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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 295, de 30/10/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 295
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 273
celebrada el martes, 30 de octubre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 268-1, de 15 de diciembre de 2006. (Número de expediente 127/000008.)... (Página 14538)
Votación de conjunto... (Página 14558)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación del uso de la bandera española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 609, de 28 de septiembre de 2007. (Número de expediente 162/000625.)...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez Rodríguez), sobre las líneas de actuación previstas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en relación a la urgente necesidad de renovación y rehabilitación de las zonas turísticas
obsoletas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 627, de 26 de octubre de 2007. (Número de expediente 173/000221.)... (Página 14564)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las condiciones de apertura del nuevo túnel de Vielha. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 627, de 26 de octubre de 2007. (Número de expediente 173/000222.)...
(Página 14571)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para erradicar la situación de marginación que sufre el castellano en algunas Comunidades Autónomas. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 627, de 26 de octubre de 2007. (Número de expediente 173/000223.)... (Página 14576)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 122-1, de 2 de febrero de 2007. (Número de expediente 121/000122.)... (Página 14583)
- Proyecto de Ley de la carrera militar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 114-1, de 1 de diciembre de 2006. (Número de expediente 121/000114.)... (Página 14589)
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.
'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie A, número 137-1, de 8 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000137.)... (Página 14596)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 14538)
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León...
(Página 14538)
Interviene en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y el señor Esteban Bravo,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Merino Delgado y la señora Sáenz de Santa María Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se someten a votación las enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, así como el texto del dictamen.
Votación de conjunto... (Página 14558)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 299 votos a favor y 13 abstenciones.
Proposiciones no de ley... (Página 14559)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación del uso de la bandera española... (Página 14559)
Defiende la proposición no de ley la señora Torme Pardo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que con esta iniciativa su grupo solicita establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la ley. El
Tribunal Supremo, como consecuencia de un recurso del Partido Popular, ha establecido doctrina clarificando el alcance de la ley en una sentencia del pasado mes de julio. En su opinión es lamentable que hasta ahora el Gobierno se haya negado a
cumplir la Constitución, la Ley de 1981, la reciente sentencia del Tribunal Supremo y que se haya negado a escuchar las demandas del Partido Popular.
Finaliza solicitando al Gobierno que reflexione y rectifique y piense en los derechos y libertades de todos los demócratas españoles.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación del uso de la bandera española, se rechaza por 125 votos a favor, 181 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 14564)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez Rodríguez), sobre las líneas de actuación previstas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en relación a la urgente necesidad de renovación y rehabilitación de las zonas turísticas
obsoletas... (Página 14564)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Reguera Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Oramas González-Moro, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las condiciones de apertura del nuevo túnel de Vielha... (Página 14571)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Grau i Buldú, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Ayllón Alonso, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para erradicar la situación de marginación que sufre el castellano en algunas comunidades autónomas... (Página
14576)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez-Salmones Cabeza.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez Rodríguez), sobre las líneas de actuación previstas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en relación a la urgente necesidad
de renovación y rehabilitación de las zonas turísticas obsoletas, se aprueba por 306 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las condiciones de apertura del nuevo túnel de Vielha, se aprueba por 305 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para erradicar la situación de marginación que sufre el castellano en algunas comunidades autónomas, se rechaza
por 122 votos a favor, 181 en contra y dos abstenciones.
Enmiendas del Senado... (Página 14583)
Proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera...
(Página 14583)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras De Lara
Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley de la carrera militar... (Página 14589)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Oltra Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Interviene el señor ministro de Defensa (Alonso Suárez).
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero...
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de calidad y protección de la atmósfera.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de la carrera militar.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras
normas del sistema financiero.
Se suspende la sesión a las once y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN.
(Número de expediente 127/000008.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al Pleno del Congreso de los Diputados del
martes 30 de octubre de 2007. Primer punto del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Antes de comenzar propiamente el debate, saludamos a la representación tanto de las Cortes como del Gobierno castellanoleonés y les damos la bienvenida. (Aplausos.)
Por parte del Gobierno tiene la palabra la señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señorías, quisiera comenzar mi intervención con un afectuoso saludo a los representantes de las instituciones de
Castilla y León que están hoy con nosotros. Desearía también expresar mi más sincera felicitación a todos los diputados y diputadas de la Comisión Constitucional, que han trabajado con ahínco y con rigor, y a su presidente por la extraordinaria
labor que viene realizando al frente de dicha Comisión.
El pasado 17 de abril tomamos en consideración la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y hoy se somete a la aprobación del Pleno de esta Cámara. Nos encontramos ante una prueba más de la normalidad política y
parlamentaria con que se están tramitando la reforma de los estatutos, ante una prueba más de la madurez de nuestro Estado autonómico. Han sido numerosas las comunidades autónomas que a lo largo de esta legislatura han sentido y expresado la
voluntad de reformar sus estatutos. Para ello, amparadas por la Constitución, han invitado a las Cortes Generales a reflexionar y debatir sobre la necesidad y oportunidad de mejorar su nivel de autogobierno y adaptarlo a la nueva realidad española.
Se trata de una reflexión necesariamente compartida que se ha venido desarrollando a lo largo de esta legislatura, una reflexión que pone de relieve la permanente capacidad integradora de nuestra Constitución. Frente a quienes veían una amenaza en
los procesos de reforma de los estatutos, la experiencia ha demostrado, y demuestra de nuevo hoy con el Estatuto de Castilla y León, que la Constitución ampara e integra el cambio razonable y que lo hace apoyada en tres principios que el Gobierno ha
impulsado decididamente en esta legislatura: la lealtad institucional, la cohesión territorial y la solidaridad entre todos los españoles. Hoy estamos dando testimonio de esa lealtad entre instituciones. A través de los cauces constitucionalmente
establecidos, la Comunidad Autónoma de Castilla y León está expresando sus legítimos anhelos de autogobierno y las Cortes están integrando esos anhelos en el conjunto de nuestro sistema constitucional. Al discutir y aprobar en esta Cámara la
iniciativa de las Cortes castellanoleonesas estamos reconociendo democráticamente su contribución a la definición de nuestra organización territorial y reforzando así las previsiones constitucionales y es que a las comunidades autónomas les
corresponde definir sus aspiraciones de autogobierno y a las Cortes Generales examinarlas y consolidarlas en el marco de nuestra Constitución garantizando un Estado sólido y eficaz, garantizando la cohesión territorial.
Los estudiosos del derecho constitucional señalan a menudo que la intervención de las Cortes Generales en el proceso de reforma estatutaria es una singularidad que nos diferencia de otros Estados descentralizados.
Yo, señorías, me atrevo a
afirmar que es una fructífera singularidad. Las reformas estatutarias ya en vigor han demostrado que la participación de las Cortes Generales permite compatibilizar el legítimo interés de una comunidad autónoma con los intereses de los demás
territorios del Estado y, en último término, con el interés general que siempre ha de presidir la actuación de los poderes públicos. Este equilibrio entre lo general y lo particular es posible precisamente gracias a esta afortunada singularidad de
nuestro procedimiento de reforma de los estatutos y también la solidaridad se refuerza gracias a ella, solidaridad del Estado con las comunidades autónomas y solidaridad entre las propias comunidades; solidaridad que consiste en respetar y
garantizar la diversidad jurídica y política, pero asegurando que esa pluralidad crece sobre una base común de responsabilidad colectiva, pues de lo que se trata al fin es de solidaridad entre ciudadanos.
Todos estos principios vuelven a cobrar todo su valor en la propuesta de Estatuto que hoy se somete a la aprobación de este Pleno, una propuesta de reforma que la comunidad autónoma consideró -y cito textualmente- tan oportuna como
necesaria. Oportuna porque permite profundizar en el proyecto de comunidad -y sigo citando-, adaptarse a las nuevas realidades de una sociedad dinámica, cambiante y bien diferenciada a la del año 1983 en que se aprobó el Estatuto de Autonomía.
Además de oportuna, necesaria, porque el proyecto histórico que nace con la reforma del Estatuto debe permitirnos afrontar con garantías los retos de un tiempo nuevo, definido por profundos cambios geopolíticos, sociales, económicos, culturales y
tecnológicos ocurridos en el mundo y por la posición de España en ese contexto y es que la historia de la autonomía de Castilla y León se nutre de un pasado rico en avances al que se quiere dar continuidad. Lo proclama expresamente el preámbulo del
proyecto cuando dice que el presente Estatuto pone en manos de los ciudadanos y de las instituciones de Castilla y León los instrumentos precisos para que el progreso social, cultural y económico de la comunidad siga haciéndose realidad en los años
venideros. Al igual que hicieron otros parlamentos autonómicos, las Cortes de Castilla y León vinculan autonomía y progreso. No debemos olvidar que de eso se trata, que la autonomía política es una forma de entender la democracia al servicio del
bienestar de los ciudadanos. Así lo ha entendido también la Comisión Constitucional de esta Cámara, que ha recibido un proyecto de excelente factura técnica y que, manteniendo íntegra su esencia, ha introducido algunas enmiendas, fruto de la
transacción, que lo sitúan en el contexto de otras reformas culminadas en esta legislatura.
En relación con los derechos estatutarios, me gustaría subrayar dos novedades. Primero, el artículo 8.3 que, en términos similares a lo previsto en anteriores estatutos, articula los nuevos derechos autonómicos con la distribución
competencial y los derechos fundamentales. Siempre me gusta subrayar esta cláusula porque creo que recoge perfectamente el compromiso de estas Cortes con las reformas estatutarias y especialmente con la posibilidad de abrir distintos espacios de
juego a los derechos subjetivos, sin que ese pluralismo reste un ápice de la normatividad de la Constitución. En segundo lugar, me gustaría llamar la atención brevemente sobre los derechos concretos que han sido incorporados en este trámite. El
artículo 13 garantiza la igualdad de trato a las personas con algún grado de discapacidad y les asegura las ayudas públicas que faciliten su plena integración educativa, laboral y social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo de las
capacidades creativas individuales y colectivas. El artículo 14, relativo a la no discriminación por razón de género, añade la interdicción de la discriminación por orientación sexual. Otra de las modificaciones, fruto del diálogo institucional y
parlamentario, ha sido el reconocimiento estatutario de las singularidades y la trayectoria institucional de la comarca de El Bierzo, que ha tomado cuerpo en el nuevo apartado tercero del artículo 46. El paso por esta Cámara ha servido también para
incrementar y perfeccionar algunas de las competencias de la comunidad autónoma, que cuando se apruebe este Estatuto dispondrá de mayor nivel de autogobierno y contará con una articulación más detallada de las mismas.
En este sentido, cabe destacar
que, como han hecho las anteriores reformas, también en este Estatuto se incorpora una tipología competencial que sigue las líneas marcadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se trata de un acertado empeño por aportar seguridad
jurídica al bloque de constitucionalidad. Siguiendo en este ámbito de las competencias me parece necesario aludir a uno de los cambios incorporados por esta Cámara, la competencia relativa a la cuenca del Duero, que, como se señala en la propuesta
de reforma, tiene gran relevancia como elemento configurador del territorio de Castilla y León.
Aquí, de manera similar a lo que ha ocurrido con otras reformas estatutarias, se reconoce a la comunidad autónoma la asunción de competencias de
desarrollo legislativo y de ejecución, sin perjuicio de la planificación hidrológica y de las demás competencias constitucionalmente reservadas al Estado. Esta fórmula es un ejemplo más de como el debate en Cortes permite articular el principio de
solidaridad con las lícitas expectativas de autogobierno.
También es importante destacar que el texto que hoy se somete a votación dedica dos largos preceptos a la educación y a la sanidad, los artículos 74 y 75. Estas dos materias constituyen sin duda los bastiones del Estado social y con su
detenida regulación se clarifica y perfecciona el deslinde competencial entre las administraciones implicadas. En este mismo sentido, merece una valoración muy positiva la redacción final de los preceptos relativos a las relaciones entre la
Hacienda de la comunidad y la Hacienda del Estado. En el artículo 83 se garantiza la participación de la comunidad autónoma tanto en los mecanismos de nivelación que se diseñen en el marco del sistema general de financiación como en el Fondo de
Compensación Interterritorial, de acuerdo con lo que establezca su normativa reguladora. En segundo lugar, como concreción del principio de lealtad institucional, se consagra el compromiso de que tanto la Administración autonómica como la estatal
se facilitarán mutuamente el acceso a la información estadística y de gestión necesaria para el mejor ejercicio de sus competencias respectivas en un marco de cooperación y transparencia. Finalmente, como expresión destacada de la singularidad de
Castilla y León, se garantiza que para determinar la financiación que corresponde a la Comunidad de Castilla y León se ponderarán adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población. Sin
duda, nos encontramos aquí ante otro sobresaliente ejemplo de como las necesidades de autogobierno encuentran su justo equilibrio con el principio de solidaridad.
En definitiva, señorías, la propuesta de modificación del Estatuto de Castilla y León responde a las exigencias de los nuevos tiempos y a las demandas de un poder público eficaz y responsable, cuyo objetivo primordial son las necesidades de
los ciudadanos. Esa búsqueda de la eficacia y la responsabilidad en la acción pública a partir de un marco normativo claro es la idea que también alimenta el nuevo impulso que se da a las instituciones de autogobierno, dotándolas de nuevos
instrumentos, como es el caso del decreto-ley, y es la misma idea que anima la redacción del capítulo V del título II, referido al Poder Judicial en Castilla y León. Que esta propuesta, como hicieran las anteriores, aspire a clarificar las
responsabilidades de la comunidad en la gestión de la justicia es un dato indicativo de la madurez de nuestro Estado constitucional, en el que la justicia se concibe como un poder del Estado y al mismo tiempo como un servicio público.
Señorías, las mujeres y los hombres de la Castilla y León del siglo XXI son conscientes de que su porvenir trasciende las fronteras de su comunidad, de que está unido también a la acción del Estado y a la cooperación de las comunidades
vecinas, de que no puede permanecer al margen del espacio europeo e internacional. Esta es la incuestionable razón política que sostiene el título IV y ningún reproche ha merecido a su paso por el Congreso de los Diputados su articulación jurídica.
No altera las competencias de los entes que cooperan y solo invoca potestativamente el deseo de trabajar en común. Una vez más, señorías, la aprobación de un nuevo estatuto atestigua que el Gobierno supo interpretar la voluntad y las expectativas
de las comunidades autónomas y que ese impulso de reforma estaba cargado de sentido. Las comunidades autónomas de Valencia, de Cataluña, de Andalucía, de las Illes Balears, de Aragón, de Castilla y León y algunas otras que también están en trámite
han
querido reformar sus estatutos para ofrecer a sus ciudadanos una acción pública más nítida, responsable y eficaz, a la altura de la España del siglo XXI. Ninguna de estas iniciativas se ha puesto en marcha con el propósito de dividir, sino
con el propósito de compartir; de compartir culturas, vivencias y experiencias que nos enriquecen como país, pero, sobre todo, de compartir un proyecto democrático de convivencia cívica.
Tiene mucha razón el poeta zamorano Claudio Rodríguez cuando
nos recuerda que no son tiempos de mirar con nostalgia esa estela infinita del paso de los hombres. Los castellanos y los leoneses, con este magnífico Estatuto, dejan atrás toda traza de nostalgia para mirar con confianza el futuro de su comunidad,
que también es nuestro futuro, el futuro de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Comunico a la Cámara que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento, al tener el Estatuto de Autonomía carácter orgánico, la votación de totalidad no tendrá lugar antes de las cinco y media de la tarde.
Comenzamos con la defensa de las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Rodríguez, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Empezaré por saludar cordialmente a la representación política de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y quiero aprovechar la ocasión para reflexionar y, en todo caso, reincidir en algunos temas que nos parecen fundamentales y a los
cuales tenemos cierto derecho, por lo menos de opinión, desde una representación nítidamente gallega. Vamos a mantener las dos únicas enmiendas que hemos presentado al Estatuto de Castilla y León, pero vamos a hacer especial hincapié en la enmienda
número 42 al artículo 5.3. Realmente nos gustaría que los poderes públicos de Castilla y León acabasen entendiendo una cuestión que para nosotros es primordial y, además, que nuestras argumentaciones fuesen por lo menos tenidas en cuenta a la hora
de mantener una posición más ponderada y más ecuánime en relación con el pluralismo lingüístico en la Comunidad de Castilla y León. Creo sinceramente, señoras y señores diputados, señora vicepresidenta del Gobierno, que la concepción lingüística
que hay en el Estatuto de Castilla y León resulta muy reveladora en muchos aspectos, en primer lugar, porque hay una concepción jerárquicamente desigual del problema de los idiomas; en segundo lugar, porque se parte de exagerar con un énfasis que
no es necesario lo que ya es predominante y no tiene ningún problema de subsistencia, como es la lengua española; en tercer lugar, porque se hace una invención simbólica compensatoria, sin duda para tranquilizar a un sector de la opinión pública de
Castilla y León, que no es que esté a disgusto formando parte de la comunidad castellanoleonesa por un motivo lingüístico, sino exclusivamente por un motivo, a lo mejor, de compensación política o de desequilibrio de carácter económico o
territorial; y, por último, porque ustedes no son capaces de salir de una concepción de marginalidad y de cierto maltrato a la lengua gallega que se habla en amplios territorios de El Bierzo. Ese tipo de concepción, que va acompañada además de una
cierta respuesta a los movimientos de carácter nacionalista, nos lleva a cometer algo que nosotros consideramos un error, en particular en el artículo 4, cuando nada menos que imitando el trato que se les da a las lenguas que no son la oficial del
Estado, la comparan ustedes con el patrimonio histórico artístico. El patrimonio histórico artístico es muy importante, pero sin duda es un nivel cultural totalmente al margen de una realidad social como es el sistema lingüístico, que en el caso
del castellano o español -vuelvo a repetir- es un idioma oficial de Castilla y León, de todo el Estado, que no corre peligro y con el que no se puede emplear ningún criterio de protección o amparo, que solamente se le da a aquellos que están en
peligro de extinción, como la protección y amparo, por ejemplo, al urogallo. Ustedes hablan de esta manera, sin duda, porque piensan que hay que epatar o imitar estatutos de autonomía o incluso un tipo de proclama muy propio de la Constitución
española, que es una constitución que desde el punto de vista idiomático también jerarquiza distinguiendo la lengua del Estado de las lenguas que considera territoriales o autonómicas. Caen ustedes así en una identificación identitaria, que sin
embargo critican continuamente cuando se trata de comunidades autónomas con lengua propia.
Vayamos al grano. El artículo 5, que no nos gusta, adolece de los siguientes defectos graves desde nuestro punto de vista. Primero, la declaración de oficialidad del español debía de ser escueta y nada más que declararlo oficial en
correspondencia con que es la lengua mayoritaria de su comunidad autónoma. Hablar de que es una lengua extendida a todo el territorio nacional y a muchos otros Estados sin duda es cierto, pero puestos así tendríamos que decir que lo fue por ser una
lengua de conquista, porque ninguna lengua goza de esta expansión por obra y gracia de la naturaleza o incluso espontáneamente. Pero es que además se meten ustedes a hablar del uso correcto del castellano, que, que nosotros sepamos, está
perfectamente establecido por la Real Academia Española, con todo el amparo de carácter institucional de que sin duda goza, también con la cobertura de la Comunidad de Castilla y León y de muchas comunidades autónomas que no tienen solo el
castellano como lengua propia, y goza además en su aprendizaje internacional, que también ustedes recuerdan, con el Instituto Cervantes. Es curioso que ustedes entren en funciones o competencias de carácter estatal, sin duda por engrandecer aquello
de cuya grandeza nadie duda desde el punto de vista de su extensión y desde el punto de vista de su oficialidad pura y dura y, por tanto, prescriptiva y de la que no se puede escapar uno. A partir de aquí, ustedes inventan un idioma que se llama el
leonés y
además le dedican una protección específica y además lo dotan de un particular valor, hablan de su protección, de su uso y de su promoción.
Estoy por asegurar, señorías, que no van a ser ustedes capaces de delimitar ni el uso ni la
protección ni la promoción de esa lengua. Por tanto, solamente lo podemos entender como una especie de compensación a los leoneses, que -vuelvo a repetir- estarán discrepantes dentro de Castilla y León por causas que no son en absoluto, ni
fundamental ni básicamente, lingüísticas, que serían en todo caso de las que ustedes se tendrían que preocupar. En tercer lugar, viene la marginalidad, el desamparo. Ustedes en esta estructura jerárquica dejan al gallego ni siquiera con la
categoría del leonés, solamente con el respeto y la protección; ni uso ni promoción, aparte de que ustedes son conscientes de que esa sí es una lengua hablada, con mayores o menores dificultades, en una franja importante de Castilla y León. Es
curioso que esta práctica lingüística la tengan ustedes que normalmente presumen siempre de universalistas y de europeístas, pero santifican y refuerzan no ya las fronteras de los Estados, sino las fronteras administrativas contra la realidad
cultural y lingüística que hay en el Estado español, contra la realidad social e histórica, porque, gústeles a ustedes o no, El Bierzo dio precisamente los mejores defensores de la idea de la lengua gallega como una lengua capaz para ser empleada en
la enseñanza y en la ciencia.
Ya en el Antiguo Régimen, en el siglo XVIII, comprenderán que si un señor como Sarmiento nació en Villafranca del Bierzo, no se hizo gallego por viajar por Pontevedra, sino que era gallego de El Bierzo y todos sus
escritos científicos y su defensa del idioma por lo tanto están en función del pueblo al que él pertenecía. Quiero recordarles que en los mapas del siglo XV hasta el siglo XVIII se ve muy bien que, desde el punto de vista cultural, lingüístico e
histórico, nadie consideraba esta parte de la hoy Comunidad de Castilla y León ajena a Galicia, sino formando parte de ella, afortunadamente en una época histórica en la que las fronteras no tenían el carácter político o administrativo que ustedes
quieren darle hoy. Ustedes tienen miedo a la realidad y actúan en función de que la población de El Bierzo no es que se defienda en su especificidad, sino que asuma que hay que ir a un proceso de españolización o de castellanización, renegando, en
definitiva, de sus características específicas. Creemos que este tipo de conducta no es propio de un ambiente democrático y de un Estado de derecho.
No les voy a recordar las campañas mediáticas, inquisitoriales y amenazantes de algunos medios de comunicación que se caracterizan por una españolidad histérica que precisamente se agudizó durante el debate de este Estatuto en el Congreso de
los Diputados. Realmente, nos parece que atacar despiadadamente un derecho humano elemental, una realidad histórica y sociocultural, al margen de las propias conveniencias ideológicas o políticas, no se puede fundamentar más que en prejuicios.
Hay
muchos ciudadanos de El Bierzo que tienen claro su origen y su adhesión a la práctica lingüística originaria y hay muchos hablantes que además coinciden con el nombre de los lugares, como As Médulas o Balboa, que sin duda son nombres perfectamente
gallegos y estaban instalados en una Gallaecia que era mucho más extensa que la actual y no lo digo con intencionalidad política sibilista o de carácter imperial, mucho menos viniendo del representante de un pueblo que no se caracterizó precisamente
por su expansionismo, sino por ser conquistado y dominado.
Más suerte, afortunadamente, tuvo la enmienda número 43, no por nuestro diálogo, aunque sí lo intentamos denodadamente por todos los medios con el Partido Popular respecto a la enmienda número 42, sino por un acuerdo bipartito -que celebro-,
que es el que por lo menos lleva a reflejar en el Estatuto, en el apartado 3 del artículo 46, la comarca, la singularidad y la especificidad de El Bierzo. Una ley de las Cortes de Castilla y León regulará la comarca de El Bierzo teniendo en cuenta
sus singularidades y su trayectoria institucional -nosotros diríamos histórica-. Realmente es muy importante que ustedes hayan aceptado esto y espero que cuando se elabore esta ley, al margen del debate contaminado porque otros podamos opinar,
ustedes, sensatamente, rectifiquen y apoyen por lo menos una regulación de los usos del gallego o una categoría de cooficialidad en los ayuntamientos y en la comarca que tienen esta lengua como propia y originaria. Los individuos formamos parte
siempre de sociedades concretas y sería bueno que ustedes lo aceptaran. Por todo esto, nosotros vamos a votar favorablemente el Estatuto de Autonomía, excepto el artículo 5, que lo vamos a votar negativamente, y también vamos a apoyar las enmiendas
del Partido Nacionalista Vasco sobre el condado de Treviño, que nos parecen fundamentales por respeto democrático a la opinión de los ciudadanos, porque nada más hay que ver el mapa para darse cuenta de dónde está Treviño, y lo vamos a apoyar porque
además hay una simbiosis y un diálogo claro y equilibrado entre los ciudadanos de Treviño y los de la Comunidad Autónoma vasca, que pensamos que lo debemos de sancionar todos los demócratas que no estamos asustados ni movidos por prejuicios de
irracionalidad de carácter españolista. Vuelvo a repetir, espero, como gallego, no como político, sino como gallego, que ustedes en el debate interno puedan superar, por lo menos, un grado de amparo mayor favorable al uso del gallego en la comarca
de El Bierzo, que no es que se lo vayamos a agradecer los gallegos conscientes, sino que estoy por asegurar que se lo van a agradecer todos los bercianos conscientes de quienes son.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.
Izquierda Unida, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quisiera saludar a la delegación institucional que viene de Castilla y León, así como a la no tan institucional
pero muy relevante representación de Izquierda Unida en Castilla y León, a la que no se le permite acceder a que tenga esa representación institucional por una ley electoral injusta aunque está aquí y que ha hecho un importante trabajo para
mejorar el texto estatutario.
La Constitución marcó distintos caminos precisamente para la constitución de las comunidades autónomas, lo que ha generado relaciones también distintas entre el Estado y cada una de ellas y diferentes niveles de autogobierno que tienen su
reflejo en los textos estatutarios. Sin embargo, este inicio de la constitución de las comunidades autónomas se ha ido superando mediante las distintas reformas de los estatutos y nos ha llevado a una realidad a la que hoy nos enfrentamos, y es que
todas las comunidades deberían aspirar al máximo techo competencial para garantizar que se siga avanzando a través de esa realidad que es la España de hoy distribuida en diecisiete comunidades autónomas. Esta es la realidad a la que se debería
sumar el Estatuto de Castilla y León que, sin embargo, no alcanza a ser esa reforma fundamental que signifique avances sustanciales competenciales y compromisos explícitos con el pueblo de Castilla y León, al que debería ir dirigida una reforma
estatutaria. Cuando hablo de compromisos explícitos me refiero a derechos garantizados y exigibles por todos y cada uno de los ciudadanos, como sí se recogen en otros textos estatutarios. Era importante no perder el tren del autogobierno que está
significando esta nueva ola de reformas estatutarias, pero, por el contrario, esta tercera reforma, esta tercera oportunidad para Castilla y León no está a esa altura, lo que por desgracia no es una novedad. Al igual que sucedió con la aprobación
del primer Estatuto en el año 1983 o con las modificaciones posteriores de 1994 y 1999, no se aprovecha la circunstancia de ser el último de todos los estatutos de las comunidades en ser aprobado o de los últimos en ser reformado para haberlo
enriquecido. Es evidente que el Estatuto valenciano no abrió ninguna puerta, absolutamente ninguna, pero también es cierto que no las cerró. Después del Estatuto valenciano vinieron otras reformas -la del Estatuto catalán, la del Estatuto balear,
la del Estatuto andaluz y la del Estatuto de Aragón- que han mantenido las puertas abiertas a aquellos que quieran consolidar ese autogobierno, que, como digo, ha traído bienestar y progreso al conjunto de los ciudadanos.
Eso ni siquiera lo niegan
aquellos que vitorean España una y no cincuenta y una. Hoy, como ayer, el conservadurismo y las excesivas cautelas de los grupos políticos mayoritarios dejan a Castilla y León entre las comunidades con menos capacidad de autogobierno y de
participación en una nueva relación Estado-comunidades autónomas que, como digo, se está consolidando con estas reformas estatutarias. Al PP le podemos entender, puesto que con esos vitoreos de España una y no cincuenta y una comprendemos que los
avances de autogobierno siempre les cuesten, aunque después hayan reconocido que precisamente la distribución de España en comunidades autónomas ha significado grandes avances de progreso y bienestar para los ciudadanos. Sin embargo, ¿qué modelo
quiere el Partido Socialista para Castilla y León? ¿Es este el que han pactado? ¿Es este Estatuto su máxima aspiración? Son pocas aspiraciones para una comunidad que ustedes llaman histórica por no bautizarla como nacionalidad histórica. Habría
que dar un paso más y darle un sustantivo a todo lo que se menciona en el preámbulo, que son los rasgos históricos e identitarios de Castilla y León. Es una comunidad que, como todas las demás, se merece lo mejor: llegar a donde otras han llegado;
que se le garanticen derechos sociales y medioambientales y mejoras en la financiación; el reconocimiento de deuda de financiación; inversiones. Desde Izquierda Unida hemos puesto todo de nuestra parte, a pesar de no compartir ni las formas ni el
fondo. Votamos abstención cuando se trajo el texto a la toma en consideración en esta Cámara, buscando el consenso, buscando el diálogo, buscando la negociación para lograr avances sustanciales en un texto tímido en muchos aspectos e inconsistente
en otros.
Sin negar que sea mejor que el actual Estatuto de Castilla y León, el texto que se va a aprobar en esta Cámara queda lejos de las reformas que -como digo- están siendo aprobadas por los mismos partidos que hoy votarán esta a favor. Poco han
hecho ustedes por lograr nuestro encuentro; poco esfuerzo hemos visto en las filas del PP-PSOE para que el color rojiverde que nos caracteriza tuviera reflejo en este texto estatutario. Y ello ¿qué significa? Significa, sencillamente, que hay un
sector de la ciudadanía que no va a tener su reflejo en esta Carta Magna de Castilla y León. Podemos hacer esas afirmaciones desde la evaluación de lo que ha supuesto el trámite de debate -por decir de alguna manera lo de debate- de esta nueva
reforma estatutaria en ponencia y en Comisión.
Han rechazado más de 80 enmiendas constructivas que nuestro grupo parlamentario presentó, siendo la voz de nuestros compañeros de Izquierda Unida en Castilla y León, que representan a más de 50.000
castellanos y leoneses, con más de 139 concejales que aquí sí que tienen representación, aunque también menor de la que nos correspondería -porque somos la tercera fuerza política del Estado y la sexta en representación- por una ley electoral
injusta también. Se ve que aquello de las leyes electorales injustas es una cosa que les gusta mucho al Partido Popular y al Partido Socialista para que Izquierda Unida vaya teniendo cada vez menos representación. Nosotros luchamos contra ello, lo
denunciamos y seguimos trabajando duramente para tener representación y que nuestra voz sea escuchada en las instituciones.
En cualquier caso, aquí Izquierda Unida sí que tiene representación y, sin embargo, se ha blindado el debate público y político; blindado a todo lo que no sea el interés de Génova, Ferraz o Moncloa. El único pseudodebate que se ha dado es
el respectivo al hecho leonés, ya que parece ser que dentro del Partido Socialista han tenido algunas discrepancias que todavía no sé cómo las estarán resolviendo. Al final, el debate territorial sirve para taponar el debate real sobre la necesidad
de avanzar en el reconocimiento real, exigible, garantizado de derechos
sociales, de derechos económicos, de derechos ambientales, de financiación, de participación del 15 por ciento de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado y reconocimiento de la deuda histórica, de cohesión social y de
vertebración del territorio, de reconocimiento del hecho comarcal y de administración electoral. Con las anteriores reformas que se hicieron, pensábamos que tendría que pasar el tiempo y llegar nuevas reformas para poder avanza, pero si el panorama
político no cambia, y si no se cambia la Ley electoral, parece difícil, porque el Partido Popular y el Partido Socialista solo tienen la voluntad de dar tímidos avances y pasos retrasados cada vez que se produce una reforma, mientras las otras
comunidades avanzan con paso firme y decidido, con más competencias y mejor financiación, que son las claves de cualquier aspiración de mayor autogobierno, aspiración lógica contextualizada, además, en esta etapa de segunda descentralización. ¿Por
qué tan tímidos avances para la comunidad autónoma del presidente del Gobierno? Ustedes sabrán. Al parecer los dos partidos mayoritarios sí que han apoyado proponer la transferencia de gestión de la cuenca del Duero.
Nos alegramos, a pesar de la
timidez con la que queda redactado, pero les decimos respecto a las reformas anteriores que nosotros ya lo defendimos en 1999, que ustedes se negaron, y que ahora lo aprueban con este retraso. Yo me pregunto, ¿nos veremos dentro de diez años
debatiendo las enmiendas que hoy van a rechazar de Izquierda Unida? Seguramente sí, porque algunos van con retraso y otros somos la avanzadilla.
Hemos presentado y defendido más de 80 enmiendas que han sido literalmente dejadas de lado; enmiendas que mejorarían sustancialmente el texto y que, incluso, el portavoz del Grupo Socialista reconoció en Comisión que muchas le parecían
correctas y adecuadas pero que el pacto con el Partido Popular le impedía aceptarlas, es más, le impedía debatirlas; le impedía prácticamente hablar de ellas, porque ese debate -como digo- no se dio en la ponencia que es el lugar adecuado para que
se de ese tipo de debates.
No deja de llamar la atención lo poco que preocupa a los dos grandes partidos carecer del consenso con la tercera fuerza política, en votos, de la comunidad. Es evidente que no quieren cambiar la normativa electoral para
no permitir que obtengamos representación, porque esta situación, enarbolar la bandera del bipartidismo, les mantiene mucho más cómodos, pero que ni siquiera se haya esforzado por alcanzar un consenso con nosotros denota que el diálogo, el consenso
y el talante del que tanto se habló al inicio de la legislatura no son los que han guiado las decisiones políticas que han tomado respecto a este Estatuto. Tampoco se han preocupado por plasmar en el texto estatutario un reflejo del conjunto de la
sociedad a la que se dirige. Se han dejado fuera a una buena parte de la sociedad de Castilla y León. Únicamente se han aceptado cuatro enmiendas que mejoran el texto. Una, fundamental, a la que ha hecho referencia la vicepresidenta del Gobierno,
respecto a la no discriminación por orientación sexual. Lo celebramos, porque es una enmienda que hemos mantenido en todos los textos estatutarios y cuya incorporación hemos ido consiguiendo para así acabar con una mala interpretación de la
Constitución española, ya que muchos juristas han interpretado que cuando dice que no se debe llevar a cabo ninguna discriminación, ahí no se encuentra incluida la discriminación por orientación sexual. Pues bien, la estamos incorporando en los
textos estatutarios, para que quede claro que se rechaza cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual. En cualquier caso, si es cierto que la esperanza es lo último que se pierde, nosotros no la perderemos nunca y seguiremos
luchando por todas las cuestiones que planteamos en el resto de enmiendas -más de ochenta- que no han sido aceptadas. El tiempo pasa, y esperamos que nunca sea demasiado tarde para Castilla y León en su camino hacia la convergencia con el resto del
Estado; sutilezas de una permanente vocación de freno autonómico y defensa de las esencias patrias que han pagado y seguirán pagando los castellanos y los leoneses. Imagino sencillamente que esa será la línea del discurso del Partido Popular, que
está muy en campaña electoral, intentando capitalizar la España que debe ser de todos.
En cualquier caso, nosotros no vamos a votar favorablemente un Estatuto que se fundamenta más en la definición de principios que en la concreción de derechos, porque Izquierda Unida, como ya he dicho muchas veces, cree en los derechos
exigibles garantizados y no en la venta de humo con palabras bellas en los textos legales. Es un Estatuto que se fundamenta más en la ambigüedad que en la claridad jurídica, que renuncia a plantear cuestiones competenciales o de financiación claras
y concretas, reivindicaciones que mantenemos en forma de enmiendas y que invito a todas SS.SS. que voten favorablemente. A pesar de todo ello, tampoco vamos a votar en contra del texto que se nos propone, porque cuando se apruebe, desde el primer
día, vamos a exigir la aplicación y el desarrollo de todos los tímidos avances que se encuentran en él. Vamos a estar detrás de ustedes para que las palabras bellas acaben desarrollándose como textos legislativos que garanticen los derechos de los
ciudadanos. No debemos renunciar a nada. Creemos en la necesidad de que Castilla y León acceda al máximo desarrollo competencial, a los mismos derechos y no más deberes ni menos competencias que el resto de comunidades autónomas, a fin de
vertebrar el Estado solidario y federal en el que creemos. Tampoco vamos a negarnos a ningún avance, porque todo avance es irrenunciable para Izquierda Unida; porque no renunciamos a mejorar las condiciones de vida de los castellanos y leoneses;
porque vamos a apoyar cualquier paso, por tímido que sea, en el camino hacia la adecuación de la realidad autonómica del autogobierno a las circunstancias de la España real, la de las diecisiete comunidades autónomas, a pesar de que ustedes se han
olvidado hasta del reconocimiento de esta comunidad autónoma como nacionalidad histórica. Se han olvidado de cuestiones que consideramos fundamentales, como el
derecho a una muerte digna y al testamento vital; el derecho a una vivienda digna, a la conservación, promoción y disfrute del medio natural; derechos medioambientales, como la consideración particular de las zonas de montaña. Dan pasos
hacia atrás en la comarcalización porque someten que cada comarca se tendrá que aprobar por ley, cuando nosotros abogamos por la superación progresiva de las competencias provinciales y, precisamente, por abordar las comarcas como solución mucho más
óptima para el desarrollo de los municipios. Se han olvidado de la creación de una agencia tributaria concreta -se dice que habrá un organismo, pero nosotros queremos que gestione los tributos propios y los cedidos, los que corresponden al Estado-
y del reconocimiento de un nuevo sistema de financiación. No quieren que la reforma respecto a la normativa electoral establezca el 3 por ciento en el conjunto de Castilla y León como límite de acceso a la representación parlamentaria autonómica,
la creación de un distrito electoral autonómico en la contabilización de votos o aumentar a cien la representación de los procuradores. Se han olvidado en gran medida de las mejoras necesarias respecto a la financiación que partan del
reconocimiento de la deuda histórica y de la reivindicación de inversiones estatales basadas en territorio, población y envejecimiento con concreción, porque sí que se han introducido esos términos pero de manera totalmente genérica. Nosotros
queremos concreción, queremos que haya una verdadera inversión para Castilla y León y queremos avances que sean tangibles, palpables y después exigibles. El otro día el señor Solbes decía que no le daba más dinero en financiación al País Valenciano
porque no se había recogido en los estatutos y lo que no está en los estatutos no tiene por qué cumplirlo. Nosotros queremos que Castilla y León tenga estas demandas reconocidas en su Estatuto para que sean exigibles y no haya más remedio que
cumplirlas. Una deuda histórica que debe ser evaluada sobre el déficit acumulado en infraestructuras sociales, viarias y ferroviarias, que ha implicado la continúa pérdida de población. También queremos la participación de un 15 por ciento de
inversiones del Estado, en lugar del actual 8 por ciento, partiendo de una fórmula polinómica establecida sobre la media aritmética del territorio, un 20 por ciento; la población, un 6 por ciento; un índice sumativo del 2 por ciento, y la
discriminación positiva por el derecho universal a los servicios básicos de la población en situaciones de envejecimiento y de dispersión geográfica.
Señorías, estamos hablando de un autogobierno en forma de Estatuto ya demandado en etapas anteriores de nuestra historia, como a finales del siglo XIX, y en proceso de elaboración durante la II República. Yo les pido en nombre de Izquierda
Unida que en esta ocasión no permitan que de nuevo el Estatuto de Castilla y León se quede de los últimos, junto con el Estatuto valenciano, en ambición democrática, en autogobierno y en ambición social. Izquierda Unida lo tiene muy claro, apuesta
por que Castilla y León sea una comunidad de primera categoría que juegue en primera división, que avance en democracia, en derechos, en financiación, y en competencias; una comunidad fuerte que desde el autogobierno pleno y con una financiación
suficiente pueda cubrir los servicios básicos y universales de sus ciudadanos. Un Estatuto de todos y para todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Hay que felicitar evidentemente a los castellanosleoneses por la tramitación de su Estatuto y por las modificaciones en las que se ha ido avanzando. En cualquier caso, nosotros ya manifestamos en la toma en consideración que de ningún modo
nos íbamos a oponer a una discusión en el avance de autogobierno de una comunidad autónoma. Estamos abiertos siempre al diálogo, creo que se debería hacer en todos los casos y no va a ser menos Castilla y León, sabiendo que había también algunos
puntos en los que mantenemos una discrepancia. También hemos manifestado en repetidas ocasiones en esta Cámara que nuestro único límite a la hora de coadyuvar a la voluntad de una comunidad autónoma es el que esta voluntad impida o limite en la
práctica el autogobierno vasco recogido en el propio ordenamiento jurídico, en el Estatuto de Gernika.
Ciertamente el Estatuto recoge asuntos que ya se habían contemplado en otros estatutos, algunos de ellos en su momento de fuerte polémica, como la posibilidad de apertura de oficinas en el extranjero o tener una representación directa en
organismos tales como la Unesco, cuestión que contemplaba el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía en el caso del País Vasco y que fue rechazado en su toma en consideración y que también planteaba el propio Estatuto de Cataluña. Aquí, sin
ningún tipo de problema, se ha asumido con naturalidad y con normalidad, de lo cual me congratulo, y además es evidente que en diversos elementos polémicos en materia de representación internacional hay algunos hitos ya recogidos en otros textos que
aquí también se ven reflejados.
Como ha dicho la representante de Izquierda Unida anteriormente, es cierto que ha habido un cierto blindaje por parte de los dos grupos mayoritarios. Evidentemente hay que reconocer que la representación castellanoleonesa es prácticamente
total con la suma de estos dos grupos, pero, como digo, ha habido un cierto blindaje a la hora de intentar negociar enmiendas con otros grupos parlamentarios. Personalmente al menos tengo que dejar constancia aquí de que es cierto que diversos
ayuntamientos de León en los que también había concejales del Partido Popular y del Partido Socialista se han manifestado favorables a que el Estatuto de Autonomía pudiera acoger la posibilidad de que en su momento León pudiera considerarse una
comunidad autónoma diferenciada.
Nos parece que es una voz que está ahí y que hay que tener en cuenta. No entendemos que haya habido absoluta cerrazón en la cuestión del debate sobre legislación electoral que planteaba Izquierda Unida y que quizás podría coadyuvar a que la
representación ideológica plural que pueda haber en Castilla y León se vea mejor representada en el Parlamento.
Personalmente sigo sin entender el artículo 77.3, que es una especie de cláusula Camps reducida en la que se señala que se obliga a las
Cortes y a la Junta de Castilla y León a que el nivel de autogobierno establecido sea actualizado no ya de acuerdo con lo que en determinado momento consideren esas Cortes, lo cual me parecería perfectamente equilibrado y lógico, sino en términos de
igualdad respecto a otras comunidades autónomas. La verdad es que esto me parece chocante, porque las necesidades de una comunidad autónoma no tienen por qué ser miméticas a las de otra. En el propio artículo 1 se dice que los reinos de León y de
Castilla han contribuido de modo decisivo a la formación de España como nación, lo cual es indudable. Yo incluso diría que Castilla y León contempla la idea de España como un alter ego, como un reflejo, de la propia Castilla y León. Esto es
evidente, pero de ahí a colegir que en esa nación llamada España todos los territorios deban tener el mismo grado de autonomía y mimética hay un abismo.
Evidentemente tengo que hablarles de las enmiendas que el Grupo Vasco ha presentado y sigue manteniendo, y que únicamente se han limitado a lo que ya les señalaba antes, a aquello que puede afectar, y que de hecho evidentemente afecta, al
autogobierno vasco, y no solamente desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, sino atendiendo en todo caso a las reivindicaciones que por parte de los representantes públicos del territorio de Treviño -territorio que como ustedes saben
también está sometido a regulación por el Estatuto de Gernika del País Vasco- se ha manifestado. Por lo tanto, las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta al Estatuto de Castilla y León no son un capricho del grupo sino que
simplemente responden a la petición hecha por parte de los ayuntamientos, concretamente el de Treviño en diciembre de 2006 y el de La Puebla de Arganzón en marzo de 2007, a la hora de afrontar la reforma del Estatuto de Castilla y León, solicitando
unas modificaciones en el texto que parecía -así se confirmó- iba a salir de las Cortes castellanoleonesas. Como ustedes saben, ahí hay dos puntos. Uno de ellos trata sobre la posible decisión de ese territorio de cambiar de comunidad autónoma,
mientras que el otro trata de los derechos lingüísticos, del artículo 5, al que algunos de mis compañeros también se han referido.
Estamos hablando de un territorio de algo más de 2.000 habitantes, de 222 kilómetros cuadrados, de un territorio que está rodeado por tierra alavesa y que ha estado ligado directamente a la historia alavesa, que formó parte en algunos
momentos de la Hermandad Alavesa y que después de un tiempo fue separada porque curiosamente, al pasar de territorio de realengo al de señorío, los señores de aquel territorio eran más proclives a la corona navarra que a la corona castellana y, como
una forma defensiva, al no fiarse, su entrada en la hermandad fue impedida una y otra vez. Sin embargo, ese territorio siguió pidiendo a lo largo de los siglos su incorporación a Álava; en el siglo XVII; en el XVIII; cuando desaparece el régimen
foral pero antes también, incluso cuando se prepara la organización provincial española. De hecho, en algunos anteproyectos de esa organización provincial, Treviño aparece integrado en Álava a principios del siglo XX. Incluso en época de la
dictadura de Franco se somete a votación en los municipios, entre los cabezas de familia, la posible incorporación a Álava, y es apoyada mayoritariamente.
Eso se produce en dos ocasiones y después, tras la aprobación del Estatuto de Gernika,
continuamente en la década de los ochenta y en la década de los noventa hubo otras expresiones; en concreto, hubo una última manifestación clarísima en el municipio de Treviño en el año 2005, donde se realizó una consulta para que la gente
declarara si le gustaría poder manifestar, tal y como proclama el Estatuto de Gernika y también, en cierto modo, el Estatuto de Castilla y León -ahora veremos cuál es el problema-, si quería pasar a formar parte de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y mayoritariamente manifestaron que sí, que querían tener la oportunidad de votar.
Se han hecho innumerables consultas, innumerables peticiones, apoyadas además desde diversos ámbitos ideológicos. Incluso correligionarios de los partidos mayoritarios que hoy no están dispuestos a apoyar las enmiendas que mantiene el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) han apoyado esa incorporación o al menos el sometimiento a consulta de los habitantes de Treviño y de La Puebla de Arganzón de la posibilidad que les otorga el artículo 8 del Estatuto de Gernika. Sin embargo, nos
encontramos con que en el Estatuto de Castilla y León se produce un veto de facto a que el artículo 8 del Estatuto de Gernika pueda ser desarrollado, es decir, a que los habitantes puedan ser consultados, porque, entre otras cosas, se dice que será
necesario un informe favorable de la comunidad autónoma y también de la provincia a la que pertenezcan esos municipios, en este caso Burgos. Este hecho es singular en el ordenamiento jurídico español porque podríamos encontrar perfectamente un
ejemplo de un Estatuto que se aprobó recientemente en esta Cámara como es el de Aragón, que copia literalmente el artículo 8 del Estatuto de Gernika, pero esta especie de derecho de veto por parte de Castilla y León solo se recoge en el Estatuto de
Castilla y León, no hay otro ejemplo en el ordenamiento jurídico pese a que tenemos enclaves, ¡claro que sí!, en otros territorios.
Con las enmiendas que hemos presentado no hemos pretendido modificar el régimen de mayorías que plantea Castilla y León. Es superior, es cualificado, al que puede colegirse de leer el artículo correspondiente del Estatuto de Gernika. Nos
parece correcto; si debe haber una mayoría cualificada mayor, que la haya. No hemos ido a modificar eso. Lo único que pedimos -y creemos que
no es una parte sustancial del Estatuto- es que esos informes no tengan que ser vinculantes, esto es, que sean posibles, que correspondan a una realidad jurídica tanto un Estatuto como el otro, que el artículo 8 del Estatuto de Gernika no
quede vacío de contenido. Me podrían decir ustedes que no tiene por qué quedar vacío, puede que se dé un informe favorable.
Esto me lo dicen en el año 1984, cuando se hizo el primer Estatuto, y yo con buena fe lo hubiera creído, pero la
experiencia hasta ahora nos demuestra lo contrario, porque ha habido ponencia en el Senado, estudios en el Senado, una Comisión mixta entre País Vasco y Castilla y León para dar determinados servicios que rompe unilateralmente el Partido Popular en
el año 2003. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.) Ha habido multitud de intentos y absolutamente ninguna voluntad política, no ya de que se incorpore Treviño al País Vasco -perfectamente se podría defender un no en el
referéndum-, sino de que se manifieste la ciudadanía. Además, el señor De Santiago Juárez nos lo dejó claro en la toma en consideración del Estatuto. Dijo literalmente: Este texto asegura la integridad territorial de Castilla y León. Dicho de
otra manera, esto lo ponemos no porque pensemos que algún día podamos decir que se someta a referéndum, no; es la manera de vaciar de contenido el artículo 8 del Estatuto de Gernika. Esta es la realidad. Alguien ha dicho en alguna ocasión que los
que deben manifestarse sobre si ese territorio debería cambiar de comunidad autónoma son todos los ciudadanos de Castilla y León. Pero ni siquiera el texto del Estatuto de Castilla y León que ustedes nos presentan a consideración dice eso, porque
habla de habitantes del territorio, municipio o municipios que pretendan la segregación, amparados por la mayoría de votos válidos emitidos. Esto sí es copia del Estatuto de Gernika y de otros estatutos como, por ejemplo, el de Aragón, que he
mencionado antes. Estamos discutiendo ahora el texto del artículo 11, que se refiere al derecho de los castellanoleoneses a promover consultas en aquellos temas que les conciernen, y resulta que en este caso, en un asunto que los ciudadanos
castellanoleoneses lo están reclamando una y otra vez, lo que se hace es impedir de facto ese derecho. Por tanto, entendemos que hay una contradicción entre ese artículo 11.5 y la disposición transitoria tercera.
Quiero dejar claro que nuestras enmiendas no pretenden invadir -digamos- la parte principal, el impulso político, ideológico y competencial del Estatuto de Castilla y León. No podemos evitar que se nos diga que a las Cortes no corresponde
cambiar lo que viene de una comunidad autónoma, no se puede enmendar la plana -y aquí hemos visto enmendar la plana en unas cuantas ocasiones-, y sin embargo estoy de acuerdo con el principio. No se debería enmendar la plana, cambiar el sentido
principal de lo que viene de una comunidad autónoma. Eso no lo hacen nuestras enmiendas.
Respetamos escrupulosamente y, es más, votaremos a favor del resto de los artículos del Estatuto de Castilla y León que no conciernan a nuestras enmiendas.
Ni siquiera pretendemos que desaparezca ese artículo en la tramitación para que solo quede en vigor en el ordenamiento jurídico el Estatuto de Gernika. Lo único que pretendemos es que no se utilice un derecho de veto que lo que haga es anular parte
del ordenamiento jurídico español, que creo que es algo por lo que tienen que velar también estas Cortes, porque todo el ordenamiento jurídico esté vigente, y lo esté en realidad, porque si no, al final, lo que se está cometiendo es un engaño en una
norma que incluso ha sido refrendada en votación por los ciudadanos de una comunidad autónoma. Antes de pasar a la otra enmienda, quiero decir que nosotros estamos de acuerdo con el principio de que a ningún ciudadano se le puede obligar a formar
parte de una comunidad autónoma (en ello se insiste en el caso de Navarra y estamos de acuerdo; deben ser los ciudadanos navarros quienes decidan, aunque existan posibilidades en el ordenamiento jurídico para que se modifique el estatus de esa
comunidad), pero por la misma razón no entendemos por qué ello no es válido para el caso de Treviño. Sería bueno también que se manifestaran los habitantes de ese lugar, tal y como aparece en el Estatuto. El Estatuto lo dice así: Votación de los
habitantes del territorio, municipio o municipios que pretendan la segregación. Lo que ocurre es que eso para unos casos parece que es válido y para otros no.
Nuestra otra enmienda -tampoco es un invento del Grupo Vasco- es una reivindicación efectuada, como he dicho, recientemente por ambos ayuntamientos, Treviño y La Puebla de Arganzón. Parte de la importancia que tiene el euskera -también es
un territorio, es una toponimia vasca- viene también de la voluntad de los ciudadanos, que quieren ver incluido el idioma vasco en los niveles básicos de la educación al menos. Es una reivindicación por encima de siglas políticas, también de
concejales del Partido Popular, que nos parece normal y lógica. Si estamos protegiendo otros idiomas en el Estatuto, por qué no se puede hacer algo así con el euskera, y el ámbito en el que lo solicitan es el de la educación y la administración.
De ahí nuestra enmienda que copia un poco el texto original del Estatuto, para no interferir -tiene un elemento nuevo-, y lo que pide es que en el Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón la lengua vasca, el euskera, goce de protección específica,
facilitando su empleo en el ámbito de la educación y la administración. Como podemos ver, es algo que está sacado del artículo 5 del Estatuto, que nos habla de otros idiomas y en concreto en el punto 2 del leonés.
Señor presidente, vamos a solicitar votación separada y específica de nuestras dos enmiendas, y cuando votemos el texto del dictamen querríamos que se votara separadamente el artículo 5 y la disposición transitoria tercera. Comprenderán que
no podemos dar un sí a esos dos puntos.
Comprenderán también que lo que sucede -lo he explicado suficientemente de facto- es que la aprobación de este Estatuto va a traer como consecuencia la anulación del artículo 8 del Estatuto de Gernika, y a
eso el Grupo Vasco no puede decir que sí. Por tanto, el Grupo Vasco, en la medida en que está de acuerdo con
que la voluntad de los castellanoleoneses se lleve a cabo, votará a favor de todos los artículos del Estatuto, pero no puede votar a favor de esos artículos a los que me he referido, el 5 y la disposición transitoria tercera, porque anulan
de facto buena parte de nuestro Estatuto. Por tanto, tampoco podemos votar que sí a este Estatuto de Castilla y León.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Esteban.
A continuación, fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Coalición Canaria, en el Grupo Mixto, después de saludar a la representación institucional que nos acompaña de Castilla y León, mostramos nuestra solidaridad. La línea de Coalición Canaria ha sido siempre la de un respeto escrupuloso
por las decisiones de los parlamentos autonómicos, depositarios en esa parte de España que es Castilla y León de una soberanía popular que nos lleva a este principio de solidaridad. Deseamos la mejor andadura para este Estatuto de nuevas
competencias de Castilla y León, integradas en el marco constitucional del Estado y del Reino de España, lo que es un motivo de solidaridad que desde este momento desde Coalición Canaria hacemos con afecto por un principio de responsabilidad.
Esperamos que el desarrollo del título VIII de la Constitución siga por estos senderos constitucionales, dando un ejemplo de coherencia y de cohesión, y tenga siempre el máximo respaldo democrático para que la bondad y el principio de legitimidad
legislativa e histórica se mantengan. De ahí que a este texto que nos llega de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados nosotros demos con gran satisfacción, respeto, responsabilidad y solidaridad este voto de apoyo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Mardones.
Señor Labordeta, tiene la palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Nuestro voto va a ser doble. Primero quiero saludar a los representantes de Castilla y León, en algunas de cuyas zonas somos casi paisanos absolutos, como en el caso de los sorianos. Tenemos tantos representantes de Soria en nuestra tierra
que casi hay más sorianos en Zaragoza que en Soria y por eso sentimos una verdadera fraternidad con ellos. Por esa razón vamos a abstenernos. Hemos presentado 40 enmiendas y la verdad es que el Estatuto queda un poco como el de Aragón, es decir,
no hay una financiación. Me he quedado muy extrañado al saber que la diputada de Izquierda Unida también se va a abstener, porque en una misma situación apoyaron y firmaron el Estatuto de Aragón. Por ejemplo, el artículo 83 -que me parece
fundamental porque no hay autonomía si no hay economía, porque la autonomía sin economía es como humo de pajas- dice exactamente que para determinar la financiación que dentro del sistema de financiación de las comunidades autónomas corresponde a la
Comunidad de Castilla y León se ponderarán adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población de la comunidad. Que me digan cómo se ponderan adecuadamente, porque la verdad es que es un
poco duro ya que cada vez hay que combatir por el dinero para sacar los presupuestos, y aunque ahora han ido bien, el día de mañana igual no van tan bien y entonces no los podremos sacar, mientras que hay otras autonomías que tienen ya fijada una
cantidad de dinero suficiente como Cataluña, Andalucía, etcétera, según la población.
No sabemos muy bien qué son estas cosas tan vagas de la extensión, del envejecimiento.
Vamos a apoyar la enmienda del BNG, ya que defender lo que se habla en nuestros territorios a veces minoritarios es fundamental, y también la enmienda del PNV. Este es un estatuto que ha quedado como el aragonés, ni chicha ni limoná, somos
los pobres de este territorio. Por tanto, nos vamos a abstener porque lo bueno de un estatuto es cuando tiene una buena financiación y desgraciadamente este estatuto de financiación no tiene nada. A ver cómo se cuentan los abuelos, cómo se cuenta
la extensión, cómo se cuenta la distancia, cómo se cuenta la tierra que hay en Zamora y la soledad que hay en Soria. ¿Todo eso cómo se cuenta? Si no se cuenta de entrada es muy difícil contarlo y por eso nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Labordeta.
A continuación, turno de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, damos la bienvenida a los procuradores que han llegado de las Cortes de Castilla y León al Parlamento del Estado. Como diputado independentista, como diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya,
ustedes deben saber que nuestra posición republicana ante las reformas de los estatutos de autonomía que no afectan a nuestro territorio nacional, es decir, al conjunto de los países catalanes, es respetar la voluntad de incremento de autogobierno
que así expresan sus parlamentos. Por este motivo nosotros no enmendamos el texto y manifestamos nuestra voluntad de apoyo total al texto que llega al Parlamento del Estado, porque la población castellanoleonesa es, a nuestro entender,
suficientemente madura como para elegir a los representantes que han de decidir
la articulación política y el grado competencial oportuno para su país. No les escondo que nosotros desearíamos que la realidad política y parlamentaria en las instituciones castellanoleonesas fuera muy distinta a la que es, pero esta es su
realidad; la realidad de los castellanos, la realidad de los leoneses es la que es, y en principio a nosotros no nos afecta, aunque ciertamente solo en principio. Tengo el mismo derecho que el de un representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para decidir sobre la articulación política y el grado competencial oportuno para los territorios catalanes y, sin embargo, los representantes castellanoleoneses decidieron sobre nuestra soberanía. La legitimidad legal en cualquiera
de estos casos no la pongo en duda, dado que el marco constitucional que ustedes avalan y que nosotros acatamos solamente por imperativo legal -repito que solamente por imperativo legal- así se lo permite, pero sí pongo en duda la legitimidad moral,
si me dejan decirlo así. Vaya por delante que denunciamos por vergonzantes -repito, por vergonzantes- a aquellas fuerzas políticas castellanoleonesas que se movilizaron en contra del Estatuto de Autonomía catalán, aprobado en nuestro Parlamento
nacional, que como ustedes saben no es este sino el de Barcelona. La legitimidad moral de estas fuerzas políticas está en duda desde el punto de vista estrictamente democrático. ¿Por qué va a rechazar o a modificar un representante de la soberanía
catalana aquello que los representantes de otra comunidad, en virtud de sus competencias y de su legitimidad histórica, han aprobado para su propia organización política? Ello sería atentar contra la voluntad libre y democrática expresada por los
representantes de Castilla y León. ¿En virtud de qué legitimidad moral los aquí presentes estamos por encima de la propia voluntad del pueblo castellanoleonés? ¿Qué legitimidad tenemos los catalanes para decir a los castellanoleoneses cómo deben
organizarse y qué competencias deben asumir? Ya en la primera mitad del siglo XVI los comuneros castellanos lucharon por ello, porque desde otros lugares del reino no decidieran sobre qué quería ser y cómo se iba a articular en este caso Castilla.
Cinco siglos más tarde aquí están los representantes del pueblo castellanoleonés, aquellos que conmemoran el 23 de abril, día de la derrota comunera, como fiesta propia, a someterse a la voluntad de los representantes del reino para decidir quiénes
son y cómo articularse, y a esperar que después de ello el Rey, Juan Carlos Borbón, estampe su graciosa firma para dar autorización y validez a la voluntad del pueblo castellanoleonés. Vaya, pues, desde aquí nuestro abrazo fraternal a las
compañeras y compañeros comuneros de Castilla, aquellos que mantienen la herencia no solo de aquellos del siglo XVI sino también de los comuneros del siglo XIX, que desde tribunas como el periódico El eco de Padilla lucharon por las libertades y el
republicanismo en contra de un rey que se consideraba por encima de la propia voluntad del pueblo castellano.
Reitero, pues, nuestro abrazo a los comuneros del siglo XXI, aquellos que contra el beligerante e intolerante nacionalismo español alzan
su voz solidaria con el derecho a decidir del pueblo catalán y del pueblo vasco.
Compañeras y compañeros comuneros, sabemos de vuestra existencia y solidaridad, que honestamente declaro recíproca.
Quiero aprovechar esta tribuna para deshacer malentendidos. Esquerra Republicana de Catalunya cree en la libertad de los pueblos, tanto del catalán como del vasco y del andaluz, y por supuesto en las libertades del pueblo castellano y del
pueblo leonés. Defendemos por encima de todo que cada pueblo sea lo que quiera ser. Nosotros nunca hemos pretendido definir ni delimitar qué es la nación castellana, qué es la nación leonesa; la propia nación castellana, la propia nación leonesa
decide qué es y qué quiere ser. Desde los valores republicanos aspiramos a la libertad y a la solidaridad de todos los pueblos ibéricos del mundo, y libertad significa que cada uno de los pueblos que configuran este Estado, desde el catalán hasta
el vasco, pasando por el gallego, el castellano, el andaluz o el canario, decidan por sí mismos si quieren pertenecer o no al Estado español y, en su caso, cómo lo quieren hacer, evidentemente a través de su derecho a decidir su futuro. Cada pueblo
debe decidir libremente su encaje en el actual Estado, sin tener que arrodillarse ante la decisión inflexible, intolerante y unitaria de un ente llamado España que pretende su unidad por el artículo 8 de la Constitución española más que por la
voluntad de los pueblos que la componen. Castilla, que un día fue una nación unida y libre, como lo fue la catalana, tiene el mismo derecho a decidir que Cataluña. La misma legitimidad que tiene Cataluña, el País Vasco o Galicia para realizar un
referéndum sobre su pertenencia o no al Estado español la tiene Castilla para decidir si quiere continuar perteneciendo a España o no. Si ustedes algún día deciden libremente separarse de España, Esquerra Republicana no va a oponerse. (Risas.)
Pueden sonreír, pero ustedes saben que la historia va a deparar algunos procesos. También se reían algunos demócratas, algún dirigente socialista y por supuesto el Partido Popular ante el proceso soberanista en Escocia y algunas de esas sonrisas se
han congelado desde hace pocos meses. (Rumores.) Decía que Castilla también tiene legitimidad para decidir si quiere continuar perteneciendo a España o no y desde esta óptica democrática... (Risas.) Ríanse de la democracia, que les va a pillar la
historia y no se van a dar cuenta. Digo que desde esta óptica democrática del Estado, según la cual la configuración y unidad de este se sostiene sobre la voluntad de los pueblos más que sobre la amenaza del ejército, denunciamos la pervivencia de
una herencia histórica acrecentada durante los años de la dictadura franquista que identifica al Estado español con la nación castellana, que no será recuperada por la Ley de la desmemoria histórica que aprobarán ustedes mañana y que en términos
generales empobrece al conjunto del Estado.
Ciertamente, en el artículo 1 ustedes no se conforman con la declaración de comunidad histórica y cultural. Tendrían que haber ido un poco más lejos, pero es su
voluntad y por supuesto la respetamos. No se conforman con dejar explícito que ejerce su derecho al autogobierno y se constituye en comunidad autónoma en el marco de la Constitución y del presente Estatuto de Autonomía, que es lógico que lo
hagan en tanto en cuanto las fuerzas políticas que han patrocinado este texto acatan y avalan la Constitución española. Hasta aquí ningún problema. Pero ustedes no se han resistido a hacer un inciso, que voy a leer textualmente. Hablando de su
país dicen que ha contribuido de modo decisivo a la formación de España como nación.
Si con esto se quedan tranquilos, allá ustedes con sus responsabilidades.
Incluso tienen el derecho de querer identificar sus territorios con la nación española.
De hecho, es el resultado lógico de un proceso histórico, de una contribución de su país a la nación española llevada a cabo -vale la pena no ser hipócritas- en algunos pasajes de nuestra historia -la historia del Estado- a sangre y fuego -algo que
también hay que tener presente, aunque la historia básicamente está metabolizada- puesta al servicio de la formulación de un Estado-nación cuya aspiración exigía acabar con las realidades nacionales, culturales y lingüísticas ajenas a la nación
castellana; en definitiva, utilizando de forma perversa a las clases populares castellanas y leonesas en unos procesos expansionistas. Y para eso está la historia, para poderlo debatir en tanto en cuanto todo es susceptible de ser analizado desde
ópticas distintas. Me remito a la relatividad de la ciencia histórica. Hasta aquí incluso es posible entendernos.
Finalmente, en nombre del republicanismo catalán deseo hacer un llamamiento a los compañeros comuneros para que, bajo la bandera de los valores republicanos -que son los nuestros y de los que algunos todavía no han conseguido contagiarse-,
seamos capaces de unir nuestras luchas a favor de una Cataluña libre, de una Castilla libre y de un país leonés libre; que ambas naciones, que ambos pueblos sean lo que quieran ser, sin el corsé de la España de las autonomías, que algún día es
evidente que saltará por los aires (Risas.); una España de las autonomías que, sí, saltará por los aires por la voluntad del ejercicio del derecho a decidir democráticamente de los pueblos, y si no al tiempo. Digo una España de las autonomías
impuesta por la transición, en el marco de la Europa de los pueblos, en el marco de la Europa en donde las naciones sin Estado tendrán su articulación con las naciones-Estado. Así pues, termino nuestro pronunciamiento lanzando un grito a favor de
las libertades y esperando que nuestra posición sea comprendida, ya que es de respeto absoluto y total a la voluntad de las Cortes de Castilla y León.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà.
Por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar su posición. No sé, señor presidente, si seré breve. Seguramente tendré una intervención distinta de la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, que
también es catalán pero que no es mi primo (Risas.), y que ha hecho un enfoque desde otra óptica del proceso de autogobierno y de desarrollo estatutario de Castilla y León.
En primer lugar, quiero saludar a la delegación del Parlamento de Castilla y León y a su presidente y expresar en nombre de este grupo parlamentario el respeto a la vocación de profundización del autogobierno de Castilla y León; respeto que
expresamos para esta comunidad autónoma como en su momento también pedimos para el proceso de desarrollo de autogobierno de Cataluña, para la propuesta de reforma estatutaria de Cataluña que se planteó durante esta legislatura. Me gustaría poner en
contexto esta reforma estatutaria -muy probablemente el último estatuto que se reforma en esta legislatura-, no como una excepción de Castilla y León o no como una excepción del que fue el primer estatuto que se reformó en esta legislatura, el
valenciano, sino que debemos poner esta reforma en el contexto de una necesidad de actualizar, de reformar estatutos, instrumentos de autogobierno, después de 25 ó 30 años de desarrollo estatutario. Es bueno, es positivo ajustar los instrumentos de
autogobierno, las instituciones y también los títulos competenciales a la nueva realidad, que es distinta después del paso de un cuarto de siglo.
No estamos exactamente ante la segunda descentralización, como se ha dicho. Ha habido distintas
reformas estatutarias, pero seguramente las reformas estatutarias de esta legislatura están tocando hueso en el debate sobre el carácter plural de España, la realidad plurinacional, plurilingüística y pluricultural de España, que en parte -solo en
parte- hemos abordado y hemos afrontado con las reformas de algunos de estos estatutos.
El Estatuto de Castilla y León, señorías, ha sufrido pocas modificaciones durante la tramitación parlamentaria en ponencia y en Comisión, pero ha sufrido algunas modificaciones y actualizaciones y al final ha merecido un voto favorable de
grupos varios y plurales de la Cámara, lo que saludamos con satisfacción. Señorías, como pueden comprender, saludamos con satisfacción el capítulo II referido a derechos y a deberes -por separado, por cierto, en dos apartados distintos de los
castellanos y los leoneses-, del artículo 11 al artículo 15, especialmente porque hace muy pocos meses en estas Cortes Generales había un debate sobre la posibilidad de que existieran derechos estatuyentes. Celebramos que hoy distintos grupos del
arco parlamentario voten a favor de la existencia de derechos estatuyentes y de principios rectores de las políticas públicas de esta comunidad autónoma. Como también saludamos positivamente el capítulo V, referido al Poder Judicial en Castilla y
León, y especialmente su artículo 40, que
contempla el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como última instancia ordinaria, excepto en la jurisdicción militar, cuando hace muy pocos meses, señorías, en estas Cortes Generales algún grupo parlamentario planteaba la
inviabilidad absoluta de contemplar los tribunales superiores de Justicia como última instancia ordinaria y que esto suponía la ruptura de la unidad jurisdiccional de España.
Evidentemente también desde Cataluña, que es una realidad de raíz
claramente comarcal, saludamos el artículo 46, que contempla la vía de creación de las comarcas en ejercicio del principio de autogobierno, de la vocación de autogobierno y de la realidad de Castilla y León.
Asimismo, podría hacer referencia a los artículos 61 a 66, bajo la rúbrica: relaciones de Castilla y León con la Unión Europea y participación en la política europea del Estado. Señorías, sería bueno repasar el 'Diario de Sesiones' de la
Comisión Constitucional y del Pleno correspondiente para comprobar las notables objeciones que se pusieron a que las comunidades autónomas tuvieran políticas de relación con la Unión Europea. Aún son más explícitos los artículos 67 y 68, bajo la
rúbrica: acción exterior de la comunidad autónoma, acción exterior de Castilla y León. Finalmente, con la votación de este Estatuto por parte de un número importante de grupos parlamentarios, seguramente el grupo de la mayoría, pero probablemente
también del grupo mayoritario en Castilla y León, el Grupo Popular, celebramos la cristalización del artículo 70, del artículo 71, en el que se consagran las competencias exclusivas y las competencias de ejecución de las comunidades autónomas. Me
remito, otra vez, al 'Diario de Sesiones' de la Comisión Constitucional y del Pleno correspondiente para comprobar un importante alegato de un diputado castellanoleonés contra la existencia de competencias exclusivas de las comunidades autónomas.
Aquello fue durante los meses de enero y marzo del año 2006 y vemos que, con el paso del tiempo, de muy poco tiempo, algunas posiciones van cambiando.
Como también ha hecho algún otro portavoz, me gustaría hacer referencia al artículo 77 y subrayar la importancia de las características de este artículo, y subrayar la importancia también de que hoy distintos grupos parlamentarios voten
dicho artículo. El artículo 77, apartado 1, es muy breve y, si me permiten, lo voy a leer. Artículo 77.1: La comunidad autónoma podrá solicitar de las instituciones del Estado y asumir competencias a través de los procedimientos establecidos en
los números 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución. Señorías, estamos dando carta de naturaleza, con el voto de distintos grupos parlamentarios y también del Grupo Popular, a la vía del artículo 150.2 de la Constitución. De hecho, este artículo
77.1 no es nada más que una cristalización -si me permiten, con todo el respeto a las Cortes de Castilla y León-, una redundancia de lo contemplado en la Constitución española, pero tiene un gran valor, porque, ante aquellos que hablaban del
burladero que suponía el artículo 150.2, vemos cómo también algunos grupos parlamentarios quieren que figure expresamente en este Estatuto. Por cierto, solo con el Partido Popular se puso en funcionamiento el artículo 150.2 en la legislatura de
1996-2000 y fue para practicar el traspaso de una competencia exclusiva del Estado a una comunidad autónoma, concretamente a Cataluña, en materia de Policía de Tráfico destinada a la Generalitat de Catalunya.
Celebramos, pues, lo que podría ser
hasta cierto punto una reiteración de una vía contemplada en la Constitución, pero celebramos este amplio consenso que va desde las filas del Partido Socialista -y otras- hasta las filas del Partido Popular.
Señorías, este artículo 77, en su apartado 3, nos invita a otras reflexiones. El artículo 77.3, que el diputado Aitor Esteban ha referenciado como una minicláusula Camps, establece lo siguiente: 'Las Cortes y la Junta de Castilla y León
velarán por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad respecto de las demás comunidades autónomas.' Señorías, les avanzo el voto afirmativo de mi grupo parlamentario a esta reforma
estatutaria. Pero este artículo 77, en su apartado 3, que nos invita claramente, como la cláusula Camps, pero seguramente con mejor estilo, a un cierto igualitarismo autonomista, nos invita seguramente en la VIII Legislatura, ya avanzado el proceso
de desarrollo estatutario, a reflexionar sobre la necesidad, sobre la conveniencia y, sobre todo, sobre la voluntad de cada una de las comunidades autónomas de perseguir la igualdad de competencias con otras comunidades autónomas. Mejor es
definirse en función de las propias ambiciones de autogobierno, de las propias necesidades y de las propias realidades, que no afirmarse en función de las competencias y de la ambición de otras comunidades autónomas. Nuestro voto será a favor del
conjunto de este Estatuto, nuestra valoración del conjunto de este Estatuto es positiva, pero este artículo 77, en su apartado 3, destila -como les decía- un igualitarismo autonomista que creo que va en contra de la propia naturaleza del artículo 2
de la Constitución española, derecho -que no deber- de acceso a la autonomía, y del título VIII, de desarrollo de la autonomía en función de las competencias de cada comunidad autónoma. Si algunos partidos políticos quieren practicar este
igualitarismo autonomista, por favor, que no se quejen de las propuestas de desarrollo autonómico de otras comunidades autónomas.
Voy entrando ya, señorías, señor presidente, en la recta final de mi intervención y quiero hacerlo refiriéndome a la disposición del Estatuto de Autonomía de Castilla y León respecto a la segregación de enclaves de la comunidad autónoma,
contemplados en la disposición transitoria tercera. No me quiero alargar en este punto. No puedo hacer nada más que sumarme a la argumentación jurídica del portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Señorías, existe, evidentemente, una colisión, un
choque jurídico y un choque de coherencia entre lo que contempla el Estatuto de Gernika, el Estatuto de la Comunidad Autónoma vasca en su artículo 8, y lo que contempla
este proyecto de Estatuto de Autonomía en su disposición transitoria tercera. Si, como nosotros consideramos, es competencia de las Cortes Generales armonizar y dar coherencia a los distintos textos estatutarios y a las distintas leyes, si
la Comisión Constitucional y las Cortes Generales tienen la última palabra, como se ha demostrado en los procesos de reforma de otros estatutos de autonomía, si las Cortes Generales y la Comisión Constitucional tienen, como les decía, la última
palabra en la clave de bóveda, en la culminación de un proceso de coherencia entre distintos estatutos de autonomía, señorías, les tengo que decir que estas Cortes Generales, al menos este Congreso y al menos la Comisión Constitucional, no han dado
este punto de coherencia, no han dado este punto de armonía entre aquello que está vigente, que es el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Gernika, y esta propuesta de la disposición transitoria tercera, que, al fin y al cabo, contempla un
derecho -si me permiten- de veto in extremis del Parlamento de una comunidad autónoma, más allá de la decisión de los habitantes de un enclave. Lo contemplo desde un punto de vista estrictamente jurídico, desde un punto de vista estrictamente de
desarrollo autonómico y armónico de los estatutos de autonomía. Apoyaremos la enmienda del Partido Nacionalista Vasco respecto a este punto y lamentamos que este Congreso de los Diputados no haya podido poner en sintonía los preceptos de los
estatutos de dos comunidades autónomas.
Señorías, este estatuto ha traído una vez más a debate elementos importantes de la identidad de León, de la identidad de El Bierzo, de la identidad de la lengua. No quiero reiterar las palabras que pronuncié sobre León y sobre la identidad
leonesa en el debate de toma en consideración de este proyecto de modificación del Estatuto de Castilla y León, sino que me remito a las mismas. En el debate de ponencia y Comisión esta comunidad estuvo a punto de ser definida como una comunidad
plurirregional. Faltó muy poco para llegar a esa definición. Señorías, es la vocación de autogobierno de Castilla y León, al final la de estas Cortes Generales y especialmente la de algunos de sus diputados y diputadas la que define este grado de
ambición. Nosotros habríamos votado afirmativamente también la definición de Castilla y León como una realidad plurirregional.
Si me lo permiten, voy a dedicar los minutos finales de mi intervención no únicamente a Castilla y León sino a valorar este proceso de reforma de estatutos. Hoy culminamos, por cuestiones procedimentales de tiempo, la última reforma
estatutaria de esta legislatura. Vendrán más reformas estatutarias; hay más en la cola. En algunas ha habido acuerdo y otras estaban incluso antes procedimentalmente que la de Castilla y León -hago referencia a la de la Comunidad Autónoma
canaria, en la que desgraciadamente no ha habido aún acuerdo-. Habrá más reformas estatutarias y estas harán que España se reconozca mejor en su pluralidad. Aquello que al principio de la legislatura era una grave amenaza a la unidad del Estado al
final de legislatura será claramente un mejor reconocimiento de España en su pluralidad. Para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) este es un proceso muy avanzado, pero aún no ha concluido, aún tiene un camino importante por
recorrer. Celebramos que este debate estatutario hoy culmine con este amplio consenso, que lo que hace en parte es impugnar no tan viejas posiciones de algún grupo parlamentario sobre otras reformas estatutarias. Esperemos que estos grupos
parlamentarios ejerzan por pura coherencia un profundo propósito de enmienda entre esta votación afirmativa de esta tarde y algunas posiciones mantenidas en el pasado pero durante esta legislatura.
Señor presidente, termino volviendo al Estatuto de Castilla y León, que es el objeto de esta discusión aunque este portavoz y algún otro hemos hecho algún excursus respecto al objeto de discusión y votación de esta tarde.
Damos la
bienvenida a esta vocación de incremento del autogobierno.
Votaremos a favor de algunas enmiendas que creemos que están cargadas de razón y de esta vocación de profundización del autogobierno de Castilla y León.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Xuclà.
El tiempo para la fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular se reparte entre la señora Sáenz de Santamaría y el señor Merino. En primer lugar, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero saludar a los representantes de Castilla y León que están en la tribuna, al señor presidente y miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, al señor consejero de la Presidencia, a los portavoces y
miembros de los grupos parlamentarios y a los representantes de los medios de comunicación.
Subo a esta tribuna para expresar el voto favorable de mi grupo al dictamen de la Comisión. Es un alto honor para mí haber sido ponente de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en esta Cámara, junto con mi
compañera Soraya Sáenz de Santamaría, a la que agradezco sus importantes aportaciones, generosidad y dedicación.
El 17 de abril de 2007, el presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera, y los portavoces de los grupos Popular y Socialista de las Cortes de Castilla y León presentaban y defendían en esta Cámara la propuesta de
reforma del Estatuto, después de su aprobación por las Cortes de Castilla y León. A esta Cámara llegó un texto de reforma renovado, actualizado y capaz de responder a las necesidades de Castilla y León en el siglo XXI. Había sido fruto de un
riguroso e intenso trabajo de muchos meses, en el que la participación de la sociedad de Castilla y León y el alto grado de diálogo y consenso habían presidido su trayectoria hasta llegar a esta Cámara. Esta reforma se planteó con tres premisas
fundamentales: la pertenencia de Castilla y León a la
nación española, la plena vigencia de la Constitución española que ampara nuestro derecho a la autonomía, y la necesidad de un Estado viable y posible que garantice la igualdad y la solidaridad entre los españoles, pero también entre las
comunidades de España. Esta reforma se planteó desde el compromiso con la España plural y solidaria, en la que la ambición por el mejor autogobierno animó a renovar en profundidad el actual Estatuto vigente y a dotarle de permanencia en el tiempo.
El Grupo Parlamentario Popular, al que represento, se felicita de haber participado en la elaboración de un texto que respeta el texto aprobado por la inmensa mayoría de los representantes de las Cortes de Castilla y León. El texto basa la
reforma en cuatro principios básicos. En primer lugar, deberá ser una reforma personalizada que dé respuesta a los problemas y necesidades reales, actuales y futuros de Castilla y León y no una simple emulación de otras reformas estatutarias. En
segundo lugar, se ha tratado de profundizar en el autogobierno de Castilla y León para servir mejor a la comunidad desde sus instituciones. En tercer lugar, se ha pretendido mejorar la calidad de nuestro autogobierno. Finalmente, se ha perseguido
el consenso -y no solo el político sino también el social- por entender que el protagonismo de la reforma no debería estar solo en el Parlamento sino en la sociedad de Castilla y León. El recorrido por su preámbulo es un recorrido por la historia,
la lengua y la cultura de España. La definición de Castilla y León como comunidad histórica y cultural no deja de ser importante por su incorporación contextual, pero a la vez es la más obvia y auténtica de las que pudieran traerse a comparación.
Los castellanos y leoneses sabemos que no hay ninguna otra comunidad con más historia, lo digan o no los textos legislativos; (Un señor diputado: ¡Muy bien!) y, además, lo diga o no la portavoz de Izquierda Unida. Por cierto, señora Navarro,
nosotros, de verdad, no somos los culpables de sus resultados electorales. (Una señora diputada: Eso es, sí señor.-Aplausos.) No tenemos la culpa. Como nos enseñaron en la escuela, el Reino de León y el Reino de Castilla, en igualdad de
condiciones e identidades, han sido decisivos en la formación de la nación española; y estamos orgullosos de ello, como también lo estamos de que once de las diecisiete comunidades autónomas actuales hayan formado parte, en los últimos ocho siglos,
de esta tierra de Castilla y León.
El título I aprobado es el resultado novedoso de una realidad. Los derechos de los ciudadanos de Castilla y León merecen ser recogidos en un catálogo de derechos, como garante de esos derechos y del bienestar de sus ciudadanos, sobre todo,
de los más débiles y necesitados, profundizando así en su dimensión social. La organización territorial contemplada en el título III incorpora, en el artículo 46, un nuevo apartado, el apartado tercero, donde se reconoce la singularidad y la
trayectoria institucional de la comarca de El Bierzo. En el título V se amplían los poderes de la región con nuevas competencias. Para poner algún ejemplo, por su especial relevancia, cabe citar que la comunidad asumirá las competencias de
desarrollo legislativo y de ejecución sobre la cuenca del Duero. Era un objetivo largamente pretendido por los ciudadanos de la región. La fórmula respeta la Constitución y las leyes estatales sobre aguas, y por eso estamos doblemente satisfechos
de haber conseguido una definición aceptable para el Estado y para Castilla y León.
En segundo lugar, cabe destacar que el Estatuto es sensible -y así lo contempla- a factores propios de nuestra región más que de ninguna otra, como son la despoblación, la extensión territorial, la dispersión de los núcleos urbanos y el
envejecimiento. Esos factores diferenciadores serán tenidos en cuenta por primera vez en el nuevo sistema de financiación para introducir mayores cuotas de solidaridad. Este Estatuto incorpora el principio general de que Castilla y León debe
recibir recursos para el desarrollo de sus competencias y para que sus ciudadanos tengan un nivel de servicios equiparable al conjunto del Estado, aplicando para ello los siguientes factores. Este es, en mi opinión, otro de los principales logros
del nuevo Estatuto de Autonomía.
Por otro lado, se introducen algunos cambios en la forma de Gobierno de Castilla y León para permitir mayor eficacia al principio de separación de poderes. Así, recoge el mandato de impulsar la autonomía local, se introduce la figura del
decreto-ley y se regulan con mayor detalle las atribuciones del presidente de la comunidad. El texto regula con más amplitud que el Estatuto vigente la organización territorial y local y sus relaciones con las instituciones de la comunidad. Cabe
destacar finalmente que en las disposiciones transitorias el Estatuto impide que alguna parte de nuestro territorio pueda pasar a formar parte de otra comunidad al margen del consentimiento de las instituciones representativas de los ciudadanos de
Castilla y León.
Debo resaltar, en otro orden de cosas, el magnífico texto remitido a este Parlamento y la rigurosidad terminológica que sin duda ha facilitado el trabajo en ponencia y en Comisión. Es un texto sensato, cargado de sentido común. Las
enmiendas presentadas por los distintos grupos demuestran el interés y el trabajo que todos ellos han realizado y que debemos agradecer por lo que aporta, sin perjuicio de que en la mayoría de los casos no hayamos podido aceptarlas por considerar
que suponían una modificación sustancial del texto que había sido consensuado por el 98 por ciento de los representantes de las Cortes de Castilla y León. No obstante, ha habido un grupo de ellas que se han tenido en consideración, del Partido
Socialista y del Partido Popular, que lógicamente han sido similares, y también de Izquierda Unida. En este sentido, debo agradecer el esfuerzo realizado por los dos grupos mayoritarios para mejorar determinados aspectos que suponen sin duda un más
adecuado contenido de muchas de sus propuestas. No podemos aceptar que se hable del gallego como lo ha hecho el representante del Bloque Nacionalista Galego, cuando el gallego queda protegido en este Estatuto como lo estaba en el anterior, porque
también forma parte de nuestro patrimonio. Somos integradores, señor Rodríguez. Ojalá su partido
defendiese los principios estatutarios y constitucionales como lo hace este Estatuto, señor Rodríguez, ojalá. (La señora García-Alcañíz Calvo: ¡Muy bien!)
Usted sabe, señor portavoz del Grupo Vasco, que las consultas de 1996 que realizaron los municipios en Treviño no fueron legales y, por tanto, no hubo tales consultas. Lo sabe usted de sobra.
Por último, en palabras del presidente de Castilla y León que hago mías, los ciudadanos de Castilla y León merecen una norma institucional, como es el Estatuto que hoy aprobamos, renovada, reforzada y de mayor protección para que Castilla y
León siga avanzando hacia el futuro y para que sus ciudadanos puedan ser cada vez más libres, más prósperos y más solidarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Merino.
Tiene la palabra la señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señorías, como ya hicimos en la toma en consideración de esta proposición, mi grupo comparece para reafirmar su posición favorable a la aprobación de este nuevo Estatuto de Castilla y León. Iniciábamos el 17 de abril de 2007 un camino en
este Congreso de los Diputados con el análisis del texto que se nos remitía desde las Cortes de Castilla y León y que ha podido hasta la fecha culminarse con éxito. Agradezco a todos los grupos sin excepción su esfuerzo y al Grupo Parlamentario
Socialista el espíritu de entendimiento y la lealtad con la que ha trabajado en estos meses.
Sinceramente creo que los españoles, y muy especialmente los castellanos y leoneses, también lo valoran y lo aprecian. Señorías, quiero que mis primeras
palabras en esta tribuna sean para alabar el método y el resultado, la forma y el fondo, de cómo se ha gestado y culminado esta reforma estatutaria. En su andadura en las Cortes castellanoleonesas sus redactores han sabido construir un amplísimo
apoyo político y social al texto, que ha hecho de esta reforma allí una reforma de todos, ya que 81 de 83 procuradores no es mala cifra para avalar este texto estatutario. A este Congreso de los Diputados -se me ha escapado de la Cámara el señor
Tardà-, a este Parlamento nacional al que el señor Tardà pertenece aunque no lo reconozca -buena lección de coherencia-, le corresponde armonizar la voluntad mayoritaria de aquellas Cortes autonómicas con la voluntad más amplia de los representantes
del conjunto del pueblo español, y creo que ha preservado ese entendimiento hasta la fecha de hoy, el día de su aprobación. Hemos hecho juntos el camino y en mi grupo parlamentario nos sentimos satisfechos por ello. Esto nos permitirá decir que
este Estatuto de Castilla y León será de todos porque no es de nadie. No nace de la imposición, sino del respeto. No se funda en la discordia, sino en el entendimiento. No se trata de forzar unanimidades, señora Navarro, creo que los lamentos
partidistas corresponden más bien al consejo político federal de su partido que a esta Cámara; se trata de lograr acuerdos libres y responsablemente asumidos.
Este es un Estatuto de consenso, un Estatuto que, siendo como es la regla del juego autonómico, permite que puedan actuar dentro de él las distintas opciones de gobierno. Por tanto, es un Estatuto heredero y renovador de esa forma de hacer
política que desde la transición ha permitido preservar y fortalecer el modelo de Estado que los españoles nos dimos democrática y libremente en 1978. Aquí hay algunos, unos cuantos, responsables de ello. Hoy recreamos su talante abierto y
liberal, la capacidad para establecer un diálogo con quien, a pesar de las diferencias ideológicas profundas, debiera siempre ser compañero -yo ya no digo aliado- en la defensa de nuestro marco de convivencia y de este proyecto común que es España.
Y, señorías, si conveniente, oportuno y hasta esperanzador a la vista de las actitudes y de los talantes que han reinado en esta legislatura ha sido el método, lo es aún más el resultado, el producto final de esta reforma. Decía el presidente de la
Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera, en esta misma Cámara que la ambición autonómica que hoy votamos tiene su base en un triple sentimiento: el sentimiento de pertenencia a la nación española, el sentimiento de plena vigencia de la
Constitución de 1978, que en su marco de libertades reconoce expresamente el derecho a la autonomía, y el sentimiento de la necesidad de un Estado viable y posible capaz de garantizar los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles y
las comunidades de España. Y es que la esencia del pacto que hoy aprobamos radica en su lealtad sincera con la Constitución, en su voluntad de respetarla y de reeditarla a través de un Estatuto que es expresión de su vigencia y de su vitalidad. La
Constitución no es límite, sino fundamento; no impide, posibilita; no quita nada, sino que da libertad a los castellanos y leoneses para expresar aquello que queremos ser. Este texto nace con clara vocación de constitucionalidad, de no desbordar
el marco constitucional, de no modificar la Constitución votada por todos los españoles a través de un texto estatutario. Nace con la voluntad de mejorar el autogobierno de Castilla y León, de modernizarlo, de adaptarlo a los nuevos tiempos y esa
adaptación se hace en el marco de la Constitución y de los principios que la inspiran, en particular, la igualdad y solidaridad que hoy de nuevo vienen a defender y a reivindicar los castellanos y leoneses con este texto.
Los castellanoleoneses tenemos muy claro lo que somos y nuestro papel esencial en el pasado, en el presente y en el futuro en la construcción de este proyecto solidaridad que es España. Y hablando de pasado, quién les iba a decir a los
señores Padilla, Bravo y Maldonado que 500 años después iban a encontrar en esta Cámara un compañero en la persona del señor Tardà. Yo no me lo hubiera imaginado nunca. Por eso, Castilla y León se concibe a sí misma como una comunidad orgullosa de
su historia, pero plenamente consciente de que su autogobierno procede de la Constitución y que de ella emanan sus poderes; respetuoso con
la igualdad de todos los españoles, lo que no merma su capacidad para defender y mejorar el marco de los derechos de nuestros paisanos en aquello que con eficacia puede gestionar la Junta de Castilla y León. No se están buscando en este
Estatuto competencias para gestionar de forma distinta aquello en lo que todos debemos ser iguales, sino ampliar la capacidad de la comunidad para mejorar en eficacia en aquello que le compete, en los derechos y en las responsabilidades que debe
asumir frente a los ciudadanos. No se encontrará en este Estatuto un blindaje de competencias, porque lo que busca es que quien gobierne en Castilla y León ejecute mejor las suyas en plena coordinación con las del Estado y en plano de igualdad con
las restantes comunidades autónomas. Este Estatuto es plenamente respetuoso con la unidad del Poder Judicial, consciente de que la verdadera garantía de los derechos y libertades de los castellanoleoneses radica en que sean tratados por igual en la
aplicación de la ley.
Tampoco está en la Cámara el señor Xuclà, para quien tenía unas breves palabras. Un insigne profesor de derecho administrativo como es él debiera ser más riguroso a la hora de igualar un Estatuto que da plenas facultades al Tribunal Supremo
para conocer de aquello de lo que a nuestro juicio debe conocer: de los recursos en revisión profunda de aquellas sentencias que apliquen en desigualdad las leyes a los españoles. Este es un Estatuto que no opta por modelos bilaterales; es más,
este Estatuto es, como otros muchos, como el de Andalucía, el antídoto a la bilateralidad porque reafirma en un Estado de las Autonomías como el nuestro que la mejora de los derechos de todos y la defensa del principio de solidaridad viene de la
mano de la multilateralidad en el trato. Es un Estatuto que defiende ese principio de solidaridad, primero, para sus propios ciudadanos a través de un modelo común de financiación, pidiendo lo que le corresponde, ni más ni menos, pero sobre todo
tratando de evitar que algunos asuman lo que no les corresponde porque entre todos debe decidirse lo que se reparte en su conjunto. Es un Estatuto ambicioso dentro del marco en que se permite serlo: la Constitución. Es un Estatuto de modernidad y
de estabilidad que permitirá a mis paisanos seguir construyendo su comunidad autónoma, reivindicando y fortaleciendo lo que han sido a lo largo de la historia sin debilitar a nadie, sino reforzando lo que todos somos en su conjunto.
Castilla y León es hoy por hoy, y lo será siempre -es nuestra vocación- un pilar de fortaleza de una nación moderna, unida y solidaria como es y debe ser España, un pilar en la defensa de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad;
todas ellas con de de democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Sáenz de Santamaría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señora vicepresidenta del Gobierno de España, señor presidente de las Cortes de Castilla y León, portavoces del PSOE y del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias, parlamentarios, ciudadanos que nos acompañan esta tarde y permítanme que salude especialmente hoy a los ciudadanos de Castilla y León. También quiero manifestar mi agradecimiento a todos los ponentes
del Estatuto, en especial a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista Ramón Jáuregui y Óscar López por el magnífico trabajo realizado, aunque hoy no intervienen en esta tribuna de oradores, quizá por la única razón de no haber nacido en
Palencia, que no es poco.
Señorías, vamos a aprobar en esta Cámara la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que como ya hemos puesto de relieve es más un auténtico nuevo Estatuto que una reforma. Hoy es un día importante para Castilla y León. Bien
pudiera ser un día de ilusión y de esperanza de un tiempo mejor para los ciudadanos castellanoleoneses que pueden y deben ver el futuro con un poco más de optimismo.
Señorías, Castilla y León fue la última de las comunidades autónomas en constituirse y en ejercer su derecho a la autonomía; su Estatuto de Autonomía se aprobó por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero. Ahora vamos en el pelotón de cabeza
de las reformas, con Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía y Aragón. Somos la última comunidad autónoma que afronta su reforma estatutaria en esta legislatura, una reforma -como dice el propio preámbulo de la propuesta- que es oportuna y
necesaria en orden a adaptar la norma institucional básica de Castilla y León a las nuevas realidades políticas y sociales, y esto ha sido posible por el consenso alcanzado.
Permítanme un comentario. El consenso es un mérito de todos los que han hecho posible el concurso de voluntades que el propio término implica.
Sin embargo, permítanme destacar un poco el papel del Partido Socialista Obrero Español en
Castilla y León, que, estando en la oposición, ha posibilitado este consenso haciendo política con mayúsculas, por ello, quiero reconocérselo al propio secretario general del partido que está en la tribuna, don Ángel Villalba. También, por qué no
decirlo, he de agradecer el esfuerzo del Grupo Parlamentario Socialista para que la aprobación de este Estatuto sea una realidad y para que haya sido viable tratarlo esta misma tarde, al haber retirado su proposición de ley; asimismo, agradecemos
al Grupo Parlamentario Mixto y al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya que hayan retirado sus proposiciones no de ley a estos efectos. Esta generosidad no la hemos visto en algún otro grupo, que debiera haber tenido al menos tanto
interés como nosotros en debatir esto aquí esta tarde. Pero dejemos las pequeñas cosas y vayamos a lo importante.
Nos comprometimos a aprobar el Estatuto de Castilla y León dentro de esta legislatura y lo estamos cumpliendo. Estamos ante una reforma estatutaria ambiciosa que ha tratado de dar respuesta a los aspectos fundamentales que requerían
reconocimiento o adaptación a una
nueva realidad. Se produce en el Estatuto un reconocimiento novedoso de la identidad de Castilla y León como comunidad histórica y cultural, pero reconociéndose en todo momento -por ejemplo, en el preámbulo o en el artículo 1- la profunda
integración de esta comunidad en el conjunto de España. Y es que está en la esencia de nuestra tierra y de nuestro pueblo esa perfecta sintonía entre el sentimiento y la defensa de lo que nos define y nos hace singulares y nuestra pertenencia a un
conjunto más amplio que hoy no es solo España sino también, a través de ella, Europa; un conjunto del que formamos parte y en el que nos sentimos plenamente cómodos, como decíamos hace unos días en la Comisión Constitucional.
Señorías, entre las mejoras competenciales es necesario referirse a cuestiones tan variadas como las competencias autonómicas en la gestión del agua, policía propia, inmigración, dependencia, investigación, desarrollo e innovación; nuevas
realidades que demandan nuevas atribuciones autonómicas. Pero también, con carácter general, al hecho de que no solo se reconocen nuevas competencias sino que se perfilan más nítidamente aquellas de las que la comunidad autónoma ya venía
disfrutando: educación, sanidad, justicia, etcétera. También se ha producido un reconocimiento de principios rectores que han de inspirar las políticas públicas de la comunidad autónoma: cohesión social y territorial, lucha contra la
despoblación, defensa del medio rural, crecimiento económico y sostenible, derecho a recibir una información plural y veraz y la promoción de la cultura de la paz y la tolerancia.
(Rumores.) Agradecería a la bancada de la derecha que bajara un poco
el tono de voz, si es posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Villarrubia...
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Es que se lo he dicho ya dos veces, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Es este presidente quien dirige el debate. Ruego a los señores diputados que guarden silencio para que el señor Villarrubia pueda continuar con su exposición.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
El Estatuto también recoge por primera vez un catálogo de derechos sociales de los ciudadanos de Castilla y León: derechos laborales, principios de igualdad y acceso al servicio público de empleo, derechos de acceso a los servicios
sociales, derechos de renta garantizada de ciudadanía, etcétera.
Señorías, este Estatuto es el mejor instrumento que se puede poner en manos de los gobernantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Al señor presidente de la Junta de Castilla y León, que parece que no ha podido estar presente
esta tarde, quisiera decirle que este Estatuto tiene que ser el instrumento por el que se pare la sangría de la pérdida de población en Castilla y León, especialmente de nuestros jóvenes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este debe ser el
primer objetivo y la primera utilidad del Estatuto, y si no se consigue, tendremos que admitir que nos encontramos ante un fracaso colectivo. Este es el mejor instrumento que los gobernantes pueden tener para servir a los ciudadanos y debe ser
interpretado y aplicado con lealtad. En primer lugar, lealtad y respeto a los ciudadanos, y para ello es vital la aplicación del principio de igualdad; lealtad en la aplicación de los principios inspiradores; lealtad entre las administraciones y
reforzamiento del principio de coordinación y cooperación con independencia del color político de las mismas, porque las necesidades de los ciudadanos, señorías, no tienen color político y sí tienen rostro.
Rostro de personas que viven en un mundo
rural que se despuebla y al que hay que dotar de mejores servicios, de personas dependientes que hay que atender, de hombres y mujeres que quieren y merecen un empleo estable; rostro de mujer que busca y tiene derecho a la plena igualdad
(Aplausos.), de jóvenes que quieren y merecen poder quedarse en su tierra, de niños que tienen derecho a crecer y vivir en una sociedad más justa y más solidaria y nunca en una sociedad ni en un entorno en el que primen los privilegios ni el
clientelismo. Los Presupuestos Generales del Estado de 2008, con un notable incremento de las inversiones para Castilla y León al margen del signo político de su Gobierno, son un ejemplo de la lealtad a que hacía referencia y es la forma de hacer
política decente.
Señorías, el modelo autonómico de España ha sido un éxito y una de las claves del progreso económico y social. En España vivimos la mejor etapa de nuestra historia, el Estado de bienestar se está ampliando y consolidando y la diferencia de
renta entre los territorios es cada vez menor. Cabe destacar que todas las reformas estatutarias llevadas a cabo se han orientado en una misma dirección. Uno, el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos en ámbitos que van desde la salud a
la educación, la asistencia social, el trabajo, el medio ambiente o la vivienda, prestando atención a nuevas realidades. Dos, una mejor delimitación de competencias entre las distintas administraciones públicas, reduciendo las áreas de confusión y,
por tanto, de posibles conflictos. Tres, el establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación, tanto bilaterales como multilaterales, que permitan a todas las administraciones públicas resultar más eficaces en la solución de los problemas
de los ciudadanos; esto incluye no solo a la Administración central y a la autonómica, sino también a la local. Respecto a la Administración local, quiero manifestar la necesidad que existe de continuar la descentralización de competencias de
prestación de servicios de la comunidad autónoma a los ayuntamientos para mejorar su calidad y eficiencia en la prestación de los mismos. Y cuatro, la mejora de los criterios de financiación de las comunidades autónomas.
El nuevo Estatuto de Castilla y León está en su fase final, para entrar en vigor antes de finales de año. Es probable que el Senado lo pueda aprobar el próximo 21
de noviembre. En su tramitación en el Congreso de los Diputados hemos procurado aplicar algunos criterios generales no escritos, pero que son inspiradores en el tratamiento de todas las reformas. Uno, respetar al máximo la voluntad
expresada por las Cortes de Castilla y León en este caso. Dos, velar por la defensa del interés general de España y del conjunto de los españoles, que a veces puede chocar con el interés o deseo concreto de un territorio, por muy legítimo que este
sea. Tres, velar por el respeto a la Constitución española en lo relativo a los aspectos competenciales. Cuatro, en materia de financiación, un doble perfil: respetar los elementos propios que planteaba la reforma de Castilla y León y garantizar
la coherencia del sistema de financiación de esta comunidad autónoma con el sistema de financiación diseñado por la Lofca, en su redacción actual o futura. Cinco, mantener o aumentar el grado de consenso de origen. Y seis, si se pudiere, mejorar
puntualmente el texto, siempre con dos requisitos: el máximo consenso y el respeto a las comunidades autónomas. Creo sinceramente que todos estos principios se han cumplido con notable grado de satisfacción en la tramitación.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado en el Congreso una serie de enmiendas previamente acordadas. Hemos mantenido en las Cortes Generales un clima de trabajo y de consenso y acuerdo
igual o similar al que hubo en el origen. Respecto al debate de las enmiendas, en aras de la brevedad, doy por reproducido lo manifestado en el debate de Comisión, reiterando tan solo algunos aspectos. Podemos destacar de las enmiendas presentadas
e incorporadas al informe de ponencia y posteriormente aprobadas en el debate de Comisión algunos aspectos de interés. En primer lugar, el reconocimiento expreso que se hace en el articulado del Estatuto, y no solo en el preámbulo, de la comarca de
El Bierzo; es más, el Estatuto no solo reconoce dicha comarca, sino que impone que una ley de las Cortes de Castilla y León la regule. Otro aspecto que podemos destacar es la mejora en la regulación de las competencias de la comunidad sobre la
cuenca del Duero. El texto resultante mantiene el alto nivel competencial que puede asumir la comunidad: desarrollo legislativo y ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su
nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar otra comunidad. Hemos preservado el núcleo de lo aprobado en Castilla y León y simplemente hemos realizado una referencia expresa a las competencias reservadas al Estado en el
artículo 149.1 de la Constitución. También hemos incorporado al texto algunas correcciones al título VI, Economía y Hacienda, que tienen por objeto que en todos los estatutos de autonomía existan unos preceptos comunes sobre las relaciones de la
hacienda de cada comunidad con la Hacienda del Estado.
Todo ello con el fin de que sea posible determinar un sistema común de financiación de las comunidades autónomas que habrá de concretarse próximamente.
En la tramitación del Congreso hemos mantenido como criterios que han de ponderarse adecuadamente a la hora de determinar la financiación que le corresponde a la comunidad la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad y el
envejecimiento de la población. De interés resulta también el Plan plurianual de convergencia interior. La disposición adicional segunda, que contempla dicho plan, también ha sido mejorada, resaltando que se trata de un plan elaborado por la Junta
y aprobado por las Cortes regionales, del que se ha de dar cuenta a la Comisión de Cooperación con el Estado y cuya finalidad es coordinar las actuaciones de ambas administraciones. De esta manera, establecemos un mecanismo de coordinación para que
las dos administraciones se complementen y armonicen sus actividades con el fin de que progresivamente se reequilibren económica y demográficamente los territorios que conforman Castilla y León.
Las demás enmiendas aprobadas son simples precisiones o matizaciones.
Algunas en el título de las competencias, bien para añadir algunas materias, como es la inclusión como competencia exclusiva de la facultad de dictar normas adicionales
de protección del medio ambiente o la promoción de la competencia, o bien en escasos supuestos para establecer que algunas facultades de la comunidad se han de ejercer en el marco de la legislación estatal.
Haré una breve referencia a las enmiendas que aún se han mantenido vivas en este Pleno. Algunas se han incorporado ya y el resto no han gozado del consenso necesario que nos habíamos exigido desde el origen. El Bloque Nacionalista Galego
mantiene dos asuntos que han sido objeto de las mismas: el reconocimiento de El Bierzo y la lengua gallega. Ya comentamos el avance que ha supuesto la incorporación al artículo 46 del reconocimiento y la regulación de la comarca de El Bierzo.
Respecto de la lengua gallega, la ley que regule la comarca de El Bierzo deberá establecer medidas de protección de la lengua gallega cuyo uso en dicha zona es una de sus singularidades.
En cuanto al PNV, señor Esteban, no damos respuesta satisfactoria a la pretensión de tratamiento del Condado de Treviño. La comunidad autónoma tiene el derecho de establecer en sus normas el principio de no partición territorial.
Mantenemos con ustedes en este tema una respetuosa discrepancia. De Izquierda Unida aceptamos algunas enmiendas que son las que el consenso hizo posible.
Señorías, vamos a aprobar un estatuto de autonomía que va en sintonía con el conjunto de los ya aprobados hasta ahora y que recoge un alto nivel de autogobierno. Vamos a aprobar un estatuto que expresa lo que somos, castellanoleoneses,
españoles y europeos; un estatuto que recoge nuestra identidad cultural histórica, un estatuto que, como todos los demás, se tramita con absoluta normalidad democrática y que, como todos los demás, no solo no sirve para desvertebrar España, sino
todo lo contrario. Un estatuto que es de todos y para todos; que
nadie trate de apropiárselo. También el estatuto es de y para aquellos ciudadanos que hoy pueden no sentirse del todo identificados con él porque sin duda va a ser útil para todos sin excepción. A estos últimos les muestro también nuestro
sincero respeto y el deseo de la mejor sintonía posible.
Señorías, el éxito de nuestro modelo constitucional y su desarrollo en los últimos treinta años están haciendo de España un país más sólido, más fuerte, más próspero, más solidario, más democrático y más moderno.
España es referente en el
mundo que nos observa, que nos mira con envidia al tomar como base todos los parámetros de progreso, bienestar y solidaridad de una sociedad. En definitiva, Castilla y León se dota de un buen instrumento, del mejor instrumento elaborado con un
grandísimo grado de consenso que puede y debe mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente en el mundo rural, que debe proteger nuestro enorme patrimonio y nuestros inmensos recursos naturales y que va en la buena dirección de lo
que es la España del siglo XXI, una España plural, abierta, descentralizada, solidaria, moderna y europea. Señorías, enhorabuena para todos y hoy especialmente para los ciudadanos castellanoleoneses.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
Señorías, antes de proceder a la votación, quiero comunicar a la Cámara, con motivo de un incidente señalado por el señor Zaplana, que esta Presidencia, como es habitual, ha tenido tiempo de verificar el 'Diario de Sesiones' a lo largo de
esta semana. Entretanto, ha llegado una carta enviada por el portavoz del Grupo Socialista y, efectivamente, se va a retirar del 'Diario de Sesiones', tal y como pidió el señor Zaplana, la expresión objeto de litigio. De esta manera el presidente
zanja la cuestión. (Aplausos.)
Vamos a proceder a las votaciones.
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 20; en contra, 284; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 314; a favor, cinco; en contra, 285; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco. Vamos a realizar dos votaciones. En primer lugar, enmienda 85.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 22; en contra, 286; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 86.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 18; en contra, 283; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del dictamen. En primer lugar, artículo 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 289; en contra, 11; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 291; en contra, 12; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 309; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Al tratarse de una ley que tiene carácter orgánico, vamos a proceder a la votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 299; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada. (Aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)
Despedimos a la representación de las Cortes y del Gobierno de Castilla y León. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA REGULACIÓN DEL USO DE LA BANDERA ESPAÑOLA. (Número de expediente 162/000625.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señorías, les ruego silencio para poder continuar con el orden del día.
Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación del uso de la bandera española. Para su defensa y en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señor presidente, señorías, una de las características que está marcando esta legislatura es el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Repitiendo una vez más viejas páginas negras de la historia del
socialismo, el actual Gobierno ha sometido la ley a su conveniencia política. Son decenas los casos que nos han acompañado a lo largo de esta legislatura. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Un momento, señora Torme.
Señorías, les ruego silencio, por favor.
Puede continuar.
La señora TORME PARDO: Hemos visto como no se presentaban cargos contra terroristas, y no solo eso, sino que se les llamaba hombres de paz. Hemos visto como el fiscal general del Estado animaba a los jueces a mancharse sus togas con el
polvo del camino. Hemos visto como el Gobierno renunciaba a amparar a los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano, a pesar de ser un derecho reconocido por la Constitución.
Estamos en una legislatura bajo mínimos, en la que el
Gobierno no cumple y es incapaz de hacer cumplir la ley en temas esenciales para nuestra convivencia. Quizá sea demasiado pedir a este Gobierno que haga cumplir la ley cuando ni siquiera es capaz de garantizar el normal funcionamiento de los
servicios de Cercanías. Es lamentable, en cualquier caso. A este Gobierno, al que se le ha llenado la boca hablando de derechos, se le ha olvidado que lo que garantiza los derechos de los españoles es precisamente la ley; se le ha olvidado que,
cuando el Gobierno renuncia a cumplir la ley, lo que está haciendo es atacar directamente los derechos de los españoles. Por tanto, les pediría que hablasen menos de derechos y que se limitasen a cumplir la ley; así nos iría mucho mejor a todos
los españoles. Porque todas las leyes son importantes, pero mucho más lo son aquellas que se refieren a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Ustedes saben que la que hoy nos convoca aquí, la Ley que regula el uso de la bandera española, es
mucho más que una ley de protocolo institucional. La transición que tejió nuestro sistema de derechos y libertades tuvo muchos elementos esenciales, y uno de ellos fue precisamente el pacto sobre la bandera. Hasta tal punto ese pacto era
importante, que en la primera convocatoria pública del Partido Comunista la bandera de España ocupó un lugar destacado. Incluso ahora hemos tenido oportunidad de recordar cómo para ustedes, señores del Grupo Socialista, en 1982 la bandera era
importante; no se avergonzaban de exhibirla.
Hubo un pacto sobre la bandera y se cambió su escudo, y fue bueno que así se hiciese, porque la bandera representa los derechos y libertades de todos, representa el marco de convivencia democrática consagrado en nuestra Constitución. Cuando
hablamos de símbolos oficiales, cuando estamos hablando de las distintas banderas que tenemos en España, de lo que hablamos es de un proyecto común e integrador que garantiza dentro de la unidad de la nación española la pluralidad y la diversidad.
Hablar de las distintas banderas no es hablar de algo que es incompatible, sino todo lo contrario, es algo complementario. Las distintas banderas nunca deberían dividirnos, porque son elementos integradores que nos representan a todos. Y así lo
entendió precisamente la generación que hizo la transición y así se había entendido hasta esta legislatura. Pero en estos cuatro años el Gobierno se ha empeñado en romper todos los consensos que hicieron posible nuestra democracia y la bandera no
ha quedado libre de ello. Por eso, los españoles en breve pasaremos esta página para elegir un gobierno que recupere la política de consensos, un gobierno que cumpla y haga cumplir la ley como máxima garantía de nuestros derechos y libertades.
Señorías, después de estos cuatro años de Gobierno, ¿por qué van a cumplir la Ley de banderas aquellos que no tienen más objetivo político que romper la convivencia nacional cuando es el propio presidente del Gobierno quien pone en entredicho si la
nación española es un concepto discutido, discutible? No solo eso, sino que son decenas los ayuntamientos e instituciones gobernados por el Partido Socialista que incumplen la ley sin que el Gobierno haga nada. Ya sé que ustedes dicen que hay que
convencer y no imponer. Pero ¿qué significa eso? ¿Significa que ustedes están eximidos de cumplir la ley, señores del Partido Socialista, que ustedes están por encima de la ley? No estamos hablando, como dicen en muchas ocasiones, de cuestiones
sin importancia.
La Ley de banderas tiene tal trascendencia que muchos alcaldes ven su vida amenazada precisamente por cumplir la ley, tan solo por eso, por reivindicar normalidad democrática respecto a nuestros símbolos. Ahí está el ejemplo de
Regina Otaola en Lizartza, pero son cientos los alcaldes del Partido Popular que levantan la bandera frente a los totalitarismos de los que ustedes aparentan alejarse cuando no están negociando con ellos. Señorías, la bandera española, como la
francesa, como la italiana, como cualquier otra, es el símbolo de los derechos y libertades de una comunidad y cuando está ausente del mástil significa que los derechos y las libertades de esa comunidad también están ausentes. Eso es lo que
está pasando en la España de Zapatero. Son héroes quienes cumplen la ley, mientras que el Gobierno se niega a hacerlo y trata de disimular.
En la iniciativa que debatimos hoy solicitamos establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la ley. Un apartado que, como saben, fue declarado nulo, por defecto de forma, por el Tribunal Constitucional.
Lo que pedimos no es
nada exagerado. El Gobierno del Partido Popular, en su momento, hizo su trabajo y las delegaciones del Gobierno interpusieron recursos ante la justicia, cuando las instituciones se negaban a cumplir la ley. De hecho, ha sido el Tribunal Supremo,
como consecuencia de un recurso del Partido Popular, el que ha establecido doctrina, clarificando el alcance de la ley, en una sentencia muy reciente del pasado mes de julio. Resulta lamentable que hasta ahora el Gobierno se haya negado a cumplir
la Constitución, a cumplir la ley de 1981, a cumplir esta reciente sentencia del Tribunal Supremo y que se haya negado a escuchar las demandas del Partido Popular. Comprendemos, desde nuestro grupo, que ustedes se meterían en un buen lío interno,
pues, para empezar, lo que tendrían que hacer es inhabilitar a decenas de alcaldes de su propio partido que incumplen esta ley. Señorías, por una vez les pido que tengan un poco de altura de miras y piensen en los derechos y libertades de todos los
demócratas españoles. Reflexionen y rectifiquen y, al menos, recuperen un poco la decencia democrática en las pocas semanas que les queda en el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Torme.
¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quizá convenga saber, por lo menos por parte de la mayoría de la sociedad del Estado español, que España tiene una bandera que fue inventada en el siglo XIX y que, querámoslo o no, fue inventada e identificada con la institución monárquica e
incluso, de alguna manera también, con el estamento militar. Exactamente igual que la sociedad española debe saber que en el Estado español tenemos un himno sin letra -ahí está todo el alboroto que se está armando para lograr en el siglo XXI una
letra para el himno del Estado español- y, por supuesto, una música que resulta de una reconversión de una marcha militar. Sin duda, estos símbolos, que son respetables, no están separados de la creación del Estado centralista y no se puede decir
además que sean de un modelo de Estado democrático. La propia historiografía del Estado español, incluso la más conservadora, reconoce que las etapas de democracia en el Estado español fueron escasas, y tan escasas que, la mayor parte de las veces,
desde mediados del siglo XIX, están representadas por la bandera roja y gualda. La Constitución española asumió esta bandera roja y gualda, al mismo tiempo que asumía las banderas de las distintas comunidades autónomas y establecía que deben de
estar ondeando en edificios públicos y centros oficiales, utilizándose conjuntamente. Realmente, digo todo esto en nombre del Bloque Nacionalista Galego, porque en democracia hay que respetar la ley, pero también hay que tener en cuenta que los
símbolos no se pueden separar de su historia y de sus connotaciones.
Afortunadamente, a la hora de aplicar la Ley 39/1981, cuando se intentó aplicar las sanciones de infracciones, a través del artículo 123 del Código Penal, la sentencia del Tribunal Constitucional dejó claro que no se podían limitar derechos
constitucionales, sobre todo, si tenían algo que ver con sanciones y con privación de libertad. Este es el dato real que nos interesa. Vuelvo a repetir, el Bloque Nacionalista Galego es partidario del respeto por toda la simbología, aunque no lo
comparta desde el punto de vista de las connotaciones, pero con la misma claridad queremos decir que los símbolos se mueven en el terreno de la asunción, en el terreno del respeto y no de la imposición y de la obligación, en el terreno de la
igualdad entre todos ellos y, por tanto, hay que tener en cuenta también el contexto en el que se producen determinados tipos de actos en relación con potenciales conflictos, que debe de haber un margen de libertad y que no se puede convertir un
problema parcial -totalmente parcial hoy en el Estado español- y escaso, en un problema de carácter general y menos intentando llevarlo a la inhabilitación de cargos públicos, que tropezaría con los resultados electorales en las urnas y, por tanto,
a una confrontación de carácter democrático, que creo que es mejor encaminar por otros derroteros. Sin duda alguna, la iniciativa del Partido Popular responde a una forma de agitación españolista exagerada, que intenta sacralizar hasta extremos de
religiosidad inquisitorial lo que son símbolos que, en todo caso -vuelvo a repetir-, identifican al Estado en el terreno más emocional y simbólico que desde otro punto de vista. Por tanto, si los símbolos actuales representan un momento histórico,
con sus componentes de poder, con sus connotaciones no exentas de grave represión, lo mejor es respetarlos, pero asumirlos en un tono de paz y no en un tono de conflicto, contextualizando siempre las actuaciones y teniendo en cuenta también a qué se
deben las mismas. Por tanto, vamos a rechazar enérgicamente esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a rechazar esta iniciativa, que no pretende otra cosa que penalizar la no aplicación generalizada
y mecánica de la Ley de banderas. Esta iniciativa responde a lo que podríamos denominar, para hacer una asimilación a La revolución permanente, de Trotsky, la división permanente del Partido Popular, a la que hemos asistido a lo largo de
esta legislatura, y además, pertinaz como la sequía. Comienzan con la división de los españoles en torno a la reforma de los estatutos, confrontando patriotismos, apostando por un duelo de patriotas. Más adelante convierten la política
antiterrorista en una cuestión de división entre la firmeza de unos y la debilidad de otros. Y ahora resulta que nos tocan los símbolos. Es decir, que los símbolos, lejos de ser un punto de encuentro, para el Partido Popular son una razón para la
división. El Partido Popular pretende criminalizar los símbolos. Es realmente algo inconcebible. Este denominado duelo de patriotas, como el duelo por la política antiterrorista o el duelo con relación a la reforma de los estatutos, no va solo
por los otros -podemos poner los otros entre comillas-, va por los tibios fundamentalmente.
Cuando el Partido Popular intenta patrimonializar los símbolos lo que intenta es sobre todo demonizar a los otros y también a los tibios.
Señorías, no ha
tenido suficiente el Partido Popular con un vídeo de esperpento, sino que nos ha traído un banderazo a esta Cámara. No es otra cosa esta iniciativa que pretende imponer los símbolos mediante el Código Penal. Nosotros creemos que los símbolos son
lugares de encuentro, lugares e instrumentos normalmente compartidos que no pueden ser patrimonializados por una parte sin dejar de ser lugares de encuentro, y que no pueden ser utilizados como arma arrojadiza entre los partidos políticos sin dejar
de ser símbolos comunes. Creemos que el Partido Popular se equivoca con este ataque de patriotismo, que podríamos denominar mandón, de patriotismo excluyente, haciéndolo además de forma interesada, porque el Partido Popular no tuvo este ataque de
patriotismo a lo largo del tiempo en que pudo desarrollar este precepto legal en sus ocho años de Gobierno. ¿Por qué no tuvo el Partido Popular el ataque de patriotismo que hoy tiene? Fundamentalmente, por lo que he dicho antes, porque para el
Partido Popular este es un instrumento de división, un instrumento de confrontación y un elemento a patrimonializar como política de partido y, además, porque al Partido Popular no le habían llegado todavía los vientos electorales. Ahora que hay
vientos electorales el patriotismo mandón se convierte en patriotismo electoral, que es la peor forma de hacer patriotismo y la peor forma de gestionar los símbolos en nuestro país. La iniciativa del Partido Popular significa un patriotismo
excluyente que debilita el carácter común de los símbolos y que remite a una concepción de la nación muy alejada del patriotismo constitucional. En ese sentido, mi grupo parlamentario no va a votar a favor de esta iniciativa.
Empecé hablando del esperpento y termino hablando de Azaña. Azaña decía -y creo que con mucha justeza- que para lograr gobernar los nacionalismos en nuestro país, el peor instrumento es edificar un nacionalismo castellano en confrontación
con otras sensibilidades. Decía Azaña -y termino- que no basta con ser patriota; que en política hay, sobre todo, que acertar.
Ustedes no aciertan convirtiendo un tema común en un tema particular.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Llamazares.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señora Torme, la verdad es que las últimas semanas nos está regalando iniciativas del mismo tenor literal. Le agradecemos esta persistencia, aunque sea para decirle que vamos a votar que no a todas las iniciativas presentadas. Siempre es
de agradecer la pertinacia en política, aunque esté abocada siempre al fracaso. Señora Torme, en relación con esta materia, oyendo su argumentario, nos cuesta mucho glosar lo que dice, porque intenta concentrar en pocos minutos el programa
electoral entero de su partido en relación a lo que se podría llamar capítulo de las esencias o suspiros de España. Es que hablan de todo; hablan de la bandera; hablan de ANV; hablan de ETA; hablan de los sedicentes nacionalismos; de los
sedicentes que son todos los demás, estableciendo una especie de ficción, de bipolarización en esta Cámara, donde ustedes son los únicos apologetas de la legalidad, aunque se la pasan, no voy a decir por dónde, cuando les conviene, y todos los demás
somos unos sedicentes o peligrosos personajes que también asumimos la legalidad a la carta, mediante una especie de hermenéutica utilitarista que cuando nos es conveniente para nuestros intereses la cumplimos, y cuando no, no.
Comprendo que en esta
Cámara se practica mucho el creativismo positivista o jurídico. Acabamos de oír a don Julio Villarrubia, en el debate del Estatuto de Castilla y León, que era un concepto jurídico nuevo el derecho a la no partición territorial. Aquí podemos
innovar y decir cualquier cosa, derechos que no existen pero que se invocan aquí, y esperemos que nunca se incorporen al ordenamiento jurídico material. Pero lo suyo de verdad que tiene mérito. En primer lugar, este fervor legislativo por regular
esta cuestión en el último suspiro de la legislatura; cuando queda un mes efectivo para legislar pretende nada menos que modificar el Código Penal, ¡pero si la última modificación del Código Penal tardó dos años y medio de legislatura, la del año
1995, señora Torme! El Código Penal es la Constitución en negativo; requiere amplios consensos y requiere una articulación técnicamente depurada. Y usted pretende en el último suspiro, cuando queda un mes para legislar -salvo lo relativo al debate
presupuestario-, reformar nada menos que el Código Penal para provocar un injusto penal específico contra el incumplimiento del ondeo de banderas. Pero, además, usted sabe que está contradiciendo la jurisprudencia constitucional con este pedimento;
lo sabe porque hay una sentencia que usted conoce porque la cita siempre -la cita y eso no quiere decir que la haya leído, pero ya va siendo hora de que la vaya
leyendo-, la 119/1992, que establece que no se puede imponer coercitivamente el cumplimiento de la Ley de banderas, puesto que el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales todos los aspectos relativos a las infracciones y sanciones
en esta materia. Por tanto, el Estado carece de instrumentos de coerción para imponer la Ley de banderas. Se puede incumplir la Ley de banderas sin que esto suponga ningún tipo de sanción para el pretendido incumplidor o para el incumplidor. Le
voy a decir más, le aconsejé la última vez -porque ya usted y yo estamos llegando a un cierto nivel de intimidad institucional en esta materia- (Risas.) que leyera la jurisprudencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo en relación a los delitos
de ultraje a la bandera y de desobediencia. No será capaz -porque no la hay- de encontrar una sola sentencia que por el incumplimiento de la Ley de banderas legitime a ninguna institución del Estado a imponer el cumplimiento de dicha ley tal y como
está consignada en la Ley 39/1981. No sé qué más decirle, aparte de que ustedes no hicieron nada en ocho años. No hicieron ninguna reforma legislativa, ningún requerimiento a los subdelegados del Gobierno, ningún recurso al
Contencioso-administrativo, ninguna denuncia, ninguna querella criminal. Nada, no pueden acreditar nada; he estado mirando el 'Diario de Sesiones', y no hicieron nada. Por eso, esta fe sobrevenida en las bondades de la Ley de banderas nos
acredita que están ustedes ante su auténtico péndulo patriótico, que también lo tienen. ¿Cómo no va a haber un péndulo patriótico en el Partido Popular si después de cuarenta años de franquismo hay una derecha reaccionaria, silente y oculta, que
constituye para ustedes un nicho electoral donde pescar votos? Esto lo sabemos de sobra y forma parte del frontispicio de su campaña electoral.
Están recuperando una especie de esencias patrias cuasi imperiales, supraconstitucionales para captar
ese voto. Ese es su péndulo patriótico.
Para acabar esta cuestión -no tengo inconveniente en continuar, porque sabe que me agrada discutir con usted-, le voy a parafrasear a Heraud, al politólogo y filósofo francés, que con relación a los símbolos
dice lo siguiente: En opinión de algunos que mantienen posiciones un tanto ácratas en esta materia, manifestando enfáticamente que por ellos desaparecerían todas las banderas, hay que afirmar que las banderas y los símbolos no son un trapo ni una
talla. Por trapos y tallas nadie muere, nadie mata, nadie erige dichos símbolos en movimientos de liberación colectiva, ni nadie los convierte en paradigmas de opresión; solo se convierten en paradigmas de opresión cuando se intentan
ilegítimamente imponer. Quédese, por favor, con esta idea.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Olabarría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Gracias, señor presidente.
Señores y señores del Grupo Popular, ustedes quieren construir una democracia a su medida, y las democracias a medida no son democracias; no obstante, no nos sorprende su propuesta. En Esquerra ya sabemos de dónde vienen y quiénes son,
aunque se empeñen en borrarnos la memoria histórica. Sus tics autoritarios continúan, tuvimos buenos ejemplos en la anterior legislatura. Una vez consolidada la ilegalización de medios de comunicación y de partidos políticos, ahora quieren dar una
vuelta de tuerca más; ahora pretenden que aquellos que no cumplan el artículo de una determinada ley, que ni siquiera es orgánica, sean inhabilitados de su cargo. Pretenden que aquellos que no cumplan con la obligación de colocar la bandera
española en los edificios públicos donde son la máxima autoridad sean inhabilitados. Pretenden, en definitiva, que por no tener colgado un trozo de tela en un balcón una parte de la población quede sin la representación institucional que han
elegido democráticamente. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado tengamos que llevar el escudo de España encima del corazón y que a quien no lo lleve se le quite la nacionalidad? ¿Que cuando su himno tenga letra
a quien no lo sepa de carrerilla y sin equivocarse se le quite el graduado escolar? ¿Inhabilitar a los representantes públicos que defienden la independencia de un territorio por cuestionar un artículo de la Constitución? Ya sé que ganas no les
faltan, pero les voy a decir algo: a las y los independentistas no nos preocupan sus ataques, porque con esta actitud no consiguen erradicar el independentismo, sino todo lo contrario; con su actitud ponen de relieve que son ustedes los
nacionalistas radicales que intentan imponer su forma de entender la vida, por su falta de capacidad o de voluntad de entender que en el Estado español hay distintas naciones. Con su actitud ponen de relieve que la idea de la España plural, donde
todos los símbolos, todas las culturas y todas las lenguas tengan el mismo reconocimiento y los mismos derechos, es totalmente irreal. Nos demuestran que la única forma que tenemos los catalanes y las catalanas de poder vivir en libertad y sin
tener que preocuparnos continuamente de la represión, la censura y la imposición española es teniendo un Estado propio. Así pues, sigan radicalizando su nacionalismo español porque con cada vuelta de tuerca crean ustedes centenares de
independentistas. (Rumores.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Cañigueral.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como esto parece un ejercicio de ficción, vamos a continuar con él. Si viniera algún politólogo o algún estudiante de politología del otro extremo del mundo, de Nueva Zelanda, le explicarían que en este Congreso de
los Diputados, en el Parlamento, existen dos grupos de ámbito español, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, más Izquierda Unida y algunos otros , y unos grupos de carácter nacionalista. Esta sería la presentación oficial de este
Parlamento español. Este politólogo, que seguramente sería una persona que dedicaría tiempo y atención a seguir los debates parlamentarios, observaría -seguramente con mucha sorpresa- como entre los partidos de ámbito español, entre el Partido
Popular y el Partido Socialista, hay una competencia abundante, notable, persistente y sostenida durante más de un cuarto de siglo sobre aquellos elementos que habitualmente ustedes dicen que son de carácter identitario. Ustedes se pasan horas y
horas, debates y debates, discutiendo y hablando sobre quién es más español, quién es mejor español y quién encarna y defiende mejor los símbolos del Estado, que para toda esta Cámara, pero especialmente para estos grupos de ámbito español, debería
ser un punto de encuentro y no de competencia de carácter nacionalista. Con sorpresa observamos que hay un discurso claramente nacionalista de los grupos parlamentarios que no se llaman nacionalistas y claramente de tinte nacionalista del Grupo
Popular en la presentación de esta proposición no de ley, que, como muy bien sabe, señora Torme, tiene mucho más de declarativa y retórica preelectoral que no de ánimo o de impulso de modificación legislativa. El Congreso de los Diputados no puede
instar al Gobierno a impulsar una modificación del Código Penal, como de forma insuperable ha apuntado el señor Olabarría, cuando faltan dos meses para la finalización de la legislatura desde un punto de vista práctico. Como muy bien sabe S.S. el
Código Penal es la Constitución en negativo, es la última ratio y se tiene que legislar en el ámbito penal como último caso, en último extremo y se tiene que hacer con un amplio consenso en tanto en cuanto Constitución en negativo. No creo que
usted nos esté planteando consenso sino una competencia en el ámbito de la simbología. Por cierto -me reitero, pero este es un argumento poderoso para plantear en el debate de esta tarde-, es una modificación que durante los ochos años en los que
el Grupo Popular fue mayoritario no impulsó durante su etapa de Gobierno. Por todo esto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está de acuerdo con el actual marco legal, con el actual redactado del Código Penal y con la actual
legislación. Somos partidarios de realizar las modificaciones por consenso; no somos partidarios de la confrontación y menos en carácter de simbología. Vamos, y van, por el mal camino. Nuestro voto será tranquilamente contrario y estamos
convencidos de que ustedes se equivocan llevando el debate parlamentario por esa dirección.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Xuclà.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, aunque la señora Torme ha tenido unas palabras que puedo calificar como bastante agresivas hacia nuestro grupo, voy a responderle con más respeto del que ella ha mostrado por nuestro grupo. Le voy a dar tres razones de fondo por
las que vamos a decir que no a su proposición no de ley. La primera es que hemos buceado en el debate constitucional, y curiosamente cuando se discutió el artículo 4 de la Constitución, ustedes, que son tan amigos de recordarnos el consenso
constitucional, ya se plantearon enmiendas en este sentido y el consenso constitucional las rechazó; es decir, ya hubo un acuerdo constituyente que conviene recordar en no considerar delito la exclusión de la enseña nacional. La segunda es una
mirada al exterior. Señorías, en el derecho comparado no hay ningún país (Francia, Italia, Alemania) que haya sancionado a las autoridades públicas por no colocar la bandera. Es verdad que sancionan el ultraje a la bandera, por ejemplo los Estados
Unidos, cosa que también hace nuestro Código Penal, pero ningún código, ninguna ley en el derecho comparado sanciona y condena con el Código Penal a las autoridades que no colocan las banderas. Señoría, el incumplimiento de la Ley de banderas tiene
su corolario en el recurso contencioso-administrativo, y en su caso la desobediencia a la sentencia del contencioso sería la que establecería una implicación penal, y punto. Por cierto, ustedes mientras gobernaban nunca presentaron estos recursos
contra las autoridades públicas. (La señora Torme Pardo hace gestos afirmativos.-Rumores.) No, que también lo hemos mirado y tenía razón el señor Olabarría; no se había hecho. La tercera razón es de prudencia y de inteligencia política.
Señorías, las banderas no se imponen por el temor al Código Penal. Los símbolos del país no se instalan en la población inhabilitando penalmente a las autoridades que no los exhiben. Eso está en la esencia de la razón por la que nosotros
consideramos que su pretensión es un error. Las banderas y los símbolos se respetan, incluso se aman, por adhesión, no por sanción penal. Es el curso de la historia, el día a día de un país con el que se identifican los ciudadanos, lo que hace
naturales sus símbolos, lo que incorpora la normalidad a su uso. Tenía usted razón; parafraseando a Unamuno podríamos decir que hay que convencer con los símbolos, no vencer con ellos. La bandera no es para excluir, sino para integrar. La
bandera es un símbolo de unión, no de desunión; no es un símbolo de castigo de unos españoles sobre otros. Por eso nosotros, el Partido Socialista, somos firmes defensores de su uso y de la aplicación de la ley, pero no queremos golpear a nadie
con el palo de la bandera en términos de Código Penal; eso es lo que no queremos hacer. (Aplausos.) Señorías, quiero creer que ustedes piensan lo mismo porque, si no, expliquen a la ciudadanía por qué no lo han hecho en ocho años de Gobierno. Voy
a dar un dato que seguramente la Cámara desconoce. ¿Saben ustedes cuántas reformas del Código Penal abordó el Partido Popular en ocho años de Gobierno? ¿Saben ustedes cuántas? Once reformas del Código Penal, y en ninguna de ellas se le ocurrió
incorporar esta sanción. ¿Por qué
ahora, al final de la legislatura? Dicen que hay mucho oportunismo y mucho electoralismo. Señorías, que venga Dios y lo vea; este es un oportunismo del más evidente. (La señora Torme Pardo pronuncia palabras que no se perciben.) Por eso
quería decirles que cuando se habla de reformar el Código Penal siempre se ha dicho que hacerlo por presiones mediáticas es cosa mala, pero hay una cosa que es peor, señora Torme, y tómeme el consejo casi como de un amigo: hacer la política y tomar
las iniciativas a impulso o por exigencias de un periódico es muy malo. Créame, no hay periódicos amigos. Eso es muy malo, y es exactamente lo que ustedes están haciendo. (Aplausos.)
Termino con una referencia que usted me ha provocado, porque su comentario tan agresivo hacia el Partido Socialista me ha llevado a añadir un adjetivo más a su proposición: además de oportunista y electoralista es muy sectaria. En su
propuesta hay una especie de reproche a los demás, porque viene a decir: Yo quiero a la bandera y los demás no; los demás no la defienden, y en particular el PSOE no la defiende. Señoría, voy a terminar con una referencia personal que no pensaba
hacer. Hace casi treinta años, señora Torme, yo era alcalde de San Sebastián y me rompieron la cara por poner la bandera de España en el ayuntamiento el día de la fiesta de San Sebastián; luego han sido muchos años, en los ochenta, en decenas,
quizá en centenares de funerales me he peleado en las iglesias para colocar la bandera sobre los féretros de policías y guardias civiles en muchas iglesias vascas. Por eso, por favor, señoría, reproches y lecciones a este partido ninguna, y de
ustedes mucho menos.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Jáuregui.
Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, para el buen orden de mañana - ustedes comprenderán que mañana hay muchos puntos en el orden del día y la Presidencia asume su responsabilidad-, vamos a votar acumuladamente al final de la mañana, en una sola
votación, porque hoy, con estas idas y venidas, llevamos ya perdidos casi tres cuartos de hora. En consecuencia, mañana va a haber una sola votación. (Aplausos.)
Votación de proposiciones no de ley. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación del uso de la bandera española.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 125; en contra, 181; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ), SOBRE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EN RELACIÓN CON LA URGENTE NECESIDAD DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS
TURÍSTICAS OBSOLETAS. (Número de expediente 173/000221.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Rodríguez) sobre las líneas de actuación previstas por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en relación con la urgente necesidad de renovación y rehabilitación de las zonas turísticas obsoletas. Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Rodríguez. (Rumores.-La señora
vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señorías, guarden silencio, y así perderemos menos tiempo en el Pleno tan largo de esta tarde. (Rumores.)
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el objeto de la moción es como consecuencia de la interpelación de hace dos semanas al ministro de Industria, Comercio y Turismo. Como saben, en aquella
interpelación tratábamos de hacer de la Administración del Estado un agente activo en una de las tareas que desde luego es determinante en muchos de los enclaves turísticos que se han consolidado en el Estado español, pero de manera decisiva en
aquellos territorios donde el turismo es determinante en la estructura productiva, como es el caso de las islas Canarias. En esa interpelación el señor ministro reconocía la necesidad de actuar sobre las ciudades que han perdido competitividad en
virtud de los años transcurridos desde el inicio de la actividad turística hasta hoy -más de 40 años-, y donde la falta de inversiones públicas y privadas han deteriorado esos destinos y se precisa una actuación urgente para recuperar su
competitividad.
Comentaba al señor ministro hace dos semanas en ese Pleno durante la interpelación que, si esto es decisivo para la estructura productiva del Estado español, es determinante para unos territorios cuya economía está vinculada
esencialmente a la actividad turística, como es el caso de Canarias, que representa más del 30 por ciento del producto interior bruto, prácticamente el 40 por ciento del empleo directo de nuestra comunidad. El sistema turístico ha hecho que
Canarias se convierta en una parte esencial de destino del Estado español, ocupando
prácticamente el 17 por ciento de la cuota del turismo extranjero y siendo, por lo tanto, una de las comunidades punteras como destino turístico. Es cierto que los avances que este sector ha supuesto para la sociedad canaria -crecimiento
económico, generación de empleo, en definitiva bienestar y progreso- han conllevado también por los modos de crecer efectos perversos en los últimos años, especialmente aumento de la oferta por encima de la demanda, evidentemente más consumo del
territorio del que quisiéramos y abandono de zonas que estratégicamente fueron las primeras pero que hoy se han abandonado prácticamente.
Interpelaba al señor ministro diciéndole que el Parlamento de la comunidad canaria en el año 2003 aprobó dos leyes decisivas para la apuesta por la reconducción hacia un modelo sostenible en materia turística, y entre esas dos grandes tareas
que establecía la Ley de Directrices del Turismo estaba precisamente apostar por un crecimiento moderado basado en la calidad y la diversificación y no en la cantidad, que había sido el santo y seña de los últimos años. La otra gran apuesta era la
renovación de la ciudad turística obsoleta y de manera especial la planta alojativa, que había perdido competitividad. Ambas tareas son difíciles, porque en el caso del sector público significa implicar a todas las administraciones y en el de la
planta alojativa incentivar o favorecer que el capital privado vaya hacia la renovación y no hacia la generación de nueva planta, lo que no es nada sencillo. A pesar de que existe legislación y un mandato expreso, claro y contundente del Parlamento
de Canarias al Gobierno de turno para desarrollar programas en ambos sentidos, es decir para rehabilitar la planta alojativa y la trama urbana de las ciudades turísticas en declive, desgraciadamente los últimos cuatro años han sido un tiempo
perdido. Le decía al señor ministro que en la isla de Gran Canaria, en virtud de que su Gobierno está hoy en manos de grupos políticos que creen precisamente que no debemos seguir ocupando más territorio sino actuar sobre el ya edificado, estamos
promoviendo la implicación de todas las administraciones para la articulación de un consorcio interadministrativo que pueda residenciar todas las competencias urbanísticas y todos los recursos presupuestarios y financieros para hacer posible esta
gran tarea de renovación de la planta alojativa antigua, obsoleta, pero también de la trama urbana de esas ciudades. Para ello recababa el apoyo de la Administración General del Estado justamente para articular esa entidad consorcial que pueda
ejercer esta compleja pero estratégica tarea que necesita el sector turístico.
Por eso en esta moción pretendemos, en primer lugar, pedir a la Administración General del Estado que intensifique la coordinación entre las administraciones actuantes
para poder ser eficaz en esta gran tarea; en segundo lugar, que se prioricen aquellos territorios donde la estructura productiva, el turismo, es decisivo, en el caso de Canarias sin duda lo es, pero también que dirija los incentivos económicos
fiscales de que en estos momentos dispone la Administración General del Estado a la tarea de la renovación de la planta antigua y de las ciudades turísticas. Me refiero al fondo financiero considerado en los presupuestos para destinos turísticos
maduros, me refiero a las reservas de inversiones en el caso de Canarias o a los incentivos regionales que perfectamente se pueden redirigir hacia esta actividad. También proponemos en esta moción que la Administración General del Estado ejecute
programas de recuperación y rehabilitación en esta materia.
En último lugar, pedíamos al señor ministro apoyo para una experiencia.
Sabemos lo dificultoso de este trabajo, pero se abre camino con experiencias y con resultados, y hay condiciones objetivas para pensar que en el caso de San Bartolomé
de Tirajana, municipio señero del turismo, con 150.000 camas, municipio de referencia en los últimos cuarenta años de esta actividad en el Estado español, puede ser un lugar para comenzar esta ingente tarea de rehabilitar las ciudades turísticas.
Sobre estos cinco puntos hemos propuesto esta moción consecuencia de aquella interpelación.
Aprovecho para adelantar las conversaciones que hemos mantenido con el resto de los grupos de forma que pudiéramos aceptar una enmienda transaccional a la que se incorporaría Coalición Canaria, creo que Convergència i Unió, que, aunque nos
hacían unas aportaciones interesantísimas, no están en la línea de lo que pretende esta moción, y también el propio Grupo Popular, de manera que esta experiencia piloto que se pondría en marcha en San Bartolomé de Tirajana con el apoyo de las cuatro
administraciones no excluye en absoluto la posibilidad de otras experiencias y otras actuaciones allí donde se den las condiciones para que las cuatro administraciones, local, insular, canaria y la Administración General del Estado, puedan coincidir
en esta tarea.
Insisto en que esta tarea no es solo propia de San Bartolomé de Tirajana, sino que desgraciadamente en el caso de Canarias podemos tener siete u ocho destinos que precisan de una actuación coordinada, eficaz y rápida para que el
sector turístico canario mantenga la competitividad en un momento difícil para el conjunto de esta actividad en una comunidad que ha vivido, que vive y que debe seguir viviendo del turismo, pero que se tiene que poner en orden y tiene que ser capaz
de competir con los múltiples destinos que en el mundo hoy compiten con Canarias y con otros destinos del Estado español. Señorías, si los portavoces lo consideran oportuno, la propuesta transaccional la aceptaría gustosamente porque lo importante
es que todos empujemos en la línea de hacer posible esa transformación de las ciudades antiguas y no seguir consumiendo territorio y no seguir depredando el escaso espacio natural que nos queda, al menos en el archipiélago canario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en defensa de las enmiendas presentadas al texto de resolución de la moción del Grupo Mixto (señor Rodríguez), referente a las líneas de actuación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en relación con la urgente necesidad de renovación y rehabilitación de las zonas turísticas obsoletas. Coincidimos en muchas afirmaciones realizadas en la exposición de motivos de esta moción. También el Gobierno de Canarias
está tomando decisiones encaminadas a mejorar, modernizar y rehabilitar determinadas zonas en declive para hacerlas competitivas y que estas no se conviertan en residenciales, como está ocurriendo en algunas zonas, con el perjuicio que esto acarrea
para el sector. Efectivamente, el sector turístico representa en Canarias el 30 por ciento del PIB canario, aunque hay islas como Lanzarote y Fuerteventura en que este porcentaje es superior al 60 por ciento, y en cuanto a ocupación en mano de obra
que este genera en Canarias, es del 36 por ciento, por ello su importancia es indiscutible.
En los últimos años ha habido una disminución de turismo extranjero que, aunque haya sido compensado por el turismo español, no nos debe servir sino para
actuar y romper esa tendencia.
Señorías, se han realizado estudios, en concreto por Exceltur y por el Gobierno de Canarias, donde se detectan algunas debilidades referentes a que existen zonas con problemas estructurales derivados del proceso de obsolescencia de sus
entornos, equipamientos y planta alojativa, que exige acelerar la puesta en marcha de estrategias público-privadas de reconversión que consigan recuperar su atractivo y su reposicionamiento a medio plazo. No nos podemos conformar con que las zonas
que se aborden sean Puerto de la Cruz y Los Cristianos, en Tenerife; Playa del Inglés y San Agustín, en Gran Canaria; Morro Jable y Corralejo, en Fuerteventura, y Puerto del Carmen, en Lanzarote, sino que se tengan en cuenta otras en las que ya
está trabajando la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, como Costa Teguise, en Lanzarote, Puerto Rico, en Mogán, así como Las Américas, Playa Blanca, Castillo de Caleta Fuste, Costa Calma, Las Playitas, etcétera. Ya el Gobierno de
Canarias ha considerado vital la intervención en zonas turísticas maduras y no en vano ha convocado una reciente cumbre turística en Fuerteventura, donde se han puesto sobre la mesa medidas para afrontar esta materia. A su vez, el Gobierno de
Canarias ha creado la Agencia canaria de rehabilitación de planta alojativa turística, herramienta básica que une esfuerzos para modernizar, rehabilitar y hacer competitivas estas zonas maduras. Para nuestra industria turística es fundamental que
se realicen cuantos esfuerzos sean necesarios para conseguir que nuestro sector siga siendo puntero a nivel internacional, consiguiendo que sea competitivo, moderno y adaptado a las cada vez más exigentes demandas de nuestros visitantes.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas encaminadas a mejorar el texto de resolución. En primer lugar, pretendemos que en la elaboración del reglamento del REF se clarifique y prime para que una
herramienta tan importante como la RIC se utilice para renovar y modernizar nuestra planta alojativa, así como las infraestructuras urbanas de zonas maduras, y también que los incentivos fiscales puedan utilizarse para planta extrahotelera obsoleta.
No deben limitarse las formas de actuación a la de consorcios, sino que esta debe estar abierta a las aportaciones de las diferentes administraciones, fundamentalmente el Gobierno de Canarias, y aprovechar los recursos que estas ponen a disposición
de esta materia. Pedimos a su vez que estas medidas de rehabilitación en Canarias no se circunscriban solo a las zonas previstas en la Ley de directrices, sino que sean más amplias, y en las que ya está trabajando el Gobierno de Canarias. Por
último, nos referimos a que se abra una línea de financiación en los presupuestos de 2008, ya que si no existe financiación, todo lo que hoy aquí acordemos de poco servirá para el objetivo que todos pretendemos. El ministerio prevé en el programa
0812, recalificación de destinos maduros, un apoyo técnico y financiero para desarrollar proyectos extraordinarios de reconversión o modernización integral de destinos turísticos maduros.
Por último, señorías, el Grupo Parlamentario Popular está abierto a buscar acuerdos en esta materia por considerarla de vital importancia para España y Canarias. Tengo que decirle también, señor Rodríguez, que la transaccional que usted
oferta recoge las aspiraciones de nuestras enmiendas y, por tanto, nuestro grupo va a votar a favor de esa transaccional.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Reguera.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para defender nuestra enmienda y fijar posición respecto a la moción de don Román Rodríguez, del Grupo Mixto (Nueva Canarias), con relación a la necesidad de
renovación y rehabilitación de las zonas turísticas obsoletas, que es como lo califica el proponente -en nuestro caso lo denominaríamos también de zonas turísticas maduras-. Reconocemos la oportunidad de esta iniciativa y la preocupación del señor
Rodríguez sobre la oferta turística canaria, una de las más antiguas y pioneras del Estado español, y el estado en que alguna especificidad de su oferta se encuentra, especialmente las zonas urbanas, que fueron las primeras que se expusieron a la
explotación turística. La reacción ante esta realidad nos parece necesaria para las islas Canarias, pero también es necesario reaccionar ante otros ámbitos del territorio estatal donde también hay zonas obsoletas o maduras que necesitan actuaciones
coordinadas de las
administraciones para poder seguir siendo competitivas en el presente y en el futuro. Pensamos en la Costa Brava, en la Costa Dorada, en la Costa del Sol, en la Costa Cálida, en la Costa Blanca, en todas las costas tradicionales conocidas
del litoral, sobre todo del Mediterráneo.
Entendemos que la voluntad del proponente es que las diversas administraciones que convergen en la actuación turística se comprometan, especialmente la del Estado en este caso, sobre todo en lo que hace referencia a su aportación financiera,
con los diversos instrumentos de política turística y urbanística que pueden desarrollarse. En nuestro caso nos preocupa que estas iniciativas de coordinación tengan el límite de las competencias autonómicas y que a través de su uso o de su mal uso
puedan verse afectadas las competencias de ordenación y gestión tanto turísticas como urbanísticas, en tanto en cuanto estamos hablando no solo de gestión turística, de promoción turística, de política turística o de reglamentación, sino también y
sobre todo de competencias urbanísticas, que por descontado también están en mano de las autonomías. En cualquier caso, valoramos positivamente la iniciativa con los matices competenciales que he comentado y con las precisiones que se han hecho en
la exposición previa y en la enmienda del Grupo Popular. No obstante, la problemática de los municipios turísticos sigue y es más profunda que la recuperación de los espacios turísticos obsoletos, pues también entra en su consideración específica
el municipio turístico y su abordaje definitivo de forma estructural, y no solo coyuntural como pretende esta iniciativa. Por eso nuestro grupo ha presentado una triple enmienda, de adición, la cual, lógicamente, acepta la parte expositiva de la
moción, pero pretende tratar con profundidad y, como decía, no de forma coyuntural sino definitiva la problemática de los municipios turísticos y su competitividad presente y futura, que es de lo que se trata en la moción. Por eso, como decía,
hemos presentado una enmienda de adición con tres apartados, el primero de los cuales hace referencia a la necesidad de modificar la definición del municipio turístico que establece el artículo 125 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con
el objeto de incluir a los municipios con gran afluencia contrastada, demostrable, con indicadores, ya que en la actualidad no tienen esa calificación, lo que hace que se reduzca el número de municipios con la consideración de turísticos, con lo
cual es difícil implementar políticas dirigidas a este grupo de municipios. Por otro lado, pedimos que se aumente la participación de los municipios turísticos en los tributos del Estado para que luego sean ellos los que puedan gestionar esa
aportación en los presupuestos con conocimiento de causa, de cara a poder renovar su planta de alojamiento. Finalmente, proponemos en la enmienda que se considere a los municipios turísticos como destinos de atención preferente en la financiación
de planes y programas turísticos y en políticas de implantación o de mejora de las infraestructuras, equipamientos y servicios que incidan notoriamente en el turismo, impulsadas por los departamentos ministeriales del Gobierno. En definitiva, si el
grupo proponente acepta nuestra enmienda, votaremos a favor. Si no, estudiaremos el contenido de la enmienda transaccional, que parece ser es de varios grupos, y si fuera de nuestro agrado, también la votaremos a favor, absteniéndonos en caso
contrario.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Mixto para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la moción presentada por el diputado don Román Rodríguez inicialmente considerábamos desde Coalición Canaria que no reunía los requisitos para apoyarla. Por un
lado, no quedaba clara la materia competencial del Estado y de la comunidad canaria en materia de turismo; por otro, limitar una experiencia piloto solamente a un municipio, a San Bartolomé de Tirajana, no nos parecía lo más adecuado en una moción
que incluso, por necesidades del consenso, se había ampliado no ya a Canarias sino a todo el Estado español; en tercer lugar, nos parecía un canto al sol si no tenía una ficha financiera. En ese sentido, presentamos una enmienda en la cual
dejábamos claro cuáles eran las competencias y modificábamos parte de los artículos especificando la necesidad de la coordinación con el Gobierno de Canarias -en el caso que planteábamos- y las demás administraciones públicas y, por otro lado, la
necesidad de sustituir determinados términos como el de proponer mecanismos eficaces.
También solicitábamos que hubiera una partida de 10 millones de euros y que se pudieran hacer experiencias piloto en distintos municipios turísticos canarios,
pero nos parecía bien que, en cualquier caso, la primera actuación fuera en San Bartolomé de Tirajana.
A lo largo de la tarde, hablando con los diputados de los distintos grupos de este Congreso, se ha podido redactar una enmienda transaccional que creemos que combina la redacción que habíamos planteado en nuestra moción, donde queda muy bien
delimitado el tema competencial y se abre la posibilidad a que las experiencias piloto puedan ser otras, aparte de la de San Bartolomé. A Coalición Canaria le hubiera gustado en este momento la ficha financiera inicial para ver una verdadera
voluntad por parte del Gobierno de actuar de forma general en la reposición y la regeneración de las zonas turísticas, pero no es así. Confiemos en la voluntad de apoyo del Grupo Socialista a esta moción, que se pueda ampliar, y vamos a apoyar esa
enmienda transaccional. Creemos fundamental que se pueda abrir y pongo el ejemplo -como muy bien ha dicho el diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Cándido- de la situación del Puerto de la Cruz -un ayuntamiento precisamente regido por una
alcaldesa socialista- y del norte de Tenerife, que es vital en el equilibrio en la isla de Tenerife y en la economía de Tenerife. En mi propio municipio, en la zona de Bajamar-La Punta, estamos trabajando con el Cabildo de Tenerife
y el Ayuntamiento de La Laguna en un proyecto y en un plan importante de regeneración de toda la zona a lo largo de la última legislatura, pero son decisivas las actuaciones de cara al futuro y nos gustaría también que entrara como
experiencia piloto. En ese sentido, quiero anunciar a don Román Rodríguez y a la Cámara que Coalición Canaria va a apoyar esa enmienda transaccional. Creemos que, aun sin recoger exactamente, sobre todo, una ficha financiera adecuada que
permitiera una planificación y que se extienda a todo el Estado español, puede abrir posibilidades de coordinación, de creación de consorcios y un primer camino en algo fundamental para la economía de las islas Canarias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Oramas.
Para el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ DE DIEGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, desde nuestro grupo parlamentario queremos dejar claro que probablemente la interpelación que se realizó la semana pasada ha puesto encima de la mesa un debate de indudable calado: el debate del modelo de
desarrollo turístico que se ha llevado a cabo en nuestro país, un modelo de desarrollo turístico claramente insostenible que, desde nuestro punto de vista, desgraciadamente, no se ha agotado en lo que se hizo hace cuarenta años, sino que en muchas
zonas de nuestro país se reproduce de un modo sistemático llevando a término un modelo que tiene escasos visos de mantenerse en el tiempo y de acabar dando los mismos problemas que se ponían de manifiesto en la interpelación presentada y cuya
solución se plantea en la moción que hoy se trae a la Cámara. No obstante, dicho esto, somos conscientes de que para la economía de Canarias el sector turístico es muy importante, que de él dependen una buena parte de los puestos de trabajo
estables de esa comunidad y que la economía de las islas Canarias depende también en buena medida de este sector turístico que se empezó a desarrollar hace muchos años y que hoy demuestra enormes debilidades. Por ello, ante la preocupación que
también en nuestro grupo parlamentario genera la tendencia a la baja que se está dando en algunas zonas, la disminución del gasto turístico, de las estancias medias que se está dando también en algunas zonas de las islas Canarias, ante esa pérdida
de competitividad, pensamos que hay que actuar, y a la hora de hacerlo pensamos que hay que poner encima de la mesa algunos elementos de interés.
En primer lugar, hay que poner encima de la mesa cuál es el modelo de desarrollo turístico y si debemos seguir avanzando en él o cambiarlo. Nos gustó de la interpelación lo que se planteó de ir a un modelo de desarrollo turístico diferente
en el que no se colmatara el territorio y se fuera a criterios de calidad, de preservación del medio ambiente y que, en consecuencia, se diera un valor añadido a las islas Canarias que no fuera el tradicional de sol y playa. Nos gustó porque
pensamos que la industria turística o se basa en la calidad o simplemente, si seguimos trabajando exclusivamente en el ámbito de la cantidad, nos equivocaremos y acabaremos matando la gallina de los huevos de oro. Nosotros defendemos un modelo
turístico distinto, un modelo turístico sostenible y un modelo económico también para las islas Canarias que se debe diversificar en esas medidas estructurales que hace un momento también planteaba el representante de Convergència i Unió y que nos
gustaría que en algún momento se debatieran. Ningún territorio puede tener como base principal de su economía un único sector, porque eso demuestra enormes debilidades y deja, a nuestro juicio, en una enorme debilidad sobre todo los puestos de
trabajo y la economía de esas regiones. No obstante, somos conscientes de que hay que tomar medidas para que el sector turístico de Canarias sea competitivo y hay que tomar medidas en diferentes aspectos. Uno de ellos es rejuvenecer ese sector
turístico, otro es tomar medidas para que los futuros desarrollos tengan un contenido completamente diferente que no colmaten el territorio y que den la importancia que debe tener el ámbito medioambiental, es decir reconducir el modelo turístico de
Canarias hacia otro modelo diferente en el que el patrimonio cultural y el patrimonio medioambiental sean un eje básico para atraer turistas y no exclusivamente el sol y playa que ha destruido gran parte del litoral y de los barrancos.
Creemos también -y por eso vamos a apoyar la moción- que algunas de las medidas que se plantean son adecuadas. Es necesario rejuvenecer y poner en mejores condiciones los alojamientos hoteleros. Es necesario también, desde nuestro punto de
vista, establecer algunos incentivos fiscales que vayan dirigidos sobre todo a los pequeños propietarios y que permitan que esos apartamentos que hay en Canarias, muchos, se puedan poner al servicio de otro modelo turístico diferente que permita
capitalizar la enorme riqueza de las islas Canarias, que no solo es el sol y playa, sino que son muchas cosas que se pueden potenciar para dinamizar la economía de la comunidad.
Nosotros vamos a apoyar esta moción, pero no por ello queremos dejar de decir que nos parece insuficiente si hablamos de desarrollo económico de Canarias, que nos gustaría hablar de diversificación, que nos gustaría hablar de Ley de Costas,
que nos gustaría hablar de liberalizar el litoral, que nos gustaría hablar de otro modelo de desarrollo sostenible y otro modelo económico, perfectamente posible en Canarias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Muñoz.
Grupo Parlamentario Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo también se va a sumar al acuerdo -parece que total- de los distintos grupos parlamentarios
en esta moción, originariamente presentada por el señor Rodríguez y a la que han presentado enmiendas diversos grupos. Es sabido que estamos ante la necesidad de una revisión a fondo de los temas turísticos, de los planteamientos y de las
políticas turísticas que hemos venido desarrollando generalizadamente a lo largo y a lo ancho del Estado en los últimos cuarenta y tantos años, como acaba de decir quien me ha precedido en el uso de la palabra. Hoy parece que todo el mundo está de
acuerdo en que el turismo de sol y playa -y mucho más si este turismo de sol y playa va a costa de la ordenación territorial y urbanística, es decir, si no se tiene en consideración un desarrollo ordenado territorial y urbanístico- no tiene ningún
futuro. A estos convencimientos responden, por ejemplo, las reflexiones que sobre el Plan Turismo 2020 se vienen impulsando desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno central justo estos días. Es evidente que el sector
turístico es un motor importante dentro de la economía del Estado: el 12 por ciento del producto interior bruto, pero este 12 por ciento sube hasta el 30 por ciento, según recordaba el propio diputado señor Rodríguez en la interpelación de la
pasada semana, por lo que se refiere a la aportación del turismo al producto interior bruto de Canarias, y su aportación al empleo debe estar en torno al 36,8 por ciento. Todas las actividades económicas, de todos los sectores, están evolucionando
de una forma muy acelerada. Dicho resumidamente, todo se está globalizando y esto requiere unos cambios aceleradamente innovadores en todos esos campos, industrial, turístico, agrario, en todos, en definitiva.
Como pudimos comprobar en la interpelación de la que trae causa esta moción, la conciencia de esta crisis no ha despertado con ocasión del Plan Turismo 2020 que está impulsando el Ministerio de Industria, evidentemente; no ha esperado a que
este ministerio se pusiera a trabajar en este plan para tener conciencia clara de dicha crisis. Don Román Rodríguez expuso ya aquí los debates habidos, los trabajos desarrollados en tal dirección en la comunidad canaria desde la década de los
noventa, tanto para tener un mejor ordenamiento del territorio como para encontrar una mejor dirección de la propia actividad turística. De seguro que muchos de los diputados y diputadas aquí presentes somos testigos de que esfuerzos similares se
han desarrollado en buena parte de las comunidades autónomas, de reflexión y de por dónde deben desarrollar la política turística en el futuro, en el grado en que cada comunidad pretenda hacerlo.
Hoy se nos presenta una moción que, con lógica, se refiere a la comunidad canaria y a su problemática específica, pero que si se analiza con detalle, se ve que buena parte de los principios que se establecen en esa moción son perfectamente
extensibles y aplicables también a otras muchas comunidades autónomas, ocupadas y preocupadas, desde su propia esfera competencial y desde las especificidades de su propia problemática, en hacerse con un futuro de mayor o menor dimensión, de mayor o
menor alcance, según los casos, en este campo -insisto- cada día más globalizado y, por lo mismo, más competitivo y más difícil como es el de la economía y el desarrollo turístico. Nosotros entendíamos que este convencimiento generalizado,
lógicamente, tenía hoy que concretarse en una moción consensuada por todos los grupos. Nosotros nos sumamos a este consenso y apoyamos una esperanza de que, efectivamente, esta actividad económica de gran peso en el pasado pueda serlo, aunque
seguramente con parámetros muy distintos, también en el futuro, en Canarias y allá donde cada territorio crea que una parte de su actividad económica y de su desarrollo debe ir por las vías del desarrollo turístico.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
La moción que nos presenta hoy don Román Rodríguez pone encima de la mesa, como ya ha comentado alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el debate del cambio del modelo turístico, ese cambio tan necesario que se
ha citado con frecuencia de acabar de una vez por todas con el modelo de sol y playa para ir a buscar un modelo de turismo de calidad que nos pueda ayudar básicamente a salvar el incremento de la competencia turística que nos está viniendo de varios
territorios, sobre todo de nuevas propuestas turísticas emergentes, y que también tiene que llevar a los territorios que forman el Estado a potenciar su nivel turístico. Los dos modelos se contraponen. Si continuamos potenciando ese modelo
turístico de sol y playa con ese urbanismo tan agresivo, va a ir en detrimento de las posibilidades que tienen sobre todo las islas Canarias de patrimonio natural, cultural y sobre todo gastronómico, que también puede ser un potencial en ese
sentido. Nuestro grupo parlamentario entiende, como ya propuso don Román Rodríguez la semana pasada o como indica su exposición de motivos, que el turismo de las islas Canarias es un potencial económico no solo por lo que representa ahora en el PIB
sino que ha de ir mucho más allá. Esas medidas son tan necesarias en Canarias como en Cataluña -el PIB que representa el turismo en Cataluña es muy importante- y por eso nuestro grupo parlamentario va a apoyar esa iniciativa. Quisiera recordarles
que en el presupuesto de 2005, gracias a una enmienda que presentó nuestro grupo parlamentario, se aprobó incorporar en ese presupuesto la formación de un fondo de mejora de infraestructura turística, lo que se ha venido conociendo posteriormente
como el Fomit. En esta moción que hoy nos presentan nos piden que potenciemos mucho más esas medidas que se han ido creando y en la enmienda que han presentado conjuntamente, que agrada especialmente a nuestro grupo, que la promoción de todas esas
herramientas vaya en coordinación con las comunidades autónomas y con los entes
locales, como no podía ser de otra manera. En definitiva, el texto final que se nos presenta agrada a nuestro grupo parlamentario, sobre todo por esa coordinación con las comunidades autónomas y porque intenta potenciar el patrimonio
cultural de aquellos pueblos pequeños de las islas Canarias. Como ya he dicho en más de una ocasión, nuestro grupo parlamentario está para cambiar el obsoleto modelo económico que tenemos, para mejorar todas las infraestructuras turísticas que
puedan elevar esa calidad y para que podamos potenciar un sector económico tan importante en las islas Canarias y en Cataluña como es el turístico. No acabemos con él, no acabemos con la gallina de los huevos de oro, como decía la portavoz de
Izquierda Unida. Tenemos que potenciar ese turismo de calidad para poder estar en la mejor posición y afrontar esa competencia turística que tenemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Ramón.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.
El sector del turismo en España quizá esté poco reconocido socialmente, a pesar de su gran aportación al PIB nacional y de su importante contribución a mejorar la tasa de ocupación. Es posible que esto se deba a que ha sido un sector que
tradicionalmente ha ido como la seda y que no ha requerido especial atención por parte de las administraciones públicas. La importancia del turismo en la economía española es capital y llega a ser fundamental en el caso de algunas comunidades
autónomas. Lo que hoy debatimos en esta tribuna no es un problema específico de Canarias sino de muchas otras regiones españolas que se pueden ver reflejadas y también beneficiadas con la resolución que hoy aprobemos.
Por ello solicito de los
portavoces su contribución al consenso para responder a lo que se nos pide desde la ciudadanía en general y desde el sector en particular, que es no anteponer los criterios partidistas de quienes dirigen en estos momentos las instituciones en
Canarias y trabajar para conseguir la colaboración en la búsqueda de soluciones que mejoren la situación actual del turismo. Si ya es prioritario hablar de producto turístico, de comercialización, de innovación, de dinamización y de excelencia
turística, también lo es hablar de infraestructuras. El modelo no está caduco. Lo que ha caducado son algunas infraestructuras, y para renovarlas tendremos que tender obligatoriamente redes de cooperación con el sector privado para conseguir una
verdadera reconversión del sector. Yendo de la mano tendremos más garantía de conseguirlo.
Esta es la línea en la que viene trabajando el ministerio desde el principio de la legislatura. Esta moción propone algo que ya está contemplado en las previsiones del proyecto del Plan del turismo español horizonte 2020, que será
presentado en la conferencia sectorial del próximo 7 de noviembre, así como en el documento operativo de dicho plan para el periodo 2008-2012, que será aprobado en Consejo de Ministros tras el visto bueno de la conferencia sectorial, el cual
contiene un programa específico de recualificación integral de destinos turísticos maduros.
Para poder desarrollar este programa necesitamos una ficha financiera, señora Oramas. Se está trabajando en la redefinición del Fondo de modernización de
las infraestructuras turísticas, que fue creado por la Ley de Presupuestos del año 2005, con objeto de apoyar financieramente los planes de renovación y modernización integral de destinos turísticos maduros y que ha conseguido sentar pautas de
actuación. Dicho fondo está regulado por el Real Decreto 721/2005, modificado en la Ley de Presupuestos de 2005, y que para 2008 tiene una dotación de la nada despreciable cantidad de 150 millones de euros. En el primer trimestre del año próximo
se modificará el Real Decreto de 2005, para permitir un desarrollo reglamentario que amplíe el alcance y los instrumentos de la iniciativa para asegurar un mayor impacto de las actuaciones financiadas, diversificando las fórmulas de financiación
posibles con cargo a los fondos Fomit y abriendo la posibilidad de que sean financiables los proyectos que se desarrollen en un plan de reconversión o modernización integral de un destino maduro, cuya ejecución sea realizada por una entidad
constituida al efecto por la Administración General del Estado con/u otras administraciones públicas o bien con entidades públicas o privadas. Esta es una iniciativa innovadora y pionera, mediante la cual un mercado turístico consolidado como el de
España trata de adecuar algunos de los destinos más significados de nuestra geografía a las nuevas exigencias de los turistas que nos visitan. Precisamente en este sentido va la esencia de la moción presentada por el señor Rodríguez, por lo que mi
grupo la va a votar favorablemente.
Para terminar, quiero hacer una referencia al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para señalar que el proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento que desarrolla determinadas materias reguladas en la Ley 19/1994 del REF,
y cuyo trámite de información pública ha terminado el pasado día 27 de septiembre, incluye en su artículo 8, señor Reguera, entre las inversiones a las que se puede dedicar la reserva, las destinadas a la rehabilitación de edificios.
Respecto a la enmienda de Coalición Canaria, no me puedo sustraer a un comentario. Les sugiero releer un par de documentos: el primero este, llamado de bases para el acuerdo por la competitividad y la calidad del turismo en Canarias
2008/2020, cuyas propuestas salieron de una reunión en Fuerteventura hace tan solo diez días y que presidió don Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias. Señora Oramas, si quiere le dejo una fotocopia para que compruebe que las medidas
que se proponen y firmó su presidente no pueden ser más parecidas a las de esta moción. No me puedo creer que el señor Rivero y ustedes o hayan cambiado de partido o hayan cambiado de idea solo en diez días. Por cierto, su Gobierno lleva cuatro
años redactando los proyectos de actuación aprobados en la Ley de Directrices de 2003, y a día de hoy no
han sido capaces de presentar ni uno solo de los siete proyectos posibles que aprobaron estas directrices. Otra vez un claro ejemplo de que en Canarias tenemos leyes, lo que necesitamos es un Gobierno eficaz capaz de llevarlas a cabo. El
segundo documento es una enmienda a los presupuestos, firmada conjuntamente por Nueva Canarias y el PSOE, donde ya se consigna una cantidad de 2 millones de euros destinados a un consorcio para la rehabilitación turística en San Bartolomé de
Tirajana, mi municipio. Yo no soy la alcaldesa de San Bartolomé, pero es mi municipio desde hace 25 años. Yo, por lo menos, me pondría colorada si el Gobierno de la nación pusiera el doble de dinero que el Gobierno autonómico para una actuación en
un municipio tan importante estratégicamente y en el que ustedes hasta la fecha no han hecho absolutamente nada.
Para terminar, se me ocurre que para compensar su ineficacia hasta la fecha podrían poner ustedes los 7 millones restantes de los 10 que proponen en su enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Grande.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS CONDICIONES DE APERTURA DEL NUEVO TÚNEL DE VIELHA (Número de expediente 173/000222.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto 4, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre las condiciones de apertura del nuevo túnel de Vielha.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra, en nombre de su grupo, el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Reglamento del Congreso obliga a presentar la moción el día siguiente al de la interpelación. Por ausencia de Pleno la semana pasada, por la evolución de los acontecimientos y por las noticias que han ido apareciendo en los
diarios y medios de comunicación, principalmente de Lleida, nuestra propuesta del día 18 de octubre ha quedado desfasada. Nos resultó sorprendente que justo presentada la citada moción y a menos de 48 horas de la interpelación, el Ministerio de
Fomento se reuniera en Madrid con los técnicos de la Diputación de Lleida, sin haberlo anunciado aquí la ministra en el debate de la interpelación. Es más, resulta que allí se inició ya la posibilidad de retomar los tres carriles para el nuevo
túnel de Vielha, cosa que se materializó tras dos o tres días de dudas; y me refiero únicamente al ámbito periodístico, pues finalmente y solo a nivel de prensa tenemos noticia de que el túnel de Vielha va a tener dos carriles en dirección a Lleida
y uno en dirección al Vall d' Aran. Se eliminaron en este trámite arcenes y aceras condicionados al proyecto reformado de dos carriles y, por fin, se hacen útiles al tránsito de vehículos 10,5 metros de viales de los 14 totales que tiene el túnel.
Esta iniciativa que hoy concluimos es continuación de las reivindicaciones provenientes de los municipios del Vall d' Aran, del Grupo de Convergència Democràtica Aranesa en el Consell General y de las posteriores adhesiones de la Diputació de Lleida
y de la opinión, informal pero firmada por el propio conseller Nadal, conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat.
Hacemos todos estos prolegómenos, en primer lugar, para justificar una enmienda transaccional que hemos negociado y acordado hoy con el Grupo Socialista, que recoge la actualidad del tema, es decir, la existencia de la aceptación de los tres
carriles, fruto de las conversaciones con los técnicos de la Diputació de Lleida, y la aceptación de las resoluciones tomadas por acuerdo en los plenarios del Consell General y la Diputació de Lleida; en segundo lugar, para plasmar desde esta
instancia al Gobierno los compromisos que el Ministerio de Fomento estará dispuesto a aceptar y que, dado lo que se ha publicado, se materializarán a buen seguro en unos acuerdos del Consejo de Ministros o resoluciones del propio Ministerio de
Fomento; y en tercer lugar, para no dejar sin atender las pretensiones y reivindicaciones de las instituciones del Vall d'Aran, que son dos: una vía hacia la frontera y otra hacia la Bonaigua, atravesando todas las estaciones de esquí.
Señorías, todo este viaje hubiera sido innecesario si la conmoción social provocada por unas declaraciones de septiembre pasado de la señora ministra y por declaraciones posteriores del ministerio se hubieran atendido previamente informando
o bien negociando con las partes afectadas. Me consta -y creo que hay que hacerlo notar aquí- la eficaz y ponderada intervención del Servei Català de Trànsit, al que no hay que olvidar, porque es una parte importante de la explotación de este vial
y cuyo tecnicismo sobre la regulación de tráfico ha sido absolutamente relevante. Nuestro grupo ha actuado en este tema coordinadamente desde los ayuntamientos, desde el Consell General y desde la Diputación, más por economía de calendario,
preguntado a la ministra en el Senado, interpelando en esta Cámara y, finalmente, sumando a las reivindicaciones para esta obra la moción que hoy ponemos a disposición de SS.SS. con el ruego de que le den un amplio soporte que deje zanjada
definitivamente esta cuestión.
La enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana es sensible con el territorio y con las intenciones de nuestra enmienda. La agradecemos y la entendemos sumida en la transaccional que hemos pactado con el Grupo Socialista.
También quiero citar que ha sido notoria la respuesta de Lleida y prácticamente unánime la posición de muchas instituciones que, además de las citadas, se han manifestado a favor de los tres carriles, como el propio Ayuntamiento de Lleida la semana
pasada, que en su pleno aprobó por unanimidad una resolución en el sentido de la que hoy presentamos.
Debemos felicitarnos por ello y volvemos a reiterar la precipitación con la que el ministerio y la señora ministra, a nuestro parecer, han actuado durante los últimos meses. A buen seguro que quedarán por desentrañar determinadas
actuaciones precipitadas y contradictorias, que no nos han sido explicadas de forma convincente, pero el buen fin de la obra nos las hace olvidar.
Nuestra moción incluye otros tres puntos que consideramos complementarios, pero a la vez sustanciales para la obra del túnel, que son: en primer lugar, los accesos; en segundo lugar, la travesía del valle, desde el túnel hasta la frontera
francesa. Aquí entendemos que hay que reiterar la necesidad de participación en las instituciones del Vall d'Aran para decidir sobre su propio territorio. Abrimos con ello unas conversaciones que han de permitir presentar al ministerio la
oportunidad, la necesidad o la eficiencia de la deseada vía segregada que ha planteado el Consell General en la anterior legislatura y el sentir de los ayuntamientos turísticos en relación con el tránsito de vehículos que van hacia las estaciones de
esquí y hacia la Bonaigua por turismo. Y en tercer lugar, en que el ministerio daba por fin un compromiso importante de iniciar la licitación de tramos de desdoblamiento en la autovía N-230 desde Lleida hasta Sopeira en este año y la construcción
de carriles lentos desde Sopeira hasta el túnel, obras que no han avanzado en esta última legislatura y que son también parte sustancial de esta vía con el túnel.
En este sentido, reiteramos manifestaciones de la prensa de ayer mismo, de alcaldes
como el de Pont de Suert y el de Vielha y del presidente de la Alta Ribagorça, manifestando la importancia de esta vía en relación con el túnel.
No voy a redundar más en este tema porque el grueso de las noticias de Fomento en Cataluña no es para esta hora. Los catalanes decimos que cuando en Barcelona hay relámpagos, los truenos suenan en todo el país.
En nuestro grupo hemos
intentado hacer nuestro trabajo en el territorio, un territorio importante porque supone un tercio de Cataluña, pero que es residencia apenas del 7 por ciento de la población catalana. Sin embargo, cuando los llampecs suenan en Lleida, los truenos
no se oyen en ninguna parte. Hoy esperamos que los aplausos que tradicionalmente dan a nuestras unanimidades sean un apoyo sin fisura a este Valle de Arán, que acoge a tantos turistas y que es nuestro referente para muchas personas, y esperemos que
con esta nueva infraestructura con la que hoy nos vamos a comprometer lo sea todavía más. Reitero mi solicitud de apoyo a esta moción y den apoyo a esta transaccional que hemos suscrito con el Grupo Socialista, en los términos que ha aceptado el
equipo del propio Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Grau.
Para la defensa de las enmiendas de esta moción tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy el Grupo Catalán (Convergencia i Unió) nos trae esta moción, un poco tarde como ha reconocido el mismo portavoz, impulsada por la necesidad de reconsiderar la decisión que tomó de forma unilateral el Ministerio de Fomento el
pasado mes de septiembre respecto a limitar el túnel de Biela a dos carriles de circulación, uno por sentido, aduciendo medidas de seguridad, una decisión que inmediatamente después de ser conocida tuvo una oposición unánime desde el territorio,
oposición de las instituciones aranesas, el Consell General de Aran, el Ayuntamiento de Biela-Dijeran, recordarles que fue el mismo Pleno del Consell General de Arán quien facultó por unanimidad al mismo Síndic, por cierto, del PSC, para que
emprendiera acciones legales contra el Ministerio de Fomento si se mantenía la propuesta de dos carriles en el túnel de Vielha. Oposición también de todas las entidades locales de Lleida, lideradas por la Diputació de Lleida, de todas las
formaciones políticas de Lleida y también por la sociedad civil. Los criterios que llevaron al ministerio a modificar el número de carriles del proyecto inicial eran criterios de seguridad y se basaban en la Directiva europea 2004/54, traspuesta
aquí en el Estado español por el Real Decreto 635/2006. Sin embargo, estos mismos criterios fueron los que llevaron al mismo Colegi d'Enginyers de Camins, Canals y Ports de Lleida y a los mismos ingenieros de la Diputación de Lleida a intentar
presentar alternativas que explicaran, también con este mismo real decreto, que la posición de tres carriles era mucho más segura y que iba más en lo que marcaba este mismo real decreto.
La controversia de este real decreto se encuentra en el apartado 2.2 del anexo I sobre la geometría del túnel. El apartado 2.2.1 recomienda que se tenga especialmente en cuenta la seguridad al proyectar la geometría de la sección
transversal y la alineación horizontal y vertical del túnel.
Específicamente dice que se cumplirán los criterios y las especificaciones recogidas en la norma del trazado 3.1 I-C de la Instrucción de Carreteras. También el subapartado 2.2.2 del
real decreto dice que en los túneles con pendientes superiores al 3 por ciento se adoptarán medidas adicionales o reforzadas, o ambas, para incrementar la seguridad y el análisis del riesgo. Pues bien, ¿qué dice esta norma 3.1 I-C? Dice que en las
carreteras de calzada única se evitarán inclinaciones de rasante mayores del 3 por ciento y que la velocidad de los vehículos pesados no será inferior a los 60 kilómetros por hora.
Fueron estas precisiones que marca tanto el real decreto como la
norma 3.1 las que llevaron a los técnicos de la Diputación de Lleida a presentar un informe técnico que contradecía lo dicho por el Ministerio de Fomento.
Llegado este punto quiero decirles que la posición que ha tomado la Diputación de Lleida en ese acto ha sido excelente, y sobre todo que ha estado marcada por el compromiso que adoptó el mismo president de la diputació de intentar ayudar y
estar al lado de las reclamaciones de las instituciones locales de Lleida. Dista mucho del posicionamiento
de la antigua diputación, que venía a hacerse la foto con el Ministerio de Fomento y que utilizó la Diputación de Lleida como plataforma electoral del antiguo presidente. Hemos avanzado mucho, lo cual se ha visto claramente en la posición
que ha tomado la Diputación de Lleida permaneciendo al lado de los municipios, tal y como se comprometió a hacer el nuevo govern de la diputació. Asimismo agradecemos la rectificación que ha hecho el ministerio y la cordialidad con la que recibió a
los representantes de la diputación y, como les decía, que al final la decisión del ministerio haya sido llevar a cabo el informe técnico que había presentado la Diputación de Lleida.
Sobre la moción que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -como les comentaba, tarde-, quiero hacer referencia al debate que también pone encima de la mesa sobre la necesidad de acabar de una vez por todas la
autovía Lleida-Vielha y de intentar buscar entre todos un consenso político para que el tramo Sopeira-Vall d'Aran finalmente tenga un desenlace positivo y pueda llevarse a cabo. Nosotros queremos hacer cuatro reflexiones sobre la moción de
Convergència i Unió. Nos extraña mucho que en esa coordinación que quieren con las administraciones locales y el Consell General d'Aran se haya descuidado a la Generalitat de Catalunya. Siendo ustedes valedores de las competencias de la
Generalitat de Catalunya, ¿cómo es que intentando buscar esa coordinación con quien tiene competencia en materia de tránsito de política territorial ustedes se olvidan de esto y no lo incluyen en la moción? Por eso en nuestra enmienda de
sustitución pedimos que se lleve a cabo de forma conjunta con la comunidad autónoma la definición decisiva del trazo de Vall d'Aran para llegar a Francia, así como que se estudie esa travesía de Vall d'Aran.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Ramón, le pido que vaya terminando.
El señor RAMÓN TORRES: Termino, señora presidenta.
Pedimos que se haga en coordinación con la Generalitat de Catalunya, que es la que tiene competencia, señor Grau, así como -y estamos de acuerdo- en coordinación con las entidades locales que en ese sentido pueda liderar la diputación.
Entendemos que la diputación puede liderar de momento, pero esperamos que algún día sean las veguerías del Pirineo y de Lleida las que lideren a los ayuntamientos en ese sentido.
Señora presidenta, para acabar diré que la mejor manera de agilizar esos trámites, esa infraestructura tan necesaria para el territorio como es la nueva autovía Lleida-Vielha, puesto que ahora estamos negociando los presupuestos del Estado,
es, como proponemos en nuestra enmienda de sustitución, modificar las partidas presupuestarias para agilizar de una vez por todas la ejecución de la conversión de la N-230 en autovía y para que los estudios sobre el tramo Sopeira-Vall d'Aran sean
una realidad lo antes posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Ramón, concluya.
El señor RAMÓN TORRES: Acabo, señora presidenta.
Señor Grau, también quiero decirle que sus predicciones acerca del éxito que tendría la Diputación de Lleida en este sentido como usted dijo en la prensa no se han llevado a cabo. Gracias a la nueva Diputación de Lleida las cosas se hacen
como se tienen que hacer, con rigor, y por eso ha llegado la voz del territorio a Madrid y hemos conseguido que se cambie el criterio del ministerio.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de sus enmiendas, la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Yo entiendo que está en el guión de la oposición en Cataluña en este momento aprovechar cualquier ocasión para criticar a la ministra de Fomento, pero, señor Grau, le digo con toda la cordialidad y con todo el cariño, que hoy no tocaba, hoy
no iba de esto. Justamente cuando estamos ante un acuerdo que han tomado las instituciones del territorio, un acuerdo que hemos tomado los grupos, usted ha dicho aquí hoy cosas que son, como mínimo, no ajustadas a la realidad. Usted dice que las
negociaciones se habían hecho sin que la ministra dijera nada. La ministra, respondiéndole a usted a la interpelación del día 17 de octubre, le dice: Mañana nos reunimos con los técnicos de la diputación para saber lo que ellos proponen y por qué
es más segura su propuesta que la de la dirección general, y, si su propuesta no es más segura, qué medidas o alternativas podemos adoptar. Es decir, la ministra le anunció a usted hace dos semanas aquí que se iba a celebrar la reunión y,
efectivamente, la reunión tuvo lugar. En esa reunión había una propuesta del ministerio, una propuesta que se ajusta a criterios de seguridad y al criterio de que la infraestructura sea lo más segura posible, ya que va a ser una de las mejores
infraestructuras de todo el territorio español e incluso del europeo.
Hemos tenido una suerte que ya ha comentado el señor Ramón: hemos tenido la suerte de que la Diputación de Lleida en este momento está gobernada por fuerzas que apostamos por el acuerdo, por la negociación y por el diálogo. Por eso ha sido
posible; hace un año no lo hubiera sido, porque hubiéramos ido a la confrontación de las pancartas en los balcones, de los tres carriles porque sí, etcétera. Por tanto, no caigamos en la melancolía de añorar lo que pudiera haber sido una discusión
más profunda y vayamos a alegrarnos y a beneficiarnos del acuerdo. Su grupo, nuestro grupo y Esquerra Republicana, que está de acuerdo con el espíritu y con el texto de la transaccional que hemos acordado, hemos conseguido traer un poco de sosiego
a lo que podría haber sido
una frustración para la gente de nuestro territorio, pero no solo para nuestra gente. El problema que tenemos cuando hablamos de Cataluña aquí es que hay grupos de esta Cámara que hablan de Cataluña como si nosotros fuéramos gente que
queremos las cosas solo para nosotros. ¿Es que por el túnel solo pasaremos nosotros? Por el túnel pasará gente española, pasará gente francesa y pasará todo aquel que vaya o venga del Valle de Arán.
Por tanto, estamos hablando de una
infraestructura necesaria para el territorio común de todos los españoles y hemos sido capaces los partidos del territorio, leridanos en este caso, de haber inducido a un acuerdo que ha propiciado que se pueda abrir la infraestructura dentro de
pocos días y que además da solución a un problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Igualmente ustedes saben que respecto del tramo que iba a ser de autovía desde Lleida al Valle de Arán los estudios se han hecho, están en marcha y se van a
licitar las obras a final de este año entre Lleida y Roselló; están avanzando los estudios y se van a poder licitar obras el año que viene casi hasta Sopeira y ustedes saben igual que yo que los estudios ambientales descartaron que ese tramo hasta
la montaña fuera por autovía y se va a ir a una carretera convencional aprovechando justamente los estudios ya hechos.
Señorías, las cosas están marchando, están funcionando y en este momento, además, tenemos la suerte de que hemos conseguido alcanzar un acuerdo en el que no habido ni ganadores ni perdedores. Aquí ha habido una apuesta de máxima seguridad
en la infraestructura y ha habido otros técnicos que han dicho: hagamos una distribución distinta. Se hace distinta porque se introducen elementos que en el proyecto inicial no estaban. Se lo explicó a usted la señora ministra con todo lujo de
detalles el otro día cuando le dijo que vamos a introducir unos elementos que van a propiciar que eso sea posible, con la responsabilidad que en el tema va a tener el Servei Català de Trànsit, que es el que tiene que responsabilizarse de la
seguridad vial en el interior del túnel dado que es una competencia transferida a la Generalitat de Cataluña. Por tanto, yo creo que hoy, incluso hablando de fomento y de una infraestructura de fomento, no es un día para la melancolía sino para la
felicitación, y me gustaría que todos los grupos lo supieran ver de esta manera.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Cunillera.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nosotros vamos a apoyar la transacción a la que se ha llegado porque entendemos que finalmente se da una buena solución; una buena solución reiterada y querida por el territorio, exigida por la diputación, demandada por el Consell General
d'Aran y que, por tanto, se ubica en el sentido común. Nosotros entendemos que a esta solución se podía haber llegado antes y que para algo tan evidente quizás no habrían tenido que ser necesarios tantos esfuerzos, pero en cualquier caso valoramos
como positiva la solución a la que se llega. Por eso, desde Iniciativa per Catalunya Verds y desde el conjunto del grupo parlamentario vamos a apoyar una propuesta que lo que hace es precisamente mejorar las comunicaciones en este caso con la Vall
d'Aran, una zona de Cataluña que, ustedes saben, no ha tenido la mejor de las comunicaciones posibles. A esto se le tendrá que sumar la necesidad de convenios para la mejora del transporte público, sabiendo además que en la Vall d'Aran existe un
grave problema de interconexión, de movilidad para aquellos que no quieran desplazarse con vehículo privado. Esta continúa siendo una asignatura pendiente.
Por último quiero decirles, como le ha dicho don Jordi Ramón al portavoz de Convergència i Unió, don Pere Grau, que algo nos ha sorprendido de su moción y es su omisión en torno a la Generalitat de Catalunya. Digo yo que, para un grupo que
se dice nacionalista, algo tendrá que decir la Generalitat de Catalunya, porque además tiene competencias en la materia y, aunque hoy no sea de su color, usted sabe que algo tendría que decir.
Por tanto, celebramos que finalmente en la moción
pactada se recupere el papel de alguien que nunca debería haber dejado de estar, sorprendentemente, en una moción de Convergència i Unió, que es el de la Generalitat de Catalunya. Por todo ello, señora presidenta, vamos a votar favorablemente y
vamos a dar nuestro apoyo a la moción pactada.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo también va a sumarse al acuerdo de esta enmienda transaccional y nosotros sí, sin matiz alguno, vamos a sumarnos a esa reclamación de la señora Cunillera de que nos felicitáramos. Nos felicitamos sin matices, y felicitamos a
quienes han llegado a un acuerdo. La verdad es que el clima que pudimos percibir con ocasión del debate de la interpelación entre el señor Grau, representante de CIU, y la ministra de Fomento nos pareció que iba a acabar en este acuerdo, lo digo
francamente. Los términos en los que discurrió parecía que iban a desembocar, antes o después, no sabíamos por qué vía pero en un acuerdo. De forma que los desencuentros políticos que al parecer haberlos, los había, según hemos podido conocer
tanto en el curso de la interpelación como hoy, van a desembocar en acuerdos políticos de los que hay que felicitarse siempre y que nunca sobran, incluso tratándose de un tema que entiendo puede ser calificado, como este, de eminentemente técnico.
Se trata, en efecto, de una moción que al menos a mi grupo le suena como
eminentemente técnica. Seguramente en la base de los desacuerdos políticos también habría distintos planteamientos técnicos -supongo que no era un capricho político al albur y sin tener en cuenta en absoluto las diferentes percepciones
técnicas que podía haber-, pero al parecer también, tal como se anunció en la interpelación, los técnicos se han sentado, han hablado, han llegado al acuerdo y los políticos se han sumado al mismo. Por ello, insistimos, nos felicitamos y
felicitamos a los grupos que nos traen hoy este acuerdo, y por lo mismo nos sumamos incondicionalmente al mismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Ayllón tiene la palabra.
El señor AYLLÓN MANSO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en febrero del año 2002 los responsables del Ministerio de Fomento, en aquel momento del Gobierno del Partido Popular, firmaron el contrato de ejecución de las obras del túnel de Vielha; un contrato que fijaba
en 39 meses el plazo de ejecución de unas obras que harían posible, después de mucho tiempo, que el viejo túnel que permitía llegar a la Vall d'Aran fuera sustituido por uno más moderno, más seguro y más amplio al pasar de dos a tres carriles. En
ese contrato se establecía como fecha de terminación de las obras el mes de febrero del año 2006. Pues bien, como ya saben SS.SS., con la llegada al Ministerio de Fomento de doña Magdalena Álvarez y debido a la curiosa forma de afrontar las obras
de infraestructura por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hemos visto cómo esta importante obra para Cataluña, para la provincia de Lleida y especialmente para la Vall d'Aran ha sufrido numerosos contratiempos. Ha habido retrasos,
se ha modificado su proyecto, el túnel ha perdido un carril y se ha generado inquietud en los ciudadanos. El Gobierno -y yo creo que en eso tienen que estar ustedes de acuerdo- ha molestado a casi todo el mundo y ha conseguido unanimidad, a
excepción de la ministra, en la necesidad de no dejar el túnel con solo dos carriles. La verdad es que la señora Álvarez no ha tenido más remedio finalmente que volver al proyecto de los tres carriles, exactamente igual que lo dejó en su momento el
Partido Popular. Estamos, por tanto, ante una rectificación por la presión de muchos ciudadanos e instituciones que no han dejado de reclamar a la ministra una solución en la que el sentido común sustituyera a su absurda propuesta de estos meses
pasados. La moción que hoy estamos discutiendo es un ejemplo más de esa presión popular y de las instituciones, y evidentemente, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyarla en los términos de la enmienda transaccional que hemos conocido esta
misma tarde.
Señoras y señores diputados, si no hay más cambios de última hora, pronto será realidad esta importante obra de futuro iniciada por un Gobierno del Partido Popular que ha sobrevivido a la incapacidad de la ministra de Fomento y del Gobierno
socialista con tan solo un retraso significativo.
Y digo tan solo porque conociendo a este Gobierno, y en especial a la señora Álvarez, la verdad es que casi dos años de retraso en una infraestructura es para sentirse ciertamente aliviado. Señora
Cunillera, me permitirá decir que, a pesar de que nos tengamos que felicitar del acuerdo y de la unanimidad de todos los grupos, es evidente que cada vez que un diputado catalán sube a esta tribuna debería reclamar la dimisión de la ministra de
Fomento o al menos hacer ver qué cosas están ocurriendo en nuestra tierra, porque eso es fundamental.
Hay dos cosas -y las aprovecharé, ya que ustedes no lo han hecho- para las que la señora Álvarez ha demostrado no estar preparada. La primera es obvia. Es más que evidente su incapacidad para gestionar cualquier tipo de obra por pequeña
que sea, por fácil que resulte y por limitada que sea su intervención. La ministra de Fomento ha demostrado que lo que toca sencillamente lo rompe. Ha estado casi cuatro años de despropósito permanente en los que prácticamente aquellas
infraestructuras que ha tenido que afrontar, que ya formaban parte de un plan antiguo, han sido desbaratadas o retrasadas por el Ministerio de Fomento del Partido Socialista. Es conveniente recordar que la señora ministra de Fomento, como decía
hace un momento, heredó un plan de infraestructuras diseñado por el Gobierno del Partido Popular, un plan ambicioso que tan solo tenía que acabar y después cortar la cinta, pero no ha sido capaz. Estarán de acuerdo conmigo en que el fracaso ha sido
estrepitoso. Hemos tenido caos, desorganización, improvisación, retrasos, accidentes y ciudadanos maltratados por un Gobierno incapaz y una ministra arrogante e impertinente. Es algo sencillamente insuperable. La segunda cosa en la que convendrán
conmigo es que la señora Álvarez no es capaz de atender los problemas de los ciudadanos y especialmente de los de Cataluña. A veces me pregunto si la señora ministra nos tiene manía a los catalanes.
Tiene que ser manía porque si no es difícil de
entender que alguien haga todo tan mal, tan rematadamente mal, perjudicando a tanta gente sin dar la cara y sin asumir responsabilidades. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Solo haciéndolo a propósito se puede hacer así de mal, solo a propósito se
alcanza el nivel de ineficacia al que ha llegado este Gobierno en la gestión de las infraestructuras en Cataluña y en el conjunto de España, y solo con este nivel de despropósito se puede acabar de perjudicar a tantos tantas veces.
Correr es de cobardes, dijo este fin de semana la ministra. No sé si es una excusa únicamente para no tener que presentar su dimisión o si es lo mejor que se le ocurre para justificar que el AVE -que corre- no llegue a Barcelona, que los
servicios de Cercanías sigan sin funcionar o que los atascos en las carreteras sean inaguantables. Yo quiero recordar a esta Cámara que los catalanes jamás hemos sido cobardes, pero si seguimos las sabias palabras de la ministra y la cobardía se
mide por la velocidad de los ciudadanos, estos días tenemos una prueba patente de
que los catalanes somos muy valientes; valientes por lo lento que circulamos por su culpa y valientes por la aventura que supone todavía tratar de entrar en Barcelona cuando quien tiene que garantizar los servicios esenciales es el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno del Partido Socialista y el Gobierno del Partit dels Socialistes de Catalunya en Cataluña. Se lo hemos dicho muchas veces y a pesar de lo que decía antes la señora Cunillera voy a aprovechar esta
oportunidad de subir a la tribuna para volver a hacerlo. Si correr es de cobardes, señora Álvarez, váyase usted despacio, pero váyase ya, váyase y déjenos tranquilos.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Ayllón.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR LA SITUACIÓN DE MARGINACIÓN QUE SUFRE EL CASTELLANO EN ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 173/000223.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto V del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para erradicar la
situación de marginación que sufre el castellano en algunas comunidades autónomas. Para la defensa de la moción y en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hace dos semanas presentamos la interpelación al ministro cuya moción ahora vamos a debatir. Hablábamos de un derecho reconocido clarísimamente en el artículo 3 de la Constitución sobre la lengua común de todos los españoles, el
castellano, lengua española como también las otras lenguas que son cooficiales en sus comunidades autónomas. En este artículo 3 de la Constitución queda muy clara la obligación de conocer el castellano y el derecho de usarlo. Queremos acotar
claramente si tenemos instrumentos suficientes para ejercer este derecho de usar el castellano según el artículo 3 de la Constitución. Es evidente que es un derecho ¡faltaría más! No lo tenemos que conceder a nadie y ahí está. Creíamos que no
teníamos los instrumentos suficientes y dimos aquí una serie de argumentos. Citamos a un importante diputado socialista, el señor Jáuregui, que hace unos meses decía en esta Cámara que hay motivos para la alarma hablando exactamente de esta
cuestión. Citamos al Defensor del Pueblo -y vuelvo a citarlo- que dice que percibe una progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos. El señor Jáuregui habla de las señales de alarma y el Defensor del Pueblo de la minoración de
los derechos. No hemos querido hacer tremendismo -ya lo dijimos- y no hemos querido hacer generalizaciones. Hemos dicho sencillamente que se dan los casos y es nuestra obligación detectar dónde puede estar sucediendo esto y ponerle remedio.
Tengo el máximo respeto al ministro de Cultura, que lleva poco tiempo y ya se irá baqueteando mejor en esta tribuna. Ha habido debates lingüísticos importantes en esta Cámara, normalmente sobre lenguas que estaban en situación de
inferioridad. Lo sé y seguiremos trabajando a favor de esas lenguas, pero dígame cualquiera de los que están aquí si han oído alguna vez un argumento como el siguiente: Estoy seguro de que todos saben leer y escribir en español porque si no en
Cataluña, en el País Vasco y en Galicia no se venderían los periódicos en español. ¿Ustedes habían oído algo más inane, más vacuo, que este argumento? Seguro que no pasa nada porque si no no se venderían periódicos. Hambre en el mundo no hay
porque si no no se venderían paquetes de patatas fritas. ¿Cómo es posible que un ministro nos diga esto? Sencillamente proponemos que se hagan dos estudios, el de la alta inspección y el del Defensor del Pueblo para que nos digan cuál es la
situación. Si creen que hay motivos de alarma actuemos y si creen que solamente hay que hacer pequeñas actuaciones pues hagámoslas. ¿Pero cómo se puede rechazar que hagamos dos estudios?
Acepto que hay enmiendas, y muy sensatas, de grupos minoritarios, lo que me parece muy bien pero no son objeto de esta cuestión. Estamos hablando del castellano y es importante que acotemos las cuestiones. Ahora no estamos hablando de la
situación de las otras lenguas (estamos dispuestos -lo digo completamente en serio- a hablar en cualquier momento y por supuesto habrá muchas cosas que hacer), estamos hablando del castellano.
Quiero decirles que además de este derecho, de la cita
que aquí se ha hecho por el portavoz socialista, de lo dicho por el Defensor del Pueblo y de aquello en lo que ya no voy a volver a insistir del ministro sin darnos un dato y diciéndonos que no pasa nada porque se venden muchos periódicos, además de
todo eso, una semana después de tener aquí este debate, el miércoles 24 de octubre en una interpelación, en el Boletín Oficial del Estado sale una resolución del Ministerio de Defensa por la que le cede a la Xunta de Galicia un centro escolar que es
propiedad del ministerio. En la cesión de este edificio para uso escolar dice el Ministerio de Defensa: Condiciones de escolarización, disposición quinta punto 3: los alumnos hijos de militares procedentes de otras comunidades o ciudades con
estatuto de autonomía que cursen estudios en el centro docente quedarán exentos de la calificación de las pruebas de la lengua gallega. Para ceder un edificio el ministro de Defensa dice que a los hijos de los militares que vayan a Galicia no se
les someta a las pruebas de lengua gallega. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que estos hijos de militares, con trece años, que van a pasar dos años en un sitio -o no sé cuántos, los que pasen-, porque un día trasladan a su padre, tienen un problema.
Los hijos de esos funcionarios, militares y
personas que van de una comunidad a otra tienen de tal manera este problema que es el mismo Ministerio de Defensa el que pide, exige que queden exentos de las pruebas de lengua gallega. Esta es una prueba del Ministerio de Defensa que está
en el Boletín Oficial del Estado en relación con los militares que van a una comunidad autónoma. Esto no puede ser así.
Señores socialistas, no veo el menor argumento para que ustedes digan que no a la propuesta que estamos haciendo, ni un solo argumento, porque es una propuesta de sentido común.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Para la defensa de las enmiendas a la moción, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Con todos los respetos, hablar de marginación del castellano o del español representa una bárbara inversión de la realidad; sería como emplear un elemento agitador haciendo de víctima a quién funciona como opresor, y esto no lo digo desde
el punto de vista personal sino desde el punto de vista sistemático. No podemos entender nada de la situación lingüística en Galicia, en Euskadi y en Cataluña si no hablamos de su sistema y de una jerarquía de poder. El idioma tiene mucho que ver
con el poder social y el poder político, y mucho más si es acumulado históricamente. Por tanto, tendremos que distinguir el problema social e institucional y los derechos individuales de las personas, aunque están perfectamente interrelacionados.
Sería bueno que fuéramos asumiendo todos -y lo digo con la mejor actitud constructiva- que hay territorios que tienen una lengua propia y originaria, y esto es una condición natural. Tendríamos que admitir también que hay lenguas cooficiales que
por lo menos deben tener aspiración a la igualdad en sus territorios o a aquellas que son oficiales exclusivamente en el suyo, y me explico. Lo normal es la tendencia del catalán, del gallego y del vasco a asemejarse en derechos al español en
Palencia o en Santander.
Por último, y lo más importante, lo que está sucediendo en Galicia, en Cataluña y en Euskadi es un combate político para romper una subordinación secular, un dominio y un retroceso. Vayamos a esto que hay que escuchar con atención. Los
datos de Galicia -es lo que importa, así que vayamos a lo empírico- del Instituto Nacional de Estadísticas y del Instituto Gallego de Estadística sobre censo de población y viviendas son los siguientes. En diez años, entre 1991 y 2001, se duplicó
el número de personas que nunca utilizan el gallego; se pasó de 162.000 personas en el año 1990 a 332.000 que nunca lo utilizan para nada; es decir, se duplicó justo en los diez años de supuesta normalización lingüística. La sustitución del
gallego por el castellano y la falta de transición generacional también es un dato constatable. Curso 2001, alumnos de 15 y 19 años objeto de escolarización, esa escolarización en lengua gallega de la que se habla: 20.030 niños no saben leer en
gallego y 24.350 no saben escribir. Esto solo se puede explicar por el incumplimiento flagrante de las normas legales de enseñanza del gallego, no en gallego. Según los datos del mapa sociolingüístico de Galicia, elaborados por la Real Academia
Gallega en 2004, entre 1994 y 2004 el retroceso patente de la transición del gallego como lengua primaria es espectacular. En concreto, en el año 1992 el 60 por ciento de la población consideraba que tenía el gallego como lengua inicial; en el año
2004 solamente lo considera el 20 por ciento. ¿Se dan cuenta? De 1994 a 2004 se ha pasado del 60 por ciento que decía que tenía el gallego como lengua original primaria al 20 por ciento. Solamente una quinta parte de la población, entre 15 y 54
años, se declara ahora monolingüe inicial en gallego y un tercio se declara unilingüe inicial en castellano. Este es un país cuya situación lingüística era inmensamente mejor que la de Cataluña en la etapa de la transición. Son datos
estremecedores, señorías, es la peor situación de su historia. Voy a dar datos de las ciudades. En A Coruña solamente emplea el gallego como lengua normal el 9,9 por ciento de personas en edades comprendidas entre los 15 y los 54 años y solo el
castellano el 40,8 por ciento. En Ferrol la cosa es peor, el 8,3 por ciento emplea solo la lengua gallega y solamente el castellano el 68 por ciento. Pero es que con respecto a la gente joven, entre los 15 y los 24 años, en A Coruña solo habla el
gallego como lengua prioritaria inicial el 6,3 por ciento y en Ferrol el 1,6 por ciento. Estamos en el caso de genocidio lingüístico cultural más aplastante que se puede comprobar en nuestro país, incluido el franquismo.
Señorías, no se pueden traer estas iniciativas encontrándonos en una situación de este tipo. Usted misma acaba de dar un dato estremecedor.
Una cosa es respetar que un niño en situación transitoria vaya a clase de lengua gallega y se le
tolere que no rinda en ese curso y otra es tolerar que esté cinco años y no pase por el currículum escolar por el que tenemos que pasar todos. ¿Es que a un niño que sea hijo de un militar le hace algún daño aprender la lengua gallega, aunque sea en
rudimentos? ¿Puede aprender sin embargo otro tipo de materias optativas y pasar por ellas? ¿Es que el inglés tiene que ser prescriptivo y obligatorio y el gallego no? Lo grave es que se haya aceptado una transferencia en esas condiciones, que se
hayan aceptado transferencias de centros exclusivamente para hijos de militares. ¿Pero esto qué es? Esto es una democracia real en el año 2008, señorías. Los datos son contradictorios.
Y si pasamos de la estadística a los hechos, la cosa es más
alarmante, señora Rodríguez-Salmones. En Galicia hay continuamente conflictos con la justicia por defender la legalidad, así como con algunos médicos en los servicios médicos; se producen expulsiones en las empresas por emplear el gallego y en la
Iglesia hay una exclusión total de la lengua gallega desde los púlpitos; incluso hay restaurantes
que no sirven a los clientes si mantienen su lengua y piden la carta en lengua gallega.
De verdad, señorías, me resulta estremecedor y difícil de asimilar este tipo de iniciativas desde la perspectiva de Galicia. Sentémonos, observemos la realidad y veamos que estamos solo en un combate para normalizar algo, para parar un
retroceso y una destrucción que tendremos que hacer reversible. Pregunten a los diputados y a las diputadas que les acompañan qué clase de situación lingüística hay en Galicia después de veinticinco años de autonomía y de treinta de democracia.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Es el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Ratificamos todo lo dicho por el compañero del Bloque Nacionalista Galego.
Respecto a Cataluña, el proceso de minorización de la lengua también es galopante y el proceso de sustitución, sobre todo entre los jóvenes, es evidente. De hecho,
es curioso que aquellos que dicen defender el bilingüismo, en Cataluña al menos, nos planteen una moción para erradicar lo que denominan la situación de marginación que sufre el castellano, mientras que nunca, nunca, han presentado una iniciativa
para corregir la situación de marginación que sufre el catalán en tantos ámbitos. Esto se debe a que en realidad lo que defienden no es el bilingüismo -eso es una patraña- sino la obsesiva implantación de la lengua castellana. Por ello el Partido
Popular, con su visión -diríamos- castellanista, lo que hace en este sentido es utilizar los mecanismos del poder (me remito al País Valencià, es evidente lo que ha ocurrido allí respecto al proceso acelerado de sustitución de la lengua catalana por
la lengua española) y también los recursos económicos que tiene a su disposición. Lo grave es que el Partido Socialista Obrero Español a veces no ha sabido desmarcarse de este proceso. Son decenas las leyes estatales que establecen la
obligatoriedad de la lengua castellana en diversos ámbitos, mientras que solo en algunos casos se establece la posibilidad de que voluntariamente se utilicen las lenguas cooficiales en aquellos territorios que las tienen. Les pongo un ejemplo. En
Cataluña la venta de productos farmacéuticos etiquetados exclusivamente en lengua castellana es absolutamente legal, mientras que la venta de estos productos etiquetados exclusivamente en lengua catalana es ilegal, sencillamente ilegal. Así
podríamos hablar de decenas y decenas de leyes estatales, como bien constató en diversos estudios Francesc Ferrer i Gironès, gran defensor de los derechos lingüísticos catalanes, cuya viuda, para postrera humillación, ni siquiera pudo tener el
certificado de defunción en su lengua, en lengua catalana. De esto hace un par de años, solamente un par de años.
Ante esta discriminación legal por parte del Estado, me pregunto por qué aquellos que dicen defender el bilingüismo y la riqueza lingüística de su España no establecen también la obligatoriedad de uso de las lenguas cooficiales en aquellos
territorios donde las hay al mismo nivel que la lengua castellana. ¿Por qué no puede ser obligatorio que un medicamento que tiene que ser etiquetado en castellano no lo sea también obligatoriamente en catalán? Simplemente porque ustedes velan no
por la igualdad de las lenguas, sino por la preeminencia de la lengua española.
Hace pocos días una juez en Cataluña tuvo la caradura de obligar a un testigo a testificar en lengua española; esto ocurrió en Berga hace tres semanas. Es más, cuando
se pidió a los órganos judiciales competentes que la reprobaran se negaron a hacerlo. Esto no es Argelia en el año 1954, que quede claro; esto no es Argelia en 1954, 1955 ó 1956. Cataluña no es una colonia, Galicia no es una colonia, Euskadi no
es una colonia, aún cuando lingüísticamente ustedes en el fondo lo que desearían es que la situación fuera esta. No existe discriminación legal. Año tras año en los Presupuestos Generales del Estado vemos que también hay una discriminación
económica. ¿Cuánto dinero se gasta en el Instituto Cervantes y qué parte de este gasto va a la lengua gallega, a la lengua catalana y a la lengua vasca? Vemos cómo con los impuestos de los catalanohablantes y de los territorios con más de una
lengua oficial se promociona el uso de la lengua castellana en el exterior, la edición y traducción de libros en castellano, la producción de películas en castellano, las obras de teatro en castellano, los premios llamados nacionales para obras en
castellano, y un largo etcétera que no terminaría en toda la noche.
Por todo lo dicho hemos presentado una enmienda de sustitución.
Desearíamos que la aceptaran, pero no se van a atrever, porque en el fondo ustedes están en contra de la lengua catalana, en contra de la lengua gallega y en contra de la
lengua vasca, porque tienen miedo, tienen un complejo de inferioridad tan grande que incluso tienen miedo...
(Rumores.) Sí, sí, y algunos, además, tienen autoodio, algún diputado catalán tiene autoodio. Pues bien, lo que ustedes no aceptan es la
realidad plurilingüe del Estado español. Les pedimos sencillamente que acepten nuestra enmienda, que tiene un punto fundamental: instar al Gobierno a presentar una ley de lenguas que convierta toda la Administración General del Estado en
plurilingüe. ¿Por qué el Estado español no puede convertirse en un Estado tan moderno como otros Estados europeos que han dado el paso hacia el plurilingüismo?
También pedimos que las mismas cantidades que se destinan a la lengua castellana en los Presupuestos Generales del Estado se destinen equitativamente entre las distintas lenguas del Estado español. Y, por supuesto, ¿por qué no?, que
acepten nuestra enmienda en la que solicitamos que Televisión Española emita en gallego, catalán y vasco en la misma proporción del número de hablantes, puesto que esta es la realidad. Les guste o no les guste, todavía existimos, y espero que por
muchos años. Nosotros no tenemos nada en contra de la lengua
castellana. Los catalanohablantes, por suerte, a diferencia de ustedes, somos bilingües.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Tardà.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señora Rodríguez-Salmones, yo con otro tono le voy a decir que estoy tan enfadado como el señor Tardà y como el señor Rodríguez. Se lo digo porque yo he ido a un instituto en un barrio, en La Verneda, de mayoría
castellanoparlante y gracias a la inmersión lingüística puedo decir que en mi país no hay exclusión en función de la lengua. (Aplausos.) Se lo digo porque yo estoy contento de que en mi país, Cataluña, se dé la oportunidad a todo el mundo de
conocer catalán y castellano, no hay exclusión social en función de que accedas o no accedas a una lengua y estoy muy contento y muy orgulloso de que precisamente en Cataluña todo el mundo pueda acceder a las dos lenguas.
Es más, cuando vamos a las
pruebas de selectividad, los estudiantes catalanes sacan mejor nota en castellano que la media de los estudiantes del resto del Estado. La pregunta es: ¿falla el sistema? No. Lo que el sistema garantiza es que en Cataluña todo el mundo accede al
conocimiento del catalán y del castellano, ya que aquellos que son hijos de castellanoparlantes se expresan bien en castellano y se expresan bien en catalán. Sé que eso es un problema para ustedes, porque eso supone que en Cataluña haya un
sentimiento nacional claro asociado a la lengua, porque en Cataluña hay una vinculación entre ese sentimiento nacional y la lengua que hablamos. Pero ese es su problema, no el problema de los catalanes y las catalanas, hablen la lengua que hablen.
El drama es que cuando en la transición se hizo una apuesta por la inmersión lingüística todos hicimos aquella apuesta, incluida Alianza Popular. Y hoy ustedes reniegan de lo que hace que en Cataluña se pueda decir que som un sol poble, que
somos un solo pueblo, independientemente de nuestra lengua materna, independientemente de donde hayamos nacido.
Eso es lo que hace que hoy ustedes hagan una propuesta que apuesta claramente por la exclusión, que apuesta claramente por el país a dos
velocidades, que apuesta claramente por que haya dos clases sociales: aquellos que pueden acceder a determinados trabajos y aquellos que no pueden acceder. ¿Sabe cuál es nuestra posición y nuestra diferencia con ustedes? Que nosotros no estamos
por un país de exclusión, sino que estamos por un país de integración. (Aplausos.) Se lo digo yo que he estudiado en un barrio castellanoparlante, en la escuela pública. Se lo digo yo, porque sé perfectamente cuál es la integración y cuál es la
realidad catalana. Si ustedes van hoy a las escuelas catalanas verán a más de un niño que tendrá dificultades para hablar en catalán y verán a pocos, seguramente a ninguno, que tengan problemas para hablar en castellano. No se lo digo yo, la
Fundación Audiencias de la Comunicación y la Cultura dice claramente que en los países de habla catalana hay un grave problema y, concretamente, hay un dominio del castellano en el consumo cultural, porque ese consumo cultural es 'aclaparadoramente'
castellanoparlante. Esa es la realidad. (El señor Tardà i Coma: Es muy acaparador.) Sí, es muy 'aclaparador' el dato. (Risas.) Se lo digo porque en esta zona de habla catalana, el 0,8 por ciento de las películas son vistas en catalán, el 4 por
ciento de la música es oída en catalán, el 4 por ciento de los conciertos son oídos en catalán y el 8 por ciento de los libros son libros en catalán. Seguramente viviré en un país normalizado cuando la derecha de este país diga que simplemente
reivindica el plurilingüismo y que exige que el Instituto Cervantes promocione el gallego, el euskera y el catalán en el exterior; viviré en un país mínimamente normalizado cuando los del Partido Popular de Cataluña empiecen a exigirles a sus
compañeros que no pueden hacer interpelaciones como estas, porque es un insulto a la realidad en Cataluña; viviré en un país normalizado cuando el Partido Popular defienda que, en el país más plurilingüe de toda Europa, tiene que haber políticas
que defiendan esa realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez-Salmones, como diría el presidente del Congreso: esto no me lo esperaba de usted, de verdad. De muchos otros compañeros de su grupo parlamentario sí, porque ya ha habido unas cuantas iniciativas en este sentido, pero
sinceramente yo siempre he admirado sus posiciones, siempre moderadas, mesuradas y con datos. Sinceramente, me sorprende mucho que venga usted a esta tribuna con esta propuesta y diciendo las cosas que ha dicho, aunque en esta segunda intervención
ha estado un poquito más moderada que en la primera intervención que tuvo al presentar la interpelación.
Usted se pregunta si existen los instrumentos que garantizan el deber de conocer y el derecho a usar el castellano y básicamente lo centraba en dos ámbitos, en el ámbito educativo y en el ámbito cultural. ¿Cómo puede alguien hacerse esta
pregunta, si conoce -y usted la conoce bien- la realidad diaria en Galicia, en Cataluña o en Euskadi? ¿Cómo se puede pedir en la moción garantizar la libertad y el derecho a usar y participar en lengua castellana en todos los ámbitos de la vida
pública de los ciudadanos? Si hay ciudadanos que tienen restringida la utilización de una lengua en algunos ámbitos es precisamente allí, porque no pueden usar el euskera en la Administración de Justicia, por poner simplemente un
ejemplo, o en muchas otras facetas de la vida diaria. Incluso ante la Administración, todavía no está asegurado en todos los casos las posibilidades del uso de una lengua cooficial, mientras que en castellano le aseguro que sí, que no hay
ningún problema para poder hacerlo. En la moción se decía: garantizar la enseñanza de la lengua castellana a todos los alumnos con el objetivo de asegurar al final de la educación de la enseñanza obligatoria el pleno conocimiento de las dos
lenguas oficiales.
No sé usted, pero yo no conozco -el otro día lo decía el ministro y tenía razón- a nadie que no sepa hablar castellano o, al menos, defenderse en castellano. Sí, voy a decir la verdad, conozco a una persona que vive en el pueblo
en el que yo vivo. El año pasado se le dio un premio o un reconocimiento porque había cumplido cien años, y la mujer se arreglaba muy mal en castellano, pero es la única persona que conozco; se lo aseguro. Unos hablarán mejor el castellano y
otros peor. No es que todo el mundo sea Cervantes en el País Vasco o en Cataluña, pero le aseguro que con los mismos defectos que puedan hablar en Alcudilla de la Vega personas que son monolingües en castellano. No es que tenga que salir en
defensa del señor ministro, pero en esta tribuna se le echó en cara el otro día lo del tema de los periódicos. Ahora que estamos hablando de educación, ¿cuántas cadenas de televisión encuentra en euskera un chico o una chica estudiante en el País
Vasco? Una. En castellano encuentra siete, sin contar con los canales en inglés, en alemán o en francés, que son muchos más que los que pueda tener en euskera, en catalán o en gallego. Y emisoras de radio y periódicos, ídem de lienzo. Los
periódicos básicamente son en castellano, y en eso tiene razón el señor ministro.
También tenemos el Times y Le Soire, incluso los compramos, porque la gente no es solo bilingüe, sino que nuestros alumnos, nuestros estudiantes y nuestros chicos y
chicas dentro de unos años serán trilingües o cuatrilingües, porque eso es lo que se demanda hoy en la vida. Pero no serán trilingües sin conocer el castellano. Ni aunque a alguien se le pasara por la cabeza, sería posible hacerlo de facto.
La otra vez afirmó cosas terribles, como que en algunos casos se hacía una especie de coerción sobre los niños para que utilizaran únicamente una lengua. Usted conocerá el caso del anillo. En el siglo XIX o a principios de siglo se ponía
un anillo a aquel niño que hablara en euskera en la escuela. En aquellos tiempos muchos de ellos no conocían ni una palabra en castellano cuando iban a la escuela y ese anillo iba pasando de uno a otro, hasta que el último que lo llevaba era
castigado. Unos denunciaban a otros. Esos métodos coercitivos que se han usado para el castellano nosotros no los usamos.
El tiempo va pasando rápidamente, pero le voy a dar unos datos sobre cuántas personas hay monolingües. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco el 58,3 por ciento solo hablan castellano. No nos pida -en seguida acabo, señora
presidenta- informes del Defensor del Pueblo -por el pasemisí de no hacer un desaire se ha aceptado que continúe en el cargo-, que para mi grupo y para muchos otros grupos de esta Cámara no tiene el marchamo de ser equitativo en muchos de los
comentarios que hace. Le voy a decir más, y esto no lo digo yo, sino el I Acta Internacional de la Lengua Española: Contrariamente a lo que algunos piensan, el hecho de que los hispanohablantes accedan al estudio de otros idiomas -inglés, francés,
portugués, árabe, catalán, gallego, euskera- constituye una garantía de consolidación del idioma. No nos cuente lo de Frankfurt, que es una anécdota. Hoy me ha llegado la estadística de libros editados: en español, 58.700 -y subiendo con respecto
a años anteriores-; en euskera, 1.425 -desgraciadamente, bajando-; en catalán, que es el segundo, 8.460. Como decía el portavoz de IU, es casi imposible acceder a muchos ámbitos de la cultura en un idioma que no sea en castellano...
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Esteban, vaya terminando.
El señor ESTEBAN BRAVO: Fíjese, hasta para jugar a la play station. Me temo que el próximo FIFA 2008 que le voy a tener que comprar a mi hijo será en castellano. (El señor Moragas Sánchez: Pues, muy bien.)
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Esteban.
Es el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez-Salmones, con la misma cordialidad le quiero decir que tampoco me lo esperaba de usted, que es una persona ponderada en tantos otros debates parlamentarios y en tantas otras propuestas parlamentarias.
Hoy no ha estado a la
altura de su trayectoria parlamentaria y de su ponderación. Si algo repugna al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y a mí personalmente es la demagogia, y usted hoy, con la interpelación y con esta moción consecuencia de
interpelación, ha hecho una profunda demagogia contra la realidad sociolingüística que se vive en los territorios que hay en España con lenguas cooficiales. Lo lamentamos profundamente, porque aquí hay dos niveles de debate: un nivel de debate
sobre la oficialidad de las lenguas, sobre el cual volveré, y otro que no está en el nivel de la legalidad, sino de la sociolingüística. Y en el nivel de la sociolingüística, la realidad es que las lenguas propias distintas del castellano se están
minorizando y están decreciendo en sus territorios respectivos. Ante esta realidad pegada a los hechos, y ante esta realidad en la cual estamos trabajando para la normalización lingüística, un planteamiento de discriminación, un planteamiento de
persecución, un planteamiento absolutamente alejado de la realidad, a nosotros nos hiere profundamente. Quizá por cercanía generacional, cuando don Joan Herrera ha hablado de lo que fue la máxima de la transición en Cataluña, hagamos de Cataluña un
solo pueblo, fem de Catalunya un sol
poble, exactamente es lo que tenía previsto recordar hoy en mi intervención. Afortunadamente, la cohesión, la convivencia, la unidad pacífica y la convivencia en Cataluña está garantizada en esta libertad del conocimiento de las dos lenguas
y en la convivencia lingüística de las dos lenguas. Este es un bien muy preciado. Le han ilustrado sobre la realidad en Galicia, sobre la realidad en Euskadi. Este es un bien muy preciado de las personas que hablamos catalán y que convivimos con
otras personas que tienen, como lengua materna, otra lengua. Y no nos van a destruir con sus planteamientos en las puertas de la campaña electoral, con un planteamiento claramente electoralista y que, personalmente y a mucha gente, hiere
profundamente por sus tintes demagógicos. Lo lamentamos; lo lamentamos profundamente.
Lamentamos profundamente que hoy el Partido Popular, a través de esta moción, se aleje de planteamientos anteriores del Partido Popular y de la propia línea que ustedes habían compartido con los otros grupos del arco parlamentario; primero,
de estricto respeto -que es en lo que nosotros nos basamos- a la Constitución y, segundo, de respeto a los estatutos.
Por cierto, el anterior Estatuto de Cataluña definía la lengua catalana como la lengua propia de Cataluña, y el Partido Popular y
Alianza Popular estaban a favor de este planteamiento, en el cual ha habido un retroceso por su parte respecto de su discurso actual. Pero no solo respeto a la Constitución española, no solo al Estatuto de Autonomía, también a la sentencia del
Tribunal Constitucional. Aquí, constitucionalistas lo somos todos, pero lo mejor es remitirnos a la literalidad de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y lo mejor para aproximar posiciones y no abrir heridas donde no están es remitirnos a
la sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de diciembre, referida a la cooficialidad en la educación y en la enseñanza en las dos lenguas. Leo: No se agota en su reconocimiento como lengua oficial el catalán y el castellano. El
deber constitucional de conocerlo y el derecho a usarlo por todos los españoles no entraña marginación o exclusión de las demás lenguas propias o/y cooficiales de las comunidades autónomas. Este deber no puede generar un pretendido derecho a
recibir la enseñanza única y exclusivamente en castellano. Y así podría seguir leyéndole otras partes de la sentencia 337/1994 que, afortunadamente, pacificó -y de esto hace unos cuantos años- este debate. Vemos con preocupación el retroceso del
Partido Popular en los planteamientos de reconocimiento del carácter plurilingüístico del Estado español. Hasta el año 1987 ustedes no aceptaron el título VIII de la Constitución. Pero no estamos en el año 1987; han pasado veinte años, y en
algunos aspectos -y a nosotros esto nos preocupa y nos hiere profundamente- ustedes han tenido un planteamiento de retroceso. Y si es un planteamiento coyuntural, muy mal, porque es un planteamiento electoralista; y si es un planteamiento de
fondo, es un planteamiento profundamente alejado de la realidad, de la convivencia pacífica de las lenguas cooficiales y del respeto que deberían tener -por respeto a la Constitución y a los estatutos- a las lenguas propias distintas del castellano.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna con desánimo, con tristeza y con decepción. Más allá del politiqueo, esperaba un poco más del principal partido de la oposición; esperaba responsabilidad de Estado en tanto que partido de Gobierno; esperaba en
definitiva política con mayúsculas en un tema como este. Yo también lo lamento.
Hablemos de educación. Primero, es una competencia autonómica, por lo que su ámbito de debate debería ser cada comunidad autónoma. Segundo, en el caso de Cataluña -y hablo como diputada por Barcelona-, ya hubo ese debate, y se aprobó por
unanimidad con la Ley 7/1983, donde se contempla el catalán como la lengua vehicular en el sistema educativo. Se optó por ese modelo porque es un modelo de cohesión social y no de segregación, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos.
Tercero, llevamos 24 años con este modelo. ¿Ahora hay problemas? ¿Ahora el Defensor del Pueblo recibe quejas? ¿Ahora hay minorización de derechos? Cuarto, este sistema ha venido avalado jurídico-constitucionalmente por el Tribunal
Constitucional, en la sentencia citada por el señor Xuclà, la 377/1994, pero también en las sentencias 82/1986 y 84/1986. Quinto, este sistema, el sistema que establece el catalán como lengua vehicular, a duras penas consigue tender a un
bilingüismo real, y digo tender porque no hay ni una sola persona catalanohablante que no hable también castellano, mientras que no podemos decir lo mismo a la inversa, ni siquiera con este modelo, señorías. ¿De qué hablan cuando dicen querer
conseguir un bilingüismo equilibrado e integrador? Señorías, esta es una adjetivación tautológica.
El bilingüismo siempre es equilibrado, porque, si no, no es; el bilingüismo siempre es integrador, porque saber dos lenguas siempre integra más que
saber una, igual que saber cuatro siempre es mejor que saber tres. El único objetivo que puede acompañar al bilingüismo en este caso es que este debe ser real y, como en el caso de la igualdad, para que sea real, hay que ser conscientes de que las
dos lenguas de las que hablamos no son iguales. No es lo mismo la lengua castellana que las otras lenguas cooficiales. Usted, señora Rodríguez-Salmones reconoció la potencia, el vigor, la fortaleza de la lengua castellana, una lengua con 400
millones de hablantes. ¿Cree de verdad que recibiendo toda la educación en castellano los niños saldrían conociendo también el catalán, el gallego o el euskera? Su modelo educativo no busca el bilingüismo, no lo quiere. Ustedes hablaron de la
libertad, del derecho a elegir cuál va a ser la lengua que se use en la educación. ¿Me pueden decir si también defienden la libertad de los
padres a decidir que su hijo no estudie matemáticas, por ejemplo? ¿De verdad cree que la limitación del conocimiento es un acto de libertad? ¿De libertad de quién? ¿De los padres o de los hijos a saber dos lenguas? Yo le digo que el
conocimiento nos hace más libres y que saber dos lenguas es mejor que saber una, y que un hombre es más libre cuantas más cosas sabe, y que un niño, que será hombre en el futuro y que tendrá que vivir seguramente en su respectiva comunidad autónoma,
será más libre si domina perfectamente la lengua de esa comunidad autónoma. Yo, señorías, comparto la visión de Steiner cuando nos dice que las lenguas son ventanas abiertas a la libertad. Pero yo le hablo además de igualdad, porque los ciudadanos
disfrutarán de una mayor igualdad real, que es la única que cuenta, si conocen las dos lenguas oficiales. Habrá, ha habido de hecho, una mayor integración y una mayor garantía de igualdad de oportunidades, como ha dicho el señor Herrera,
precisamente. Y le cito como síntesis de esta libertad y de esta igualdad, que los socialistas defendemos y seguiremos defendiendo, el artículo 14.4 de la Ley de 1983.
Todos los niños de Cataluña, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar
la enseñanza, deben poder utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final de sus estudios básicos. Ese es el modelo que se aprobó, ese es el modelo que ustedes votaron y que nosotros seguimos defendiendo, porque Cataluña es un
ejemplo para el mundo de bilingüismo real de convivencia, reconocido por el Consejo de Europa. Se lo digo honestamente, señorías, es un modelo admirable y admirado.
Hablemos de cultura. El grupo proponente dijo que le interesaba hablar del trato de la lengua castellana en el territorio español. En el caso de la cultura no se dijo ni una sola palabra que afectara a la cultura en el territorio español.
Conociendo los datos del Ministerio de Cultura sobre la potenciación del castellano, entiendo que la señora Rodríguez-Salmones no quisiera hablar de la lengua castellana en España, pero esto no ha impedido tampoco que el propio ministerio potenciara
también las otras lenguas españolas. Usted habló de la Feria de Frankfurt, de 12 millones caciquiles. Sinceramente, me sorprendió que usted utilizara precisamente esta expresión. Además, añadió que eran 12 millones de euros de todos los españoles
para proyectar autores solo en catalán. Más allá de la valoración política que se pueda hacer sobre la decisión de invitar a los autores catalanes que escriben en castellano mal y tarde, en lo que a lo mejor podemos estar de acuerdo, es que los 12
millones de euros, aunque solo hubiesen sido y fueran para proyectar autores en lengua catalana en el exterior, no pueden calificarse nunca, absolutamente nunca, como euros caciquiles. Esto lo único que demuestra es que ustedes no han entendido
nada. No han entendido que las comunidades autónomas son Estado y no han entendido el artículo 3 de la Constitución española, aunque lo citen. La lengua catalana es una lengua española. (Aplausos.) Por supuesto que el Estado debe invertir dinero
para su promoción y claro que es el dinero de todos los españoles, evidentemente, porque el catalán es también una lengua española.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Batet, vaya terminando.
La señora BATET LAMAÑA: Termino, señora presidenta.
En definitiva, señorías, acabo como empecé: es una lástima de moción y una lástima de oportunidad perdida.
Gracias. (Aplausos.-La señora Rodríguez-Salmones Cabeza pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Batet.
Señora Rodríguez-Salmones, nos ha quedado claro lo que ha dicho en el transcurso de su intervención, pero tiene la palabra a efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: No aceptamos las enmiendas.
Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre las líneas de actuación previstas por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en relación con la urgente necesidad de renovación y rehabilitación de las zonas turísticas obsoletas. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación?
(Pausa.) Si no es así, la votamos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 306.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las condiciones de apertura del nuevo túnel de Vielha. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación?
(Pausa.) Votamos la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para erradicar la situación de marginación que sufre el castellano en algunas comunidades autónomas. Esta moción se vota en sus
términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 122; en contra, 181; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.
(Número de expediente 121/000122.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, proyecto de ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. Fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios.
¿Grupo Mixto?
(Pausa.) Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque además voy a compartir mi turno con el señor Mardones. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)
Solamente quería señalar una pequeña cuestión, que es una gran cuestión.
En estas enmiendas del Senado nos congratulamos de que se haya recogido una modificación en relación con la disposición final tercera que hacía referencia a la
modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de contaminación. En esa modificación, el Senado suprime una derogación del segundo párrafo de la disposición transitoria primera de esa ley. La razón de todo esto
creo que hace referencia a que en la Ley 16/2002, en la disposición transitoria primera, que hablaba de la fecha límite del 30 de octubre de 2007 en relación con las autorizaciones medioambientales o ambientales integradas para la emisión de gases,
entendíamos que había un segundo párrafo en el cual se planteaba una realidad, un problema que ocurría en la mayoría de las comunidades autónomas en relación con la capacidad de poder hacer frente a ese plazo perentorio del 30 de octubre. Se
entendía que ese segundo párrafo permitía que, cuando se hubieran hecho las peticiones, se tuviera en cuenta dicha cuestión y no causara problemas al funcionamiento de las comunidades autónomas que tenían dificultades para cumplir ese plazo. En
definitiva, señor presidente, entendemos que lo que hoy se ha hecho en el Senado es plantear un problema que tenían las comunidades autónomas y al que se da solución de manera correcta y razonable en cumplimiento de sus propias competencias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Lasagabaster.
El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas que nos llegan del Senado han sido observadas por Coalición Canaria desde el punto de vista de nuestra comunidad autónoma por la peculiaridad archipielágica y por tener Canarias una ley del cielo en defensa de la observación de
los científicos del centro astrofísico de Canarias, que nos han demandado siempre protección. En ese sentido, esta Cámara, en su día, en la III Legislatura, aprobó una ley de calidad del cielo en Canarias en defensa de las observaciones de los
telescopios allí instalados en el consorcio internacional.
Tenemos disparidad de criterios con algunas de las enmiendas que nos han llegado del Senado y que votaremos en contra. Queremos destacar que votaremos favorablemente las enmiendas de la Cámara Alta que hacen referencia, en el artículo 9, a
la obligación de las administraciones públicas de velar por la calidad del aire. Esta enmienda nos parece positiva. En cambio, la enmienda al artículo 3, relativa a la definición de aire ambiente, nos parece que introduce una inseguridad jurídica
y, por tanto, la votaremos en contra. Queremos también destacar la enmienda al artículo 15 que compagina las competencias de la Administración General del Estado, obligando al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a facilitar una serie
de informaciones a las comunidades autónomas a través del Ministerio de Medio Ambiente, que son necesarias para que estas puedan tomar sus decisiones al respecto. En cambio, votaremos en contra de la enmienda al artículo 16 porque introduce
colaboraciones entre las distintas administraciones que no hacen más que confundir el espectro que se trata de legislar. La enmienda al artículo 24 la votaremos favorablemente, dado que es una enmienda de adición que establece un equilibrio en la
participación de la Administración General del Estado en materia de formación y sensibilización a través de convenios con las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que tienen esta competencia y, por tanto, esto tiene que
realizarse legítimamente a través de un convenio entre ambas administraciones. Se ha introducido un artículo 24 bis nuevo que obliga a facilitar información a los ciudadanos y se ha hecho en unos términos que nos obligan a votar que no a esta
enmienda, lo mismo que a la disposición adicional segunda.
Votaremos favorablemente una modificación de la disposición adicional octava relativa a unas supuestas transacciones con normas de las comunidades autónomas y con los estatutos de
autonomía. Queremos destacar nuestro apoyo a la disposición final tercera bis, nueva, y a la disposición final quinta bis, nueva, dado que en esta última se regula el plazo para que el Gobierno apruebe un texto refundido de evaluación de impacto
ambiental. Creemos que la defensa del medio ambiente a través de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos debe estar sometida al imperativo legal. La disposición final séptima la votaremos favorablemente porque entraña un
reconocimiento claro y exhaustivo de las
competencias de las comunidades autónomas respecto al desarrollo reglamentario de esta ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Cuando el proyecto de Ley de calidad del aire salió del Congreso nosotros hacíamos una valoración positiva de lo que había sido la negociación, ya que habíamos incorporado muchos elementos en la ponencia y después en la Comisión; además
incorporamos una enmienda que hacía referencia a los planes de movilidad en los centros de trabajo a partir de determinado número de trabajadores, y dijimos que era una Ley de calidad del aire parcial porque no incluía el desarrollo de una ley de
movilidad. Una ley de movilidad que el Gobierno tendrá que presentar y para la que ya tiene un buen texto a partir de la proposición de ley que ha presentado nuestro grupo parlamentario.
Segundo elemento. El día 26 de junio nuestro grupo parlamentario, conjuntamente con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y con el Grupo Parlamentario Socialista, llegábamos a un acuerdo para implementar la primera reforma fiscal
verde en torno al impuesto sobre matriculación.
Ustedes saben que nosotros hemos insistido durante toda esta legislatura porque es imposible hablar de calidad del aire sin hablar de instrumentos fiscales que permitan garantizar que hay menos
contaminación. Nosotros valoramos positivamente aquella enmienda y nos sorprendió mucho que en el trámite del Senado se incorporase una disminución de la fiscalidad a las aeronaves y a las embarcaciones privadas; después, el Grupo Socialista nos
dijo que había sido un error. No sé si fue un error o fue voluntad del Ministerio de Economía y Hacienda, pero en cualquier caso han enmendado la plana y lo cierto es que hoy hay una enmienda del Grupo Socialista en los presupuestos que garantiza
-y eso es positivo- que las aeronaves no disminuyan su fiscalidad. Lo que es cierto también es que a aeronaves que contaminan muchísimo sorprendentemente tampoco se lo vamos a subir. Por tanto, ese error del Senado se ha enmendado.
Para nosotros fue una conquista clara la reforma del impuesto sobre matriculación -insuficiente porque no abordaba la reforma del impuesto sobre circulación ni del impuesto sobre carburantes-, pero nos ha quedado un sabor agridulce en torno
a los tramos que se han fijado en el Senado.
El cálculo es muy sencillo. En cada uno de los tramos lo que nos encontramos es que, una vez aprobemos la ley de calidad del aire, la fiscalidad en torno al vehículo va a bajar, excepto en los vehículos
más contaminantes, aquellos que emiten más de doscientas partículas de CO2 por kilómetro recorrido. En el resto de tramos, la fiscalidad va a bajar.
Aquellos vehículos que pagaban un 12 por ciento van a pagar un 7, aquellos que pagaban un 7 van a
pagar un 4 y -lo que consideramos nosotros como positivo- los vehículos que pagaban un 4, los menos contaminantes, van a pagar cero, con lo cual el objetivo que nos habíamos marcado y el pacto que habíamos conseguido -que la fiscalidad tuviera un
impacto neutro- no va a ser tal. Se va a recaudar menos y los vehículos van a tener que pagar menos por el impuesto sobre matriculación. Según el Ministerio de Economía y Haciendo, eso no es así. Nos dicen que el impacto va a ser neutro, pero en
el mes de febrero lo vamos a ver, vamos a ver si con los mismos vehículos vendidos se recauda más o menos. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sostenemos que se va a recaudar menos por una razón muy
sencilla, porque solo sube el impuesto en un vehículo, en un tramo, y en el resto bajan.
Es una verdad de Perogrullo. Cuando solo sube el impuesto en un vehículo y en el resto baja, quizá hayamos hecho un mal negocio, y es que lo que pretendía ser
una reforma fiscal verde o ecológica resulta que va a ser una reforma fiscal que va a hacer que tenga un impacto negativo por una mayor matriculación de vehículos pagando menos impuestos. Como en cualquier caso no se garantiza que no sea así,
nosotros no entendemos que eso sea positivo. Como entendemos que sí es positivo que haya elementos de fiscalidad verde, y como a la vez entendemos que el impacto no va a ser positivo, nuestro grupo parlamentario, en torno a lo que había sido una
conquista nuestra, no se va a oponer a esa enmienda, pero nos vamos a abstener, porque el redactado de la enmienda incorporada en el Senado no es lo que nosotros esperábamos; es más, el redactado que se incorporó se hizo sin consultarlo con
aquellos que habíamos negociado la enmienda en el Congreso.
Nuestra apreciación es la misma que la de muchas organizaciones ecologistas. Hoy las organizaciones ecologistas continúan denunciando que no se ha abordado la reforma fiscal ecológica en este país, pese a que en los últimos presupuestos el
Gobierno se comprometió con nosotros. Es otra deuda, una más, del Grupo Socialista y del Gobierno socialista. Las organizaciones ecologistas dicen que el impuesto sobre matriculación tal y como sale del Senado no va a tener ese impacto positivo
que nosotros pretendíamos. En sentido contrario -hay que decirlo también para que la portavoz socialista tenga todos los elementos-, los productores de automóviles se han felicitado. Y digo yo que cuando los productores de automóviles se felicitan
y las organizaciones ecologistas lamentan cómo se ha trasladado ese impuesto en la enmienda del Senado, es que algo no se habrá hecho bien. Creo que eso es así.
Dicho esto, nosotros valoramos como muy positivo el conjunto de la ley, porque se ha avanzado en materia de información al público y porque se ha puesto encima de la mesa un problema grave. En España cada año mueren 16.000 personas por la
mala calidad del aire, más que las que mueren por accidentes de tráfico y, en cambio, no existe alarma alguna. En el área metropolitana de Barcelona mueren cada año 1.200 personas por la mala calidad del aire. Tenemos un mal índice de calidad del
aire. Y mientras que por las muertes por accidente de tráfico todo el mundo se escandaliza, por las muertes por calidad del
aire nadie se preocupa. La realidad es que hoy el Gobierno de la Generalitat plantea que en el área metropolitana de Barcelona, como ocurre en Toulouse, se disminuya la velocidad para garantizar que haya menos emisiones de dióxido de
nitrógeno y de CO2 por los vehículos y que esa velocidad se reduzca a 80 kilómetros por hora. Es sorprendente cómo el Real Automóvil Club de Catalunya se queja de medidas que reducen el impacto de las emisiones de dióxido de nitrógeno sobre la
calidad de vida y en cambio no potencia medidas como la que estamos planteando, pero nosotros entendemos que esta ley da un mandato muy claro para que estos elementos mejoren.
Por último, nuestro grupo parlamentario va a votar negativamente todas las enmiendas del Senado que suponen un claro retroceso desde el punto de vista de la exigencia ambiental en los artículos 2, 3, 12, 16 y disposición adicional segunda.
Queremos ver qué pasa con la disposición final tercera porque la señora Lasagabaster decía que algunas comunidades autónomas así lo exigían. Algunas comunidades autónomas que lo han hecho, en cambio, entienden que este paso se puede dar ya. Desde
un punto de vista de la exigencia ambiental esta sería una enmienda que no tendríamos que votar porque hay comunidades que ya han hecho estos deberes, entre comillas. En todo caso, hablaremos finalmente como grupo parlamentario qué hacemos en torno
a la disposición final tercera porque desde el punto de vista ambiental sí que es verdad que supone un retroceso ya que significa posponer unos meses algunas de las decisiones de la Ley de calidad del aire. Nosotros creemos que se podría
implementar ya, pero valoraremos hasta el último minuto qué hacer en torno a la materia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
Al texto del proyecto de ley se han incorporado algunas enmiendas en el Senado y, entre ellas, algunas a instancias del Grupo Vasco.
No voy a relatar nuestra posición sobre cada enmienda, sino que destacaré dos incorporaciones, ya que en las demás nos posicionaremos de idéntica manera que nos hemos posicionado en el Senado. Presentamos una enmienda adicional como sexta
bis a la disposición adicional octava que fue aprobada y que va a permitir que en el nuevo impuesto sobre matriculación, que el anterior portavoz ya ha comentado, queden exentos de tributar los vehículos de las familias numerosas que frente a la
bonificación actual del 50 por ciento, al modificar los tipos impositivos, quedaba muy baja esta cantidad. Es un hecho positivo y esperamos que se vuelva a repetir en la votación que se va a producir hoy en el Congreso.
Hay otras dos enmiendas que también vamos a apoyar y a las que los señores portavoces se han referido también, que es la enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Popular y la enmienda número 37 de Convergència i Unió, que proponían la
supresión de los apartados segundo y tercero de la disposición adicional tercera. Es una enmienda importante. Esta ley que estamos debatiendo modificaba la Ley 16/2002, suprimiendo su disposición transitoria y con ello aplicaba el silencio
negativo. Nosotros siempre hemos considerado que el silencio ha de ser positivo para las empresas y los ciudadanos -ya sé que alguno no está de acuerdo- y que sea la Administración, que por falta de resolución no actúe diligentemente, la que asuma
esa responsabilidad. Porque, además, en el caso de que se aprobara en los términos en que la ley proponía, la norma en elaboración colocaría las instalaciones existentes que cumplieran con los plazos de IPPC a la hora de presentar sus solicitudes
en una situación de casi obligatoriedad de paralizar la actividad. Asimismo, generaría una grave situación de indefensión a las empresas cumplidoras. Estaríamos, como ya he comentado, ante un supuesto de falta de responsabilidad patrimonial y
hablamos también de cierta dudosa legalidad de la modificación propuesta en el artículo 62 de la Ley 30/1992 sobre PAC. Pues bien, tal y como ha quedado en el Senado, se solucionaría esta cuestión. Además, tras diversos debates con el Grupo
Parlamentario Socialista, tengo que reconocer que al menos el espíritu sí se solucionaba con la enmienda transitoria que había ampliado en seis meses en otra ley, la Ley del Patrimonio Natural. Siempre estimamos que los competentes en materia de
ley de bases -en este caso, el Estado- han de cumplir, pero también tienen que cumplir las comunidades autónomas que son competentes en la ejecución en esta materia y hemos de asumir las propias ineficiencias y responsabilidades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy discutimos las modificaciones que el Senado remite en relación con el proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, cuya tramitación finalmente concluye. La contaminación atmosférica incide directamente
sobre la salud de las personas, por ello, nuestro grupo otorgó gran importancia a este proyecto de ley. En su momento presentamos en el Congreso 69 enmiendas, de las cuales 26 fueron aceptadas íntegramente y otras nueve fueron transaccionadas.
Esta importante contribución nos llena de satisfacción y se manifiesta en aspectos importantes de la ley como, por ejemplo, que las obligaciones que prevé la misma no solo sean de obligación para municipios de más de 250.000 habitantes, sino que se
hayan extendido a aglomeraciones y a municipios de más de 100.000 habitantes, o que las comunidades autónomas puedan establecer objetivos de
calidad del aire y valores límites de emisión más estrictos que los que establezca la Administración General del Estado, tal y como se establece en el artículo 5.2. También es a partir de propuestas nuestras que la ley establezca que las
entidades locales puedan adoptar medidas de restricción total o parcial de tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos más contaminantes, a ciertas matrículas, horas o zonas, como se especifica en el artículo 16.4, y también el hecho de que
por primera vez una ley establezca un mandato a las administraciones públicas para que promuevan el uso de la fiscalidad ambiental y de los instrumentos de política económica ambiental, como reza en el artículo 25. Otra aportación importante fue el
establecimiento de la obligatoriedad de la etiqueta informativa de eficiencia energética referida al consumo de combustibles y emisiones de CO2 de los turismo, tal y como establece la disposición adicional novena.
La modificación más importante de la ley, o al menos la que más notoriedad pública ha tenido, es la reforma del impuesto sobre matriculación, que hace referencia a la disposición adicional octava. Fruto de un acuerdo de nuestro grupo con el
mayoritario en el Congreso, pactamos las directrices básicas de lo que debía ser este impuesto. Ahora, la enmienda más relevante introducida en el trámite del Senado ha sido precisamente la concreción de esta reforma. Nos parece una reforma
claramente positiva, que si bien no modifica la base imponible -que es lo que a nosotros nos hubiera gustado-, hace depender el tipo impositivo del nivel de emisión de CO2. Esta va a ser la única medida de fiscalidad ambiental aprobada en toda la
legislatura, lo que representa un balance pobre, y más si consideramos que de no ser por el pacto alcanzado ni tan siquiera esta medida se hubiese aprobado. Ello convierte en casi cínicas las palabras del vicepresidente económico el pasado
miércoles en el Pleno de presupuestos a favor de la aplicación de medidas de fiscalidad ambiental.
Ha tenido cuatro años para demostrar esta voluntad con hechos y los avances han sido inexistentes.
Respecto de la concreción del impuesto sobre matriculación, no votaremos a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que se corresponden con el número 26 en el Senado, en relación con una posible
exención a los vehículos para familias numerosas. ¿Qué quiere decir vehículos para familias numerosas? Se trata de un concepto demasiado abierto y, sobre todo, no creemos que el impuesto sobre matriculación sea el adecuado para hacer política
familiar; existen otras leyes, incluso otros impuestos, más adecuados. Ahí si contarán con el respaldo de nuestro grupo parlamentario.
Un aspecto que no nos gusta de la configuración final del impuesto sobre matriculación es que -y cito textualmente- los aviones, avionetas y demás aeronaves no estén sujetos al tipo máximo previsto. Tratándose de los vehículos más
contaminantes, no es lógico que así sea. Por eso, hemos presentado una enmienda a la Ley de los Presupuestos Generales para el año 2008, que persigue corregir el impuesto en esta dirección. Hay diversas enmiendas técnicas que vamos a votar
favorablemente. En cambio, nos opondremos a varias enmiendas propuestas en el Senado por el Grupo Popular, singularmente la que pretende exceptuar de lo dispuesto en esta ley a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.
A modo de conclusión, creemos que la ley que hoy quedará definitivamente aprobada es un significativo paso adelante, si bien parte de su incidencia real dependerá en gran medida de su desarrollo reglamentario.
El texto final incorpora
numerosas enmiendas de mi grupo parlamentario y nos felicitamos por ello; sin embargo, el campo para avanzar es aún muy importante y vamos a seguir insistiendo para que las sugerencias que hemos alcanzado y no han prosperado sean tenidas en cuenta
en futuras modificaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Oliva.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el trámite final de la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera para comentar las modificaciones provenientes del Senado,
formuladas a través de las enmiendas de los diversos grupos. Desde el inicio de la tramitación de esta ley hemos valorado positivamente su oportunidad debido a la mayor sensibilidad medioambiental que vivimos, pero no solo por eso, sino también por
sus efectos en el cambio climático, en el efecto invernadero y en la capa de ozono y especialmente por los efectos nocivos para la salud de las personas, problemas pulmonares, problemas respiratorios, con una fuerte mortalidad que hasta ahora no se
conocía demasiado y una morbilidad que seguramente no es conocida lo suficiente, como decía el señor Herrera.
A lo largo del trámite de esta ley mi grupo ha presentado enmiendas -no muchas-, algunas de las cuales han sido incorporadas en ponencia y en Comisión en el Congreso y otras en el trámite del Senado. Varias enmiendas no prosperaron en el
Congreso, pero sí en la Cámara Alta y finalmente vuelven para ser debatidas en esta sede. Algunas enmiendas de carácter competencial han decaído a lo largo del trámite, muy a pesar nuestro, y otras, especialmente las que propugnan los efectos
positivos del silencio administrativo, que mi grupo ha defendido desde el principio en aras a situar en una posición preeminente al administrado en relación con la desidia, la lentitud y la no respuesta de la Administración, han llegado hasta la
votación final y nos tememos que hoy tendrán una suerte desigual. Probablemente, las números 2 y 3 de supresión tengan un resultado positivo, pero el de otras será negativo,
algo sobre lo que ya se ha posicionado algún grupo, como el señor Txueka, hace unos minutos.
Hay que destacar -lo han hecho también otros grupos-, aunque suele ser atípico entre los textos provenientes del Senado, una enmienda -a nuestro juicio una gran enmienda- que implica una modificación sustancial del texto que remitió el
Congreso, enmienda que había sido informalmente pactada en los trabajos de la Comisión y que hace referencia a la disposición adicional octava, relativa a los impuestos sobre determinados medios de transporte, la cual incorpora algunos de los
principios de la llamada fiscalidad verde, esa que han comentado Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds y por la cual se prevé que la motivación de la causa impositiva sea la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera
y no simplemente, como hasta ahora, la potencia de los motores de los vehículos de tracción mecánica. Lógicamente, hace falta complementar esta modificación legal de las competencias estatales en el impuesto sobre matriculación -también se ha
dicho- en otros niveles de la Administración, en el autonómico y especialmente en el municipal.
Precisamente, muchos de ellos están discutiendo ahora las ordenanzas municipales y es el momento oportuno para que más ayuntamientos incorporen
iniciativas, a propuesta del Gobierno, en este caso de algún grupo del Congreso, como conseguir una fiscalidad de carácter ecológico en el impuesto sobre circulación que recaudan los municipios. Nuestro grupo se ha mostrado siempre favorable a la
filosofía que esta modificación significa, aunque no acabamos de coincidir con algunos de sus contenidos de detalle; algunos se han citado ya y otro puede ser el de la imposición fiscal a las autocaravanas, cuya base imponible no distingue la
motorización -los motores de las autocaravanas- en relación con el valor total del vehículo. Se pretende que la base imponible sea el valor del vehículo cuando en gran parte incorpora el valor de la vivienda anexa al chasis y al motor y esto nos
parece injusto en cuanto a su fiscalidad. Nuestro grupo se mantiene en la teoría, y así lo ha planteado en enmiendas a los presupuestos del año 2008, del mantenimiento del Plan Prever para incentivar la renovación del parque de vehículos de
tracción mecánica como forma también eficiente para luchar contra las emisiones a la atmósfera, en tanto en cuanto los vehículos nuevos con nuevas tecnologías son más eficaces y emiten menos dióxido de carbono que los vehículos antiguos de más de
siete, ocho o diez años. En cualquier caso, votaremos positivamente el planteamiento de la disposición adicional octava, la de esta fiscalidad verde, así como lo haremos también a la mayoría de las modificaciones que vienen del Senado, que
entendemos que mejoran, precisan y complementan la norma, incorporando y poniendo en valor esa segunda lectura que suministra la Cámara Alta. No en vano, muchas de estas modificaciones han prosperado gracias al apoyo en el Senado de nuestro grupo.
También, como se ha comentado hace un momento, nuestro grupo votará a favor de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco en relación con favorecer la exención o una disminución en la fiscalidad del impuesto sobre matriculación de los vehículos que
sean utilizados por familias numerosas, lo cual nos parece perfectamente desarrollable a nivel de reglamento.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos hallamos en el último trámite parlamentario que traspondrá a nuestro ordenamiento jurídico la directiva europea de calidad del aire.
Compartimos, como no puede ser de otra manera, el objetivo de la norma: establecer las bases
en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica. Estamos de acuerdo con la mayoría de las enmiendas aprobadas en el Senado; especialmente citaría aquella enmienda que hace referencia al silencio positivo para la
Administración, ya que creemos que el administrado puede tener mayor justicia. Pero, señorías, no compartimos, y quiero que de ello quede constancia en el 'Diario de Sesiones', la reiterada utilización por parte del Gobierno de proceder, vía
enmienda, a modificar la legislación vigente en la tramitación de los proyectos de ley. La norma que hoy aprobaremos, el proyecto de Ley de calidad del aire, ha sido utilizada por el Gobierno socialista para modificar la Ley de residuos, la Ley de
ruido, la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, la Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable y la Ley de impuestos especiales. Señorías, este curioso sistema de modificar las leyes enmarcando
las modificaciones -a veces importantes- en el texto de otras leyes, descubre al menos tres elementos de su prestidigitación política.
Indica cobardía por parte del Gobierno al no afrontar por derecho los cambios legislativos que quiere, falta de
imaginación porque apuesta por la vía más fácil y engañosa, e improvisación legislativa, y la improvisación, señorías socialistas, es una característica general de su forma de Gobierno.
Decía que votaríamos afirmativamente la mayoría de las enmiendas, pero no estamos de acuerdo con la enmienda a la disposición adicional octava que modifica los tipos impositivos del impuesto sobre matriculación y no, por cierto, por los
motivos económicos o recaudatorios que ha expuesto el portavoz de Izquierda Unida. Nosotros consideramos que la fiscalidad del automóvil debe estudiarse de manera global si realmente se quiere conseguir una disminución de las emisiones de dióxido
de carbono.
Señorías, esta modificación que proponen en su enmienda no creemos que sirva para disminuir las emisiones ni que, como se afirma desde fuentes socialistas, vaya a fomentar la renovación del parque automovilístico en España. No
admitimos que esa modificación se utilice para abandonar definitivamente el Plan Prever, como argumentó el portavoz socialista en el Senado.
Recuerden que el Plan Prever, que estuvo vigente desde 1997 a 2006 y que inició su andadura con un Gobierno del Partido Popular, supuso una amplia renovación del parque automovilístico español, todavía insuficiente, pero que ha contribuido a
una reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono. Tal vez recordarán SS.SS. que en él participaron tres millones de turismos y 300.000 vehículos comerciales. El Grupo Parlamentario Popular considera que el verdadero instrumento
para disminuir las emisiones de la atmósfera no es otro que un nuevo Plan Prever y creemos que la renovación del parque automovilístico español caduco tiene que ser algo prioritario para el Gobierno. Resulta difícil entender que con seis millones
de vehículos circulando por las carreteras españolas con más de diez años de antigüedad, el Gobierno elimine definitivamente, como afirmó el portavoz socialista en el Senado, los incentivos para su sustitución. La reforma que plantean, señorías
socialistas, implica que se ampliará el ciclo de vida útil de los vehículos de más antigüedad, con negativas consecuencias medioambientales y de seguridad vial, ya que se excluye la posibilidad de reemplazar un coche usado por otro también usado
pero de menos años de antigüedad.
Apoyamos, y por ello pediremos votación separada, el punto de la enmienda introducida en el Senado que excluye de la nueva tasa impositiva del impuesto sobre matriculación a las familias numerosas, que necesitan para sus desplazamientos
vehículos que tal vez puedan producir mayores emisiones, pero que, en opinión de nuestro grupo y de un amplio espectro político y de una amplia opinión de la calle, deben ser considerados vehículos de alta ocupación; vehículos que, por cierto, son
incentivados en muchos países en los que se apoya a la familia. En definitiva, señorías, sí a la exclusión de los vehículos para familias numerosas del nuevo tipo impositivo. El Grupo Parlamentario Popular considera esencial todas las medidas de
apoyo a las familias y, en el caso que nos ocupa, a las familias numerosas. No a la modificación parcial de la fiscalidad del automóvil, sin contemplar otros componentes, ya que creemos que no tiene efectos sobre las emisiones de dióxido de
carbono, y sí a un nuevo Plan Prever que realmente disminuye las emisiones. Nos abstendremos en la votación de la enmienda correspondiente al artículo 24 bis nuevo por entender que el peso de las obligaciones que se impone a pequeños municipios en
cuanto a la información que deben dar, por lo pormenorizado que está, indica que posiblemente metemos a los pequeños municipios en una carga que no sé si podrían soportar. Señorías socialistas, como he dicho en otras ocasiones, el Gobierno debe
tomar medidas para incentivar y fomentar la disminución de emisiones. No creo que la sola modificación del impuesto sobre matriculación sea el camino para disminuir las emisiones y luchar contra el cambio climático.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora De Lara.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, culminando ya su trámite parlamentario a la vuelta del Senado. La preocupación por la protección de la
atmósfera hoy en día es primordial por tres razones fundamentales. En primer lugar, el desarrollo económico ligado a la actividad industrial, infraestructuras y crecimiento de las ciudades y la movilidad urbana ha producido un aumento de las
fuentes de emisión y de la contaminación. En segundo lugar, porque son evidentes los efectos adversos de la contaminación sobre la salud humana: 350.000 muertes prematuras en Europa, de las que 16.000 son en España. Cada vez hay más aspectos de
nuestra biodiversidad que se ven afectados seriamente. En tercer lugar, el desarrollo económico y social tiene que expresarse en términos de bienestar y la calidad del aire se considera hoy un elemento directamente asociado a la calidad de vida y
es un derecho de los ciudadanos.
Estos días leíamos en el IV Informe mundial sobre el medio ambiente, elaborado por Naciones Unidas, la sexta extinción, la sobreexplotación, etcétera, un denso texto elaborado por más de mil expertos que evalúan, una vez más, algo que no se
puede eludir y que ya nadie o casi nadie discute, como es el cambio climático. El Gobierno, en esta legislatura, ha tomado conciencia del problema y aporta medidas para corregirlo, como la ley que hoy viene a Pleno. Sabemos que es un problema
global, pero que hay que abordarlo desde las actuaciones concretas en el ámbito local y se enmarca, como no podía ser de otra manera, en las principales directivas de la Unión Europea. El proyecto de ley está inspirado en los principios de cautela
y acción preventiva y se realiza, desde un punto de vista integral e integrador, abordando las distintas fuentes contaminantes, la pluralidad de las causas y efectos con una visión global. Se apuesta claramente por la corresponsabilidad,
involucrando al conjunto de la sociedad y especialmente la colaboración entre administraciones, que además tendrán que incorporar y adoptar planes y programas para mejorar la calidad del aire y establecer las medidas de control e inspección
necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, la información a los ciudadanos y la evaluación periódica. En este ámbito, cabe destacar que los municipios de más de 100.000 habitantes y las aglomeraciones que la ley define como conurbación
de población superior a 250.000 habitantes o cuando la población sea inferior a una densidad por kilómetro cuadrado que determinen las comunidades autónomas, tendrán obligación ya no solo de informar, sino de disponer de instalaciones y redes de
evaluación y programas para mejorar la calidad del aire. Cabe resaltar de la ley el gran compromiso con la movilidad urbana y el fomento del transporte menos contaminante, promoviendo el uso de la fiscalidad ecológica, así
como otros instrumentos de política ambiental, como la información de emisiones de vehículos y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, según las emisiones de CO2 por kilómetro, conscientes del gran impacto que supone el
transporte y la necesidad de corregir su uso insostenible.
En relación con las enmiendas del Senado, quiero hacer alguna precisión.
En primer lugar, las referidas a la disposición adicional octava -quiero indicar que todos los grupos políticos votaron a favor de esta enmienda en el Senado, incluido
el Grupo Popular, excepto dos abstenciones, es decir, en el Senado la han apoyado todos los grupos-, que modifica el impuesto sobre matriculación a determinados vehículos, en la que se ha detectado un error puntual referido al impuesto sobre
aeronaves de uso privado y embarcaciones de recreo, que se subsanará mediante una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado, con lo que estos volverán a tributar al 12 por ciento y no al 9,75, como por error aparece en dicha enmienda y, por
tanto, en el texto. Reitero que todos los grupos la han votado a favor. No está el señor Herrera, pero voy a hacer algún comentario sobre su exposición, en el sentido de que no sé si sería algún primo el que le explicó los razonamientos del
impuesto sobre matriculación. Me ha sorprendido el cálculo, porque hay que tener en cuenta, en primer lugar, que de momento no hay certificado de emisiones de CO2; en segundo lugar, que es un acuerdo de las comunidades autónomas; hay un acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera para mantener la neutralidad en la recaudación, y esto hay que tenerlo en cuenta si somos respetuosos con las comunidades autónomas. Por tanto, no es cierto lo que ha comentado en su intervención, pese a
que quiero creer que tiene una intencionalidad positiva. Pediremos votación separada de esta disposición adicional octava en los dos párrafos, también pediremos votación separada de la disposición final tercera, apartados dos y tres, para facilitar
la adecuación de las empresas a la Ley IPPC, de control integrado de la contaminación, y apoyaremos las enmiendas presentadas, excepto aquellas que puedan desvirtuar el espíritu de la ley o que estén contempladas en algún otro texto del articulado.
Señorías, con esta ley damos un salto de gigante en el ámbito de calidad del aire y protección de la atmósfera, con un concepto integral de prevención para preservar y cuidar nuestra salud, nuestro planeta y nuestra biodiversidad. Es un
derecho al que no podemos renunciar. Es una ley ambiciosa, con proyección de futuro y quiero destacar que ha tenido un gran consenso social, tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos, a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias. Quiero agradecer expresamente desde esta tribuna el consenso y las aportaciones de todos los grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de la ley, desde su debate en Comisión hasta el día de la fecha. Hay que
reconocer que se ha enriquecido el texto final y que hubo una voluntad importante por parte de todos los grupos políticos en este trabajo, incorporando o transaccionando gran parte de las enmiendas presentadas. Señorías, solo nos queda divulgar
esta importante ley y concienciar a la sociedad y a las administraciones de la importancia de su cumplimiento. Estoy segura de que las generaciones venideras nos lo agradecerán y que encontrarán un legado de naturaleza viva. Desde luego, ello
necesita la implicación de todos los ciudadanos y ciudadanas y un compromiso grande y amplio de todos los parlamentarios y parlamentarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Marón.
- PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA MILITAR. (Número de expediente 121/000114.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proyecto de Ley de la Carrera Militar. Fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego mantuvo y va a mantener ahora también en relación con esta ley una posición constructiva y positiva, porque somos conscientes de que una de las tareas fundamentales que estaban pendientes desde el punto de vista
de la carrera militar era que no se confundiera jerarquía con desigualdad de derechos. El Bloque Nacionalista Galego entiende que esta ley significa un paso muy positivo, una mejora de la situación actual en esta concepción de que jerarquía no debe
contradecir la igualdad. La aproximación a un Estatuto de la Función Pública a partir de las características de la carrera militar es un hecho en este proyecto de ley, que acabará convertido dentro de poco en ley. Estoy por asegurar que a pesar de
que se podría hacer mucho más y mejor, seguro que la ley tuvo muchas presiones de sectores corporativistas y de sectores elitistas que existen en el ejército, como en otro tipo de profesiones, que siempre mantuvieron un carácter de elite o clasista,
sobre todo en sus estatus superiores. Por eso hay que saludar a la ley como un avance en derechos, como un avance en la posibilidad de promoción y también -repito- como una ley que aproxima una concepción igualitaria, en el buen sentido de la
palabra, en una profesión que tiene muchas aristas y mucha problemática, sobre todo si la contemplamos desde la perspectiva de un Estado de derecho. Lo que se ha hecho en el Senado ha sido, sin duda, mejorar la ley en algunos aspectos que
necesitaban mejora; por ejemplo, en la posibilidad de incorporar extranjeros como militares de complemento, por cierto, militares de complemento que creo que prácticamente han colmado una gran parte de sus aspiraciones; mantener en el servicio
activo a altos cargos que pasan a desempeñar funciones en organizaciones internacionales; y así muchos otros, entre los cuales podríamos citar también la alteración sustancial que hubo en el
Senado en relación con un tema que tiene gran importancia, como son las normas concretas sobre constitución de cuerpos y escalas en los respectivos periodos de tiempo que afectan precisamente a la ley.
Acabo, señor presidente, diciendo que solamente mantenemos una discrepancia clara y contundente, no de matiz, en relación con la enmienda del Senado respecto del artículo 7.2 -que ya estuvimos en contra en el momento de debatir esta ley-,
sobre el juramento de la bandera, ya que creo que no era asumible desde un punto de vista desacralizado, puramente democrático y de homologación con el resto de los funcionarios, tal y como estaba la ley cuando pasó por el Congreso, y ahora ha
empeorado, sin duda alguna, con retóricas que son inapropiadas para el siglo XXI y, sobre todo, para un contexto y una concepción racional de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, a esa enmienda vamos a votar claramente en contra. Por último, el
único problema grave que vemos de fondo en la función del Ejército o en el sector militar en este momento histórico en el Estado español es, precisamente, su vinculación a un papel estratégico que consideramos equivocado y que va explícito en la Ley
de Defensa Nacional, que es un alineamiento sin paliativos, claro y confesional, con lo que es la estrategia del mundo occidental y, en particular, con el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Por lo demás, volvemos a repetir, vamos a
apoyar esta ley, las enmiendas del Senado, excepto la que hemos anunciado, y creemos que los militares como profesionales y trabajadores van a mejorar sensiblemente, por lo cual no tenemos más que alegrarnos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Rodríguez.
Izquierda Unida, señor Llamazares, tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Es conocida la posición de mi grupo parlamentario con respecto a esta ley, coincidente en relación con la carrera militar, con diferencias y, sin embargo, discrepante de las reales ordenanzas y más aún del modelo universitario que propone el
Gobierno; un modelo híbrido que no hemos compartido y que hubiéramos deseado, por el contrario, un modelo más parecido al modelo Azaña que creemos que es más moderno que el que se nos propone. En todo caso, vamos a valorar las enmiendas como
vienen del Senado, y en ese sentido nuestro grupo parlamentario cree que se introducen modificaciones en general positivas. Algunos de estos aspectos positivos responden a enmiendas que tratan de solventar situaciones de colectivos que venían
siendo reivindicadas hasta ahora y no satisfechas.
Nuestro grupo considera estas enmiendas como un avance con respecto al texto que salió del Congreso y, por lo tanto, las votará favorablemente.
De forma resumida, algunas de estas enmiendas son: en primer lugar, se introducen reformas en varios artículos para posibilitar la incorporación de extranjeros como militares de complemento, en coherencia con lo establecido en la
disposición adicional. Segundo, en el artículo 13 se incorpora la previsión de que los altos cargos pasen a desempeñar funciones en organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero, posibilitando que continúen en el servicio
activo, cosa que nos parece positiva. Tercero, un grupo de enmiendas mejoran y amplían las posibilidades de la carrera profesional de los miembros de los cuerpos de música militar. Cuarto, la disposición transitoria quinta es importante porque
reserva plazas específicas para los militares de complemento para el ingreso en los centros docentes militares de formación, para el acceso a las escalas de oficiales de los cuerpos comunes de la defensa o de los cuerpos de ingenieros de los
Ejércitos. Quinto, la disposición transitoria sexta establece que todos los suboficiales podrán ascender con antigüedad, tiempo de servicio y efectos económicos desde la fecha de ascenso. Por otra parte, nos parece que la disposición final séptima
mejora el texto pactado en el Congreso respecto a la reforma de la Seguridad Social, para computar como periodo de cotización el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria. Otros aspectos positivos con carácter general pueden
ser los siguientes: ascenso a teniente de aquellos suboficiales que ingresaron antes de 1989; cómputo de todos los tiempos desde el ingreso en las Fuerzas Armadas; disposición final en la que se equiparan los haberes retributivos y los derechos
pasivos de los militares a los de los grupos de clasificación de los funcionarios de la Administración pública y, por otra parte, disposición adicional octava, relativa a las campañas de Ifni-Sáhara. Sin embargo, nuestro grupo votará en contra de
las modificaciones que vienen del Senado a la disposición transitoria cuarta. La enmienda introducida en el Senado a dicha disposición, a pesar de que tiene cuestiones positivas, en su conjunto nos merece una valoración negativa que nos lleva a no
votarla a favor, porque se introducen normas concretas que alteran sustancialmente y empeoran el texto que salió del Congreso de los Diputados respecto a la constitución de cuerpos y escalas en los respectivos periodos de tiempo a los que afecta
esta ley.
En líneas generales nos parecen aspectos negativos del proyecto de ley -se arrastran desde la tramitación en esta Cámara y en el Senado no ha habido la posibilidad de mejorar y corregir- los siguientes; lo hemos dicho en el primer debate y
lo volvemos a repetir. Se aumenta la edad de pase a la reserva de los suboficiales de 56 a 61 años, con lo que se envejece considerablemente este estamento, que en la mayor parte de sus destinos realiza las tareas más duras. Esta es una primera
contradicción que no se ha solventado. Existe además una pirámide invertida de las escalas de suboficiales, pues hay más subtenientes y brigadas que sargentos primeros y sargentos, algo ilógico teniendo en cuenta que para acceder a aquellos empleos
se debe acceder previamente a estos. Por otra parte, la integración en un cuerpo único de los suboficiales especialistas y de los
del cuerpo general de las armas provocará un gran desajuste respecto de las orientaciones y cometidos de sus carreras, provocando cambios drásticos en los destinos y misiones a desempeñar por este colectivo. (El señor vicepresidente, Gil
Lázaro, ocupa la Presidencia.) Con la desaparición de la escala de oficiales se cercena la posibilidad de promoción de los suboficiales, especialmente de aquellos que ya llevan algunos años de servicio, pues no podrán cambiar de escala para
progresar ni hacerlo en la de suboficiales por el atasco creado en la misma.
Además, esto hace que las opciones de promoción para la tropa, para acceder a la escala de suboficiales, sean menores y poco atractivas. Por otra parte, la potenciación
del suboficial de la que se habla en esta ley solo supone un aumento de responsabilidades y trabajos a realizar, pero no su reconocimiento efectivo ni un incremento de los derechos en relación con las responsabilidades. Poco se recoge además en
relación con la conciliación de la vida familiar y laboral de los militares. Por último, lo que nos parece más llamativo, no se establece en esta ley nada relativo a los derechos de los militares; se habla exclusivamente de obligaciones, pero nada
se estipula de sus derechos en materias tan elementales como el derecho de reunión o el de asociación, relegando al militar a ciudadano de segunda categoría, no pudiendo participar en los procesos de elaboración normativa que le afecten,
menoscabando sus derechos y legítimas aspiraciones y desaprovechando por la Administración la valiosa ayuda de primera mano que podrían aportar para solventar muchos de los problemas que hemos denunciado en la parte anterior.
Mientras el Gobierno
no cumpla con su compromiso de reconocer a los militares el carácter de plenos ciudadanos seguirán ocurriendo cosas como las que están sucediendo estos días, que un ciudadano militar sea privado de libertad por ejercer sus derechos fundamentales,
entre otros el derecho de manifestación. Nuestro grupo parlamentario aprovecha para exigir al Gobierno que ponga fin a las dilaciones en esta materia, sobre todo a la no presentación en esta Cámara de la ley de derechos y deberes de los militares,
que tenía que haberse aprobado con anterioridad a esta Ley de la Carrera Militar. Queríamos decirlo para poner sobre la mesa no solo las cuestiones en las que estamos de acuerdo, sino también aquellas en las que mantenemos diferencias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig Cordón.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario ya expresó entonces su queja, su protesta por el trámite que tuvo el proyecto de Ley de la Carrera Militar en el Congreso. Se nos ninguneó cuando se impidió que este debate fuese llevado al Pleno. Fue un trato
no ajustado a la tradición que había en esta Cámara; se rompió en dicho aspecto esta tradición. Nuestro grupo ha presentado enmiendas republicanas que son lógicas y que no tienen por qué suponer provocación; eran enmiendas lógicas porque quien
tiene que mandar en las Fuerzas Armadas debe ser elegido democráticamente y no quien no es elegido sino proclamado por un derecho de herencia. Nuestro grupo presentó dos enmiendas sociales que no fueron apoyadas, que decayeron y que tampoco fueron
aprobadas en el trámite del Senado. La importancia de esta ley la veíamos por poder establecer algo que sería lógico: que para aquellos ciudadanos que fueron obligados a realizar el servicio militar obligatorio, incluidos los objetores de
conciencia, su trabajo fuese computado a efectos de Seguridad Social, así como para aquellos ciudadanos que fueron obligados a participar en la guerra de Ifni-Sáhara.
Lo hicimos porque en su momento este Parlamento aprobó sendas proposiciones no de
ley instando al Gobierno a actuar en este sentido, pero no ha hecho nada al respecto. Por tanto, nuestro grupo, aunque está en contra de la valoración global del proyecto de Ley de la Carrera Militar, va a apoyar dos enmiendas aprobadas en el
Senado, una del Grupo de Convergència i Unió que propone reconocer un derecho a aquellos ciudadanos que fueron obligados a ir a Ifni-Sáhara y otra del Grupo Popular para reconocer la Seguridad Social en el servicio militar obligatorio. Esto es
justo, por tanto nuestro grupo va a votarlas favorablemente; esa era nuestra intención en este aspecto. En este mismo sentido, hemos presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para dar cobertura a estas obligaciones que el Estado
tenía que haber asumido desde hace tiempo, específicamente para aquellos ciudadanos que fueron a Sidi Ifni, y a los que se les había prometido muchas veces, pero cada vez lamentablemente quedan menos y ven cómo no se da respuesta a esta resolución
que en su momento fue aprobada. Estamos en desacuerdo con la valoración global del proyecto de ley y vamos a votar en contra de todas las enmiendas incorporadas, excepto en las dos que eran nuestro objetivo desde el inicio -lo sabe perfectamente el
portavoz del Grupo Socialista-, también como una expresión de queja del acto que supuso evitar el debate de esa ley en Pleno en este Congreso de los Diputados, de manera no ajustada al respeto y a la pluralidad que tiene que haber en esta Cámara.
Repito, solo vamos a votar favorablemente esas dos únicas enmiendas que se han introducido en el Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señor Puig Cordón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Comparezco como portavoz de Defensa de Convergència i Unió ante el último trámite parlamentario del proyecto de Ley de la Carrera Militar, que inició su
periplo parlamentario en el mes de diciembre del año 2006, o sea hace aproximadamente un año, y cuya redacción no nos gustaba cuando llegó.
Véase por ejemplo mi intervención en el debate de totalidad del día 22 de marzo del presente año
donde digo textualmente: Vemos la ley deficitaria en temas básicos. No nos gustan algunas cosas y faltan otras. Es una ley que nos preocupa y que debe ser mejorada. Esto es lo que decía. Hoy este discurso nos sirve para hacer memoria. Era una
ley de perfil bajo, y nuestro grupo -sin duda también otros- aportó un número importante de enmiendas, muchas de las cuales fueron aceptadas, lo cual propició nuestro voto favorable en el Congreso y en el Senado. La intención de Convergència i Unió
a lo largo de la tramitación de esta iniciativa parlamentaria ha sido, como en tantas otras materias, adoptar una posición constructiva de diálogo para lograr el máximo consenso en pro de una normativa que permitiera asentar unas bases sólidas y
aceptables para la modernización y democratización efectiva de las Fuerzas Armadas. Hemos estado atentos a aquellas mejoras de carácter técnico que se pudieran introducir o suscitar tratando de evitar los desajustes existentes, pero velando también
por aquellos colectivos militares que no han sido objeto de la consideración y de la protección que se merecían y a la que tienen derecho. De esta ley nos preocupaba sobre todo el futuro profesional de los trabajadores del ejército, los militares.
Nos preocupaba que esta ley era y es el último eslabón de un cúmulo de leyes que empezaron con el ministro Bono, quien tuvo el acierto de elaborar varias que pretendían democratizar y modernizar el ejército, y que acaba de la mano del ministro
Alonso.
Ahora nos preocupa la última oportunidad de mejora y de reconocimiento de unos profesionales que en el caso de no ser incluidos en esta ley pueden quedar en el ostracismo laboral durante su restante vida activa. En su inicio nos preocupaban
diversos aspectos. Nos preocupaba el escalafón: escala de auxiliares, suboficiales, militares de complemento, especialistas (sanitarios, psicólogos, músicos, etcétera); nos preocupaban los empleos con carácter eventual, los ascensos, los planes
de estudio, los destinos, las situaciones administrativas, el régimen disciplinario, las sanciones. En definitiva nos preocupaba que en general era una ley deficitaria. Es cierto que hemos avanzado mucho y ha habido una amplia voluntad de consenso
-desde aquí mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Socialista, a sus portavoces y al ministro, que ha tenido una voluntad amplia de diálogo-, pero también es cierto que han quedado flecos, aspectos que podían mejorar esta ley, y a pesar de no ser
muchos es una lástima porque a los militares a los que afecta les parecerá que dejamos en el tintero lo más importante. Por este motivo reclamaba y reclamo otro esfuerzo de generosidad -pequeño, ínfimo, pero otro esfuerzo- al Grupo Socialista para
dejar esta ley limpia como una patena, utilizando expresiones tristemente famosas del diputado don Alfonso Guerra cuando hablaba del Estatut de Catalunya. Por ejemplo, respecto a estos flecos que nos quedan déjenme que dentro de los especialistas
les hable de los enfermeros. Este es un colectivo que ha quedado sin solución. Delante de mí tengo uno de los múltiples, centenares, por qué no decir miles de correos electrónicos que los los diputados de todos los grupos hemos recibido, en el que
un enfermero -J.M.D., para no descubrir el nombre- decía al final: En fin, todo en la calle está preparado para que enfermería sea grado, los enfermeros diplomados obtengan a su vez el grado por años de servicio e incluso algún posgrado sobre la
base de la obtención de la especialidad también por años de servicio. Así las cosas, ¿dónde quedamos los enfermeros militares? Esta misma mañana me decía: Solo somos ochocientos, somos un colectivo pequeño; pero yo pensaba: no sólo, son
ochocientos, ochocientas familias que han quedado sin una solución. Vamos a votar a favor por el solo hecho de que mejora mucho la ley existente.
Señorías, nuestro grupo se felicita de que el Senado nos haya mejorado esta ley, y voy a referirme especialmente a dos de las enmiendas que vamos a apoyar. Nos ha llegado muy mejorada, es cierto. En la enmienda 100 del Senado, que ahora en
el texto definitivo es la disposición adicional octava, se dice que el Ministerio de Defensa desarrollará programas de apoyo que permitan reconocer la labor llevada a cabo por quienes participaron en campañas, en este caso hablamos de la de
Ifni-Sáhara; contribuirá a las actividades de las asociaciones que se agrupan y elaborará un listado de participantes en la contienda para articular posteriormente ayudas nominales compensatorias. A los efectos de regular las ayudas compensatorias
a las que se refiere el anterior apartado, el Gobierno, en el plazo de tres meses, presentará al Congreso un proyecto de ley de reconocimiento y compensación a favor de los miembros de las compañías expedicionarias y soldados de reemplazo que
prestaron servicio en la guerra de Ifni-Sáhara entre los años 1957 y 1960. Dicho proyecto de ley deberá establecer una prestación económica única del Estado a dichos participantes o, en su caso, a sus familiares directos, que estarían exentos de
tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta es una enmienda relativa a un tema que desde el inicio Convergència i Unió declaró como tema prioritario.
¿Por qué es un tema prioritario para nosotros el de Ifni-Sáhara?
Porque es un asunto de dignidad humana, es una injusticia histórica que la clase política debe reparar hoy y aquí. Estos días estamos hablando mucho de memoria histórica, y esta es una parte de la memoria histórica. Me estoy refiriendo a los
veteranos de la guerra de Ifni-Sáhara en los años 1957, 1958 y 1959 básicamente. Hoy el insigne periodista Miguel González escribía en su artículo de El País -hacía un elogio a los veteranos- lo siguiente: La enciclopedia libre de Internet la
denominaba la guerra olvidada. Pues bien, yo diría que son también los veteranos olvidados.
Vemos que ellos están olvidados mientras que a otros soldados expedicionarios - los de los Balcanes, Afganistán, etcétera- se les están reconociendo
derechos. A estos expedicionarios, a los que Franco mandó obligatoriamente a una guerra cruel y dura, nadie los ha reconocido; de 15.000 soldados
apenas quedan 2.000 y cada día quedan menos. Yo me preguntaría cuántos quedan si descontamos a los fallecidos en este año de trámite de la ley, de diciembre de 2006 hasta ahora. ¿Cuántos morirán mañana o pasado? Por tanto, en Convergència
i Unió creemos que ahora ya toca y hay que hacerlo bien y además rápido. Hoy Josep Riatós presidente de la Asociación Compañía Expedicionaria Transmisiones 4 (1958-1959) me decía: diputado, primero las compensaciones, después los reconocimientos y
al final los honores. Por este motivo, nuestro grupo ha presentado una enmienda a los presupuestos del Estado para dotarles de una partida de 600.000 euros que permita empezar a pagar ya estas compensaciones a los primeros veteranos de Ifni-Sáhara,
entre los que espero, ¡por qué no!, que estén Josep Riatós y sus compañeros de asociación. Este sería el mejor premio a un grupo de ilusionados jóvenes que rondarán pronto los 80 años y sin cuya tenacidad hoy no estaríamos votando la disposición
final octava a esta ley. (El señor diputado continúa su discurso en catalán.) Gracias también a tantas otras personas como el periodista canario Antonio Herrero que tanto está haciendo por la causa y que está ayudando mucho a estos veteranos
abandonados, cuyas familias no saben ni dónde están enterrados.
Una última petición al Grupo Socialista, a los amigos y compañeros socialistas, para que en un último esfuerzo intenten votar a favor de una ley que dignifica la política del Estado.
Hoy, no muchos, unos cuantos veteranos del Ifni-Sáhara, esperan la votación para ver recuperada también su memoria histórica.
Para acabar, señor presidente, avanzo que hemos pedido votación separada de la disposición final octava, que es la que habla de Ifni-Sáhara, y de la disposición final séptima, de reconocimiento del servicio militar, que no trae la redacción
que nosotros quisiéramos pero supone un paso adelante para el reconocimiento del esfuerzo de quienes hicieron el servicio militar de una manera voluntaria u obligada o quienes realizaron la prestación social sustitutoria. El texto consensuado del
Congreso se había quedado muy corto, esperamos que hoy podamos mejorarlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Oltra tiene la palabra.
La señora OLTRA TORRES: Con la venia, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, señorías, con el debate de hoy finaliza el trámite parlamentario de un proyecto de ley controvertido, el de la carrera militar, del que dijimos en el debate de totalidad que no era necesario ni oportuno,
características que se han confirmado con el paso del tiempo y el trabajo en ambas Cámaras. Además, ahora se ha demostrado algo que apuntábamos desde el principio: este proyecto de ley no ha tenido la reflexión necesaria para abordar una reforma
integral del desarrollo de la carrera de los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas. Ejemplo de lo que acabo de decir son las propuestas de última hora llevadas al texto que hoy debatimos, consecuencia de quejas con las que podríamos estar de
acuerdo, y que nos han demostrado la endeblez de determinados argumentos que avalaban el texto inicial, o cuestiones que en principio no tendríamos obstáculo en admitir -incluso las vamos a votar favorablemente- pero que demuestran la falta de
estudio y reflexión sobre los efectos y consecuencias de las medidas que incluye, previa la aprobación del proyecto de ley, incluso durante el trámite en esta Cámara, que no puede calificarse de corto.
Paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en las enmiendas incorporadas en el Senado, que son el objeto de este debate y que afectan al preámbulo, a 24 artículos y a 14 disposiciones del texto que se aprobó inicialmente en el
Congreso. En primer lugar quiero resaltar aquellas que mejoran respecto del texto que se aprobó en el Congreso, como es el tratamiento del Cuerpo de Músicas Militares en los aspectos de reconocimiento de los estudios que poseen los miembros de este
cuerpo y de su promoción o la fórmula de juramento o promesa de la bandera, que han sido impulsadas por el Grupo Popular y que por ello contarán con nuestro voto favorable. También contribuyen a solucionar problemas las enmiendas mediante las
cuales se permite la incorporación de extranjeros como militares de complemento, especialmente en el cuerpo de sanidad, pero nos preguntamos si este es un problema sobrevenido. Señorías, venimos de un proyecto de ley en el que se pretendía regular
la figura del militar de complemento en una disposición adicional y hemos terminado apuntando como solución al problema que hoy tiene la sanidad militar a la figura del militar de complemento. En el mismo sentido cuentan con nuestro respaldo las
enmiendas que prevén las causas de resolución de los compromisos de los militares que mantienen una relación de servicios profesionales de carácter temporal y la que modifica la disposición final octava, referente a quienes prestaron servicio en la
guerra de Ifni-Sáhara. Respecto a las enmiendas que afectan al título IV, que regula la enseñanza, y a pesar de que en algún caso podríamos coincidir con el sentido de ellas, nos abstendremos o votaremos en contra por coherencia con el voto
contrario del Grupo Popular a la totalidad del título. Por último, quiero destacar el cambio sustancial que ha sufrido la disposición transitoria cuarta en su paso por el Senado. Este es el ejemplo más claro de la falta de reflexión inicial que ha
tenido el proyecto de ley. El Grupo Popular va a abstenerse en esta nueva disposición transitoria cuarta, pues no tenemos la certeza de que las expectativas y aspiraciones de amplios sectores de las Fuerzas Armadas queden resueltas con este texto.
Quiero hacer especial mención en este momento a dos disposiciones: una, la disposición adicional novena, que regula el reordenamiento de los escalafones de las escalas auxiliares y del cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de
Tierra, en la que quiero reconocer el
especial ahínco con el que lleva trabajando durante años mi compañero de ponencia el señor Esteve Ferrer. Con este texto queda satisfactoriamente resuelta una situación de injusticia que llevaba muchos años pendiente de solución. Son
muchos los militares afectados que hoy, junto con sus familias, seguro que están pendientes del canal parlamentario para comprobar que se culminarán si no todas sus aspiraciones sí la satisfacción de sus demandas en términos generales. También
quiero hacer una especial mención a la disposición final séptima, que ya ha sido citada por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Se trata de la del reconocimiento del servicio militar obligatorio, enmienda para la que
solicito especialmente el voto de SS.SS. El texto que hemos defendido en el Senado y que se ha incorporado como enmienda que hoy votaremos recoge de manera mucho más satisfactoria el espíritu del acuerdo de la Comisión de Defensa, aprobado en
sesión de 28 de febrero de 2006, porque es de justicia y queremos dar satisfacción a los padres y familiares de aquellos jóvenes que fallecieron o quedaron gravemente lesionados durante el servicio militar obligatorio o la prestación social
sustitutoria. Por eso, pedimos al único grupo que se ha opuesto a esta petición, el Grupo Socialista, que no use el Pacto de Toledo como excusa y que no se quede solo de nuevo en esta petición.
Señorías, el Grupo Popular ha ejercido con responsabilidad el papel de principal partido en la oposición y ha tratado de mejorar el texto durante todo el trámite legislativo -no quiero dejar de reconocer que ha habido un trabajo intenso de
negociación para aproximar posiciones con el Gobierno y con el Grupo Socialista-, que nos deja un texto legal con más transparencia y más garantista con los derechos profesionales de los militares. Hemos tratado de que ningún militar empeore su
situación profesional a día de hoy como consecuencia de la aplicación de esta ley.
Con ese ánimo retiramos la enmienda a la totalidad que habíamos presentado inicialmente y hemos trabajado por su mejora. Tras este reconocimiento no quiero dejar
pasar este último trámite sin agradecer el trabajo de mi compañero de ponencia don Héctor Esteve y del senador Muñoz Alonso, así como de don Eugenio Nasarre y de cuantas personas a título particular o en representación de alguien que pudiera
sentirse perjudicado por esta ley nos han hecho llegar sus sugerencias o sus quejas. Gracias también a todos aquellos que desde el anonimato han colaborado con este grupo parlamentario para aportar luz cuando no veíamos el porqué de determinadas
cosas, especialmente a aquellos que lejos de pararse en resolver su situación propia han mirado más allá para proponernos lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas actuales.
Dicho esto, quiero concluir con las palabras con las que iniciaba el senador Muñoz Alonso su intervención en el Senado. Señorías, esta no es nuestra ley, esta no es la ley que un Gobierno del Partido Popular hubiese hecho, en primer lugar,
porque no hubiésemos partido de cero. El camino recorrido en la profesionalización de las Fuerzas Armadas debiera haber servido de referencia, pero esta ley pretende comenzar la historia en el momento inicial, con las consecuencias que esto
conlleva para la trayectoria profesional de los militares españoles. Por otra parte, el Grupo Popular ha manifestado durante toda su tramitación su desacuerdo más profundo, sobre todo con el título que regula la enseñanza militar.
Sin ánimo de
reproducir intervenciones que ya han tenido lugar en ambas Cámaras, su modelo no es el nuestro. También hay que manifestar el desacuerdo con la inclusión de las llamadas reglas de comportamiento y la deslegalización de las Reales Ordenanzas por no
querer afrontar la obligación que le imponía la ley al Gobierno y el compromiso del Partido Socialista con sus electores de aprobar una ley de deberes y derechos de los militares.
Señorías, el Gobierno ha querido, y hoy concluye con este trámite, cambiar las expectativas de carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas por tercera vez en poco más de quince años. Estamos convencidos de que este no era el
proyecto de ley que necesitaban nuestros militares y también lo estamos de que el tiempo nos dará la razón y pondrá de manifiesto que nuestras críticas al mismo han sido plenamente fundadas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señora Oltra.
Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Como se ha puesto de relieve en las intervenciones anteriores, efectivamente esta es una ley muy importante para las Fuerzas Armadas españolas, para la política de seguridad y defensa en España y además es una ley muy consensuada, como no
podía haber sido de otra manera. Es una ley en la que el consenso ha llegado a niveles, por ejemplo, con el Grupo Popular de casi el 80 por ciento o a niveles de más del 80 por ciento con el Bloque Nacionalista Galego y del 76 por ciento con
Convergència i Unió. Es una ley muy consensuada y me refiero, para no insistir más, a la intervención de la señora Oltra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es una ley muy consensuada y una ley muy importante.
Señorías, esta legislatura ha sido una legislatura de una intensa actividad de reformas en la política de defensa de nuestro país. Se han hecho leyes, la más importante lógicamente es la que marca para qué queremos las Fuerzas Armadas y
cuáles son las misiones que tienen que hacer, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Por tanto, tenemos una estructura de defensa, de política de seguridad y defensa del país para al menos los próximos veinticinco años. Es una ley hecha con
voluntad de permanencia, con voluntad de estabilidad y con voluntad de ser una ley que dé estabilidad y seguridad en una materia tan importante para la sociedad española.
Hemos hecho una Ley de Tropa y Marinería que da estabilidad a un instrumento tan importante como el reclutamiento, es decir los soldados y marineros que
tenemos, los recursos humanos que tiene la defensa en España, y además con un gran éxito desde su aplicación, como ustedes saben. Hemos pasado de una situación en la que cada año perdíamos 1.500 soldados y marineros a una situación en la
que tenemos casi 12.000 soldados y marineros más.
Tenemos prácticamente cubiertas las necesidades según nos dicen los propios cuarteles generales o el Estado Mayor de la Defensa. Por tanto, es una ley que da estabilidad al menos para los próximos
veinticinco años. Hoy, señorías, estamos en el trámite final de una ley muy consensuada y muy importante que supone estructurar la carrera militar en España al menos para los próximos veinticinco años. Por tanto, es un intenso proceso de reformas.
Es una ley, por cierto, señorías, muy necesaria. La señora Oltra decía hace un momento que se han solucionado problemas históricos de colectivos de las Fuerzas Armadas que vienen desde hace más de veinte años y es verdad. Además, no sé si nos
estarán siguiendo, señorías, por el canal parlamentario, pero seguro que, nos sigan o no, están muy satisfechos de que los diputados españoles hayan sido capaces de dar respuesta a problemas laborales profesionales de muchos colectivos de hace
muchos años.
Señorías, hace casi cuatro años cuando llegamos al Parlamento quienes hoy estamos en la Cámara nos encontramos con soldados de España que estaban en la puerta preguntándonos cómo es que ellos se iban a la calle cuando las Fuerzas Armadas de
España cada vez tenían menos soldados. Hemos resuelto ese problema (Una señora diputada: ¡Muy bien!) y otros muchos con la Ley de la Carrera Militar. Por tanto, satisfacción de todos, señorías. Es la ley de las Cortes Generales para la defensa
de España durante los próximos al menos veinticinco años.
Señorías, es una ley muy importante porque hace que, así como hemos dicho a las Fuerzas Armadas cuáles son las misiones que tienen que hacer para España -misiones que tienen que ver con el exterior, misiones militares en el exterior,
misiones con la defensa colectiva en las organizaciones internacionales en que participamos, misiones que tienen que ver con la ayuda al Estado, la Unidad Militar de Emergencia, con la ayuda a situaciones de catástrofes, etcétera, la previsión para
actos que pueden poner en riesgo la seguridad de los españoles en relación con material radiológico, nuclear, químico, etcétera-, hoy les proporcionamos la Ley de la Carrera Militar que hace que ese tipo de misiones se puedan hacer en buenas
condiciones y además mejor pagados que como estaban, al menos un 25 por ciento mejor pagados. Por tanto, satisfacción por parte de todos, señorías.
Esta no es la ley por supuesto de Sidi Ifni, señorías, es una ley bastante más amplia. Termino ya, señor presidente, añadiendo solo una cosa más.
Los veteranos de Sidi Ifni, señorías, a raíz de estos debates parlamentarios pueden tener la
imagen de que son una especie de pedigüeños que dicen nosotros también. No es cierto, no es verdad. Hemos recibido cartas como la que les voy a leer a continuación y de la que solo voy a leerles una frase que nos dirigen a los parlamentarios los
veteranos de Sidi Ifni, en este caso son de Canarias, y otros. Nos dicen muchas cosas, quieren que los recordemos, quieren que no nos olvidemos de ellos, pero dicen también: Tenemos reivindicaciones que no son para nada económicas. No vayamos a
confundirnos, esto lo dicen por escrito dirigido al presidente de la Comisión y a los parlamentarios; por tanto, que no haya una imagen equivocada.
Esta es un buena ley, un buen texto. Las enmiendas que se van a votar, señorías, básicamente son enmiendas del Grupo Socialista en el Senado y, por tanto, lógicamente, vamos a votar a favor de ellas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Tan solo intervengo un minuto para agradecer a los grupos parlamentarios su buena disposición, tanto en el Congreso como en el Senado; por encima de los desacuerdos, que son lógicos cuando hay modelos políticos diferentes, ha habido un
acuerdo sustancial y de ahí que la ley haya podido salir adelante. Me felicito por ello, porque creo que es un texto legal que nos va a permitir continuar en la tarea de adaptar las instituciones y la Administración del Estado a las necesidades del
siglo XXI, en especial en un colectivo que tiene una tarea especialmente importante, las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta los nuevos escenarios estratégicos a los que se tienen que enfrentar en un mundo que es crecientemente cambiante y complejo.
La ley incorpora medidas importantes, como la reforma de la carrera militar, con un modelo más sencillo y más ágil, que incentiva la dedicación y el esfuerzo, va a permitir racionalizar nuestros recursos, pero también introduce un modelo de
enseñanza que nos mete de lleno en el espacio europeo de la enseñanza, también militar. Tenemos buenos militares, que salen bien formados en la actualidad, pero necesitamos que esa formación siga siendo buena dentro de diez, quince, veinte o
treinta años. Eso es lo que va a propiciar esta ley. Además, la ley establece reglas de comportamiento y va a un criterio general muy estimable de igualdad real entre hombres y mujeres, también en un colectivo como el de las Fuerzas Armadas. Por
tanto, muchas gracias, señoras y señores diputados, que también hago extensivas a las senadoras y senadores, por ese esfuerzo general, que también me consta están realizando los miembros de las Fuerzas Armadas por empezar a adaptarse ya a las
necesidades objetivas que establecerá la ejecución de este texto legal. En definitiva, lo hacemos por nuestro país, por la España del siglo XXI y por algo tan importante como es una política de Estado como la de defensa.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor ministro.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 13/1985, DE 25 DE MAYO, DE COEFICIENTES DE INVERSIÓN, RECURSOS PROPIOS Y OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y OTRAS NORMAS DEL SISTEMA FINANCIERO.
(Número de
expediente 121/000137.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Pasamos al punto octavo del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de
información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero. Grupo Parlamentario Mixto, ¿desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
La supervisión prudencial de las entidades crediticias es, tal y como asegura la exposición de motivos de esta ley, una garantía imprescindible para la estabilidad de nuestro sistema financiero. El proyecto de ley intenta abordar la
trasposición de la Directiva 2006/48 adaptando distintos aspectos de la supervisión a nuestra normativa en lo referente a requerimientos mínimos de recursos propios, mejora de la gestión interna de los riesgos y obligaciones de información y
divulgación al público. Entendiendo que muchas cuestiones técnicas de la normativa comunitaria necesitan desarrollos en disposiciones de rango inferior, no es menos cierto que la trasposición que pretende este proyecto de ley remite en exceso a
futuros reglamentos aspectos importantes que predetermina la directiva. Esta cuestión nos preocupa porque una excesiva remisión a desarrollos reglamentarios impide a este Parlamento controlar si se incorpora correctamente en todos sus extremos la
directiva de referencia.
Se introducen, señorías, dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que en nuestra opinión son razonables, en el Senado. La enmienda que modifica la letra c) del apartado 2 del artículo décimo bis de la Ley 13/1985, introducido por
el apartado cinco, propone una regulación detallada del procedimiento de cooperación y recoge una habilitación para su desarrollo reglamentario. El Banco de España es la autoridad responsable de la supervisión de los grupos consolidables y el
encargado de la cooperación con otras autoridades supervisoras. La enmienda explicita el procedimiento de cooperación del Banco de España con estas autoridades supervisoras competentes en Europa previsto en la directiva para la concesión de la
autorización y para el uso de cualificaciones internas de crédito o métodos internos de medición del riesgo a aplicar en los grupos españoles de entidades de crédito. La otra enmienda, a la disposición final sexta, propone adelantar la entrada en
vigor del procedimiento de cooperación y su aplicación a las solicitudes de autorización que se debieran recibir por el Banco de España con anterioridad. Todo ello es razonable porque la directiva que se traspone en este proyecto de ley entró en
vigor el 1 de enero de 2007, aunque su aplicación por parte de las entidades de crédito era voluntaria hasta el 1 de enero de 2008. Con estas modificaciones, el procedimiento de cooperación del Banco de España entra en vigor el mismo día de la
publicación de esta ley. A nosotros nos parece que estas dos enmiendas son razonables y las vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Llamazares.
¿Desea intervenir el Grupo Vasco? ¿Señor Txueka? (Pausa.) Gracias. ¿Desea intervenir el Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa.) Señor Puig Cordón.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley trata de trasponer la directiva europea. Entendemos que las dos enmiendas que el Grupo Socialista ha incorporado en el Senado mejoran esta propuesta y por tanto nuestro grupo va a dar apoyo a esas enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Puig Cordón.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) Tiene la palabra, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias. Lo hago a los solos efectos de reiterar nuestra petición de votación separada de dos disposiciones adicionales, séptima y octava, que ya tienen los servicios jurídicos de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, las dos enmiendas que nos vienen del Senado están en línea con lo dispuesto en los diferentes artículos incluidos en el capítulo IV, sobre supervisión y divulgación por las autoridades competentes, de la Directiva 2006/48, del
Parlamento Europeo y del Consejo, ya que su trasposición parcial es el propósito de este proyecto de ley. La primera enmienda modifica la letra c) del apartado 2 del artículo décimo bis de la Ley 13/1985, de 25 de mayo. Con ella se plantea regular
la actuación del Banco de España en los supuestos de entidades de crédito extranjeras, matrices, filiales o participadas del mismo grupo. Se podía haber diferido el papel del Banco de España en estos supuestos al desarrollo reglamentario, pero no
está mal desde la óptica de la seguridad jurídica haber incorporado ese papel del Banco de España a este proyecto de ley.
Se consigue así también que ese procedimiento de cooperación del
Banco de España entre en vigor el mismo día de la publicación de esta norma en el Boletín Oficial del Estado. La otra enmienda, en coherencia con la anterior, modifica la disposición final sexta respecto a la entrada en vigor del apartado 2
del artículo décimo bis de la ley que este proyecto modifica, así como la disposición transitoria segunda, estableciendo que en estos casos la entrada en vigor no será, como la mayoría de la norma, el 1 de enero de 2008 sino el día siguiente a la
publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado. Como nos parece razonable que no se deje al desarrollo reglamentario este aspecto importante del papel del Banco de España en la cooperación con otras autoridades competentes -es el objeto de
este proyecto de ley-, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente ambas enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Albendea.
Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, respecto al problema de que sea una trasposición parcial, evidentemente se ha limitado a aquellos aspectos que era necesario regular mediante ley. No sé si usted se ha dado cuenta o lo ha leído o se lo han comentado, en el
Diario Oficial de la Unión Europea la directiva que aplica el Basilea II a la Unión Europea tiene doscientas páginas. Si realmente hubiera que trasponer las doscientas páginas a términos legales, tardaríamos no sé cuántas legislaturas en lograr
hacerlo. Se han introducido dos enmiendas en el Senado por el Grupo Socialista y lógicamente las vamos a votar a favor.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el orden del día previsto para hoy, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Enmiendas al epígrafe III, octavo párrafo, del preámbulo; a los artículos 2, 3, 12 y 16;
disposición adicional segunda y enmiendas al anexo I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 121; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo 24 bis nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 13; en contra, 169; abstenciones, 109.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas a la disposición adicional octava, en lo relativo a la incorporación de un apartado 6º bis de la letra a) del apartado 1 del artículo 65 de la Ley de Impuestos Especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 122; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas al resto de la disposición adicional octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 170; en contra, 114; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Enmiendas a la disposición final tercera, en lo relativo a la supresión del apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 130; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas a la disposición final tercera, en lo relativo a la supresión del apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 294; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 290; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de la Carrera Militar. Enmienda al artículo 7.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 276; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmiendas a los artículos 45, 50, 52, 56, 58, 62, 64 y 71; a las disposiciones transitorias sexta y séptima y a la disposición derogatoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 163; en contra, ocho; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Enmiendas a los artículos 59 y 68.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 175; en contra, 122; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Enmiendas a la disposición transitoria cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 172; en contra, 10; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Enmiendas a la disposición final séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 141; en contra, 157; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas a la disposición final octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 140; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 293; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del
sistema financiero. Votamos en bloque las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 288; en contra, cinco; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Se suspende la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la noche.
Corrección del 'Diario de Sesiones' número 294.-De conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento, el excelentísimo señor presidente de la Cámara ordena la retirada del 'Diario de Sesiones' de referencia de una expresión pronunciada por el
diputado don Diego López Garrido y que figura en la página 14529, segunda columna, segundo párrafo, líneas 20 y 21.