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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 284, de 20/09/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 284
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 262
celebrada el jueves, 20 de septiembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 118-1, de 22 de diciembre de 2006. (Corrección de
error en 'BOCG', serie A, número 118-2, de 26 de diciembre de 2006). (Número de expediente 121/000118.)... (Página 13995)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 140-1, de 15 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000140.)... (Página 14006)
- Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 14023)
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 14023)
- Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones y Ponencias... (Página 14023)
- Acuerdo de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, sobre el Informe aprobado por la Ponencia para el estudio de los efectos nocivos de las drogas en la salud de los jóvenes y, muy especialmente, de sustancias como el
cannabis, la cocaína y las drogas de diseño. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 377, de 30 de abril de 2007.
(Número de expediente 154/000007.)... (Página 14023)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado... (Página 13995)
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal... (Página 13995)
Interviene el señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo), en nombre del Gobierno. Señala su satisfacción por la conclusión hoy de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por la que se modifica el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal, que se inició el pasado mes de diciembre y que ha sido objeto de un intenso debate entre todos los grupos de las Cámaras, cuyo trabajo quiere reconocer. Con esta reforma se contribuye a mejorar el funcionamiento del ministerio
fiscal, pero sobre todo el derecho de los ciudadanos a una Administración de Justicia de mayor calidad.
Finaliza agradeciendo a las Cámaras el buen trabajo realizado.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 14006)
Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad... (Página 14006)
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz), en nombre del Gobierno. Señala que este es el décimo proyecto de ley que el Ministerio de Medio Ambiente remite en esta legislatura a la Cámara para fortalecer
la garantía del derecho de todos los ciudadanos a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, para su salud y para su calidad de vida, estableciendo las responsabilidades que cada uno de los distintos niveles de las administraciones y los
ciudadanos en su conjunto deben asumir para hacer efectivo dicho derecho. Agradece al Grupo Parlamentario Popular la oportunidad que le brinda de defender esta mañana este proyecto a partir de la presentación de la enmienda de devolución, pues cree
que es importante que en esta Cámara se debata sobre la biodiversidad. La preservación de la biodiversidad es imprescindible para garantizar el presente y el futuro de nuestro planeta, por lo que quiere resaltar la importancia de esta ley en el
contexto de otras que durante esta legislatura han llegado a esta Cámara.
Expone la justificación de la norma que va a sustituir a la vigente Ley 4/1989, de Conservación de la Naturaleza, citando normativas y acuerdos a nivel internacional.
Finaliza resaltando que la norma pretende mejorar el conocimiento sobre nuestra diversidad; ampliar y mejorar los cauces de participación ciudadana; mejorar la eficacia de los instrumentos de planeamiento; ampliar y mejorar la actual
gestión de la Red Natura 2000 y ampliar y mejorar la protección en nuestro país de las áreas marinas protegidas.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada interviene la señora De Lara Carbó.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Ortiz Rivas, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora ministra de Medio Ambiente.
Por alusiones interviene la señora De Lara Carbó.
Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente.
Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 14023)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que son aprobadas.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 14023)
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se rechaza por 129 votos a favor y 184 en contra.
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias... (Página 14023)
Acuerdo de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, sobre el informe aprobado por la ponencia para el estudio de los efectos nocivos de las drogas en la salud de los jóvenes y, muy especialmente, de sustancias como el
cannabis, la cocaína y las drogas de diseño ....
(Página 14023)
Sometido a votación el Acuerdo de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, se aprueba por 311 votos a favor y dos en contra.
Se levanta la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 31 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL.
(Número de expediente 121/000118.)
El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. El Gobierno tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señorías, hoy concluye la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por la que se modifica el Estatuto orgánico del ministerio fiscal; una tramitación que comenzó el
pasado mes de diciembre y que ha sido objeto de un intenso debate entre todos los grupos de las Cámaras, cuyo trabajo quiero reconocer hoy. Son palabras habituales y puede que suenen a fórmula de cortesía normalizada. Entenderán, sin embargo, que
cuando las expreso hoy tienen para mí un especial significado desde mis 33 años de ejercicio de la profesión de fiscal y, más aún, desde la feliz casualidad que me situó en la presidencia de la comisión que elaboró el borrador que se remitió al
Gobierno desde la Fiscalía General del Estado; una casualidad que para mí tiene mucho significado, el significado del privilegio que me ha permitido estar en la génesis y en el final de una modificación que creo tiene gran importancia.
Comprenderán por eso que entienda un verdadero privilegio poder ser hoy, como ministro de Justicia, quien les agradezca el ingente y valioso trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso y del Senado, sobre quienes
directamente ha recaído la responsabilidad de hacer posible la aprobación de esta reforma, y muy especialmente el trabajo de portavoces y ponentes que han logrado aunar voluntades para hacer surgir el consenso necesario para su aprobación.
Como ya dije el día 29 de marzo, con ocasión de la presentación del texto de esta Cámara, el proyecto pretende dar respuesta a los retos surgidos desde que en 1981 viera la luz el Estatuto del ministerio fiscal. Más allá de veinticinco años
de vigencia de ese estatuto han contemplado cómo se iban asentando las instituciones, cómo se consolidaba el Estado de las autonomías, cómo la globalización nos iba introduciendo nuevas modalidades de delincuencia, cómo la especialización se
extendía como una necesidad de una buena herramienta de trabajo, y cómo el ministerio fiscal se iba haciendo omnipresente en las más diversas jurisdicciones y, desde luego, en la primera línea de la defensa de la legalidad. Dos grandes objetivos ha
pretendido el Gobierno y ha respaldado el Parlamento: reforzar la autonomía del ministerio fiscal consolidando su dimensión constitucional y actualizar su estructura buscando una mayor eficacia. El proyecto ha sido modificado por las Cámaras.
Tanto la Comisión de Justicia del Congreso como el Pleno del Senado han aprobado diversas e importantes enmiendas. Son precisamente las introducidas el jueves pasado en el Senado las que hoy serán objeto de votación para confirmar su definitiva
incorporación al proyecto. Permítanme, no obstante, que comience por referirme brevemente a las modificaciones que se incorporaron al proyecto por la Comisión de Justicia del Congreso al aprobarse su dictamen con competencia legislativa plena y
que, por tanto, no se vieron en este Pleno. Entre ellas quiero destacar tres. Por un lado, la inclusión de la expresa mención al ministerio fiscal como órgano de relevancia constitucional y personalidad jurídica propia. No es solo una afirmación
retórica, es mucho más. La afirmación de personalidad jurídica del ministerio fiscal sitúa a esta institución en un ámbito de autonomía que le permite con toda justicia y con toda legalidad relacionarse con otras instituciones, firmando convenios
que posibiliten la actuación más eficaz de la institución. El
reconocimiento de su relevancia constitucional sitúa también a la institución, al órgano, en el lugar que le corresponde. Por otro lado, se previó que antes de que el fiscal general del Estado proponga al Gobierno los nombramientos para los
distintos cargos sea preceptivo no solo el informe del Consejo Fiscal, sino que se oiga al fiscal superior de la comunidad autónoma respetiva cuando se trate de cargos en las fiscalías de su ámbito. Finalmente, se ordena en la ley que los
presupuestos generales contengan las correspondientes partidas presupuestarias del ministerio fiscal adecuadamente singularizadas para atender a las necesidades funcionales del órgano, y además una de esas partidas será gestionada por la Unidad de
apoyo del fiscal general para atender a los gastos de funcionamiento de la administración de la Fiscalía General del Estado, medidas que profundizan, que avanzan en la línea de la autonomía.
El Senado ha remitido un texto con importantes novedades, la mayoría, como es lógico por su condición de Cámara de representación territorial, referidas a enmiendas que pretenden reforzar la figura y funciones del nuevo fiscal superior de la
comunidad autónoma, no solo en sus competencias organizativas sino también regulando los cauces de relación del fiscal superior con el Gobierno y con la Asamblea legislativa de la comunidad autónoma donde desempeñen sus funciones; comunicación
necesaria para la creación de lugares comunes de reflexión que permitan un exacto conocimiento de las actuaciones del ministerio fiscal por los órganos de gobierno de la comunidad. Otras enmiendas van dirigidas a facilitar el régimen de transición
hacia la nueva estructura organizativa y la temporalidad de los cargos para quienes hoy desempeñan sus funciones en estos puestos. Además, se prevé la intervención del fiscal superior como órgano de asesoramiento al fiscal general del Estado, junto
con el Consejo Fiscal, en la propuesta de los ascensos en los casos de cargos que correspondan a su ámbito territorial. En definitiva, un nuevo modo de que el fiscal general del Estado sea bien informado, haciendo desaparecer el carácter vinculante
de los informes del consejo, que entendemos, como corporación, no debía mantener esa llave en el nombramiento y sobre todo en los ascensos más importantes de la carrera fiscal.
Creemos que con la reforma contribuimos a mejorar el funcionamiento del ministerio fiscal, pero sobre todo el derecho de los ciudadanos a una administración de justicia de mayor calidad. Es una enorme satisfacción agradecer hoy a las
Cámaras el buen trabajo realizado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Comenzamos el turno de fijación de posiciones, por un tiempo de diez minutos. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Justicia, mi grupo parlamentario -y este diputado en este momento en el Grupo Mixto- a lo largo de muchas legislaturas ha venido manteniendo un criterio de valoración muy positiva de la Ley 50/1981, aprobada con
un Gobierno de la Unión de Centro Democrático -ya desaparecida-, del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que recogía un principio constitucional. Es y sigue siendo una magnífica ley que ha permitido que una institución del Estado democrático
de derecho, que es el Reino de España, se pudiera mantener en esa línea.
Fue una ley muy consensuada entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de UCD y los grupos parlamentarios que había en la Cámara, en cualquiera de sus
expresiones territoriales o políticas, porque se entendía que el ministerio fiscal era uno de los instrumentos garantes de la defensa de los legítimos intereses con el imperativo legal de velar por ese cumplimiento, siendo un nexo entre el personal
y los funcionarios de la Administración de Justicia en las actuaciones del ministerio fiscal, en un principio de actuación del Estado en el ordenamiento y en la defensa de derechos fundamentales constituidos como norma legal en nuestra Carta Magna.
En esa línea siempre nos hemos pronunciado por reforzar el carácter profesional y hemos admitido la designación por el Gobierno democrático de turno de la persona y el cargo del fiscal general del Estado, y a partir de ahí buscar un amplio consenso,
una amplia defensa de todo lo que es el sentido profesional de la carrera fiscal en cualquiera de sus representaciones, niveles, jerarquías, etcétera, manteniendo otro valor fundamental que es el principio de jerarquía dentro de la carrera de los
fiscales que están al servicio de esta institución y respetando sobre todo -ese es nuestro criterio al enjuiciar ahora las enmiendas del Senado- un equilibrio entre la estructura territorial del Estado y las competencias de las comunidades
autónomas. En esta línea creemos que estas enmiendas del Senado perfeccionan, matizan y clarifican la relación de un triángulo de competencias administrativas entre iniciativas de la comunidad autónoma, del ministerio fiscal y del fiscal general
del Estado, lo que tiene su punto de garantía y de concurrencia en el Consejo Fiscal. De aquí que estas enmiendas del Senado las vamos a votar favorablemente, en el sentido de que las posibilidades de recabar la actuación del ministerio fiscal en
el territorio de la comunidad autónoma, que por tanto puedan tener los gobiernos democráticos de estas comunidades autónomas, se puedan vertebrar de esta manera con las comunicaciones, notificaciones y recursos de la comunidad autónoma al fiscal de
turno que haya en esa jefatura máxima de la comunidad autónoma con la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, dentro ya de la carrera, siempre ha sido nuestra línea positivar y favorecer la figura del Consejo Fiscal. Entendíamos que siempre
tratará de haber un equilibrio, una moderación y un entendimiento en cualquier tema que el fiscal general del Estado ponga encima de la mesa cuando se reúne con el Consejo Fiscal y aquellas otras propuestas en sentido
inverso que del Consejo Fiscal emanen para hacerlas llegar al Fiscal General del Estado. De ahí que nuestra postura haya sido siempre muy favorable a mantener las competencias del Consejo Fiscal y si tuviera que tener las de este órgano
profesional que sea con sus avatares pero siempre de carácter democrático. En esta línea irá nuestro comportamiento en las votaciones de estas enmiendas que se refieran a competencias del Consejo Fiscal, que vuelvo a decir que es una figura que
nosotros valoramos muy positivamente en el sentido de que es un punto no de expresión política sino profesional y de armonía en un Estado de derecho que ya en un órgano colegiado, como el Consejo Fiscal, se tiene que defender.
Señor presidente, hemos hecho llegar a los servicios de la Cámara las enmiendas para las que pedimos votaciones separadas. Seguimos estando ante una buena ley, necesaria e imprescindible, porque una de las características para enjuiciar a
un Estado democrático y de derecho es ver cuáles son las competencias de la Fiscalía General del Estado, del ministerio fiscal. Queremos que las fuerzas políticas se sientan cómodas con el ejercicio de un órgano de esta categoría y que al mismo
tiempo los ciudadanos sepan cómo son estos profesionales encomiables, los que constituyen la carrera fiscal y el ministerio fiscal como institución, a las órdenes del fiscal general del Estado, es decir, a las órdenes del principio constitucional de
la libertad de derechos de la democracia. En esa línea irán nuestras votaciones.
Muchas gracias, señor presidente y señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro, por sus palabras a todos los grupos. Le agradezco en nombre de mi grupo que se valoren los esfuerzos que se hacen, porque efectivamente hemos tenido que renunciar a ciertas aspiraciones que se han quedado en el
camino, pero que le aseguro que iremos recuperando para conseguir todos los objetivos que queremos: que se amplíen los principios de legalidad e imparcialidad en el funcionamiento del ministerio fiscal y garantizar la independencia del fiscal
general del Estado, la autonomía del ministerio fiscal respecto al Ministerio de Justicia y la autonomía financiera, puntos en los que se ha avanzado pero, como usted bien sabe, se podía hacer más.
Hasta ahora, con las reformas introducidas por el Partido Popular, el Estatuto orgánico no ha supuesto ni un avance en la autonomía e independencia del ministerio fiscal ni adaptar la estructura a la realidad del Estado. En este sentido, a
pesar de valorar positivamente el texto que viene del Senado, se podía haber avanzado mucho más, aunque efectivamente la tramitación parlamentaria consigue avanzar considerablemente respecto al texto que venía del Gobierno, como por cierto viene
siendo habitual en esta legislatura, aunque después se sepa poco de ello y se capitalice mucho por parte del Gobierno y muchas veces poco por parte de los grupos que hacen las aportaciones y van mejorando el texto. Nuestro grupo siempre ha
trabajado con el objetivo prioritario de contribuir a configurar un auténtico modelo de ministerio fiscal descentralizado y al desarrollo del mandato constitucional de defensa del interés público y la satisfacción del interés social con garantías,
respetando escrupulosamente los principios de legalidad e imparcialidad; legalidad en cuanto a que la institución debe actuar con sujeción a la Constitución, a las leyes y a unas normas que integran el ordenamiento jurídico, e imparcialidad
fundamental para actuar con plena objetividad e independencia.
Así, en líneas generales y antes de entrar a valorar las mejoras introducidas en el Senado, consideramos que el proyecto de ley avanza en la reordenación de la organización del ministerio fiscal, tanto desde el punto de vista de la
especialización como en su extensión territorial. Se crean las fiscalías de área, lo que parece un avance claro y se acomoda así la estructura de macrofiscalías actuales a la complejidad de la estructura territorial, como he reseñado; se
racionaliza la complejidad de las macrofiscalías actuales; se permite un funcionamiento más próximo a la realidad y se desarrollan las unidades de apoyo, que se configuran como un órgano básico para la gestión de la Fiscalía General del Estado.
Así, en su conjunto se avanza en la independencia y autonomía, en la descentralización y en la mejora de los procedimientos de actuación. Eso sí, como le decía también, queda pendiente avanzar más en la independencia del fiscal general del Estado
en cuanto al nombramiento; sería interesante el nombramiento parlamentario, que seguirá siendo una seña de identidad de nuestro grupo y seguiremos reivindicándolo. En cuanto a la autonomía del ministerio fiscal respecto del Ministerio de Justicia,
el fiscal general está supeditado a las decisiones del ministerio, únicamente se le oye pero no decide. La autonomía financiera es una cuestión que hemos considerado prioritaria; escuchamos las reivindicaciones de los fiscales y las trasladamos a
nuestras enmiendas.
Creemos que la autonomía y responsabilidad directa viene dada únicamente si el ministerio fiscal dispone de autonomía económica. Parece que es como todo en la vida, cuando uno tiene autonomía económica se siente mucho más libre
para ir tomando decisiones y autogestionarse. El proyecto de ley apunta algo en este sentido, pero le ratifico que lo consideramos insuficiente. Nuestro grupo entiende que debe ser el fiscal el que elabore los presupuestos correspondientes a cada
ejercicio para dotar de recursos el funcionamiento orgánico del ministerio fiscal y garantizar los fines que constitucionalmente tiene atribuidos. Por otra parte, entendemos que se ha mantenido una excesiva jerarquización del ministerio fiscal, un
problema endémico en esta institución que no ha sido suficientemente resuelto en esta reforma. No obstante, es cierto que el texto resultante
con las enmiendas del Senado se puede calificar claramente como un avance importante respecto a la configuración del modelo del ministerio fiscal.
Valoramos positivamente las doce enmiendas introducidas en el Senado, incluso nos alegramos de que algunos senadores no estuvieran a la hora de la votación porque eso ha mejorado sustancialmente el texto, por qué no decirlo. Entendemos, por
tanto, que suponen una mejora respecto al texto que salió de esta Cámara. Un grupo de enmiendas aprobadas en el Senado tienen como objetivo avanzar en la descentralización del ministerio fiscal y reforzar el papel de los fiscales superiores de las
comunidades autónomas como pieza clave en el modelo que diseña el proyecto de ley. Se establecen mejoras en las relaciones del ministerio fiscal con las víctimas, algo importante que siempre hemos venido reclamando, y se mejora el marco
competencial del fiscal superior de las comunidades autónomas. Respecto a la regulación del Consejo Fiscal -la famosa enmienda número 13-, no compartimos en absoluto la posición y las críticas que se han manifestado por el Partido Popular. Para
nosotros la enmienda es acertada si atendemos a la configuración actual del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal debería tener una configuración absolutamente distinta, formando parte del mismo no solo los integrantes actuales sino también aquellos
que representan los intereses de la sociedad -sindicatos, organizaciones empresariales y sociales-, todo ello con arreglo a las funciones que tiene atribuidas el ministerio fiscal. Por tanto, sería un órgano mucho más cercano a la realidad social y
mucho más adaptado a las tareas que ha de desempeñar el ministerio fiscal. Sin embargo, con la configuración actual, que como digo preferiríamos que no existiera, nos parece correcto que no se establezca esa vinculación entre el informe que realiza
el Consejo Fiscal para las promociones o los nombramientos y la decisión que se ha de adoptar. Lo que se ha reivindicado por el Partido Popular no es más que seguir con su estrategia de instrumentalización de la justicia y sus instituciones y el
desprecio por algo que es fundamental, esto es, que el fiscal general del Estado debe asegurarse de que los fiscales nombrados o ascendidos son elegidos estrictamente por sus méritos personales y no por su pertenencia o proximidad a una u otra
asociación. La elección de los cargos de responsabilidad en la carrera fiscal debe estar presidida siempre por la búsqueda de la persona objetivamente más idónea para el ejercicio de la función. Por tanto, debe huirse de la situación actual en la
que hay un peso esencial determinado por las afinidades asociativas y personales.
Por eso, dada la configuración actual del Consejo Fiscal, es mucho más correcto y adecuado tal y como ha venido redactado por el Senado. Es más, incluso se recoge la
doctrina manifestada por el Tribunal Supremo en dos sentencias y se consolida a través de esta reforma. Igualmente entendemos que si se modifica este artículo 13 para oír a los fiscales de las comunidades autónomas en todas las propuestas de
nombramiento, parece razonable que en el Senado se equiparara ese mismo tratamiento para los ascensos. Lamentamos que el Partido Popular haga siempre tanto ruido con una cuestión que tiene una justificación evidente, sólida, y que redunda en el
mérito de los fiscales en su nombramiento o ascenso frente a los intereses políticos o corporativos que parece defender siempre.
Anunciamos nuestro voto favorable al conjunto de las enmiendas que vienen del Senado, que en este caso suponen una mejora que responde a la composición territorial de la Cámara -muy adecuado además que venga así desde el Senado-, otorgan
competencias al fiscal superior de las comunidades autónomas y tratan de mejorar el procedimiento de nombramientos y ascensos eliminando el del artículo 13, el conforme al informe del Consejo Fiscal. Creo que se ha hecho un buen trabajo, aunque,
como ya he dicho, se podía haber hecho más, pero todo eso queda pendiente y seguiremos luchando por mejorar esta relevante institución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Parlamentario Vasco. Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente,
Señorías, señor ministro, cuando presentaba usted este proyecto de ley en la Cámara, en el mes de marzo, decía que con él se pretendía dar respuesta y acomodar la institución a los numerosos y esenciales cambios que ha habido a lo largo de
veinticinco años de vigencia del actual estatuto y que se buscaban dos objetivo: reforzar la autonomía del ministerio fiscal consolidando su dimensión constitucional y actualizar su estructura buscando una mayor eficacia. Ese buscar el acomodo de
la institución es una constante cada vez que se habla de su renovación. Le contaré que, buscando bibliografía para proceder a estudiar el proyecto que se presentaba, todos los títulos que localicé hacían referencia a esa búsqueda de acomodo.
Encontré un libro titulado El ministerio fiscal, del presente al futuro; otro, El ministerio fiscal, su pasado y su futuro¸ y un tercero, Pasado, presente y futuro del ministerio fiscal. No creo que se deba a la falta de originalidad de los
autores sino a las dificultades de la configuración del instituto. En la misma idea insistía el fiscal general del Estado actual cuando el lunes, en la apertura del año judicial y refiriéndose al texto que hoy aprobaremos, decía que a partir de hoy
se podrá decir que el futuro ya no es lo que solía ser. Me parece excesiva la afirmación, no es para tanto lo que aprobamos aunque sí es importante, porque creo que la afirmación que hacía el fiscal general del Estado sería más justa si hubiésemos
apostado ya por un modelo concreto de proceso penal, lo que todavía tenemos como asignatura pendiente.
Señor ministro, voy a lo que ha resultado del trámite de enmiendas del Senado. Lo que se introduce en la
exposición de motivos, que sí va a ser objeto de votación por parte de la formación a la que pertenezco, son correcciones de carácter técnico, además de intentar acomodar la exposición de motivos al contenido normativo con el que queda
realmente el proyecto de ley. Hay una serie de modificaciones en los artículos 11, 18, 21, 22, 36 y 72 que intentan adecuar el Estatuto del ministerio fiscal a la realidad de un Estado que se define como autonómico, que en gran parte han sido
introducidas mediante enmiendas que mi grupo presentó en esta Cámara y que con más éxito han sostenido el grupo de senadores vascos y han quedado incorporadas al texto y que, por tanto, van a ser objeto de votación por nuestra parte. En el artículo
4 se introduce otra modificación que nos parece adecuada, que es la de intensificar las relaciones del ministerio público con las víctimas. Hay otros dos preceptos, artículo 41 y la disposición transitoria octava, que también han sido objeto de
retoque cuando recogen la extensión del régimen de temporalidad a los tenientes fiscales de las fiscalías cuyo jefe pertenece a la primera categoría, y cuando se intenta responder a la necesidad de aclarar la fecha en la que comienza a computarse el
periodo de mandato de cinco años previsto en el artículo 41.
He dejado adrede para el final la modificación que se ha introducido en el Senado en el artículo 13 de forma fea. A mi grupo no le gusta, como técnica legislativa, que se modifiquen sustancialmente los proyectos de ley mediante el recurso
de presentar enmiendas en la segunda fase de la tramitación, es decir, no en esta Cámara sino en el Senado. Sin embargo, tal y como hicieron los senadores de mi grupo, también haremos objeto de votación favorable a lo que respecto de este artículo
se ha introducido.
Lo que se ha dado en denominar hasta con su propio nombre, señor ministro, la enmienda del ministro de Justicia Fernández Bermejo, tiene por objeto otorgar carácter meramente consultivo al informe preceptivo previo que debe
emitir el Consejo Fiscal ante las propuestas de ascensos de la carrera fiscal que debe realizar el fiscal general del Estado.
Actualmente el artículo 13 exige que las propuestas se realicen conforme a los informes del Consejo Fiscal. La
interpretación que se ha dado al término conforme ha sido discutida, como usted bien conoce, tanto doctrinal como jurisprudencialmente. No hay una única sentencia, como se ha dicho en informaciones interesadas de prensa, ni tampoco dos, como ha
dicho la señora Navarro; hasta cuatro he localizado yo en las que se tiene la misma doctrina que en la sentencia de 13 de abril de 1998, que es la que siempre se cita. El Tribunal Supremo se decanta por entender que el informe del Consejo Fiscal
para el caso de propuestas de ascensos únicamente posee carácter vinculante en lo relativo a los criterios de legalidad del nombramiento, cumplimiento de los requisitos legales por los candidatos, pero no respecto de los aspectos discrecionales o de
oportunidad. Se basa en la interpretación literal de la palabra conforme, también en una interpretación sistemática del precepto, porque el único órgano constitucional del ministerio fiscal, dice la sentencia -según el artículo 124.4 de la
Constitución-, es el fiscal general del Estado, no así el Consejo Fiscal, el cual es un órgano de creación legal. Es además el fiscal general del Estado quien ostenta legalmente las funciones de dirección, ejecución e inspección del ministerio
fiscal. Las funciones del Consejo Fiscal son más bien de asesoramiento y de asistencia, dice la sentencia. Al fiscal general del Estado se le atribuye, además, mayor nivel de responsabilidad que a los vocales del Consejo Fiscal, responsabilidad
directa ante al Gobierno y necesidad de comparecer ante estas Cortes Generales. Además, el Estatuto orgánico, cuando lo ha considerado necesario, por ejemplo en traslados forzosos y sanciones de separación del cargo, ha exigido expresa y
tajantemente que el informe previo del Consejo Fiscal tenga carácter vinculante mediante la expresión de informe favorable. Alude también la sentencia a una interpretación conforme a los antecedentes históricos y legislativos. Para ello acude al
antecedente inmediato del actual estatuto, el Real Decreto de 21 de junio de 1926, que también sostiene la interpretación que da la sentencia.
Cierto es que la sentencia tiene tres votos particulares que disienten de los criterios utilizados;
cierto es que ha sido enormemente criticado sobre todo por el Grupo Parlamentario Popular, pero es justo decir que esta doctrina jurisprudencial se establece con ocasión de un conflicto originado por un nombramiento realizado cuando el Partido
Popular se hallaba al frente del Ejecutivo del Estado y venía a confirmar una manera de actuar seguida por el fiscal general del Estado nombrado por dicho partido político. No podemos olvidar que fue precisamente el fiscal general del Estado Jesús
Cardenal quien introdujo el criterio respecto al término conforme, y fue el que rompió con la tradición de entender vinculante en su conjunto el informe del Consejo Fiscal. Por último, no hay que perder de vista que con el texto vigente hasta hoy,
según la interpretación jurisprudencial, se avala la relatividad de la vinculación del informe del Consejo Fiscal, con lo que, aunque no se modificara el literal del artículo 13 del Estatuto del ministerio fiscal, la lectura jurídicamente correcta
en este momento nos llevaría a considerar que el parecer del Consejo Fiscal se ha de interpreta de conformidad con los parámetros expuestos por el Tribunal Supremo, es decir, sin cercenar el margen de decisión del fiscal general del Estado. La
enmienda que fue votada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en el Senado, que también votaremos, introduce -lo aclara de una forma definitiva- que este es el criterio que queremos, pero tampoco resultaría sustancialmente modificado de no
haberse introducido este texto. Entendemos que la incorporación de la enmienda es una mejora y por tanto, señorías, votaremos favorablemente lo que el Senado ha aprobado, no solo en este apartado sino en todo su conjunto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario de Esquerra? (Pausa.) Señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, nuestro grupo, Esquerra Republicana, votará favorablemente, como ya hemos anunciado, a las enmiendas del Senado.
Entendemos que las enmiendas que se tramitaron aquí al proyecto de Ley de reforma del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal, así como las incorporadas en la fase de tramitación en el Senado, apuntan a una modernización y democratización de la fiscalía y a reforzar lo que podríamos llamar la autonomización de la justicia. Justamente en este
punto, el artículo 96 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que el fiscal superior de Cataluña será designado en los términos que determine su estatuto orgánico y que sus funciones son las que figuran en este Estatuto orgánico del
ministerio fiscal.
El proyecto de ley cuyas enmiendas debatimos tiene que dar contenido a este artículo del Estatuto. De hecho la reforma responde a esta necesidad de modernización de la fiscalía que pasa en buena parte por la adecuación al Estado de las
autonomías. A nuestro entender, el proyecto reconduce la involución en materia autonómica que llevó a cabo en su momento el Partido Popular con la precedente reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. El Partido Popular se opone ahora a
esta modernización de la fiscalía basándose en el reiterado y paradójico discurso contrario al Estatuto de Cataluña en preceptos e instituciones con idéntico texto y contenido que el Estatuto andaluz. Parece ser que para los señores del Partido
Popular todo aquello que viene de Cataluña es, de entrada, sospechoso.
Desde Esquerra consideramos que esta reforma avanza en la dirección de adecuar la fiscalía a nuestra realidad de un Estado compuesto. En relación con la imparcialidad, a la que se refieren constantemente desde el Partido Popular, queremos
recordarles desde Esquerra que esta brilló por su ausencia durante sus mandatos. Para nosotros no tiene ahora crédito un discurso que expone justamente lo contrario de lo que hicieron en su momento. Ustedes, señorías del Partido Popular, pretenden
mantener el predominio en la justicia de unas posiciones ideológicas que en estos momentos, tienen que reconocer, no tienen un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Como les dijo nuestro senador, el señor Bofill, en el Senado, les invitamos, señorías
del Partido Popular, a que dejen de mirar atrás, apuesten por el futuro de un Estado compuesto y empiecen a observar otros modelos como el alemán o el americano con el fin de prever que en un futuro no muy lejano la elección del fiscal superior de
cada comunidad autónoma será también una realidad. Desde Esquerra entendemos que todas las reformas planteadas caminan en esta dirección y, por tanto, vamos a dar apoyo a las enmiendas presentadas en el Senado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia, señor fiscal general del Estado, que nos acompaña hoy desde la tribuna, llega hoy al Pleno de la Cámara la fase final de una ley importante, la Ley del Estatuto orgánico
del ministerio fiscal. Es una ley importante, es una modificación necesaria de esta ley por varios motivos. Uno, que para mi grupo es esencial, porque había una asignatura pendiente.
Debíamos adaptar también el ministerio fiscal y su estructura a
la realidad autonómica y a lo que fijan nuevos estatutos de autonomía, no solo el de Cataluña sino, por ejemplo, el de Andalucía, apoyado en esta Cámara tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo Popular, y en los que se recoge de manera
expresa el fiscal superior de comunidad autónoma, con unas determinadas funciones y competencias. Por tanto, había una asignatura pendiente. Debíamos realizar esta adaptación. El Gobierno ya impulsó con el anterior ministro Juan Fernando López
Aguilar el proyecto de ley que ha tenido, con el actual ministro, la fase definitiva de impulso para que finalmente se pueda aprobar. Hoy debe ser un motivo de satisfacción -ya lo dije en el debate de totalidad- para el propio señor ministro, dada
también su condición profesional de fiscal, poder culminar en su mandato esta reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Convergència i Unió ha colaborado durante la tramitación de este importante proyecto de ley: no presentamos enmienda a la totalidad, votamos en contra de la presentada por el Grupo Popular y nos implicamos en su negociación. Tanto es así
que, haciendo balance del número total de enmiendas presentadas por Convergència i Unió durante los trámites de Congreso y Senado -vemos que se han aprobado más de veinte, algunas de ellas han sido transaccionales, que han tenido su reflejo en el
texto final de la ley y que lo han enriquecido-, creemos que hemos realizado una labor. Quiero recordar que, por ejemplo, en el Senado se ha aprobado la enmienda número 57, de Convergència i Unió, mediante la cual establecemos que el ministerio
fiscal pueda crear en las sedes de las fiscalías provinciales, y en las que se considere necesario, centros de relación con las víctimas y perjudicados de las infracciones criminales.
Esos centros de relación con las víctimas representan un avance
positivo.
Ya en el Congreso se había aprobado también una enmienda de Convergència i Unió en la que se especificaba una función que tiene el ministerio fiscal pero a la que dábamos más fuerza, que era velar por la protección procesal de las
víctimas, de los testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban una ayuda y una asistencia efectivas. Creo que este llamamiento a las víctimas que ha impulsado Convergència i Unió es absolutamente positivo.
También son positivas, señor ministro, señorías, todas las modificaciones que hemos realizado, tanto en el
Congreso como en el Senado, para dar mayor contenido a las competencias del nuevo fiscal superior de las comunidades autónomas. Entendemos que había un déficit inicial en el texto del proyecto de ley presentado por el Gobierno y que con las
enmiendas de los distintos grupos parlamentarios hemos conseguido dar mayor protagonismo a este fiscal superior de comunidad autónoma. Por tanto, desde esta óptica, también lo valoramos positivamente.
Existe en esta ley -y lo han destacado otros portavoces- un llamamiento al trámite presupuestario, cuestión que entendemos positiva. Había una enmienda de Convergència i Unió, y de otros grupos, mediante la que queríamos ir incluso más
allá, dar mayor autonomía presupuestaria al ministerio fiscal. No nos engañemos, señorías, el ministerio fiscal, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, tiene el deber de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de
los derechos de los ciudadanos y en defensa del interés público tutelado por la ley. Para ello, necesita una autonomía presupuestaria. Necesita una autonomía para que el propio fiscal general del Estado impulse lo que sea preciso para llevar a
cabo ese contenido que la Constitución le marca.
Nosotros valoramos de manera positiva el esfuerzo que finalmente se ha hecho introduciendo que en los Presupuestos Generales del Estado -y ahora también en los presupuestos de las comunidades
autónomas- existirán esas partidas presupuestarias adecuadas. Hay ocasiones en las que un juez ha ganado la misma oposición que un fiscal , pero después los medios materiales que se tienen en un caso o en otro son muy distintos. Nuestro grupo
parlamentario cree que la fiscalía necesita esa mayor dotación presupuestaria y, por tanto, nos congratulamos de que por lo menos exista esa mención específica que entendemos que es positiva.
Señor ministro, señorías, hay algunas enmiendas de Convergència i Unió que no han sido aprobadas ni en el Congreso ni en el Senado. Me quiero referir a algunas de ellas. En primer lugar, nuestro grupo parlamentario presentó en esta
legislatura -lo mencionamos en el debate de totalidad- una enmienda en el sentido de garantizar que en los ascensos y en los nombramientos que pueda realizar el fiscal general del Estado debería contarse con un mínimo de votos favorables del Consejo
Fiscal, y ya en la anterior legislatura habíamos pedido que fuera un tercio. Entendíamos que esto permitía la decisión, pero garantizaba que por lo menos un tercio de los miembros del Consejo Fiscal avalaran ese nombramiento, ese ascenso.
Ahora
que se ha abierto un gran debate sobre este aspecto y se han provocado grandes polémicas, mi grupo quiere recordar que en la pasada legislatura presentamos la misma enmienda al Grupo Popular, que entonces tenía mayoría absoluta, y no nos la aprobó.
Nosotros le pedíamos entonces al Grupo Popular que tuvieran en cuenta un tercio del Consejo Fiscal para realizar los nombramientos y nos dijeron que no. Por tanto, nosotros no aceptamos hoy, porque es poco coherente con lo que hemos defendido
siempre, el hecho de no exista ese tercio del Consejo Fiscal ni la anuencia del Consejo Fiscal, y pedimos que se aclare esa conformidad que la jurisprudencia del tribunal haya podido fijar ya que no era tal conformidad. Es igual, nuestra posición
era contraria a ese texto porque siempre habíamos pedido que, por lo menos, sí hubiera ese tercio. Por tanto, en coherencia con lo que habíamos defendido -está en el 'Diario de Sesiones' y en el debate de totalidad- antes incluso de que se generara
la polémica que ha surgido ahora con la enmienda introducida en el Senado, nuestro grupo no puede compartirla porque no va en aras de ese tercio. Nos hubiera gustado haber contado con más tiempo para haber llegado a una solución de consenso e
incluso haber puesto una mayoría que garantizara alguna presencia del Consejo Fiscal, fuera un tercio o una cuarta parte; que hubiéramos podido llegar a alguna transacción. No ha habido más tiempo pero repito que mi grupo siempre ha defendido esa
intervención mínima del Consejo Fiscal y, en coherencia, tampoco podemos estar de acuerdo hoy con que simplemente se ponga en la nueva ley que será oído o previo informe del Consejo Fiscal. En cambio, sí valoramos positivamente -mi grupo pedía ir
aun más allá- el hecho de que se introduzca aquí, tanto en los nombramientos -como ya hicimos en el Congreso- como en los ascensos -que ahora se ha introducido en el Senado-, la intervención del fiscal superior de la comunidad autónoma, porque creo
que lo refuerza y que es importante.
En relación con el fiscal superior de la comunidad autónoma, mi grupo parlamentario quiere destacar positivamente que se haya aceptado la enmienda 66 de nuestro grupo en el Senado; una enmienda que guarda cierto paralelismo con el
nombramiento del fiscal general del Estado que establece el artículo 29 de la ley. Si para nombrar al fiscal general del Estado hay un informe previo del Consejo General del Poder Judicial, para nombrar al fiscal superior de la comunidad autónoma
se requiere un informe previo del Consejo de Justicia de la comunidad autónoma en aquellas comunidades autónomas que hayan previsto este consejo en sus estatutos. Por cierto, señor ministro, señorías, debemos regular los consejos de Justicia.
Ahora ya es absolutamente necesario porque la nueva ley que hoy aprobaremos no nos dice cuando se haya creado el Consejo de Justicia, sino que nos dice que en aquellas comunidades autónomas cuyo estatuto prevea que habrá un Consejo de Justicia, este
tiene que intervenir previamente al nombramiento. ¿Cómo lo va a hacer si no lo hemos creado? Por tanto, deberemos -es ya un imperativo y esta nueva ley nos obliga aún más a ello- regular esos consejos de Justicia. Además lo que hemos hecho con
esta enmienda número 66 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es decir de manera muy clara que ese nombramiento también va a pasar por la Asamblea legislativa de la comunidad autónoma. Reforzamos esa interconexión entre la Fiscalía
Superior de la comunidad autónoma y el Parlamento
autonómico. Por lo tanto, lo consideramos del todo positivo. Nos habría gustado otro sistema de elección, con ternas de los parlamentos autonómicos. No ha podido salir adelante el modelo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), pero, por lo menos, hemos conseguido esa intervención previa de la Asamblea legislativa de la comunidad autónoma.
Está aquí el fiscal general del Estado y no me resisto, señor presidente, señorías, a agradecerle de manera muy expresa la labor que ha realizado en el ámbito de la seguridad vial. En la memoria presentada el pasado lunes ha incluido un
capítulo de seguridad vial muy positivo, con orientaciones hacia los poderes públicos. En esta ley también se aprobó -y quiero agradecerlo- una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la cual en las fiscalías
provinciales, cuando por el volumen de actuaciones que generen requieran de una organización específica, podrán constituirse secciones de seguridad vial. Es positivo que la ley refleje esas secciones específicas de seguridad vial porque es un
problema de la ciudadanía en general y mi grupo lo valora muy positivamente.
Termino ya, señor presidente. Hay muchísimas más enmiendas. Entre las no aprobadas -y eso que iba en el programa electoral del Partido Socialista- está la que persigue que el mandato del fiscal general del Estado fuera de cinco años para
que no coincidiera con el mandato de una legislatura.
El Partido Socialista lo incluía en su programa electoral y nosotros lo recogimos en nuestras enmiendas, pero al final no ha sido posible que se aprobara.
Concluyo ya, señor presidente, señorías, con una valoración del artículo 36.5. Mi grupo pedía que el conocimiento de la lengua fuera un requisito...
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, lleva usted diciendo que termina ya dos minutos. Termine.
El señor JANÉ I GUASCH: Ahora sí, señor presidente, termino.
Finalmente, el conocimiento de la lengua oficial propia de las comunidades autónomas para la provisión de plazas en las fiscalías será mérito determinante y mérito determinante quiere decir que si un candidato tiene ese mérito y los otros no
lo tienen, la plaza será para quien tiene ese mérito. Eso es un avance; no es el requisito que pedía Convergència i Unió pero sí queremos reconocer que poner que será mérito determinante en nuestro ordenamiento jurídico es un avance y así lo
reconocemos.
Muchas gracias, señor ministro, y gracias al fiscal general del Estado por su presencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Grupo Parlamentario Popular, señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, señor ministro, buenos días a todos. Tomo la palabra para expresar cuál va a ser el sentido del voto del Grupo Parlamentario Popular sobre las enmiendas del Senado y ya
adelanto a SS.SS. que, en todo caso, va a ser negativo para todas ellas; lo va a ser porque el texto que nos remite el Senado no hace otra cosa, señor ministro, que confirmar y profundizar los graves males que ya denunciamos en relación con el
proyecto cuando se tramitó tanto en Pleno como en Comisión en el Congreso y se aprobó, como usted recordaba, con competencia legislativa plena. Tengo que decir esta mañana que se confirman todos los peores vaticinios que hicimos cuando tomamos la
palabra por primera vez para hablar de su reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que se cumplen los peores augurios y que se han confirmado todos los temores que teníamos cuando se iniciaba la tramitación: que ustedes, para sacar este
proyecto de ley, acabarían profundizando en un pacto con los grupos nacionalistas que iba a desnaturalizar de forma histórica la figura de la fiscalía en este país y así ha ocurrido.
Resumo en cuatro grandes bloques nuestra oposición a este texto legislativo. El primero es -y tengo que desmentir sus palabras iniciales- la falta absoluta de consenso, cuando menos en relación con el grupo mayoritario de la oposición.
Además, no es solo que no se haya podido conseguir el consenso, es que le reprocho a usted y a las señorías del grupo mayoritario, el Grupo Socialista, no haber hecho ni el más mínimo esfuerzo por intentar siquiera buscar consenso en esta ley con el
Grupo Parlamentario Popular. El resultado es obvio: ni una sola de las enmiendas que vienen del Senado han sido propuestas por el Grupo Parlamentario Popular -las rechazaron todas-, unido a las pocas que aceptaron en el Congreso de los Diputados
que se limitaron a cuestiones estrictamente técnicas o relacionadas con cuestiones que coincidían con los grupos nacionalistas. Eso, señor ministro, nos sitúa -y lo lamento- en el escenario gravísimo e indeseable de confrontación que usted ha
trazado entre los dos grupos mayoritarios y el Gobierno en materia de justicia y que, por cierto, confirma -porque no es culpa suya exclusiva- lo que vienen haciendo su Gobierno y su grupo parlamentario en esta legislatura. Esto tiene efectos;
uno, sobre el que luego incidiré para explicar cuál es la postura del Grupo Popular, es claramente la no sostenibilidad en el tiempo del texto que hoy estamos aprobando porque nace sometido a la eventualidad de la revisión radical -desde la primera
línea hasta la última- si cambia la mayoría y, como espero, los ciudadanos dan su confianza a un nuevo gobierno del Partido Popular.
Segundo capítulo. Lo dije y lo repito, frente a la propaganda que ustedes han hecho a todos los niveles de que era una cosa extraordinariamente importante que venía de verdad a resolver las cuestiones históricas del ministerio fiscal,
etcétera, tengo que dejar claramente establecido en este 'Diario de Sesiones' que este texto no resuelve sino que agrava los problemas que de verdad tiene de fondo la institución. Los agrava y lo vamos a
ver en el inmediato futuro. Algo de eso deben pensar ustedes, a pesar de lo que dicen, si cualquier ciudadano se toma la molestia de contrastar lo que ustedes pensaban que eran los problemas que había que resolver y las soluciones que
ustedes daban a esos problemas en su programa electoral y lo que está saliendo aquí. El resultado es que nada de lo que fundamentalmente estaba en el texto de su programa electoral hoy se convierte en la ley que ustedes aprueban como nuevo Estatuto
del ministerio fiscal. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!) Más revelador no puede ser, nada. Aquí no está lo de las instrucciones al fiscal por parte del Gobierno y aquí no está lo de que el fiscal general del Estado no intervenga en los
aforados. Aquí no está nada de eso. Tengo que añadir además que, para no acometer de verdad los problemas, ustedes crean con fórmulas indirectas nuevos problemas. Le pongo un ejemplo. Para soslayar el tema de los aforados ustedes lo que hacen es
inventarse que haya que recusar al fiscal general del Estado y, eso sí, añaden que los que tienen que opinar para recusar al fiscal general del Estado es su consejo asesor. ¡Fantástica idea!
Por no detenerme, hay dos temas que me parecen vitales y que salen vivos de esta Cámara con este proyecto de ley. Ustedes llevan una temporada prejuzgando que este es un paso previo a la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento
Criminal por la que se va a otorgar a los fiscales nuevas competencias en la instrucción. El resultado es que, si se otorgan nuevas competencias para fiscales instructores en el inmediato futuro en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vamos a
fiscales instructores dependientes del Gobierno, convirtiendo al Gobierno nada menos que en titular de la acción penal. Va a ser el Gobierno de este país el que decida contra quién se actúa finalmente y contra quién no. (La señora García-Alcañiz
Calvo: ¡Qué barbaridad!)
Segundo, déjeme que lo diga, en cuanto a la broma de la autonomía en el nombramiento y en el cese, con la que ustedes ahora modifican la ley, las novedades son que va a comparecer aquí el candidato sin que la opinión de esta Cámara cuente
para nada en su nombramiento y que las causas objetivas se traducen en que va a ser el Consejo de Ministros el que aprecie si existe una causa de cese del fiscal general del Estado. ¡Una objetivación colosal! Eso sin contar con que añaden ustedes
lo más político que he oído yo en una ley sobre la fiscalía del Estado, que es que, cesado el Gobierno que lo nombró, cesa automáticamente el fiscal general del Estado que ha sido nombrado por ese Gobierno.
Tercer capítulo. Dos líneas porque ya en esto he insistido muchas veces en esta Cámara. He dicho que se cambia la jerarquía por el caudillaje en relación con el fiscal general del Estado porque, además de reforzar la vinculación política
con el Gobierno, ustedes refuerzan a todas las escalas la jerarquía del fiscal general del Estado sobre toda la fiscalía, liquidando cualquier contrapeso y fortaleciendo la estructura personalista que conformó quien hoy nos acompaña y saludo, el
señor Conde-Pumpido. Vamos a ese modelo que él nos ha vendido tan estupendo de sustitución de los nombramientos por el mérito a la sustitución por la confianza y a eso que el señor Conde-Pumpido acuñó y se ha hecho popular como el reequilibrio
ideológico en el ministerio fiscal. Por eso he dicho tantas veces que esto en parte está hecho ad maiorem gloriam del señor Conde-Pumpido y, tengo que añadir a día de hoy, del señor Conde-Pumpido o de quien le sustituya si como se rumorea, señor
ministro, se da usted el gustazo de soltar ese lastre y mandarlo a casa. (Risas.) Como es natural, dos de los cambios que se han hecho en el Senado abundan decisivamente en esto, la llamada enmienda Bermejo, que es sencillamente un golpe de gracia
al Consejo Fiscal no en la dirección de potenciarlo y establecer contrapesos a la irresponsabilidad del fiscal general del Estado, sino todo lo contrario, de laminarlo. A lo largo de la tramitación en el Congreso y en el Senado ustedes no han
aceptado ni una sola enmienda que fortalezca las competencias del Consejo Fiscal y en el Senado han aprovechado incluso para eliminar algunas de las más importantes competencias que tiene el Consejo Fiscal: su enmienda, la llamada enmienda verde;
y donde los demás hemos propuesto que, por ejemplo, el señor Conde-Pumpido tenga que motivar los incalificables nombramientos que viene haciendo durante toda la legislatura -y sus sucesores también-, ustedes hoy no solo aceptan que el Consejo Fiscal
no tenga ningún peso en los nombramientos, sino que le quitan el que ya había conseguido en la ley para el tema de los ascensos. Eso es sencillamente un camino de laminación del Consejo Fiscal que, dicho sea de paso, ya nos ha anunciado algún señor
portavoz que ni siquiera le parece suficiente -o señora portavoz en este caso-, y que está dispuesta a que esa cosa tan antidemocrática que es un consejo elegido por todos los fiscales de forma democrática sea sustituida por otro tipo de consejo en
el que intervengan no sé quiénes: sindicatos, representantes sociales o quien quiera nombrar el señor ministro. Dos, y en esta línea, ustedes añaden la limitación a cinco años del mandato de los tenientes fiscales, lo que tiene dos efectos. El
primero, que a partir de este momento se instala también para los tenientes fiscales, es decir, en el centro de la carrera el spoil system y la capacidad arbitraria de remoción, y segundo que ustedes pretenden en este momento una clara limpieza que
tiene nombres y apellidos, que va a actuar a partir del día siguiente de la entrada en vigor de esta Ley.
Termino, señor presidente. El cuarto punto, como es evidente, en el que no insistiré, es que ustedes han hecho una cesión masiva a los partidos nacionalistas para sacar adelante esta ley. Ya en el Congreso, no solo en el Senado y su
sensibilidad autonómica, en el Congreso, 22 de las 30 enmiendas eran para incrementar las capacidades de los fiscales autonómicos y su dependencia de los organismos políticos autonómicos, así como 8 de las 11, que acaban de aprobar en el Senado.
Tengo que felicitar a los partidos nacionalistas, lo hice su momento y lo
vuelvo hacer hoy en este trámite. Han conseguido la mayoría de los objetivos que pretendían con tal de que usted se diese el gustazo de sacar adelante esta ley y vamos a diecisiete fiscalías, a diecisiete políticas criminales y a la
subordinación de las fiscalías a los poderes políticos autonómicos, por obra y gracia de que ustedes quieran sacar adelante esto que consideran tan importante.
Esta ley es sencillamente un bodrio, señor ministro, que trae una intensa politización al ministerio fiscal, que establece el control político de toda la fiscalía por el Gobierno a través del Fiscal General del Estado, que es un paso más
para acabar con la unidad de la justicia de todos los que se han dado en esta legislatura y que abre un futuro desdichado para la institución, en un escenario de máximo desencuentro político, en relación con el cual ya anuncio que cuando nosotros
tengamos la responsabilidad revisaremos de arriba abajo la ley que ustedes hoy están aprobando.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Vilarrubia Medina: Muy tarde.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Astarloa.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, en nombre de mi grupo lo primero que quiero mostrar es nuestra satisfacción por el hecho de que hoy, convalidando las enmiendas del Senado, cerremos el trámite
parlamentario que va a permitirnos la modificación de una ley de la importancia del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, y hacerlo, además, después de 25 años. Hay que actualizar, por tanto, unas medidas que son indispensables porque la
actualidad lo requiere, los tiempos cambian, ha cambiado el país. Hay que respetar los estatutos de autonomía que este Parlamento y en referéndum los habitantes de cada comunidad autónoma han aprobado. Hay que implantar territorialmente el
ministerio fiscal, hay que darle eficacia, hay que especializarlo.
Señor ministro, nosotros nos sentimos muy cómodos con las personas, con los grupos que en estos momentos recogen los objetivos que tienen el ministerio y este Parlamento. Nos encontramos muy a gusto acompañados en esta Cámara por siete
grupos parlamentarios, excepto el Grupo Popular, a la hora de modificar este importante proyecto. El problema no lo tenemos el resto de grupos parlamentarios, señor presidente; el problema lo tiene el grupo parlamentario que no quiere consensuar
porque hace tres o dos años (El señor Villarrubia Mediavilla: No, tres.) dijo expresamente en esta Cámara que no iba a consensuar nada en materia de justicia. Todavía hace un año o año y medio, con motivo de su llegada al Ministerio de Justicia,
le advirtió que mientras su figura formara parte de ese banco, el Grupo Parlamentario Popular no consensuaría. Por tanto el esfuerzo para el consenso lo ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista.
(Aplausos.) Sobreactuación del Grupo Parlamentario
Popular, como nos tiene acostumbrados, desgraciadamente también en estos temas que son temas de Estado, como no se cansaba de reiterar el señor Astarloa hace cuatro años, cuando gobernaba en España el Partido Popular. Por tanto, al margen de la
sobreactuación, señorías del resto de los grupos -también del Grupo Parlamentario Popular-, gracias por su complicidad, gracias por su trabajo, gracias porque tenemos objetivos conjuntos como llevar a cabo una labor que permita más especialidad, más
eficacia, mejor implantación territorial, más autonomía para el ministerio fiscal. No en vano, señor presidente, señor ministro, se han aceptado más de medio centenar de enmiendas, también, por cierto, del Grupo Parlamentario Popular. Porque, al
margen de la amenaza, en los trámites parlamentarios que están configurados precisamente para conseguir el consenso en esta casa -en esta casa del acuerdo- que son la ponencia, la Comisión, el Senado y este Pleno, se han hecho esfuerzos para llevar
a todos en la misma dirección y conseguir un objetivo común. Porque, señores del Grupo Parlamentario Popular, todos estábamos de acuerdo en el año 1997 -y ustedes lo votaron- en que teníamos que hacer un cambio, una modificación en el Estatuto del
ministerio fiscal que permitiera, por necesidad -decía en aquella época el portavoz del Grupo Parlamentario Popular: por necesidad-, una mayor autonomía del ministerio fiscal, una mayor especialización, un mayor respeto al ámbito geográfico de las
comunidades autónomas. Este es el objetivo, la esencia y los aspectos más nucleares de este proyecto de ley cuyo espíritu en su día, cuando ustedes eran minoría en 1997, aceptaron tranquilamente y cuya historia hoy, en una sobreactuación, olvida el
señor Astarloa.
Es necesario, señor ministro, porque es indispensable una mayor autonomía del ministerio fiscal y venimos reclamándola desde todos los grupos parlamentarios con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y con mucha firmeza, y lo hemos
conseguido. Los nombramientos no son un tema menor, señor Astarloa; que venga la propuesta del ministerio fiscal a esta Cámara, donde reside la soberanía popular, para que conozcamos los méritos y la capacidad del futuro fiscal General del Estado
-cosa que, por cierto, ustedes no hicieron- no va en contra de la autonomía sino a favor de lo que ustedes solicitaban en el año 1997: que el cese sea por causas objetivas. Y no es cierto lo que usted dice, porque esas causas objetivas, si se
convierten en arbitrarias, son revisables ante el Tribunal Supremo. Antes, con el fiscal Cardenal y con ustedes gobernando, no. Son, por tanto, objetivas. Y el mandato. Por fin conseguimos un mandato para el ministerio fiscal de cuatro años no
revisable. Cómo nos hubiera gustado que hubiera una terminación, una fijeza de mandato cuando el señor Cardenal o los fiscales nombrados por el Gobierno del Partido Popular hacían dejación de funciones y estaban sujetos exclusivamente a la
obediencia ciega siguiendo instrucciones del Gobierno del Partido Popular. Las relaciones con el Gobierno han cambiado; también lo pedíamos en el
Congreso en el año 1997, señor Astarloa -y usted es un viejo y brillante parlamentario de esta Cámara-, porque sabíamos que las relaciones con el Gobierno no podían estar sujetas también a las decisiones del Gobierno, y cuando había que
abstenerse, cuando tenía que abstenerse el ministerio fiscal, no debería ser el ministro de Justicia, como ocurre ahora -y ustedes no lo cambiaron- quien tuviera que valorar esa abstención y decidir o definirse sobre ella. Hoy es la Junta de
fiscales quien lo hace, por tanto, se rompe la posible relación incompatible, no democrática o sujeta a impunidad entre Gobierno y fiscal General del Estado. Por cierto, no se puede intervenir en asuntos dedicados al Gobierno que tengan que ver con
miembros del Gobierno sin el previo informe de la Junta de fiscales. Por ponerles un ejemplo, señorías, en este momento, si estuviera la ley, el señor Piqué tendría graves problemas en los tribunales de Justicia, como usted sabe, señor Astarloa.
Además, otra vieja aspiración de esta Cámara, tenemos una unidad singularizada de asignación presupuestaria para el ministerio fiscal que le permite aumentar su nivel de autonomía. Se ha hecho, señor ministro -de ahí nuestra satisfacción-, un
intento por modernizar creando unidades de apoyo, regulando de manera más concreta los fiscales de Sala delegados para violencia de género o delitos urbanísticos; se especializa en respuesta a las nuevas acciones criminales y a las nuevas formas de
criminalidad, no solo cambiando el nombre de la Fiscalía Antidroga y de la Fiscalía Anticorrupción, sino variando también sus competencias, aumentándolas. Por cierto, señor Astarloa, la Fiscalía Anticorrupción ya puede investigar con tiempo
suficiente para poder perseguir el crimen que significa la corrupción tanto pública como privada (Aplausos.), porque va a tener más meses para hacerlo posible, en contra de la limitación de seis meses que impuso su Gobierno, el Gobierno del Partido
Popular, cuando lo presidía el señor Aznar; ya puede investigar de seis meses a doce meses. Espero que sea para todos ustedes una buena noticia.
(Rumores.) Además, señorías, se crean, en caso de volumen, secciones en la fiscalías provinciales
destinadas, como decía el señor Jané, a seguridad vial y siniestralidad laboral y, en todo caso y obligadamente, para menores, violencia, ordenación territorial, medio ambiente, etcétera.
Hay una nueva ordenación, señor Astarloa, señores del Grupo Popular, adecuada al Estado autonómico, no es una cesión a las nacionalidades (Varios señores diputados: ¡No!), es sencillamente cumplir la Constitución, y el hecho de que ustedes
no crean en las comunidades autónomas, en el Estado autonómico, no significa otra cosa que ustedes tienen un problema, pero no el resto de la Cámara, que no lo tiene.
(Varios señores diputados: ¡No!) Por lo tanto, si acabamos de aprobar los
estatutos autonómicos, qué menos que hacer que haya una mínima adecuación de manera que esos estatutos autonómicos se cumplan también con la figura del fiscal general superior de la comunidad autónoma, que se crea con nuevas competencias, con una
más correcta relación con las comunidades autónomas en términos de confianza, y, además, obligando o permitiendo, como quieran ustedes, que presenten su memoria también ante la soberanía popular de las comunidades autónomas que conforman las
asambleas legislativas.
Por último, su famosa enmienda. No queremos, señores del Partido Popular, que el Consejo Fiscal tenga informe preceptivo en nombramientos ni ascensos. Sí hemos querido que el fiscal superior de las comunidades autónomas -y eso es
complicidad constitucional- sea oído cuando haya que nombrar o ascender fiscales en el territorio del fiscal superior de la comunidad autónoma. Pero el Consejo Fiscal -y, por cierto, el informe de todo el proyecto lo aprueba- representa lo que
representa: a asociaciones de fiscales. La mayoría de los fiscales, señorías, no tienen asociación alguna. Y tengan ahora la ideología que tengan, aunque posteriormente tengan otra ideología, lo cierto es que los fiscales nombrados deben serlo
por mérito y por capacidad y no por adscripción a una asociación del tipo que sea. Pero, sobre todo, es más importante el segundo argumento, que usted, que es un fino jurista, como decían los clásicos, entenderá de manera definitiva: el Tribunal
Supremo no permite que esa conformidad tenga carácter vinculante en el caso del Consejo Fiscal. Por lo tanto, se escucha al Consejo Fiscal, se escucha al fiscal superior de la comunidad autónoma para nombrar al correspondiente fiscal, pero no se
hace veto del Consejo Fiscal (Un señor diputado: ¡No!) ni se permite que algo que es gremial (Varios señores diputados: Eso, eso.-Rumores.), con todos nuestros respetos, pueda nombrar, ascender a fiscales. Digo gremio en el mejor sentido, señor
Astarloa, no se ponga usted de esta manera porque sabe usted a lo que me refiero. Pero además sabe, porque habrá seguido la tramitación de la ley, señor Astarloa, que mediante una enmienda del Congreso -una de las 50 enmiendas del Congreso- se ha
creado dentro de la inspección una sección permanente de valoración para que los méritos y capacidad de ascensos y de nombramientos tengan el sentido constitucional que todos queremos.
Por último, señor presidente, quiero dar nuevamente a SS.SS. las gracias por el esfuerzo, gracias también al Partido Popular porque la parte de no sobreactuación nos ha permitido aceptar enmiendas de un calibre importante, que van a formar
parte de lo nuclear dentro de este estatuto...
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero...
El señor BARRERO LÓPEZ: ...y, señor presidente, quiero felicitar a todos porque de esta manera, con esta importante ley, vamos a dar un instrumento al ministerio fiscal que haga posible promover de verdad la acción de la justicia en defensa
de la legalidad, señor Astarloa, señores del Partido Popular, de los derechos de los ciudadanos, que es su función, y del interés público.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 121/000140.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Para su presentación tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender el proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Este es el décimo proyecto de ley que el
Ministerio de Medio Ambiente remite en esta legislatura a la Cámara para fortalecer nuestro ordenamiento jurídico en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de nuestra Constitución, para fortalecer la garantía del derecho de todos los
ciudadanos a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, para su salud y para su calidad de vida, estableciendo las responsabilidades que cada uno de los distintos niveles de las administraciones y los ciudadanos en su conjunto deben asumir para
hacer efectivo dicho derecho.
Quiero comenzar agradeciendo al Grupo Parlamentario Popular que me haya dado la ocasión de defender esta mañana este proyecto a partir de la presentación de su enmienda de devolución, porque creo que es importante que en esta Cámara se
debata sobre la biodiversidad. En los últimos años, señorías, la opinión pública española ha acogido, cada vez con mayor preocupación y con una conciencia creciente, la información sobre el cambio climático, sobre el calentamiento de nuestro
planeta, y hoy hay ya pocas personas en nuestro país que se atrevan a discrepar de la aplastante mayoría de la comunidad científica en cuanto a las causas y los efectos del calentamiento del planeta. Pero no existe, ni mucho menos, esa conciencia
generalizada en nuestro país en relación con la importancia de la biodiversidad, como tampoco existe en lo que se refiere a la necesaria lucha contra el avance de la desertificación. Sin embargo, cambio climático, biodiversidad, desertificación, no
son más que tres dimensiones estrechamente interrelacionadas del gravísimo proceso de deterioro ambiental en nuestro planeta, de la ruptura de equilibrios ecológicos que permiten la continuidad y la calidad de la vida y que se ven alterados por un
modelo de desarrollo económico que no ha tenido suficientemente en cuenta la exigencia de esos equilibrios ecológicos.
Por tanto, señorías, bienvenido sea este debate que nos puede permitir conocer la posición de los distintos grupos parlamentarios
en relación con la biodiversidad. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)
Quisiera señalar que la biodiversidad juega un papel fundamental en aspectos como la garantía de la producción de alimentos a escala internacional. Como ha señalado la FAO con motivo de la última reunión del Tratado internacional sobre
recursos fitogenéticos para la alimentación, el número cada vez menor de especies está comportando una mayor vulnerabilidad de aquellas especies que garantizan la alimentación en el mundo, y la pérdida de biodiversidad significa también una
reducción de lo que denominamos servicios prestados por los ecosistemas.
La pérdida de la biodiversidad que habita en nuestras masas forestales significa menor capacidad de fijación del dióxido de carbono y también menor capacidad de regular
adecuadamente la cantidad y la calidad de nuestros recursos hídricos. La preservación de la biodiversidad es imprescindible para garantizar el presente y el futuro de nuestro planeta y, por tanto, quiero resaltar la importancia de esta ley en el
contexto de otras leyes que durante esta legislatura han llegado a esta Cámara, se han aprobado y algunas que están en este momento en plena tramitación, porque todas ellas contribuyen a reforzar la preservación de la biodiversidad y a establecer
claramente la responsabilidad de aquellos que atentan contra nuestra riqueza biológica. Quiero recordar en este momento la reforma de la Ley de Montes, que incluía entre otras cosas, adelantándose a esa modificación del Estatuto del ministerio
fiscal que ha sido objeto de debate hace un momento, la creación de una Fiscalía de Sala para los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo. Quiero recordar también la aprobación por esta Cámara de la ley que garantiza el derecho de todos los
ciudadanos a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental, incorporando en nuestro ordenamiento jurídico plenamente el convenio de Arus; también, la Ley ya aprobada de evaluación estratégica de planes y programas; la Ley
de Parques Nacionales, que se anticipó a este proyecto de ley que hoy traemos por la urgencia de aplicar correctamente y sin ningún detrimento en la protección de nuestros espacios más valiosos las sentencias del Tribunal Constitucional; pero
también, señorías, quiero señalar la coherencia respecto de los objetivos de esta ley de la ya aprobada Ley del Suelo, como también de dos proyectos de ley que están en tramitación en estos momentos: la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible y la
Ley de Responsabilidad Medioambiental. Todos ellos son proyectos que comparten la misma ambición, la de garantizar mejor nuestra riqueza natural y establecer los mecanismos que permitan no solo conservarla mejor, sino desarrollar un uso sostenible
de la misma y permitir la restauración de los daños que sufra la biodiversidad. Quiero solamente recordar cómo la actual Ley del Suelo incorpora, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, exigencias de criterios de sostenibilidad en el
desarrollo urbanístico de nuestro suelo o cómo el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sostenible equipara
como áreas prioritarias, a los efectos de las inversiones y actuaciones para conseguir una mejora de la calidad de vida y también una promoción de la actividad económica sostenible en el medio rural, a todos los municipios que forman parte
de la Red Natura 2000. Con esa característica, a partir de esa ley, de la Red Natura 2000 como área prioritaria para las inversiones del Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas, damos un paso adelante para poder preservar
mejor nuestra Red Natura 2000 y al mismo tiempo garantizar el derecho de los ciudadanos que viven en esos espacios naturales a tener también garantías de actividad económica y de bienestar. Por otro lado, señorías, esta ley es coherente con otras
actuaciones que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente como es el programa de adquisición de fincas en el litoral, un programa que intenta precisamente preservar espacios concretos ante el riesgo de avance de un desarrollo urbanístico que ha
caracterizado y caracteriza todavía hoy a nuestro territorio y que no tiene suficientemente en cuenta el valor de los espacios naturales.
Señorías, España es uno de los países europeos más ricos en flora y fauna.
Eso se debe a la diversidad de nuestro clima en nuestros distintos territorios y también a la diversidad de la orografía de nuestro país. En España hay 80.000
taxones clasificados. En lo que se refiere a la flora, en plantas vasculares tenemos 8.000 especies, más del 80 por ciento de las especies presentes dentro de la Unión Europea, 1.500 endemismos que corresponden a España y que suponen
aproximadamente la mitad de los endemismos de la Unión Europea en el ámbito de las plantas vasculares. En lo que se refiere a la fauna, las especies presentes en España suponen más del 50 por ciento de las presentes en Europa. Todo ello ha llevado
durante los últimos años a la clasificación de una parte muy notable de nuestro territorio, hasta un 25 por ciento de nuestro suelo, como espacios incorporados a la red ecológica europea denominada Red Natura 2000.
¿Cuál es la justificación de esta norma? Sus señorías saben que esta es una norma que va a sustituir a la vigente hasta ahora Ley 4/1989, de Conservación de la Naturaleza, que ha sufrido en estos años alguna modificación puntual, pero que
no se ha actualizado en aspectos que son trascendentales. Hay que recordar que desde el año 1989 se han dado tanto en el ámbito internacional como en lo que se refiere a nuestro país acontecimientos y normativas que obligan a esta actualización.
En particular, 1989 es una fecha anterior a la celebración en 1992 de la Cumbre de Río, cumbre de la que, entre otras cosas, salió el acuerdo que configura el Convenio para la defensa de la biodiversidad en el ámbito internacional, pero también es
anterior a la Directiva europea de 1992 conocida como Directiva Hábitat, y cuya no correcta trasposición hasta la fecha ha comportado un conflicto con la propia Comisión Europea por parte de España. También podríamos citar los acuerdos del Consejo
de Europa relativos a la preservación de nuestra biodiversidad y a la protección de nuestro paisaje, normas, por lo tanto, internacionales que obligan a cambiar la ley vigente. Pero, señorías, también ha habido transformaciones políticas y
ecológicas en nuestro país, un país que desde el año 1989 ha consolidado progresivamente el modelo descentralizado autonómico, el modelo de Estado en el cual son las comunidades autónomas quienes asumen la gestión del medio natural; también
evidentemente toda una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que han venido aclarando en estos últimos años cuál debe ser el espacio competencial del Gobierno de España y el espacio de las comunidades autónomas, sentencias que se han
tenido en cuenta a la hora de redactar este texto, así como también dictámenes del Consejo de Estado, como el relativo a la protección de áreas marinas.
Durante estos últimos años hemos asistido a ese incremento descontrolado del urbanismo en nuestro país que ha afectado gravemente a la riqueza biológica de España, y en algunos casos desde leyes autonómicas se ha reducido la protección
preexistente en el ámbito de la biodiversidad.
Este es sin duda uno de los motivos fundamentales para que, a la vista del incremento que han registrado en España las zonas incorporadas en la Red Natura 2000 y los espacios protegidos en su conjunto,
sea necesario regular mejor esa prevalencia que se instituyó en la Ley 4/1989 de la protección de la conservación de la naturaleza, de la protección de nuestra biodiversidad, respecto a las decisiones en el ámbito de la ordenación del territorio o
del urbanismo.
Este texto que traigo aquí inició su tramitación hace dos años, el año 2005, ha sido debatido en tres ocasiones con las comunidades autónomas en conferencia sectorial, ha sido analizado en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el Consejo
de Bosques, y ha recibido observaciones por parte de expertos, colegios profesionales y entidades privadas de custodia del territorio. A todos los que han colaborado en la elaboración de este texto quiero mostrarles desde aquí mi agradecimiento, y
muy en particular, en relación con ese proceso, a las organizaciones ecologistas, que hoy nos acompañan en este debate y que han sido en España las organizaciones pioneras en la defensa del medio ambiente.
También quiero dar las gracias por
anticipado a los distintos grupos parlamentarios porque estoy convencida de que con las enmiendas que se han presentado y con las que entiendo que se presentarán por parte del Grupo Parlamentario Popular podremos entre todos mejorar esta norma.
Esta norma pretende ampliar o mejorar algunos de los elementos presentes en la Ley 4/1989, y me referiré seguidamente a algunos de ellos. Pretende mejorar el conocimiento sobre nuestra biodiversidad, el conocimiento es la base para una
acción eficaz. En segundo lugar, pretende ampliar y mejorar los cauces de participación ciudadana en la preservación de nuestra biodiversidad. En tercer lugar, pretende mejorar la eficacia de los instrumentos de planeamiento, instrumentos
destinados a cumplir con el principio de prevención y de
precaución y con el principio de prevalencia de la protección del patrimonio natural y la biodiversidad respecto del urbanismo y de la ordenación del territorio. En cuarto lugar, esta norma pretende ampliar y mejorar la actual gestión de la
Red Natura 2000, que hasta ahora no se ha incorporado en ningún texto legislativo estatal. Hay algunas comunidades autónomas que sí lo han hecho en sus normas autonómicas, pero esta es la primera vez que cumplimos con una exigencia derivada de la
propia Directiva Hábitat para la buena regulación en nuestro país de la Red Natura 2000. En quinto lugar, se trata de ampliar y mejorar la protección en nuestro país de las áreas marinas protegidas, porque es en la biodiversidad marina donde tiene
nuestro país una enorme asignatura pendiente. Tenemos una parte muy amplia de nuestro territorio con figuras de protección, hasta un 25 por ciento del suelo, como señalaba antes, dentro de la Red Natura 2000, pero nada parecido en el ámbito de la
biodiversidad marina, extremadamente amenazada en estos momentos. Desde el mismo enfoque de ampliación de la protección de nuestra biodiversidad, este texto concede atención a la mejora de la conectividad a través de la promoción de la existencia
de corredores ecológicos, de la protección de las áreas de montaña y de la correcta aplicación en nuestro país de convenios y programas internacionales, como el relativo a las reservas de la biosfera. Señorías, la ley también pretende, en
combinación con la Ley de desarrollo rural sostenible, ampliar los recursos financieros y económicos para la preservación de la biodiversidad en nuestro territorio. Por último, también pretende mejorar el régimen sancionador existente en la Ley
4/1989.
Haré algún comentario concreto de algunas de estas líneas de actuación que han configurado esta ley. En primer lugar, mejorar el conocimiento a través de inventarios y de catálogos. Quiero llamar la atención sobre la necesidad de un
catálogo de hábitats en peligro de desaparición porque, desde un enfoque ecosistémico, no solo podemos preocuparnos de las especies amenazadas, sino que hay que ampliar nuestra actuación a los hábitats que permiten la supervivencia de esas especies
amenazadas. Esa es la razón de un catálogo de hábitats en peligro de desaparición.
También, señorías, como una novedad, un catálogo relativo a las especies exóticas invasoras, un fenómeno ligado a la globalización que afecta cada vez más a nuestro
país y que requiere políticas específicas, como esa estrategia nacional sobre el mejillón cebra que la conferencia sectorial estableció recientemente. Ampliar la participación de los ciudadanos, en línea con lo establecido en la ley que incorpora a
nuestro ordenamiento jurídico el Convenio de Arus. Más allá de crear el Consejo nacional para el patrimonio natural y la biodiversidad, donde podrán trabajar juntos comunidades autónomas y representantes de todos los sectores que pueden aportar su
conocimiento, su experiencia y su compromiso en materia de biodiversidad, quiero llamar la atención sobre el hecho de que este texto mejora los procedimientos de información pública que permiten una mayor transparencia y participación en todos los
procedimientos, tanto de definición de un espacio protegido, como también de descatalogación eventual de un espacio protegido.
Por lo que se refiere a mejorar la eficacia de los instrumentos de planeamiento y prevención, existentes a partir de la Ley 4/1989, como señalaba inicialmente, se trata de poder hacer más efectivo el principio de aplicación del criterio de
prevalencia de la defensa de la biodiversidad respecto de la ordenación del territorio y del urbanismo.
Eso conlleva en el texto de esta norma, por ejemplo, la exigencia de que sea una ley, en el caso de una comunidad autónoma, o un acuerdo de
Consejo de Ministros, quien explique qué razones de interés público pueden justificar una actuación que dañe un espacio protegido; por tanto, intentando disciplinar mucho más un proceso que no ha gozado en los últimos años de las garantías
suficientes. En particular, la ley prohíbe la descatalogación de espacios protegidos, salvo en el supuesto de que los valores ecológicos que justificaban la catalogación de ese espacio como espacio protegido, hayan desaparecido por la evolución
natural del propio territorio, obviamente no por una evolución causada por la acción del hombre. En todo caso, si existe ese proceso que degrada por razones naturales un espacio protegido, su descatalogación exigirá información pública.
Señorías, en esta norma también se incide en la obligatoriedad por parte de las comunidades autónomas de aprobar, en el plazo máximo de tres años, aquellos instrumentos de planeamiento que permitan la ordenación de los recursos naturales
conforme al contenido de esta ley. Asimismo, establece un plazo máximo de tres años para la aprobación de planes de recuperación de especies en extinción o de cinco años en el caso de los planes de recuperación de especies vulnerables. En todos
esos supuestos la ley establece la posible cofinanciación, con cargo al Ministerio de Medio Ambiente, tanto de la redacción de estos planes como de las medidas ligadas a los mismos. Como comentaba antes, la Red Natura 2000, establecida a nivel
europeo desde la Directiva Hábitat del año 1992, ha estado ausente hasta la fecha de nuestro ordenamiento jurídico y se recoge en este texto como espacio protegido, cuya protección dependerá del alcance que establezcan en sus normas las comunidades
autónomas. Por eso, señoría, no puedo menos que referirme a una noticia que hoy ha aparecido en un medio de comunicación que afirmaba que el Ministerio de Medio Ambiente pretende expropiar el 25 por ciento del territorio español, confundiendo lo
que es la extensión de la Red Natura 2000 con la posibilidad de que cada comunidad autónoma establezca en sus propias normas ejercer la declaración de utilidad pública o el mecanismo del derecho de tanteo y retracto, por cierto, ya presente en la
Ley 4/1989 y nunca cuestionado hasta esta fecha. Los lugares de interés comunitario, las zonas especiales de conservación, las zonas especiales de protección de las aves recibirán con este texto legislativo un mayor grado de protección a través de
la adecuada regulación
de la evaluación del impacto en esos espacios de eventuales actuaciones que pudieran alterar sus valores ecológicos. Como he señalado antes, solamente en presencia de razones justificadas a través de una ley o por acuerdo de Consejo de
Ministro en relación con actuaciones de interés general del Estado, se podrá superar la restricción que supone la necesaria preservación de estos espacios.
Señorías, también he señalado la oportunidad de dotar de más protección a las áreas marinas en nuestro país. En ese sentido y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, esta norma configura las competencias del Gobierno de España
para la protección de los espacios marinos cuando no existe continuidad ecológica entre los espacios marinos a proteger y el espacio natural protegido terrestre que tenga más proximidad al espacio marino y también en lo que se refiere a especies
marinas que tienen alta movilidad. Se trata de asumir desde el Ministerio de Medio Ambiente la responsabilidad de avanzar en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la preservación de nuestros espacios
marinos y, como señalaba antes también en otros artículos de esta ley, promoviendo una mejor conectividad ecológica a través de los corredores ecológicos y de la protección de las áreas de montaña.
Señorías, es necesario que existan recursos
económicos para preservar nuestra biodiversidad. Por eso, concedo la máxima importancia a ese proyecto de Ley de desarrollo rural sostenible que establece ya el carácter prioritario de la Red Natura 2000 a la hora de la aplicación de las
determinaciones de esa norma, que permitirá disfrutar al máximo en España de los recursos europeos de los distintos fondos en pro de un desarrollo rural sostenible. El Ministerio de Medio Ambiente ha venido incorporando nuevas herramientas
económicas durante esta legislatura; herramientas que han significado, por ejemplo, que la Dirección General de Biodiversidad y el conjunto del Ministerio de Medio Ambiente en estos momentos duplica los recursos económicos que destina a la
prevención, extinción y restauración en relación con los incendios forestales, una de las mayores amenazas para nuestra biodiversidad. En la reforma de la Ley de Montes, señorías, establecimos ya un fondo para el patrimonio natural, con
determinadas funciones y con un presupuesto que el año 2006 fue de 11 millones de euros. Este texto amplía las funciones de ese fondo del patrimonio natural que se pasa a denominar Fondo del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y que contará en
el año 2008 con 48,5 millones de euros, de acuerdo con el actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Con cargo a ese fondo se podrá cofinanciar con las comunidades autónomas actuaciones de todo tipo, actuaciones que ya estaban
contempladas en la reforma de la Ley de Montes, pero también aquellas contempladas en este texto que hoy traemos ante esta Cámara. Por último, en lo que se refiere al proyecto de ley quiero señalar que se modifica el régimen sancionador, para que
las infracciones en materia de daños a la biodiversidad sean proporcionales al daño efectivamente causado y, por lo tanto, haya una mayor correspondencia y eficacia de los instrumentos ligados al régimen sancionador.
Señorías, antes de dejar esta tribuna y a propósito de la enmienda de devolución que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, una enmienda de devolución en la que igual que en el caso de la reforma de la Ley de Montes, aparecen como
razones el hecho de que este texto es excesivamente intervencionista y que invade competencias de las comunidades autónomas, quiero invitar a los diputados del Grupo Parlamentario Popular a ser constructivos en el trámite de enmiendas al articulado
y, sobre todo, a aclarar ante esta Cámara si consideran intervencionismo que se garantice mejor que no vuelva a suceder nada parecido a la reforma de la Ley de Suelo de la Región de Murcia que supuso la descatalogación de 14.000 hectáreas de zonas
protegidas de la Red Natura 2000. Si eso es intervencionismo, si se trata efectivamente de reducir la capacidad de evitar desmanes como este, señorías, el Ministerio de Medio Ambiente quiere intervenir, quiere prevenir y quiere corregir los daños
sobre nuestra biodiversidad. Pero si el Grupo Parlamentario Popular tiene una receta diferente, estoy segura de que en el trámite de análisis de las enmiendas podremos conocerla y valorarla. También tengo curiosidad por saber si España no se rompe
por reconocer las comunidades autónomas como responsables, entre otras cosas, de la buena gestión de la Red Natura 2000. (El señor Campos Arteseros: ¡Ahí, ahí!) Bienvenidos al Estado descentralizado y al Estado autonómico, señorías. Estamos
ansiosos por saber cómo harían ustedes una ley de patrimonio nacional y biodiversidad diferente de esta, porque no hemos conocido ningún texto alternativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda de totalidad por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente el Grupo Popular se alegra de haber dado la oportunidad a la ministra de Medio Ambiente de contarnos su particular y parcial visión de este proyecto de ley, aunque en su explicación ha omitido los aspectos, en nuestra
opinión, más conflictivos del mismo. Por ello, hemos presentado una enmienda a la totalidad del texto, porque consideramos que es excesivamente intervencionista, que endurece innecesariamente la propia directiva que traspone, que supone un atentado
a la propiedad privada, que solo considera la componente ambiental del desarrollo sostenible, porque la calculada ambigüedad de muchos de sus párrafos crea inseguridad jurídica, porque invade competencias de las comunidades autónomas, porque diluye
la política forestal en la política ambiental, lo que imposibilita,
entre otras cosas, la lucha contra los incendios forestales y porque no creemos que la conservación del patrimonio natural deba basarse solamente, como hace en esta ley, en prohibiciones y en limitaciones.
Eso, señora ministra, es acaso muy
socialista, pero nosotros no lo compartimos.
Decía, en primer lugar, que se trata de un texto excesivamente intervencionista que, en nombre de la conservación de la naturaleza, introduce la llamada protección cautelar durante la tramitación de los planes de ordenación o -entrecomillo-
delimitado un espacio natural protegido. Aquí se plantea el primer problema, ya que, como se indica posteriormente en el texto del proyecto de ley, todos los territorios de la Red Natura 2000 -esto lo ha obviado la señora Narbona- van a tener la
consideración de espacios protegidos y, por ello, les sería de aplicación la protección cautelar, lo que tiene consecuencias imprevisibles. No es obvio recordar que casi todo el territorio declarado Red Natura en España lo ha sido sin elaborar
previamente instrumentos de planificación, y con esta protección cautelar puede extenderse el régimen establecido para la tramitación de los PORN -limitaciones respecto del uso y actividades- a una cuarta parte del territorio nacional, que es el
porcentaje del territorio incluido en la Red Natura 2000. Por ello, señorías, las actividades en la cuarta parte del territorio nacional podrían quedar totalmente paralizadas al no poder realizarse en ellas ninguna actuación que suponga
-entrecomillo como texto de la ley- modificación de la realidad física o biológica del espacio, de aplicarse el texto en su literalidad.
El artículo 23 del proyecto de ley -que la señora Narbona ha omitido- habla de protección preventiva, y dice que la protección preventiva -sigo entrecomillando el texto de la ley- se extiende a toda zona bien conservada amenazada por un
factor de perturbación que potencialmente pudiera alterar tal estado. Es decir, señorías, si una zona bien conservada se ve sometida a una amenaza, para salvarla, en lugar de poner fin a la amenaza, se declara espacio natural protegido. En
principio, cualquier espacio natural podría caer en la casuística de este artículo, lo que podría vulnerar el derecho civil, porque, ¿qué es una zona bien conservada? ¿Quién define lo que es un factor de perturbación? ¿Quién determina el grado de
alteración? ¿Qué seguridad jurídica tiene el propietario de este espacio natural? En segundo lugar, el proyecto de ley endurece innecesariamente varios aspectos de la directiva que traspone.
Sirva como ejemplo el hecho de que en ningún artículo
de la directiva se indica que los espacios Red Natura 2000 deban tener la consideración de espacios protegidos, como señala el texto del proyecto de ley. En tercer lugar, el proyecto de ley supone un atentado a la propiedad privada, al incluir los
espacios Red Natura 2000 -repito, señorías, que son el 25 por ciento del territorio nacional, la mayoría de propiedad privada- en la categoría de espacios protegidos -señora ministra, en el artículo 41.2 se indica lo que estoy diciendo y que usted
ha negado-. Ello implica, señora ministra -artículo 39-, la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, incluidos los bienes inmuebles y la posibilidad de que las administraciones puedan ejercer los
derechos de tanteo y retracto que, según indica el proyecto de ley, serían de aplicación, asimismo, a las transmisiones en el medio urbano, en los núcleos de población situados en los espacios Red Natura 2000. Es conveniente que recordemos que
muchos de esos espacios fueron incluidos en la Red Natura 2000 sin intención de que fueran espacios protegidos en el sentido y con el alcance jurídico de esta ley.
La norma, señorías, puede considerarse heredera directa de la Ley 4/1989, a la que va a sustituir, que hacía hincapié en la idea tradicional de conservación a la antigua usanza, negando la gestión sostenible como elemento básico de la
conservación. Ello adquiere especial gravedad en lo referente a la política forestal, ya que con la aprobación de esta ley la política forestal tendrá solo un enfoque ambiental, lo que no garantiza su conservación sin su integración con los
enfoques económico y social; principio universalmente reconocido desde la cumbre de Río. Desaparece el Consejo Nacional de Bosques, foro que se creó en el año 2000 a petición del sector forestal y en el que están representados todos los sectores
implicados en temas forestales, y caracterizado desde su creación por su gran transparencia. El nuevo consejo que le sustituye, con muchos y variados temas a debatir, determinará que la política forestal no tenga un foro específico y por ello,
señorías, no va a ser fácil que se debatan con profundidad en ese nuevo foro aspectos tan importantes como la lucha contra incendios forestales. Asimismo, con la desaparición del Consejo Nacional de Bosques se pasará a contemplar la política
forestal, como ya he dicho, desde la faceta puramente ambiental, obviando los aspectos económicos y sociales esenciales para una gestión forestal sostenible. La desaparición del Consejo Nacional de Bosques muestra hasta qué punto el actual Gobierno
no es consciente de la necesidad de gestionar y poner en valor el terreno forestal, más de la mitad del territorio nacional. Se contemplan los bosques principalmente como reservas biológicas y no desde el prisma de la multifuncionalidad. La
dilución de la política forestal en la política general de patrimonio natural puramente ambiental es un paso hacia atrás que el Grupo Parlamentario Popular no comparte.
Como he señalado al principio de mi exposición, el texto invade competencias de las comunidades autónomas, por ejemplo, cuando fija las directrices de conservación de la Red Natural 2000, cuando regula materias como la caza y la pesca, que
son competencias autonómicas -en las cuales, por cierto, se muestra la aversión que experimenta la ministra de Medio Ambiente hacia la caza-, o cuando propone incluir, como señala el artículo 24, hábitats en el Catálogo nacional de hábitats en
peligro de desaparición a iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente. Me sorprende este ninguneo a las
competencias de las comunidades autónomas, señora ministra, ya que es iniciativa de un Gobierno célebre por sus cesiones electoralistas a las periferias. Dichas cesiones las resumía hace pocos días un periódico catalán, que titulaba:
Zapatero afloja. Pues usted, señora ministra, con este proyecto de ley, aprieta e intenta apretar a las comunidades autónomas; una contradicción o una incongruencia más.
Señorías, a lo largo del texto la nota dominante es la ambigüedad, especialmente preocupante cuando esa ambigüedad se utiliza para motivar la declaración del espacio natural protegido. Expresiones tales como factor de perturbación, espacio
natural delimitado, zona bien conservada amenazada, turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones, son algunos de los ejemplos que se repiten en el texto y que crean una innegable inseguridad jurídica muy común, por cierto, a otras normas
presentadas por el Gobierno del señor Zapatero a lo largo de la legislatura. Los verbos que más se repiten en el proyecto de ley son limitar y prohibir. Estas son las palabras preferidas no solo en este texto, sino en general por el Gobierno
Socialista. La palabra ausente en este proyecto, aquella que para el Grupo Popular es esencial siempre pero especialmente en la política medioambiental, es incentivar. ¿Mención a la colaboración con los propietarios de los espacios naturales en la
conservación? Ninguna, pese a que los propietarios de los espacios incluidos en la Red Natura reclaman reiteradamente una participación directa en la gestión. ¿Mención a la implicación de las poblaciones del entorno de los espacios naturales en su
conservación? Ninguna. En definitiva, como siempre ha hecho el Gobierno socialista, cuando existe un espacio natural en buen estado de conservación se olvida de que ello se debe a los habitantes de la zona y a los propietarios de los terrenos que,
a través de una buena gestión, se han implicado en su conservación.
Señorías, parece que el objetivo del proyecto de ley es proteger de sus propios propietarios los espacios bien conservados. ¿Mención a financiación? Ninguna. ¿Mención a ayudas
técnicas o financieras para los propietarios de los terrenos? Ninguna. Señorías, la norma da lugar a la redacción de múltiples planes y a la creación de numerosos inventarios y catálogos, y todo ello habremos de entenderlo multiplicado por todas y
cada una de las comunidades autónomas, lo que introduce también las correspondientes necesidades de coordinación a nivel nacional, vía estrategias o instrumentos similares, por lo que en la práctica esa multiplicidad resultará de hecho inviable.
Conviene que recordemos que ni un uno por ciento de lo que se establecía en materia de planes en la Ley 4/1989 se ha aprobado. Por ello, lo que se plantea no es realista.
Además, poner plazos a algo que no es realista es, simplemente, demagogia.
En definitiva, señorías, nuestra idea de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad no coincide con su concepto de protección a la antigua usanza. Apostamos por una gestión sostenible de los recursos naturales en la que los
aspectos económico, social y ambiental estén en un plano de igualdad; apostamos por el hecho de que los espacios que fueron incluidos en la Red Natura 2000, sin la intención de que fueran espacios protegidos con la literalidad del texto del
proyecto de ley, sigan manteniendo su estatus actual y no recaiga sobre ellos la amenaza de la expropiación porque, señora ministra, en el Partido Popular -ya sabemos que en el suyo no- creemos en la propiedad privada. Sí apostamos por una
financiación adecuada para desarrollar una gestión sostenible, sí apostamos por incentivos y por acuerdos voluntarios, apostamos por la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad a través de la participación de todos los sectores
sociales y económicos implicados en ella. Señorías, el proyecto de ley que debatimos, en su afán intervencionista, parece olvidar que un elevado porcentaje de los espacios naturales son terrenos forestales y, concretamente, el 80 por ciento de la
Red Natura es forestal. El Partido Popular apuesta, claro que sí, por la conservación de esos espacios naturales y su biodiversidad pero no a través de nuevas figuras de protección, no a través de nuevas limitaciones y prohibiciones. Para el
Partido Popular, señorías socialistas, el objetivo de la política forestal y conservación de la biodiversidad a plantear a medio plazo lo constituyen, por un lado, actuaciones en el monte que eviten o al menos disminuyan de forma apreciable los
incendios forestales, que es la auténtica lacra, señoría, para los espacios forestales, los espacios naturales y la biodiversidad.
Con ello, se conseguirá de manera simultánea conservar los bosques y la biodiversidad mediante su gestión sostenible,
luchar contra el cambio climático, reducir la dependencia del abastecimiento energético exterior y crear empleo en zonas rurales. La conservación de los montes, señorías, también se asegura mediante un aprovechamiento sostenible de sus recursos que
fomente el aprecio de las poblaciones del entorno. Está comprobado que los incendios disminuyen cuando se produce un aprovechamiento económico sostenible, y este aprovechamiento debe hacerse desde la perspectiva de la multifuncionalidad, mediante
la planificación a largo plazo de su gestión. Señora ministra, nosotros planteamos como esencial valorar los montes a través de un acto de justicia y solidaridad, como es la compensación de las externalidades que los montes aportan a la sociedad:
biodiversidad, son reguladores del ciclo del agua, luchan contra la desertización y erosión -como usted ha mencionado-, ocio, cultura y sumideros de dióxido de carbono. Apostamos por ello mediante la contribución a la financiación de los gastos de
mantenimiento y conservación.
Señor presidente, señorías, termino. El proyecto de ley que debatimos no nos sorprende en su filosofía. Sencillamente, como he reiterado durante mi intervención, trata de limitar y prohibir y está lejos de incentivar, proteger y poner en
valor nuestro patrimonio natural y biodiversidad. En este sentido, es, como no podía ser de otra manera, dique y no cauce, o sea, un proyecto de ley
socialista. Ustedes, señorías socialistas, a los que se les llena la boca con palabras como progresismo y apertura, en este proyecto de ley que traen a la Cámara lo que hacen es apostar por la conservación a la antigua usanza, pero no
contarán con nosotros para mirar al pasado y, además, no nos engañarán queriendo que creamos que miran al futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora De Lara.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)
Fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para manifestar nuestra posición en relación con esta enmienda de devolución que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que ya anuncio que estamos en contra de la misma, porque entendemos que existe la necesidad de
regular, por lo que compartimos el proyecto de ley aunque no en su literalidad, es decir, nos reservamos la posibilidad de presentar las enmiendas que correspondan, pero existe la necesidad de una regulación que garantice una serie de cuestiones que
la ministra y el proyecto así reconocen. Nosotros quisiéramos incluso nombrar algunas de estas porque, contrariamente a lo que acaba de exponer la portavoz del Grupo Popular, consideramos necesaria una legislación que delimite perfectamente, además
de garantizar jurídicamente, lo que hoy está reconocido como Red Natura, de manera que, dada la vulnerabilidad que existe en estos momentos en estas zonas tanto de montaña como de costa marítima, de costa en definitiva, siga siendo necesario
protegerlas muchas veces incluso desde la movilización social ante amenazas de ser utilizada con fines no precisamente ecológicos, ni mucho menos de preservar la biodiversidad. De ahí que haya aspectos de este proyecto de ley que nos parezcan
positivos, como acabamos de decir. Aprovechamos que esté presente la ministra para decir que en nuestro grupo no vamos a permitir -esperamos que cualquier cuestión que en este aspecto suceda podamos resolverla en el trámite parlamentario-
injerencias de la ley en materia de competencia autonómica. Bien es cierto, la propia ministra lo acaba de reconocer, que hay comunidades autónomas que tienen legislación sobre esta materia, y concretamente Galicia así lo hizo. Por tanto, esta ley
debe ser un refuerzo sobre todo en lo que representa la participación y el apoyo económico del Estado a las comunidades autónomas para poder llevar a cabo todas las políticas de protección medioambiental que sirvan para preservar la biodiversidad y
además evitar la desertificación que, como todos podemos comprobar en nuestros diferentes territorios, está existiendo y sigue avanzando. Por tanto, es necesario proteger para que no siga sucediendo. De ahí que nosotros consideremos importante que
el proyecto de ley siga adelante, por eso nos posicionamos en contra de la propuesta de devolución del Grupo Popular, aunque, como acabo de decir, vamos a presentar las enmiendas correspondientes tanto en aquellos aspectos que consideremos que
puedan ser injerencia en las competencias autonómicas como en aquellos otros que deban ser reforzados por este proyecto de ley. Desde luego no compartimos cuestiones como las que acaba de exponer la portavoz del Grupo Popular, preocupada por lo que
puede ser alguna injerencia, como ella dijo, en la protección que se recoge en este proyecto de ley en relación con zonas de la Red Natura y que pueda ser perjudicial para los derechos privados o los de la propiedad privada.
Nosotros somos muy
respetuosos con la propiedad privada de aquellas personas que tengan terrenos en estas zonas denominadas Red Natura, pero por encima de la propiedad privada también está el derecho a la propiedad colectiva y, sobre todo, el derecho a una naturaleza
y a una biodiversidad que garantice el futuro de nuestro sistema. De ahí que, sin estar de acuerdo con lo que pretende decir, pero que no menciona la ley, en cuanto a la interferencia o expropiación sin más de la propiedad privada, deba haber una
legislación que, aunque tenga que intervenir en la propiedad privada, garantice lo que es la preservación medioambiental, sobre todo en aquellas zonas vulnerables o que puedan ser perjudicadas.
Por tanto, repetimos nuestro apoyo a que siga adelante
este proyecto de ley con las enmiendas correspondientes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Mardones, su turno.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Nos encontramos en verdad ante un proyecto del Gobierno, este proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, fuertemente complejo, muy heterogéneo. Esa es la realidad del escenario en el que en este momento se mueven los
países y las organizaciones con una sensibilidad específica por el deterioro del hábitat terrestre y la peligrosidad de su desaparición, no solamente de ellos sino también de las especies animales que forman parte de todo un ecosistema, y es
imprescindible y necesario que los distintos organismos tengan un principio de legalidad -ya existe el de legitimidad- para actuar precisamente.
Nosotros valoramos positivamente la intencionalidad de este proyecto de ley. Compartimos muchas de las observaciones críticas que ha hecho la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su enmienda de totalidad. Nosotros no la vamos
a apoyar, porque la vía de presentación de enmiendas va a ser muy amplia para los diputados de Coalición Canaria, específicamente por la sensibilidad de nuestra área archipiélagica. Es necesario
tener una protección jurídica en muchos aspectos. Sabemos que una aplicación directa de esta ley va a necesitar de unos consensos, de unas armonías muy importantes. La señora ministra lo ha dejado claro, lo ha insinuado cuando se habla del
solapamiento posible de competencia con las comunidades autónomas. Esta es una ley que en su día tendrá que armonizar perfectamente una serie de voluntades y de decisiones políticas, legislativas, ordenancistas, tanto en el área de la
Administración General del Estado como en el de las comunidades autónomas, sobre todo porque va a haber muchos participantes. No se trata solamente de lo que opinen universidades, organizaciones ecologistas, asociaciones de cazadores, asociaciones
de defensores del medio ambiente, ni de su utilización, etcétera. Por tanto vamos presentar, como he dicho, una amplia batería de enmiendas que van en esta línea constructiva, positiva e inspirada en los principios rectores que organizaciones
internacionales, como la UNESCO, nos vienen indicando y que es necesario corregir, por ejemplo a la que se hace referencia en el artículo 26 del proyecto sobre las estrategias y planes de conservación y restauración.
Ahí se señalan unas especies
orgánicas donde estos instrumentos van a tener un papel fundamental, como la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente -ahí estarán las comunidades autónomas-, la Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el Consejo Nacional
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esas organizaciones son imprescindibles y necesarias. Son las que van a dar una garantía de equilibrio, de ecuanimidad en la aplicación ya práctica de esta ley.
Habrá que salvar cuestiones que en
archipiélago canario nos preocupan muchísimo, como cuando se hace referencia a la protección de espacios naturales en el artículo 27, que define qué son espacios naturales protegidos, así como cuando se habla de las aguas continentales y las aguas
marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional. En Canarias hemos tenido algunos casos -en este aspecto va a haber no ya una discusión con las comunidades autónomas, sino con organizaciones estatales como puede ser el Ministerio de Defensa u
organismos internacionales, como la OTAN-: el de maniobras militares en áreas navales que han conllevado la muerte de cifios, de especies marinas como los delfines del Atlántico, que han motivado protestas de organizaciones ecologistas de las
propias autoridades administrativas en el archipiélago canario y que han llevado a la negociación con el Ministerio de Defensa y con las armadas de países asociados que utilizan estos espacios para maniobras militares y que conducen a una situación
de crítica, de conflictividad al respecto.
Qué decir cuando hablamos de la Red Natura 2000. Acertadamente la señora portavoz del Grupo Popular ha señalado que en dicha red prácticamente el 80 por ciento del área de superficie es masa forestal. Vamos a ver qué armonización hacemos
con los montes en mano común, las propiedades municipales, las propiedades privadas y el ejercicio de un derecho de propiedad y de explotación que tiene que conllevar un respeto a una legislación vigente de protección del hábitat y de las especies.
La preocupación en este proyecto de ley no solamente está en el hábitat, cuando hay procesos de erosión, de desertificación, sino también en las especies animales, los taxones silvestres; es necesario proteger ese patrimonio genético. En esa línea
es importante disponer de este proyecto de ley. Como he dicho, mi grupo, en este caso desde el Parlamento de Canarias y desde el Senado me ha indicado que existe una armonía en la presentación de estas enmiendas, que van en una línea coincidente
con el fondo de este proyecto de ley y que será perfeccionable con el tiempo y con el debate parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Mardones.
A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, si alguna cosa no entendemos es esta enmienda a la totalidad.
Nosotros vamos a presentar enmiendas para introducir nuestra perspectiva en la ley, que es diferente a la del Grupo Popular sin lugar a dudas, pero lo que es
incomprensible es que a estas alturas, con un problema de patrimonio natural y de biodiversidad como el que tiene este país, uno de los que más aporta en biodiversidad a Europa, el Grupo Popular nos proponga que la ley se devuelva. Es
incomprensible que en un país con graves problemas de biodiversidad dicho grupo nos proponga eso, la receta de siempre: no intervenir, ustedes espabilen, la propiedad a sus anchas, y el medio ambiente es el que pierde. Por eso, de forma no
convencional sino contundente, con toda la contundencia que nos dan nuestros votos y nuestro discurso, vamos a votar que no a esta enmienda a la totalidad. Es más, hay veces en que uno piensa que el Grupo Popular debe dar puntos a algún diputado al
presentar una enmienda a la totalidad, porque si hay alguna incomprensible es esta.
Yo puedo entender que ustedes tengan puntos de vista diferentes sobre esta ley, aunque no los comparta, pero no puedo comprender, no me cabe en la cabeza, que planteen hoy la enmienda a la totalidad. No lo entiendo por una razón muy simple,
porque esta ley lo que hace es sustituir a la Ley 4/1989, que ha quedado claramente desfasada, porque actualiza el marco normativo de acuerdo con las exigencias europeas e internacionales en materia de biodiversidad, como el Consejo de Europa o el
Convenio de Diversidad Biológica, así como la pervivencia, la calidad, la sostenibilidad ambiental de los parques nacionales y del resto de recursos naturales. Este proyecto de ley antepone la protección ambiental sobre la ordenación territorial y
urbanística; este es uno de los principios de la ley: la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y
los supuestos básicos de dicha prevalencia. Está en el artículo 18. Nos gustaría que fuese incluso más allá, pero nos parece razonable, cuando en este país tenemos un problema de depredación del territorio por la construcción urbanística,
que alguien diga -el legislador- que tiene que prevalecer el criterio de la ordenación ambiental, de la protección ambiental, por delante de la ordenación del territorio. Esta ley establece principios inspiradores, como la integración de los
requerimientos de la conservación, el uso sostenible, la mejora y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales. Además se lleva a cabo, como no podía ser de otra manera, señora De Lara, un inventario del
patrimonio natural y la biodiversidad.
Tiene que haber un inventario; claro que tiene que haberlo; es necesario que esté. En cambio ustedes, en la enmienda a la totalidad, parece incluso que lo discuten. Asimismo contiene un Catálogo nacional
de especies exóticas invasoras que se tiene que incorporar. Claro que tiene que ir más allá de la directiva, porque ella no puede catalogar las especies invasoras que existen hoy en territorio español. Además se tiene que renovar presentando al
Consejo y a la Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente un informe para la actualización de esta materia. Se tiene que elaborar un plan estratégico de patrimonio natural y
biodiversidad.
Necesitamos que se obligue a impulsar el desarrollo de los programas de cría y propagación para las especies silvestres amenazadas. ¿O es que ustedes no están de acuerdo en esto? Necesitamos, es verdad, incentivos para las
externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos, pero también una política activa para su protección que intervenga, como no podía ser de otra manera, cuando esos espacios no se protegen.
Señora De Lara, lo que vamos a hacer no es intentar que la ley no prospere, sino procurar que se mejore. Para nosotros es positivo que alguna vez, alguna vez, lo que hagamos sea trasponer las directivas aunque sea yendo un poco más allá.
La tradición en el derecho sobre medio ambiente de este país siempre ha sido trasponer la directiva stricto sensu sin ir un milímetro más allá; eso ha hecho que nuestro marco normativo en materia de derecho del medio ambiente sea simplemente lo que
nos decía la Unión Europea. La aspiración de mi grupo parlamentario y la del conjunto de la Cámara en uno de los países más degradados desde el punto de vista medioambiental debería ser hacer que las leyes cojan lo bueno de las directivas europeas,
de la normativa europea, pero ir un poco más allá en aquello que podamos. La pregunta es: no un ecologista, sino alguien mínimamente responsable con la protección del medio ambiente, ¿puede pretender quedarse en la trasposición estricta de las
directivas europeas? Nosotros creemos que no, por eso entendemos que esta ley va más allá en algunos aspectos, y en nuestras enmiendas vamos a intentar que incluso vaya un poquito más allá, porque la situación medioambiental del país es mala; es
mala porque nuestro modelo de crecimiento se basa en el ladrillo y poca cosa más, y es mala porque de la no intervención se ha hecho un dogma y de él hemos llegado a la categoría de un país depredado en el que no es posible hacer nada ni crecer
desde el punto de vista ambiental.
Usted decía que el sistema que se plantea en la ley es de protección a la antigua usanza. Yo creo que la antigua usanza son procesos de transformación urbanística depredadores, como los que se han dado en Murcia; lo explicaba la señora
ministra. Antes la señora ministra comentaba un proceso de transformación en una sierra, concretamente en el pueblo de Candelada, aunque podríamos poner muchos más ejemplos. Para mí la antigua usanza es una proposición no de ley firmada en la
Comisión de Fomento por el Grupo Popular y el Grupo Socialista que habla de una autovía en un parque natural; por suerte se ha paralizado, por suerte se ha parado. Para mí esa es la antigua usanza, que ustedes tienen y que a veces recorre de forma
transversal todo el hemiciclo hasta llegar al Grupo Socialista. La nueva usanza, lo moderno, si queremos proteger el medio ambiente, es intervenir cuando es necesario; por supuesto, claro que sí.
Yo vengo de un país, Cataluña, con una Red Natura 2000 importante, muy importante. Hay quien ha querido asociar la Red Natura 2000 a una hipoteca para el desarrollo económico, pero yo creo que no; la extensión de la Red Natura 2000 lo que
hace precisamente es dar valor al territorio que tenemos. Lo que yo pretendo con esta ley es garantizar precisamente que incremente los recursos. ¿Por qué vamos a batallar? Para que el fondo, para que los recursos se amplíen, y para nosotros va a
ser muy importante, fundamental, que haya mayores recursos económicos para el desarrollo de la ley, que haya una memoria económica y que, como decían anteriormente, el Estado también dote de recursos a aquellas comunidades autónomas que decide
proteger; si es corresponsabilidad del Estado, si decide tener competencias, también ha de dotar de recursos. ¿Qué vamos a pedir? Que la mejora de la conectividad que ya se produce en la ley incluso vaya más allá de lo que se plantea en la ley.
¿Qué valoramos? Que la Red Natura 2000 sea un espacio natural protegido. ¿Qué vamos a intentar? Que llegue a todas y cada una de las consecuencias de lo que supone la Red Natura 2000, que sea un espacio natural protegido, que se incorporen nuevas
áreas marinas con toda su fuerza, que se establezcan especies prioritarias y que entre estas -establecidas en los puntos 5 y 6 del artículo 45- se incorporen nuevas especies que no se han introducido, porque precisamente en el catálogo que viene de
Europa esas especies prioritarias no se consideran a nivel europeo pero sí deben considerarse a nivel español. Ese va a ser nuestro papel, por eso vamos a votar de forma contundente, clara, nítida, que no a la enmienda a la totalidad y vamos a
intentar mejorar la ley con nuestras enmiendas. Para nosotros es positivo que la ley vaya más allá de la directiva europea, ya era hora.
Nosotros lo que vamos a pretender
es que vaya un poquito más allá, porque este país en biodiversidad tiene una gran riqueza, pero también un gran problema, que es la depredación del territorio. Nosotros lo que tenemos que hacer es priorizar la protección del medio ambiente
por delante del tocho. Sé que eso significa menos negocio para algunos, pero más futuro para todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Herrera.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señora ministra. Veo que está lesionada, espero un rápido restablecimiento de su dolencia.
Señorías, nosotros tampoco comprendemos, por razones políticas en este caso, la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y honestamente tengo que decirle, señora ministra, que comprendo a medias el contenido de la
ley, pero en este caso por falta de ilustración personal. Estoy operando en régimen de sustitución y lo que le voy a decir es lo que me han aportado personas que tienen un conocimiento profundo sobre una materia tan relevante por otra parte como es
la que se está analizando y se acota en este importante proyecto de ley. Me gustaría manifestarle, en primer lugar, algo que nos resulta políticamente paradójico. Nosotros no estamos preocupados por lesiones competenciales que han sido argüidas;
forma parte del fundamento, incluso de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular. Es más, nos parece una ley particularmente respetuosa con la distribución a la que provee el bloque de constitucionalidad en esta materia. Luego
haremos alguna indicación más concreta al respecto, señora ministra. Hay paradojas políticas como esta que aquí carecen de muchos precedentes: que no nos preocupe a nosotros la lesión competencial o de los títulos competenciales y le preocupe al
Grupo Popular. Solo lo dejo como anécdota y merece una cierta consignación específica en el 'Diario de Sesiones'.
Por otra parte, aquí ha habido también una argumentación extraña jurídicamente, que es una especie de pretendido dilema entre el
derecho a la propiedad privada y el derecho a la propiedad colectiva -ha sido utilizado por alguna portavoz- o el derecho al medio ambiente, como si fuera una especie de derecho antitético e inconciliable, cuando el derecho a la propiedad privada
está consagrado por el artículo 33 de la Constitución, su contenido esencial está perfectamente delimitado por la jurisprudencia constitucional y solo hay implicaciones respecto a la función social que el propio precepto, el artículo 33 de la
Constitución, establece respecto al derecho a la propiedad privada. Este último es el único constitucionalmente consagrado; no existe en nuestro ordenamiento jurídico una propiedad de naturaleza colectiva, y esa función social vinculada a la
biodiversidad es la que correctamente se acomete en este proyecto de ley.
Señora ministra, le tengo que pedir perdón de nuevo porque ha hecho usted un despliegue de erudición tan impresionante que, por qué no decirlo, nos ha convencido. Procede decir que conviene continuar apoyando esta ley en el resto de su iter
legislativo con algunas indicaciones y algunas enmiendas que -modestia aparte- van a mejorar algunos aspectos filosóficos y algunos otros relativos o atinentes a su contenido material. Las enmiendas las presentará aquel a quien estoy sustituyendo,
con más ilustración desde luego en su defensa de la que yo pueda prestar en este momento en esta Cámara; pero hay dos cuestiones fundamentalmente que nos preocupan. La primera es que tenemos la impresión de que quienes han hecho posible hasta la
actualidad la situación de conservación del espacio natural existente han sido los propios habitantes de dicho espacio: los agricultores, los ganaderos, los forestalistas, en definitiva sus gestores. Hay un problema en este momento de
desertización de estos espacios, de abandono de las explotaciones agrarias y ganaderas, de abandono en muchas ocasiones de las explotaciones forestales por falta de rentabilidad. Quizás una de las carencias o déficits que deben ser corregidos en
esta ley es establecer incentivos, que son absolutamente necesarios porque son estas personas los agentes activos que pueden garantizar de forma más clara e inequívoca la conservación de la biodiversidad, de los espacios naturales, etcétera.
En esta ley se plantea incluso -tengo que emplear un cierto tono crítico para realizar esta aseveración- ciertas limitaciones a ejercicios de aprovechamientos ya existentes para los cuales tampoco se proponen compensaciones, o por lo menos
compensaciones de carácter suficiente. No estamos hablando, señora ministra, de lo que se llaman expectativas de beneficios o aprovechamientos futuros, sino de situaciones ya existentes que deben implementarse y mejorarse desde la perspectiva de
potenciación de estos espacios y de estos beneficios preexistentes.
En cuanto a los aspectos filosóficos que mi grupo parlamentario considera relevantes, ciertos colectivos no han sido tomados en consideración como interlocutor legitimado para mostrar sus verdaderas aspiraciones y que estas hayan sido objeto
de incorporación al contenido del proyecto, y a los que por su dinamismo y capacidad de gestión de la fauna -me estoy refiriendo en particular a las sociedades y federaciones de caza y pesca- hay que reconocer, sobre todo en la última década, que se
han convertido en una especie de sujetos activos conservacionistas. Ya no estamos hablando de las asociaciones y federaciones de caza y pesca como una especie que desarrolla actividades cinegéticas depredadoras, sino que, cuando están bien
organizadas, cuando están articuladas como mecanismo de vertebración incluso para los aspectos de interlocución institucional -que deben ser considerados también por su Gobierno-, nos encontramos con que su actitud ante la
conservación del medio natural y del medio ambiente, de la fauna y de la pesca, debe ser también objeto de previsión, de respeto e incluso de observación en relación con muchas de las propuestas que han realizado y que desafortunadamente,
señora ministra, repito, no han sido tomadas en consideración por los redactores de este proyecto de ley, cuando algunas o bastantes de ellas eran muy pertinentes.
Le decía que no estábamos preocupados por las denunciadas lesiones competenciales de la portavoz del Grupo Popular porque el título troncal invocado es el previsto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que establece cuáles son las
normas que tienen la naturaleza jurídica de preceptos básicos, que es legislación básica, y yo creo que se ha hecho correctamente. Los preceptos básicos son los que la jurisprudencia constitucional ha establecido en desarrollo del artículo
149.1.23.ª, y no ha habido o no se consignan en el proyecto de ley extralimitaciones de naturaleza competencial. Ya sé que parece paradójico que un partido nacionalista diga esto y que el Grupo Popular diga lo contrario, pero son estas paradojas a
las que hay que ir acostumbrándose dada la transversalidad -por utilizar una expresión al uso en este momento- o el relativismo -por usar otra, sinónima de la anterior- que se está produciendo en la política que en este momento estamos desarrollando
todos los partidos con presencia en esta Cámara. Hay dos preceptos que no tienen carácter básico porque no lo pueden tener, como son el artículo 70.2, que es el relativo al régimen de custodia del territorio cuando el titular dominical de dicho
territorio es el propio Estado, pero solo el propio Estado, no las comunidades autónomas u otros entres que no pertenecen a la Administración General del Estado, y la disposición adicional primera, relativa al ejercicio de competencias de la
Administración General del Estado sobre los espacios, hábitats y especies marinas. La protección de especies marinas constituye una de las novedades relevantes de esta ley y se articula desde la perspectiva de respeto a la habilitación competencial
del Estado de forma muy correcta, señora ministra. Complementariamente a los dos títulos competenciales que he mencionado, se utiliza razonablemente bien también otro título competencial, que es el previsto en el artículo 149.1.10.ª de la
Constitución, relativo a la competencia exclusiva sobre comercio exterior, cuando en el artículo 67 se regula el comercio internacional de especies silvestres como competencia exclusiva y se acude, como tercer título competencial habilitante para la
regulación normativa del Estado, al artículo 149.1.3.ª, relativo a la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales o exteriores, para dictar la disposición adicional sexta, que nos parece también correcta, señora ministra, relativa
al régimen del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Mundial para la Naturaleza. Obviamente, esto es una competencia del Estado. No le voy a decir tanto como que nos gusta que pertenezca al Estado, porque ya sería entrar un debate
puramente ideológico que se podrá articular mejor en otra ocasión, pero pertenece al Estado constitucionalmente y se debe regular desde esta perspectiva.
Por otra parte, la ley es necesaria. La presentación de este proyecto de ley no solo es pertinente sino incluso necesaria, porque son numerosísimos los convenios y tratados internacionales ya ratificados por el Estado español y la normativa
comunitaria que hay que incorporar. El señor Herrera decía que este no debe ser el único elemento legitimante para la presentación del proyecto de ley, pero sí es un elemento fundamental de legitimación porque esta normativa, tratados
internacionales y derecho comunitario, evidentemente supone de facto, por la incorporación al ordenamiento jurídico interno español, una modificación de la legislación previgente que, afortunadamente, ahora se ordena normativamente. Me estoy
refiriendo -y voy acabando- al Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna silvestre, firmado en Bonn en 1979; el relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural, etcétera. Hay diecisiete directivas y
reglamentos que deben ser objeto de incorporación, desde las aves silvestre al uso de las especies exóticas y localmente ausentes en la agricultura. Todo eso debe ser objeto de ordenación normativa y se hace correctamente bien.
Por último, se respetan -con esto acabo, señor presidente- dos competencias que nosotros como partido o grupo nacionalista tenemos la obligación ética y política de defender: el respeto a la competencia de gestión de los espacios naturales
protegidos, que se atribuye a las comunidades autónomas, englobándose en la misma las facultades típicas de administración, inspección, sanción, y la propia declaración que un determinado espacio merece desde la perspectiva de la protección legal
prevista. Se mantiene esta competencia autonómica en sus propios términos, se incrementan los instrumentos de cooperación con las comunidades autónomas y, como establece la jurisprudencia constitucional en dos sentencias -la 102/1995 y la
194/2004-, no es la supraterritorialidad de los espacios el elemento legitimante de las competencias del Estado, ni siquiera de las comunidades autónomas. Desde esa perspectiva, la potenciación de las facultades de colaboración en instituciones
estatales que se supera o se potencia en relación con las comunidades autónomas hace que esta ley sea para nosotros atendible y nos parezca correcta en su configuración esencial, aunque, obviamente, va a ser objeto de mejoras a través de las
enmiendas parciales que mi compañero presentará en el momento oportuno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Olabarría.
A continuación, por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS I PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy empezamos el debate del proyecto de Ley del patrimonio natural y la biodiversidad. Se trata de un proyecto de ley que afecta a una parte importante del territorio, precisamente a aquella porción del territorio que concentra
gran parte de los recursos naturales y el grueso de la biodiversidad. Por tanto, señorías, estamos ante uno de los más importantes proyectos de ley de esta legislatura.
El proyecto de ley establece el régimen jurídico básico de la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y desde luego la vigente Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y de la fauna silvestre. Esta ha
sido una ley que ha cubierto solo parcialmente sus objetivos y que ha quedado superada, por ejemplo, por el Convenio de la diversidad biológica o por el objetivo fijado en la comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, COM(2006) 216, de
detener la pérdida de la biodiversidad para 2010. También la Ley 4/1989 quedó desfasada por la propia realidad. Por un lado, porque persisten algunos de los problemas que amenazan el patrimonio natural; uno, la expansión de las zonas urbanas, que
ha crecido de forma imparable en las últimas décadas; dos, se empiezan a sentir las consecuencias del cambio climático; y, tres, sigue aumentando la generación de residuos y de determinados contaminantes atmosféricos de forma imparable. Con ello,
muchos elementos del patrimonio natural siguen deteriorándose y la pérdida de la biodiversidad continúa su marcha veloz. Por otro lado, existen otros elementos que también justifican la necesidad de esta nueva ley. Se trata de aspectos tales como
las nuevas exigencias legislativas por parte de la Unión Europea y de convenios internacionales, la mayor extensión de espacios naturales en el Estado español o la mayor concienciación ambiental por gran parte de la ciudadanía, elemento a tener muy
en cuenta. Por todo ello, no vemos justificación a la enmienda de devolución que el Grupo Popular ha presentado a este proyecto de ley, ni mucho menos compartimos sus argumentos.
En primer lugar, sorprende que el Partido Popular alegue que el proyecto vulnera competencias autonómicas. Esquerra Republicana ha sido celosa durante toda la legislatura de las invasiones competenciales de todos los proyectos de ley,
habiendo presentado en algunos ocasiones enmienda a la totalidad por este motivo, pero en este caso, tal como ha expresado brillantemente mi predecesor, no hay base suficiente para una enmienda a la totalidad por cuestión de invasiones
competenciales. En algunos puntos sí, como en el caso de gestión y de sanciones, puntos en los que discrepamos del proyecto de ley, pero presentaremos enmiendas parciales y creo que se abrirá un debate y podremos solventarlo. No nos engañemos;
cuando el Partido Popular habla de invasiones competenciales siempre ocurre en temas medioambientales. A nuestro entender, lo que persigue el Partido Popular es detener este proyecto de ley y así que no se pongan impedimentos en las zonas donde
gobierna para que se sigan depredando los espacios naturales.
La enmienda a la totalidad también cuestiona la adopción de medidas de protección cautelar o preventiva. Señores del Partido Popular, deberían empezar a comprender que el principio de más vale prevenir que curar forma parte de una
concepción moderna de las políticas ambientales. Hace dos días hubo un debate en esta Cámara relativa a los efectos medioambientales del aeropuerto de Barajas, y ya entonces dijimos que las medidas deben ser preventivas, a priori, no a posteriori,
y más en este ámbito de la biodiversidad, donde el efecto es irreversible, no hay marcha atrás. Esquerra Republicana va en la dirección contraria, también en esto, del Partido Popular; creemos que el principio de prevención se aplica aún con
demasiada timidez. Por todo ello, vamos a oponernos a la enmienda a la totalidad presentada. Creemos que no tiene base y su único objetivo es retrasar la aprobación de esta ley.
Ello no quiere decir que el texto presentado nos satisfaga íntegramente, sino que nuestro grupo va a presentar mañana diversas enmiendas al articulado. Aparte de las ya citadas cuestiones competenciales, proponemos, en primer lugar,
eliminar la confusión entre espacios naturales protegidos y espacios protegidos unificando el término. Esto no es un aspecto banal, puesto que sobre ambas figuras el proyecto de ley propone regímenes diferentes. Nuestra opinión es que en todos los
espacios protegidos se debería aplicar el régimen de suelo no urbanizable. A alguien podrá sorprenderle, pero hoy aún no se garantiza que en los espacios protegidos no se urbanice, y nuestra enmienda va en este sentido.
También presentaremos diferentes enmiendas respecto de los contenidos del Plan estratégico nacional del patrimonio natural y de la biodiversidad para conseguir que tenga una mayor concreción y que se garantice un adecuado monitoreo y
evaluación de sus previsiones. Igualmente perseguimos una mayor concreción en los planes de ordenación de los recursos naturales, uno de los elementos fundamentales para llevar a la práctica los objetivos de la ley. En este sentido, creemos que
las actuaciones o programas sectoriales solo deberían poder contradecir el contenido de estos planes por razones de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión debería motivarse y hacerse pública. De otro modo, siempre dejamos una
puerta abierta a su incumplimiento. También sugerimos que el ámbito de estos planes pueda extenderse a las zonas periféricas de los espacios naturales, puesto que lo que suceda en estas áreas es fundamental para garantizar la preservación adecuada
de las mismas.
Por lo que respecta a las normas reguladoras de los espacios naturales, defendemos que en todos los casos cuenten con medios presupuestarios y humanos adscritos que permitan garantizar su utilidad práctica. Otra de nuestras enmiendas
persigue promover la conversión progresiva a producción ecológica de las zonas agrícolas y de las actividades ganaderas incluidas en los espacios naturales protegidos. Del mismo modo, consideramos que esta ley sería una excelente oportunidad para
dar
cumplimiento a un mandato derivado del reciente debate sobre el estado de la Nación en el sentido de fijar unos niveles mínimos para la producción autóctona de biocombustibles, lo que, además de significar un importante respaldo para el
sector agrícola y para el mundo rural en general, podría garantizar que el abastecimiento de biocombustibles no fuera a costa de trasladar su producción a terceros países, con el coste irreversible que esto significaría para su biodiversidad, que
también es la nuestra, por no hablar de la contribución que supondría en la reducción de nuestra dependencia energética exterior.
Vamos a presentar diferentes enmiendas sobre fiscalidad ambiental, concretamente respecto del impuesto sobre bienes inmuebles. Proponemos que los municipios puedan reducir el tipo y establecer bonificaciones para aquellas fincas rústicas
que contribuyan singularmente a la preservación de la biodiversidad. También proponemos beneficios fiscales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y en el impuesto sobre sucesiones para fincas ubicadas en espacios naturales protegidos.
En otro sentido, pedimos que los propietarios de fincas incluidas en los inventarios y catálogos del patrimonio natural puedan solicitar a las administraciones públicas que admitan la cesión en propiedad de dichas fincas en pago de sus deudas
fiscales. Otra de nuestras enmiendas persigue aumentar la franja de protección recogida en la Ley de Costas para que pase de cien a doscientos metros. Las zonas litorales del Estado español, como todos ustedes saben, han sido singularmente
maltratadas y, en cambio, presentan unas características ambientales únicas que las hacen merecedoras de mayor protección, aun cuando, como ustedes saben, su escasez es cada vez más creciente. Esta protección pasa, en primer lugar, por frenar la
presión urbanística de que son objeto. Respecto al alcance de la ley creemos que no deben quedar excluidos los recursos pesqueros, puesto que los problemas de sobreexplotación en este ámbito son evidentes.
Otra enmienda importante sugiere la afectación para políticas de conservación de patrimonio natural del 1 por ciento del presupuesto de las obras de infraestructuras de la Administración General del Estado, a modo de lo que ya sucede con el
1 por ciento cultural. Seamos claros -se ha repetido hoy en el debate-, sin presupuesto difícilmente la preservación del patrimonio natural será una realidad y esto creemos que sería una fuente adecuada de recursos. Estamos, señorías, ante una ley
muy importante, ya que obedece a un mandato de la ciudadanía, expresado en todos los programas electorales, que es la preservación del medio natural y de la biodiversidad.
Ante la evidencia del cambio climático, una de cuyas consecuencias es la pérdida de la biodiversidad, si no podemos detenerlo, sí debemos poner los instrumentos adecuados para adaptarlos al cambio climático y evitar sus efectos nocivos,
especialmente en la pérdida de la biodiversidad, y esta ley es el instrumento que pondremos en manos de la ciudadanía. Por ello, repito, no podemos votar la enmienda a la totalidad del Partido Popular, que creemos que busca solo detener, si es
posible, la aprobación de la ley en esta legislatura, e invitamos a los componentes de la Comisión de Medioambiente a trabajar rápidamente para que vea la luz en esta legislatura y podamos proteger lo que nos ha mandado la ciudadanía en todos
nuestros programas electorales, que es defender el patrimonio natural y preservar al máximo la biodiversidad.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Bonàs.
Turno de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señora ministra, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ante la enmienda a la totalidad del Grupo Popular al proyecto de Ley del patrimonio natural y de
la biodiversidad. La actual legislación sobre el patrimonio natural y la biodiversidad data de 1989, la llamada Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres. Han pasado casi veinte años y las cosas han
cambiado, no tanto la naturaleza, el medio ambiente, las especies animales y la flora, pero sí especialmente la sensibilidad de la ciudadanía respecto a la relación de los humanos con nuestro entorno natural, la percepción creciente del riesgo, del
deterioro irreversible, de pérdidas de parajes, de especies de fauna y flora frágiles en regresión o en vías de extinción o simplemente en riesgo severo de desaparecer. Fenómenos de etiología humana, como la organización excesiva, la
sobreexplotación o gestión inadecuada de ciertos recursos naturales, la globalización de la economía, la deforestación de ciertas zonas, el cambio climático, la desertificación, etcétera, unidas a la ignorancia o al desconocimiento de ciertas
dinámicas o efectos sobre la naturaleza, tanto por la actuación del hombre como por efecto espontáneo, hoy en parte superadas en su desconocimiento, hacen evidente la constatación de que las circunstancias son otras y en gran parte diferentes a las
que motivaron y fundamentaron la ley de finales de los noventa. Por otro lado, la obligada aplicación de la incorporación de la normativa europea, como consecuencia de nuestra integración política a ese entorno geográfico, la trasposición de
directivas o normas europeas también justifican una puesta al día de la normativa estatal en ese ámbito. También en ese periodo se ha desarrollado nuestro Estado autonómico, donde la consolidación del ejercicio de las competencias medioambientales,
elemento destacado de las competencias autonómicas por motivo de la proximidad, del enraizamiento en el territorio y por el principio de subsidiariedad, hacen recomendable la actualización de la normativa en esta materia, con la razonable pretensión
de armonización de ciertas políticas medioambientales por todo el hábitat geográfico de la piel de toro, pues la
naturaleza no conoce divisiones administrativas, de la misma manera que se justifica la coordinación, armonización o incorporación a la normativa europea de otro hábitat geográfico de proximidad, todo ello con escrupuloso respeto a las
competencias autonómicas por la razón de proximidad al territorio que antes mencionaba. Por todo ello, nos parece oportuna la presentación por parte del Gobierno de este proyecto de ley y reconocemos su legitimidad para gobernar también el tempo,
es decir, cuándo presentar esta iniciativa legislativa, pretendiendo sacar adelante esta actualización de la ley y que forme parte del activo de su tarea normativa en esta legislatura. En ese aspecto, nos da la impresión que la enmienda de
totalidad del Grupo Parlamentario Popular, si bien legítimamente, más que una objeción de fondo, aunque formalmente lo parece, es una oposición táctica para intentar entorpecer el trámite y el devenir de esta ley por motivos electorales o de ciertas
comunidades autónomas, como también comentaba la señora Bonàs, para privar al grupo que apoya al Gobierno y a sí mismo de un ítem más en su inventario legislativo, arguyendo contra este proyecto de ley un exceso de intervencionismo y la conculcación
de competencias autonómicas, entre otros argumentos.
Esta ley representa una vuelta de tuerca más en la reglamentación del ámbito medioambiental, que si bien conceptualmente y en genérico no es del agrado de nuestro grupo, que en muchos aspectos de las dinámicas sociales defiende cierto
liberalismo en la actuación de los ciudadanos, sí comprende en esa materia tan sensible y lábil como es el medio ambiente el respeto a la naturaleza que se requiere todavía mientras no se avance rotundamente hacia una mayor concienciación individual
y colectiva, un cierto grado de intervención de las administraciones en sus diferentes niveles, ya sea local, autonómica o en este caso estatal. Se trata de encontrar el difícil equilibrio entre el intervencionismo y la liberalidad en la búsqueda
del interés general. Este proyecto de ley es una propuesta y nuestra tarea desde esta Cámara es acabar de modularlo.
Por otro lado, los argumentos populares de carácter autonómico no dejan de sorprendernos en un partido tan centralista y
recentralizador como ese, que no duda en apoyarse en argumentos competenciales y en razonamientos de calado autonómico para oponerse al proyecto, para intentar retrasarlo y hacerlo descarrillar. Bienvenidos a esa sensibilidad. No les falta parte
de razón, porque nuestro grupo también coincide en que el proyecto que debatimos plantea graves déficit en materia competencial y autonómica. Muchos de sus preceptos rezuman voluntad centralista o recentralizadora y en muchos preceptos de la norma
pone al Estado por encima de las autonomías, otorgándoles a estas un papel subsidiario en una materia en la que los estatutos de autonomía recogen importantes competencias en todos los casos. No obstante, estas imperfecciones de la propuesta en el
ámbito del respeto a la distribución competencial con las autonomías y lo que valoramos todavía como una severa invasión competencial, especialmente por la vía del desarrollo reglamentario del contenido de la ley y la titularidad de iniciativa única
estatal de varios instrumentos que la ley prevé -catálogos, inventarios, criterios, indicadores-, creemos que son superables y consensuables a través de las enmiendas parciales que presentaremos y cuyos conceptos generales ya hemos empezado a
discutir con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y con el ministerio, hecho que agradecemos.
En definitiva, nuestro grupo está por la labor de que se tramite este proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, ya que es necesario y oportuno aunque, como también se ha dicho anteriormente, no estemos totalmente de
acuerdo en su formulación conceptual ni dispositiva. En consecuencia, presentaremos al mismo una batería de enmiendas parciales que versarán especialmente sobre cuestiones competenciales y autonómicas, como decía anteriormente, en relación con el
tema del liderazgo, la titularidad o el protagonismo de las iniciativas que la ley prevé; la necesidad de consenso previo con las autonomías en muchos casos; el aspecto conceptual y de coherencia de denominar estatales y no nacionales- que es
nuestra propuesta- muchos de los instrumentos y organismos que la ley establece; enmiendas relativas a la acomodación del proyecto de ley a lo que regulan en algunos casos los nuevos estatutos -recientes en algunos casos-, sobre todo en materia de
gestión del litoral, áreas marinas protegidas, recursos marinos- a excepción de la pesca-; enmiendas en relación con el régimen de infracciones y sanciones; la posibilidad de relacionarse directamente las autonomías con las instituciones europeas;
la autorización de poder permutar bienes particulares de interés medioambiental por deudas a las administraciones, así como algunas otras de contenido fiscal para incentivar el cumplimiento por parte de los ciudadanos y de las empresas de los
objetivos de la ley, junto con otras enmiendas de carácter técnico. En conjunto, nuestro grupo presentará aproximadamente unas cincuenta enmiendas a este proyecto de ley.
Por todo ello, con la voluntad de llegar a acuerdos futuros con nuestras enmiendas parciales, así como el deseo de un trámite ágil de esta ley, votaremos en contra de la enmienda de totalidad.
Señor presidente, señora ministra, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Guinart.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en el último periodo de sesiones de esta legislatura y en materia de medio ambiente, que es lo que ahora nos ocupa, desde el Grupo Socialista nos atrevemos a decir sin miedo a equivocarnos que estamos
ante el periodo reciente de la historia de nuestro país donde se han producido avances más significativos y cruciales desde el punto de vista medioambiental y una de las etapas más fructíferas en la materia.
Señorías, se han aprobado planes y leyes fundamentales -creo que esta es la décima ley que entra en el Congreso-, leyes de un profundo calado y se ha dado un giro fundamental en las políticas medioambientales. En estos momentos tenemos en
tramitación leyes tan importantes como la de calidad del aire o la de responsabilidad ambiental y se ha iniciado la tramitación del proyecto de ley que hoy nos ocupa, de patrimonio natural y de la biodiversidad. Además, la señora ministra ha
expuesto las líneas generales de este proyecto de ley como lo suele hacer, exhaustivamente y muy explícitamente.
Este proyecto de Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad entró en la Cámara en el mes de junio, aunque, como ha explicado la ministra, en el anteproyecto de ley se lleva trabajando en el Gobierno desde el año 2005, es decir, más de
dos años trabajando y consultando a las comunidades y a los distintos colectivos. El proyecto de ley entra en la Cámara -como decía- en el mes de junio pasado y, desde el principio, el Grupo Socialista ha tenido la intención, y así lo ha
explicitado en las distintas reuniones que hemos mantenido con los grupos, de agilizar su tramitación y, por supuesto, de consensuar con el mayor número de grupos posibles un buen proyecto de ley que pudiésemos aprobar antes de que acabase la
legislatura.
Señorías, hoy debatimos una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución al Gobierno presentado por el Grupo Popular. Una enmienda a la totalidad presentada de forma sorpresiva y que se ha pretendido justificar con cuatro argumentos,
a nuestro juicio, sin fundamento. Desde el mes de junio, el Grupo Popular ha ido pidiendo sucesivas ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas parciales, que nosotros entendíamos por el interés en trabajar y en mejorar el texto que se
presentaba, pero, al final, sorpresivamente, han presentado una enmienda a la totalidad que lo que pretende es ralentizar y bloquear en última instancia la aprobación de este proyecto de ley, como ha pasado en otros casos, y parece ser que está
claro que es la estrategia del Partido Popular en estos últimos meses en esta Cámara. Sin ir más lejos, veíamos hace poco una enmienda a la totalidad presentada al proyecto de Ley de Desarrollo Rural.
La enmienda a la totalidad se basa en cuatro argumentos que se utilizan para justificar su devolución al Gobierno y que están escasamente fundamentados. No deja de ser paradójico -como ya han dicho en esta tribuna portavoces de otros
grupos, especialmente de grupos nacionalistas- que sea el Grupo Popular quien critique el proyecto de ley por intervencionista y por invadir competencias de las comunidades autónomas; argumento chocante en la tramitación de la ley, cuando, en todo
caso, se podría mejorar -como hemos hablado con algunos grupos- en la tramitación de las enmiendas parciales. Es curioso que sea el PP quien plantee esta cuestión para apoyar su enmienda a la totalidad y que los grupos nacionalistas de esta Cámara
no lo hayan considerado necesario.
Desde esta tribuna el señor Olabarría hacía una aclaración -creo que textualmente- diciendo que desde su grupo consideraban que no había extralimitaciones en el régimen competencial, y el resto de los grupos
nacionalistas iban en la misma línea, aunque también es verdad que han planteado algunas enmiendas parciales y otras cuestiones que podremos, sin duda, discutir en los trámites de ponencia y comisión. Y qué decir del argumento utilizado de falta de
participación social, que es otra de las razones que utiliza el Partido Popular en su enmienda a la totalidad.
Por cierto, el proyecto de ley recoge ampliamente, y por primera vez, la participación entre los principios de la ley. Se crea el
Consejo nacional para el patrimonio natural y la biodiversidad como órgano de participación; en general, en el proyecto de ley la participación pública se garantiza en todos los procedimientos que regulan los procesos más importantes de esta ley.
En todo caso, hay que reiterar, una vez más, la voluntad real del Grupo Socialista de negociar y consensuar cualquier mejora posible en este ámbito o en cualquier otro.
Señorías, estos son argumentos excusa, no son los argumentos reales, porque lo que verdaderamente pretende el Grupo Popular con esta enmienda a la totalidad es dejar en el camino sin tramitar esta ley. Por un lado, porque, desde una
perspectiva partidista, están en campaña electoral y cuantas más actuaciones del Gobierno bloqueen -piensan- mejor para ellos electoralmente, y más en una ley de la importancia que nos ocupa esta mañana. Por otro lado, creo que hay una razón más
profunda, una razón de principios ideológicos, que no son los competenciales argumentados, sino claramente la falta de convicción del Grupo Popular en la defensa de la protección del medio ambiente. Esta es la verdadera motivación de la enmienda a
la totalidad que ha presentado el Grupo Popular. Se justifica la devolución al Gobierno del proyecto de ley basándose en los artículos 21 y 23 -creo que 22 y 23, referidos a la protección cautelar y preventiva de los espacios naturales- referidos a
la tramitación de los planes de ordenación de los recursos naturales, cuando ambos artículos se corresponden textualmente con los artículos 7 y 24 ya existentes en la Ley 4/89. Son artículos vigentes desde hace casi veinte años que, como decía, se
ponen como pretexto para presentar una enmienda a la totalidad.
El último argumento esgrimido por el Grupo Popular es el derecho de tanteo y retracto dentro de un espacio natural protegido, que está igualmente recogido en el articulado de la Ley del año 1989 y, por tanto, también en vigor. Son las
comunidades autónomas las que fundamentalmente lo utilizan en la conservación y protección de los espacios naturales. Yo tengo el ejemplo de mi propia provincia, donde la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, utiliza el derecho de tanteo y
retracto para intentar que una cala dentro de un parque natural,
como es la cala San Pedro, no pase a manos privadas. Pues bien, este es otro de los argumentos utilizados por el Grupo Popular que no tiene demasiado sentido si no es por la falta de convicción en los planteamientos medioambientales que lo
sustentan.
El Grupo Popular también se opone a la declaración de la Red Natura 2000 como espacio protegido. Tengan en cuenta que el alcance y las limitaciones que la Red Natura 2000 conlleva, como se ha dicho desde esta tribuna tanto por la ministra
como por otros portavoces, queda recogido que serán las propias comunidades las que lo establezcan en su propia legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación. Pues bien, señora De Lara, creo que usted debería haberlo dicho
claramente desde esta tribuna. Lo que pretende el PP con esta enmienda a la totalidad, como he dicho al principio, es bloquear la tramitación de este proyecto de ley por pura estrategia electoralista, por falta de convicción política en lo
referente a las políticas de protección medioambiental. Ha hecho un alegato de la propiedad privada sin poner límites al interés general, al interés común y a la defensa del patrimonio natural y de la biodiversidad. Como digo, lo ha dejado
meridianamente claro por falta de convicción política. Además, nos tienen acostumbrados al doble lenguaje, especialmente en medio ambiente.
Aparentan actitudes de protección del medio ambiente, pero a la hora de la verdad anteponen y defienden
intereses particulares especulativos antes que los valores ambientales.
Señorías, en todo caso, desde el Grupo Socialista vamos a trabajar para que esta ley salga adelante con el mayor acuerdo posible de todos los grupos, y si puede ser también con el del Grupo Popular, escuchando las aportaciones de todos los
grupos parlamentarios y con la ilusión de que pronto podamos disponer de una buena Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Ortiz.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en primer lugar para dar las gracias a todos los grupos parlamentarios que han rechazado la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Creo que con sus intervenciones ha quedado desenmascarada la
verdadera razón de esa enmienda de devolución (Rumores.), que nada tiene que ver con la invasión competencial, como hemos escuchado decir a representantes de partidos políticos que defienden legítimamente el papel que las comunidades autónomas
tienen en nuestro ordenamiento jurídico.
La intervención de la portavoz del Grupo Popular ha servido también para que todos entendamos la importancia que da este partido a la defensa de la propiedad privada, más allá de lo que, como recordaba muy bien el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), nuestro texto constitucional establece cuando habla de la función social de la propiedad. Ciertamente, sobre cómo entiende la propiedad privada respecto del medio ambiente el Partido Popular hemos tenido en los
últimos tiempos pruebas bastante notables, como la presentación y aprobación de la Ley de la Comunidad de Madrid sobre medidas urgentes de modernización; una ley que con ese título ha despojado a los agentes forestales de la posibilidad de ejercer
las competencias de autoridad que les reconoce la vigente Ley de Montes, exigiendo nada menos que una autorización judicial para que puedan cumplir con su cometido. Los propios jueces ya se están encargando de decir en sus autos que no tiene ningún
sentido porque se confunde nada menos que una finca forestal con el domicilio privado.
Sabemos muy bien lo que entiende el Partido Popular cuando habla de la propiedad privada (Aplausos.); lo sabemos bien. Lo que ha hecho el Partido Popular en
Madrid con esa ley es ni más ni menos que romper España, porque ahora y hasta que el Tribunal Constitucional pueda resolverlo -que espero que sea pronto- los madrileños se encuentran con menos derecho a la protección del medio ambiente y a la
prevención de los incendios forestales que el resto de los ciudadanos de España por mor de una ley autonómica. Además, esta ley tiene que ser entendida, como he señalado en mi intervención, de forma coherente con la Ley para el desarrollo rural
sostenible, porque es ahí donde muchas de las observaciones que han hecho algunos portavoces encuentran una respuesta, muy en particular para que exista la posibilidad de frenar en nuestro país la pérdida de población en el medio rural,
estableciendo en España los criterios de multifuncionalidad que existen a nivel europeo. Hay incentivos a través de los fondos europeos e incentivos en esta ley, porque en contra de lo que ha afirmado rotundamente la señora De Lara este proyecto de
ley tiene un título entero dedicado a los incentivos, como tiene una referencia expresa a dar prioridad a los acuerdos voluntarios con los propietarios de los terrenos de los espacios protegidos y con los usuarios de los mismos.
Señorías, agradezco las intervenciones que he tenido ocasión de escuchar.
Hemos avanzado en la comprensión de la posición que tienen los distintos grupos en materia de biodiversidad. Me comprometo a trabajar con todos los grupos para que
esta ley salga mejorada de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora ministra.
Esta Presidencia considera que ha abierto un turno de intervenciones debido a unas alusiones muy directas a un grupo parlamentario, en concreto al Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, se abre un breve turno de tres minutos para aquellos
grupos que deseen intervenir.
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no tengo por qué explicar a todos los grupos parlamentarios el motivo de nuestra enmienda a la totalidad porque a lo largo de los quince minutos de mi intervención ha quedado suficientemente explicado. Lo que sí quiero explicar
para que conste en el 'Diario de Sesiones' y para que se entere la señora ministra, que ha eludido el tema y no me ha contestado, es que por mucho que lo niegue introduce una componente nueva en este proyecto de ley que nosotros no compartimos. Me
asombra que otros grupos parlamentarios, que no voy a citar, estén de acuerdo con usted en ello. Le repito, señoría, que el artículo 41.2 indica que los espacios de la Red Natura tendrán la consideración de espacios protegidos. Los espacios de la
Red Natura no se constituyeron con este objeto. Artículo 39: La declaración de un espacio natural protegido conllevará la expropiación y los derechos de tanteo y de retracto, incluidos los bienes inmuebles. Artículo 22, protección cautelar, que
decía la portavoz socialista que ya estaba en la Ley 4/1989. Efectivamente, pero en la actualidad afecta a los espacios que componen la Red Natura. Ahí está la gravedad del artículo. Artículo 23, protección preventiva. Usted no ha definido qué
es un factor de perturbación, por lo que esto queda según lo que quiera el consejero correspondiente de la comunidad autónoma, y todos sabemos que en las comunidades socialistas ustedes se sienten especialmente habilitados para ir contra quienes no
les caen bien.
Señorías, nosotros defendemos la protección de la naturaleza ¡claro que sí! y defendemos los espacios protegidos, pero aquí no se ha dicho que un porcentaje muy elevado es terreno forestal y, por consiguiente, lo que ha quedado claro es que
para ustedes la política forestal es simplemente una política de prohibiciones y de limitaciones, no de una gestión sostenible. Acuérdense del incendio que hubo en la provincia de Guadalajara hace dos años. Como ustedes recordarán, cuando la zona
en la que hubo el incendio estaba gestionada por la Unión Resinera Española allí el monte estaba ordenado, cuidado y limpio y no había incendios; cuando el monte dejó de tener la gestión sostenible de la Unión Resinera Española tuvo uno de los
mayores incendios que ha habido en España. Por consiguiente, apostamos por la gestión sostenible de los montes, no por limitar y prohibir, como hace el texto del proyecto de ley. Repito que nos asombra que algunos grupos parlamentarios se hayan
convertido en cómplices de la señora ministra para poder apoyar este proyecto de ley en sus propios términos. Lamentamos que ustedes consideren que no invade competencias autonómicas, porque las invade en muchos puntos. Veremos si en la
tramitación de las enmiendas parciales siguen pensando lo mismo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora De Lara.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Me gustaría que la portavoz leyera el artículo entero que se refiere a la consideración de los espacios de la Red Natura como espacios protegidos, porque así nos ahorraríamos seguir intentando confundir a quien nos oye.
En ese artículo se
dice que se consideran espacios protegidos con el alcance que determinen las comunidades autónomas; se habla de espacios protegidos y no de espacios naturales protegidos. Por tanto, parte de sus argumentaciones tienen que ver con no contar todo el
contenido de esta norma, señoría. Por supuesto, el uso sostenible está desde el primer momento en esta norma, en el objeto de la norma, en los principios de esta norma, en el título V dedicado al fomento del uso sostenible en esos espacios para
apoyar a entidades sin ánimo de lucro, a entidades privadas que se dediquen a la custodia del territorio. Se habla de incentivos fiscales y se crea el Fondo Nacional para la Protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Como le he dicho,
señoría, obras son amores y no buenas razones. Había 11 millones de euros en el año 2006 y hay previstos 48,5 millones de euros el año que viene para cofinanciar todo tipo de actividades. Y mucho más importante que eso, señoría, ahí está la Ley de
Desarrollo Rural Sostenible, que a ustedes tampoco les gustaba pero va a ser la herramienta que permita que en la Red Natura 2000 los ciudadanos que allí vivan tengan oportunidades de empleo y de bienestar.
Por último, señoría, quizá usted no se ha enterado de que este es el año en el que se han registrado menos incendios y menos hectáreas forestales quemadas de toda la década. Eso es el resultado, por supuesto, de la actuación preventiva y de
extinción de incendios de todas las comunidades autónomas y también del Gobierno de España, que entre otras cosas ha creado una línea de financiación dotada con 14 millones de euros este año para la retirada de la biomasa residual que se puede
destinar a funciones energéticas. Por tanto, señoría, este Gobierno ha creado incentivos y está apoyando el uso sostenible de los espacios forestales y de la Red Natura 2000. No quiera confundir a todo el mundo leyendo solo la parte que le
conviene de un artículo de la ley y olvidando el resto de los artículos que en ella hay. No veo que haya defendido a su compañera de partido Esperanza Aguirre en esa ley que detrae capacidades a los agentes forestales, lo cual me congratula porque
entiendo que eso significa que el Partido Popular no comparte lo que hace Esperanza Aguirre con los agentes forestales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora ministra.
Con su intervención se da por concluido el debate de este punto del orden del día. No habiendo solicitado intervenir los grupos parlamentarios respecto del siguiente punto, se llama a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 31 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL.
(Número de expediente 121/000118.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar las enmiendas del Senado al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. En primer lugar, votación de la
enmienda al artículo único en lo relativo a la modificación del artículo trece, apartado uno, de la Ley 50/1981.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 178; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único en lo relativo al resto de la modificación del artículo trece de la Ley 50/1981.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 185; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 186; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 121/000140.)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad de iniciativas legislativas.
Votación de la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 129; en contra, 184.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
(VOTACIÓN.)
- ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS, SOBRE EL INFORME APROBADO POR LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LAS DROGAS EN LA SALUD DE LOS JÓVENES Y, MUY ESPECIALMENTE, DE SUSTANCIAS COMO EL
CANNABIS, LA COCAÍNA Y LAS DROGAS DE DISEÑO. (Número de expediente 154/000007.)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, acuerdos relativos a informes de subcomisiones y ponencias. Votación del acuerdo de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas sobre el informe aprobado por la ponencia para el estudio de
los efectos nocivos de las drogas en la salud de los jóvenes y, muy especialmente, de sustancias como el cannabis, la cocaína y las drogas de diseño.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 311; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.