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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 285, de 25/09/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 285
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 263
celebrada el martes, 25 de septiembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para dar cumplimiento a la Disposición Adicional Primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil
custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 604, de 21 de septiembre de 2007. (Número de expediente 162/000624.)...
(Página 14028)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la expropiación del patrimonio del Estado que pasó a titularidad privada durante la dictadura franquista. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
600, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 162/000621.)... (Página 14034)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las medidas previstas por el Gobierno para paliar el impacto negativo que el uso de productos agrarios, en concreto los cereales, con destino a la producción de biodiesel está
teniendo en el mercado con los consiguientes riesgos para la seguridad alimentaria. (Número de expediente 173/000212.)...
(Página 14041)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el evidente fracaso de sus políticas sociales. (Número de expediente 173/000213.)... (Página 14047)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre políticas, ayudas y medidas en todos los ámbitos competentes al Estado destinados a la familia y a la infancia. (Número de expediente 173/000214.)...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Proposiciones no de ley... (Página 14028)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para dar cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil
custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica... (Página 14028)
Defiende la proposición no de ley el señor Esteban Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Manifiesta que lo que pretende la iniciativa es que se cumpla la ley que se aprobó en el año 2005, cuya disposición adicional
primera establece la posibilidad de devolución de objetos y documentación a aquellas personas físicas o jurídicas privadas que lo soliciten. Por ello, la disposición prevé que la restitución de los documentos pueda llevarse a cabo por las
comunidades autónomas que lo soliciten, después de que el Gobierno haya establecido el procedimiento adecuado. Han pasado dos años de la aprobación de la ley y todavía no ha habido desarrollo de este punto. Se pregunta cómo es posible que después
de dos años el Gobierno no haya procedido a fijar ese desarrollo de la ley.
Señala que no vale, ahora que se acaba la legislatura, decir que se va a iniciar un diálogo. Necesitan fechas concretas, muestras de voluntad concretas, y eso no se hace aquí. La posición de su grupo va a ser firme.
Si el Gobierno no
muestra una voluntad clara, con plazos, con procedimientos verdaderamente claros, su grupo presentará las iniciativas correspondientes en lo concerniente a los papeles del Archivo de Salamanca.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Esteban Bravo.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la expropiación del patrimonio del Estado que pasó a titularidad privada durante la dictadura franquista... (Página 14034)
Defiende la proposición no de ley el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señala que el pasado 30 de agosto los descendientes de Francisco Franco no permitieron la
entrada en el pazo de Meirás a los técnicos de la Xunta de Galicia que pretendían realizar una inspección en el interior del pazo y en sus jardines para determinar si es susceptible de ser declarado bien de interés cultural, calificando esta actitud
como impresentable e intolerante. Esto le lleva a hacer un inventario del patrimonio de la familia Franco, obtenido mediante
donaciones, en ocasiones bajo el signo de la amenaza, y de regalos que nadie auditaba.
Pide que se colabore con la Xunta y simplemente se estudie la posibilidad de la expropiación del pazo de Meirás como patrimonio público. Hoy no es una cuestión de cálculo electoral, se trata de una cuestión de exigencia democrática, y en la
exigencia democrática no caben cálculos electorales.
Es de sentido común.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
(ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Herrera Torres.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para dar cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los
documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, se rechaza por 34 votos a favor, 269 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la expropiación del patrimonio del Estado que pasó a titularidad privada durante la dictadura franquista, se
aprueba por 181 votos a favor, 122 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 14041)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las medidas previstas por el Gobierno para paliar el impacto negativo que el uso de productos agrarios, en concreto los cereales, con destino a la producción de biodiesel, está
teniendo en el mercado con los consiguientes riesgos para la seguridad alimentariaP... (Página 14041)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el señor Ramón Torres, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Fernández Davila.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el evidente fracaso de sus políticas sociales... (Página 14047)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Barrachina Ros, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Intervienen el señor Barrachina Ros y la señora Sánchez Díaz.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre políticas, ayudas y medidas en todos los ámbitos competentes al Estado destinados a la familia y a la infancia... (Página 14054)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Oliva i Peña, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas, interviene la señora Oliva i Peña.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre las medidas previstas por el Gobierno para paliar el impacto negativo que el uso de
productos agrarios, en concreto los cereales, con destino a la producción de biodiesel, está teniendo en el mercado con los consiguientes riesgos para la seguridad alimentaria, se aprueba por 307 votos a favor.
Interviene el señor Martínez-Pujalte López.
Sometidos a votación los puntos 1 a 9 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el evidente fracaso de sus políticas sociales, se
rechazan por 128 votos a favor, 167 en contra y 14 abstenciones.
Sometido a votación el punto 10 de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 308 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre políticas, ayudas y medidas en todos los ámbitos competentes al Estado, destinado a la familia y a la infancia,
con la enmienda de sustitución presentada conjuntamente por los grupos de Esquerra Republicana y Socialista, se aprueba por 303 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY 21/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE RESTITUCIÓN A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL
CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DE CREACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 162/000624.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión del Pleno del Congreso correspondiente al martes 25 de septiembre de 2007. Punto I del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
para dar cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra
Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Para la defensa de la proposición, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
En esta ocasión no acudimos a esta tribuna con la petición reiterada una y otra vez por activa y por pasiva, a través de enmiendas, de proposiciones, de comparecencias y de cuestiones incluso al presidente del Gobierno, acerca de la
devolución de los documentos públicos pertenecientes a las instituciones autonómicas vascas de la época de la República. Evidentemente, esta es una reivindicación que mantenemos, que seguiremos enarbolando, que seguiremos pidiendo, y seguirá
habiendo iniciativas en este terreno. Lo que pretende la iniciativa que presentamos en estos momentos -para cualquiera que lo haya leído estaría claro- es que se cumpla la ley, no aquellas reivindicaciones que nosotros estábamos planteando,
considerando que los gobiernos catalán y vasco estaban en la misma situación en la época de la República, sino cumplir la ley que se aprobó hace dos años, en 2005. Sí, puesto que en esa ley existe una disposición adicional primera que establece la
posibilidad de devolución de objetos, documentación, etcétera, a aquellas personas físicas o jurídicas privadas que lo solicitaran. De hecho, la ministra, en la defensa que hacía de la ley en varias de sus intervenciones, aludió a esta disposición
como algo muy importante y base de la ley. Decía literalmente la anterior ministra: Debido al principio constitucional de que todos los españoles tienen los
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, esta posibilidad de devolución a los particulares no podría únicamente limitarse a los de una sola comunidad autónoma. Por ello, la disposición adicional del
proyecto prevé que la restitución de los documentos pueda llevarse a cabo por las comunidades autónomas que lo soliciten después de que el Gobierno haya establecido el procedimiento adecuado.
Pues bien, ahora nos encontramos con que en la primera comparecencia del nuevo ministro de Cultura, dos años después de aprobada la ley, este manifiesta literalmente lo siguiente -algo que ya conocíamos pero que explicita expresamente el
Gobierno-: Salvo en Cataluña, en el resto de las comunidades autónomas debe ajustarse esta devolución a un procedimiento que está por fijar y que, en todo caso, solo afecta a personas privadas físicas y jurídicas. Dos años de aprobación de la ley
y todavía no ha habido un desarrollo de esto. No solo eso, sino que si atendemos a lo que ha sido la práctica de la ley nos daremos cuenta de que si bien se ha producido una devolución de la documentación pública perteneciente a la Generalitat, en
el caso catalán, sin embargo el procedimiento establecido en los artículos 5 y concordantes de la ley para la devolución de documentos pertenecientes a personas físicas o jurídicas privadas no se ha llevado a cabo, todavía están pendientes, y los
grupos catalanes están reclamando una y otra vez que se cumpla la ley. Ahora bien, nosotros queremos que se cumpla la ley no solo en los artículos 5 y concordantes, sino también la disposición adicional primera. ¿Cómo es posible que después de dos
años el Gobierno no haya procedido a fijar ese desarrollo de la ley, el procedimiento por el que puedan solicitar las comunidades autónomas la devolución de esos documentos? No sé cómo puede explicarse esto. Es incompresible que en dos años no
haya habido tiempo para fijar este procedimiento. ¿Se necesita mucho tiempo para ello? ¿Es extremadamente complicado? Yo diría que no, sobre todo porque la propia ley establece que el modelo será el propio artículo 5 de la ley y, por lo tanto,
los pasos básicos y fundamentales que deben seguirse están ya fijados o prefijados por el propio texto de la disposición adicional primera.
No creemos que sea tan dificultoso proceder a esta regulación. Creemos que por razones políticas el Gobierno no lo ha hecho hasta ahora y tampoco está dispuesto -parece- a hacerlo en el futuro. Cuando decimos cúmplase la ley no solo nos
referimos a lo que reclamamos de justicia, a esos documentos públicos del Gobierno vasco, sino a lo que ustedes o lo que esta Cámara y las Cortes aprobaron en su momento hace ya dos años.
Cúmplase. Ahora se nos dice: Les ofrecemos una
alternativa, que se apruebe, pero previos los trámites preceptivos, incluida la audiencia a comunidades autónomas; el correspondiente dictamen del Consejo de Estado; que se apruebe y publique el procedimiento señalado en la disposición adicional
primera. Hablando claro y en la práctica, esto es no fijar un plazo y mandarlo ad calendas graecas; es decir que se cumpla la ley, porque no pueden decir otra cosa -¡cómo van a decir que no se cumpla la ley!-, que se vayan haciendo los trámites.
Yo entiendo el trámite del Consejo de Estado, pero el de audiencia a las comunidades autónomas tampoco entiendo que sea preceptivo. En cualquier caso, han tenido tiempo suficiente para hacer esto. Si hubieran fijado otro plazo, un límite de
tiempo, quizá lo podríamos haber entendido, pero para dejar esta mención abierta -que se cumpla la ley y que se vayan haciendo los trámites- no hace falta una proposición no de ley; esto lo deberían haber hecho desde el primer momento.
Como segundo punto, añaden: Iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno vasco con el fin de alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla
recogida en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Lo de iniciar un proceso de diálogo nos parece muy bien, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero ha habido oportunidades para iniciar ese diálogo. Además, esto sobre todo choca
con las manifestaciones del ministro. Hace dos semanas, el ministro de Cultura estuvo reunido con la consejera de Cultura del Gobierno vasco y literalmente le dijo: Ustedes -refiriéndose a los vascos, a la comunidad autónoma- perdieron la
oportunidad cuando se discutió la ley. Ese era el momento de haber incluido también las reivindicaciones vascas. En aquel entonces se presentaron enmiendas y se nos dijo que no era el momento, que lo sería posteriormente. Se han presentado
iniciativas, se han presentado proposiciones no de ley, incluso para iniciar el diálogo. Y ahora nos dicen que se inicie el diálogo, cuando hace dos semanas el propio ministro del Gobierno ha manifestado que no tiene mucha voluntad para llegar a un
acuerdo. ¿Cómo quieren que nos creamos esto? Nosotros estamos convencidos -se lo decimos muy claramente- de que no existe una voluntad política de devolución de los documentos, ni de los públicos ni de los privados. Por tanto, no vale decir ahora
que se acaba la legislatura que vamos a iniciar un diálogo, que se cumpla la ley, que lo van a ir haciendo. No, necesitamos fechas concretas, necesitamos muestras de voluntad concreta, y eso no se hace aquí. Por eso, no duden de que la posición
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a ser muy firme en este tema. Sabemos cuál es su posición política y ustedes también conocen la nuestra. Si no hay una voluntad clara, establecida, con plazos, con procedimientos verdaderamente claros,
van a encontrar nuestra oposición en este punto a las iniciativas correspondientes que puede haber de diversa índole o materia pero que toquen todo lo concerniente a los papeles del Archivo de Salamanca.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Para la defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley, por un turno de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando en noviembre de 2005 se aprobaba la Ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, nadie se podía
imaginar la cantidad de trabas, resistencias y zancadillas que la ley iba a sufrir, ni la demagogia que alrededor de ella se produciría por parte del Partido Popular. El cumplimiento de este mandato legal, tan claro para todos los grupos políticos
de esta Cámara, excepto para el Grupo Parlamentario Popular, ha sido un camino plagado de obstáculos legales y jurídicos que el Gobierno ha tenido que ir sorteando. A pesar de todo, a pesar de los cinco recursos que inexorablemente ha perdido el
Partido Popular en alzada, primera instancia, Audiencia Nacional y Supremo; a pesar de los 150 millones de pesetas que ha costado a los ciudadanos este contumaz intento del PP de frenar la ley y de obtener en los tribunales la ventaja política que
le negó el Parlamento; a pesar de la bufonada municipal de cambiar el nombre de la calle donde se sitúa el Archivo de la Guerra Civil por el de calle del expolio; a pesar de la utilización torticera de las palabras de Unamuno colocadas en el
balcón del ayuntamiento; a pesar de la aparición en la página web del Partido Popular de la foto de los diputados castellano-leoneses con un sello de traidores en la frente; a pesar de todos los actos, manifestaciones, desplantes, insultos y
pitadas que hemos tenido que soportar en Castilla y León, a pesar de todo ello, señorías, el Gobierno está dando cumplimiento a la norma emanada de este Parlamento soberano. El Grupo Parlamentario Socialista se felicita por ello porque sigue
creyendo que la ley corrige la tremenda injusticia que fue la incautación por la fuerza y con fines represivos de la documentación institucional y de la de particulares. Ha sido restituida a la Generalitat de Catalunya, en cumplimiento de los
artículos 2.1 y 2.4, la práctica totalidad de las 507 cajas que contienen dichos documentos.
El mandato del artículo 2.2, referido a la devolución de documentos a particulares, está también en proceso de cumplimiento. También se ha cumplido con la
adicional segunda, que disponía la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, aprobada en real decreto de junio de 2007. Por cierto, si en estos momentos los diez millones de nuevos documentos que se esperan entren en dicho centro
todavía no lo han hecho se debe a los problemas planteados por la propiedad del Palacio de Orellana, que ha multiplicado casi por 200 veces el precio que le pedía en la etapa del PP. Finalmente, la disposición adicional primera, relativa a la
restitución a personas naturales o jurídicas de carácter privado, a la que se ha referido el señor Esteban, está pendiente de desarrollo al deber fijarse el procedimiento general de restitución por parte del Gobierno, y aquí es donde incide,
efectivamente, su PNL.
Señorías, el Grupo Socialista está de acuerdo con su PNL, la comparte y la apoya, pero, estando de acuerdo con ustedes en el fondo, saben que es imposible aplicar, publicar, aprobar en un mes el texto. De entrada, sabe que lo que tiene que
hacerse es un real decreto, y el proceso de elaboración del mismo tiene el ritmo que le marca el cumplimiento al menos de los trámites preceptivos y de otros que, no siendo preceptivos, se consideran necesarios: informes técnicos, jurídicos,
memoria económica, memoria de impacto de género, audiencia a las comunidades autónomas, informe del MAP y dictamen del Consejo de Estado, todo ello antes de ser sometido al Consejo de Ministros y publicado en el BOE.
Nuestra enmienda, señorías, les
propone que eliminemos la referencia temporal; eliminemos la fórmula que ustedes proponen, la fórmula: en el plazo de un mes, de imposible cumplimiento, como le señalo, pero tampoco acojamos expresiones genéricas, como en el plazo más breve
posible, que pueden tener para usted un carácter huidizo. Introduzcamos la afirmación de nuestro compromiso real, tan solo supeditado a los trámites preceptivos, como les proponemos en nuestra enmienda. Realmente, señorías, este grupo, igual que
el Gobierno, tiene intención de que se cumpla la ley, pero también de escuchar las legítimas aspiraciones de los vascos respecto a la documentación incautada en ese territorio. Por esa razón les proponemos un segundo punto en nuestra enmienda, que
es el inicio de un proceso de diálogo sobre dicha documentación incautada. El presidente del Gobierno y la anterior ministra de Cultura -usted lo ha referido- lo han dicho en varias ocasiones: el principio de igualdad garantiza la aplicación de
los mismos principios en cada caso, y así también lo defiende el Grupo Socialista. Por eso les decimos, señor Esteban, señores del Partido Nacionalista Vasco, que no se confundan de objetivo. Este Gobierno ha tenido la voluntad política y el
coraje cívico de deshacer un entuerto, cosa que otros no han hecho. A otros, amparándose en razones supuestamente técnicas y de conservación del patrimonio archivístico, nunca les ha importado la justicia. Eso sí, en otros casos, como en el
Archivo Histórico Provincial de Salamanca, de gestión autonómica, no han tenido reparos en contratar labores de conservación archivística a una empresa de limpieza, Limpiezas Rosamari, con todos mis respetos para la empresa. Resultado: se
recortaron con tijeras los bordes de los protocolos notariales históricos para igualarlos. Esto se denunció el año pasado. Eso es conservación del patrimonio.
Termino ya, señor presidente. Mi grupo está convencido de que con el paso del tiempo, cuando la ley se cumpla en su totalidad y las aguas vuelvan a su cauce, este caso de manipulación será estudiado en las facultades de Ciencias de la
Información como paradigmático de una época en la que casi todo valía con tal de intentar erosionar al Gobierno legítimo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Fijación de posiciones. El Grupo Mixto tiene cinco minutos. No me atrevo a decir que se repartan el tiempo, pero se lo tienen que repartir.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente, pues pocas cosas quedan por decir que no haya dicho ya el proponente, el señor Esteban. Esta es la historia de una injusticia, y si el Grupo Parlamentario Socialista no vota a favor y no se pone manos a la obra
para cumplir una ley estará incrementando la historia de la injusticia; la injusticia de la incautación y expoliación de los bienes a personas privadas y públicas, personas e instituciones legalmente constituidas en los años 1936 y 1937. En
Euskadi fue realmente abrumador el número de expoliaciones e incautaciones de documentos y archivos. Es la historia de una injusticia por haber tardado tanto después de la muerte del dictador en afrontar una deuda pendiente; historia de una
injusticia porque este Gobierno, a pesar de sus buenas palabras, hizo una ley que nos satisfacía en relación con Cataluña pero, desde luego, no en relación con tantos y tantos lugares, comunidades, personas físicas privadas y personas públicas a las
cuales no se les resarcía de esa injusticia; e historia de una injusticia porque no se ha llegado a cumplir el espíritu de la ley ni para unos ni para otros. Por tanto, vamos a ver hoy claramente si el Grupo Parlamentario Socialista también piensa
incrementar la historia de la injusticia. No nos hablen de dificultades técnicas; todos llevamos ya bastantes años en esta casa, somos conocedores del oficio, para saber cuándo hay voluntad y cuándo no hay voluntad. Sabemos muy bien que un
reglamento es fácil si las cosas se quieren hacer; tenemos constantemente convalidaciones no ya de reglamentos sino también de reales decretos-leyes que en menos de un mes nos presentan y convalidamos. Sabemos que se puede hacer, sabemos que no lo
quieren hacer. Las razones, ustedes sabrán, pero estarán incrementando una vez más la historia de una injusticia.
Nosotros creemos que después de tantos años todo el mundo merece tener acceso a sus propios documentos, algo que ni siquiera se debería tener que justificar. Desde luego lo que no parece que haya que justificar es el cumplimiento de la ley.
Por todo ello y sin ninguna duda vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Y no nos digan que no hay tiempo, porque hay tiempo si hay voluntad. Ustedes sabrán si tienen voluntad o no.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
El motivo de la intervención es mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a la proposición no de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Su parte dispositiva es clara y contundente. No hemos querido presentar enmiendas parciales
porque la proposición refleja claramente lo que tendría que haberse producido ya: el desarrollo de lo contemplado en la legislación vigente. Chunta Aragonesista votó a favor de la ley que proponía la devolución de los archivos expoliados manu
militari en la guerra civil. Decíamos en este mismo hemiciclo que esa norma responde a un acuerdo libre, mayoritario y democrático de esta Cámara y a una situación de justicia con la historia. Devolver la documentación incautada durante la guerra
civil en los territorios que permanecieron fieles al orden constitucional vigente en la II República es el objetivo que también compartimos desde Chunta Aragonesista. Lo queríamos para Cataluña y para Aragón; para cualquier otro territorio pedimos
también que se tenga en cuenta la restitución a personas naturales o jurídicas de carácter público o privado de otras comunidades autónomas.
Quiero recordarles que en Aragón hay ayuntamientos también expoliados, como Mas de las Matas y Pina de Ebro, que ya han mostrado su interés en la recuperación de documentos, y existen sendas resoluciones de las Cortes de Aragón en las que se
acordó la necesidad de no descolgarse de este proceso. Y es que la guerra también fracturó en dos a Aragón, no solo ideológica sino también territorialmente, creándose en la zona oriental un gobierno autónomo con sede en Caspe, el Consejo de
Aragón.
Por tanto, consideramos también de justicia que el Estado transfiera a las comunidades autónomas que lo soliciten los documentos, fondos documentales y efectos incautados a personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que
estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares.
El señor Llamazares Trigo: Gracias, señor presidente.
Señorías, seré muy breve. Decía Walter Benjamin que el futuro está hecho tanto de la rebeldía de nuestros hijos como de la memoria ofendida de nuestros abuelos. En ese sentido, de nuevo se presenta ante esta Cámara una iniciativa que tiene
que ver con la memoria ofendida, la memoria olvidada de nuestros abuelos; de los abuelos de los que hoy estamos aquí, de los abuelos de los que en estos momentos investigan nuestra memoria, de los que exhuman también parte de nuestra memoria y, por
tanto, lo que podríamos denominar los nietos de una época republicana y democrática en nuestro país. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario va a respaldar que se inste al Gobierno para que en el plazo más breve posible apruebe y publique el
procedimiento señalado en la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, a fin de proceder a la restitución de los documentos,
fondos documentales y efectos de las personas naturales o jurídicas de carácter privado, efectos expoliados en su momento. Es una oportunidad, señorías, para avanzar en el diálogo y en el acuerdo sobre la memoria histórica; un diálogo y un
acuerdo que nosotros consideramos necesario, aunque sea tan tarde y estemos al borde de no poder aprobar tan importante ley.
La ley cuyo cumplimiento se reclama hoy debe cumplirse. La Ley 21/2005 establece en su disposición adicional primera que las comunidades autónomas podrán solicitar la restitución de documentos y efectos a las personas naturales o jurídicas
de carácter privado, de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca. La ley está para cumplirse. No se puede aprobar una ley y después dejar su aplicación a medias, aunque es verdad que esta ley ha sufrido todo tipo de boicots y
dificultades. En esta proposición no de ley el Grupo Vasco se limita a pedir lo que es justo y razonable: que el Gobierno apruebe ya el procedimiento que permita a la Comunidad Autónoma vasca y a otras comunidades que así lo soliciten recuperar
los documentos privados incautados por la dictadura franquista y que continúan depositados en el Archivo de Salamanca.
Señorías, recientemente el ministro de Cultura reconocía el retraso en el desarrollo de la norma y se comprometía a subsanarlo con la mayor celeridad. Parece, pues, razonable que se inste al Gobierno a aprobar el procedimiento en un plazo
determinado, un mes o lo más pronto posible, en relación con los documentos todavía pendientes, que son los privados. En varias ocasiones, en compañía de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya y otros grupos, hemos pedido
explicaciones sobre los retrasos en el cumplimiento de esta ley, especialmente para la restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil, custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española
y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. En este sentido, señorías, el ministerio no ha hecho los deberes. Pasan los días, las semanas y los meses y el Ministerio de Cultura todavía no ha convocado la Comisión
mixta con la Generalitat de Cataluña, pese a que todos los documentos previos de identificación fueron remitidos a la anterior ministra de Cultura en octubre de 2006. Suponemos que este retraso hasta ahora tenga causas únicamente técnicas y no se
deba a razones de conveniencia política.
Creemos que ya es hora de que se avance en este tipo de reuniones. Mi grupo ha tomado nota de la puesta en marcha también del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca de forma reciente, dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley 21/2005 en todos sus términos. La ley establecía el plazo de un año para su creación y el plazo ha sido superado con creces. Con este centro, Salamanca puede contar con una institución emblemática en la que
se custodiarán y difundirán unos fondos documentales históricos procedentes tanto de España como de América y del resto de Europa. Señorías, en definitiva, la Ley de devolución de archivos no es un acuerdo cualquiera. Fue un compromiso adquirido
por el presidente del Gobierno en la sesión de investidura, un compromiso político y programático que no admite más demora. Además, en nuestra opinión, es una parte importante de la memoria histórica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Esquerra Republicana, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar debo manifestar desde la tribuna que damos nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Vasco; de hecho, no podía ser de otra manera, pues siempre hemos concebido cuál era el orden en justicia de lo que debería repararse a partir
del expolio, de la incautación llevada a cabo por el ejército fascista en las tierras del País Vasco, de Cataluña así como de otros territorios del Estado español. Es una verdadera vergüenza que tengamos que pelearnos con ustedes por algo que formó
parte de la hoja de ruta de nuestra colaboración en esta legislatura. En el debate de investidura nosotros dimos apoyo al Grupo Socialista, dimos apoyo a la investidura del señor Rodríguez Zapatero porque se comprometió a legislar a favor del
retorno de la documentación expoliada. La ley no se ha desarrollado ni se ha cumplido. Es cierto que se han retornado todos los documentos de carácter público pertenecientes a la Generalitat de Cataluña, pero quedan dos millones de documentos por
retornar. Le dijimos al ministro en el mes de agosto, cuando los grupos catalanes solicitamos su comparecencia en periodo extraordinario, que sospechábamos que nos quería tomar el pelo. Hoy ya podemos confirmar que es así. La tesis se ha
demostrado. Ustedes pretenden tomarnos el pelo. Ya les anuncio que la próxima semana pediremos en una interpelación la presentación en esta tribuna del ministro y además invitaremos al resto de grupos parlamentarios catalanes y al Grupo Vasco para
que esta interpelación se vaya repitiendo hasta el final de la legislatura, es decir que el ministro Molina tenga que comparecer ante esta Cámara y le podamos decir a la cara que pretende tomarnos el pelo. La actual ministra de Vivienda, señora
Chacón, se comprometió con el Grupo de Esquerra Republicana hace pocos meses a que en el tiempo más breve posible -eufemismo que se utilizó para dejar claro que sería al día siguiente de las elecciones municipales- el ministerio convocaría la
Comisión mixta bilateral que tiene que dar el plácet a toda la documentación que la Generalitat de Cataluña hizo llegar al ministerio en el mes de octubre. Solo falta que la Comisión dé luz verde para que se pueda ejecutar la ley. Pues bien, ya
sabemos que la ministra Chacón faltó a su palabra. Sepan ustedes que incluso el ministro no acepta la reunión que ha pedido nuestro consejero de Cultura, señor Tresserras, para que se reúna con la
Comissió de la Dignitat y además, con toda desfachatez, da largas al Gobierno de Cataluña y se atreve a decir que la documentación no se va a retornar hasta que no se haya constituido el Centro Documental de la Memoria Histórica, es decir,
una vez que hayan retornado a Salamanca las 120.000 cajas que hoy día están en el Alcázar de Toledo y que contienen la documentación de las personas físicas y jurídicas catalanas. Esto no se puede aceptar. Ustedes no están cumpliendo lo
comprometido.
Ya les anuncio que se van a encontrar con la movilización del pueblo de Cataluña y de las entidades culturales y políticas de nuestro país, y que el día 21 de octubre la Comissió de la Dignitat ya ha hecho una convocatoria en el Palau Sant
Jordi, que esperamos que se llene a rebosar, para que ustedes se enteren de una vez por todas de que no nos pueden tomar el pelo. No lo van a conseguir. Ustedes se comprometieron a devolver nuestra documentación, incautada por el ejército
fascista, y ya es hora de que la devuelvan. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución con los votos de los compañeros del Partido Socialista de Cataluña en la que se instaba al Gobierno a devolver la documentación antes de finalizar este año
natural. Ustedes no tienen ningún respeto hacia el Parlamento de Cataluña y creo que lo van a pagar caro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señoras y señores diputados, mi intervención va a ser breve pero contundente, en el sentido de apoyar claramente esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, por varias razones. En
primer lugar, porque entiendo que la primera responsabilidad que tiene el Gobierno es cumplir la ley y, como decía el portavoz del Grupo Vasco, al defender esta proposición no de ley -que, repito, tiene todo nuestro apoyo-, ya no es momento de
recordar, como decía el señor Tardà, los compromisos históricos, de recordar, por ejemplo, que, en el debate de la enmienda a la totalidad en esta Cámara, la ministra de Cultura, responsable de llevar adelante esta ley, decía cosas como: estamos
viviendo un momento de recuperación de una injusticia histórica; estamos recuperando la dignidad; unos papeles expoliados por fin se van a devolver. La portavoz que en aquel debate intervenía dijo cosas muy concretas y tiene mucho sentido
repetirlas hoy aquí.
Señorías, aquí hemos hablado muchas veces de los mal llamados papeles de Salamanca, porque aquí no hablamos de papeles de Salamanca. Hablamos de papeles de todos los españoles, que están residenciados en Salamanca, y no por casualidad ni
porque se le ocurriera a alguien que debían estar en Salamanca, sino porque estamos hablando de papeles incautados, expoliados, que sirvieron para la represión, para los vencedores de una guerra civil que generaron después una larga dictadura que
sirvió para dividir a los españoles. Estas palabras se dijeron en esta casa. Lo que estamos diciendo ahora es que estamos de acuerdo en esto. Y lo que acordamos fue que por una ley esto se resolvía y se hacía a dos niveles: devolvíamos los
papeles de la Generalitat -que se han devuelto- pero también devolvíamos, deberíamos devolver los papeles de todos los que tenían papeles depositados en este archivo por el mismo mecanismo. Entre otros, el Gobierno Vasco tenía papeles expoliados en
Cataluña, pero también en Santander y también en Asturias, y no tiene sentido que una ley defienda solo los papeles de unos y no los de todos, como decía la portavoz socialista, de todos los españoles. Estoy de acuerdo. Entonces ¿por qué no lo
ponemos en marcha, si además hemos hecho una ley?
Lo que estamos reclamando en esta proposición no de ley, señoras y señores diputados, es una cosa curiosa en esta Cámara: estamos pidiendo que el Gobierno cumpla la ley. Y no me vale con decir que está exigiendo que lo arregle en un mes.
No, no. Está exigiendo que, después de dos años, en un mes, encontremos una solución. Esto es lo que se pide. Lo que yo pido, por favor, es que tengamos claro que no podemos decir un día -hace dos años- que estamos en un momento histórico, que lo
hemos resuelto todo, que estamos recuperando un hecho histórico después de una larga reivindicación de años y años -cosa que es cierta-, y que hoy digamos: por favor, no vayamos con prisas, cuando estamos hablando de una ley que se aprobó hace dos
años.
Esta ley exigía dos cosas que no han cumplido. La primera, que todo ciudadano de Aragón, del País Vasco, del País Valencià, pueda reclamar estos papeles, y que el Gobierno -se lo marcaba la ley hace dos años- establezca un procedimiento.
La segunda, que también -y el 29 de agosto lo recordaba el señor Tardà- emplazamos al ministro a que nos dijera por qué no cumplía otra parte de la ley que afectaba a Cataluña, que era devolver los papeles de los ciudadanos, instituciones privadas,
etcétera, de Cataluña. 2 millones de documentos. No puede ser que a los dos años se nos diga que no hay que ir con prisas, que hay que ir despacito, cuando -repito- en esta casa, cuando se aprobó la ley, se habló de momento histórico, de
recuperación histórica, de gran momento, donde se sirve a la democracia, la dignidad se recupera, etcétera. Esto no puede ser. Por tanto, hoy no tiene sentido que no aprobemos una cosa que nos propone el Grupo Parlamentario Vasco que está lleno de
sentido común. Está pidiendo que se cumpla una ley que se aprobó hace dos años, que se cumpla, y se nos da, o se da al Gobierno un mes para actuar. Entiendo que ustedes han de replantear claramente este tema. Ustedes no pueden sistemáticamente,
por las razones que sean -y no quiero entrar ahora a hacer comentarios que podría realmente hacer-, ignorar lo que es una ley que aprobamos, que aprobamos de una
forma clara -está reproducido y documentado lo que dijimos-, y plantear hoy cosas como que no se puede exigir en un mes algo que exige mucho más tiempo cuando tenemos dos años.
Lamento por todo lo anterior la situación que se está produciendo con los amigos del Grupo Vasco, pero aprovecho la ocasión para recordar lo que debatimos el 29 de agosto. Estamos en la misma situación. Hay un conjunto de ciudadanos en
Cataluña que no entiende que hayamos devuelto los papeles de la Generalitat y que no hayamos dado ningún paso para devolver 2 millones de documentos de ciudadanos y de entidades -sindicatos, asociaciones culturales, etcétera- que tienen derecho a
recuperar sus papeles, que les fueron expoliados. Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo va a apoyar claramente esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Rodríguez-Salmones, por favor.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Hace dos años esta Cámara aprobaba una ley que, a nuestro juicio, entonces, y hoy, señor Bedera, lo hemos comprobado una vez más, tenía dos objetivos por parte del Grupo Socialista, dos: primero, amarrarse unos votos necesarios en la
investidura y, segundo, como ha hecho usted hoy, demonizar al Partido Popular. ¿Objetivos cumplidos? No lo sé. Sospecho que sí o que lo están intentando. Jugaron con las emociones, con la dignidad, con la justicia, jugaron ustedes con todo para
objetivos partidistas, que no políticos. Sencillamente partidistas. La ley que se aprobó aquí era inconveniente, era parcial, y lo sabíamos todos. ¿Qué decían ustedes? Cuando reclamen otros territorios, ya se nos ocurrirá algo; cuando reclamen
otras instituciones, ya se nos ocurrirá algo. Y a eso le llamaban dignidad, a eso le llamaban resolver un problema. ¡Ya se nos ocurrirá algo! Y cuando el centro que nos estamos inventando de la memoria no tenga un solo metro más, ¡ya se nos
ocurrirá algo! ¿Y cuando los particulares reclamen? Esto es lo más doloroso. Aquí, la señora Cunillera nos leyó una carta emocionante. ¿Dónde duerme esa carta, señores de la mayoría? Cuando los particulares reclamen, ¡ya se nos ocurrirá algo! Ad
calendas graecas, ¡ya se nos ocurrirá algo! Ustedes jugaron con la dignidad, con los sentimientos y con la justicia. Y eso ha quedado claro hoy aquí y precisamente en sus palabras.
Ahora llega un ministro nuevo. Vamos a ver qué dice el ministro nuevo, porque en el anterior ya no confiaban mucho. Al ministro nuevo todos los que han tomado la palabra le han reclamado que hable de esta cuestión en sesión extraordinaria.
¿Cuánto le dedica el ministro nuevo a esta cuestión, señorías? Veintitrés líneas del 'Diario de Sesiones', veintitrés, siete minutos, y los pueden ustedes contar. Sin embargo, en veintitrés líneas dice tres cosas altamente inconvenientes, y se las
voy a mencionar. Afirmación uno. El ministro -autorreferencial por excelencia; las lenguas, la cultura, Salamanca, todo es él; es un monumento a la autorreferencia- dice: Me importa mucho esto porque los papeles de mi familia están ahí. ¡Vaya
un argumento! ¿Y si no estuvieran ahí? ¿Tendríamos que sospechar que el ministro no actúa con justicia? Monumento a la autorreferencia. Afirmación dos. Dice: Creo que no debo perder más tiempo en esto. Esto es lo que hoy tenemos aquí: No debo
perder más tiempo; y llevaba quince líneas. No quería perder más tiempo.
Afirmación tres, señores del PNV. Dice: No está prevista la devolución de documentos y el resto del procedimiento está por fijar. No están mal, en veintitrés líneas,
estas tres afirmaciones.
Este es un problema muy serio, muy grave y además inaplazable, y lo ha sido siempre. Hay muchos archivos de la represión, muchos archivos de la dictadura, están todos los países del Este. Ni uno solo ha optado por este procedimiento, ni
uno, porque sabían todas estas consecuencias que hoy estamos viendo. ¿Qué les hemos pedido nosotros? Les hemos pedido una y otra vez que se consulte a la Junta Superior de Archivos, que sabe cómo hacer esto. ¿Por qué no han querido? ¿Por qué han
tenido miedo a consultarlo? No era preceptivo, era imprescindible.
Señores del Grupo Socialista, señor Bedera, que ha vuelto a demonizarnos, se podrá no estar de acuerdo con nuestra postura, naturalmente; se podrá discrepar de nuestras propuestas, naturalmente; pero nadie nos podrá acusar ni reprochar -y
a usted sí- que hemos jugado con los sentimientos, con la dignidad y con la justicia de nadie. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Esteban, ¿la enmienda?
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, no aceptamos la enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, así se tendrá en cuenta a la hora de la votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA EXPROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO QUE PASÓ A TITULARIDAD PRIVADA DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA. (Número de expediente 162/000621.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la expropiación del patrimonio del Estado que pasó a titularidad privada durante
la dictadura franquista. Para
la defensa de la proposición no de ley interviene con un turno de siete minutos el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el 5 de diciembre de 1938 Francisco Franco Bahamonde, militar sublevado al legítimo Gobierno de la República -se convertiría después en dictador por más de cuarenta años-, leía un pergamino que le
otorgaba la titularidad del pazo de Meirás. Decía que la ciudad y la provincia de La Coruña hicieron la ofrenda o donación de las torres de Meirás al fundador del nuevo imperio, jefe del Estado, generalísimo de los Ejércitos y caudillo de España.
El 5 de diciembre de 1938. Casi setenta años después, el 30 de agosto de 2007, los descendientes del dictador daban con la puerta en las narices a los técnicos de la Xunta de Galicia, que pretendían realizar una inspección en el interior del pazo y
en sus jardines para determinar si es susceptible de ser declarado bien de interés cultural. Alguien puede pensar que esto es una anécdota; se trata simplemente de un ejemplo de lo que fue un régimen autoritario y cruel, pero también de lo que fue
un régimen expoliador.
Cuando la familia Franco se comporta de esta manera, treinta años después de la muerte del dictador, quizás siga creyendo que España fue, y aún sigue siendo un poquito, parte de su cortijo. La magnitud del expolio y su impunidad se concreta
en la actitud de la familia, de la familia del dictador respecto al pazo de Meirás. La pretensión de la Xunta es totalmente razonable, dado que el pazo fue hecho construir por Emilia Pardo Bazán como un espacio de encuentro para escritores e
intelectuales y hoy de lo que se trata es de determinar si es un bien de interés cultural. El objetivo no es la expropiación, es algo mucho más básico, más elemental, si se quiere: se trata de abrir sus puertas cuatro días al mes, se trata de que
haya un control permanente del Estado o de la Administración en torno a la conservación del edificio y de sus jardines.
La actitud de la familia del dictador es simplemente impresentable e intolerante. No se puede dar con las puertas en las
narices a la expresión de la legalidad y de la legitimidad democráticas que tiene hoy el Gobierno de la Xunta de Galicia. La realidad es que es absolutamente chocante, porque treinta y un año después de la muerte del dictador el pazo de Meirás, el
pazo pretendidamente donado, fue precisamente un pazo entregado a la familia Franco después de donaciones bajo el signo del terror, bajo el signo de la amenaza, exigiendo a funcionarios, a administrativos y a personas que diesen aquellos recursos, y
que, si no lo hacían, se tendrían que atener a las consecuencias.
Lo cierto es que el pazo de Meirás no es un caso aislado. Tenemos el palacio del Canto del Pico, donde moriría Antonio Maura, palacio que fue regalado al dictador y que se vendería en 1988 por 300 millones de pesetas. El palacio de
Cornide, en A Coruña, otro regalo en el que intervino previamente el Ministerio de Educación para después acabar sacándolo a subasta para comprarlo a bajo precio y entregárselo también a la familia Franco, a nombre de Carmen Polo. Cerca de Madrid
disponían de otra finca, la de Valdelasfuentes, una finca de diez millones de metros cuadrados, donde se van a construir más de 4.000 viviendas, finca donde ha habido un pelotazo mayúsculo, propio de estas formaciones extraordinarias. En las
recepciones recibían regalos que nadie auditaba y que acababan formando parte de su patrimonio. Y así podríamos continuar y continuar. Lo cierto es que la familia Franco y la Fundación Francisco Franco se quedaron con documentación del Estado sita
en El Pardo y lo cierto es que muchos historiadores han denunciado que aquellos documentos fueron vendidos a anticuarios. En total, la familia Francisco Franco, con un sueldo de humilde general, atesoró más de 60.000 millones de las antiguas
pesetas.
Hoy les planteamos aquí que dejemos de mirar hacia otro lado, que entendamos que en este país pasaron cosas muy gordas y muy graves; que asumamos que la Administración tiene que saber lo que la familia Franco se apropio del Estado, que se
tienen que auditar esas cuentas y que se tiene que ver si existe la posibilidad legal de recuperar lo que fue patrimonio del Estado. Y en el caso del pazo de Meirás se exige, desde el punto de vista democrático, que la Administración intervenga y
que el Estado ayude con todos los mecanismos, con todos los instrumentos. Eso sería síntoma de estar en un país mínimamente normalizado. Imagínense ustedes que esto pasara en otros países con dictaduras que duran años, en las que el dictador o su
familia, años después, gozasen de una fortuna extraordinaria mientras el Estado se quedase de brazos cruzados viendo cómo viven.
Nuestra proposición no de ley tiene tres puntos sencillos, muy sencillos: el primero, que se realice un inventario de esas propiedades patrimoniales de toda índole, de esas propiedades patrimoniales que acabaron formando parte del
patrimonio de la familia Francisco Franco y que eran patrimonio del Estado. El segundo, que se estudien las vías administrativas y jurídicas al alcance del Gobierno, con el objeto de recuperar aquello que fue del Estado, aquello de lo que se
apropió la familia Francisco Franco. Y el tercer punto, también sencillo, que se adopten las actuaciones necesarias para colaborar con la Xunta y que se estudien las posibilidades de expropiación como patrimonio público. Es una propuesta sencilla,
simple, clara, diáfana, si me lo permiten, de sentido común, y es una propuesta que no entenderíamos que hoy no se pudiera aprobar. Sabemos que, si se aprobase, el Partido Popular criticaría, claro que lo haría, pero es que, si no se aprueba, mucha
gente de izquierdas, mucha gente demócrata, mucha gente que no entiende cómo la familia Franco puede tener tanta fortuna y el Estado quedarse de brazos cruzados, no entenderá que no aprobemos algo de sentido común: que auditemos lo que tienen, que
intentemos recuperar lo que era del Estado y que ayudemos a la Xunta a conseguir entrar en el pazo de Meirás. No es solo una propuesta
nuestra y no es una propuesta invasiva. No lo decimos solo nosotros: el BNG, en una enmienda, nos plantea también la posibilidad de la expropiación. Es de sentido común que el Estado ayude para garantizar que la familia del dictador
cumpla con la ley y abra las puertas, y es responsabilidad de un Gobierno democrático, no progresista, democrático, ayudar al Gobierno de la Xunta con los instrumentos que tiene a que esa familia del dictador abra las puertas del pazo de Meirás. Lo
decimos nosotros, lo dice el BNG, lo dice el sentido común.
Termino, señor presidente. Mucha gente no entenderá que la proposición no de ley del sentido común y de la exigencia democrática se apruebe. A nosotros no nos preocupa lo que diga el Partido Popular, a nosotros nos preocupa lo que dice el
sentido democrático. Por eso pedimos que, como mínimo, se colabore con la Xunta y se estudie, simplemente se estudie, la posibilidad de la expropiación como patrimonio público. Hoy no es una cuestión de cálculo electoral, no se trata de ver si con
esta proposición no de ley el Partido Popular saca un cuerpo más o un cuerpo menos; se trata de una cuestión de exigencia democrática y en la exigencia democrática no caben los cálculos electorales. Es sentido común. Yo quiero estar en un
Congreso que diga que no acepta que la familia Franco tiene un patrimonio que era del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señor presidente. Yo quiero estar en un Congreso con una mayoría que diga claramente que vamos a poner toda la carne en el asador para recuperar lo que es patrimonio del Estado; yo quiero estar en un
Congreso que hace lo que hacen otros Congresos que han padecido tantos años de dictadura. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, en primer lugar Grupo Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego registró el día 4 de septiembre en la Comisión de Cultura una proposición no de ley precisamente para que, desde las competencias del Estado, se diese cobertura a la actuación de la
Xunta de Galicia en relación con la problemática del pazo de Meirás. El día 5 el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida registró esta proposición no de ley para tratarla en Pleno, y es lo que hoy nos ocupa. Vamos a fijarnos exclusivamente en el
punto 3 de la proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, porque es concomitante con el planteamiento que hace el Bloque Nacionalista Galego en la proposición no de ley a que he aludido. Lo primero que nos gustaría es que todas SS.SS.
fueran conscientes de que este problema nace precisamente provocado por una demanda de carácter popular y, en particular, por parte de algunas de las familias expoliadas o expropiadas. Además, este tipo de sentimiento y de demanda fue asumido por
un gobierno municipal de la villa de Sada, al frente del cual está el Bloque Nacionalista Galego y, por último, asumido por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. Por tanto, no es un problema creado de la nada o incluso una invención
esotérica momentánea de alguien a quien se le ocurrió que había que enfrentar este problema.
Es sin duda un caso simbólico muy importante, expresivo de lo que pasó en muchos aspectos del franquismo inmediato al inicio de la guerra civil, porque sin duda se trata en este caso de un bien que aparentemente fue comprado para donarlo al
jefe de Estado y caudillo de aquel régimen antidemocrático. Pero lo que se compró, señorías, fueron exactamente unas torres, es decir, un pazo y además un territorio que es prácticamente la mitad de lo que hoy configura el conjunto del pazo de
Meirás. Se compró precisamente a la heredera de Pardo Bazán en unas circunstancias que incluso fueron dolorosas para los propios herederos, al comprobar cómo prácticamente, una vez que se había pagado el dinero por ese bien inmueble, no se les
permitió entrar en el pazo para retirar ningún tipo de bien personal de lo que fuera la eximia escritora. Pero este tipo de conducta fue previamente frecuente a la compra del pazo. ¿Por qué razón? Porque realmente lo que aparecían como donaciones
eran en gran manera expropiaciones, lo que aparecía como un obsequio del pueblo de A Coruña no era más que la extorsión y la amenaza sobre funcionarios que en sus nóminas mensuales tenían que entregar una parte del dinero, ya descontado previamente
por parte de la Administración -funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña o de la Diputación Provincial-, y además figuraban como aportaciones voluntarias lo que no era sino producto de la intimidación y de la extorsión. Es más, señorías, como
pueden comprobar en los NO-DO, en ese pazo se celebraban consejos de ministros, por lo tanto actuaciones de carácter público con consecuencias prácticas desde el punto de vista administrativo, no separando lo público de lo privado, lo cual incidía
mucho más aún en que se trataba de un bien inmueble que era prácticamente usado para funcionalidades de carácter oficial. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Circunscribiéndonos al pazo de Meirás, nosotros pensamos que hay tres escalones en el problema. El primero, lograr que la Xunta de Galicia pueda conseguir que sus técnicos entren para tomar las decisiones oportunas en cuanto a declarar el
pazo bien de interés cultural. Y hay una pregunta que hacer en relación con esto. ¿Es el pazo de Meirás un bien cultural? Pues sí, señores. En primer lugar, por una cuestión básica. Es un pazo de carácter modernista, pero asentado en una
construcción previa de un pazo del siglo XVIII. El jardín y el propio edificio están todos cubiertos de múltiples elementos que fueron expoliados en el conjunto de Galicia, esculturas
románicas, tímpanos, fuentes barrocas, y además tiene un importante valor simbólico por ser la residencia de doña Emilia Pardo Bazán y aún conservar 3.000 ejemplares de su biblioteca, es decir, la parte que no se entregó a la Real Academia
Gallega después de un grave incendio cuando ya era propiedad de los Franco. En segundo lugar, hay que amparar el proceso administrativo para declarar BIC o iniciar un proceso de expropiación, si es el caso, si hay que deducir de las posiciones de
la familia Franco que la expropiación es la única medida acertada. En último extremo, señorías, hay que lograr el uso público, bien cuatro días, bien en su totalidad, si se recupera la propiedad, para que por lo menos pueda ser un bien usado desde
el punto de vista de los intereses sociales.
Acabo ya, señor presidente. Creo que sería un error olvidar, porque además hay documentos comprobatorios, que el pazo fue irregularmente, injustamente y antidemocráticamente, pasado a propiedad de los Franco y que esta donación al entonces
dictador se hizo mediante expropiación forzada, extorsión y descuentos en nóminas de trabajadores públicos. Las administraciones públicas hoy, por lo menos en atención y en correlación con la posición de la familia, deben de actuar
consecuentemente, y es la protección que en este momento pedimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario Socialista. Para defender su enmienda, señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en relación con la PNL que presenta el Grupo de Izquierda Unida mi grupo distingue dos partes. La primera parte, de carácter general, propone la redacción de un inventario del patrimonio del general Franco, con objeto de proceder
a la recuperación de dicho patrimonio por el Estado, y la segunda parte de la PNL tiene como objeto que el Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, ayude a la Xunta de Galicia en todo aquello que necesite y que le solicite para
convertir el pazo de Meirás en un bien de interés cultural. Mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución, por la cual se eliminan las dos primeras partes de la PNL de Izquierda Unida y se mantiene la tercera, que es la referida al pazo de
Meirás. Nuestra enmienda dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, colabore con la Xunta de Galicia en las actuaciones que esta le solicite, derivadas de la declaración como bien de interés
cultural del pazo de Meirás. Por tanto, señorías, nuestro acuerdo y nuestro compromiso para ayudar, desde el Gobierno, a la Xunta de Galicia en todo aquello que tenga como objeto convertir el pazo de Meirás en un bien de interés cultural.
Señor Herrera, en cuanto a la primera parte de su PNL, cuando la leía pensaba que era una gran lanzada, pero es una lanzada que llega tres décadas tarde y además se queda corta. Porque una dictadura, por sistema, arroja la sombra de la
sospecha no solo sobre el dictador sino sobre el patrimonio de toda la clase política, de toda la dirección política de la dictadura y usted se ha quedado corto. La dictadura es un escándalo porque los dictadores no solamente roban la libertad o la
vida de sus compatriotas, sino que además se llevan más cosas que la libertad y la vida. Lo que ocurre, señor Herrera -le aseguro que no me gana en fervor democrático ni en conciencia antifranquista-, es que nosotros le podemos acompañar en la
conversión del pazo de Meirás en un bien de interés cultural, pero no en lo otro, que es un proceso de límites imprecisos y consecuencias inciertas. Creo que hoy usted con esta proposición no de ley da una alegría a los antifranquistas, pero sobre
todo alimenta el discurso de otros y, si no, hágame caso y lea mañana determinada prensa y verá cómo nos acusan de no ocuparnos en el Parlamento de los problemas de la gente en lugar de hacer como ha hecho el Partido Popular -ahora le escucharemos-,
que se ha estado ocupando durante toda la legislatura de problemas como los que ha dejado el señor Rajoy en el 'Diario de Sesiones' cada miércoles, problemas que por cierto no tenían nada que ver con los problemas de la gente.
En cuanto a la dictadura como tema general, tenemos un lugar para llegar a un acuerdo, y es la Ley de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Estoy convencido de que tanto ustedes como nosotros respetaremos el pacto al que llegaron
nuestras fuerzas políticas y sacaremos adelante esa ley, que es el lugar donde hacer esta reflexión general y desde el que sacar adelante lo que todos los demócratas y todos los antifranquistas ansiamos desde hace mucho tiempo. Tenemos una
oportunidad, usted sabe que nuestra enmienda dice lo mismo, defiende la necesidad de que el Gobierno ayude a la Xunta en lo referente al pazo de Meirás. En lo otro ya sabe usted cuál es nuestra posición, cuál es el lugar de la discusión, la Ley de
Víctimas. Espero que tengamos éxito, la saquemos adelante cuanto antes y eso sea una alegría y una baza importante para todos los demócratas y para todos los antifranquistas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Esquerra Republicana. Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Al escuchar al diputado socialista uno tiene la impresión de que no se cree demasiado lo que dice, al menos lo que se visualiza parece que es más una postura políticamente correcta que sentimiento, porque extraña que un socialista,
atendiendo al victimario de los compañeros socialistas, pueda hablar en esos términos. Es obvio que durante la dictadura se amasaron grandes fortunas y ustedes no quieren verlo, y una de las familias que amasó mayores fortunas fue la familia del
dictador.
De hecho,
aun cuando el compañero Joan Herrera ha dado cifras, hay historiadores que las ponen en duda, aduciendo que deberían ser mayores. Nuestro grupo siempre ha defendido que el marco de la Ley de la Memoria Histórica debería ser el lugar donde
se tendría que haber dilucidado, pero ya sabemos que el Gobierno no va a cuestionar en ningún momento las actuaciones ilegales e ilícitas que se perpetraron bajo el amparo del régimen de los sublevados. De hecho, ustedes no pretenden cuestionar la
actividad de los caciques expropiadores de empresas que todavía hoy -se lo voy a repetir: empresas que todavía hoy- cotizan en la Bolsa de Nueva York. Y usted sabe qué empresas son y conoce los nombres de algunos grandes accionistas que amasaron
grandes fortunas con los esclavos. ¿Sabe a quién me refiero? Me refiero a todos los republicanos esclavos de estas empresas. Hablamos de explotadores, torturadores, asesinos, etcétera.
Llegará un día que podamos dar nombres. No es el momento.
Nosotros no los callaremos.
Hoy, pues, estamos aquí otra vez para reclamar justicia, porque las injusticias de la dictadura, y entre ellas las de corte económico, recaen sobre las espaldas de unas víctimas que lejos de ver reparado moral y económicamente aquello que
les fue arrebatado, ven cómo la democracia vuelve a legalizar su opresión. La viuda de Franco, caso insólito en la historia, se jubiló con un sueldo mayor que el que tenía el presidente del Gobierno. Fíjese que vergüenza para la democracia. Por
ello, atención, presentamos dos enmiendas: una de ellas va dirigida a corregir un tanto lo presentado por nuestros compañeros de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque entendemos que no solamente tiene que ser devuelto aquello que
es patrimonio nacional, sino que también hay que preguntarse a quién fue enajenado, porque posiblemente antes que el Patrimonio Nacional del Estado hubo un republicano, un socialista, una persona que tenía los bienes o un sencillo demócrata al cual
le fue arrebatado el patrimonio que luego pasó a Patrimonio Nacional del Estado, etcétera; es decir, que hay que cuestionarse también de dónde sale el bien inmueble.
Además, ¿cómo es que no planteamos también otra cuestión que forma parte de la segunda enmienda que presentamos? Hay que instar al Gobierno a que haga todo aquello que haga falta para retirar los títulos nobiliarios que dio el rey de
España, Juan Carlos de Borbón -persona que desde esta tribuna juró los principios fundamentales del movimiento, cuando todavía no estaba enterrado el cadáver del dictador-, el señorío de Meirás a la viuda del dictador, Pilar Polo y Valdés (Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben.), Carmen, perdón (Un señor diputado: Pilar Primo de Ribera...), perdón (Un señor diputado: Sí, sí, sí.), y el ducado de Franco a su hija. Por cierto que ya exigimos, en la ley que aprobamos no hace
mucho tiempo para regular el acceso de las mujeres a la herencia de los títulos nobiliarios, que había que terminar con esa antigualla y abolir todos los títulos nobiliarios. Y ustedes, para hacer un favor al señor don Pedro J. Ramírez, al señor
Anson y otros personajes que aspiraban también por razones familiares a poder acceder al título nobiliario -consortes, por supuesto-, con una cierta vergüenza -y me consta porque algunos diputados socialistas incluso se bajaron del escaño- dieron
vía libre a esta vergüenza. Pues bien, a ustedes les pedimos -y de hecho le pedimos al grupo de Izquierda Unida que acepte nuestra enmienda- que se retiren los títulos nobiliarios que dio el rey de España a la viuda y a la hija de Franco. Esto es
una vergüenza que no se puede permitir. De la misma manera que también les instamos a plantearse la retirada de los títulos nobiliarios que dio el dictador a los generales más significados por su crueldad represora: Queipo de Llano, General Mola e
incluso Carrero Blanco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Vasco el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, respecto a la iniciativa que presenta Izquierda Unida, el caso no es exactamente una expropiación de patrimonio del Estado, como bien es conocido. El caso concreto de lo que se presenta en estos
momentos, con relación a todo lo que pudieron suponer los bienes adquiridos durante la época de la dictadura por la familia Franco, del pazo de Meirás, es bastante sangrante, puesto que aunque no provenga del Patrimonio del Estado, la denominada
Junta provincial pro pazo del caudillo, utilizó métodos de absoluta extorsión para adquirir ese bien para el dictador. También sería impresentable que ya sea la persona que sea, el dueño que sea o la familia que sea, se impida el acceso a los
técnicos de una administración pública para que puedan dictaminar sobre la procedencia o no de una declaración de bien de interés cultural. En cualquier caso, sería impresentable. En este ejemplo, por las características que lo envuelven, todavía
lo es más, pero es verdad que puede haber -hay-, como dice Izquierda Unida, muchos casos más que el pazo de Meirás respecto a la familia Franco, y encontraríamos otros respecto a familias prominentes de la dictadura, y casos en los que el Estado
durante la dictadura franquista se adueñó de bienes de personas físicas y jurídicas y no los ha devuelto. Se me ocurre poner dos ejemplos que vienen ahora al vuelo, el edificio de la subdelegación del Gobierno del País Vasco en Bilbao o el edificio
de la Avenue Marceau en París, propiedad del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, tendríamos mucho de qué hablar y, en ese sentido, su proposición -antes decía límites imprecisos- se queda corta; debería ir mucho más allá y deberíamos ver las
vergüenzas de unos y de otros en aquellos tiempos.
En el segundo párrafo no es muy adecuado lo que ustedes mencionan sobre la recuperación para el Patrimonio Nacional del Estado. Esa fórmula concreta, el
Patrimonio Nacional, es un ente que depende del Gobierno; estamos hablando de palacios reales, de reales sitios y, en todo caso, sería el patrimonio del Estado, pero tampoco sería lo adecuado y lo conveniente, porque la estructura
político-administrativa del país no es la misma que en aquella época y, por lo tanto, deberíamos estar hablando más de devolución, en su caso, al patrimonio público, que bien puede ser perfectamente el de las comunidades autónomas en algunos casos.
No tenemos ningún inconveniente en apoyar su iniciativa tanto respecto al inventario que pretenden que se realice, a la recuperación del patrimonio recuperable, como con lo referente a las medidas de apoyo a la Xunta. En nuestra opinión, la
enmienda del Bloque Nacionalista Galego precisa muy bien los puntos que serían necesarios para ese apoyo, y el propio grupo proponente seguramente la va a aprobar. Sin embargo, nos decepciona la enmienda socialista. Antes, su portavoz hablaba de
límites imprecisos.
Claro, son límites tan imprecisos los que ustedes manejan y establecen en su proposición no de ley que se han quedado cortos, pero lo preocupante al modo de ver de nuestro grupo -y lo ha dejado claro de manera explícita el
portavoz socialista-, es que al PSOE le preocupe lo que mañana vayan a decir ABC o La Razón. Eso es lo preocupante, que no se actúe ni en justicia ni ideológicamente en coherencia con unas actitudes y en entendimiento de una democracia determinada
y se esté -me temo que no en este caso porque sería una anécdota- todo el día por parte del Gobierno mirando de reojo, con el rabillo del ojo, a los medios de comunicación de la derecha opuestos al Gobierno. Eso es lo preocupante. Señor
presidente, mi grupo apoyará esta proposición no de ley, a no ser que se admita por parte del grupo proponente la enmienda socialista, hecho que nos pensaríamos quizás como mal menor, pero no nos gustaría.
El señor PRESIDENTE: ¿Convergència i Unió? (Pausa.)
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Convergència i Unió para fijar la posición ante esta iniciativa, esta proposición no de ley, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Durante el turno de portavoces, han sido distintos
los portavoces que han planteado aquello que preocupa y ocupa, y debe preocupar y ocupar, a este Congreso de los Diputados. A este Congreso de los Diputados le preocupan y le ocupan las infraestructuras, las pensiones, las políticas sociales, pero
también le puede y le debe preocupar hoy discutir sobre el objeto de la iniciativa del grupo parlamentario proponente. Esta es una Cámara que en esta y en anteriores legislaturas ha echado una mirada al anterior régimen y ha avanzado en el
reconocimiento de lo que supuso el mismo. Alguien se puede preguntar por qué ahora y no hace 31 años. Señorías, también les tengo que recordar que el 20 de noviembre del año 2003, este Congreso de los Diputados, en la Comisión Constitucional y por
unanimidad condenó el franquismo. Lo hizo por unanimidad en el año 2003, y no antes, porque algunos llegaron tarde, pero es evidente que no todo se resolvió al principio de la recuperación de la democracia.
En este sentido, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos plantea temas de fondo y algunos temas objeto de hechos que han sido noticia y también contencioso-políticos este verano, a partir de la
resistencia de la familia Franco a que funcionarios de la Xunta de Galicia inspeccionaran el pazo de Meirás. A nosotros nos parece oportuno; vemos la oportunidad política de que esto se plantee ahora y no en el pasado. Nos parece oportuno el
planteamiento de la Xunta de intentar remover los obstáculos para que se puedan abrir las puertas del pazo de Meirás, y que se remuevan los obstáculos para la declaración de patrimonio cultural. Tanto el planteamiento inicial del grupo proponente,
como la enmienda del BNG, punto de encuentro de otros grupos parlamentarios, solo plantean el Patrimonio del Estado en caso de degradación del pazo de Meirás. En definitiva, señorías, a este grupo parlamentario, Convergència i Unió, formado por
Convergència, un partido nacido de la lucha antifranquista, y Unió, partido con más de 75 años de existencia y que también sufrió la persecución durante el franquismo, no le parece nada mal, sino todo lo contrario, la oportunidad política de
plantear esto ahora, en este debate en el Congreso de los Diputados.
Llegamos al final de esta discusión sin tener muy claro qué va a aceptar el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con lo cual tampoco puedo expresar el sentido final del voto del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Les expreso la predisposición a votar a favor de la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista. Es importante que hoy, de este debate parlamentario salga una mayoría favorable a un pronunciamiento en este sentido.
También les quiero expresar nuestra predisposición a votar a favor de la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, que creo que puede ser y es punto de encuentro. Se ha hecho referencia a la Ley de la Memoria Histórica. Sería lamentable y
notablemente triste que en el tiempo de descuento y por piés de página, no pudiéramos tener un pronunciamiento de mínimo común denominador en tantos temas que compartimos distintos grupos parlamentarios. Señor Herrera, le puedo expresar nuestra
predisposición hasta donde los otros grupos también se la han ofrecido, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y básicamente también la enmienda del Bloque Nacionalista Galego. En el turno final veremos el sentido de lo que acepta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Este es un planteamiento importante pero, una vez más, en la iniciativa de hoy,
como en otras iniciativas de esta legislatura, nos ha faltado una reflexión más general, 31 años después de la muerte del dictador, Franco, sobre la situación actual. En Italia, no han hecho Ley de la Memoria Histórica, sino que el
presidente de la República declaró en un acto solemne los graves errores del conjunto de la sociedad italiana en aquel momento. En Portugal también ha habido debates en este sentido. Nosotros estamos terminando la legislatura con distintas
iniciativas, con una ley con veinticinco artículos objeto de distintas transacciones, pero mi grupo parlamentario echa en falta una reflexión más profunda, hecha con el sosiego y con el mismo espíritu de concordia, pero con la capacidad de avanzar
respecto a aquel pacto, que también fue un pacto de amnesia de hace treinta años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular. Señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señoría, por una vez y sin que sirva de precedente voy a coincidir con el señor Tardà en que este es un debate cuyo ámbito propio parecería ser el proyecto de Ley de Memoria Histórica. Debería
haberle dicho a sus compañeros de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que esto hubiera encajado muy bien en una enmienda para hacer una nueva disposición adicional del proyecto de Ley de Memoria Histórica. Por otra parte, tengo la sensación de
que este es un debate entre la izquierda, según han dicho algunos medios de comunicación, y tengo que decir que no andan desencaminados. Da la sensación, a la vista de cómo parece que van las negociaciones del Gobierno con ustedes en torno a ese
proyecto de Ley de Memoria Histórica, de que esta iniciativa se plantea precisamente como un instrumento legítimo, por supuesto, pero un instrumento legítimo de presión al Gobierno para forzar un acuerdo en relación con ese proyecto de ley.
Por lo demás, tengo que decir, como se ha señalado muy bien, que esta iniciativa tiene dos partes. En cuanto a la primera, hay una cosa que me preocupa especialmente, lo relativo a las leyes personales. Pienso que si hay algo que todos
tenemos muy claro en esta Cámara es que todos somos iguales ante la ley y que la ley no puede hacer acepción de personas, ni aunque se apelliden Franco. La ley no hace acepción de personas y creemos en el principio de igualdad de los ciudadanos
ante la ley. Si hay patrimonio de la familia Franco, de sus sucesores, de quien sea, que por el procedimiento que sea ha llegado a esas manos y ahora tiene interés público y debe ser expropiado, para eso están la ley y los tribunales.
Nosotros
creemos en el Estado de derecho y por tanto debe actuarse conforme a la ley. Ahora, si lo que se quiere es no actuar conforme a la ley, sino conforme estrictamente a criterios políticos al margen de la ley, a lo mejor sí tiene sentido traer una
iniciativa de estas características. Lo digo claramente. La ley trata a todos por igual y la justicia es ciega. Por eso se la representa con una venda cubriéndole los ojos. Como estamos en una democracia, afortunadamente, como estamos en un
Estado democrático de derecho, afortunadamente, como creemos en el principio de separación de poderes, afortunadamente, como creemos que la justicia es independiente, afortunadamente, y como las leyes si no son las adecuadas aquí las podemos
cambiar, que se actúe en el marco de la ley y acudiendo a los tribunales de Justicia cuando proceda. ¿Qué ha pasado durante estos 32 años después de la muerte de Franco? Que ni la Fiscalía del Estado ni la Abogacía del Estado ni el Defensor del
Pueblo ni los diversos gobiernos que han existido han removido los obstáculos en orden a que se eliminaran injusticias flagrantes. No han cambiado las leyes que eran precisas para conseguir objetivos legítimos y que debían servir al interés común.
¿Qué han estado haciendo entonces estos gobiernos -insisto- y todas estas instituciones durante estos 32 años? Por eso hago hincapié en lo de la ley personal, porque no se puede hacer una ley personal contra la familia Franco, como he dicho, en un
Estado democrático y de derecho. Otros regímenes, como el nazi o el soviético, claro que hacían leyes personales y, por cierto, la ley personal, como saben, es fruto del régimen nazi, por lo que en un Estado democrático y de derecho no se pueden
hacer leyes personales para nadie, ni siquiera para Franco y sus descendientes.
En cuanto a la segunda parte de la iniciativa, que se diga que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que colabore con la Xunta de Galicia para hacer lo que la Xunta de Galicia tiene que hacer, como mínimo suena a palmadita
paternalista. De verdad, no entiendo cómo el BNG, cómo el señor Rodríguez lo apoya y cómo ustedes que gobiernan con el BNG en la Xunta de Galicia, están dispuestos a apoyar esto, porque todos sabemos en qué situación se encuentra el proceso para
eventualmente declarar el pazo de Meirás como bien de interés cultural para en su caso expropiarlo posteriormente. Sabemos que el 30 de agosto los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta no pudieron acceder y que la Xunta legítimamente ha
ido a los tribunales de Justicia, a los juzgados de lo Contencioso de A Coruña. ¿En qué tiene que colaborar el Congreso de los Diputados, en que los juzgados de lo Contencioso de La Coruña resuelvan esa denuncia de la Xunta de Galicia? Supongo que
no estarán pidiéndonos esto. ¿Para qué están pidiéndonos que colabore el Gobierno con la Xunta de Galicia? ¿Para que la Xunta de Galicia, en aplicación de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio Cultural de Galicia, le diga cómo tiene que
proceder para hacer un expediente administrativo, en orden a declarar eventualmente como bien de interés cultural el pazo de Meirás? Realmente me parece una ofensa para la Xunta de Galicia y me parece una ofensa en términos políticos para este
Congreso de los Diputados. Si por lo demás queremos recordarle al Gobierno, desde el Congreso de los Diputados, que cumpla el principio constitucional de cooperación, que como ha señalado en reiterada jurisprudencia
el Tribunal Constitucional no está explicitado en la Constitución pero se deriva necesariamente de ella, para eso no hace falta una proposición no de ley ni hace falta matar moscas a cañonazos, como hemos visto aquí, porque da la sensación
algunas veces de que ustedes están aplicando aquello de lanzada al moro muerto.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Bien!- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Herrera, ¿acepta o rechaza las enmiendas?
El señor HERRERA TORRES: Sí, señor presidente.
Con el objetivo de que hoy en el Congreso haya un pronunciamiento a favor de las acciones de la Xunta respecto al pazo de Meirás y que ese pronunciamiento pueda prosperar, no vamos a plantear las enmiendas que deberían aprobarse sino lo que
se puede aprobar, y eso es la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que vamos a aceptar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a votar, señorías. Son dos votaciones. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para dar cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a
la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 34; en contra, 269; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la expropiación del patrimonio del Estado que pasó a titularidad privada durante la dictadura franquista, con la enmienda
socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 181; en contra, 122; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA PALIAR EL IMPACTO NEGATIVO QUE EL USO DE PRODUCTOS AGRARIOS, EN CONCRETO LOS CEREALES, CON DESTINO A LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL ESTÁ
TENIENDO EN EL MERCADO CON LOS CONSIGUIENTES RIESGOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Número de expediente 173/000212.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Punto II del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes al Gobierno. La primera de ellas es del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno para
paliar el impacto negativo que el uso de los productos agrarios, en concreto los cereales, con destino a la producción de biodiesel está teniendo en el mercado con los consiguientes riesgos para la seguridad alimentaria. Para la defensa de la
moción tiene la palabra por un tiempo de siete minutos la señora Fernández Davila del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subimos a esta tribuna para defender nuestra moción consecuencia de la interpelación que la semana pasada planteamos a la ministra de Agricultura en relación con la subida de cereales y la posible incidencia que en la misma pueda
tener su utilización en la producción de biocarburantes. En la exposición de nuestra interpelación ya mencionábamos el hecho de que en la subida de los cereales incidían diferentes factores y mencionábamos algunos de ellos, entre los cuales estaba
el aumento de la cabaña ganadera mundial, la inestabilidad en la producción, el aumento de la demanda de cereales, la bajada de los rendimientos en los países productores, la concentración de muy pocos operadores comerciales en los países
productores y, en definitiva, una casuística que repercute en los precios de estos productos fundamentales en la cadena alimentaria. Pero no solo la subida del trigo, sino que el aumento del precio de los piensos incrementa, asimismo, los precios
de otros productos, elementos fundamentales y tan importantes como el pan en nuestra dieta alimentaria, la carne tanto de ovino como de porcino, pollos, huevos, etcétera. No es de extrañar lo que acabamos de decir, dado que la producción de piensos
en España está destinada a la ganadería extensiva, en concreto, a la de porcino el 33 por ciento del pienso fabricado; a la avicultura, el 32 por ciento; y a los rumiantes el 27 por ciento, dentro de la Unión Europea.
Estamos de acuerdo, igualmente, y compartimos que la situación cerealística actual es un desastre para el
sector agroganadero. Esto lo pensamos y lo decimos así porque en lo que discutimos la semana pasada parecía que concordábamos tanto en lo que nosotros planteábamos y analizábamos en nuestra interpelación como en la respuesta que nos daba la
ministra. Precisamente por esas razones, las propuestas que hacemos en la moción van en ese sentido, es decir, nuestros apartados 1 y 2, que tienen por objeto demandar del Gobierno actuaciones que permitan paliar las pérdidas que por esta causa
está sufriendo el sector agroganadero y al mismo tiempo que se adopten medidas para evitar la subida de los precios al consumo. Los puntos 1 y 2 de la moción tienen por objeto que el Gobierno actúe en el sector agroganadero del Estado español, de
manera que, como acabamos de decir, se palien las consecuencias de esa subida de cereales que ya dijimos de qué manera repercuten en el sector.
También es cierto que en el debate de la semana pasada quedó patente la discrepancia que mantuvimos con el Gobierno en relación con nuestro planteamiento de que la utilización de cereales para la obtención de biocombustibles es otra de las
causas que inciden en la subida del precio de los mismos. Esta incidencia va in crescendo en la medida que cada vez más se usan estos productos con fines energéticos. No hablamos solamente de esta cuestión en lo que se refiere al Estado español o
a la Unión Europea, estamos circunscribiendo el problema a nivel internacional y de una manera especial y fundamental a los países del Tercer Mundo.
Señorías, si se tienen en cuenta los nuevos objetivos fijados principalmente por la Unión Europea y los Estados Unidos, se espera que el cereal destinado a los biocarburantes aumente en zonas donde ahora se viene realizando el etanol a base
de cereal. La Unión Europea tiene previsto para 2010 que el 5,75 por ciento de los carburantes sean biocarburantes, y un 10 por ciento en 2020. Hay que tener en cuenta que se constata que los costes logísticos del cereal se elevan como
consecuencia de la subida del barril del petróleo.
Consecuencia del debate de la interpelación y la correspondiente información pública sobre este tema, nuestro grupo ha recibido información de personas que consideran necesario debatir en profundidad el tema que nos ocupa y la utilización de
los productos agrarios para la obtención de carburantes. Asimismo, hemos podido comprobar que esta es una cuestión que cada vez preocupa más a nivel internacional. No estamos de acuerdo con que sea una cuestión secundaria, ya que en los países
denominados del Tercer Mundo los efectos se manifiestan de manera más evidente. Nos preocupa que no se tomen las medidas necesarias para evitar que los países pobres sean aún más pobres. De ahí que la propuesta que hacemos en el punto 3 esté
orientada a incidir en la necesidad de abrir debates y negociaciones en los organismos internacionales para impulsar acuerdos que permitan un control sobre los precios de los cereales, al mismo tiempo que a regular la producción de estos productos
destinada a la obtención de biocarburantes, de manera que quede asegurado el abastecimiento alimentario. No hay duda, señorías, de que este tema debe ser abordado en el seno de la OMC, así como las políticas relacionadas con la PAC tienen que ser
preocupación de la Unión Europea.
Precisamente por lo que dijimos al principio respecto a la subida de los precios y cómo afecta a los consumidores del Estado español y al sector agroganadero, hemos presentado estos puntos 1 y 2, y hemos acordado una transacción con el Grupo
Socialista y los demás grupos de la Cámara.
Desde nuestro punto de vista, la enmienda que hemos transaccionado con el Grupo Socialista recoge nuestros puntos y los distribuye de manera más específica y matizada, mientras que el Grupo Socialista ha
aceptado parte de nuestra propuesta, puesto que en el punto 11 de la enmienda transaccional se recoge el punto 3.a) de nuestra moción. Por otra parte, la enmienda que nos ha presentado Convergència i Unió está subsumida en esta transacción,
mientras que la enmienda que nos presenta Esquerra Republicana, aunque nos parece interesante, ya fue aprobada en otra ocasión en esta Cámara. Por estas razones, creemos que esta transaccional acordada con el Grupo Socialista puede suscitar el
consenso de todos los grupos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Fernández Davila.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo anticipa que va a dar soporte a la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista y transaccionada con el grupo autor de la moción, el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, porque incluye nuestra
enmienda, que pedía la suspensión del arancel durante un periodo temporal, que esperamos que se haga realidad en la reunión que estos días está celebrándose en Bruselas por los ministros del ramo.
Como ha dicho la anterior portavoz, doña Olaia, este es un problema muy importante, que afecta de raíz a todo el sector agrario y tiene connotaciones para el sector ganadero. En estos momentos se están produciendo acciones de vulneración de
la producción. Hay una baja de cabañas que posiblemente sea un efecto estructural que provoque en el futuro problemas de mantenimiento de precios y de abastecimiento, cosa que, según dijo la ministra en su intervención de la semana pasada, no se ha
dado en estos momentos. Se han producido acciones de choque sobre la importación de carne de ovino; hay una sobreproducción de cerdo que no encuentra salida en nuestros mercados, aunque se ha avisado de la existencia de una posibilidad de venta en
el mercado chino, y hay una cotización de precios máximos en las lonjas
del pollo que no está provocando los efectos esperados, porque aun así está habiendo una caída del 5 por ciento de esta producción. Frente a un excedente de precios de los suministros, como los cereales, se está produciendo también una baja
de precios de mercado, y por ello hay que actuar con mayor contundencia. Por esta razón, nuestro grupo entiende que de aquí al 20 de noviembre, durante la actual Presidencia de la Unión Europea, hay que tomar conclusiones de mayor profundidad en
cuanto a la eliminación de las tierras de recogida, lo cual tiene que permitir para el año próximo un aumento de la disponibilidad potencial de cereales para la cosecha próxima. Tenemos que hablar de una modificación... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Grau, perdone.
Señorías, guarden silencio. El orador no puede hacer su trabajo. Están todos ustedes charlando.
El señor GRAU I BULDÚ: Tenemos que hablar de una revisión médica de la PAC. Tenemos que pasar de una PAC restrictivista a una PAC más incentivadora, que no produzca el abandono de las tierras. Tenemos que actuar también de alguna forma
para mejorar estos aranceles comunitarios porque el cálculo que tiene la Comisión Europa es deficiente y con retrasos sobre la realidad del mercado. Además tenemos que crear unas medidas de apoyo a la ganadería, que es básicamente el meollo de la
moción que hoy presentamos a votación. Por un lado, proponemos una presión ante los agentes de comercialización para que podamos mantener una comercialización sostenible, creando si hace falta la distinción del comercializador sostenible. Por otro
lado, también solicitamos, aunque no se pide en esta moción pero creemos que es importante, que en España se produzca la eliminación del certificado veterinario y la retirada de la columna, ya que es el único país del marco de la Unión Europea que
lo está aplicando, lo cual incrementa de una forma grave los costes de este sector. Para cerrar este bloque de acciones, pedimos que se inste a gestionar el remanente de la intervención comunitaria y se ponga en disposición en condiciones óptimas
con precios de salida adecuados.
Entendemos, pues, que si con esta fórmula el Gobierno acepta la propuesta de enmienda con todos los compromisos que ha planteado la interpelante, incluyendo la voluntad firme de buscar una solución, y si piensa que
este corolario de acciones que nos ha abierto la propuesta el Grupo Socialista que apoya al Gobierno son posibles, seremos sensibles al problema buscando una solución para atender unas determinadas necesidades del sector, que en estos momentos sí
que está en una situación extremadamente grave, o al menos con expectativas graves de futuro.
Por ello, nuestro grupo votará favorablemente la propuesta y solicita a la proponente y a los enmendantes que lleguemos a un consenso a favor de este sector.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos hoy debatiendo una moción de un tema ciertamente apasionante por sus dos connotaciones: por un lado, la utilización de biocarburantes para reducir emisiones de CO2 y, por tanto, contribuir a la lucha contra el cambio
climático que sufrimos y, por otro lado, el abastecimiento alimenticio o la utilización de tierras de biocarburantes para productos alimenticios. Es un falso debate. Parece que la subida de los precios del cereal de los últimos años podría deberse
a la producción de biocarburantes. Sin embargo, sobre la utilización de los biocarburantes para fines energéticos hablamos, no producimos. Señorías, solamente para la producción de una pequeña parte de bioetanol, que se produce a partir de azúcar,
cereales y remolacha, se dedica una pequeña parte de cereales. Según los datos de la Unión Europea, en el año 2006 se dedicaron en Europa a la producción de bioetanol 1,9 millones de toneladas de cereales, lo que significa el 0,77 por ciento del
consumo de cereales en la Unión Europea, un consumo que en ese mismo año fue de 242 millones de toneladas. No parece, pues, que esta utilización del 0,77 por ciento de cereales para la producción de bioetanol sea la causa de la subida del precio
del cereal.
La subida del precio del cereal tiene, por tanto, otras causas, fundamentalmente un cambio en la producción de cereales a nivel mundial.
Durante mucho tiempo ha habido mucho cereal en el mercado mundial y muy barato. A algunos países les
resultaba más rentable comprar que producir el cereal. También es verdad que la Unión Europea quería eliminar estos stocks de cereales y durante algunos años hemos estado viendo campañas de obligatoriedad de retirada de tierras para producir a
cambio de una subvención. Asimismo se ha incrementado de forma importante la ganadería que se alimenta de piensos que también se hacen a partir del cereal, y países emergentes como China e India están consumiendo más cereal, más arroz, más maíz,
cosa que desde luego nos alegra.
No obstante, no queremos obviar la preocupación cierta que la subida mundial del precio del cereal produce particularmente en nuestro sector agroalimentario. Desde el punto de vista de nuestro sector ganadero la preocupación está
justificada. Señorías, en algunos sectores la alimentación animal puede llegar al 65 o al 70 por ciento de los costes de producción final de este sector ganadero. Por tanto, efectivamente existe motivo para esa preocupación. España, como la
mayoría de los países de la Unión Europea, tiene un mercado deficitario de cereales y en el último año hemos importado 12 millones de toneladas. En cualquier caso, quiero decir que en estos momentos tenemos la mejor campaña de cereales de los
últimos cinco años. Hemos acabado la campaña de cereales de invierno, trigo y cebada, en la que hemos recogido 23,7 millones de toneladas, y vamos a cosechar la campaña de maíz, sorgo y arroz también con un importante resultado. En el
momento actual en el que estamos hablando en España disponemos de 4,25 millones de toneladas más de cereales de invierno que en estas mismas fechas durante el año pasado.
Dicho esto, como efectivamente hay motivos para la preocupación, queremos contribuir a seguir trabajando en la línea en la que viene actuando el Gobierno, y por eso hemos llegado a una enmienda de transacción con la proponente de esta
moción, en el sentido de hacer un seguimiento continuo en el marco de la mesa interministerial y sectorial con las organizaciones agrarias y el resto del sector agroalimentario del aumento del precio del cereal y sus consecuencias en el sector
agroganadero.
Señorías, también queremos apoyar todos los foros de debate sobre la utilización de biocarburantes, y quiero acabar con una reflexión profunda: Utilizar biocarburantes de primera generación -todos los que se hacen a partir de
cereales, de caña de azúcar o de aceites de colza- para mover nuestros coches, que es en lo que pensamos cuando hablamos de biocarburantes y de biodiesel en los países desarrollados, realmente puede parecer ilógico ya que para poder eliminar el uso
de los coches contamos con otras alternativas. Pero el horizonte de la producción de biocarburantes, es decir, utilizar la agricultura para producir energía, según el VII programa marco de la Unión Europea, no está en estas producciones
alimentarias, sino en productos energéticos que no van a competir en espacio con las tierras destinadas a productos alimenticios.
Piensen ustedes que hay muchos países, muchos habitantes de este planeta, que necesitan la energía, el biocarburante,
el biodiesel, no para moverse con un coche, sino para desarrollarse, para calentarse, etcétera, y que también tienen muchas tierras que pueden ser destinadas al cultivo de estos biocarburantes, de estos cultivos energéticos de segunda generación.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Rodríguez, vaya terminando.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Termino, señora presidenta.
Por tanto, estamos absolutamente de acuerdo con la proponente de la moción en que hay que hablar en el seno de los foros internacionales sobre las grandes oportunidades que tienen los cultivos energéticos para el desarrollo de muchos países,
no solo para el desarrollo rural de sus tierras, sino también para su propio desarrollo socioeconómico. En consecuencia, hemos llegado a una enmienda de transacción que hemos presentado a la Mesa y que pedimos al resto de la Cámara que apoye.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos ante un crecimiento histórico del precio del cereal, se calcula que entre el 40 y el 50 por ciento del aumento del precio de los cereales del año pasado. Este aumento es preocupante y podríamos explicar varias causas del
mismo. Seguramente ha sido excesivo el peso que se ha querido dar al biodiesel; tendríamos que tener en cuenta también los problemas de sequía que han padecido grandes productores de cereales como son, por ejemplo, los países del Este;
seguramente también el precio de la energía puede aumentar el precio del cereal, y seguramente también la incorporación del biodiesel pudiera aumentar, aunque muy lentamente, el precio del cereal, y eso no lo podemos obviar. Pero también hay otra
causa, además de estos factores más conocidos, el factor de la especulación. Como ha comentado alguien, hay mucha gente dentro del Estado -porque este año no ha sido una mala cosecha la del cereal- que está aguantando el cereal o, como se decía
popularmente, que está sentado en el montón de cereal esperando el mejor momento para vender. Y este también es un factor claro del aumento del precio del cereal.
¿Qué es lo más preocupante? Que hay sectores que lo están padeciendo.
Algún portavoz ya ha comentado que el sector ganadero está padeciendo o va a padecer el aumento del precio del cereal y también lo están padeciendo los consumidores. En
cuanto al sector ganadero, ustedes ya habrán oído decir que no se ha incorporado en el precio de la carne el aumento de los costes, que es una nota positiva, pero parece que esa no posible repercusión en la venta final de la carne de los aumentos de
coste va a ser un problema grave para el sector ganadero. Y los consumidores también están preocupados. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos básicos que van a subir el precio, ya lo han hecho la leche y los huevos, y posiblemente, al final, ese
aumento del precio va a repercutir en muchos más sectores agroalimentarios. En definitiva, nosotros entendemos que eso es preocupante sobre todo porque va a tener un efecto claramente regresivo. Al tratarse de alimentos básicos, la incidencia al
alza en los precios la sentirán sobre todo las rentas más bajas y esa, señorías, es causa suficiente para que los gobiernos intentemos mejorar esa situación. Nosotros entendemos que el Gobierno debe adoptar medidas que contrarresten estas
consecuencias y creemos que la moción que hoy ha presentado el Bloque Nacionalista Galego incluía adecuadamente algunas de esas posibles medidas. Nosotros no es que hayamos presentado una enmienda porque estamos en contra, sino al contrario:
estamos totalmente de acuerdo con muchas de las medidas que presenta hoy el Bloque Nacionalista Galego y también con algunas de las que presenta el Grupo Parlamentario Socialista en su enmienda de sustitución, porque entendemos que son esas medidas
las que en el
ámbito estatal, pero también en el ámbito de la Unión Europea y del comercio internacional, van a proporcionar las soluciones que podemos dar a ese aumento del precio de los cereales. La enmienda que ha presentado nuestro grupo iba dirigida
a reforzar la necesidad de que el Gobierno cumpliera la resolución que se aprobó en esta Cámara, resolución que presentó nuestro grupo en el pasado debate de política general. Es la Resolución número 28, por la que instábamos al Gobierno a
establecer el porcentaje de los objetivos de consumo de biocombustibles que deben ser alcanzados mediante cultivos autóctonos. Ello permitiría tener un horizonte claro respecto de la producción de biocombustibles a alcanzar por el Estado, además de
promover el desarrollo rural y las producciones agrarias locales; permitiría también, señorías, que los objetivos fijados se alcanzaran minimizando las importaciones de biocombustible desde el exterior, con los impactos sobre la biodiversidad
-singularmente, como ustedes saben, en países tropicales-, y la seguridad alimentaria que una excesiva importación causaría en origen. Al mismo tiempo, tener un horizonte claro respecto a qué atenerse en cuanto a la producción de biocombustibles
también aclararía el panorama respecto de los cultivos de cereales para usos alimentarios. Acotar lo primero frenaría apuestas excesivas respecto a cultivos de biocombustibles que pueden resultar injustificadas a falta de suficientes estudios que
demuestren cuan positivo es el avance energético y de fijación de carbono de estos cultivos y, por otro lado, aclararía el horizonte respecto a los cultivos de cereales para uso alimentario y disminuiría la incertidumbre que pesa sobre el sector.
Esa enmienda que presentábamos hoy, que ya se había aprobado en esta Cámara, iba en el mismo sentido que el texto alternativo del Partido Socialista o que las acciones que había presentado el Bloque Nacionalista Galego. Nosotros hoy vamos a aprobar
la transaccional. Nos disgusta que no se haya incorporado esa mención porque entendemos que aclararía ese debate que se ha generado a nivel mundial, no solo sobre si los biocombustibles son necesarios sino por toda la problemática que conllevan, se
concretaría el porcentaje de productos agrarios que el Estado va a destinar a la producción de biocombustibles y puede minimizar la problemática que tenía en otro sentido. Como ha dicho la señora Fernández Davila, ya se ha aprobado en esta Cámara y
que hoy no se apruebe nuestra enmienda no quiere decir que el Gobierno no tenga que dar cumplimiento a la resolución que se aprobó en ese sentido.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Ramón, vaya concluyendo, por favor.
El señor RAMÓN TORRES: Vamos a votar a favor y esperamos que esas medidas que pedimos entre todos sean una realidad.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Ramón.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ DE DIEGO: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, nuestro grupo parlamentario quiere manifestar que compartimos una parte muy importante de las reflexiones que expresó la representante del Bloque Nacionalista Galego en
la interpelación urgente de la que deriva la presente moción.
Nuestro grupo parlamentario parte de la premisa de reconocer la importancia ambiental y económica de la utilización de biocarburantes como fórmula para reducir emisiones y contribuir con ello al cumplimiento de los compromisos de Kioto, de
los que, por cierto, nuestro país está aún muy lejos. Pensamos que esta alternativa, el uso de biocarburantes, debe formar parte de la solución frente a los problemas del cambio climático, aunque no debe ser la única ni exclusiva. El cambio
climático, que ya se está manifestando con rigor y que nos plantea escenarios de futuro muy problemáticos en los que el fin del petróleo barato y de la disponibilidad creciente del mismo es una realidad ya constatada, obliga a buscar alternativas.
En este escenario, la producción y el uso de biocarburantes como alternativa no debe esconder las incertidumbres que genera su producción, por lo que a nuestro juicio es imprescindible hacer una reflexión serena sobre este asunto y es imprescindible
también empezar a tomar algunas medidas, entre otras coordinar y gestionar a nivel global las superficies de cultivo necesarias para producirlos, con objeto de no poner en riesgo en ningún momento la seguridad y el abastecimiento alimentario de los
países más empobrecidos. Este probablemente también es el gran reto de este debate. Los biocarburantes pueden y deben ser, como he dicho antes, parte de la solución si se cumplen también ciertas condiciones y se actúa globalmente, no pueden ser
una panacea ni la solución única. Por ejemplo, solamente controlando el crecimiento del consumo de energía en transporte se puede reducir en nuestro país el consumo de productos petrolíferos. Lo hemos hecho en el año 2006, cuando ha habido un
nivel de crecimiento del producto interior bruto del 4 por ciento. Eso se puede hacer y es una medida importante.
Además, según nuestro criterio, se debe optar por la producción de biocarburantes de proximidad en los países de consumo o en los que
estén próximos a los mismos para permitir un balance energético y de emisiones de gases de efecto invernadero positivo.
Si bien compartimos con el proponente de la moción muchos aspectos, nuestro grupo piensa que en este momento no se puede afirmar que los biocarburantes sean responsables en exclusiva o en una relación causa-efecto de los aumentos de los
precios en los sectores de cereales y en ciertas producciones ganaderas, como la leche o los productos lácteos.
En la Unión Europea -antes lo decía la portavoz del Partido Socialista- la producción total de cereales ascendió a 280 millones de
toneladas y, sin
embargo, lo que se dedicó a biocarburantes no llegó al 1 por ciento. Por tanto, no parece que haya incidido de una manera notable, hasta este momento al menos, en el precio de los cereales. Las causas de ese aumento de precio, a nuestro
juicio también, son múltiples, y entre las principales se encuentran el incremento de la demanda en Asia, tanto para la alimentación humana como animal, el aumento de la demanda interna de la Unión Europea como consecuencia del crecimiento
poblacional, la reducción de la oferta de producción en el este de Europa y unas malas cosechas en el hemisferio sur. A ello hay que añadir algo de lo que se habla poco, que son los estocajes especulativos, cuya incidencia en el precio de los
cereales no deberíamos despreciar. Es bastante posible que en el futuro un mayor uso de los biocarburantes afecte a los precios.
Tenemos que intentar que sea lo menos posible, que se puedan controlar en los mercados mundiales y que la producción
de biocarburantes tenga un efecto positivo en las rentas agrarias y pueda suponer un incremento de la actividad agraria, con otro elemento positivo como sería evitar la despoblación.
Dentro de esta complejidad creemos que se puede trabajar para que se lleven adelante no solo biocarburantes de primera generación, sino sobre todo de segunda generación, que no utilizan los productos dedicados a la alimentación, con lo cual
parte del debate que hoy estamos teniendo resultaría menos complejo. Pensamos que entre los objetivos de la Unión Europea para 2010 se deben contemplar los biocarburantes de segunda generación, y en esa línea deberíamos trabajar. Consideramos, no
obstante, que es muy importante abordar este tema con rigor, como lo hizo la representante del Bloque Nacionalista Galego. Compartimos las inquietudes de la moción y la transaccional a la que se ha llegado, porque pensamos que se tienen que tomar
medidas en el Estado español y en la Unión Europea, pero también se tiene que abordar este tema en ámbitos internacionales, porque, al final, el mercado de los cereales y los biocarburantes tiene que garantizar una mejor utilización de la energía
con menos emisión, pero sobre todo tiene que garantizar que una mayor generación de biocarburantes no conduzca a la pobreza a una parte del planeta. Ese es el gran reto, creemos que se contempla en la moción y mi grupo parlamentario va a votar
favorablemente la transaccional.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Muñoz.
El señor Madero tiene la palabra en el turno del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparto la opinión aquí expresada por algunos portavoces en el sentido de que el aumento importante en el precio de los cereales y las oleaginosas es debido fundamentalmente al incremento firme y sostenido de la demanda
alimentaria en países como, sobre todo, India y China y que este fuerte incremento -hay que señalarlo así- es firme, es de futuro, era previsible y se ha producido en contra de la opinión de los países del norte de la Unión Europea, que preveían,
creemos que de forma sesgada, unos excedentes ingentes y han errado de forma flagrante en el diagnóstico de futuro, como también sería un error seguir insistiendo, como lo hacen, en la paulatina destrucción de la política agraria común.
Señorías, la situación actual aparece tras varias campañas agrícolas con producciones y precios muy bajos. Sin embargo, en el presente año, entendemos que de manera gozosa, en España y en la Unión Europea existe una cosecha récord en la
producción, con unos precios muy remuneradores tanto para los cereales como para las oleaginosas. Como dato revelador hay que señalar que, por ejemplo, en el caso de la cebada y el girasol el precio ha experimentado un crecimiento del cien por cien
aproximadamente.
O sea, que hay mucha cosecha, muchos kilos y un precio muy bueno. Este es un hecho gozoso que tenemos que señalar aquí porque normalmente venimos a plantear problemas: que las cosechas son malas, que ha habido adversidades
climatológicas, que el precio -y el agricultor y el ganadero no intervienen para nada en la fijación del precio de sus productos- no es remunerador. Pues bien, por fin, hay que señalar gozosamente que a un sector de los profesionales de la
agricultura le han ido las cosas bien este año. Pero también hay que señalar que en un año favorable como este lo que van a hacer es resarcirse de penosas situaciones anteriores, minorar las deudas y pérdidas de campañas anteriores, sobre todo
podrán paliar parte del quebrando sufrido hace dos años cuando, con un descenso de la renta del 12 por ciento, muchos se vieron abocados a la ruina. Es decir, que, además de que pueden -como se dice en el campo- tapar agujeros de años anteriores,
tienen que afrontar un incremento de costes espectacular, sobre todo de fertilizantes y carburantes, para la campaña venidera. Por tanto, bienvenida sea la buena cosecha y los buenos precios. Ahora bien, tal como se ha señalado aquí, se ha
generado de manera colateral, por el incremento del precio de los cereales y las oleaginosas, una grave situación para la ganadería, de tal forma que hay que reconocer que muchas explotaciones ganaderas de la Unión Europea están en trance de
desaparición. Así llana y sencillamente hay que reconocerlo. Para muchas explotaciones ganaderas el incremento importante del precio de los piensos hay que agregarlo a la subida de la energía y a los daños provocados en campañas anteriores por
sequía o por problemas sanitarios.
Señorías, podemos afirmar sin faltar a la verdad, y así lo hago en nombre de mi grupo, que la situación de la ganadería es realmente delicada y peligra la subsistencia de un importante número de explotaciones que sencillamente no aguantan
más. Por ello, nos sumamos a esta iniciativa de la señora Fernández Davila con entusiasmo, pero entendemos que es poca cosa. Creemos que esta
iniciativa legislativa debería servir a todos los grupos para generar unos apoyos más urgentes y más efectivos todavía que los que se piden en esta iniciativa. Pedimos al Gobierno que afronte la grave situación de la ganadería con realismo
y con firmeza, que no mire para otro lado y que adopte, entre otras, medidas como las siguientes: ayudas directas a la ganadería, compatibles con las ayudas provenientes de la Unión Europea; medidas fiscales; exención de cuota de la Seguridad
Social; préstamos sin interés; promoción de productos alimenticios de origen animal, y, sobre todo, una eficaz persecución del fraude con estricto control de importaciones irregulares. Asimismo, sería conveniente hacer unas modificaciones legales
que posibiliten la venta directa de los productos ganaderos en los comercios o en las grandes superficies.
Para terminar, señora presidenta, señorías, quiero decir que el reajuste de los mercados alimenticios que se está produciendo en el mundo es una ocasión idónea para exigir la continuación y la mejora de la política agraria común de la Unión
Europea. En momentos en los que se está haciendo una revisión, entendemos que habría que reivindicar y potenciar claramente el trabajo del agricultor y del ganadero. Señorías, los agricultores y ganaderos nos proporcionan alimentos en cantidad y
calidad suficientes, fijan la población en el medio rural y mantienen el medio ambiente. Por ello, le pedimos al Gobierno que siga el ejemplo del presidente de Francia, que se ha puesto al lado de los profesionales del campo y los apoya para
mejorar la política agraria común en base a producir más y mejor, acentuando la preferencia comunitaria. Solamente así podrán los agricultores y los ganaderos sentirse europeos de primera categoría y contemplarán el futuro con el optimismo del que
ahora carecen.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Madero.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Ya anunciamos en nuestra intervención que acordábamos una transacción con el Grupo Socialista y entendemos que con el resto de los grupos de la Cámara.La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL EVIDENTE FRACASO DE SUS POLÍTICAS SOCIALES. (Número de expediente 173/000213.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): La segunda moción de esta sesión es consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el evidente fracaso de sus políticas
sociales. Para la defensa de la moción y por tiempo de siete minutos tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.
El objeto de esta moción es combatir la ligereza, la frivolidad, la promiscuidad en materia de política social que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero en este último semestre de legislatura, entregado absolutamente a las
promesas electorales y tratando de que con una borrachera de promesas los españoles olviden sus múltiples incumplimientos electorales. Yo trato de hacer aterrizar al Gobierno y le recuerdo que sus improvisaciones y sus urgencias electorales no
pueden encubrir las múltiples promesas incumplidas y los fracasos en materia de política social.
El señor Rodríguez Zapatero anunció que el año 2006 sería el año de la dependencia y yo pienso ahora igual que el consejero de Izquierda Unida, el señor Madrazo, cuando dice que el Gobierno socialista ha vendido humo, ha actuado de forma
irresponsable, según representantes de Izquierda Unida. El Gobierno socialista ha sido incapaz de convenir con ninguna de las diecisiete comunidades autónomas el programa para la dependencia diez meses después de que, con urgencia, el pasado
noviembre de 2006 aprobásemos aquí la ley. En materia de violencia de género el balance es desastroso: 247 mujeres muertas en lo que va de legislatura. Si tuviésemos la fortuna de que no hubiese ninguna víctima más en los seis meses que restan de
esta legislatura, ya se habrían superado en 13 las mujeres muertas a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales en la peor legislatura de gobierno Popular, y además este dato es creciente. El último año hubo no solo un aumento del 15 por
ciento en número de muertes, sino un 30 por ciento más en número de delitos: 95.000, según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado.
A este resultado desastroso en materia de dependencia y de violencia de género hay que agregar el abandono absoluto de las personas con discapacidad, a quienes se ha mantenido entretenidas con la cuestión de la dependencia y ahora se
encuentran, a seis meses de que acabe la legislatura, sin el prometido plan de empleo, sin el desarrollo reglamentario de las dos leyes del Gobierno de José María Aznar, del Gobierno que aprobó aquella Ley de igualdad de oportunidades y la de
accesibilidad universal para las personas con discapacidad, que está pendiente de los desarrollos reglamentarios pertinentes tres años y medio después de la llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero y casi cuatro años después de que unánimemente
esta Cámara aprobase esa ley.
Además de este abandono de las personas con discapacidad, de las mujeres que padecen violencia de género y de las personas dependientes, los jóvenes siguen esperando
las múltiples propuestas que se hicieron: creación del Ministerio de la Juventud, estatuto de la juventud, oficina parlamentaria joven Congreso-Senado, incluso aquella famosa promesa que exhibían en su programa electoral que decía: un
millón de viviendas de alquiler a precio asequible por la Agencia Pública de Alquiler. Por lo tanto, esta serie de propuestas y de incumplimientos deben ser atendidos por Rodríguez Zapatero, obviamente antes de que concluya la legislatura.
Además del abandono en política de juventud, de dependencia, de las personas con discapacidad y de la violencia de género, cabe recordar que nuestra política migratoria, en el caso de que la haya, es la peor del mundo. Los datos de la OCDE
así lo revelan. Según el último informe de política de migraciones de la OCDE somos, después de Estados Unidos, que nos multiplica por siete en habitantes, el peor país del mundo. Esto cuadra con los informes de Eurostat, que dicen que somos los
peores de la Unión Europea, que superamos en inmigración irregular a Alemania, Italia, Reino Unido y Francia juntos. En tres años y medio, según las propias encuestas del CIS, el Gobierno ha multiplicado por cuatro la preocupación que sienten los
españoles por la inmigración. Porque los inmigrantes son las primeras víctimas de este caos de política migratoria. Aquellos que tienen la fortuna de llegar con vida a España se ven en casi 400.000 casos, según la EPA, abocados al desempleo.
Repito, casi 400.000 inmigrantes en situación de desempleo, según los datos de la EPA, y aquellos que no lo están viven situaciones de absoluta irregularidad, como las que estamos viendo con la recogida de la vid.
Por ese motivo, hemos planteado una moción con diez puntos que trata de recordarle al Gobierno todo lo que tiene pendiente en política social, que es prácticamente todo, y reclamamos los ya pedidos en numerosas ocasiones planes de seguridad
personalizados para las mujeres que sufren violencia de género. Pedimos que se aplique de forma urgente la Ley de Dependencia, en relación con la cual el Gobierno no ha sido capaz de firmar ningún convenio con ninguna de las diecisiete comunidades
autónomas. Además, que ponga los mil millones de euros que se comprometió a aprobar Rodríguez Zapatero como fondo inicial para la aplicación de la Ley de Dependencia. Que se prohíban por ley las nuevas regularizaciones extraordinarias y que se
amplíe a 70 días el período máximo de retención de inmigrantes irregulares para que se puedan repatriar. Que se multiplique el control en fronteras y que las personas con discapacidad tengan el prometido y non nato Plan de promoción de la formación
y el empleo de la discapacidad, que se anunció como 2004-2008, y que, naturalmente, a finales de 2007 sigue sin nacer. Que desarrolle reglamentariamente las leyes del Partido Popular, en concreto, las de igualdad de oportunidades, no discriminación
y acceso universal para personas con discapacidad. Que desarrolle también la Ley de protección del patrimonio de las personas con discapacidad. Además, que cumpla la promesa de José Luís Rodríguez Zapatero de ampliar, de extender la paga de 100
euros a todas las madres, sean o no trabajadoras, lo que supone 3.600 euros en los tres años de vigencia de la ayuda y no los 2.500 actuales. Por eso, porque queremos que el Gobierno aterrice y que se deje de ligerezas, de frivolidades y de vanas
promesas, que tendrán el mismo grado de cumplimiento -que es de incumplimiento- que las actuales que acabo de relatar y que están esperando todavía que el Gobierno socialista se avenga a cumplirlas.
Muchas gracias. (La señora Torme Pardo: Muy bien.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Barrachina.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Estuvimos atentos a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en defensa de la moción que hoy presenta, en la que se hace un repaso por distintas actuaciones del Gobierno en materia de política social, algunas de ellas
consecuencia de leyes aprobadas en las Cortes Generales del Estado. La primera mención que se hace en la moción es a la violencia de género. Nuestro grupo prestó su apoyo a esa ley después de una labor intensa de todos los grupos parlamentarios.
Ha mencionado también temas como la dependencia, las viviendas para jóvenes, etcétera, cuestiones que a nuestro grupo parlamentario le preocupan, sobre las que nos parece necesario que el Gobierno tenga una política no más amplia, sino más clara y
decisiva en el sentido de que efectivamente se lleven a cabo muchas de aquellas cuestiones que se han aprobado en esta Cámara, y sobre todo aquellas que el Gobierno anuncia como actuaciones prioritarias del mismo en materia de políticas sociales.
Sobre la dependencia hemos hablado en muchísimas ocasiones. Tenemos una ley que apoyamos casi todos los grupos parlamentarios, pues es una necesidad esencial en nuestra sociedad, pero, por las condiciones y sobre todo por la aportación financiera
del Estado, su marcha es excesivamente lenta y se está desarrollando -valga la redundancia- con extrema lentitud en todas las comunidades autónomas. Hay muchas solicitudes presentadas, miles de las cuales ya están tramitadas, pero,
desgraciadamente, resoluciones como tal empieza a haberlas a partir de ahora. Que en otras ocasiones no hayamos apoyado resoluciones relacionadas con la dependencia y que en esta ocasión tampoco vayamos a apoyar la moción presentada por el Grupo
Popular, se debe a que cada vez que mi grupo ha apoyado estas iniciativas siempre ha manifestado su prudencia sobre su puesta en práctica porque era consciente de que iba a ser necesario el transcurso del tiempo, sobre todo en cuestiones como las
que acabamos de mencionar. Por un
lado, se están desarrollando con la lentitud prevista por nosotros y, por otro -esta es la razón fundamental para no apoyar la moción del Grupo Popular-, las actuaciones políticas siempre se pueden rectificar. Dicen que rectificar es de
sabios. Lo que podemos constatar es que el Grupo Popular está haciendo en esta legislatura una política de interés en cuanto a políticas sociales, pero no nos queda más remedio que reconocer que en esta legislatura se ha tenido que actuar avanzando
en políticas sociales partiendo del freno de los años de gobierno del Partido Popular.
No podemos valorar de la misma manera que el Grupo Socialista las políticas sociales del Gobierno -a veces coincidimos con el Grupo Popular- porque se hace una excesiva utilización electoral de estas medidas. Tampoco podemos compartir con
el Grupo Popular su discurso ni sus propuestas pues son incoherentes con la política que en materia social hace cuando gobierna, no solamente aquí sino también en las comunidades autónomas. Esa es la razón por la que no apoyamos la propuesta del
Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Barrachina, es verdad que he llegado un poco tarde, pero desde el despacho he podido oír el inicio de su intervención y debo decirle que, tal y como ha comenzado, con palabras tales como promiscuidad, he estado a punto de quedarme en
él pensando que estaba en otro punto del orden del día. Parece ser que no, que vamos a hablar de políticas sociales.
Empezaría diciéndole que el anuncio que han hecho en esta moción me parece excesivo: evidente fracaso de las políticas sociales del Gobierno. Es cierto que nuestro país todavía no goza de los niveles de bienestar de nuestro entorno
europeo, pero también lo es que en estos años estamos en mejores condiciones que en las que ustedes nos dejaron. Es una realidad que podemos disfrazar o explicar, porque cada uno, evidentemente, explica la historia como la interpreta.
Objetivamente hablando y con los números de la inversión social en la mano, porque a mí me gusta hablar de la inversión social, se ha invertido más en estos años que en los años en que ustedes gobernaron. Aunque no todos los grupos estaban
completamente de acuerdo, se han aprobado leyes como la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad, que se habrán de mejorar con el tiempo pero que marcan un antes y un después. Nosotros hemos apoyado todas las leyes más importantes y hemos
manifestado los aspectos en que coincidíamos y aquellos en los que se quedaban cortos.
Debo decirle que otra cosa distinta son los últimos anuncios que está haciendo el Gobierno, el cheque bebé, la atención bucodental, etcétera, que -no le engañaré- tampoco nos gustan. No nos gusta cómo están apareciendo, porque son
propuestas de una gran envergadura que han ido saliendo en las iniciativas que hemos presentado los diferentes grupos en los debates y no han prosperado. Por tanto, no compartimos que ahora haya determinados anuncios. No compartimos tampoco la
filosofía de los 2.500 euros. Lo hemos dicho y lo diremos en su momento, porque estamos por los servicios y por los derechos. Lo explicaré con mayor detalle en la siguiente moción de Esquerra Republicana. Ahora bien, lo cortés no quita lo
valiente. Coincidimos en tres de los aspectos de su moción.
Coincidimos en su necesidad y lo lamentable que es que no se haya desbloqueado el proyecto de ley de infracciones y sanciones en materia de discapacidad. Nuestro grupo presentó la semana
pasada un escrito a la Mesa con relación a este asunto porque nos parece lamentable que lleguemos al final de la legislatura y nos encontremos en la situación en la que nos encontramos. También coincidimos en la aprobación de los reales decretos de
desarrollo de la Liundau en materia de accesibilidad, que llevan dos años de retraso. Estamos hablando de una repercusión importante en sectores hacia los que todos tenemos un compromiso político y social al que no vamos a llegar, porque ha quedado
donde ha quedado y a estas alturas de la legislatura parece que esto no va a modificarse. Por último, también coincidimos en la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la Ley de Dependencia. De hecho, es una de las condiciones que
nuestro grupo va a poner para apoyar los presupuestos. Nos gustaría que otros grupos hicieran lo mismo. Cuando solicitamos más presupuesto parcialmente en el debate de determinadas iniciativas, esto tiene que traducirse en las prioridades que cada
grupo va a solicitar del Gobierno para dar su apoyo o no a los presupuestos. Nosotros ya adelantamos que así será y esperamos, por tanto, que haya un incremento en este sentido.
En los segundos que me quedan quiero significar que hay un aspecto en el que estamos absolutamente en desacuerdo con ustedes -debo mencionarlo aunque solo sea para que quede constancia- y que hubiera sido casi casus belli para no apoyar su
moción. Me refiero a la prohibición, que solicitan sea por ley, de los procesos de regularización masiva, al incremento en la estancia en los centros de internamiento y al aumento del control de fronteras. Usted sabe, porque lo hemos defendido
siempre y es de sobra bien conocido, nuestro posicionamiento en temas de inmigración. Un posicionamiento que no es paternalista, que no plantea que todas las personas que quieran entren en nuestro país sin que aseguremos los derechos y los deberes.
En todo caso, su propuesta sobre la inmigración choca frontalmente, una vez más, con el análisis que hacemos de la realidad de la inmigración en nuestro país y también de cómo y de qué manera debemos abordar este asunto. Este único
punto hubiera sido suficiente para que no apoyáramos su moción. No obstante, he expuesto aquellos otros puntos que sí compartimos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora García Suárez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Barrachina, usted nos ha planteado aquí condensado su programa electoral entero en materia de política social. Es una miscelánea de asuntos heterogéneos, diversos, con relación a los cuales, en cinco minutos, yo, que no estoy dotado
para la síntesis y el discurso esquemático, sino todo lo contrario, para la exhuberancia verbal -si cabe la expresión-, no me considero en condiciones intelectuales de responder ni siquiera de apuntar a cada una de las cuestiones que usted ha
indicado, por lo cual le voy a manifestar lo que vamos a hacer: nos vamos a abstener, porque algunas cosas que ha comentado son razonables y otras, no.
Aquí estamos inmersos en plena campaña electoral, y esto lo acredita perfectamente. El Partido Socialista presenta medidas, a pesar de que el señor Solbes ha sido forzado, seguramente aplicándole el correspondiente tercer grado, a decir que
aguantan el presupuesto y que son correctas, las ha convalidado como buenas, pero sabemos que son electoralismo puro, como los 2.500 euros por hijo. Incluso desde la Ley de Dependencia estamos asistiendo a medidas puramente electoralistas e
improvisadas, como la asistencia bucal a los menores, las ayudas para el alquiler de viviendas de los jóvenes, etcétera. Parece ser que esta mañana una emisora de radio -no sé si será verdad- comentaba que se van a subvencionar al 50 por ciento los
pinchos en la Plaza de la Constitución en Donostia, San Sebastián. No sé si el señor Solbes va a llegar hasta ese nivel de cobertura en materia de ayudas sociales, pero desde esta perspectiva la frivolización acredita que hay una cierta
incomprensión en el imaginario colectivo del pueblo de estas medidas o que se están comprendiendo perfectamente, dándoles la dimensión de impronta electoral que tienen. Lo que usted dice tiene una pretensión teleológica destinada a contrarrestar y
neutralizar el afán electoralista que caracteriza al Partido Socialista y dice exactamente lo contrario.
Aquí se habla de todo. Se habla de violencia doméstica. Ya sabemos que en materia de violencia doméstica las cosas no van bien, pero esto no es para improvisar en 5 minutos, sino para analizar qué está fallando y qué no está fallando. Se
han hecho cosas importantes y consensuadas por todos. Se han especializado juzgados; se ha reformado el tipo, el injusto penal, en el Código Penal relativo a la identificación penal o criminal de este delito; se ha creado un plan integral al que
hay que dar algún tiempo para que funcione. No se pueden reclamar resultados inmediatos a planes que forman parte de una especie de valores metaculturales muy impregnados en ciertos segmentos de la sociedad española que son muy difíciles de
remover.
Usted me habla de inmigración. Aquí ya sabe que usted y yo discrepamos absolutamente. Los problemas de inmigración o de extranjería -son dos conceptos diferentes- dimanan de leyes conservadoras aprobadas por sus gobiernos que están
provocando, entre otras cosas, aplicaciones perversas por el partido ahora gobernante, confundiendo conceptos que no se deben confundir como el retorno, la expulsión, la devolución y no garantizando la repatriación de los inmigrantes, pero sobre
todo una disfuncionalidad absoluta, puesto que el problema de la inmigración no es un problema del Estado español, es un problema de Europa y Europa no se compromete. El Frontex está fallando estrepitosamente, y están fallando todos los mecanismos
internacionales y europeos sobre este asunto. Usted tiene razón en esto, pero tal vez no sea solo culpa del Partido Socialista o del partido gobernante en España, sino de que en las zonas fronterizas, que son los receptores de inmigrantes, nadie
asume el componente de corresponsabilidad o solidaridad que debe asumir.
En materia de vivienda y juventud, usted sabe que hace dos veranos, en el mes de julio, tuvimos que desamortizar -utilizando la palabra mendizabaliana, si vale la expresión- nada menos que un plan de juventud que se presentó incorrectamente
por el Partido Socialista y del cual el propio ministro de Trabajo y los adalides del Partido Socialista se arrepintieron. No volvamos a incurrir otra vez en vulneración de títulos competenciales. La juventud corresponde absolutamente a las
comunidades autónomas, igual que la dependencia y que la ayuda de promoción de la familia y de la natalidad. Artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía de Gernika. Competencia exclusiva. Luego, si además de hacer electoralismo, estamos vulnerando
títulos competenciales inequívocos de las comunidades autónomas, estamos pervirtiendo el sistema previsto por el bloque de constitucionalidad. Usted tiene razón en parte, porque no es menos jacobino que otros, pero también el Partido Socialista
tendría que hacer una reflexión autocrítica. Desde esta perspectiva, como este no es nuestro debate, solo nos cabe la abstención, porque, señora presidenta, con honestidad le digo que yo no sé a qué estamos jugando. Si vamos a empezar a hacer
electoralismo, le aseguro que nosotros tenemos una gran capacidad para desarrollar medidas, entre otras cosas, la subvención del 50 por ciento de los pinchos en la Plaza de la Constitución, en Donostia, San Sebastián.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Mi compañera Carme García hacía alusión a las palabras iniciales del diputado Barrachina, haciendo referencia a la promiscuidad y a la borrachera, lo cual me lleva a recordarle, señor Barrachina, que quizá le llamen al orden. Tenga cuidado
con lo que dice. A lo mejor el señor Acebes le va a llamar al orden por utilizar un tipo de conceptos desde esa tribuna.
Queremos que quede claro que en esta legislatura se ha avanzado mucho en materia social, aunque con dificultades, porque las ha habido en nuestra relación con el Partido Socialista. Dentro de unos minutos mi compañera Georgina Oliva les va
a explicar desde esta tribuna todo aquello que hemos negociado, pactado y celebrado conjuntamente con el Partido Socialista, unos avances sustanciales en materia social relativa a los 2.500 euros, medida que el Gobierno anunció hace unas semanas.
(El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)
Tiene razón el diputado Olabarría cuando hace referencia a los puntos que nos presentan, a manera de síntesis, de su programa electoral. En el primero hablan de poner en marcha planes de seguridad personalizados para las víctimas de
violencia de género, pero les recuerdo que la semana pasada ya se habló de esto y les dijimos que no, que no era lo necesario.
Les recuerdo que en el mes de junio una interpelación de Esquerra Republicana dio pie a la aprobación de treinta medidas,
una de ellas relativa a los malos tratos que reciben las mujeres. Entonces les dijimos que aspirábamos a que no ocurriera lo que podría suceder si les hacíamos caso: que se criminalizara duramente a la mujer que sufre malos tratos.
Esto de pedir
escoltas para las mujeres no corresponde.
En su moción también hacen referencia a la Ley de la Dependencia y se quejan de que lleva un retraso enorme. La verdad es que fueron políticamente muy hipócritas el día que aprobaron la Ley de la Dependencia. Se vieron obligados a
aprobarla, pero en su fuero interno les dolía que fuera un Gobierno socialista, con el apoyo de las izquierdas y de otros grupos parlamentarios, quienes reconocieran un nuevo derecho subjetivo. Tuvieron que aprobarla y quisieron capitalizar algo
que, una vez amortizado, están intentando sabotear. En Cataluña en estos momentos existen -hablo de Cataluña porque es lo que conozco, pero estoy convencido de que en otras comunidades autónomas, incluso en las que ustedes gobiernan, los
responsables políticos se deben estar afanando en ser diligentes en el despliegue de la ley- veintitrés servicios de valoración de la Ley de la Dependencia, ciento siete valoradores, dieciséis médicos, diez psicólogos, diez trabajadores, treinta y
dos administrativos, etcétera, lo cual ha originado, según datos del mes de agosto, 30.139 solicitudes enviadas al Servicio de Valoración de la Dependencia de las cuales 28.015 ya están en curso y 14.800 ya han sido valoradas. Lo que ustedes
afirman respecto al retraso de la ley es mentira en el caso catalán. Esto es responsabilidad del Gobierno de Cataluña y estamos absolutamente satisfechos del trabajo que está realizando. En el debate de los presupuestos estaremos obligados a
reclamar y conseguir el fondo de 1.000 millones -de hecho, son dos fondos de 500 millones cada uno de ellos- para ampliar el despliegue de la ley, con el fin de que existan los suficientes recursos para dar respuesta a tales necesidades. Afirmamos
rotundamente que tiene que haber tantos procesos de regularización como necesidad haya de terminar con la clandestinidad de los ciudadanos, personas que hoy día, desgraciadamente, todavía no han adquirido la condición de ciudadanos. Para nosotros
lo fundamental es la dignidad de las personas que huyen de la miseria y que, llegados al Estado español, son trabajadores. Desde posiciones de izquierda, nunca podremos afirmar que no habrá nuevos procesos de regularización.
Respecto a otros aspectos en los que afirman que no se ha hecho nada o poco, le insto al señor Barrachina -no se si está presente, aunque sé que está muy atento a nuestros argumentos- a que escuche, dentro de unos minutos, a la diputada
Georgina Oliva que se pronunciará sobre todo lo conseguido en cuestiones de carácter social relativos a la familia, también monoparentales, un concepto que hemos introducido.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Tardà, le ruego que vaya concluyendo.
El señor TARDÀ I COMA: Termino. Finalmente, respecto al Plan de Emancipación Joven y todo aquello que se refiere al ministerio, usted sabe que son competencias exclusivas de la Generalitat de Catalunya. En Cataluña existe un Plan de
Emancipación de la Juventud que, sin caer en la petulancia, es de los más progresistas y potentes que existen en el Estado español e incluso en la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà.
A continuación le corresponde fijar posición al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo comparte muchas de las propuestas que formula el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Barrachina, pero existen cuestiones con cuyos planteamientos no podemos, ni mucho menos, coincidir. Estaremos atentos a la
forma de votación que el señor Barrachina nos proponga. Cuestiones concretas como el incremento de los recursos destinados a las políticas de atención a la dependencia o el desbloqueo de la legislación en materia de la Liundau seguro que van a
merecer el apoyo de Convergència i Unió en el
supuesto de que la votación afecte exclusivamente a puntos como esos.
Es evidente que esta moción, igual que la interpelación que sustanciamos el pasado miércoles, nos permite efectuar una cierta reflexión al conjunto de los grupos sobre la política social del Gobierno en estas últimas semanas; unas semanas
en las que el tono de la política del Gobierno en este campo es electoral, populista y cesarista. No nos parece propio de una izquierda que se pretenda moderna y avanzada, que quiera fundamentar sus políticas en los derechos, en la ciudadanía y en
el ejercicio de las responsabilidades derivadas de esa condición de ciudadanos, que las políticas sociales se conviertan en una subasta de ver a quién ofrece más, quién es capaz de ofrecer cifras más contundentes. Nos parece que eso degrada la
concepción de las políticas sociales y la democracia. Eso expresa una visión tremendamente paternalista sobre los ciudadanos. No creo que los ciudadanos estén hoy exigiendo de los gobiernos donativos, subvenciones o caridad. Lo que los ciudadanos
están exigiendo de los gobiernos es que tomen aquellas medidas que puedan garantizar su participación efectiva en nuestra sociedad. Si las propuestas que ha formulado el Grupo Socialista en las últimas semanas las hubiesen formulado los diputados
que se sientan a la derecha de este hemiciclo, las acusaciones que del Grupo Socialista habrían sido tremendas. Especial dimensión tiene que el denominado popularmente cheque bebé sea una medida cuya entrada en vigor solo se contempla el día que el
presidente del Gobierno, graciosamente, lo anuncia en este hemiciclo, simplemente porque aquel día tuvo esa ocurrencia: Vamos a generar un derecho social. Señorías, no hay ninguna sociedad democrática seria en Europa en la que la entrada en vigor
de una norma dependa de la ocurrencia del presidente del Gobierno en medio de un debate de política general. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Segunda consideración. El dictamen que sobre este proyecto de ley acaba de realizar el CES es una clara advertencia de cómo no se deben pisotear las instituciones. El CES afirma que el incumplimiento de la obligación del Gobierno de
solicitar su dictamen preceptivo en la fase pertinente del proceso de elaboración de una norma cuya especial trascendencia está fuera de toda duda ha llevado a la Mesa del Congreso a solicitar del Gobierno que recabe del CES la emisión del dictamen.
Todo lo anterior sitúa ahora a este organismo en la insólita tesitura de tener que responder a esa petición del Congreso. Han forzado a las instituciones.
Han obligado al CES a realizar un dictamen a petición del Congreso de los Diputados por
haber enviado un proyecto de ley rompiendo con las obligaciones legales que debe tener cualquier Gobierno de cumplir con la normativa en este campo.
Finalmente, los debates de estas últimas semanas en relación con la aplicación de la Ley de la Dependencia están evidenciando que el funcionamiento de la ley es un fracaso. Pasan las semanas y hoy no hay ningún ciudadano que perciba ni un
euro de los contemplados en la Ley de la atención de la dependencia. (La señora Pérez Domínguez hace gestos negativos.) La señora Pérez me dice que no con la cabeza. Le pido que nos diga el número de los ciudadanos beneficiados por las
prestaciones económicas de la Ley de Dependencia, en cuantías, o el número de beneficiados por el incremento de los servicios que van a recibir en ese campo. Hoy la sociedad vive con perplejidad que la ley social más importante del Gobierno no se
está reflejando en la vida cotidiana de los ciudadanos y que las expectativas que se generaron están fracasando. Todo eso en un contexto en el que el Gobierno, el señor ministro y la propia secretaria de Estado, cuando se les acusa de que no
funcionan, responden: No; los responsables son los gobiernos autonómicos. Señorías, el Gobierno tiene todo el derecho a colocarse las medallas que quiera en función de las leyes que propone en esta Cámara, pero cuando las cosas no funcionan bien,
tiene que asumir sus responsabilidades. Nos choca que en materia de dependencia se hayan puesto solo medallas y hoy no quieran asumir responsabilidades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Barrachina, es realmente difícil estar a la altura de sus mentiras y de su tono apocalíptico. Le pediría serenidad. No hay cosa mejor que afrontar con seriedad, sin demagogia y sobre todo sin mentiras las soluciones a las necesidades
de los ciudadanos de este país. Serenidad, seriedad y un pelín de coherencia; no me está escuchando. El señor Barrachina niega con mayúsculas la existencia de una política social del Gobierno Zapatero, mientras su jefe de filas, que tampoco está
aquí (El señor Aragonés Mendiguchía: Estoy yo.), nos acusa de estar tirando la casa por la ventana con las políticas sociales. Aclárense. A ver si se aclaran y no nos marean más con sus inventos. Mire los documentos que he subido a la tribuna;
en el escaño y en el despacho tengo más del doble.
Afortunadamente para ustedes, quedaría fatal que yo me pusiera a explicar todo esto. No puedo pararme a detallar el ingente volumen de actuaciones que en política social se han desarrollado
durante esta legislatura y se seguirán realizando, eso sí, sin el concurso del Partido Popular, desafortunadamente para los ciudadanos.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2005, 2006 y 2007 destinaban a gasto social más del 50 por ciento; los de 2008, presentados hoy, igual.
¿De qué habla el señor Barrachina? ¿Me puede señalar alguna legislatura igual o parecida?,
porque ustedes formaron parte del Gobierno anterior.
Solo en tres años hemos subido 140
euros a 3.300.000 pensionistas; ustedes, en ocho años, ni la mitad.
Finalizaremos la legislatura con una subida del salario mínimo interprofesional que alcanzará los 600 euros. Hemos aprobado la Ley de Igualdad, que reconoce nuevos
derechos y nuevas prestaciones. Hemos aprobado la Ley de Autonomía Personal, base del cuarto pilar del Estado de bienestar, y la hemos dotado económicamente. Hemos hecho una reforma de la Seguridad Social que incluye mejoras importantísimas para
prejubilados, que reconoce pensiones de viudedad para las parejas de hecho, y un largo etcétera. Hemos aprobado el Estatuto del trabajo autónomo, que llevábamos veinticinco años esperando. Las reformas efectuadas en el empleo nos sitúan en el
mejor momento en el número de desempleados y en la tasa de paro más baja en veinticinco años. No voy a seguir con todas estas y con las que tengo en el despacho porque me falta tiempo para señalar las acciones más importantes que en política social
han realizado este Gobierno y este Parlamento. Tres años y medio -y lo que nos queda- de políticas claras, con una dirección clara y unos objetivos claros, alcanzables y sostenibles y con dos ejes claros: la familia y la igualdad, en torno a los
cuales de manera unívoca han venido reflejándose nuestras políticas y nuestra acción. No le quepa la menor duda de que así va a seguir siendo hasta el final de esta legislatura, por ejemplo, con los dos decretos que reclaman: uno, pendiente de
aprobación por el Consejo de Ministro y otro, pendiente de informe del Consejo de Estado, ya que tanto le preocupan los informes previos al señor Campuzano.
Y ustedes, señores del Grupo Popular, ¿dónde han estado todo este tiempo? Amenazando a la ciudadanía con los cuatro jinetes del Apocalipsis, con la crisis económica que nunca llega; hablando de ETA para no hablar de los problemas de los
ciudadanos; enfrentando a los ciudadanos y a los territorios al grito de que se rompe España, mientras en este Parlamento y en este Gobierno estábamos trabajando por los ciudadanos, haciendo patria desde los derechos de ciudadanía que nos igualan a
todos los ciudadanos de este país, a los de Albacete, a los de Mérida, a los de Alcorcón y a los de Sabadell. Eso es lo que estábamos haciendo. Voy a entrar ya en el rosario de despropósitos, ya que le gusta hablar tanto de rosarios, que nos
presenta en su moción. Seguridad personalizada. Vaya eufemismo. Hablen claro. Ya le dijo esta Cámara al completo hace pocos días que no. Se trata de una propuesta demagógica y sin fundamento. No resuelve las situaciones más dramáticas de las
mujeres que desgraciadamente se encuentran en situaciones de conflicto y solo busca de forma partidista utilizar la violencia de género. Que se aplique de forma urgente la Ley de Autonomía Personal. Ha equivocado usted el foro, señor Barrachina.
Desde la entrada en vigor de la ley el Gobierno ha ido recortando los plazos previstos en la misma, empezando por la constitución del consejo territorial y terminando por los decretos que eran su competencia. Vaya usted a los parlamentos de Madrid,
de Valencia o de Murcia y ayude a sus compañeros a ver si aceleran el trámite y la gestión de la misma. (Aplausos.) ¿Y de la discapacidad? ¡Si hicieron una ley que era papel mojado a desarrollar en veinte años! Y hemos tenido que hacer en este
Parlamento leyes porque ustedes solamente hacían disposiciones, con decretos ya en marcha y otros dos que, como le digo, están a punto de formularse. Le recuerdo la reforma laboral, las bonificaciones para los discapacitados. ¿Se le ha olvidado a
usted quién estableció la incompatibilidad entre la pensión de orfandad de los mayores de 18 años incapacitados y la percepción por la asignación económica por hijo a cargo? Lo hicieron ustedes. Los ciudadanos y nosotros sabemos quién se las ha
devuelto: nosotros. Si quiere le hablo de políticas migratorias, claro, y de regularizaciones con un abono transporte. Igual es que no lo sabe, pero en esta Cámara hay una subcomisión de inmigración. Pregunte a sus compañeros y que ellos le
cuenten.
En definitiva, señor Barrachina, es difícil venir hoy aquí después de tres años y medio sin hacer los deberes a ponernos tareas a los demás, cuando además su Gobierno nos bajó del número 9 en el índice de desarrollo humano de la ONU al
puesto número 20. Tampoco lo hicieron bien antes, y lo peor es que además pretenda examinarnos. Señor Barrachina, sepa que nosotros aprobaremos y que ustedes deberán repetir curso porque no se han enterado de nada. (El señor Aragonés Mendiguchía:
No se puede por ley repetir curso.-Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Pérez Domínguez.
(El señor Barrachina Ros pide la palabra.)
Señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Simplemente quería anunciar que la votación de nuestra moción será punto por punto, de cada uno de los diez que contempla la moción, pero al haber una autoenmienda, el número 7, que habla de la Ley de Infracciones y
Sanciones, pasa a ser el número 10. Lo digo a efectos de ordenación de la posterior votación. Es decir, nuestra moción, que es la segunda, tendrá votación separada de cada uno de sus diez puntos, pero el punto 7 pasa a ser el 10 y, por tanto,
respecto a los puntos 8, 9 y 10 se produce el correspondiente corrimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Barrachina, entiendo que se trata de una corrección que se ha producido en la moción.
El señor BARRACHINA ROS: Es una petición de votación separada de los diez puntos que contiene la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): De acuerdo, señor Barrachina.
(La señora Sánchez Díaz pide la palabra.) Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Solicito que se tenga en cuenta que si existiese una autoenmienda no se podría pedir votación separada, y el mismo Grupo Popular está considerando eso como una autoenmienda a su moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Barrachina, esta Presidencia entiende que no es una enmienda, sino una corrección técnica que se exigió en su momento para su calificación, y por tanto se someterá a votación en sus términos.
El señor BARRACHINA ROS: Si nuestra enmienda, que mejora el texto, molestase, la retiraríamos; no hay ningún problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Barrachina, no es una enmienda.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE POLÍTICAS, AYUDAS Y MEDIDAS EN TODOS LOS ÁMBITOS COMPETENTES AL ESTADO DESTINADOS A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA. (Número de expediente 173/000214.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al punto V del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre políticas, ayudas y medidas en todos los ámbitos competentes al Estado destinados a la familia y
a la infancia. Tiene la palabra la señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para defender la moción consecuencia de la interpelación que mi grupo presentó la semana pasada sobre políticas familiares, respecto a la que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista y a la que creo que toda la
Cámara va a dar su apoyo. Esta moción supone un profundo cambio social, por lo que estamos realmente muy satisfechos. Estamos muy satisfechos por contribuir con esta moción a la mejora de las familias monoparentales, de las familias numerosas y de
las familias con hijos con discapacidad, de las familias de rentas bajas y de las clases medias. Así, a través de esta moción impulsada por Esquerra Republicana hemos logrado que las familias monoparentales, las familias numerosas y las familias
con hijos con discapacidad cobren una paga de 3.500 euros. Esto es algo muy importante porque estamos hablando de núcleos familiares de especial vulnerabilidad, y además con esta medida se reconoce por primera vez en el ordenamiento jurídico
español por lo que respecta a las políticas familiares el concepto de la monoparentalidad, que desde hace muchos años está reconocido, por ejemplo, en Cataluña y que supone un avance social muy importante.
Con esta moción también hemos logrado aumentar el nivel de renta para poder percibir una ayuda específica en el caso de las familias con mayores dificultades económicas. Hemos subido este nivel de renta de 9.000 a 11.000 euros, lo que
supone aumentar el universo de personas beneficiarias hasta más de 300.000 familias en todo el Estado español.
Asimismo hemos logrado que todas las ayudas por nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos estén exentas de declaración en el
IRPF.
En la Ley del IRPF actualmente vigente se contemplaba solo una parte y ahora lo hemos hecho extensivo a las ayudas por nacimiento, adopción, acogimiento y cuidado de hijos, por lo que de esta forma se ha solventado la injusticia que percibían
muchas familias al tener que declarar las ayudas que recibían. También hemos logrado un compromiso de aumentar las prestaciones económicas que ya se están dando en la actualidad por nacimiento, adopción o acogimiento, por el nacimiento del tercer
hijo para las familias con rentas bajas y para las familias con hijos con discapacidad. También hemos llegado a un acuerdo para mejorar la coordinación y la participación entre el Estado y las comunidades autónomas en el diseño y la gestión de las
ayudas a las familias, respetando, eso sí, el tema competencial, porque recuerdo que algunas comunidades autónomas, especialmente Cataluña, tenemos la competencia exclusiva en la protección y la promoción de las familias y, por lo tanto, es muy
importante que en el diseño y la implementación de las políticas familiares del Estado español se respeten las competencias autonómicas. Asimismo hemos acordado impulsar políticas tendentes a desarrollar la escolarización de 0 a 3 años. Y
finalmente hemos querido reflejar en esta moción un tema no menor, y es que se tenía que potenciar la perspectiva de género en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas familiares. Se trata de reconocer el papel que históricamente han
tenido las mujeres en la familia y la transversalidad, es decir que todas las administraciones públicas deberían aplicar el tema del género en todas sus políticas.
Así pues, en Esquerra estamos realmente muy satisfechos con esta moción porque sienta las bases de un nuevo modelo de políticas familiares.
Creemos, como dijimos en la interpelación, que las políticas de cheques no son las más eficientes ni
tienen que estar sujetas a periodos electorales ni a periodos de superávit; no son las más eficientes porque no crean la distribución de la riqueza que se le supone a todo partido de izquierdas. Nosotros estamos por la universalización de los
derechos y la extensión de los servicios para todas las familias y sobre todo para todos los niños de 0 a 3 años. Estamos por un modelo de ayudas equitativas y eficientes, y por eso, repito, estamos satisfechos con este acuerdo al que hemos llegado
con el Grupo Parlamentario Socialista, que creo que va en esta dirección. Además, lo más importante de todo es que estos puntos no son un brindis al sol sino que se van a incorporar a la ley de los 2.500 euros, la famosa ley del cheque bebé. Por
lo tanto, es una
verdadera garantía de los derechos y ayudas a las familias el hecho de sentar las bases para este cambio de modelo de políticas familiares que les comentaba ahora mismo. Así pues, estamos satisfechos con este acuerdo, agradecemos al Partido
Socialista todas las gestiones y, evidentemente, animamos a toda la Cámara a sumarse a esta moción en pro de las familias del Estado español. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Oliva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, me honra subir hoy a esta tribuna para intervenir en nombre de mi grupo en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) sobre ayudas y medidas para la familia y la infancia, y en relación
con la enmienda de sustitución acordada por los dos grupos. Esto ha sido posible por varias circunstancias. En primer lugar, señora Oliva, su grupo se ha definido en esta legislatura por su preocupación y por sus propuestas en materia de política
social y en concreto por las políticas de protección a la familia. En la mayoría de las ocasiones, en las leyes presentadas por el Gobierno de España y tramitadas en este Parlamento hemos podido contar con ustedes, desde la diferencia en ocasiones
pero sin ningún antagonismo, lo que ha permitido pasar de la diferencia al debate y del debate al acuerdo, como ha ocurrido hoy. Por tanto, quiero reconocerles en nombre de mi grupo su trabajo y sus aportaciones. En segundo lugar, en esta línea
cabe destacar que para el Gobierno, para mi Gobierno y para mi grupo las políticas sociales, incluidas las de familia, han sido el eje. Estamos convencidos de que un país no avanza si el crecimiento económico favorece solo a unos cuantos. Esto
genera a medio plazo dualidad social. Nuestra concepción política se basa entre otras cuestiones en crear condiciones para el crecimiento económico, y de manera justa y progresiva este crecimiento debe mejorar el bienestar de los ciudadanos, por
ejemplo aumentando los derechos universales. Señora Oliva, cuando hablamos de derechos universales nos estamos refiriendo a aquellas políticas que van dirigidas a todos los ciudadanos, sin discriminación de ningún tipo; derechos universales a
propósito de la ayuda a las familias por hijo recién nacido. Insisto, ayudas universales, derechos universales, y me van a permitir que diga que estos derechos universales han venido de manos socialistas. Pero esto no es suficiente. Las políticas
universales tienen un sentido fundamental en un Estado de derecho, pero a la vez se deben combinar estos derechos con acciones positivas dirigidas a grupos de población que por circunstancias específicas requieren una atención preferente de los
poderes públicos, de forma justa y solidaria. Pongo por ejemplo las familias, que usted ha mencionado, vulnerables por situación de discapacidad, por existir un solo progenitor o por no disponer de los mínimos ingresos que les garanticen una vida
digna, o las familias numerosas.
Trabajar para el bienestar del conjunto de la población es imprescindible, señor Campuzano, y también por una parte de ella, es decir, el todo y la parte, es imprescindible para conseguir una mayor cohesión social y un crecimiento social más
armónico de nuestra sociedad, insisto, creando condiciones. No en vano la inversión en gasto social es para mi grupo la mejor inversión para la ayuda a la inclusión, para crear ciudadanía y evitar un modelo -que a veces existen tentaciones- basado
en el subsidio, que genera acomodación y disminuye el dinamismo individual y colectivo.
Queremos -mi grupo, por descontado- una sociedad avanzada social y económicamente hablando, por eso estamos hablando de nuevas políticas sociales.
Universalidad y particularidad son dos elementos fundamentales en un proceso de construcción de bienestar que requiere un cierto tiempo, pero sobre todo responsabilidad política. Lo siento, a veces no es posible el todo, el ahora y aquí.
Si pasamos nuestra mirada por el pasado reciente heredado y vemos dónde estamos hoy, señor Barrachina, y adónde queremos ir en materia de bienestar, he de decir que mi grupo va a seguir siendo todo lo ambicioso posible, sin ninguna
complacencia, con decisión en seguir este proceso de incremento de la situación de bienestar para todos los ciudadanos y para la parte, pero con responsabilidad. Por esto hemos procurado llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya,
como lo hemos hecho en otras ocasiones con la mayoría de grupos de esta Cámara cuando nuestros intereses han coincidido en una intersección llamada política social. La enmienda presentada, como ha dicho la señora Oliva, aumenta las prestaciones,
incrementa el mínimo de renta familiar -no voy a repetir los datos- para acceder a las ayudas, garantiza la exención fiscal y tiene una dirección muy clara: impulsar políticas para avanzar en la protección a la familia, por ejemplo, la
escolarización de 0 a 3 años, o el elemento de género, que hay que tenerlo en cuenta siempre de manera transversal. Creemos que esta enmienda conjunta de sustitución es un buen paso para hoy, con unos claros beneficios inmediatos, y para el mañana.
Esperamos -me toca también decirlo- el apoyo de todos los grupos, en una contribución más a la mejora del bienestar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Esteve.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos presentado una enmienda a la moción de Esquerra Republicana que mejora las cuantías que solicitan sean incrementadas a las familias con hijo a cargo, ya que las existentes son prácticamente nulas y para familias con un nivel
de renta tan bajo que se convierten en ayudas para familias en situación marginal. Somos el único país de la anterior Europa de los Quince donde no se percibe una ayuda periódica de carácter universal para las familias con hijos a cargo hasta la
edad de 18 años. Por tanto, nuestra enmienda solicita que se aborde una subida por hijo a cargo de más del doble -ahora se encuentra en 210 euros-, hasta 610 euros, para familias que obtengan rentas inferiores a 12.000 euros, teniendo en cuenta que
deberán subirse las rentas familiares significativamente para poder cobrar la ayuda conforme vayan siendo familias de dos, tres o más hijos.
El Consejo de Europa, en un informe sobre el cumplimiento de los derechos de la Carta Social Europea, criticaba la insuficiencia de las prestaciones familiares en España y alertaba de que estas ayudas habían llegado a muy pocos ciudadanos y
que su cuantía, fijada en 24 euros mensuales, resulta realmente muy escasa. El Grupo Socialista y el grupo proponente han presentado una enmienda conjunta, que seguramente sea la que finalmente se apruebe, en la que se incrementan una serie de
ayudas, pero no incrementan la ayuda de 24 euros mensuales por hijo a cargo a la que aludimos, ni tampoco la ven desde un punto de vista universal, aunque la proponente y la representante del Grupo Socialista nos han dado una clase de los derechos
de carácter universal. No obstante, aunque no llegan a las cantidades propuestas en nuestra enmienda, como realmente se mejora la situación existente, votaremos favorablemente. En nuestra enmienda solicitamos subidas algo más importantes para las
familias que tengan hijos mayores o menores de 18 años con algún grado de discapacidad, y estamos de acuerdo con la subida a las familias monoparentales.
En relación con la prestación actual que perciben las familias numerosas por nacimiento o adopción del tercer o siguientes hijos, solicitamos que se incremente la ayuda económica de pago único hasta 1.500 euros y que sea compatible con la
que ha anunciado el Gobierno de 2.500 euros de carácter universal que presumiblemente se apruebe por la Cámara. Esto me permite denunciar que en España las familias numerosas han sido ignoradas por este Gobierno, que no ha tenido en cuenta a estas
familias, que son un gran motor de desarrollo económico y social, aportan el principal activo de la sociedad, lo más elemental para que un país pueda crecer y prosperar, que son las personas, y esta contribución no se ve compensada por el Gobierno,
más bien lo contrario: las familias numerosas son a menudo penalizadas por el hecho de tener muchos hijos y no se reconoce la importante función social que realizan. No me equivoco si digo que las familias numerosas son las que más capital humano
aportan, más consumen, más impuestos pagan, más jóvenes aportan al sistema educativo y productivo, más contribuyen al relevo generacional y más PIB generan, y este Gobierno ni tan siquiera ha aprobado el reglamento de la Ley de Familias Numerosas
conforme a lo que ésta preveía en relación con la ayuda para transporte, dando lugar a que esté recurrido por la Federación de Familias Numerosas. No es de extrañar que pongan el grito en el cielo cuando oyen que a los jóvenes les van a ayudar en
el alquiler, que por otro lado no está nada mal -nosotros hubiéramos propuesto un amplio programa de empleo para ellos, pero no está mal-, pero estas familias pelean por los descuentos en el transporte. Por tanto, enhorabuena si ahora
previsiblemente van a acordar una pequeña aportación diferenciada con las demás familias. No obstante, no se prevé en la enmienda que presentan el límite de renta que las familias con más de un hijo han de tener para percibir las ayudas por hijo a
cargo, que necesariamente ha de ser muy por encima de los 11.000 euros que prevén e ir aumentando dependiendo del número de hijos.
Por supuesto, estamos de acuerdo con la plena universalización de la escolarización de los niños de 0 a 3 años, a la vez que también se lleve a cabo un estudio para la reorganización de los horarios laborales y escolares para mejorar la
conciliación. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha sido una de las cosas más positivas que han ocurrido en nuestro país hace muchos años. Sin embargo, ha tenido consecuencias negativas en la familia por no haber ido acompañada de
otras medidas necesarias para llevar a cabo una transición moderada entre la mujer de hace treinta años y la de hoy. Reconocer el importante papel de la mujer en la familia es como entendemos la votación del número 7 de la enmienda conjunta, no
reconociendo la teoría de género en la moción, que nada tiene que ver, sino la perspectiva de género en este asunto. Hemos pasado de ser el segundo país con mayor índice de fertilidad en toda Europa a tener la tener la tasa de natalidad más baja de
toda la Unión Europea, y sin embargo una encuesta del CIS nos demuestra que a las españolas les gustaría tener 2,7 hijos de media, si bien los obstáculos económicos y laborales frenan sus deseos de tener mayor descendencia. La ONU ha advertido de
que en tan solo cuatro décadas España será el país más viejo del mundo. Pues bien, este grupo parlamentario, a lo largo de toda la legislatura, ha ido presentando una serie de iniciativas de apoyo a la familia sin éxito, algunas porque ni siquiera
se han llegado a debatir, como ha sido una proposición de ley sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, con medidas bastante más ambiciosas que las tímidas novedades aparecidas en el tema de conciliación en la Ley de Igualdad; otras como
un importante plan de familia que fue votado en contra por el grupo mayoritario, pasando por diferentes iniciativas para que el Gobierno pusiera en marcha medidas para el cumplimiento de su propio programa electoral, como era la ayuda de los 100
euros a todas las madres trabajadores dentro y fuera de casa o el Observatorio de la familia, y han votado en contra de todas ellas.
Volvemos a la moción para afirmar que también estamos de acuerdo en que el gasto en políticas familiares no pueda ser inferior al 2,5 por ciento del PIB, pero lamentablemente ha desaparecido de su moción. Es lamentable porque lo que aporta
el Estado a políticas familiares es tan solo el 0,5 del PIB. El Gobierno pensará que con el anuncio que ha hecho hace pocos días de subir las prestaciones por hijo a cargo, o las ayudas por nacimiento de hijo de 2.500 euros, ya ha hecho suficiente
y tiene a las familias contentas para las próximas elecciones. Nosotros decimos que bienvenidas sean, aunque pensamos que son medidas aisladas que poco han modificado el panorama general y no creemos que sean lo suficientemente efectivas por la
irresponsabilidad de no ir precedidas de una adecuada política económica.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señora Méndez, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señor presidente.
No obstante, desde nuestro grupo decimos que bienvenidas sean. Cualquier ayuda a la familia, aunque su finalidad sea meramente electoralista, bienvenida sea. Bienvenida sea cuando ahora, próximas las elecciones, la familia se convierta en
protagonista de una rivalidad electoral y se pongan en marcha medidas que, no por electoralismo sino por justicia, se precisan. Nos da igual que su finalidad no sea la demográfica, siendo el nuestro uno de los países más bajos en índice de
natalidad. Nos da igual que su finalidad no sea la de suficiencia de nuestro sistema de pensiones; en el año 2015 se producirá un déficit en nuestro sistema de Seguridad Social y en la última reforma de la Seguridad Social no se ha abordado
suficientemente este tema. Nos da igual que su finalidad no sea económica o de productividad o incluso de carácter social. Nos da igual que sus medidas sean puramente electoralistas; nosotros las aplaudiremos cuando nos parezca que son de
justicia, y estas lo son. Aunque como son aisladas y se quedan cortas nosotros propondremos con un texto alternativo algo más integral y coherente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Méndez.
A continuación, turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, utilizamos este turno para posicionarnos en relación con la moción que presenta el Grupo de Esquerra Republicana, sobre todo en la medida en que la portavoz del grupo nos acaba de anunciar el acuerdo, a través de una transacción,
con una enmienda del Grupo Socialista, y que las dos diputadas, tanto la del Grupo Socialista como la de Esquerra Republicana, nos acaban de exponer vehementemente con argumentos que desde la perspectiva política del Bloque Nacionalista Galego no
podemos más que compartir, cuando menos en la filosofía.
Dicho esto, me gustaría dejar clara una cosa, y es que en nuestro grupo la visión que tenemos de la política social está basada en una cuestión primordial o fundamental, que es la idea de una sociedad donde el justo reparto de la riqueza se
haga para garantizar las mejores condiciones de vida y la mejor calidad de todas las personas que la componemos. Digo esto porque concebir la sociedad de esta manera hace que no podamos compartir, como me pareció entender a las anteriores
portavoces de cualquiera de los tres grupos, la idea de la universalización de determinadas cuestiones como las prestaciones entendidas y concebidas como ayudas para paliar los gastos, que en este caso puede ser los derivados de la familia o los
hijos, etcétera. Entendemos, eso sí, el derecho universal de aquellas cuestiones que son servicios y que además tienen que representar, desde nuestro punto de vista, una condición que debemos exigir al Estado, en este caso la cuestión de las plazas
que se recoge en la moción transaccionada por los dos grupos, es decir, la garantía de la existencia de las plazas para los niños y niñas de 0 a 3 años. No podemos entenderlo así en lo que se refiere, por ejemplo, a la tan mencionada y publicitada
idea de los 2.500 euros que el presidente del Gobierno nos presentó en esta Cámara y que en este momento está en el plazo de enmiendas. Estamos por eso de acuerdo con el punto número 1 de esta moción transaccionada, que no delimita la posibilidad
de seguir discutiendo las condiciones en que se establezcan esas ayudas, pero sí que reconoce la necesidad de hacer una diferencia cuando menos en el caso de las familias con rentas más bajas o que tengan una cuestión añadida, como son las personas
que tienen a cargo hijos o hijas con algún problema de discapacidad. Nos reservamos por tanto para, con las enmiendas que nuestro grupo va a presentar a ese proyecto de ley, tener un debate más amplio a este respecto, pero pensamos que una cosa son
los derechos universales y aquellos que son servicios a todos y a todas los ciudadanos y ciudadanas y otra cosa son las ayudas para paliar determinadas situaciones de desventaja social, como nosotros lo entendemos.
Vamos a apoyar la moción, con este comentario a este punto número 1, que está relacionado -y así lo recoge el último párrafo de la transacción- con el proyecto de ley que estamos tramitando. Entendemos que también, señoras portavoces de
Esquerra Republicana y del Grupo Socialista, que lo incluyen en la moción transaccionada, el punto número 7 tiene relación con ese proyecto de ley. Potenciar la perspectiva de género en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas familiares
son asimismo cosas que tenemos que repasar en ese proyecto de ley y, dado que de lo que figura aquí y tenga relación con ese proyecto se va a buscar el encaje en el mismo, vamos a apoyarlo. En cuanto al resto, que no tiene relación
con el proyecto de ley, lo vamos a apoyar en la medida en que el grupo mayoritario de la Cámara, el grupo que apoya al Gobierno, transaccione con el grupo proponente la moción, porque eso significará que será visualizada esta moción en los
próximos presupuestos que tendremos que aprobar en la Cámara. Si no, otra vez tendríamos que decir que es mera publicidad, mera propaganda, y que al final no conseguimos los objetivos en los que todos parece que coincidimos en los discursos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Fernández Davila.
A continuación corresponde su turno al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, de entrada manifiesto que votaremos favorablemente la moción de Esquerra Republicana que hoy ha sido defendida por la diputada Oliva.
Coincidimos con las medidas que se proponen y que van en línea al menos con parte de nuestros
planteamientos, en general. Estoy segura de que también en este caso Esquerra Republicana hubiera querido llegar más allá en algunas de las cuestiones. Precisamente, en la línea de lo que se aprueba en esta moción, nuestro grupo presentará
enmiendas -y está claro que también lo hará el Grupo de Esquerra Republicana y otros grupos- para mejorar la ley sobre adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción
de la Seguridad Social. También la portavoz del Grupo Mixto comentaba en su intervención que será imprescindible que todo eso se refleje evidentemente en los presupuestos que pronto vamos a debatir.
Quisiera resaltar en mi intervención, más que aquello que compartimos, que es todo lo que se recoge en esta moción, cuestiones que tienen que ver con la ley que acabo de mencionar y que habremos de discutir de manera inminente. Nuestro
grupo parlamentario no se siente cómodo con esta ley.
Así lo ha manifestado y de hecho ha estado muy cerca de presentar una enmienda a la totalidad. No se siente cómodo, no porque creamos que no puede ser necesario para muchas familias tener esta
deducción de los 2.500 euros; para unas familias será más oportuno y necesario, para otras menos y a otras familias no les va a sacar de ningún problema, porque 2.500 euros no tienen demasiada significación en su renta anual. Aquí va a haber una
aportación económica que va a suponer un gasto grande para el Estado, pero que va a tener una repercusión diferente. Nosotros siempre hemos defendido las políticas públicas, los servicios públicos y los derechos subjetivos; queremos medidas que
impliquen cambios en profundidad de nuestro modelo de apoyo a las familias, pero sobre todo a las personas.
Señorías, para nosotros el debate sobre las ayudas a las familias es un debate que, como mínimo, nos deja un poco fríos y en la actualidad nos parece muy engañoso, porque responde poco a la realidad social. Como ya hemos dicho muchas veces,
hoy existen muchos tipos de familias: monoparentales, familias numerosas, familias que no se pueden permitir tener hijos, familias que tan solo se pueden permitir tener un hijo y familias que deciden no tener hijos, pero que evidentemente también
viven en familia. Familia puede ser la familia legalmente establecida o la familia establecida por vínculos familiares, pero también son familia.
Para nosotros, lo verdaderamente cierto e importante es que existen individuos, personas, ciudadanos
y ciudadanas que individualmente han de tener unos derechos y unos deberes en esta sociedad. Volviendo a esta ley que pronto vamos a discutir, el derecho es para el recién nacido, quien debe tener los servicios y los recursos es el recién nacido.
No es en sí la familia, el derecho es del individuo, del recién nacido, y el Estado debe garantizar los servicios y los recursos, en este caso, al recién nacido; en otros casos, será a la persona con problemas de discapacidad, al enfermo mental, a
la mujer que tiene dificultades para integrarse en el mercado laboral, etcétera. Podría seguir enumerando ejemplos, pero ya no puedo extenderme más.
Este es el cambio de enfoque de visión que entendemos que ha de hacer nuestro país en materia de política social y es al que el Gobierno socialista, en estos últimos meses, cuando nos acercamos a las elecciones, nos parece que se está
desviando. Nosotros vamos a intentar llegar al máximo de acuerdos con el Gobierno socialista y con el Grupo Parlamentario Socialista, para que realmente algunos aspectos de esta moción -Esquerra Republicana también quería llegar mucho más allá-, el
derecho universal de 0 a 3 años se reconozca, que tenga una periodicidad y que haya un compromiso en los próximos años de legislatura. Esperemos que en esos años haya también una mayoría progresista en este hemiciclo y que todo esto sea una
realidad. Pongamos ahora ya la primera piedra con estos acuerdos en esta ley, en los presupuestos de este año, y esperemos que sea una realidad en la legislatura siguiente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora García Suárez.
A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Dado el nivel de consenso que se percibe en las exposiciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, prácticamente solo nos queda una política de inmersión en esta felicidad colectiva que parece imprimir esta
iniciativa parlamentaria. Nos parece
bien que por fin, aunque sea en las postrimerías de la legislatura, en esta especie de champa final, se planteen temas serios. También se podían haber planteado al principio de la legislatura y seguramente hubiéramos llegado a acuerdos más
razonables, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Nos parece razonable lo que presenta la señora Oliva y nos parecen razonables las enmiendas que se han transado. Si hay un déficit que caracterizaba -y ha sido una opinión recurrente y un discurso recurrente de mi grupo- al Estado español
es la falta de políticas familiaristas.
Ahora bien, ¿cuáles son las políticas familiaristas a articular, señor presidente? Aquí viene la gran cuestión. ¿Son políticas natalistas? ¿Son políticas de otra naturaleza? ¿Seguimos considerando las
políticas natalistas políticas con una impronta conservadora cuando son de origen socialdemócrata, políticas que se han aplicado cuando aquí se consideraban conservadoras, incluso la propia institución de la familia las consideraba así? Ya se
aplicaban en países socialdemócratas, gobernados por partidos socialistas o socialdemócratas y por partidos centroeuropeos, gobernados por partidos socialdemócratas o socialistas, países, por cierto, donde se ha logrado reponer la tasa de
reposición, donde se ha logrado compensar el índice de natalidad, que va a provocar que en el Estado español, si no se corrigen las cosas y no se afronta este problema en serio en el futuro, en la próxima legislatura, nada menos que en el año 2050
haya más ciudadanos con más de 100 años que ciudadanos con menos de 14, lo cual, en mi opinión, no es una cuestión baladí, por muchas razones.
Al margen de esto, estamos llegando a puntos de consenso, a puntos de encuentro y sobre todo a la pertinencia de articular una política de familia de verdad, para lo cual no es suficiente esta repentización del presidente del Gobierno, con
todos los respetos, señor Zapatero, de los 2.500 euros, pues las políticas natalistas se caracterizan por dos segmentos de actuación desde las instituciones públicas competentes. Por cierto, señora Oliva, que las instituciones públicas competentes
tampoco son las estatales, sino las autonómicas. Por lo menos Euskadi, la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene competencia exclusiva y por tanto legislativa en materia de asistencia social y de atención a la juventud y a la infancia, artículo
10.39 del Estatuto de Autonomía de Gernika. Luego ya podríamos discutir hasta los títulos competenciales, pero, como parece que en la naturaleza de las cosas está vulnerar las competencias en ciertas materias, sobre todo cuando reportan réditos
electorales, vamos a asumir el problema. Lo que no vamos a asumir es el problema conceptual, señor presidente, y solo subvenciones económicas, pagas, a las que se denominan, pervirtiendo los conceptos, deducciones del impuesto sobre la renta de las
personas físicas o pensiones no contributivas. Las vamos a asumir, no sin ciertos reparos. Primero, reparos conceptuales, porque no se puede entregar a una persona 2.500 euros y decirle: tenga usted una paga o un cheque-bebé en concepto de
deducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como todo el mundo sabrá en esta Cámara, porque todo el mundo accede a la declaración, las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas se invocan en el momento de
hacer la declaración y el único efecto que producen es la disminución de la deuda tributaria.
No se puede adelantar una subvención de carácter natalista atribuyéndole pretendidamente la categorización jurídica de deducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es una prostitución del instituto jurídico. Tampoco es
una pensión no contributiva, cosa que se retiene solo para las comunidades autónomas que tienen convenio o concierto económico para no vulnerar sus competencias o su soberanía fiscal en la materia. ¿Por qué no es una pensión no contributiva?
Porque le faltan las características que tienen todas las pensiones no contributivas: la periodicidad en el pago -no es una subvención, se paga mes a mes-, la universalidad, la atención a la situación de necesidad, etcétera. Desde esa perspectiva,
sin perjuicio de los errores conceptuales o de la perversión de conceptos jurídicos, es que a estas ayudas natalistas les falta lo más importante de las políticas natalistas, que son las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Señora Oliva, con todo respeto le digo que seguramente podríamos haber hecho entre todos un gran esfuerzo para implementar mejor en el Estado español las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Yo tengo la experiencia
empírica y experimental, porque soy padre de familia numerosa; aquí faltan ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral porque es que nunca se ha tomado en serio el problema. Usted lo ha planteado hoy -también lo decía la portavoz del
Grupo Socialista- y me parece correcto que por fin en una campaña electoral se vaya a hablar de políticas de familia, pero va a ser la primera campaña electoral. Algo es. Por fin, la familia ocupa el frontispicio de nuestras preocupaciones
políticas, removiendo ciertos atavismos ideológicos, absolutamente periclitados en otros países, pero que en este país desgraciadamente se consideraban conservadores en el tiempo. ¡Por fin! Y vamos a ver si a través de la incorporación de políticas
natalistas o familiaristas siquiera, de cualquier naturaleza, en nuestro ordenamiento jurídico podemos evitar que los índices de natalidad provoquen que en el año 2050 haya más personas en el Estado español con más de 100 años que personas con menos
de 14.
Esto sería la desaparición no del Estado del bienestar, señor presidente, sería quizá la desaparición del propio Estado español y ya me voy a ahorrar valoraciones sobre esta última exposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Olabarría.
Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Empiezo por donde terminaba el señor Olabarría. El proyecto de ley de creación de esa deducción fiscal avanzada genera un debate en la Cámara con relación a las políticas de apoyo a la familia. Antes citaba diversos aspectos del dictamen
del Consejo Económico y Social. Es bueno recordar que el propio Consejo Económico y Social afirma que es evidente que esta medida, los 2.500 euros, se presenta con carácter aislado, desvinculada de un marco global de apoyo a las familias que
priorice la superación de las carencias actuales en servicios, equipamientos e infraestructuras de apoyo al cuidado de los niños. Señorías, por fin estamos discutiendo de políticas de apoyo a las familias, pero seguramente hemos empezado de la peor
manera posible. Vamos a ver si en la tramitación de ese proyecto de ley somos capaces de corregirlo.
Respecto a la moción que nos presenta la señora Oliva y el texto transaccionado con el Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió no va a tener ningún inconveniente en apoyarlo. Nos parece un texto interesante, con medidas
concretas positivas y que mi grupo comparte.
Quiero tan solo plantearle a la señora Oliva la necesidad de que aclare exactamente a la Cámara el contenido del punto 2 de su moción, donde afirma incrementar hasta mil euros (3.500) las prestaciones
económicas para familias con hijo/a con discapacidad, para las familias numerosas y para las familias monoparentales. Quiero pedirle que aclare si lo que estamos votando es un incremento de los 2.500 euros de la deducción por nacimiento o adopción
que anunció el presidente del Gobierno, o esos 3.500 euros son el resultado de la suma de los 2.500 más la mejora de las prestaciones no contributivas del sistema de la Seguridad Social. Sería bueno que la señora Oliva nos lo aclarase, no tanto
porque nuestro grupo lo rechazase y fuesen efectivamente dos consideraciones diferentes, sino para que no confundiésemos a la opinión pública; deberíamos aclarar que los 2.500 euros que el Gobierno propone en el proyecto de ley en principio no se
tocan en esta moción que nos presenta la señora Oliva y que lo que hacemos es incrementar las prestaciones de la Seguridad Social, dando la suma de las dos cifras 3.500 euros. Sería bueno que eso se nos aclarase, señor presidente, con el fin de
saber lo que estamos votando.
Hecha esta consideración, mi grupo quiere compartir con Esquerra Republicana la siguiente reflexión. La señora Pérez Domínguez hace unos instantes, en su intervención en la anterior moción, afirmaba que estamos haciendo patria e igualando,
y miraba a los escaños del Grupo Parlamentario Popular. Señora Oliva, estemos alerta, porque quizá por buena fe, por ingenuidad, por izquierdismo mal entendido, ustedes pueden legitimar una intervención del Estado en aquellas materias que son
competencia autonómica. Ya lo hicieron en la Ley de Dependencia. Ya lo hicieron. Y eso ha tenido consecuencias: vulneración de las competencias exclusivas en materia de asistencia social y configuración de un sistema de financiación de la
dependencia que hoy se está convirtiendo ya en una hipoteca a las finanzas de la Generalitat de Catalunya. Quizás por ingenuidad o por oportunismo político, ustedes optaron por no plantear una discusión a fondo en aquel proyecto de ley, tanto en
competencias como en materia de financiación autonómica.
Hoy, escuchando a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que expresa esa convicción jacobina de que quien puede garantizar la efectiva igualdad de los ciudadanos es el Estado, nos hubiese gustado encontrar un discurso de Esquerra
Republicana confrontando esa visión. Porque precisamente si alguna cosa nos debe caracterizar a quienes somos nacionalistas en esta Cámara -nacionalistas catalanes, vascos y gallegos- es confrontarnos a esa idea terrible del Estado que niega la
capacidad del Estado autonómico, de las autonomías, de nuestros autogobiernos, a garantizar la verdadera igualdad de oportunidades de nuestros ciudadanos.
Si el único que puede garantizar la cohesión social, el bienestar y la igualdad de
oportunidad de los ciudadanos es el Estado central, nos estamos cargando el concepto de autogobierno.
Señora Oliva, le pido que reflexione sobre eso. Se equivocaron en el trámite parlamentario de la Ley de Dependencia, consagraron la invasión de las competencias e hipotecaron las finanzas de la Generalitat en materia de servicios sociales.
No caigamos en el mismo error de legitimar una visión jacobina que el Partido Socialista comparte con el Grupo Popular en materia de política social. Le recomiendo la lectura de un fantástico informe del Consejo Económico y Social del año 1999 al
2000 titulado Cohesión social y unidad de mercado; destila esa visión que izquierda y derecha comparten en España del Estado central como el único que garantiza esos dos elementos: la unidad de mercado y la cohesión social. Piense en ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Campuzano.
Señora Oliva, exclusivamente para aceptación o rechazo de enmiendas y, si quiere, para contestar a la cuestión planteada por el señor Campuzano, pero brevísimamente.
La señora OLIVA I PEÑA: Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.
Quiero aclarar al señor Campuzano que las familias monoparentales, las familias con hijos con discapacidad y las familias numerosas van a cobrar 3.500 euros, 2.500 euros del cheque y una ayuda de 1.000 euros más con cargo a la Seguridad
Social. Esas familias numerosas, monoparentales y con hijos con dispacacidad van a cobrar 3.500 euros.
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Oliva.
Llamamos a votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Tomen asiento, por favor, vamos a votar. Tres votaciones. En primer lugar, votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre la medidas previstas por el
Gobierno para paliar el impacto negativo que el uso de productos agrarios, en concreto los cereales, con destino a la producción de biodiesel está teniendo en el mercado con los consiguientes riesgos para la seguridad alimentaria. Se ha presentado
una enmienda transaccional. ¿Se opone algún grupo parlamentario a su tramitación? (Pausa.) Si no es así, votamos la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el evidente fracaso de sus políticas sociales. Se votará en sus términos y el grupo parlamentario proponente ha
solicitado que se haga votación separada, punto por punto. ¿Es así o no?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, mi grupo solicitaría que se votara solo por separado el punto 10, el que habla de desbloquear la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que establece el régimen de infracciones y
sanciones. Solo ese punto; los otros nueve pueden votarse en bloque.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte. Así haremos. En consecuencia se vota en sus términos y, en primer lugar, sometemos a votación del punto 1 al punto 9. ¿Alguna duda? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 128; en contra, 167; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos el punto número 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre políticas, ayudas y medidas en todos los ámbitos competentes al Estado, destinado a la familia y a la infancia, con la enmienda de sustitución
presentada conjuntamente por Esquerra y el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 303; en contra, 4; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las ocho y cinco minutos de la noche.
Corrección de errores.-En el 'Diario de Sesiones' número 280, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles 12 de septiembre, en la página 13829, segunda columna, línea 28, donde dice: 'no haya conseguido poner en
funcionamiento ningún nuevo kilómetro de AVE', debe decir: 'no haya planificado ningún nuevo kilómetro de AVE'.
En el 'Diario de Sesiones' número 281, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado jueves 13 de septiembre, en la página 13893, primera columna, figura como interviniente la señora Muñoz Resta, cuando esa intervención
corresponde a la señora Muñoz de Diego.