2006. Ha pasado, por tanto, prácticamente un año
entero, un tiempo excesivo a todas luces, y más si tenemos en cuenta que estos meses no han servido finalmente, en absoluto, para llegar a un consenso mínimo de quienes hoy votaremos la ley de memoria histórica por partes. Tristemente hoy pocos
pueden decir: votaremos sí o no al conjunto de la ley. Lo cierto es que la mayor parte de los grupos que vamos a subir a posicionarnos en la defensa de unas enmiendas o ante la ley lo vamos a hacer para anunciar un voto por partes: sí a unos
artículos, no a otros. Decía usted, señora vicepresidenta: ni una sola línea de este texto puede ser no votada por un demócrata. Estamos completamente de acuerdo. Pero no es todo, porque parece evidente, y es un elemento para la reflexión hoy,
que algunos van a evitar, por ejemplo, el eje troncal de una ley cuya necesidad han venido cuestionando desde el primer día -aludía yo a ese 14 de diciembre de 2006-, y aquí se votaron enmiendas de totalidad, entre ellas una de devolución, la del
Partido Popular. Pero por partes también -y no cabría solo apuntar al Partido Popular- porque otros no podemos admitir lo que consideramos algunos atajos, lo hemos hablado a lo largo de este tiempo, ese camino de en medio que nos han dibujado en
cuestiones fundamentales para la justificación misma de la ley. No me estoy refiriendo a la cuestión de la nulidad, que supongo que será eje de debate largo y tendido esta mañana. Le voy a poner un ejemplo absolutamente clarificador, como es el
artículo 15, apartado 1, de la ley, en torno a los símbolos y monumentos públicos. Las administraciones públicas -dice el punto 1 del artículo 15-, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar. Pero dice el segundo párrafo, cuya supresión hemos solicitado reiteradamente desde Nafarroa Bai: Lo previsto en el párrafo anterior no será de
aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado y sin exaltación de los enfrentados. La pregunta es quién va a decidir la aplicación o no de este artículo, quién será el árbitro en definir las -y digo textualmente- menciones de
estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados. La falta de consenso en la necesidad misma de la ley, la dureza y yo diría que hasta la crudeza con que algunos han discutido la legitimidad de quienes fueron perdedores de la guerra y de
la dictadura en reivindicar su memoria no nos permiten hoy ser nada optimistas con atajos como este. Algunos de los que hoy siguen sin condenar la dictadura franquista van a ser quienes gestionen qué símbolos han de mantenerse por ser de estricto
recuerdo privado, y tenemos declaraciones bien recientes.
Sí vamos a votar lógicamente todo el capítulo referido a la localización e identificación de las víctimas, artículos 11, 12, 13 y 14, y nos parece además un capítulo absolutamente fundamental. En cualquier caso, Nafarroa Bai buscaba con
mayor ambición algunos de estos extremos y vamos a mantener las enmiendas presentadas a estos cuatro artículos. En este mismo sentido, el artículo 16, el relativo al Valle de los Caídos, deja de nuevo sin resolver, por ejemplo, los más que
acreditados enterramientos de víctimas de fusilamientos sin el consentimiento -ese por descontado- y sin el conocimiento incluso de sus familiares, que aún hoy siguen buscando a los suyos.
Decía, señorías, que hace un año nos enfrentábamos al debate de totalidad de esta ley. Aquel día el Grupo Parlamentario Popular pedía la devolución del proyecto por entender -según decía textualmente la justificación- que este proyecto
pretende revisar -abro comillas refiriéndome a ese texto- 'un pasado que los españoles habíamos dado por superado' -cierro las comillas-.
Pero no es cierto. Hoy todavía, y aquí coincidimos perfectamente, señora vicepresidenta, hay quien sigue buscando unos restos, quien sigue buscando un duelo digno y quien sigue buscando justicia. Mi pregunta es si este proyecto se la va a
traer. La promesa de una ley de memoria histórica ha sido estos cuatro años esperanza para muchos, y muchos de ellos son quienes nos han legado a muchos el espíritu más entusiasta, más combativo y el espíritu más digno de la democracia en los
peores años de la dictadura. Mucho me temo que esta ley, que vamos a votar por partes, no está a la altura de su legado, de sus necesidades y de sus anhelos, pero seguro que en el recorrido de la misma podremos encontrarnos para hacerlo así.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
Señora Lasagabaster, su turno, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora vicepresidenta, este es un gran asunto. Un asunto de gran trascendencia, de sensibilidad, no solo de esta legislatura sino de todas las legislaturas precedentes, por algo que quedaba pendiente, algo por lo que hemos ido
trabajando muchos años, muchas legislaturas y no llegaba la luz. Por eso nos frustra todavía mucho más que lo que vaya a ver la luz no sea lo que realmente se merecían y merecen tantas y tantas personas víctimas de una guerra civil y de una larga
dictadura. Esta no es la ley que concuerda con la filosofía de Eusko Alkartasuna.
Para nosotros, una ley de memoria histórica tiene que tener tres vértices: verdad, justicia y reparación. Si no existen o no están suficientemente recogidos y reconocidos esos tres vértices no hay una verdadera ley de memoria histórica.
Verdad hay poca en esta ley. Porque es verdad que cada uno tiene su verdad, ciertamente, pero cuando solo se recogen las vivencias, la memoria, la historia, los testimonios, los informes de una parte, ¿dónde queda la verdad de tanta y tanta gente?
¿Dónde queda el trabajo de ese Centro de Memoria Histórica que tendría que recoger una comisión de la verdad para conocer lo que pasó? ¿Dónde quede la verdad? Y de justicia, nada. No hay nada en este proyecto de ley que tenga valor jurídico
vinculante. No se recoge la doctrina de crímenes de guerra y de lesa humanidad de Naciones Unidas. No se recoge el carácter vinculante de una ley que debiera restituir, al menos, la nulidad de aquellas tantas sentencias de tribunales ilegítimos y,
por tanto, nulos. De justicia, nada. Hay algo más de reparación, pero no suficiente. No hay reparación suficiente porque nunca la podría haber, evidentemente, a las vulneraciones de derechos humanos, pero no hay reparación social, moral, ni
económica suficiente en muchos casos. Tres vértices que no se recogen de manera apropiada, a nuestro entender, lo que lleva a considerar que esta no es la ley que Eusko Alkartasuna podría votar a favor. Es verdad que en la tramitación ha habido
grandes cambios y no lo voy a negar.
Ciertamente es mucho mejor el texto que sale que el texto que nos trajo el Gobierno, pero le faltan cosas cualitativamente importantes para que nosotros pudiéramos votar esta ley. Hemos intentado trabajar en
esta materia para conseguir llegar a un consenso suficiente, un consenso que realmente sitúe, cualitativamente hablando, en el límite, al menos, del aprobado la realidad de lo que es importante en esta ley.
¿Qué tres cuestiones nos parecía que, entrando en una fase de consenso, intentando ese consenso, no se han podido conseguir? Primera, lo relativo al tema de la nulidad de las sentencias. Nosotros entendíamos que si la mayoría optaba por la
ilegitimidad de los tribunales, de los jurados, de los órganos, y asimismo de sus sentencias, se requería un esfuerzo del Estado, se requería un esfuerzo del ministerio público para llevar a cabo el arduo trabajo en que va a consistir el revisar
esas sentencias. No se le puede trasladar a la víctima que sea ella la que tenga que llevar todo el trabajo de recurrir la revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Es el Estado, somos todos los que tendríamos que hacerlo. Segunda
consideración, el traslado de aquellos documentos a quien corresponde. A través de esta ley no se pueden dar visos de legalidad, de legitimidad a la incautación, a la expoliación de documentos de manera absolutamente injusta y que no se trasladen.
No podemos permitir que en muchos casos, citaré solo uno, pero hay muchos más, no se trasladen los documentos del Archivo de Salamanca a Euskadi, a sus legítimos y necesarios dueños. Y, tercero, un tema muy concreto pero muy importante, las
víctimas de la transición. Las víctimas de los excesos llamados, entre comillas, de las fuerzas policiales, aparatos del Estado, no pueden tener peor consideración que las víctimas de organizaciones terroristas. No se puede categorizar de menor
consideración la vulneración de unos u otros derechos en función de quién lo haga, especialmente aquella que provino de los aparatos del Estado.
Pedimos igualdad y pedimos justicia, nada que no pregonemos allende nuestras fronteras. Solo pedimos
la legalidad internacional, la verdad, la justicia y la reparación. Este proyecto de ley no contará con nuestro apoyo y seguiremos trabajando para que quizás un día también cuente con nuestro apoyo y se haga verdadera justicia con quienes tenemos
una deuda pendiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, el Bloque Nacionalista Galego considera que la transición no fue una ruptura con el franquismo. Treinta años más tarde estamos aún asumiendo, reconociendo, recuperando
memoria y señalando dónde estaba la legitimidad democrática e incluso aceptando y asumiendo que hubo graves violaciones de los derechos humanos entre 1936 y 1939 y hasta 1975, y creo que incluso hasta 1977.
Por tanto, el texto que hoy pasamos a
discusión y aprobación es cierto que tiene mejoras sustan
ciales en relación a cómo salió del Consejo de Ministro, sin duda se han integrado muchísimas enmiendas que lo han mejorado sustancialmente, pero tiene límites, la mayor parte derivados de esta construcción de lo que fue y es la transición
política. El texto no discute el pacto de la transición, por lo cual es incapaz de asumir la ilegalización o anulación de sentencias y de tribunales; no es la propuesta de recuperación restauradora de la legalidad republicana, sino una propuesta
de recuperación de la memoria y también de reconocimiento de la represión contra las personas, las muchas víctimas que hasta ahora no han sido reparadas. Es, por tanto, una ley de concepción individual y no de concepción orgánica, pero es una ley
que, desde nuestro punto de vista, da un paso al frente muy importante. No es, como se intenta decir por ahí, una ley de punto final, porque las acciones que se pueden llevar ante la justicia siguen estando plenamente abiertas, aunque sea cierto
que la ley no asuma todo lo que debe y deja el gran peso a la voluntad individual y, por tanto, a las personas represaliadas, a sus familias, con muy poco apoyo de carácter institucional. Pero, señorías, a nosotros nos resulta realmente clamorosa
la hostilidad de la Iglesia católica a esta ley, de muchos medios de comunicación y del principal partido de la oposición porque indican cómo asumen el pasado y el presente incluso como posibilidad de legitimación de la represión y de la violencia
antidemocrática, incluso como justificación en determinadas ocasiones de los golpes de Estado y de las dictaduras. Hay zonas del país, como Galicia, que no padecieron una guerra entre bandos, padecieron el golpismo y la represión. Nuestros
compatriotas fueron conducidos a participar en una guerra civil fratricida y fundamentada en valores y prácticas contrarias a los derechos humanos y a los principios de un Estado de derecho. Esto es lo que estamos juzgando. Una parte, no es que no
fuese reparada, es que posteriormente continuó en el poder, legitimada además democráticamente. La otra, la que es principal objeto de nuestra atención en este momento, aún la estamos reconociendo ahora, la estamos legitimando simbólica y
políticamente y la estamos compensando en la medida de lo posible -que nunca es lo necesario- materialmente y, sobre todo, reconociendo sus sufrimientos y todo lo que significaron para la evolución política del país. Pero sobre todo, señorías, es
el fin del silencio. Realmente, negar esta posibilidad hace elocuente que no se persigue ni la reconciliación simbólica siquiera, no digamos la rectificación y el reconocimiento de un periodo opresivo y de las injusticias que provocó. Por lo
tanto, función limitada la de esta ley pero positiva y, como tal, nosotros, que tenemos una idea muy clara de las dificultades del contexto, la vamos a apoyar. Es importante que vaya para adelante en el actual contexto político. Solamente
reconociendo los antecedentes democráticos y combatiendo el miedo y la censura podremos encarar el futuro sin sombras amenazadoras. No podemos asumir la democracia vigilada y fundamentada en la mayor podredumbre y en lo más negro de lo que fue la
España que provocó la guerra civil.
Señorías, recordaba Castelao, el militarismo, es decir, el golpismo, el clericalismo -del cual tenemos graves manifestaciones en el momento histórico presente en nuestro país- y también el centralismo, que fue una de las causas fundamentales
que alimentó precisamente el espíritu golpista, estas grandes columnas vertebrales de la injusticia, como señaló Castelao, son las que en este momento vamos a deslegitimar, por lo menos en sentido político simbólico, en favor, vuelvo a repetir, de
todos nuestros antepasados, de nuestros exiliados, de las personas perseguidas, de todos aquellos que en el caso de Galicia fueron claves para que siguiésemos manteniendo nuestra conciencia de hombres y de mujeres gallegos y gallegas. Aunque nada
más fuese por esto, la ley merece ser apoyada, con todas sus limitaciones que, volvemos a repetir, son muchas pero que contextualizadas también podremos explicárnoslas. Por lo tanto, un paso al frente y un voto favorable del Bloque Nacionalista
Galego.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera. El turno establecido en Junta de Portavoces es de veinte minutos.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, esta legislatura debía ser una legislatura diferente porque por primera vez en democracia se había asumido un compromiso, por primera vez un movimiento amplío nos exigía a esta Cámara políticas de
memoria democrática. A aquellos que dicen que en España ya se habían realizado dichas políticas la realidad les desmiente.
No se trata de caer en el adanismo. Se realizaron políticas, pero parciales. A diferencia de otros países, en el país que
padeció más años de dictadura nunca hubo una política pública por la recuperación de la memoria democrática. En este país algo no se había hecho bien cuando no se podía acceder a los archivos desordenados de la represión, cuando la simbología
franquista convive aún en nuestras calles, cuando quien reclamaba la revisión de las sentencias se encontraba con la invocación de las leyes de la represión por parte de determinados jueces. Algo no va bien cuando hoy, incluso hoy, el principal
partido de la oposición relativiza lo que fue el franquismo, habla de placidez -no sé si hablan de la placidez de las cárceles, de los cementerios o de las torturas- o reinventa la historia, como decía Fraga, diciendo que fue la República la
responsable de la guerra civil y de la dictadura.
No es propio de un país normalizado tener una jerarquía eclesiástica que lo que hace es canonizar a centenares de personas, y que es incapaz de pedir perdón por haber llevado al dictador bajo palio. Y aquellos que decían y que dicen que no
era ni es necesaria esta ley, solo hace falta que vayan al Valle de los Caídos. Hoy en Patrimonio del Estado se hace apología del franquismo, mientras que en Mauthausen, mientras que en los S-21 de Camboya, mien
tras que en Villa Grimaldi se explica lo que fue la represión; hoy en este país, en Patrimonio del Estado se hace apología del franquismo. Es muy sencillo, algo no va bien en este país cuando héroes de la lucha antifranquista, como Simón
Sánchez Montero, han muerto casi en el anonimato y cuando genocidas como Queipo de Llano están enterrados a los pies de la Macarena. (Aplausos.)
Por eso era necesaria esta ley; por eso muchas entidades le dijeron a este Gobierno y a este Parlamento que teníamos que empezar la legislatura de otra manera. Pero las expectativas del principio de la legislatura, las ganas del principio
de legislatura empezaron a tener un sabor amargo; y empezaron a tenerlo por una ley tardía, una ley que tardó más de dos años en entrar en esta Cámara. A esta ley tardía se le sumó lo que en realidad pasó a ser una ley fallida; un proyecto de ley
presentado por el Gobierno que era equidistante, que no condenaba el franquismo, que se reducía a la memoria familiar o individual; una ley que se limitaba a hablar de un consejo de notables que decidiría sobre lo que fue justo y aquello que no lo
fue. Aquella ley se convirtió en frustración; frustración por una mala ley. A este sabor amargo se le sumó el sentimiento del arrepentimiento; un arrepentimiento que empezó a correr como la pólvora entre las filas socialistas; un
arrepentimiento que decía que mejor no haber presentado la ley; un arrepentimiento que decía que era mejor dar carpetazo a la ley y, por supuesto, durante muchos años no volver a abrir este debate. De ahí nuestra insistencia. Era y es fundamental
la ley que, como mínimo, suponga un punto de partida desde el que comenzar a caminar.
Se trataba de aprovechar la oportunidad histórica, la primera oportunidad en treinta años de sentar las bases para la recuperación de la memoria democrática y se trataba y se trata de evitar un riesgo: que con el fin de la legislatura
muriese por muchos años más la oportunidad de conseguir esas políticas por la memoria. Nuestro objetivo fue claro: condena, políticas públicas y declaración con claras consecuencias de la represión. Honestamente creo que lo conseguimos. Hemos
dado la vuelta a la ley. A nuestro entender, la ley va a tener tres elementos básicos: es una ley que pasa ya de la equidistancia a la condena del franquismo, porque se suprime en toda la ley la referencia a los dos bandos, que estaba contenida de
forma transversal en todo su texto, olvidando -como hacía la ley- que se trataba de un régimen legítimo y democrático y de un grupo de sublevados. Se asume, por primera vez en una ley, no solo la condena expresa de esta Cámara, sino que se asume la
más enérgica condena que se ha pronunciado nunca en torno a lo que supuso el franquismo: la declaración de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa; se incorpora un relato que hace nuestros los valores de todos aquellos que lucharon por
la democracia, guerrilleros, carabineros, UMD y brigadistas internacionales, haciendo nuestra la tradición antifranquista y rechazando de plano por el Congreso de los Diputados ese relativismo histórico en el que se dibuja el franquismo como una
dictablanda, reconociendo y asumiendo por el Congreso de los Diputados, como nuestro bagaje democrático, lo que hicieron todos aquellos que se opusieron a la dictadura jugándose la vida. Y es más, por primera vez esta Cámara habla en una ley de los
sublevados, artículo 15, y para nosotros eso significa pasar de una ley equidistante a una ley que condena.
Segundo objetivo, superar lo que se entendía por memoria familiar o individual. La vicepresidenta ha hablado de la memoria individual o familiar, no se la negamos, pero, señora vicepresidenta, en esta ley se habla por primera vez de las
políticas públicas -algo que se no se planteaba-; en esta ley por primera vez se habla de recuperar la memoria histórica; en esta ley se habla de que tendrán que tener un marco institucional; de que tendrán obligaciones, que tendrán que cumplir
la ley para garantizar que se den esas políticas. Se habla de que se tendrán que retirar escudos, insignias, placas que exalten la sublevación militar. Se dice que a los propietarios que no actúen en este sentido se les podrán retirar las
subvenciones. Se explica que las excepciones tendrán que ser determinadas por ley. Se hace un catálogo de vestigios de la guerra civil y de la dictadura. Se garantiza que el acceso a los archivos de la represión va a ser universal, que no se
tendrá que acreditar el carácter de interesado, que se van a suprimir todas aquellas partes que no permitían el derecho a la verdad, a conocer el nombre de los represores.
Esta es una ley que significa políticas públicas y aunque ustedes no lo explican, lo explica el texto, y para nosotros esto es un elemento de profunda satisfacción. Es más, hace muy pocos días en una asamblea de Izquierda Unida, Enrique
Escobar -con un abuelo fusilado- explicaba que por primera vez los particulares no tendrán que desenterrar a los muertos con las palas, sino que tendrán el aval de una ley; que el Gobierno tendrá que realizar un protocolo que asegure la adecuada
intervención en las exhumaciones; que tendrá que colaborar institucionalmente; que tendrá que realizar planes de trabajo; que tendrá que sufragar los gastos. Es verdad, no hemos conseguido que sean ustedes los responsables; no lo hemos
conseguido todo, pero hemos garantizado que la ley avale lo que es una exigencia de aquellos que tienen abuelos, padres, familiares enterrados en las cunetas. (Aplausos.) Se dan respuestas a los exiliados, se consiguen políticas públicas por
primera vez. Y es verdad, no lo hemos conseguido todo. En el Valle de los Caídos nosotros queríamos que no se exaltase el franquismo. Tendrán la prueba de fuego el próximo 20-N, pero como decidieron pactar con otros, no hemos garantizado que en
el Valle de los Caídos se haga lo que se hizo en todos los espacios de la represión: explicar el genocidio, explicar la lucha antifranquista. No lo hemos conseguido porque en este caso ustedes decidieron pactar con otros.
El tercer objetivo que teníamos era conseguir que la ley reflejase la nulidad de los juicios franquistas, y les tengo que reconocer que este ha sido el principal escollo en la negociación con el Gobierno. La situación de partida no era solo
que el PSOE no quisiese la nulidad, sino que su voluntad era dejar el marco represor tal y como estaba, aun a sabiendas de que la revisión de las sentencias de la
represión habían supuesto mantener su vigencia. Es más, el Partido Socialista, el Gobierno nos proponía un consejo de notables que decidiría sobre si un juicio había sido justo o no. No había respuesta a las reiteradas demandas de
anulación de juicios como el de Carrasco i Formiguera, el de Blas Infante, el de Companys, el de Grimau, y el de tantos y tantos otros. Para encontrarnos, empezamos por suprimir los mecanismos de impunidad al facilitar -como se hacía en los
artículos 7.3 y 25.3- el encubrimiento de la identidad de los presuntos autores de abusos, negando que se pudiesen identificar esos nombres. Suprimimos esos artículos, y finalmente conseguimos el punto de encuentro con la deslegitimación total de
la represión franquista, declarando que los juicios eran contrarios a derecho y que eran, por tanto, ilegales; afirmando que nunca tuvieron las características de un juicio justo, aprobando su carácter ilegítimo, diciendo claramente que las leyes
de la represión quedaban expresamente derogadas para que no se puedan invocar por parte de las autoridades judiciales. Dicha declaración no solo va a suponer la declaración de condena al aparato represor franquista más enérgica que se haya hecho
nunca. Conseguimos una declaración de nulidad política pero además abrimos la puerta a la posibilidad de declarar nulas dichas sentencias dando, como dicen los portavoces socialistas, nuevos argumentos jurídicos. Y es que la redacción tiene fuerza
política, tiene fuerza legal y tiene una clara trascendencia jurídica porque, al fin y al cabo, la declaración de ilegitimidad representa utilizar un término asentado en la jurisprudencia. Aquellos que dicen que el término es vago, que lean la
jurisprudencia del Constitucional y vean cómo se explica que eso significa que esas sentencias y esos tribunales estaban en un espacio de radical contradicción con el derecho y los principios de Justicia, es decir, en el espacio de la más absoluta
de las arbitrariedades. Reconocer esto representa por fin una conquista histórica. Pero la declaración de la ley no se queda aquí. Muchos hablan solo de la ilegitimidad. Léanse bien el artículo y piénsenlo porque el artículo dice que todos y
cada uno de los organismos represivos de la dictadura eran contrarios a derecho, lo que es una afirmación de ilegalidad radical. Se declara que no tenían las características de un juicio justo, y ello tiene una clara trascendencia jurídica de
acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los pactos de derechos civiles y políticos y, sobre todo, con el Convenio de Roma en su artículo 6. Porque decir que no tenían las características de un juicio justo es decir que
todos aquellos tribunales y sentencias no respetaron el derecho a un tribunal independiente ni a ser oído ni a la presunción de inocencia ni a la información del acusado ni a tantos y tantos derechos. Eso se traduce en que las consecuencias
jurídicas van a ser extraordinarias. Además, eso junto a la disposición adicional segunda y al artículo 3 va a permitir acudir a los tribunales a decir claramente que esas sentencias fueron nulas.
Cuando desencallamos la ley en el mes de marzo hubo quien aún tenía dudas sobre la trascendencia jurídica, y hubo quien se atrevió a decir que con esto no era suficiente. Por si no era suficiente, nosotros le añadimos un plus a la ley, no
solo derogando las leyes de la represión franquista, sino que decimos que los tribunales no podrán invocar esas leyes de la represión franquista, como han hecho salas del Supremo para negar la nulidad de dichas sentencias. Es cierto que no lo hemos
conseguido todo, pero por nuestra denuncia y, sobre todo, por nuestra perseverancia e insistencia hemos dado un paso adelante muy significativo. La ley nos permite hoy empezar a caminar. Soy consciente de que en esta materia sin la ley, de aquí a
muy pocos meses, empezaríamos con el cronómetro a cero.
Con la ley y con un Gobierno claramente comprometido con la memoria democrática, como es el Govern de la Generalitat, ya se ha anunciado el apoyo jurídico a aquellos que quieran la nulidad de
sus sentencias. Y con la ley, con estos mimbres, tendremos que decirle al próximo Gobierno que queremos que se garantice el acceso a la justicia de forma gratuita para todos aquellos que quieran la revisión de sus sentencias, porque ya no solo
hablamos de memoria individual o familiar, hablamos de políticas públicas y hablamos de la recuperación de la memoria democrática. Lo dice el texto de la ley. (Aplausos.) La ley nos permitirá empezar la legislatura que viene diciéndole al Gobierno
que queremos un ministerio fiscal que intervenga. Ya sé que con un Zapatero con las manos libres será difícil que cumpla, pero con un Zapatero con las organizaciones exigiéndole y con la izquierda exigiéndole lo tendrán difícil para negarnos este
derecho.
Señor presidente, quiero acabar con un agradecimiento, con una confesión y con una conclusión. El agradecimiento es a todos aquellos que lucharon no solo en la guerra civil, sino que lucharon en los cuarenta años de franquismo para que en
este país hubiera democracia. A Joan Tristán, a Enric Pubill, a Marcos Ana, a Ángel Rozas, a todas las personas que hoy nos acompañan (Aplausos.); a los cantautores que se jugaron la vida -esta aquí Elisa Serna-; quiero agradecer, además, a la
sociedad civil, a la alianza entre los abuelos y los nietos, que ha hecho que tantos años después de la muerte del dictador se haya puesto de manifiesto que las heridas para que se cierren hay que cicatrizarlas, curarlas, hay que sanarlas; y que
antes de pasar página, hay que haberla leído. El ejemplo lo tenemos en muchas entidades, en muchas asociaciones: en la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, en la Asociación por la Memoria Histórica, que hoy continúan denunciando
las insuficiencias que pueda tener la ley, pero que a la vez dicen que la ley es un punto de partida sobre el que empezar a caminar. Tenemos muchos ejemplos: José Antonio Moreno, nieto de represaliados; Manuel Perona, descendiente de
represaliados; ejemplos que han hecho que en este país, treinta años después, esta Cámara tenga que hacer los deberes. Por eso, quiero agradecerles su extraordinario trabajo. Quiero, además, agradecer a todos aquellos historiadores, juristas,
asesores que con su trabajo han permitido que haya una ley que no sea ni punto de llegada ni punto final, sino que sea un punto de partida. A May Sánchez, con su trabajo; a Martín Pallín, con sus consejos y, especialmente, a Carlos Jiménez
Villarejo, uno
de los padres de esta ley, uno de los artífices de que hoy tengamos ley.
(Aplausos.)
En segundo lugar, la confesión. Les tengo que confesar que a Izquierda Unida y a Iniciativa Verds nos hubiese resultado mucho más fácil acabar la legislatura con una Ley de Memoria empantanada. Podríamos haberlo hecho y después acusar al
Partido Socialista de falta de voluntad para sacar la ley. Hubiese sido lo más fácil, e incluso -les confieso- electoralmente nos hubiese dado algún resultado. Pero al oportunismo electoral se le contrapuso la responsabilidad histórica, la
responsabilidad de saber que si no teníamos ley, quizás deberían ser los bisnietos los que batallaran por que este país no fuese una sociedad sin raíces y desmemoriada. Ese riesgo no lo quisimos correr. Respeto todas las opciones, pero nosotros
creíamos, y creemos honestamente, que sin ley estaríamos muchísimos años más sin política alguna de memoria. Por eso, hemos apostado por tener una ley que signifique no un punto final ni un punto de llegada, sino un punto de partida; con las
herramientas básicas para empezar las políticas de memoria democrática, y lo hemos conseguido aprovechando la oportunidad histórica de sacar esta ley. Una ley que muchos historiadores, muchos represaliados, muchas asociaciones de las que hoy nos
acompañan entienden que podría ser más, pero entienden que ese es el punto de partida. La ley no obedece a todos nuestros sueños, pero la ley está hecha de nuestros sueños.
En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos sentimos responsables de cada uno de los elementos positivos de claro avance que tiene la ley. Nunca, tal y como reconocía Jorge Fernández Díaz, portavoz del Grupo Popular, un grupo tan
pequeño -cinco diputados-, había cambiado tanto una ley. (El señor Fernández Díaz: Efectivamente.) Nos sentimos orgullosos de los avances y les decimos que las insuficiencias no tienen nuestra paternidad. Allí donde no se ha ido más lejos es
porque ha habido un grupo mayoritario, el Partido Socialista, que no ha querido ir más lejos. La ley no es un icono; la ley no es un texto bíblico; la ley es un instrumento y este instrumento va a empezar a servir. Acabo ya, señor presidente,
con una última consideración que yo creo que le va a servir, sobre todo, a los represaliados. Hoy no nos puede acompañar Miguel Núñez -más de veinte años en la cárcel, con torturas nada plácidas de los hermanos Creux-, porque hoy padece un enfisema
pulmonar, fruto de esas torturas. La ley le sirve a Miguel Núñez porque la ley, tal y como decía hace un par de días Carlos Jiménez Villarejo, es la declaración de ruptura más contundente y más fuerte que se ha hecho nunca en democracia.
Pero la
ley sobre todo servirá porque servirá a las nuevas generaciones, a la gente joven, para que en este país ninguna otra generación pase por la escuela, como ha pasado la mía, sin que le expliquen la lucha antifranquista. Porque la ley permitirá que
en este país se empiece a explicar de una vez por todas lo que fue el antifranquismo. Porque esta ley tiene que servir en definitiva para que empecemos a caminar para que haya memoria democrática en este país.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya -ahora sí que sí, señor presidente-, diciendo que una placa con un poema de Màrius Torres en el Camp de la Bota, donde fueron fusilados numerosos demócratas, dice (Pronuncia palabras en catalán.): Hoy
tenemos menos olvido, hoy tenemos más memoria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
El grupo nacionalista vasco, Grupo Vasco en la Cámara, va a apoyar aunque no en su integridad como luego explicaré, pero sí en un 90 por ciento, el contenido de esta ley, que hay que reconocer que ciertamente ha sufrido un vuelco importante
desde el texto presentado por el Gobierno al que sale de la Comisión Constitucional en fechas recientes. Un texto que intenta responder en la medida de lo posible, y cohonestando el máximo de intereses y el máximo de acuerdo entre los grupos, a
reparar un recuerdo, una deuda que estaba pendiente. Porque aunque se quiera afirmar así, en la transición lo que primó fue el silencio de muchas y muchas cosas que habían ocurrido en los años anteriores. No podemos compartir que haya grupos que
quieran que las cosas sigan estando así y que ese silencio se siga manteniendo, porque no es bueno para la democracia ni tampoco para la convivencia ni para la igualdad de todos los ciudadanos. Además era urgente tomar medidas, tomar una decisión
aunque fuera costoso y laborioso en ese proceso de ir acercando posturas. Urgente porque, al menos desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en una próxima legislatura sería muy difícil o casi imposible abordarlo; y porque
ya han pasado muchos años desde el fin de la dictadura y la transición, y si queríamos tomar medidas económicas reparadoras que afectaran directamente a algunas personas y que las compensaran, no nos podíamos retrasar más. Una primera consideración
es que esta ley era necesario sacarla ahora, en esta misma legislatura. Creemos también que algunos de los temores manifestados por ciertos colectivos han sido resueltos, han desaparecido. Esta no puede calificarse, a nuestro modo de ver, como una
ley de punto final, y creo que ya ha sido reconocido así por los colectivos que en su momento lo plantearon, sobre todo si se tiene en consideración la disposición adicional segunda, que deja abierta en cualquier caso las acciones oportunas ante los
tribunales internos o internacionales.
Toda esta idea del punto final va también unida a una discusión que a nuestro modo de ver se ha exagerado por parte de algunos colectivos y en los medios de comunicación, y me estoy refiriendo a la cuestión de la ilegalidad de las sentencias
de los tribunales franquistas. Se
ha optado por la ilegitimidad y sinceramente nos parece que puede ser una solución satisfactoria, porque ciertamente al abordar este asunto se puede hacer desde muy diversos prismas y desde muy diversas sensaciones personales. Por una
parte, hacia esa ilegalidad de las sentencias hay, es innegable -y pueden ser más o menos compartidas por nuestro grupo-, dificultades legales para que un parlamento declare de plano la ilegalidad de unas sentencias. Por otra parte, hay mucha gente
que se nos ha acercado y que no quieren que se declaren ilegales sus condenas porque ellos llevan a gala haber defendido la democracia, haberse comportado correctamente a su modo de ver, y haber sido sentenciados por tribunales franquistas y de la
dictadura, por tanto, es una medalla, un honor para ellos que no necesita ser declarado ilegal. Ha habido muchas guerras en este país que se han vivido de manera diferente y también nos podemos encontrar en el caso del País Vasco con gente que no
está dispuesta a que la Sala Militar del Supremo vaya a anular una sentencia que se la pusieron precisamente unos militares que pertenecían a ese mismo ejército. Nos encontramos también con el caso de que si se produjera esa declaración de
ilegalidad dejaríamos en el olvido a muchas personas que ni siquiera tuvieron un proceso, por muy injusto y falto de garantías que fuese, sino que simplemente fueron cogidas de sus casas, llevadas a una cuneta y asesinadas y enterradas allí mismo.
Por tanto, ni se iba a producir una reparación general ni todos los colectivos lo abordan de la misma manera ni tampoco desde el prisma estrictamente jurídico el asunto está claro. Tengo que decir que respecto a este último colectivo, el de
aquellas personas que ni siquiera sufrieron un proceso por muy injusto y falto de garantías que fuese, se consiguió a través de una enmienda en la Comisión, que creemos que es importante, que ahora sí sea posible también para ellos obtener una
declaración de reconocimiento personal. En el texto inicial de la ley, incluso en el que salió de la ponencia, la declaración de reconocimiento personal era solo para aquellas personas que hubieran sido objeto de sentencia. Insisto, esta
declaración de ilegitimidad entorna la puerta, mejora la situación, si la leemos junto con la disposición adicional segunda, para todas aquellas personas que deseen instar ante los tribunales una posible anulación de esas sentencias, una posición
reforzada respecto a la que en estos momentos se encuentran sin la aprobación de esta ley.
No voy a extenderme en las medidas económicas en algunos casos para muchos colectivos. Creemos que se ha hecho un esfuerzo en ponencia y en Comisión para que esas medidas fueran más amplias y más integradoras, y para que entraran una serie
de colectivos que en principio habían quedado olvidados. Siempre puede quedar olvidado alguno, pero nosotros vamos a intentar, si es posible, introducir una enmienda para reconocer que no ha prescrito el derecho de reconocimiento de las
cotizaciones de la Seguridad Social y mutualismo laboral perdidas por despidos o sanciones derivadas de hechos contemplados en la Ley de Amnistía. Una mala interpretación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en su tiempo, dejó sin
reconocimiento -reconocimiento que la Ley de Amnistía en principio hacía- esas cotizaciones creo que por razones, insisto, de una mala interpretación de prescripción y pensamos que, si es posible, deberíamos abordar la reparación también en este
colectivo porque, como digo, no sería más que seguir aquello que la Ley de Amnistía había planteado. Para nosotros también era importante todo lo referido a exhumaciones. No podía dejarse todo este asunto simplemente a la dinámica ya establecida.
Para nosotros era importante que fueran las propias administraciones públicas y el Gobierno del Estado a la cabeza los que marcaran un impulso, ordenaran toda esa situación y, muy importante, financiaran estos trabajos. Esto se aúna con los
colectivos y con las organizaciones que hasta ahora lo han hecho y que han realizadoun trabajo encomiable, pero es necesario que la Administración se ponga a la cabeza y que, además, dote de financiación adecuada estos asuntos.
En cuanto al tratamiento de la simbología franquista, abundante en algunas zonas del Estado, no tanto en otras, la verdad es que nos parecía absolutamente insatisfactorio que el texto inicial dijera solamente que deberían ser retirados
aquellos símbolos que exaltaran la guerra civil.
En realidad exaltar la guerra civil no lo hace ninguno; exaltan a un bando, exaltan a las personalidades de algunos bandos, y eso debería quedar recogido; no es admisible que siga habiendo por
doquier calles del General Franco o de generales sublevados y que esto parezca normal. La verdad es que el texto ha quedado relativamente adecuado y ponderado, luego la práctica y el buen saber, el entender y cada uno de los casos irán marcando
cuáles tienen que ser esos pasos, pero que la ley marque un impulso, que la ley obligue y que la ley también plantee, incluso en algunos casos, la retirada de subvenciones nos parece correcto. Por lo que se anuncia, puede haber una transacción
acotando esa retirada de subvenciones a los monumentos concernidos y no tanto a la institución de la que dependan esos monumentos, y ello es una medida adecuada y equilibrada.
Últimamente ha habido una polémica en los medios de comunicación sobre la beatificación de religiosos asesinados por odio a la fe -se entiende- por parte del bando republicano. Sinceramente se ha querido hacer ver, al menos ha dado esa
sensación, que la jerarquía eclesiástica quería oponer este hecho a la mera aprobación y la discusión de la Ley de Memoria Histórica. No me resisto a hacer una serie de menciones. Una, que no todo el mundo está de acuerdo con estas
beatificaciones, incluso familiares de algunos de ellos. Me van a permitir que lea extractos de una carta publicada en un periódico el 28 de octubre de este año que dice así: Mi padre no sabe si su tío fue un mártir -es una de esas personas que ha
sido beatificada- pero sabe que, en España, no. Mi tío abuelo Santiago era nacionalista vasco, independentista y sobre todo un hombre de fe. Por lo que sabe la familia, efectivamente lo mataron los republicanos en Cuenca, en el colegio donde daba
clases, pero no fue fusilado; parece
ser que en un tiroteo, mientras ayudaba a un herido fue alcanzado por una bala. Esto le vale a la diócesis para incluirlo en una lista bajo el título de mártires de España. Señores de la diócesis, mi tío abuelo como mucho fue mártir de la
Iglesia; estoy seguro de que si ustedes le dieran a elegir, hubiera preferido no estar en su lista.
Hay más. Nuestro grupo no entra en si deberían haber sido beatificados o no, pero sí hay un olvido por parte de la Iglesia, un olvido que nuestro grupo hoy en esta Cámara quiere rectificar en la medida en que pueda, porque no solo hubo
religiosos asesinados por el bando republicano, hubo religiosos asesinados por el bando franquista y represaliados muchos más, y de estos casos la Iglesia parece que no se acuerda. Me van a permitir que lea el nombre de los dieciséis religiosos
vascos fusilados por estar en el bando republicano y por ser simpatizantes con la causa nacionalista, aunque no fueron los únicos religiosos fusilados por los franquistas, hubo otros en otras partes del territorio del Estado. Estos dieciséis vascos
fueron: Martín de Lekuona, Gervasio de Albizu, José de Ariztimuño Aitzol, Alejandro de Mendicute, José Adarraga, José de Arin, José Iturri Castillo, Aniceto de Eguren, José de Markiegi, Leonardo Guridi, J osé Sagarna, José Peñagarikano, Celestino
Onaindía y los padres Lupo, Otano y Román. Les aseguro que ninguno de ellos contribuyó en modo alguno a perjudicar a ninguna persona, a instigar asesinatos o detenciones, cosas que quizá no se podría decir de todos los beatos de la lista.
Tengo que recordar también a los cerca de cuatrocientos religiosos vascos que fueron encarcelados durante muchos años en cárceles como la de Carmona simplemente porque no eran simpatizantes con la causa franquista.
Esperemos que esta ley
pueda dar a todos los colectivos un poco de equilibrio ante el silencio que se ha dado durante todos estos años.
Otro tema importante para nosotros eran los archivos. La cruda realidad es que el texto presentado por el Gobierno empeoraba la situación del ordenamiento jurídico actual a la hora de acceder a los archivos y de conseguir documentación.
Con el texto presentado en el proyecto se podría dar el caso de que documentación que investigadores han obtenido, por ejemplo, del archivo de El Ferrol sin muchas restricciones, en estos momentos, tal y como se había presentado el texto de ley, no
hubiera sido posible obtenerla. Debe conocerse la verdad con nombres y apellidos, que han pasado muchos años y que esos archivos deben estar abiertos no solo a los familiares de las personas involucradas en determinados hechos, sino a los
investigadores también porque eso redundará en beneficio de la verdad y en beneficio de una reconciliación. Eso lo hemos conseguido con las modificaciones realizadas en la ley. Entonces queda claro que cuando se menciona la Ley de Patrimonio
Histórico es para declarar constitutivos del patrimonio documental y bibliográfico esos documentos que están en archivos públicos y privados, pero nunca lo pueden ser a efectos del artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico, artículo que impedía
conocer los nombres de personas implicadas en los hechos. Eso queda anulado a través del artículo 22 de esta ley y nos congratulamos de ello, de que esos archivos estén abiertos a cualquier persona y a la verdad.
Dicho esto, no puedo ocultar que el acuerdo con la ley de nuestro grupo no es total porque la ley hace una mención específica al Archivo de Salamanca y porque nuestra enmienda planteada una vez más sobre la devolución de los documentos
incautados al Gobierno vasco, y que se encuentran en el Archivo de Salamanca, ha sido rechazada. Por eso es la única que nuestro grupo mantiene viva y que pretende votar en el Pleno de hoy. Es una reivindicación que hemos explicado por activa y
por pasiva.
Creemos, primero, que son unos documentos que tienen dueño y, segundo, que se ha producido una discriminación evidente entre los dos gobiernos autónomos que existían en tiempos de la República. Mientras que al Gobierno catalán se le
devuelven esos documentos no sucede así con el Gobierno vasco y nos parece que es una cuestión de justicia. No podemos aprobar los artículos referentes al Archivo de Salamanca y no podemos aprobar esta parte de la ley mientras no se proceda a
aceptar la devolución de esos documentos que pertenecen a las instituciones de Euskadi. En consecuencia, tenemos la enmienda número 187 y me gustaría también pedirle al señor presidente que los artículos 20, 21.1 y disposición adicional primera se
votaran por separado, de manera conjunta, si lo considera oportuno.
Estoy seguro de que cada grupo político hubiera hecho una ley de memoria, por llamarlo de alguna manera, diferente, con sus matices. Se ha avanzado. Ha sido difícil, el texto inicial desde luego no lo ponía fácil, pero dados los tiempos en
los que estamos, la urgencia del asunto, el consenso y las rectificaciones a las que se ha llegado, nuestro apoyo a la ley no puede ser negado, a pesar de que, insisto, hay algunos aspectos que nosotros hubiéramos regulado con algunos matices y de
que haya para nosotros un asunto importante, como es el Archivo de Salamanca.
No podemos decir no a un conjunto de la ley que evidentemente va a reparar injusticias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Esquerra Republicana, señor Tardà, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Socialista rechazará de nuevo las enmiendas de los republicanos catalanes. Sin embargo, la sociedad conoce cuál ha sido nuestro rol a la hora de desencadenar el proceso. Si en esta Parlamento, en el año
2004, no hubiera desembarcado un grupo parlamentario republicano, y si Rodríguez Zapatero no nos hubiera necesitado para ser investido presidente -al gozar solo de una mayoría parlamentaria relativa-, hoy ni tan siquiera estaríamos hablando de ello.
Esto lo decimos muy convencidos, porque conocemos cuál es la opinión de Felipe González, cuál es la opinión del señor Guerra y de otros dirigentes del Partido Socialista, corresponsables
también de haberse perpetuado durante el posfranquismo el modelo español de impunidad contra la humanidad, contra los crímenes perpetrados por la dictadura. Fue nuestro grupo el que planteó en el año 2005 el debate de las responsabilidades
del Estado español en el holocausto. Miles de ciudadanos republicanos fueron reducidos a esclavos en los campos de exterminio gracias a los acuerdos alcanzados entre Himmler y Serrano Suñer, que los reducía a la condición de apátridas. Lejos
quedaba la negativa de Felipe González a asistir en el año 1995 a los actos del 50º aniversario de la autoliberación del campo de Mauthausen, una actitud que denota ya la voluntad clara de alejar al Estado español franquista de sus responsabilidades
como parte activa del intento de aplastar la democracia en Europa. Ustedes aceptaron la propuesta de Esquerra y se comprometieron a abordarla en el proyecto de Ley de la Memoria. Dígannos, ¿en qué artículo de la ley se halla contemplado el
compromiso adquirido? No lo hay, no aparece. El proyecto de ley esconde una voluntad manifiesta de alejar el régimen franquista de su condena por parte de Naciones Unidas.
Ustedes pretenden reconocer en el artículo 10 a las personas fallecidas en
defensa de la democracia durante el período 1968-1977; repito, en defensa de la democracia. Uno debe preguntarse: ¿Por qué razón a partir de 1968? ¿Acaso las víctimas anteriores no luchaban en defensa de la democracia? ¿El compañero Julián
Grimau, asesinado por la dictadura en 1963 con el asentimiento de Manuel Fraga Iribarne, ya entonces ministro de Franco, era menos defensor de la democracia que otros demócratas caídos con posterioridad a 1968? ¿Alguien de ustedes se atrevería a
afirmar que los republicanos que liberaron París a las órdenes de Leclerc no eran conscientes de que protagonizaban una victoria de la democracia ante el fascismo? ¿Existe algún diputado de Izquierda Unida que se atreva a manifestar públicamente
que los militantes del Partido Comunista de España o del Partido Socialista Unificado de Cataluña muertos en la incursión militar de la Vall d'Aran de 1944 no pretendían culminar la victoria parisina con otra en Barcelona o Madrid? ¿Acaso su lucha
no tenía una finalidad democrática? Ustedes pretenden consagrar dos categorías distintas de ciudadanos antifranquistas, lo cual nos parece anticonstitucional y perverso, pero todavía existe otra derivada. Me refiero a su voluntad de legislar en
contra de las normas que se han adoptado en Europa desde la derrota del nacionalsocialismo. Ustedes no se atreven a hablar claro, no se atreven a decir a la ciudadanía exactamente lo que hay detrás de todo ello. Detrás de todo ello existe la
voluntad de crear un nuevo parámetro en la aplicación del derecho penal internacional y sobre las categorías y conceptos relativos a crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, conceptos todos ellos originados en la
Declaración de Moscú, en la Declaración de Londres y por el Tribunal Penal de Nuremberg y consagrados como imprescriptibles por Naciones Unidas. En definitiva, hablamos de las bases estructurales de la cultura democrática europea desde la
finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ignoran deliberadamente la Resolución 95 de Naciones Unidas, relativa al reconocimiento de las sentencias y los principios de derecho internacional que surgen de Nuremberg. Ustedes ignoran
deliberadamente las resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la cuestión española, a las que todos los Estados que se adhirieron a Naciones Unidas tuvieron que subrogarse obligatoriamente. En ellas se hace
explícita referencia a que en origen, naturaleza, estructura y conducta general el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido gracias a la ayuda nazi y fascista y de igual manera se deja clara la ayuda franquista a las tropas
del Eje. Ustedes ignoran deliberadamente todo ello porque saben que ningún Parlamento puede legislar en contra del derecho internacional de Naciones Unidas. Ustedes definen, pues, en esta ley la ilegitimidad del régimen franquista e incluso
intentan definir el propio régimen, pero ocultan la única definición del franquismo que tiene valor jurídico en la jurisprudencia europea y en el derecho internacional, es decir, las resoluciones de la Asamblea General, que hacen explícita
referencia al acuerdo de Potsdam y a los acuerdos que implementaron el llamado Pacto de las Naciones Unidas. Que nadie se engañe. A partir de la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977, ley preconstitucional con voluntad de punto final, se
levantó un modelo de transición que ha pretendido ser modélico.
No importó nada que posteriormente la misma Constitución española recogiera que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se deberían interpretar de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. No les importó. Allí nació el modelo español de la impunidad que hoy ustedes piensan ratificar, aun sabiendo a ciencia cierta que ello les hunde en una contradicción profunda. Es
posible perseguir a los dictadores de las repúblicas sudamericanas al amparo de la Constitución y en cambio continuar esquivando la justicia para las víctimas del franquismo. Ustedes niegan la equiparación de la democracia española al resto de
democracias que tuvieron el infortunio de padecer regímenes totalitarios. Sociedades como la alemana o la italiana tarde o temprano metabolizaron su pasado. La República italiana anuló las causas judiciales de los tribunales fascistas finalizada
la guerra y, como saben, en el año 1998 Helmut Kohl promovió la anulación de las causas de los tribunales nazis desde el año 1933. En este mismo año, la Fiscalía alemana ha anunciado la anulación de las sentencias de los tribunales militares del
ejército alemán, que ejecutaron sentencias de muerte por traición a soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Nosotros desconocemos cuál es el escenario ético desde el cual el Partido Socialista e Izquierda Unida pueden conceptualmente aceptar la legalidad franquista, porque saben bien que la declaración de legitimidad del régimen franquista
conlleva aceptar su legalidad. De ahí viene la referencia muy acertada al debate fechado en 1930 sobre la nulidad del Código Penal de 1928, conocido como código Primo de Rivera. Para los juristas demócratas y para los demócratas de entonces el
Código Penal, por ser hijo de la dictadura, era de ilegítima procedencia, y en consecuencia ilegal. Frente a ellos, el fundador de la
Falange, José Antonio Primo de Rivera, justificaba por qué dicho código puede ser ilegítimo y a la vez legal, y lo hacía de la siguiente manera -cito-: Ley no es, por tanto, lo que aprueba un parlamento, sino lo que aprueba el órgano
legislativo de un régimen. Ese órgano legislativo pueden conformarlo las Cortes con el jefe del Estado o el Gobierno con el jefe del Estado. Las dictaduras siguen el segundo modelo. Luego, dentro del régimen de dictadura, un código gubernamental
legislativo es un código legal. Cierro la cita de José Antonio Primo de Rivera. Ustedes, tal como defendía el padre del fascismo español, avalan con su ley un concepto que consolida -atención- como legales los actos de la dictadura franquista, los
mismos argumentos que José Antonio Primo de Rivera utilizaba respecto a las leyes de la dictadura militar de su padre.
Huelga decir que, proclamada la República, el Código Penal de 1928 fue anulado y declarado sin ningún valor.
Para miles de catalanes, la vicepresidenta del Gobierno, doña Teresa Fernández de la Vega, será recordada por haber protagonizado una gran impostura. No tuvo ningún reparo usted en profanar una de las demandas más sentidas en Cataluña. Me
refiero a la anulación de la causa judicial del presidente de Cataluña Lluís Companys. Hacía tan solo unos días que el Grupo Socialista había aprobado en esta Cámara una iniciativa de Esquerra que instaba al Gobierno a anular su causa judicial,
entendiendo que su anulación comportaría inevitablemente todas las otras, por cuanto en una sociedad democrática no puede actuarse de otra forma. La vicepresidenta presidió un acto de homenaje al presidente mártir en Montjuic el día 15 de octubre
de 2004, aniversario de su asesinato, en compañía del muy honorable presidente de Cataluña Pascual Maragall, y allí se ratificó en la anulación de su causa judicial. ¿Acaso usted creyó que podía tomarse a la ligera lo que para nosotros, para
nuestro pueblo, es un imperativo de justicia? En cualquier otra democracia, europea por supuesto, en donde el relativismo sobre lo que nos concierne aquí hoy no hubiera hecho mella, lo hecho por usted sería incluso motivo de dimisión, pero de
vergüenza seguro. No le quepa ninguna duda, señora vicepresidenta, de que algún día vamos a conseguir la anulación de la causa del presidente Lluís Companys, no lo dude, incluso a pesar de usted.
Vamos enterrando ya a los hijos de los miles de ciudadanos fusilados, desaparecen sin ver anuladas las causas que llevaron a sus padres a la ejecución, personas que habían interiorizado tanto dolor y tanto terror que en los años de la
transición tan solo se atrevieron a iniciar muy tímidamente un difícil trayecto hacia la reparación de la memoria de sus padres, y al cabo de treinta años topan con un proyecto de ley que al fin y al cabo no difiere en nada de la situación del año
1980. No es de recibo, señores Herrera y Llamazares, decir que con la declaración de ilegitimidad del régimen dictatorial se abre una brecha jurídica para poder acometer la anulación de las causas judiciales. No ha habido ningún jurista que se
haya atrevido a publicitarlo. ¿Pueden decirnos por qué en un futuro un juez debería fallar a favor de la anulación, si el texto legislativo deja sellado de forma explícita e implícita que aquello que no se cuestiona es la legalidad de los
tribunales? Creo que no deberían confundir a las víctimas, porque son víctimas y porque muchas de ellas son muy, muy mayores. Además, si les animan ustedes a iniciar un nuevo viacrucis y a establecer un pleito con el Estado por el reconocimiento
de la nulidad, permítanme que les pregunte si es justo que la víctima sufra por partida doble. ¿Acaso la Administración se hará cargo de los procedimientos? ¿Aceptarán el listado de diez, veinte, cincuenta mil personas fusiladas para que se abran
consecuentemente los mismos procedimientos de anulación? ¿Qué institución del Estado se hará cargo de la representación judicial de los ausentes? Porque, ustedes saben bien, que en la comisión de crímenes contra la humanidad la figura más
representativa no son los presentes sino los ausentes.
Lamentablemente el Partido Popular no ha aprovechado la oportunidad de convertirse en un partido homologable al resto de partidos conservadores europeos, pero no les extrañe, todavía hoy un personaje como Manuel Fraga Iribarne, responsable
del asesinato por parte de la Policía de cinco trabajadores en Vitoria en el año 1976, ocupa un lugar distinguido en su partido. Ello en el resto de Europa sería incomprensible. Solo cabe recordar la dimisión de Kurt Waldheim de su cargo de
presidente de Naciones Unidas al descubrirse su pasado nazi.
Nos duelen también otras posiciones: El señor Duran i Lleida esperó casi treinta años a presentar una demanda parlamentaria de anulación de la causa judicial que llevó al patriota catalán, Carrasco i Formiguera, fundador de Unió Democrática
de Cataluña ante un pelotón de ejecución. Al final se decidió a ello. Ciertamente la coyuntura le era favorable, el Gobierno se había comprometido con la anulación de la causa a Lluís Companys, a demanda de Esquerra, pero, a cambio, hoy ustedes
van a legitimar un gran fraude.
En relación a los monumentos y espacios de la memoria retomo las frases pronunciadas por el diputado Herrera, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en la Comisión Constitucional sobre los campos de exterminio del régimen de Pol
Pot en Camboya y la Villa Grimaldi en Chile, que hoy también ha sacado a colación, en donde la trasgresión de los derechos humanos adquirió rango de categoría sistemática. Una vez más, nos encontramos con un intento de querer alejarnos del origen y
las causas de la guerra civil española. Si el señor Herrera quiere conocer los centros de la memoria debería visitar Mauthausen, lugar en donde se halla la historia real de Europa y la realidad de los republicanos del Estado español. Llevarnos a
Camboya o a Chile es pretender confundir el conflicto. Por ello uno no puede dejar de preguntarse: ¿Dónde se halla la pirueta intelectual que permite ser categórico en lo lejano y flexible en lo que concierne al régimen que padecimos?
Ustedes niegan la condición jurídica de víctima a los represaliados, no quieren asumir los riesgos que supone este reconocimiento, puesto que dotaría al ciudadano del instrumento necesario para que actuara en uso de sus libertades como
considerara oportuno. He aquí la gran
diferencia entre ustedes y nosotros los republicanos. Para Esquerra corresponde al Estado reparar a sus víctimas, dotándolas de una condición jurídica de víctimas y ampararlos, dando a poyo a las reclamaciones que consideren oportunas de
canalizar por vía judicial, si creyeran que las reparaciones no les satisfacían. No hay pues reconocimiento de la condición de víctima en toda su casuística, desde las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las ejecuciones sumarísimas, juicios
arbitrarios, torturas, exilios, destierros, depuraciones administrativas, saqueos, etcétera. Estos actos, que se cometieron de forma sistemática en contra de la población civil, constituyen crímenes contra la humanidad y están recogidos por el
derecho internacional y por la jurisprudencia europea. No obstante, para sorpresa de Esquerra, en una sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de abril de 2005, que fue ratificada posteriormente por la Sala Penal del Tribunal Supremo, la
jurisdicción ordinaria española reconocía la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles y argentinos en Argentina. Esta imprescriptibilidad y su aplicación por la justicia ordinaria fue ratificada finalmente, de forma
expresa, por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el año 2006. En definitiva, esta ley no respeta ni tan siquiera las resoluciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Ustedes van cayendo en contradicciones que incluso lindan con el esperpento. Desde esta tribuna, el ministro Caldera defendió la restitución de los bienes incautados a las centrales sindicales. Así, la Unión General de Trabajadores recibió
149 millones de euros. La demanda era justa y Esquerra la apoyó. Por eso no somos capaces de asimilar la razón por la que no hacen extensibles los argumentos del señor Caldera a tantos otros miles de ciudadanos o entidades que fueron objeto
también, como UGT, de la misma acción. ¿Por qué razón lo que se repara a UGT no debe aplicarse a los ciudadanos que sufrieron la incautación de bienes inmuebles o, por ejemplo, el dinero incautado por orden de las autoridades franquistas? ¿No
pretenderán decirnos que los sindicatos merecen mayores dignidades que otras entidades, que otras instituciones, o que los ciudadanos particulares? Dirigentes democráticos europeos han pedido perdón en nombre de sus Estados. Cuando un dirigente
alemán pide perdón al pueblo de Euskal Herria por el bombardeo de Gernika o cuando se arrodilla en las puertas de Auschwitz, la sociedad alemana se fortalece, se prepara para combatir presentes inquietantes y futuros inciertos para con las
libertades y el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo vamos a esperar que la Iglesia católica pida perdón por su colaboración con el Estado fascista si el mismo Estado español no pone en cuestión su pasado perverso?
Ustedes protagonizan una dejación que acarreará, a nuestro entender, graves perjuicios en un futuro inmediato, de la misma manera que la dejación anterior nos ha llevado a un mayor protagonismo de revisionismo histórico, el revisionismo que
permitió al ministro Bono la desfachatez de hacer desfilar al unísono un liberador de París y un legionario de la División Azul, escenificación de una pretendida legitimación del bando fascista. Un revisionismo histórico que explica la
catalanofobia existente en la sociedad española, causada por el desconocimiento de lo que significó el franquismo como agente activo de los genocidios culturales y lingüísticos de las naciones vasca, gallega y catalana.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, ya tiene que concluir. Lleva más de dos minutos de exceso.
El señor TARDÀ I COMA: Termino, señor presidente.
En definitiva, su ley ha sido rechazada por las entidades memorialistas, incluso ha sido deslegitimada por Amnistía Internacional y por supuesto da aire al intento de la derecha de banalizar los derechos humanos y los crímenes contra la
humanidad. Que no se engañe el señor presidente, hoy ausente, con su texto ha condenado a una segunda muerte a las víctimas del fascismo y, atendiendo a las referencias contenidas en su discurso de investidura, me parece, francamente, muy, pero que
muy deplorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà. Gracias.
Corresponde el turno a Convergencia i Unió, señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, nuestro grupo parlamentario se ha posicionado en el debate de la Ley de Memoria Histórica en contenidos y en formas distintas de las que acaba de expresar el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, pero también de las que ha expresado hasta la fecha fuera de la Cámara y en la Cámara el Partido Popular. Mi compañero Jordi Xuclà, ponente de esta ley, explicará después las enmiendas que mantenemos vivas y el porqué de la
presentación y del mantenimiento de las mismas. Quisiera dedicar parte del tiempo adjudicado a Convergència i Unió a razonar el porqué de nuestro posicionamiento político, de nuestra filosofía -si me lo permiten- ante esta importante Ley de la
Memoria Histórica.
Memoria histórica. La memoria, de entrada, señorías, significa, a nuestro juicio, algo subjetivo, algo personal. La memoria provoca lógicamente sensibilidades distintas, incluso muy íntimas, muy familiares, especialmente cuando se hace
referencia a la memoria histórica, a la memoria de 1936-1939 y dictadura franquista. La historia, que es la otra parte que compone o integra el título de esta ley, habría que dejarla, a nuestro juicio, para los historiadores, no para los políticos,
y en cualquiera de los casos aceptando que, al manejarla los políticos, siempre se corre el riesgo, siempre, de que esta memoria pueda ser sectaria, pueda ser parcial, o ambas cosas a la vez. Cuando se plantea -y ha salido ya a colación en este
debate- el derecho y necesidad de esta ley, nuestro grupo parlamen
tario también tiene necesidad y se siente en la obligación de aportar alguna reflexión al respecto.
Derecho. Convergència i Unió defiende el legítimo derecho de las personas, de las familias, en recuperar la memoria de las víctimas de dos realidades: en las víctimas de la realidad de la guerra civil y en las víctimas de la realidad del
franquismo. No víctimas de la República, como algunos también quieren incorporar -después hablaré de la República-, en la medida en que la guerra civil y el franquismo fueron regímenes o realidades que no fueron amparadas por la legalidad
democrática. Ese es por tanto el marco en el que se concreta la memoria y la legitimidad del derecho a recuperar, por parte de quien lo haya deseado, aquellas circunstancias y recuperar y reparar los daños producidos.
Necesidad. Se ha discutido, y la vicepresidenta del Gobierno lo ha defendido, la necesidad de esta ley. Por supuesto yo coincido con el Gobierno si por necesidad se entiende la de adoptar una serie de medidas, tanto en cuanto se refiere a
ayudas como a reparación, a reconocimiento, etcétera. La reparación moralmente es justa y necesaria y desde este punto de vista, desde los contenidos, nosotros podemos abrazar la idea de la necesidad de este proyecto de ley. Ahora bien, es justo y
legítimo que se opine -y yo opino que sí- que todo eso podría haberse hecho también sin una ley. Es una acepción tan legítima como la otra. No le discuto al Gobierno los contenidos, le discuto el instrumento legislativo o el instrumento político
adoptado. Por otra parte, el Gobierno, y así se lo han recordado los grupos parlamentarios, lo hizo básicamente a remolque de la resolución propuesta por Esquerra Republicana y por Izquierda Unida. ¿Por qué creo que había otra alternativa? Aun
insistiendo en dejar claro que los contenidos sí son necesarios a nuestro juicio, a juicio de este grupo parlamentario, independientemente de que en alguno de los contenidos -como se verá después, por lo que explicará el señor Xuclà- nuestra
posición no coincida con la del Gobierno e incluso nos fuerce a votar algún punto en particular de manera distinta a la suya.
¿Por qué creo que puede ser considerada innecesaria? Ya dije que porque se podía haber recurrido a otros instrumentos. En segundo lugar, porque al final esta ley no va a satisfacer a nadie, a nadie. Por supuesto, no satisface a quienes
impulsaron la legislación sobre esta materia, a quienes impulsaron la resolución en su día en el debate del estado de la Nación, y tampoco satisface a otra parte de la Cámara por motivos distintos. Porque además se ha provocado, y esta sería una
tercera razón, un debate político en torno a esta ley. Tanto más importante que el contenido de esta ley, en política, tanto más importante de lo que son las cosas es cómo parece que son, y no se puede obviar por esta Cámara, más allá del contenido
-en el que insisto que vamos a estar de acuerdo básicamente, con alguna pequeña diferencia o con alguna diferencia más notoria-, no se puede obviar, repito, en política, una realidad, lo que refleja el debate, distinto de lo que realmente es la ley.
Y esta ley ha provocado un debate, ante el cual quisiera en nombre de nuestro grupo parlamentario posicionar nuestra actitud.
Se ha cuestionado la transición. Después volveré a hablar de ella, al final de mi intervención. Por supuesto que la transición no fue un punto y final, fue un punto y seguido, fue un pasar página, y es importante recordarlo. Es verdad, es
cierto que fue así. Pero dicho esto, es bien cierto, y nuestro grupo parlamentario no renuncia por tanto a los efectos positivos de esa transición, que llevamos 30 años de éxito de esa transición. Y cuando se ha querido contrastar la transición
con la misma II República, es cierto que aquella fue una etapa positiva, una etapa que abrió muchas esperanzas, y lo dice alguien que forma parte de un partido que se creó en el año 1931, un partido fiel a la República y por cuya fidelidad a la
República se mata a gente, ya diré después quién y cómo.
Por tanto, hablo en nombre de un partido, de una coalición, de Convergència i Unió, que tiene autoridad moral para decir, desde esa convicción de partido que defendió la República, que en la
República no todos los valores fueron republicanos ni todos los valores fueron demócratas, y que además aquella experiencia acabó mal. Por tanto, si se comparan, yo insisto en no rechazar el valor positivo de la transición, al margen de reconocer
todo lo que hubo de esperanza en aquella época democrática de la República.
Señorías, si creo que fue un error presentar la ley, en la medida -insisto- del concepto de necesidad que he atribuido o no a la ley, creo que también es un error refugiarse en una actitud contraria a la misma y presentando ante la sociedad
unos contenidos que no se corresponden con esta ley. Tanto error es abrir un debate que puede dar pie a una interpretación sectaria de la historia como refugiarse en otra interpretación, que puede ser partidaria y que por tanto también puede ser
parcial, de la historia. Por ese motivo nosotros no compartimos una parte de las posiciones que mantienen algunos partidos de la oposición, por entender que refugiarse, insisto, en no querer entrar a dialogar sobre esta cuestión es refugiarse en
otra interpretación parcial y sectaria de la historia.
La memoria histórica, que es de lo que trata esta ley, señorías, debería ser de todos; lamentablemente, no lo es, no lo va a ser. ¿No lo es por responsabilidad del Gobierno? En parte. ¿Toda la responsabilidad es del Gobierno? No; toda
la responsabilidad no es del Gobierno. El Gobierno ha aceptado modificaciones importantes a esta ley y el Gobierno ha dialogado con quien ha deseado dialogar. Consecuentemente, me siento en la obligación, aun partiendo de ese reconocimiento de la
innecesariedad -dicho desde el punto de vista desde el que lo he dicho-, de reconocer que el Gobierno ha dialogado sobre esta ley, que el Gobierno ha estado abierto a cambiar temas importantes de la misma. Hoy, la ley incorpora, por ejemplo, el
reconocimiento de aquellos que fueron perseguidos por razones religiosas; hoy, la ley incorpora, por ejemplo, no simplemente considerar ilegítimas aquellas decisiones de tribunales orgánicamente establecidos, sino también el término jurados, que
todo el mundo sabe lo que significa y lo que supuso en el contexto de la retaguardia de la República. El Gobierno ha estado dispuesto a dialogar todo eso con
este grupo parlamentario y con otros grupos parlamentarios que asimismo han añadido sus aportaciones.
Sobre el tema del Valle de los Caídos, para que nunca más pueda ser utilizado por nadie en el futuro, también ha dialogado el Gobierno, como lo ha hecho en otros ámbitos. Y quiero señalar, para que me permita enlazar con las palabras
finales de mi intervención, algo que no es anecdótico sino muy importante en torno al Valle de los Caídos. Uno de los colectivos que se han interesado ante este grupo parlamentario para encontrar una solución respecto al Valle de los Caídos han
sido los monjes de Montserrat. La Iglesia y los monjes de Montserrat nunca ampararon la dictadura, nunca; y esos monjes benedictinos, como los del Valle de los Caídos -y muchas veces estuvieron confrontados por razones políticas con los que
regentaban el Valle de los Caídos-, son los primeros que han solicitado la decisión que finalmente hemos adoptado respecto a esa comunidad y respecto al Valle de los Caídos, como signo de reconciliación, que es lo que le falta a esta Cámara y que es
lo que le falta a España. Ese es un buen ejemplo que todos debiéramos adoptar y aceptar.
Si decía antes que tampoco entiendo posiciones que se cobijen bajo el error, hipotético error, de plantear mediante ley aquello que no era necesario plantear mediante ley, aunque era necesario abordarlo, si decía que es un error político
cobijarse en esa situación, también tengo que decir que, si algo positivo aporta esta ley -y conviene que lo conozca la ciudadanía, ante ciertas interpretaciones de la misma-, no es la condena del franquismo como tal -aunque uno, cuando oye las
palabras de algún representante de alguna formación política sobre el franquismo, íntimamente se convence de que también es necesario, una vez más, asumir la condena de ese régimen, de esa dictadura-, no es esa la gran aportación, porque esta Cámara
ya condenó el franquismo. La gran aportación de esta ley, la que debe significarse a la sociedad, es que por primera vez se reconoce que también hubo una tercera España, y especialmente en Cataluña. En muchas partes de España se sorprenden cuando
hablamos de esta tercera España, porque desde el principio estuvieron siempre bajo el mando de las tropas franquistas y por tanto solo conocieron el franquismo y otros simplemente vivieron el contexto de los unos y de los otros. En Cataluña hubo
mucha gente que murió que no eran ni de los unos ni de los otros, a los que esta ley al principio no recordaba ni asumía en su memoria histórica y que en estos momentos, a raíz de nuestras enmiendas, sí recoge, sí asume y sí contempla. En ambas
partes, señorías, en ambas partes, hubo víctimas y verdugos, en ambas, y, consecuentemente, solo desde el punto de vista de la reconciliación -insisto- podremos superar de una vez por todas lo que es la historia, la memoria de aquellos difíciles
años, de aquella guerra incivil y de la dictadura posterior.
Se ha dicho aquí que la Iglesia debe pedir perdón. Yo he escuchado voces de la Iglesia pidiendo perdón, pero yo me pregunto, señorías, ¿es la Iglesia la que debe pedir perdón? ¿Nadie más tiene responsabilidades de 1936 a 1939? Se ha
hablado de Carrasco i Formiguera. Señor Tardà, no me utilice a Carrasco i Formiguera, no utilice a Carrasco i Formiguera, por dos razones. En primer lugar, y que lo sepa toda España, como usted sabe, a Carrasco y Formiguera le asesinan las tropas
franquistas el 9 de julio de 1938, pero por 24 horas no le asesinan otros. Por 24 horas no le asesinan otros. Sí, fue así, y ustedes gobernaban Cataluña y tenían la obligación de garantizar el orden público y no lo hicieron. Por eso Carrasco i
Formiguera tuvo que huir de Cataluña. No estoy atribuyendo la muerte a nadie más que a los franquistas, pero en Cataluña se asesinó y había gente en las cunetas antes de que entrara Franco. Y a Andreu Nin no le mataron los franquistas; alguien le
mató. (Aplausos.) Por tanto, también hubo verdugos, también hubo otras personas en el contexto de esa etapa profundamente negativa de la historia de España. Carrasco i Formiguera, familia Carrasco i Formiguera, y que sirva de reconciliación.
He
hablado permanentemente con ellos; por eso digo que no utilice el nombre de Carrasco i Formiguera, señor Tardà. Su familia hubiese deseado más, pero está de acuerdo con lo que le reconoce esta ley; se siente satisfecha. Nunca han tenido que
reivindicar el honor de Carrasco i Formiguera, porque nunca perdió el honor Carrasco i Formiguera.
(Aplausos.) Pero más allá de no perder nunca el honor, la familia considera que se está en un contexto democrático plural, que la memoria debe ser de
todos y que el reconocimiento que se hace en esta ley es suficiente y así lo acepta. Y así lo acepta Unió Democràtica y así lo acepta Convergència i Unió.
Quiero acabar, porque estoy dejando sin tiempo a mi compañero y amigo, señor Xuclà. Vuelvo a insistir en que hay que apostar por la reconciliación, sin ignorar, por supuesto, la historia, pero sin que nadie haga un uso parcial de esta
historia. Transición no fue equivalente a reconciliación, como dije antes; fue simplemente pasar página. Sigue por tanto siendo necesaria la reconciliación. No creo sinceramente que Convergència i Unió... (El señor Aragonés Mendiguchía
pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Puede permitir que acabe tranquilamente? (Pausa.) Muy bien, muchísimas gracias, señor Aragonés. Puedo creer que, en ese contexto de reconciliación, Convergència i Unió no tiene que pedir perdón a nadie,
pero por si acaso pido perdón. Creo que no tiene que pedir perdón por nada ni por nadie de 1936 ni de la dictadura franquista, pero por si acaso quede muy claro que Convergència i Unió expresa la necesidad de perdón de unos y de otros y de empezar,
eso sí, y que el Gobierno continúe reconociendo a través de los mecanismos necesarios y reparando el dolor en términos morales y en términos económicos de la víctimas y de los familiares de las víctimas. Pero lo que conviene a todos, señorías, es
que nadie manipule la historia, que nadie haga un uso sectario y que todos seamos capaces de reconciliar nuestras posiciones y mirar hacia el futuro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para complementar la intervención del portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Duran, en la línea de lo que desea este grupo parlamentario y por lo que mantenemos enmiendas vivas, una reflexión profunda, como se planteaba.
Algunos dicen que estamos en malos momentos para los matices, pero este grupo parlamentario no renuncia a continuar introduciendo matices y a la búsqueda de la verdad. Así, mi grupo parlamentario apoyará la indemnización y la reparación a las
víctimas del franquismo, cosa que se podía haber hecho por real decreto, y a las medidas rigurosas para afrontar las exhumaciones de cadáveres, cosa que también se podía haber hecho por real decreto. Mi grupo votará favorablemente al artículo
referido a la ilegitimidad, porque esta es una aportación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió conjuntamente con otros grupos parlamentarios. Nos sentimos satisfechos de la derogación expresa de leyes en el articulado y de la declaración
de ilegitimidad, de acuerdo con la teoría general del derecho, con los planteamientos del filósofo Hans Kelsen y también con el mandato expreso del Legislativo en la exposición de motivos. Nos encontramos asimismo muy satisfechos por la
incorporación de enmiendas respecto a la persecución por motivos religiosos o cuando hablamos de motivos ideológicos. Queremos dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que asimismo hacemos referencia a aquellos que defendían convicciones
nacionalistas democráticas. También hemos participado en la modificación del artículo 16, referido al Valle de los Caídos; hemos conseguido su despolitización, mejorando así su contenido.
Señorías, este grupo parlamentario ha hecho llegar a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios una enmienda transaccional apoyada en la enmienda 365, del Grupo Parlamentario de CiU, para modificar el apartado 1 del artículo
referido a los símbolos. Primero, para incorporar la autonomía local y de las comunidades autónomas cuando se mandata a las administraciones públicas, en estricto respeto a los distintos niveles de Administración que se contemplan en nuestra
Constitución. Segundo, para que aquellas ayudas públicas o subvenciones que se puedan denegar estén directamente relacionadas con el patrimonio donde estén ubicados dichos símbolos. Pensamos que es claramente una enmienda de perfeccionamiento y de
mejora y está firmada en estos momentos por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por Coalición Canaria. También creamos un apartado segundo -con lo
cual el apartado segundo pasa a ser el tercero y correlativamente- en el que en las excepciones se consideran las artísticas, las arquitectónicas y las artístico-religiosas, todas ellas protegidas por la ley, por la importancia de que se puedan
objetivar estas razones al amparo de la ley.
Quiero recordar, señorías, que en el debate en Comisión de la ley este grupo parlamentario presentó una enmienda transaccional para mejorar el artículo 3, referido a la declaración de ilegitimidad, para que, a la espera de la resolución
judicial, se pudieran incorporar a la de declaración de ilegitimidad que emana del artículo 3 del actual proyecto los expedientes de sentencias de muerte, en caso de que existieran.
Señorías, inexplicablemente esta enmienda transaccional, que nos
parece razonable y que ayuda a dar luz a la declaración de ilegitimidad, no fue incorporada y no fue recibida por el grupo de la mayoría. Fue una enmienda transaccional, no la podemos mantener viva para el Pleno, pero anuncio nuestra voluntad de
intentar perfeccionar el texto en su momento.
También les quiero anunciar finalmente que, en la votación en Pleno, este grupo parlamentario va a abstenerse en la disposición adicional séptima.
Nos parece que este es un tema de calado, de mucho
calado, que se ha planteado de forma atropellada y que no propugna una reflexión de conjunto sobre algo tan importante como es la política de inmigración a través de una disposición adicional de la Ley de la llamada Memoria Histórica. Y una vez
más, señorías, en el trámite final de esta ley en el Congreso de los Diputados tenemos que expresar nuestro voto contrario a los artículos 20 y 21 y a la disposición adicional primera, referidos al Archivo General de la Guerra Civil, al Centro de
documentación de la memoria histórica, en un contexto determinado, en el contexto del incumplimiento evidente del retorno de los llamados documentos de la Generalitat -los llamados papeles de Salamanca- al Gobierno de la Generalitat, no solo en el
ámbito de lo público, no solo en el ámbito institucional, sino también en el ámbito de los partidos y de lo privado.
Así pues, votaremos en contra de los artículos 20 y 21 y de la disposición adicional primera.
Señorías, quiero terminar haciendo un reconocimiento expreso a la labor de los historiadores, historiadores que llevan años de investigación, historiadores que han hecho que en estos momentos haya más libros de investigación científica sobre
la guerra civil española que sobre la Segunda Guerra Mundial. Y alguien, este legislador, este cuerpo legislativo, podría tener la petulancia de erigirse en sustituto de los historiadores. Y, afortunadamente, los historiadores han avanzado mucho,
muchísimo, en la creación de lo que yo definía en mi intervención inicial de la toma en consideración de las enmiendas de totalidad como la definición de un espacio ético y político que configure nuestra sociedad democrática. Esta ley, tímidamente,
sin esta reflexión de fondo, a la cual hacía referencia el señor Duran, y que deseaba el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, hace una aportación para crear este espacio ético y político para configurar una sociedad democrática. En mi
intervención inicial, decía también que esta ley debe servir y puede servir para dar instrumentos para conseguir y para perseguir la consecución de la verdad, de la verdad histórica, para facilitar el recuerdo; y finalmente decía: y también
desearíamos que esta ley sirviera para conseguir el perdón y para conseguir la reconciliación. Pero un instrumento legislativo, una ley no sirve para el perdón y para la reconciliación; solo las buenas gentes que contemplan este trámite
legislativo
seguro que aportarán más que algún momento de la reflexión y algún momento de la tramitación de esta ley para que sea posible también, después de setenta y tantos de la guerra civil, después de treinta años de éxito de convivencia en
democracia, la consecución de la verdad, la facilitación del recuerdo, pero, sobre todo, la consecución del perdón y de la reconciliación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Popular. Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, señorías.
Nos convoca aquí esta mañana la obsesión de un Gobierno por el revisionismo, por encubrir su fracaso presente en la mirada al pasado. No es casual que este sea el último proyecto legislativo de calado, aparte de los Presupuestos Generales
del Estado, que vamos a discutir en esta legislatura. Este Gobierno mira a la España de nuestros abuelos en clave de enfrentamientos superados, porque al final de la legislatura -periodo en el que nos encontramos- es clara su incapacidad para
ofrecer un camino de futuro para todos los españoles. Ojala este debate, señorías, no se hubiera producido. Confieso que en algún momento hemos pensado que se imponía la sensatez y se aparcaba este proyecto, pero se ve, y los hechos así lo
demuestran, que están bien necesitados de iniciativas para distraer a los españoles de su incapacidad de Gobierno.
No vengo, señor presidente, a dar ni a quitar razones de quienes vivieron la tragedia de la guerra civil, ni mucho menos a ocultar la historia o a reescribir el pasado; vengo modestísimamente, como lo hemos hecho, como lo han hecho mis
compañeros durante toda esta tramitación, a intentar poner un mínimo de sentido común en este debate. Por eso creo oportuno recordar, para empezar, a dos hombres ilustres. Ambos fueron presidentes de las Cortes y ambos fueron víctimas, en uno y
otro bando, del odio y la violencia cainitas desatados en España. Me refiero al liberal Melquíades Álvarez y al socialista Julián Besteiro. Traigo el recuerdo de ambos a esta Cámara, en este trámite parlamentario de la llamada Ley de Memoria
Histórica, para que en el homenaje a sus figuras podamos al menos reconocernos todos. No tengo ninguna duda de que si estuvieran aquí y ahora, si hablaran con nosotros esta mañana, nos convocarían a hacer de esta sesión un homenaje unánime a todas
las víctimas, a todas, de aquella tragedia, pero, sobre todo, a la reconciliación surgida años después.
(Aplausos.)
Señor presidente, señorías, tres son las grandes razones que motivan nuestra firme oposición a este proyecto de ley. En primer lugar, nos oponemos a este proyecto de ley en su conjunto porque rompe la herencia de consenso con la que se
construyó la transición democrática. Este proyecto de ley rompe el primero de los consensos en que se basó la transición de la concordia y la reconciliación entre españoles: el acuerdo de mirar hacia adelante y no recurrir jamás a la peor de
nuestras tragedias colectivas. El recuerdo de la guerra civil solo nos podía servir, según acordamos, para evitar entre todos los factores que la hicieron posible.
Los españoles decidimos hace treinta años que la guerra civil nunca más volvería a ser arma arrojadiza. Que los muertos, todos los muertos, merecen una piedad compartida. Que honrar y ensalzar a los unos no significa deshonrar y
culpabilizar a los otros, como precisamente criticamos porque así ocurrió en el franquismo. (Aplausos.) Atendiendo a este gran acuerdo todo lo que hasta ahora ha significado reparación moral y económica, justa reparación a las víctimas de la guerra
civil y de la dictadura, señora vicepresidenta, se ha hecho en esta Cámara prácticamente por unanimidad, por casi unanimidad. Bajo gobiernos de distinto signo y con distintas mayorías esta Cámara ha venido debatiendo y aprobando más de veinte leyes
y disposiciones a favor de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura. Todas estas normas fueron aprobadas con el más amplio respaldo y de forma natural, porque tales iniciativas estaban y están en la naturaleza misma
de la Constitución, que es la suma expresión de la reconciliación y la concordia entre españoles. De hecho, ya lo he dicho alguna vez, la mejor ley de memoria histórica ha sido y sigue siendo la Constitución, que encarnó el abrazo de todos y para
todos. (Aplausos.) El Partido Popular ha ofrecido siempre su impulso y el apoyo para llevar adelante cuantas medidas pudieran resarcir a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura en la convicción de que no debía existir ningún español,
ninguno, que pudiera verse desatendido en sus derechos como consecuencia del pasado, y esa seguirá siendo nuestra posición en todo lo referido a la reparación de las víctimas y a ello seguimos estando dispuestos y abiertos, como sabe S.S. y así se
lo hemos hecho saber.
Hemos creído siempre que estas iniciativas han colaborado a que se fuera cerrando con éxito el capítulo de la reconciliación entre los españoles como un camino en el que no había vuelta atrás. Y lo creía por supuesto el que hoy es
presidente del Gobierno, aunque esté ausente de este debate. Lo creía así porque en el año 1999, en esta misma tribuna, afirmaba que con estas iniciativas se había conseguido culminar la reconciliación. Ya lo he recordado en otras ocasiones, se
votaba entonces la aprobación de una medida a favor de los militares de la República, que mi grupo lógicamente, como en otras muchas ocasiones, votó favorablemente, y que el señor Zapatero calificó -los términos son suyos- de último paso, último
fleco, último resquicio y hasta de punto final en el proceso de restitución moral de las víctimas de un bando de la guerra civil. (Aplausos.) Pero miren por dónde el mismo que daba por culminado el proceso de reconciliación cuando estaba en la
oposición decide reabrirlo, y de la peor manera posible, cuando es presidente del Gobierno. De la misma forma que este presidente del Gobierno ha quebrado otra constante de nuestra política a partir de la transición junto con la búsqueda de
acuerdos. Hasta la llegada a la Presidencia del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, hasta el año 2004, la política española, y coincidirán SS.SS. conmigo, era centrípeta: los dos grandes partidos nacionales buscaban acercarse o confluir en el
centro político. Esa ha sido nuestra constante. A partir del
año 2004, la tendencia, por su parte, ha sido a la radicalización; lo ha sido en la búsqueda de sus aliados a los que hemos tenido algunos la oportunidad de escuchar hace un momento y, como consecuencia, en muchas de las políticas que
ustedes han seguido. En esa propia radicalización han pretendido -ese ha sido su interés fundamental- colocarnos a nosotros en el otro extremo, pero no lo han conseguido ni lo van a conseguir, señorías; seguimos siendo fieles a los principios y
valores que han propiciado a España la mejor y más larga etapa de convivencia, de libertad y de prosperidad, y por mucho que ustedes se radicalicen, como están haciendo, no van a separar al Partido Popular del centro político ni de la defensa de las
ideas de libertad que siempre hemos defendido.
(Aplausos.-Rumores.) Si las mantuvimos en otras épocas, ¿por qué no ahora? También con dificultades y ejemplos, señora vicepresidenta; ejemplos, incluso personales, les podría poner muchos en este
debate, pero no los pondré. (Aplausos.)
Señor presidente, la segunda de las razones de nuestra oposición está estrechamente ligada a la primera. Nos oponemos a esta ley -se ha dicho también esta mañana- porque es innecesaria para los efectos que declara perseguir y claramente
perjudicial para la convivencia nacional. Todo lo fundamental que había que hacer ha sido hecho y si alguien entendía que faltaba algo, se podría hacer pero no requería una ley como ésta. Son muchos los españoles que hoy se preguntan el porqué y
para qué de este proyecto de ley sobre el que ni siquiera ustedes, los que van a votar a favor, se manifiestan en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Por qué en catorce años, entre 1982 y 1996 -y miro a esta bancada porque algunos estaban
allí-, los gobiernos socialistas nunca se plantearon la necesidad de redactar una ley de memoria histórica? ¿Se les puede acusar de franquistas por no haberlo hecho? No creo. ¿Es que hicieron mal entonces por seguir la misma vía de reparación que
había iniciado un Gobierno de Unión de Centro Democrático y a la que se sumó luego, después de los gobiernos socialistas, el Gobierno del Partido Popular? Me gustaría saber por qué muchísimos de ustedes a título individual -el propio señor
Rodríguez Zapatero que ahora redacta los preámbulos de su puño y letra- nunca presentaron una iniciativa similar en tanto tiempo.
Me gustaría saber por qué -y lo digo con el máximo respeto, se lo puedo asegurar- tampoco cuando el Partido Comunista
tenía veinte escaños en esta Cámara, cuando aquí se sentaban Dolores Ibarruri, Carrillo, Alberti o Ignacio Gallego, se presentó una medida semejante. ¿Saben por qué, señorías? Porque no era necesaria, porque las reparaciones se estaban realizando
y porque, como dijo Felipe González en el año 1984, Franco es ya historia de España y no podemos borrar la historia, nos guste o no nos guste. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: ¿Saben también -y este es un juicio subjetivo y personal- por qué creo que no lo hicieron? Porque en sus filas, dentro y fuera del hemiciclo, hay mucha gente que por su pasado y por el de sus familias
tienen que tener muchos más apuros con esta ley que quien les está hablando en este momento, muchísimos más. (Aplausos.) Pero, insisto, no cometeré la indiscreción en este debate de dar ningún nombre, ni yo ni nadie de mi grupo estamos en eso.
(Rumores.) Pero, señorías, ¿es que alguien ha impedido desde el año 1977 -me sabe mal hablar de esta cuestión aquí pero se ha puesto encima de la mesa-, por ejemplo, que cualquier familiar buscara los restos de las personas allegadas y
desaparecidas? (Varias señoras y señores diputados: ¡Sí!-La señora Hermosín Bono: ¡Claro que sí!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: ¿Lo impidieron los gobiernos socialistas durante catorce años? (La señora Hermosín Bono: ¡No!) ¿Lo impidieron los gobiernos socialistas que han gobernado este país más que nadie, durante más tiempo que
nadie? (Aplausos.-La señora Hermosín Bono: ¡Hipócrita, que eres un hipócrita!) Miren, lo que pasa es que todos estos procesos se han hecho hasta ahora siempre con el debido respeto, con la debida dignidad y sin utilizar políticamente el justo
dolor de los familiares, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. (Aplausos.) Eso lo hicieron todos los gobiernos.
Lo que convierte esta situación en la que nos encontramos ahora en nueva con respecto a la anterior es que, por primera vez en democracia, el Gobierno y sus socios deciden hacer de las fosas de la guerra civil uno de sus argumentos de
propaganda política, esa es la diferencia. (La señora Hermosín Bono: No es verdad.) Lo que ha cambiado es que, por primera vez, un presidente de Gobierno, fíjense, queriendo o sin querer -el beneficio de la duda-, se fija como único programa
político la división de la sociedad española. (La señora Hermosín Bono: No es verdad.) Lo que ha cambiado es que, por primera vez, un presidente de Gobierno da por liquidada la herencia de la transición de una España de todos y para todos, que es
nuestro principal activo en estos últimos treinta años, señorías. (Aplausos.)
Aquí está la tercera razón de nuestra oposición a este proyecto de ley.
Porque lo que ustedes persiguen realmente, estoy convencido de ello, es la quiebra de un proceso político en el que la inmensa mayoría de los españoles nos reconocemos,
que es el surgido en la transición. Ya lo han venido haciendo en toda la legislatura al acabar con la política de consensos desde el principio. Ustedes pretenden hacer borrón y cuenta nueva de la superación de nuestro pasado más conflictivo, del
gran éxito de la transición. Lo que persiguen es precisamente eso: deslegitimar nada más y nada menos que el pacto de la transición; eso es lo que hay detrás de todo esto.
Aquí estamos cerrando la legislatura con un debate que es ajeno a las inquietudes y a las aspiraciones de los españoles. A los votantes no se les pide en estos momentos
que juzguen la gestión de su Gobierno, se les intenta forzar a que sentencien qué españoles fueron buenos y quiénes los malos en un acontecimiento que a día de hoy es más historia que memoria, de la que -yo también estoy de acuerdo- deben
ocuparse fundamentalmente los historiadores. Este proyecto de ley pretende imponer una memoria única y oficial, que fue una de las cosas que más criticamos al franquismo. Caen ustedes en el mismo error. ¿Por qué hay que forzar a los españoles a
elegir entre García Lorca y Muñoz Seca? (Rumores.) ¿Por qué no se puede reconocer y homenajear a estos dos grandes escritores a la vez? (Una señora diputada: No se puede comparar.) ¿Por qué se intenta etiquetar a los españoles de acuerdo con su
resistencia a aceptar el trágala de la verdad única y oficial? El que la acepta es de los buenos; el que la rebate, la matiza o sencillamente no la acepta, es de los malos. Esa es la idea de democracia, esa es la idea del debate político: está
conmigo o está fuera del sistema. Pues mire, no; señoría, no. (Aplausos.) Precisamente estamos queriendo mantener la etapa de la que los españoles nos podemos sentir más orgullosos.
Han decidido enmendar la plana al mismo Manual Azaña, que invocaba hace setenta años la paz, la piedad y el perdón. Al propio Indalecio Prieto (Un señor diputado: No lo manches.), que defendió la reconciliación...
El señor PRESIDENTE: Señora Hermosín, señor Cuesta, les ruego que respeten a quien está en el uso de la palabra. (Protestas.) Señora Hermosín, la llamo al orden. No tiene usted ningún derecho a molestar al orador y no moleste.
(Rumores.-La señora Hermosín Bono: No estoy molestando.) La llamo al orden. Eso provoca reacciones inevitablemente en el hemiciclo y esto termina siendo un guirigay, que es lo que pretendo evitar. No me gusta lo que oigo pero lo respeto; no me
gusta lo que oigo pero lo respeto, esa es la base. Le ruego silencio, por favor. Continúe señor Zaplana. (Protestas.) Me están interpretando mal. Lo que quiero decir como lógica es que cuando incluso se oye algo que no me gusta se respeta, no me
estoy refiriendo en particular al señor Zaplana, cualquier diputado lo ha entendido así.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Yo lo he entendido así, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No quiero guirigay esta mañana. Continúe, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora vicepresidenta, este es el espíritu de concordia que, según usted, trae la ley. Ustedes han cometido un importante error porque les hablaba de don Manuel Azaña y les hablaré de don Indalecio Prieto,
que defendió la reconciliación con frases tan claras como esta: A fin de que en España quede la concordia de extinguir los rencorosos afanes de venganza. Fíjense qué visión tuvo este dirigente socialista. Han llegado incluso a contradecir al
mismo Julián Zugazagoitia, (Rumores.), el que fuera director del periódico El Socialista, que hizo un llamamiento para que nadie pudiera utilizar la guerra civil -decía él- para envenenar con un legado de odio la convivencia virgen de las nuevas
generaciones de españoles.
Afortunadamente, los españoles encontraron en la transición el antídoto contra los legados del odio. Los dirigentes de la izquierda, algunas de las personas que se sientan en la bancada hoy del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, dirigentes del centro, de la derecha y nacionalistas estuvieron en ese momento histórico a la altura y dieron una prueba de madurez democrática y de sentido de la responsabilidad. Y esa muestra de madurez y de sentido de la
responsabilidad ha sido una constante hasta que se ha iniciado esta legislatura, les guste más o les guste menos. Por eso no se dedicaron entonces a reabrir las viejas trincheras, sino que abrieron puentes de concordia y quisieron mirar hacia
delante.
Señor presidente, señorías, aquel fue el espíritu de la transición plasmado en lo que todo el mundo ha llamado la Constitución de la concordia. Aquel mismo espíritu de concordia fue refrendado por unanimidad hace cuatro años en la Comisión
Constitucional, por cierto, señorías, con mayoría absoluta del Partido Popular, para que el pasado no fuera utilizado como arma política con el fin -y cito en este caso textualmente- de no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de
revancha. Eso, señora vicepresidenta, sí que es o hubiera sido cumplir con el mandato de esta Cámara y no seguir las órdenes y el dictado del grupo nacionalista que les apoya. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Eso sí que es cumplir
con el mandato de esta Cámara. Pero esta ley tiene mucho más que ver con la separación y el enfrentamiento entre españoles que con la reparación de las víctimas.
Señorías, ¿por qué se han negado a apoyar nuestra enmienda a favor de los presos del
franquismo? Se han negado. ¿Por qué les ha molestado que el Partido Popular haya propuesto un aumento de la indemnización a los que sufrieron prisión bajo la dictadura? Que también lo han hecho. Es evidente por qué lo han hecho, porque no era
tanto la reparación lo que les preocupaba, sino que lo que les preocupaba era vender una imagen distorsionada del Partido Popular, esa era la estrategia fundamental de esta iniciativa, no era otra. Por eso cuando hemos puesto encima de la mesa
enmiendas para mejorar la reparación de estas personas ustedes han dicho que no porque lo único que querían y pretendían era romper otro consenso, el más importante y fundamental de los conseguidos en España en los últimos treinta años. (Aplausos.)
Se les ha venido abajo el juego que consistía en presentar como franquistas a todos los que se oponían a esta ley. Todos eran franquistas y ustedes eran los antifranquistas. Alguno tendrá que decir antifranquista de nuevo cuño, claro,
pero, en fin, en cualquier caso antifranquistas. (Rumores.-Risas.) En vez de haber buscado apoyos que la señora vicepresidenta sabe que hubiera encontrado para poner encima de la mesa reparaciones reales y efectivas a las víctimas de la dictadura y
de la guerra civil si creíamos que había posibilidades de
hacerlo, que sinceramente mi grupo así lo piensa. No sé cómo apoyan esta ley y sobre todo lo que significa y el debate que genera destacados hombres de la filas de Izquierda. Insisto en que no voy a citar a nadie, pero ustedes están
tirando el trabajo generoso y eficaz de muchos de los dirigentes de su partido hoy todavía en sus filas y algunos que, aun estando, ya no están en activo y prestaron un gran servicio no solamente al Partido Socialista, sino a la democracia española.
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, ha de concluir ya.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Acabo, señor presidente.
Reconozca que esta ley hace bien poco por las víctimas, pero en cambio se han volcado en atender a quienes aún hoy ni siquiera respetan la libertad, la dignidad, la democracia y la Constitución, como son los terroristas. A esos sí que se
les permite beneficiarse de algún tipo de ayudas de las contempladas en esta ley.
El resultado de esta ley es que en estos dos últimos años hemos visto reabrirse viejas cuentas que dimos por cerradas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zaplana, no le puedo permitir más.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Acabo, señor presidente.
Señores de la mayoría, dejen de mirar por el retrovisor y miren al frente.
(Rumores.) Si de verdad miran al frente, si de verdad creen que la política de consenso es algo de lo que nos podemos sentir más orgullosos los ciudadanos españoles,
y especialmente la clase política, vuelvan a ella. Si vuelven sinceramente a ella, saben ustedes que allí nos encontrarán.
Gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Comenzamos el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero comenzar esta fijación de posiciones leyendo el texto del catedrático de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, que dice: Los pasados traumáticos de guerras y dictaduras suelen provocar conflictos entre diferentes memorias
individuales y de grupos, entre distintas maneras de mirar la historia, y como declaró hace ya dos décadas el historiador conservador alemán Ernst Nolte a propósito del nazismo: el pasado no quiere irse. Precisamente por esas razones, añado:
nuestro pasado corresponde a cuarenta años de represión y, por eso, queremos salir del pozo del terror y del dolor que sobrepasó la guerra civil, comenzó en el mismo 1939 -las trece rosas rojas- y terminó en septiembre de 1975. Vamos a dar nuestro
apoyo a la ley, porque queremos que todos los heridos de la guerra sean de una vez caballeros mutilados, y no que los que defendieron la legalidad republicana sean putos rojos, y que hoy, víspera de difuntos, a todos los familiares de todos aquellos
que fueron asesinados en las cunetas y en las tapias de los cementerios durante la dictadura les llegue una paz verdadera al sentir reparada en parte -no del todo- su brutal injusticia. Ojalá que la teoría de Nolte sobre el nazismo no se cumpla con
el franquismo y que el pasado del enfrentamiento fraticida, y sobre todo de la brutal represión de la dictadura, puedan quedar ya para las páginas de los libros de historia. Señor Zaplana, Azaña e Indalecio Prieto murieron en el exilio.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¿Y tú dónde estabas?)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, Coalición Canaria va a apoyar el dictamen de este proyecto de ley porque es fruto de importantes avances respecto al texto original que
trajo aquí el Gobierno en diciembre de 2006 después de meses de negociación y de tramitación parlamentaria. El Gobierno hizo una ley pensando en parte de las víctimas; hizo una ley excluyente, pensada en clave política y no de reconciliación. Esa
memoria parcial de lo que ocurrió hace setenta años se ha corregido durante la tramitación del proyecto de ley. Nosotros lamentamos que en un tema tan sensible, que tanto tiene que ver con la memoria individual y colectiva y con la dignidad, la
visión inicial, partidista, del Gobierno y del PSOE reabriera heridas, provocara crispación y generara división en nuestra sociedad. El dolor es igual en todas las personas, independientemente de las circunstancias de la muerte, de la identidad de
la víctima y de los autores. El dolor de un hijo o de una viuda es el mismo, cualquiera que sea el motivo y el lugar de la muerte, y el derecho a conocer su paradero y a recuperarlo también, porque de lo que se trata es de recuperar la memoria, la
dignidad y el honor y de asegurar un sitio donde los muertos puedan descansar en paz para siempre y los vivos honrarlos. En todo caso, lo más importante de una ley de esta naturaleza no es remover el pasado, sino proyectarse hacia el futuro, una
ley que se conciba como una continuación del acuerdo de convivencia democrática que supuso la transición política. Ampliación de derechos, honor y paz para todas las familias españolas e igual dignidad, memoria familiar y memoria pública para
afrontar un futuro común. Es el deseo de los españoles y es el apoyo que Coalición Canaria dará a esta ley. Tan solo quiero decir que nos hubiera gustado que en esta tribuna personas como Florisel Mendoza, Pedro Lezcano o Ramón Rojas hubieran
visto hoy aprobada esta ley. Nuestra memoria para ellos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
Fijación de posiciones. Señor Torres Mora, por favor.
El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 14 de diciembre de 2006 el Pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración del proyecto de Ley sobre las víctimas de la guerra civil y la dictadura que remitió el Gobierno. Tras casi un año de trabajos parlamentarios, el
proyecto vuelve al Pleno con importantes mejoras, algo que no podemos afirmar de la oposición al mismo. En los trámites de ponencia y Comisión hemos amplificado y resuelto con una fórmula jurídicamente más adecuada la declaración de reparación y
reconocimiento personal. De igual modo, hemos mejorado algunas de las prestaciones económicas contenidas en el proyecto que envió el Gobierno, hemos introducido una cláusula de derogación expresa y formal de algunas leyes de la dictadura por su
carácter radicalmente contrario a los derechos humanos y hemos atendido una sentida demanda de los hijos del exilio, ampliando la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido
originariamente españoles. Con todo, el texto que en su día presentó el Gobierno y el que hoy debatimos conservan el mismo espíritu, un espíritu que ha propiciado el encuentro y el acuerdo de quienes partíamos de posiciones distantes. La política
es como una manta corta, solo puede cubrirnos a todos si nos unimos. Hay quien siempre ofrece a los ciudadanos su frustración porque no han conseguido la totalidad de sus objetivos y hay quienes ofrecemos un acuerdo.
Señor Herrera, le reconozco un gran mérito en esta ley, pero ha errado usted su intervención al atacar al Gobierno que la ha hecho posible. Son las manos libres del presidente Zapatero las que han sumado 164 votos a sus cinco votos para que
usted pueda ofrecer una ley en lugar de un lamento. (Aplausos.) Señor Tardà, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', la vicepresidenta nunca comprometió la anulación del juicio del señor Companys, sino restablecer la dignidad y el
honor de él y de todos los que fueron víctimas de la violencia. (Aplausos.) Le emplazo a que, cuando lo tenga a bien, lea la declaración de la vicepresidenta.
Señorías, si Izquierda Unida, PNV, Convergència i Unió, BNG, la Chunta, Coalición
Canaria y el PSOE hemos sido capaces de alcanzar un punto de encuentro, no hay razón para que en ese punto no estén Esquerra Republicana y el Grupo Popular. Su problema no es que no puedan, sino que no quieren llegar a un acuerdo (Aplausos.), un
acuerdo que en esta ley tiene en cuenta a todas las víctimas, con independencia de que lo fueran por su ideología política, por sus creencias religiosas o por su forma de vivir. Las víctimas son por definición inocentes y su inocencia las debe unir
ante nuestros ojos. Por eso no podemos estar de acuerdo con quienes defienden que la democracia no debe reparar a las víctimas que ya fueron reparadas por el franquismo. Eso supondría dar por buenas las reparaciones de una dictadura, cuando las
víctimas de las atrocidades, procedan de donde procedan, tienen pleno derecho al reconocimiento público de la democracia. Sin embargo, es verdad que nuestra democracia hasta ahora no había reconocido el carácter de doble victimización de quienes,
por pertenecer a los vencidos, no solo no fueron reparados durante largas décadas, sino que además han sufrido múltiples formas de persecución y discriminación a lo largo de todo este tiempo.
La presente ley, lejos de constituir, como dicen algunos sin creérselo del todo, la ruptura del espíritu fundacional de nuestra democracia, supone precisamente la continuación de la voluntad de reconciliación y de reencuentro democrático y
pacífico característico de esa época. Lo que esta ley condena y expulsa de nuestro ordenamiento jurídico no es ni más ni menos que aquello que repugna a la conciencia democrática de cualquier ciudadano: la violencia política, la conculcación de
los derechos humanos, los juicios sin garantías, las sentencias arbitrarias y las leyes injustas. Ningún demócrata puede sentir más que orgullo al ver cómo la democracia española proclama la ilegitimidad de tales actos. Esta ley recoge, con ánimo
de perfeccionarlo, aquel mismo espíritu de reconciliación mediante la introducción de claras mejoras en la reparación a las víctimas. Ello resulta a su vez coherente con la política de reconocimiento y ampliación de derechos seguida por el Gobierno
a lo largo de esta legislatura. Lejos de ir en contra de los acuerdos fundacionales de nuestra democracia, esta ley contribuye a fortalecerlos en la medida en que supone una profundización en el espíritu de los mismos. Todos los pactos
fundacionales son revisados y mejorados con el paso del tiempo, cuando las condiciones permiten ir más allá que en aquellos difíciles primeros momentos. Esta es la razón de las sucesivas medidas reparadoras que se han venido aprobando desde la Ley
de Amnistía de 1977. En muchas de ellas se recoge explícitamente la voluntad de superar las limitaciones de aquellos primeros años de andadura democrática. Baste recordar que los militares de la UMD quedaron fuera del ámbito de la Ley de Amnistía
hasta casi una década después, cuando en 1986 se amplió la Ley de Amnistía a los militares profesionales. No se estaban conculcando entonces los acuerdos de la transición. Entonces, cada vez que se trataba de impulsar una medida que equiparara a
los vencidos en la guerra civil con los vencedores o que supusiera la reparación de los represaliados por la dictadura, todas las voluntades se unían alrededor del Gobierno. En esto consistía también el espíritu de la transición, en el consenso
alrededor de tales medidas. Es este aspecto fundamental del espíritu de la transición el que se ha roto por parte del principal partido de la oposición, que ha aprovechado este que debe ser un motivo de concordia para convertirlo en un motivo de
discordia, como ha hecho con tantos otros en esta legislatura. (Aplausos.) Es la generosidad que tuvo el PSOE cuando gobernaba la UCD lo que en nuestros días le está faltando al Partido Popular, un partido que entonces tuvo un escaso apoyo de los
ciudadanos precisamente por no participar en alguno de los acuerdos básicos de la tran
sición, como fueron la Ley de Amnistía o la parte política de los Acuerdos de la Moncloa. Ahora, treinta años después, ustedes reducen el espíritu de la transición a su letra, una letra que o no firmaron o firmaron a medias. Por eso ahora
también van a votar a medias esta ley. No discuto que su espíritu, señores del Grupo Popular, es el mismo que ustedes tenían en 1977, pero les aseguro que ese espíritu de ustedes no es el de la transición. (Aplausos.)
No me extraña que ustedes piensen que una ley puede reescribir la historia. Eso de reescribir la historia es algo a lo que tienen bastante afición, incluso cuando la historia está sucediendo delante de nosotros.
No les faltan medios para
multiplicar hasta saturarnos que las calles estaban vacías cuando las llenábamos; que los lugares de trabajo estaban llenos cuando los vaciábamos; que había armas donde nunca las encontraron; que habían sido quienes no habían sido; que cedimos
donde no cedimos y que esta ley pretende reescribir la historia, que pretende cambiar la memoria, como si la gente fuera a cambiar su memoria por 180 votos a favor, 120 en contra y 15 abstenciones. (Aplausos.) Si los españoles de hoy pudiéramos
volver al pasado les aseguro que no sería para cambiar el nombre de los vencedores y los vencidos sino para impedir la guerra. (Aplausos.) Nada de lo que dicen es cierto. Para condenar la guerra civil la ley cita literalmente un texto que ustedes
mismos aprobaron en 2002, y para condenar el franquismo cita una declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que se denuncian las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en España entre los años 1936 y
1977. Nada que un demócrata no pueda apoyar.
La ley es sumamente cuidadosa porque está hecha para unir a grupos muy distintos. Es tan evidente la voluntad integradora del proyecto de ley, que hasta los grupos que se oponen globalmente al mismo
votaron una parte considerable del articulado a su paso por la Comisión Constitucional. Es tan elemental lo que se propone, tan justo, que incluso quienes llevan haciendo toda la legislatura un discurso apocalíptico contra esta ley no tienen otro
remedio que votarla, aunque sea por la puerta de atrás. Al final, como siempre, son molinos. Los gigantes, los fantasmas solo son fruto de la imaginación morbosa, y por más que los dirigentes del Partido Popular agiten el espantajo del pasado
hasta romperse el brazo no conseguirán asustar a nadie. Las acusaciones de que esta ley abre antiguas heridas o libera viejos demonios se rompen contra el justo articulado de la misma. Confío en que cuando en marzo los ciudadanos vuelvan a
descabalgarlos de sus expectativas de poder SS.SS. recuperen la cordura. (Aplausos.)
A lo largo de la legislatura se ha dicho que la ley que hoy debatimos es innecesaria, que es inoportuna y que es inadecuada. Innecesaria, porque, según afirman sus críticos, no hay una amplia demanda social. Inoportuna, porque todavía es
pronto, o porque ya es tarde, es lo mismo; la doctrina es tan displicente como poco rigurosa. Inadecuada, porque es excesivo el rango de ley para lo que se propone. ¿Cuándo es necesaria una ley? ¿Cuándo la pide todo el mundo? Hemos hecho leyes,
por ejemplo, para el acceso a la profesión de abogado o de procurador, para la reproducción asistida, para la adopción internacional o para la capitalidad de Madrid y de Barcelona. Sin duda, todos son colectivos importantes, pero ninguno de ellos
abarca a la totalidad de los españoles, ni siquiera a la mayoría. Es verdad, esta ley se refiere solo a las familias de decenas de miles de personas que yacen en fosas comunes y a las que sufrieron violencia o exilio durante el franquismo; a
ciudadanos que quieren saber dónde están sus padres, sus hermanos, o sus abuelos, que quieren recuperar sus restos y darles sepultura digna; a personas que quieren honrar la memoria de sus familiares que sufrieron una injusta violencia, a
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la recuperación de la memoria de las víctimas. De acuerdo, no es una demanda mayoritaria, como no lo son tantas otras, pero es una demanda justa como pocas otras lo puedan ser.
Por eso esta ley es necesaria. (Aplausos.) Así lo entiende la mayoría de la sociedad española cada vez que sobre este tema ha sido consultada; una mayoría amplia, tan amplia que incluso la mayoría de los votantes del Partido Popular consideran que
esta ley es necesaria. Es necesaria para las personas que la piden y necesaria también para todos nosotros, para que quede memoria de que lamentamos los errores del pasado y de que hemos aprendido de ellos y nos hemos convertido en una sociedad
mejor y más justa. Dos de cada tres españoles entrevistados por el CIS afirman que las víctimas de la guerra civil han sido las grandes olvidadas, y ya es hora de reparar la injusticia. Ya ven SS.SS., ya es hora. No es una ley inoportuna. No lo
es para quienes han esperado forzosamente cuarenta años y generosamente treinta más. No hay derecho a que durante la transición se les dijera que era demasiado pronto y que ahora se les diga que ya es demasiado tarde. (Aplausos.) Son personas que
tienen más de 70 años; fueron generosos en la transición; se les pidió que postergaran el recuerdo de sus padres en pos del futuro de los hijos de todos. Y lo hicieron. Han cumplido. Lo dejaron para más adelante, pero nunca los olvidaron. ¿Los
olvidaríamos nosotros? ¿A quién sorprende que sigan empeñados en encontrar los restos de sus padres, de sus hermanos, de personas que quisieron, que sintieron, que abrazaron? Creo que tampoco piden demasiado. Una lápida con un nombre no es pedir
demasiado. No creo que eso vaya a romper la sociedad española. No creo que vaya a abrir más heridas que las suyas propias por un rato, por unos días, para que finalmente cierren para siempre. Es bien poco. Quizá por eso hay quien dice que es una
ley inadecuada por excesiva, que hubiera bastado con un par de decretos, con algunas órdenes ministeriales y otras medidas administrativas de rango menor.
Aunque hay reserva de ley para alguno de los aspectos que se tratan en el proyecto, no quiero buscar refugio en argumentos de carácter técnico. No es necesario porque la discusión no es técnica. Bajo el argumento de que el rango normativo
de ley es excesivo para las víctimas de la violencia late una razón política. Una ley tiene un valor simbólico que es especialmente valioso y pertinente cuando el contenido de la norma tiene precisamente un carácter
de reparación pública, y eso es lo que se regatea a una parte de las víctimas de la guerra civil y a todas las víctimas del franquismo. A estas alturas se está dispuesto a apoyar una buena parte del articulado de la ley porque es razonable,
porque responde a un criterio elemental de humanidad, pero se regatea el rango de ley. Aquí, señorías, hemos hecho leyes para las semillas y las plantas de vivero, pero hay quien considera excesivo hacerlo para quienes perdieron la guerra.
(Aplausos.) La verdad, a estas alturas es tan necesario, oportuno y adecuado que muchas familias recuperen los restos y la memoria de sus víctimas como que algunos, muy pocos, se olviden ya de su rencor y otros se olviden de su temor. No puede
haber temor ni en la mirada. Tomar las mismas medidas de la ley con normas de menor rango sería como hacerlo a escondidas, con miedo o vergüenza, y eso, además de ser injusto para con las víctimas, casa mal con el espíritu de transparencia de este
Gobierno, que es el espíritu de transparencia de la democracia española de 2007. No lo hacemos a escondidas. Un decreto sería, además, una medida exclusiva del Gobierno, y en una ley participamos todos. Esta ley tiene más valor reparador cuanto
más la apoyemos. (Aplausos.) Señorías, la reconciliación no nace del olvido sino del recuerdo. Hoy es un día mejor que otros para recordar a las víctimas de la violencia. Como demócratas podemos reivindicar juntos algo que nos une a todas las
víctimas de la guerra civil y la dictadura, el valor de mantenerse fieles a sus ideas sin levantar la mano contra el prójimo. Eso es algo que la España de hoy tiene en común con las víctimas del pasado. Y dado que desde hace muchos años ya no hay
dos Españas sino una, que es la que hemos conocido la mayor parte de las generaciones vivas, es razonable que esa España lamente, recuerde y repare la dignidad y la memoria de las víctimas de todos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres.
Damos por concluido el debate de este punto.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
(Número de expediente 121/000134.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. Comunico a la Cámara que este es el último punto del orden del día de la mañana, teniendo en cuenta que al que
figuraba como punto VII del orden del día se habían presentado dos enmiendas a la totalidad que han sido retiradas, por lo que en consecuencia el punto decae.
Turno a favor de las enmiendas por un tiempo de diez minutos. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señorías, les ruego silencio para que el debate pueda continuar. (Rumores.)
Señor Rodríguez Sánchez, adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Brevísimamente. En primer lugar, empezaré por hacer un reconocimiento del gran esfuerzo de integración que se hizo desde el Grupo Parlamentario Socialista para mejorar sensiblemente esta ley, integrando muchas de las enmiendas que habían
presentado todos los grupos parlamentarios y específicamente quiero señalar aquellas que presentaron los grupos parlamentarios de carácter nacionalista. Queremos hacer hincapié en las transaccionales que le fueron aceptadas al Bloque Nacionalista
Galego en cuanto a dejar bien claro, en primer lugar, que las restricciones a la información y la comunicación en la sociedad de la información deben ser una responsabilidad exclusiva, básica, fundamental de los jueces, como en el ordenamiento legal
actual se establece. En segundo lugar, que deben estar presentes las lenguas que no son el castellano en exclusiva en todas las posibilidades de contratación de servicios de la sociedad de la información. Y en tercer lugar, el acceso a la banda
ancha en unas condiciones de mínima calidad técnica. Es cierto que algunas de nuestras enmiendas no han sido asumidas, en especial la posibilidad de que puedan instalarse redes wifi o wimax en bandas libres sin dificultades burocráticas, o incluso
que quedase más clara la garantía de acceso mediante conexión de banda ancha apropiada a Internet como servicio universal. Por lo demás, la ley en su conjunto ha mejorado sensiblemente en cuanto a contemplar las competencias de las comunidades
autónomas, en cuanto a respetar el pluralismo lingüístico y también en cuanto a establecer al menos una serie de cautelas en las que el entramado del Estado y de las comunidades autónomas quede precisamente definido en relación con lo que es sin
duda un problema y un marco de carácter global como la sociedad de la información. Sin duda alguna, las deficiencias que pueda seguir manteniendo esta ley serán derivadas de la evolución tecnológica de la sociedad de la información y de su propio
carácter transnacionalizado o global. Sin duda alguna, será una ley que habrá que mejorar y perfilar en el futuro, y falta mucho para que podamos establecer unas reglas de juego suficientemente asumibles o, si ustedes quieren, respetuosas de la
pluralidad, de las competencias y de los poderes legítimos que debe haber en cada pueblo en relación con un modelo que, repito, es tan abierto, con tantas posibles transformaciones que es difícil saber cuáles son los marcos legales o, en todo caso,
las previsiones que se pueden dar con el tiempo.
Solamente quiero añadir que vamos a apoyar todas las transaccionales y, por supuesto, el conjunto de la ley, no solamente por convicción en el 90 por ciento sino también por el arduo trabajo que han hecho los ponentes para llegar a un
acuerdo y que prueba que muchas veces a través de
ese trabajo de diálogo -y quiero volver a agradecérselo al Grupo Parlamentario Socialista- las cosas puedan ser sensiblemente mejorables.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Rodríguez.
(Rumores.)
Señorías, resulta increíble que seamos tan pocos en el hemiciclo y que haya este nivel de ruido que dificulta el trabajo en esta Cámara.
Señorías, es difícil entender. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero manifestar que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds cree que hoy daremos un paso importante si se vota afirmativamente esta ley porque, desde nuestro punto de vista,
tendremos la oportunidad de poner las bases para futuros progresos. El proyecto de Ley de impulso de la sociedad de la información enviado por el Ministerio de Industria fue valorado desde el principio como insuficiente por la comunidad internauta
y también por nuestro grupo parlamentario. El texto iba en la dirección de establecer factura electrónica, propiciar cambios menores en las leyes de comercio y eliminar alguna que otra traba burocrática para la actividad privada en vía telemática,
pero poco más. Desgraciadamente, el proyecto de ley también llevaba aparejada en su articulado una reforma sobre el secuestro de publicaciones electrónicas y la restricción de servicios telemáticos.
Este hecho ha generado durante los últimos cinco
años gran incertidumbre en usuarios, empresas e incluso entidades públicas, y es una de las principales razones por las que la sociedad de la información no ha evolucionado, a nuestro juicio, convenientemente y a buen ritmo en nuestro país.
Con estos mimbres empezamos el debate de una ley que ha mejorado, y mucho, a través de las enmiendas que todos los grupos parlamentarios hemos conseguido incluir en el texto definitivo, por lo que anticipo que nuestro grupo parlamentario
votará favorablemente esta ley. Una de nuestras reivindicaciones en el trámite de discusión de la ley ha sido y es que la libertad de expresión, de información, de cátedra, de opinión y de creación artística, científica y tecnológica esté tutelada
por los juzgados y tribunales, siempre que se realice por medios telemáticos; esto es, que un secuestro o restricción de un servicio telemático solo pueda llevarse a cabo a través de una decisión judicial. La enmienda transaccional que nos
presentó el Grupo Parlamentario Socialista ha ido en la dirección de establecer que en algunos casos aquellas autoridades competentes que tengan atribuidas las funciones para restringir estos servicios tengan necesariamente que respetar las
garantías, normas y procedimientos judiciales para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información cuando pudieran verse afectados. Esto no
es lo que nuestro grupo parlamentario quería, pero es un avance, a pesar de que nuestras pretensiones son que Internet se convierta en un derecho de los ciudadanos y no solo en un servicio del que pueda disponer en función o no de la oferta
comercial. Fue esta razón la que nos impulsó a incluir la petición de que la Ley de impulso de la sociedad de la información estableciera garantías para que no sea posible la injerencia ni interferencia de los operadores en el tráfico de Internet
por razones ajenas a la propia voluntad del usuario, la llamada neutralidad de red. Este, sin embargo, es un tema que no ha sido abordado en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de la gran importancia que pensamos que tiene y
del hecho de que no regularlo pueda llegar a permitir incluso que compañías tecnológicas tengan más atribuciones que los propios jueces y las autoridades competentes al tener posibilidades técnicas que permitan restringir los contenidos. El hecho
de que vayamos a votar afirmativamente esta ley no quita para que se reivindique con total claridad que para hacer que Internet sea un derecho es imprescindible que se establezca la neutralidad de red por ley. No lo hemos conseguido ahora, pero
pensamos que es imprescindible y que se regulará en el futuro. Por otra parte, con nuestra reivindicación de que el acceso a la banda ancha sea un servicio universal y constituya un derecho ciudadano y no una prerrogativa de las compañías de
telecomunicaciones, es decir, considerar Internet como un derecho, hemos conseguido que en esta ley se fijen fechas concretas -diciembre de 2008- y compromisos claros para que la banda ancha sea una realidad como servicio universal,
independientemente de la tecnología utilizada y de la localización geográfica donde se quiera utilizar.
El otro gran objetivo político que nos planteamos en esta ley era la transferencia de conocimiento y de la tecnología de titularidad pública a la sociedad, algo que, a pesar de ser obvio, no se había regulado hasta el momento. A nuestro
juicio, es un principio básico de un Estado de derecho que los ciudadanos dispongan en su máxima amplitud posible de los bienes, servicios, derechos y espacios públicos, y son las administraciones las que tienen la función de gestionarlos,
conservarlos, protegerlos, y para ello es imprescindible que se actúe como titulares de los derechos sobre el conjunto de lo público. Es por ello por lo que el hecho de poner la propiedad intelectual de titularidad pública a disposición de la
sociedad con total libertad para que sea aprovechada por cualquier ciudadano es un acto, a nuestro juicio, de completa justicia, y la fórmula de copyleft es la más adecuada para distribuir el conocimiento público porque este conocimiento debe estar
disponible para que los ciudadanos puedan usarlo con cualquier propósito, puedan copiarlo, modificarlo y redistribuirlo con o sin cambios, siempre que la obra derivada se licencie en los mismos términos y cite al autor original, logrando así además
proteger el
conocimiento público de expolios y expropiaciones, a la vez que se reconocen los méritos del creador de la misma. Defendemos desde nuestro grupo -y creemos que ha quedado incluido en la ley- un modelo que protege al creador pero que
socializa el conocimiento. Evidentemente, el hecho de distribuir el conocimiento de titularidad pública como copyleft, sobre todo debido a que permite la modificación, fomenta extraordinariamente la creatividad e innovación al poner gran cantidad
de material didáctico, científico y tecnológico a disposición de pensadores, investigadores y en general cualquier persona dado que nosotros defendemos que todos somos capaces de procesar inteligentemente el conocimiento adquirido. Además pensamos
que es un excelente mecanismo de extensión de nuestra cultura.
Desde nuestro grupo parlamentario hacemos una apuesta decidida por una sociedad del conocimiento de todos y para todos, en la que los ciudadanos sean protagonistas y no se les relegue a meros espectadores. De ahí la relevancia de incluir el
derecho de los ciudadanos a modificar el conocimiento de titularidad pública siempre que luego lo redistribuyan en las mismas condiciones que lo recibieron. Por último, que Cenatic, gracias a la incorporación de una enmienda de Izquierda Unida,
vaya a servir de organismo canalizador de la transferencia tecnológica de las entidades públicas hacia la sociedad es un hecho significativo ya que aglutinará y coordinará las acciones que ya se están realizando en materia de software libre y de
fuentes abiertas y prácticamente en todas las comunidades autónomas. Los colectivos y asociaciones, capitaneados por Hispalinux, enviaron a todos los grupos parlamentarios veintiséis propuestas de mejora, algunas tan concretas como la eliminación
del canon por copia privada de las administraciones públicas o la posibilidad de que los ayuntamientos puedan poner en marcha redes wifi que permitan al vecindario conectarse a Internet. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds recogió todas las propuestas y ha luchado por ellas junto a Hispalinux para conseguir que tuvieran reflejo en el texto legal que hoy aprobamos. Ha sido un largo camino de reuniones, llamadas y reivindicaciones que tienen un buen
final con la aprobación hoy de esta ley, gracias también -y lo queremos decir desde la tribuna- a la portavoz socialista Lourdes Muñoz, que se ha esforzado por conquistar el necesario consenso en esta ley, que ha sufrido cambios sustanciales incluso
durante la tramitación, pues en cada enmienda transaccional hemos tenido que ir peleando, junto con las asociaciones defensoras de software libre, y presionando a un Grupo Socialista a veces reticente pero siempre dialogante. En este contexto de
negociación hoy, por fin, después de haber hecho público un manifiesto de apoyo a nuestra enmienda en defensa de las televisiones de proximidad gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, se nos ha propuesto una transaccional -que espero que tenga
el respaldo de todos los grupos parlamentarios- que significa una regulación imprescindible para asegurar la supervivencia de las televisiones de proximidad, la supervivencia de unos medios cuya normalización jurídica ha venido siendo
sistemáticamente postergada. Con esta enmienda y su transaccional se resuelve una demanda ya histórica.
Estamos hablando de medios comunitarios que ocupan una parte mínima del espacio público radioeléctrico y lo hacen para un uso social, cultural
y educativo. Estamos hablando de dar cabida a estos medios para pluralizar la información. Hasta ahora la mayoría de las televisiones de proximidad son reconocidas y valoradas pero se las desconoce legalmente. Con esta enmienda iniciamos otro
camino. Esperamos que la transaccional que se nos ha ofrecido sea apoyada por todos los grupos.
Finalizo como comencé, dando el apoyo a una ley que tiene que ser también, como no puede ser de otro modo, el inicio de un camino en el que la información debe ser un derecho de todos y para todos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Muñoz.
Tiene la palabra el señor Beloki en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo tiene una visión positiva en relación con este proyecto de ley que tras meses de debate y negociación va a ser sometido a debate y votación en el Pleno del Congreso. Ya lo hemos votado a favor en el trámite de Comisión y,
en consonancia con lo ya hecho, volveremos a votar hoy a favor de este proyecto de ley. Esta visión globalmente favorable tiene matices, evidentemente, como todas las veces en que se llega a un acuerdo entre distintos grupos, y el proyecto de ley
es evidentemente mejorable. Dos de estos matices vienen recogidos en las enmiendas que hemos mantenido tras el debate en Comisión y a las que voy a referirme brevemente. En una de ellas, la número 97, mi grupo propone que a la hora de establecer
determinados preceptos básicos -en concreto en los apartados 2, 3 y 6 del artículo 1 y en los artículos 2 y 6- no solo se explicite el título competencial del Estado para hacerlo, sino que se incluya la fórmula usada en otras ocasiones de: sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en materia de defensa de los consumidores y usuarios y en materia de comercio interior. Es una fórmula que, en nuestra opinión, logra mayor equilibrio. De todas formas quiero adelantar,
tras esta explicación, que mi grupo va a votar a favor del texto que figura en el dictamen -que no contempla esta enmienda- y que incluso vamos a retirar esta enmienda 97, en aras del acuerdo al que me referiré posteriormente. De esta forma no se
someterá a votación y supongo que será aprobado el texto del dictamen.
Otra enmienda que hemos mantenido para el trámite de Pleno es la número 98. Se refiere a la disposición adicional séptima, que regula el impulso a la instalación de canalizaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en
suelo urbanizado. La materia de la que trata
esta disposición adicional, que no es otra que la legislación urbanística, es una materia -sobre la que supongo que existe unanimidad entre los diputados y diputadas- que constituye una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Esta competencia viene siendo ejercida -no sé si por todas pero sí seguramente por muchas- justamente en la dirección que apunta el texto del proyecto de ley. La pregunta que nos hacemos es a qué viene entonces que justo ahora, recién aprobada la
Ley del Suelo, pretendamos introducirlo, aun cuando sea mediante la colaboración interadministrativa contenida en las leyes autonómicas. En todo caso, también en este punto, entendiendo el acuerdo general y el hecho de que aquí solo se dice que el
Gobierno promoverá el acuerdo interinstitucional en una determinada dirección, mi grupo también a va a retirar la enmienda 98. Esto significa que mi grupo no mantiene ninguna enmienda para la votación hoy en Pleno.
Entendemos, como también han expresado otros interlocutores, los portavoces de otros grupos parlamentarios, que estamos ante un acuerdo que se ha logrado tras meses de trabajo. Una de las vías de acuerdo por la que mi grupo apoya este
texto, es que se ha tenido en cuenta finalmente de forma notablemente más respetuosa la complejidad del Estado autonómico. El no tenerlo en cuenta es un riesgo, por desgracia, demasiado habitual y la verdad es que, visto el trabajo que se ha
desarrollado, no me duelen prendas en reconocer que en este caso ha habido una sensibilidad mucho mayor que en otras ocasiones, y ahí están como testimonio los artículos 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 4.4, 4.7 bis, 4.10 pre bis, 4.10 bis, 4.12 bis, 4.12
ter, 5.6, adicional primera, adicional segunda, adicional cuarta y adicional sexta. Todos estos artículos indican que se ha caminado en la buena dirección, lo cual es de agradecer. En todo caso, la ley ha sorteado también otros riesgos y, aunque
sea brevemente, quisiera aludir a uno de ellos, porque es también uno de los motivos por los que mi grupo va a apoyar este proyecto de ley.
Este proyecto de ley lleva como denominación el de Medidas de impulso a la sociedad de la información. Con
esa denominación corría de entrada el riesgo, por propia definición, de ser una ley dispersa, una ley que podía referirse a cualquier cosa, abierta a todo, que es una forma de abrirse a cualquier cosa. Sabido es que no hay campos que, en mayor o
menor grado, no se estén viendo afectados por la llamada sociedad de la información.
Todos los ámbitos de la vida social se están viendo y se van a ver afectados por la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. En virtud
de la transversalidad, por decirlo de alguna forma, de estas tecnologías es por lo que justamente se habla de un concepto global, que es el de la sociedad de la información. Por consiguiente, pretender mediante una ley impulsar esa sociedad podía
significar que se entrara en todos los campos posibles que constituyen lo que luego, de forma integrada, denominamos una sociedad. ¿Dónde, en tal caso, poner límites a una ley? ¿Cómo acotar las materias? Mi grupo, de entrada, tomó la decisión de
no abrir esta ley más allá de los términos, ya de por sí discutibles, que abría el proyecto de ley que nos había presentado el Gobierno. Decidimos ajustarnos por metodología y practicidad a lo que se nos proponía regular y no abrir otros campos que
evidentemente podrían abrirse con igual derecho que los que pretendía abrir el Gobierno en el proyecto de ley. Era evidente que esta forma de proceder de los distintos grupos parlamentarios, cada cual abriendo el campo de aplicación de esta ley a
cualquier otro campo posible, nos hubiera llevado al desquicie, en algún sentido, del proyecto de ley y a que finalmente no fuera posible un acuerdo como el que creo que esta ley va a tener finalmente. De forma que el doble esfuerzo de ajustarse
mejor a la estructura competencial autonómica y al mismo tiempo, prudentemente todos, limitarnos a regular algunas determinadas materias y tomar la decisión de no regular otras posibles es lo que ha llevado a mi grupo a que finalmente apoye este
proyecto de ley. Para terminar, quisiera hacer referencia a que hay algunas enmiendas transaccionales in voce que, al parecer, van a ser sometidas a votación, ya veremos. En todo caso, la toma de posición de mi grupo sobre las mismas es la
siguiente. A la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda 142 del Grupo Parlamentario Popular, en caso de que se sometiera a votación, mi grupo sería favorable. Esta es una enmienda al artículo 3 que regula las
ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas y a iniciativa de mi grupo se suprimió uno de los apartados de este artículo y ha quedado de forma que necesita una cierta recomposición. Si se aceptara esta enmienda transaccional y se
sometiera a votación, mi grupo estaría de acuerdo en aprobarla porque creemos que de esa forma se salvaría lo que mi grupo quería salvar al proponer la supresión del punto 2 del artículo 3. Por lo que hace referencia a la enmienda transaccional del
Grupo Parlamentario Socialista a la número 64 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, mi grupo la va a apoyar y también va a apoyar la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 41 de ERC. No sabemos si habrá alguna
otra; en caso de que la hubiere, que sería la que hace referencia a la disposición final primera, mi grupo sería partidario de que la propuesta de modificación que se nos ha hecho llegar a todos los grupos no fuera sometida a discusión ni a debate
ni a votación, por entender que es una propuesta que necesita retoques serios. En este momento, tal como está redactada, tiene graves deficiencias técnicas y mejor si no se somete a consideración, tiempo habrá en todo caso para que en esta ley que
vamos a votar favorablemente pero que, como decía al comienzo, es mejorable, todos podamos colaborar en ese aspecto en los trámites sucesivos, espero que en el Senado, a través de la presencia y la participación de los distintos grupos en el debate
que allá tenga lugar.
Sin más, mi agradecimiento a la Presidencia y también a doña Lourdes Muñoz, que ha trabajado, al menos con este grupo y entiendo que con bastantes otros, de forma eficaz y denodada para llegar a este grado de acuerdo al que hemos llegado
todos. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Beloki.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, acabamos hoy la tramitación parlamentaria en primera lectura de este proyecto de Ley de medidas de impulso a la sociedad de la información, un proyecto de ley que nuestro grupo parlamentario, cuando se presentó a esta Cámara,
incluso viendo las mejoras que tenían que incorporarse en el trámite parlamentario, veíamos que era una buena oportunidad para tomar medidas de impulso de la sociedad de la información, necesarias sobre todo, por ejemplo, para universalizar el
acceso a banda ancha.
Ha sido un trámite largo el de este proyecto de ley que ha permitido que todos los grupos parlamentarios pudiéramos apostar el máximo para llegar a un consenso en aquellos aspectos en los que estábamos de acuerdo que esta ley tenía que
mejorar. Ha habido transacciones, como ha comentado algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, que se han modificado en numerosas ocasiones, intentando, como también decía alguien, incorporar todas aquellas demandas que venían de
asociaciones que también se han preocupado de que esta ley fuera lo más beneficiosa posible. No sería justo no reconocer hoy aquí el papel de la diputada doña Lourdes Muñoz, incorporando muchas de las enmiendas que nuestro grupo parlamentario había
presentado e intentando transaccionar otras de los diferentes grupos, como por ejemplo la universalización del servicio de banda ancha o la que acabamos definiendo todos los grupos como la enmienda de los jueces; es decir, intentando buscar una
solución que nos satisficiera a todos. No sería justo, como digo, no reconocer el papel que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista para acabar aprobando esta ley, pero también debo decir, como ha comentado algún portavoz que me ha precedido,
que era un proyecto de ley que necesitaba modificarse porque el que se presentó tenía en mucho de su articulado que ser mejorado.
Nuestro grupo parlamentario presentó a esta ley 28 enmiendas, muchas de ellas, como ya viene siendo habitual en
numerosos proyectos de ley que llegan a esta Cámara, totalmente competenciales, para intentar salvaguardar aquellas competencias que tienen transferidas las comunidades autónomas y que en su caso la Generalitat de Cataluña tiene transferidas por el
nuevo Estatuto de Autonomía. Como les decía, ya viene siendo habitual que gran parte de las enmiendas que presenta nuestro grupo sean de carácter competencial y esta ley no ha sido una excepción en este caso. En las enmiendas que nuestro grupo
presentó y que se han aprobado hemos incorporado, por ejemplo, que sean las diversas administraciones públicas las que promuevan en el ámbito de sus competencias y según sus criterios la incorporación de la factura electrónica en aquellas diferentes
actuaciones que no tengan que ver con la contratación para garantizar el ejercicio de las competencias que tenga cada Administración en materia de ayudas y subvenciones y que son atribuidas de forma exclusiva a las comunidades autónomas. También
hemos conseguido la supresión del apartado 5 del artículo 1. Entendíamos que las facultades que se reconocía el Ministerio de Industria en este apartado eran excesivas, que eran facultades que tenían las comunidades autónomas y que era
imprescindible que este apartado 5 del artículo 1 fuera suprimido, y agradecemos también que el Partido Socialista haya querido suprimirlo. También hemos incorporado en el texto diversas enmiendas para modificar los artículos 2 y 4 de cara a
salvaguardar también aquellas competencias que tenía atribuidas la Generalitat de Catalunya en materia de registro, de promociones o de sanciones. En definitiva, modificar aquellos artículos en las competencias concretas que tienen las comunidades
autónomas. Pero si en algo se hacía necesario a nivel competencial modificar esta ley era en la disposición final primera que es la disposición que marca qué artículos y apartados de esta ley acabarán siendo básicos; de manera clara, en esta
disposición quedan marcados aquellos aspectos de la ley que serán básicos. Nuestro grupo desde el primer momento presentó enmiendas a esta disposición final porque entendíamos que se hacía una interpretación excesiva de aquello que tenía que tener
carácter básico. Quiero decirles que nos hubiera gustado que en esta disposición final se hubiera aprobado la enmienda que presentaba el Grupo Nacionalista Vasco definiendo en dicha disposición final la necesidad de salvaguardar las competencias de
las comunidades autónomas e introducir el texto que proponía el Partido Nacionalista Vasco de sin perjuicio de las comunidades autónomas. Entendemos que la incorporación de ese pequeño texto hubiera mejorado y mucho la voluntad de salvaguardar las
competencias que tienen las comunidades autónomas transferidas en esa materia.
Del resto de las enmiendas que ha presentado nuestro grupo y que entendemos que han mejorado mucho este proyecto de ley quisiera destacar varias. Hemos incorporado un fondo económico para la instauración de la factura electrónica. Además
de aquellas enmiendas por las que habíamos incorporado respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de factura electrónica también se ha incorporado la creación de este fondo económico que nosotros entendemos que facilitará y
ayudará económicamente a instaurar esa factura electrónica. Quiero destacar también la inclusión de dos enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana para la promoción de las lenguas cooficiales en el Estado en lo que se refiere a las
tecnologías de la sociedad de la información.
Hemos aprobado, pues, una disposición adicional nueva en la que se insta a las administraciones públicas a fomentar el pluralismo lingüístico en la utilización de las nuevas tecnologías de la sociedad
de la información y también hemos aprobado una enmienda en la que se insta a que los formatos estructurados de las facturas electrónicas deban elaborarse también en dichas lenguas cooficiales. Creemos que estas dos enmiendas promueven el respeto a
las lenguas cooficiales en el impulso a la
sociedad de la información y nos congratulamos de que se hayan aprobado.
Nuestro grupo también presentó dos enmiendas importantes que hemos intentado negociar hasta el último momento con el Partido Socialista que entendíamos que mejoraban
este proyecto de ley. La verdad es que agradecemos el esfuerzo de la diputada doña Lourdes Muñoz para intentar transaccionar algún texto de cara a incorporar esas dos demandas de nuestro grupo, demandas que se resumen en la necesidad, primero, de
que las administraciones públicas estuvieran exentas del pago de las tasas en materia de telecomunicaciones en los supuestos de reserva de dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios obligatorios de interés general. Entendíamos
que era una buena solución que las administraciones pudieran estar exentas de estas tasas en aquellas prestaciones de servicios que fueran obligatorias para el interés general. Es verdad que en principio el Partido Socialista y el Ministerio de
Industria habían aceptado esta enmienda del Grupo de Esquerra Republicana, pero al final parece ser que el Ministerio de Economía no ha atendido estas reclamaciones. Intentaremos que esa voluntad que tenía el Partido Socialista se pueda expresar
nuevamente en el Senado e incorporar esa enmienda de exención de tasas para las administraciones públicas.
La ley marca que aquellos organismos públicos responsables de la administración de carreteras y de líneas de ferrocarril pongan las canalizaciones que puedan salir de estas obras a disposición de la Administración General para la explotación
de telecomunicaciones. Lo que pretendíamos con esta enmienda es que la explotación de esas canalizaciones para el uso de las telecomunicaciones fuera transferida o, al menos, negociada con las comunidades autónomas. Entendíamos que tienen que ser
las comunidades autónomas las que gestionen esas canalizaciones, porque entendemos que tienen competencias en materia de telecomunicaciones. Entendíamos también que nos acercábamos a la Administración más próxima al ciudadano para que pudiera
gestionar estas canalizaciones, pero al final no ha sido posible tan siquiera llegar a un texto transaccionado que buscara esa coordinación entre la comunidad autónoma y la Administración General del Estado para compartir la gestión de estas
canalizaciones. Nuestro grupo va a intentar buscar en el Senado algún acuerdo en ese sentido y aprobar esas dos enmiendas que les comentaba, la exención de tasas y la gestión de esas canalizaciones, para que las comunidades autónomas sean
beneficiadas con estas dos enmiendas.
Por lo que se refiere a otras enmiendas, agradecemos que mediante una transaccional se haya aprobado al final la enmienda que presentaba el Grupo de Izquierda Unida sobre la televisión local. Nuestro grupo ya dijo en Comisión y también en
ponencia que era una enmienda que hacíamos nuestra aunque la hubiera presentado el Grupo de Izquierda Unida, y nos congratulamos de que con la aprobación de esta transaccional se pueda mejorar esa no legalidad en que pudieran incurrir esas
televisiones locales.
En cuanto a la ley en general, entendemos que acabará siendo una buena ley, una ley mejorada sobre el proyecto inicial, pero nos hubiera gustado que muchas de las enmiendas de nuestro grupo que al final no van a aprobarse sí lo hubieran sido
porque mejorarían aún más este proyecto de ley.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Ramón.
Turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Grupo Catalán de Convergència i Unió va a apoyar este proyecto de ley porque entendemos que introduce una serie de innovaciones normativas en materia de
facturación electrónica y de refuerzo de los derechos de los usuarios y, por otra parte, acomete modificaciones necesarias en el ordenamiento jurídico para promover el gran objetivo de esta ley: el impulso a la sociedad de la información.
Queremos destacar en esta ley que se establece la obligación por parte de las empresas de determinados sectores con especial incidencia en la actividad económica, como sería el suministro de electricidad, de agua de gas, telecomunicaciones,
entidades financieras, aseguradoras, grandes superficies, transportes, agencias de viajes, de facilitar un medio de interlocución telemática entre los usuarios de sus servicios y que este también potencie los certificados de firma electrónica, un
elemento fundamental en el impulso de esta sociedad de la información. Por otra parte, entendemos que esta interlocución telemática ha de ir ampliándose al conjunto de empresas que forman parte de nuestro sistema económico y en este sentido la ley
ha de ir creciendo para facilitar que esta sociedad de la información llegue a todos los niveles del conjunto de la sociedad.
Se ha dicho antes, y yo lo comparto, que el Grupo Socialista, y en este caso su portavoz, ha hecho un esfuerzo importante para intentar llegar al máximo nivel de consenso en esta ley. Nosotros queremos manifestar nuestra satisfacción por
que del total de las enmiendas presentadas, unas 47, hemos transaccionado 18 y se han aprobado directamente siete de las nuestras. En estos momentos permanecen vivas 13, que después voy a defender.
Quisiera valorar el hecho de que en esta ley también se ha hecho un esfuerzo, en primer lugar, para respetar las competencias que las comunidades autónomas tienen al respecto, hacerlas también protagonistas de este impulso porque, aunque la
sociedad de la información globaliza y nos hace ir a un mundo cada vez más global, al mismo tiempo la cercanía, lo local, también tiene su fuerza. También me gustaría destacar que la sociedad de la información comprende muchos campos y ha quedado
claro en el proceso de trabajo de esta ley que hay áreas donde hemos de seguir trabajando. Algunas de nuestras
enmiendas van en esta línea como, por ejemplo, la definición de las ingenierías, concretamente las ingenierías informáticas. Nosotros con otros grupos hemos intentado luchar por ello porque entendemos que son profesionales que sin duda
hacen una gran aportación a esta sociedad de la información. Hemos pactado con el Grupo Socialista que esta cuestión se volverá a poner sobre la mesa en el Senado y esperamos que se resuelva.
En cuanto a las enmiendas vivas que tenemos, quisiéramos incidir especialmente en algunas de ellas, concretamente en la enmienda número 204, que tiene como objetivo facilitar los trámites que actualmente deben realizar las entidades públicas
y las entidades sin ánimo de lucro que quieren poner en funcionamiento redes wifi. Internet no solo es un espacio comercial, sino también lo es de lo social, de lo político y de lo cultural y nos gustaría que esta enmienda número 204 tuviera apoyo
por parte de esta Cámara.
La enmienda número 216 propone una disposición adicional por la que la sede de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones se establezca en Barcelona y coordine sus funciones con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para evitar
una duplicidad de funciones. Es lógico y se me ha dicho por parte de algún portavoz de algún grupo de esta Cámara que no le toca a la ley definir la sede. Esta enmienda tiene un objetivo, la ley se refiere a la creación de esta Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones y nos parecería absurdo que, teniendo en Barcelona la CMT, buscáramos otra ubicación para esta agencia. Por esto presentamos esta enmienda, pero sobre todo queremos manifestar al Gobierno y al grupo que lo apoya que, repito,
consideraríamos un sinsentido que esta Agencia Estatal de Radiocomunicaciones no se estableciera en Barcelona no tanto por ubicar esto en Barcelona, sino para que tuviera coherencia con la ya establecida Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
La enmienda número 221 prevé la adecuada financiación del servicio universal, incluyendo la posibilidad de que la financiación también pueda ser con cargo a fondos públicos a través del Fondo de compensación del servicio universal de
telecomunicaciones. La ley contempla ir hacia este servicio universal, pero ha de prever esta posibilidad de que los fondos públicos ayuden a conseguir este carácter universal de las telecomunicaciones.
La enmienda número 222 pretende el impulso de la sociedad de la información a través de la existencia de distintos dominios de primer nivel dentro del Estado como, por ejemplo, el dominio.ct para el caso de Cataluña. Con la enmienda número
227 pretendemos adecuar el indicador de referencia, el Iprem, para el abono social en el servicio telefónico fijo. Entendemos que esta medida debe contribuir a evitar la exclusión social de la sociedad de la información de las personas con ingresos
bajos. Uno de los grandes problemas que puede plantear la sociedad de la información es la brecha digital -diputados de esta Cámara hemos participado en debates a nivel internacional sobre la misma-, que debemos evitar no solamente en los países,
dicho entrecomillas, pobres, porque también en nuestra sociedad hay gente que puede sufrirla de una forma dura, por lo que debemos dar solución a este tema.
La enmienda número 228 pretende sistematizar la presentación de balances sobre la evolución de la implantación de la sociedad de la información en nuestro país, respecto a la evolución que sigue en los demás países de la Unión Europea.
Muchas veces informamos de que la sociedad de la información avanza en este país, pero no la comparamos con los avances que se hacen en países de nuestro entorno con los cuales competimos. Es importante realizar este análisis sobre nuestra
situación y su comparación con los países de nuestro entorno. Esto nos parece fundamental y nos gustaría que la ley previera este tipo de análisis sistematizado de estos balances, sobre la evolución de esta sociedad de la información que
pretendemos impulsar y construir. La enmienda número 229 pretende que el Estado, de acuerdo con las comunidades autónomas, presente un proyecto de ley que regule los servicios de juego y apuestas por medios electrónicos. Estamos viviendo en un
mundo cada vez más global. Este tipo de apuestas y juegos se está produciendo; podemos ver que equipos de la liga de este país llevan publicidad de estas empresas que están ubicadas en distintos países. Lo que pretendemos con esta enmienda es que
el Estado -aunque no en esta ley- se comprometa a regular este tema, porque nos parece importante tanto desde el punto de vista de la protección a la infancia, por el hecho fiscal y, en general, por regular una situación que de hecho se está
produciendo y que entendemos que, de acuerdo con las comunidades autónomas, es un tema a regular y que la sociedad de la información ha de incorporar en su regulación.
Finalmente, quiero señalar que las enmiendas números 182, 191, 198, 200, 225 y
226, las mantenemos en los términos en que han sido presentadas.
Termino reiterando nuestro voto afirmativo a esta ley. Reiteramos la satisfacción por que el conjunto de aportaciones que se han hecho a la ley por parte de todos los grupos sin duda ha mejorado esta ley. Esta ley cubre unos aspectos que
era necesario cubrir. Nos queda trabajo por hacer pero, en cualquier caso, nos gustaría que estas enmiendas que proponemos y esta ley fueran votadas y aprobadas por sus señorías.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Turno del Grupo Parlamentario Popular; señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy en Pleno esta Ley pomposamente llamada de impulso a la sociedad de la información, pero que únicamente en unos pocos artículos propone medidas, desde nuestro punto de vista escasas e insuficientes, a varias leyes
aprobadas recientemente. Una ley que, además de ser mala, acumula más de seis meses de
retraso desde que fuera aprobada por el Consejo de Ministros, en el mes de abril, y que ha vivido un cúmulo de despropósitos superior al que podría resistir un texto que pudiéramos calificar como serio.
El primer socavón fue la retirada del artículo 17 bis, con el que el Partido Socialista pretendía hacer un favor a la SGAE, recuperando la censura de otros tiempos limitando la libertad de expresión, un artículo por el que hasta el Consejo
de Estado puso el grito en el cielo y les obligó a dar marcha atrás y a retirarlo. El segundo socavón fue la retirada del intento de ataque a la libertad de expresión de Internet, para acabar recogiendo las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, que garantizaban que solamente los jueces podían retirar contenidos en Internet. El tercer corrimiento de tierra, agujero o socavón fue la retirada de las enmiendas del Grupo Socialista que pretendían, sin seguir los trámites de informes
preceptivos de todo proyecto de ley, regular de forma parcial e insuficiente la televisión por movilidad y el régimen sancionador para radios y televisiones. El cuarto socavón fue su intento de evitar la garantía de acceso a Internet como servicio
universal para todos los ciudadanos, con independencia de su ubicación geográfica, pretendiendo lanzar una cortina de humo con una remisión engañosa a la norma europea, que no dice absolutamente nada del servicio universal, que habla de banda
estrecha, y no de banda ancha, que todos los grupos afearon al Grupo Parlamentario Socialista, teniendo de nuevo que dar marcha atrás en sus pretensiones. Es algo esencialmente grave en un país que en el año 2003 era el que más hogares tenía
conectados a banda ancha de la Unión Europea. Ahora es el que tiene la banda ancha más lenta y más cara de todo el espacio europeo, habiendo descendido del puesto trece al número veintidós en tecnologías de la información y la comunicación. Está
visto que la alta velocidad no es lo suyo.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha ido todo el tiempo en esta ley a remolque de la iniciativa del resto de los grupos. Si hay un elemento que realmente puede impulsar la sociedad de la información en nuestro país, es la
extensión de la banda ancha a todos los rincones de la geografía nacional, convirtiéndolo en un servicio universal y precisamente es esa medida esencial de impulso la que no se le había ocurrido al Grupo Socialista o la que no quiere llevar a la
práctica en estos momentos. El Grupo Parlamentario Popular cree que el desarrollo de la sociedad de la información no puede hacerse en detrimento de otros derechos fundamentales, y muy especialmente del derecho a la privacidad, a la propia imagen,
por lo que hemos presentado dos enmiendas muy importantes para resolver dos cuestiones que preocupan gravemente en estos momentos a los ciudadanos españoles, y que por lo visto no preocupan nada a los diputados del Grupo Socialista. Una de ellas va
en contra de la inaceptable intromisión que supone el spam Telefónica, es decir, esas llamadas que cada vez de forma más frecuente se producen en nuestros domicilios de manera indeseada, a veces en horarios intempestivos y siempre robando nuestro
tiempo, gracias a que nuestros teléfonos aparecen en la guía telefónica, para ofrecer servicios comerciales que no hemos pedido. Señorías, España fue el primer país que prohibió el spam en Internet. Fuimos pioneros y luego nos siguieron países
como Gran Bretaña o Estados Unidos. Sin embargo, en este momento el Grupo Socialista no ha querido aprobar este asunto para mejorar la sociedad de la información, una ley precisamente que da impulso a la misma.
Lo mismo podemos decir de la enmienda que hemos presentado para evitar la captación y la divulgación de la imagen de los ciudadanos sin autorización. Señorías, los ciudadanos están en este momento desprotegidos por la proliferación en
Internet de fotos robadas, de fotos realizadas sin que ellos lo adviertan, hechas muchas veces con teléfonos móviles, por ejemplo en la playa cuando se hace toples, y publicadas de forma frecuente en los sitios web sin su consentimiento. Este
llamado voyerismo digital a veces tiene su origen en la diversión, en una gamberrada o en el coleccionismo, pero otras veces tiene fines pedófilos o delictivos con la venta lucrativa de esas fotografías a empresas relacionadas con el sexo en
Internet. Pero más grave aún es la aparición en los últimos meses de vídeos en Internet donde se veja a personas de forma degradante. Los últimos que se han hecho públicos son los de un ciudadano rumano y los de un deficiente y esquizofrénico en
Móstoles, cuyas familias se han sentido absolutamente impotentes a la hora de retirar esos contenidos. Cuando tras un proceso kafkiano lo han conseguido, han comprobado que el daño estaba hecho y los demoledores efectos emocionales no tenían ya
marcha atrás.
Señorías, Internet es también un arma para la divulgación de contenidos abusivos basados en el escarnio y la burla, de contenidos comprometedores grabados sin saberlo o de pederastia y, en este momento, en nuestro ordenamiento jurídico
existen lagunas legales, así como falta de instrumentos para amparar esos derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Una ley como esta, que se supone de impulso a la sociedad de la información, tenía la obligación de haber abordado
todas estas cuestiones que suponen desprotección absoluta para los ciudadanos. Han tenido ustedes la oportunidad de hacerlo aprobando las enmiendas del Grupo Popular, pero una vez más han mirado hacia otro lado y han preferido, en lugar de
prevenirlo ahora antes de que se convierta en un problema mayor, que haya que legislarlo en un futuro próximo, cuando se hayan lesionado los derechos de muchos más ciudadanos.
Señorías, lo mismo ha ocurrido con nuestro intento de regulación de las apuestas y del juego on line ante la importancia que está adquiriendo y el desfase de la regulación actual, que genera pérdidas en tributación y competencia desleal, una
regulación que hasta ahora está pensada únicamente para el entorno físico. Lo mismo podemos decir sobre la obligación de retención de datos por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuyo debate ya realizamos en la
Ley de conservación de datos de las comunicaciones electrónicas, momento en el
que el Gobierno argumentó que compartía la sensibilidad -hablábamos de la persecución del terrorismo y la pederastia-, pero que esa ley no era el sitio, para comprobar en estos momentos que tampoco es el sitio en ésta, por lo que queda claro
que el Partido Socialista no quiere regular este tema y que se conforma irresponsablemente con buscar a posteriori excusas o culpables, como viene siendo habitual, cuando ya de nuevo sea tarde.
Igual podemos decir de la Agencia Española de Propiedad Intelectual, que hubiese realizado un trabajo extraordinariamente importante en temas de gran actualidad e importancia, donde también se están conculcando derechos con la pasividad del
Partido Socialista, o de refuerzos en materia de seguridad en la sociedad de la información contra virus, contra troyanos, phishing, spyware, spoofing o falsificación, contra los que tampoco se ha hecho absolutamente nada en esta ley. Ahora sí, lo
que sí han hecho es que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sea el único regulador de nuestro país que tenga la sede fijada por ley, lo cual no deja de dar una idea de lo útil que va a ser esta ley para los ciudadanos, como los
socavones de la alta velocidad. Ni la Comisión Nacional de la Energía, señores diputados, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, tienen definida su ubicación en la norma por la que se rige cada una; y me cuentan algunos
trabajadores que se han tenido que trasladar a la nueva sede que están muy contentos con esos socavones y con la eficacia en la gestión de las obras y el transporte público.
Apenas se ha avanzado en algunas transaccionales a nuestras enmiendas, en materia de exención de tasas a los radioaficionados mayores de 65 años y minusválidos, y en algunas cuestiones relacionadas con la accesibilidad, y desde luego no han
aprobado en sus mismos términos ni una sola de las 41 enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Por este motivo, porque es una ley de parches, una ley de medidas escasas e insuficientes, que no elimina las barreras existentes a la expansión y al
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que no garantiza tampoco los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información, que no impulsa la alta velocidad de la sociedad de la información, sino que hace que se paren
hasta las Cercanías, que deja fuera de la regulación cuestiones tan importantes como el spam telefónico, el voyerismo digital, los vídeos vejatorios, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, la vulneración de la propiedad intelectual,
la regulación de las apuestas y del juego on-line o la retención de datos de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuestiones todas ellas que desde nuestro punto de vista suponen una grave desprotección para los ciudadanos,
y porque en definitiva esta ley no afronta ni de lejos una modernización profunda de nuestro país en materia de nuevas tecnologías y sociedad de la información, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de las transaccionales y del dictamen de
la Comisión a la espera de que ustedes puedan cambiar de actitud en el Senado.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Echániz.
Grupo Socialista. Señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos hoy la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información que pretende, por un lado, impulsar la actividad económica y generar mayor seguridad de Internet y, por otro, regular derechos como la cobertura de banda ancha o la
retirada de contenidos en Internet. El proyecto que el Gobierno nos remitió pretendía fundamentalmente impulsar la actividad económica y la seguridad de los ciudadanos al utilizar y participar en Internet, con medidas como la factura electrónica,
la ordenación del mercado minorista, algunas para generar más seguridad en Internet, y el derecho de los ciudadanos a realizar por Internet gestiones con grandes empresas o aquellas que gestionan servicios públicos de primera necesidad, servicios
básicos. El debate, es cierto, ha ido más allá, y el Grupo Socialista ha abordado este debate convencido de que el modelo de sociedad del conocimiento que queremos es aquel que genere oportunidades para todas las personas. Tenemos que aprovechar
las oportunidades que da Internet para promover a través de ella el acceso de todas las personas al conocimiento.
Comenzaré por dos grandes temas que han centrado el debate de la ley, y creo que debemos felicitarnos porque hemos sido capaces -en este tema sí- de llegar a la unanimidad, a un consenso en dos temas fundamentales, como son la banda ancha y
la restricción de contenidos en Internet. Este debate se ha producido fundamentalmente, como otros grupos han citado, a raíz de una serie de propuestas que numerosos colectivos nos hicieron llegar a los grupos parlamentarios, y a los cuales quiero
agradecer su capacidad de propuesta, de diálogo y de apostar en un momento dado por avanzar y acordar ese avance en la ley. Empezaré por la restricción de servicios y de contenidos de la sociedad de la información en Internet.
La ley deja claro
que no se podrá cerrar ninguna página web sin intervención judicial cuando se trate de derechos fundamentales como la libertad de expresión, información y cátedra. Esta parecía inicialmente que era la postura mayoritaria de los grupos y hemos
intentado trabajar en una redacción que reflejara ese concepto. El PP en este tema ha ido cambiando de posición. En un momento determinado, y hoy lo he vuelto a oír, ha sacado en el debate el tema de la Agencia de Propiedad Intelectual, pero
finalmente quiero alegrarme de que hayamos podido, en un tema tan sensible y tan importante, llegar a un acuerdo todos los grupos sobre la retirada de páginas web o de contenidos de Internet.
Hemos marcado claramente el límite de en qué casos puede
restringir contenidos por Internet un organismo no judicial. Y la ley lo recoge: Órganos competentes solo podrán retirar contenidos cuando atenten contra una serie de principios básicos que la ley enumera, como son el orden y la seguridad pública,
la protección a la salud, el respeto a la
dignidad a la persona o la no discriminación, la protección a la juventud y la infancia. Por tanto, también, aunque en un momento determinado parecía que no, podrán seguir actuando órganos que ya lo hacen, como el Consell de l'Audiovisual
de Catalunya y el Ministerio de Industria, que actúan ante anuncios de televisión en la convencional, también lo podrán hacer en Internet, o en consumo se podrá actuar ante ofertas fraudulentas tanto en tiendas físicas como on line. Ese es el
acuerdo que teníamos todos los grupos y hemos votado por unanimidad, que la ley no deje caminos a la censura y, además, damos un mensaje claro de los límites en este tema.
El segundo gran tema de debate ha sido el acceso a Internet a través de banda ancha como servicio universal. La ley garantiza la cobertura de conexión a Internet de banda ancha en todo el territorio. Modificamos la definición de servicio
universal que hace la Ley de Telecomunicaciones en dos aspectos: allá donde marcaba como servicio universal la obligación de que tenía que haber cabinas telefónicas en todos los territorios, incluye también que tiene que haber equipos terminales
con acceso a Internet. Y allá donde define qué servicio debe tener un usuario, que debía ser la comunicación por voz o de fax, también incluimos que un usuario debe poder tener como posibilidad el servicio de acceso a Internet por banda ancha.
Además, añadimos una obligación al Gobierno a impulsar y promover la extensión de banda ancha para conseguir la cobertura de todo el territorio español a finales de 2008. Estas novedades significan un gran avance. La banda ancha no es simplemente
un producto al cual las personas puedan acceder a consumir o no, sino que habrá un derecho de tener cobertura y, por tanto, poder acceder a este servicio que genera tantas oportunidades. Se trata de una apuesta de generar igualdad de oportunidades
a todos, vivan en grandes ciudades o en pequeños municipios. Quiero decir que esta ha sido una ley muy pactada. Hemos hablado, dialogado y llegado a acuerdos cuantitativos con diferentes grupos políticos y quiero agradecer desde aquí la capacidad
de diálogo de los portavoces de diferentes grupos.
Repasaré otros contenidos de la ley que hemos incorporado a lo largo del proceso -enmiendas en ponencia, por ejemplo, para que haya contenidos para garantizar la accesibilidad de las personas discapacitadas-, y hablaré de algunas
transaccionales acordadas por los grupos. Por ejemplo, con Izquierda Unida hemos hecho una serie de acuerdos por los que la ley apuesta por la sociedad del conocimiento como un espacio donde compartir este conocimiento, y que este sea de libre
acceso para todas las personas, ya que protege mejor a quienes deciden poner su conocimiento como copyleft, y obliga a las administraciones públicas a que pongan sus contenidos, los que son de su propiedad, a disposición de la sociedad.
Por tanto,
más protección para aquellos contenidos de acceso libre, que son los que más revierten en beneficios de toda la sociedad y, a la vez, el hecho de que los contenidos digitalizados de propiedad del Estado se pongan a disposición de la sociedad y
puedan ser reutilizados por todas las personas. Este hecho hace que sea un paso decidido para la sociedad con acceso libre al conocimiento por todas las personas.
También hemos incluido la enmienda 179 que ha sido aprobada por mayoría -y quiero recordar al Partido Popular que, de momento, no votó en contra ningún grupo- y propone la ubicación de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en
Barcelona. Esto es así porque creemos en una España en red, en que los centros de decisión no deben estar todos en Madrid, sino que pueden y deben estar distribuidos en diferentes ciudades del Estado, y esta enmienda consolida una decisión del
Gobierno por ley. Ante esta propuesta nos preguntan por qué la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en Barcelona por ley. Lo que yo digo es por qué nos hacen esta pregunta. Estoy segura de que si la ley, como otras, pusiera la coletilla:
la sede del mismo estará en Madrid, ni siquiera nos preguntaríamos por qué. Hemos de aceptar con la mayor normalidad que los centros de decisión puedan estar en diferentes ciudades del Estado español porque todas son España o, por lo menos, para
nosotros todas son España. Hemos llegado a acuerdos de varias transaccionales con diferentes grupos. La de televisión de proximidad que finalmente incluye la televisión de proximidad, la de sin ánimo de lucro a la enmienda 64 de Izquierda Unida, a
la 41 de Esquerra Republicana para los operadores públicos y la intervención de las comunidades autónomas, y al PNV sobre las ofertas públicas de contratación, que es una buena solución. Todas ellas quedaban pendientes del Pleno. Aún espero que el
Partido Popular nos permita votar estos acuerdos en el Pleno. En todo caso, el Grupo Parlamentario Socialista tiene un compromiso con los grupos de introducirlas en el Senado, pero pediría al Partido Popular que no coarte el debate ni la votación
ni las posturas políticas en el Congreso.
Hemos rechazado algunas enmiendas del Partido Popular, sí señor Echániz, porque una cuestión es seguridad y otra es querer controlar Internet.
Seguridad, sí; regulación, sí; control, no. Ese ha sido el límite donde no hemos podido llegar
a acuerdos con ustedes. Esta portavoz no puede aceptar que diga que el Gobierno no está apostando por la sociedad de la información, porque los números cantan y la apuesta presupuestaria y los beneficiarios de la sociedad de la información están
claros. En 2006, 1.200 millones de euros de presupuesto, multiplicados por un 121 por ciento de aumento respecto al anterior, y multiplicando por tres el presupuesto anual que ustedes tenían destinado a este tema. Los beneficiarios son las
familias, son las empresas y son las personas que están accediendo a Internet como ocho millones de personas nuevas que tienen banda ancha, sobre todo en municipios pequeños. ¿Estos datos nos satisfacen? No, porque sabemos que queda mucho camino
por hacer, pero estamos empezando a dar la vuelta a algunos indicadores.
Quería referirme a una enmienda de Convergencia i Unió en la que compartimos su reflexión sobre una situación que podríamos denominar injusta de los ingenieros
informáticos, pero no compartimos la posible solución. No era tanto dar algunas atribuciones exclusivas a través de la Ley de la sociedad de la información sino que, como sabe Convergencia i Unió, la apuesta del Gobierno es afrontar en la
próxima legislatura una nueva ley que incluya a todas las ingenierías, y también a los ingenieros informáticos.
Para terminar, esta ley impulsa la sociedad de la información, contiene una serie de enmiendas encaminadas a dar seguridad a la ciudadanía y fomenta su uso comercial y social. Con esta ley también abordamos en esta legislatura derechos de
la sociedad del conocimiento como la banda ancha, como la garantía de que solo un juez podrá retirar contenidos o que los contenidos de la Administración pública puedan ser accesibles para todas las personas. Este es nuestro modelo de sociedad del
conocimiento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Muñoz.
Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta y con brevedad. Coalición Canaria ha hecho una valoración muy positiva de esta ley, en primer lugar, por la característica de nuestro Archipiélago, el hecho en sí mismo de
comunicaciones electrónicas entre las islas, la cohesión de un mercado interior en Canarias y, al mismo tiempo, la proyección al resto del territorio peninsular español y balear. Por eso votamos en ocasiones anteriores dos leyes afortunadamente muy
bien redactadas y aplicadas como la Ley 59/2003, de Firma Electrónica y la Ley 34/2002, de la sociedad de información y de comercio electrónico como servicios prestados a la misma. Las transacciones y relaciones comerciales que se desarrollan entre
el archipiélago canario y la península obligan a disponer de unos instrumentos de uso y distribución de todo el sistema electrónico para ahorrar desplazamientos inútiles, pérdidas. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Mardones, perdone, por favor.
Señorías, silencio. Casi no alcanzo a escuchar al señor Mardones yo misma.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Habíamos destacado la importancia que tenía la firma electrónica para favorecer la agilidad de muchas de las operaciones que requerían una base de exigencia notarial o de testimonio oficial ante las distintas administraciones públicas o los
servicios privados, de banca y de otras entidades, correspondientes a la verificación de la identidad del usuario a través de la firma electrónica. Pasamos también a la defensa por este mismo instrumento de la factura electrónica que va a facilitar
estas actuaciones. Al mismo tiempo, creemos que esta ley también era necesaria para adecuar una serie de directivas comunitarias que venían ya incidiendo en la necesidad de una red de malla, de un entramado en todas las operaciones comerciales al
respecto basado, fundamentalmente, en el amplio uso ciudadano de la red Internet. Si tenemos el sistema de Internet y las bases legales correspondientes, todo lo que sea impulsar hoy la sociedad de la información es necesario. Evitemos el caos,
las interferencias que conducirían a un bloqueo de todos los servicios de la red. Entendemos, y así lo manifestamos desde el primer día en la Comisión, que este todavía proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información venía a
complementar y a cerrar, a fecha de hoy, toda una serie de exigencias electrónicas en el comercio, sobre todo cuando modificamos la Ley del Comercio Minorista, de no facilitarles solo a las grandes empresas, que ya de por sí tenían capacidad de
solvencia financiera y técnica para disponer de sus propias redes electrónicas de verificación y de compromiso de documentos, de transferencias bancarias, etcétera, sino también extenderlo al pequeño comercio que se tenía que ver beneficiado con una
serie de actuaciones. A esto tendremos posiblemente que contribuir con una vía presupuestaria adecuada. También hemos visto la aceptación que ha tenido de las organizaciones empresariales y de todos los usuarios del sistema electrónico de firma y
de factura para que se pudiera llevar a efecto. Las enmiendas introducidas en el trámite de ponencia y de Comisión nos parecen afortunadas, necesarias y complementarias y han venido a enriquecer el texto originario al que nosotros vamos a dar
nuestro apoyo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mardones.
Terminado el debate, llamamos a votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 9/2007, DE 5 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. (Número de expediente 130/000049.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. En primer lugar, votación de la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real decreto-ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos
por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 325.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
¿Algún grupo parlamentario solicita que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos Berruezo. Enmienda número 288.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 25; en contra, 291; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 259, 260, 261, 263, 266, 267, 268, 271, 274, 282, 285 y 289 a 294.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 289; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 13; en contra, 293; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster. Enmienda número 167.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 29; en contra, 290; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 14; en contra, 288; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez. Enmienda número 149.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 26; en contra, 289; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 13; en contra, 290; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 292; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de la enmienda número 187.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 33; en contra, 290; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmienda 329.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 291; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, diez; en contra, 292; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmienda transaccional a la número 365, que afecta al párrafo segundo del artículo 15.1 transformándolo en artículo 15.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 182; en contra, 135; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas 353, 368 y 371 a 377.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 19; en contra, 289; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, nueve; en contra, 294; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 131; en contra, 193; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación vamos a votar el dictamen. Artículos 1, 2, 4, 10, 22 y 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 183; en contra, 141.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 176; en contra, 140; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 5, 6, 8 y 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 314; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 311; en contra, 10; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 15.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor 174; en contra, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del artículo 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 184; en contra 132; abstenciones nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 304; en contra, tres; abstenciones 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 18 y disposición adicional séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 185; en contra, 129; abstenciones 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 167; en contra, 157; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 21.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 168; en contra, 156; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del artículo 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 176; en contra, 146; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 169; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 305; en contra, ocho; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 184; en contra, 137; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos de las señoras y señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, puestos en pie.)
Por favor, orden en las tribunas. Gracias.
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
(Número de expediente 121/000134.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley de medidas de impulso a la sociedad de la información.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez. Enmienda 131.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 36; en contra, 288; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 132 y 133.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 34; en contra, 162; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, enmiendas 50 y 56.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 33; en contra, 289; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 64.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 155; en contra, 163; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 19; en contra, 164; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmiendas 29 y 31.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 189; en contra, seis; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 22; en contra, 162; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 38.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 34; en contra, 287; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 41.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 28; en contra, 290; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 28; en contra, 162; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas 191, 198, 218 y 219.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 148; en contra, 169; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 204.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 25; en contra, 163; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 216.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 29; en contra, 287; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 221.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 149; en contra, 161; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 222 y 226.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 32; en contra, 163; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 228 y 229.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 142; en contra, 160; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 182, 200 y 227.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 16; en contra, 163; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 16; en contra, 162; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 129; en contra, 177; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, voto particular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 193; en contra, 127; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el dictamen junto con las correcciones técnicas que han sido distribuidas a los grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 194; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se suspende la sesión hasta esta tarde a las dieciséis horas. Gracias.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO:
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, SOLICITADA POR 82 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA GRAVÍSIMA SITUACIÓN QUE
AFECTA AL TRANSPORTE FERROVIARIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. (Número de expediente 210/000094.)
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC) Y DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA INFORMAR SOBRE LA ENÉSIMA CRISIS EN LAS
COMUNICACIONES FERROVIARIAS DE CATALUÑA A CAUSA DE LAS OBRAS DEL AVE A SU LLEGADA A BARCELONA, ASÍ COMO LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. (Número de expediente 210/000095.)
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), PARA INFORMAR SOBRE LOS SUCESOS ACAECIDOS EN LAS OBRAS DEL TREN DE ALTA
VELOCIDAD A SU ENTRADA EN BARCELONA CAUSANDO UNA ELEVADA SINIESTRALIDAD Y LA PARALIZACIÓN PARCIAL DE DETERMINADOS SERVICIOS DE CERCANÍAS DE RENFE Y DE LOS FERROCARRILES DE LA GENERALITAT, ASÍ COMO PARA INFORMAR SOBRE LA INTERRELACIÓN ENTRE ESTOS
SUCESOS Y EL CALENDARIO FIJADO POR EL GOBIERNO PARA LA LLEGADA DEL TREN A BARCELONA EL 21 DE DICIEMBRE. (Número de expediente 210/000096.)
- COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN CATALUÑA. (Número de expediente 210/000097.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento. Informo a la Cámara de que el debate, tal y como se fijó en Junta de Portavoces,
consistirá en una exposición oral del presidente del Gobierno; a continuación, intervención de los representantes de cada grupo parlamentario, de mayor a menor, por un tiempo de quince minutos; contestación por el presidente del Gobierno y,
seguidamente, una réplica por un tiempo de cinco minutos.
Así pues, cuando el presidente del Gobierno lo desee, puede subir a la tribuna.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, señorías, comparezco ante la Cámara para responder ante todos los ciudadanos del trabajo desarrollado por el Gobierno en las obras de llegada del AVE a Barcelona, del
estado de las mismas y de sus consecuencias para quienes, de un modo u otro, las están sufriendo directamente. Lo hago en cumplimiento de una obligación que siempre la he sentido así: es esencial para el funcionamiento de una democracia
consolidada que sea el Parlamento el lugar en el que el Gobierno rinda cuentas ante los ciudadanos. Esa respuesta, esa rendición de cuentas, la realizo con plena conciencia de que desde hace unos meses las obras están provocando alteraciones muy
relevantes en los accesos a Barcelona y para los vecinos afectados. La suspensión de la línea de Cercanías y de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña desde el pasado 20 de octubre provoca por sí misma una situación difícil para sus
usuarios, pues afecta al desarrollo normal de su vida y de su trabajo. A todos ellos, el Gobierno y yo mismo les hemos pedido excusas; hoy las reitero desde el comienzo mismo de mi intervención.
En los próximos minutos quiero explicarles las causas de esa situación y cuáles son las perspectivas inmediatas; qué ha pasado y qué medidas hemos puesto en marcha desde el Gobierno para remediar los incidentes parecidos, para atender a los
ciudadanos afectados y para garantizar la mejor conclusión de las obras del servicio de ferrocarril en Barcelona.
Lo haré desde el máximo respeto y agradecimiento a quienes han soportado y siguen soportando con el máximo civismo los perjuicios
derivados de las obras. Lo haré desde la atención exclusiva al mejor procedimiento para conseguir normalizar cuanto antes y de modo defini
tivo el servicio ferroviario para los ciudadanos de Barcelona. Señorías, que sea el presidente del Gobierno quien venga hoy a rendir esas cuentas es expresión de la importancia que para nuestro programa de Gobierno han tenido desde el
primer momento las actuaciones en materia de infraestructuras. Con este fin aprobamos en el año 2005 el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte. Es una decisión política de primera magnitud; lo es en cuanto a los recursos invertidos,
lo es en cuanto al modelo que implanta, lo es en cuanto a los fines que prima. Lo estamos ejecutando desde el primer día, lo estamos dotando de recursos financieros suficientes desde el primer día y lo estamos adelantando desde el primer día.
Con el Plan de infraestructuras el Gobierno ha hecho bandera de la modernización de las infraestructuras de transporte. Modernización, en primer lugar, porque el PEIT impulsa un cambio en la orientación de su trazado, desarrollando una
malla de comunicaciones entre todos los territorios españoles, que está modificando la tradicional orientación radial de nuestro sistema. Esta línea de actuación es ya una realidad con la autovía del Cantábrico, cuya ejecución hemos multiplicado
por siete, con el cierre del eje vial mediterráneo, con las obras en los ejes ferroviarios de Vigo a A Coruña o en el corredor mediterráneo y con la culminación de la autovía de la Plata. Esta malla se centra hoy en las obras que se producen
simultáneamente en más de 1.700 kilómetros de autovías y en 1.700 kilómetros de alta velocidad. Es una malla que nos permitirá situarnos en 2010 como el primer país del mundo por la longitud de la red de alta velocidad, por delante de países con
fuerte tradición en este ámbito como Japón o Francia y como el primer país europeo en kilómetros de autovía. Modernización, en segundo lugar, porque el PEIT opta decididamente por la potenciación de puertos y aeropuertos como núcleos de la
intermodalidad fundamental en nuestro mundo actual. Nuevas pistas en Barajas, en El Prat, en el aeropuerto de León; nuevas terminales en obras en Barcelona, en Málaga, en Valencia; quince nuevos sistemas ILS en Barajas y Torrejón, Barcelona,
Sevilla, Jerez, Lanzarote, Valencia o Ibiza. Modernización, en tercer lugar, porque el Plan de infraestructuras evita los textos vacíos. En la legislatura actual hemos llevado los recursos totales para la mejora del transporte hasta los 107.000
millones de euros. Hemos dedicado a inversiones una media anual superior a los 16.300 millones de euros y hemos licitado obras por 41.324 millones de euros, casi una quinta parte ya de las previsiones del Plan de infraestructuras hasta 2020; un 50
por ciento más en el grado de ejecución de lo que ocurría en la legislatura anterior. El plan es, pues, una realidad en marcha. Modernización, por último, porque el Plan de infraestructuras gira fundamentalmente en torno al ferrocarril como medio
de transporte seguro, ágil y sostenible. El 47 por ciento de las inversiones del Plan de infraestructuras lo son en ferrocarriles, porque estamos convencidos de que es la mejor apuesta para el futuro. El ferrocarril de alta velocidad, desde luego,
pero también el convencional.
Junto a los casi 2.000 kilómetros de actuaciones de alta velocidad, junto a su inmediata llegada a Málaga, Valladolid o Barcelona, hemos aumentado en un 62 por ciento las inversiones destinadas al mantenimiento de la
red ferroviaria convencional, conscientes desde el primer momento de esa necesidad. Solo hasta 2010, ADIF, el órgano inversor de infraestructuras, invertirá 6.462 millones de euros en la red convencional.
En estas semanas se han oído, a costa de los graves incidentes a que se refiere esta comparecencia, algunas cosas injustas y algunas cosas sorprendentes. Hemos oído, una vez más, criticar el esfuerzo desplegado por el Gobierno en las obras
del AVE a Barcelona o en la respuesta a la situación de Cercanías, queriendo contraponerlo con el desarrollo en otras comunidades autónomas. Una vez más, tengo que decir que durante muchos años Cataluña y Barcelona no se han beneficiado de
inversiones extraordinarias, sino que han ido alimentado déficits de infraestructuras graves en un área territorial con cinco millones de ciudadanos. Los datos de los presupuestos generales de los últimos diez años así lo atestiguan, como
atestiguan que esa tendencia viene siendo corregida con voluntad constante desde que accedimos al Gobierno. Junto a ello, no está de más recordar que el Plan de infraestructuras ha sido una apuesta por el desarrollo de los sistemas de transporte en
toda España, allí donde existían y debían mejorarse y también allí donde no existían y debían crearse prácticamente desde cero.
También hemos oído en estas semanas voces que reclamaban la suspensión de las obras del AVE o incluso el abandono definitivo de la apuesta que hemos hecho por este medio de transporte en toda España. Quizá deberíamos pararnos a oír lo que
la mayoría de los ciudadanos opina de este criterio, lo que reclaman las administraciones públicas, autonómicas y locales. Basta con recordar que la opción por el tren de alta velocidad es una opción compartida por todos los países europeos, que
cada vez se despliega por más líneas diseñadas por una pluralidad de países y que recibe el apoyo y el impulso de la propia Unión Europea como medio preferible para vertebrar el territorio común. Es, de todas las modalidades de transporte, la única
que consigue aunar eficiencia social y cohesión territorial. Gracias a la alta velocidad, en efecto, integramos cada día nuestro país. Gracias al AVE se aminoran las distancias y se multiplican las posibilidades de desarrollo de toda España y de
las comunidades autónomas por la que se extiende. Es también el modo de transporte que asegura mayor eficacia económica. La nuestra, como todas las sociedades modernas, progresa gracias a la movilidad y a la comunicación y el AVE, como la
experiencia de Sevilla demuestra, es un fuerte impulso a ese progreso, que es el que beneficia a todos: viajeros del AVE y habitantes de las ciudades por donde este pasa. La accesibilidad es hoy en día un valor fundamental para el progreso de una
ciudad y el AVE es el modo de acceso más eficiente. La alta velocidad no es una obra exclusivamente pensada para sus eventuales viajeros, del mismo modo que los aeropuertos no interesan solo a los pasajeros de los aviones. El AVE es una obra para
toda la sociedad, pues de él se bene
fician quienes viajen en él y quienes trabajan gracias a la dinámica creada por los viajeros; es una plataforma de proyección para las ciudades de salida y llegada, pero también para las que crecen en su trayecto, cuya expansión y riqueza
tienen ejemplos palpables, evidentes, en la geografía española de sus áreas de influencia.
En todo caso, hace ya demasiados años que un Gobierno aprobó el proyecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Fue en 1988 cuando se aprobaron los primeros proyectos; en 1995, los primeros contratos de obra civil y, sin embargo, el
AVE consiguió llegar a Lleida hace tan solo cuatro años, el 11 de octubre de 2003, y lo hizo además con una velocidad de 200 kilómetros/hora y con numerosas deficiencias, como todos SS.SS.
recordarán. Desde entonces, hemos impulsado decisivamente
el proyecto.
Hemos solucionado los problemas de la parte construida y en funcionamiento, de modo que hoy ya el AVE circula hasta Lleida a 300 kilómetros/hora. Hemos culminado las obras entre Lleida y Tarragona, al 45 por ciento en 2004, donde el
AVE llegó, por fin, en diciembre de 2006.
Hemos realizado también todas las obras entre Tarragona y Barcelona. El AVE hoy ya está en la ciudad. De los 178 kilómetros del trayecto Lleida-Barcelona, todas las obras están acabadas, excepto las que
afectan a poco más de 5 kilómetros. Hemos logrado todo esto porque los 1.392 millones que se ejecutaron en las anteriores legislaturas en esta línea se han doblado en la presente hasta llegar a los 2.720 millones de euros y lo hemos logrado porque
el ritmo de ejecución se ha cuadruplicado: de los 200 millones de euros por año hasta casi 800 en estos momentos.
El caso es que el AVE está hoy a las puertas de Barcelona y su llegada ha planteado importantes problemas a los ciudadanos que deben soportar sus obras y que, sobre todo, han visto cómo esas obras han afectado, desde el día 20, a tres líneas
de cercanías vitales para el acceso desde el sur de la provincia a la capital, a Barcelona. El AVE llega a Barcelona por el sitio más difícil, pero también por el sitio más ambicioso para la red ferroviaria de Barcelona y de Cataluña. Lo hace,
como SS.SS. conocen, por un estrecho corredor, compartido con varias líneas de Cercanías y otra de los Ferrocarriles de la Generalitat. Lo hace entre autopistas y junto a algunos de los barrios y ciudades más poblados de España. Lo hace
atravesando tres veces el río Llobregat, con cinco viaductos. Lo hace incluso con un túnel en mina, bajo el túnel previamente existente de los Ferrocarriles de la Generalitat. Lo hace soterrado, para evitar las fracturas urbanas del ferrocarril.
Es la primera vez que un ferrocarril de alta velocidad entra soterrado en una gran capital. Lo hace llegando a Barcelona-Sants, una estación que va a concentrar todo el tráfico ferroviario de Barcelona y que se está remodelando por completo para
integrar la alta velocidad en ese tráfico. Y lo hace, finalmente, manteniendo el servicio de Cercanías en funcionamiento, un servicio vital para la ciudad y su entorno y más vital aún para los ciudadanos que se desplazan entre Barcelona y los
municipios que se agolpan en la primera y segunda coronas de su área metropolitana.
Quiero ante todo hacer mía la responsabilidad por la decisión que en su día se tomó sobre el lugar y el modo de llegada a Barcelona del AVE. Fue, en efecto, una decisión que tomó un Gobierno de España en diálogo y acuerdo con el resto de
administraciones: con la Generalitat, con los ayuntamientos de la zona, con todos los grupos del Parlamento de Cataluña. Fue una decisión que ha sido refrendada en ocasiones sucesivas, antes y después de que el Gobierno que presido tuviese
responsabilidades sobre ella. Fue, en cualquier caso, una decisión que creemos que es la mejor para los ciudadanos de Barcelona. El trazado del tren es, efectivamente, más complejo, más difícil que otras alternativas posibles, pero sus ventajas y
beneficios para el futuro son sin duda mayores para todos los ciudadanos de Barcelona y de Cataluña. Lo son en cuanto a la integración del AVE en el entramado de movilidad de Barcelona, en cuanto a accesibilidad de la ciudad, en cuanto a
dinamización social y económica del entorno y en cuanto al respeto de los barrios. Lo son también para multiplicar las posibilidades de su uso como alternativa a otros medios de transporte colectivo.
El AVE, sin embargo, no ha sido el único destinatario del esfuerzo inversor del Gobierno en los ferrocarriles de Barcelona. Entre 2004 y 2006 hemos ejecutado 440 millones, 127 más que en toda la legislatura anterior, a la red de Cercanías
de Barcelona. Con ellos hemos podido actuar en la prolongación de la red al poner en servicio 14 nuevos kilómetros, en la apertura o remodelación de cuatro estaciones, en la sustitución progresiva del material rodante y en la modernización de la
infraestructura ferroviaria; una modernización que ha adquirido nuevos horizontes a resultas del protocolo ferroviario suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat de Cataluña en septiembre de 2006, protocolo que preveía 1.800 millones
de euros para la red de Cercanías en el periodo 2006-2012, de los que el 86 por ciento corre a cargo del Ministerio de Fomento. Estos esfuerzos no han sido, sin embargo, suficientes para evitar la multiplicación de incidentes que se han sucedido,
fundamentalmente a partir de la pasada primavera, en la línea de Cercanías. Unos traen causa del deterioro progresivo de la red de Cercanías como consecuencia de la carencia acumulada de inversiones en su mantenimiento a lo largo de demasiados
años. Otros son el resultado de la interacción de las obras de esta red y de las que en el mismo terreno se realizan en el AVE.
Señorías, los trabajos para la entrada del AVE en Barcelona vienen desarrollándose por parte de las empresas contratadas, bajo la supervisión del Gobierno, desde abril de 2005, fecha en la que se procedió a la adjudicación de las obras en
los cuatro tramos en los que se dividieron, los que unen Sant Joan Despí y Sants. Sin embargo, en la mañana del 20 de octubre de 2007, a las 10:25 horas se informó, por parte de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, del movimiento de una
pantalla del túnel de su línea, justo por debajo de la línea de Cercanías Barcelona-Vilanova que transcurre en superficie y por encima de las obras de la futura línea de Alta Velocidad. Debido al riesgo
que suponía ese movimiento, el puesto de mando de Barcelona-Sants suspendió totalmente el servicio por las dos vías a partir de las 11 de la mañana, asumiendo que, como en toda obra del Gobierno sin excepción, la seguridad es prioritaria
frente a cualquier otra consideración. Por esa misma razón, ese mismo día se paralizaron las obras de construcción del trazado del AVE en este tramo. De este modo, desde ese día han quedado sin servicio las líneas C-2 sur y C-10, y la entrada a
Barcelona de la línea de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña Llobregat-Anoia y se ha limitado parcialmente la disponibilidad de la línea C-7 de Cercanías. La causa de esta última incidencia está en los trabajos que se estaban
desarrollando en las obras de trazado del AVE. En concreto, el producto utilizado para sellar el soporte del túnel frente a filtraciones externas no se ha comportado como estaba previsto y, tras unos días de aparente consolidación, empezó a
permitir filtraciones que fueron las causantes del movimiento de tierras en el túnel de Ferrocarriles de la Generalitat y del hundimiento en un andén de la estación de Bellvitge. A día de hoy podemos afirmar que la opción por esa técnica de sellado
fue un error evidente e imprevisible o, al menos, una alternativa que ha resultado manifiestamente inapropiada.
Señorías, para el Gobierno hoy no hay otra prioridad que resolver la situación creada por ese grave error. Hoy hay que gobernar y hacerlo para corregir errores y concluir la obra. Eso es lo que corresponde al Gobierno porque, además, para
el ciudadano no hay ni debe haber distinción entre el Gobierno y las empresas contratadas. La Administración realiza la obra y debe garantizar su fin. Para lo que desde luego no hay tiempo es para tomar decisiones que dificulten la prosecución de
unas obras que consideramos imprescindibles y, por eso, en ningún momento el Gobierno ha especulado con la rescisión de contratos con la empresa o empresas implicadas en el error constructivo. Para lo que sí ha habido tiempo es para adoptar nuevas
medidas de corrección y de control. En relación, desde luego, con la empresa adjudicataria del tramo donde se han producido las incidencias a que me vengo refiriendo, exigiendo el cambio del equipo de dirección de la obra; una nueva dirección que
debe ser acordada con el ADIF, órgano gestor de infraestructuras del Ministerio de Fomento; exigiendo una priorización de sus actuaciones subsiguientes: auditar el terreno, rellenar los desplazamientos, impermeabilizar la obra, estabilizar el
túnel de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña; exigiendo la admisión, por su parte, de nuevas empresas seleccionadas por ADIF que aborden las obras de reparación que permitan a la empresa principal el avance en su obra.
También se han
tomado decisiones en relación con la empresa encargada del control y supervisión técnica de la obra. Aquí todo es más sencillo: se ha resuelto su contrato. Igualmente, en relación con las obras de emergencia que han de afrontarse con urgencia
para reparar los daños causados, el lunes mismo, se ha adjudicado a dos nuevas empresas dicha tarea.
En todo caso, tras el incidente del día 20, el Gobierno y todas las administraciones implicadas actuamos con un solo fin: garantizar la seguridad de todos los afectados. Hablo de la seguridad de los pasajeros de las líneas de Cercanías y
de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña; hablo de la seguridad de los trabajadores en las obras. Por esa razón cortamos las líneas afectadas, para evitar cualquier riesgo. Lo hemos hecho aun sabiendo la consecuencia para los accesos a
Barcelona.
Por esa razón paramos las obras, aun conscientes de la necesidad de terminarlas cuanto antes. Desde luego, la prioridad para el Gobierno es posibilitar el restablecimiento del servicio de Cercanías a los usuarios afectados en Barcelona,
pero es una prioridad sometida a una condición: la garantía de un restablecimiento, de nuevo, con plena seguridad.
Naturalmente, queremos hacerlo cuanto antes y no estamos regateando un solo esfuerzo para ello, pero asumimos la responsabilidad de
decidir que es mejor mantener unos días más la suspensión y prolongar la situación de los ciudadanos que arriesgar cualquier cuestión en el ámbito de la seguridad. Estoy seguro de que todos ustedes nos respaldan en esa decisión.
Para poder restablecer el servicio hemos iniciado ya las obras de apuntalamiento del túnel mediante implantación de tablestacas, con el fin de asegurar su estabilidad estructural, de acuerdo con las técnicas y procedimientos propuestos en el
informe elaborado por la Universidad Politécnica de Cataluña, con el visto bueno de la empresa que ejecuta las obras y del órgano gestor de infraestructuras, del ADIF. Después se acometerá la solución definitiva para sustitución de las pantallas
que hayan podido resultar dañadas en Cercanías o en los Ferrocarriles de la Generalitat. Además, se ha iniciado de inmediato el proceso destinado a detectar las zonas en las que resulta necesario acometer tareas de consolidación en las vías y,
posteriormente, en la zona entre pantallas y edificios cercana a las mismas. A estos efectos, ayer mismo se realizó una tomografía de la zona con el fin de detectar los desplazamientos de tierras producidos y proceder a las correspondientes
inyecciones de mortero o a otros tratamientos que se requieran. Ya se efectúan tareas de nivelación de vía y catenaria mediante sistemas de apeos, con el fin de permitir a su conclusión la apertura al tráfico de las vías hoy cerradas.
Para evitar
cualquier duda, los nuevos métodos de consolidación se repasarán de continuo para asegurar plenamente que el tratamiento ha funcionado. Además, durante este periodo de suspensión del tráfico se desarrollarán trabajos de mantenimiento en la
infraestructura de Cercanías afectada, avanzando así en lo posible las actuaciones necesarias para restablecer la calidad del servicio de Cercanías cuando este pueda retomarse. Solo tras estos tres procesos -garantía de seguridad en la vía, obras
de mantenimiento en Cercanías y restablecimiento de la circulación de Cercanías- el Gobierno autorizará retomar las obras de construcción del trazado del AVE en el tramo afectado por los incidentes. Solo será en ese momento, pero entonces,
señorías, se hará con toda la celeridad posible. Así será, porque es una
deuda que mantenemos con los vecinos de las zonas por las que atraviesa el trazado urbano del AVE. Llevan mucho tiempo sufriendo las consecuencias de la actuación: ruidos, polvo, preocupación, alteración del uso acostumbrado de sus calles,
de su barrio, etcétera. Ellos son los primeros que nos animan a concluir cuanto antes, porque saben que será la señal de vuelta a la normalidad en sus casas y porque saben que a partir de entonces disfrutarán de nuevas posibilidades de movilidad y
de transporte. Así será también porque la llegada definitiva del AVE a Barcelona, porque la entrada en servicio definitiva del AVE de Barcelona es el presupuesto necesario para el buen funcionamiento de todo el sistema ferroviario en Barcelona
afectado por estas obras. Solo cuando el AVE llegue y los trenes de larga distancia puedan utilizar también sus vías, solo entonces, podremos mejorar el servicio de Cercanías de Barcelona y, en general, de unas infraestructuras que dejarán de
sufrir un uso que es hoy en día el más intensivo de cualquier vía ferroviaria en España.
Señorías, finalizar las obras del AVE a Barcelona es la mejor contribución posible al transporte de Cercanías y a los ciudadanos que lo utilizan.
Retrasarlo nada aporta a quienes ya están sufriendo sus consecuencias más que alargar ese
periodo. Los ciudadanos tienen mi compromiso de priorizar ante todo la seguridad de viajeros y trabajadores. No se reanudarán obras y servicios sin plena garantía de esa seguridad. Tienen también mi compromiso de esforzarnos ante todo por
restablecer el servicio de Cercanías, por la mejora de esas mismas Cercanías. Por la mejora de la accesibilidad a Barcelona y por el impulso al crecimiento y la cohesión que significa, siguen teniendo mi compromiso de, en tercer lugar y con estos
presupuestos, trabajar para culminar cuanto antes la llegada del AVE a la estación de Sants. Estos fueron los compromisos que expresé, el pasado domingo, en la reunión que mantuve en L'Hospitalet con los alcaldes de los municipios del sur de
Barcelona que tienen en las Cercanías el medio de transporte de uso mayoritario por sus vecinos.
Señorías, ellos me hablaron de los más de 100.000 ciudadanos que como consecuencia de estos hechos, y a lo largo de estos días, se han quedado sin su
transporte diario para acceder a sus lugares de trabajo, ver a sus familias y, en suma, desarrollar sus vidas con normalidad. Nuestra reto inmediato está siendo dar una respuesta, forzosamente insuficientemente pero lo más cercana posible a la
normalidad, a esa situación. Esa respuesta solo es posible, en cualquier caso, gracias a la comprensión y paciencia de los ciudadanos afectados. A todos ellos, gracias por su civismo frente a las deficiencias que se han constatado y las que pueden
darse en el futuro. (Aplausos.) Es una respuesta además que no estamos dando solos.
El Gobierno es el competente y responsable en exclusiva sobre las obras ferroviarias de acceso a Barcelona. También en ese ámbito coopera y se coordina con el resto de administraciones, mediante el Centro Coordinador de la Operación
Ferroviaria Barcelona 2007. Lo constituimos el pasado agosto y en él se encuentran las administraciones afectadas bajo la presidencia del secretario de Estado de Infraestructuras. (Un señor diputado: ¡Un éxito!) Si trabajaba durante una reunión
semanal, ahora lo hace a diario. Si antes contaba con los alcaldes del área metropolitana más inmediata, ahora se han sumando representantes de los municipios de la llamada segunda corona. Si hasta ahora se pronunciaba en caso de incidencia, a
partir de mañana lo hará a diario para dar cuenta de la evolución de la situación y del alcance de las medidas adoptadas.
Señorías, buena parte de su cometido está ahora destinado a planificar con la cooperación de la Generalitat, del Ayuntamiento
de Barcelona y del resto de los municipios y del Ministerio de Fomento, en cuanto titular de las infraestructuras del Estado, una oferta lo más eficaz posible de transporte alternativo que palie los inconvenientes, molestias y frustraciones que
sufren los usuarios de las líneas de cercanías afectadas. Con el paso de las horas, la colaboración de todas las administraciones y la cooperación de los ciudadanos lo vamos consiguiendo. Hoy ya son realidad medidas más eficaces para canalizar el
tráfico y sobre todo para atender a los viajeros, aunque siempre será insuficiente. Más de 300 autobuses ofrecen transporte en los puntos críticos: Gavà-Plaza de España; Viladecans-Plaza de España; El Prat-Plaza de España; Gavà-Viladecans-El
Prat de Llobregat-Bellvitge, todos ellos de la línea 2 C2 sur; Sants-Aeropuerto; Estación de Francia-Aeropuerto, en la línea C10. Han transbordado una media de 216 trenes/día y han permitido transbordar la semana pasada un total de 420.000
viajeros, con una media diaria de 86.000, una cifra que evidencia que se está usando este servicio alternativo cerca del 90 por ciento de los usuarios habituales de Cercanías. Para incrementar la efectividad del servicio y disminuir el tiempo de
los recorridos se han habilitado carriles-bus especiales. Desde el día 24 de octubre se ha establecido la gratuidad de los desplazamientos en las líneas de cercanías C2 sur (Barcelona-Sants-Vilanova-Sant Vicenç de Calders), C7
(Martorell-Cardanyola-Universidat-Hospitalet) y C10 (Barcelona-Aeropuerto), incluyendo los billetes de Metro para los transbordos en la ciudad de Barcelona. Se han modificado los horarios de la línea C2 sur para optimizar los transbordos entre tren
y autobuses, o de la línea 4 para mantener en los festivos el servicio que presta los días laborables, facilitando así los transbordos de los viajeros. Se ha instalado una oficina especial de información y se han movilizado 948 agentes de atención
y asistencia a los viajeros.
Quiero terminar con un último compromiso personal y del Gobierno para estos días de suspensión de los servicios; un compromiso con los municipios afectados y con sus alcaldes; un compromiso de plena información y asociación a las
decisiones a tomar. Plantear con transparencia las dificultades y discutir las alternativas es la mejor forma de alcanzar las respuestas más eficaces. Esa es nuestra voluntad y, ante todo, esa es nuestra obligación. Señorías, pedir excusas no es
para mí un acto vacío; aún menos es una forma de eludir responsabilidades.
Creo sinceramente que el reconocimiento de un error es la condición necesaria para ponerle solución y evitar que se repita. (Rumores.) Por eso mis excusas de hoy no se
quedan en meras palabras; vienen acompañadas de prioridades claras y de las actuaciones concretas que acabo de presentarles y vienen desnudas de promesas irrelevantes sobre fechas más o menos precisas. Reitero el plan de acción de
Gobierno. Primero, garantizar la seguridad de las líneas en servicio y de las obras en ejecución. Segundo, una vez garantizada la seguridad, apertura de las líneas de Cercanías hoy cerradas al tráfico de viajeros. Se hará tan pronto como se
pueda. Lo haremos cuando las empresas que hoy trabajan para posibilitar esta reapertura garanticen que puede hacerse, y lo avisaremos con la antelación suficiente a las administraciones y, por supuesto, a todos los ciudadanos de Barcelona.
Tercero, conclusión de las obras del AVE y entrada en servicio del mismo.
La fecha dependerá de que se cumplan las dos condiciones anteriores.
Señorías, ni el Gobierno ni la empresa ni nadie han acelerado una actuación, y no lo van a hacer en el futuro. Todo estaba planificado para que la obra se hubiese entregado en febrero pasado. Han surgido problemas técnicos y ampliamos el
plazo de entrega hasta agosto pasado. Ni pasó nada entonces ni pasará ahora por tener que prorrogarlo. (Rumores.) Señorías, el comportamiento de los ciudadanos de Barcelona está siendo ejemplar en su civismo. Al ciudadano corresponde exigir a los
políticos, y a los responsables políticos, en especial a quienes gobernamos, nos corresponde dar las respuestas adecuadas. (Continúan los rumores.) Para estar a la altura de nuestros ciudadanos el Gobierno trabaja en una dirección: garantizar la
seguridad, reabrir cuanto antes Cercanías, y por supuesto, culminar las obras de alta velocidad. (Una señora diputada: ¡Ya vale!) El Gobierno está convencido de que seguirá contando con la colaboración de las administraciones públicas de Cataluña,
de la Generalitat de Cataluña y de los ayuntamientos de Cataluña, y el Gobierno también tiene plena confianza en la ciudadanía de Barcelona y de Cataluña para que comprendan la situación que se ha producido y confíen en que vamos a resolver los
problemas y a conseguir los objetivos de modernizar definitivamente las infraestructuras ferroviarias y de transporte en Barcelona y en toda Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Comenzamos la intervención de los grupos parlamentarios para fijar posición sobre el tema. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra el señor Rajoy por un tiempo de quince minutos. (Un señor
diputado: ¡Que hable en catalán!)
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me temo que el discurso del señor Rodríguez Zapatero nos ha dejado poco más o menos como estábamos. (Un señor diputado: ¡Muy mal!) Lo que nos ha dicho ya lo sabíamos, y lo que no sabíamos se lo ha callado.
Hablaré luego del calvario que atraviesan los habitantes de Barcelona y de su área metropolitana. Ahora solo le diré, señor presidente del Gobierno, que lo importante es la gente, que los trenes de Cercanías son para la gente, que el AVE es para la
gente (Rumores.), que las obras se hacen para la gente, y que todo se hace pensando en las personas y no en el lustre del Gobierno o de su presidente. (Aplausos.-El señor Moragas Sánchez: ¡Muy bien!- El orador dice, dirigiéndose al presidente: No
funciona.-El señor presidente: No se apure.) Pero de esto hablaremos más tarde si hay tiempo. Ahora entraré directamente en el fondo del problema.
En los últimos días y hoy mismo, el señor Rodríguez Zapatero ha dicho tres cosas que aparentemente son muy importantes: que pide excusas y asume toda la responsabilidad, que va a poner todo su empeño en que la obra se haga bien, y que nada
le preocupa tanto como la seguridad. Dicho así suena muy bien. Lamentablemente debo señalar que sus palabras, una vez más, caminan en dirección contraria a la realidad. (Rumores.) Nos dice S.S. que asume toda la responsabilidad. ¿Qué significa
que S.S. asume la responsabilidad? ¿Que se responsabiliza? ¿Eso es lo que hace usted? ¿Se responsabiliza? Pues valiente novedad. Su señoría a todos los efectos, lo acepte o no lo acepte, es siempre responsable. No tiene que asumir nada porque
es todo suyo. Está obligado a responder ante esta Cámara de todos sus actos como gobernante. Y no venga aquí como quien se hace cargo de una deuda ajena: se trata de su propia deuda. Esta Cámara no ha escogido a los ministros del Gobierno ni a
los secretarios; ha escogido exclusivamente a S.S. y ha puesto en sus manos el poder, el Gobierno, el presupuesto y el Boletín Oficial del Estado. No es necesario que el error sea suyo personal; si lo comete una ministra usted responde ante esta
Cámara por ella, y si lo comete una agencia del Gobierno usted responde ante nosotros por ella. (Rumores.)
A los efectos de esta Cámara, la responsabilidad del presidente que hemos elegido no es transferible. Lo que se espera del presidente del Gobierno no es que se proclame responsable, porque ya lo es. Lo único que se espera es que se
reconozca explícitamente que su Gobierno ha cometido un error y plasme en algún gesto concreto su voluntad real de enmendarlo. Y ahora yo pregunto: ¿En qué se sustancia ese reconocimiento suyo del error, señor presidente? ¿En qué gesto queda
manifiesto que usted reconoce que ha habido fallos que son responsabilidad suya y que está obligado a responder? De momento en ninguno. ¿Y por qué? Porque S.S. en realidad no asume nada. Se ha limitado a un gesto hueco -decir: Soy responsable-
que no tiene otra misión que distraer la atención sobre el cese de la señora ministra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) ¿Para qué, señor presidente? Porque ese cese equivaldría a reconocer
de verdad que se han cometido errores muy graves, y eso sería entrar en el terreno de la verdad, que S.S. no está dispuesto a pisar de ninguna manera. (Rumores.) Está empeñado en no reconocer de verdad su responsabilidad, por mantenerla en el
Gobierno, y va a necesitar usted una manta muy grande para disimular las torpezas de la señora ministra. A la
reconocida incompetencia que ha demostrado su titular, se añade una capacidad infatigable para llevarse mal con todo el mundo, especialmente con quienes dependen de ella o han de tratarla por las materias de su gestión. Encarna la antítesis
del servidor público; parece reclamar de continuo que la nación esté a su servicio y no al revés.
A todo el caos que ha creado en Barcelona, a todo el perjuicio que está causando a la gente incluso con las soluciones que ofrece, a toda su indiferencia por la inquietud de quienes habitan en las proximidades de las vías, le ha añadido un
gesto genuinamente totalitario. Ha llegado al extremo -esto es muy grave, señor presidente- de transferir gratuitamente la culpa a la empresa constructora. No se ha conformado con poner en duda su solvencia empresarial. Ha llegado en su audacia
al extremo de decir ante los periodistas: No puedo negar que las incidencias han podido ser intencionadas. (Un señor diputado: ¡Sí señor, ahí, ahí!- Aplausos.) Señorías, es una ministra de España quien proclama al mundo que determinada empresa no
es de fiar. ¿Se ha parado el señor Rodríguez Zapatero a pensar lo que eso significa? Me temo que no. ¿No es esto, señoría, lo que en castellano se llama calumnia? Si yo estuviera en su lugar, la hubiera destituido ipso facto, aunque no fuera más
que por este intolerable abuso de poder. (Aplausos.-Rumores.) Señor Rodríguez Zapatero, me preocuparía que alguien pudiera pensar que en mi Gobierno tienen asiento la insidia o el abuso. (Risas.) Y no le estoy pidiendo que la destituya, le digo
que eso es lo que yo haría. Hacerlo o no hacerlo es cosa suya. ¿Que no lo hace? El más perjudicado será usted. ¿Que lo hace? También saldrá perjudicado, pero el perjuicio será menor y al menos habrá hecho usted justicia. Usted sabrá lo que
hace, pero esto es democracia y aquí hay que asumir responsabilidades de verdad, señor presidente del Gobierno. (Aplausos.-Rumores.) Y no me cuente que la necesita usted para corregir los estragos que ella causa, porque sinceramente suena a broma.
Lo primero, porque ha perdido una herramienta indispensable para su trabajo, la confianza, que no la tiene; lo segundo, porque si la necesita, no se entiende que la humillara en su furtiva visita del domingo a Barcelona, señor Rodríguez Zapatero
(Aplausos.-Rumores.); y lo tercero, que es lo más importante, porque pretender que la señora ministra resuelva este asunto es una quimera, algo así como nombrar ministro de Sanidad al virus de la gripe. (Aplausos.-Protestas.)
Nos ha expresado, señor Rodríguez Zapatero, una extraordinaria preocupación porque las cosas se hagan bien. Yo celebro este ataque sobrevenido de responsabilidad que la semana pasada no padecía usted. Ya ve qué efectos tan contradictorios
provoca la proximidad de las elecciones. Primero le aconseja hacer las cosas como sea, con tal de inaugurarlas, y ahora le provoca un escrupuloso prurito por el trabajo lento y concienzudo. Pues no es verdad, señor presidente, no hay tal prurito,
no hay más que palabras y golpes de pecho sin propósito de enmienda. Se lo voy a explicar. Así están las tres líneas que hasta hace cuatro días usted había dicho que iba a inaugurar, sin que nadie sepa por qué, los días 21, 22 y 23 de diciembre.
Sobre la de Barcelona no insistiré; la de Málaga, en una parte tendrá que discurrir por vía única porque tiene un túnel con tal cantidad de agua que los trabajadores lo llaman el túnel de lavado del AVE y que ayer mismo, señor presidente, tuvo que
ser desalojado con urgencia por el desplazamiento de un andén; y la de Valladolid es una caricatura de la improvisación: faltan 12 kilómetros de línea, han dejado la estación soterrada para otro día, el AVE entra en la ciudad en superficie e
incluso tendrá dos pasos a nivel -el AVE, señor presidente- y además tendrá una parte de vía única porque uno de los túneles está sin terminar. (Risas.) Como usted sabe muy bien o debería saber, AVE y vía única son términos contradictorios y para
atravesar -tome nota, señor presidente, porque es posible que no se lo hayan contado- el único túnel abierto están homologados los trenes 103 y 104, y casualmente es el tren 102 el que cubrirá la línea y no está homologado. Por lo visto, el túnel y
el tren no se llevan bien. (Risas.) Estos, señor presidente, son los hechos que desmienten sus palabras. Los hechos dicen que usted no está pensando en que las cosas se hagan bien.
Está pensando en que el tiempo es fugitivo, que llegan las
elecciones y que hay que inaugurar las cosas como estén, señor presidente. Este es su modelo particular de trabajo concienzudo.
Hoy nos ha dicho también que su principal preocupación es la seguridad.
Voy a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo medimos la seguridad, señor Rodríguez Zapatero, cómo la mide usted? En cualquier línea de estas características la seguridad
exige que la obra esté terminada, el tren probado y el personal entrenado -esa es la norma que vale en todas partes, supongo que estará usted de acuerdo-, y si además hay túneles y son singularmente largos hemos de añadir la seguridad que les
corresponde. ¿Por dónde quiere que empecemos a analizar su celo por la seguridad? Empezaremos por lo más sencillo. El túnel de Guadarrama, aunque es un prodigio de ingeniería, no solo muestra desavenencias con el tren, además no cumple las normas
de seguridad. ¿Y por qué? Porque usted tiene prisa, señor presidente. Se debe hacer un cursillo especial de prevención y seguridad que no se ha hecho porque falta tiempo; se deben ensayar protocolos de evacuación, que tampoco se han hecho porque
falta tiempo y, lo que es peor, porque si aparece algún fallo la inauguración se esfuma. Ya ve usted, este celo por la seguridad que a sus propios ojos parece tan inmenso en la realidad es casi tan grande como la uña de su meñique. ¿Qué diremos de
las pruebas de los trenes? Son indispensables para que las vías se asienten, para comprobar el comportamiento del convoy, para asegurar las señalizaciones. ¿Cómo se hacía hasta ahora? Esto es muy importante, señor presidente, que usted lo sepa.
El AVE Madrid-Sevilla consumió un año de pruebas, 12 meses; el AVE Madrid-Zaragoza-Lérida, 17 meses; el AVE La Sagra-Toledo, que cubre solamente 21 kilómetros, llevó 4 meses de prueba. ¿Quién estableció estos protocolos? Un Gobierno del señor
González, con muy buen criterio, porque así se hace en todas partes. (Rumores.) Debemos suponer que en España, ahora que S.S. se desvela tanto por la seguridad, no puede ser menos. ¿O
sí, señor presidente? ¿Qué ha dispuesto usted? Fíjese en lo que ha dispuesto su ministra.
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, aunque no esté funcionando el reloj, le comunico que el cuarto de hora ha concluido ya. (Rumores.-Protestas.) Eran quince minutos.
El señor RAJOY BREY: Pones veinte.
El señor PRESIDENTE: Es que no funciona, y usted sabe que no funciona, y el tiempo -y pido disculpas- pactado en Junta de Portavoces es el que estoy aplicando. (Rumores.-Protestas.) Yo lamento que se me ponga en esta situación, así que le
ruego que vaya concluyendo. Respeten lo que se pacta en la Junta de Portavoces. (Continúan las protestas.)
Adelante, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
En los AVE que usted pretende inaugurar por razones puramente electorales el 21, 22 y 23, veinte días.
Señor presidente del Gobierno, lo que quiero decirle aquí para terminar mi intervención es que lo más importante en este momento es que no ocurra nada peor de lo ocurrido hasta ahora en Barcelona. (Rumores.) Eso es lo principal. Señor
presidente del Gobierno, usted, por razones electoralistas, por razones de partido, por querer hacerse una foto, ha anunciado unas fechas que sabía que no podía anunciar. Ahora no podrá inaugurar esas obras, y si lo hace será en detrimento de la
seguridad, será en contra de los intereses generales de los ciudadanos, como ha ocurrido... (Se interrumpe el sonido.-Rumores.-Protestas.-Aplausos de los diputados del Grupo Popular puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Fuera! ¡Fuera!)
El señor PRESIDENTE: Lamento lo ocurrido. (El señor Ayala Sánchez: ¡Le ha quitado la palabra al presidente de la oposición!-Continúan las protestas.)
Señores del Grupo Popular, por favor, les pido calma y tranquilidad. Es cierto que se ha producido una avería técnica. (La señora Castro Masaveu: ¡Qué casualidad!- Rumores.) No piensen ustedes de verdad en que se conspira para en el día
de hoy crear una avería técnica en este debate.
(Risas.-Protestas.-Un señor diputado. ¡Qué vergüenza!) No, de verdad que no. Dos, el tiempo que le había concedido al señor Rajoy empezó a menos veinte y ya había transcurrido el cuarto de hora de
la Junta de Portavoces. (Continúan los rumores.) No creo, pues, haber lesionado los intereses del señor Rajoy. (Protestas.) Tres, como el presidente no está en condiciones -y lo lamento profundamente- de dirigir los debates en esta situación, voy
a suspender por un cuarto de hora para que el presidente pueda verificar exactamente lo que está pasando en el servicio de cómputo de tiempo. Suspendo la sesión por un cuarto de hora. (Fuertes rumores y protestas.-Varios señores diputados: ¡Muy
bien, muy bien!)
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
Dígame usted, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Pido la palabra para una cuestión de orden, según el artículo 72 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Dígame.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: De las palabras que el propio señor presidente de la Cámara acaba de pronunciar antes de suspender la sesión se deduce claramente, mirando el reloj y escuchando sus afirmaciones, que el presidente de mi
partido y líder de la oposición, que estaba en el uso de la palabra, no había consumido todavía los quince minutos. Ha dicho el señor presidente de la Cámara que había iniciado su parlamento a menos veinte, y todavía no llegaba a menos cinco cuando
ya estaba sentado en su escaño y el presidente le había retirado la palabra. Quiero decirle, señor presidente, que no existen precedentes en esta Cámara de retirada de la palabra en un debate importante al líder de la oposición. Por tanto, señor
presidente, a la incompetencia que S.S. ha reconocido -no se sentía con competencia suficiente en ese momento para dirigir el debate-, yo quiero añadir la intolerancia, una vez más, de la Presidencia de la Cámara para con el Grupo Parlamentario
Popular y su líder. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lamento mucho que se haya producido este incidente.
Es verdad, y he preferido tomarme este tiempo para recuperar no tanto la competencia sino la seguridad en la forma de dirigir los debates. Créanme que lamento
profundamente lo que ha ocurrido, pero estas cosas pasan en la electrónica. (Rumores.) Habrá que verificar una vez más una situación...(Continúan los rumores.) Si tuvieran la amabilidad, yo he escuchado con toda amabilidad al señor Zaplana. Quiero
decirle que, uno, lo lamento mucho, señor Rajoy, créame de verdad. Usted, que me conoce suficientemente, sabe que sería incapaz de montar un número como este para lesionarle sus derechos. (Rumores.) Sería incapaz de hacerlo; a usted como a
cualquier otro diputado. Hemos verificado la primera vez por la grabación en televisión y el monitor -se lo daré yo luego personalmente a su portavoz- que cuando le he dicho que se iba acercando usted a los quince minutos, llevaba usted exactamente
catorce minutos y tres segundos. Es decir, sería el momento en que hubiera sonado el primer aviso y hubiera tenido usted un mes para terminar. (Risas.-Rumores.) Un minuto, perdón, hubiera tenido usted un minuto para terminar, pero
no es el caso. Lo que quiero dejar rotundamente claro es que en ningún caso esto ha sido provocado deliberadamente, que lo lamento profundamente y lo que vamos a hacer, si me lo permite también el Gobierno, para remediar la situación que se
ha creado es ampliar la réplica.
Señor Duran, continuamos con el debate. Espero que esta vez se desarrolle todo tranquilamente y al final de la legislatura les explicaré con tranquilidad las incomodidades de algún que otro amigo molesto que tenemos cuando se celebran
debates importantes, y espero que ustedes comprendan lo que quiero decir.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, previamente a cualquier otra consideración, nuestro grupo parlamentario quiere remarcar nuestro reconocimiento hacia aquellas personas que no solo durante la última semana ni desde hace quince días,
aunque más acentuadamente durante este tiempo, sino ya desde antes están sufriendo las consecuencias de las interrupciones que provocan la cuestión de fondo que hoy convoca a esta Cámara. Por otra parte, quiero recordar que la comparecencia del
presidente del Gobierno se produce tanto o más por la voluntad de los grupos parlamentarios... (El señor presidente del Gobierno hace signos negativos.) Sí, señor presidente, las primeras peticiones que se hicieron fueron de los grupos
parlamentarios, no es la primera ocasión que se presenta una solicitud de este tipo, y después, es cierto, el Gobierno ha presentado su solicitud de comparecencia. Pero no nos vamos a pelear por esto, nadie de los afectados por Cercanías entendería
que usted y yo nos peleásemos en función de si comparece voluntariamente o no. Salto la página. Si quiere, le doy la razón, aunque creo que también me asiste en lo que yo he dicho.
Quisiera reflexionar sobre tres cuestiones previas. Primera, estos últimos días ha habido distintas manifestaciones en las que se viene a afirmar que la multitud de desgracias que nos abaten -me refiero a Cataluña- son resultado de nuestras
obsesiones identitarias y de nuestra incapacidad para gestionar durante décadas los servicios. Eso es falso, y conviene recordarlo. Precisamente hablando de transporte de ferrocarril, el único servicio que funciona y bien es aquel que es
gestionado por la Generalitat de Catalunya, que es Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, aquellos que pregonan en España que esto es fruto de la incompetencia o de que destinamos nuestros fondos a actividades identitarias que
tengan muy presente lo que acabo de recordar. Por otra parte, aquello que no funciona -Cercanías Renfe, aeropuerto, Red Eléctrica- es competencia del Gobierno del Estado y no del Gobierno de la Generalitat.
Segunda observación previa, añadida a las que acabo de comentar. Estos días los lamentos sobre lo que sucede en Cataluña, a pesar de la sequía, brotan de todas las fuentes. Hay más defensores de Cataluña que nunca, en las tertulias, en las
bancadas políticas, más que nunca se defiende a Cataluña y los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Lo celebro, celebro que así sea, en cualquier caso, quiero dejar claro que para ser creíbles y coherentes aquellos que defienden desde una
tertulia política o desde un escaño los intereses de Cataluña deben hacerlo, por supuesto, cuando piensan en Cercanías y en la afectación a los usuarios, pero también no repitiendo aquello que se reitera de que los presupuestos son injustos, que
benefician a Cataluña y que es un desagravio para el resto de comunidades autónomas, alimentando una vez más la confrontación territorial.
Tercera observación, señor presidente del Gobierno. Esta le afecta directamente, si me permite. Usted, en un artículo del diario La Vanguardia titulado: Rendir cuentas, se manifestaba responsable. Después hablaré de ello. Pero hay algo
en ese artículo, a mi juicio, grave. Dice -y yo quisiera creer- que asume responsabilidades. Quiero creer, sinceramente, señor presidente, que la asunción de responsabilidades por su parte no constituye otro vano gesto electoral estéril, una
sonrisa más; eso ya no serviría, señor presidente. Quiero creer que no es esa su voluntad, pero me admitirá también, señor presidente, que haya mucha gente que no le crea. ¿Por qué han de creerle ahora si ya mucho antes ha dicho exactamente lo
mismo o parecido? No es ni la primera ni la segunda ocasión en que se piden disculpas y no es la primera ni la segunda ocasión en la que se dice: vamos a primar Cercanías, vamos a primar seguridad, en septiembre estará resuelto, desplazo parte del
ministerio... y las cosas no siguen igual, señor presidente, sino que siguen peor.
Hay algo en ese artículo que yo no puedo olvidar, señor presidente. Usted dice exactamente lo siguiente en relación a los ciudadanos, y me parece grave: Solo atenderé sus quejas, que son las únicas que me preocupan y son las únicas
-remarco- que están justificadas. Señor presidente, o sus palabras no quieren decir nada y es puramente talante o, si quieren decir algo, es muy grave. Y perdone que me refiera a ello, porque nunca esperaba oír de un presidente del Gobierno
democrático que simplemente atiende las demandas de los ciudadanos y que ignore que usted ha sido investido por una Cámara, que ignore lo que significa una democracia representativa y que ignore que todos los que estamos aquí representamos a
ciudadanos. Querer conectar directamente con la ciudadanía omitiendo la representación, que es un imperativo constitucional -usted pone cara de sorpresa; después me referiré a ello-, es algo que a mí me parece grave, muy grave. Por lo que veo, mi
reflexión no es acertada. Le pido perdón, señor presidente, por haber dado importancia a una broma. (Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Porque, una de dos, o, como le decía, era por decir algo o tenía
algún otro contenido. (Un señor diputado: Era por decir.) Si no es el caso, le pido disculpas por tomarme en serio una broma.
A partir de aquí, señor presidente, vamos a entrar en el fondo de la cuestión, que no es otra -y usted lo centró bien- que la responsabilidad en la ejecución de unas obras. No hay otro motivo de discusión: responsabilidad en la ejecución
de unas obras públicas. Los problemas que
comporta la ejecución de estas obras públicas han sido reiteradamente denunciados en esta Cámara por otros grupos parlamentarios, por supuesto, pero yo debo referirme al que represento, a Convergència i Unió. Lo ha hecho el señor Jané en
interpelaciones a la ministra, en mociones; lo ha hecho Pere Macias en el Senado; lo he hecho yo también directamente en preguntas, en sesión de control, a usted, señor presidente. Ante esto, cualquier demócrata sabe -y la experiencia de esta
Cámara lo reconoce, la experiencia que ustedes han protagonizado- que lo normal es que se pidan responsabilidades políticas y que alguien presente la dimisión asumiendo responsabilidades políticas, y quien debiera haberlo asumido no ha querido -y
usted tampoco-, que es la ministra de Fomento.
Consecuentemente, en cuanto que no ha asumido responsabilidades políticas quien debiera, es usted, y hace bien en asumir la responsabilidad. Pero no es hasta el domingo, cuando visita usted la zona
afectada -visita, por cierto, me imagino que muy preparada, porque ni tan siquiera le dio tiempo a avisar a la ministra de Fomento o al secretario de Estado para que le acompañasen, por lo que debió de ser muy precipitada y muy preparada-, cuando
usted reconoce responsabilidades. Ya las tenía antes; meses atrás ya le pedimos la dimisión de la ministra, se lo pidió la Cámara. No tiene mayoría de apoyo en esta Cámara, no desde hoy ni desde el domingo ni desde los últimos incidentes, hace
mucho tiempo que la ministra no tiene mayoría de apoyo en esta Cámara. Usted lo ha querido así y, por tanto, me parece correcto que le señalemos a usted como responsable.
¿Responsable de qué, señor presidente? En primer lugar, del sufrimiento de los usuarios. No son 160.000, porque estos son los más directamente implicados -lo sabe tan bien como yo, por tanto, no le discuto la cifra-, pero hay más personas,
como las indirectamente afectadas que sufren las consecuencias del colapso de infraestructuras viarias por carretera, gente de Tarragona, de las comarcas del Ebro o incluso de Valencia que, si bien no utilizan Cercanías, quieren acercarse a
Barcelona y no pueden.
¿Responsable de qué? De pérdida de credibilidad del servicio público, señor presidente. El servicio público ha perdido credibilidad y la obra pública también y todos en conjunto -esto es algo que debiera hacernos pensar a todos-, todos,
estamos perdiendo prestigio ante la ciudadanía; todos. Soy muy consciente de que lo que está sucediendo no le afecta simplemente a usted o a su Gobierno, nos afecta a todos, y eso no es bueno; y no lo es en términos electorales, que me preocupa
menos, es que no lo es en términos democráticos. Por tanto, asumo la problemática y la importancia de lo que está sucediendo.
¿De qué es responsable? De no escuchar a nadie -su ministra, al menos-, ni tan siquiera de escuchar a los alcaldes. En el futuro habrá mucho contacto con la Administración, señor presidente del Gobierno, pero 48 horas antes de que usted
asumiera, in situ, responsabilidades, por parte del Ministerio de Fomento se estaba decidiendo que debía llegar a El Prat, en lugar de a Sants, sin haber consultado ni con el Gobierno de la Generalitat ni con los alcaldes; eso dicen al menos ellos.
Consecuentemente, no ha habido diálogo, no ha habido capacidad de escuchar ni tan siquiera a los propios dirigentes responsables de instituciones de su partido.
¿Responsable de qué? Y no me malinterprete, que ya me malinterpretó, señor presidente. De poner en riesgo a trabajadores y a usuarios. No estoy utilizando -y no es mi estilo, aunque otros lo han hecho y lo hemos vivido de cerca- cualquier
percance que haya comportado un riesgo personal en el pasado. No me estoy refiriendo a eso. Jamás utilizará este grupo parlamentario -y personalmente yo- esta cuestión políticamente.
Pero hay riesgo, claro que sí. Al día siguiente de que le
molestaran mis declaraciones, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT afirmaron públicamente que había riesgo para los trabajadores y lógicamente para los usuarios. Responsable también de eso. Responsable de presionar a las empresas. Ha habido
presión, porque el problema principal, señor presidente, es, única y exclusivamente, que ha primado la inauguración, cortar la cinta ante los flashes, y no la seguridad; eso es lo que ha primado, señor presidente. Lo que ha contado especialmente
-y no le diga a nadie, porque nadie se lo va a creer, que eso no era importante- era inaugurar la llegada del tren de alta velocidad a Barcelona el día 21 de diciembre. Tanto es así que, si no, no se entendería que ustedes hubiesen gastado tanta
publicidad en vallas publicitarias anunciando que el tren de alta velocidad iba a llegar a Barcelona el 21 de diciembre. Entre otras razones -y lo entiendo políticamente, señor presidente-, porque el día 22 debiera llegar a Valladolid y el día 23 a
Málaga. Ciertamente es incómodo que se tenga que aplazar una obra en Barcelona y que llegue el tren más tarde de lo previsto. Por cierto, cuando hace referencia a que hay gente que no quiere la alta velocidad -ya sé que no va por nosotros-, quiero
dejar claro que siempre hemos querido la alta velocidad, si fuese por Convergència i Unió haría muchísimos años que la alta velocidad estaría en Barcelona. Consecuentemente, habrá mucha gente -insisto- que no lo entendería, y por eso lo comprendo,
pero no comparto para nada las prisas, porque son las responsables de la situación. Es cierto que ha habido problemas físicos en las obras y yo debo admitirle, señor presidente, como fuerza política responsable, que el que haya un socavón le puede
pasar a cualquier administración. Lo que no admito, sin consecuencias ni responsabilidades políticas, es que haya un socavón detrás de otro socavón. A pesar de que reiteradamente desde esta Cámara se ha puesto el acento en que estaba sucediendo
eso, en que había que revisar y dialogar en torno al AVE para primar la seguridad y el servicio de Cercanías, eso no se ha hecho así. Eso es -insisto- lo que no podemos compartir, señor presidente.
El deseo de este grupo parlamentario no es aquello que a veces piden algunos usuarios, algunos de los cuales habrán tenido que pellizcarse para saber si estaban soñando cuando han oído algunas cosas que usted ha dicho, como que parece que
todo va muy bien, aun reconociendo lo que ha sucedido en los últimos días. Pues
bien, algunos ciudadanos te piden: pégale fuerte, dale caña al presidente del Gobierno. No es nuestro estilo, señor presidente, y estamos a su disposición, porque lo importante es contribuir a restablecer el servicio de Cercanías cuanto
antes mejor. Si podemos hacerlo en veinte días en lugar de en treinta, muchísimo mejor; y si puede ser en diez en lugar de en veinte, muchísimo mejor. En ese sentido, no nos hemos limitado a la crítica estos últimos días, sino que hemos hecho
propuestas. Por supuesto que cuando salió la noticia de El Prat nosotros afirmábamos y deseábamos que el tren de alta velocidad llegara a Barcelona-Sants. ¡Faltaría más que después de todo lo que ha sucedido no defendiéramos la llegada a Sants! Y,
evidentemente, que salga por la estación que debe salir, por la Sagrera, al norte de Barcelona. Pero mientras tanto hay que primar Cercanías -reitero- y paralizar las obras, si es que eso cuestiona los servicios de Cercanías y su seguridad. Hay
que hacer compatible Cercanías con algo a lo que no renunciamos -no hemos cambiado de posición-, que es la alta velocidad, pero hay que primar la seguridad y el servicio de Cercanías.
En segundo lugar, señor presidente, pedimos una moratoria. Tomémonos un tiempo. Pensemos y reflexionemos. Las administraciones, así como la fuerza política que represento, están dispuestas a ayudar a esa reflexión. Busquemos técnicos.
Ustedes tienen buenos técnicos, como Mercè Sala y otras personas, que han tenido responsabilidades en Renfe. Démonos una moratoria y no tomemos ninguna decisión en cuanto al trazado del AVE por el interior de Barcelona. Pensémoslo y decidamos
finalmente, después de repensar, a la vista de las dificultades que se tienen para llegar a Barcelona y de las que presumiblemente se pueden tener por el interior de Barcelona. Esta es otra apuesta constructiva, positiva, de nuestro grupo
parlamentario. No nos interesa erosionar al Gobierno porque sí ni situamos, como otros, este terreno como caballo de batalla o confrontación electoral, sino que estamos pensando en la realidad triste de la afectación a los usuarios y a los
ciudadanos en general.
En tercer lugar, señor presidente, impulsemos una alternativa que ha sido nuestra siempre, la del Vallès, pero no porque sea nuestra. Impulsemos esa alternativa. Permitamos que el tren de alta velocidad llegue en 2009.
Prioricemos esa
alternativa. Me consta -si me equivoco, solicito perdón-, porque se me ha dicho en alguna ocasión, que no era precisamente el Ministerio de Fomento el que se resistía a esa alternativa sino alguien en Barcelona. Si es así -si no es así, también-,
consideramos que hay que priorizar esa vía. Hay mecanismos. Después ya decidiremos -insisto- cómo y de qué manera canalizamos por el interior de Barcelona el refuerzo de Cercanías, que habrá que hacerlo, y por supuesto el AVE.
Finalmente, señor presidente del Gobierno, en la línea de esta actitud positiva, sin que ello nos impida poner el acento y el dedo en la llaga donde creemos y por qué están las responsabilidades, nuestro grupo parlamentario quiere también
decirle algo, que creo que es fundamental en el contexto de este debate político -porque político es- en torno a las consecuencias de lo que está sucediendo en el tren de alta velocidad.
Dije antes: Creen ustedes una comisión de expertos. Se lo
decíamos al Gobierno de Cataluña. Creen ustedes un gabinete de crisis, creen una comisión de expertos, escuchen e incorporen voces de este Parlamento a esta comisión de expertos, escuchen a la ciudadanía, escuchen a los técnicos, a los colegios
profesionales, a las empresas. Las empresas le han advertido. Señor presidente, hoy El Periódico de Catalunya publica que la empresa constructora OHL ya le advirtió en una carta que el tren de alta velocidad no podría llegar. Eso es lo que dice
el periódico, señora ministra; creo más al periódico que a usted, por los antecedentes habidos, con todos mi respetos. (Aplausos.) Dice ese periódico, ese diario de información, que hasta abril de 2008 no podría llegar el tren de alta velocidad.
Si eso es así -evidentemente, no va a llegar el 21 de diciembre-, propongo -reitero- que nos sentemos, que se sienten ustedes y que con calma repasen una solución. No puede continuar con promesas y diciendo que todo se arreglará, porque a partir de
ahora ya ha asumido responsabilidades. Están bien las responsabilidades, pero llegan a destiempo y hay que buscar soluciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Duran.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Tardà, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias señor presidente.
Señorías, señor presidente, estoy hoy aquí para hablarles como diputado de Barcelona y como vecino de la comarca del Baix Llobregat, pero, sobre todo, como ciudadano de Cataluña. Algunos brillantes cronistas parlamentarios podrán afirmar
que mi intervención hoy aquí es un nuevo ejemplo del 'català emprenyat'. Nada más lejos de mi intención pues tan solo quiero hablarles como representante de la soberanía popular de Cataluña.
Estamos hoy aquí, señor Zapatero, porque ustedes han llevado a las infraestructuras catalanas en general, y al transporte ferroviario en particular, a una situación de colapso total. No pretendo hablarles de grandes proyectos o planes a
largo plazo; quiero hablarles de la vida de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas catalanas que ven afectada su vida diaria. Quiero hablarles del vía crucis que sufren cada día centenares de miles de usuarios para ir a trabajar, estudiar o
realizar sus actividades diarias, tardando más de dos horas en hacer un trayecto que antes efectuaban en solo treinta minutos. En definitiva, estamos aquí después de meses de pedirle que compareciera y de que hiciera caso omiso.
Durante todo este
tiempo le hemos advertido en numerosas ocasiones que el estado del transporte ferroviario en Cataluña había llegado a una situación límite, que el vaso estaba a punto de colmarse. Pero desde su Gobierno no quisieron escuchar. Blindaron a la
ministra de Fomento y siguieron en sus trece con los plazos de llegada del AVE a Barcelona, a toda costa y a todo precio.
El 21 de diciembre debía ser su fecha mágica. En tres días la alta velocidad debía llegar a Barcelona, Málaga y Valladolid; tres inauguraciones, tres fotos y tres cortes de cinta. Era su particular cuadratura del círculo. Y estaban tan
empecinados en completar esta serie mágica del café para todos ferroviario que no les preocupó sacrificar el devenir diario de miles y miles de ciudadanos.
Desde los años noventa, Cercanías de Barcelona ha pasado de 64 a 115 millones de usuarios, sin que la infraestructura haya experimentado modificaciones. Al contrario, se han ido degradando con el paso de los años y las deficiencias
estructurales se perpetúan. Deficiencias estructurales consecuencia de años de marginación inversora por parte de los diferentes gobiernos españoles, fueran del color que fueran, hacia Cataluña en general y hacia la red de Cercanías y Regionales en
particular.
Dicho esto, señor Zapatero, y asumiendo que en la primavera de 2004 usted heredó una infraestructura absolutamente obsoleta, nos vemos obligados a recordarle que excusarse en el pasado ya no vale. Ustedes han tenido más de tres años para
cambiar de política, para compensar este déficit crónico, y no lo han hecho. Y no puede decir que no se lo advertimos.
Desde los primeros presupuestos generales de 2005 les reclamamos un plan urgente para una red ferroviaria en estado lamentable.
Le dijimos que era una prioridad llevar a cabo un plan de choque para modernizar la red.
Pero, desde entonces, la única prioridad del Ministerio de Fomento ha sido el AVE.
A lo largo de los años 2004, 2005 y 2006, en Cercanías Barcelona agonizaban unas instalaciones precarias, pero ustedes lo ignoraron y ahora nos encontramos ante la magnitud del problema. Durante las negociaciones de los presupuestos del
Estado, ustedes postergaban nuevos proyectos escudándose en un plan de Cercanías que estaba pendiente de elaboración. Un supuesto plan de Cercanías que, tres años más tarde, sigue en paradero desconocido. Pero la gota que colmó el vaso empezó hace
un año. Las reiteradas incidencias, cortes, retrasos y un trato inhumano a los usuarios se prolongaron durante meses ante la pasividad y la autocomplacencia de la ministra Álvarez. Por ello nos vimos obligados a forzar su comparecencia. De
aquella comparecencia solo nos queda la nula voluntad de rectificar por parte de la ministra y su negativa a escuchar las propuestas de urgencia que desde Esquerra le hicimos llegar y que este portavoz tuvo la deferencia de trasladar a usted mismo,
el pasado mes de abril, en La Moncloa.
A mediados de 2007 la situación era ya crítica en toda la red, poniendo de manifiesto que la gestión del Gobierno había sido marcadamente insuficiente. Desde el Ministerio de Fomento se había infravalorado la necesidad urgente de
inversiones y se había tolerado el abuso y el menosprecio reiterado hacia los usuarios del servicio. A esta precaria situación ustedes le añadieron las prisas por inaugurar la línea el día 21 de diciembre, en una carrera contrarreloj que
multiplicaba las dificultades al compatibilizar las obras del AVE con el funcionamiento de la red de Cercanías en un trazado especialmente congestionado.
Obviamente, todos estos elementos desembocaron en un verano funesto con incidencias y cortes
prácticamente diarios, pero ustedes tampoco supieron rectificar. Mantuvieron el sprint en las obras del AVE y prometieron que con la llegada del mes de septiembre todo volvería a la normalidad. Y tenía razón, señor Zapatero, todo volvió a la
normalidad, pues la normalidad de las infraestructuras del Estado en Cataluña es el caos.
Pensaron que hacía falta una maniobra de cara a la galería para calmar los ánimos y nos enviaron, como si de un virrey se tratara, al secretario de Estado de
Infraestructuras, don Víctor Morlán, el cual se ha prodigado más en las apariciones mediáticas que en hacer frente a la crisis y se ha mostrado manifiestamente incapaz de mejorar la situación.
Día tras día las incidencias iban en aumento, mientras el Gobierno español ni tan siquiera garantizaba alternativas de transporte y un buen sistema de información a los usuarios. La humillación a los ciudadanos fue vergonzosa, hasta el
punto de dejar atrapados durante horas a centenares de usuarios en un convoy a principios del mes de octubre. Siguieron sin rectificar. Ustedes, señor Zapatero, tan solo tenían una cosa en la cabeza, una sola, llegar al 21 de diciembre y poder
inaugurar la línea del AVE antes de Navidad. Y al final, tanto estiraron la cuerda, tanto, tanto, tanto, que esta se rompió.
Así llegamos al fatídico día 20 de octubre, en el que los trabajos para afianzar el falso túnel del barrio de La Gornal provocaron un socavón de tal magnitud que obligó a cortar definitivamente la circulación por las vías de las líneas C2 y
C10 de Cercanías y por el túnel de los ferrocarriles catalanes que circula, tal como usted ha dicho, por debajo de las mismas. No era el primero, pero sí el más grave. Días más tarde supimos que la acumulación de socavones en este punto había
puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de Cercanías. Y para cúmulo de despropósitos, señor Zapatero, luego viene el plan de transporte alternativo improvisado por Renfe: caos organizativo, conductores de autobuses que
no sabían qué trayectos tenían que realizar, falta de información, confusión en torno a las devoluciones, discriminación a los pasajeros de Regionales en cuanto a la gratuidad de los billetes, y suma y sigue. Pero el desastre, señor Zapatero, no
había hecho más que empezar.
El viernes pasado, y ante un nuevo socavón que se llevó por delante un andén de la estación de Bellvitge, ustedes hicieron pública la decisión de suspender todas las actuaciones y de rescindir el contrato con la empresa OHL, a la que
apuntaron como única responsable de este cúmulo de despropósitos. De la ministra Álvarez, el viernes, por supuesto, ni rastro, y al día siguiente, para sorpresa de instituciones y ciudadanos, giro copernicano. La misma ministra anuncia que ni
suspendía las obras hasta garantizar la seguridad, ni rescindía el contrato con la empresa OHL. Eso sí, añadieron dos empresas a la ejecución de la obra y se aseguró solemnemente que ADIF controlaría la ejecución correcta de las mismas. Repito,
que ADIF controlaría las obras. ¿Y qué se supone, señor presidente, que hacía ADIF hasta ahora? ¿Acaso no supervisaba una obra de tal magnitud desde el principio?
Finalmente, señor presidente, el lunes asistimos al último capítulo del vodevil que sería más que cómico si no fuera por el martirio al que está sometiendo a miles y miles de ciudadanos. En un absurdo intento por no inaugurar lo que sea al
precio que sea, el Ministerio de Fomento se puso a construir a toda prisa un barracón -repito, un barracón- en la estación de El Prat, que pudiera utilizarse como estación central mientras no se finalicen las obras hasta Sants. Se trataba tan solo
de coser un parche que les permitiera hacerse la foto antes de las elecciones generales. Y todo ello sin consensuar, consultar, o ni tan siquiera informar a las administraciones implicadas: Generalitat y ayuntamientos afectados. Aquí tiene la
portada de El Periódico, que deja claro que lo que digo no es ninguna invención de este diputado.
Imagine, presidente Zapatero, que en lugar de estar hablando de Barcelona habláramos de Madrid. ¿Se aceptaría una solución provisional de la llegada del AVE hasta Getafe? ¿Creerían ustedes que esa era una solución asumible, aunque fuera
temporalmente? ¿Habían ustedes ni tan siquiera calculado si la estación de El Prat era capaz de asumir tal tráfico de pasajeros? A la vista queda claro que no. Al final, ante el escándalo organizado por esta nueva chapuza y la presión de los
alcaldes afectados -la mayoría de ellos socialistas-, ustedes se vieron obligados a dar marcha atrás y rectificar.
En resumen, señor presidente, peor no se pueden hacer las cosas. Así llegamos al día de hoy, en el que miles de ciudadanos de Cataluña se preguntan: ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para que usted cese a la ministra de
Fomento? Este nivel de improvisación es intolerable, no es propio de una obra de esta envergadura y ni mucho menos son las medidas que la ciudadanía de Cataluña merece. Usted escribía ayer en un artículo en La Vanguardia, después de visitar el
escenario del desastre, que asumía todas las responsabilidades políticas.
¿En qué consisten para usted, señor Zapatero, las responsabilidades políticas? En cualquier país normal, responsabilidades políticas es sinónimo de irse a casa.
Cataluña está harta de palabras de consuelo, de declaraciones vacías y de anuncios mediáticos. Pedir perdón no basta. Si usted quiere recuperar un mínimo de la confianza de la ciudadanía, debe cambiar de rumbo. Y para cambiar de rumbo,
señor Zapatero, debe empezar por cesar fulminantemente a las ministra de Fomento. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Repito, cesar fulminantemente. Ya no nos sirve la dimisión. Desde el fatídico 20 de octubre, la señora Álvarez ni siquiera
se ha dignado presentarse en el lugar de la catástrofe. Al contrario, hemos tenido que aguantar incrédulos cómo desde su posición de enroque en su cuartel de invierno andaluz, ha convertido cada una de sus apariciones en un baño de intolerable
autosatisfacción, incomprensible autoafirmación e incluso de vergonzosa mezquindad.
Como le recordaba el pasado domingo el delegado en Madrid de un popular periódico catalán, usted pidió en marzo de 2003 la cabeza del entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, por los socavones que aparecieron en la línea del
AVE en Zaragoza. ¿Cómo puede salvar ahora a la ministra Magdalena Álvarez? Si se sigue negando a cesarla le acabará arrastrando a usted y a todo su Gobierno al fracaso.(Un señor diputado: Eso, eso.)
Francamente, señor Zapatero, creíamos que usted era diferente. Como le decía antes, ya no se trata de buenas palabras. Después de tantos años de maltrato, Cataluña merece un cambio radical, una nueva política que pase necesariamente por
que el Govern de Catalunya planifique, gestione y ejecute las obras que se financian con los impuestos de sus ciudadanos.
En definitiva, le pedimos tres medidas de choque. En primer lugar, renuncien a cualquier calendario electoral de llegada del
AVE. En segundo lugar, aprueben la enmienda que presenta Esquerra Republicana de crear un fondo de 250 millones de euros para transferir al Gobierno de Cataluña para poder compensar las pérdidas empresariales y de los usuarios. Y en tercer lugar,
no nos tomen más el pelo. Urge un plan de choque profundo de la red. Comprométase a invertir 6.000 millones de euros hasta el año 2020. Estas son las tres medidas que le pedimos que concrete en el turno de réplica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Beloki, por favor.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, esto no puede seguir así. Los primeros en decirlo fueron las fuerzas catalanas. Lo dijo ICV -al señor Herrera se lo hemos escuchado muchas veces-, lo dijo
Convergència i Unió, lo dijo Esquerra Republicana, y a ellos se sumó de inmediato -cómo no- el Partido Popular. Luego hemos visto a cuatro columnas en los periódicos que también el presidente de la Generalitat decía que esto no puede seguir así, y
con él suponemos que también lo habrá dicho el PSC, y, sinceramente, señor presidente, escuchándole hoy he tenido la impresión de que en ese convencimiento de que esto no puede seguir así -al que también hemos ido sumándonos el resto- ya estamos
todos. Algo es algo. Por lo demás, ya era hora, porque ha costado lo suyo.
Señor presidente, seguramente usted es conocedor de cuántas veces se ha interpelado al Gobierno en todos los formatos parlamentarios posibles sobre este tema -por cierto, en el Parlamento y fuera de él-, y seguramente usted también es
conocedor de que a lo largo de estas comparecencias y mientras se producían las mismas se nos transmitía por parte del Gobierno, e incluso por parte de usted mismo, ilusiones, propósitos, promesas o gestos que anunciaban prontas y más o menos
definitivas soluciones a algunos de los problemas. Pues bien, todo ello ha ido derrumbándose como un castillo de naipes. Me refiero, por ejemplo, a la comparecencia de la ministra de Fomento el 14 de agosto en la Diputación Permanente, cuando nos
decía, y cito textualmente: Señorías, hoy puedo afirmar que parte de esos beneficios y ven
tajas para la sociedad catalana van a ser posibles en el corto plazo, a pesar de las múltiples dificultades e inconvenientes que todavía perciben los ciudadanos -frase textual-. Yo lo creí. Creí que, en efecto, a partir del mes de
septiembre -fecha que se ha utilizado en repetidas ocasiones- las cosas empezarían a ir mejor. Estoy seguro de que la propia ministra se lo creía; creía que efectivamente las cosas a partir del 1 de septiembre empezarían a ir mejor, pero luego ha
venido lo que ha venido.
Por tanto, como le decía, ya era hora -más vale llegar cuanto antes a estos puntos de encuentro- de que todos coincidiéramos en que esto no puede seguir así. ¿Y ahora, qué? ¿Y ahora que estamos todos aquí, qué?
He escuchado atentamente las informaciones y explicaciones que nos ha dado sobre lo que viene ocurriendo con estas obras, sobre todo lo que nos ha anunciado como medidas que va a aplicar el Gobierno, y no le voy a discutir ninguna de esas
medidas, señor presidente. Como seguramente sabrá usted, mi grupo ha mantenido en este tema un posicionamiento alejado como ninguno de todo interés pre o electoral, lo que reconozco que no es un mérito excesivo tratándose del grupo parlamentario
que represento. Pero no por eso nuestro posicionamiento ha sido menos claro ni menos exigente, y ese mismo planteamiento desearía hacérselo llegar a usted y a SS.SS. nuevamente en el día de hoy; planteamiento que, dicho resumidamente, puede
concretarse en los siguientes tres puntos. En primer lugar, solidaridad plena con los directamente afectados por estos incidentes. Solidaridad y disposición plena a apoyar cuantas medidas sean necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas
barceloneses y catalanes en general vean aliviada esta situación cuanto antes. En segundo lugar, enorme preocupación por las secuelas de muy diverso tipo que en Cataluña y fuera de Cataluña -quiero insistir en este aspecto- pueden dejar estos
lamentables hechos, estos hechos calamitosos, y dejo de lado, como decía anteriormente, las preocupaciones electorales. Posteriormente, expondré algunas de las principales secuelas a las que me refiero. Y junto a esa preocupación, el reclamo
sincero a su Gobierno de que haga lo posible y lo imposible, incluida la asunción de responsabilidades políticas. En tercer lugar, la interrogante, y una enorme desazón que asalta a mi grupo cada día con más fuerza, de que lo ocurrido en Barcelona
pueda ser -si se me permite la expresión- la punta de un iceberg mucho más profundo y necesitado, por lo mismo, de actuaciones y reformas más profundas y de mayor calado a la hora de abordar la planificación y la ejecución de las infraestructuras.
Sobre el primero de los puntos, la solidaridad y la plena disposición de mi grupo a que ustedes actúen decididamente y sin reparar en nada para, cuando menos, paliar al máximo posible los efectos derivados de las obras de entrada del AVE, no
creo que sea necesario insistir. Cuentan ustedes y todas las fuerzas catalanas con el voto incondicional de mi grupo para apoyar cuanto se arbitre en esta dirección.
En cuanto al segundo de los puntos enunciados, lo dije ya en la Diputación Permanente citada del pasado 14 de agosto y hoy lo vuelvo a repetir: los efectos producidos por los hechos que vienen ocurriendo con estas obras no son solo los
socavones y demás incidentes que puedan estar afectando al discurrir y desenvolverse diario de varios centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas barceloneses y/o catalanes, hecho de enorme gravedad en sí mismo. Con todo ello se ha podido
socavar la confianza de esos ciudadanos, y quizá de otros muchos, en la capacidad de una administración a la hora de diseñar, definir, ejecutar y controlar las obras públicas en general, máxime cuando hablamos de obras públicas del alcance de estas
y de la complejidad que tienen las que están originando todos estos incidentes. Ahí, señor presidente, no me consuela en absoluto pensar que esto es responsabilidad de su Gobierno, de la Administración Central; no me consuela en absoluto, porque
me temo, y me temo mucho, que, de quebrarse la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en su Administración en cuanto a obras y quehaceres de este calado, todos pudiéramos resultar gravemente afectados. Me temo y me temo mucho, de forma que ello,
de una o de otra manera, pudiera afectar gravemente el desarrollo, el discurrir de esos ingentes y complicados trabajos pendientes que tenemos todos en este campo.
En esta misma línea, señor presidente, quiero manifestarle una preocupación específica muy concreta que ha ido ganando terreno -yo diría que peligrosamente- estos últimos días. Me refiero, en concreto, a la pérdida de confianza que por
actuaciones, declaraciones, medio actuaciones o medio declaraciones de su Gobierno se ha podido ir difundiendo en relación con los profesionales y técnicos de las empresas y de las empresas mismas a las que se han adjudicado dichas obras y que son
las que venían realizándolas.
Mi grupo no tiene -lo digo sinceramente- ningún motivo para avalar ni para negar la capacidad de las citadas empresas para la ejecución de dichas obras. Queremos creer que cuando el Gobierno les adjudicó las mismas, lo hizo tras comprobar
su capacitación técnica, porque de no haberlo hecho así el problema no estaría -contra lo que pudiera parecer a primera vista- en las empresas, sino en quien les adjudicó esas obras sin que se hubiera testado suficientemente dicha capacidad técnica.
De forma que los problemas políticos o político-administrativos, que son los que aquí tenemos que abordar, nunca debiéramos traspasarlos, ni sugerir ningún traspaso de los mismos a otros ámbitos como, por ejemplo, el empresarial.
No me duelen
prendas decir que, afortunadamente, me ha parecido que su aparición en este campo ha intentado enderezar con claridad este desenfoque. Hoy ha hecho declaración explícita en ese sentido, ha tomado usted iniciativas y quiero creer que, a pesar de una
cierta vacilación de los últimos días, el tema está bien encauzado. De forma que no vayamos a extender lo que puede ser un problema administrativo y político a otros ámbitos.
Todo ello, señor presidente, enlaza con el tercero de los puntos a los que me referí anteriormente. En la medida en que en momentos y circunstancias como las presentes pudiera distinguirse entre lo urgente y lo importante, se
refiere a este segundo apartado, y en la medida en que pudieran valorarse separadamente -lo cual es francamente difícil, pero lo voy a intentar-, me atrevo a decir que en algún sentido nos preocupa todavía más. Me refiero a esa sensación
creciente de que lo que ha ocurrido en las obras del AVE de Barcelona no es quizá un error ocasional, sino el resultado, no sé si esperable pero sí temible, de una forma de actuación excesivamente generalizada. Voy a intentar explicarme, y no
quisiera sacar de contexto algunos hechos recientes, no es mi propósito.
En numerosas ocasiones en esta legislatura, en el curso de debates realmente agrios que la ministra de Fomento ha mantenido, principalmente con representantes del Grupo Popular, le hemos escuchado frases como la siguiente, que voy a citar
textualmente: Esta falta de previsión y coherencia de la política anterior -se refería a la política del anterior Gobierno del PP- se ha reflejado -decía- en la ausencia de cuantificaciones serias de las necesidades de inversión y, sobre todo, en
la falta de programación y compromisos sobre plazos y financiación. Más tarde se refería a un hecho particular demostrativo de tal falta de seriedad señalando que también se prometió reiteradamente llevar la alta velocidad a Barcelona en 2004 y la
realidad muestra lo lejos que estamos de este objetivo, puesto que todavía ni siquiera está redactado el proyecto de entrada de la línea en Barcelona. Esto decía la ministra.
Frase textual de la primera comparecencia de la ministra en la Comisión
correspondiente, el día 1 de junio de 2004, cuando vino a explicarnos los planes o las políticas que pensaba desarrollar a lo largo de esta legislatura, y frases similares y más duras hemos escuchado a la ministra en repetidas ocasiones. Yo le
aseguro, señor presidente, que cada vez que lo he escuchado he sentido escalofrío.
¿Cómo es posible que tratándose de proyectos que requieren un tiempo de maduración, de planificación, de presupuestación en su caso, de ejecución necesariamente largo -no digamos nada cuando se trata de problemas de la complejidad de la
entrada del AVE tal cual ha sido definido en Barcelona-, el nuevo equipo ministerial, cuando se sienta en el ministerio, se encuentre sin papeles, sin planes? Señor presidente, yo estoy dispuesto a reconocer, y si tuviera tiempo lo haría más
explícitamente, los esfuerzos que ustedes han hecho en el campo de las infraestructuras -a alguno se ha referido usted y si procede lo haré en mi segunda intervención-, pero lo que me preocupa es esa sensación que estos días veo reflejarse en
numerosas declaraciones de mucha gente y en artículos periodísticos. Le voy a citar uno de estos días. Decía: La línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, 471 kilómetros, tardó en construirse cuatro años; la de Madrid a
Barcelona lleva catorce años haciéndose y aún le queda. Anunciada por el Gobierno socialista en 1988 y licitada a partir de 1993, el tramo de la línea hasta Lleida tardó casi una década en construirse y fue inaugurado por el PP en 2003 -en los
términos en los que usted mismo ha recordado-, no alcanzó Tarragona hasta finales del año pasado y ahora el Ministerio de Fomento asegura que llegará a Barcelona el próximo 21 de diciembre, con cinco años de retraso sobre lo previsto. Y el
periodista concluía: Muchos lo dudan ya. Mi pregunta es: ¿Seguimos en esta situación de duda creciente de la capacidad de la Administración para llevar a cabo este tipo de obras debidamente, en tiempo, previa planificación, con una ejecución
hecha con todas las de la ley? Esta es una gran pregunta que yo sé que usted no me puede responder y que, sobre todo, a las alturas de la legislatura en que estamos, no tiene un remedio cabal. Según la ministra, empezamos muy mal la legislatura y,
lamentablemente, tengo la impresión de que no acabamos lo bien que debimos haber acabado, como mínimo.
Voy terminando. Están ustedes ante la necesidad de reaccionar con urgencia a los problemas que se vienen creando en Barcelona y Cataluña. Le repito, de reaccionar técnicamente -usted nos ha dado cuenta de las medidas, y yo no discutiré ni
una- y de reaccionar políticamente, de reaccionar con claridad, sin contemplaciones. Si lo hacen, si lo hacen valiente y responsablemente, podrán ustedes contar con el apoyo de nuestro grupo.
Nuestro consejo sincero es que escuchen también a las
fuerzas catalanas y desde luego que no se paren nunca en puros gestos. El problema es demasiado serio para que pueda ser abordado con gestos.
Señor presidente, no se olvide, aunque a esta legislatura le quede poco tiempo, de los problemas de fondo, por si acaso. Es tanto lo que queda por hacer en el campo de las infraestructuras, de forma principal en el campo de los transportes
y muy especialmente en el tren de alta velocidad, y también en cercanías, evidentemente, son tales las dificultades con las que vamos a ir encontrándonos, entiendo yo que de forma creciente, a la hora de llevarlas a cabo, que si algo se impone es
proceder con orden y con rigor. Se impone en beneficio no solo de los catalanes en este momento, sino de todos y de todo lo mucho que nos jugamos todos, si queremos disponer en tiempo -y ya andamos retrasados- de las infraestructuras de toda
índole, infraestructuras de transporte en particular y muy especialmente en transporte ferroviario, con las que ojalá hubiéramos contado hace mucho tiempo pero con las que por desgracia no contamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor Zapatero, esperaba un poco más y lo esperaba porque, después de lo que ha pasado, me habría gustado que no hubiese gastado la mitad de su tiempo hablando de las excelencias del AVE y me habría gustado también que no hubiese atribuido
sus errores a un error exclusivamente técnico, porque hay errores de gestión, hay errores en los tiempos y hay errores políticos. Lo que más me sorprende es que, después de lo que ha llovido, no desde
hace quince días, desde el principio de la legislatura, aún no hayan tomado nota y aún sigan en sus trece de que todo por el AVE y las cercanías olvidadas.
Lo digo porque en su declaración -y lo digo lamentándolo- creo que hay un poquito de retórica, algo de incoherencia, mucho de una declaración tardía y que incluso hay algo que falta a la verdad. Y le explico. Le digo que hay algo de
retórica porque dice que asume todas las responsabilidades, pero aquí continúa todo el mundo como si no hubiese pasado nada; le digo que es tardía porque hace solo quince días, solo quince días, que yo le decía que parasen las obras del AVE, que
pospusiesen su entrada a Barcelona, para garantizar el mantenimiento de la red de Cercanías y de Ferrocarriles. Y usted me dijo que no, señor presidente, cuatro días antes de que se interrumpiesen los servicios.
Usted dijo que no, con su ministra,
a un plan de choque que garantizase inversiones en cercanías antes de hacer entrar el AVE a Barcelona. Le digo que es además incoherente, porque usted dice que ahora priman las cercanías, pero, según me explica, todo continúa igual. No dicen que
aparcan ya las obras del AVE y que se centran en restablecer el servicio de Cercanías. Le digo que además no obedece del todo a la verdad porque estos días hemos podido leer cómo dicen que han invertido en cercanías, cuando de todos es sabido que
lo ejecutado en ellas es menos que lo que se han gastado en la estación de Renfe -y me parece muy bien- en la Puerta del Sol. Y dice que van a escuchar a los ciudadanos, que ahora solo atenderán a los ciudadanos, cuando resulta que no han reunido
al comité de usuarios, cuando resulta que con esa sociedad civil, a la que escuchan muy poco -escuchan a otra sociedad civil-, no se han reunido para hablar. Por eso le digo que su declaración tiene un poco de incoherente, un poco de tardía, un
poco de retórica y un poco de falsa. Y lo lamento, porque, si ahora no rectifican, la pregunta es: ¿cuándo van a rectificar? ¿Cuándo van a empezar a dar prioridad a las cercanías? ¿Cuándo?
Lo que ha pasado es muy grave, señor Zapatero, y lo triste es que continúan escuchando más no sé si a Florentino Pérez o a alguien por el estilo que a los usuarios, que quieren reunirse con el comité de usuarios, a los que no les han dado
voz. Vamos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado se debe, en primer lugar, a las prisas -sí, a las prisas, señor Zapatero-, porque ustedes entendían que el AVE era algo balsámico, que lo solventaba todo, que los
maltrechos ciudadanos afectados por un mal servicio de cercanías desde hace décadas en Barcelona estarían contentos con la llegada del AVE a Barcelona el 21 de diciembre. A esto se añadía que el 22 se inauguraba en Málaga y el 23 se inauguraba en
Valladolid, y, claro está, no podían inaugurar después Barcelona, con posterioridad, que un AVE no programado, como el de Málaga. Quisieron hacer en poquísimas semanas, en poquísimas, lo que se tarda meses. Para conseguirlo tenían que trabajar
durante 24 de 24 horas, con más de 3.000 trabajadores, con jornadas laborales de 12 horas, y las consecuencias fueron nefastas, según los sindicatos, porque ha habido ya hasta 13 muertos -y lo dicen los sindicatos, no lo digo yo- debido a las
subcontratas, a la precipitación, a las jornadas inacabables y a la falta de formación denunciada.
A este drama se ha sumado que las prisas por querer cortar la cinta han hecho que tengamos el desastre que hoy tenemos. No se lo digo yo, tengo esa suerte; en una de mis interpelaciones, en una de mis enésimas interpelaciones a la ministra
de Fomento, 18 de abril de este mismo año, la ministra de Fomento decía: hemos tomado una decisión, señoría, a su juicio -a mi juicio- desacertada, que ha sido desacelerar las obras del AVE para después podernos meter a fondo con Cercanías. ¿Por
qué -se preguntaba ella-? Porque no podíamos simultanear las dos. Si no, tendríamos que haber optado por retrasar la llegada del AVE a Barcelona.
Ahí está el problema, en que ustedes optaron por hacer llegar el AVE antes que por entrar a fondo en
Cercanías. Lo dijo doña Magdalena Álvarez en el mes de abril. 'Diario de Sesiones', señor presidente, no me diga que no. Es más, un mes antes, en una comparecencia forzada por nosotros en el mes de marzo, la ministra de Fomento me preguntaba y
nos preguntaba qué hubiésemos preferido, si adecentar e invertir antes en cercanías o hacer llegar antes el AVE. Su opción era clara: hacer llegar antes el AVE. La nuestra también. La propia de una fuerza política de izquierdas era invertir
antes en cercanías. Ustedes optaron por otra cosa, optaron por el AVE, como lo hubiese hecho seguramente el señor Rajoy. Yo le digo, señor presidente, que la opción de una fuerza de izquierdas era, antes y ahora, optar por cercanías, invertir en
cercanías, antes de querer hacer entrar el AVE a toda costa el 21 de diciembre en Barcelona. Es más, hace muy pocos días, ustedes, para excusarse con sus prisas, dijeron que OHL era la causante de todos los problemas. Hoy hemos podido saber -nos
lo explica El Periódico, de Cataluña- que OHL ya advirtió a la ministra de Fomento de que no podrían hacer llegar el AVE el 21 de diciembre. Yo también me creo más a El Periódico en este caso, señora ministra. Y es a partir de entonces cuando
usted dice: vamos a rescindir el contrato de OHL, y es a partir de entonces cuando se toman todas las decisiones que se han tomado.
Señor presidente, ha habido exceso de prisas, y es evidente, pero además ha habido falta de previsión. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque nosotros, desde el año 2004, les decíamos, les avisábamos, en solitario, que, antes de hacer
entrar el AVE en Barcelona, tenían que realizar un plan de choque, que no podían desatender al 97 por ciento de los usuarios de cercanías y regionales, abandonados hasta entonces. El caso que nos hicieron fue el equivalente a cero. Nos tumbaron
nuestras mociones, nuestras proposiciones, e incluso la ministra llegó a burlarse de lo que ella tildó como nuestras obsesiones. Finalmente, 22 de julio de 2005, se aprueba una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario, también en
solitario, diciéndoles que antes que hacer llegar el AVE a Barcelona tenían que aprobar un plan de choque. ¿Qué hizo la ministra? Dio carpetazo al plan de choque y aprobó un plan, que tenía que ser un estudio encargado a dos años
vista, que tendría que decir a la ministra lo que se tendría que hacer.
Ese es el drama y ese es el problema, señor Zapatero. Nosotros les dijimos que tenían que invertir antes que hacer llegar el AVE. Nosotros les trasladamos que hacer
llegar el AVE a Barcelona, sin invertir antes en cercanías, era como hacer una operación a corazón abierto a alguien que tiene una pésima salud, y ustedes decidieron y decidieron hacer llegar el AVE, pasando olímpicamente de lo que les decíamos,
pasando olímpicamente de lo que mandataba el sentido común: hay que invertir en Cercanías antes que hacer llegar a toda costa el AVE. Ese fue su problema. Usted tildará el hecho de que no se ejecutase el plan de choque como una anécdota o como un
exceso de confianza. Yo creo que a estas alturas muchos catalanes lo tildan como una impericia, como una irresponsabilidad, como una falta absoluta de sensibilidad. En aquel entonces quizás era ofensivo; hoy, no haber invertido cuando tocaba ha
sido un insulto, y un insulto para muchos catalanes.
Le sumo más, señor presidente. A la falta de previsión, al exceso de prisas se le suma la falta de inversión, la falta radical de inversión en cercanías. Usted dice cifras. Yo le contesto con datos que son incontestables. La realidad es
que, desde el año 1990 hasta hoy, el incremento del número de usuarios en cercanías es un 100,7 por ciento; el incremento de la inversión, un 3 por ciento. Lo que se ha invertido, si comparamos la inversión en alta velocidad en Cataluña con la de
cercanías, representa el 97 por ciento de la inversión para el AVE, el 3 por ciento para cercanías. Curiosamente el 3 por ciento serán los usuarios del AVE, el 97 por ciento serán los usuarios de cercanías y regionales. Durante los últimos siete
años, un euro por cada pasajero de cercanías, 166 euros por cada pasajero que tendrá el AVE. Yo no sé cómo lo ve, pero yo lo veo un pelín clasista, un pelín elitista y, por supuesto, muy poquito de izquierdas. Señor Zapatero, no han tenido ninguna
sensibilidad con las cercanías. Dígame, dígamelo hoy, una nueva línea en Barcelona, en cercanías, porque el Papiol-Mollet no lo han acabado. Señor Zapatero, ¿dígame por qué no han cambiado el sistema de señalización en Barcelona? En Barcelona, un
tren por Paseo de Gracia pasa cada cinco minutos, sistema de señalización, obsoleto. En Madrid, Móstoles -suerte tienen-, cambiaron el sistema de señalización y pasa uno cada minuto y medio. ¿Por qué no lo cambiaron antes de hacer llegar el AVE?
¿Por qué en la línea del Maresme no cambiaron los túneles, que no permiten trenes de doble piso y que hacen que los trenes vayan colapsados? ¿Por qué no lo hicieron?
Usted dice, señor Zapatero, que han invertido mucho en cercanías. Usted hoy no me puede hablar de una nueva línea que haya proyectado su Gobierno. Papiol-Mollet, señora ministra, no lo han acabado y estaba ya proyectada; no lo han
acabado. ¿Sabe cual es, señor presidente, el grado de ejecución de Barcelona-Puigcerdà, según los estudios informativos presentados por nuestro grupo y aprobados en presupuestos? Cero.
Actualización de estaciones: Badalona-Cerdanyola, grado de
ejecución, cero; estación del Masnou, grado de ejecución, cero. Podría continuar y continuar. Ahí está el problema. La sensibilidad de su ministra y la sensibilidad de su Gobierno hacia las cercanías ha sido desastrosa, totalmente desastrosa.
Por eso nosotros decimos que no se puede continuar así. Esta misma semana su ministra decidía empezar a construir una pretendida estación en El Prat. Lo vio el alcalde de El Prat, lo constató el alcalde de El Prat y la ministra de Fomento mandató
a sus técnicos sin avisárselo a ninguna de las autoridades competentes. Es así.
Y nosotros lo que decimos es que no se puede continuar así, señor presidente, ni con este estilo, ni con esta falta de sensibilidad, ni con esta actitud. Lo que decimos es que lo primero que tiene que haber es cercanías. Primer, rodalies,
señor presidente, desde siempre, desde hace mucho tiempo. (Dos señores diputados del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds muestran sendas pancartas diciendo, una en castellano y otra en catalán: Primero, cercanías;
Primer, rodalies.) Primer rodalies, cuando le decíamos hace quince días que tenía que parar las obras del AVE para garantizar el servicio de Cercanías.
Primero cercanías, cuando le decíamos hace meses, hace años, que tenía que invertir antes en
cercanías que en el AVE. Le decimos, primero, cercanías. Y no entendemos cómo puede mantener a una ministra que lo ha dado todo por el AVE y que se ha olvidado radicalmente de los usuarios del tren convencional. Lo que decimos es, primero, que no
se puede continuar con el mantenimiento de la llegada del AVE, que pospongan el AVE, y que aparquen sus obras mientras no se garantice el inmediato restablecimiento de la normalidad del servicio de Cercanías, porque sus prisas han afectado al
servicio de Cercanías. Les decimos que anuncien una compensación económica a todos los afectados y que evalúen los daños y los perjuicios económicos, los sociales, los ambientales, los directos y los indirectos, los que se han causado y los que se
van a causar. Les decimos que anuncien de una vez por todas que cambia de modelo, que la movilidad hoy en Europa no nos la jugamos con más kilómetros de AVE. La movilidad hoy, en Cataluña, nos la jugamos yendo de Vilanova a Barcelona.
En un día
se desplazan más personas que las que se desplazarán en un año en su AVE. Hagan el AVE, muy bien, pero lo prioritario hoy en Europa, en el siglo XXI, lo moderno, no es ir a 300 por hora; lo moderno y lo contemporáneo es garantizar accesibilidad y
movilidad en las áreas metropolitanas. En Alemania ya no hacen trenes a 300, los hacen a 250, porque se ahorran dos tercios y destinan sus recursos a hacer planes de accesibilidad y de movilidad.
Acabo ya, señor presidente. Lo que nosotros decimos es que ya no es hora de medias tintas. Es hora de soluciones radicales, definitivas, que inviertan el orden de prioridades; es hora de restablecer el servicio de Cercanías y de que usted
diga que aparca ya su obsesión por el AVE; es hora de no aceptar más retrasos en las cercanías por esas dichosas obras; es hora de dejar de empeñarse, de hacer pasar las obras del AVE por encima de los intereses de la mayoría; es hora de atender
a quien no han atendido, a esa sociedad civil catalana, esa que no cabe en el Círculo de Economía y que forma parte de
ese club de usuarios del transporte público, que no es real, pero que es multitudinario; y es hora de que oigan a los centenares de ciudadanos que hoy están padeciendo. Para hacerlo hay un elemento que es fundamental, que la ministra no
continúe, que la ministra cese, por una razón muy sencilla: porque si la ministra continúa, tendrán nula credibilidad. Y, señor Rodríguez Zapatero, no se enreden más.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señor presidente. La ministra ha sido un desastre para los usuarios de cercanías y para la movilidad en Cataluña y en el resto del Estado. Cambien su política. Y para cambiar su política, tendrán que
cambiar a su ministra, porque si no lo hacen, no tendrán credibilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, el Bloque Nacionalista Galego quiere empezar diciendo, sobre todo para la opinión pública catalana, que los problemas que han surgido en estos últimos meses han sido objeto de debate continuo en este Congreso
de los Diputados, especialmente por iniciativa de los partidos de ámbito catalán, concretamente de los partidos nacionalistas. No es por lo tanto la falta de debate político lo que pueden pensar que provoca esta situación, ni mucho menos la falta
de atención de la mayoría de los representantes políticos, ni en cierta manera -estoy por asegurarlo también- de muchos representantes del Gobierno. El Bloque Nacionalista Galego, que tiene una experiencia en este Congreso de los Diputados de doce
años, tiene que afirmar que nunca asistió a un debate parlamentario con este formato tan abierto, con comparecencia del presidente del Gobierno, en casos similares a este, de grave impacto para algún territorio. Voy a citar, por ejemplo, nada más
que el caso del Prestige. Estamos seguros y ciertos de que este es el modelo adecuado, que efectivamente tiene que producirse esta situación si no se pone remedio a su debido tiempo a una situación que provocó muchos meses de calamidades e
incidentes graves en un servicio social básico en el área metropolitana de Barcelona, y que no se puede congratular a esa opinión pública diciéndole que es cívica y paciente.
Con la misma certeza queremos decir que, en el momento procedimental en que pensamos que esto se utilizaba solamente para desgastar a la figura del presidente del Gobierno -antes de que se comprobasen determinadas cuestiones-, no nos
prestamos lógicamente a ese tipo de objetivo político. Pero con la misma contundencia tenemos que decir que nunca en esta Cámara votamos en contra de ninguna iniciativa que fuera en beneficio de Cataluña, tanto sobre el porcentaje que allí había
que invertir como en todas las iniciativas parlamentarias destinadas a mejorar el tren de cercanías y también a acabar con las obras del AVE.
Porque permítame decirle que bajo el certificado de AVE se esconden trenes de unas características y
trenes de otras. Yo, como representante de un sector de la sociedad gallega, no voy a pedir aquí que no se haga el AVE, porque en concreto entre A Coruña y Vigo están construyendo un buen tren, a la altura del siglo XXI, pero que no es el AVE que
se está construyendo a Barcelona ni tampoco el AVE que se está construyendo a Sevilla. Lógicamente, es un buen tren interurbano y a nosotros nos parece correcto.
Con la misma contundencia queremos decir que está bien que las obras se planifiquen con cuidado y con tiempo, pero tengo que ser consciente, como representante político, de que muchas veces la opinión pública y los medios de comunicación
urgen a que se hagan las obras de forma que no se retrasen doce años o quince años -que a todo el mundo le parece una barbaridad- para construir 500, 400 o incluso 160 kilómetros, como es el caso de A Coruña-Vigo, que va a llevar doce años, incluida
la catenaria.
Por tanto, cuando hablamos de no caer en manos de la urgencia, tendríamos que hablar, por un lado, de no caer en la urgencia demagógica, pero tampoco, por otro lado, en la parsimonia injustificada, que se da en muchos casos, por lo
menos en el caso de Galicia.
Dicho esto, después de escuchar al presidente del Gobierno, sacamos una conclusión: ¿a qué se debe esta situación? Sin duda, a la falta de planificación, de previsión y de prevención, teniendo en cuenta las características de la obra que
se tenía que ejecutar. Incluso esto, que se deduce de las palabras del presidente del Gobierno, está después certificado por la opinión de expertos que reconocen que la obra es excesivamente compleja y que, en concreto, en ese tramo de obras de
Hospitalet-La Tarrasa, la calidad del terreno es más que deficiente; es una zona arenosa, con rellenos de escombros, gran presencia de agua, por debajo del nivel freático, cerca del mar y una zona de influencia del río Llobregat. Realmente, con
estas características, es cierto que había que enfrentar la obra con otras cautelas, con otras previsiones y teniendo en cuenta que, si se afectaba a las cercanías, tanto las de competencia estatal como las de ámbito competencial de la comunidad
autónoma, había que tomar una decisión, bien de la lentitud en el caso del AVE, de las cautelas y de los cuidados, o bien, por otra parte, complementaria de esta, mantener como fuese el servicio socialmente importante.
Estamos sin duda por asegurar que se necesitaban más estudios geotécnicos, más soluciones apropiadas, más tiempo en la construcción en este tramo y, sobre todo, no caer efectivamente en la urgencia. Ahora nosotros aún seguimos manteniendo
una posición equidistante entre lo que dicen los medios de comunicación, las empresas y los responsables políticos. Por eso nos gustaría saber si realmente son ciertas algunas cuestiones.
Primero, si OHL actuó con incompetencia y si actuó también
con algún afán que tuviera alguna intencionalidad política. Segundo, si es cierto o no que, efectivamente, advirtió al ministerio
de que no se podían acabar las obras en ese tiempo si no era recurriendo a una actuación temeraria. Queremos saber esto, como queremos saber si hay alguna relación entre la posición de OHL en las obras del AVE de Cataluña y la expropiación
de la mina de Serrabal. Sí tenemos claro que el señor Villar Mir no está manteniendo una posición ni transparente, ni ecuánime, ni favorable a los intereses colectivos, y menos a los intereses de Galicia.
Vayamos ahora a la segunda cuestión: la reacción política. Yo tengo que decir que, desde hace tiempo, en Galicia hay una sensación mayoritaria de que la señora ministra de Fomento no es excesivamente cauta ni prudente a la hora de
dirigirse, no a los medios de comunicación, sino a la opinión pública. Y es cierto que inicialmente sobre todo creó una imagen en la opinión pública de Galicia muy desafortunada. En este aspecto, la posición que mantuvo con las instituciones y con
los partidos catalanes no fue correcta: no lo fue porque no se tuvo en cuenta que no tenían competencias, que las competencias eran del Estado básicamente, pero que se afectaba a competencias de la comunidad y que en todo caso los afectados iban a
ser catalanes y catalanas que iban a pedir cuentas directamente a los partidos catalanes y a la institución de la Generalitat, porque la gente siempre recurre a desprestigiar al que tiene más próximo. Por tanto, creo que aquí se cometió un error
grave, un error que pienso que no se puede seguir cometiendo. No valoraron tampoco en el Ministerio de Fomento la falta de control político real sobre obras -cosa que es frecuente y no de ahora-, partiendo de la tesis de que donde están los
técnicos y las empresas sobra el control político. Yo creo que esto, desafortunadamente, no es así y después las consecuencias vienen para los afectados y también para los partidos políticos. El cambio que parece que se intenta dar ahora de
superar la burocracia, estar sobre el terreno, contar con todo el mundo y, sobre todo, no dañar más a los afectados y tratarlos bien es la rectificación que se pudo haber hecho hace algunos meses.
Digo todo esto teniendo en cuenta una cosa, porque queremos ser claros.
Como representante político, como diputado del Bloque Nacionalista Galego, tengo que reconocer que con todas estas discrepancias no puedo extender una especie de
valoración negativa sobre un equipo ministerial del que, en la medida que yo conozco, una gran parte me parece dialogante y también competente, como son competentes los políticos que están a veces al frente de cuestiones que técnicamente se les
puedan escapar en algún aspecto, porque esto es normal. Lo digo porque no sé cuál es la mejor solución, en el ámbito puramente político, de responsabilidades políticas: la dimisión de la ministra, su destitución, o la autorresponsabilidad con el
equipo que tiene, teniendo en cuenta que tenemos solamente dos meses de debate parlamentario y cinco meses para acabar la legislatura. Permítanme, sin oportunismo de ningún tipo, que dude de cuál es la mejor opción. En todo caso, en septiembre,
cuando tomamos una muy clara, teníamos la certeza de que la mejor opción era la continuidad del equipo ministerial, la autorresponsabilidad, la petición de cuentas y que se viera si eran capaces o no de solucionar el problema, con el conocimiento
sobre el terreno.
Señorías, las propuestas. Se habla, en primer lugar, de la seguridad para los trabajadores, efectivamente; de la seguridad para los viajeros, efectivamente. Las cercanías, el servicio social, en segundo lugar. Y, en tercer lugar,
culminar las obras del AVE, tanto si se hace a tiempo electoralista como si no. En todo caso, la opinión pública catalana y los partidos catalanes tienen que saber que nunca les va a fallar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego para cualquier
tipo de apoyo o de medidas económicas, con la hipérbole de sobredosis que haga falta para enfrentar la situación actual, como siempre hemos hecho.
Acabo ya, señor presidente. Creo que no nos queda tiempo en lo que queda de legislatura, pero sería bueno que en el futuro no esperáramos diez, doce años, para mejorar los servicios del presente. Lo digo también desde la óptica gallega.
El uso del tren es una necesidad ahora y se pueden ir haciendo cosas con poco dinero y con mucha voluntad política. Observemos el presente, no nos fundemos solamente en la situación ideal de lo que se promete como gran panacea. También, cómo no,
racionalicemos a veces los diseños. En Galicia, no por culpa de este Gobierno, sino por una continuidad que fue producto de la presión política, de la propaganda y de la negación a hacernos nada, ahora vamos a tener un diseño bastante incoherente y
contradictorio. Ahora no lo puedo rectificar y menos con la capacidad del Bloque Nacionalista Galego, pero se le pueden poner paliativos y ofrecer mejoras, y espero que en el futuro haya un diálogo abierto para que esto se pueda hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Cunillera, por favor.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, es impensable que este debate que hoy estamos teniendo en esta Cámara lo hubiéramos podido tener hace tan solo cinco años. Es impensable que en aquel momento, año 2002, un problema que hubieran
tenido los ciudadanos en cualquier parte de España, en cualquiera de las variables a las que nos quisiéramos referir, lo hubiéramos podido debatir en esta Cámara con el entonces presidente del Gobierno, señor Aznar. No lo hicimos cuando el señor
Aznar nos metió en una guerra ilegal. (Protestas.-El señor Campos Arteseros ¡Ahí, ahí!-Aplausos.) No lo hicimos cuando España tuvo un problema con el Prestige; no lo hicimos cuando el Gobierno elaboró un decreto de reforma laboral que ha
desautorizado el Tribunal Constitucional (Aplausos.-Rumores.); no lo hicimos para conocer las privatizaciones de las empresas públicas, por ejemplo. Por tanto está claro que tampoco lo hubiéramos tenido para
hablar de las cercanías de Barcelona. Hubiera sido estupendo en aquel momento que el discurso de la responsabilidad que hoy ha hecho aquí el señor Rajoy, entonces ministro del señor Aznar, se lo hubiera hecho al señor Aznar, y seguramente
hubiera venido a debatir aquí con nosotros.
Estos son los debates que dan credibilidad, señor Duran. Además de los periódicos este debate nos va a dar credibilidad a todos. Por eso digo que en aquel momento no lo hubiéramos hecho. No lo
hubiéramos hecho en el año 2002, hace cinco años, y me preguntarán por qué he elegido esta fecha. Porque respecto a las cercanías de Barcelona y respecto al AVE es una fecha crucial. En el año 2002 se superaron muchos años de encuentros y de
discusiones sobre trazados, en lo que se refiere al AVE entre Madrid y la frontera francesa. En aquel momento el señor Álvarez-Cascos -del cual la responsabilidad está por ver- aseguraba todavía que el AVE llegaría a Barcelona en el año 2004
(Rumores.), y ya ven cómo llegó a Barcelona. Pero me refiero al acuerdo del año 2002, porque en él estábamos todos: el Partido Popular, que gobernaba en Madrid; Convergència i Unió, que gobernaba en la Generalitat de Cataluña; y los
ayuntamientos de la zona: Barcelona, donde gobernábamos y seguimos gobernando el Partido Socialista de Cataluña -en algunos casos con Esquerra Republicana y con Iniciativa per Catalunya Verds-. Quiero suponer que en aquel momento todos los que
adoptamos ese acuerdo éramos conscientes de las dificultades que entrañaba una obra de tal envergadura. Teníamos que ser conscientes de las complejidades de esa ejecución y de las posibilidades reales que ella tenía para generar problemas,
especialmente a los ciudadanos y ciudadanas usuarios de Cercanías, al margen del deseo, que seguramente compartíamos, de que se generaran los menos posibles y de que se pudieran superar.
Efectivamente, hoy el desarrollo de la obra ha demostrado cuán compleja y complicada es, y ha generado complicaciones, problemas a los usuarios de Cercanías; esa es la principal preocupación del Gobierno, como ha explicado aquí el
presidente y como no podía ser de otra manera. La principal preocupación es la búsqueda de las soluciones para todos aquellos a los que los retrasos, los inconvenientes y las incertidumbres les han generado problemas. Lo ha hecho el Gobierno
poniéndose al lado de los ciudadanos, que han recibido un trato humano. No han recibido ningún trato inhumano de la Administración (Rumores.); también las administraciones de Cataluña, tanto la autonómica como las municipales, han recibido un
trato de colaboración, de información y de toma de decisiones conjuntas que nunca habían tenido. Esto era impensable hace cinco años. En el año 2002 estábamos instalados en el sostenella y no enmendalla y primaban los intereses de partido y de los
amigos, nacionales e internacionales, por encima del conjunto de nuestros intereses ciudadanos. Por tanto, el primer elemento de diferencia entre estos cinco años está en la asunción de responsabilidades por aquellos que tomamos la decisión en su
día y hoy debemos afrontar la consecuencia de la misma. Es una lástima que los representantes de algunos partidos que tuvieron la oportunidad y supieron estar a la altura para tomar aquel acuerdo hoy estén otra vez en la deriva de volver a discutir
trazados y en intentar sacar rentabilidad de una situación que afecta a tantos miles de ciudadanos. (Aplausos.)
El Gobierno desde el primer momento ha dado la cara en esta Cámara y en el Senado. Ha comparecido la ministra de Fomento cuantas veces ha sido requerida -todos ustedes se han referido a esas comparecencias-. El secretario de Estado de
Infraestructuras se ha responsabilizado desde la propia Barcelona del seguimiento de los inconvenientes generados por las obras y de las respuestas a dar. El presidente del Gobierno ha visitado las obras, ha estado con los ciudadanos afectados, ha
compartido reflexiones y reuniones con las asociaciones de vecinos y con los alcaldes de los municipios afectados, ha rendido cuentas públicamente en un medio de comunicación y finalmente celebramos esta comparecencia, que por insólita y novedosa la
quiero remarcar una vez más. Señor presidente del Gobierno, somos más los que en Cataluña apreciamos su actitud receptiva, comprometida, de presencia y de atención a los problemas de nuestros conciudadanos, que aquellos que para defender su
posición antagónica a este Gobierno recurren a la crítica de que, por ejemplo, debía haber ido usted a Barcelona en día laborable. ¡Qué sarcasmo! Son los mismos que en diciembre de 2002 dijeron que no iban a ver a los ciudadanos afectados por el
Prestige -abro comillas- por no estorbar los trabajos y para no herir sus sentimientos. ¡Qué sarcasmo! (Aplausos.-Rumores.) Claro que también era un gran momento para la demostración del sentido de la responsabilidad del señor Rajoy -todos
recordamos los hilillos de plastilina-. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Ha habido quien ha criticado la visita en sí misma con esa actitud que no representa el sentir de aquellos que han sido atendidos, escuchados
y claramente representados por el Gobierno.
Hay un segundo elemento que marca claramente la diferencia en estos cinco años: las cifras de inversión en infraestructuras en Cataluña. En esta Cámara hemos tenido discusiones de cifras con todos los grupos, y yo sé que hay algunos que
sin querer utilizan otras más globales cuando hablamos de Fomento, porque les dan porcentajes distintos y les convienen más para su discurso catastrofista. La verdad es que desde que gobierna este Gobierno, desde el año 2004, las cifras de
inversión en infraestructuras en Cataluña superan claramente el índice del PIB catalán. Aquellos que defienden las bondades de los ocho años de inversiones del Partido Popular en Cataluña no se dan cuenta de la contradicción en la que incurren.
Señorías, si durante ocho años el PP estuvo invirtiendo a manos llenas, si estuvo invirtiendo de manera continuada y sostenida en Cataluña, como ustedes dicen, ¿cómo puede ser que las infraestructuras de Cataluña estén bajo niveles mínimos? ¿No ven
que una cosa y la otra no puede ser? (Aplausos.) Claro que es verdad que se hacían ejercicios presupuestarios dignos de mejores causas: por ejemplo, se declaró de interés general una obra, el eje transversal
de Cataluña -se había inaugurado doce veces por la Generalitat de Cataluña, a tramos-, por una ley de acompañamiento -por suerte ya superada- y se destinaron 40.000 millones a Cataluña. ¡Ojalá se hubieran destinado a Cercanías! Hoy estarían
bastante mejor. Eso también daría credibilidad. Es verdad que también en esos años se presentaban enmiendas en el Senado, en las que se destinaba dinero a otras partidas ferroviarias, quitándolas de Cercanías de Barcelona. Por tanto, la
conversión a las cercanías de algunos de los grupos que hoy han hablado es, como mínimo, reciente; ha tenido que venir el cambio de signo político en Cataluña y en España para se desdoble el eje transversal y para que se invierta en ferrocarril y
en Cercanías de Barcelona.
(Aplausos.) El esfuerzo inversor en Cataluña está fuera de duda, lo ha dicho el presidente del Gobierno. No me quiero quedar sin tiempo (Rumores.), pero deseo que quede claro que es un error y una equivocación
contraponer las inversiones del AVE y las del ferrocarril convencional, porque ambas son posibles; se ha demostrado en los sucesivos presupuestos de esta Cámara y en su ejecución. Ser de izquierdas es construir el AVE, construir Cercanías y
construir los ferrocarriles del resto de Cataluña, ya que también somos Cercanías de Cataluña. (Aplausos.) Por tanto, estamos ante un esfuerzo inversor evidente. Saben los ciudadanos de Cataluña, igual que todos ustedes que un esfuerzo inversor
como el que se está haciendo en Cataluña tiene que llevar consigo inconvenientes. De estos saben los ciudadanos de Cataluña, así como el Gobierno es consciente de ello, pero también conocen la diferencia de trato que reciben de un gobierno del
Partido Popular de la de un gobierno socialista.
Estamos absolutamente de acuerdo con la línea que ha fijado aquí el presidente del Gobierno. En primer lugar ha puesto la seguridad: la seguridad de los que trabajan en la obra, la de aquellos usuarios que hoy circulan por esa obra y la de
los miles y miles de usuarios que circularán por esa obra cuando esté terminada; en segundo lugar las Cercanías y en tercer lugar el AVE. Hemos avanzado también en un tercer elemento muy importante, que es que la inversión en Cataluña ha dejado de
ser propaganda para ser una realidad. En Cataluña estábamos cansados de que el señor Álvarez-Cascos nos anunciara inversiones multimillonarias; el año 2004 hubo que hacer los estudios informativos porque la propaganda no se había convertido no ya
en un proyecto sino en el inicio del proyecto. Por tanto, eso también ha cambiado. Donde el PP ponía propaganda, este Gobierno ha puesto realizaciones. (Aplausos.-El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.) Yo también os
quiero, tranquilos. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, le ruego que no moleste. Le ruego que no moleste.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente. Hay un cuarto elemento de gran diferencia entre la manera de actuar de un gobierno de derechas y uno de izquierdas, que es la colaboración y el acuerdo con las otras
administraciones. En este momento, el secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento está instalado en Barcelona. El Cecop se reúne cada semana; van informando cada semana, cada día a los ciudadanos, a las administraciones, a los
ayuntamientos, de tal manera que este fin de semana hemos podido escuchar en alguna televisión que les sobrepasaba la avalancha de información. Eso sí es distinto, como lo es trabajar para lograr convenios, como ha hecho este Gobierno, que ha
firmado dos, importantes, con la Generalitat de Catalunya racionalizando la inversión en carreteras y en ferrocarriles. Hay un último elemento -no me querría quedar sin tiempo para ponerlo de relieve- que es la garantía y la seguridad que tenemos
ahora los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña respecto del futuro de las inversiones en Cataluña que garantiza el nuevo Estatuto, que contiene la muy conocida, la muy discutida y la muy aludida en esta Cámara, disposición adicional tercera, que
establece que la inversión en Cataluña se equiparará a su porcentaje de participación en el PIB por un periodo de siete años. Al Partido Popular no le gusta el Estatuto de Cataluña. Lo ha recurrido, lo utiliza para sus fines partidistas, no le
gusta esta adicional tercera -está en su recurso- pero la copia; la copia en aquellos estatutos que pacta con nosotros para otras comunidades autónomas. (Aplausos.) Si ese recurso prosperara y esta adicional no tuviera vigor, veríamos la gran
contradicción que tiene el PP. Por un lado, vienen aquí permanentemente a exigir mayor inversión para Cataluña, al mismo tiempo que recurre una de las vías más claras y transparentes de articular la financiación en infraestructuras; pero, por otro
lado, se dedica a ir por el resto de España proclamando la insolidaridad y la voracidad de los catalanes. De nuevo, las dos cosas a la vez no pueden ser. Menos mal que el PP no está en el Gobierno de España, porque en ese caso no tendríamos ese
nuevo Estatuto que nos da la posibilidad de financiación en infraestructuras que se fija en él.
Seguiríamos anclados en el nivel de inversión que marcó su etapa de gobierno, y que dejó las infraestructuras en Cataluña a los niveles que hoy todo el
mundo puede comprobar. Actualmente, gracias a que el PP no gobierna en España, gracias a que el PP no gobierna en Cataluña, tenemos esa posibilidad: ponernos de acuerdo en cómo deben ser, qué son las infraestructuras en Cataluña, cuál es ese
porcentaje. Hemos concretado ese acuerdo para el año que viene en 4.365 millones de euros, superando los límites que nos habían fijado algunos de los grupos que luego han recurrido en totalidad los presupuestos del Estado que llevan esa cifra -
ahora les habrá parecido corta-. Quiero finalizar refiriéndome una vez más a la situación del año 2002. Si hoy se repitiera la foto de aquel año con gobiernos del Partido Popular, estaríamos sin Estatuto de Cataluña; sin un acuerdo para las
inversiones del Estado en Cataluña de esa claridad, de esa transparencia, de ese conocimiento por todos los ciudadanos y ciudadanas; seguiríamos instalados en la propaganda y en las promesas; seguiríamos en infraestructuras con la situación en
la que las dejaron al salir del Gobierno cuando perdieron las elecciones generales de marzo de 2004, como las volverán a perder el año que viene.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cunillera.
Tiene la palabra, para contestar a las intervenciones precedentes, el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer a SS.SS. el tono general de las intervenciones que se han producido en este debate. Es verdad que una buena parte de ellas, del esfuerzo argumental, de la tensión política se ha depositado en pedir la dimisión de la
ministra. Yo dedicaré la mayoría del tiempo a hablar de soluciones, de futuro inmediato y de respuestas a los problemas que tenemos en estos momentos en Barcelona. Me interesa ante todo que los ciudadanos conozcan algunas cosas que son
fundamentales para entender qué es lo que ha sucedido y qué tenemos por delante, a lo cual se han referido muy pocos grupos parlamentarios. Algunas de las referencias que ha habido no han aportado nada nuevo y además lo que han reiterado está, en
mi opinión, plagado de errores profundos. El Gobierno que presido lleva ejecutando tres presupuestos. La sociedad catalana sabe muy bien que tenemos un déficit de infraestructuras en Cataluña, tanto en el transporte por ferrocarril, de cercanías o
de larga distancia, como en el transporte por carretera, en autovías, que data al menos de hace diez o quince años y que representa un retraso de inversión, al ritmo de crecimiento de la población y de las necesidades económicas de Cataluña, de al
menos diez o quince años. Simplemente quiero decir a los grupos parlamentarios y a la sociedad de Cataluña que vean el cambio que en tan solo cuatro años -creo que tengo derecho a reclamarlo como presidente del Gobierno cuando otros han estado ocho
años- va a haber en Cataluña en las infraestructuras del transporte, en Cercanías, en alta velocidad y en el transporte por carretera. Fíjense que no les hablo de la siguiente legislatura, si obtuviéramos la confianza mayoritaria de los ciudadanos,
sino de cuatro años de un mandato que es el compromiso de la responsabilidad, primero, ante los ciudadanos, y por supuesto, señor Duran, ante esta Cámara, que es la que me otorga la investidura -¡solo faltaría! como bien sabemos-; todo el caudal
está ahí depositado. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo puede comprender que, cuando se ha producido un deterioro y un abandono fuerte de la inversión en infraestructuras durante años -prácticamente podríamos retrotraernos a 1992, a las
Olimpiadas, cuando en Cataluña, en Barcelona en particular, se hizo un gran esfuerzo inversor en infraestructuras; estamos hablando de hace ya muchos años-, recuperar el momento en el que estamos ahora, que es la segunda modernización de Cataluña,
comporta más dificultades por el deterioro del que venimos y exige en muchos casos un esfuerzo y una voluntad política constante y sostenida. Puedo decir a alguna de SS.SS. que ha intervenido que esa es la actitud que ha tenido el Gobierno de
España con Cataluña, desde el primer al último ministro que se sienta en el banco azul. Además puedo asegurar que la actitud de defender, por todo el Gobierno y por quien lo preside, que Cataluña necesitaba un gran esfuerzo inversor nos ha costado,
gracias a la demagogia anticatalana de algunos en este país, bastantes problemas. (Aplausos.-Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡Ley del socavón!-Un señor diputado: ¡Caradura!) Me importa subrayar que por supuesto vamos a conseguir que
llegue la alta velocidad a Barcelona porque es una estructura necesaria, de futuro, modernizadora, que cohesiona territorial y socialmente y que no tiene color ideológico, igual que no lo tienen las cercanías. (Un señor diputado: ¡Muy bien.) Las
dos son importantes para la gente, piense lo que piense ideológicamente y tenga las condiciones de renta o sociales que tengan; las dos benefician. Vamos a tener unas buenas cercanías en Barcelona. Nadie de los que estuvieron ocho años puede
tener credibilidad para exigir a este Gobierno que haga en tres lo que otros no hicieron en ocho años. (Aplausos.-Rumores.-El señor Ayllón Manso: No tienes vergüenza. Mentiroso.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Vamos a tener, por tanto, las infraestructuras de Cercanías que merecen y que necesitan Barcelona y Cataluña. Algunos, supongo que no querrán plantear que las inversiones se pueden hacer sobre todo en infraestructuras, en zonas de gran congestión
de tráfico y de densidad urbana, todas en el mismo tiempo y en un año; es imposible, aunque se tenga toda la voluntad política y los recursos económicos. Le puedo asegurar que el Gobierno que presido tiene toda la voluntad política y
afortunadamente por la buena gestión económica tiene los recursos necesarios para invertir en lo que necesita Cataluña, en Cercanías y en alta velocidad, pero las inversiones como todo el mundo entiende necesitan su tiempo; luego detallaré lo que
hemos hecho hasta ahora.
(Rumores.) Sí, su tiempo y su credibilidad, la que algunos no tienen, así como la responsabilidad que tampoco tienen, ya que hemos estado hablando de lo que significa y representa el principio de responsabilidad. Señor
Rajoy, se lo voy a explicar brevemente. La responsabilidad es dar la cara. La responsabilidad es no esconderse detrás de nadie. Por ejemplo, ¿sabe lo que es no tener sentido de la responsabilidad? Endosar a un primo la ignorancia del cambio
climático o a un técnico...
(Aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) O lo que es más grave... (Continúan los rumores.-El señor Martínez-Pujalte López: Tu abuelo.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): O lo que es aún más significativo, eso
que dijo usted en esta tribuna hace pocos meses. Subió aquí y dijo que lo de los hilillos se lo había soplado un técnico. (Rumores.) Hay que dar la cara y asumir los errores y la responsabilidad política. Usted siempre se esconde detrás
de alguien, en la oposición y en el Gobierno. (Aplausos.) Esa es la responsabilidad (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), subir a esta tribuna para decir que ha habido errores; claro que los ha habido. Todo el mundo
sabe que ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Fomento proyectan obras (Rumores.) ni ejecuta túneles, todo el mundo sabe que no lo hacen; pero lo que el Gobierno no debe hacer es esquivar la responsabilidad y señalar con el dedo a un
técnico o a una empresa. La responsabilidad... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): La responsabilidad la he asumido... (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡Ley del socavón!-Continúan los
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor presidente.
Señorías, así no puede seguir el debate. (Rumores y protestas.) Así no puede seguir el debate, porque se tiene que respetar a quien tiene el uso de la palabra. Si se está permanentemente molestando no es el caso, así pues les reclamo que
respeten a quien está en el uso de la palabra; (Rumores.) se lo pido por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): La responsabilidad la ha asumido el Gobierno, y le puedo asegurar, señor Rajoy, que los ciudadanos advierten una diferencia entre este Gobierno que ha dicho: sí, hay un fallo grave en
la ejecución de la obra; pedimos excusas y lamentamos lo que se ha producido en los ciudadanos, frente a quienes gobernaban y ante cualquier problema miraban para otro lado o, cuando no, echaban la culpa a los ciudadanos o a los grupos políticos de
la oposición, como hicieron en innumerables casos con problemas que tuvieron durante su etapa de Gobierno. (Aplausos.-Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Hay alguna cosa que merece la pena ser recordada, porque el señor Rajoy y algún otro portavoz del grupo parlamentario ha hablado del interés -creo que el señor Rajoy citó exactamente el lustre- de las inauguraciones, lo que representaba una
línea argumental según la cual los problemas en la ejecución de la obra que hemos tenido en L'Hospitalet de Llobregat se han producido por las prisas, dado que había un calendario electoral.
Señoría, la verdad es que para decir eso en esta tribuna
habiendo sido usted vicepresidente del Gobierno anterior hay que tener muy poca memoria o muy poca credibilidad. (Protestas.) Señor Rajoy, o muy poca memoria o le da igual la credibilidad, porque ustedes inauguraron de todo y en muchas ocasiones
sin que hubiera nada. (Rumores.) Le puedo asegurar, señor Rajoy, que además comprometieron cosas -usted mismo-; fíjese si no estarán los ciudadanos de Barcelona y los de Cataluña fatigados por muchas de las cosas que se han oído durante los
últimos años. En este sentido también haré un referencia al señor Duran. El señor Rajoy dijo el 1 de marzo de 2003 que por supuesto -está aquí- el AVE llegaría a Barcelona en la fecha prevista, en 2004. Esto lo dijo usted el 1 de febrero de 2003
y en 2004 faltaban aún dos años para que llegara a Tarragona. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Esa es la realidad y encima no tienen ningún problema en subir aquí a decir que la alta velocidad que usted comprometía
para el año 2004 -estamos en 2007- aun ha ido muy deprisa. (Rumores.-El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.) No, lo que ha sucedido es que la alta velocidad debería haber llegado a Barcelona hace varios años.
No hay prisa.
Lo que ha habido, como he dicho en muchas ocasiones, es un retraso histórico respecto a cuándo tenía que haber llegado la alta velocidad a Barcelona, retraso histórico que vamos a enmendar en esta legislatura porque va a llegar la alta velocidad a
Barcelona.
(Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)La Junta Electoral suspende en Girona el 10 de marzo de 2004 la inauguración del AVE a cargo de Álvarez-Cascos, que quería poner también
una traviesa. (Rumores.) Señor Rajoy, ¿quiere que recuerde las inauguraciones del presidente del Gobierno, de cuyo Gobierno usted formaba parte? (Varios señores diputados: Sí, sí.-La señora Torme Pardo pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Por
ejemplo, del AVE Madrid-Valladolid-Galicia? Fíjese, si aún no hemos llegado a Valladolid, lo que queda por llegar a Galicia. (Risas.) El señor Aznar inauguró hasta siete... (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor presidente.
Señora Vázquez, deje de gritar, se lo ruego, deje de gritar.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ...inauguró hasta siete primeras traviesas de la línea del AVE de Madrid a Valladolid y de Valladolid a Vigo, cuando aún no había ni vía, cuando aún no había ni obra, sólo iba a poner
traviesas -alguna de ellas, por cierto, en el AVE a Toledo, se la anuló la Junta Electoral-. Eso sí que era inaugurar: siete traviesas. Y ahora le digo, señor Rajoy, suba aquí a esta tribuna y diga si el Gobierno ha inaugurado alguna obra que una
vez puesta en servicio tuviera problemas, si el Gobierno ha inaugurado alguna primera traviesa como ustedes hacían con la alta velocidad a Valladolid y a Galicia, que las llegaron a inaugurar siete veces.
¿Quiere que recordemos que pasó con la terminal 4 de Barajas? Que en precampaña electoral de las últimas generales de marzo de 2004, en febrero, el señor Aznar fue a inaugurar -no sé si estaba usted por allí- la obra civil (Varios señores
diputados: ¡Ah!), a cortar una cinta de la obra civil cuando faltaba un año para que la nueva terminal de Barajas pudiera entrar en funcionamiento. Eso sí que es prisa electoral, lustre y engaño a los ciudadanos. (Aplausos.)
¿Quieren que recordemos cómo fue el desarrollo de la construcción del AVE Madrid-Lleida? (Varios señores diputados: ¡Sí!-Otro señor diputado: ¡No, el de Barcelona!) ¿Quieren que recordemos que en el viaje inaugural y en el viaje de
promoción del AVE Lleida-Madrid apareció un gran socavón que puso en peligro, y tuvo que interrumpirse, el viaje con un número elevado de ejecutivos y que tuvieron que suspender todos los caóticos viajes promocionales del AVE Lleida-Madrid? Señor
Rajoy, quien únicamente en este país ha inaugurado traviesas, obras, se ha dedicado a poner primeras piedras y ha puesto en funcionamiento servicios públicos sin estar bien hechos y terminados ha sido el Gobierno del Partido Popular (El señor Campos
Arteseros: ¡Sí, señor!-Aplausos.): La tierra cede y deja raíles en el aire junto a la vía del AVE en Zaragoza. Dos trenes llenos de ejecutivos que iban a Zaragoza dan marcha atrás por una avería. (Un señor diputado: ¡Toma ya!) Cascos ratifica
-usted que hablaba del dedo acusador el otro día- que hubo sabotaje en el nuevo AVE. (Rumores.) No sigo porque la hoja siguiente dice: Álvarez-Cascos achaca al Gobierno de Aragón el socavón de Zaragoza (Risas.), y la siguiente dice: Cascos echa
la culpa al Gobierno de Francia de los problemas del AVE Madrid-Lleida. (Risas y aplausos.) ¡Ah!, veo alguna cara de incredulidad pero está aquí: Cascos intenta culpar a Francia del retraso del AVE Madrid-Lleida. Esta es la verdad. (El señor
Bermúdez de Castro Fernández: ¡Las comisiones del AVE!-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ¿Sabe cuál era la respuesta de Cascos? La respuesta de Cascos, el ministro de Fomento del Gobierno del que usted formaba parte, era que el que no se impone objetivos exigentes no tiene
retrasos. (El señor Bermúdez de Castro Fernández: ¡Las comisiones del AVE!) Me hubiera gustado que después de inaugurar un AVE a Zaragoza que no pasaba de 200 kilómetros por hora, después de que tuvieron que suspender viajes promocionales por
riesgos, uno de los cuales iba lleno de ejecutivos, después del retraso (El señor Bermúdez de Castro Fernández: ¡Habla de las comisiones del AVE!), que no funcionara, que el sistema de seguridad estuviera prácticamente obsoleto antes de comenzar,
me hubiera gustado no ya ver la dimisión de nadie, no, me hubiera gustado ver a alguien del Partido Popular reconocer el fallo y dar la cara ante los ciudadanos exigiendo disculpas. (Aplausos.)
El señor Rajoy ha planteado una serie de temas en relación con las líneas de AVE construidas o en construcción en estos momentos y como algunos de los temas que ha planteado son delicados, le quiero dar una respuesta completa y adecuada.
Por cierto que siempre han tenido un especialísimo interés en hacer oposición, en generar incertidumbre con la alta velocidad en nuestro país, porque seguramente muchos andaluces todavía se acuerden, y unos cuantos españoles, y desde luego todos los
sevillanos, de lo que dijo Alianza Popular... (Varios señores diputados: ¡Bueno...!-Risas.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): No podía imaginar que renunciaran con tan poca lealtad al partido que fundó quien es hoy el presidente fundador del Partido Popular. ¡Cómo pueden tener tan poca lealtad a su historia!
(Aplausos.-Protestas.) Sí, Alianza Popular (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.), el Partido Popular, monta tanto, tanto monta... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Una vez más, rogaría que las condiciones del debate permitieran que este se desarrollara normalmente. Ruego, pues, que se deje hablar al orador. (Rumores.) De la misma manera que he hecho esta mañana cuando les he
protegido a ustedes, el orador tiene derecho a expresarse con tranquilidad y es un derecho que les reclamo que respeten.
(Continúan los rumores.) Señora, le ruego por favor que no haga esas cosas porque me pone usted en una posición de tener que
pedirle explicaciones, se lo ruego, señora Martín Mendizábal, se lo ruego. Es innecesario ese tipo de agravios. Se lo ruego, por favor.
Continúe, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Les decía que muchos ciudadanos andaluces, españoles y todos los sevillanos seguramente recordaban lo que ustedes decían sobre el AVE a Sevilla, que le llegaron a llamar el rapidín, y que hicieron una crítica sistemática y permanente por ese
gran proyecto de cohesión territorial y de desarrollo económico que ha sido el AVE Madrid-Sevilla. (Rumores.) Por cierto, señor Rajoy, he de decirle que las pruebas del AVE Madrid-Sevilla duraron un mes y medio antes de su explotación comercial.
Por tanto, ha aportado un dato en la tribuna erróneo y falso. (Rumores.-El señor Ayala Sánchez: No.-La señora Hermosín Bono: Sí, sí, estáis mintiendo.) El señor Rajoy se ha referido a las otras líneas del AVE y ha afirmado...
(Continúan los
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, lo lamento mucho.
Ya lo que no puedo aceptar es que, de escaño a escaño, se dirijan ustedes la palabra pidiéndose explicaciones.
Esto no es una taberna. ¡Por favor, esto no es una taberna y vamos a mantener un mínimo de decoro porque no podemos continuar así! Se lo pido por favor. Y ahórrense, de escaño a escaño, dirigirse ningún tipo de expresión.
Continúe, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.
El señor Rajoy se ha referido a la línea Madrid-Valladolid y ha afirmado que faltaban 12 kilómetros de línea, que entraba en Valladolid en superficie, no soterrado, y que parte del trazado transcurre en vía única. Al respecto le tengo que
decir, señor Rajoy, que desde el 8 de octubre es posible hacer el recorrido completo en ancho internacional desde Madrid-Chamartín hasta Valladolid-Campo Grande, desde el 8 de octubre. En abril de 2004 -escuche si es posible, señor Rajoy- la
planificación de la línea solo alcanzaba hasta Valdestillas, a 21 kilómetros de Valladolid, porque las tres administraciones implicadas -Gobierno central, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid-, todas del Partido Popular, no habían
sido capaces de llegar a un acuerdo. Como consecuencia de esta falta de acuerdo de tres administraciones del Partido Popular -así estábamos en abril de 2004- y para no demorar cuatro o cinco años la llegada de la alta velocidad a Valladolid, se
acordó que llegara en superficie desde el Pinar de Antequera a Campo Grande en vía única, provisionalmente, hasta soterrar el acceso -la obra ya está en parte adjudicada-. Por favor, señor Rajoy, cuando hable de que se va a poner en servicio una
alta velocidad -en este caso a Valladolid, que tiene un tramo de vía única-, le quiero recordar, como un gran drama, que ustedes en el AVE a Lleida y a Zaragoza tenían varios tramos con línea única. Sí, en Zaragoza 3 kilómetros y en Lleida 9
kilómetros exactamente. (Varios señores diputados: ¡No! ¡No!) Esos son los datos concretos y referidos. Ahora la pregunta es (Una señora diputada: ¡A ver!): como consecuencia del no acuerdo de tres administraciones del Partido Popular (Un señor
diputado: ¡Qué vergüenza!) para la llegada del AVE al centro de Valladolid, la opción que usted propone, señor Rajoy, ¿es que el que AVE no llegue a Campo Grande ya y que espere cuatro o cinco años más (Risas.) para que llegue a Valladolid,
haciendo lo que representa el soterramiento de las vías, por unos pocos kilómetros? Diga si esa es la tesis que usted defiende (Rumores.), que además es consecuencia de la responsabilidad de tres administraciones del Partido Popular. Pues yo le
digo: el Gobierno va a hacer que el AVE a Valladolid llegue hasta Campo Grande, que será un gran avance, y por supuesto vamos a empezar cuanto antes las obras, que ustedes no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlas, para el
soterramiento del AVE a Valladolid y que entre hasta el centro de la ciudad. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.) Eso es lo que vamos a hacer y no la demagogia y la falta de sensibilidad que tiene.
El señor Rajoy ha abordado el tema de las pruebas de las líneas de alta velocidad planificadas con carácter inmediato para entrar en servicio, es decir la alta velocidad a Valladolid, la alta velocidad a Málaga y la alta velocidad a
Barcelona. Quiero decirle, señor Rajoy, que se están haciendo todas las pruebas en las tres líneas y que por supuesto no se va a poner nada en servicio sin haber superado todas las pruebas y los requisitos técnicos establecidos. Ha hecho una
afirmación también en línea con la naturaleza de los trenes de las series 103 y 104, que no estaban homologados, y que solo lo están los de la serie 102. Tengo que decirle que todos los trenes de las distintas series, todos -subrayo- están
homologados. Por tanto, infórmese bien o deje de poner encima de la mesa elementos de inquietud y de abrir interrogantes que no tienen ninguna razón de ser. (Rumores.) A mayor abundamiento le diré: los trenes 102, 103 y 104, a los que se ha
referido, han realizado todas las pruebas. En concreto, el tren 102 realizó 732.000 kilómetros en pruebas; el tren 103, 342.000 kilómetros en pruebas, y el tren 104, 316.000 kilómetros en pruebas. Ese es el conjunto de las pruebas que se han
producido y que suman desde diciembre de 2004 en estos tres tipos de trenes hasta 18 millones de kilómetros y, por tanto, tienen una garantía plena.
Ahora le hago una reflexión, que es constatable con los hechos, sobre cómo hemos trabajado y lo que tenemos por delante. En el periodo de los tres años largos que llevamos al frente del Gobierno, en alta velocidad hemos hecho lo siguiente.
Primero, hemos arreglado las graves deficiencias que había en el tramo del AVE hasta Lleida permitiendo que llegue a 300 kilómetros por hora, porque cuando llegamos al Gobierno el AVE que ustedes hicieron solo podía circular a 200 kilómetros por
hora; por supuesto, el tramo que hemos abierto al servicio ha funcionado sin ningún problema. Segunda gestión en relación con la alta velocidad. Los tramos a Tarragona, Toledo y Antequera, todos ellos lo han sido con las pruebas correspondientes,
con todos los requerimientos técnicos, y cuando se han puesto en servicio han funcionado con toda corrección para satisfacción de los usuarios. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los tramos que este Gobierno ha puesto en servicio de alta
velocidad ha sido después de que estén en plenas condiciones y cumplan con los requisitos a que nos hemos comprometido ante los ciudadanos, y la prueba de que ha sido así es que no hemos tenido que hacer correcciones a posteriori ni inauguraciones
falsas, porque las que se han hecho era porque estaba a punto y a tiempo la alta velocidad, tanto en Tarragona como en Toledo como en Antequera como lo que hemos tenido que solventar del AVE a Lleida.
Gracias al Plan de Infraestructuras que aprobamos en 2005, tengo que decir que todos los años, de aquí a 2015 al menos, van a entrar en servicio varios tramos de alta velocidad en España, todos los años, igual que han entrado en 2005, en
2006 y en 2007, a Tarragona, Antequera y Toledo, igual que pueden y van a entrar los demás, con los compromisos que tenemos, haya elecciones o no; lo que haremos, por supuesto, será siempre respetar el calendario electoral. Esté tranquilo, señor
Rajoy, que
ninguna junta electoral tendrá que hacer con este Gobierno lo que tuvo que hacer con los suyos para anular actos de inauguración de traviesas.
(Rumores.) Me interesa subrayar especialmente algunas de las intervenciones que ha habido. La
llegada de la alta velocidad a finales de 2007, tanto a Málaga como a Valladolid como a Barcelona, responde a una planificación y a una periodificación únicamente en función de lo que representan la naturaleza de la obra y la planificación de la
ejecución, y todos los plazos, todos, han sido tenidos en cuenta para fijar final de año con prudencia. Quiero destacar un dato: el tramo que motiva esta comparecencia, que es de 2 kilómetros, que es donde se ha producido el fallo constructivo, de
2 kilómetros, de los 1.700 que hay en obras y que son responsabilidad de esta ministra y de su equipo en toda España, ese fallo constructivo responde a un tramo de obra que, conforme habían firmado el responsable de ese tramo y todas las demás
constructoras, debería estar entregado en enero de 2007, y desde enero de 2007, que era el plazo de finalización y entrega de la obra, el Ministerio de Fomento creo que se da un plazo razonable, hasta diciembre de 2007, casi un año, para ponerlo en
servicio. Ahora bien, si hay alguna señoría que sostiene que los años que toquen elecciones, sea 2007 ó 2011, no se pongan en servicio trenes de alta velocidad, que suba a la tribuna y lo diga (Rumores.) porque, repito, afortunadamente para España,
vamos a tener entrada en servicio de tramos de alta velocidad en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, y por supuesto este Gobierno siempre tendrá el objetivo de que el servicio de la alta velocidad llegue cuanto antes a todas las comunidades
autónomas y habiendo hecho bien todo lo que exige el requerimiento de lo que representa circular en alta velocidad. Por tanto, tengo que desmentir radicalmente, ¡radicalmente! (Protestas.), señor Herrera, y se lo digo con todo el énfasis, que haya
ninguna prisa.
¿Sabe quién reclama que la obra de la alta velocidad llegue a Barcelona cuanto antes? Se lo voy a decir por este orden: primero, todos los ciudadanos por donde transcurren las obras, todos; fue la primera demanda que me hicieron
el otro día, que se terminen cuanto antes las obras de alta velocidad, y es bien razonable. Por eso, señor Herrera, se trabaja con gran intensidad cuando hay una obra de alta velocidad en entornos urbanos, porque provoca grandes molestias y hay que
hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Es razonable? Parece que sí. Seguramente si se vive en Hospitalet, sí. Seguramente, si se va allí y se habla con los vecinos de Hospitalet, también se sepa y se pueda transmitir honestamente aquí en esta
tribuna porque es lo que quieren los ciudadanos por donde atraviesan las obras de alta velocidad. (Aplausos.) La segunda circunstancia que aconseja que las obras de alta velocidad terminen cuanto antes son las propias cercanías. Sé que este es un
debate que seguramente resulta difícil cuando se tiene una posición ideológica, como usted ha expresado, en torno a cercanías y alta velocidad, pero, desde el punto de vista de lo que representa la planificación, el desarrollo y la ejecución de la
infraestructura ferroviaria, cuanto antes acabe la obra de alta velocidad más fácil tendremos que Cercanías funcione mejor, porque libera vías, porque permite obras e inversiones y, por tanto, hay una relación directa entre esas dos circunstancias.
Voy a hacer una referencia a las mejoras que se han hecho en los tres presupuestos que llevamos ejecutando, 2005, 2006 y 2007, porque obviamente el de 2004 fue el presupuesto que nos encontramos, que había respaldado una mayoría
parlamentaria distinta. Ampliación de líneas. Se han puesto en servicio 14 nuevos kilómetros de red. En mayo de 2005 se amplió la línea 7, entre Hospitalet-Cerdanyola Universidad-Martorell, incorporando dos nuevos municipios a la red de
Cercanías, Rubí y Sant Cugat. En julio de 2006 se prolongó la línea 10, aeropuerto-estación de Francia hasta la nueva estación de Francia, lo que ha permitido extender la oferta de Cercanías a dos nuevos barrios de Barcelona, La Barceloneta y La
Ribera. Con esta ampliación la cobertura del servicio de Cercanías de Barcelona ha aumentado en 30.000 personas. Se ha puesto en servicio el ramal de Castellbisbal-Can Tunis, en febrero de 2007, destinado al tráfico de mercancías que van hacia o
desde el puerto de Barcelona. Ha supuesto una inversión de 204 millones de euros y con esta actuación se incrementa un 10 por ciento la capacidad para tráfico de Cercanías en la línea C-2, al liberar a esta del tráfico de mercancías. Además, se
produce una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos al suprimir el tráfico de mercancías por el interior de numerosos municipios de Barcelona como Calafell, Cunit, Cubelles, Sitges, Garraf, Castelldefels, Gavà, Viladecans o Bellvitge.
Mantenimiento y modernización de la red de Cercanías. Mantenimiento de la red. Durante la pasada legislatura solo había 449 técnicos dedicados al mantenimiento en toda la red de Cercanías de Barcelona. Esto suponía una falta de atención a
la red ferroviaria, aunque no era un caso excepcional dentro del conjunto de la red convencional. Por ello, se ha aumentado en 250 los técnicos de Cercanías destinados a labores de mantenimientos de la red: de 449 en 2004, a 699 técnicos en la
actualidad, un incremento del 55 por ciento. En la anterior legislatura, la inversión destinada al mantenimiento de toda la red de Cercanías de Barcelona solo alcanzaba la cifra de 21 millones de euros de media anual. En estos momentos está en
88,5 millones el mantenimiento de infraestructuras de Cercanías, es decir una inversión media anual de 29 millones de euros. Solo en estos tres años de legislatura se ha invertido más en mantenimiento que en toda la legislatura anterior.
Actuaciones en el carril de la vía. En mayo de 2007, se ha finalizado la reparación de la totalidad de los puntos defectuosos que se detectaron en la auscultación ultrasónica de carril, lo que ha supuesto un aumento de la calidad de la
rodadura y una reducción de la probabilidad de roturas.
Modernización de la catenaria. En mayo de 2007, se finalizó la corrección de la totalidad de los defectos detectados en las inspecciones y en la auscultación geométrica extraordinaria de la
catenaria. Ya se han rehabilitado 51 kilómetros de catenaria y antes de final de año se
habrá completado la rehabilitación de otros 74 kilómetros más, hasta un total de 125 kilómetros, de los 433 kilómetros que tiene toda la red. El pasado 18 de septiembre, se han adjudicado las obras de dos actuaciones de rehabilitación de
catenaria, por subrayar las últimas, correspondientes a los tramos Sants-Cunit y Montcada-Sagrera, y en el convenio que hay con la Generalitat de Catalunya es el ministerio quien asume la financiación, con una inversión de 15 millones de euros para
las estaciones nuevas de Granollers centro, Mataró y Terrasa-Manresa.
Modernización del suministro eléctrico. Antes de final de año estarán disponibles cuatro nuevas subestaciones móviles ubicadas en aquellos lugares de mayor necesidad, de acuerdo a los estudios de potencia realizados. La primera de ellas
está disponible desde el 3 de octubre en Sant Sadurní, y el ADIF ha anunciado la construcción de seis nuevas subestaciones eléctricas modulares, las cuales se han adjudicado el 24 de agosto por 12 millones de euros. También ha habido modernización
en el sistema de control de tráfico, modernización de enclavamientos y señalización, con cuatro enclavamientos susceptibles. También ha habido auxilio de trenes parados por falta de suministro eléctrico, nuevas estaciones y mejora de las
existentes. Se han puesto en servicio las estaciones de Arenys de Mar y Bellvitge. Esta última estación fue la que sufrió por cierto el socavón el otro día. En El Prat se ha construido una nueva estación de Cercanías que se puso en servicio en
marzo de 2007, además de las obras de remodelación de la estación de Sants.
Material móvil, número de trenes. En la legislatura anterior, señor Duran, no hubo ningún incremento de material móvil en la red de Cercanías de Barcelona. No sé cuántas interpelaciones hubo de Convergència i Unió, no lo he contrastado.
El número de trenes entre 2000 y 2004 permaneció inalterado en 155, cuando crecía la demanda de ciudadanos de una manera muy importante. En esta legislatura ya se han incorporado para las cercanías de Barcelona 36 nuevos trenes, de los cuales 22
son Civia, que se han destinado a reforzar el servicio en hora punta, en la que ahora circulan en doble composición y constituyen el 64 por ciento de los servicios. Antes de finalizar 2007, se incorporarán 5 trenes más, de los cuales 4 serán Civia.
Con todas estas incorporaciones se totalizarán 41 nuevos trenes, es decir un 26 por ciento más de los que había al final de la anterior legislatura, un incremento del 33 por ciento. No quiero seguir dando datos, pero son bastante elocuentes.
Señor Herrera, Señor Tardà, señor Duran, el Gobierno que presido ha invertido desde el año 2005 de manera sistemática en Cercanías, en ampliación de red, en incremento de efectivos, en mejora de la electrificación, en aumento muy notable de
trenes. Ahora, si ustedes quieren que en tres años de esfuerzo político e inversor recuperemos el abandono de diez o quince años de Cercanías, les digo desde aquí que no es posible y se lo digo a los ciudadanos de Barcelona, que vamos a necesitar
al menos un par de años más para que las cercanías de Barcelona funcionen ejemplarmente. Podrían, señor Herrera, señor Tardà, hacer un reproche si estos datos que he dado aquí no reflejaran la atención, la inversión y el esfuerzo por Cercanías en
el área de Barcelona, pero sinceramente los hemos tenido; hemos aumentado la inversión en todos los aspectos que representa Cercanías. Que Cercanías funciona mal, que tiene graves deficiencias en Barcelona, por supuesto que sí, pero, honradamente,
en tres años no se podía arreglar un deterioro que data de hace diez, quince y, en alguno casos, veinte años. Subir aquí a la tribuna a criticar Cercanías cuando en la legislatura pasada no se ha incorporado un tren nuevo en toda Cercanías,
mientras nosotros llevamos ya 22 en tres años, es realmente meritorio. (Un señor diputado: Sí, señor.) Tengo el convencimiento absoluto de que este va a ser el Gobierno -este, el Gobierno que presido- que, con más o menos apoyo, con más o menos
comprensión por parte de esta Cámara -y espero tenerla-, va a hacer y va a cambiar el déficit histórico de infraestructuras en Cataluña, y que va a conseguir la segunda modernización de Cataluña en infraestructuras para que sea líder en
infraestructuras ferroviarias y tenga unos Cercanías ejemplares. (Aplausos.) Estos son los datos.
Señor Tardà, tengo que decirle que no me sorprende que usted diga que pensaba que era diferente y piense que soy igual. Desde hace algún tiempo en sus intervenciones, especialmente desde una que tuvo aquí en un debate de totalidad sobre una
ley que precisamente se ha aprobado hoy, lo que pueda aportar en relación con cómo entiende el debate político y la traslación al terreno personal, sinceramente deja mucho que desear; se lo tengo que decir. (Aplausos.-Varios señores diputados:
¡Bien!)
Quiero agradecer al señor Duran el tono bastante constructivo que ha tenido dentro de un tema fácil para la crítica. Entiendo que este es un tema fácil para la crítica dura a la responsabilidad política, porque el hecho que haya sucedido es
grave y afecta a muchos ciudadanos. Aun así, ha intentado un equilibrio que agradezco. No le voy a dar ninguna cita, simplemente le pido que repase un poco la hemeroteca cuando pasaba lo que pasaba con el AVE de Madrid a Lleida. No sé si es que
todavía el viento del Majestic permanecía vivo. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Oh!) Lea lo que decían, no usted sino sus máximos representantes, cuando hubo problemas serios en el plazo y en la ejecución de la obra. Ustedes decían que no
era el tiempo de criticar sino el tiempo de ayudar. Me parece bien que cuando hay problemas en la construcción del AVE con el PP digan que no es el tiempo de criticar, pero no que cuando hay problemas con este Gobierno, que desde luego no ha
incumplido en los plazos, sí haya actitud de crítica aunque sea moderadamente. No. (Aplausos.) Puede usted ir a la hemeroteca y coger las declaraciones del señor Puig, del señor Mas y del señor Pujol; declaraciones que yo he ido contrastando
estos días para preparar esta intervención.
Señor Herrera, tenemos una diferencia sustancial en relación con la alta velocidad, desde el punto de vista de lo que aporta al progreso económico y social y de lo que representan las prioridades. Creemos que es realmente compatible
invertir en Cercanías e invertir en alta velo
cidad. Permítame que le diga que si ahora hemos tenido que suspender Cercanías, con el daño que provoca, durante un tiempo, no ha sido obviamente por la construcción del AVE, no; ha sido porque un tramo del AVE no se ha hecho bien, que es
distinto. Eso puede pasar. Estamos hablando -insisto- de 2 kilómetros de tramo de los 1.700 que en estos momentos se están construyendo de alta velocidad, que, señor Herrera -créame-, van a mejorar también el funcionamiento de Cercanías en
Barcelona; más allá de quienes ahora usen uno u otro medio de transporte, lo va a mejorar.
La apuesta por el ferrocarril de este Gobierno es una apuesta medioambiental, por la superioridad medioambiental que tiene ante el reto de las emisiones frente al automóvil, y no digamos frente al transporte aéreo, una superioridad absoluta,
así como la eficiencia económica y la vertebración territorial que consigue la alta velocidad. Yo respeto su opinión de que considere que la alta velocidad tiene más aspectos negativos que positivos. Sinceramente, lo que no puedo asumir es que no
hemos trabajado en Cercanías y que no hemos priorizado en Cercanías.
Todos los datos que acabo de dar están ahí, entre ellos el volumen de inversión.
¿Que no se han arreglado todos los problemas que Cercanías tiene? De acuerdo. Le he dicho que eso va a exigir renovar un deterioro de hace veinte o treinta años. ¡Pero si hay catenarias de hace treinta años en Cercanías que no se habían
renovado! Renovar una gran parte de la catenaria de Barcelona exige inversión, trabajo, esfuerzo y, a la vez, hay que mantener un servicio que aumenta y que crece, porque cada vez más ciudadanos usan Cercanías como consecuencia del aumento de
población de Barcelona y toda su área. Tenemos esa discrepancia. Sé que no nos vamos a poner de acuerdo, pero mantengo de manera clara que es compatible, que es conveniente alta velocidad y Cercanías.
Agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco sus palabras y su reflexión sobre lo que está sucediendo. Creo que le he introducido elementos de tranquilidad suficiente. Todas las obras de alta velocidad -repito-, 1.700 kilómetros en
toda España en estos momentos, algunas de ellas difíciles desde el punto de vista de la ingeniería por los sitios por los que tienen que transitar, por la orografía del terreno o por la densidad urbana, como es en este caso, se realizan con el
máximo de los controles posibles. Le puedo asegurar que esa ha sido la actitud que mantiene la Administración responsable en esta materia, que es el ADIF, en todos los tramos. Todos podemos asumir, todos podemos admitir que una u otra empresa
constructora, cualquier empresa constructora, ante un sistema que prueba para hacer una determinada fase de la construcción, decisiva en la impermeabilización de un túnel, puede no acertar en un momento dado. El tema es que no acertar construyendo
una variante como la de Guadarrama o construyendo el AVE por una zona de la provincia de Toledo no tiene ninguna repercusión, pero aquí tenemos la singularidad de que Cercanías, por la que transitan miles y miles de personas diariamente y que es
vital para sus vidas y sus trabajos, está a cuatro o cinco metros. Y se ha dado la circunstancia fatal de que algo que no es habitual, que es que nuestras empresas constructoras, que tienen una fama acreditada, tengan un fallo constructivo en la
impermeabilización, se haya producido justo en este tramo. Pero no ha sido -créame- ni por prisa ni porque la brillante ingeniería y los muy buenos técnicos que tiene la alta velocidad española no hayan estado a la altura de las circunstancias.
Solamente le quiero dar un dato; los tengo aquí todos. Ha habido 34 escritos, después de 34 supervisiones, instando a las empresas, en este caso a la empresa concreta de este tramo, para que recondujera su actuación y reparara deficiencias, y aquí
están. Puede usted comprender que, ante la insistencia que han planteado muchas señorías en el terreno de la responsabilidad política al equipo ministerial, el presidente del Gobierno haya evaluado las circunstancias de cómo se había producido esta
situación y lo haya evaluado con serenidad y a fondo. Es evidente, señor Duran, que para tomar las decisiones que hemos tomado, desde el punto de vista de solucionar la problemática creada, hemos consultado rápidamente a todos aquellos que creíamos
que podían ofrecer lógicamente una aportación definitiva, tanto en el ámbito de la Administración pública, de los técnicos de la Administración pública, como en el ámbito privado, en el ámbito de las constructoras, que, por cierto, quiero resaltar
aquí que todas ellas -todas las grandes constructoras del país- se han ofrecido al Gobierno para hacer un esfuerzo... No, señor Duran, no me tuerza el gesto. Quiero matizar: se han ofrecido, generosamente, todas las grandes constructoras para
ayudar al Gobierno a solucionar el problema constructivo que se ha ocasionado en ese tramo concreto de Hospitalet de Llobregat. He evaluado cómo se han hecho las cosas, cuál es el desarrollo que tiene España en materia de infraestructuras, que es
el país que en estos momentos está construyendo más kilómetros de alta velocidad y más kilómetros de autovía. Por tanto, entiendo que hay elementos suficientes para mantener la confianza, arreglar los problemas, cumplir con los compromisos y, desde
luego, tratar de paliar lo que ha sido, durante todo este tiempo, los muchos perjuicios y trastornos que hemos causado a los ciudadanos de Barcelona.
Por último -ya para terminar antes del turno de réplica y espero que haya dado contestación a la gran mayoría de las cuestiones que se han planteado, incluso algunas han sido muy concretas-, deseo referirme -ya para finalizar, nuevamente- a
los ciudadanos afectados de Barcelona. Por supuesto que el párrafo que usted invocaba del artículo que escribí en La Vanguardia no tenía la intención que parece que pudiera desprenderse de la literalidad del mismo; no la tenía. Por supuesto que
la responsabilidad y las quejas se tienen que escuchar de los ciudadanos y de todos los grupos políticos y, muy especialmente, de aquellos grupos políticos que de una u otra manera han dado respaldo al Gobierno. Para terminar, y dirigiéndome a los
ciudadanos afectados de Cataluña, quiero nuevamente reiterar (Rumores.) que la responsabilidad es del
Gobierno, que esa responsabilidad para mí supone reconocer el fallo, grave en este caso, asumir la petición de excusas de los ciudadanos, arreglar los problemas y, por supuesto, también dar todas las explicaciones en esta Cámara;
explicaciones que, por cierto, se han producido de manera voluntaria a iniciativa del Gobierno, si bien es verdad -hay que ser leal siempre con la verdad- que ya se me había requerido anteriormente en otras ocasiones para comparecer ante problemas
que tienen que ver con las infraestructuras de Cataluña. En todo caso, señor Duran, sí estará al menos de acuerdo conmigo que en cuanto a comparecencias como presidente ante problemas he tenido una trayectoria al menos defendible, si el criterio de
defender cuál ha sido el comportamiento cuando esta Cámara me ha requerido son los antecedentes. Seguramente, en el futuro aún mejoraremos en esa dirección.
Muchas gracias. (El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tal y como estaba establecido, procede una segunda intervención.
Lamentando lo ocurrido anteriormente, señor Rajoy, tiene usted el doble de tiempo, diez minutos. (Varios señores diputados: ¡Bien!)
El señor RAJOY BREY: Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, lo digo como lo siento: creo que su intervención ha sido muy poco respetuosa con los ciudadanos. Ha dedicado buena parte de ella a hablar de mí, a hablar del Partido Popular, sin duda alguna los culpables de todos
los grandes males de la historia moderna de España.
(Aplausos.) Yo no voy a hacer lo mismo, señor presidente del Gobierno. No voy a hablar de la memoria histórica, ni de sus parientes, ni de la T-4, ni de las declaraciones que hizo usted el 29 de
diciembre, después de lo que pasó en la T-4. No voy a hablar del AVE a Sevilla, salvo para decir que mi partido está a favor, como es natural, del AVE a Sevilla y del AVE a todas las capitales de provincia de España. Mi partido solo se opuso a una
cosa respecto al AVE a Sevilla: al cobro de comisiones ilegales del Partido Socialista, tal y como dijeron los tribunales. (Aplausos.) Es a lo único que nos opusimos, señor presidente del Gobierno. Por tanto, le ruego que respete la verdad,
porque eso es muy importante y porque eso es lo que exigen los ciudadanos. A partir de ahí, estoy dispuesto a aceptar todo lo que usted quiera del Partido Popular. Para su tranquilidad, todo lo malo que pasó en España desde Las Navas de Tolosa es
culpa del Partido Popular. Puede estar usted tranquilo. Le ahorro, por tanto, problemas y que siga haciendo excursiones a través de la historia.
Permítame que le diga alguna cosa. No lo he visto bien en esta intervención, señor presidente (Risas.), y no es bueno que el presidente del Gobierno de España esté a un nivel como el que ha acreditado usted en el día de hoy, porque tiene
una responsabilidad muy importante. Permítame que le diga tres cosas. Nosotros hemos invertido en Cercanías -lo recordaba no hace muchas fechas en un debate en la Comisión de carreteras el portavoz de Convergència i Unió- 525 millones de euros
durante los años 2000 a 2004 y ustedes han invertido 52 millones de euros, que es la décima parte, señor presidente del Gobierno. Y los trenes de Cercanías que han incorporado eran trenes de Cercanías que había contratado el Gobierno del Partido
Popular. No debería usted faltar a la verdad al conjunto de la opinión pública. (Aplausos.) No le pido que diga nada bueno del Partido Popular -es imposible que usted pueda decir algo bueno del Partido Popular-, pero sí me gustaría recordar que si
usted puso fecha a la inauguración los días 21, 22 y 23 de diciembre de un AVE a Barcelona, otro a Málaga y otro a Valladolid es porque antes había un Gobierno, que no sé de qué partido era, que adjudicó esos AVE, a los cuales usted ha puesto fecha
de inauguración. Simplemente le recuerdo eso.
Vamos a lo que se supone que es lo importante, señor presidente del Gobierno. Usted ha hablado de credibilidad, ha hablado de responsabilidad y ha hablado de confianza, pero para que haya credibilidad, confianza y responsabilidad los
dirigentes políticos y los gobernantes tienen que transmitir credibilidad, confianza y responsabilidad, y su ministra de Fomento, como ha quedado claro tras las intervenciones de todos los portavoces en el día de hoy, no genera ninguna credibilidad.
Es lógico, señor presidente. La ministra de Fomento -diario catalán La Vanguardia- el 13 de abril de 2007 -si es que no puede ser- dice lo siguiente: El AVE llegará a Barcelona a final de 2007 a 300 kilómetros por hora. Luego, naturalmente,
descalifica todo lo que hizo el Partido Popular y, como estaba tan contenta de sus éxitos, dijo: En Barcelona me harán un monumento. (Risas.-El señor Rajoy Brey muestra el recorte de prensa.-La señora ministra de Fomento, Álvarez Arza, hace signos
negativos.) Señor presidente del Gobierno de España, ¿usted cree que con esa arrogancia, con esa prepotencia y con la ineficacia que ha demostrado, alguien de esta Cámara, aunque sean los miembros del Partido Socialista, pueden pensar que la
ministra de Fomento está en condiciones de afrontar un reto tan importante como este del que estamos hablando? Señor presidente, ¿cuándo se va a inaugurar ese monumento? ¿Tiene fecha? ¿Va a ir usted a la inauguración del monumento a la ministra
de Fomento? No se puede actuar con esos comportamientos en la vida pública, echando las culpas de todo a los demás, sin asumir su responsabilidad. Le han echado ustedes la culpa a la mala suerte, a los rayos, a la falta de inversiones, al azar, a
las eléctricas, a las tormentas, al contratista, y siempre al Partido Popular. Señor presidente del Gobierno, el Partido Popular habrá cometido sus errores como cualquiera pero, desde luego, no ha llegado al límite al que ha llegado el Gobierno que
usted preside ni al del ministerio que dirige la ministra a la que usted ha nombrado. (Aplausos.)
Señor presidente del Gobierno, en su afán por separarse del Partido Popular y en su afán por decir que todo lo que había hecho el Partido Popular estaba mal, liquidó una forma de actuar que era muy razonable, que es que los trabajadores de
las obras del AVE trabajaban tres turnos, con lo cual se trabajaba las 24 horas, con lo cual la obra se podía terminar
antes y con lo cual se iban a generar muchas menos molestias a los usuarios, pero la ministra de Fomento, como esa era una decisión que había adoptado el anterior ministro de Fomento, decidió que eso no podía ser así. Ahora bien, en agosto
de este año, como se dieron cuenta de que no iban a poder hacer las inauguraciones, volvieron, dos años y medio después, a los tres turnos. (Aplausos.)
Señor presidente del Gobierno, lo que ha pasado aquí se lo han dicho todos los portavoces; lo saben todos los ciudadanos; lo han recogido todos los medios de comunicación. El único criterio son sus prisas, sus ansias inaugurales, sus
neurosis electorales. Le importa más la foto, le importa más la política y le importa más la inauguración que los intereses de los ciudadanos. (Rumores.) No, no, es que en la política los gobernantes tienen la obligación de explicar lo que hacen
en las Cámaras y de atender lo que dice la oposición. (Rumores.) El precio que estamos pagando no es solo el de unas obras que se han convertido en un agujero sin fondo y sin fecha. El precio, señor presidente del Gobierno, son los centenares de
miles de personas que sufren un castigo cotidiano para poder cumplir con su obligación porque S.S. tenía prisa. El precio es la deuda que S.S. no quiere reconocer: la ración de rabia, de impotencia y de amargura que se ha colado en la vida de
centenares de miles de personas como consecuencia de su forma de gobernar pueril y arrogante. Así es, señor presidente del Gobierno. (Aplausos.) Así debiera saberlo. No le cuento ni las horas de trabajo perdidas ni el deterioro de la imagen de
Barcelona y de Cataluña entera. No vale ahora venir aquí a decir: pido excusas, a no asumir ninguna responsabilidad, a mirar hacia otro lado y a hacerse el loco, señor presidente del Gobierno. En política hay que actuar como debe actuar y como
corresponde a alguien que asume una responsabilidad como la suya.
Señor presidente del Gobierno, si quiere y puede hacer algo razonable le diré lo siguiente: hay que restablecer el servicio de Cercanías con la máxima seguridad; la movilidad de los centenares de los miles de usuarios ha de primar por
encima de la fecha de inauguración del AVE. Ándese usted con cuidado con la inauguración de los tres AVE que tiene prevista. Pero, ¿cuándo se ha visto en la moderna historia de España que un dirigente político, seis meses antes de pretender
hacerlo, ponga fecha a tres inauguraciones del AVE? Señor presidente del Gobierno, no tenía más objetivo que el electoral, el presumir, el inaugurar, los telediarios; lo saben todos los ciudadanos y lo sabe usted. Detenga usted las obras del AVE
en aquello que afecta al servicio de Cercanías. Revise el plan de ejecución de obras pendientes y audite la seguridad de las obras ya realizadas. Un ruego, señor presidente del Gobierno: cambie el trazado del AVE, con la finalidad de que no pase
por la Sagrada Familia. Se lo llevamos diciendo ya desde hace mucho tiempo; se lo dice una parte muy importante de la sociedad catalana; se lo ha dicho el Ayuntamiento de Barcelona. La prepotencia y la arrogancia no son buenos consejeros a la
hora de gobernar.
Por último, señor presidente del Gobierno, como toda la Cámara y como la inmensa mayoría de los ciudadanos que creen en las reglas de la democracia y que creen que hay algo que se llama responsabilidad política y que se da en esta Cámara:
depure usted las responsabilidades y cese, como aquí se le ha pedido, a la ministra de Fomento y a su equipo. No están capacitados.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Duran. (Rumores.)
Silencio, por favor.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me permitirán que exprese un sentimiento personal compartido por el conjunto de miembros... (El señor Cuesta Martínez: A ver.) Sí, señor Cuesta, me permitirá que exprese un sentimiento personal. Muchos aplausos de unos a los
otros cuando nos recuerdan hechos del pasado, muchas sonrisas. Mucho me temo que fuera de este hemiciclo no nos hayan aplaudido. Mucho me temo que en este debate haya habido mucha desconsideración respecto a los ciudadanos. Mucho me temo que a
los usuarios de los trenes de Cercanías de Barcelona y a quienes repercute la actual situación no les venga a cuento hablar del Prestige, ni de las comisiones del AVE ni de la guerra de Irak. Mucho me temo por tanto que este debate haya
profundizado mucho más en la desafección de la ciudadanía hacia los políticos. Eso es lo que quería decir, señor Cuesta, con su permiso. (Rumores.-Aplausos.)
Dicho esto, señor presidente del Gobierno, es cierto que la decisión del trazado la consensuamos entre todos, claro que sí, pero aquí no hemos venido a discutir sobre la decisión del trazado. Será más o menos cierto -a mi juicio, menos
cierto- que se invierte más o menos ahora que antes en Cataluña, pero este no es el debate de inversiones -lo hicimos en la enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat-, este debate no tiene otro sentido que analizar la ejecución de
una obra pública en un tramo concreto, que ha provocado unas consecuencias concretas que nunca provocó el trazado de Madrid a Zaragoza en la época en la que, según usted me recuerda, hacíamos una crítica menor. Es muy distinto. No es justo
comparar los socavones del AVE antes de llegar a Zaragoza, por importantes que fueran -y yo los critiqué-, con lo que está sucediendo en estos momentos en Cataluña. No es justo. Nadie se lo va a creer. No tiene comparación de ninguna de las
maneras, señor presidente del Gobierno. Por tanto, no me recuerde nuestra posición en el pasado; la memoria histórica la discutimos esta mañana. Simplemente le recuerdo que no es justo tratar por igual una situación que la otra. Ahora hay
centenares de miles de ciudadanos que día tras día están sufriendo las consecuencias de la incapacidad de gestionar una obra pública. Ese y no otro es el motivo de la discusión del día de hoy.
Por supuesto que entiendo, señor presidente -se refería a mí personalmente-, que las empresas se hayan dispuesto a colaborar. El problema no es fiarnos o no de las empresas. Yo me fío mucho más de las empresas que
de quienes desde el Ministerio de Fomento están ejecutando esta obra pública. Claro que las empresas se ponen en disposición. Lo entiendo y lo suscribo perfectamente, señor presidente del Gobierno. Claro que nosotros -se lo decía antes- y
todas las fuerzas políticas, básicamente catalanas, hemos hecho lo que hemos hecho en cuanto al trazado. Lo describe muy bien hoy una cronología que aparece en el diario La Vanguardia, en el suplemento Vivir, que repasa paso por paso lo que ha
sucedido respecto a las decisiones políticas en torno a la alta velocidad. Señor presidente del Gobierno, yo le decía que ustedes no solamente no ejecutaban bien, sino que además estaban ejecutando sin diálogo con las administraciones.
Eso no me
lo ha rebatido, y eso no se puede ignorar, porque el mismo día que usted visitaba Barcelona u Hospitalet, señor presidente, el diario La Vanguardia también decía claramente que El Prat iba a ser la estación de llegada del tren de alta velocidad.
Madrid-El Prat, decía el suplemento Vivir de Barcelona. Consecuentemente, señor presidente del Gobierno, no rechacemos responsabilidades mirando al pasado. Estamos analizando un hecho del presente. Estamos analizando única y exclusivamente si en
estos momentos hay una responsabilidad política o no la hay. A la ministra le he dedicado diez segundos, señor presidente del Gobierno. Ya sabe que deseamos su dimisión. Sabe que desde hace muchos meses venimos advirtiendo respecto a los errores
de gestión del Ministerio de Fomento.
No he dedicado más tiempo a la señora ministra y por tanto no puede recriminarme que haya hablado más de la ministra que de los usuarios porque no es cierto.
Por otra parte, señor presidente del Gobierno, habla usted de inversiones.
Los datos siempre son difíciles de contrastar; cada uno dice los suyos.
Le leo una respuesta parlamentaria que le dio el Gobierno a nuestro diputado, señor
Vilajoana. Evolución del parque de trenes, Cercanías, Barcelona: 2002, 162; 2003, 168; 2004, 156; 2005, 156; 2006, 164. Dos trenes más de Cercanías. Respuesta oficial, no datos suyos o míos subjetivos; respuesta oficial publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes, señor Rodríguez Zapatero. Por tanto, en Cercanías ustedes han invertido lo que han invertido.
Pero reitero que este no es un debate de inversión, es un debate porque pura y simplemente ustedes querían y deseaban -lo entiendo políticamente- que llegara -lo anunciaron a bombo y platillo- el tren de alta velocidad a Barcelona el 21 de
diciembre. Ustedes han metido prisas. Ustedes no han hecho caso de las advertencias de esta Cámara. La ministra de Fomento y su equipo se han saltado, por tanto, los criterios que veníamos advirtiendo respecto a los problemas. Y no es cierto,
señor presidente, que todas las obras que el Gobierno que usted preside ha inaugurado después no requieran una atención especial. En Montblanc -también lo recoge La Vanguardia- el AVE va al ralentí, a 80 kilómetros por hora. No simplemente porque
lo diga La Vanguardia, yo he vivido esa experiencia.
Allí ralentiza la velocidad. ¿Por qué, señor presidente del Gobierno, por qué va más lentamente en Montblanc? ¿No habrá que hacer alguna cosa también ahí? Que conste que soy y seguiré siendo
usuario del AVE cada vez que haya que ir a Tarragona y seguramente cuando exista -ojalá, cuanto antes mejor- a Barcelona.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.
Le corresponde el turno al Grupo de Esquerra Republicana. Señor Tardà, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, he sentido un profundo desengaño, decepción e indignación viendo el espectáculo que han montado ustedes, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que nada tiene que ver con la razón primera que nos ha llevado al
debate. Después de meses de intentarlo, de batallarlo, finalmente conseguimos que usted viniera y han montado este espectáculo que -repito- nada tiene que ver con los problemas reales de las personas. Cánovas y Sagasta (señalando a ambos lados de
la Cámara), me reconocerá que no eran políticos con una higiene democrática demasiado desarrollada. Ustedes han estado absolutamente alejados de la realidad que hoy demandaba este Pleno. ¿Qué tenemos en la actualidad? ¿Qué tenemos? Tenemos una
sensación creciente entre la ciudadanía de Cataluña de desamparo: apagón eléctrico, caos aeroportuario, autopistas de peaje y además colapsadas, inversiones no ejecutadas, y la guinda del cúmulo de despropósitos el desastre ferroviario. Todo esto
tiene nombres que conocemos todos: Red Eléctrica, AENA, Renfe, etcétera. Mire si funciona mal en Cataluña su España que en el año -atención al dato, que decía aquel cómico- 1848, cuando se inauguró la línea de ferrocarril de Mataró-Barcelona, los
trenes a vapor realizaban el trayecto en treinta minutos; hoy día los trenes de Cercanías, de su Renfe, emplean cuarenta minutos; 159 años más tarde hemos perdido diez minutos. ¿A esto le llama progreso? Señor presidente, a los catalanes su
España no nos sale a cuenta. Cataluña merece que sus infraestructuras funcionen, ni más ni menos. Dejen de ofrecernos servicios low cost; esto no nos interesa. Por si fuera poco se nos tacha de insolidarios. La ciudadanía del resto del Estado
español instigada por estos y por alguno de los suyos muy importantes (El señor presidente del Gobierno hace gestos de negación.), sí, algunos de los suyos, creen que los bolsillos de los catalanes rebosan de dinero.
Señor presidente, déjese de palabras vacías, de visitas domingueras y aplíquese a la labor que le corresponde comprometiéndose con todo lo que anteriormente le he pedido: cese fulminante de la ministra; transferencia de 250 millones de
euros en tres meses al Gobierno de Cataluña para indemnizar a los afectados, usuarios y empresas que pierden competitividad -el trabajo que tenemos los catalanes para encarar y afrontar el expolio fiscal que usted sabe cuál es la causa y todavía no
he sacado las balanzas fiscales; fíjese si tiene trabajo por hacer todavía, señor presidente-; y compromiso de inver
sión por valor de 6.000 millones de euros hasta el año 2020. Y una cosa más. Déjese de visitar socavones, visite las estaciones de Renfe de Cercanías. Fíjese cómo aun sumergidos en el colapso y la precariedad de infraestructuras, uno tras
otro los trabajadores de Barcelona pagan rigurosamente su billete. Vaya usted a las estaciones de Cercanías, mire a la cara a los miles y miles de usuarios, básicamente trabajadores -nuestras clases populares-, y encontrará desánimo, rabia,
frustración y cansancio, mucho cansancio. Cansancio de que nada funcione, cansancio de no recibir ni la más mínima muestra de comprensión por parte del Gobierno español. Parole, parole, parole, como decía la canción. Fíjese en las aglomeraciones
bajo los paneles de información que anuncian irremediablemente un nuevo retraso. Fíjese bien en todo ello porque esa actitud es realmente ejemplar y cívica; la ciudadanía catalana es ejemplar y cívica. En cambio en Madrid, en el ministerio y en
el seno de su Gobierno no existe lealtad hacia Cataluña sino un continuo sabotaje a sus instituciones y su ciudadanía. A ello le emplazamos. Por cierto, cuando salga aquí a relatar todo el listado hable también de los niveles de ejecución, y no se
olvide de otros proyectos que no ha mencionado y que tienen mucho que ver con compromisos adquiridos de los cuales no se sabe nada, missing.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente, señorías.
Señor presidente del Gobierno, en primer lugar desearía agradecerle el tono de su respuesta en lo que hace referencia a mi grupo. Y desearía insistir en tres ideas finales para concluir al menos por nuestra parte este debate. Mirar hacia
atrás es obligado. Se quiera o no, no hay más remedio que mirar hacia atrás; es necesario, pero con una condición básica: que se mire lo justo para que podamos seguir caminando hacia delante. Con esto quiero decirle que para mirar hacia atrás
hace falta un retrovisor, pero girarse y mirar hacia atrás hace que de vez en cuando uno corra el riesgo de convertirse en una estatua de sal, y sinceramente el debate de hoy en algún momento -se lo digo como lo pienso- me ha parecido un debate
entre dos estatuas de sal hablando de algo que poco tenía que ver con la realidad presente; eso me ha parecido. En cualquier caso, hay que mirar hacia el pasado, y uno está en su derecho de mirar lo justo siempre que se haga sin ira, a poder ser
sin mucha melancolía y también -ojalá- sin excesivo interés electoral.
Mi grupo antes le ha dicho que mirando hacia atrás siente preocupación, siente desazón por elementos en los que he insistido y no voy a insistir nuevamente. También le he dicho y le he anunciado que en caso de una segunda intervención
insistiré en algunos aspectos positivos que mi grupo ve en usted personalmente y en su Gobierno cuando mira hacia atrás.
Nosotros reconocemos el esfuerzo presupuestario que ustedes están desarrollando en el capítulo de las infraestructuras de
transporte.
Nosotros le reconocemos muy sinceramente la apuesta por la alta velocidad; se lo decimos con toda claridad. Creíamos que esa era una apuesta que había que hacer con todas las de la ley. Y a usted en persona le agradecemos que haya
sido sensible a que en esa apuesta por el tren de alta velocidad haya tenido una visión no solo de un tren de alta velocidad para configurar internamente el Estado, sino de un tren de alta velocidad que sea capaz de conectar con los sistemas de
transporte de alta velocidad europeos. Usted ha hecho una apuesta por la Y como parte de un sistema de conexión con Europa que nosotros le agradecemos, porque creemos que forma parte de una visión necesaria en esa apuesta que hay que hacer respecto
al tren de alta velocidad; e insisto en que nosotros se lo agradecemos. También le reconocemos algo a lo que usted ha hecho referencia en su primera intervención, como es el PEIT, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte que ustedes
han elaborado.
Todos sabemos que los papeles aguantan todo; aguantan cualquier cosa con unas ejecuciones que en algunos casos pueden tener poco que ver con lo que se dice en los papeles, pero mi grupo reconoce que la visión de fondo del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte básicamente nosotros la compartimos. Por eso miramos hacia atrás no solo con desazón sino también con este reconocimiento que he querido hacerle explícito, pero prefiero mirar al presente, y en el
presente vuelvo a insistir en la idea de la simpatía y la preocupación hacia Cataluña y hacia los catalanes. Usted ha anunciado una serie de medidas y nosotros le deseamos el mayor de los éxitos, porque de ahí se va a derivar que los graves
problemas que en este momento están atravesando los barceloneses se palíen a la mayor brevedad posible.
Mirando al presente, también quiero insistir en que mi grupo mira con una enorme comprensión, casi una comprensión sin límites -fíjese- cuando se abordan problemas de la complejidad y de la dificultad de estas obras, por ejemplo, de las
obras de introducción del AVE, en los términos en que se ha definido su trazado en Cataluña. Es muy fácil subir a una tribuna y decir que aquello o lo otro está fallando, cuando todos sabemos que ante la complejidad de unas obras de ese calado las
sorpresas van a existir siempre. Quienes más o menos tenemos una experiencia de Gobierno -a veces en obras de no tanta complejidad, pero nos hemos visto ante este tipo de problemas- no queremos ser en absoluto exigentes frente a las dificultades
que van surgiendo y ante las que creo que la política debe tener una enorme comprensión hacia los técnicos, hablando en términos generales.
Termino diciendo que mi intervención quería ser mirando hacia el futuro, hacia ese futuro inmediato en el que usted ha anunciado medidas que nosotros apoyaremos deseándole el mayor de los éxitos, pero insistiendo también en que estas medidas
no solo deben paliar una situación, sino que hay que hacer lo posible y lo imposible para despertar, rehacer, confirmar no sé qué, pero tiene que haber más confianza de los ciudadanos en la
Administración a la hora de abordar este tipo de obras. Ese es un problema que su Gobierno tiene en este momento, pero es un problema que más o menos tenemos todos en todos los niveles administrativos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Señor Herrera, Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Creo que muchos usuarios no han entendido el debate de hoy, y seguro que no han entendido de qué se reían SS.SS. Hoy hemos faltado un poco al respeto a la gente. Tirarse los trastos por encima y hablar de Valladolid y de tantos sitios
cuando hoy hay un problema grave en Cataluña nos parece una frivolidad.
Señor presidente, hoy el problema lo tenemos con la gestión actual. El politiqueo se sitúa en el y tú más. La política se sitúa en saber cuáles son los errores, en las lecciones que se sacan y cuáles son las soluciones. Ni a nosotros ni a
los que cogen el autobús cada día nos tienen que explicar que el Partido Popular tiene responsabilidades porque lo sabemos. El Partido Popular tiene muchas responsabilidades por haber abandonado la red de Cercanías durante tantos años -lo hemos
dicho desde el primer día de la legislatura- y también Convergència i Unió. Pero a esas responsabilidades se suman otras y en este caso son las suyas.
Usted dice que nosotros tenemos una opción ideológica. No sé si nosotros tenemos una opción ideológica, lo que sí sé es que su Gobierno, por boca de su ministra, tiene una opción dogmática; insisto, dogmática. Y es dogmático decir, como
dijo la ministra de Fomento el 21 de marzo de 2007: En el punto en el que estaba todo en 2004 tuvimos que optar; me gustaría saber qué piensan los grupos políticos de esa opción: si creían que teníamos que haber retrasado la llegada del AVE y
haber solucionado primero el tema de las Cercanías, o si teníamos que haber suprimido los servicios de Cercanías, o si teníamos que haber tratado de compatibilizarlos. Su opción fue clara, una opción dogmática: el AVE.
Señora ministra, no han
compatibilizado nada, porque lo que han hecho es tener una red de Cercanías depauperada y degradada y han acabado teniendo un área metropolitana colapsada.
En cuanto a los vecinos de L'Hospitalet, es que yo estuve antes, señor presidente. ¿Y sabe qué le piden los vecinos de L'Hospitalet? Que las obras paren por la noche porque no pueden dormir en Gornal. Por tanto, no me diga lo que le dicen
los vecinos de L'Hospitalet, que eso es lo que le están pidiendo: que paren por la noche y que vayan más lentas.
Soluciones. Nosotros le proponemos que posponga la llegada del AVE, que paren las obras y que garanticen el restablecimiento del servicio de Cercanías. Hoy la gente quería escuchar en qué fecha se ponen en marcha las Cercanías. ¿Saben qué
han escuchado? Que usted se vuelve a comprometer a que el AVE llegue antes de acabar la legislatura. ¡Qué tristeza! Las Cercanías colapsadas y ustedes se vuelven a comprometer a que el AVE llegará antes de que acabe la legislatura.
Las obras que han realizado. Nueva estación en Bellvitge. Señor presidente, tiene un problema con su ministra, le informa mal, muy mal.
Nueva línea que comunica el barrio de la Ribera y la Barceloneta. ¿Saben qué es eso? Núcleo de
Barcelona completamente conectado con la estación de Metro de la Barceloneta. Catorce nuevos kilómetros de vías. Pero si la línea de Sant Cugat ya estaba acabada y la línea de Papiol-Mollet, que era la única que permitía ir de norte a sur sin
tener que atravesar Barcelona, la han licitado este verano. (La señora ministra de Fomento hace gestos de negación.) No diga que no, señora ministra, si es así, es así. Lo triste es que de lo único que pueden presumir es de 14 kilómetros de
ferrocarril convencional y, en cambio, hablan de 1.800 kilómetros de AVE, y además esos 14 kilómetros resulta que ya estaban. Mal negocio ha hecho con la ministra, señor presidente, mal negocio ha hecho.
(Aplausos.) En la línea Barcelona-Puigcerdà
-estudio informativo presentado por nosotros- se va a una velocidad inferior a la de los años treinta: se tardan casi dos horas en hacer 50 kilómetros. Pero, eso sí, estudio informativo para desdoblar vías. ¿Para qué? Para eso está la obsesión,
el dogma del AVE. Y señalización, ni una nueva. No le voy a dar datos, pero los datos son esclarecedores. La inversión en Barcelona, en Cercanías, no es que sea ridícula, es pírrica. Han invertido más en Madrid y en Bahía de Cádiz -y me parece
muy bien que inviertan- que en Barcelona, en la red más depauperada de toda España.
Acabo ya, señor presidente, diciendo que nosotros no hacemos leña del árbol caído. Nosotros decimos hoy lo mismo que decíamos el primer día de legislatura, exactamente lo mismo: que antes de entrar el AVE en Barcelona tenían que invertir
en Cercanías. Sentido común, no ideología.
De hecho, ese reconocimiento me lo han hecho llegar muchos diputados socialistas que, además de la ministra, estaría bien que usted escuchase.
El primer presupuesto lo negociamos con el señor Pérez
Rubalcaba. ¡Ay si desde el Ministerio de Fomento nos hubiesen hecho un poquito de caso! Desde el primer día dijimos que tenían que invertir más en Cercanías pero hicieron caso omiso -ya lo saben-, y lo más terrible es que hoy ustedes han hecho un
discurso muy parecido al que vienen haciendo. Yo ya sabía que usted no asumiría la responsabilidad de la ministra pero esperaba otra cosa. Esperaba que empezasen a cambiar su discurso y a cambiar las prácticas, que priorizasen de una vez por todas
las Cercanías, que abandonasen el triunfalismo y que, sobre todo, no nos dijesen que su única asunción de errores es un error técnico y que no ha habido ni un error político ni un error de tiempos ni un error de gestión. Señor presidente, ¡qué
tristeza! (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Mixto. (Pausa.)Señora Cunillera, por favor.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Aquí hemos apelado todos a los ciudadanos -por un lado y por otro se han dicho cosas distintas-, pero yo les digo que los ciudadanos de Cataluña sí han entendido este debate. Lo que a lo mejor no entienden es otra cosa que luego, si me da
tiempo, voy a decir.
El señor presidente del Gobierno ha dado aquí una serie de datos de realizaciones que se han hecho en esta legislatura. Se ha dicho por el Grupo Popular que en su época se había gastado muchísimo más, creo recordar que se ha dicho como diez
veces más de lo que llevaba invertido el Gobierno socialista. Pues bien, si eso fuera verdad, ¿cómo puede ser que haya habido esa lluvia de millones de euros sobre Cataluña y nadie los haya visto? ¿Cómo puede ser que no conozcamos ni una línea de
Cercanías, ni una línea de lo que podríamos entender como la media cercanía? Es decir, ¿cómo puede ser que ustedes invirtieran tan poco en las líneas de Manresa, en las de Tarragona, en las que van a Monzón, etcétera, habiendo gastado tantísimo
dinero? Por tanto, estaría bien que la próxima vez que discutamos -el señor presidente del Gobierno ha traído unos datos, unas realizaciones, unas inversiones en marcha, otras que se van a hacer- contrastemos las inversiones con aquellas que dice
el Partido Popular que ha hecho en Cataluña y veremos esa gran inversión del Partido Popular en Cataluña, porque yo soy receptiva siempre a lo que dicen todos los grupos de la Cámara, desde los grandes, que no te atienden, a los pequeños, que te
atienden y no te entienden. ¿Cómo pueden ustedes interpretar tan mal al Grupo Socialista? ¿Cómo puede ser que digan ustedes que nosotros reaccionamos en los debates igual que reacciona el Grupo Popular? Señor Tardà, eso es profundamente injusto y
falta a la verdad. No es cierto, nosotros escuchamos a todos los grupos.
(Aplausos.) Señor Tardà, le escuchamos incluso a usted, escuchamos a todo el mundo. No siempre nos gusta, no siempre compartimos lo que dice, pero no se podrá quejar usted
de que no le atendemos, como hemos atendido al resto de grupos. Por tanto, no vale venir aquí con el discurso hecho y colocarlo.
Creo sinceramente que hoy si los ciudadanos de Cataluña han atendido a la explicación del señor presidente, como estoy segura de que lo han hecho, han recibido asunción de responsabilidades. Lo que no se puede decir es que el Gobierno no
asume responsabilidades porque no hace lo que yo le digo que tiene que hacer, y si no se cesa a la ministra no se asumen responsabilidades. No es verdad; a usted no le gustará pero no es verdad.
La democracia no es esto, señor Campuzano. La
democracia es mucho más compleja, y no me haga hablar porque gobernaron ustedes 23 años y podríamos hablar de asunción de responsabilidades, pero lo vamos a dejar.
(Aplausos.) Asumir responsabilidades es, de entrada, venir a esta Cámara y hacer el
discurso que ha hecho el señor presidente del Gobierno. Ya me hubiera gustado a mí -si eso es mirar para atrás lo hago también con cierto dolor- haberlo visto aquí, en el Parlament de Catalunya y en otras ocasiones. Por tanto, niego la mayor.
El señor presidente del Gobierno ha explicado las reinversiones que este Gobierno lleva haciendo desde el año 2004 y, por supuesto, estas inversiones son las que se ven, estas son las que generan incomodidad, las que generan problemas. Lo
volveremos a repetir: problemas no deseados pero problemas comprensibles. Es verdad que los ciudadanos tienen derecho a estar enfadados. ¡Cómo no lo van a tener! ¡Claro que sí! Pero los ciudadanos también saben de aquellos que quieren jugar con
su sensación de enfado. ¿O qué es si no esta octavilla que ha repartido hoy Convergència i Unió por las estaciones de Cercanías, llamando a la rebelión y diciendo cosas, algunas interpretables pero otras francamente inciertas? ¿Esto es respeto a
los ciudadanos? Perdonen que les diga, señorías, pero ustedes ni han atendido ni han entendido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Corresponde al presidente contestar a los intervinientes.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Con la máxima brevedad posible, quería hacer alguna consideración o algún matiz, en primer lugar, al señor Rajoy, y con ello al conjunto de otras intervenciones, sobre el alcance del debate. Ha sido bastante evidente que en este segundo
turno ha habido varias señorías que han subido aquí con un tono un poco lastimero a decir que el debate que se había producido seguramente desinteresaba a los ciudadanos. Los protagonistas básicos del debate, lógicamente en una sesión de
comparecencia de esta naturaleza, son aquellos que exigen las responsabilidades, y lamento que consideren que sus intervenciones no resultan interesantes para los ciudadanos. A mí me parece que todo ha resultado interesante para los ciudadanos.
Perdone que le diga, señor Herrera, que no es politiquear defender los hechos, defenderse de acusaciones inciertas y recordar la actuación de otros para medir la credibilidad cuando se sube a una tribuna a hacer la crítica. Eso no es
politiqueo, eso es debate político, responsabilidad política y compromiso y exigencia ante la Cámara. (Aplausos.)
Tengo que decir que el Gobierno no asume bajo ningún concepto dos ideas que se han dejado caer incluso en este segundo turno de réplica: una, prisas; y dos, afán por inaugurar. Me da igual en qué términos se haya descrito. No lo asume el
Gobierno. ¿Prisas, cuando se había prometido por Convergència i Unió y por el Partido Popular que llegaría el AVE a Barcelona en 2004, en la legislatura... (El señor Duran i Lleida pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Villarrubia
Mediavilla: ¡Sí, sí!) Sí, comprometido por el presidente
Pujol, hay declaraciones públicas, la responsabilidad no era del presidente Pujol, era del Gobierno del Partido Popular, pero no llegó a Barcelona en 2004. Ahora estamos intentando que llegue en 2007, porque la obra, reitero -y es un dato
que nadie ha cuestionado ni evaluado-, tenía que haberse entregado por las constructoras -así lo firmó la empresa adjudicataria- en enero de 2007 y ha habido distintas prórrogas. El Gobierno hizo una planificación cautelosa para ponerlo en servicio
en diciembre de 2007. Supongo que desde enero a diciembre es un tiempo razonable para que si la obra se tiene que entregar en enero se pueda poner en servicio en diciembre de 2007. No hay prisa, no ha habido prisa, no ha habido ninguna urgencia.
Ha habido voluntad política, recursos financieros e inversión que tenía que haber sido realizada conforme a las promesas en diciembre de 2004. Si hoy estuviéramos en otro tipo de debate, como consecuencia de este grave fallo que se ha producido en
la ejecución en un tramo, si el AVE no estuviera ahí, seguramente se estaría haciendo la crítica de que hay un retraso porque el AVE no llega a Barcelona después de tres años de este Gobierno. Por tanto, subrayo, ni prisas ni afán de inauguración.
Quiero reiterar que todas las líneas de alta velocidad que han entrado en servicio con este Gobierno, que han sido Toledo el 15 de noviembre de 2005, Antequera el 16 de diciembre de 2006 y Tarragona el 18 de diciembre de 2006, lo han hecho una vez
que la obra estaba culminada y las pruebas realizadas, y lógicamente se podía poner a disposición de los ciudadanos. Por cierto, algunas de ellas no fueron ni siquiera inauguradas. Esto es lo que no pasó antes. Tengo la credibilidad, por lo que
ha pasado en todas las líneas que hemos abierto, de poder afirmar en esta tribuna que no hemos inaugurado ningún tramo de alta velocidad ni de ninguna otra naturaleza sin que estuviera todo en orden, todo terminado y todo comprobado; en los que
hemos puesto en servicio estaba todo en regla. No quiero recordar ya más lo que fue el tramo de Madrid a Zaragoza y de Madrid a Lleida.
Inversiones en Cercanías. Podemos pedir los datos certificados a la Intervención General de la Administración del Estado, son hechos elocuentes. ¿Qué afán tiene el presidente del Gobierno de decir aquí que se han invertido cuatrocientos no
sé cuántos millones de euros si no ha sido así? ¿No ve que eso comprometería absurdamente la palabra del presidente del Gobierno? Es como si dijera que mañana se puede reabrir Cercanías. Pues no lo puedo decir, qué más quisiera yo que decirlo.
¿Cómo voy a dar un dato aquí sobre inversión que no sea correcto? Señor Duran, en 1996 había 166 trenes de cercanías en Barcelona. En 2000, 155. ¿Le suena el periodo 1996-2000? Repito, en 1996, 166 trenes de cercanías, en 2000, 155; en 2004,
155; en 2006, 163; en octubre de 2007, 191 trenes. Es decir, escuchen los diputados que representan solo a Cataluña, que proceden de la circunscripción de Cataluña: de 1996 a 2004 once trenes menos de cercanías, en ocho años, sin embargo, en
estos cuatro años va a haber 36 más. Esa es la realidad de las cercanías. Si no se valora, si no se reconoce el esfuerzo realizado y que hemos cambiado la tendencia en inversión en Cercanías tendríamos que tener otro tipo de debate. A lo que
siempre he añadido, señor Herrera, que la situación es muy deficitaria, pero le he pedido lo mínimo que le puede pedir un Gobierno que es, al menos, la legislatura entera y hacer una evaluación... (El señor Herrera Torres pronuncia palabras que no
se perciben.) Déjeme terminar, ya le veo reprochándome algo. Le he pedido, al menos, hacer una evaluación de cómo está Cercanías cuando termine la legislatura. Porque el esfuerzo que se está haciendo en torno a las cercanías es muy importante.
Durante la etapa del Gobierno anterior -y este dato le interesa también, señor Duran- solamente se contrataron 14 trenes Civia para Cercanías. Todos ellos se incorporaron a Madrid. Me parece bien, no lo discuto. El Gobierno que presido ha
contratado ya 233 trenes Civia para todas las cercanías. En la etapa del Gobierno del PP solo se contrataron 14 trenes y fueron todos a Madrid. ¿Esto no interesa les saberlo a los ciudadanos? Claro que les interesa saberlo a los ciudadanos. ¿Es
politiqueo? No, son hecho y datos. ¿Es estatua de sal o memoria? No, es un debate político, de compromiso político de lo que se ha hecho, de cómo estábamos cuando llegamos al Gobierno y de lo que estamos haciendo ahora. (Aplausos.)
Tengo que apelar también a la coherencia. La coherencia, cuando se trata del trazado de una obra pública de gran importancia en lo que afecta a la alta velocidad, es muy exigible. Y sí quiero afirmar, señor Tardà, señor Herrera, que
absolutamente todo, lo que afecta al trazado, el Plan de Cercanías, el centro de coordinación, a cuyo frente se ha puesto el secretario de Estado de Infraestructuras, las decisiones que ha habido que tomar en esta situación de emergencia en cuanto
al dispositivo alternativo, todo se ha hecho con diálogo y con acuerdo con el Gobierno de la Generalitat, del que creo ustedes forman parte, si no me equivoco.
O sea, que todo se ha hecho con diálogo y cooperación. No me diga que no hay diálogo.
Son la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona los que sostienen determinado proyecto para el nuevo tramo de Barcelona. Es muy fácil ser Gobierno y oposición a la vez, pero desde luego genera una gran incoherencia. (Aplausos.) O sea, que el
Gobierno de España llega a un acuerdo con el Gobierno de Cataluña en materia de inversiones en infraestructuras y en ese Gobierno está Esquerra Republicana de Cataluña, y Esquerra Republicana de Cataluña aquí no está de acuerdo con las inversiones
para Cataluña y sí está de acuerdo en Cataluña, en tanto en cuanto es miembro del Gobierno de Cataluña. ¿Esto es serio? No. (Varios señores diputados: ¡No!). ¿Es coherente? No. (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es creíble? No. (Varios
señores diputados: ¡No!). Por ello, señor Tardà, tengo que decirle, lamentándolo profundamente, que ustedes pueden tener la posición política que legítimamente tengan, pero no pueden dejar de reconocer que este Gobierno como ningún otro está
haciendo un esfuerzo por reconocer e incrementar las inversiones en infraestructuras en Cataluña. Por cierto, señor Rajoy,
¿cómo puede usted hablar de dañar la imagen de Barcelona y de Cataluña, después de lo que ha hecho durante estos tres últimos años (Varios señores diputados: ¡Claro, hombre!), alimentando el discurso más anticatalanista y anticatalán que se
recuerda? (Aplausos.) ¿Cómo puede usted hablar de la imagen de Barcelona y de Cataluña, que es brillante, por cierto, y de la sociedad catalana -sí, esa es la que yo tengo-, después de que fueron por toda España pidiendo firmas contra Cataluña?
(Varios señores diputados: ¡No!- Protestas.-Aplausos.) Sí, así decían ciudadanas que firmaban...(Varios señores diputados: ¡No, no!) Sí, que decían: ¿esto es para firmar contra Cataluña? (El señor Fernández Díaz: ¡Mentira, usted miente!)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz, no moleste, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: ¡Pues que no mienta!
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz, le llamo al orden, no moleste y no grite. Respete a quien está en el uso de la palabra, por favor. El parlamentarismo bueno es el respetuoso. Gracias.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Después de lo que han hecho en esta legislatura con el discurso en relación con Cataluña, venir a hablar aquí del prestigio de Barcelona y de Cataluña, a los catalanes les va a sonar a
sarcasmo, señor Rajoy; a sarcasmo.
(Rumores.-Un señor diputado: Tienen mucha cara.-Varios señores diputados: ¡Claro!-Otro señor diputado: ¡Las cercanías!) Sí, las cercanías: el Gobierno anterior no promovió ni un tren más para que hubiera
Cercanías, y ahora vienen hablando de Cercanías. Pero, bueno, yo tengo gran confianza, como siempre, en la ciudadanía; una ciudadanía que está sufriendo las consecuencias de los problemas que ha dado la ejecución del AVE en su tramo por
Hospitalet, el tramo final de la obra a Barcelona; ciudadanía que, por supuesto, tiene derecho a expresar, de un lado, los trastornos que se están produciendo y, de otro, a exigir soluciones; soluciones -las que el Gobierno ha querido explicar hoy
a la Cámara y transmitir a todos los ciudadanos, especialmente a los de Barcelona- que tienen los tres principios a los que me he referido. Uno, vamos a trabajar en diálogo como estamos haciendo con la Generalitat, con los ayuntamientos, con la
entidad metropolitana, con los vecinos afectados por la obra, para solucionar, garantizando al máximo la seguridad, los problemas que han ocasionado la suspensión de Cercanías. Dos, reabrir cuanto antes las líneas de cercanías. Tres, seguir
invirtiendo en Cercanías, que es muy necesario, y llegar con el AVE a Barcelona cuando la obra lo permita, las pruebas lo permitan y sin ninguna prisa. Puedo asegurarle y le digo desde aquí que el que menos interés tiene en inaugurarlo soy yo, y
los hechos me darán la razón. Tengo interés en que esa obra se termine, como tengo interés en que se reconozca, señor Tardà, ya que ha hablado de otras inversiones, que en estos momentos estamos invirtiendo 3.000 millones de euros en el aeropuerto
de El Prat, 3.000 millones de euros, y ha tenido la ligereza de decir que no se estaba invirtiendo en Cataluña. Y 1.400 millones en la obra de alta velocidad y 400 millones en Cercanías. Le apelo al rigor, a los hechos y a los datos.
Podrá usted
tener la visión que tenga sobre España, que obviamente no compartimos, pero sea más riguroso al hablar del Gobierno de España y de lo que hace el Gobierno de España en Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-El señor Duran i Lleida pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Duran, dígame, por favor.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.
De acuerdo con el artículo 72.2, que dice que cualquier diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate, este
diputado, en su intervención, expuso un documento público, que es de estas Cortes Generales, que ha sido contradicho por el presidente del Gobierno. ¿Podría rogar a la Mesa que se diera lectura del Boletín Oficial del Congreso, serie D, número 553,
o entregar este documento a la Mesa para que se compruebe realmente cuál es la evolución del parque de trenes?
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted que se lea el Boletín entero? (Rumores.-Varios señores diputados: No, no.)
El señor DURAN I LLEIDA: No, simplemente este punto concreto. Si quiere, facilito a la Mesa la fotocopia.
El señor PRESIDENTE: Le acepto el pedido.
Por favor, paciencia. Vamos a hacer a continuación el turno de preguntas, que todavía queda materia sobre la que estamos discutiendo.
La señora SECRETARIA PRIMERA (Sainz García): Parece que pone: En 2000 -no se lee muy bien arriba- se incorporaron cuatro nuevos trenes Civia al núcleo de Cercanías de Barcelona. La evolución del parque de trenes que prestan servicios en
la red ferroviaria de Cataluña ha sido la siguiente.
Evolución del parque de trenes: Cercanías, 2002, 162; Cercanías, 2003, 168; Cercanías, 2004, 156; Cercanías, 2005, 156; Cercanías, 2006, 164 más 2. (Un señor diputado: Pues lo que ha dicho
el presidente.) Media distancia: 2002, 47; 2003, 47; 2004, 47; 2005, 58; 2006, 59. Madrid, 16
de abril de 2007, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
(Varios señores diputados: ¡Muy Bien!-Rumores.-Aplausos.-El señor Rajoy Brey pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la lectura de este documento.
Damos por concluido este punto.
Dígame, señor Rajoy. (Rumores.)
El señor RAJOY BREY: Me gustaría hacer una pregunta...
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, es que es una comunicación 203, y en la comunicación 203 hemos respetado escrupulosamente el sistema de turnos.
No cabe. Si hubiera sido otro tipo de debate, hubiera habido un tercer turno. De todas
maneras les hago ver que todavía nos quedan tres preguntas directas sobre el tema y una cuarta que estoy convencido de que habilidosamente se va a reconvertir también en el tema, con lo cual hay tiempo de control al Gobierno. Doy por cerrado este
punto.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO HAYA ANUNCIADO LA INAUGURACIÓN DE
VARIAS LÍNEAS DE AVE PARA EL 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE? (Número de expediente 180/002117.)
El señor PRESIDENTE: Abrimos la sesión de control al Gobierno: Preguntas al señor presidente del Gobierno. La primera de ellas precisamente de don Mariano Rajoy, Grupo Parlamentario Popular. Adelante.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Acabamos de ver algo que no es normal en un régimen parlamentario. Un señor diputado ha demostrado que el presidente del Gobierno ha faltado a la verdad en esta Cámara. (Varios señores diputados: ¡No es verdad!-Otros señores diputados:
¡Sí!) Independientemente de las falsedades del señor presidente del Gobierno y de sus agresiones al Partido Popular, eso no va a hacer desviar la atención de que no ha dado una solución a los problemas que aquí se tratan y de que nadie ha asumido
ninguna responsabilidad política, como era su obligación.
Yo le pregunto, señor presidente del Gobierno, algo de lo que ya hemos hablado, pero quiero volver a preguntárselo. ¿Cuáles son los motivos que justifican que el presidente del Gobierno haya anunciado la inauguración de varias líneas de AVE
para los días 21, 22 y 23? Porque esto es algo verdaderamente sorprendente. Yo le digo que no existe ni un solo dato objetivo, ni entonces ni ahora, que permitiera fijar esas fechas salvo el puro interés electoral del señor presidente del
Gobierno, anteponiéndolo al interés general, al del conjunto de los ciudadanos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, es evidente que la inauguración, es decir, la entrada en servicio de una línea de alta velocidad, se produce una vez que la vía está terminada, la obra realizada y las pruebas puestas en funcionamiento, como lo hemos hecho -y le
he reiterado el argumento en dos ocasiones sin que usted haya podido decir nada en el debate anterior- en las líneas que hemos abierto a Toledo, a Antequera y a Tarragona. Se inauguran cuando se acaba la obra y se puede poner en servicio. Y ahora
tenemos la fortuna, para esos tres territorios especialmente, de estar muy cerca de poder poner en servicio. Qué quiere, ¿que no se inauguren? Pues no se inauguran, se ponen en servicio. Diga usted aquí que lo que quiere es que no se inauguren,
dígalo. No se inauguran, no se preocupe, pero se van a poner en servicio porque es un beneficio para los ciudadanos y así lo quieren.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, yo quiero que se inauguren, pero lo que quiero es que se cumplan todos los requisitos de seguridad que exige una obra de estas características. (Aplausos.) En Valladolid harán funcionar el AVE con 8
kilómetros de túnel en vía única para las dos direcciones. En Valladolid tienen previstos dos pasos a nivel, y paso a nivel y alta velocidad parece que es incompatible. La estación de Segovia no tiene acceso por carretera, es la única estación de
AVE a la que no se puede llegar en coche o en autobús. El AVE Córdoba-Málaga tiene 35 kilómetros de vía única y de los dos túneles solo van a poner en funcionamiento uno. No han terminado las obras de llegada a Málaga y existe un porcentaje muy
elevado de posibilidades de que los tres últimos kilómetros tengan que utilizar la línea antigua. Y del AVE a Barcelona ¿qué quiere que le diga, señor presidente del Gobierno? ¿Va usted a inaugurarlo, tal y como dijo la ministra de Fomento, el día
21 ó 22 de diciembre? (Un señor diputado: ¿Pero dónde has estado?) Aquí lo que ha habido ha sido una voluntad política evidente, como la ha habido a lo largo de este final de legislatura. Ha hecho usted un sinfín de anuncios que todos los medios
de comunicación y todos los ciudadanos han calificado de electoralistas. El espectáculo que usted ha dado con la señora ministra de Vivienda en
las puertas de La Moncloa hace unas fechas es algo que tiene usted que convenir conmigo que pasará a los anales de la historia. (Rumores.) Los propios Presupuestos Generales del Estado y el aumento indiscriminado de gasto ha sido criticado
por todos los medios económicos solventes. A usted no le ha importado nada ni los intereses generales ni la seguridad de las personas; lo único que le ha importado es su campaña electoral. Y eso es impropio de alguien que asume la responsabilidad
de ser presidente del Gobierno, y yo tengo la obligación de decírselo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, yo sé que uno puede justificarse para perder unas elecciones y perder otras más. (Risas.) El otro día le escuché decir que mi presencia en Barcelona el domingo era un acto electoralista y además que cómo iba en domingo y no en
día laborable. Y lo dijo usted que no había ido ni en día festivo ni en laborable ni en Navidad. (Aplausos.) A ver qué es lo que pasa.
Por ello le digo: señor Rajoy, el Gobierno va a gobernar el periodo a que se comprometió con los ciudadanos por el tiempo que le eligieron: cuatro años, hasta marzo. Va a hacer cosas y pondrá en servicio solo aquellas que estén bien, como
hemos hecho durante estos tres años y medio, como hemos hecho con todas las líneas de alta velocidad que hemos puesto en servicio, que han funcionado bien y se han puesto en servicio en su momento, no como hicieron ustedes con muchas obras que
fueron chapuzas y tuvimos que arreglar cuando llegamos al Gobierno.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVAS LAS CONCLUSIONES
DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE INVESTIGACIÓN DEL 11-M? (Número de expediente 180/002126.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Gaspar Llamazares Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias.
Señor presidente, hoy es un día, sin ampulosidad, importante para la democracia española. Esta mañana la democracia española ha demostrado ser una democracia viva porque es capaz de recordar a los demócratas, de recuperar en buena parte la
memoria democrática. Pero también esta mañana la democracia española ha demostrado que es capaz de responder al terrorismo mediante el Estado de derecho. Otras democracias no lo han hecho así, otras democracias han dado una respuesta basada en el
miedo y también basada en las políticas de excepción, a tal punto que han cuestionado incluso los derechos y las libertades democráticas. Pues bien, nuestro país, con una democracia joven, pero con una democracia madura, ha demostrado que es capaz
de responder al terrorismo, al terrorismo yihadista, a través de los instrumentos del Estado de derecho.
Lo hemos hecho a través de la Comisión de investigación parlamentaria, y hoy, cuando se produce la sentencia del Tribunal en relación con el
atentado del 11-M, se ve claramente cómo coincide la reflexión de la Comisión de investigación parlamentaria y también coinciden los hechos probados del Tribunal de Justicia. Es una satisfacción haber formado parte de esa Comisión de investigación;
Comisión de investigación que fue denostada también por la teoría de la conspiración. Teoría de la conspiración que consideraba que la Comisión de investigación deformaba los hechos y no proponía al Gobierno las medidas y las conclusiones en
materia de seguridad. Se ha demostrado que ni hemos deformado los hechos ni tampoco hemos errado en las propuestas en materia de seguridad. Ahora las conclusiones de los tribunales de Justicia nos demuestran que la verdad prevalece y que lo que se
oscurece es la mentira. Lo que se oscurece es la teoría de la conspiración, que ha intentado desestabilizar la política, dividir a la sociedad y también, de alguna manera, provocar la crisis en el propio Poder Judicial. No ha sido así y el Poder
Judicial ha hecho prevalecer la verdad. El atentado es yihadista y las medidas deben ser frente al terrorismo yihadista. Por eso le pregunto: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno frente al terrorismo yihadista en nuestro país? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, su pregunta me obliga a hacer una consideración en torno a la sentencia que ha hecho pública esta mañana la Audiencia Nacional sobre los gravísimos atentados que sufrimos el 11 de marzo de 2004, una consideración que tiene
que ir dirigida a las víctimas, a su recuerdo, a honrar su memoria, a las familias, a abrazarlas, a transmitirles, en nombre de la soberanía popular, cercanía, cariño, recuerdo, permanencia en nuestra memoria y seguro que también en nuestra tarea
como representantes de los ciudadanos. Esta sentencia representa un hito más en la fortaleza del Estado de derecho, en la fortaleza de la democracia de España, una democracia que arrancó hace treinta años, que ha superado momentos difíciles y todos
ellos se han superado de manera extraordinariamente positiva gracias a la ciudadanía. Una ciudadanía que, el 11 de marzo de 2004, demostró una reacción ejemplar y una ciudadanía
que hoy puede tener aún más confianza en el sistema que quiere, en el sistema por el que ha trabajado y en el sistema que defiende, que es el sistema de las libertades, del Estado de derecho y de la democracia.
Tengo el convencimiento y la
esperanza de que esta sentencia una, en la tarea de prevenir el terror y la violencia, a todos los demócratas y que fortalezca, con la lectura de la misma y con el propio pronunciamiento, los medios del Estado de derecho, como hemos hecho desde el
Gobierno siguiendo las recomendaciones de la Comisión de investigación que fueron aprobadas por este Parlamento. De ahí que quiera expresar mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por la tarea que se ha realizado, ya conocemos
definitivamente lo que pasó, ya sabemos quiénes son los responsables: la democracia ha cumplido con sus obligaciones.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA LA VICEPRESIDENTA LAS
ÚLTIMAS DECLARACIONES Y ACTUACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA? (Número de expediente 180/002118.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ángel Acebes a la señora vicepresidenta primera. Señor Acebes, su turno, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta tarde hemos tenido la ocasión de hablar mucho sobre la ministra de Fomento. Pues bien, este Gobierno no solo falla por el lado de las obras públicas. El señor Bermejo es a la independencia judicial lo que doña Magdalena
Álvarez, como hemos visto esta tarde, es a la eficacia en el AVE. Le voy a leer las perlas del ministro de Justicia de los últimos días: que se ilegalizará ANV cuando la jugada lo aconseje; que se volverán a dar las condiciones para negociar con
ETA; que el Consejo General del Poder Judicial carece de legitimidad; que los terroristas son como borrachos a los que hay que hay que llevar al hospital. Y el último socavón del señor Bermejo es su anuncio de que el Partido Socialista va a
suprimir las oposiciones a juez y a fiscal. Lo hace porque sabe que son la mejor forma de garantizar jueces con mérito y con criterio propio, y eso al señor Bermejo parece que no le interesa. Prefiere jueces que le deban el cargo. Tan es así que
ha ocurrido un hecho insólito: todos los jueces decanos de toda España han reprobado este despropósito, han convocado una asamblea y han dicho que esa propuesta es arbitraria y clientelista, hasta tal punto que por primera vez en la democracia han
pedido la desvinculación total del Ministerio de Justicia y que sus competencias, las del ministerio, pasen al Consejo General del Poder Judicial, a ese mismo Consejo que el señor Bermejo considera ilegítimo.
Ahora le pido que diga con toda
claridad aquí en el Parlamento, señoría, si respalda o no todas estas afirmaciones del Ministerio de Justicia y, muy en especial, la que se refiere a la supresión de las oposiciones para acceder a la carrera judicial y fiscal. En caso de que
respalde al señor Bermejo, quisiera que nos explicara, por favor, por qué sistema lo pretenden sustituir. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora vicepresidenta, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, la primera obligación de todo Gobierno es fortalecer el Estado de derecho, prestigiar y consolidar las
instituciones que lo desarrollan y garantizar la tutela eficaz de los derechos de los ciudadanos. A esa responsabilidad se dedican permanentemente el ministro de Justicia, todos los días y todas las horas, el ministro de Justicia y el resto del
Gobierno. Porque, fíjese, nosotros creemos en las instituciones y trabajamos para prestigiarlas. Respetamos el funcionamiento y sus decisiones, porque creemos que las instituciones son pilares de la democracia y forman parte consustancial de
nuestro Estado de derecho. Nos pertenecen a todos. Y ante las instituciones solo cabe, señor Acebes, responsabilidad, esa virtud que, como ha quedado acreditado aquí esta tarde, ustedes no saben conjugar y que sacrifican sistemáticamente en su
propio beneficio. Ya sé que no le gusta oír esta respuesta, lo sé, porque cuando ustedes tienen que cuestionar la instrucción de un sumario, si les beneficia, lo hacen; porque ustedes, si consideran que les beneficia, lanzan dudas sobre la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; porque ustedes, si creen que les beneficia, bloquean el funcionamiento de una institución o de dos instituciones constitucionales; porque ustedes, si creen que les beneficia, rompen la
unidad en la política antiterrorista.
Su visión del país, señor Acebes, es tan corta que no va más allá que la de sus propios intereses electorales. Todo lo que hacen tiene un puro afán partidista y confunden sistemáticamente el interés general
con su propio interés. Le diré: la posición de este Gobierno en materia de justicia y de respeto al ámbito de lo que son las decisiones de los jueces está claramente acreditada, y la del ministro de Justicia también.
Mi posición sobre las
oposiciones, sobre la mejora de la calidad de los jueces la conocen usted y todos los ciudadanos porque ya la he repetido públicamente. (Varios diputados y diputadas del Grupo Popular: ¡No, no!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Acebes, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: No, señoría, no lo sé, por eso le pregunto en el Parlamento que me conteste
si está de acuerdo y respalda al señor Bermejo cuando dice que en la próxima legislatura el propósito del Partido Socialista es suprimir las oposiciones de juez y fiscal y sustituirlas por otro sistema. (Varios señores diputados: No ha
dicho eso; eso es mentira.) Eso es lo que le pregunto. Le pregunto, señoría, si está de acuerdo en que los terroristas son como borrachos a los que hay que llevar al hospital. Le pregunto que si se volvieran a dar las condiciones volverían a
negociar con ETA. Son preguntas muy sencillas. No me cuente usted un rollo por el que no le he preguntado...(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su tiempo concluyó, lo lamento.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Ya sé, señoría, que a usted le parece un rollo que ustedes estén bloqueando sistemáticamente el funcionamiento
del órgano de gobierno de los jueces. Sistemáticamente incumplen la ley y la Constitución. Señor Acebes, cumplan la ley. Señor Acebes, cumplan la Constitución. Renueven el Consejo General del Poder Judicial. Llevan un año incumpliendo la
Constitución. Esa es la realidad.
Y eso es responder a lo que usted me ha preguntado, no manipular las preguntas que usted está realizando al hilo de una...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo ha concluido.
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE LOS
PROBLEMAS DE SU GESTIÓN SE PUEDEN ATRIBUIR A TERCEROS? (Número de expediente 180/002119.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Eduardo Zaplana, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, hoy ha sido un día intenso de debate; lo hemos iniciado muy pronto y ha habido debates de altura importantes. Por tanto, me gustaría pedirle que hiciera algo que a usted le gusta mucho y que me lo ofrece
repetidamente en las sesiones de control: una clase de pedagogía. Lo digo de verdad. Me gustaría que me explicara algo que no he conseguido comprender todavía, y es esa nueva teoría sobre la responsabilidad política acuñada por el Gobierno y por
el presidente, que consiste en que la culpa siempre la tienen otros, y cuando no la tienen otros, simplemente se piden disculpas y se mira para otro lado. Como es nueva, a ver si me la puede explicar. Por cierto, simplemente con ánimo
constructivo, créame, se le ha olvidado que en la defensa de las instituciones también está, y es muy importante, no abroncar en público a sus responsables. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, con muchísimo gusto atiendo a su invitación. En democracia solo hay una forma de afrontar los
problemas: de frente y con responsabilidad. Eso es precisamente lo que hace este Gobierno. Y no todos pueden decir lo mismo.
Lo acabamos de ver; en estos años nosotros hemos duplicado el presupuesto para infraestructuras, y vamos a ponernos a
la cabeza mundial en kilómetros de alta velocidad y de autovías. (Risas.) Sí, les guste o no les guste, esa es una realidad incontestable que se puede medir y se puede cuantificar. ¿Y sabe lo que es responsabilidad? Responsabilidad en democracia
es responder, responsabilidad en democracia es dar la cara, responsabilidad en democracia es contestar, y no hacer como han hecho ustedes. El problema es que en democracia puede haber problemas, como ha habido en infraestructuras en Barcelona o
como ha habido en infraestructuras en Madrid, en donde hemos padecido las obras de la M-30 los pacientes ciudadanos madrileños; sí, dificultades puede haber, la diferencia es cómo afrontar esas dificultades. Y la diferencia está entre quienes
asumen la responsabilidad y lo hacen de frente, y los que cargan el problema a otros, que esos eran precisamente ustedes, señor Acebes, quienes cargaban los problemas a otro o echaban balones fuera o practicaban el victimismo, que es lo que hacen
ustedes en todas las comunidades. La diferencia está entre un Gobierno que se niega a oír a la gente, como hacían ustedes, aunque se manifestasen clamorosamente en la calle, y otro Gobierno que escucha a la gente, que se pone a pie de obra, como ha
hecho el presidente Zapatero, y que ofrece soluciones. (Rumores.) Esa es la diferencia. La diferencia está entre quien ante un problema lo niega escudándose en lo que sea, un primo, un familiar, otra administración, y quienes reconocen y trabajan
para aportar soluciones, como se ha puesto de manifiesto aquí esta tarde, que el único que ha aportado soluciones a los problemas de Cataluña es el presidente del Gobierno; el único, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su turno.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Pues ya sabemos lo que es la nueva teoría de la responsabilidad en democracia, porque si no, no hubiéramos entendido
todo esto que le voy a contar; ahora ya lo entiendo. Incendios en Galicia -hace ya tiempo-, según la ministra de Medio Ambiente, la culpa fue de una trama criminal y del Partido Popular. Fórum y Afinsa; la culpa es de las comunidades
autónomas y del Gobierno anterior, según el secretario de Estado de Comunicación. Apagón en Barcelona; la culpa es de Endesa, aunque luego la Comisión Nacional de la Energía dijera que no, que era la culpa de otro, pero tampoco pasa nada.
Catástrofe humanitaria en las costas de Canarias; usted misma dijo que la culpa era del Gobierno canario que no daba demasiado dinero a la cooperación. Inundaciones de Alicante; la culpa es de los constructores y, por supuesto, también del
Partido Popular. Carné por puntos; hubiera ido mejor si no fuera por los moteros. Ley de Dependencia; usted ha dicho que espera que las comunidades autónomas no pongan palos en las ruedas; que no pongan ustedes dinero en el presupuesto tampoco
creo que sea determinante.
(Risas.) Y en el tema de Barcelona, ustedes sí que han estado ante una gran dificultad porque el presidente del Gobierno ha elevado el olvido en Cataluña a quince años, por tanto, se han metido, queriendo o sin querer,
con el anterior presidente del Gobierno, señor González, que es también de su propio partido.
Señoría, lo que le intento trasladar es que aquí hay más líos que nunca, hay más ineficacia que nunca, y, según creo, llevan ustedes casi la totalidad de la legislatura al frente de la responsabilidad del Gobierno.
¿No cree, señoría, que a
lo mejor en todo esto, en vez de echar la culpa a los demás, podrían tener ustedes algo que ver? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora vicepresidenta, su turno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Zaplana, la diferencia entre ustedes y nosotros está entre sus palabras y nuestros hechos. (Rumores.) Y
los hechos los conocen los ciudadanos, y los conocen muy bien, desde el primer día. Nadie ha hecho más cosas de balance de legislatura que nosotros, y ahí están los ciudadanos para juzgarnos. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la
Presidencia.) El problema es que ustedes confunden siempre velar por el interés general con sus intereses particulares, personales y los del partido. Para usted todo es lo mismo, señor Zaplana; el partido, lo personal y lo general. Pues...
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora vicepresidenta.
Su tiempo ha terminado.
- DEL DIPUTADO DON JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE ETA NO ES UNA ORGANIZACIÓN ASESINA? (Número de
expediente 180/002122.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Preguntas al ministro de Justicia. Tiene la palabra el diputado Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señora presidenta.
Este Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con asesinos. Eso dijo usted, señor ministro, casi al mismo tiempo que su compañero, el ministro del Interior, confesaba que hablar con ETA había sido muy duro, desmintiendo así
la primera parte de su declaración.
Supongo que a estas alturas habrá adivinado que mi pregunta, la que figura en el orden del día, encierra una clara ironía, pues nadie en su sano juicio diría que ETA no es un grupo de asesinos, y usted seguro que
tampoco. Mi intención no era otra que la de poner de manifiesto su incoherencia. Me explicaré.
La primera parte de su afirmación no es cierta. Ha habido negociación con ETA -fracasada, pero negociación- para conseguir un nuevo estatus político para el País Vasco. Y si esto es así, que lo es, ¿debo creerle cuando dice que ahora no
hay negociación o cuando afirma que nunca la habrá? No me resulta fácil hacerlo a la vista de los antecedentes y de otras declaraciones suyas anunciando la posibilidad de volver a las andadas bajo el paraguas de la resolución del Congreso de 2005.
Quisiera pensar que sus convicciones éticas y el respeto a la justicia como pilar básico de nuestro Estado democrático de derecho le llevan a negar la negociación presente o futura con ETA. Me gustaría creer que está firmemente convencido de que,
en el marco de una democracia como la española, negociar con asesinos la búsqueda de nuevos horizontes políticos supone legitimar el terrorismo, pero desconfío de usted. Un día dice que la ilegalización de ANV hubiera sido desproporcionada, y al
día siguiente afirma que instará la ilegalización en el momento en que la jugada lo aconseje. Su última ocurrencia ha sido definir al acusado de un delito de desobediencia como un abnegado samaritano y, lo que es peor, comparar a Batasuna con un
borracho, a sabiendas de que se trata de una asociación de malhechores ilegalizada por pertenecer al entramado de ETA.
Permítame un consejo, señor ministro: Hable menos y trabaje más por la justicia con mayúsculas y por garantizar su
independencia. Cuando vaya a decir algo piénselo dos veces para no ofender a las víctimas ni a la sociedad española. Disfrute cuanto quiera de su sectarismo en los mítines, pero no pretenda llevarlo a las páginas del Boletín Oficial del Estado. Y
como le supongo incorregible, solo espero que su paso por el ministerio, si es que deja huella, no sea imborrable. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señora presidenta.
Debo confesar, señor Del Burgo, que no había captado la ironía, pero comprenda que es difícil viniendo de quien viene y en el día de hoy.
(Aplausos.) Es muy difícil entender que usted se atreva hoy a mencionar ni siquiera la palabra ETA.
Me ha hablado de captar la ironía. No, no la he podido captar viniendo de quien viene y hoy. Hable menos, me dice. Qué curioso, ¿no? Hable menos, dice quien dijo hace bien poco: Venden Navarra; miren lo que van a hacer, hundir el Gobierno de
UPN. Hable menos. Fíjese en lo que ocurre luego. Dijo que no se había querido investigar el nexo entre ETA y los grupos islamistas en la Comisión de investigación. Hable menos, señor Del Burgo. Deberían dar muchas explicaciones a los españoles:
El Gobierno de Zapatero estaría sustentado sobre la manipulación de doscientos cadáveres. Esto no es hablar, esto es otra cosa.
Señor Del Burgo, quienes dirigen el Partido Popular en este momento, y los que le siguen, hicieron del terrorismo el único tema de oposición. Y todos sabemos por qué a estas alturas. Lo sabemos hace mucho. Tres días de mentiras incesantes
para intentar no perder las elecciones y tres años de manipulación absoluta en la que usted ha contribuido como secundario, pero ha contribuido. (Rumores.-Varios señores diputados: Sí,sí.) Se han confundido de enemigo, no han elegido bien. No es
el Gobierno su enemigo; el enemigo es la organización terrorista ETA. Pero no solo ETA, ya lo sabe desde hoy. No se habían enterado, pero había más cosas por ahí que nos quieren matar. Vuelvan ustedes con los que creemos que la unidad es la que
rompe al enemigo de verdad, que es el terrorismo. Dejen de dar crédito a los asesinos, que es lo que están haciendo continuamente frente a la opinión del Gobierno. Están solos, se han quedado ustedes solos. No sé si se han dado cuenta, señor Del
Burgo.
Perdóneme que acabe por donde empecé. Perdóneme por no haber captado la ironía, pero comprenda que viniendo de quien venía y en el día de hoy era complicado. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿SE MUESTRA SATISFECHO EL MINISTRO DEL GRADO DE ACOGIDA DE SU PROPUESTA SOBRE EL ACCESO DIRECTO
A LA CARRERA JUDICIAL? (Número de expediente 180/002123.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pregunta del diputado Astarloa al señor ministro de Justicia.
El señor ASTARLOA HAURTE-MENDICOA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Bermejo, la verdad es que no da usted una desde que tomó posesión.
(Un señor diputado: ¡Anda que tú!- Rumores.) Están ustedes encantados, me alegro. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señorías, guarden silencio.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Se ha cargado con su sectarismo inagotable cualquier posibilidad de consenso en materia de justicia.
Tiene usted el dudoso privilegio de ser el primer ministro al que su Gobierno le tiene que retirar una
ley del Parlamento porque ha conseguido poner a la mayoría de los grupos parlamentarios en contra, como en la Ley de jurisdicción voluntaria y la racha de los últimos días, como acaban de recordar, es inigualable. Usted ha reconocido que la
ilegalización de ANV depende de la jugada política, dejando estupefactos a sus compañeros de banco por su insólita franqueza. Vino al Congreso a explicar esa metedura de pata y salió de este salón tras reconocer que van a volver a negociar con ETA,
dejando con credibilidad cero el mensaje de firmeza y de legalidad de su presidente del Gobierno. Y ahora anuncia que va a cargarse las oposiciones de jueces y tiene que salir a desmentirle el Gobierno en pleno, con su vicepresidenta a la cabeza,
que como usted habrá podido acreditar en la tarde de hoy no ha defendido a su ministro de Justicia en esta sede parlamentaria. Y con el señor Conde-Pumpido incluido, señor Bermejo, lo que a usted le habrá molestado especialmente.
Su frivolidad, señor ministro, la han criticado todas las asociaciones y profesiones jurídicas (Una señora diputada: No es verdad.), que han entendido perfectamente que usted lo que pretende es llenar los juzgados de afiliados de su partido
político. (Varios señores diputados: ¡Hala!) Los jueces decanos de toda España, despavoridos, han pedido dejar de depender de usted, del Ministerio de Justicia, y pasar a hacerlo del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas, para
salvaguardar un sistema objetivo e igualitario para seleccionar jueces auténticamente profesionales. ¿No cree, señor ministro, que ante tanta desautorización lo procedente es que ponga su cargo a disposición del presidente que lo está
desautorizando?
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Me defrauda usted una vez más, señor Astarloa. Creí que me iba a preguntar por las oposiciones.
Ya veo que le preocupa quién rompió el consenso. Como es bien sabido, fui yo con la bronca
que monté aquí cuando vine; he sido un broncas desde el primer día, es vocacional. He sido yo el que ha destrozado el consenso en la Ley de la Jurisdicción, perdón, en la ley que acabamos de retirar. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa pronuncia
pala
bras que no se perciben.) Exacto, es que la quería cambiar de nombre.
Pero, ¿sabe lo que me pasa? Mientras sea ministro jamás llevaré una chapuza al Boletín Oficial del Estado; prefiero retirarla a tiempo después de lo que han hecho
ustedes con ella; ustedes. (Aplausos.-El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!) Y ahora se lo explico.
Señoría, la vicepresidente ni siquiera ha podido afirmar o negar; todo lo que ha dicho el señor Acebes es una pura manipulación, y usted acaba de reiterarlo. Nunca he hablado de sustituir el sistema de oposiciones; jamás. Por tanto, el
debate que se ha planteado no es el mío. Usted me pregunta si me muestro satisfecho con la redacción de mi propuesta sobre el acceso directo a la carrera judicial. Jamás he hablado del acceso directo a la carrera judicial; jamás, pero como
ustedes son unos manipuladores montan el debate... (Risas.) Sí, ríanse. Ustedes montan el debate sobre eso. He propuesto completar los jueces que nos faltan porque el sistema de oposiciones, señor Astarloa, empieza a hacer aguas. En el año 2000
teníamos 6.100 candidatos y en 2006 tenemos 3.900, y ya en los dos últimos años hemos ido viendo que quedan plazas vacantes, casi cuarenta en las últimas oposiciones. Lo que he propuesto es completar el sistema de oposiciones y hacerlo buscando la
excelencia, los mejores, como hacen los despachos. ¿Y sabe cuál es esa rareza mía? La rareza que rige en Francia, en Holanda o en Alemania, que como todos sabemos andan mal, pero rige eso. ¿Sabe lo que hacen? Complementan el sistema buscando
también la excelencia (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa hace gestos negativos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) cogiendo a los mejores y llevándolos no a la judicatura, como usted dice aquí -no tiene ni idea de lo
que se ha propuesto-, sino al Centro de Estudios Jurídicos a hacer cuatro años de escuela y examinándolos luego. Esa es la propuesta. Discutan por tanto sobre la propuesta, no sobre la manipulación absoluta que normalmente hacen. Pero bueno,
señor Astarloa, qué le vamos a hacer, ya estamos acostumbrados.
Léaselo bien, que usted finalmente convendrá conmigo. (Aplausos.-El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias.
- DEL DIPUTADO DON JORDI XUCLÀ I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁNDO TENDRÁ VOLUNTAD POLÍTICA EL GOBIERNO PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DE LA
CARRETERA N-II A SU PASO POR LAS COMARCAS DE GIRONA? (Número de expediente 180/002116.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pregunta a la ministra de Fomento, formulada por el diputado Xuclà. Tiene la palabra señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en esta tarde noche no le quiero preguntar sobre sus responsabilidades e incumplimientos en materia ferroviaria, de tren convencional y de alta velocidad, que ha quedado bastante evidente durante la tarde, sino sobre el
lamentable nivel de inversión, de ritmos de construcción y de grado de ejecución del Ministerio de Fomento en la demarcación de Girona en materia de autovías. Según nos ilustra el anuario del Ministerio de Fomento, Girona es la provincia con menos
kilómetros de autovía del Estado, y de lejos. El primer kilómetro de autovía se construyó en 2002 -los incumplimientos vienen de lejos-, y desde aquel momento el ritmo de construcción es de un vergonzoso 2,42 kilómetros de autovía por año. Ni un
kilómetro de autovía de la...
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Un momento. Perdón, señor Xuclà.
Señorías, les pido respeto para quien interviene.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señora presidenta.
Ni un kilómetro de la N-II, principal puerta de entrada por La Junquera, principal eje de entrada por la parte oriental de España a la península; ni un kilómetro de desdoblamiento de la N-II. Obras retrasadas. Señora ministra, ¿por qué el
Gobierno no tiene voluntad política de construir autovías en la provincia de Girona? ¿Por qué esta marginación?
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.
Señoría, menos mal que al final se ha acercado usted algo a la pregunta que figura en el orden del día. Se lo digo porque lo que ha preguntado concretamente es si tenemos voluntad política de ejecutar el desdoblamiento de la N-II a su paso
por la comarca de Girona. (Un señor diputado: ¡Contesta ya!) Sí, señoría, tenemos voluntad política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Es una pena que una vez más sus palabras y su voluntad política no vayan acompañadas de la acción política, de la ejecución de los presupuestos y del impulso político. El descrédito acumulado se acumula también en las comarcas de Girona en
materia de autovías, porque al final de la legislatura usted nos anuncia voluntad política, pero
durante cuatro años en que ha tenido la oportunidad de expresar esa voluntad política no la ha impulsado.
Señora ministra, respuesta oficial del Gobierno. Presupuestos del año 2006, los últimos completados. Presupuestado: Girona-frontera francesa, 2.950.000 euros. Ejecutado -respuesta del Gobierno-: 24.104 euros. Nivel de ejecución: 0,8
por ciento. El Gobierno no tiene voluntad política de construir autovías en Girona y de superar el récord de nivel de incumplimiento. Señora ministra, en Girona usted no se merece que le hagan un monumento.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, ni falta que me hace. (Rumores.) Dicho esto, le diré que lo que es una lástima es que usted manipule los datos, y también es una lástima que pregunte una cosa y después haga una
intervención totalmente distinta.
Le voy a hablar del desdoblamiento de la Nacional II, que es por lo que usted me ha preguntado. Hemos iniciado las obras en esta legislatura, hemos redactado todos los proyectos y hemos avanzado en la tramitación para llevar a cabo las
nuevas obras, y además hemos acordado con Acesa, que es la concesionaria, una parte para que complete la circunvalación de Girona. Hemos multiplicado por 23, señoría, la dotación presupuestaria de la duplicación de la Nacional II y hemos
multiplicado por 40 la inversión ejecutada.
Le voy a dar el dato para que usted me lo pueda refutar en cualquier otra pregunta. En las dos legislaturas anteriores, las del Partido Popular, la media anual de ejecución en la duplicación de la N-II era de 0,32 millones de euros al año,
lo que hace un total en ocho años de 2,6 millones de euros; en la actual legislatura, la media anual es de 13,1, lo que supone un total de 46 millones de euros en tres años y medio.
Si usted tuviera de verdad interés en las infraestructuras de Girona no hubiera planteado una cuestión ni hubiera desvirtuado la forma en que yo se la tenía que responder. Entre Tordera y la circunvalación de Girona, que son 28 kilómetros y
cinco tramos, cuando llegamos al Gobierno no se habían iniciado las obras en ninguno de ellos y tres ni siquiera tenían proyecto. Nosotros, además de aprobar los proyectos de dos tramos, hemos iniciado las obras de los cuatro tramos, y vamos a
poner en servicio dos en este año 2007, y en el quinto tramo, señoría, no hemos iniciado las obras porque hemos modificado el proyecto de acuerdo con la Generalitat.
Lo hemos aprobado y hemos iniciado la redacción del proyecto constructivo, y sabe
perfectamente en qué situación está la circunvalación de Girona. Por tanto, señoría, el que no tiene ningún interés en la obra de Girona es usted, que solamente tiene un interés partidista de cara a las elecciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PODRÍA ACLARAR LA MINISTRA A QUÉ SE REFERÍA CUANDO EN AGOSTO PROMETIÓ UN CAMBIO SUSTANCIAL PARA SEPTIEMBRE EN LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CATALUÑA? (Número de expediente 180/002121.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pregunta del diputado Fernández Díaz a la señora ministra de Fomento.
Señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el texto de la pregunta que consta en el orden del día reza así: ¿Podría aclarar la ministra a qué se refería cuando en agosto prometió un cambio sustancial para septiembre en los servicios de transporte ferroviario de
Cataluña?
Señora ministra, en previsión de que me diga que falto a la verdad imputándole unas afirmaciones que no ha hecho nunca, aunque podría aportar muchos documentos me basta uno, que es el 'Diario de Sesiones' de 14 de agosto de 2007, número 881,
correspondiente a la comparecencia extraordinaria que usted efectúa ante la Comisión de Fomento y Vivienda para dar respuesta al caos que vivió Barcelona a principios del mes de agosto. Literalmente usted, entre otras cosas, dice lo siguiente:
Señorías, esta situación mejorará sensiblemente a finales de septiembre.
El secretario de Estado concretó la fecha después, el día 12 de septiembre. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón, señor Fernández Díaz.
Señorías, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero que me aclare, por favor, cuál es ese cambio sustancial que usted auguró en esa comparecencia extraordinaria en esta casa el pasado 14 de agosto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.
Señoría, concretamente tenía el mismo texto que usted ha traído: Estamos llevando a cabo como actuación central para transformar el sistema ferroviario de Cataluña una obra de modernización y transformación profunda en la estación de Sants
-repito, en la estación de Sants- que afecta a los propios servicios de Cercanías de Barcelona, así como a los de media distancia y alta velocidad. La situación mejorará sensiblemente a finales
de septiembre -que es el trocito que usted ha leído- porque será el momento en el que pondremos en servicio dos nuevas vías de ancho ibérico.
La situación mejorará definitivamente -esto usted no lo ha leído- al terminar las obras de la
línea de alta velocidad. Me refería a la estación de Sants. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Debo entender, por tanto, que la situación ha mejorado sensiblemente en la estación de Sants porque, como han cerrado las líneas de Cercanías, de los 203.000 viajeros diarios hemos pasado a 40.000. En estos momentos 100.000 corresponden a
las dos líneas de Cercanías de Renfe en Cataluña que están cerradas e inoperativas y 60.000 a la línea de ferrocarriles que ha tenido que cerrar la Generalitat de Cataluña porque en esas obras tan bien ejecutadas ha habido ese problema en un túnel
porque van las vías de ferrocarriles. En definitiva, y como decía, en estos momentos, de 200.000 viajeros habituales, hemos pasado a 40.000. Esa es la mejora sensible en la estación de Sants. Si es así -porque usted me ha corregido-, señora
ministra, yo reitero lo que ha dicho el presidente de mi partido porque es muy importante y además tenemos mucho interés en adherirnos. El 13 de abril de este año usted decía: Desde que llegué a ministra me comprometí a mejorar el AVE a Lleida,
que ha sido vergonzoso.
Dije que íbamos a solucionar todos los temas y los hemos solucionado. Me van a hacer un monumento en Barcelona cuando llegue con el AVE a Barcelona a finales de diciembre, a 300 kilómetros por hora. Señor ministra, por
favor, díganos la fecha y lugar de ese monumento porque mi grupo y los diputados catalanes nos queremos adherir para hacerse ese día la ola, porque usted se lo merece.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, voy a hacer pedagogía, como usted pedía antes. Primero, le voy a decir lo que hemos hecho en el sistema ferroviario de Cataluña: arreglar sus chapuzas. En segundo lugar, voy a hacer
pedagogía y le voy a decir que nunca he dicho que me hagan un monumento en Cataluña. (El señor Fernández Díaz muestra un recorte de prensa.) Sí coja usted todos los periódicos, invéntese la noticia, se la da al periódico, lo escriben y luego me lo
lee, y después me pretende usted convencer, señoría. Nunca lo he dicho, pero ustedes pueden seguir insistiendo porque no tienen otro motivo para meterse conmigo, pero tampoco me importa. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón, señora ministra.
Señorías, por favor.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Igual, señoría, que no he dado información sobre lo que ha pasado con OHL, como ustedes hoy han tenido la osadía de decir. Pero sí les voy a decir una cosa. ¿Por qué saltaron como un resorte
cuando se habló de OHL? ¿Qué tienen que ver ustedes con OHL? ¿Cuál ha sido su defensa de OHL? ¿Cuál es su problema en reconocer que la constructora que estaba llevando a cabo la obra era OHL? ¿Alguien ha eludido la responsabilidad?
Señoría, en definitiva, la obra de la estación de Sants la hemos terminado, hemos introducido todos los cambios necesarios para que funcionen perfectamente las cercanías y ahora estamos continuando la obra de la alta velocidad, que ha
afectado por un fallo constructivo la zona de Hospitalet La Torrasa. Yo no necesito ningún monumento, pero sí necesito que ustedes sean leales, coherentes y además no falten sistemáticamente a la verdad simplemente por destruir una obra que no
quieren que llevemos porque ustedes, con la alta velocidad, han hecho siempre el ridículo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL MINISTRO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES? (Número de
expediente 180/002124.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Preguntas al ministro de Sanidad y Consumo.
Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor ministro, bienvenido a la Cámara.
Creo que es la primera pregunta que responde porque hasta ahora había decretado ausencia, pero bienvenido a la Cámara. Yo no le voy a preguntar por Sanidad, sino por
Consumo; usted es también ministro de Consumo.
Se está tramitando ahora mismo una ley en el Senado, una ley impulsada por su antecesora en el cargo, la ley que se llama comúnmente de bienes tangibles, que es el producto de la intervención -a mí me parece que irresponsable y desmesurada
del Gobierno- que ha arruinado a 460.000 familias. El señor Moraleda dijo que esa intervención se hacía -y lo dijo esa misma tarde atribuyéndose la competencia en comunicar la intervención- para defender a los consumidores. Pues bien, desde que el
señor Moraleda habló, ningún consumidor ha cobrado ni un duro, todos han perdido todos sus ahorros. Ahora, en el Senado hay cinco grupos -el Bloque Nacionalista Galego, que apoya al Gobierno; Eusko Alkartasuna, que en alguna ocasión apoya al
Gobierno; el PNV, que ha apoyado los presupuestos, CiU y el Grupo Popular- que hemos presentado enmiendas para defender a los consumidores. Yo le pregunto una cosa
muy sencilla, y solo tiene que decir sí o no: ¿Va a apoyar el Grupo Socialista alguna de esas enmiendas?
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Señora presidenta, señorías, le agradezco mucho la bienvenida -aunque he venido en más ocasiones- y le agradezco también la oportunidad de contestar a la pregunta que ha registrado.
Debería haberla leído usted antes, porque la pregunta que registró en la Cámara es: ¿Qué medidas ha aprobado el ministro para la protección de los consumidores? Esa es la pregunta a la que voy a contestar.
Cuando he buscado las medidas, eran un conjunto de diez hojas, cuya lectura voy a ahorrarle, porque nos llevaría posiblemente más tiempo del que me asigna el Reglamento, pero, como resumen, le diré que en esta legislatura, entre otras
actuaciones, se ha aprobado la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios; se ha constituido el tercer Consejo de Consumidores y Usuarios; se ha aprobado el marco común de actuaciones en materia de consumo para el periodo
2006-2009; se han firmado más de veinte convenios con municipios, universidades, asociaciones de empresarios, consumidores, etcétera; se ha aumentado la cooperación internacional; se ha participado en el Foro iberoamericano de agencias
gubernamentales; se han abierto diversas líneas de colaboración con instituciones científicas para el análisis en alimentos, especialmente alimentos para celíacos; se está realizando un estudio antropométrico en la población femenina. Usted sabe
que una de las primeras actuaciones fue reunirme con el Consejo de Consumidores y Usuarios y hemos participado en campañas de inspección para el año 2008; hemos incrementado un 48,4 por ciento los planes de formación continuada y en la última
Conferencia Sectorial de Consumo, la semana pasada, se presentó un plan de medidas para la seguridad de productos y control del mercado, que tuvo una buena acogida. Le diré además que los seis informes que allí se presentaron por diversos ponentes
de diferentes comunidades autónomas -algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular- fueron todos aprobados por unanimidad. Me he reunido con la comisaria Kuneva; se ha realizado el concurso Consumópolis y, finalmente, el proyecto de ley que
regula la protección de consumidores para la contratación de bienes con la oferta y restitución de contratos sabe usted que está en discusión en este momento. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor ministro, después de las intervenciones de la ministra de Fomento no hay socavones en Barcelona y, después de oírle a usted decir que ha hecho tantísimas cosas el ministerio, pienso que les podían
haber dedicado un poquitín de tiempo a los afectados de Fórum y Afinsa, que podían haberles dedicado un poquitín de esfuerzo. Ustedes, que van predicando por ahí el gratis total, que van predicando: doy dinero a todo el mundo, soy el más dadivoso
del mundo, podían haber hecho algún esfuerzo para que los afectados de Fórum y Afinsa tuvieran algún reconocimiento, porque ellos no eran culpables de nada. Si hay responsabilidad política, hablamos en el Parlamento; las judiciales, en los órganos
jurisdiccionales, pero a los consumidores, a los afectados de Fórum y Afinsa, protección. Y el Gobierno socialista les desprotegió y les sigue desprotegiendo, señor ministro. Piénsese si no deben votar la enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Pujalte.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Señora presidenta, señorías, el ministerio en este tema que usted cita, en el cual se ha centrado y que no coincide con su pregunta, ha seguido en sus actuaciones la hoja de ruta
marcada por la moción del Congreso aprobada el 25 de mayo de 2006. Esos son los pasos que hemos dado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿SE MUESTRA SATISFECHO EL MINISTRO DE SANIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
CONTRA LAS DROGAS? (Número de expediente 180/002125.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pregunta de la diputada Vázquez Blanco. Tiene la palabra su señoría.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿se muestra satisfecho de los resultados de la política del Gobierno contra las drogas?
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Señora presidenta, señorías, este ministro solo estará satisfecho cuando la erradicación del problema de la droga sea absoluta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, le vuelvo a recordar que durante estos cuatro años hemos tenido una gran parada en la lucha contra las drogas, un abandono, un desmantelamiento del Plan Nacional sobre Drogas, que usted ha heredado.
Usted de alguna forma no
está contento y nos da una información sesgada de la situación. Nos hace, como el otro día tuve ocasión de decirle, un uso electoralista de las encuestas. Tengo que recordarle, a pesar de que hoy dice usted que no estará satisfecho mientras siga
habiendo droga en este país, el pensamiento Alicia en el país de las maravillas, que era lo que usted vino a representar tan pronto llegó al ministerio, al salir en todos los medios de comunicación diciendo que el consumo de drogas en España había
descendido.
Usted, señor ministro, leyendo de esa encuesta escolar que estos días está predicando en todos los medios de comunicación la parte que a usted más le interesa y olvidando la parte que no le interesa que sepan los españoles, es decir,
engañando a todos los españoles, está utilizando esta encuesta. Y no habla de otros informes, como puede ser el informe de la ONU o la propia encuesta que hizo el Ministerio de Sanidad en el mes de diciembre, la de 15-64 años, que fue la que se
envió a la ONU. Ahora usted dice que no está de acuerdo con la encuesta de la ONU, que sitúa a España a la cabeza del mundo en el consumo de cocaína y la segunda en el consumo de cannabis. Pues bien, señor ministro, durante estos años han mostrado
una total dejadez no presupuestando ni un euro más, y este año, para vergüenza de todos, han disminuido las subvenciones a ONG como Cruz Roja, Asociación Española contra el Cáncer, etcétera.
Señor ministro, es una lástima. Estamos a final de legislatura y usted tiene que asumir la responsabilidad por esta dejadez que se ha venido produciendo estos años en aspectos como el Plan Nacional sobre Drogas, que ustedes han desmantelado
y que a día de hoy ya nadie conoce. El otro día le ponía el ejemplo del Foro de la sociedad ante las drogas, del que tanto presume, que ni el Grupo Socialista conocía, e instó en el Congreso a Radiotelevisión Española a que creara un foro similar a
ese. Fíjese usted hasta qué punto podemos llegar en esta lucha...
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Señora presidenta, señoría, le agradezco la oportunidad que me da de hablar de los programas del ministerio en materia de lucha contra la droga, que son programas realizados en
colaboración con las comunidades autónomas gobernadas por partidos de distinto color político, con las corporaciones locales y con las ONG. Y el mérito en cualquier resultado que pueda haber corresponde a todos: al Ministerio de Sanidad, a las
comunidades autónomas, a las corporaciones locales. Efectivamente, en la última encuesta escolar de drogas ha disminuido, como usted sabe, el consumo en todas las drogas legales e ilegales. Las cifras de cocaína han bajado en todas las frecuencias
estudiadas, igual que las de cannabis y alucinógenos, tabaco, etcétera. Ya se lo comenté el otro día y quiero volver a repetírselo.
Estoy seguro de que de política me puede usted enseñar mucho, pero he dedicado treinta años de mi vida a manejarme
con datos científicos y con estadísticas, y el manejo de datos estadísticos es un tema en el cual le puedo yo también ilustrar un poco. Son datos recogidos por una encuesta independiente que está realizando, no este Gobierno, sino el Gobierno de
España, desde el año 1994, donde ha habido diversos signos políticos. Esa encuesta mostraba una tendencia al aumento y lo que hemos visto por primera vez es que se rompe la tendencia, lo cual es una buena noticia.
Lo que a mí me preocupa es que
aún queda un 20 por ciento, un 2 por ciento o un 0,5 por ciento, según qué tipo de droga, y ese es el segmento que me preocupa. Por eso quiero continuar trabajando y quiero continuar invirtiendo más. No es cierto que hayamos invertido menos. En
2005, la inversión del plan de acción contra la droga era de 17 millones, casi 18; en 2008, 44 millones. Es decir, estamos invirtiendo más y en todos los signos. Y le recuerdo una vez más que el enemigo no es el Partido Socialista, el enemigo es
la droga, es el enemigo de todos los partidos que estamos en esta Cámara, y le invito a que se una a esta acción conjunta...
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor ministro.
Terminadas las preguntas, se levanta la sesión, señorías.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.
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