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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 281, de 13/09/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 281
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 259
celebrada el jueves, 13 de septiembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. (Número de expediente 121/000126.) .... (Página 13856)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Número de expediente 121/000119.)... (Página 13870)
- Proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 121/000135.)... (Página 13882)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores Diputados. (Número de registro 192994.)... (Página 13898)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados... (Página 13898)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)
- Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. (Número de expediente 121/000126.) .... (Página 13898)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Número de expediente 121/000119.)... (Página 13900)
- Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 121/000135.) .... (Página 13900)
Avocación por el Pleno:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.
(Número de
expediente 121/000137.)... (Página 13900)
- Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 121/000135.) .... (Página 13900)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 13856)
Proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social... (Página 13856)
Interviene el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los
señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 13870)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal... (Página 13870)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo), en nombre del Gobierno. Señala que para él es un honor presentar esta reforma del Código Penal, con diez años de vigencia y necesitado de las revisiones que el
tiempo tan acelerado que vivimos va imponiendo. Este texto es una respuesta adecuada a los retos con que nos enfrentamos. Es verdad que no conviene alterar los textos básicos con demasiada frecuencia, pero estamos hablando de un texto de 1995 y de
un mundo en el que las novedades se producen con mucha mayor celeridad que nuestra capacidad de irlas asimilando. Están los retos de las nuevas modalidades de delincuencia, cada día más organizada, y las necesidades que se derivan de responder al
crimen organizado en cualquiera de sus modalidades, que debe exigir a todos un afinamiento en las respuestas para que a la unión de criminales responda la sociedad civil, democrática, con la unión de los demócratas en una respuesta contundente.
En defensa de la enmienda a la totalidad presentada, interviene el señor Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Rascón
Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural... (Página 13882)
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana), en nombre del Gobierno. Señala que con este proyecto de ley el Gobierno ha dado un paso más en la línea de seguir avanzando en la
cohesión económica y social. El mundo rural ha conocido durante las últimas décadas un salto muy notable en los niveles de renta y bienestar pero una parte significativa de él padece un atraso económico y social relativo debido a causas económicas,
sociales y políticas evitables. El enorme impulso socioeconómico experimentado por los españoles desde la adhesión a la Comunidad Europea se ha centrado principalmente en el medio urbano, dejando atrás a determinados territorios rurales a pesar de
haber realizado ellos también importantes avances en su desarrollo. En su opinión, la convergencia e interrelación de los espacios rural y urbano debe ser una prioridad para cualquier sociedad moderna y desarrollada que se precie. Opina que entre
todos hemos de cambiar las cosas y terminar con estas disparidades, por lo que esta ley es un paso fundamental en esta dirección, y el Gobierno pretende con ella dar viabilidad y visibilidad al mundo rural.
A continuación expone los aspectos más relevantes del proyecto aprobado por el Gobierno y las actuaciones a llevar a cabo. Resalta el carácter social del proyecto, ya que pretende mejorar el grado de bienestar de las personas que viven en
el medio rural y además afianzar derechos e igualar oportunidades en línea con otras leyes aprobadas en esta legislatura.
Finaliza señalando la voluntad del Gobierno para que este proyecto sea mejorado en todos aquellos aspectos que beneficien a los más de 14 millones de personas que viven en el medio rural, pues el medio rural necesita una ley que le permita
ver el futuro con esperanza.
En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Muñoz Resta, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Ramón Torres, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados... (Página 13898)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados... (Página 13898)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados... (Página 13898)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)...
(Página 13898)
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social, así como el texto del dictamen.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votaciones.)... (Página 13900)
Sometida votación la enmienda de totalidad de devolución del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se rechaza por 127 votos a favor, 178 en contra y una abstención.
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, se rechazan por 139 votos a favor, 165 en contra y una abstención.
Avocación por el Pleno... (Página 13900)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, lo que se aprueba por asentimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, segunda
avocación decidida en Junta de Portavoces, lo que se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados lo votaremos conjuntamente, en una sola votación, al final de la mañana.
Para el orden de SS.SS., tengo que decir que la Mesa y esta Presidencia estiman que, en cualquier caso, las votaciones de conjunto de los diferentes puntos del orden del día, salvo que se produjera una aceleración de los debates, no será
antes de las trece horas; repito, salvo que algunas de las enmiendas a la totalidad fueran retiradas, cosa que puede ocurrir, pero, en principio, no serán antes de la una de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000126.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social.
¿El Gobierno desea intervenir? (Pausa.) Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señorías, es un placer comparecer de nuevo ante la Cámara para defender este proyecto de ley, que creo que es de una máxima relevancia para los ciudadanos. Hablamos nada más y nada menos que de la Seguridad Social, de un sistema público de
protección social muy consolidado en nuestro país y del cual, creo, los españoles se sienten especialmente orgullosos. Este proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social contiene un conjunto de medidas de reforma del sistema que el
Gobierno ha creído conveniente impulsar para fortalecer el mismo y garantizar su viabilidad futura. Dicho de otro modo, con esta iniciativa pretendemos reforzar los elementos positivos de la Seguridad Social, incrementando así su capacidad de
encarar el futuro con tranquilidad.
Ya señalé en el debate de presentación del proyecto de ley, celebrado en esta Cámara en el mes de mayo, que esta reforma tiene un carácter global, enmarcada por tres valores o principios fundamentales: el consenso -que les agradezco-, la
responsabilidad y la solidaridad. En primer lugar, a lo largo de la tramitación hemos podido comprobar un muy alto consenso en esta Cámara sobre la Seguridad Social, lo que se manifiesta en la amplia coincidencia de objetivos perseguidos con la
reforma y en los numerosos preceptos que respecto del proyecto remitido por el Gobierno a esta Cámara han sido añadidos durante la tramitación parlamentaria de forma positiva. Para empezar, el contenido sigue fielmente las recomendaciones del Pacto
de Toledo. Este acuerdo, que las fuerzas políticas renovamos en el año 2003, tiene como elemento central la idea de consenso y consagra como motor de las reformas en la materia los principios de sostenibilidad, solidaridad y contributividad. Con
esta inspiración, y fruto del diálogo social, el Gobierno suscribió en julio del año 2006 un acuerdo con los agentes sociales que es el germen del texto que hoy se presenta como proyecto de ley. Quiero recordar que nunca hubo antes un acuerdo tan
amplio con todos los interlocutores sociales para llevar a cabo la reforma de la Seguridad Social. Lógicamente, esta Cámara, sede de la soberanía popular, no puede permanecer al margen de la reforma y todos los grupos parlamentarios han introducido
enmiendas que han mejorado su contenido. En este sentido, el Gobierno y el Grupo Socialista creo que han mostrado una gran capacidad de diálogo, y es justo también reconocer que un resultado tan satisfactorio no hubiera sido posible sin el generoso
esfuerzo realizado por todos. Por ello, quiero mostrar mi agradecimiento muy sincero a todas las fuerzas parlamentarias, sin excepción. En definitiva, el consenso del que nace esta reforma consolida nuestro sistema de Seguridad Social, puesto que
todos -partidos políticos, agentes sociales y ciudadanos- podemos sentirnos partícipes de ella. El modelo de Seguridad Social que tenemos y el resultado concreto de esta reforma es el que quiere la sociedad española.
El segundo de los valores es el de la responsabilidad. Cuando presentamos el proyecto de ley en el mes de mayo subrayé que todas las medidas contenidas en el mismo son fieles a un objetivo: la sostenibilidad futura
de la Seguridad Social, la sostenibilidad futura de nuestras pensiones, la garantía para todos los ciudadanos de que sus pensiones están garantizadas. Y no es exagerado decir que la salud financiera del sistema hoy es excelente,
prácticamente la mejor de Europa; no sé si a alguien le molesta, pero es así, de acuerdo con los datos de la propia Comisión Europea, que sitúa a los sistemas español y danés como los más saneados de toda la Unión Europea. Más de 19 millones de
afiliados, fondo de reserva de 45.000 millones de euros, que superará los 50.000 millones de euros al finalizar la legislatura y, señorías, un superávit previsto para este ejercicio -creo que esto es importante- de 12.500 millones de euros para el
conjunto del sistema, es decir, prácticamente igual al superávit del año 2006, y eso que ha habido un importante incremento del gasto social a cargo del sistema de Seguridad Social.
Convendrán conmigo, señorías, en que estos datos infunden optimismo, pero, cuidado, no nos hacen inmunes a desafíos futuros. Creo que a lo largo de la tramitación todos los grupos han sido conscientes, siguiendo el espíritu del Pacto de
Toledo, de la necesidad de actuar con responsabilidad y cautela, evitando los excesos que pudiera provocar un desequilibrio financiero de la Seguridad Social en el futuro. No se puede desconocer, en este sentido, la existencia de amenazas, como el
previsible envejecimiento de la población. Por eso, la mejora de las prestaciones contenida en la reforma es siempre ponderada para evitar dificultades financieras a largo plazo.
Además, la reforma incluye un conjunto de medidas que buscan corregir las disfunciones que actualmente afecten al sistema, destacando aquellas que persiguen una mayor equidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones recibidas.
Reflejo de estas medidas correctoras, casi siempre de aplicación progresiva en el tiempo para evitar situaciones de desprotección, son, a modo de ejemplo, las siguientes: la modificación de los requisitos exigidos para la jubilación parcial que,
por cierto, incluye como novedad la consideración del periodo del servicio militar o de la prestación social sustitutoria como tiempo cotizado; la exigencia de quince años de cotización efectiva para acceder a la pensión de jubilación, una medida
con la que se trata de lograr una mayor correspondencia entre el esfuerzo contributivo y la pensión recibida; una nueva fórmula de cálculo del complemento de gran invalidez más equitativa que ilustra cómo el sistema reafirma su apuesta solidaria
sin perjudicar el elemento contributivo; una coordinación más eficaz de las entidades gestoras y de los servicios de salud en la gestión de la incapacidad temporal que permita actuar contra la picaresca y, al mismo tiempo, reforzar los derechos de
los trabajadores enfermos o accidentados.
Finalmente, en esa misma línea de prudencia y equilibrio, también hay que situar la obligación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de remitir anualmente a las Cortes Generales un informe sobre
evaluación y estrategia del sistema de pensiones. En suma, señorías, el valor de la responsabilidad con el que se ha llevado a cabo la reforma en esta Cámara permite reforzar la buena salud del sistema de Seguridad Social y con ello anticiparse y
evitar dificultades futuras. Más aún, precisamente ese equilibrio entre la mejora de las prestaciones y el mantenimiento de los costes supone la garantía del crecimiento de la economía -que seguirá siendo muy fuerte-, la competitividad de las
empresas españolas y el aumento del nivel de protección de los ciudadanos.
El tercero de los valores no puede ser otro que el de la solidaridad.
Señorías, la Seguridad Social es un sistema de protección social basado en la solidaridad interpersonal, ya que quienes hoy trabajan financian las prestaciones de quienes
no pueden hacerlo por enfermedad o desempleo, y también está basado en la solidaridad intergeneracional, puesto que los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. El objetivo fundamental es reforzar el carácter solidario del
sistema a través de una mejora de los derechos de protección social de los ciudadanos, es decir, a través de una mejora de sus pensiones, especialmente de aquellos más desfavorecidos.
Ya he mencionado el carácter global de la reforma plasmada en el proyecto de ley. En este punto la globalidad se refleja en que casi todas las prestaciones concedidas por la Seguridad Social son objeto de mejora. Me limitaré a mencionar
solo algunas que pueden resultar más destacables. En primer lugar, se mejoran aspectos sustanciales de la pensión de jubilación. Existía un mandato de esta Cámara para aumentar las pensiones de quienes se jubilaron de forma anticipada antes del 1
de enero del año 2002. Pues bien, el proyecto de ley incrementa el importe de sus pensiones hasta 63 euros mensuales en función de su edad. En segundo lugar, se contempla la posibilidad de reducir la edad de jubilación de las personas con
discapacidad, así como de quienes realizan actividades especialmente penosas, tóxicas o insalubres. Y en tercer lugar, dadas las ventajas sociales y económicas que el retraso de la edad de jubilación trae consigo, se incrementan los beneficios que
reciben los trabajadores y sus empresas cuando deciden seguir en activo después de cumplir 65 años, por supuesto de forma voluntaria. Es esta, sin duda, la medida más efectiva para contrarrestar el envejecimiento de la población. Si desean seguir
trabajando a partir de los 65 años de edad tendrán mejores pensiones y sus empresas tendrán menos costes laborales por estos trabajadores. Probablemente la prestación en la que más novedades introduce el proyecto de ley es la de viudedad. Su
regulación apenas había sufrido modificaciones en los últimos 40 años, por ello era urgente su adaptación a la nueva realidad familiar, a los modelos de familia del siglo XXI. Así lo han entendido todos los grupos. Entre los cambios introducidos
sobresale la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho, saldando así una deuda histórica, y también la creación de una prestación temporal
sustitutiva de la pensión para los casos en los que no se puede acceder a ella.
En relación con el desempleo se prevé como novedad que el trabajador enfermo o accidentado que perciba una prestación de incapacidad temporal pueda disfrutar íntegramente de la prestación por desempleo. También se incrementa sensiblemente
la base de cotización de los parados mayores de 52 años, algo que, lógicamente, repercutirá de forma muy positiva en su futura jubilación. No quiero olvidar la mejora de las asignaciones familiares por hijo a cargo o de las pensiones de orfandad,
ni tantas otras medidas que en muchos casos -insisto en reconocerlo ante ustedes- han sido impulsadas por los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara. En definitiva, señorías, gracias a este esfuerzo de solidaridad nuestra Seguridad Social
será más justa y, al mismo tiempo, más fuerte porque esa nueva inyección de solidaridad resulta de una actuación responsable y equilibrada.
Termino, no sin antes señalar que confío en que este proyecto de ley, junto al del fondo de reserva y al de la ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijo, culmine un conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo de la
legislatura cuyo fin no ha sido otro que mejorar el sistema de Seguridad Social y la protección social de los ciudadanos y con ello reforzar nuestro Estado social como fórmula política de convivencia. Por tanto, me produce una gran satisfacción que
esta haya sido una legislatura tan fructífera y creo que podemos compartir, como representantes de los ciudadanos, el orgullo de que actuamos desde el convencimiento de que la Seguridad Social y en general las políticas sociales nos convierten en
una sociedad más cohesionada y justa, lo que nos ha de permitir afrontar juntos mejor los retos del futuro. No me cabe duda de que, gracias al esfuerzo de todos, este proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social avanza en esa
dirección.
Antes de acabar, señorías, quería pedirles disculpas porque he de participar en dos conferencias europeas en Lisboa a lo largo del día de hoy sobre flexiseguridad e inmigración y debo partir -por las obligaciones que impone la pertenencia a
la Unión Europea- para asistir a esos dos encuentros. No podré seguir el debate pero, sin duda, lo leeré con extrema atención en el 'Diario de Sesiones'.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Comenzamos el turno a favor de las enmiendas por un tiempo de diez minutos.
En primer lugar, Grupo Mixto, señoras Lasagabaster y Fernández Davila, que supongo se repartirán el tiempo amablemente.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí, señor presidente, como siempre, amablemente.
Haré una breve reflexión sobre el trámite que hoy nos ocupa en relación con la tramitación de un proyecto de ley que ciertamente tiene una gran importancia. Desde un principio entendimos que el procedimiento de este tipo de proyectos de ley
-que no resulta novedoso- era un procedimiento de concertación o de consenso, como ha dicho el ministro, al que nos ha parecido siempre que le faltan cosas. A lo largo de las últimas legislaturas se han planteado proyectos en materia de Seguridad
Social, de asuntos sociales o de trabajo que venían con la consagración de un acuerdo total de patronales de empresarios, sindicatos y Gobierno que hacía casi innecesario que tuviéramos que decir algo, pero pensábamos que, lamentablemente, faltaban
representantes de sindicatos muy importantes en determinados territorios que, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, merecían -no solo con el amparo legítimo, sino legal- poder entrar en ese consenso o concertación. Por eso, nosotros no
compartíamos la consagración de determinadas prácticas que no han sido novedosas en esta legislatura sino que las llevamos viendo desde hace varias y que no nos satisfacían en la medida en que no estaban todos los que tenían que estar. En todo
caso, no presentamos enmienda a la totalidad porque había elementos positivos aunque faltaban muchísimos y, sobre todo, había asuntos de materia competencial que, de ninguna manera, podíamos entender como admisibles. También entendíamos que había
cuestiones, no solamente desde el punto de vista de ámbito general sino colectivos de ámbito especial que no por ello, siendo colectivos, eran menos importantes porque afectan a un gran número de personas y de elementos de injusticia que debían ser
resueltos en la tramitación y en la determinación de este proyecto de ley. En este sentido, presentamos enmiendas parciales de diversa naturaleza.
El primer tipo de enmiendas se relacionaba con la mejora de las disposiciones generales y la petición de supresión de algunos temas que, desde nuestra percepción, no se correspondían porque tenían una regulación perjudicial en el ámbito
general. El segundo tipo de enmiendas hacía referencia al ámbito competencial y, desde un punto de vista absolutamente claro y concreto, al cumplimiento del Estatuto de Gernika en lo que se refiere a la gestión del régimen económico de la Seguridad
Social que, en su literalidad, no tiene ninguna duda de que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que viene ya consagrada legalmente como competencia de las instituciones vascas,
pero que ha venido siendo incumplido desde el punto de vista de falta de voluntad política desde su inicio. En tercer lugar, hay una serie de enmiendas que hacen referencia a las disposiciones adicionales relacionadas con determinados colectivos,
como prejubilados secularizados o ámbitos, por ejemplo, de agentes de aduanas, que tuvieron determinadas dificultades y que de alguna forma estos elementos perjudiciales en su regulación y en la materia de Seguridad Social hubieran debido ser
satisfechos en este proyecto de ley. Es verdad que en la tramitación ha habido determinados acuerdos con
otros grupos parlamentarios y, en este sentido, algunos temas han podido ser, si no resueltos de manera satisfactoria, sí al menos parcialmente o con vistas a poder ser resueltos.
Mi grupo mantiene sus enmiendas, votaremos a favor de algunas otras presentadas por diferentes grupos parlamentarios que van en la misma dirección y nos abstendremos en la votación del dictamen de la Comisión que hoy llega a este Pleno, en
la medida en que contiene aspectos que nos parecen positivos, pero todavía faltan muchas cuestiones que, desde nuestro punto de vista, o bien no se han tocado de manera satisfactoria o bien han consagrado determinados elementos de falta de
transferencia de competencias con lo que en ningún caso podemos estar de acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
En este turno de defensa de enmiendas intentaremos explicar las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego mantiene dieciséis de las veintitrés enmiendas que inicialmente presentamos a este proyecto de ley.
Señorías, las enmiendas que nuestro grupo ha presentado a este proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social están en consonancia con la posición que hemos mantenido en relación con los acuerdos suscritos por el Gobierno, las
centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT y la CEOE, acuerdos que tuvimos la oportunidad de debatir en diferentes ocasiones, en las que manifestamos nuestra posición discrepante, aun sin dejar de reconocer aquellos aspectos positivos, en la
medida que estos mejoran algunos elementos, como es la caso de las prestaciones que podríamos definir como de nueva incorporación, por ejemplo, el reconocimiento de la pensión de viudedad independientemente de la fórmula jurídica escogida por la
pareja o el reconocimiento de la pensión de orfandad con la misma consideración.
Las enmiendas que mantenemos vivas responden a esa discrepancia a que hacía referencia anteriormente y que paso a defender. Las enmiendas 25 a 31 corresponden a distintos apartados del artículo 3, que regula las prestaciones por jubilación.
Señorías, las modificaciones que se introducen a través de este artículo 3 en la Ley General de la Seguridad Social restringen, como ya dijimos, los derechos que actualmente se disfrutan y endurecen las condiciones de acceso a la jubilación en más
de un 10 por ciento a los varones y en un 90 por ciento en el caso de las mujeres. En esta ocasión no se aprovecha la oportunidad que ofrece esta modificación para buscar soluciones a las demandas presentadas por muchas personas prejubiladas
anticipadamente, que aunque estas prejubilaciones no hayan sido motivo de ERE o convenios, sí fueron en muchos casos consecuencia de objetivos de renovación de plantillas marcados por las empresas. Las enmiendas números 26, 27, 28 y 29 pretenden
precisar los procesos de reducción o adecuación de plantillas que se puedan llevar a cabo en las empresas, de manera que se pueda definir y reconocer aquellas prejubilaciones anticipadas que, aunque formalmente se presenten como voluntarias,
responden claramente a la condición de forzosas.
Las enmiendas 32 a 35 se refieren al artículo 4 y se justifican porque la propuesta que se hace en relación con las jubilaciones parciales supone una discriminación a los trabajadores eventuales que rotan en diferentes empresas, ya que se
fija un excesivo periodo de cotización. Asimismo, no nos parece adecuado exigir seis años de antigüedad en la misma empresa sin tener en cuenta el esfuerzo contributivo efectuado por el afiliado.
Desde nuestro punto de vista, es totalmente injusto
que no se reconozca la posibilidad de jubilación parcial a personas que ya han cotizado 35 años o más a la Seguridad y que los últimos seis años sean interrumpidamente, aunque no en la misma empresa.
Mantenemos la enmienda número 43, relacionada con la revisión específica de los coeficientes reductores en sectores de actividad peligrosa e insalubre. Aunque se incorpora al texto una transacción que se ha acordado en ponencia y que
valoramos positivamente, en la medida en que se aproxima a lo que nuestra enmienda pretende, entendemos que no concreta la cuestión lo suficiente para podernos sentir satisfechos, teniendo en cuenta además que este asunto ha sido debatido en sede
parlamentaria en numerosas ocasiones.
No quiero finalizar mi intervención, señorías, sin reconocer los aspectos positivos de nuestras enmiendas en el debate de la ponencia y la incorporación a la misma de tres enmiendas de las que nos sentimos especialmente satisfechos. Quiero
destacar la número 45, en la que se trata de determinar el concepto de medio fundamental de vida a efectos de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las trabajadoras del mar. De igual modo, quiero destacar la enmienda 36, a
través de la cual se establece que la duración de los contratos de relevo como consecuencia de una jubilación parcial sea semejante a la duración de la misma.
Hay algunos aspectos del proyecto de ley que nos parecen positivos -ya lo dije al inicio- y que tenía previsto comentar, pero, debido a la escasez de tiempo, para dejar al señor Mardones que fije posición, finalizo aquí mi intervención.
Muchas gracias y esta es nuestra posición en relación con este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
No entendí bien a la señora Fernández. ¿Interviene usted, señor Mardones?
El señor MARDONES SEVILLA: En turno de fijación de posiciones, señor presidente, porque mi grupo retiró las enmiendas a este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto tendría ya demasiadas almas, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Si la Presidencia lo entiende así y me condena al silencio... Quiero manifestar que yo entendí que si en el turno de intervenciones había grupos que tenían pendiente la defensa de enmiendas, lo harían en el turno
de fijación de posiciones.
El señor PRESIDENTE: Usted, que es un veterano parlamentario, sabe que me está pidiendo algo que es difícil de administrar.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, lo dejo a su interpretación de flexibilidad, pero entiendo que las enmiendas del Grupo Mixto son enmiendas personalizadas. En cualquier caso, señor presidente, este diputado siempre ha acatado
disciplinadamente las decisiones de la Presidencia, aunque -repito- entiendo que las enmiendas del Grupo Mixto siempre han sido personalizadas y simplemente quiero fijar posición.
El señor PRESIDENTE: Intentaremos resolver de una manera abierta su problema, pero el Grupo Mixto es el Grupo Mixto en cualquier caso.
Gracias.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, solamente quería saber si quedaba tiempo dentro del asignado al Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, yo se lo doy encantado, pero le queda apenas un minuto. El problema es crear el precedente. (La señora Lasagabaster Olazábal pronuncia palabras que no se perciben.) No, señora Lasagabster, es crear un
precedente, donde el Grupo Mixto defiende enmiendas individualizadas y al mismo tiempo asume la necesidad de fijar posición en tanto que Grupo Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, existen ya precedentes al respecto.
El señor PRESIDENTE: Voy a preguntarlo, pero hace unos días hicimos una interpretación, la que es, para otros temas sumamente importantes respecto a la posición del Grupo Mixto, señora Lasagabaster, y la posición era la contraria. No se
puede estar cada semana o con cada punto del orden del día defendiendo la solución A o la solución B, según convenga. Discúlpeme. Lo intentaré arreglar.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En todo caso, quiero decirle que existen precedentes en el sentido de que no corresponde al Grupo Mixto, sino a la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Dejemos el debate, porque no puede ser defender A o B, según convenga.
Señora Navarro, su turno.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hubiera apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa. Es más, no compartimos ni el fondo ni la forma. En primer lugar, somos conscientes de
que era posible esa reforma ambiciosa y justa, y aún lo es aprobando las enmiendas que tanto mi grupo parlamentario como otros grupos mantienen vigentes. Y también lo es a la vista de las afirmaciones que realiza el presidente del Gobierno sobre la
economía española.
¿Alguien puede dudar de que era posible avanzar más?
Volvemos a lo de siempre: cifras macroeconómicas que se olvidan de la gente, de la economía familiar e individual de la mayoría. Lo cierto es que, sin exageraciones preelectorales ni dramatismos peperos, el crecimiento económico sostenido
en los últimos trece años hubiera justificado precisamente un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social y en especial en el capítulo de pensiones existe con respecto a nuestros países vecinos.
Nuestro país continúa gastando un promedio de 1.000 euros por habitante y año menos que la Unión Europea de los Quince y de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la Unión Europea de los Veinticinco.
El gasto en
protección social en los tres primeros años de la legislatura socialista sigue inamovible en el 20 por ciento del PIB, a siete puntos de diferencia de la media de la Unión Europea. Todo ello, a pesar de los reiterados compromisos del Gobierno de
avanzar sustancialmente en la reducción de la brecha en protección social. Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación y el crecimiento económico permiten favorecer un mayor compromiso en nuestra política de
pensiones, sin aventuras y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema. Hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social ante la obsesiva
política de superávit financiero de la cuentas públicas.
Hay que recordar que el acuerdo del año 2001 sobre el Sistema de Seguridad Social, al tratar el destino de los posibles excedentes en los presupuestos de la Seguridad Social, además de destinarse una parte al fondo de reserva, otra podría
destinarse a la mejora selectiva de las pensiones. Sin embargo, en estos años prácticamente todos los excedentes han ido al fondo de reserva. Nos parece bien disponer de un sólido fondo de reserva, lo que no es incompatible con la mejora selectiva
de determinadas pensiones muy bajas. Quizá la disyuntiva se encuentra siempre en si garantizamos derechos por ley o hacemos regalos del Gobierno cada periodo electoral; reformas que, por supuesto, suponen un elevado coste y que cuando se realizan
no queremos minusvalorar, e incluso aprovechamos la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para incrementar las pensiones. En cualquier caso, lo necesario, lo imprescindible
es que estén garantizados esos incrementos de pensiones. Así, la envergadura de cualquier reforma queda además minusvalorada ante reformas de profundo calado económico como ha sido la reforma fiscal efectuada con una restricción potencial
para las políticas públicas.
Hoy, ante este panorama, el nivel económico medio de nuestras pensiones sigue siendo bajo y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente si
consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, ello unido a un déficit en gasto social excesivo con respecto a la media europea.
Resulta especialmente relevante la situación de bajas cuantías medias de
las pensiones de la inmensa mayoría de las mujeres, de las pensiones de viudedad y de las pensiones de jubilación de quienes tienen más de 75 años. Tampoco podemos olvidar que las graves carencias en servicios sociales y en políticas de inclusión
social son un factor que incide negativamente en la situación de muchísimos pensionistas que cuentan solo con el ingreso de sus bajas pensiones. Por ello, en todos los estudios que se vienen realizando en España sobre exclusión social aparece como
uno de los colectivos más afectados precisamente el de las personas mayores que viven de su pensión, las mujeres viudas que viven solas. Lo más grave es que esta situación está cronificada y pasan los años sin que haya cambios perceptibles.
Conformarse, señorías, con hacer más de lo que hizo el Partido Popular, el partido de los congelados, no es dar verdadero cumplimiento al compromiso histórico de abordar su déficit social. Esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio
desde una visión progresista y de izquierdas para evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos. En este sentido, resulta sorprendente que el Partido
Popular haya presentado y mantenga una batería de enmiendas que, al margen de que algunas de ellas se pudieran compartir, responden a una apuesta exclusivamente electoralista, ya que en los ocho años en que estuvieron gobernando ni remotamente
estuvieron dispuestos a poner en marcha lo que ahora propugnan.
Es cierto -ya se ha dicho- que el proyecto de ley contiene medidas que amplían parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la orfandad,
en la incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada. Nosotros no apostamos por subidas generalizadas de todas las pensiones, sino por subidas selectivas que refuercen el aspecto solidario y redistributivo de
la Seguridad Social, que manteniendo la esencia contributiva del sistema establezca reequilibrios para aquellas pensiones muy bajas, consecuencia no de actitudes voluntarias de los pensionistas cuando tuvieron que cotizar sino de los déficits en el
empleo, en los salarios o en el cumplimiento de las obligaciones sociales de los empresarios que han sido tan frecuentes en las relaciones laborales de nuestro país, especialmente en lo que afecta a las mujeres. Por eso entendemos que el proyecto
de ley gravita en exceso alrededor del concepto de la contributividad, favoreciendo las trayectorias profesionales de los empleos más estables y olvidándose de la realidad actual e histórica de nuestro país de precariedad, de inestabilidad y de
economía sumergida. Para ello nuestro grupo propone la creación de una pensión mixta para aquellos trabajadores que han cotizado entre 365 días y quince años, pero no ha tenido buena acogida por parte del grupo mayoritario. (El señor
vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.) Esta medida conseguiría favorecer de forma particular a las mujeres hoy mayores de 65 años y de forma especial a las trabajadoras subempleadas.
En definitiva, la decidida apuesta del proyecto de ley por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte se
favorecen, auspician y permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 ó 52 años, pero carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 cuando
millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas. Otro aspecto polémico es la limitación futura que se pretende en la pensión de viudedad, que entendemos que debe ser un debate de
importancia y no ajeno a la realidad social de nuestro país.
Respecto a las parejas de hecho es positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad, pero no deja de llamar la atención que se mantengan importantes discriminaciones como la
constatación de la convivencia durante un amplio periodo o la exigencia de que el nivel de dependencia de ingresos represente el 50 por ciento, si existen hijos, etcétera; una serie de condicionamientos que carecen de todo sentido cuando la
aspiración era la equiparación de las parejas de hecho. Hoy al señor ministro se le ha olvidado hablar de la igualdad en el amor entre el matrimonio y las parejas de hecho; será que ha visto que no se trataba de la misma manera en el proyecto de
ley y por eso no lo ha introducido en su discurso. En cuanto al retraso en la entrada en vigor de la posibilidad de jubilación parcial de los funcionarios, se ha pactado una enmienda transaccional entre el Partido Socialista y Convergència i Unió
que no es más que una burla respecto a lo acordado en el reciente Estatuto del empleado público, donde existe el reconocimiento expreso de que estos funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial. Por tanto, no es necesario estudiar nada ni
retrasarlo, sino regularlo en esta ley aprobando la enmienda que propone nuestro grupo parlamentario y, por tanto, reconociendo el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos.
En cuanto a los aspectos positivos, es de celebrar que se haya admitido parcialmente nuestra enmienda, junto con la de otros grupos, sobre el reconocimiento del
periodo del servicio militar o prestación social obligatoria como tiempo efectivo a efectos de cotización, aunque se haga únicamente por un año.
También hemos de celebrar el hecho de que se introduzca una enmienda transaccional de Izquierda
Unida sobre los becarios de investigación que obliga al Gobierno a dilucidar cómo incluir en el régimen de Seguridad Social a los que, tras la aprobación del Estatuto del personal investigador, quedaron en su mayoría fuera de esta reforma. Respecto
a las enmiendas de Izquierda Unida que fueron incorporadas, celebramos también que no se perjudique a los trabajadores de la minería y que se mantenga el compromiso de estudio, etcétera, como todo lo que se prevé en las disposiciones adicionales, de
la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de bomberos...
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señora Navarro, le ruego que vaya concluyendo.
La señora NAVARRO CASILLAS: ...y también -voy terminando, señor presidente- el compromiso de la disposición adicional vigésima respecto a la protección social de los sacerdotes y religiosos.
En definitiva, hay muchos estudios que se tendrán que hacer a partir de esta ley y esperemos que se cumplan. Sin embargo, a la vista del contenido total, nuestro grupo parlamentario opta por la abstención en la votación de este proyecto,
dada la falta de ambición demostrada por el Gobierno socialista y por el Grupo Socialista en su tramitación para dar pasos más concretos con el fin de abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social. Señorías, la Seguridad
Social es el principal instrumento de solidaridad interpersonal e interterritorial que tenemos los ciudadanos de este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Navarro.
Para continuar con el turno de defensa de enmiendas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, en primer lugar, le doy la enhorabuena por su presidencia, aunque sea esta en funciones, lo cual no le priva de relevancia en absoluto. En segundo lugar, voy recurrir al procedimiento de la
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
Voy a dejar la glosa de los aspectos positivos para ese momento en que se agote mi tiempo para intervenir y voy a glosar los otros, que son los que corresponde a un grupo de la oposición, los
regulares o los negativos. En todo caso, el señor ministro ya ha hecho una glosa muy apologética, algo habitual en él, por cierto. Es difícil encontrar reflexiones autocríticas en las intervenciones del señor Caldera; hace una glosa de los
aspectos positivos y queda por reafirmar las carencias.
Esta era una reforma llamada a tener gran profundidad jurídica, política y social, y se ha convertido en una especie de acto fallido, manifiestamente insuficiente. Consagra aspectos regresivos que voy a enunciar sucintamente, no
refiriéndome a las enmiendas, que han sido debatidas con prolijidad, al menos las de nuestro grupo, en ponencia y Comisión, sino en una reflexión de naturaleza genérica, político-jurídica pero genérica. En primer lugar, hay una regresión de
naturaleza competencial. Estamos en la misma situación de siempre, de negación de las competencias que se consagran en el bloque de constitucionalidad. Y no solo eso sino que además se ubica en la exposición de motivos esa expresión tan
perturbadora, metajurídica hasta hoy, hasta la aprobación de este proyecto de ley, que es el concepto de caja única; un concepto que no estaba en las leyes de la Seguridad Social ni en el Real Decreto Legislativo 94 ni en las leyes anteriores y
que, como digo, se ubica en la exposición de motivos en este momento; un concepto de una jurisprudencia muy errática en relación a la configuración de la noción de caja única. Desde la perspectiva del análisis de la jurisprudencia es muy difícil
aprehender el concepto de caja única, pero se ha utilizado obviamente para no transferir las competencias, las cuales son inequívocas en relación con la transferencia a Euskadi del sistema de pensiones y de su gestión de régimen económico, porque lo
consagran así el artículo 18 y la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika. Son preceptos que desconozco por qué suerte de arcanos todos los partidos que han gobernado, todos los gobiernos del Estado español han declarado
que no son susceptibles de ser cumplidos.
Aquí se ha dicho que dos preceptos de una ley orgánica que regula un estatuto de autonomía no se pueden cumplir, lo cual es una absoluta aberración jurídica y política. Desde esa perspectiva se consagra el
concepto de caja única que sirve para todo, desde luego para mantener centralizadas las competencias en materia de Seguridad Social bajo la invocación de un deletéreo concepto de solidaridad, como si la solidaridad fuese incompatible con la
transferencia de las competencias debidas e impuestas por los requerimientos del bloque de constitucionalidad.
Pero no es solo esto, señor presidente. Hay una segunda cuestión que hace referencia a problemas de naturaleza competencial, y es que estas normas siempre dimanan de acuerdos interprofesionales entre cuatro interlocutores sociales, que no
son todos los que ostentan la condición jurídica de mayor representatividad sindical. Todas las normas de naturaleza social, de carácter laboral, que ha presentado el Ministerio de Trabajo han sido previamente acordadas por cuatro interlocutores
sociales: la CEOE, la Cepyme, UGT y Comisiones Obreras. Siempre. Se olvidan de que hay otros sindicatos cuyo ámbito de actuación no es estatal pero que ostentan la condición de mayor representatividad sindical y deben
ser llamados a negociar ese tipo de acuerdos. Como estos acuerdos no son objeto de rectificación en el ministerio, sencillamente se validan mediante la imposición a los papeles de los correspondientes sellos y no se toca ni una coma. Se
está produciendo por parte de los interlocutores sociales algo que se parece mucho a la usurpación de funciones legislativas; de hecho, están legislando estos cuatro interlocutores sociales y no los que ostentan la soberanía popular y tienen la
competencia legislativa en esta materia y en otras. Desde esta perspectiva se está privando de consistencia sistemática al sector laboral del ordenamiento jurídico.
Dicho esto, la ley incurre en un defecto de irregresividad en la regulación de prácticamente todas las contingencias cuya protección se reforma. Vamos a empezar por la primera, señor presidente, la relativa a la incapacidad. La incapacidad
incumple el requerimiento de una sentencia muy conocida por el señor Membrado y otros diputados que están en este negociado en esta Cámara, como la señora López i Chamosa. Se trata de la sentencia del Tribunal Constitucional, de 7 de julio de 1987,
que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad, presentada por el extinto Tribunal Central de Trabajo, en relación con las medidas anticúmulo que se consagran por primera vez en la Ley de Presupuestos Generales del año 1985. En esta sentencia de
7 de julio de 1987, el Tribunal Constitucional establece por primera vez lo que se denomina contenido esencial del derecho a la Seguridad Social, consagrado por el artículo 41 de la Constitución, y lo hace reproduciendo las propias locuciones del
artículo 41, que a su vez reproduce los paradigmas del Estado de bienestar de la Constitución de Weimar y luego de la Constitución italiana y de otras que ha copiado literalmente este precepto. El artículo 41 de la Constitución establece que el
sistema público de pensiones tiene que ser de carácter público -afortunadamente esto no se relativiza en este proyecto de ley-, universal, suficiente e irregresivo. Cuando el Tribunal Constitucional dice que tiene que ser irregresivo, está
afirmando que cualquier reforma del sistema tiene que mantener por lo menos la cuota de protección previgente a la reforma que se analiza, y no endurecer en ningún caso sino más bien facilitar las condiciones de acceso a la protección de las
contingencias que son objeto de reforma. En este caso, este proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social incumple el requerimiento constitucional de irregresividad de la sentencia de 1987. Se incumple, en primer lugar, en las
pensiones de incapacidad, porque el tiempo requerido para la novación de las pensiones de incapacidad temporal en incapacidad permanente, que se podía solicitar a partir del sexto mes, fuera su origen por accidente de trabajo o enfermedad
profesional, se eleva hasta 24 meses. Díganme ustedes si esto no es una regresión y si no se está incumpliendo específicamente el requerimiento de la jurisprudencia constitucional de irregresividad. Se pasa de seis meses a veinticuatro;
veinticuatro meses en los que se retiene a un incapaz, esperando quizás un milagro de la Virgen de Lourdes o algún hecho paranormal que facilite su recuperación, obligándole además la ley, en caso de que esta recuperación milagrosa se produzca, a
reincorporarse a su puesto de trabajo, con la única excepción de haber cumplido la edad reglamentaria para jubilarse que está adelantada para ciertos colectivos, como es el caso de deportistas, bomberos, policías, etcétera. Esto es una regresión y
un ahorro de dinero para la Tesorería de la Seguridad Social, para el sistema público de pensiones, porque de seis meses se eleva a veinticuatro cobrando una prestación de incapacidad de menor cuantía que el siguiente grado, la permanente; es un
ahorro de dinero y es una regresión porque se impide a estas personas que puedan solicitar la novación de la naturaleza de su discapacidad o de su problema dimanante de una enfermedad de trabajo.
En segundo lugar, en materia de jubilación también se vuelve a incumplir el requerimiento inconstitucional de no regresión, de irregresividad de las reformas. ¿Por qué? Porque se eleva el periodo de carencia. Es lo que se ha hecho
siempre. Ya la reforma de 1985 incurría en el mismo defecto de inconstitucionalidad, en la Ley llamada de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y acción protectora de la Seguridad Social, un nombre tan largo que no cabía en el
boletín y que se vulgarizó definiéndola con lucidez los ciudadanos como Ley de reforma de pensiones y otros más lúcidos todavía como Ley de recorte de pensiones. Siempre que se incrementa el periodo de carencia, es decir, el periodo de cotización
obligatoria, para causar derecho a acceder a la pensión de jubilación, que en este caso se incrementa de 4.700 días a 5.745 días, se deja a un colectivo que supera a los 1.400 pero no llega a los 1.574 fuera del ámbito de protección de esta
contingencia. Son muchos tal como se interpretaba la legislación actual, aunque el Tribunal Supremo trataba de reconocerlo y luego ha hecho indicaciones de cierta jurisprudencia que valida lo que ahora se incorpora en esta ley. Personas que con
4.700 días se podían jubilar ahora solo se van a poder jubilar con 5.740 días. Se incrementa el periodo de carencia, luego se endurecen las condiciones de acceso a la protección de esta contingencia y se incurre en regresividad, prohibida por la
jurisprudencia constitucional.
En materia de viudedad, de pensiones de supervivencia, es un tanto vergonzoso lo poco que se regula, que es un mero ajuste a la reforma del artículo 97 del Código Civil, asimilando las parejas de hecho y las uniones de homosexuales a los
matrimonios, lo cual es un requerimiento legítimo y razonable: ajustar a las parejas de hecho a la posibilidad de ser protegidas también por esta contingencia. Pero no se hace lo que mayoría de las viudas desean, que es que el coeficiente del 52
por ciento, que sirve para determinar la cuantía de la pensión de viudedad, se eleve a lo que por lo menos ustedes se habían comprometido en el programa electoral con el que concurrieron a las últimas elecciones: el 70 por ciento. Ustedes
prometieron que ese coeficiente
del 52 por ciento de imputación sería del 70 por ciento antes de que acabara la legislatura, pero seguimos con el 52 por ciento.
En materia de prejubilación -con esto acabo, señor presidente, no me voy a extender más- es vergonzoso que se reduzca el universo de los que se puedan prejubilar a partir de ahora de los 60 a 64 años y que en los incrementos, incumpliendo un
mandato parlamentario en virtud de una proposición de ley presentada por mi grupo y aprobada por unanimidad en esta Cámara, no se renueven los coeficientes reductores a los que sufrieron los embates de la reconversión industrial de la década de los
setenta y de los ochenta. Los incrementos son tan vergonzantes como los siguientes: 54 euros para los de 60-61 años, 36 euros para los de 63-64 años y 18 euros, para pagar tres cafés, a los que se jubilen con 64 años.
Desde esa perspectiva se
incumplen los requerimientos más elementales, señor presidente, de justicia social. Estas invocaciones que se han hecho a las bondades del proyecto se las puede creer el ministro, pero a nosotros nos cuesta mucho asumirlas como propias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
El pasado 27 de junio terminaba este diputado su intervención en la Comisión de Trabajo en que debatió el proyecto de ley instando al Gobierno y al Grupo Socialista a corregir el tiro -lo que en su momento dio lugar incluso a la presentación
de una enmienda a la totalidad por parte de nuestro grupo- y a modificar el sentido regresivo que a nuestro entender orientaba y orienta en algunos ámbitos esta reforma de la Seguridad Social. El Gobierno y el Grupo Socialista no han sido sensibles
a nuestra demanda y seguimos considerando que la reforma no alcanza el estadio que se debería haber alcanzado atendiendo tanto a la ideología que inspira al grupo que da apoyo al Gobierno como al estado económico de las arcas de la Seguridad Social,
es decir, del Fondo de Reserva.
Por no hablar solamente de los aspectos negativos, hemos alcanzado un acuerdo en dos ámbitos que quedan reflejados en las enmiendas 140 y 146 -razón por la cual serán transaccionadas-, que significan un pequeño y a la vez un gran avance, y
me explico. Es un ligero avance porque de hecho no se trata de conseguir lo que pretendíamos, pero es importante porque afecta a personas que tienen grandes necesidades. Se trata de incorporar una disposición adicional mediante la cual las
personas que perciben una pensión no contributiva, viviendo solas en un piso de alquiler, gocen de un complemento para vivienda que en el plazo de cinco años deberá alcanzar la equivalencia en cantidad a la que resulte del Iprem. ¿Por qué es
importante? Porque hablamos de un universo de 40.000 personas, lo cual celebramos, pero sobre todo porque afecta a personas que están ya sujetas a la exclusión social, personas que viven en la máxima pobreza, pobreza muchas veces clandestina. No
obstante, no nos engañamos, estamos muy lejos de lo que perseguía Esquerra Republicana. Nosotros pretendíamos alcanzar un universo de medio millón de personas, que son las que reciben pensiones no contributivas, para las que defendíamos en la
enmienda 146 que ahora será transaccionada su equiparación al Iprem mediante ejecuciones progresivas durante cinco años. El Gobierno se ha negado a aceptarlo; no ha habido manera. A nuestro entender esto hubiera significado dar un buen hachazo -y
permítanme la expresión- a la pobreza.
El segundo acuerdo alcanzado con el Grupo Socialista, que da apoyo al Gobierno, es un poco más ambicioso porque permitirá descongelar las prestaciones familiares a fin de actualizarlas al IPC, ya que como ustedes saben bien están congeladas
desde el año 2000. Aun estando relativamente satisfechos de la capacidad de interlocución con el Gobierno durante el verano, nuestro posicionamiento continúa siendo muy crítico en términos globales porque el proyecto que salió del Consejo de
Ministros es poco ambicioso, regresivo en ciertos aspectos y, además, adolece del defecto de concebir al ciudadano como potencial usuario-fraudulento del sistema.
No me resisto a poner de manifiesto que un buen número de las enmiendas de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana coincidían conceptualmente con las de las fuerzas políticas con las que ustedes, el Grupo Socialista, pactaron un buen
número de transaccionales en la Comisión. Me refiero al Grupo Popular y a Convergència i Unió. Ustedes optaron por ellos y no por nosotros -y me permito hablar en nombre de Izquierda Unida- porque sencillamente pactar con ellos les salía más
barato. Ejemplos hay muchos referidos a la ampliación de algunos plazos en situaciones de incapacidad, solicitudes de prestaciones, requisitos para acceder a la viudedad, mejora de prestaciones de orfandad, jubilación parcial, etcétera. ¿O acaso
no es eso transaccionar a cuatro días, a partir de los tres que preveían ustedes en el proyecto de ley, para que el trabajador pudiera manifestar su disconformidad frente a una resolución de alta médica? Lo mismo sucede con el tiempo mínimo de
convivencia con el causante de una pensión de viudedad para acceder a ella; ustedes preveían 15, transaccionaron seis y no negociaron con nosotros que defendíamos dos días. En definitiva, optaron por el Partido Popular y por Convergència i Unió.
Por eso solicitamos la votación de las enmiendas 130 y 131, sin cuya aceptación las pensiones de incapacidad serán mayores o menores en razón del tiempo cotizado. En la reforma se propone que el cálculo se haga basado en un sistema similar al de la
pensión de jubilación. Para esto no cuenten con nosotros, incluso técnicamente nos parece inapropiado. Solicitamos
la votación de la enmienda 131 a fin de que no se amplíe el periodo de tiempo necesario que se requiere para acceder a la jubilación, suprimiendo del cómputo total de días los cotizados por gratificaciones extraordinarias, como viene
ocurriendo hasta ahora. ¿Por qué no lo dicen claramente? A partir de ahora se requerirá en muchos casos 15 años y no los 13 actuales para acceder a la jubilación. Solicitamos la votación de la enmienda 129 porque no podemos pasar por alto
retoques que se proponen en el cálculo de las pensiones de gran invalidez que afectan a los grandes incapacitados. Y quiero llamar la atención sobre la enmienda 134, relativa a la jubilación parcial, porque establecer un mínimo de seis años de
antigüedad a un trabajador en una empresa para acceder a una jubilación parcial nos parece excesivo. Nosotros abogábamos por dos años.
No quiero menospreciar la capacidad de negociación durante estas últimas semanas que ha llevado a buen puerto transaccionar dos enmiendas que son importantes -repito- porque afectan a un universo de personas muy desfavorecidas; pero no
podemos dejar de mantener nuestras posiciones críticas con esta reforma. Los puentes no se han roto entre los grupos de izquierda -y esto de por sí ya es importante-, pero tampoco queremos aparentar lo que no es. Ustedes orientaron la negociación
hacia otros grupos parlamentarios, lo cual nos parece muy legítimo, pero entenderán que lo denunciemos -quizás esta palabra es demasiado rotunda-, que lo maticemos desde la tribuna. Para nosotros es motivo de reflexión lo que está ocurriendo en
Europa. Es verdad que muchos de los sistemas de protección social europeos están girando hacia una cierta limitación de derechos. Este giro pseudoneoliberal que ustedes si no impulsan, por lo menos no se resisten a él, en el caso del Estado
español se produce cuando el sistema de protección todavía no ha alcanzado su plena madurez.
Entendemos, dicho con toda humildad y respeto, que ustedes los socialistas -y por extensión la izquierda en general- no se deberían convertir nunca en el
caballo de Troya de las corrientes neoliberales, puesto que llegar adonde hemos llegado ha costado mucho sacrificio a la clase trabajadora.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà.
Corresponde el turno a favor de la defensa de sus enmiendas al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero en primer lugar saludar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a los representantes de viudas, de pensionistas y de prejubilados de diversos lugares de España que nos acompañan en la mañana de hoy para seguir en directo
este debate.
Señorías, si esta es una ley de medidas en materia de Seguridad Social, lo primero que es preciso reseñar es que se trata de una ley de medidas de talla pequeña, una ley de reformitas, más que de reformas, donde no se tocan, como hubiera
sido preciso, ni los cimientos ni los tabiques, sino que sencillamente se efectúa un pequeño lavado de cara y nada más; por tanto, una ley de mínimos sin compromisos a largo plazo. ¿Y era esta, señorías, la ley que necesitaba en estos momentos la
sociedad española? Pues no. Claramente no era la que necesitaba. Lo dicen todos aquellos que analizan y que vigilan los sistemas de pensiones en nuestro país y en Europa. Lo dicen también los organismos multilaterales, lo dice Ecofin, lo dice la
OCDE, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice también la Comisión Europea, que ya afirmó, ante el último programa de estabilidad que presentó el Gobierno, que no contenía información sobre las medidas que deben
tomarse para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo; lo dice hasta el propio jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, el señor Taguas, cuando indica que vamos a tener muy pronto la sociedad más envejecida del
mundo, y que, de cada tres personas, dos -incluyendo, eso sí, a quienes no trabajan y también a los niños- tendrán que mantener la pensión de la tercera persona. Esto es, repito, lo que han dicho estos organismos, el señor Almunia y el señor
Taguas.
¿Qué ha hecho el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España? ¿Ponerse, quizá, manos a la obra, como están haciendo otros países? Pues tampoco. Ha desautorizado al señor Taguas, ha prohibido su comparecencia en esta
Cámara, como si se pudiesen desautorizar las estadísticas, los datos o las previsiones, pero así es este Gobierno, lo que no le gusta oír está visto que sencillamente no existe. Y esto, señorías, ¿puede calificarse quizá de miopía o de impericia o
de ignorancia? Claramente creemos que no. Un gobierno que, conociendo los desafíos demográficos del futuro y sabiendo también cómo lo están abordando otros países, porque están escritas las recetas en el Pacto de Toledo y porque son conocidas por
todos los expertos en materia de Seguridad Social, mientras tanto, en su lugar, hace discursos triunfalistas, es sencillamente un gobierno no responsable. Y si lo hace además en un entorno económico como el actual, de desaceleración económica, de
aumento de los tipos de interés no solo para las familias y para los pensionistas, sino también para el endeudamiento del Estado, con lo que eso conlleva de cara al futuro, de aumento de la inflación, que también afecta a las pensiones, y de
disminución del empleo y del número de cotizantes y afiliados a la Seguridad Social -250.000 menos en el último mes-, no solo, como digo, es un gobierno irresponsable, sino que le está haciendo un flaco favor a este país. Porque la realidad
demográfica de España va a hacer aumentar en ocho puntos del producto interior bruto el gasto en pensiones en los próximos años, y eso significará en la actualidad, sin reformas, un aumento del déficit público también del 8 por ciento. Por
tanto esta ley, señorías, no mejora la proporcionalidad ni la parte contributiva del sistema, ya que con ella tiene mejor porcentaje o tasa de retorno un trabajador que únicamente haya cotizado 15 años que un trabajador que lo haya hecho
durante 35 ó 40 años. Esta ley, señorías, también ha intentado eliminar de forma unilateral el derecho a la pensión vitalicia de viudedad para las viudas cuyos cónyuges hubieran fallecido antes de cumplirse dos años del matrimonio, y cambiarla por
una prestación de carácter temporal, pretendiendo un tratamiento de renta de sustitución, en lo que ha supuesto desde nuestro punto de vista el intento de retroceso más grande en materia social que se ha producido desde el inicio de nuestra
democracia, y que el Grupo Parlamentario Popular con otros grupos hemos impedido.
Señorías, lo más flagrante es que en el programa electoral del Partido Socialista del año 2004 se pretendía una reforma global de la pensión de viudedad y un aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad más bajas para
acercarlas al 70 por ciento. Ahora no solo se ha producido su incumplimiento, sino que han hecho justamente lo contrario de lo que prometieron, y han generado un gran lío entre los sindicatos por la jubilación parcial de los funcionarios: 2,4
millones de españoles, más medio millón de prejubilados defraudados por el tratamiento de los coeficientes reductores y del tratamiento fiscal a las percepciones de los acuerdos de los expedientes de regulación de empleo, y 2,2 millones de viudas
que tampoco han visto satisfechas sus expectativas. ¿No les parece, señores de la mayoría, que ya es hora de tomarse este asunto en serio?
Señorías, cuando en 1996 había un 7 por ciento de déficit en la Seguridad Social, que financiaba al INEM para no desvelar el desempleo, que en aquel momento llegó al 22,76 por ciento, cuando se solicitaron préstamos al Estado por valor de
2,3 billones de las antiguas pesetas, y cuando la Ley General Presupuestaria ni siquiera era de aplicación a la Seguridad Social, nos costó a los españoles cinco años volver a conseguir el equilibrio, hasta el año 2001; a partir de ese momento, y
tras tener que pedir un anticipo de tesorería y una póliza de crédito para hacer frente a los pagos de pensiones, pudimos crear y dotar por primera vez en España el Fondo de Reserva, mejorar las prestaciones en un 50 por ciento, la cobertura social
y la suficiencia del sistema. Fíjese, señora Navarro, qué magnífica congelación.
Señorías, si este Gobierno ha podido afrontar en esta legislatura nuevas prestaciones desde el primer momento ha sido gracias a que el día que recibieron la Seguridad Social lo hicieron de una forma saneada y con un fondo de reserva. Lo que
les pedimos en la mañana de hoy no es que tomen medidas que ya no van a poder tomar -y para las que han perdido esta legislatura, sin querer preparar a España para los próximos retos y desafíos, teniendo, por una parte, el instrumento, el Pacto de
Toledo, y, por otra, a todos los grupos parlamentarios dispuestos a ello-, sino que no la vuelvan a dejar como en 1995.
Esta ley, señorías, no mejora la sostenibilidad del sistema, esta ley no hace que trabajar sea rentable, porque esa es, sin duda, la mejor forma de abordar la suficiencia y de conseguir un sistema de pensiones seguro y viable. Esta ley,
señorías, no aborda tampoco la financiación de los complementos a mínimos, que sangran el sistema de Seguridad Social ahorrándoselo a los Presupuestos Generales del Estado y que, por tanto, impiden dotar con mayor velocidad el Fondo de Reserva y la
sostenibilidad para el futuro. Este Gobierno tampoco ha abordado la previsión social complementaria, y a pesar de la trascendencia de que la gente garantice su futuro a través de instrumentos adicionales, que deben ser lógicamente atractivos desde
el punto de vista fiscal, y también a pesar de que el Ecofin ha perdido también su impulso, el Gobierno, repito, no solo no la ha impulsado, sino que la ha atacado frontalmente con sus modificaciones legislativas en esta legislatura.
Creemos, sinceramente, que veinticinco de nuestras enmiendas han contribuido eficazmente a mejorar un texto legislativo que era bastante decepcionante desde el principio. Además de nuestra defensa de las pensiones de viudedad, hemos
mejorado las de orfandad, la IT, el auxilio por defunción, el tratamiento a los deportistas, la incapacidad permanente, la prolongación voluntaria de la edad de jubilación, etcétera, y, sin embargo, entendemos que quedan enormes lagunas que no
resuelve esta ley y a ellas responden nuestras enmiendas vivas. Quisiera resaltar las relativas a las pensiones de viudedad, y de forma muy especial la que pretende que ninguna pensión de viudedad sea inferior al salario mínimo interprofesional,
así como las relacionadas con los prejubilados, y de forma especial las relativas a la definición de prejubilado involuntario, que nos parece de justicia moral; la relativa a las mejoras de las pensiones de jubilación anticipada causadas con
anterioridad al 1 de enero de 2002; la relacionada con ITT España, y la que pretende homogeneidad y neutralidad a través de unas nuevas bases para la regularización de los coeficientes reductores y las mejoras de las pensiones anteriores a 2002,
que han sido rechazadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, la escasa profundidad y amplitud de iniciativas abordadas en esta ley, así como sus graves carencias a la hora de incorporar estas materias trascendentales, convierten a esta ley, que es la única que ha puesto en marcha este
Gobierno a lo largo de toda esta legislatura, y por tanto a toda la legislatura en una ocasión perdida, porque por lo que será conocida esta ley, señorías, no es por lo que dice, sino esencialmente por lo que, siendo imprescindible transformar, deja
irresponsablemente, desde nuestro punto de vista, sin abordar ni reformar.
Señorías, el Partido Socialista se abstuvo en esta Cámara en la reforma de la Seguridad Social del año 2002, a pesar de que era consecuencia del acuerdo del año 2001 con los agentes sociales. Señorías, el Grupo
Parlamentario Popular no va a hacer lo mismo. A pesar de la crítica constructiva de que esta ley no nos parece ni completa ni eficaz, y de que vamos a mantener nuestras enmiendas, como haremos también en el Senado, vamos a votar
afirmativamente el dictamen porque en el Partido Popular somos plenamente conscientes de la trascendencia del acuerdo y del consenso en esta materia. Pero, eso sí, les instamos a que vuelvan al Pacto de Toledo; un pacto que ustedes han aparcado y
ninguneado durante esta legislatura, cuando no puenteado con acuerdos con sindicatos y empresarios, llegando a acuerdos unilaterales y electoralistas como el de Rodiezmo. Por tanto, les pedimos -repito- que vuelvan al consenso del Pacto de Toledo,
porque después de doce años de debatir y de consensuar las reformas en materia de Seguridad Social, con el concurso de todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento nacional, hoy, que más que nunca son necesarios los acuerdos para
desarrollar las recomendaciones del Pacto de Toledo y afrontar los nuevos desafíos del futuro, ustedes lo han herido de muerte. Por eso les instaremos -yo espero que sea desde la responsabilidad de gobierno- a que en la próxima legislatura...
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Echániz, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.
Como decía, les instaremos -espero que sea desde la responsabilidad de gobierno- a que en la próxima legislatura abramos una nueva agenda social en la que el sistema de pensiones realmente sea prioritario.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Echániz.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, saludo a algunas buenas amigas catalanas que representan al sector de las mujeres viudas comprometidas en la mejora de sus pensiones, que nos acompañan esta mañana, así como al secretario de Estado.
Señorías, después de oír algunas intervenciones de mis colegas considero que la discusión de fondo de este proyecto de ley, que nos llega antes de ser enviado al Senado, nos debe situar en su contexto más amplio.
Señorías, estamos
tramitando un proyecto de ley fruto del acuerdo social entre el Gobierno y los principales agentes sociales del Estado, y ese acuerdo responde a la lógica de los principios del Pacto de Toledo que han permitido que desde 1995 mayorías diversas
impulsen en esta Cámara, y siempre con acuerdos amplísimos, reformas orientadas a hacer sostenible nuestro sistema público de pensiones, ante la perspectiva del envejecimiento de nuestras sociedades y de mejora de la protección social de los
colectivos más débiles en el marco de ese sistema de protección.
Todas las reformas que hemos impulsado desde 1995 han ido en esa misma dirección. Y, en términos globales, esa estrategia, esa filosofía, esa manera de actuar del Pacto de Toledo han
sido positivas. Desde esta tribuna siempre va a ser más fácil para los grupos mostrarnos críticos con las insuficiencias, en un sentido o en otro, de los acuerdos en el marco del Pacto de Toledo, pero en la perspectiva histórica, si abordamos con
seriedad los problemas de nuestro sistema público de pensiones hemos de ser conscientes de que la filosofía y la estrategia del Pacto de Toledo, que pasan por acuerdos sociales trasladados a esta Cámara, que son tramitados y mejorados, son las que
interesan al conjunto de la sociedad a la hora de actuar.
Segunda reflexión. Hoy cualquier política progresista en materia de pensiones debe ser capaz de encarar las necesidades en el medio plazo de nuestro sistema de pensiones; necesidades que vienen marcadas por los profundos cambios vividos en
nuestra sociedad, vinculados al aumento de la esperanza de vida; a las modificaciones en la realidad de las familias; a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; a los deseos de los ciudadanos de poder administrar más directamente y
con mayor libertad sus decisiones en materia de pensiones; a las necesidades de aumentar nuestras tasas de actividad en el mercado de trabajo, en las franjas superiores a los mayores de 55 años; a facilitar el empleo a los mayores de 65 años, y
también a la necesidad de impulsar las reformas de carácter más justo, las reformas que incidan en los sectores más desfavorecidos, concentrando los esfuerzos precisamente en esos sectores.
La reforma que hoy estamos tramitando, con los límites que
ustedes quieran, avanza en esa dirección. Por ello Convergencia i Unió, tal como ha hecho desde 1995, va a apoyar las reformas que se plantean en este proyecto de ley sin ningún tipo de complejos, porque la política de progreso en materia de
pensiones va en la dirección del Pacto de Toledo, y este proyecto de ley va en la dirección del Pacto de Toledo.
Señor Tardá, no se trata de que en Europa existan planteamientos neoliberales. Hoy en Europa todas las fuerzas políticas de izquierda y de derecha son conscientes de que garantizar nuestro sistema público de pensiones en el medio plazo
exige reformas como las que se plantean en este proyecto de ley. Le recomiendo que haga un seguimiento de las reformas que han sido impulsadas por los gobiernos socialdemócratas en Suecia, por los gobiernos laboristas en Gran Bretaña o por los
gobiernos de centro izquierda en Italia. La izquierda moderna va en esa dirección.
Señorías, Convergencia i Unió alcanza un acuerdo global con el Gobierno en esta materia que, en el marco de los límites del acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno, mejora sustancialmente determinados aspectos inicialmente
contemplados y corregidos
en el proyecto de ley. Me gustaría hacer referencia de manera destacada al hecho de haber incorporado por primera vez en la legislación española la posibilidad del cálculo del período de servicio militar obligatorio o de la prestación
social sustitutoria para calcular la correspondiente pensión en los supuestos de jubilación anticipada. Es una demanda histórica planteada en diversas ocasiones en esta Cámara que, por fin, se va a convertir en texto legal. Para lograr los 30 años
que permiten alcanzar la jubilación anticipada va a contar el período de servicio militar. Con esto damos respuesta a una reivindicación de hace muchos años de trabajadores maduros que se veían obligados a abandonar sus puestos de trabajo y que, si
ese período de prestación social sustitutoria y fundamentalmente de servicio militar no se les consideraba a efectos de cálculo de pensión, no podían acceder a pensiones dignas.
En segundo lugar, hemos mejorado el tratamiento de la jubilación anticipada a las personas con discapacidad, rebajando del 65 al 45 por ciento el grado de discapacidad para tener acceso a la misma. Es una vieja reivindicación del sector de
la discapacidad, especialmente de la discapacidad intelectual, que con la reforma que introdujimos hace unos años tan solo muy pocos discapacitados podían jubilarse de manera anticipada. Eso afecta a un sector básico en la generación de cohesión
social como es el sector del empleo protegido para personas con discapacidad intelectual. La medida que se ha incorporado en este proyecto de ley, como fruto de una enmienda entre el Partido Socialista y Convergencia i Unió, va a dar viabilidad en
los próximos años al sector del empleo protegido de personas con discapacidad intelectual.
En tercer lugar, hemos mejorado la propuesta inicial del acuerdo social en materia de tratamiento de las jubilaciones anticipadas con anterioridad al 1 de enero de 2002. Lo hemos hecho para garantizar que las condiciones económicas de los
trabajadores que se jubilaron antes del 1 de enero de 2002 fuesen las mismas, no mejores, que las de los trabajadores que se jubilaron después de esa fecha, en el marco de la reforma correspondiente. Quizá las cifras no son espectaculares, pero -la
señora López i Chamosa y yo hemos tenido ocasión de mantenerlo- los sectores que representan a ese ámbito han entendido que, en el marco del actual sistema de jubilación anticipada, ésta era la reforma posible en términos de equidad. Hemos
mandatado al Gobierno a resolver la jubilación anticipada y parcial de los empleados en el sector público. Las enmiendas que nos proponía Izquierda Unida eran rechazadas por las propias organizaciones sindicales confederales que habían firmado ese
pacto. Va a existir la responsabilidad del Gobierno de desarrollar esa adaptación a las peculiaridades concretas de los funcionarios públicos en los supuestos de jubilación anticipada y parcial. Hemos encarado, y resuelto por fin, la problemática
y difícil situación de un grupo de personas como son los sacerdotes secularizados, configurando una salida para garantizar el acceso a pensiones dignas a esos centenares de personas que, en sus etapas más jóvenes, se comprometieron socialmente en el
marco de la Iglesia. Hemos evitado un tratamiento equivocado en las situaciones de incapacidad de los deportistas. Además, señorías, de manera significativa -y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se siente especialmente orgulloso de
ello- hemos mejorado sustancialmente en el trámite parlamentario -como fruto de ese acuerdo entre PSOE y Convergència i Unió- las pensiones de orfandad. Hay un compromiso de incremento de la pensión de orfandad hasta alcanzar la cuantía del 33 por
ciento del Iprem. Hemos conseguido que, para que un huérfano pueda cobrar la pensión, los padres no hayan tenido que cotizar los 500 días mínimos exigibles. Y vamos a permitir la compatibilidad de la pensión de orfandad con un trabajo en el sector
público. Esta era una demanda que compartíamos con el Grupo Socialista -y muy significativamente con la señora Sánchez- que permitirá la incorporación de los huérfanos al sector público. Hemos ampliado el concepto de familia numerosa, y así lo van
a ser la persona viuda con dos hijos, ampliando la protección social que se otorga a estas unidades familiares a las compuestas por viudos. Nos parece una mejora sustancial de la protección de las unidades monoparentales con más necesidades. Hemos
mejorado la compatibilidad de la prestación por hijo a cargo con el trabajo. Hay un compromiso de mejora de determinadas rentas familiares. Hemos mejorado algunos aspectos del proyecto inicial en materia de pensión de viudedad, especialmente en
materia de parejas de hecho.
Señorías, es evidente que en esta legislatura nos va a quedar una cuestión pendiente -que el acuerdo de los agentes sociales de hace más de un año no alcanzó- que es la reforma integral de la pensión de viudedad.
Efectivamente, ese va a ser
el principal debe de esta Cámara en materia de política social en la presente legislatura. El martes pasado el Congreso de los Diputados tomó en consideración una proposición de ley de Convergència i Unió para abordar la reforma de la fiscalidad de
las pensiones de viudedad. Esperemos que esa reforma pueda llevarse a cabo pero, de cara a la siguiente legislatura, la principal prioridad en materia de política social debe ser, necesariamente, la reforma integral de la pensión de viudedad para
garantizar pensiones justas para nuestras viudas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, me van a permitir que salude a los representantes que hoy nos acompañan de las asociaciones de viudas y de jubilados y prejubilados,
especialmente a nuestras dos buenas amigas Carmen y María, así como al secretario de Estado, don Octavio Granado, ya que -y hemos de reconocerlo aquí- a lo largo del debate de esta ley nos hemos soportado mutuamente, y finalmente quiero
agradecer la posición de todos los grupos.
El señor Tardà casi nos ha acusado de que habíamos preferido pactar con otros grupos, pero no es que nosotros hayamos preferido pactar con otros grupos, es que tenemos que recordar que esta ley viene de las directrices, de las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Si ustedes se fijan, señorías, la votación se va a producir aquí en los mismos términos en los que se produjo el día 31 de octubre de 2003, cuando votamos las recomendaciones del Pacto de Toledo. En aquel
entonces Izquierda Unida nos dio una abstención positiva, al igual que Esquerra Republicana; y votamos a favor los mismos grupos que hoy van a votar a favor, es decir, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Grupo Parlamentario Popular,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, hoy se va a producir la misma votación de apoyo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, porque de lo que no hay duda es de que la
reforma que hoy vamos a votar aquí está inspirada en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y algunas de sus señorías me podrán decir que es mucho o que es poco, pero es un acuerdo de recomendaciones y un acuerdo que se ha alcanzado por primera
vez con todos los agentes sociales, porque antes se habían hecho reformas donde había habido acuerdos con la patronal y con un sindicato, o con los dos sindicatos y sin la patronal, pero esta es la primera vez que se produce un acuerdo con la
patronal y con los dos sindicatos. Eso, señorías, es de valorar y es ir en la línea adecuada.
Al escuchar a algunos portavoces, uno reflexiona y se da cuenta de que a veces nuestras posiciones nos llevan a ser incoherentes con nosotros mismos. Por ejemplo, el señor Echániz reflexiona e indica que la reforma de esta ley no va en la
dirección adecuada. En la primera parte de su intervención nos viene a decir que esta ley no contiene los recortes que serían necesarios para garantizar el futuro y la sostenibilidad. Eso es lo que nos dice el señor Echániz en la primera parte de
su intervención: que no tenemos en cuenta lo que está pasando en otros países europeos, como la desaceleración económica. El Partido Popular confunde sus deseos con la realidad, porque el crecimiento económico está ahí, el dato de la inflación
está ahí. En este país -por suerte- cada uno es libre para creerse lo que quiera, pero, señor Echániz, no se puede decir lo que usted ha dicho en el primer apartado de su intervención, que esta reforma no va en la dirección que debe ir, y luego
defender las enmiendas que defiende. Nos dice que no lo hemos hecho bien, porque no hemos tenido en cuenta el envejecimiento de la población, etcétera, y a continuación defiende unas enmiendas totalmente contrarias a lo que nos ha dicho primero.
Desde mi punto de vista, esta reforma está en el punto adecuado, que es garantizar el sistema, mejorar las prestaciones, garantizar el futuro, y además garantizar que aquello que hoy mejoramos lo cobrarán hoy, lo cobrarán mañana y lo cobrarán dentro
de 15, 20, 30 ó 50 años. Por tanto, esta reforma va en la línea adecuada.
No voy a enzarzarme en una discusión; solo voy a remitirme a otras intervenciones, por ejemplo, al día del debate de totalidad de esta ley.
En cuanto a cómo estaba la Seguridad Social en el año 1996, me remito a lo siguiente. Nos han
acusado -creo que Izquierda Unida, y tiene razón- de que todo el excedente que hay en la Seguridad Social ha ido al Fondo de Reserva, absolutamente todo. Esa es una realidad, pero es que la Ley del Fondo, señora Navarro, no permite lo que usted ha
planteado aquí, porque la ley dice que todo el excedente ha de ir al Fondo de Reserva, y lo hemos cumplido. Otros no lo han cumplido, pero luego no tienen ningún impedimento para subir aquí a criticar lo que hemos hecho.
Hablemos de viudas. No me gusta ponerme medallas, pero llevo en esta Cámara ya va para doce años y desde el primer día hemos venido reivindicando aquí el tema de las viudas. En esto siempre me he encontrado acompañada por un grupo
parlamentario y por un diputado, el señor Campuzano, y siempre hemos coincidido en la reivindicación de las viudas. Es verdad que en el programa electoral del PSOE la pensión de viudedad iba a pasar al 70 por ciento, pero también es verdad que
hemos comprobado que, si pasamos al 70 por ciento la pensión de viudedad, solo subimos las pensiones de las viudas que cobran más -no digo que cobren mucho, digo las que cobran más-, porque el millón largo de viudas -1.050.000- que cobran
complementos a mínimos no tendrían ni un céntimo de aumento. Lo que nosotros queremos es mejorar el estrato de pensiones más bajo, pues son las que están peor. No digo que no haya que mejorar las otras, que también hay que hacerlo. De hecho, yo
tengo muchas discusiones con mi amiga Carmen, que me dice: Si seguís subiendo tanto las pensiones mínimas de viudedad me vais a dejar a mí en la mínima, porque voy a cobrar menos. Pues eso es lo que yo quiero, que ella también pase a cobrar la
mínima. Eso querría decir que hemos situado la mínima en una posición razonable. Señorías, entre jubilados y viudas son 3 millones de personas las que cobran complementos a mínimos y son para ellas para las que estamos haciendo el esfuerzo,
habiendo subido el 26 por ciento a los que tienen cónyuge a cargo y el 20 por ciento a los que no. ¿Se imaginan, señorías, si en los anteriores ocho años se hubiera subido el mismo porcentaje dónde estaría la pensión mínima en este país? Pues
estaría muy por encima de lo que está hoy. Ese es nuestro objetivo y no es el año electoral, señorías. Lo hemos hecho el primer año que hemos llegado, el segundo y el tercero y lo haremos el cuarto. ¡Solo faltaría que no pudiéramos hacerlo el
cuarto! Claro que sí. Además, hemos mejorado algunas cosas, como lo de los prejubilados. Lo que hemos hecho -lo decía muy bien el señor Campuzano- ha sido equiparar en lo relativo al tipo medio a los prejubilados
anteriores a 2002 con los de 2002 y no es de recibo que aquellos que no quisieron hacerlo en 2001 ahora vengan a decirme que lo hago mal en 2007, porque lo que yo estoy haciendo es corregir lo que no se hizo en 2001. Es un avance y siempre
se podrá decir que es poco, seguramente, pero esta es una ley que contiene medidas de mejora, que no voy a relatar por falta de tiempo, y medidas de contención del gasto para garantizar el futuro. Es la reforma que este país necesita, pero lo más
importante es que es la reforma que los grupos van a apoyar y que los agentes sociales realmente quieren.
Termino diciendo una cosa que ya he dicho alguna vez aquí. Los grupos tenemos que aprender unos de otros, pues es ley de vida que los seres humanos siempre aprenden unos de otros, pero lecciones al Grupo Socialista sobre mejora de la
protección social, sobre leyes sociales, sobre derechos civiles y sobre derechos individuales y colectivos ni una.
Hemos elaborado más leyes y hemos logrado más avances sociales en esta legislatura que lo que se ha hecho en los ocho años
anteriores. Les invito a que comprueben todas las grandes leyes de este país, que han sido las que han articulado el Estado del bienestar, y vean en qué momento de nuestra historia se han hecho. Podemos hablar de la enseñanza, de la sanidad, de
las pensiones, de la dependencia, de la igualdad, de la Ley de Violencia de Género, de los matrimonios homosexuales, de derechos, señorías. Miren ustedes con qué gobiernos se han hecho. Les podrá parecer que es poco o que es mucho, pero sin
nosotros no estarían. (Aplausos.) Señorías, mi grupo solo necesita clases en una cosa que no sabemos hacer.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señoría, le ruego que vaya concluyendo.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, señor presidente.
Hay una cosa que no sabemos hacer: No sabemos gastarnos ni un duro en propaganda. El duro de propaganda para explicar lo que hacemos lo gastamos en subir las pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000119.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
Para la presentación del proyecto, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señorías, es un honor para mí presentar esta reforma del Código Penal, con diez años ya de vigencia y necesitado, por tanto, de esas revisiones que el tiempo que vivimos,
tan acelerado, nos va imponiendo; un tiempo que vivimos en que las cosas van deprisa, pero sobre todo se globalizan y en esa globalización va también la delincuencia, que cada vez actúa de un modo más eficaz a nivel trasnacional y nos obliga a dar
respuestas nuevas a situaciones nuevas. Este texto que hoy nos ocupa es una respuesta adecuada a esos retos que en este momento enfrentamos. Es verdad que no conviene alterar los textos básicos con demasiada frecuencia, pero estamos hablando de un
texto de 1995 y de un mundo en el que las novedades se producen con mucha mayor celeridad que nuestra capacidad para irlas asimilando. Intentemos, por tanto, trabajar a fondo para que el Estado democrático se dote de una herramienta útil ante esos
retos que -insisto- nos ponen cada día al límite del propio Estado de derecho; al límite porque observamos cómo resulta cada vez más necesario potenciar la protección a las víctimas, las grandes olvidadas tantas veces por la propia sociedad, en esa
vorágine del día a día en el que el propio tempo de la prensa engulle todo aquello que se va produciendo; víctimas que, sin embargo, tienen todo el derecho a una protección cada vez mayor y mejor.
Por otro lado, están los retos de las nuevas modalidades de delincuencia; esa delincuencia cada día más organizada, esas mafias que hablan en diferentes idiomas y que consiguen entenderse allí donde las fronteras -ese residuo de los Estados
soberanos- impiden el entendimiento entre los pueblos civilizados. Es necesario avanzar en esa dirección frente a esas nuevas modalidades de delincuencia, sobre todo organizadas, y para ello nada mejor que ir trasponiendo a nuestro derecho los
avances que en la Unión Europea, a través de sus instrumentos normativos, se van produciendo. Hasta ocho instrumentos normativos se trasponen o se integran en nuestro derecho, en nuestro Código Penal, a través de esta ley orgánica que hoy nos
ocupa.
Finalmente, no olvidemos las necesidades que se derivan de responder al crimen organizado en cualquiera de sus modalidades, que debe exigirnos, y exigir a todos, un afinamiento en las respuestas para que a la unión de criminales responda la
sociedad civil, democrática, con la unión de los demócratas en una respuesta contundente. Se trataría, por tanto, de mejorar la posición de la víctima, de dar respuesta a las nuevas modalidades de delincuencia, sobre todo a la delincuencia
organizada, y de plasmarlo en respuestas concretas como las que se contienen en este texto. Así se intenta facilitar las posibilidades de la víctima en el resarcimiento al menos civil,
por la vía de poner a disposición de los jueces a la Agencia Tributaria para la investigación de patrimonio y conseguir así que los pronunciamientos legales no se queden en cantos al sol y que las víctimas puedan ver resarcidos al menos los
aspectos civiles del mal que se les causó. Se producen en el ámbito de lo que llamamos parte general en los códigos penales; es decir, en aquellos pronunciamientos de conjunto, generales, que componen el sustrato de todo lo que se construye. Se
incorporan, como digo, reformas importantes que tienden a dar esa respuesta necesaria a esas modalidades de delincuencia que a veces quiere superarnos. Por eso se modifica la prescripción fijando criterios legales inequívocos para fijar sus plazos
y ampliando los plazos de prescripción del delito allí donde hace falta, tanto en modalidades de pequeña delincuencia como también en modalidades de delincuencia económica, cuya dificultad de investigación todos sabemos que provoca espacios amplios
de impunidad si los tiempos de prescripción del delito se mantienen como están, de ahí su extensión.
Nos preocupa enormemente, en el ámbito de la parte general, las medidas de expulsión de extranjeros o su automatismo, es decir, esa tendencia, que existió en el año 2003, a anudar a la comisión del delito, para aquel que no es de aquí, una
medida inmediata de expulsión en la que los jueces ni siquiera podían opinar. Ese automatismo desaparece, entre otras cosas, para adecuar el texto legal a lo que ya es una jurisprudencia del Tribunal Supremo adecuada. Es bueno que aquel que no se
hace acreedor de la convivencia pueda ser expulsado, pero es mejor todavía que los jueces puedan valorar e individualizar, es decir, huir del automatismo, porque automatismo es igual a negación de la individualización y, por tanto, igual a
desproporción servida objetivamente en el propio texto legal. No podemos aceptar esos sistemas automáticos en los que se prescinde del criterio legal. La esencia de un sistema democrático consiste en acercarse al núcleo de cada problema. Esta
Cámara deberá sentar las bases generales de lo que luego será objeto de tratamiento individualizado, caso por caso. Es bueno que se pueda individualizar y que dejemos que los jueces hagan su trabajo.
En el ámbito de las respuestas necesarias frente a la delincuencia organizada, debe destacarse la incorporación a nuestro derecho del comiso ampliado sobre todo en los supuestos de delincuencia organizada, que es donde da su mejor
rendimiento. Se trata del establecimiento de algo que a algunos juristas les puede parecer excesivo, pero que, desde el punto de vista de la respuesta penal, a mí en absoluto me lo parece, y es la presunción legal de que se pueda considerar
proveniente del delito el patrimonio de un condenado por delito doloso e incluso imprudente cuyo valor sea desproporcionado con respecto a sus ingresos legales. No se trata de establecer presunciones contra reo en el ámbito del derecho penal, se
trata de establecer una presunción en el ámbito de las consecuencias civiles del delito y hacer que el Estado democrático se dote de una herramienta para que los ciudadanos no tengan que permanecer impasibles, asistiendo al espectáculo de las
grandes organizaciones criminales o grandes delincuentes que disfrutan tranquilamente de los efectos del delito, de patrimonios gruesos, sin que el Estado democrático pueda hacer nada por evitarlo. También resulta imprescindible dar respuesta a
esas nuevas modalidades delincuenciales rompiendo con un viejo tabú, el de la personalización de la pena. Es verdad que el modo habitual de presentarse el delito en el sentido más clásico exige la personalización. Las sociedades no delinquen, se
decía con gran énfasis y además en latín, lo que ampliaba la solemnidad del aserto. Es tiempo de hablar en castellano y decir claramente que el Estado democrático no puede seguir soportando la realidad de organizaciones constituidas para el delito.
No se puede seguir impasiblemente asistiendo al espectáculo de esas organizaciones que pueden ser acreedores de verdaderas penas adecuadas a su expresión societaria. El Estado democrático debe reconocer que las sociedades sí pueden delinquir y que,
como pueden delinquir, pueden existir respuestas proporcionadas y adaptadas a su específica naturaleza. Está ya en otros derechos y está siendo propugnado en el ámbito de la Unión Europea una y otra vez. No podemos permanecer impasibles ante esas
realidades que nos deben obligar a afinar las respuestas para ser superiores en la respuesta al reto de esos, aparentemente inexpugnables, criminales organizados.
No de menor enjundia son las modificaciones que se producen en la parte especial. Proteger a la víctima en algunos delitos de naturaleza sexual parece indispensable, sin nervios, sin premuras, con la serenidad que da legislar desde la
distancia, pero es evidente que cuando se trata de menores la respuesta penal ante los abusos sexuales debe ser más contundente. La novedad que se incorpora más saliente es la sanción expresa de los clientes de la prostitución de menores de edad o
de incapaces, algo que también es novedoso pero que resulta una exigencia del espectáculo al que a veces se asiste con esos tour de delincuencia que tienen como objetivo las personas menores o los incapaces, es decir, las que en modo alguno pueden
por sí defenderse.
Nuestro tiempo en el ámbito de las relaciones humanas, sobre todo en el de las relaciones laborales, ha encontrado expresiones diversas de imposición de la voluntad de unos sobre la de otros, aprovechando situaciones de jerarquía. Lo que se
conoce en la sociedad como acoso laboral es una de esas expresiones de delincuencia nueva que exige ahora una respuesta más contundente que la que ha existido. Va al Código Penal el acoso laboral en sus formas de acoso psicológico u hostil en las
relaciones laborales, que producen humillación al que las sufre, ataque a su dignidad y restricción intolerable de su derecho a prolongar en el ámbito laboral los derechos de la personalidad, pero no solo en las relaciones laborales, sino en otras
modalidades contractuales, por ejemplo en ese ámbito de las relaciones contractuales de arrendamiento, cuando se coacciona o
se producen molestias graves a los inquilinos de renta antigua para que abandonen la vivienda. Más expresiva puede resultar, más chocante también, la nueva regulación de las insolvencias punibles. Se aprovecha esta ocasión para acompasar
nuestra regulación a la de la mayoría de los modelos europeos, y se hace intentando responder a las exigencias del principio de tipicidad, que exige que el legislador acote bien el campo de lo prohibido, esa exigencia democrática derivada del
artículo 25 de la Constitución, que es patrimonio de los Estados civilizados. No convienen a los Estados de derecho tipos penales demasiado amplios, abstractos o inexpresivos, porque generan inseguridad jurídica. Con el fin de conseguir acotar
bien el campo de las insolvencias, aclarar el camino, darle herramientas a quien tiene que aplicar la ley, se ajusta bien el tipo de la insolvencia punible para hacerlo coincidir con ese concepto de Administración conscientemente desordenada, que
expresa lo que significa esa contabilidad que no refleja en absoluto conscientemente aquello que debiera reflejar. En ese mismo ámbito de los delitos societarios resultaba imprescindible mejorar la tipificación, por las mismas razones de la
exigencia del principio de legalidad, de figuras como la de la Administración desleal, que estaba planteando en el foro problemas de confusión con otras figuras como apropiaciones indebidas, etcétera, que comportan también menoscabos patrimoniales.
También se mejora el delito contable al castigar falseamientos de cuentas, aptos para causar perjuicios económicos a la sociedad, a sus socios o a los accionistas, y aparecen por fin aquellos que incomprensiblemente no estaban en el ámbito de estos
tipos penales: los auditores de cuentas, cuya intervención es preceptiva y algunas de cuyas conductas en forma de ocultación deben ser castigadas.La protección al consumidor resulta también potenciada, tipificando la manipulación del mercado a
través de difusión de noticias o datos empresariales falsos para captar inversores, tan desgraciadamente de moda.
En el ámbito de los delitos que englobamos en el concepto de corrupción resalta sin duda, como novedad necesaria, la corrupción en el sector privado. Es verdad que habrá quién piense que es excesivo y que no gusta.
En el Estado social de
derecho resulta indispensable entender que cada día más la relación entre lo público y lo privado está teniendo zonas intermedias, que cuando hablamos de grandes empresas, sobre todo que cotizan, estamos hablando de un sistema de relaciones que
tiene cada vez más mucho de público y que no se justifica que no existan tipificaciones expresas de la corrupción de administradores de empresas privadas, en igual forma que se tipifica la de los administradores de la cosa pública en el delito de
cohecho. Y por las mismas razones, todavía más claras, entran en el Código Penal las corrupciones en las transacciones internacionales a los funcionarios o agentes públicos extranjeros. Ni qué decir tiene que nos preocupa el erario público, su
conservación y protección. Por eso, en el llamado fraude a los presupuestos estatales, autonómicos o comunitarios, se simplifica el enunciado y sobre todo se da una respuesta al problema de la prescripción, una vez más, necesitado de mucha
precisión y ampliación, en la medida en que la investigación de este tipo de fraudes lleva un tiempo que es necesario valorar.
Los nuevos retos que nos imponen tanto la biomedicina como las nuevas tecnologías nos obligan a intentar agilizar el paso de la respuesta penal, y por eso se tipifica la manipulación genética para la clonación de seres humanos, garantizando
su prohibición, imponiendo una punición adecuada, o bien la estafa mediante la clonación de tarjetas de crédito, que se tipifica expresamente. Con los delitos de acceso y la intromisión ilegal en los sistemas informáticos, datos y programas
informáticos, se completa la acción de esta reforma en el ámbito de la tecnología.
Estamos en presencia de una ley orgánica que merece todo el cuido que merecen las cosas trascendentes. No es banal intentar dar mayor protección a las víctimas de los delitos; no es nada banal adaptar toda nuestra acción a las nuevas
formas de delincuencia; no solo no es banal sino una exigencia imperativa intentar acompasar nuestro paso al de los tiempos y ser capaces de situar al Estado democrático de derecho muy por encima de las organizaciones criminales empeñadas en atacar
la propia sustancia de ese Estado democrático en forma organizada. Sé que el trabajo es serio, pero el reto lo es aún más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Santaella.
El señor SANTAELLA PORRAS: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para defender la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular presenta a este proyecto de ley de orgánica que, como bien ha dicho el ministro, es muy
trascendente y además muy amplio, casi como una contrarreforma del Código Penal. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Creemos que se repite la historia. La eterna tensión que siempre existe en las reformas del Código Penal, la tensión entre la libertad y la seguridad, es siempre un arma indudable para el Grupo Socialista, para el Gobierno, en puertas de
unas elecciones generales. Trae la reforma justo cuando el debate político está concernido en temas preelectorales. Ya lo hizo en 1995, por cierto, con malos resultados para el proyecto de ley, porque el Gobierno no fue capaz de revalidar los
resultados que esperaba.
Espero que el debate y el trámite de esta ley orgánica sea también un mal augurio para este Gobierno. No le oculto que mi deseo personal es que sea así y vuelva a pasarles lo que les pasó en el año 1995 con el Código Penal
precisamente por eso, porque no entendemos que a las puertas de unas elecciones generales se intente abordar una ley tan importante y tan
trascendental, como usted mismo la ha calificado. Digo esto por la superficialidad que pone de manifiesto este Gobierno trayendo a debate esta reforma en este momento, dadas las dificultades de tramitación que va a tener en la Cámara.
También lo digo por la falta de rigor, porque con ello se ha intentado llenar el vacío de medidas políticas que en esta legislatura está manteniendo el Gobierno; como no las tiene hay que seguir trayendo temas que estaban aparcados y olvidados
precisamente para hacer creer que hay todavía pulso político. Y fundamentalmente por la irresponsabilidad que supone jugar con el ordenamiento jurídico. Se lo digo tal y como lo pienso. Hoy en día los españoles están esperando del Gobierno otros
temas más importantes, precisamente por la coyuntura en la que nos encontramos. Están esperando que sea claro en temas económicos, y ayer vimos un debate con falta de claridad en la realidad económica del país; que sea seguro en cuestiones tan
serias como la articulación del territorio, y estamos viendo la postura que ha adoptado el Gobierno en ciertos momentos y con ciertos territorios; que sea decidido en la lucha contra el terrorismo y que garantice una defensa contra el terrorismo
sin paliativos en torno al ordenamiento jurídico. Sin embargo, en este momento, en los últimos minutos de la legislatura, el Gobierno trae esta reforma del Código Penal que cuando menos creemos que en la ciudadanía produce inseguridad, confusión y
dudas sobre la única herramienta válida para combatir el terrorismo y la inseguridad ciudadana, y ese instrumento y esa herramienta sigue siendo nuestro ordenamiento jurídico. La inseguridad y la duda se ponen de manifiesto, por una parte, cuando
el Gobierno y el grupo mayoritario continuamente se niegan a la ilegalización de Batasuna y su entorno, a la ilegalización de ANV y, por otra, da la impresión por los aspectos que se modifican en el Código Penal de que se intenta garantizar la
financiación de ese entorno de Batasuna.
Se lo voy a demostrar con una modificación, en concreto la del artículo 56 del Código Penal, donde se recoge, en su apartado 2, que en las penas de prisión de hasta cinco años de duración la imposición de las penas accesorias será
facultativa. Ya no va unida automáticamente a la pena, ya es facultad del juez y de los tribunales que además deberán -modifican el artículo 79- motivarlo en la sentencia. Señor ministro, esto solo ya justificaría para nosotros la enmienda a la
totalidad que hemos presentado, porque este proyecto de ley -aunque usted no haya sido el autor no me importa- se ha elaborado en una circunstancia y en un momento en el que el Gobierno estaba alimentando un proceso de paz, y no son las
circunstancias actuales. Yo no seré quien le critique a usted por no ser el autor del proyecto, que ha sido otro ministro, porque es de su Gobierno y la autoría es suya y del Ejecutivo. Sin embargo, sí que es criticable haber traído el texto en
este momento, en este instante, cuando usted sabe y es consciente igual que yo que ha sido preparado y elaborado en un momento en que el Gobierno, el ministro y el ínclito fiscal general del Estado alimentaban el proceso de paz y mantenían posturas
permisivas con el terrorismo y con su entorno. Aquellas circunstancias no son las que estamos teniendo en estos momentos, porque este proyecto de ley lleva un año dando tumbos, de prórroga en prórroga y porque los grupos parlamentarios, conscientes
de ello, se han permitido el lujo de disgregar la materia y de tramitar proyectos de ley independientes como el de Seguridad Vial. Por eso le pongo de manifiesto la incoherencia que supone tramitar este proyecto.
Señor ministro, al principio de su intervención he escuchado las pretensiones que, según usted, persigue el proyecto de ley. Por una parte, dar una adecuada respuesta a las nuevas realidades criminales que han ido apareciendo o que se han
incrementado en los últimos tiempos y, por otra, la incorporación de varios instrumentos normativos comunitarios. Ha hecho alusión a ocho. Por un lado, la reforma se hace sin que hasta la fecha tengamos conocimiento ni constancia de que la Unión
Europea haya dirigido al Estado español ni interpelación ni ninguna actuación que ponga de manifiesto que la regulación actual no satisface la exigencia del derecho comunitario vigente. Por otro lado, a nuestro modo de ver, el Gobierno, dedicado a
trasponer instrumentos y directivas europeas, deja sin respuesta legislativa problemas más acuciantes a cuya existencia usted alude, pero no los vemos reflejados en la modificación que se hace del Código Penal. No da un mínimo paso para avanzar en
la creación de un marco legal que elimine cualquier margen de impunidad para combatir acciones, por ejemplo, como el llamado secuestro exprés, que está tan de moda, el robo violento a residencias y establecimientos comerciales que día a día vemos en
los medios de comunicación que es uno de los problemas más acuciantes, y acciones delictivas que se están cebando de forma particular con los comerciantes de joyerías. Usted sabe igual que yo que la inseguridad está subiendo año tras año. Basta
con leer y haber debatido, como yo he hecho con el fiscal general, la memoria de la Fiscalía General del Estado. Es un hecho objetivo que en España la delincuencia ha subido excepcionalmente en los tres últimos años, tanto en el número de delitos
como en el grado de violencia que acompaña a los mismos. Pues bien, señorías, con la reforma que presentan ustedes del Código Penal este deterioro y esta inseguridad no tiene en sí la respuesta contundente que debería tener para combatir
eficazmente esta inseguridad social.
Estamos, por tanto, ante un proyecto que nosotros consideramos precipitado, desequilibrado, que no ha sido reflexionado lo suficiente y que contiene reformas que en su día ya fueron descartadas del Código Penal de 1995; con correcciones
continuas de criterios, de medidas, de agravación de delitos cuya trascendencia jurídica está por ver y, por supuesto, con ninguna conexión con la realidad delictiva que padece hoy nuestro país. Da la impresión de que se quiere volver al Código
Belloch, volver de nuevo atrás recuperando esas
medidas que fracasaron en su aplicación práctica y que no prosperaron lógicamente como consecuencia del legítimo juego de las mayorías parlamentarias. Recupera una pena fracasada, como la del fin de semana, o se incorpora la libertad
vigilada como medida de seguridad, pero sin dotarla de un contenido necesario para ser de utilidad. Modifica de un modo irreflexivo instituciones -y usted ha aludido a ellas- como la prescripción, la agravante, las penas, la estafa, los delitos
contra la seguridad del tráfico. Se modifica la interrupción de la prescripción fijando un concepto que puede atentar contra la impunidad de los delitos del terrorismo y de la delincuencia organizada. Todo lo contrario de la justificación que
usted hacía desde esta tribuna. Todo el tratamiento de la modificación descansa en la equivocada visión de que el delincuente no es si no víctima de las circunstancias y que una actitud generosa de la sociedad reconducirá su comportamiento. De ahí
que se perciba en todo el texto una desequilibrada concepción de las culpabilidades que usted ha enfocado por otra parte, una apuesta por una política más permisiva para fijar un régimen punitivo favorable para los delincuentes habituales o los
extranjeros que delinquen y mientras se criminalizan otros actos que no justifican el reproche que pretende la modificación del Código Penal.
La precipitación con la que se ha elaborado el proyecto aborda nuevas formas delictivas con descripciones,
a nuestro modo de ver, típicas, incompletas o construidas muy genéricamente, sin que se establezcan medidas reales que tiendan a afrontar estas nuevas formas de delincuencia a las que usted aludía, por ejemplo el acoso laboral o la estafa
inmobiliaria, que pretende criminalizarla más y, sin embargo, se ha quedado con la misma penalidad que la estafa tipo. Tratan de dar, por tanto, un mensaje de dureza en la parte especial del Código que luego desaparece cuando intentan cambiar la
parte general. Por último, el proyecto aborda cuestiones muy discutidas dogmáticamente, como la responsabilidad penal de las personas, de tal manera que el propio Consejo General del Poder Judicial ha indicado que puede desembocar en un retroceso
de la garantía del derecho penal. Como les decía al principio, las reformas en materia penal exigen siempre la atención constante entre la libertad y la seguridad, pero con esta reforma, señor ministro, solo hay un perdedor y nosotros creemos que
ese perdedor es el conjunto de la ciudadanía y de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santaella.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Mardones. Fijación de posiciones por un turno de diez minutos.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
La intervención que acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que presenta esta enmienda a la totalidad, pone en duda en su contenido fundamental -compartimos ese criterio- la oportunidad de tratamiento en este momento. Al
mismo tiempo, la intervención del señor ministro ha puesto en evidencia que tiene criterios propios, como no podía ser menos, sobre esta reforma del Código Penal, el Código de la Ley 10/1995 o Código Belloch, como también se le conoce, en el que
este diputado también participó como ponente. Me parece que hay que armonizar las posturas.
Señor ministro, cuando tiene que patrocinar la defensa de un proyecto de ley tan complejo y complicado como éste, tiene perfecto derecho político-administrativo a que su doctrina gubernamental, su criterio de lo que tiene que ser una reforma
del Código Penal, esté también adecuado no solamente a un momento procesal y de tratamiento parlamentario que recoja una realidad social, sino precisamente a un criterio gubernamental del ministro responsable del cambio. El ministro es responsable
político, responsabilidad por supuesto compartida con el Gobierno, pero es responsable político principal en todo proyecto legislativo donde va su impronta, que es lo que verdaderamente da carácter de análisis personalizado, una personalización del
proyecto de ley, de ahí que sean muy frecuentes, no solo en el derecho español, en la legislación española, sino también en la europea e internacional, proyectos de ley que por encima de su terminología técnico-jurídica, tienen nombres propios de
los primeros ministros, de los gobernantes, de los ministros normalmente cuyo nombre lleva la ley porque se ha personalizado, y es perfectamente justo y legítimo. Por eso, mi grupo, hoy día representado por este diputado del Grupo Mixto, de
Coalición Canaria, se va a abstener en esta enmienda a la totalidad, porque entendemos que hay una necesidad de armonía y que el nuevo ministro de Justicia, señor Bermejo, deje su impronta personal de entendimiento por su experiencia profesional en
estos aspectos correlativos. Es un proyecto de ley muy complejo y complicado y este diputado quiere dejarle al señor ministro de Justicia un margen de actuación para hacer la adecuación de un texto definitivo que, como bien ha señalado el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, lleva tiempo dando tumbos y con prórrogas en la Cámara. Lamentablemente, en el órgano legislativo español existe el vicio y la costumbre de demorar ad calendas graecas los tratamientos legislativos pertinentes, que
duermen el sueño de los justos en un cajón olvidado. Este proyecto de ley tiene fecha de reparto de 15 de enero de este año, para conocimiento de los señores diputados, y ahí ha estado, demora tras demora. Por tanto, está indicando no solamente un
criterio legislativo personalizado posible por el cambio de ministro, sino también de adecuación a determinadas figuras que se tratan de reglamentar aquí. Pongamos algunos ejemplos determinados: la tutela penal de la intimidad y de los secretos;
las estafas; la estafa procesal -no es un tema fácil-; la apropiación indebida; el delito de quiebra, que está funcionando y hay que ver cuáles son los resultados de la Ley Concursal, que apenas lleva tres o cuatro años de funcionamiento; la
valoración profesional y penal de las falsedades contables; la falsificación de
balances, todo lo que son los delitos societarios y, sobre todo, algo que comparto y que el señor ministro Bermejo ha hecho en su intervención, ver con qué intensidad y con qué garantías tenemos que aplicar el análisis penal a las
actuaciones de las mafias, las que sean, las mafias que actúan en delitos societarios en la inmigración o en cualquier otro aspecto que un nuevo Código Penal debe regular. Una ley orgánica que trate de modificar la Ley 10/1995 del Código Penal
merece, al margen de cualquier cuestión de oportunidad, el marco de un inicio de una nueva legislatura de las Cortes Generales. Merece también un margen de confianza y de compatibilidad en el que el nuevo ministro de Justicia que auspicie la
defensa de un proyecto de ley de esta envergadura, tenga el tiempo suficiente, y aunque fuera nada más que para darle el beneficio de la duda, hay que darle ese beneficio -y lo deduzco por la intervención del señor Bermejo como ministro actual de
Justicia- en la presentación globalizada de este complejísimo y amplio proyecto de ley. Posiblemente, si hay que modificar el Código Penal no es necesaria una ley de tanta complejidad de figuras penales, muy discutibles algunas, que son cambiables
con el tiempo y por esa razón hoy día mi grupo o ex grupo, y este portavoz de Coalición Canaria, quiere dar un margen de confianza a quien presenta una enmienda de totalidad a un proyecto por esas razones respetables aducidas y a la respuesta del
señor ministro en la defensa genérica del proyecto. Yo diría que le ha tocado defender de oficio este proyecto que no tiene su génesis en la propia doctrina del señor Bermejo al respecto. Por tanto, desearía que también el Gobierno actual, o el
Gobierno que salga de las próximas elecciones generales, sea quien patrocine una reforma de esta envergadura, si es que fuera necesaria en todos sus aspectos, que su anterior antecesor y ministro de Justicia planteó en su día en esta Cámara. Creo
que hay aspectos muy positivas sobre los que es necesario legislar, como la intimidad de las personas, pero cuando se meten en temas como la prostitución, etcétera, vamos a darnos un tiempo de reflexión y que los actores activos, como el señor
ministro de Justicia en este momento y las fuerzas políticas parlamentarias de estas Cortes o de las próximas, tengan la última palabra sobre una modificación de tal envergadura del Código Penal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Izquierda Unida. Señora Navarro, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señor Mardones, ¡quién le ha visto y quién le ve! La enmienda de totalidad que presenta el Grupo Popular, sustentada en la desconfianza absoluta en los jueces y magistrados y en la defensa de sus reformas penales reaccionarias introducidas
en la pasada legislatura, no es ninguna sorpresa. Se trata siempre de su modelo de política criminal ultraconservador, que se resume en el todos a la cárcel, como denunciamos Izquierda Unida una y otra vez, en el castigar y barrer. La enmienda
arrastra los mismos prejuicios y argumentos que justificaron aquellas reformas parciales e inconexas que hicieron al Código Penal durante su Gobierno y que han supuesto el desarme del Estado de derecho en materia penal, como destacados penalistas
han señalado, donde el derecho penal pasa de ser la última ratio -quedaría esto en el deber ser- a ser la primera solución para todo; por cierto, un caramelo al que el Gobierno socialista no hizo ascos en la reforma de la Ley del Menor, se ve que
es demasiado suculento. Las características más marcadas de la política que defiende el Grupo Popular son las que reintrodujeron de las arcaicas penas cortas de privación de libertad, la multirreincidencia y el endurecimiento general de las penas,
preferentemente, por supuesto, de prisión, para los delitos contra el patrimonio, en contraste siempre con la dulcificación de la respuesta frente a la delincuencia económica -después hablaré de ello-. Como digo, esta enmienda era previsible en sus
contenidos, la defensa radical de sus reformas retrógradas, después de haber alimentado en nuestra sociedad, de forma irresponsable y artificial, una sensación subjetiva de inseguridad ciudadana, a la que el portavoz del Grupo Popular se ha vuelto a
referir hoy. Por cierto, en mi tierra, en cuanto a la inseguridad ciudadana lo que padecemos son ataques violentos contra sedes, centros culturales y personas de la izquierda, representativos de la izquierda. A ver cuándo condenan este tipo de
actos vandálicos, para variar, y de esa manera podrían desvincularse de estos, porque a todos nos puede pasar que tengamos fans demasiado apasionados, pero para evitarlo y desmarcarnos lo mejor es condenar ese tipo de actos vandálicos.
Paralelamente, como digo, el Grupo Popular en su enmienda de totalidad es transparente en todas estas reivindicaciones y vuelve a reincidir mezclando la seguridad ciudadana con la inmigración. A estas alturas, desde luego no esperábamos otra cosa;
también se lo hemos escuchado al portavoz, al que, por cierto, agradezco enormemente el tono de su intervención, como siempre. Lo que dice textualmente la enmienda de totalidad es: El proyecto de ley fija un régimen punitivo particularmente
favorable para los delincuentes habituales o los extranjeros que delinquen. Lo cierto es que este populismo punitivo que se reivindica por parte del Partido Popular, que ha sido utilizado por su Gobierno y al que, como digo, a veces hace guiños el
Grupo Socialista, se fundamenta en tres ideas: el endurecimiento de penas; que las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la sociedad -algo evidentemente falso-, y que hay unas ganancias electorales producto de este uso. Tenemos
que trabajar para que no sea así.
Mi grupo entiende que existe una base social suficiente para luchar para que haya otro modelo de política criminal y de política penal. En cierto modo, nos sentimos como la resistencia. Entendemos que no se debe
confundir opinión pública con opinión publicada y que no se deben reformar las leyes partiendo únicamente de la reivindicación de las víctimas, porque no parece el mejor método para resolver problemas sociales, aunque puede ser muy efectivo
mediáticamente. En ese sentido, quiero decir que hay que tener mucho cuidado con lo mediático, porque aunque sea apetitoso se puede volver en contra, y tenemos casos recientes en la prensa. Como digo, el modelo que reivindica el Partido Popular
opta por una política de tolerancia cero frente al pequeño delito, pero con el delito de cuello blanco, los delitos de ordenación del territorio, el fraude fiscal y la corrupción urbanística, son siempre mucho más comprensivos; de hecho, en esta
legislatura han votado en contra incluso de mociones, que suelen tener poca repercusión después en los cambios legislativos, de todas nuestras propuestas para reducir estos delitos y mejorar su investigación, y uno se pregunta: ¿qué esconden? Sin
ir más lejos, la reforma 15/2003, de 15 de noviembre, se trata de un claro ejemplo, en tanto que supuso una verdadera despenalización encubierta de los denominados delitos de los poderosos, que actúan a través de personas jurídicas.
Frente a este modelo del Partido Popular, desde Izquierda Unida queremos poner de relieve algunos datos. España es un país con una ratio altísima de policía per cápita, de hecho, la segunda de la Unión Europea detrás de Italia. Otro asunto
es que las diversas policías que tenemos estén mal coordinadas, mal retribuidas y deficientemente formadas o dotadas -todo eso es discutible-, pero la ratio de policía per cápita es altísima.
España también tiene una de las ratios de presos en
relación con la población total más alta de la Unión Europea, la segunda después de Gran Bretaña. España también es un país en el que, heredado de los gobiernos del PP y con la permisividad del actual Gobierno, se está consiguiendo privatizar la
seguridad, marginando la seguridad pública y potenciando el sector de la seguridad privada. La seguridad privada se incrementó en un 42 por ciento por parte de los gobiernos del Partido Popular. La seguridad se convierte, por tanto, no en un bien
del que se disfruta en función de la ciudadanía, sino en función de la renta. Ese es el trabajo del Partido Popular, esa es su aspiración, que la seguridad sea una mercancía y no un derecho ciudadano.
Por otra parte, en España, como en el resto de occidente, los inmigrantes legales delinquen en menor proporción que los españoles. Por encima de todo, lo que quieren es que su familia resida legalmente y sin problemas en España. Los
inmigrantes legales o ilegales no alcanzan a protagonizar un tercio de los hechos delictivos. En ese sentido, quiero recordar que la residencia ilegal es una infracción administrativa, pero no una falta o delito penal. Por lo tanto, el debate
inmigración-delincuencia es falso. El 99 por ciento de los inmigrantes que entran en nuestro país lo hacen en busca de trabajo. Solo una mínima parte delinque y lo suele hacer porque no tiene medios para subsistir. Por cierto, hay que distinguir
entre esta delincuencia y la protagonizada por los grupos organizados, que no entran en España con los flujos migratorios.
Con estos antecedentes consideramos que la enmienda a la totalidad del Grupo Popular no tiene consistencia y, por lo tanto, defendiendo ustedes su modelo ultraconservador, nosotros desde luego vamos a votar en contra.
Me imagino que no es
ninguna sorpresa; veo los aspavientos que hacen.
Únicamente coincidimos en una cuestión: la reforma que presenta el Gobierno no está suficientemente reflexionada y, a nuestro juicio, tiene partes que incurren en desorientación, da un paso hacia
delante y otro hacia atrás. Además, nos llama la atención que a estas alturas se traiga a la Cámara este debate, tratándose de un texto que hoy por hoy carece del necesario consenso y que no parte de un diagnóstico y análisis integral sobre
seguridad ciudadana y la respuesta punitiva del Estado.
Eso sí, ¿necesitamos una reforma del Código Penal? Sí, pero desde el primer día de esta legislatura. Por eso precisamente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó una iniciativa en
la Comisión de Justicia -que, por cierto, fue aprobada- pidiendo de manera urgente la reforma del Código Penal. También necesitamos, por cierto, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero se ha ido retrasando y retrasando. En sus manos
está. A nuestro juicio, el Estado español requiere un modelo de política criminal progresista, que no es el que hoy en día padecemos gracias a las reformas del Partido Popular, y un Gobierno que no se maree en las primeras curvas. Si ese es el
objetivo, desde mi grupo les decimos que tendrán a un colaborador leal y contarán con todo nuestro apoyo, pero deben atreverse y avanzar más en el sentido que vengo señalando. Necesitamos una reforma del Código Penal con vocación de permanencia y
de corte progresista; reforma que debe incluir la modificación sustancial de la prisión provisional, introducir la mediación penal, regular la doble instancia penal, entre otros aspectos que han de dar sentido a esa visión integral que nuestro
grupo parlamentario reclama.
Antes de que se me acabe el tiempo quisiera decir que el proyecto también contiene elementos muy positivos. El proyecto avanza ya que deshace parte de las reformas introducidas por el Partido Popular e introduce modificaciones sustanciales
como la nueva regulación de la prescripción, los delitos de manipulación genética, la pena de libertad vigilada, se regula la localización permanente. Así, encontramos que algunas de estas modificaciones se pueden valorar como una puerta abierta,
pero el proyecto no aborda decididamente la vuelta a un código desprendido de los exacerbados incrementos punitivos que el Partido Popular llevó a cabo como, por ejemplo, el cumplimiento íntegro de las condenas. Esperemos que si se llegara a
tramitar este proyecto entre todos seamos capaces de romper con la tendencia a solucionar problemas sociales a golpe de Código Penal y de endurecimiento de las penas. Tenemos la impresión de que Izquierda Unida puede llegar a quedarse sola en
la defensa de este modelo social, jurídico y político centrado en la prevención del delito, pero estamos convencidos de que es la manera de garantizar la seguridad y libertad de forma armónica, eficaz y justa.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Navarro.
Grupo Vasco. Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, el Grupo Vasco asiste con perplejidad a este debate. Estamos ante un proyecto de ley presentado de manera muy precipitada y, sobre todo, dudamos que haya una
seria voluntad de tramitación por parte del Gobierno. Pero tampoco podemos estar de acuerdo con las razones esgrimidas por el Grupo Parlamentario Popular que ha defendido su enmienda a la totalidad con notable desgana, si se me permite
manifestarlo. El texto tan escaso que presentan para su tramitación en la Cámara tiene incluso errores graves, como hablar en el segundo párrafo del deterioro de la inseguridad. Si se deteriora la inseguridad, suponemos que ha mejorado la
seguridad, lo que sería, para cualquiera que sea la formación política, una buena noticia. Insisto, no se ha puesto excesivo empeño, más allá de la utilización de un momento político desde esta tribuna para defender una enmienda a la totalidad del
texto. Pero vayamos con su contenido.
Según la exposición de motivos, el proyecto tiene como motivo principal adecuarse a las obligaciones que la integración europea ha supuesto en el ámbito de la justicia penal. Consecuencia de ello, adquieren especial importancia las
cuestiones de carácter económico, si bien es cierto que ya se aprovecha para introducir un número importante de reformas en la parte general, en el libro I, y también en las partes especiales, libros II y III. No obstante, resultan destacables para
el grupo al que pertenezco las ausencias, toda vez que nada se propone para excluir del Código Penal y de la legislación procesal y penitenciaria el agravamiento punitivo, paulatinamente introducido, en relación con los delitos de incidencia más
política, esto es, los llamados delitos de terrorismo, sobre todo en aquellas medidas introducidas mediante las reformas operadas en el período de tiempo en que gobernó el Partido Popular. En concreto, me refiero a la Ley Orgánica 7/2000, de
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Se desaprovecha así una buena ocasión para dotar al Estado de derecho de mecanismos suficientemente flexibles en materia penal, procesal y penitenciaria. Este no es un discurso nuevo en mi grupo, es el
mismo que sostuvimos en las dos legislaturas precedentes cada vez que se agravaban o se endurecían las leyes vinculadas a derechos y libertades, y es también el mismo discurso que reiteradamente hemos hecho en esta legislatura ya desde el propio
debate de investidura, en el que el portavoz de mi grupo pedía al presidente del Gobierno algún gesto en esta materia. También hemos presentado iniciativas parciales al respecto, que no han tenido ningún éxito.
Las cuestiones concretas que se modifican, la reincidencia. El proyecto de ley propone introducir un régimen jurídico distinto para la reincidencia y la habitualidad. En el caso de la reincidencia establece mayores limitaciones para
acceder a la suspensión de la pena, la sustitución y la obtención de la libertad vigilada. Puede considerarse que es sensato en algunas cuestiones, si bien podría decirse que la reincidencia no debe recibir un trato uniforme respecto de toda clase
de delitos, porque no responde a las mismas razones de política criminal, por ejemplo, la reincidencia en el maltrato familiar que la reincidencia en un toxicómano quien, con un tratamiento de deshabituación, dejaría de ser reincidente, por lo que
en principio, insisto, nos parece positiva esta diferenciación entre habitualidad y reincidencia. Hay autores, no obstante, y el señor ministro lo sabe de sobra, que critican la posibilidad de imponer la pena superior en grado en determinados
supuestos de reincidencia porque puede vulnerar el principio constitucional de ne bis in idem. Esto habría que mirarlo con más detenimiento. La responsabilidad penal de las personas jurídicas con objeto, dice la exposición de motivos, de
robustecer el marco jurídico en el que se puede desarrollar con eficacia y garantía el principio de libre empresa que rige en el marco de la Unión Europea, también es tratada en el proyecto respecto de determinados tipos de delitos. Nos merece
especial atención destacar que la regulación prevista llega a admitir la adopción de medidas cautelares de clausura de locales o establecimientos, la suspensión de la actividad y la intervención judicial. Esta posibilidad, que no estamos en
condiciones de descartar totalmente, nos trae a la memoria casos conocidos de medios de comunicación en el País Vasco que han supuesto una quiebra de facto de aquellas entidades, sin que aún el Poder Judicial haya declarado la responsabilidad penal
de los hechos que se les imputan y sobre los que existen ya para el futuro claras dudas de viabilidad jurídica. Quizás debería meditarse sobre la necesidad de establecer mecanismos jurídicos que impidan el ejercicio abusivo de estas facultades por
parte del propio Poder Judicial, como pudiera ser una presunción legal de responsabilidad directa de las administraciones públicas por mal funcionamiento de los servicios públicos, en el supuesto de sobreseimiento de las actuaciones en las que se
adoptó la medida cautelar o en caso de que, finalmente, haya sentencias absolutorias.
Las medidas de seguridad de expulsión para los extranjeros no residentes -el señor ministro lo ha dicho y así también nos parece a nosotros- recuperan un margen de discrecionalidad que se otorga al juez para acordar la medida según lo que la
jurisprudencia venía exigiendo en estos tiempos. En principio nos merece una valoración positiva, si bien debería hacerse un análisis más pausado en la redacción por si además mereciese la pena introducir modificaciones en relación con la
legislación específica de extranjería. La responsabilidad civil
derivada del delito el señor ministro la ha incardinado en la condición de mejorar la situación de las víctimas, y nos parece sensato. Reforzaría la eficacia y el cumplimiento de la responsabilidad civil, pero también nuevamente tendríamos
que hacer alguna reflexión sobre lo que respecto de esta cuestión se estableció en la Ley Orgánica 7/2003, de tal manera que la satisfacción de la responsabilidad civil se ha convertido en requisito para acceder al tercer grado y la concesión de
libertad vigilada. Ambas instituciones jurídicas responden a finalidades diferentes por lo que no deben estar condicionadas, sin que ello impida que las personas que obtengan dichos beneficios penitenciarios sigan estando obligadas al abono de las
correspondientes indemnizaciones y la obligación de los jueces sea perseguir tales conductas. La prescripción se propone modificar su régimen actual tanto respecto de la ampliación del plazo en determinados delitos como respecto al cómputo de los
plazos. Nos parece que es precipitada la forma en que se hace; esta cuestión merecería una mayor meditación y sosiego.
Tengo dos referencias a la parte especial: la primera, que -lo que yo creo que será únicamente objeto de tramitación- hace referencia a los delitos en materia de seguridad vial, está ya desgajada mediante la presentación como proposición de
ley por un número importante de formaciones de esta Cámara, entre las que no está la mía; y, la segunda -que sí está necesitada de regulación urgente-, es la relativa a la clonación humana y a la modificación del artículo 162.2, cuya modificación
es más urgente que la de la seguridad vial, aunque no niego la urgencia de esta otra materia. La regulación sectorial administrativa permite hoy conductas -las regula expresamente- que sin embargo el Código Penal prohíbe. Esto debería ser resuelto
cuanto antes, aunque el principio de intervención mínima podría solucionar la cuestión, pero cabe pensar también que se pudiera abrir diligencias penales y, amarrándose al texto de la norma, pudiera poner en duda la legitimidad de determinadas
investigaciones que, insisto, la ciencia ha aconsejado regular -esta Cámara así lo ha acordado- y están establecidas como posibles en la normativa administrativa sectorial.
Señorías, quiero concluir mi tiempo haciendo referencia a las ausencias significativas que he señalado que existen en el proyecto. Hablar de estas cuestiones, vinculadas al principio de legalidad y al Estado de derecho, resulta siempre
difícil porque parece que se quiere proteger determinadas conductas, pero la persecución eficaz de las conductas criminales de ETA y de los demás terrorismos no deben hacer tambalear los principios propios del derecho penal. Nadie ha escrito a
favor del endurecimiento de las penas ni de su cumplimiento íntegro, sin embargo es muy numerosa la doctrina que critica el establecimiento que de estos tipos penales se hace en la legislación vigente. Citaré entre todas a la profesora Lamarca que
deja patente que el terrorismo constituye uno de los problemas más graves de la sociedad, pero su persecución no debe hacerse mediante la actual legislación penal, que denomina de excepción, por entender que el legislador actúa con clara tendencia
autoritaria, lesionando gravemente las garantías individuales de las personas. Cierto es, señorías, que en nuestra Constitución tenemos una previsión constitucional de no derechos, como se ha llamado, que tiene su amparo en el artículo 55.2. a) de
la Constitución, que por cierto tiene una topografía constitucional mucho menos noble que la de los derechos y libertades, ya que está separado de los derechos que suspende -del 14 al 29 están en un sitio de la Constitución y el 55.2 está en una
cierta topografía constitucional peor-. Para nosotros la cuestión no está en dejar impunes conductas tipificadas, que sin duda merecen reproche penal, sino que lo que resulta discutible es el agravamiento punitivo de dichas conductas por razón de
las finalidades perseguidas por sus autores.
Señorías, en esta Cámara se ha debatido el endurecimiento de las penas en situaciones -me remito a los 'Diario de Sesiones'- ciertamente dramáticas y poco acordes con la serenidad que la normativa penal
exige; quiero citarles una. El 24 de noviembre del año 2000, cuando el asesinato del Ernest Lluch se había producido el día 22, es decir dos días antes, se debatió en esta Cámara el endurecimiento de las penas para determinadas conductas
terroristas en una situación cargada de emotividad y rabia para todas SS.SS. con sobrada razón, pero ni la irritación, ni la cólera, ni el dolor del conjunto de los ciudadanos pueden ni deben estar en el origen de iniciativas de legislativa penal;
sin embargo, el Gobierno socialista, en el que nosotros teníamos fundadas esperanzas respecto a estas cuestiones, no se ha atrevido a reconsiderar ninguna de estas normativas.
Se me agota el tiempo, pero no quiero dejar de hacer una evaluación final respecto a la perplejidad en la que, como ya he dicho al comienzo de mi intervención, mi grupo se encuentra. Nos parece poco meditado lo que hay en el proyecto.
Somos muy críticos con lo que le falta, pero también queremos dejar constancia de que en modo alguno podemos compartir ni el texto, ni el discurso, ni los motivos que se han expuesto desde el Grupo Parlamentario Popular para pedir la devolución del
texto al Gobierno.
Resultaría quizá lógica una postura de abstención, sin embargo para apartarnos, insisto, de las motivaciones manifestadas por el Grupo Parlamentario Popular, tan alejadas de lo que mi grupo sostien, votaremos a favor de la
propuesta del grupo mayoritario, a favor de la tramitación del proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Esquerra Republicana, señora Oliva
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señor presidente.
Cualquier reforma del Código Penal, por la naturaleza punitiva que conlleva, es delicada; no obstante, en la
reforma vemos muchos aspectos positivos, o al menos no sabemos apreciar ni compartimos los argumentos catastróficos con los que el Grupo Parlamentario Popular justifica su enmienda a la totalidad. No por ello vamos a afirmar que estamos
totalmente conformes con el proyecto de ley, pero sí en su globalidad, por lo que debe darse paso a su tramitación, y vía enmiendas propondremos las correcciones que estimemos necesarias. La verdad es que no estamos ante una simple reforma del
Código Penal, sino ante una reforma de calado que afecta tanto al libro I, en la parte general, como a distintos títulos del libro II (homicidio, manipulación genética, coacciones, prostitución, corrupción de menores, contra la intimidad,
descubrimiento y revelación de secretos, contra el honor, estafas, apropiación indebida), incluyendo nuevos tipos penales referentes a la Administración, por tanto una reforma sustancial. El cambio más notorio, y donde radica la fundamental crítica
que realiza el Grupo Parlamentario Popular en su enmienda a la totalidad, recae en las modificaciones realizadas en la parte general del Código Penal, que no compartimos en absoluto. Sobre la finalidad de las penas, existe mucha literatura y son
distintas las opiniones respecto a si las mismas deben ser simplemente punitivas o deben perseguir el ánimo resocializador del condenado. Nosotros creemos en los incentivos, en las penas alternativas a medidas más gravosas como es la pérdida de
libertad, siempre que ello sea posible, con el ánimo de no apartar el delincuente de la sociedad, como implica toda pena privativa de libertad que, repito, entendemos necesaria para aquellos delitos graves. Esquerra Republicana siempre ha apostado
por las medidas de reinserción y de reducción de penas, un planteamiento progresista de las normas punitivas acorde con los mandatos constitucionales referentes a la función social del sistema penitenciario.
Más allá de esta reflexión, entrando en el contenido concreto de la modificación propuesta, en lo que a la parte general se refiere, y sin ánimo de ser exhaustiva, quisiera comentar aquellos aspectos del proyecto que nos parecen novedosos o
positivos. Sin duda se nos presenta una importante novedad en la reforma del Código Penal, fruto de las recomendaciones marco de la Unión Europea, como es incluir dentro de los sujetos responsables la figura de la persona jurídica -hasta la fecha
ausente de responsabilidad penal-, sin por ello excluir la responsabilidad penal de las personas físicas a través de las que estas personas jurídicas actúen. La incardinación en el sistema penal de las personas jurídicas como sujetos plenamente
responsables suponemos que no ha sido una tarea fácil, y se extiende solo dicha responsabilidad, como prevé el proyecto de ley, sobre una serie de figuras delictivas, evitando una posibilidad de imputación genérica que obviamente carecía de
cualquier sentido. Consideramos positiva la inclusión de esta figura, si bien, al no excluir la responsabilidad de las personas jurídicas a través de las que estas actúan, obliga a realizar una modulación de responsabilidad que, tal y como se
concibe en el proyecto de ley, debemos admitir que nos genera ciertas dudas respecto a cómo se aplicará por juzgados y tribunales, porque el redactado deja a su libre albedrío cómo practicarla y ponderar las circunstancias modificativas de la
responsabilidad penal. Sería más idóneo otorgar a los jueces y tribunales parámetros de modulación en el propio cuerpo de la ley. Es, pues, un apartado a subsanar en el trámite parlamentario.
Valoramos igualmente positiva la inclusión de nuevas penas, como el arresto de fin de semana, la localización permanente o la libertad vigilada, que aunque privativas de libertad no suponen el ingreso en centros penitenciarios, lo que tiene
una clara voluntad resocializadora y de reinserción. En esta misma dirección, que valoramos satisfactoriamente, se encuentra una nueva regulación de la figura de sustitución de la pena privativa de libertad, que se predicará de los delitos cuya
pena no exceda de dos años, sin impedir dicha sustitución si el delincuente es reincidente. En este sentido, también es positiva la regulación de la pena sustitutiva de expulsión para el caso de los extranjeros no residentes legalmente en el Estado
español que cometan delitos cuya pena señalada no exceda de seis años. La expulsión no se produce de forma automática, como hasta la fecha, sino que es potestativa del juez, que deberá motivarla previa audiencia del ministerio fiscal y del penado.
La protección a las víctimas de la delincuencia también merece una atención en la reforma propuesta y así se ve en la redacción del proyecto. Se refuerzan las garantías para que las víctimas puedan tener un correcto resarcimiento de los daños
padecidos por el delito.
Para finalizar el comentario de la parte general del Código Penal, la nueva redacción dada a la prescripción de los delitos tal y como se propone es más clara, por lo que no está justificada la crítica que realiza el Grupo Popular en su
enmienda a la totalidad. La reforma, como ya he manifestado al inicio de mi intervención, además afecta de forma muy notoria a la parte especial del Código Penal mediante la modificación de varios de los tipos penales existentes, algunos de fuerte
calado, como los delitos contra la seguridad del tráfico. Es evidente que vivimos en un mundo cada vez más cambiante. El uso de las tecnologías ha creado nuevos delincuentes y ha dado lugar a nuevas conductas que merecen una reprobación a través
de su inclusión como conductas punitivas y lesivas de bienes jurídicos en el Código Penal. Es evidente que las formas de falsificación, como la de la copia, uso o posesión de tarjetas de crédito, o las intromisiones ilegítimas en sistemas
informáticos, es decir los denominados hackers informáticos, son nuevas formas de delincuencia a las que se les debe dar la debida respuesta en el Código Penal, así como a los delitos referentes a la manipulación genética para clonación de seres
humanos. En este sentido, celebramos además la desaparición como conducta típica de la fecundación de óvulos humanos con fines distintos al de la procreación. Aplaudimos la inclusión de delitos muy extendidos, como el del acoso laboral (el famoso
mobbing), y el de
la corrupción privada, que hasta la fecha no estaban contemplados en el Código Penal como tales, pero sí se incluían en otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo en el Código Penal francés. En general valoramos positivamente el proyecto de
ley de reforma del Código Penal, por ello no daremos apoyo a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Aún así, queda todo el trámite parlamentario para modificar o limar aquellos aspectos de la ley que no compartimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.
En nombre de CiU tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia, señorías, llega hoy, día 13 de septiembre, el debate a la totalidad de un proyecto de ley orgánica de gran importancia, una reforma del Código Penal. Mi grupo
parlamentario no ha presentado enmienda a la totalidad y adelanta que va a votar en contra de la presentada por el Grupo Popular.
Mi grupo piensa que es necesaria una reforma del Código Penal, que hay aspectos que aborda el proyecto de ley que
presenta el Gobierno que son necesarios y que la propia sociedad pide; que hay aspectos -me referiré a continuación a ellos- que incluso son urgentes de abordar y acordar en esta Cámara. Repito, nuestro grupo no ha presentado enmienda a la
totalidad y votará en contra de la enmienda a la totalidad de devolución presentada.
También es cierto que el proyecto que hoy se nos trae a la Cámara, presentado ya hace muchos meses y fruto de una larguísima elaboración en el Ministerio de Justicia, en la comisión general de codificación, ha tenido un íter muy largo y
quizá llega en una etapa de la legislatura ya muy tardía, que difícilmente nos va a permitir el necesario debate sereno, abierto y constructivo que precisa una reforma del Código Penal de esta índole. Nosotros, lo decimos con total sinceridad,
dudamos de que en el horizonte temporal de lo que queda de legislatura tengamos tiempo suficiente para abordar en su integridad el debate y que finalmente llegue a publicarse en el BOE esta ley orgánica como una nueva reforma del Código Penal.
Desde Convergència i Unió nos tememos que esa serenidad en el debate para abordar aspectos de gran importancia en los meses que nos quedan de legislatura va a ser difícil; por tanto, está bien empezar el debate en este trámite, pero no creemos que
la ley llegue a aprobarse finalmente.
Quiero referirme a un aspecto de este proyecto de ley que justificaría que se aprobara esta reforma concreta que el Gobierno ha introducido con un nuevo artículo 385 bis. En este momento, incluso las encuestas sociológicas nos lo
demostrarían, hay una percepción ciudadana de que el actual Código Penal no trata de manera adecuada la necesaria respuesta que debe darse al fenómeno creciente de asaltos a domicilios perpetrados por bandas organizadas. Sabemos que hay una
evidente alarma social; sabemos que hay personas de otros países que vienen a España a delinquir, porque conocen que en el actual contexto es más fácil realizar una tentativa de robo, aunque no llegue a perpetrarse, pero con la seguridad de que se
trata de una organización criminal que pretende cometer ese delito concreto, ya que al final no tiene una respuesta penal adecuada.
Se aplican penas que no alcanzan los dos años, en consecuencia se aplica con total normalidad la suspensión de la
ejecución de esa pena. Además debemos tener en cuenta que normalmente no se aplica el artículo 503.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitiría en determinados supuestos, aunque la pena sea inferior a dos años, teniendo en cuenta que se
actúa de forma organizada o que las actividades delictivas se cometen habitualmente, aplicar la prisión provisional. Repito que normalmente no se aplica dicho artículo, con lo cual hay un vacío de respuesta penal en esos supuestos, pero eso se
resuelve de manera muy adecuada, muy positiva y muy necesaria en este proyecto de ley que se presenta con el nuevo artículo 385 bis. Es un artículo que supera la rigidez del concepto de asociación delictiva y la tipificación excepcional de la
pertenencia a bandas, hoy muy ligada a lo que son bandas terroristas o bandas de narcotraficantes, y se permite que entren en la fase delictiva aquellos que formen parte de organizaciones o grupos que tengan por objeto cometer delitos que sean
castigados con penas de prisión de dos a seis años, por tanto ese límite de los dos años ya se supera. Se dice en estos casos que se impone la pena en su mitad superior si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la
libertad o indemnidad sexual, el patrimonio o la hacienda pública de la Seguridad Social, con lo cual se permitiría una respuesta distinta y más acorde con esas tentativas de delito, de homicidios en casas, ya que muchas veces se encuentra al
delincuente en el jardín, pero sin llegar a consumar el delito, y queda sin esa respuesta que después indigna a la ciudadanía en general. Este nuevo artículo del Código Penal permitiría dar una solución positiva a este aspecto. Tan es así que mi
grupo parlamentario quiere abrir una reflexión.
Quiero agradecer al señor ministro de Justicia y también al del Interior el impulso que dieron a la posibilidad de segregar de este Código Penal la tramitación de los delitos relativos a la seguridad vial -ya tienen una proposición
específica, apoyada por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio del Interior-, que era adecuada y cuya segregación ya se hizo pensando que la reforma global de este proyecto de ley no llegaría al final de la legislatura. Nuestro grupo pide
-ayer mismo presentó una enmienda- que en esa reforma de la seguridad vial pudiéramos introducir, ya que modificamos el Código Penal de una manera más rápida, solo ese artículo 385 bis, que es acertado y que daría una respuesta penal a las demandas
ciudadanas e incluso a las exigencias de las directivas europeas, lo que reforzaría la acción del Gobierno, tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Justicia, y que sería bien recibida por la sociedad. Ese artículo 385 bis tendría
el pleno apoyo de
Convergència i Unió. No podríamos concluir esta legislatura sin abordar también ese aspecto que está muy directamente relacionado con la seguridad ciudadana y que es de fácil tramitación, porque es un solo artículo. Convergència i Unió se
lo pide. Señor ministro, señorías, nuestro grupo no presentó enmienda a la totalidad sólo por esos dos aspectos que ya incluía el proyecto de ley inicialmente: seguridad vial y seguridad ciudadana; sólo por el aspecto de que aún incluye la
seguridad ciudadana no votará tampoco a favor de la enmienda de devolución, pero hay aspectos de esta reforma que merecerían una reflexión a fondo en esta Cámara. Son aspectos que de entrada no compartimos, y ahora quiero repasar algunos de ellos:
por ejemplo, todo lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tal y como se introduce en la reforma y en el proyecto de ley que se presenta, se quiere trasladar al Código Penal una revisión de las categorías dogmáticas de la
acción y de la culpabilidad con una tendencia a lo que sería una responsabilidad objetiva. No vemos clara esa reforma e incluso sugeriríamos que ese aspecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas fuéramos capaces de debatirlo en el
marco de una ley especial, como se ha hecho por ejemplo en Alemania o en Italia, pero no dentro del Código Penal. Es una reflexión que aporta Convergència i Unió, porque se necesita un tiempo necesario de reflexión, de consenso y para debatir un
aspecto tan crucial como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Otro aspecto sería el de los artículos relacionados con la extranjería.
Hasta ahora teníamos un cierto automatismo sustituyendo la pena por la expulsión; se pasa de ese automatismo a configurar la expulsión con una cierta excepcionalidad.
Nuestro grupo abre una reflexión, porque nos gustaría que el proyecto se situara finalmente en una posición intermedia, que buscáramos que la motivación no solo sea para cuando se acuerda la sustitución, sino que se exigiera también para cuando se
deniega la expulsión. Nos gustaría también a la hora de decidir o no la expulsión que se tuvieran en cuenta criterios de política criminal y social que orientaran la adopción de la medida, la necesaria satisfacción de responsabilidades civiles.
Querríamos introducir las necesarias garantías procesales, por tanto debería contemplarse la audiencia del penado, con asistencia de letrado, para que incluso pudiera realizar un recurso de apelación o de casación. Hay un aspecto en el artículo 89
del proyecto en el que hay una distinción de efectos entre el extranjero sorprendido en frontera y el que haya regresado a España, de tal manera que podría constituir un premio para aquel que haya sido capaz de traspasar la frontera. Nos gustaría
que se hiciera una reflexión, porque en la redacción literal del proyecto hay un efecto que no sería deseado ni por el ministro de Justicia, ni por el Gobierno, ni por la mayoría de los grupos de esta Cámara. También propone reflexiones sobre el
plazo de prescripción, porque debe siempre atender a la gravedad de la infracción.
En cuanto a la auditoría de cuentas se tipifica de manera específica al auditor de cuentas. Eso es innecesario y provoca confusión, porque la auditoría de cuentas
es una profesión muy regulada hasta en su responsabilidad, por lo que no compartimos esta reforma que realiza en este ámbito el proyecto de ley del Código Penal.
Termino ya, señor presidente. La posición de Convergència y Unió es constructiva. Nos gustaría tratar los aspectos de esta reforma y llegar a una reflexión global, que quizá no será posible en lo que queda de legislatura. Por tanto, en
aras de la necesidad de que se apruebe algún aspecto en el Código Penal como el de la seguridad ciudadana, le pediríamos que, aprovechando la reforma ya iniciada en materia de seguridad vial, por lo menos pudiéramos recuperar ese artículo 385 bis.
Sería una buena noticia para su Gobierno y para el conjunto de la Cámara, porque es un aspecto positivo que está directamente relacionado con esas bandas organizadas...
El señor PRESIDENTE: Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: ... y que sería positivo poder atender.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy amable. Gracias.
Finalmente, Grupo Socialista. Señor Rascón.
El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, el Gobierno de la nación ha enviado a esta Cámara para su debate y reflexión una reforma del Código Penal que pretende la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. El ministro nos ha explicado con
todo lujo de detalles su contenido y la oportunidad, pero el Grupo Popular una vez más se descuelga con una enmienda de última hora que es puro ejercicio de esa canción con estribillo de toda la legislatura: No, no y no porque no. Aquí está esa
lacónica enmienda a la totalidad -permítame, señor Santaella; sé que no la ha hecho usted, está firmada por Eduardo Zaplana- que dice que es precipitada la reforma, que es desequilibrada y que lo único que hace es enmascarar dos fundamentales
realidades: una, que ha aumentado la delincuencia en estos tres últimos años en España -dice que la delincuencia ha aumentado exponencialmente- y, segunda, que enmascara una contrarreforma. Vamos a hablar de una cosa y de la otra. Vamos a empezar
hablando de seguridad ciudadana. Ya saben, porque tienen experiencia en esa materia, que una mentira disfrazada no deja de ser una mentira; ustedes deberían haber aprendido, pero no aprenden. En este gráfico tienen la delincuencia de los tres y
de los diez últimos años. En el 2002 son ustedes campeones en el número de delitos registrados; esta es la realidad. Es una curva que, por cierto, es inversamente proporcional a la de la inversión. Se ve que eran ustedes campeones en la falta de
inversión en materia de seguridad pública; ya saben por qué: estaban ustedes
dedicados a la seguridad privada, como algún portavoz ha puesto de manifiesto. Eso en lo que tiene que ver con la seguridad pública. Eso es lo que ustedes quieren tratar de demostrar una y otra vez desde la mentira -permítame la
expresión-. La mentira ya sabe que se salva con hechos. Esta es la realidad, no traten de confundir a nadie. Este no es un conejo que el Gobierno se saca de la chistera una vez más para tratar de entretener y de aparentar, es una reforma
absolutamente necesaria. Si mal no recuerdo, ustedes hicieron cinco en la última legislatura, y aquí se va a sistematizar en una sola; es absolutamente necesaria a la par que ambiciosa. Como ha puesto de manifiesto la portavoz del Grupo
Nacionalista Vasco, tan poco convencidos están ustedes de la reforma y de que realmente esta justificación tenga fundamento alguno para la enmienda a la totalidad que hablan ustedes del deterioro de la inseguridad ciudadana. Deterioro de la
inseguridad; si había inseguridad, efectivamente tenemos mucha más seguridad, luego estamos bastante mejor de lo que ustedes dicen.
Esta reforma, señorías, pretende dos objetivos básicos, y se han ilustrado suficientemente por el señor ministro y se exponen también en el proyecto que se envía, que insisto que es para la reflexión. Aquí no está decidido nada, porque
quien tiene que decidir es el Parlamento. No se entiende bien que no quieran ustedes debatir sobre asuntos tan sensibles que afectan a la ciudadanía. No se entiende bien, pero ustedes verán. Son dos los objetivos: uno tiene que ver con Europa.
Yo sé que a ustedes les cuesta trabajo hablar de Europa, pero también deben saber que a España le está sentando bien Europa y deberían de engancharse al trabajo por Europa, que es desde aquí el trabajo por España. El objetivo primordial es tratar
de adecuar la legislación penal española a la legislación europea. Fíjense ustedes si eso es inoportuno, si no es necesario.
Ustedes verán. Para eso firmó España el Tratado de Amsterdam; para eso se firmó el acuerdo de Tampere, del año 1999, que
buscaba la homogeneización de los códigos penales, y para eso está dictando Europa un sinfín de directivas marco, para que los Estados que forman parte de la Unión lo hagan realidad. Esto es Más Europa. ¿No les gusta? Bien, pero tendrán que
trabajar ustedes por Más Europa, salvo que sigan queriendo alinearse con un Estado tan representativo que forma parte de la Unión como es Polonia.
Ahí está. Trabajen por Europa buscando la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada en
delitos contables, económicos, financieros; trabajen en una regulación adecuada de la responsabilidad civil, de la responsabilidad patrimonial. Eso es adaptarse a Europa, a las directivas marco europeas, pero también es hacer país, no de boquilla
sino trabajando con todos los demás grupos. No por casualidad se vuelven a quedar ustedes solos en la votación.
Otro objetivo lo constituyen unas reformas técnicas, puntuales -claro que se aprovecha esta reforma ambiciosa para intentar ir más lejos-, que pretenden dar satisfacción a una serie de demandas, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia
de nuestro Tribunal Supremo, que se refieren a la protección de derechos fundamentales, como la intimidad y la propia imagen, o a la protección de las víctimas. En el año 1995, cuando se redactó el código, era sencillamente imposible hacerlo porque
la realidad era otra, pero doce años después tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, precisamente para proteger adecuadamente esos derechos fundamentales.
Les voy a hacer una concesión. Hablan ustedes de contrarreforma. Pues sí, hay un punto de contrarreforma. Efectivamente, esta reforma del Código Penal pretende deshacer un entuerto de la reforma de 2003. En aquel momento ustedes
decidieron que para expulsar a un extranjero que había cometido un delito menos grave y había sido condenado los jueces no contaban, automáticamente se tenía que ir. Esa es la contrarreforma que vamos a hacer nosotros: que los jueces estén ahí y
que individualicen la pena, que sean ellos quienes decidan. Se pueden imaginar que la filosofía es radicalmente distinta. No sé qué piensan del Poder Judicial quienes hicieron la contrarreforma de 2003, pero sí sé lo que pensamos nosotros en 2007.
Confiamos en los jueces porque esa es la confianza elemental que se ha de tener en el Estado de derecho, y precisamente para que se haga realidad es por lo que tienen que estar ahí decidiendo qué pasa caso a caso. Sí, es una contrarreforma y se lo
reconocemos abiertamente.
Que ustedes digan no a ese debate que se ha de hacer en esta Cámara es como mínimo chocante. Está justificado a la vista del laconismo de esa aparente justificación, de esos errores de bulto y de esa inconsistencia que mantiene la enmienda
a la totalidad, pero no es tarde, nunca es tarde si la dicha es buena. Desde aquí les llamo nuevamente a que trabajen con todos. Estamos a tiempo. Se van a quedar solos, nadie les va a votar esa enmienda a la totalidad, aunque ese panorama
político no es nuevo en esta legislatura. Tienen ustedes la oportunidad de arrimar el hombro, de hacer patria, pero no con la boca chica, no de boquilla, sino trabajando por la protección penal de los derechos y libertades en nuestro país, que
resulta absolutamente necesario. Engánchense en estos trabajos parlamentarios porque la ciudadanía se lo va a agradecer. La ciudadanía les necesita, esta Cámara les necesita, bien es cierto que en el ejercicio de la oposición, pero de una
oposición mucho más constructiva que la que han demostrado con esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rascón.
Damos por concluido el debate.
- PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 121/000135.)
El señor PRESIDENTE: Abordamos el último punto del orden del día de esta mañana: Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.
Presenta el proyecto la señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, permítanme que salude a los representantes de las organizaciones agrarias, cooperativas y asociaciones vinculadas y comprometidas con el mundo rural, ecologistas, sindicatos de trabajadores, redes rurales y
comité de personas con discapacidad, que hoy nos acompañan desde esta tribuna en este primer debate parlamentario del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Quiero agradecerles su valiosa contribución durante el proceso de
elaboración del anteproyecto de ley, y especialmente sus aportaciones constructivas.
(La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)
Con el proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural el Gobierno ha dado un paso más en la línea de seguir avanzando en la cohesión económica y social. El mundo rural ha conocido durante las últimas décadas un salto muy
notable en los niveles de renta y bienestar de su población, pero una parte muy significativa de él aún padece un atraso económico y social relativo debido a causas económicas, sociales y políticas evitables. Sabemos que medio rural y atraso
económico no son sinónimos; de hecho, algunas de las zonas rurales más dinámicas de los países de nuestro entorno tienen actualmente crecimientos económicos superiores a los de muchas grandes ciudades. España supo aprovechar como nadie la adhesión
a la Comunidad Europea, pero el enorme impulso socioeconómico que hemos experimentado los españoles desde entonces se ha centrado principalmente en el medio urbano, dejando atrás a determinados territorios rurales a pesar de haber realizado también
ellos importantes avances en su desarrollo. La convergencia e interrelación de ambos espacios, rural y urbano, debe ser una prioridad para cualquier sociedad moderna y desarrollada que se precie. Entre todos hemos de cambiar las cosas, terminar
con estas disparidades, y esta ley es un paso fundamental en esta dirección. Con ella pretendemos dar viabilidad y visibilidad el mundo rural. La viabilidad implica proporcionarle los recursos que necesite para su normal desarrollo y asegurar la
supervivencia de todos nuestros pueblos, sus gentes y el entorno natural en donde se asientan.
En cuanto a la visibilidad, es necesario dar a conocer la importancia que tiene para un país como el nuestro disponer de un medio rural vivo y
cohesionado, un medio rural, señorías, que es fuente de riqueza natural y cultural, que debemos preservar y potenciar, y la mejor forma de mantener este rico patrimonio es fomentar su desarrollo sostenible. Este proyecto de ley plantea una acción
política de primer orden que aprovecha todas las oportunidades que ofrece el territorio, sus recursos endógenos, que por lo general son numerosos pero que en algunos casos están infrautilizados. Se trata de generar dinamismo, además de paliar las
diferencias.
El medio rural abarca el 90 por ciento de nuestro territorio y en él habitan el 30 por ciento de los españoles. Son un total de 7.789 municipios, de los 8.111 con que cuenta España. Debe quedar claro que el objetivo prioritario del
Gobierno es conseguir que los habitantes del mundo rural tengan de manera efectiva los mismos derechos y oportunidades que el resto de los ciudadanos, independientemente del territorio de residencia, y como tal es una cuestión de Estado. Por ello,
el Gobierno ha tomado la iniciativa desde el máximo respeto al marco competencial vigente a las comunidades autónomas y a los entes locales. Planteamos una ley basada en la concertación entre administraciones para conseguir un objetivo común:
responder a las demandas de los más de 14 millones de ciudadanos de nuestro medio rural. Este objetivo aparece claramente identificado en el artículo 1 del proyecto de ley cuando determina el establecimiento de medidas para garantizar la igualdad
de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. En definitiva, estoy convencida de que el proyecto de ley que hoy inicia su debate parlamentario propiciará un salto cualitativo en el nivel de vida y desarrollo de la España rural y en
concreto en el de todas las mujeres y hombres que lo habitan y lo representan. Por eso es voluntad del Gobierno que durante el trámite parlamentario se alcance el mayor grado de consenso posible, que venga a dar satisfacción a la demanda unánime
sobre la necesidad de disponer de una ley que impulse una política de desarrollo del mundo rural propia de la que ahora carecemos.
Señorías, paso a exponerles los aspectos más relevantes del proyecto aprobado por el Gobierno. En primer lugar quiero decir que el Gobierno de España ha asumido el reto de diseñar una nueva política rural contando con las garantías de
expertos internacionales en la materia, especialmente el nuevo enfoque auspiciado por la OCDE. Estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo sostenible que hay que valorar en sus dimensiones económica, social y medioambiental, y por ello hemos
de proponer políticas multidisciplinares integradas y centradas en el territorio. Señorías, todos somos conscientes de que la política rural en España ha consistido principalmente en el desarrollo de programas comunitarios que han contado con una
importante cofinanciación europea y que han contribuido al desarrollo de nuestras zonas rurales, pero desde diversos ámbitos esta política se considera insuficiente, y el Gobierno ha tomado la iniciativa para convertir el desarrollo rural sostenible
en una política de Estado. Actualmente, y a nivel estatal, nos encontramos ante un vacío legislativo que pretendemos llenar con este proyecto de ley. Es cierto que algunas comunidades autónomas han aprobado leyes de desarrollo rural con objetivos
parecidos pero con orientaciones diferentes a la que hoy debatimos en este Pleno. Además, estas leyes autonómicas tienen un alcance territorial limitado, y por tanto es preciso disponer de un instrumento legal para construir una España más fuerte y
cohesionada que garantice la igualdad básica de todos los ciudadanos del medio rural en el ejercicio de sus derechos y facilite su acceso a los bienes y servicios
públicos esenciales. Lo conseguiremos si todas las administraciones nos implicamos de forma decidida: el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las administraciones locales. El papel de estas dos últimas va a ser determinante
para el correcto desarrollo de una ley que considera que los habitantes de cada territorio deben ser los protagonistas de su desarrollo. Estamos ante un medio rural en transformación; un medio en que la actividad agraria y pesquera sigue siendo
una pieza imprescindible para su desarrollo, pero ya no es la única en muchas zonas. Tenemos en cuenta estas nuevas circunstancias y por ello planteamos nuevas orientaciones, que, como les adelantaba, son su orientación territorial, su carácter
multisectorial y finalmente el alto grado de gobernanza necesario para su desarrollo y cumplimiento de objetivos.
La orientación territorial se manifiesta al establecer un marco para que la aplicación de las medidas se gradúe según zonas rurales diferenciadas, cuya delimitación realizarán las propias comunidades autónomas y cuyas acciones se concretarán
en función de las necesidades particulares de cada una de ellas. Hemos establecido el criterio de ruralidad en municipios con población inferior a 20.000 habitantes, pero siempre abiertos, señorías, a sus consideraciones, partiendo de que el
proyecto de ley contempla además excepciones que podemos denominar al alza, dado que las comunidades autónomas podrán incluir municipios con población superior al nivel máximo establecido a la hora de clasificar las diferentes zonas rurales por
razones de homogeneidad y funcionalidad. El mundo rural necesita también una acción integral que solo se puede acometer desde la multisectorialidad, reflejando la nueva realidad de un medio cada vez más diversificado económicamente. La agricultura
es imprescindible para caracterizar el medio rural que deseamos; es, además, la seña de identidad del mismo, pero es justo reconocer que esta condición necesaria ya no es suficiente para su desarrollo, y de la misma forma acontece en entornos
rurales eminentemente pesqueros.
No nos limitaremos exclusivamente a la viabilidad pesquera o a la modernización agraria, sino que abriremos un abanico de actuaciones y medidas que, teniendo en cuenta la distribución competencial entre administraciones, nos exigirán un alto
grado de gobernanza, al igual que hicimos en la elaboración de esta ley con la implicación de todo el Gobierno. Así pues, se prevén actuaciones en materia de agricultura, apoyando especialmente aquella que cumple funciones medioambientales y de
vertebración del territorio. Se establece el contrato territorial como cauce para reconocer las funciones no productivas que algunas explotaciones agrarias aportan al territorio. Se prestará también especial atención a la diversificación de
actividades, fomentando acciones emprendedoras y generadoras de empleo. Se llevarán a cabo las infraestructuras necesarias para la pervivencia de nuestros pueblos, especialmente en materia de transporte, agua, tratamientos de residuos o tecnologías
de la información y la comunicación, para que la prestación de servicios y la mejora de los equipamientos básicos sea una realidad. Y se contará con una planificación ambiental para cumplir el objetivo de sostenibilidad que emana de todo el
proyecto, en que se incluyen diferentes planes, como el patrimonio natural y cultural o el de calidad ambiental agrícola y ganadera. También se concentrarán esfuerzos para crear y mantener empleo estable y cualificado como mejor medida para evitar,
y en todo caso reducir, la despoblación que se está produciendo en determinadas zonas rurales. Se potenciará el uso de las nuevas tecnologías, se intensificarán las prestaciones sanitarias, educativas y culturales y se realizarán acciones de
ordenación urbana y de mantenimiento del patrimonio arquitectónico.
Señorías, debo insistir en que la aplicación de las acciones y medidas contenidas en este proyecto de ley precisará un alto grado de gobernanza, estando previsto resolver esta cuestión mediante el establecimiento de los instrumentos de
coordinación entre administraciones y agentes implicados. La integración de todas estas acciones se llevará a cabo mediante el programa de desarrollo rural sostenible, instrumento a través del cual se planificarán las diferentes actuaciones. El
programa, con carácter previo a su aprobación, será sometido a informe del Consejo para el Medio Rural, determinará los objetivos a alcanzar así como los planes y actuaciones específicos a realizar y los convenios a desarrollar entre
administraciones. Pretende tener un carácter permanente con programaciones plurianuales.
Un aspecto que ya he mencionado pero que me gustaría subrayar es el amplio y riguroso análisis realizado en los aspectos competenciales durante el trámite de elaboración del proyecto de ley. Nadie puede ni debe inmiscuirse, ni mucho menos
asumir competencias que le son ajenas. Desde el Gobierno consideramos que este proyecto de ley es respetuoso con el actual marco competencial en desarrollo rural y en ordenación del territorio, respeta la capacidad normativa y de gestión de las
comunidades autónomas que estatutariamente son propias de estas administraciones. Señoras y señores diputados, con este proyecto de ley pretendemos aunar esfuerzos, sumar acciones de todas las administraciones implicadas en aras de crear en las
zonas rurales un entramado socioeconómico que se convierta en motor de su propio desarrollo. Puedo asegurarles, señorías, que existe un consenso absoluto sobre la necesidad y oportunidad de este proyecto de ley. Es más, muchas voces han pedido una
mayor implicación de la Administración General del Estado en temas que no son de su competencia, y evidentemente estas no han sido consideradas. Si me permiten, les pondré un ejemplo claro: allí donde el proyecto de ley establece que el programa
de desarrollo rural sostenible podrá contener una determinada actuación, se nos ha pedido desde diferentes ámbitos sustituir podrá por deberá. Considero -y estoy plenamente convencida- que de tener en cuenta esta demanda
la ley estaría invadiendo competencias legislativas que son propias de otras administraciones.
Por último, otro aspecto al que de forma particular quiero referirme es el carácter social de este proyecto de ley, ya que pretende mejorar el grado de bienestar de las personas que viven en el medio rural y además afianzar derechos e
igualar oportunidades en línea con otras leyes aprobadas en esta legislatura. En este sentido, solo les menciono la gran trascendencia que tiene para el medio rural la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad, o las medidas
para erradicar la violencia de género. También, con este proyecto de ley el Gobierno considera necesario establecer medidas destinadas a grupos de población que requieren una atención prioritaria, especialmente las mujeres y los jóvenes. Estos han
sido los primeros colectivos sociales en abandonar nuestros pueblos buscando mejores oportunidades; en ellos debemos centrar y priorizar las acciones. Las mujeres son un factor fundamental para la vitalidad de las zonas rurales y además son las
protagonistas de una nueva economía emprendedora en el medio rural, aparte del trabajo invisible que llevan realizando toda la vida sin ningún reconocimiento.
Es nuestro deber y nuestra obligación situarlas como elemento activo del desarrollo. Y
los jóvenes constituyen la inversión imprescindible en capital social para asegurar la continuidad del medio rural.
Señorías, les decía al inicio de mi intervención que el proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural tiene por objetivo consolidar la cohesión económica y social de nuestro territorio. El Gobierno considera que el aumento
de derechos y libertades impulsado en los últimos años quedaría incompleto si no realizamos una apuesta decidida por el desarrollo sostenible del medio rural y por las cuestiones medioambientales, una apuesta que debe ir acompañada de fondos
públicos. Respecto al gasto financiero, quiero rechazar las críticas que de manera injustificada se han realizado al proyecto de ley, porque el Gobierno es consciente de que la viabilidad de las medidas planteadas está determinada por la dotación
presupuestaria que acompañe al programa de desarrollo rural sostenible. Todas las dudas en este sentido quedarán despejadas con la aprobación dentro de unos días del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2008 y su presentación ante
esta Cámara.
Por último, quiero transmitirles la voluntad del Gobierno de que el proyecto de ley sea mejorado en todos aquellos aspectos que beneficien a los más de 14 millones de personas que viven en el medio rural, y les animo a hacerlo desde la
coincidencia en la necesidad de esta ley manifestada por los diferentes grupos económicos y sociales en sus comparecencias ante la Comisión de Agricultura de esta Cámara a finales del pasado mes de junio. El medio rural necesita una ley que le
permita ver el futuro con esperanza, y los representantes políticos tenemos la obligación de situar a nuestro medio rural en igualdad de condiciones con el medio urbano, y en nombre del Gobierno les pido el máximo esfuerzo para que este compromiso
con el medio rural sea una realidad.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora ministra.
Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas a la totalidad. Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
La ministra y también la exposición de motivos del propio proyecto de ley parten de un planteamiento que esquemáticamente me permito exponer de la siguiente manera. Primero, existen una directrices comunitarias, ergo implican unos
compromisos comunitarios. Segundo, existe un vacío legislativo y político, luego el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación regula y opta por una opción, y esta opción planificadora, a nuestro entender, es totalmente centralista y
centralizadora.
Comenzando por este pequeño esquema que he realizado, ante este planteamiento, a nuestro grupo le llama poderosamente la atención, primero, que la referencia al marco comunitario quede difuminada por la asombrosa omisión que el proyecto de
ley hace de la decisión comunitaria de 20 de febrero de 2006, en la que se concretan las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural para el periodo de programación 2007-2013. Pese a su carácter vinculante, ni el proyecto de ley ni la
memoria justificativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la citan ni una sola vez, ni una, y es de donde partimos. La pregunta que nos hacemos es: ¿Será quizá porque la decisión comunitaria se inspira en una filosofía muy distinta
de la del proyecto de ley? En ella se fijan las directrices estratégicas comunitarias para este periodo concreto que he mencionado, 2007-2013, y propone, que no impone, ciertas actuaciones orientativas para la consecución de dichos objetivos,
técnica legislativa que podría haber seguido el ministerio. El Estado debería haberse limitado, a nuestro juicio, a determinar cuáles con los objetivos a conseguir en materia de desarrollo rural, a establecer criterios para la territorialización de
los fondos disponibles, a dotarse de instrumentos que permitan corregir posibles contradicciones y disfuncionalidades en la implementación de las políticas autonómicas -siempre, claro está, contando con las propias comunidades autónomas implicadas-
y a crear instrumentos de colaboración e intercambio de información. La decisión comunitaria habla de plataformas de intercambio y de buenas prácticas y conocimientos que tan eficaces resultan para la buena ejecución de las políticas públicas.
Finalmente, debería haber establecido mecanismos de seguimiento de las políticas autonómicas, también en línea con lo que dispone la decisión comunitaria, a través de indicadores comunes, eso sí, y una metodología común -en esto coincidimos-,
es decir, que se establezca a nivel comunitario y a nivel de Estado, para garantizar el eficaz cumplimiento de los compromisos comunitarios.
La segunda parte de la tesis que he enunciado y que se plantea es que existe un vacío legislativo y político. Muchas veces uno ha tenido la impresión de que algunos -y no me refiero concretamente a usted, señora ministra- creen que los
diseños políticos empiezan de cero y con cada uno. No me voy a referir al resto de las comunidades autónomas y a sus desarrollos legislativos y políticos en materia de desarrollo rural, porque prefiero que de esto hablen ellos mismos, ya que aquí
hay en ambas bancadas y en el centro gente que ha ostentado responsabilidades importantes en esa materia en comunidades autónomas. Yo solamente me referiré a que en Euskadi, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobamos ya en 1998 una ley de
desarrollo rural y tenemos elaborado, publicado y debatido en el Parlamento vasco un plan estratégico de desarrollo rural para los años 2007 a 2013; además lo hacemos en el ejercicio de nuestras competencias, que, a nuestro juicio, el ministerio
está obviando tanto en las formas como en el fondo. Afirmamos que el Estado carece de competencias en materia de desarrollo agrario, más allá de la competencia estatal para fijar las bases y llevar a cabo la coordinación de la planificación general
de la actividad económica, el famoso artículo 149.1.13.ª Este título competencial no habilita al Estado para diseñar las políticas de sectores económicos concretos cuya competencia se halla residenciada en las comunidades autónomas, sino que
únicamente le debe permitir fijar la serie de principios a seguir y objetivos comunes a lograr a nivel de Estado en materia de desarrollo agrario sostenible.
De un informe del Ministerio de Agricultura ya se deduce la falta de solidez de los títulos competenciales aducidos por el Estado cuando se señala que el marco competencial estatal lo constituyen el artículo 130 y el principio de solidaridad
interterritorial. Ni uno ni otro, que nosotros sepamos, son normas propias de distribución competencial en tanto en cuanto no pertenecen al título VIII de la Constitución española, como lo ha exigido el Tribunal Constitucional. La debilidad del
fundamento competencial del proyecto ha sido denunciada también por el informe del Consejo Económico y Social, que dice que la adopción de directrices estratégicas territoriales de ordenación rural debe efectuarse, en todo caso, teniendo presentes
las leyes y las competencias autonómicas vigentes en esta materia. El Estado parece haber descubierto, al margen del texto constitucional, un nuevo título competencial transversal sobre desarrollo agrario, sin suficiente amparo constitucional
-reitero- que le permita incidir en multitud de ámbitos en los que el Estado carece de competencia exclusiva, alguno de ellos por ser de competencia exclusiva de las propias comunidades autónomas y otros porque, a pesar de ser competencia compartida
o estatal, ya han sido regulados en su específica normativa estatal, al amparo de otros títulos más específicos en los que entra esta ley, como seguridad pública, energía, régimen local, empleo y sanidad, sin que el proyecto parezca tener intención
de modificarlos. Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, los contenidos del proyecto inciden en las siguientes competencias exclusivas, recogidas en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Gernika -que por cierto también
es ley-: agricultura y ganadería, promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco, de acuerdo con la ordenación general de la economía, asistencia social, cultura, turismo, ordenación del territorio,
desarrollo comunitario, condición femenina y política juvenil; asimismo, se refiere a otro porcentaje importante de materias compartidas.
Para finalizar con el esquema inicial que he trazado, la lógica nos haría suponer que ante lo resbaladizo del planteamiento y del gran debate competencial que existe en esta materia, se optaría al menos por parte del ministerio y por parte
del Estado por una visión descentralizada, coordinadora y respetuosa no solo con las competencias de las comunidades autónomas, sino también con sus realidades agrarias y rurales, sobre todo en un Estado como el español, en el que la realidad rural
es totalmente heterogénea y diversa y cuyas diferencias rurales son mayores que las que existen en la propia Unión Europea entre el norte y el sur. Pues bien, aquí se opta por lo contrario, se opta por un modelo de planificación centralista
condensado en este proyecto de ley de desarrollo rural sostenible sobre la base de subvenciones condicionadas centralizadas y que pueden determinar las políticas autonómicas rurales mucho más allá de las propias directrices comunitarias.
Las directrices comunitarias recogidas en esa decisión de la que he hablado y que el ministerio ha obviado en toda su exposición de motivos, la decisión de 2006, utiliza una técnica normativa abierta en la medida en que fijan cuáles son los
objetivos a conseguir en el periodo de planificación concreto y enuncia una serie de medidas de actuación posibles para la consecución de aquellos objetivos, pero sin cerrar la vía a otros que también pudieran ser considerados adecuados por las
administraciones competentes e interesadas en la materia. El proyecto de ley, por el contrario, determina, en primer lugar, los distintos ámbitos sectoriales en los que se pretende incidir, así como las acciones a desarrollar en cada uno de ellos,
esto es, viene a condicionar la futuras políticas públicas autonómicas más allá todavía que los compromisos comunitarios. Esta técnica normativa no responde bien a las direcciones estratégicas establecidas en la decisión comunitaria del 20 de
febrero, que habla de mejorar la gobernanza local y movilizar el potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales. Difícilmente se puede lograr dicho objetivo mediante una actividad de fomento totalmente centralizada en torno al programa de
desarrollo rural sostenible que se nos presenta en este proyecto de ley, a través del cual se articulan todas las líneas de ayuda con cargo a los fondos disponibles.
El Estado, repito, debería haberse limitado a determinar cuáles son los objetivos a conseguir en materia de desarrollo rural, a establecer criterios o instrumentos para la territorialización de los fondos disponibles, a dotarse de
instrumentos que permitan corregir posibles contradicciones y disfunciones en la implementación de las políticas autonómicas y sobre todo a crear instrumentos de colaboración e intercambio de información. Finalmente, debería haber establecido los
mecanismos de seguimiento de las políticas autonómicas, en línea también con lo que dispone la decisión comunitaria, esto es, a través de los indicadores comunes y la metodología común que ya hemos planteado anteriormente. La técnica normativa
elegida en el proyecto, por el contrario, llevará, en el mejor de los casos, a una duplicidad o concurrencia de actuaciones de la misma naturaleza en materia de desarrollo rural desde las distintas competencias y además con unos medios financieros
paralelos, en suma, a una deficiente gestión de los fondos públicos disponibles. ¿Qué tipo de responsabilidad asumirá el Estado en caso de promulgarse la ley y si como consecuencia de ella no se logran los objetivos comunitarios?
Por todo lo expuesto, señora ministra, porque la ley de desarrollo sostenible del medio rural sigue reforzando el papel del Ministerio de Agricultura -a lo que no nos opondríamos, pero sí a que sea en detrimento de las comunidades
autónomas-, relegando a un papel marginal a las comunidades autónomas de este Estado constitucional, cuya función con esta ley se limita básicamente a ejecutar las medidas de fomento diseñadas por el Estado, privando a las comunidades autónomas de
cualquier política propia en esta materia, es por lo que mi grupo parlamentario ha rechazado esta iniciativa legislativa y presenta una enmienda a la totalidad.
Finalizo, señora ministra, en línea con el ofrecimiento que usted ha realizado en su exposición, manifestándole sinceramente nuestro deseo de colaborar y de que, aunque nuestra enmienda a la totalidad sea rechazada -usted ya da por hecho que
en los próximos días se va a aprobar esta ley-, nuestro deseo siempre es llegar a los máximos acuerdos. Con este espíritu, señora ministra, hemos presentado las 34 enmiendas parciales de las que usted dispone. Creemos en el desarrollo rural
sostenible y necesitamos de él, pero necesitamos un instrumento útil, coordinado y que respete los trabajos y los desarrollos que las comunidades autónomas también están realizando, así como que esta política sea coordinada y totalmente respetuosa
-lo exige un nacionalista- con la legislación vigente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Txueka.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular y para ello tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero saludar la presencia de la señora ministra, que ha presentado este proyecto de ley tan importante para el medio rural y para el campo en general. Así lo valoramos dentro de mi grupo. Quiero saludar
asimismo la presencia en las tribunas de su equipo directivo del Ministerio de Agricultura, así como de las organizaciones agrarias, las cooperativas y las redes de desarrollo y cuantos interesados en la materia nos honran con su presencia.
Señora ministra, reconocemos la importancia de esta ley que hoy debatimos, así como la necesidad de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los ciudadanos, en particular entre los ámbitos rural y urbano que, en
definitiva, es desarrollar adecuadamente el artículo 139 de nuestra Constitución. Sin embargo, a pesar de su importancia, para la redacción de este proyecto de ley no se ha querido consultar a los grupos parlamentarios -al menos mi grupo no ha sido
consultado-, a las distintas administraciones, al Consejo Económico y Social ni a tantas otras entidades que entendemos que deberíamos haber opinado antes de salir en el boletín este proyecto de ley. El Gobierno ha preferido presentar un texto
elaborado en el Ministerio de Agricultura que, sin embargo, afecta de manera directa a once ministerios, a numerosas consejerías de las comunidades autónomas y a un elevado número de ayuntamientos. Repito, se ha elaborado un texto sin contar con
los grupos políticos ni con las administraciones afectadas, a pesar de que ofrecimos nuestra colaboración, como así consta en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Agricultura, de la misma manera que aceptamos el ofrecimiento de consenso que
acaba de hacer la señora ministra, porque entendemos que el diálogo es esencial para poder llevar esta ley a feliz término. Para que vea, señora ministra, que no se están guardando algunas formas, el colmo del desencuentro es que fueron citados a
la Comisión del Congreso numerosos agentes implicados -sindicatos, organizaciones agrarias, cooperativas, etcétera- y antes de que comparecieran muchos de ellos se acabó el plazo de enmiendas. Es decir, a los grupos políticos se nos obliga a
enmendar antes de conocer la opinión de quienes acudieron a nuestra llamada, impidiéndonos valorar sus opiniones y cometiendo a su vez con los comparecientes una grave descortesía. Pero, repito, aun así, seguimos aceptando el ofrecimiento de
consenso que me gustaría oír ratificado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cuando suba a esta tribuna dentro de unos minutos, en vez de escuchar los epítetos a los que ya nos tienen acostumbrados. A mi grupo y a mí nos dan
exactamente igual esos epítetos, lo que me gustaría es oír palabras que inviten a la colaboración y al consenso en una ley tan importante como esta.
Señorías, a mi grupo esta ley le parece un ejercicio casi voluntarista y, sobre todo, su principal instrumento, que es el programa de desarrollo rural sostenible, no es
más que un compendio de actuaciones ya previstas que se están realizando en las distintas administraciones. Esta sensación se refuerza con la total indefinición con la que se explica el alcance económico del proyecto de ley. La memoria
económica la hemos leído y releído y parte de un presupuesto actual basado en el gasto imputable al medio rural que realizan los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, que alcanzaría los 21.800 millones de euros en el sexenio 2008-2013 y hasta
aquí nada nuevo ni en cuantía ni en actuaciones. Por tanto, se incluye lo que se viene haciendo y lo que se viene gastando. El pretendido esfuerzo que dice que haría la Administración General del Estado en este proyecto de ley supone unos 3.000
millones de euros más en ese periodo 2008-2013; con esta cantidad el Gobierno pretende fomentar y potenciar los ámbitos clásicos del desarrollo rural -competencia del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente- y, además, dar un
nuevo impulso al medio rural en infraestructuras, sanidad, educación, cultura, deportes, urbanismo, telecomunicaciones, etcétera. Señorías, no nos parece muy realista que con un 13 por ciento más de recursos económicos se puedan abordar tantos
objetivos como los que plantea la ley. Más bien nos parece que la memoria económica consolida la idea de que la ley trata de compendiar actuaciones existentes y poco más; así lo vemos, ojalá sean capaces de convencernos de lo contrario. Además,
el origen de ese 13 por ciento tampoco lo vemos muy claro. Se pretende, en nuestra opinión, que sea una reasignación de fondos europeos que ya está recibiendo España y, en particular, de fondos destinados ya al medio rural. Digo esto por las
alusiones que se realizan a la modulación, es decir, al dinero que se detrae del bolsillo de agricultores y ganaderos para financiar el desarrollo rural. En este sentido, queremos decir muy claramente que, teniendo en cuenta que la actual
modulación obligatoria alcanza más o menos los 1.200 millones de euros en ese periodo 2008-2013, si se incrementaran del 5 por ciento actual al 10 por ciento los fondos que prevé el proyecto de ley para el medio rural quedaría reducido
exclusivamente al 8 por ciento; ello sin tener en cuenta la forzosa cofinanciación nacional que exige este tipo de fondos. Si se tiene en cuenta ese pretendido incremento del 5 al 10 por ciento la asignación prácticamente se esfumaría, sería nula.
Por tanto, no vemos clara la financiación. No la criticamos, señora ministra, no me diga -como ha dicho anteriormente- que hacemos críticas; mi grupo no la ha criticado, no ha dicho hasta ahora ni una sola palabra. Simplemente digo aquí, en sede
parlamentaria, que no la vemos clara y que la podemos calificar casi de ilusoria. Y este es un aspecto grave al que se añade el hecho de anunciar -veladamente, de noche, con niebla- una nueva modulación para el sector agrario. Este es un hecho que
el Grupo Parlamentario Popular quiere denunciar claramente porque nos oponemos radicalmente a que se incremente la modulación; no queremos que se aumente la modulación. No es serio plantear la mejora del medio rural empezando por plantear la
financiación como un mero trasvase de fondos europeos del Feaga al Feader.
Para terminar esta introducción, consideramos que es necesario hacer una alusión al aspecto competencial. Quien les habla tiene un entusiasmo perfectamente descriptible por el desarrollo nacionalista y autonómico, pero lo que está claro es
que, en nuestra opinión, esta ley intenta aunar ambiciosos objetivos -ya nos lo ha explicado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco- y hay una absoluta indefinición en cuanto a su puesta en marcha. Es una situación que no deja de inquietarnos
dado que afecta a aspectos competenciales de otras administraciones y, en particular, de las comunidades autónomas. Además, en este caso no cabe hacer referencia al posterior desarrollo reglamentario porque en este como en otros ámbitos de la ley,
esta debería marcar unas pautas claras. Por tanto, hay cuestiones que no están claras o simplemente hay errores que deberíamos matizar y estudiar -ojalá a lo largo del debate de la ley en Comisión nos quede claro-, como son los relativos al marco
competencial, cuestiones técnicas y cuestiones financieras.
Insistiendo en el marco competencial y haciendo un somero repaso de los distintos sectores sobre los que se plantea una actuación importante y positiva, estos serían: infraestructuras; medio ambiente; sanidad; política energética;
gestión de residuos; aguas; telecomunicaciones; seguridad ciudadana; educación; deportes; cultura; patrimonio histórico-artístico; empleo público; protección social, con especial incidencia en discapacitados, mujeres e inmigrantes;
transporte; urbanismo y vivienda, y agricultura. Señorías, este planteamiento multisectorial puede provocar un importante conflicto competencial; más aún, cuando no se ha contado con un consenso previo ese conflicto está servido. A primera vista
se plantean dudas fundadas sobre la viabilidad de la ley en razón del régimen de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, porque la mayoría de las materias mencionadas son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y otras
son de competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, como son la protección del medio ambiente, régimen energético, etcétera. Esta situación, que para nosotros es incierta, se agrava en el caso del instrumento principal de la
ley que ya he citado antes, el programa de desarrollo rural sostenible. Este programa, señorías, según fija el proyecto de ley, sería aprobado por el Gobierno de España mediante real decreto, sin contar con las comunidades autónomas más que a
través del informe no vinculante que emitiría el Consejo para el medio rural. Esto es chocar frontalmente contra las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Además, el futuro programa de desarrollo rural afectará necesariamente a
gran cantidad de materias que son competencia -repito- exclusiva o compartida entre las comunidades autónomas y el Estado.
Por todas estas cuestiones, la viabilidad de la ley es dudosa. Sería bueno profundizar más en este tema, lo
cual no significa que en mi grupo pensemos que no es posible una política nacional en esta materia y en todas. Es posible una ley de este tipo, es posible entrar en una política nacional -esa es una crítica infundada que se hace desde esa
parte del hemiciclo hacia esta-, es factible la política nacional, pero haciendo las cosas bien hechas, no atropellando.
Por otro lado, no puede tampoco pasarse por alto -lo ha citado el señor Txueka, y estoy de acuerdo con él- el principio de
primacía de la legislación comunitaria. Señorías, existe una política de desarrollo rural en la política agraria común de la Unión Europea que cuenta con reglamentos de obligado cumplimiento. La legislación europea en este campo y en las demás
cuestiones afectadas por el proyecto de ley no se tienen en cuenta. Este sería también un grave inconveniente y un grave tropiezo para el desarrollo futuro de la ley.
Podemos hablar también de algunas cuestiones técnicas o simplemente de errores. Aceptamos la posibilidad de que más adelante se puedan corregir, pero hay que señalarlos. Por ejemplo, en la definición del medio rural se habla de pueblos de
menos de 20.000 habitantes y una densidad menor de 100 habitantes por kilómetro cuadrado; en el Plan estratégico nacional de desarrollo rural, elaborado por el propio ministerio, se habla de 150 habitantes por kilómetro cuadrado como limitación
poblacional. Pongámonos de acuerdo, o 100 ó 150 o, para evitar líos y confusiones, no digamos nada. Tampoco se entiende, ni compartimos, la clasificación de municipios rurales puesto que es una clasificación absolutamente evanescente, vaporosa y
no hay términos claramente cuantificables. ¿Qué es escasa población? ¿Qué es elevada significación de actividad agraria? ¿Qué son bajos niveles de renta? ¿Qué es importante aislamiento? ¿Qué es dificultades de vertebración? Definamos cada una
de esas cosas y tantas otras que quedan, repito, absolutamente en el alero. Por otro lado, la multiplicidad de criterios impide encuadrar muchos municipios de manera unívoca en un único grupo, salvo que en la ley implementemos reglas multicriterio
que no se indican en el texto y que, en un momento dado, esperemos que pudieran incorporarse; ahora no están incorporadas.
Otra cuestión importante es que no queda claro cómo se articulará el programa de desarrollo rural sostenible en relación con las comunidades autónomas, porque, por un lado, se dice que es un instrumento de planificación de la Administración
del Estado y, por otro, que se concretarán los objetivos y planes de actuación del Estado y los concertados con las comunidades autónomas. Las determinaciones del mencionado programa de desarrollo rural sostenible quedan, repito, indefinidas y dan
pie a que su aplicación se convierta en un mero compendio -a veces pensamos que es lo que se busca- de actuaciones que, en realidad, ya están haciendo las distintas administraciones y, por tanto, no incluirá ninguna novedad, más allá de lo puramente
formal.
Hay otros temas de cierta significación, como por ejemplo que el artículo 16 sea el único que cita la agricultura. Señora ministra, por muy importante que puedan ser los demás subsectores, la agricultura es y seguirá siendo el pilar
fundamental del desarrollo del medio rural. No es de recibo la clara minusvaloración que se hace en esta ley de la actividad agrícola y ganadera. Y otro tema de singular significación es que el apartado 2 se refiere a los contratos territoriales
de la zona rural, algo de lo que podremos hablar mucho en la Comisión.
Como el tiempo me apremia, voy a referirme a algunas cuestiones que nos parecen más graves, como por ejemplo lo de las 40 UDE para la explotación territorial. Es una limitación absolutamente improcedente, pues en algunas zonas será
claramente limitativa y en muchas otras absolutamente excluyente. Desde luego, es excluyente cuando se trata de un agricultor o de un ganadero, que no es una persona física, sino jurídica.
En cuanto al aspecto financiero -ya termino, señora presidenta- se acompaña una memoria económica en la que se confirma lo que nos temíamos, que la ley no cuenta con una financiación garantizada que sea coherente y viable. Una memoria de
este tipo debe incluir la estimación del coste, la descripción de los recursos que deben activarse y sus fuentes. Pues bien, entendemos que no está claramente definido ni el coste ni los recursos que deben activarse ni sus fuentes.
Además de estas cuestiones de fondo que estoy indicando, dudamos de la solidez de este texto legal, ya que concurren circunstancias de errores de cálculo, consideraciones erróneas que se han utilizado en el mismo.
Por ejemplo, se atribuyen
como gastos propios de la ley medidas que se están realizando sobre la base de otros programas. O se gastan en este programa o se gastan en otro, pero esta confusión no es aceptable.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Madero, le ruego que vaya terminando.
El señor MADERO JARABO: Voy terminando, señora presidenta.
Esto es importante para que no haya confusión, para que no se diga que se gasta dinero por esta ley cuando realmente se está gastando con arreglo al modelo actual en el Plan Nacional de Regadíos, en el desarrollo rural sostenible, en la
competitividad agroalimentaria, en la modernización de los regadíos, en la restitución hidrológico forestal y en tantas otras materias en las que se está actuando dentro del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Medio Ambiente. Todas estas
dudas, señora ministra, señorías, no las vemos resueltas en el texto legal que hoy debatimos. La financiación de la ley más o menos nos dice, con todas las dudas e incertidumbres planteadas, por dónde va a venir la parte del Estado, pero solo más o
menos; sin embargo, de la corresponsabilidad necesaria de las comunidades autónomas o de otras administraciones no se dice absolutamente nada y
tampoco de la posible cofinanciación de fondos europeos, que toma el carácter teórico o casi vergonzante de fuente financiera, entre comillas, a través de la, también entre comillas, captación de recursos adicionales. Hay que plantear la
financiación de forma más completa y más seria.
Ahora sí que termino, señora presidenta, diciendo que el proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural plantea cuestiones y objetivos deseables, tal como he dicho, pero, como he tratado de explicar, también plantea serios
problemas competenciales, incierta financiación y abundantes inconsistencias técnicas y estratégicas. Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular solicita la devolución al Gobierno del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural
y pide a SS.SS. que voten afirmativamente esta enmienda de totalidad que he presentado en nombre de mi grupo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Madero.
Es el turno del Grupo Catalán (Convergència i Unió). El señor Grau tiene la palabra.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, organizaciones agrarias interesadas en este proyecto de ley, altos cargos del ministerio que nos acompañan, por fin, ha entrado en esta Cámara esta ley para el desarrollo sostenible del medio rural.
Por las reiteradas veces
que ha sido anunciada como el objetivo estrella de su ministerio durante esta legislatura y el retraso que estaba teniendo su entrada en el registro, habíamos llegado a pensar que esta ley pudiera no ser una realidad. Era, y así se llamaba en
algunos círculos, una ley fantasma, pues todo el mundo hablaba de ella y nadie la había visto. No ha sido así, y hoy realizamos el primer acto oficial de un trámite que cumple uno de los objetivos del programa electoral del PSOE para que en la
próxima campaña electoral se pueda presentar como objetivo cumplido, aunque para ello debamos ventilar a toda máquina en este último periodo de sesiones un proyecto que en nuestra mecánica parlamentario precisaría de un mayor plazo.
Cumplimos bajo mínimos estrictos las formalidades, y ello porque la ley deberá ser aprobada en el Senado antes del 21 de diciembre. Supongo que nos vendrá con la necesidad de no demorar más una legislación necesaria y que en todo caso una
oposición a su proyecto sería poner palos a las ruedas y bloquear unas ayudas muy necesarias para el mundo rural. Me permito recordarle, señora ministra, haber declarado en esta Cámara, a pregunta de nuestro grupo, que resolvería también en esta
legislatura la representatividad agraria y por lo que se ve ni se va a presentar el proyecto ni piensa hacerlo. Digo esto a la luz de un problema que se ha presentado en el trámite de comparecencias para informar sobre esta ley de desarrollo
sostenible del medio rural; me refiero a la solicitud que hicimos varios grupos, entre ellos el nuestro, para informar sobre esta ley. Ha habido una oposición a que Unió de Pagesos se personara porque rompía con la representatividad institucional
del sector. Debe resolverse este problema de la representación porque nuestra petición de comparecencia -con todo respeto a las organizaciones agrarias que nos acompañan-, se debía a que, al no haber regulado este tema, faltaba la comparecencia de
una organización que representa a los agricultores de una comunidad autónoma que tiene legislación sobre acciones de desarrollo rural y que tiene, además, una organización agraria propia. Este es el caso de Cataluña. También hay acciones propias
en este sentido de desarrollo rural en Castilla-La Mancha, Asturias y el País Vasco. En nuestro caso, la solicitud de comparecencia citada era para conocer los problemas del caso catalán explicado por la representación agraria que tiene aquel
territorio.
Una primera consideración, señora ministra. ¿Por qué tanto tiempo en presentar esta ley si ya existían precedentes operativos? En segundo lugar, se han producido cambios importantes en las partidas de los fondos del PDR que recibimos de
Europa, que han dejado a algunas comunidades autónomas fuera del Objetivo 1, entre ellas Cataluña, con una reducción importante de las ayudas de la Unión Europea y de los Presupuestos Generales del Estado sin que fueran atendidas, tal y como
solicitaba el sector. Aún más, hubo declaraciones en el sentido de que no habría reducción en las ayudas, cosa que efectivamente sí pasó después, y aún no hemos recuperado los niveles anteriores, obligando con ello a que las aportaciones de los
presupuestos de algunas autonomías fueran importantes para subsanar las reducciones que venían de otras fuentes y que esta ley que hoy debatimos tampoco resuelve. En tercer lugar, esta ley trata de establecer unas bases de ayudas para la comunidad
autónoma que se ayuda a sí misma, es decir, para complementar las acciones que deben realizar las comunidades autónomas. Por ello, ¿por qué una ley tan sofisticada, tan intervencionista en el tema competencial? ¿Por qué no pensar en una ley
definitoria de bases de ayudas, de definir conciertos que dejara claro, en primer lugar, los tipos de ayudas, las acciones que merecen estas y el marco de actuación? Estas son las líneas claves, que no vemos en el proyecto, de lo que debería ser un
Gobierno que ha declarado respetar la voluntad expresada en los parlamentos autonómicos, un Gobierno corresponsable y no dirigista, lo que en realidad sí se produce en la ley y que hoy nos propone abrir en el trámite parlamentario. Es difícil para
nosotros darle nuestro plácet porque va a producir una nueva configuración de ayudas que va a dirimir el Gobierno del Estado en contra de la decisión de algunos gobiernos autonómicos, aunque las declaraciones por su parte sean distintas. No tenemos
garantías de que las acciones realizadas por el Gobierno catalán tengan el eco correspondiente en el Gobierno de Madrid. Digo esto porque los parámetros de actuación de ambos han sido diferentes en el concepto y son divergentes en
los objetivos. Hago un inciso en su política láctea, porque ha propiciado el trasvase de cuotas que ha llevado al sector a ser deficitario de la producción en más de 4.000 toneladas en el Estado y a una pérdida de más de un tercio de la
producción en Cataluña, cifrable en 26 millones de kilos en el periodo 2005-2006 y en 4,5 millones en el periodo 2006-2007.
Estamos ante una grave crisis de los productores de frutas y hortalizas porque no se ha legislado para garantizar que los
productos importados cumplan con los mínimos de protección ambientales y fitosanitarias suficientes para que nuestros agricultores sean capaces, repito, sean capaces de creer que aquí legislamos con respeto hacia ellos, con convicción de lo que les
exigimos y que se cumple y finalmente también tienen que cumplir quienes quieran vender en nuestros mercados de abastecimientos. Para más inri, resulta que existen medidas complementarias compensatorias en Francia e Italia que favorecen a sus
propios agricultores en cantidades superiores a las ayudas que damos a los agricultores por la política agraria común española.
Ha sucedido algo anecdótico, por decirlo de una forma amable. El Gobierno del que usted forma parte ha puesto el carro por delante de los bueyes.
Me refería antes a la eliminación de Cataluña del Objetivo 1. La realidad de la aplicación
nos ha mostrado la existencia de unos elementos que le han permitido actuar interfiriendo las competencias autonómicas, más concretamente en la aprobación de un plan piloto de alta montaña que abarque la Ribagorza, es decir, montañas de Aragón y de
Cataluña, que se incluyó como plan piloto en el PDR de una forma sectaria. Da la casualidad de que -no sé si por aquello que se dice de que el Pisuerga pasa por Valladolid- se aprovechó la presentación del citado plan piloto con la de su director
en un acto paralelo o conjunto para la presentación de su propia candidatura, con la poca gracia de arroparle altos cargos tanto del ministerio como del Gobierno de Cataluña. Hay abundante prensa escrita sobre las declaraciones al respecto. Por
decirlo de alguna manera, es una anécdota de mal gusto que no debe ni deberá permitir en ningún caso la actuación de esta ley.
Nuestro grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad por entender que, si bien una ley así es necesaria, no debe caer en actuaciones directas sino en todo caso explícitamente complementarias a las actuaciones autonómicas. Estamos
hablando del respeto a las competencias exclusivas; estamos hablando de subvenciones complementarias a las autonómicas; estamos hablando de complementar acciones de Gobierno autonómico que incidan por igual en todo el sector, que no generen
diferencias importantes de comportamiento y, en definitiva, que no provoquen nuevos desajustes en el sector. La transversalidad de la ley, de la que tanto estamos hablando todos, va a precisar una actuación interministerial. En este sentido he de
manifestar nuestro acuerdo para que el programa de desarrollo rural sostenible tenga, como se ha anunciado, una presidencia de alto nivel -según alguna voz es posible que sea de la vicepresidencia del Gobierno- para disponer de la agilidad que
corresponde, lo que hoy también podría ser anunciado para dar la importancia y el valor a este proyecto.
El proyecto da a entender que una de sus finalidades es determinar las políticas de desarrollo rural sostenible de todas las administraciones públicas. En este sentido es necesario recordar que en la letra g) del primer párrafo del artículo
116 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el desarrollo integral y la protección del mundo rural, como debe suceder en otros muchos estatutos de otras comunidades autónomas. Quiero
destacar también que la atribución de la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales en los estatutos se efectúa respetando la que se atribuye al Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye
el artículo 149.1.13ª y 16ª de la Constitución. Ahora bien, la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha remarcado que las bases de la legislación estatal no pueden presentar un grado de detalle tan exhaustivo que llegue a socavar la
integridad de la competencia atribuida por vía estatutaria a una comunidad autónoma, como está sucediendo en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Si hablamos de medidas que quiere cubrir esta ley de desarrollo rural sostenible podemos
entender que defina hasta dónde quiere llegar el Gobierno del Estado o, como máximo, los objetivos a alcanzar, y en esto coincidimos con algunos de los otros enmendantes. La ejecución y el diseño de las mismas debe corresponder a los gobiernos
autonómicos en el ejercicio de su propia competencia. Es lógico que una comunidad autónoma defina su zona rural específica, pero también lo es que la modulación sea del Estado, y si aceptamos la modulación hasta donde llegan las ayudas. En todo
caso, una alteración de estos módulos debe provenir del consenso entre la mesa sectorial. El proyecto regula una serie de medidas a tener en cuenta en la elaboración del programa de desarrollo rural sostenible que en gran parte son competencias
exclusivas atribuidas a comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía. Como ejemplo más evidente podemos citar urbanismo y vivienda, integración de la inmigración, políticas de género, atención social, sanidad, educación y un
largo etcétera. Hay que destacar también que en el proyecto se regula la figura llamada contratos territoriales en su artículo 16.2, que en Cataluña ya se encuentra regulada y en aplicación, no por los contenidos de la misma, con los que estamos de
acuerdo, sino por el hecho de que después de tanto tiempo esta ley no es sino una mala resolución de la planificación del desarrollo sostenible o rural, objeto del Reglamento de la Comisión Europea 1083/2006. Una ley de este calado que va a
interesar a un total de trece ministerios, por no decir al Gobierno en su totalidad, precisaba disponer en la elaboración del proyecto inicial del mayor
consenso de los grupos de la Cámara, de la expresión más amplia y del debate con los grupos de interés.
Sabemos que esta enmienda, señora ministra, no va a prosperar. A causa del calendario, también se prevé que el trámite parlamentario no nos dé alternativa para presentar un texto alternativo, que en definitiva tampoco sería escuchado, pero
sí hemos presentado 47 enmiendas, la mayoría técnicas y competenciales, para que sean tenidas en cuenta en la aprobación de la ley. Mantenemos, como ya han dicho los otros enmendantes, nuestra enmienda a la totalidad, y esperamos también de esta
oferta de consenso que la discrepancia al menos se module o se ajuste a un entendimiento en el debate en ponencia para la aprobación de la ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Grau.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, esta mañana retiramos una enmienda de devolución que nuestro grupo parlamentario presentaba a este proyecto de ley, y lo hacíamos porque si bien cuando la presentamos era porque coincidíamos con la mayoría de los
argumentos que acaban de exponer aquí tanto el portavoz de Convergència i Unió como del Partido Nacionalista Vasco, y que yo trataré también de exponer a SS.SS. aprovechando la presencia de la ministra, percibimos en estos últimos días y después de
la presentación de enmiendas parciales una voluntad tanto del Gobierno como del grupo mayoritario de esta Cámara de mejorar el texto que llegó a esta casa y de solventar alguno de los problemas, cuando menos aquellos relacionados con las cuestiones
competenciales, que son los aspectos que más nos preocupan del proyecto de ley que hoy estamos discutiendo. Por eso entendemos que el trámite en ponencia y, en definitiva, todo el trámite parlamentario de este proyecto de ley nos puede permitir
llegar a acuerdos. De todas maneras, señora ministra, si aquellos aspectos que están relacionados con las cuestiones competenciales no quedan salvados en el texto que finalmente salga de ponencia, no podemos garantizar hoy que nuestra posición sea
favorable en la votación final de este proyecto de ley. Manifestamos al grupo mayoritario y al Gobierno nuestra predisposición a llegar a acuerdos a través de las enmiendas que presentamos, pero si no es así no podríamos votar favorablemente el
texto final. Hacemos este ejercicio de voluntad para llegar a acuerdos porque entendemos, y así lo manifestamos en la exposición de motivos de la enmienda de devolución que presentamos, que la jurisprudencia existente respecto a las competencias en
materia agrícola permite actuaciones puntuales o medidas singulares del Estado para alcanzar los fines propuestos, pero siempre previa su justificación razonada y respetando una amplia participación de las comunidades autónomas a través del
desarrollo, gestión y ejecución de medidas específicas. Si el texto que el Gobierno presenta pretende fundamentarse en la citada competencia de ordenación y planificación de la actividad económica, ha de justificar necesariamente hasta qué punto
las medidas de desarrollo rural propuestas contribuyen al objetivo de coordinación y cuáles de ellas son necesarias para ello, y sobre todo especificar el marco de gestión y desarrollo de las mismas por parte de las comunidades autónomas. (El señor
vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)
Atendiendo a lo que acabamos de exponer, consideramos que el proyecto de ley presentado es demasiado ambiguo y adolece de concreción. El texto que se nos propone es excesivamente genérico y puede permitir una interpretación abusiva de la
regulación de la ley, en concreto cuando se elabore y apruebe el programa de desarrollo rural que puede suponer un recorte de competencias autonómicas en esta materia. Queremos recordar que el CES inició un informe sobre este proyecto de ley -en su
momento anteproyecto- que coincide plenamente con las argumentaciones que los grupos nacionalistas tenemos respecto al mismo. Es el propio CES el que habla de la injerencia del proyecto en las competencias autonómicas.
Concretamente dice que la
adopción de directrices estratégicas territoriales de ordenación rural debe efectuarse en todo caso teniendo presentes las leyes y competencias autonómicas. Hay que tener en cuenta además, señorías, que lo que pretende este texto es la inclusión de
medidas de fomento de empleo, infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, educación, cultura, urbanismo y vivienda y gestión de servicios sanitarios, que como ya explicaron otros portavoces afectan de lleno a competencias exclusivas
previstas en el Estatuto de autonomía al que me estoy refiriendo, pero que prácticamente están incluidas en todos los estatutos existentes en este momento, por lo que se deberían precisar los puntos de conexión entre la planificación que pueda hacer
el Estado y el diseño y ejecución concreta de las medidas por parte de las comunidades autónomas. Si este proyecto se quiere considerar básico y dado que la cuestión fundamental es la elaboración del programa de desarrollo rural sostenible, parece
entenderse que se trata de acciones al margen de las ya establecidas. Si no se modifica el texto, se puede entender que se trata de acciones que el Gobierno tiene previstas al margen de las ya establecidas por cada una de las comunidades autónomas,
concretamente en relación con el Plan de Desarrollo Rural, el PDR, de 2007 a 2013. En Galicia este plan ya se ha puesto en marcha y cuenta con actuaciones directamente financiadas por el Estado y otras cofinanciadas por la Administración del Estado
y las comunidades autónomas.
Señora ministra, señorías, estas cosas tienen que quedar claras en el proyecto de ley que definitivamente aprueben las Cortes Generales, porque si no -repito- podríamos no estar de acuerdo. Vuelvo a recalcar las
razones por las que a pesar de los argumentos que acabamos de exponer, y en los que podríamos incidir pero que una vez que retiramos la enmienda de devolución no lo consideramos oportuno, podríamos mantener la enmienda. Sin embargo, con la
explicación que dimos inicialmente a nuestra intervención, es decir, la voluntad de nuestro grupo de llegar a acuerdos y la percepción que tenemos en estos últimos días de la voluntad también de acuerdo a través de enmiendas con el grupo mayoritario
y con el resto de los grupos de la Cámara para mejorar las condiciones preocupantes que acaba de manifestar mi grupo, retiramos la enmienda. No vamos a apoyar favorablemente las enmiendas de devolución que se acaban de defender porque entendemos
que debemos dejar esa oportunidad al acuerdo en el trámite parlamentario subsiguiente. Vuelvo a repetir, porque en estos momentos no sabemos cómo puede quedar el texto definitivo -por eso lo recalcamos tantas veces-, que son necesarios los acuerdos
porque si no votaríamos en contra del texto final. Que quede patente nuestra intención de poder llegar a acuerdos y si no es así no será por culpa del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ RESTA: Gracias, señor presidente.
Antes de iniciar esta intervención, quiero saludar en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a las personas que han acudido aquí, que están presentes en este debate, porque ello demuestra que es un
tema de extraordinario interés.
Entrando ya en el tema que nos ocupa, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiere decir que este proyecto de ley es un marco jurídico necesario porque precisamos en nuestro país de una política de Estado;
y cuando hablo de política de Estado me refiero a una política del conjunto de las administraciones, cada una en su ámbito competencial. Tiene que ser una política específica para el medio rural a fin de poder afrontar y superar la delicada
situación socioeconómica en la que se encuentran muchos territorios rurales en nuestro país. Esto debe hacerse desde una perspectiva integral y transversal, abordando todas las políticas que afectan a los diferentes factores de la vida en las zonas
rurales. Las zonas rurales suponen en nuestro país el 90 por ciento del territorio y el 35 por ciento de los habitantes, concentrando la práctica totalidad de los recursos naturales y buena parte de la actividad económica, y sin embargo se
encuentran con un elevado retraso económico y social. Esta ley puede ser un marco oportuno para discutir de todo esto y para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural, considerando los objetivos de la estrategia de Lisboa y de la
estrategia europea de desarrollo sostenible. Además, para nuestro grupo parlamentario es una prioridad crear las condiciones para la permanencia y el bienestar de la población que habita en las zonas rurales, porque ello es clave para el
mantenimiento del patrimonio y de los recursos culturales y naturales del medio rural. Para nosotros es muy importante que se garantice el equilibrio social y territorial en el conjunto del Estado, y para ello también es imprescindible realizar
mayores esfuerzos en las zonas con más dificultades. Eso ocurre en el ámbito que nos ocupa.
Garantizar un correcto y satisfactorio acceso a los servicios públicos básicos en condiciones de igualdad, actuar con criterios de transversalidad e
integralidad, favorecer la colaboración entre todas las administraciones, cada una en el ejercicio de sus competencias pero con una estrategia compartida, y sobre todo la participación de la sociedad civil en los procesos de la elaboración son
principios claves para nuestro grupo parlamentario que deben reflejarse en esta ley.
Un aspecto sin duda relevante y que a nosotros nos preocupa extraordinariamente es la creación de empleo en el medio rural, los mecanismos que podamos incorporar para la estabilización del mismo, reduciendo las tasas de temporalidad y la
mejora de las condiciones laborales y de los servicios y prestaciones sociales. No quiero olvidarme de que nuestro grupo parlamentario ha presentado un buen número de enmiendas dirigidas en esta dirección y que también pretenden mejorar el aspecto
medioambiental de la ley, en particular la gestión del agua, la conservación de la naturaleza o la lucha contra los delitos medioambientales. Incorporar el criterio de sostenibilidad a las acciones y al propio nombre de la ley es incluir un
elemento avanzado y moderno al modelo de desarrollo que nuestro grupo parlamentario intentará reforzar, como he dicho, a través de las enmiendas presentadas.
Es importante señalar que esta ley se desarrollará a través de un instrumento que es el programa de desarrollo rural sostenible, que se va a llevar a cabo a través de convenios de colaboración con las comunidades autónomas. Además de esta
colaboración sería deseable contar con la participación de los agentes sociales y económicos relacionados con el medio rural. La implicación de la población nos parece imprescindible para garantizar el éxito de las acciones. Hacer con la gente las
acciones que son para la gente.
Desde el punto de vista agrario, el apoyo a la agricultura tradicional es el modelo de explotación y tipo de agricultor que se pretende priorizar.
Se establecen criterios de territorio prioritario a la hora de llevar a cabo las actuaciones
previstas, pero se incorpora una doble definición respecto de la que ya existía en la Ley de modernización de las explotaciones agrarias que puede inducir a confusión. Nosotros creemos que la Ley de modernización de las explotaciones agrarias
establecía unas definiciones de agricultor profesional y explotación
prioritaria de la ley que podrían ser adecuadas, y así lo plantearemos también en las enmiendas. El contrato territorial, que es otro de los instrumentos que aparece en la ley y que se crea para beneficiarse de las prioridades, nos parece
también un buen mecanismo para el apoyo a la agricultura tradicional.
Nosotros pensamos que esta ley, que tiene como objetivo mantener y ampliar la base económica del medio rural, asegurar unos servicios públicos básicos y conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio
rural, puede ser positiva. Tenemos como datos positivos y que queremos señalar el avance que se hace sobre la diversificación económica en el medio rural. Creemos que esa medida debe ser imprescindible y que se debe perfeccionar con las enmiendas.
Apoyamos también las menciones que se hacen a la producción de energía a través de biomasa y de los biocombustibles, incentivando los cultivos agrícolas energéticos, o la prioridad que se da a la modernización de algunos sistemas de regadíos
introduciendo el elemento de ahorro de agua. Nos parecen también importantes en esta ley las medidas que mejoran la calidad de vida de los habitantes del medio rural en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, la creación y
el mantenimiento de empleo y el uso de las nuevas tecnologías. A todas esas materias nuestro grupo parlamentario intentará hacer aportaciones para mejorarlas. Igualmente nos parece adecuada, pero tendrá que mejorarse con las enmiendas, la
inclusión de un programa presupuestario específico para las actuaciones de desarrollo rural dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Somos conscientes de que sin financiación esta ley se quedaría exclusivamente en papel mojado.
He señalado los aspectos que nos parecen positivos, pero no quiero terminar sin señalar que hay una parte de esta ley que compartimos con algunos intervinientes anteriores. Creemos que, como ha dicho también el CES en su dictamen sobre el
anteproyecto de ley, como mínimo hay una confusión competencial en algunas materias que debe clarificarse. Nuestro grupo parlamentario cree que esas dudas competenciales se pueden clarificar con las enmiendas y así las hemos presentado. Una vez
solventada esa problemática estaríamos en condiciones de poder abordar este proyecto de ley. Pensamos que debe tener esa claridad competencial no solo porque lo digan la Constitución y las leyes, y porque cada uno tiene que asumir sus propias
responsabilidades, sino porque de esa claridad competencial vendrá también la eficacia de la ley; que cada uno sepa las responsabilidades que tiene que asumir en el desarrollo de la misma.
Por último, esta ley puede favorecer una apuesta decidida por un modelo de desarrollo rural integral y diferente que puede garantizar al 35 por ciento de los ciudadanos de nuestro país mayores cotas de bienestar, y es eso lo que mueve a
nuestro grupo parlamentario a tener la voluntad de mejorar a través de las enmiendas un texto que sin duda es mejorable, pero que creemos que es imprescindible, porque ese 35 por ciento de la población española merece que esta ley salga lo antes
posible para que las políticas se puedan hacer realidad. Por esas razones, mi grupo parlamentario no apoyará las enmiendas a la totalidad que se han defendido aquí esta mañana.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Muñoz.
Corresponde el turno de fijación de posiciones al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, empezamos hoy la discusión parlamentaria del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Se trata de un texto importante por su amplio alcance, estimado en el 35 por ciento de la población y el
90 por ciento del territorio del Estado. El medio rural merece una importancia singular, tanto porque sufre algunos problemas específicos y cambiantes como por el hecho de tratarse del lugar donde se encuentra la práctica totalidad del sector
primario y por ser el reservorio de gran parte de los recursos naturales. Nuestro grupo considera necesaria una ley que regule las especificidades del medio rural y por este motivo no hemos presentado ninguna enmienda de devolución. Estas
enmiendas, de prosperar, impedirían que la ley se aprobara en lo que queda de legislatura, aspecto por el que no estamos y por el que tampoco están los sectores sociales y profesionales que van a beneficiarse de la misma, como así lo manifestaron a
los grupos parlamentarios en esta Cámara en las comparecencias que tuvieron lugar para la elaboración de este proyecto de ley. Sin embargo, nuestro grupo cree que este texto que se ha remitido al Congreso hay que mejorarlo, y por eso hemos
presentado numerosas enmiendas al articulado, concretamente 81.
En primer lugar, nos preocupa tanto como al señor Madero el tema competencial y por ese motivo hemos presentado una serie de enmiendas competenciales. Creo, señorías, que no ha habido un solo proyecto de ley presentado en esta Cámara por el
Gobierno, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no haya obligado a nuestro grupo parlamentario a presentar enmiendas de carácter competencial, en defensa de las competencias atribuidas a la Generalitat por el Estatut; y
este proyecto de ley no ha sido una excepción. Desde nuestro grupo criticamos, primero, las remisiones reglamentarias para el desarrollo de distintos planes que realiza el texto. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.) El
nuevo Estatut obliga a considerar que las bases fijadas en reglamento deben tener el carácter de excepcional y, por tanto, deben ser aplicadas de forma muy restrictiva y como verdaderas excepciones. Tal como se plantea en el proyecto de ley,
entendemos que atenta directamente a lo establecido en el artículo 111 del Estatuto de Autonomía. Creemos que el proyecto de ley no garantiza, por su redacción excesivamente abierta, las competencias de la Generalitat en el desarrollo y
gestión de la planificación general. Es decir, no se garantizan las competencias ejecutivas de la Generalitat en relación con la ejecución del programa de desarrollo rural sostenible.
También nos preocupa la redacción original del artículo 16 del proyecto de ley sobre el apoyo a la agricultura territorial. Este artículo invade plenamente las competencias de la Generalitat, puesto que en materia de agricultura tiene
atribuida, y no solo en el Estatuto vigente, sino también en el Estatuto anterior, la competencia exclusiva. Proponemos un redactado alternativo que salve dicha flagrante invasión competencial.
El artículo 18 del texto, al prever que la Ley de Presupuestos Generales del Estado deberá contener la declaración de interés general de las obras de infraestructuras, sin contar con el informe favorable de las comunidades autónomas, está
vulnerando también las competencias de la Generalitat de Cataluña previstas en los artículos 140 y 148 de su Estatuto de Autonomía, que establece que cualquier obra de transporte realizada en Cataluña requiere del informe previo de la Generalitat de
Cataluña.
Además, en el caso de las medidas concretas incluidas en el programa de desarrollo rural sostenible que sean financiadas por el Estado y sean territorializables entendemos que debe corresponder a las comunidades autónomas fijar los objetivos
concretos, así como regular las condiciones de otorgamiento y gestión, para respetar escrupulosamente la distribución competencial salida del nuevo Estatut.
En las disposiciones adicionales consideramos necesaria la inclusión de una cláusula de salvaguarda de las competencias de las comunidades autónomas, así como una mejora en el redactado de la disposición adicional segunda que, tal y como
está redactada, invade competencias de la Generalitat en materia de ordenación de policía local. Finalmente, la última corrección competencial que nuestro grupo propondrá, vía enmiendas, a este texto es al amparo de la disposición final cuarta,
sobre las competencias estatales en el apartado primero del artículo 149.
Dicho lo anterior, dado que esto justificaría que nuestro grupo pudiera dar apoyo a algunas de las enmiendas que se han presentado hoy en esta Cámara, les tengo que decir que, después de las conversaciones mantenidas con el Gobierno, con el
Ministerio de Agricultura y con el Grupo Parlamentario Socialista, y tras los compromisos asumidos por estos, podemos afirmar que buena parte de nuestras enmiendas serán incorporadas directamente al proyecto de ley, y que otras de estas enmiendas
estarán transaccionadas en la dirección que nuestro grupo parlamentario intenta llevar a cabo. Entendemos que el proyecto que va a salir de esta Cámara, gracias a las enmiendas y a las conversaciones que hemos tenido con el Grupo Socialista,
respetará las competencias de la Generalitat de Cataluña y de las comunidades autónomas en materia de desarrollo rural.
Hay otro gran bloque de enmiendas que nuestro grupo ha presentado y que se refieren a la previsión de actuaciones sobre el medio rural que la ley realiza. Respecto al programa de desarrollo rural sostenible, el principal instrumento que
esta ley prevé, proponemos la participación de las comunidades autónomas en su elaboración y que, con carácter previo a su aprobación, sea sometido a un informe de la mesa de asociaciones de desarrollo rural para garantizar que se tome en
consideración la opinión de los sectores interesados. También hemos propuesto que cada una de las medidas recogidas en el programa de desarrollo rural sostenible cuente con presupuestos y con la definición de unos indicadores que permitan su
correcta evaluación. Hemos asumido también propuestas que van encaminadas a la preservación del paisaje, como valor distintivo del medio rural, que figura también entre los objetivos de esta ley. Por tanto, que se incluyan acciones al respecto
dentro del Plan estratégico nacional del patrimonio natural y de la biodiversidad.
En otro sentido, también hemos propuesto que la agricultura ecológica se incluya dentro del tipo de explotaciones que puedan beneficiarse de forma prioritaria de los apoyos previstos en el proyecto de ley, y que se cree un subprograma
específico sobre agricultura y ganadería ecológica dentro del Plan nacional de calidad ambiental, agrícola y ganadera.
También hemos presentado diferentes enmiendas sobre género y discapacitados porque nuestro grupo entiende que se trata de dos colectivos que en el medio rural precisan de una especial atención. Tras las primeras conversaciones mantenidas
igualmente con el Gobierno y el Partido Socialista podemos afirmar que buena parte de estas reivindicaciones, que aportamos mediante enmiendas, van a ser aprobadas en el proyecto de ley y nos congratulamos por ello, porque entendemos que van a
beneficiar mucho el texto originario de este proyecto de ley.
Hemos presentado también otra serie de enmiendas que queremos seguir discutiendo con el grupo mayoritario de esta Cámara, porque con su aprobación van a mejorar el texto definitivo. En ese sentido y en línea con las citadas propuestas de
considerar la preservación del paisaje como elemento clave de la identidad del medio rural, hemos propuesto un mandato para desincentivar el urbanismo disperso, particularmente en las zonas rurales periurbanas. Esto también tendría consecuencias
positivas para el consumo de agua y energía así como para la movilidad. En el plano fiscal pedimos que los municipios puedan dar posteriormente un trato preferente a las fincas rústicas, cobrando un tipo impositivo menor que el del impuesto sobre
bienes inmuebles. Respecto al tema clave del agua, hemos sugerido establecer también ayudas económicas
para la retirada de tierras de regadío y la reducción de las dotaciones de riego en aquellas zonas con escasez de agua y valores ambientales asociados con los cultivos de secano. Otra de nuestras propuestas persigue fomentar programas de
apoyo a los tratamientos forestales encaminados a una mejora de la calidad ambiental de los bosques, así como de fomento de la actividad de pastoreo, especialmente en aquellas zonas con elevado riesgo de incendio. Respecto al tema de género, hemos
formulado una propuesta concreta de articulado para el desarrollo del concepto de titularidad compartida de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario, de acuerdo con la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad entre hombres y
mujeres, aprobada en esta Cámara. Por otra parte, hemos propuesto incluir, entre los mandatos de la ley, la potenciación del consumo de productos agroalimentarios locales y de calidad. Finalmente, también creemos que esta ley sería una excelente
oportunidad para dar cumplimiento al mandato derivado del reciente debate del estado de la Nación, en el sentido de citar unos niveles mínimos para la producción autóctona de biocarburantes, que les recuerdo que se aprobó en una de las resoluciones
del citado debate, lo que sin duda sería también un enorme respaldo para el sector agrario.
Como les he dicho, nos quedan muchas enmiendas pendientes de negociar.
Entendemos que la buena voluntad del partido mayoritario de esta Cámara nos puede llevar a aprobar muchas más o a llegar a acuerdos en otras, y quiero decirles que
gracias a ese buen entendimiento que hemos tenido con el Gobierno, con el Grupo Socialista, se han disipado las dudas que teníamos por la invasión competencial que suponía este texto, lo que nos ha permitido no presentar enmienda a la totalidad ni
votar las que se han presentado. Esperamos que entre todos los grupos podamos mejorar el texto. También animo al Partido Nacionalista Vasco y a Convergència i Unió a aprobar las enmiendas que intentan aclarar todas esas dudas que se han planteado
hoy aquí, tanto por su parte como por la de nuestro grupo, para que entre todos podamos mejorar una ley que, a nuestro entender, es necesaria, puesto que es necesario dar un impulso al mundo rural.
Esperemos que antes del final de esta legislatura
podamos aprobarla.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias, señora presidenta.
En representación del Grupo Socialista justificaré y explicaré nuestra posición, lógicamente contraria y de rechazo a las enmiendas de totalidad planteadas por el Partido Popular, por el Partido Nacionalista Vasco y por Convergència i Unió.
Estamos debatiendo un proyecto de ley muy importante, seguramente el más trascendente de los presentados en esta legislatura para los que viven en los municipios rurales españoles. Se trata de una iniciativa muy demandada desde hace años
por todos los agentes interesados en el desarrollo del medio rural. La necesidad de disponer de una estrategia específica a nivel nacional para el desarrollo rural se viene planteando desde el año 1985, cuando empezaron a vislumbrarse las
modificaciones de la política agraria comunitaria, y a reconocerse que la política agraria tradicional no iba a ser suficiente para mantener vivos los núcleos rurales.
Los que hemos seguido las comparecencias de los representantes, de los interlocutores sociales -a los que saludo, que están aquí presentes con nosotros, y a quienes agradezco sus aportaciones- que han permitido analizar la situación del
medio rural, y la oportunidad o no de aprobar este proyecto de ley, les hemos oído decir sin reservas que esta ley es necesaria, y que no son suficientes las iniciativas desarrolladas por las comunidades autónomas para garantizar la eliminación de
los déficit en servicios o en niveles de desarrollo de algunos territorios del mundo rural. El 'Diario de Sesiones' refleja claramente que los interlocutores sociales se manifestaron a favor de esta iniciativa y pidieron a los grupos parlamentarios
su colaboración, que hiciéramos un esfuerzo de consenso para que esta iniciativa fuera una realidad en esta legislatura.
Lógicamente, la iniciativa pertenece a cada grupo parlamentario, y cada uno hará con sus votos lo que considere oportuno. Pero
deben saber SS.SS.
que los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas, de los sindicatos de trabajadores, de las organizaciones empresariales, de las redes de desarrollo rural y del Cermi nos pidieron de nuevo,
en este caso en la sede parlamentaria, el establecimiento en España de una política de Estado en el medio rural que permitiera afrontar la situación de atraso relativo de algunas zonas del territorio español. Bien es verdad que todos ellos nos
plantearon propuestas de modificación al texto enviado por el Gobierno, y en este sentido quiero repetir lo dicho por la ministra y reiterar nuestro compromiso de introducir en la tramitación de la ley las modificaciones necesarias en el texto para
hacer desaparecer las dudas de invasión competencial, así como para asegurar la mejor coordinación posible entre las administraciones, y, por tanto, la mejor aplicación de las medidas que se incluyen en este proyecto de ley.
Discutimos tres enmiendas a la totalidad: dos de ellas por temas exclusivamente competenciales, y una, la planteada por el Grupo Popular, a la que, señores del Partido Popular, desde mi punto de vista y después de escuchar sus
intervenciones, no encuentro explicación. Respetamos, aunque no compartamos, las consideraciones
de tipo jurídico competencial que han planteado los portavoces del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que se oponen a la tramitación de esta iniciativa, pero no puedo comprender cómo
el Partido Popular se opone a que España tenga una ley de desarrollo sostenible del medio rural. Señor portavoz del Grupo Popular, creo que la posición del Partido Popular en este momento -y lo digo con respeto- es impresentable. No se puede
presentar; usted no ha hecho una presentación que justifique la enmienda a la totalidad. Se oponen simple y llanamente porque tienen que reconocer que ustedes no fueron capaces de traer una iniciativa para el desarrollo rural de este calado cuando
fueron Gobierno, y a mí, que entonces era consejero, me consta el interés, el esfuerzo y la iniciativa del ministro Arias Cañete que, por interés de su grupo, no fue capaz de llevar adelante. Pero lo más impresentable, señores del Grupo Popular, es
la justificación que ustedes han dado a la presentación de esta enmienda a la totalidad.
Escuchen porque seguramente algunos diputados del Grupo Popular esto lo desconocen. Su portavoz, el señor Zaplana, ha escrito que la enmienda a la totalidad
se justifica por la falta de tiempo para analizar esta norma. Dice el señor Zaplana en el escrito de presentación que el proyecto de ley no se puede tramitar de forma apresurada. ¡Hombre! Deben saber ustedes que el proyecto de ley está aquí desde
el mes de abril.
Estamos en septiembre, el proyecto tiene 39 artículos, y ustedes piden más tiempo. Habría que preguntar a qué ritmo trabajan ustedes. Vamos a un ritmo de dos artículos por semana. Pero lo que, desde mi punto de vista, ya resulta
cómico, señores del Grupo Popular, es que ustedes mismos, sirviéndose del mismo portavoz, el señor Zaplana, presentaron una proposición no de ley el 12 de marzo, es decir un mes antes de que el Gobierno aprobara en Consejo de Ministros este proyecto
de ley, en el que decían literalmente que exigían del Gobierno la aprobación de un proyecto de desarrollo rural, y que lo remitiera en el plazo de un mes y -fíjense ustedes lo que se pedía- que se tramitara por el procedimiento de urgencia. Está en
el 'Diario de Sesiones' su iniciativa. Ustedes pedían urgencia entonces, un mes para la aprobación, y ahora lo que piden es más tiempo para la tramitación. La realidad, simple y llanamente, señores del Grupo Popular, es que ustedes están poniendo,
como se dice en el campo, palos en la rueda para que el Partido Socialista, para que el Gobierno socialista no pueda cumplir su compromiso de aprobación en esta legislatura de un proyecto de ley para el medio rural.
En el Grupo Socialista consideramos que España debe tener una estrategia y una legislación propia en materia de desarrollo rural, y que esta estrategia no puede ser el resultado de sumar 17 estrategias diseñadas en 17 comunidades autónomas.
Lo que está proponiendo el Gobierno es establecer una legislación propia para todo el Estado en materia de desarrollo rural. Esto es algo que tienen otros países de nuestro entorno. Lo tiene Francia, lo tiene el Reino Unido, lo tiene Alemania, que
tiene legislación y estrategia propia y es un país de estructura federal. Lo que hemos hecho hasta ahora -y parece que se quiere obligar al Estado a seguir esa misma estrategia- ha sido aplicar diferentes medidas y programas para el medio rural
emanadas de la Unión Europea.
Pero realmente no es eso. Lo que pretendemos es rellenar un vacío legislativo y un vacío también de acción política.
En este momento esta ley es más necesaria que lo era en la pasada legislatura, porque la Unión Europea, en el ámbito del medio rural, de las políticas agrarias está haciendo cada vez menos políticas comunes y más políticas de Estado, dejando
a los estados que desarrollen sus políticas. Por tanto, en este momento una política española estatal de desarrollo rural es, si cabe, más necesaria que en la pasada legislatura.
Existe el Fondo Europeo de Desarrollo Regional que vamos a seguir
utilizando eficazmente en España, pero ese fondo establece objetivos de complemento de la política agraria comunitaria, establece objetivos fundamentalmente agrarios y medioambientales, pero la ley que tenemos en este momento en tramitación quiere
obtener objetivos más ambiciosos.
Pretende coordinar políticas y medidas de todas las administraciones públicas con un marcado sentido de cohesión social y territorial para hacer desaparecer cualquier ámbito de discriminación donde se produzca.
Queremos hacer desaparecer carencias e insuficiencias en los ámbitos educativos, sanitarios, culturales, de servicios y de dotación de todo tipo de infraestructuras en el 90 por ciento del territorio, donde vive escasamente el 30 por ciento de la
población. Nosotros no tenemos, como algunos, una visión catastrofista del medio rural. Al contrario, reconocemos que el medio rural ha experimentado un crecimiento, una profunda transformación en los últimos años. Pero tendríamos que reconocer
que todos los que viven en el medio urbano van más deprisa, y que es necesario establecer políticas incentivadoras para hacer atractiva la vida en el medio rural, evitando el despoblamiento que aún se sigue produciendo en algunas zonas. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
He planteado al principio que recogía el espíritu de las comparecencias en el sentido del consenso. Si estas enmiendas de totalidad no prosperan, como espero, vamos a tramitar la ley con rapidez. Queremos que la ley se apruebe en esta
legislatura. No vamos a aceptar estrategias de dilación para que se quede aquí para la próxima legislatura. Pero, aceptando que vamos a ir deprisa, volvemos a reiterar el ofrecimiento de consenso para que la ley se apruebe y que nuestro país tenga
en esta legislatura, entre sus activos, una ley para el desarrollo sostenible del medio rural.
Nuestra voluntad es de consenso y al mismo llamamos a todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Llamamos a votación.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 192994.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que queda aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder al acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de un nuevo diputado. Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la
Junta Electoral Central, don Miguel Ángel Millán Carrascosa, en sustitución de don Luís Ángel Hierro Recio, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor MILLÁN CARRASCOSA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Miguel Ángel Millán Carrascosa ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena y bienvenido. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000126.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social.
En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, enmiendas 11, 13, 14, 15, 17 y 19.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 17; en contra, 170; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 20; en contra, 165; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 20; en contra, 165; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmiendas 59, 60, 63, 65, 67, 71, 73, 75 y 77 a 80.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 15; en contra, 164; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional a la enmienda 46, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 308; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 19; en contra, 165; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco. Enmienda 84.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 17; en contra, 163; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 85.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 16; en contra, 163; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 20; en contra, 164; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmiendas 128, 129, 136, 139, 142 y 147 a 149.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 14; en contra, 165; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 143 a 145.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 24; en contra, 155; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional a la enmienda 140, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 303; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la enmienda 146, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 304; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 15; en contra, 160; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (La señora Corral Ruiz pide la palabra.)La señora CORRAL RUIZ: Señor presidente, se me ha estropeado el aparato de la votación en las dos últimas votaciones. (Escaño 1514.)
El señor PRESIDENTE: Van a verificarlo. Si no da señal en la votación -para entendernos-, no se preocupe, porque ya los letrados aumentarán automáticamente lo que se supone es el voto general del Grupo Socialista.
No se preocupe.
(Rumores y protestas.)
Votaciones del Grupo Parlamentario Popular.
Enmienda 179.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 136; en contra, 168; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, haremos constar en acta la deficiencia técnica. Prefiero hacerlo así, señor Fernández, porque, si no, tendría que para la votación, empezar a verificar escaño por escaño y creo que no merece la pena,
francamente, por un voto. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.) Dígame.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, es para una cuestión de orden, con ánimo constructivo. Hoy es evidente que no planteamos problema cuantitativo de votación, pero a efectos de precedentes, a lo mejor sería fácilmente solucionable
con que se cambiara de escaño, y todos lo aceptamos. Esto, a efectos de precedentes, puede ser problemático. Yo creo que sería más fácil esa solución.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, si la votación y el sentido de la votación, obviamente, estuviera más que ajustado -para entendernos-, no hubiera propuesto esta solución, pero siendo las votaciones tan diáfanas y tan claras prefiero
simplemente constatar en acta que falta un voto del Grupo Socialista y continuar, porque, si no, me vería obligado a paralizar las votaciones. No se inquieten, ustedes; si, efectivamente, el problema fuera de empate o cuasi empate, no procedería
de esta manera. No se preocupe; haremos constar la anomalía. (El señor López Garrido pide la palabra.)
¿Sí, señor López Garrido?
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, para evitar cualquier problema, los diputados o diputadas que tengan algún problema a la hora de que no les funcione el sistema de votación, podrían manifestar de viva voz o con la mano el sentido
de su voto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: La enmienda anterior ya estaba votada con la anomalía técnica, que se soluciona así porque no es nada complicado.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 129; en contra, 170; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen con las correcciones técnicas que han sido distribuidas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 288; en contra, uno; abstenciones 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000119.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de las enmiendas a la totalidad de devolución a los dos proyectos de leyes que han sido debatidos esta mañana. En primer lugar, enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley
orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 127; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 121/000135.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Antes de proceder a la votación, como hay dos avocaciones, les pido un minutito más y las votamos después de
esta votación para que no haya precipitación en la salida de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 139; en contra, 165; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 13/1985, DE 25 DE MAYO, DE COEFICIENTES DE INVERSIÓN, RECURSOS PROPIOS Y OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y OTRAS NORMAS DEL SISTEMA FINANCIERO. (Número de
expediente 121/000137.)
El señor PRESIDENTE: Solicito del Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información
de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Pausa.) ¿Se opone el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Pregunto: ¿La Cámara acuerda la avocación del proyecto de ley que el presidente, a
petición de todos los grupos parlamentarios, acaba de leer? (Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.
- DEL PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL.
(Número de expediente 121/000135.)
El señor PRESIDENTE: Avocación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, de la deliberación y votación final del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, que es la segunda avocación decidida
en Junta de Portavoces. Se hace siempre por unanimidad. Si durante la semana se cambia de opinión, que es legítimo, se avisa a la Mesa y al presidente y no propongo la votación. Pero lo que yo estoy leyendo es un voto unánime.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.