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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 279, de 11/09/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 279
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 257
celebrada el martes, 11 de septiembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 146-1, de 4 de enero de 2005. (Número de expediente 122/000127.)... (Página 13767)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de determinados artículos, relativos a la fiscalidad de las pensiones de viudedad, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 151-1, de 21 de enero de 2005. (Número de expediente 122/000131.)... (Página 13767)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre los actos de conmemoración del nacimiento del Presidente de Chile, Salvador Allende.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 583, de 9 de julio de 2007. (Número de
expediente 162/000615.)... (Página 13775)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el objetivo de impulsar un Plan de seguridad personal para las víctimas de violencia de género. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 534, de 30 de marzo de 2007. (Número de
expediente 162/000576.)... (Página 13781)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el calendario de despliegue del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 583, de 9 de julio de 2007. (Número de expediente
173/000206.)... (Página 13789)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la promoción de la lengua catalana fuera del Estado español y en instituciones internacionales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 583, de 9 de julio de 2007.
(Número de expediente 173/000207.)... (Página 13796)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para frenar la subida del coste de la vida que viene produciéndose desde 2004. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 583, de 9
de julio de 2007. (Número de expediente 173/000208.)... (Página 13801)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Retirada del orden del día... (Página 13767)
La Presidencia informa a la Cámara de que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) ha retirado su proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que figura como punto 1 del orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 13767)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de determinados artículos, relativos a la fiscalidad de las pensiones de viudedad, del texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo... (Página 13767)
Defiende la proposición de ley el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señala que esta no es una iniciativa nueva planteada por su grupo, sino que en la reciente reforma fiscal ya tuvo
ocasión de plantearla, pero hasta el momento no ha tenido capacidad de convicción ni fuerza política para modificar una situación que objetivamente le parece injusta. Opina que en la actual regulación del impuesto las viudas que trabajan y al mismo
tiempo reciben una pensión de viudedad están discriminadas, porque en la práctica aquello que reciben como prestación del Estado para compensar la pérdida de ingresos se pierde a través del impuesto que debe terminar pagando.
Con esta iniciativa su
grupo pretende resolver esta situación injusta y avanzar en la necesidad de configurar políticas públicas en lo fiscal y en lo social orientadas a reforzar la capacidad de las familias de dar respuesta a sus obligaciones como padres, reforzar la
capacidad de las familias monoparentales de jugar su rol de familia, que responde a una demanda evidente, a una necesidad de enfocar nuestras políticas fiscales y sociales hacia la orientación de que las personas deben ser estimuladas en su esfuerzo
personal para trabajar, para generar ingresos para sus unidades familiares.
Finaliza solicitando el apoyo a la toma en consideración de la iniciativa.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora De la Cruz Valentín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 13775)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 13775)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de determinados artículos, relativos a la fiscalidad de las pensiones de viudedad, del texto
refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, se aprueba por 274 votos a favor y cinco abstenciones.
Proposiciones no de ley... (Página 13775)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre los actos de conmemoración del nacimiento del presidente de Chile, Salvador Allende...
(Página 13775)
Defiende la proposición no de ley el señor Madina Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Manifiesta que estamos ante la oportunidad de rendir un tributo a quien representa la afirmación ética, pero sobre todo
política, de un modo de entender el compromiso democrático. La muerte de Salvador Allende, como acto derivado del pacto de lealtad de un presidente de Gobierno con su propio pueblo.
Esta iniciativa se sitúa en una línea de frontera clara, la que se encuentra entre la política exterior y la política de cooperación internacional. Política exterior porque piden al Gobierno de España que proyecte una señal inequívoca de
colaboración con el pueblo y con el Gobierno de Chile en la conmemoración del centenario del nacimiento de Salvador Allende en el año 2008, y política de cooperación internacional porque solicita al Gobierno central un ejercicio de solidaridad en la
colaboración activa con los diferentes actos de conmemoración que se celebrarán en el año 2008. Solidaridad hacia la sociedad chilena que tantas veces abrió sus puertas a los hombres y mujeres de nuestro país, y a la que se tributa así un
reconocimiento a su sistema democrático.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene de nuevo el señor Madina Muñoz.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el objetivo de impulsar un plan de seguridad personal para las víctimas de violencia de género... (Página 13781)
Defiende la proposición no de ley la señora Camarero Benítez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mostrando la seria preocupación de su grupo parlamentario por la situación actual, al tener noticias cada día sobre
mujeres víctimas de violencia de género, en una situación que está lejos de mejorar transcurridos dos años y medio desde la aprobación por unanimidad de la Ley contra la violencia de género.
Cree que los hechos han demostrado que lo hecho hasta
ahora es insuficiente y que no disponemos de los instrumentos necesarios para poder asegurar correctamente la protección de nuestras mujeres. Hoy más que nunca es necesario dotar a las víctimas de un plan de seguridad personal, de una protección
individualizada y adecuada a sus necesidades y circunstancias.
Cansados de las falsas promesas y la propaganda del Gobierno, considera imprescindible seguir buscando nuevas medidas y más eficaces instrumentos si se quiere poner fin a la lacra que padecemos, a lo cual se dirige la proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Escudero Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Oliva i
Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto.
Interviene de nuevo la señora Camarero Benítez para mostrar la aceptación o rechazo a las enmiendas presentadas.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre los actos de conmemoración del nacimiento del presidente de Chile, Salvador Allende, con la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, es aprobada por 293 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el objetivo de impulsar un plan se seguridad personal para las víctimas de la violencia de género, es rechazada por 129 votos a favor, 168 en
contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 13789)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), sobre el calendario de despliegue del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña...
(Página 13789)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Janè i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y Tardà i Coma,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jané i Guasch.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la promoción de la lengua catalana fuera del Estado español y en instituciones internacionales... (Página 13796)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Vilajoana Rovira, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Tardà i Coma.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para frenar la subida del coste de la vida que viene produciéndose desde 2004... (Página 13801)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Intervienen de nuevo los señores Jané i Guasch y Tardà i Coma.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el calendario de despliegue del nuevo Estatuto de Autonomía
de Cataluña, se rechaza por 16 votos a favor; 268 en contra y siete abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la promoción de la lengua catalana fuera del Estado español y en instituciones internacionales, con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, se aprueba por 174 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para frenar la subida del coste de la vida que viene produciéndose desde 2004, se rechaza por 120 votos a favor,
159 en contra y 13 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. (Número de
expediente 122/000127.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos el orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados correspondiente al martes, 11 de septiembre de 2007. Quiero comunicar a la Cámara que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha retirado su
proposición de ley de modificación de Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que figura como punto I del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS, RELATIVOS A LA FISCALIDAD DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, DE 5 DE MARZO. (Número de expediente 122/000131.)
El señor PRESIDENTE: La sesión plenaria de esta tarde comenzará con el punto 2 del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Turno a favor por parte del grupo parlamentario autor de la proposición no de ley por un tiempo de 15 minutos. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, para la toma en consideración del Pleno presentamos una proposición de ley que modifica diversos artículos de la ley que regula el impuesto sobre la renta de las personas físicas, relativa al tratamiento de la pensión de viudedad.
No es una iniciativa nueva que Convergència i Unió traiga a esta Cámara. En la reciente reforma fiscal que tramitó este Congreso tuvimos ya ocasión de suscitar esta problemática, pero es cierto que hasta el momento no hemos tenido la capacidad de
convicción ni seguramente la fuerza política para modificar una situación que objetivamente nos parece injusta. Se debe reconocer que en la actual regulación del impuesto sobre la renta las personas viudas que trabajan, que generan ingresos de
trabajo y que al mismo tiempo reciben una pensión de viudedad hoy están discriminadas y en una situación de evidente injusticia, porque en la práctica aquello que reciben como prestación del Estado para compensar esa falta de ingresos derivada de la
pérdida del cónyuge se pierde con el impuesto que deben terminar pagando. Señorías, en los supuestos de personas con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales no existe la obligación de declarar; en los supuestos de ingresos por rendimiento de
trabajo más pensión de viudedad inferiores a esa cifra, el mero hecho de recibir ingresos procedentes de dos pagadores obliga a esas viudas a tener que pagar impuestos; y en los supuestos de pensiones de viudedad muy bajas, donde no se produce
retención o esta es muy baja, al acumular la pensión de viudedad a los ingresos por rendimientos de trabajo se produce un salto en el tipo y esa persona vuelve a pagar mucho más que si obtuviese sus rendimientos desde su puesto de trabajo o
actividad económica correspondiente.
Con esta iniciativa parlamentaria pretendemos resolver esta situación injusta. Lo hacemos en un contexto de final de periodo legislativo, del último periodo legislativo de esta legislatura, donde podemos empezar a hacer balance de las
políticas que hemos impulsado en el terreno de la viudedad. Es evidente que se han producido reformas interesantes, pero el balance es claramente insuficiente respecto a los compromisos políticos que el grupo de la mayoría asumió durante la campaña
electoral
en esta materia. Hemos hecho compatible la pensión del SOVI con la viudedad. Fue resultado de una proposición de ley que tomó en consideración el Pleno de esta Cámara a propuesta de Convergència i Unió.
Hemos introducido algunas mejoras
como las que vamos a tramitar el próximo jueves, por ejemplo, el reconocimiento como familia numerosa de las familias compuestas por personas viudas con hijos, evidentemente también con la política del Gobierno que mi grupo comparte de subidas de
las pensiones mínimas por encima del índice del IPC, pero la gran reforma de la pensión de viudedad queda aplazada para otra legislatura. Desde este punto de vista, no nos podemos sentir satisfechos del balance de las reformas impulsadas por el
Gobierno. La reciente iniciativa del Gobierno de un cheque de 2.500 euros por hijo nacido nos ha permitido a los grupos hacer un balance de las políticas públicas de apoyo a las familias con hijos pequeños o adolescentes, que ha puesto en evidencia
la debilidad de nuestras políticas en esta materia.
Esta iniciativa de Convergència i Unió, más allá de la cuestión de fondo, que pretende modificar la regulación del tratamiento fiscal de la pensión de viudedad, quiere avanzar en la necesidad de configurar políticas públicas en lo fiscal y
en lo social orientadas a reforzar la capacidad de las familias de dar respuesta a sus obligaciones como padres. Esta iniciativa, que pretende reforzar la capacidad de las familias monoparentales de jugar su rol de familia, responde a una demanda
evidente, a la necesidad de enfocar nuestras políticas fiscales y sociales para que las personas sean estimuladas en su esfuerzo personal para trabajar y generar ingresos para sus unidades familiares. Un régimen fiscal que hace que aquellas
personas que reciben una prestación de viudedad no encuentren estímulo fiscal a la generación de ingresos de sus hogares por la vía del trabajo responde a un planteamiento asistencialista y paternalista de las políticas sociales. Pretendemos que
aquellas personas que son viudas y no pueden sustentar su unidad familiar exclusivamente en base a su pensión de viudedad encuentren, por la vía de la fiscalidad, un marco que estimule la incorporación al mercado de trabajo y que los ingresos que se
generan por esa vía no sean incompatibles con los de la pensión de viudedad. Es una idea de fondo que en los próximos años deberíamos asumir.
Hay que reforzar especialmente todas aquellas políticas orientadas a evitar que en nuestra sociedad los índices de pobreza infantil continúen siendo importantes. Antes del verano hubo debates sobre la propuesta que puso en marcha el
Gobierno de 2.500 euros por hijo nacido. Unicef publicaba recientemente un amplio estudio y ponía en evidencia que en el Estado español los índices de pobreza infantil continúan siendo relevantes. Eso tiene que ver, entre otras cuestiones, con los
actuales niveles de las pensiones de orfandad y de viudedad, con los servicios que reciben las familias monoparentales. Esta iniciativa pretende incidir en esta cuestión en el ámbito de las familias monoparentales.
Alguien podría decir que proponemos una iniciativa que solo afecta a personas que generan ingresos por estar empleadas, que poco o mucho pueden satisfacer las necesidades de su familia. Mi grupo quiere recordar que esta iniciativa vincula a
personas con ingresos anuales inferiores a los 22.000 euros. No estamos hablando de ciudadanos ricos ni mucho menos.
Esta iniciativa responde a las necesidades de ciudadanos de clase media en un sentido amplio, ciudadanos que quieren continuar
pagando sus impuestos pero que no quieren que el percibir una pensión de viudedad les suponga pagar más de aquello que deberían pagar. En la pasada legislatura Convergència i Unió consiguió, con el apoyo del grupo que estaba entonces en el
Gobierno, que la pensión de orfandad no estuviese sometida a fiscalidad y que dejase de equipararse a un rendimiento de trabajo. Fue un avance para reforzar aquellas unidades familiares monoparentales, aquellas situaciones en las que un solo
progenitor debe hacer frente a todas las responsabilidades que implican ser padre o madre.
Señorías, el objetivo que nos deberíamos marcar en esta materia debería establecer que por la pensión de viudedad no se debería pagar impuestos, que los ciudadanos que la reciben no deberían tributar por la misma. Como primer paso en esa
dirección proponemos esta solución técnica que conforma esta proposición de ley. Somos consciente de que estamos en el final de esta legislatura, tal como les decía al principio de mi intervención, y de que si hoy este Pleno tomase en consideración
esta proposición de ley nos quedarían cuatro meses escasísimos para tramitarla. Pero la cuestión de fondo está justificada. Configurar una regulación del tratamiento fiscal de las pensiones de viudedad para las personas que están trabajando y que
hoy deben pagar más impuestos de lo estrictamente justo responde a una necesidad social que todos los grupos de la Cámara podemos compartir. Y si existe ese análisis y esa voluntad común, esta proposición de ley puede terminar en el Boletín Oficial
del Estado al final de esta legislatura. Por todo ello, señorías, les pedimos su apoyo a la toma en consideración de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posición por parte de los distintos grupos parlamentarios por un tiempo de diez minutos.
Señora Muñoz por el Grupo de Izquierda Unida.
La señora MUÑOZ DE DIEGO: Señor presidente, señorías, muchas gracias.
En primer lugar, queremos señalar que esta iniciativa que hoy se está debatiendo en la Cámara fue publicada el 21 de enero de 2005 y se trae a consideración de la Cámara el 11 de septiembre de 2007. Han transcurrido dos años y medio y en
este tiempo han ocurrido muchas cosas, entre otras, la aprobación, el 21 de noviembre
de 2006, de una nueva Ley del IRPF promovida por el Gobierno que, como todos ustedes saben, contó con el voto en contra de nuestro grupo parlamentario porque entendíamos y entendemos que esa ley reducía la progresividad fiscal y, sobre todo,
impedía que el Estado pudiera recaudar mas de 6.000 millones de euros que, sin duda, hubieran permitido a este Gobierno, al Estado español poner en marcha políticas sociales -algunas se han destacado en la intervención anterior- muy importantes para
muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Nosotros votamos en contra de esa reforma fiscal porque limitaba la intervención del Estado, para intentar que la igualdad social fuera efectiva y para que hubiera una redistribución más justa de la
riqueza en nuestro país. La presente proposición de ley pretende, en consecuencia, modificar una serie de artículos de un real decreto, en este caso la anterior Ley del IRPF que hoy se encuentra derogada. Al leer la proposición de ley nos
encontramos con que su redacción, de acuerdo con la nueva redacción de la Ley del IRPF, es, cuando menos, confusa.
Hecha esta reflexión de carácter formal y antes de entrar a analizar el fondo de la proposición, nos gustaría señalar que el Grupo Parlamentario Catalán aprobó entusiásticamente esa reforma fiscal planteada por el Gobierno que, como antes he
dicho, va a suponer una merma muy importante de los recursos públicos para abordar políticas que pudieran apoyar a las personas más necesitadas de nuestra sociedad y que ese pacto fiscal, que nosotros sepamos, nunca puso como prioridad la fiscalidad
de las pensiones de viudedad. Hacemos esta observación sin acritud, porque a veces todos los grupos utilizan temas como el relativo a las pensiones, en este caso de viudedad, de un modo interesado cuando se acercan procesos electorales y se les da
la importancia que en otro momento se les ha negado. Probablemente resultaría más creíble esta iniciativa si hubiera sido un caballo de batalla, en este caso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en el debate del IRPF, ya que apoyó
aquella reforma. A nuestro grupo parlamentario, sin embargo, le gustaría que se abriera en esta Cámara un debate serio entre los grupos parlamentarios y con los agentes sociales en el marco del Pacto de Toledo sobre la pensión de viudedad en el que
se pudiera abordar la complejidad de esta prestación, la cuantía de la misma y su consideración a todos los efectos. No queremos olvidar en este debate que en todos los estudios sobre la pobreza en nuestro país aparece un grupo de ciudadanos,
mayoritariamente mujeres, perceptores de esta prestación que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, muy cercanos a los umbrales de la pobreza.
Queríamos hacer estas observaciones antes de entrar en el fondo del asunto para intentar evitar un debate demagógico sobre esta materia y plantear abiertamente que la problemática de la pensión de viudedad se debe abordar también en otros
aspectos sin duda más importantes, como son la cuantía mínima de esa pensión con criterios de dignidad y suficiencia. No obstante lo manifestado anteriormente, también consideramos que es importante buscar un marco justo de tributación para los
perceptores de la pensión de viudedad cuando la misma se compatibiliza con los rendimientos por trabajo. En este sentido, nuestro grupo parlamentario, con una diferencia de una semana, presentó también una proposición de ley sobre esta materia, en
enero de 2005, que en algunos puntos coincide con la propuesta realizada por Convergencia i Unió, aunque en otros aspectos difiere. Coincide en aquello que hace referencia a la necesidad de establecer un sistema tarifario distinto para el supuesto
de compatibilidad de rendimientos del trabajo y pensión de viudedad. Y ello porque la actual configuración de la pensión de viudedad no está configurada con la finalidad de atender exclusivamente situaciones de necesidad, sino que en muchas
ocasiones viene a paliar el déficit que se produce en la familia por la pérdida del salario del cónyuge o la pareja que fallece. Es verdad que las personas viudas en edad laboral que habitualmente tienen hijos menores, sumando los ingresos de los
rendimientos del trabajo y la pensión de viudedad, se puede entender que están sometidas a una fiscalidad más alta que las casadas o solteras.
Creemos que la política fiscal debería tener en cuenta este aspecto y, en consecuencia, debería aplicar
una tarifa a los rendimientos generales de los contribuyentes y otra tarifa diferente a las prestaciones recibidas en concepto de pensión de viudedad.
La modificación legislativa que proponía mi grupo parlamentario coincidía en dos artículos con la que hoy ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y que estamos debatiendo en la Cámara. Pretendíamos desarrollar una mejor
gestión de los patrones de reparto de la carga tributaria. Pero estábamos de acuerdo en eso, no en todo lo que plantea la proposición de ley del Grupo de Convergència i Unió. No estamos de acuerdo con el Grupo Catalán en equiparar la pensión de
viudedad a la pensión de alimentos por decisión judicial. Creemos que ni la filosofía ni el fondo del asunto es el mismo y, en consecuencia, entendemos que no se debe aplicar en idéntica medida. Tampoco compartimos con el citado grupo el tercer
punto de su proposición de ley, entre otras cosas porque, teniendo en cuenta la actual regulación del IRPF, podríamos concluir que es confusa y puede establecer límites de tributación diferentes. Con esos datos, señorías, entendemos que esta
proposición podría haber tenido su sentido en la reforma fiscal y debería reformularse para adaptarse a la nueva legislación del IRPF. Existen coincidencias y aspectos en los que diferimos en esta iniciativa. En todo caso, para el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, lo importante, lo que debería hacer esta Cámara sería abordar de una vez por todas la suficiencia y la dignidad de las pensiones de viudedad. De esas pensiones están viviendo en
solitario, sin rendimientos del trabajo, muchísimas personas en nuestro país. Creemos sinceramente que es una reforma pendiente, quizá no en los medios de comunicación sino con un
debate serio que se debería abordar de una vez por todas para dar dignidad a las personas que las perciben y para evitar que estén en los umbrales de la pobreza. Como estamos de acuerdo con parte del contenido de la iniciativa pero hay otra
parte que no podemos compartir al equiparar la pensión de alimentos con la de viudedad, nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la toma en consideración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario al que represento va a apoyar entusiásticamente -como decía la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra- la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Me va a permitir
este pequeño obiter dicta, señor presidente, consistente en decir que a mi grupo parlamentario le sorprende mucho que todas las reformas atinentes a la pensión de viudedad -también de carácter tributario-, cuando empeoran la situación de las viudas
se consideran rigurosas; en cambio, aquellas que la mejoran, presentadas habitualmente desde la oposición, se consideran reaccionarias, demagógicas o se les dedican epítetos de estas características. Me gustaría que algunos grupos presentes en
esta Cámara consultaran a las viudas y les pidieran su opinión respecto a las iniciativas y la regulación o el acotamiento jurídico que sobre la protección de esta contingencia realiza nuestro ordenamiento jurídico, tanto el social como el laboral y
el tributario.
Señor presidente, el tema de las viudas es recurrente, y lo es incluso en términos históricos. Ya Perrault -el famoso autor de cuentos como La Cenicienta o La Bella Durmiente, que además era asesor de Colbert, primer ministro de Luis XIV-
se refirió a la problemática de las viudas. Desde entonces hasta los paradigmas del Estado del bienestar, definidos en la Constitución de Weimar, seguimos con lo mismo: una situación de desatención y de pobreza en relación con la protección de
esta contingencia. Perrault ya comentaba que la situación de las viudas era exactamente la antitética a la del final de sus bellos cuentos como La Bella Durmiente y La Cenicienta. Seguimos igual, señor presidente; el problema de las viudas es un
problema de pobreza, lo decía la portavoz de Izquierda Unida. El 70 por ciento de las viudas está bajo el umbral en virtud del cual es obligatorio tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas; están exentas de tributación. Es un
problema de naturaleza o de identificación jurídica del sistema de protección que tiene que incardinarse con normas de naturaleza social o laboral y también de naturaleza tributaria. Desde esa perspectiva, me gustaría que me explicasen por qué las
prestaciones de incapacidad están exentas de tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sin embargo se obliga a las viudas, que mayoritariamente reciben prestaciones que están por debajo del umbral de la pobreza -de lo que
técnicamente la Unión Europea define como umbral de la pobreza, que es el 70 por ciento de los salarios mínimos del país en el que se procede a la protección de esta contingencia-, a realizar esta tributación en un impuesto de estas características.
Es irrelevante que estas pensiones de viudedad sean compatibles o no con rentas del trabajo o con otras pensiones; es irrelevante que sean compatibles con el SOVI o que sean los únicos ingresos que percibe una viuda o un viudo. ¿Por qué es
irrelevante? Porque a efectos de la determinación de la base imponible, perfectamente se pueden desagregar aquellos conceptos dimanantes de la pensión de viudedad y aquellas otras rentas que la legislación, prevista en el Real Decreto Legislativo
1/1994 y en la última regulación del impuesto sobre la renta, declara compatibles. Desde esa perspectiva, como esa desagregación es fácil y el concepto troncal que plantea el Grupo de Convergència i Unió es que la pensión de viudedad no esté sujeta
a tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, nosotros vamos a apoyar con entusiasmo esta proposición.
Desde la década de los ochenta -y esto lo deben saber todos los que entienden de esta materia en esta Cámara- ya se concibe un sistema de protección social de todas las contingencias donde se provocan efectos vinculados a la pobreza, al
envejecimiento y a la vulnerabilidad con carácter general consistente en lo que se llama técnicamente no desvinculación de la actividad, no desvinculación del mercado de trabajo o no desvinculación consistente, sobre todo, en prever en la normativa
que regula la protección de las contingencias la compatibilización entre las rentas del trabajo y la pensión de viudedad. Desde una perspectiva normativa y conceptual, esto prácticamente nos obliga a considerar que esta compatibilidad no es ajena a
los requerimientos de la forma de entender los sistemas de protección social modernos, más avanzados y más progresistas en el derecho comparado. Luego, el tema de la compatibilidad por rentas del trabajo es irrelevante. Que se desagregue la parte
de rentas del trabajo y que se conciba la pensión de viudedad como desafecta a la tributación con cargo a este tributo. Y que no se me diga, porque es rotundamente falso, que no ha habido normas laborales -me estoy refiriendo en concreto al Real
Decreto Legislativo 1/1994, que es el que compila y ordena toda nuestra legislación de Seguridad Social-, que no se ubican normas de carácter tributario y que, por lo tanto, es inoportuno plantear ahora esta cuestión, porque ya en este Real Decreto
Legislativo 1/1994 se reguló la tributación de la prestación del desempleo, en concreto la que estaba prevista en la Ley 22/1993. Una regulación relativa a aspectos tributarios de la protección en materia de Seguridad Social de una contingencia es
perfectamente ubicable sistemáticamente en una ley de carácter social o laboral.
El problema de la coyuntura, de la pertinencia de la ubicación sistemática en una ley de carácter social y sobre todo el problema que debemos afrontar, que es atender a los requerimientos del contenido esencial del derecho a la protección de
una contingencia de Seguridad Social, que está previsto en el artículo 41 de la Constitución, nos obliga a varias cosas.
En primer lugar, a que la protección sea de carácter público y suficiente. La suficiencia también necesita de aspectos
tributarios -no solo de aquellos vinculados a la cuantía de la cuestión; y no hablemos de la cuantía de la pensión de viudedad porque entonces nos tendríamos que sonrojar todos los aquí presentes- y de otros principios como atención a situaciones
de necesidad. El 70 por ciento de las viudas del Estado español está afecto a situaciones de necesidad y regresividad.
No puede ser más oportuna la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). De hecho, se ha adelantado a una que nosotros íbamos a presentar y que, por razones de cupo, todavía no ha podido ser debatida. Cualquier
argumentación que invoque su carácter demagógico o inoportuno desde la perspectiva técnico-jurídica por estar ubicando normas tributarias en el sector laboral del ordenamiento jurídico o que esta materia tendría que haber sido debatida en la reforma
de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas; cualquier argumentación de esta naturaleza es una reflexión escapista para no afrontar el fondo del problema. El fondo del problema es que las viudas del Estado español en su gran
mayoría viven en situación de necesidad que solo con reformas parciales, contingentes como la compatibilización con el SOVI y alguna más han podido ser objeto de resolución.
Desafortunadamente, después de tantos años de legislatura seguimos manteniendo una deuda con las viudas, sobre todo con las mayores, con aquellas que no han trabajado fuera del ámbito doméstico. Son el 70 por ciento de las que perciben la
pensión de viudedad y perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Aunque tengan complementos de mínimos, son inferiores a la pensión mínima tal y como está configurada en los últimos Presupuestos Generales del Estado. Desde esa
perspectiva, lo único progresista en este momento es reflexionar sobre la propuesta que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque las viudas son acreedoras de una deuda -no voy a usar la expresión de gratitud- de
justicia; existe un requerimiento de justicia material que ninguna legislatura en este Parlamento ha podido resolver satisfactoriamente. Sé que algunos diputados pueden considerar estas reflexiones demagógicas, señor presidente. Le aseguro que
las viudas no, ni las personas que conviven con ellas ni las unidades familiares que dependen de una pensión de viudedad. Las reflexiones relativas a una perspectiva de técnica jurídica son absolutamente insuficientes y carentes de contenido.
Reitero el apoyo entusiasta de nuestro grupo parlamentario a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Esquerra Republicana; señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quisiera matizar lo que está sucediendo habitualmente cuando se discuten proyectos de ley en esta Cámara en los últimos meses. Sobre su vigencia o no, en el día de hoy había dos proposiciones de ley de grupos
parlamentarios que tenían por objeto la reforma parcial de la Ley del IRPF: una, la que sometemos a consideración, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y la otra, de nuestro grupo parlamentario, que hemos retirado por haber quedado
obsoleta, puesto que la reforma de la Ley del IRPF que aprobamos a finales de 2006 ya contemplaba la medida que pretendíamos incorporar, que era la de eximir de la obligación de declaración de la renta a aquellas personas trabajadoras que,
residentes en paraísos fiscales como Andorra, estaban trabajando en virtud de un contrato de trabajo del que depende la mayor parte de sus ingresos. Además, dichas personas sufrieron un agravio comparativo que en su día fue objeto de corrección.
Ya conocemos el funcionamiento de esta Cámara respecto a la tramitación de las proposiciones de ley, y por ello nos hemos visto en la obligación de retirar nuestra iniciativa al carecer la misma de vigencia, si bien reivindicamos como nuestra la
modificación que en su día fue contenida en la reforma de la Ley del IRPF.
Al centrarnos en la iniciativa que nos presenta Convergència i Unió podemos decir que la misma se ha visto perjudicada por las recientes modificaciones legislativas, puesto que la ley que se pretende modificar -el Real Decreto Legislativo
3/2004- ya no existe como tal en el ordenamiento jurídico, al haberse aprobado, repito, la reforma fiscal a finales del año pasado, sabiendo que no coinciden los artículos cuya modificación se propone con los artículos de la nueva ley, si bien
podemos encontrar sus respectivas referencias en el cuerpo de la misma.
Entendiendo que estas irregularidades formales sobrevenidas pueden ser objeto de subsanación o de modificación durante el trámite parlamentario sin más problemas, en caso de
ser tomada en consideración la proposición de ley, no pueden ni deben ser tomadas como excusa para amparar un voto negativo a la misma.
En cuanto al contenido material, la modificación propuesta persigue que aquellas personas que, estando en edad laboral, trabajen por cuenta ajena con unos ingresos por tal concepto inferiores a 22.000 euros brutos anuales y reciban una
pensión por viudedad, no tengan la obligación de presentar la declaración de la renta al percibir sus ingresos de más de un pagador, cuando precisamente uno de estos pagadores es el propio Estado, quien debería conocer el importe de lo que está
pagando. No obstante, al obligar a hacer la declaración a las personas viudas que cobran por dicho concepto una prestación muy baja y que, por tanto, no está sujeta a ningún
tipo de retención, dichas cantidades que perciben por tal concepto se suman a los rendimientos del trabajo. Al no haberse practicado retención alguna sobre la pensión, obliga al contribuyente a abonar la diferencia de lo que supone dicha
retención; es decir, en la práctica, el importe inicialmente previsto para la pensión de viudedad de dichas personas se ve reducido. De tal manera el Estado paga con una mano y cobra con la otra. Nos parece que esta no es una situación idónea,
más aún si tenemos presente cuál es la finalidad de las pensiones de viudedad, que no es otra que ayudar a las personas que, a causa de la pérdida de su cónyuge, ven menguada su capacidad económica. Además, debemos tener presente que la exención de
declarar se predica solo para las personas que perciben unos ingresos brutos anuales por rendimiento del trabajo inferiores a 22.000 euros, es decir, que estamos ante las rentas más bajas.
Precisamente hoy el Grupo Parlamentario Popular nos remite una moción consecuencia de interpelación que persigue que el Gobierno adopte medidas para frenar el coste de la vida que viene produciéndose, para mejorar la vida de las familias del
Estado. Dicha medida también permitiría mejorar la situación económica de muchas personas al disponer íntegramente de la pensión de viudedad a la que tienen derecho, sin tener que devolver parte al Estado mediante la declaración de la renta. Por
tanto, esta medida de carácter social va a contar con el apoyo de nuestro grupo. Si es tomada en consideración, habrá tiempo suficiente para enmendarla y adaptarla a las modificaciones producidas en la norma, y creemos que es una manera de mejorar
la situación de desigualdad en la que se encuentran las personas afectadas. Por eso vamos a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Parlamentario Popular; señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, abordamos en este último período de sesiones una proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se pretenden modificar algunos de los artículos relacionados con el tratamiento fiscal de las
pensiones de viudedad de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y lo primero que nos llama la atención, desde el punto de vista procedimental, es precisamente por qué ahora, por qué en estas fechas. Esta es una iniciativa
registrada exactamente en enero de 2005, hace ahora dos años y ocho meses, casi a principios de la legislatura, y sin embargo se trae a su debate en estos momentos, en el último período de sesiones, cuando apenas quedan unos meses de legislatura y
el calendario parlamentario está plagado de trabajos legislativos pendientes de ultimarse en los tres meses que quedan. No sé si SS.SS. son conscientes de que no va a ser muy fácil que dé tiempo suficiente a su tramitación. Tampoco entendemos por
qué no se ha aprovechado la ocasión de la tramitación de la Ley de Medidas de Seguridad Social para intentar incorporar esta reforma, entre las que se han debatido, para las pensiones de viudedad. Por qué no se ha aprovechado tampoco la tramitación
-se ha dicho anteriormente- de la última reforma del impuesto sobre la renta, ni entendemos por qué se ha hurtado este debate a un estudio en profundidad, dentro de la Comisión del Pacto de Toledo, donde a lo largo de estos últimos meses el grupo
proponente ha tenido la iniciativa en el congelador del Registro de esta Cámara, y sin embargo podía haber procedido, en el seno de esa Comisión del Pacto de Toledo, a un estudio pormenorizado de las propuestas contenidas, de su evaluación
económica, del análisis de su impacto y del alcance de las soluciones que propone, bien éstas o bien otras, en la medida en que no estamos muy seguros de que estos sean los instrumentos adecuados, ya que son los mismos que se utilizan también -se ha
dicho en la intervención del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- para las pensiones de alimentos. Incluso podría haberse adoptado ya alguna medida consensuada que abordase este asunto. Sin embargo, señorías, y a pesar de entender muy bien el
aspecto, digamos, temporal del debate de esta iniciativa aquí y ahora, no va a ser el Grupo Parlamentario Popular una vez más el que hurte el debate a esta Cámara sobre la situación actual de las pensiones de viudedad, tema que nos parece de una
extrema importancia, tal como aprobamos en la recomendación duodécima del Pacto de Toledo, donde ya pedíamos la reformulación integral de las prestaciones de supervivencia para que atendiesen a un doble objetivo: en primer lugar, para cubrir de
forma efectiva las necesidades familiares que se producen como consecuencia del fallecimiento de una persona, y en segundo lugar, para mejorar sustancialmente las actuales prestaciones de viudedad de las personas que no disponen de otros ingresos, y
de una forma muy especial en el caso de los mayores de 65 años; recomendábamos asimismo eliminar las contradicciones que se derivan de la aplicación de las normas reguladoras de la viudedad. Por eso fue el Partido Popular, señorías, el primero en
este país en garantizar por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones, en función de la evolución del IPC. Por eso fue el Partido Popular, señorías, el que incrementó las pensiones mínimas en más de un 28 por ciento, a pesar
de la situación en que se encontraba la Seguridad Social en 1996. Por eso fue el Grupo Parlamentario Popular, señorías, quien aumentó, a través de sus iniciativas, más de un 79 por ciento las pensiones de viudedad entre el año 1996 y el año 2004,
beneficiando a más de dos millones de viudas, y un 48 por ciento el gasto total dedicado a pensiones. Por eso fue el Partido Popular el que incrementó la base reguladora de las pensiones de viudedad desde el 45 por ciento hasta el 52 por ciento, es
decir siete puntos de golpe en aquella legislatura. Y por eso, señorías, fue el
Partido Popular quien creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por primera vez en la historia de España.
Señorías, la iniciativa que hoy debatimos pretende evitar una situación creada para las viudas que trabajan y que cobran una pensión de viudedad del sistema contributivo de la Seguridad Social y que han de devolver a la Hacienda pública una
parte muy importante de esa pensión, en la medida en que, sumada a sus ingresos del trabajo, genera tipos aplicables más altos en las distintas escalas, de igual forma que obliga a practicar la declaración aunque la suma de esas dos rentas que pongo
de manifiesto no sea superior a los 22.000 euros, lo que sin duda les coloca en una situación de desigualdad frente a las personas que, no cobrando pensión, tienen una renta inferior a esos 22.000 euros y no tienen obligación de pagar. Es decir, el
Estado español no solo les entrega el dinero con una mano, como se ha dicho, para quitárselo con otra, sino que -lo que es más importante- les obliga a hacer una declaración cuando es el Estado el que tiene en su poder toda la información personal y
toda la información económica del ciudadano, lo que sin duda es una enorme contradicción.
En este momento cabe preguntarse dónde está, señorías, la reforma global de la viudedad anunciada por el Partido Socialista en su programa electoral del año 2004. ¿Dónde está la promesa de aumentar la base reguladora de las pensiones de
viudedad más bajas -se decía anteriormente- para acercarlas al 70 por ciento, que también está en el programa electoral del Partido Socialista del año 2004? ¿Dónde está? ¿También se les ha olvidado? Señorías, detrás de muchas viudas hay, además
del dolor -se ha dicho también- y la soledad de la pérdida, una situación económica precaria, en la que los gastos no disminuyen al mismo ritmo ni en la misma proporción que sus ingresos por la pensión. Es por esto que resulta de enorme importancia
abordar este asunto aparcado por el Partido Socialista toda esta legislatura. Porque en este entorno económico de alta inflación, de subidas bruscas de la energía, de bienes esenciales de consumo y de los tipos de interés, la capacidad adquisitiva
de estos millones de personas se ha visto gravemente mermada, haciendo su situación económica aún más delicada. Y todo esto, señorías, se produce en el marco de un ataque permanente, como hemos visto en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales,
calculado y consecutivo por parte del Gobierno del Partido Socialista, que ha decidido ya ponerle cerco a esta prestación de viudedad y a los millones de personas que la reciben, que son uno de los sectores más débiles de la sociedad.
En el proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social, que el Gobierno remitió a esta Cámara y que está en este momento en período de tramitación, el Partido Socialista decidió reformar el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social
con el objeto -nada más y nada menos- de eliminar el derecho a la pensión vitalicia de viudedad a las viudas cuyos cónyuges hubiesen fallecido antes de cumplirse dos años del matrimonio, y de darles a cambio únicamente una ayuda de carácter
personal, a la vez que proponía nuevas limitaciones para el acceso a la pensión, eliminar la pensión de viudedad a personas divorciadas, salvo que tuvieran reconocida una pensión compensatoria por el juez, y la eliminación también de la pensión de
viudedad en caso de nuevas nupcias o de nueva pareja de hecho. Señorías, estas medidas unilaterales del Partido Socialista, que desde nuestro punto de vista perjudican claramente a las viudas respecto de la situación anterior, no han sido ni
presentadas ni sometidas ni debatidas antes en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, constituida hace más de doce años para debatir y consensuar reformas en la Seguridad Social y en el sistema público de pensiones, de la que forman parte todos
los grupos políticos españoles representados en el Parlamento nacional. Señorías, en España existen 2.230.000 viudas que cobran una pensión de viudedad que supone en nuestro país una media de 480 euros mensuales, y a mi grupo le parece que no es de
recibo que el Gobierno socialista de forma unilateral modifique y reformule los principios y la filosofía de la contingencia de viudedad hacia una renta de sustitución en las prestaciones de la Seguridad Social. Por estos motivos, señorías, el
Grupo Parlamentario Popular presentó una batería de enmiendas a la Ley de Medidas de Seguridad Social que han minimizado, cuando no parado, este ataque frontal a la pensión de viudedad, eliminando las referencias a esa renta de sustitución,
intentando evitar la eliminación del derecho a percibir una pensión vitalicia de viudedad, modificando los porcentajes atribuibles a cada viuda en caso de concurrencia, mejorando las pensiones de orfandad, aumentando en un 50 por ciento el auxilio
de defunción, y solicitando que ninguna pensión de viudedad fuese inferior al salario mínimo interprofesional, que no ha sido admitida por el Grupo Socialista.
Señorías, hoy más que nunca es absolutamente necesario abordar reformas estructurales en la prestación de viudedad que mejoren esta situación precaria de millones de viudas españolas. Hoy más que nunca, señorías, es absolutamente necesario
revisar las situaciones que genera la legítima compatibilidad del trabajo con la percepción de la prestación de Seguridad Social, como consecuencia de la contingencia de viudedad y especialmente a efectos fiscales. Hoy más que nunca, señorías,
cuando los datos económicos como la inflación, como los precios, como los tipos de interés y, por tanto, las hipotecas, el empleo y la afiliación también a la Seguridad Social se encuentran en cifras muy preocupantes, es necesario que el Partido
Socialista sea consciente en estos momentos de la importancia de la sostenibilidad y del equilibrio de la Seguridad Social en el futuro. Hoy más que nunca, señorías, es necesario que el Gobierno de Rodríguez Zapatero vuelva al consenso, vuelva al
Pacto de Toledo del que ha estado huido toda esta legislatura para abordar cuestiones trascendentales como son estas de la pensión de viudedad, y, como estas, varias decenas de cuestiones objeto de las recomendaciones del
Pacto de Toledo, y se tome por primera vez esta materia en serio.
Señorías, el debate de esta iniciativa puede ser una ocasión más, puede ser una buena ocasión para todo ello, y en este sentido, con esta intención, la de abrir un debate en esta materia, daremos nuestro voto afirmativo a la tramitación de
esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Echániz.
Grupo Socialista. Señora de la Cruz, por favor.
La señora DE LA CRUZ VALENTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a la fiscalidad de las
pensiones de viudedad. En primer lugar, y como lo han hecho otros intervinientes, es necesario señalar -y por eso lo recalco- que los preceptos que se pretenden modificar mediante la proposición, que son los artículos 65, 76 y 97 del Real Decreto
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, están derogados por la actual Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora, entre otros, del impuesto del IRPF, en vigor desde el pasado 1 de enero.
Hecha esta apreciación de carácter técnico jurídico no poco importante, pasaré a analizar el contenido de la proposición. Por un lado, se pretende otorgar a las pensiones percibidas por situaciones de viudedad el mismo tratamiento fiscal
que la ley depara para quienes, por resolución judicial, deben satisfacer anualidades por los alimentos prestados a los hijos, intentando aplicar la norma especial que solo opera para estos supuestos a la hora de calcular la cuota íntegra del
impuesto. Desde un punto de vista conceptual, las situaciones que se pretenden comparar son diferentes. En las anualidades por alimentos el obligado a satisfacerlas ve reducida su renta como consecuencia de tener que efectuar estos pagos,
disminuyendo, por tanto, su capacidad económica. Por el contrario, en el supuesto de los contribuyentes con pensión de viudedad, lo que se produce es una afluencia de rentas.
Asimismo, hay que señalar que las pensiones de viudedad, como el resto
de pensiones, forman parte de las denominadas rentas de sustitución y obedecen al concepto de salario diferido. Por otro lado, la proposición pretende incorporar un nuevo supuesto de excepción a la aplicación del límite a declarar para aquellos
contribuyentes que perciban dos rentas: una perteneciente a la pensión de viudedad, y otra de otro tipo, como podría ser la renta del trabajo. No hay que olvidar que en el caso de estas percepciones conjuntas lo que se produce es, como ya he dicho
anteriormente, un incremento en la capacidad económica del contribuyente que la recibe, independientemente de cuál sea su cuantía. Pero, aparte de su contenido, esta proposición de ley, a las alturas que estamos de la legislatura, será papel
mojado, un brindis al sol y pura demagogia, ya que no existe tiempo material para la tramitación parlamentaria oportuna para su efectividad, y usted, señor Campuzano, lo sabe, igual que lo han dicho los representantes del Grupo Popular e Izquierda
Unida. Señor Campuzano, si lo que realmente quería era modificar el tratamiento fiscal de estas pensiones, yo me pregunto: ¿por qué no lo plantearon, entre sus prioridades, a la hora de negociar con el Grupo Parlamentario Socialista la nueva Ley
del IRPF, en vigor desde el 1 de enero, y así hubiera estado en vigor en este momento? Pero el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) estableció otras prioridades y no estas, y ustedes apoyaron esta ley, la nueva Ley del IRPF. Han
sacado del baúl de los recuerdos esta proposición de ley que, como han dicho otros intervinientes, tiene fecha 21 de enero del año 2005; la han sacado del baúl de los recuerdos. No me considero una persona malpensada, pero esto huele a tintes
electoralistas, porque la sacan ahora para hacer propaganda. Hay que ser mucho más serios y más responsables.
Señorías, la cuestión no es que unos ingresos tengan un tratamiento fiscal mejor o peor a los ojos de unos o de otros; el trasfondo de todo esto es bien distinto. Si todos los contribuyentes tuvieran un nivel de renta lo más homogéneo
posible, ¿para qué tendríamos que debatir esto? Lo que hay que hacer es elevar los ingresos de estas personas, subir las pensiones, y eso, sin hacer demagogia, es lo que ha hecho el Gobierno socialista.
Este Gobierno ha aprobado y propuesto un
conjunto de medidas con un objetivo claro: la mejora de la protección social de las viudas y viudos, y especialmente la de aquellos con un menor nivel de renta. ¿Cómo se ha hecho todo esto? A lo largo de la legislatura no hemos dejado de trabajar
en ello, unas veces con el apoyo de unos grupos y otras veces con el de otros, pero siempre con el impulso del Gobierno socialista. Se han incrementado las pensiones, se ha mantenido el poder adquisitivo de esos importes durante toda la
legislatura, subiendo el 5 por ciento más la desviación de la inflación a las pensiones mínimas de viudedad, creando la pensión mínima de viudedad para los beneficiarios con discapacidad igual o superior al 65 por ciento, estableciendo la
compatibilidad de estas pensiones con las pensiones del SOVI, y otra serie de medidas que están a punto de aprobarse el próximo jueves en el proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social -el señor Echániz ha hecho un pequeño discurso al respecto,
destacando las que este Gobierno ha impulsado y va a aprobar-, como puede ser reconocer la pensión de viudedad a las parejas de hecho, que con anterioridad a la aprobación de esta medida legislativa era inexistente. Como pueden comprobar, señorías,
estas son solo unas pequeñas muestras de las medidas aprobadas por este Gobierno. Un Gobierno socialista que cumple, porque la verdad es que no todos los partidos políticos somos iguales, y como muestra un botón. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista y desde el Gobierno de José Luís Rodríguez
Zapatero seguiremos apostando por este colectivo y por este tipo de política.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De la Cruz.
Llamamos a votación. (Pausa.)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de un nuevo diputado. Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central don Narciso Sicilia Ávalos, en sustitución de doña Rosa Lucía Polonio Contreras, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SICILIA ÁVALOS: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Narciso Sicilia ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena y bienvenido. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY: (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS, RELATIVOS A LA FISCALIDAD DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, DE 5 DE MARZO. (Número de expediente 122/000131.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de determinados artículos, relativos a la fiscalidad de las
pensiones de viudedad, del texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 274; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DEL PRESIDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE.
(número de expediente 162/000615.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
(Rumores.) Señorías, continúa la sesión, y rogaría que quienes deseen abandonar el hemiciclo lo hagan con diligencia.
Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre los actos de conmemoración del nacimiento del presidente de Chile, Salvador Allende. Comunico a la Cámara que tenemos el honor de
tener entre nosotros a doña Isabel Allende, hija del presidente chileno, acompañada por el señor embajador, a quien damos la bienvenida. (Aplausos.)
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo, interviene el señor Madina por un tiempo de siete minutos. Adelante, por favor.
El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en la presentación de esta iniciativa, señoras y señores diputados, queridos amigos, consciente de la importancia política que conlleva citar siempre la figura del presidente Allende, de su profunda carga sentimental y también de
su significado racional. Estamos, por tanto, hoy ante la oportunidad de rendir un tributo a quien, como decía hoy mismo don Osvaldo Puccio, embajador de Chile en España, representa la afirmación ética, pero sobre todo política, de un modo de
entender el compromiso democrático: su muerte, la muerte de Allende, como acto derivado del pacto de lealtad de un presidente de Gobierno con su propio pueblo. Debatimos, señorías, esta proposición no de ley en el día exacto en el que se cumplen
seis años de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y también treinta y cuatro años del pulso que se planteó en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. La violencia contra la palabra, el totalitarismo contra la democracia, un
pulso personificado en el general Pinochet, uno de los mayores asesinos y genocidas de la historia contemporánea universal, contra Salvador Allende, presidente legítimo de Chile, que pagó con su vida la lealtad al pueblo, porque, señoras y señores
diputados, el 11 de septiembre de 1973, se libró ante la historia, en el interior del Palacio de la Moneda, un duelo que queda escrito ya a lo largo del tiempo: Allende personificando la sublimación del compromiso democrático y, en el exterior,
Augusto Pinochet interpretando el papel principal en la hora estelar de los asesinos.
Presento una iniciativa, en nombre del Grupo Socialista, que se sitúa en una línea de frontera clara, la que se encuentra entre la política exterior y la política de cooperación internacional. Política exterior, porque pedimos al Gobierno
de España que proyecte una señal inequívoca de colaboración, con el pueblo y con el Gobierno de Chile, en la conmemoración del centenario del nacimiento de Salvador Allende en el año 2008; que forme parte del tributo a su memoria; que diga de
forma clara que para nosotros Salvador Allende transmite todavía -y siempre- el significado del compromiso con el pueblo, con la libertad y con la democracia; que para nuestro país Allende permanece vivo y que, en el ámbito bilateral, estamos
dispuestos a la palabra y a la actuación política en el año de su centenario. Política de cooperación internacional, porque solicitamos de nuestro Gobierno, del Gobierno central, un ejercicio de solidaridad desde la colaboración activa en los
diferentes actos de conmemoración que se celebrarán en el año 2008.
Solidaridad, por tanto, hacia la sociedad chilena que tantas veces abrió sus puertas a los hombres y las mujeres de nuestro país (Aplausos.) y a la que tributamos así un
reconocimiento a su sistema democrático.
Solidaridad y cooperación entendidas como la construcción de puentes más sólidos entre ambos pueblos, entre ambas sociedades y entre ambos países.
Solidaridad y cooperación que sirvan también para habilitar
cada vez mayores espacios de encuentro y convivencia entre dos sociedades cercanas y dos países amigos. Las excelentes relaciones que nuestro país mantiene con Chile en la actualidad sirven como base para poder desarrollar iniciativas, por parte de
España y codo con codo con la sociedad chilena, que hagan posible la conmemoración, el reconocimiento y la puesta en valor de la figura y la memoria del presidente Allende. Por todo ello, señoras y señores diputados, y desde esa orientación, pido
el apoyo, en nombre del Grupo Socialista, a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara hoy en este debate y ante tus ojos, querida Isabel, que mantienes vivo su testimonio transmitiendo sus valores todavía para hacer que el profundo
significado de su ejemplo no haya sido nunca acallado.
Ahora que quizá, más tarde que pronto, pero que por fin ya están abiertas las grandes alamedas por las que ya ha sentado el juicio histórico su inapelable veredicto, enviemos un mensaje claro
al pueblo de Chile.
Pidámosle a nuestro Gobierno -y pido que lo hagamos con el impulso de todos los grupos políticos en este Parlamento- que colabore con un país amigo y que lo haga en el merecido homenaje al gran símbolo de democracia y de lealtad
al pueblo que, frente a los totalitarismos y a las diferentes violencias totalitarias que todavía hoy nos amenazan dentro y fuera de España, representa ya para siempre Salvador Allende. Un ejemplo grabado, como todos ustedes saben, para la historia
en su última retransmisión por Radio Magallanes, una enseñanza para las próximas generaciones impregnada de democracia y de futuro y en el metal tranquilo de su voz.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madina.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, por un turno de cinco minutos, en primer lugar, la señora Navarro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quiero iniciar mi intervención saludando a toda la delegación del pueblo de Chile y, por supuesto, especialmente a Isabel Allende. Muchas gracias por honrarnos hoy con su presencia.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya evidentemente, como no podría ser de otro modo, respalda esta iniciativa porque consideramos a Salvador Allende -al compañero presidente, como le llama su pueblo- parte de nuestra historia, parte de
la vieja lucha por los no tan viejos principios de la justicia social: la dignidad de todos los seres humanos, la libertad y el socialismo democrático y revolucionario; de ahí, la enmienda que hemos presentado.
Efectivamente, el próximo 26 de junio se cumplirán cien años de su nacimiento en el puerto de Valparaíso, en el seno de una familia muy unida a las luchas por la independencia nacional, el laicismo y la igualdad. Hoy, 11 de septiembre, y
para muchos militantes de la izquierda cada 11 de septiembre, recordamos que hace treinta y cuatro años las Fuerzas Armadas chilenas, auspiciadas por el gobierno norteamericano de Nixon y Kissinger, bombardearon el Palacio de la Moneda, donde el
presidente Allende resistió durante horas con un grupo de colaboradores y se inmoló en honor a su juramento de que no entregaría al fascismo el poder que el pueblo le diera en las urnas aquel inolvidable 4 de septiembre de 1970. Rendimos tributo a
una persona de proyección internacional que en su larga vida política de dirigente socialista, diputado, ministro de salubridad con el Frente Popular, senador y presidente de la república durante mil días, presidente que se consagró a unir a toda la
izquierda en torno a un programa político que planteó la vía chilena al socialismo, luchó por esa unidad de la izquierda que hoy es importante recordar. En la Unidad Popular, así, confluyeron socialistas, comunistas, cristianos de izquierda,
socialdemócratas y el Partido Radical, y de esto modo lo expresó en su discurso ante el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1971: Caminamos hacia el socialismo no por amor académico a un cuerpo doctrinario, vamos al socialismo por el rechazo
voluntario a través del voto popular del sistema capitalista y dependiente, cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro de las bases
mismas de la solidaridad humana.
Con nuestro voto hoy rendimos tributo a Salvador Allende por su digna y heroica muerte el 11 de septiembre, pero también por su vida, por sus casi cincuenta años dedicados a la lucha social; por su profundo respeto y afecto por los
trabajadores y por las gentes sencillas; por su apoyo a los exiliados, represaliados españoles de 1939, por su solidaridad con las luchas de los pueblos de América Latina, África y Asia contra el imperialismo que hoy baña de sangre Oriente Medio;
por la nacionalización del cobre en 1971 -por cierto, aprobada por unanimidad-; por la reforma agraria; por el medio litro de leche diario que su Gobierno repartió a todos los niños; por aquel inolvidable movimiento cultural de Víctor Jara, de la
poesía de Pablo Neruda, de los murales de la Brigada Ramona Parra. Salvador Allende perdió la primera batalla, el movimiento popular chileno fue exterminado; aquel Chile austero y orgulloso de su evolución política, de la conciencia de clase de su
movimiento obrero agrupado en la central única de trabajadores, fue destruido. Hoy, en una compleja transición, persiste una impunidad ominosa. Muchos responsables de las violaciones de los derechos humanos no están hoy cumpliendo condena, y los
gobiernos de la concertación mantienen el modelo económico neoliberal que impusiera Pinochet y que convierte a Chile en uno de los países con mayor brecha social del planeta. Treinta y cuatro años después del golpe de Estado, fuerzas de izquierda,
como el Partido Comunista de Chile y sus aliados, que han llegado a alcanzar casi un 10 por ciento de los votos, continúan excluidas del parlamento. Este año la actual presidenta ha iniciado actuaciones encaminadas a reformar dicha injusta ley.
Hoy y en el próximo año 2008, y siempre, como digo, cada 11 de septiembre, recordamos a Salvador Allende, el proyecto político que encabezó, la lucha por el socialismo democrático y revolucionario, que, adaptado a los tiempos actuales y a la
realidad española, forma parte de la identidad de Izquierda Unida.
Finalizo mi intervención recordando unas palabras de Salvador Allende en su discurso ante los delegados de la Asamblea de Naciones Unidas: Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad,
en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Esquerra Republicana, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, dijo el pueblo: venceremos. Y vencimos. Con estas palabras comenzaba Salvador Allende el discurso que con motivo del inicio del Gobierno popular pronunció en noviembre del año 1970 en el Estadio
Nacional de Santiago. Solo tres años más tarde, ese pueblo chileno libre y vencedor se encontraba en este mismo estadio arrestado y derrotado por el golpe militar, golpe militar llevado a cabo tal día como hoy, casualmente el día en que la ciudad
de Barcelona, y con ella Cataluña entera, caía derrotada en 1714 ante las tropas borbónicas.
La represión física, social y cultural que comportaron los dos hechos todavía está presente en ambas sociedades, porque también en Cataluña se dio primero
la represión física de aquellos que defendían las libertades de un pueblo. Si en pleno siglo XX, después de aprobada la legislación sobre derechos humanos, se produjo tal violación de estos, imaginemos qué no ocurriría a principios del siglo XVIII
con un monarca absolutista como Felipe V, cuya aversión obsesiva contra Cataluña le llevó a negar los derechos lingüísticos, culturales y nacionales de nuestro pueblo. Como republicanos e independentistas de izquierdas, reconocemos, pues, la figura
de un Salvador Allende que lideró en Chile lo que él mismo calificó como la segunda independencia.
Por el Estadio Nacional de Santiago pasaron más de 40.000 prisioneras y prisioneros que fueron torturados y asesinados, como Víctor Jara, por reclamar su derecho a vivir en paz. Entre los miles de desaparecidos, reprimidos y asesinados hay
también ciudadanos españoles y catalanes a quienes este acto debe rendir homenaje, de la misma manera que hoy lo hace con Salvador Allende, como es el caso del catalán Joan Alsina, cuyo asesino fue condenado por un tribunal chileno por este hecho y
acabó suicidándose de tanto remordimiento. Hablar de Chile y de Salvador Allende es hablar de memoria histórica, de la lucha contra la impunidad y la reparación, y por ello es paradójico que este Estado, este Gobierno y el grupo mayoritario que le
apoya pretendan homenajear a Salvador Allende sin haber reconocido jurídicamente a las víctimas del franquismo como tales. La dictadura del general chileno acabó en 1990, desde entonces ha habido dos comisiones que han investigado la represión
llevada a cabo por ella. En el propio año 1990 se creó la comisión de la verdad y de la reconciliación. No obstante, el informe fue claramente insuficiente y ello provocó que años más tarde, cuando el socialista Ricardo Lagos llegó al poder, se
crease la comisión nacional sobre prisión política y tortura para complementar el primer informe. Chile ha hecho en quince años, creando las comisiones de investigación y juzgando a asesinos genocidas, en vida del propio dictador, aquello que
España no ha conseguido hacer setenta años después del gran genocidio y treinta después de la muerte del caudillo.
Diputados y diputadas socialistas, tienen ustedes una oportunidad histórica para aprobar una verdadera ley de la memoria histórica y reparación.Ustedes, diputados y diputadas socialistas saben que la que ha presentado el Gobierno no lo es.
Nos parece muy bien que el Gobierno español y su grupo parlamentario apoyen actos de conmemoración de memoria histórica en otros países, lo compartimos, pero nos gustaría que aquí también se llevara a cabo y que el Estado español tomase ejemplo de
Chile.
Hemos presentado cuatro enmiendas a esta iniciativa que pretenden, en primer lugar, que el Gobierno español rinda un homenaje a sus ciudadanos y ciudadanas que fueron represaliados, desaparecidos o asesinados durante el golpe de Estado y en
la represión posterior. Asimismo, reclamamos que se realicen las gestiones oportunas para esclarecer, conjuntamente con las familias, por dignidad, las desapariciones o asesinatos de ciudadanos del Estado español todavía no aclarados. En otro
orden de cosas, solicitamos la realización conjunta con organizaciones chilenas del Estado y actos conmemorativos sobre la figura de Salvador Allende y el Gobierno de Unidad Popular, así como de divulgación del golpe de Estado y la represión, y de
los informes gubernamentales de memoria histórica y reparación. En esta línea, se reclama un encuentro internacional a nivel social y político de las instituciones, asociaciones y personas que trabajan en el Cono Sur y en el Estado español por la
recuperación de la memoria histórica y de lucha contra la impunidad para el intercambio de experiencias.
Quiero dedicar mis últimas palabras a rendir un homenaje desde esta tribuna del Congreso de los Diputados a todas las víctimas de la represión fascista chilena y, en especial, a los ciudadanos y ciudadanas del Estado español muertos y
desaparecidos: Joan Alsina, Félix Francisco Figueras, Antonio Llidó, Michelle Peña, Antonio Elizondo, Carmelo Soria, Enrique López; Arturo Vilavella, María Cristina López, José Francisco Bordas, Gastón Vidaurrázaga, Gastón Fernando, José Tohá,
Manuel Roig, Juan José Boncompte, Ricardo García y Ricardo Silva. Todos asesinados por la dictadura fascista, ciudadanos del Estado español a los cuales todavía no se les ha hecho ningún tipo de justicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Comenzamos el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer término el Grupo Mixto. Señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en un momento en el que se cumplen treinta y cuatro años del golpe militar de Pinochet en Chile y cuando también se va a cumplir el
próximo año el centenario del nacimiento de Salvador Allende.
Cuando la proposición no de ley vota por hacer la conmemoración y el reconocimiento de esta figura, nosotros nos adherimos en el sentido siguiente: Estos actos de conmemoración significan el reconocimiento a un presidente constitucional que
fue asesinado por un golpe militar parafascista, el pinochetismo. Representa y simboliza, por tanto, el presidente constitucional de una manera genuina a muchos mártires represaliados, emigrados y huidos que, en cierta manera, nos recuerdan lo que
pasó también en el Estado español a partir del año 1936, y especialmente para quien les habla representa también el intento de hacer una sociedad socialista, una sociedad justa precisamente a través de los mecanismos y de los métodos de un Estado
democrático y de derecho. A muchos de nosotros nos llamaba la atención esta conminatoria cuando militábamos en una posición antiimperialista, igual que hoy, y marxista, igual que hoy, pero desconfiábamos de que fuera posible con los métodos de lo
que llamábamos democracia burguesa, lograr una transformación social. En gran manera Salvador Allende representaba precisamente el racionalismo y la capacidad de acreditar que era posible una transición de la sociedad a modelos más justos,
respetando las libertades y el pluralismo político. Fueron justamente aquellos que no respetan las libertades ni el pluralismo político los que buscaron el pretexto para acabar con el régimen político e instaurar un régimen de terror.
En Chile, igual que en el Estado español, se ha hecho una transición, desde nuestro punto de vista, no suficientemente modélica. No hay más que recordar cuál fue el itinerario del dictador Pinochet durante los últimos años. Fue un sarcasmo
verlo morir en su cama tranquilamente, manteniendo muchas veces actitudes cínicas respecto de la justicia y respecto incluso de su propia sociedad. Por eso es especialmente importante adherirnos a todos los actos, a todos los compromisos que
recuperen el buen nombre de Salvador Allende, que recuperen la historia y la memoria del pueblo de Chicle, en definitiva, que establezcan el verdadero significado y orientación de la democracia que él presidió, que sin duda fue la democracia más
genuina de todos los países de América Latina.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Es evidente que el presidente Allende se convirtió en un icono, en una figura que representa la democracia frente a la barbarie, la dictadura frente a la falta de respeto a la voluntad ciudadana. Es lógico que sea
en la persona que se encontraba al frente de ese gobierno que fue derrocado en quien se personalicen todas las virtudes -aunque también tuvo fallos- en el sentido estrictamente de mantenimiento del orden constitucional y democrático, y tampoco
podemos olvidar que muchas veces, por centrarnos en algunas personas, dejamos de lado a otras que también dieron pasos que constituyeron hitos importantes porque sería interminable mencionarlas. Se me ocurre que el propio comandante René Schneider,
asesinado pocos días antes de la victoria electoral del presidente Allende, también marcó un mojón en la historia chilena, pero también en la de las democracias cuando formuló esa denominada doctrina Schneider que signi
ficaba que los militares tienen que estar plegados al orden constitucional y a la voluntad expresada en el Parlamento. Es importante hoy y era una referencia también muy importante en aquellos tiempos. Estoy hablando -Schneider muere en
1970 y Allende en 1973- de una época oscura en el Estado español en el que estábamos sometidos también a las tinieblas de una dura dictadura. Para nosotros la figura de Allende adquiere su importancia, sobre todo en el plano de representar la
democracia y el valor de la voluntad popular y de los votos expresados a través de las urnas frente a un golpe militar, frente a la fuerza de las armas, frente a la imposición por parte de grupos de presión y del ejército de la voluntad que estos
querían implantar. Tengo que recordar que en aquellos tiempos tan complicados en los que el nacionalismo vasco, el PNV, era un partido que estaba en la clandestinidad y que no era frecuentemente invitado a foros internacionales, sobre todo a actos
institucionales de máxima entidad, el presidente Allende tuvo el detalle de invitar a su toma de posesión al Partido Nacionalista Vasco y al Gobierno vasco que estaba en el exilio. No sé si influirían los orígenes vascos de su apellido o si
simplemente fue un gesto de solidaridad con aquella gente que no tenía voz en un momento determinado, pero desde luego es un detalle, es un gesto que nosotros -quiero expresarlo claramente- no olvidamos.
Su gobierno -no es cuestión de entrar a juzgarlo- quizá no fue un dechado de aciertos, tampoco tuvo que ser un dechado de errores; eran unas circunstancias muy complicadas en las que las tensiones políticas se fueron acumulando y además al
Gobierno chileno -digámoslo todo- no se lo pusieron fácil las fuerzas de uno y otro extremo del ámbito ideológico, incluso fuerzas exteriores al propio Estado chileno. Aquí es necesario recordar los planes del track one y track two, en los que la
CIA y también el Gobierno de Estados Unidos estuvieron implicados.
Creemos que la aprobación de esta proposición no de ley debe ser un homenaje a todos los asesinados, a todos los represaliados, a todas las personas que sufrieron por la dictadura cruel de un Pinochet que hasta la víspera decía falsamente
estar apostando por la vía democrática y apoyando al Gobierno constitucionalmente elegido. Nosotros estamos de acuerdo con la proposición no de ley en el plano dispositivo, también con su motivación, aunque sinceramente no sé si alguna parte de su
redacción quizá hubiera podido tener otro retoque, como aquella que define el resumen de su vida, las líneas maestras de nuestra solidaridad internacional, interpretándola como la de la Cámara en su totalidad. No lo sé. Lo que sí creo que hay que
subrayar del presidente Allende es su defensa de la democracia, la representación en su persona de un Gobierno democrático, de una legalidad establecida y su derrocamiento por una dictadura cruel y por los militares. Por tanto, votaremos
positivamente esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Convergència i Unió para defender nuestra posición en relación con esta proposición no de ley que el señor Madina ha presentado en nombre del Grupo Socialista. En primer lugar, nos felicitamos por la oportunidad de
la iniciativa; no solo por su contenido, que también, sino por la fecha en que se ha presentado ante este Parlamento, precisamente el 11 de septiembre, cuando se cumplen treinta y cuatro años del golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático
de Salvador Allende. También parece que en el caso de Chile se celebra, aunque no se conmemora, como en el caso de Cataluña, una derrota -en nuestro caso de hace más de 200 años-, cuando se perdieron las libertades y la democracia, y en el caso de
Cataluña cuando se perdieron las libertades de nuestro pueblo. Hay coincidencia con el pueblo chileno y seguro que nuestro portavoz, señor Durán i Lleida, hoy mismo la estará destacando -probablemente más tarde, por la diferencia horaria- en su
visita a aquella nación, ya que todo el mundo sabe que se ha desplazado allí en viaje oficial como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, y que también celebrará el 11 de septiembre la Diada Nacional de Cataluña en el Centre Català de
Santiago de Chile. De ahí la cantidad de relaciones y de experiencia común entre nuestro país, Cataluña, nuestro partido, Unió y Convergència i Unió, y el pueblo chileno. Por todo ello nos parece adecuada la iniciativa del Grupo Socialista de que
el Gobierno español se sume a los actos que en el año 2008 deberán tener lugar en Chile, propiciados por el Gobierno de la nación y por todo el pueblo chileno, para conmemorar el centenario del nacimiento de Salvador Allende, que ha sido una figura
universal, símbolo de libertad, de democracia, de sacrificio y que dio finalmente su vida por la defensa de sus ideales, de su manera de pensar, de la democracia, con lo que muchos de nosotros, lógicamente, coincidimos.
Observamos con atención el proceso del país amigo, Chile, que desde este amplio espectro ideológico, pero en la búsqueda de la unidad, intenta avanzar, igual que hizo España hace treinta años, en la recuperación y consolidación de la
democracia y de las libertades. Desde la óptica de nuestra propia situación estamos dispuestos a seguir colaborando en ese proceso, en este camino hacia la definitiva consolidación de la democracia y de la libertad.
En cuanto al contenido de la proposición no de ley, más allá de su expresión genérica de dar apoyo a los actos conmemorativos de este centenario, por nuestra parte también apoyaríamos su concreción en actividades como el incremento de la
dotación de la cooperación internacional con Chile y la colaboración con otros actos de tipo conmemorativo y reivindicativo en la línea de
celebrar la consolidación de la democracia y las libertades. En consecuencia, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley y agradecemos al señor Madina su exposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Popular, señor Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Presidente, señorías, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo para fijar posición sobre la proposición no de ley que el diputado Eduardo Madina ha presentado en nombre del Grupo Socialista, pero antes querría
manifestar mis respetos y mis saludos a doña Isabel Allende, a quien tuve el gusto de saludar el día de la victoria de la Concertación en un hotel en Santiago de Chile enfrente de la Alameda. Por lo tanto, sea bienvenida, del mismo modo que las
autoridades que la acompañan.
Me permitirán que, antes de anunciarles el sentido del voto de mi grupo, haga algunas valoraciones acerca de la oportunidad, el sentido y la trascendencia de la iniciativa que hoy debatimos. Muchos chilenos, muchos ciudadanos
iberoamericanos y, por lo tanto, muchos ciudadanos españoles han manifestado y sentido de forma reiterada su admiración y respeto por la figura del que fuera presidente de Chile, Salvador Allende.
Entendemos, entiendo yo que las figuras de los
grandes hombres y mujeres que se merecen el reconocimiento, en este caso de esta Cámara, un reconocimiento como el que hoy nos propone el señor Madina, no puede justificarse única y exclusivamente por el ideario político que defendió en vida, ya que
de ese modo todos podríamos incurrir en el terrible error de convertir esta Cámara en una Cámara en la que pasaríamos todos juntos tediosas y larguísimas sesiones proponiendo de modo sectario el reconocimiento de aquellos hombres y mujeres que a lo
largo de la historia, antes que nosotros, han defendido nuestras propias ideas. Por lo tanto, yo pretendo entender que el reconocimiento que hoy se nos propone se justifica también por el modo y las circunstancias en que Salvador Allende defendió
unos valores democráticos que todos deberíamos defender siempre y en todas partes.
En diciembre de 2006, en esta misma tribuna, tras la muerte de Augusto Pinochet, condené en nombre de mi grupo la trayectoria política del dictador chileno. Hoy el Partido Socialista nos pide que reconozcamos la figura de Salvador Allende y
el Partido Popular lo va a hacer con su voto afirmativo, porque considera que un responsable político de un país amigo que dio su vida por la democracia y la libertad merece nuestro respeto y sobre todo un lugar permanente en nuestra memoria
colectiva. Siempre hemos pensado que en estas cuestiones no caben relativismos ni ambigüedades, porque tanto la democracia como la libertad no son ni dádivas ni gracias ni dones divinos caídos del cielo, sino valores que se defienden con la palabra
y a veces también, desgraciadamente, con la vida. La historia de la humanidad está plagada de salvadores allendes que murieron defendiendo la libertad y la democracia, por la sencilla razón de que desgraciadamente siempre han existido y existen
enemigos dispuestos a triturar esos valores fundamentales y a matar a sus valedores. Hoy mismo, 11 de septiembre, es una fecha idónea para recordar no solo el golpe de Estado en Chile sino también más de tres mil personas que murieron hace seis
años víctimas de un ataque terrorista en los Estados Unidos de América. Aquel también fue un ataque a la libertad y a la democracia y sus asesinos desgraciadamente hoy siguen alimentando el odio a esos valores y a quienes intentamos representarlos.
Por lo tanto, sigue habiendo enemigos dispuestos a aniquilarnos. Pero hoy también es un buen día para recordar a dirigentes políticos, más modestos que Salvador Allende, que en nuestro propio país defienden la bandera de la libertad frente a los
enemigos de siempre. En cierta medida, muchos somos herederos del legado de Allende. Yo, señores socialistas, también pido hoy aquí un reconocimiento expreso -más modesto, desde luego- para todas esas víctimas y en especial para Regina Otaola que,
desde un pequeño pueblo de Euskadi llamado Lizarza, está defendiendo la libertad y la democracia con el mismo coraje que Salvador Allende defendió el Palacio de la Moneda. No es admisible para mi grupo y para mí que algunas de SS.SS. vean la
virtud en Allende y la ignoren en Otaola; del mismo modo que no es posible que la lección de Santiago de Chile en 1973 no sirva para Lizarza en 2007. Y no es posible por la sencilla razón de que si somos herederos de ese legado lo somos también de
los mismos valores. Si los españoles algo hemos aprendido del aberrante sacrificio de Salvador Allende deberíamos sostener esa lección en el tiempo y en la geografía, especialmente en el ámbito iberoamericano. Si Pinochet fue un dictador, y por
ello condenable, y Allende un héroe de la libertad, y por ello encomiable, explíquenme, señores de la izquierda, por qué extraño estrabismo político ustedes no pueden contemplar una condena a la dictadura que hoy sufre otro pueblo iberoamericano
como el cubano. En Cuba se mata por pensar distinto, en Cuba se reprime por pedir libertad, en Cuba se estrangulan medios de comunicación como Vitral y se secuestran plumas y voces como la de Dagoberto Valdés, del mismo modo que la dictadura
española también cerraba medios de comunicación, como el diario Madrid. El concepto y el valor de la libertad no cambian porque siempre son los mismos.
Señorías de la izquierda, con todo el respeto, yo no escucho ni percibo una sensibilidad unívoca y auténtica ni una intensidad pareja de esos bancos a la hora de defender la libertad y la democracia en todas partes.
Señores socialistas,
tienen el voto del Partido Popular para defender a un icono de la libertad y de la democracia de ayer en Chile, pero les exigimos que corrijan la confusión política daltónica que padecen y defiendan
la libertad y combatan la opresión en todas partes por igual.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Madina, en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Sobre las enmiendas presentadas, no podemos aceptar las de Esquerra Republicana y sí aceptamos, en cambio, la presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Se tendrá en cuenta en la votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR UN PLAN DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000576.)
El señor PRESIDENTE: Segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el objetivo de impulsar un plan de seguridad personal para las víctimas de violencia de género. Para la defensa de la proposición no de
ley presentada por su grupo tiene la palabra la señora Camarero por un tiempo de siete minutos.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace casi dos años debatimos en esta Cámara una proposición de ley para la puesta en marcha de un plan de seguridad personalizado que fue rechazada entonces, pero que en el Grupo Parlamentario Popular hemos considerado
imprescindible y necesario retomar, en esta ocasión como proposición no de ley. ¿Y por qué, señorías? Porque en el Grupo Parlamentario Popular estamos seriamente preocupados por la situación actual; porque, como el resto de ciudadanos, estamos
hastiados y angustiados al conocer cada día noticias e historias, casos sobre mujeres víctimas de violencia de género, de cómo son asesinadas, acuchilladas, quemadas o mutiladas, y la situación está lejos de mejorar. Hace dos años y medio aprobamos
por unanimidad la Ley orgánica contra la violencia de género. Este tiempo y el escalofriante número de víctimas nos han demostrado que lo hecho hasta ahora es insuficiente, que no contamos con los instrumentos necesarios para poder asegurar
correctamente la protección de nuestras mujeres. Cuando un tercio, señorías, un tercio de las mujeres asesinadas habían pedido ayuda y contaban con una orden de protección y alejamiento, evidentemente algo está fallando. Por eso hoy más que nunca
estamos seguros de la necesidad de dotar a las víctimas de un plan de seguridad personal, de una protección individualizada y adecuada a sus necesidades y circunstancias. Este ha sido y seguirá siendo uno de nuestros principales objetivos en la
lucha contra la violencia.
Porque, señorías, hoy la violencia de género se ha convertido en uno de los grandes fracasos del Gobierno socialista. Toda la demagogia empleada durante sus últimos años de oposición se ha desinflado al tocar poder. En esta legislatura son
ya 254 las mujeres asesinadas, la pasada, 238; cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Hemos pasado el peor verano de la historia, con 26 mujeres muertas en tres meses, siete más que el año pasado. Este año casi 60 mujeres
han sido asesinadas, once más que el año pasado. Pero si las cifras nos abruman, nos angustian, la falta de sensibilidad del Gobierno, la ausencia de respuesta, su indiferencia, su total silencio en estos meses, nos indignan. No se puede consentir
que después de que en el mes de junio once mujeres fueran asesinadas y ocho en el mes de julio, el ministro Caldera manifestase literalmente el 13 de julio: Se aprecia una ligera tendencia a la reducción de la violencia machista desde 1999. ¿Cómo
se puede mentir de esta forma sin sonrojarse? ¿A quién quiere engañar el ministro con tanta falsedad? La realidad es que las muertes han crecido este año en un 20 por ciento y el ministro lo sabe, pero una vez más realiza declaraciones carentes de
sensibilidad, de sentido común e irresponsables. Mientras tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido Popular, seguimos preocupándonos y ocupándonos de esta lucha. Porque, señorías, el tiempo corre en nuestra contra. Sobre todo
corre en contra de las mujeres maltratadas. Ya no podemos dejar que el Gobierno siga perdiendo el tiempo. Estamos cansados de las falsas promesas y de la propaganda del Gobierno. No nos gustan sus improvisadas ocurrencias respecto a los 2.500
euros, ni nos gusta que mientan prometiendo una ampliación de un permiso de paternidad al que les obliga su propia ley, ni nos gustan sus anuncios tendenciosos como los de: Gana la ley. Pues no, señorías, la ley por sí sola no gana. Las leyes no
cambian la sociedad y no son pócimas milagrosas. El desarrollo de esta ley ha destapado sus carencias y es imprescindible seguir buscando nuevas medidas, nuevos y más eficaces instrumentos si queremos que el fin de esta lacra esté más cerca. Esto
es lo que pretende esta iniciativa: crear un instrumento nuevo, un plan de seguridad personal que nos permita garantizar la seguridad y la protección de las víctimas desde el momento en que lo soliciten, donde se evalúe el riesgo según sus
circunstancias personales y las del agresor, donde se asigne uno de los tres niveles posibles de protección que irán acompañados, cómo no, de medios materiales y humanos para la seguridad de las víctimas. Insistiendo, como siempre, en que esto se
debe complementar con una mejora en la aplicación de la orden de protección, con la necesidad de ampliar la plantilla de las unidades
especializadas y con la necesaria formación en esta materia de todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo las policías autonómicas donde las haya, como marcan nuestras enmiendas.
Frente a esta iniciativa,
se nos presenta una enmienda impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y firmada por otros grupos donde se insta al Gobierno a la realización del protocolo general de actuación y coordinación de los órganos judiciales antes del 30 de octubre.
Señorías, el artículo 31 de la Ley integral obliga al Gobierno a su aprobación.
¿Para qué quieren que ahora volvamos a instar al Gobierno? ¿Es que el Gobierno va a cumplir ahora a través de una PNL lo que no está cumpliendo cuando le mandata la
ley? Miren, señorías, el Gobierno hace dos años y medio que tenía que haber aprobado este protocolo y no lo ha hecho, hoy quieren otra dilación y aleatoriamente marcan el 30 de octubre. ¿Por qué no proponemos el 30 de abril y así nos tocará a
otros realizarlo? Señorías, más seriedad. Y la enmienda pide también al Gobierno que presente un informe sobre el protocolo de valoración policial del riesgo que aprobaron hace unas pocas semanas; aprobaron con carácter temporal hasta la
aprobación del general, cuando este protocolo general debía estar aprobado, como he dicho, desde hace dos años y medio. Una vez más, este protocolo y su instrucción evidencia la improvisación, la falta de rigor y las prisas con las que actúa el
Gobierno. Es una mala copia de nuestra iniciativa porque, si bien como principio rector reproduce los objetivos y el desarrollo de nuestra proposición no de ley y gradúa la intensidad del riesgo en tres niveles, como nuestra iniciativa, tiene
deficiencias significativas que nos hacen temer que no será una medida eficaz. Tiene deficiencias como la de establecer que la evaluación del riesgo la realice el funcionario policial que instruye las diligencias, es decir, el funcionario que se
encuentra de servicio en la comisaría de turno, que no forma parte de las unidades especializadas y no dispone de ninguna formación específica adecuada. ¿Con qué criterio podrá realizar este funcionario esta valoración? Frente a ello, nuestra
iniciativa asigna un agente de seguridad personal a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con especialización y experiencia en violencia de género. También olvida el protocolo el plazo para establecer los niveles de
protección. Nosotros establecíamos un máximo de diez días.
Tampoco solicita la comunicación de la valoración al Registro central para la protección de las víctimas ni incorpora a los menores o ascendientes, como recogía nuestra iniciativa. Por
tanto, estando de acuerdo, como no podía ser de otra forma, en que el Gobierno traiga informes y cumpla la ley, tanto que nosotros también lo solicitaremos, no vamos a aceptar esta enmienda, porque en nada tiene que ver con nuestra iniciativa y
porque estamos ya muy cansados de que el Gobierno solo parchee la situación y de que, frente a una iniciativa estudiada y bien planteada, nos presenten un protocolo provisional con grandes deficiencias y condenado por desgracia al fracaso.
Señorías, hoy quiero dirigirme especialmente a la sensibilidad y a la responsabilidad de los grupos para pedirles que reconsideren el apoyo a esta iniciativa. Coincidirán conmigo, señorías, en que no nos podemos conformar, en que es
necesario mantener la tensión en esta lucha, en que es necesario seguir trabajando en esta Cámara para instar al Gobierno a poner en marcha iniciativas eficaces y útiles a las mujeres maltratadas.
Señorías, hoy tenemos todos las responsabilidades
del Parlamento de lanzar un mensaje claro, y es la unidad de las fuerzas políticas en la búsqueda de nuevas soluciones, de seguir trabajando por ayudar a las víctimas, por que nuestras mujeres sepan que no solamente tienen todo nuestro apoyo y
nuestro cariño, sino sobre todo que cuentan con nuestro esfuerzo para que la solución a esta lacra esté más cerca. Con este objetivo hemos presentado esta iniciativa y con este fin les pedimos hoy su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camarero.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley interviene en su turno de cinco minutos en primer lugar el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato,
ocupa la Presidencia.)
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tal como hemos manifestado en múltiples ocasiones, la eficacia de la Ley orgánica contra la violencia de género no puede medirse por el número de víctimas, ni mucho menos por el número de víctimas mortales, porque para nosotros una
sola víctima son ya demasiadas víctimas, aunque es cierto que el elevado número de víctimas mortales, que va desgraciadamente aumentando día tras día, supone una situación claramente insostenible frente a la cual no podemos quedarnos paralizados
sino que todos debemos, con el Gobierno al frente, dar todos los pasos necesarios para reconducir la situación. Por ello, Convergència i Unió comparte con el grupo proponente la preocupación por la dificultad que existe para que la Ley orgánica
contra la violencia de género despliegue toda su efectividad.
Dicho esto, la señora Camarero me va a permitir que, desde el afecto personal que sabe que le tengo, le diga que no entiendo la posición del Grupo Popular en el tema que nos ocupa. ¿Por qué digo esto? Ustedes hace más de dos años
persiguen, a través de distintas iniciativas que usted ha mencionado, un objetivo, y es que la protección de las víctimas de violencia de género se haga a través de un plan personalizado, es decir, que no se haga de manera estandarizada, sino
teniendo en cuenta el riesgo concreto de cada situación. Presentaron hace más de dos años una proposición de ley, presentaron meses atrás una proposición no de ley y llevan ustedes razón en la filosofía del tema. Esta filosofía ha ido ganando
adeptos. Especialistas en la materia y asociaciones de mujeres han ido reclamando lo mismo que ustedes, hasta
el punto de que el pasado mes de junio, en el último Pleno del periodo ordinario de sesiones, esta Cámara aprobó una moción a instancias de una interpelación de Esquerra Republicana y del Grupo Popular en la que, entre cosas, se barajaba ya
el tema de que se presentara esta protección personalizada. Tanto se ha perseguido este tema que el Gobierno realizó, con fecha de julio, el famoso protocolo de protección personalizada, después del mandato de esta Cámara, un mandato al que se
sumaron ustedes.
¿Qué pasa? ¿Que no coincide exactamente con la letra de lo que proponen ustedes? Es verdad, no se llama plan, se llama protocolo y seguramente habrá comas, puntos y palabras que no coincidan. Pero, señora Camarero, en lo
sustancial tiene el mismo objetivo y los mismos fines y tiene, incluso, la misma vulneración de competencias de las comunidades autónomas que el que ustedes han presentado. Pretende lo mismo que lo que ustedes pretendían, y, para mi sorpresa, en
lugar de decir: nos alegramos de que el Gobierno sostenga lo que nosotros venimos sosteniendo, les afean la conducta. Por eso le digo que me cuesta entender la posición del Grupo Popular en este tema.
En primer lugar, francamente pensamos que, al ver que el Gobierno ya había hecho el protocolo, ustedes retirarían su propuesta, que es anterior al mandato de junio que salió de esta Cámara con sus votos. En segundo lugar, pensamos que
podíamos votar negativamente porque ya estaba hecho.
Pero coincidimos con ustedes en que en el tema que estamos tratando no podemos nunca conformarnos con lo que hay, sino que es un tema que debe ser objeto de impulso político constante hasta que
consigamos erradicar esta lacra social. Por eso, ¿qué hicimos? Dijimos: si el protocolo ya está hecho, vamos a reconvertir la iniciativa en algo que sea el control de este protocolo, comprobar si en realidad este protocolo ayuda a la protección
de las mujeres o no. Y presentamos ayer por la tarde una enmienda sobre la que hablamos con ustedes y nos dijeron que no la podían aprobar porque no era su iniciativa. Con posterioridad, los grupos parlamentarios han pensado que era una buena idea
la de controlar este protocolo, y todos, por unanimidad, hemos firmado una enmienda que persigue, como usted ha dicho, tres objetivos. Uno, que se presente un informe antes del 30 de noviembre donde se detalle el estado de aplicación práctica de
cómo funciona este protocolo. Dos, que lo que usted se queja de que es provisional se convierta sin más dilación en definitivo, que es el protocolo para combinar la actuación policial y judicial. Tres, y ya que estamos hablando de violencia de
género, instamos al Gobierno a que se presente antes del mes de diciembre un informe de evaluación y seguimiento del Plan nacional de prevención y sensibilización. Esta enmienda, como digo, está firmada por todos los grupos. Por tanto, señora
presidenta, procedo en este momento a retirar la de mi grupo parlamentario porque entiendo que esta no es solo más completa, sino que además abona algo que no deberíamos perder, que es la unidad de todos en la lucha contra la violencia de género.
Francamente no puedo entender por qué no la pueden aprobar. ¿Simplemente porque no es suya? Pues yo, en su lugar, estaría satisfecha de que el debate que ustedes propician sirviera para dar un paso más. El protocolo está aprobado y veamos ahora
cómo funciona este protocolo. Realmente, como digo, no puedo compartir su posición en este tema. Por tanto ya les anuncio que, si ustedes no pueden sumarse a algo tan lógico como el control de un tema que ustedes mismos han propuesto
reiteradamente, no vamos a poder apoyar la iniciativa en la literalidad con la que se ha presentado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos de nuevo debatiendo sobre el grave problema de la violencia de género, que sigue azotándonos con muertes de mujeres a manos de sus maridos o compañeros. Esas terribles muertes nos producen dolor, consternación e
impotencia. Es en ese contexto de preocupación por las víctimas en el que el Grupo Parlamentario Socialista entendía que el Partido Popular nos presentaba hoy su iniciativa, en la que se insta al Gobierno a impulsar medidas de protección para las
víctimas de violencia de género, pero después de oír a la señora Camarero, no nos cabe duda de cuál era su intención. Hablaré de ella después.
Quiero dejar claro que quien más preocupación tiene es el Gobierno. Tiene sin duda mayor responsabilidad, pero sobre todo lo que tiene es dedicación para la correcta aplicación de la Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, una ley que aprobamos por unanimidad todos los grupos parlamentarios a finales del año 2004 y que ha convertido la violencia de género en un asunto de Estado recogiendo un conjunto de instrumentos para poder luchar
contra esta terrible lacra que sigue asesinando mujeres. El esfuerzo del Gobierno se refleja en el desarrollo de la ley integral mediante la disposición de medios en todos los ámbitos en los que hay que actuar, como son el educativo, el sanitario,
el de la atención integral, el de la tutela judicial, el de la seguridad, etcétera, medidas que se han venido desarrollando desde la aprobación de la ley integral y de las que el Gobierno da cuenta de manera continuada y que están dando sus frutos,
no todos los que nos gustaría, pero vamos avanzando, tal como vemos por el aumento de las denuncias y por el incremento de las órdenes de protección. Como ustedes saben, el fenómeno de la violencia es de una gran complejidad y requiere para su
erradicación de cambios estructurales y de tiempo -más tiempo del empleado hasta ahora- para atajar sus causas.
La ley está funcionando, porque nos ha dado mayor capacidad para luchar
contra la violencia de la que nunca habíamos tenido hasta ahora, porque hay mayor preocupación y conocimiento en la sociedad, porque cada vez hay más denuncias y porque el Estado tutela los derechos de las mujeres víctimas como nunca se
había hecho hasta ahora.
Entro de lleno ya en el debate que hoy nos convoca y, en primer lugar, quiero recordar que en esta Cámara hemos debatido en numerosas ocasiones -como ha recordado la señora Pigem- sobre violencia de género y que siempre se ha instado al
Gobierno a seguir trabajando en el marco de la ley integral. Hoy hemos vuelto a invocar el consenso de los grupos para, desde la unidad, instar al Gobierno a la correcta aplicación de la ley, que dedica una parte muy importante de su articulado
específicamente a la protección y seguridad de las víctimas: el artículo 31, bajo la rúbrica Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las establecidas en el artículo 32, relativo a los planes de colaboración entre las administraciones, y muy
especialmente las dispuestas en el capítulo VI del título V, tutela judicial, que disciplina las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas. El artículo 31, en concreto, está referido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y recoge
que su actuación habrá de tener en cuenta el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que existe desde el año 2004, incluso antes de la aprobación de la ley, y que se ha ido adaptando a lo largo del tiempo en sucesivas
ocasiones. Este protocolo, a cuyo dictados ha de atenerse la actuación tendente a la protección de las víctimas, tanto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como por los órganos judiciales, permite llevar a la práctica una protección de carácter
inmediato al prever que desde el primer momento en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan conocimiento de los hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal, lleven a cabo una serie de actuaciones encaminadas a determinar la
existencia y la intensidad de la situación de riesgo para la víctima.
Estas medidas se detallan en la ley en varios aspectos: en primer lugar, respecto a la actuación policial; también respecto a las comunicaciones de los órganos judiciales a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por último, a los instrumentos de coordinación con las policías locales.
El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista creemos que el camino a seguir es el correcto desarrollo de la ley integral. Señora Camarero, no nos conformamos, todo lo contrario; seguimos, por supuesto desde el Gobierno pero creo que
también desde la unidad de los grupos parlamentarios en este Congreso, acopiando medios y evaluando de forma continua su aplicación. Quiero recordar a SS.SS. que el pasado 19 de junio -lo ha recordado antes la señora Pigem- se aprobó con la
unanimidad de todos los grupos políticos una moción en la que se instaba al Gobierno a tomar una serie de medidas que, en un esfuerzo de celeridad nunca antes visto, se aprobaron en el Consejo de Ministros de esa misma semana, el viernes 22 de
junio. También recientemente, el día 27 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó nuevos juzgados exclusivos de violencia, en concreto 18 nuevos juzgados.
Respecto al contenido concreto del plan que ustedes presentan, me gustaría destacar dos cosas, en primer lugar, que hace referencia a una actuación coordinada y adecuadamente planificada de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero
también les digo que la actuación del Gobierno en esta materia es mucho más ambiciosa y busca una óptima coordinación de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidas las policías autonómicas y locales. Por otra parte, la propuesta que
ustedes presentan limita el establecimiento de medidas policiales de protección específica para cada caso solo a aquellas situaciones en que la víctima cuenta con una orden de protección, aunque hoy han metido una corrección técnica, pero en el
texto inicial estaba así. Por último, las medidas de seguridad que ustedes proponen no pueden de ninguna manera aplicarse solo y exclusivamente a las víctimas. Deben de una vez por todas incidir muchísimo más, sobre todo en los agresores.
Señorías, no entendemos el empeño del Grupo Popular y la reiteración del planteamiento, sobre todo porque su plan de seguridad no se atiene a la realidad. Las mujeres que más peligro corren son las que no denuncian, que son más de un 70 por
ciento de las asesinadas, mujeres que ni siquiera saben que son víctimas y que no piden ayuda. Ese es nuestro problema. Esta es la realidad. El Estado en su conjunto está tomando medidas, pero le resulta imposible proteger lo que no conoce, como
decía mi compañera Mariví Monteserín en la SER.
Quiero dejar claro, señorías, que el Gobierno no ceja en su empeño. El pasado 15 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros aprobó un balance de resultados de la aplicación de la ley integral. En la medida en que constituye el
diagnóstico de las políticas públicas en la lucha contra la violencia de género, el Consejo de Ministros también aprobó ese mismo día un plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género y un conjunto de medidas urgentes para
seguir avanzando en la lucha contra esta lacra. Entre las medidas que se incorporan podemos destacar las siguientes actuaciones: la coordinación con las policías locales, la creación de 59 unidades de violencia de género...
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Escudero, vaya terminando.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Enseguida, señora presidenta.
... creación de 59 unidades de violencia contra la mujer, repartidas por todo el territorio español, las delegaciones del Gobierno, que se han creado como unidades de coordinación contra la violencia de género en las diferentes comunidades
autónomas, y el famoso protocolo de valoración de riesgo, que se ha ido adaptando y, como consecuencia de lo que aprobamos en la Cámara, se ha ido poniendo en marcha; también una aplicación
informática para el seguimiento de los casos de violencia, la extensión del servicio de teleasistencia móvil y los dispositivos para el seguimiento de los maltratadores. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias -era una petición
largamente sostenida en el tiempo por las organizaciones de mujeres- está extendiendo a los condenados por violencia de género el sistema de control mediante GPS. Este sistema va a permitir conocer en todo momento la localización exacta del
agresor, así como evitar el contacto con la víctima.
Señorías, hay que seguir trabajando en la efectividad de la ley, porque es un buen instrumento, tal como reconocen...
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Escudero, le ruego que termine.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Enseguida, señora presidenta.
... tal como reconocen las organizaciones de mujeres y también los organismos internacionales. Nuestra primera tarea como responsables públicos es transmitirles confianza en las instituciones y garantizar su seguridad en todo el proceso y
también para decirles que se puede salir de ese sufrimiento, que no están solas, que pidan ayuda. Solo así podremos ayudarlas. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Escudero.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señora presidenta.
Desde Esquerra opinamos que verdaderamente es muy importante velar por la seguridad de las mujeres en situación de violencia machista y que hace falta trabajar este aspecto, pero desde una vertiente distinta a la que propone el Grupo Popular
y, como nos consta, a la que también propone el Gobierno en un protocolo similar. Creemos que hay que dar una atención no victimizadora, es decir, proporcionar una atención que ponga en el centro a las mujeres y no al agresor, y por lo tanto hace
falta, en primer lugar, actuar a partir de todo aquello que conocen sobre ellas mismas y tener en cuenta que son ellas las que mejor que nadie conocen al agresor.
Este criterio debería tenerse muy presente en cualquier proceso de valoración de
riesgo. Si se olvida esto, toda intervención podrá atentar contra la propia seguridad de la mujer. Se me ocurre, por ejemplo, que avisar al agresor de que su pareja está policialmente vigilada puede acarrear unas consecuencias nefastas. Así pues,
desde esta perspectiva, opinamos que se debe apostar por incrementar la seguridad en situaciones de violencia machista a partir de trabajar con las mujeres mismas elementos de autoprotección. Una de las medidas desplegadas por la Ley orgánica
contra la violencia de género es la que proporciona a las mujeres dispositivos de teleasistencia, que en la mayoría de casos se distribuyen a través de los servicios sociales de los municipios y por entidades privadas, como por ejemplo la Cruz Roja
en Cataluña. ¿Cómo se respetaría esta cuestión en un protocolo de actuación como el que nos propone el Grupo Popular? Otro ejemplo de medidas de empoderamiento de las mujeres víctimas de malos tratos son los talleres de técnicas de autoprotección.
Lo interesante de esto, tal y como se está haciendo en una prueba piloto en Cataluña, es que estos talleres los impartan las profesionales que hacen los acompañamientos y no la policía. Por otro lado, siempre defendemos que cualquier medida en el
ámbito de la prevención y atención a los malos tratos sea lo más próxima posible a la población. En este sentido, es interesante la colaboración y la participación de las instituciones autonómicas en la materia y de la Policía autonómica para la
elaboración e implementación de un plan de estas características, ya que son ellos los que conocen la realidad y el circuito existente en cada comunidad autónoma y en cada municipio.
Asimismo, para que un protocolo de estas características sea
eficaz es necesario un replanteamiento de la estructura policial y judicial, ya que estas estructuras actualmente son demasiado arcaicas y pesadas como para implementar con eficacia un protocolo basado en medidas que piden agilidad y rapidez.
Finalmente, creemos que los protocolos judiciales y policiales no servirán de nada si no van acompañados, primero, de la formación necesaria de las personas -en este caso, funcionarios- que atiendan a las mujeres y que deberán hacer la
valoración de los riesgos y, segundo, si no se fomentan los acompañamientos. El tema de los acompañamientos debe ser una de las medidas a tener más en cuenta y no pararnos a pensar cuántas veces un policía debe visitar a la mujer víctima de malos
tratos. En fin, a pesar de que un protocolo de actuación en los ámbitos judicial y policial es necesario, se debe reflexionar más en profundidad sobre determinados aspectos, como son entre otros cuáles van a ser los ámbitos de evaluación para
determinar el riesgo, la capacitación de los profesionales que decretan el nivel de riesgo, qué se entiende por riesgo y otra cuestión no menor, que es no dejar pasar la oportunidad de valorar que la violencia y, por tanto, el riesgo de las mujeres
no solo debe sustentarse en una evidencia de violencia física sino en otros tipos de violencia.
Desde Esquerra siempre hemos creído que la violencia machista va más allá del ámbito estrictamente familiar y comprende otros ámbitos, como por ejemplo
la violencia económica, la sexual, la cultural, la que se produce en el ámbito laboral... Por tanto, creemos que la valoración del riesgo debería tener en cuenta también estos ámbitos de violencia.
En definitiva, en nuestra opinión, cualquier protocolo de este tipo debería realizarse siempre poniendo el interés de las mujeres en el centro del debate y encaminando las medidas a emprender bajo el objetivo de ir construyendo la máxima
autonomía de las mujeres como
un elemento imprescindible para que puedan salir de los procesos de violencia a los que se han visto sometidas. Por todo lo anterior, es más comprensible la enmienda transaccional que insta al Gobierno a hacer o consolidar un protocolo de
estas características antes que aprobar la propuesta del Partido Popular. Eso sí, pedimos al Gobierno que se tengan en cuenta las observaciones hechas por mi grupo a la hora de pensar y redactar un protocolo de este tipo, ya que no nos podemos
permitir más demoras ni más errores en la lucha contra la violencia machista, que, desgraciadamente, no cesa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Oliva.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Vasco sí le reconoce al Gobierno compromiso con la erradicación de la violencia de género, de la misma forma que se lo reconoce a todos los grupos de la Cámara, aunque no siempre está de acuerdo con todas las actuaciones
que por unos y otros se proponen. Es una manifestación particularmente odiosa de la violación de los derechos y libertades y creo que todos -Gobierno y también todos los grupos de la Cámara- hacemos cuanto está en nuestra mano, cuanto se nos ocurre
para ser eficaces en la lucha por su erradicación.
La puesta en marcha de la ley integral está resultando compleja y difícil y por eso nos parece legítimo que cualquier grupo presente los instrumentos que le parezcan convenientes, como lo hace en este caso el Grupo Parlamentario Popular
mediante una proposición no de ley, pero que tiene un contenido absolutamente idéntico a algo ya debatido en otra ocasión con otra forma y que, además, es anterior en el tiempo, como se ha manifestado por otros portavoces, a una instrucción de la
dirección de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que luego me referiré. Creemos que se pretende diseñar un mecanismo eficaz de individualización del riesgo al que se encuentra sometida cada víctima, pero nos parece que se hace de forma
absolutamente inapropiada. Es una norma policial, pero tiene un contenido absolutamente poco claro. En primer lugar, no queda definido a quién se dirige. Creemos que sería solo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir solo a la
Policía Nacional y a la Guardia Civil, puesto que no podría referirse a las policías de las comunidades autónomas que tienen competencias absolutas en esta materia, las que tienen al menos el carácter de integrales. Es también confusa la mezcla que
se hace entre las medidas estrictamente policiales de protección y las medidas cautelares, civiles o penales, que ya han sido o han podido ser decretadas por un juzgado. Cabe que ya el juzgado, como medida cautelar penal, haya decretado la
necesidad de escolta y eso no queda claro en aquellos supuestos en los que además se pretende establecer el plan individual de seguridad. Suponemos que lo judicial primaría sobre lo que se haga desde ámbitos policiales. Caben también casos de
violencia de género en los que las cautelas deban ser solo civiles y, por tanto, acordadas por los tribunales. Es ambiciosa en cuanto a las generaciones a las que pretende cubrir, puesto que se habla de la propia víctima, de ascendientes y de
descendientes, por tanto también dificultosa y costosa a la hora de ser llevada a la práctica.
Lo que no nos gusta en absoluto y nos parece absolutamente inadecuado -en esto se separa de lo que contiene como norma la instrucción del Gobierno- es que se introduzcan cargos políticos en su ejecución. No entendemos qué tiene que ver la
delegación del Gobierno o los órganos competentes de las comunidades autónomas a la hora de establecer un plan de riesgo y a la hora de ponerlo en práctica. Si se me permite el símil sanitario, es como si uno se acerca al sistema sanitario y es el
viceconsejero de Sanidad o el secretario general del ministerio el que le diagnostica y le establece el tratamiento. Las tareas policiales son tareas policiales y no debe involucrarse en ellas a los políticos. También es muy confusa cuando mezcla
la Policía judicial, que es la policía que investiga, con la Policía de seguridad ciudadana, que no investiga, sino que simplemente protege o escolta. Si estamos hablando de protección o de escolta, estamos hablando de seguridad ciudadana y es algo
que debe tener un tratamiento distinto -insisto- que la policía que investiga delitos, que es la Policía judicial. El modelo además se nos antoja como absurdo, porque quiere garantizar un sistema por víctima, de tal forma que parecería que personas
concretas estén siempre a disposición de las concretas ciudadanas amenazadas. Nosotros creemos que es la organización policial en su conjunto la que debe responder, porque, ¿qué ocurriría con los periodos de vacaciones, las enfermedades o las
jubilaciones? La policía, en general, debe estar dotada en todo caso para responder a la violencia de género, aun como riesgo, con personal experto en todos los turnos y en todos los horarios, pero no necesariamente las mismas personas respecto de
las mismas ciudadanas amenazadas. Creemos que la respuesta debe ser orgánica y no personal.
Mi grupo ha aceptado firmar la enmienda que se proponía desde el Grupo Socialista, no sin introducir algún retoque, puesto que creíamos -que quede claro- que a lo que desde esta Cámara se insta al Gobierno es a lo que hace referencia la
instrucción 10/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que como instrumento ejecutivo que es, no puede dirigirse más que a las policías que de ellos dependen, es decir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil. Las comunidades autónomas -y en el caso vasco ya existe- están haciendo sus propios instrumentos normativos, que se coordinan de manera adecuada -creemos- con lo que se hace
desde el Estado. La propia instrucción, instrumento ejecutivo -insisto- y no normativo, dice que intenta asegurar la prevención de los hechos de violencia de género, pero, dice, a través de los recursos e instrumentos que articulen los
distintos poderes públicos. El respeto a esos distintos poderes públicos y que se haga un modelo más eficaz que el que propone la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular es lo que desde el Grupo Vasco se propugna y, por tanto, vamos a votar que
no a la proposición no de ley que ha sido defendida por la señora Camarero.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Uría.
En el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el 19 de junio de este mismo año, es decir al finalizar el último periodo de sesiones, debatíamos en esta Cámara dos mociones consecuencia de interpelaciones, una de ellas del Grupo Popular y otra de Esquerra Republicana, e
iniciamos este periodo de sesiones con un nuevo debate sobre la violencia de género, en este caso sobre una proposición no de ley también del Grupo Popular. En mi intervención del 19 de junio hacía una reflexión sobre lo que, a nuestro entender,
supone un excesivo debate político, el que ha habido en esta legislatura sobre la Ley de protección integral contra la violencia de género. En aquel momento manifesté nuestra opinión diciendo que no hacemos ningún favor, creemos, a las mujeres
víctimas de violencia con tanto debate y con tanta politización de la violencia de género. Parece que no todos los grupos pensamos igual, y lo respeto, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, respetar no significa dejar de expresar nuestra
preocupación por esta manera de entender los problemas sociales.
La violencia de género es ante todo un problema y una lacra social -lo hemos dicho infinidad de veces- que necesita menos ruido mediático y partidista y más trabajo de cocina -me explico-, de estrategias, de coordinación institucional entre
las administraciones, de recursos para implementar en la primera línea, es decir en los ayuntamientos, de profesionales preparados en la sanidad, en los centros escolares, en los servicios sociales de base o de atención primaria, como se quiera
llamar; sobre todo hace falta apostar decididamente por nuevos valores en la sociedad y por mucha, mucha y mucha educación. Desde luego, con una hora semanal de educación para la ciudadanía, poca cosa en cuanto a valores vamos a poder hacer en
este sentido. Por tanto, vuelvo a tener la sensación en mi intervención, señorías, de que desde finales de junio hasta hoy, debido a que no han pasado precisamente grandes cosas, aparte desgraciadamente de alguna muerte más, pero -creo que también
lo ha dicho Mercè Pigem- no podemos basarnos en esto para el debate de esta ley, la realidad es que no se han producido razones de peso como para volver a debatir sobre la violencia de género.
Aprobamos una moción conjunta por la vía de una transaccional hace tres meses, como he dicho, en la que se recogió una extensa relación de medidas, entre ellas también de protección y seguridad a la víctima, concretamente la tercera, la
cuarta y la decimocuarta. Mi grupo hizo mayor énfasis -seguimos haciéndolo- en los aspectos de prevención, atención -tanto si hay denuncia como si no- y tratamiento, en especial para la mujer y los hijos, pero también para los maltratadores. Cada
grupo enfatizó lo que consideraba más importante y aprobamos un texto que ha promovido seguramente más agilidad y rapidez para que el Gobierno haya presentado desde entonces una propuesta de medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género
y el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la ley. No podemos por tanto compartir la oportunidad de debatir una proposición no de ley que plantea de nuevo instar al Gobierno a
impulsar medidas de protección que ya fueron debatidas e incorporadas en parte pero en todo caso fruto de un consenso. Volver a abrir un debate a tres meses del anterior es como mínimo sorprendente y, si me lo permiten, bastante estéril y poco
productivo para la mejora del nivel de riesgo de las mujeres que sufren malos tratos. En aras del consenso, podíamos habernos puesto de acuerdo en instar al Gobierno -y por eso se había presentado una enmienda conjunta- a que en un corto plazo de
tiempo aprobara el protocolo de comunicación y coordinación entre los cuerpos de seguridad, los órganos judiciales y el ministerio fiscal, y también podíamos haber solicitado que antes de final de año nos presentaran todos los informes que hacían
referencia a todo aquello que realmente habíamos planteado, pero no ha sido así, no ha habido este consenso. Por tanto, vamos a votar en contra por diferentes motivos, pero quisiera resaltar una cuestión.
En la proposición no de ley plantean un nueva propuesta sobre el agente de seguridad personal y no quiero acabar sin dejar de decir lo que piensa mi grupo. Mi grupo no comparte la idea del agente personal individual de seguridad personal
por diferentes motivos, el primero, por la idea de modelo policial que se desprende en esta propuesta y, por tanto, de cómo ustedes, señores del Grupo Popular, resuelven los problemas complejos de la sociedad; en segundo lugar, por demagogia -lo
siento-, porque es así como lo vemos. Plantean que cada víctima tenga un agente de seguridad personal. Si me permiten, como mínimo serían dos o quizás tres para cubrir los turnos de vigilancia, ya que para poder tener una interlocución permanente
y exclusiva con la víctima en todo lo concerniente a su seguridad personal no es suficiente con un agente personal. Tampoco lo compartimos por lo poco concreto y aún menos realista, señorías, porque ¿por cuánto tiempo? ¿Mientras denuncia o
no? ¿Después de la denuncia? ¿A la espera del juicio? ¿Cuando sale de la prisión su maltratador, si es que ha ido a prisión? ¿Hasta un año después? ¿Toda la vida? ¿Cuándo finaliza el riesgo, según ustedes, señores del Grupo Popular?
¿Pueden contestarnos realmente a esto? Proponer medidas simples -y la del agente de seguridad personal así nos lo parece- a problemas con un alto nivel de complejidad no acostumbra a dar buenos resultados para las personas afectadas. Si además son
irrealizables y desproporcionadas si se tiene en cuenta el coste, efecto y beneficio, nos encontramos ante propuestas que son humo para despistar.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora García.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo está abierto permanentemente a apoyar todos los debates en los útlimos tiempos, desde la aprobación de la Ley orgánica contra la violencia de género, afortunadamente, en esta Cámara en el año 2004, para seguir luchando contra dicha
violencia, porque en la Comunidad Autónoma de Canarias lamentablemente venimos ocupando con relativa frecuencia casuísticas de violencia de género con desenlace mortal de las mujeres que la han padecido. De aquí nuestra sensibilidad y nuestro deseo
de que en nuestra comunidad autónoma, en un principio de solidaridad, nos sumemos a toda medida de ámbito estatal necesaria para la lucha contra la violencia de género.
Lamentamos que se haya producido en la Cámara esta disparidad de criterios. Nos gustaría -nosotros lo hemos propuesto, al menos los dos, la diputada y el diputado que habla de Coalición Canaria en el Grupo Mixto- que hubiera un consenso en
esta medida, porque el problema está ahí fuera, en la calle. La violencia de género machista no admite colores políticos, sino que exige una lucha de todos los colores políticos contra esa violencia para su disuasión. Lo lamentamos. No vamos a
hacer una votación negativa en ningún caso. Creo que la señora Pigem lo ha expresado extraordinariamente cuando ha hablado de no conformarnos con lo que hay y seguir adelante con nuevas medidas; llámense plan o llámense protocolo, las medidas de
control que afecten tanto a los organismos judiciales como a los organismos policiales tienen que estar tomadas desde el sentido común y contar con la aportación de medios, como la señora Uría ha señalado. Sin una aportación de medios, no solamente
legales y jurídicos sino técnicos y humanos del seguimiento del problema, estaremos dando palos de ciego.
Nos hubiera gustado que la enmienda conjunta, que suscribimos plenamente por sensata y racional, hubiera tenido la avenencia del Grupo Popular y de un encuentro de todas las voluntades políticas en la Cámara; porque es buena la intención de
la propia proposición no de ley, nosotros no vamos a votar en contra. Esta enmienda transaccional nos parece que es la que da una postura y una escenografía más de consenso general para seguir avanzando, no conformándonos -tomo otra vez la palabra
a la señora Pigem- con lo que hay jurídica ni técnicamente ni en cuanto a control, para dar un paso más adelante en el consenso de la Cámara, porque el problema sigue ahí fuera, sigue apareciendo lamentablemente en los editoriales y cabeceras de
muchas noticias de tristes sucesos de violencia de género en España. Nosotros suscribiríamos esa enmienda conjunta y pediríamos un consenso. En cualquier caso, no votaremos en contra de nada, sino a favor de esa enmienda conjunta o de la
abstención correspondiente para que todos tengamos la sensatez y el sentido común de afrontar este problema unitariamente, porque no es un problema político, es un problema jurídico y social y, por tanto, todas las fuerzas democráticas tenemos que
estar unidas en la redacción de las medidas legales y de control para luchar contra esta lacra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, presidenta.
Como he dicho en mi intervención, no vamos a aceptar la enmienda porque tiene poco que ver con la iniciativa presentada.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Camarero.
Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley que han sido debatidas. En primer lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre los actos de
conmemoración del nacimiento del presidente de Chile, Salvador Allende, con la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 293; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el objetivo de
impulsar un plan de seguridad personal para las víctimas de la violencia de género. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 129; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ), SOBRE EL CALENDARIO DE DESPLIEGUE DEL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA.
(Número de expediente 173/000206.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el calendario de despliegue del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
(La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio.
Señor Jané.
El señor JANÈ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, quería, en primer lugar, hacer una salutación a todos los miembros de esta Cámara y de manera muy especial a las diputadas y diputados de Cataluña, que hoy trabajamos en el Congreso
de los Diputados, aquí en Madrid. A todos ellos, una salutación cordial.
Señorías, Convergència i Unió trae hoy al Pleno de la Cámara la moción consecuencia de la interpelación que tuvo lugar el pasado mes de junio sobre el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. En esa interpelación hacíamos un
diagnóstico preocupante sobre el desarrollo del Estatuto, sobre cómo iban las cosas en el marco del ya tan debatido Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ha cumplido más de un año de vigencia. Por tanto, esa valoración no positiva que realizaba
Convergència i Unió en el mes de junio hoy sigue siendo la misma.
Queremos constatar, y lo decimos de manera clara, de manera inequívoca, que para nosotros el balance no es positivo, que no hay tal avance. A pesar de las reuniones que se puedan
haber producido, como la del pasado 17 de julio que cita alguna enmienda a la moción, el balance no es positivo. El propio señor Ridao, tras esa reunión del pasado 17 de julio, decía que ponía un claro suspenso a lo que es el desarrollo del
Estatut.
Nos extraña que Esquerra Republicana, que ponía ese claro suspenso al desarrollo del Estatut, en parte de las enmiendas que nos presentan -después me referiré a ellas-, pueda llegar a decir que hay avances en la materia, que se constatan
grandes avances. Nosotros pedimos en este caso menos autocomplacencia y más tener presente cuál es en estos momentos el desarrollo del Estatuto.
Señorías, nuestra moción tiene diversos puntos y quiero hacer especial incidencia en algunos de ellos. En primer lugar, aeropuertos. Queremos claridad en lo que hoy vamos a someter a votación. Queremos algo tan claro como que AENA no
tenga mayoría en el futuro consorcio que venga a gestionar el aeropuerto de Barcelona. Pedimos que se diga con claridad.
Nosotros decimos que en ese nuevo consorcio exista una posición mayoritaria y determinante de las instituciones catalanas,
evidentemente encabezado por la Generalitat. En este sentido, ya avanzo que la enmienda número 2 que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sería aceptada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió siempre que quede claro
que cuando Esquera Republicana propone que la Generalitat tenga una posición decisoria -en derecho administrativo, decisoria quiere decir mayoritaria-, se refiera a una posición mayoritaria de la Generalitat de Catalunya en ese futuro consorcio.
Nuestro grupo aceptaría esta enmienda porque iríamos en la misma dirección, es decir, que no sea AENA la que tenga la mayoría en ese consorcio, que esa posición mayoritaria la tengan las instituciones catalanas. De la misma manera, en esta moción
defendemos que es necesario desclasificar los aeropuertos de interés general de Girona, Reus y Sabadell, con el correspondiente acuerdo sobre las inversiones futuras. También consideramos que es positivo que se pueda acordar esta desclasificación.
En el punto tercero de nuestra moción pedimos el traspaso de los servicios de Cercanías; traspaso, por cierto, anunciado ya en esta Cámara y aprobado en el debate de política general. Pedimos que ese traspaso conste en los puntos de la
moción y que pueda hacerse pensando en los intereses de los ciudadanos de Cataluña, por tanto, que tenga una dotación económica suficiente para hacer frente a esas inversiones necesarias y solicitamos también que se aborden las necesidades futuras
de la red de Cercanías y Regionales. Esta es la posición que nuestro grupo mantiene en este aspecto.
El punto cuarto es de especial actualidad en la moción del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Se refiere a las inversiones en infraestructuras. Señorías, ¿qué es infraestructuras? El debate está abierto. El Grupo Socialista nos
dice que las infraestructuras no se limitan únicamente a Fomento y Medio Ambiente. Es verdad, no se limitan únicamente a Fomento y Medio Ambiente; es más que eso, y nosotros lo decimos. Todas las inversiones en infraestructuras de los
presupuestos son las que engloba la disposición adicional tercera del Estatut
y, evidentemente no son únicamente Fomento y Medio Ambiente. Lo es también, por ejemplo, una infraestructura del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior. Un cuartel es inversión del Estado en infraestructura y por tanto debemos
establecer para esa inversión en infraestructura el porcentaje correspondiente durante esos siete años que marca el Estatut de Autonomía de Catalunya. Por tanto, aquí nos van a encontrar. Si se trata simplemente de decir que no es únicamente
Fomento y Medio Ambiente, nosotros decimos: sí, no es únicamente Fomento y Medio Ambiente, son la totalidad de las inversiones en infraestructuras del Estado. Esta es la posición que defiende Convergència i Unió, como defendemos también instar a
determinar los mecanismos por los que debe canalizarse la política de rescate de peajes o la construcción de autovías alternativas libres de pago cuando las inversiones del Estado que corresponda invertir en Cataluña no se hayan ejecutado
íntegramente.
En este sentido también aceptaríamos la tercera enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que establece un mecanismo para dotar de un cierto automatismo cuando no se realiza esa inversión presupuestada y que eso quede
establecido de alguna manera con la obligación de ejecutarse posteriormente y no se pierda esa inversión. Por tanto, ya anuncio que esa tercera enmienda de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sería aceptada en sus términos por mi grupo.
Termino, señora presidenta, señorías, con los dos últimos puntos de nuestra moción. Uno se refiere a lo que debe ser la necesidad de concretar el calendario del nuevo sistema de financiación para Cataluña que establece el Estatuto, con
todos los aspectos que el propio Estatut incorpora, y un último punto, señorías, sobre el cual no podemos instar al Gobierno porque depende de esta Cámara y no del Gobierno, ya que, en materia de justicia, consideramos que desde este Congreso es
urgente que tramitemos de una vez la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero haciéndolo, señorías, para cumplir con el Estatuto. Y aquí quiero recordar que el propio conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya, el honorable
señor don Josep María Vallès, nos propuso a los grupos catalanes unas enmiendas a esta Ley Orgánica del Poder Judicial.
Nosotros entendemos que no puede tramitarse la Ley Orgánica del Poder Judicial sin atender esas enmiendas que eran de
cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por tanto, desbloquear la ponencia sí, pero desbloquearla para cumplir con el Estatuto, que es lo que Convergència i Unió pretende hoy con esta moción; moción presentada en tono constructivo y que
espera que pueda tener un apoyo mayoritario de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Jané.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción en el curso de este debate dispondrán de cinco minutos. Este turno lo inicia el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y tiene la palabra el señor
Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor Jané, para nosotros esta moción tiene dos defectos. Hay un pecado de forma, que es estar discutiendo una moción -y usted lo sabe- consecuencia de una interpelación antes del debate sobre el estado de la Nación en el que se aprobaron
resoluciones que versaban sobre el Estatut. Le reconozco que a nuestro grupo le ha sorprendido una cosa, y es que ustedes no se hayan autoenmendado, porque el cronómetro no está en la misma situación hoy que cuando ustedes presentaron esta moción.
En el debate sobre el estado de la Nación se aprobaron resoluciones y mociones relevantes sobre el Estatut, por tanto, nuestro grupo parlamentario entiende que no podemos discutir lo mismo hoy que lo que ustedes plantearon en el debate de la
interpelación. El segundo vicio está en el enfoque. Ustedes dicen que todo va mal y nosotros entendemos que hay elementos de mejora en el Estatuto, que la Comisión bilateral Estado-Generalitat se ha reunido y que hay elementos en los que se ha
avanzado de forma sustancial en las diferentes reuniones entre la Generalitat y el Estado. Eso se traduce, desde nuestro punto de vista, en la necesidad, en primer lugar, de firmeza ante el Gobierno de Rodríguez Zapatero para que cumpla de forma
escrupulosa el Estatut; y, en segundo lugar, en un discurso que no tiene que caer en el catastrofismo de que nada avanza. Es más, ustedes, en su punto primero, dicen que en el año 1980 sí que iban bien las cosas y que en cambio hoy van muy mal.
Lo que ustedes buscan con el punto primero es un objetivo claramente partidista porque están diciendo, de otra manera, que en el año 1980, con Convergència i Unió, sí que iban bien las cosas y que ahora van mal. Nosotros entendemos que en una
situación como la de hoy, lo que tenemos que hacer es exigir al Gobierno Zapatero que cumpla con el Estatut, que no se haga el despistado, porque tiene el mandato de una ley orgánica que votó el Gobierno y el grupo que le da apoyo y que se tiene que
cumplir. Por eso nosotros vamos a estar en la firmeza y no valoramos de forma positiva el punto primero de su moción, en el que dicen que todo va mal y que no hay avances porque sí que los ha hay.
Además, quiero destacar que en la moción, como he dicho al principio, faltan las referencias a lo que se discutió y se aprobó en el debate sobre el estado de la Nación. Le recuerdo, señor Jané, que por aquel entonces se votaron dos
resoluciones de nuestro grupo parlamentario que versaban sobre el Estatut de Catalunya, que trataban temas que ustedes traen hoy aquí y que ustedes dijeron que no lo iban a apoyar. No lo apoyaban por los contenidos o quizá porque no eran suyas. Yo
casi me inclino por lo segundo.
Nosotros entendemos que en materia de Estatut lo que no tenemos que hacer es un doble lenguaje ni una carrera interminable para ver quién se apunta la medalla. En aquellas mociones que presentamos en el debate sobre el estado de la Nación
lo que hacíamos era reproducir el mandato del Parlament de Catalunya -usted lo recordará-, y en aquel entonces a ustedes no les parecieron suficientes -o quizá es que la autoría no era suya- como para darnos su apoyo. Fue así, señor Jané, la
película fue así. Este es un elemento que también queríamos destacar.
A estos elementos se suman aspectos a los que usted sabe que desde Iniciativa-Verds y desde el conjunto del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no hemos dado apoyo. No entendemos ni compartimos que aquello
que no se invierta por parte del Estado tenga que ir necesariamente a autovías y peajes. ¿Por qué no a Cercanías, cuando es el principal problema que ha tenido el país en los últimos tiempos? Es más, su propuesta tiene alguna inconcreción en el
punto número 4, relativo a la resolución de las inversiones públicas del Estado en Cataluña, ya que ustedes mismos plantearon -y aprobamos- en el Parlament de Catalunya que fuese la Comisión bilateral, y ahora proponen aquí que sea la Comisión de
inversiones e infraestructuras la que lo decida. Bueno, digamos que se podría mejorar. Lo que debemos hacer hoy es insistir con firmeza al Gobierno Zapatero para que cumpla las resoluciones aprobadas en el debate sobre el estado de la Nación.
Nosotros entendemos que la moción que hoy se discute, consecuencia de interpelación, no tiene presente un contexto que se produjo hace muy poquitos meses en el debate sobre el estado de la Nación, con resoluciones aprobadas que supusieron un paso
adelante. Seguramente le habrá pasado desapercibido porque es verdad que en este caso la moción no era suya y hay veces que en estas cosas de la defensa del Estatut, depende de quién sea la moción o la iniciativa, se tiene presente si es de uno o
de otro. Nosotros lo tenemos presente porque supuso un paso adelante que este Congreso mandatase al Gobierno y lo que vamos a hacer desde nuestro grupo parlamentario es tener una actitud de firmeza con el Gobierno de Rodríguez Zapatero para que
cumpla el Estatut, entendiendo que se están produciendo ya avances, consiguiendo que la Comisión bilateral suponga un punto de inflexión en el desarrollo del Estatuto y a la vez diciéndole al Gobierno Zapatero que no puede mirar hacia otro lado, que
el Estatuto es ley y que se tiene que cumplir.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debo confesarles que la primera intención del Grupo Parlamentario Socialista respecto a esta moción ha sido la de emitir un voto negativo sin plantear ningún tipo de enmienda. Un voto negativo a partir no ya de los contenidos de
la misma, sino de dos hechos que demuestran que esta moción no ha sido presentada con un afán constructivo, como decía el señor Jané, sino que constituye un ejemplo más de la política de cartón piedra que cultiva Convergència Democrática de
Catalunya durante los últimos tiempos.
En primer lugar, el grupo proponente de esta moción, registrada el pasado 28 de junio, no ha tenido a bien actualizarla, teniendo en cuenta que desde esa lejana fecha se ha producido, tal como ha apuntado el señor Herrera, el debate sobre el
estado de la Nación. En dicho debate, el Congreso de los Diputados aprobó tres resoluciones cuyos contenidos están relacionados directamente con la presente moción. Por cierto, la referente a la mejora y traspaso de los servicios ferroviarios de
Cercanías con el voto de Convergència i Unió, y las que se centraban en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña o en la aplicación de la disposición adicional tercera del mismo, con los votos en contra del Partido Popular y de
Convergència i Unió. Además, el pasado 17 de julio se celebró una Comisión bilateral Generalitat-Estado en la que, entre otros acuerdos, se estableció cerrar el traspaso de Cercanías de Renfe antes de finalizar el año, proceso de negociación que,
por cierto, comenzó ayer con el inicio de los trabajos de la ponencia. Pero si pretender que se apruebe una moción envejecida es un buen termómetro para mesurar la seriedad de la iniciativa, hacerlo sin buscar la negociación y el acuerdo con el
grupo parlamentario mayoritario, que está comprometido con el Estatut y con su desarrollo, es una prueba relevante de su verdadera razón de ser.
El Grupo Parlamentario Socialista ha optado por presentar una enmienda acorde con el momento actual de desarrollo del Estatut y útil para avanzar en dicho fin. Lo hemos hecho porque, por encima de todo, creemos que tenemos la obligación de
que todo debate parlamentario tenga consecuencias reales más allá de las paredes de este hemiciclo. Además, la respuesta de Convergència i Unió a esta enmienda -la intervención del señor Jané así lo evidencia- es la prueba definitiva, la tercera,
de que esta iniciativa parlamentaria poco tiene que ver con compartir un esfuerzo que impulse el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Me permitirán que no entre en los detalles de la enmienda presentada por mi grupo, pues su contenido está al alcance de todos ustedes. Creo que será de mayor interés aprovechar el escaso tiempo de que dispongo para, modestamente, subrayar
dos principios que sostienen y sostendrán la posición del Grupo Socialista en este tema. En primer lugar, para los socialistas el Estatuto de Cataluña es una ley orgánica vigente que se ha de desarrollar y aplicar en su integridad. Nadie tiene el
derecho a minusvalorarlo o ignorarlo, aunque no comparta sus contenidos. Hasta un Partido Popular con más
dosis de sentido común, tal y como le reclama el señor Rajoy, debería compartir esta afirmación. Para nosotros no se trata únicamente de una cuestión de legalidad. El Estatuto de Cataluña, así como los también aprobados de Andalucía,
Valencia, Aragón e Illes Balears, ha contado con nuestro apoyo en esta Cámara. Los hemos impulsado, negociado, pactado y votado. Estamos comprometidos con ellos, como también lo estamos con los que se encuentran en tramitación en este momento en
esta Cámara: los estatutos de Canarias, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León.
Créanme, señorías, a mi grupo las lecciones sobre coherencia y compromiso con las reformas estatutarias le son francamente innecesarias, especialmente en el caso
del Estatuto de Cataluña, no solo porque sin el respaldo del Grupo Socialista el Estatuto de Cataluña hubiera obtenido únicamente veintiséis votos afirmativos en esta Cámara, también y en primer lugar porque si bien algunos defendieron o promovieron
el Estatut en Cataluña, nosotros lo hicimos en Cataluña y en el conjunto de España, frente a un Partido Popular que no tuvo ningún reparo en jugar al enfrentamiento territorial y a la España se rompe, usando como arma arrojadiza el citado Estatuto.
Ciertamente, el tiempo ha confirmado que el único roto de España hoy es el liderazgo del señor Rajoy en el Partido Popular.
El segundo principio hace referencia al método. Mi grupo tiene el convencimiento de que el desarrollo del Estatuto pasa en buena medida por un aprovechamiento a fondo de los nuevos organismos que el propio Estatuto ha incorporado. Me
refiero al artículo 183 y a la Comisión bilateral Generalitat-Estado. La relación Gobierno de Cataluña-Gobierno de España es el eje principal por el que está avanzando el desarrollo estatutario. Es el mismo método, señor Jané, que utilizaron los
gobiernos de Convergència i Unió durante veintitrés años en Cataluña, aunque ya se sabe que desde la oposición las cosas a veces se ven de otra manera. En las Cortes Generales, en las cuales evidentemente ha de debatirse cualquier iniciativa y
también esta, debe hacerse realidad aquella parte del desarrollo estatutario que requiera de cambios legislativos.
Estos dos principios, señorías, sintetizan la posición del Grupo Socialista. Reafirmar esta posición en plena Diada del 11 de septiembre, fiesta nacional de Cataluña, cuando Cataluña con el nuevo Estatuto ha alcanzado el mayor nivel de
autogobierno de su historia contemporánea, es un motivo de satisfacción, y hacerlo además en nombre de un Grupo Socialista comprometido con el desarrollo del Estado de las autonomías, a través de una nueva generación de estatutos que cohesionan y
fortalecen España desde el reconocimiento de su diversidad y su pluralidad lingüística y cultural, es un motivo de orgullo para este diputado.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Fernández.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Decía el compañero y amigo Daniel Fernández que nadie tiene derecho a minusvalorarlo, refiriéndose al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bien, debo decir que estamos perplejos ante la opinión expresada desde la tribuna porque
precisamente presentamos una enmienda que pretende que el Congreso constate la preocupación que debemos sentir ante el continuo proceder del Consejo de Ministros, que va aprobando leyes en las que por indolencia intelectual o por mala fe política
-debería creer que no es por esta razón- obvia la lectura del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Presentamos una enmienda a la totalidad a la Ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte y a la Ley del Libro; ahora hemos tenido
que presentar una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Ley del cine y otra referente a las adopciones internacionales. ¿Cuántas más?
El diputado señor Louro decía el otro día que estaba muy orgulloso de que Esquerra Republicana defendiera el Estatuto de Autonomía de Cataluña, olvidando las palabras de Carod-Rovira que en la misma noche electoral dijo que el pueblo de
Cataluña había dicho que sí, aun cuando Esquerra había dicho que no, y que nuestro compromiso era defender el despliegue total, absoluto y por la banda alta del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es más, los compañeros del Partido Socialista son
los que presumen de haber hecho un gran Estatuto de Autonomía. Casi nos lo creemos nosotros. ¡Fíjense qué ingenuos somos! Y resulta que a la vez que dicen esto lo van saboteando, porque van elaborando leyes que son un sabotaje -lo hemos dicho más
de una vez- al Gobierno de Cataluña y a esta ley orgánica, que es muy española; el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica española. Es decir, nosotros estamos hartos de que vayan elaborando leyes que invaden competencialmente el Estatuto. Es
más, lamentamos que todavía no sepamos cuándo se va a aprobar la nueva Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y se contradice lo que el señor Solbes dice con lo que los diputados socialistas dicen y amagan que incluso no será en
el año 2008 cuando se inicie el debate, sino en el año 2009, por no denunciar una vez más la manera cómo pretenden ocultar la transparencia del debate negando la publicación de las balanzas fiscales. Es decir, un sinfín de actitudes que, repito,
son un sabotaje al Gobierno de Cataluña y un sabotaje al Estatuto de Autonomía vigente.
Estamos entre esta posición y la radicalidad sectaria del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hoy me ha sorprendido que el diputado Jané quiera que nosotros no seamos objetivos y no reconozcamos que el Gobierno de Cataluña
también está trabajando conjuntamente con el Gobierno español, a pesar de todas las dificultades. Igual que debemos decir lo uno también
hay que reconocer lo otro, que con todas las dificultades y muchas más que se pueden añadir lo cierto es que durante este año se han dado avances lentos y con todas las dificultades que antes he expresado. Le pido que si quiere que votemos
a favor de su moción sea cabal y reconozca que de la misma manera que hay que criticar -lo he hecho y además está en nuestra enmienda- también hay que reconocer que el Gobierno de Cataluña no está en el Palau de la Generalitat de camping playa, sino
que también está comprometido en el despliegue del Estatut. Y las cosas no son tan fáciles como ustedes quieren hacernos ver, repito, entre la radicalidad sectaria de ustedes si no aceptan lo que yo les pido y la poca voluntad del Partido
Socialista Obrero Español para desplegar el Estatuto de una manera inmediata y por la banda alta. Es más, les agradecemos que acepten nuestra enmienda -y mañana se lo vamos a transmitir al ministro Solbes-, que lo que pretende es incorporar una
cláusula de salvaguarda para todo aquello que no se ejecuta. En el presupuesto del año 2005 nosotros estábamos muy contentos con el de la educación, con el señor Rubalcaba, porque habíamos conseguido 400 millones para el presupuesto de ese año.
Luego nos enteramos, al cabo de un tiempo -todo no se aprende en esta vida- y en palabras del señor Marugán, de que no todo lo que se pinta en los presupuestos luego se ejecuta. Para que no nos vuelvan a engañar pedimos una cláusula de salvaguarda
en la que todo aquello que no se ejecuta y que esté presupuestado se transfiera a la Generalitat de Catalunya; se lo voy a decir en términos populares, para que con dinero español se pueda financiar gestión y obra catalana un poco a la vasca, ya me
entienden. Les agradecemos también que acepten nuestra enmienda relativa al aeropuerto. Estamos de acuerdo con ustedes en que además de ser decisoria tiene que ser mayoritaria. Lo decimos aquí porque siempre lo hemos dicho y mucho sospechamos que
nos quedaremos solos diciendo lo que siempre hemos dicho. Le pido que reflexione, señor Jané.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Tardà.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y lo va a hacer porque nosotros formamos parte de las organizaciones políticas que apoyaron el Estatuto de Cataluña en
su primera versión, incluso antes de ser reducido por las instituciones democráticas de ámbito estatal. Una vez que se aprueba una ley, sería una buena costumbre respetarla y no tratar de drenarla o reducirla a través de otro tipo de iniciativas de
carácter legal, tan queridas por los gobiernos del Estado español. En todo caso, lo que presenta aquí el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) son cuestiones sustanciales para desarrollar principios básicos del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, que fue aprobado aquí, y para aumentar el autogobierno. Tiene particular interés, porque fue objeto de debate durante muchos años, la transferencia de los aeropuertos -algunos de ellos deben dejar de ser de interés general inmediatamente,
como el de Girona, Reus y Sabadell- o la creación de ese consorcio para la gestión mayoritaria por las instituciones catalanas del aeropuerto de Barcelona.
En este aspecto, el déficit que soportan en Cataluña los servicios ferroviarios debe ser
compensado con esa transferencia de su gestión, con la dotación económica suficiente. Hay un problema continuo de debate, que es la disposición adicional tercera, y desde luego sería bueno que de una vez por todas hubiese un acuerdo clarificador.
Dejamos claro que el Bloque Nacionalista Galego apoya ese tipo de inversión en Cataluña durante todos los años que sean necesarios para acabar con el retraso relativo de las infraestructuras en ese país, exactamente igual que en el sistema de
financiación o en el tema, desde nuestro punto de vista gravísimo, de la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la Administración de Justicia de Cataluña, y de los que sucesivamente tengan un modelo similar, a una
justicia mereciente de tal nombre. Tenemos que señalar que el Poder Judicial es uno de los grandes atrancos de la democracia en el Estado español y su falta de adaptación a las comunidades autónomas con lengua y cultura propia es quizás uno de los
déficits democráticos más graves que existen en este Estado.
Participamos de la letra y del espíritu de la moción y, sin lugar a dudas, vamos a apoyarla con la intención de que el Gobierno español comprenda que cuanto más rápido se ejecuten los principios, las bases y las competencias estatutarias,
mucho más digno de credibilidad será y mucho más podremos pensar que, aunque se avance poco a poco, se puede respetar el crédito de los demás, porque lo hacen con buen voluntad y con una orientación que es respetar los resultados democráticos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Esteban tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Decía el portavoz socialista que nadie les podía dar lecciones de coherencia y de compromiso y que a eso nadie podía ganarles, y achacaba al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) seguir las mismas mecánicas que en el Estatut
anterior, el mismo funcionamiento para el desarrollo de un Estatuto, pero que desde la oposición se ve todo de otra manera; no es que las cosas vayan mal, van por su cauce y a buen ritmo, pero desde
la oposición se ven de otra manera y por eso presentan la moción. Yo le diría que ERC ha dejado claro en esta tribuna hace un momento que no es únicamente Convergència quien ve que esta es una muy mala situación, sino que Esquerra, que
forma parte del Gobierno, ha llegado a decir también que la actitud del Partido Socialista es de sabotaje al Estatuto de Cataluña; palabras literales del portavoz. Por tanto, algo sí esta sucediendo con el desarrollo estatutario.
Parecía que en la época de Zapatero y con el nuevo Gobierno se iba a solucionar el problema autonómico. Determinadas propuestas, como la vasca, que fueron rechazadas no tenían cabida, pero desde luego se iba a impulsar el desarrollo
autonómico a conciencia, y en el gran acuerdo y en el gran icono de ese futuro desarrollo autonómico se convirtió el Estatuto de Cataluña. Pues bien, se va a acabar la legislatura y nos encontramos, como dice la moción, con que no se ha realizado
ni un solo traspaso efectivo. Además, a Cataluña se le aplica un Estatuto que luego ha servido como modelo para otras comunidades autónomas, copiándose incluso bastantes artículos del mismo. Nosotros hasta ahora hemos vivido la experiencia -creo
que otros grupos también- del desarrollo autonómico, que consistía en: Hemos hecho un paquete de transferencias al inicio de los estatutos, durante la transición y al principio de los primeros gobiernos democráticos y, a partir de ahí, si usted
quiere conseguir alguna competencia más es a golpe de voto, a golpe de presión. Si un gobierno de turno necesita el voto para una determinada ley o para un determinado asunto, a cambio se podría conceder una competencia recogida en el Estatuto de
Autonomía, una ley orgánica ya refrendada. Así hemos vivido esa experiencia de un Estado que ha incumplido una y otra vez sus propias leyes durante dos décadas, y nos encontramos con que este nuevo modelo que se propone va a ser muy parecido,
porque en el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña se puso el acento en las competencias blindadas. Se dijo que había que blindar el Estatuto, que había que ser muy detallista y marcar qué quiere decir competencias exclusivas. Lo que ha
quedado evidenciado en este último año es que las competencias blindadas no existen ni con el Estatuto anterior ni con el presente. Se han citado leyes como la Ley del Libro, la Ley de la Dependencia, la Ley del Cine, etcétera, pero el sistema así
no puede seguir porque no hay una seguridad jurídica. Una cosa es lo que pone el papel y otra lo que luego se lleva a cabo, a voluntad y conveniencia del Ejecutivo de turno. Aquí lo fundamental del sistema autonómico, si queremos solucionar a
medio y largo plazo este problema, son las garantías estatutarias, las garantías de que lo pactado se cumpla. El señor Tardà decía ahora mismo: Vamos a poner una cláusula de salvaguarda en el presupuesto porque ya nos la metieron la otra vez, que
lo aprobamos pero luego no se gastó. Olvídese de cláusulas de salvaguarda, que esto va a ser muy difícil y va a trascender mucho más allá de decir que existen competencias exclusivas.
Se trata de algo mucho más profundo donde las reglas del juego
deben cambiar. A la hora de decidir la constitucionalidad de las leyes habrá que regirse por otro tipo de parámetros, por otro juez y por otro árbitro.
Lo que está claro es que el sistema planteado por el Gobierno socialista -voy a extenderme solo medio minuto, señora presidenta- no ofrece ninguna garantía y hasta el momento parece claro que ha fracasado. Los problemas que se señalan aquí
ya se veían cuando se negociaba el Estatuto: las inversiones en infraestructuras, el tema de la financiación, que fue claro, aeropuertos, cercanías, etcétera. Quizás ahora, a golpe de presión de nuevo, esta vez por el nefasto funcionamiento de
unos servicios básicos se consiga la transferencia de los Cercanías, pero por la presión mediática y por la presión de la opinión pública. Siempre estamos al albur de lo que pueda ocurrir o de la situación política. Y desde luego me niego a
considerar en el 6º punto que una ley orgánica, por mucho que sea la del Poder Judicial, pueda suponer un dique de contención a las previsiones del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, ley posterior que es tan orgánica como la anterior y que
debería ser interpretada conjuntamente-porque así lo ha dicho con motivo de otras cuestiones, por ejemplo comparando un Estatuto de Autonomía con otro, el Tribunal Constitucional-, de manera que se pudiera encontrar una solución armoniosa que
arreglara ese problema. Y me niego a interpretar que las previsiones del Estatuto de Autonomía tengan que estar mientras tanto por debajo.
Señora presidenta, simplemente quiero señalar nuestra decepción por el desarrollo del sistema autonómico ofrecido por el Gobierno de Zapatero y nuestro apoyo a la moción de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy, que es 11 de septiembre, no de 1714 sino de 2007, creo que por lo menos podemos ponernos de acuerdo en que Felipe V no es el responsable del caos de las infraestructuras en Cataluña ni de que no se cumpla el nuevo Estatuto. Tengo que
reconocerles, señorías, como diputado por Barcelona, que tengo una cierta fatiga de estar hablando de competencias, de transferencias, de cumplimientos, de incumplimientos, cuando después, en el día a día, en la gestión de las competencias vemos la
situación dramática por la que ha atravesado el normal funcionamiento de los servicios públicos básicos y fundamentales para la comunidad, como son la electricidad, las autopistas, los servicios de Cercanías de Renfe, el aeropuerto en Barcelona, en
los últimos meses, y que ha afectado a centenares de miles de usuarios, de viajeros, de ciudadanos. Mientras tanto nosotros estamos hablando aquí del nuevo Estatuto y de la autodeterminación para
el año 2014. Luego tendremos que reflexionar por qué en las elecciones municipales de Barcelona la participación no llegó al 50 por ciento o por qué, después de estar hablando durante meses y meses de un nuevo Estatuto y sobre si Cataluña
es o no una nación, la participación en el referéndum para aprobar el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña tuviera un porcentaje de apoyo inferior en un 20 por ciento al que tuvo el anterior Estatuto de Sau. Por cierto, que hablamos del Estatuto
de Nuria o Estatuto de la República, hablamos del Estatuto de Sau y sabemos de qué estatutos hablamos, a lo mejor tendremos que hablar del Estatuto del señor Zapatero o del Estatuto de La Moncloa, pero lo cierto es que la legitimidad que tiene -que
democráticamente no se la cuestiono, faltaría más-, desde el punto de vista de auctoritas, es descriptible absolutamente.
Uno de los puntos sustantivos de esta moción de Convergència i Unió quiere poner de manifiesto el incumplimiento de las previsiones estatutarias. De una manera muy singular, no exclusiva, habla de la disposición adicional tercera, que todos
sabemos que era uno de los ejes fundamentales que motivaron el acuerdo político que dio lugar a la aprobación de este Estatuto. Sinceramente, me sorprende escuchar al representante del Grupo Mixto, señor Rodríguez, del BNG, decir que va a apoyar
esta moción que trae este punto de reivindicación, cuando esta mañana ha impedido que viniera el presidente del Gobierno a la Cámara para informar en un debate monográfico en Pleno sobre el cumplimiento efectivo del Estatuto de Autonomía de Cataluña
en estas materias. Si hubiera votado el señor Rodríguez esta mañana en coherencia con lo que ha dicho que va a votar aquí ahora, vendría el presidente del Gobierno en un debate monográfico en Pleno para hablar de estas cuestiones. De esa discusión
surgiría la luz acerca de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el Estatuto.
Esta hipocresía, este fariseismo político que está dominando este debate es el que nos lleva a decir que estamos ciertamente fatigados de que hablando de
competencias no hablemos de la gestión de las que se tienen, y hablando de competencias no hablemos de la incompetencia en la gestión de los servicios públicos que se tienen transferidos o que no se tienen transferidos, según se trate de la
Administración de la Generalitat o de la Administración del Estado.
Estamos hablando de cuestiones que tienen mucho que ver con el proyecto de la España plural del señor Zapatero, que tenía en el nuevo Estatuto de Cataluña su columna vertebral, como sabemos todos los que estamos en esta Cámara y mucha gente
más que no está en esta Cámara también lo sabe. Si esos nuevos estatutos -especialmente los de nueva generación y el Estatuto de Cataluña de forma paradigmática- tenían que servir para cohesionar mejor España, hoy vemos que en el País Vasco su
lehendakari dice que quiere plantear un referéndum de soberanía o de autodeterminación para el año 2009 o que el número dos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña plantea un referéndum de autodeterminación para Cataluña para el año 2014. Luego,
si por sus frutos los conoceréis, la España plural está dando unos frutos, sin duda, de mayor cohesión. Parece que algunos quieren ir no al Estado de las autonomías y a perfeccionar el Estado de las autonomías, sino al Estado de las soberanías, que
sin duda no es el modelo definido en la Constitución. Insisto en que comprendo que algunos soberanistas o independentistas defiendan ese modelo, pero lo que no es asumible es que otros que se definen constitucionalistas y que en todo caso tienen
responsabilidades, como el presidente del Gobierno, para defender y hacer cumplir la Constitución, impulsaran estatutos que estamos esperando que el Tribunal Constitucional diga de una vez por todas -creo que eso sí se debe exigir- si ese Estatuto
es o no es compatible con la Constitución.
Señores de Convergència i Unió, con toda cordialidad, en el año 1980 un Gobierno de UCD desarrolló mucho mejor el Estatuto de Sau, y cuando nosotros gobernamos, con el apoyo de ustedes, el antiguo y buen Estatuto de Sau también lo
desarrollamos muy bien. Termino diciéndoles que una institución que ustedes reivindicaban que comenzaría su desaparición, desde el punto de vista del Estado de las autonomías, los gobiernos civiles, se hizo con un Gobierno del Partido Popular; la
corresponsabilidad fiscal con capacidad normativa se hizo con un Gobierno del Partido Popular, apoyado por ustedes, ciertamente; la transferencia de una competencia que estaba excluida expresamente del ámbito estatutario, como era el control del
tráfico en las carreteras catalanas, mediante una ley delegación del artículo 150.2, se aprobó esa ley orgánica y esa competencia en estas Cortes Generales con el antiguo estatuto; las transferencias de las políticas activas del INEM las hicimos
gobiernos del Partido Popular apoyados por ustedes con el anterior estatuto; la gestión de los puertos de interés general, lo mismo. Y así podría continuar. ¿Qué quiero decir con eso, señorías? Que no es un problema de Estatuto; que el nuevo
Estatuto, desde nuestro punto de vista, ha sido políticamente una operación fracasada para Cataluña, y con estas competencias que sucintamente he recordado que hicimos en épocas anteriores les quiero poner de manifiesto que la mala operación del
nuevo Estatuto de Cataluña -por fiarse ustedes políticamente del señor Zapatero- ha llevado a que en estos momentos sigamos debatiendo si eran galgos o si eran podencos, si se cumple o no se cumple el nuevo Estatuto. Desengáñense, señorías, no era
necesario eso.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Fernández, vaya terminando.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Era necesaria una persona con palabra y voluntad política para hacer lo que el desarrollo del Estatuto y de la Constitución exigían, y eso es lo que hicimos juntos, en otros momentos, ustedes y yo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Fernández Díaz.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Desde Convergència i Unió no vamos a aceptar las enmiendas de sustitución global de la moción que plantean el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Sí que vamos a aceptar
las enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Concretamente aceptaremos su enmienda parcial al punto 1 siempre y cuando quedara limitada a los tres primeros párrafos. Ya he explicado que todo lo que es
autocomplacencia no sería aceptado por nuestro grupo parlamentario. Aceptamos la enmienda número 2 toda vez que ha quedado claro en el debate que cuando hablamos de posición decisoria añadimos: y mayoritaria. En esos términos la aceptaríamos, así
como también su enmienda número 3. Señora presidenta, señorías, en estos términos someteríamos a votación la moción que ha presentado nuestro grupo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Jané.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA LENGUA CATALANA FUERA DEL ESTADO ESPAÑOL Y EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES. (Número de expediente 173/000207.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto 6, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la promoción de la lengua catalana fuera del Estado español y en instituciones
internacionales. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Tardà por un tiempo de siete minutos, como es habitual.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, para no llamarnos a engaño, debo decirles que estamos muy satisfechos de poder anunciar que vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y felicitamos a la diputada doña Meritxell Batet, puesto que gracias
a su concurso hemos sido capaces de llegar a un acuerdo (Aplausos.) que puede ser un paso hacia delante para culminar en esta legislatura aquellos trabajos que ya iniciamos en el año 2004, que nos han permitido avanzar mucho pero que falta -repito-
culminarlos.
Nosotros queríamos, ahora que estamos terminando la legislatura, hacer una evaluación y una radiografía sobre el momento en el que estamos.
Hemos conseguido que la lengua catalana sea lengua de uso en el Comité de las Regiones, en el
Consejo de Europa y estamos encallados en el Parlamento Europeo. La moción consecuencia de interpelación pretende desbloquear esta situación. La enmienda que nos presenta el grupo que apoya al Gobierno se compromete a canalizar las actuaciones
necesarias.
Estamos de acuerdo. Aprovecho para hacer una enmienda in voce -espero que ningún grupo parlamentario se ponga a ella- y decir que hemos demostrado en esta legislatura que cualquier reivindicación de normalización del uso de la lengua
catalana siempre ha sido extensible a las lenguas euskara y galega; de hecho, hemos presentado diecisiete iniciativas y todas ellas han llevado de forma explícita este combate conjunto en favor de las lenguas nacionales gallega y vasca. Saco a
colación este déficit contemplado en nuestra moción, que deseo hacer extensible también a las lenguas gallega y vasca. Vemos culminada nuestra aspiración de ver contemplada la inclusión de la lengua catalana en el programa Lingua y en aquel otro
que lo sustituye en la actualidad. Sabemos que el programa Lingua estaba reservado en Europa a las lenguas de Estado más el luxemburgués, pero el Tratado constitucional permitía la inclusión de otras lenguas nacionales no de Estado. Felicitamos la
inclusión de la lengua catalana en el programa de aprendizaje permanente, que sustituye al programa Lingua, y el compromiso del Gobierno de solicitar -repito- su inclusión.
Pedíamos que en la Hoja de Ruta de las relaciones bilaterales entre el Gobierno español y la República Francesa se incluyera la necesidad de que esta última ratificara la Carta europea de las lenguas regionales. Esto es fundamental, puesto
que las lenguas nacionales del Estado francés, si no pueden acogerse a todos los beneficios de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, difícil lo tendrán para frenar el proceso de sustitución lingüística que se da en el Estado
francés en favor de la lengua de la República. Vemos con mucho interés que se incluya en la enmienda de modificación -lo relativo a defenderlo en la Unión Europea va de suyo- lo siguiente: Y ante los Estados miembros. Esto nos permite en la
agenda de las próximas semanas plantear ante el ministro Moratinos la necesidad de terminar la legislatura habiendo avanzado.
Finalmente, pretendíamos focalizar ayudas del Estado español en favor de una lengua políticamente española también, la lengua catalana, en la República Francesa. Ustedes saben que una parte de nuestro país está bajo el dominio político de
la República Francesa. Pues bien, de la misma manera que el Gobierno español se preocupa -y hace muy bien- de fomentar la lengua castellana en aquellos territorios donde sufre un cierto retroceso -las antiguas colonias de Guinea Ecuatorial,
Filipinas o Marruecos-, también debe implicarse en el fomento de la lengua catalana, que es una lengua políticamente española en territorio francés. La Generalitat de Catalunya gasta mucho dinero en fomentar la lengua catalana
y su aprendizaje en las escuelas de las comarcas de Catalunya Nord. Esto también debe implicar al Gobierno español y por eso solicitamos que en los Presupuestos Generales del Estado se incluyan partidas, a través del organismo que el
Gobierno español considere oportuno en colaboración y convenio con las comunidades autónomas afectadas, en este caso Euskadi y Catalunya, en favor de las lenguas vasca y catalana en el Estado francés.
En resumen, valoramos muy positivamente el acuerdo que podamos alcanzar.
Anuncio que vamos a dirigirnos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y a los grupos parlamentarios vasco y gallego -en este caso, a los compañeros del
Bloque Nacionalista Galego y a la compañera Begoña, de Eusko Alkartasuna, en el Grupo Mixto - para que los afectados podamos solicitar una entrevista de forma inmediata al ministro Moratinos y a la ministra de Educación Mercedes Cabrera, para ver de
qué manera podemos en las próximas semanas estos acuerdos tomados hoy en sede parlamentaria.
Vamos a culminar bien esta legislatura. Lo cortés no quita lo valiente y hay que reconocer que había mucha tela que cortar y que durante muchos años las lenguas minoritarias en el Estado español habían visto frenadas sus aspiraciones
gracias al Partido Popular. Vamos a ver si somos capaces de culminar el buen camino que se ha hecho desde 2004 con el fin de sentar las bases para que en la próxima legislatura podamos avanzar mucho más.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Tardà.
Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
No tenemos ninguna duda de que todas las iniciativas del Grupo de Esquerra y del señor Tardà, también esta, pretendían impulsar el desarrollo y el fomento no solo de la lengua catalana, sino también de las otras lenguas cooficiales del
Estado. Nos parece muy oportuna su presentación, ya que por una parte se insta al Gobierno del Estado a desarrollar las actuaciones que, corroboradas también desde esta Cámara, se realizaron para la posible utilización de estos idiomas ante
diferentes instancias europeas. Nos queda, aunque no se cita expresamente, el Parlamento, con una oposición que puede ser vencida a través de determinadas gestiones que puedan realizarse por parte del Gobierno del Estado. Nos gustaría que eso
fuera así. El que un programa como Lingua u otro que le sustituya incluya también a nuestras lenguas va en beneficio del patrimonio cultural de toda Europa. Si se quiere que esté viva una lengua en su conjunto, no se puede obviar que ésta existe y
que está viva en diferentes localizaciones geográficas, y en algunos casos, como el euskera y el catalán, no solo en el Estado español.
La política del Gobierno francés hacia las lenguas minoritarias no se destaca por ser la más progresista ni la más puntera comparándola con el resto de los Estados europeos. En ese sentido, consideramos muy interesante la iniciativa y
saludamos la enmienda del Grupo Socialista, aunque nos parece que al final se podría decir lo mismo y se generaliza un poco. En cuanto a canalizar las actuaciones necesarias ante el conjunto de instituciones de la Unión, es evidente que donde falta
es en el Parlamento. Si no se quiere decir expresamente, bien, pero ahí se tendrá que poner el acento. Defender ante los Estados miembros de la Unión Europea la pluralidad del rico patrimonio está muy bien, pero saben SS.SS. que lo único que se
pide es la firma de un instrumento tan sencillo como la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, que está suscrita por la inmensa mayoría de los Estados europeos. Esta petición concreta queda diluida en algo más genérico. Entendemos
que el mandato que se le quiera dar y el impulso político que debe dar el Gobierno debe ser el del texto original. Lo mismo indico en cuanto a las partidas de presupuestos generales. No se trata ya de la promoción y enseñanza de lenguas
cooficiales en el exterior, sea Varsovia o Helsinki, sino que estamos hablando de algo mucho más concreto. Tal y como está la redacción, queda un poco amplia. Espero que a posteriori y en conversaciones con el Gobierno, de las cuales ha avanzado
ya algo el señor Tardà, podamos concretar algo más el destino de esas partidas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.
Le agradezco el reconocimiento personal, señor Tardà. Quiero empezar haciendo una reflexión más de fondo, que en parte ha quedado resuelta con la propuesta transaccional que nos hacía, para llamar la tención sobre el hecho de que en la
redacción inicial el grupo parlamentario proponente nos habla solo de la promoción de la lengua catalana más allá de las fronteras de nuestro Estado. Quiero recordarles que, a pesar de la naturaleza propia de su partido, que respetamos
evidentemente, aquí estamos como representantes de todos los españoles y que se podría haber incluido ya desde el inicio a las otras lenguas cooficiales en el mismo sentido de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Apoyaremos esta transacción
in voce que ha hecho el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el sentido de sustituir lengua catalana, en los puntos uno y dos, por lenguas oficiales del Estado.
Respecto al primer punto sobre el catalán en la Unión Europea, usted mismo reconoció en su intervención en
la interpelación con la ministra Cabrera que ningún otro Gobierno había adquirido más compromisos y había tenido más iniciativa en esta materia que el actual. El 13 de diciembre de 2004 se presentó en el Consejo de Asuntos Generales y
Relaciones Exteriores el memorando por el que el Gobierno solicitaba el reconocimiento como lenguas oficiales en la Unión de todas las lenguas que tuvieran carácter oficial en España y, a raíz de esto, se empezaron a negociar los acuerdos
respectivos con los distintos organismos e instituciones de la Unión Europea, cerrando dichos acuerdos con el Consejo el 7 de noviembre de 2005; con el Comité de las Regiones, el 16 de noviembre; con el Defensor del Pueblo, el 30 de noviembre;
con la Comisión, el 21 de diciembre; y con el Comité Económico y Social Europeo, el 7 de junio. A su vez, la mesa del Parlamento Europeo adoptó, en su reunión de 3 de julio de 2006, un acuerdo para dar cabida al uso de las lenguas oficiales
españolas distintas del castellano en sus comunicaciones con los ciudadanos. Por tanto, es verdad que falta completar algunos aspectos en el Parlamento Europeo, pero el esencial es cubrir el derecho de la mayoría de los ciudadanos, por tanto, de la
ciudadanía en su conjunto a poderse comunicar con esta institución europea en su lengua propia. El avance ha sido extraordinario. En la enmienda que presentamos decimos que seguiremos en esta misma línea, porque el compromiso del Grupo Socialista
en esta materia es incuestionable.
Respecto al segundo punto de la moción. quiero decir que el programa Lingua ha desaparecido como tal o ha quedado subsumido en otra norma, con la entrada en vigor en 2007 del programa de aprendizaje permanente en virtud de la decisión
comunitaria 1.720/2006. En ese sentido, adaptamos la redacción a este cambio legislativo poniendo énfasis, además, en la inclusión de las lenguas oficiales en este programa, yendo, a mi modo de ver, incluso más allá de lo que la moción inicial
pedía.
Respecto al tercer punto, Esquerra Republicana de Cataluña pide que el Gobierno realice una serie de acciones frente a Francia. Pues bien, ustedes saben que aquí tenemos un problema severo de soberanía de otro Estado, el Estado francés. No
me cite los casos de Guinea, Filipinas o Marruecos, porque son cuestiones completamente distintas. En Guinea, el castellano es lengua oficial del Estado; en Filipinas, lo era y dejó de ser lengua oficial, pero el mismo Gobierno de Filipinas quiso
promover un convenio a través del Instituto Cervantes para promover esta lengua. Y en Marruecos también ha sido iniciativa del Gobierno marroquí el promover un convenio de colaboración en la promoción del castellano. En otras palabras, si el
Gobierno francés tramita una petición de colaboración con el Gobierno español para promover el catalán, le aseguro, señor Tardà, que se atenderá con celeridad por parte del Gobierno de España. Es positivo -creo que esa era la esencia de su
propuesta- que España tenga un papel protagonista e impulsor, en el marco de la Unión Europea, de la defensa de la riqueza lingüística, no solo de España sino de Europa, y en especial, con aquellos Estados fronterizos donde, además, hay presencia de
lenguas españolas.
Finalmente, el cuarto punto hace referencia al apoyo económico que este Gobierno ya está realizando para la promoción y la enseñanza de las lenguas cooficiales en el exterior. Seguiremos en esa línea, fortaleciendo el papel del Instituto
Cervantes y buscando todos aquellos canales a través de los cuales podamos contribuir a ello. Una última nota. Me gustaría que se creyeran de verdad -aunque si no lo hacen la realidad continuará siendo la que es- que no necesitan convencernos ni
de la pluralidad de España ni de que el catalán es una lengua española y que como tal debe ser tratada por el Gobierno. Si alguien cree en esta riqueza, si alguien cree en esta convivencia y apuesta por un Estado federal, ese precisamente es
nuestro partido político.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Batet.
Para el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Rodríguez del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Empezaré por agradecer al señor Tardá que abra su iniciativa a las otras lenguas cooficiales en el Estado español, en particular al vasco y al gallego. Es una batalla que, siempre desde la perspectiva de Esquerra Republicana, alcanzó, desde
el punto de vista de los beneficios, a las tres lenguas peninsulares, lo cual no deja de ocultar una realidad cada vez más evidente: que la situación entre las tres lenguas es una situación desequilibrada en sus respectivos territorios y que
estamos muy lejos, por lo menos en el caso del gallego, de que todos los principios que están establecidos en la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias se cumplan en nuestro país, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza y a la
Administración de Justicia. Siempre que tenemos iniciativas de este tipo, sería bueno tener muy en cuenta las deficiencias, los déficit que se ven desde el interior, que son muy notables.
La moción de Esquerra Republicana tiene dos partes. Una en la que reconocemos los esfuerzos del Gobierno durante esta legislatura nos damos cuenta de que, siendo muy importante la comunicación burocrática a través de papel escrito de los
ciudadanos con las instituciones de la Unión Europea, la dificultad es mucho mayor cuando se trata de hacer uso de estas lenguas en la actividad parlamentaria, sobre todo de carácter oral.
Tampoco nos podemos llamar a engaño cuando vemos las
dificultades que hay en el Congreso de los Diputados y en el Senado para hacerlo de una forma extensiva, normal y corriente. En relación con el Estado francés, el hecho de que sea uno de los Estados más centralistas de la Unión Europea, lleva a que
las deficiencias en el trato del catalán y del vasco merezcan una observación, aunque sea a través de
relaciones diplomáticas o de actividades del Instituto Cervantes. Es indicativo de que no hay unos valores sustanciales asumidos por la Unión Europea desde el punto de vista del respeto por el pluralismo lingüístico, con carácter
prescriptivo para todos los Estados miembros.
Esta es una de las limitaciones democráticas más graves que tiene la Unión, por donde habría que empezar si se quiere hablar de una verdadera unidad política: el respeto a los derechos humanos, a las
libertades básicas, entre las cuales está el derecho al uso de la lengua propia.
Vamos a apoyar la iniciativa tal como ha quedado después de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Esperamos que sirva para avanzar un poco más en este camino tan lento y, este sí, tedioso, porque hay que estar insistiendo
continuamente en la normalización real de nuestras lenguas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra la señora García del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
La señora GARCÍA SUÁREZ: Empezaré la intervención dejando clara la postura de mi grupo en relación con la moción que ha presentado Esquerra Republicana, propuesta que vamos a votar favorablemente, así como la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.
Queremos manifestar que desde siempre ha sido un deseo legítimo del pueblo de Cataluña, y estoy segura también que del pueblo vasco y del pueblo gallego -como muy bien han comentado aquí otros portavoces-, que las diversas lenguas oficiales
del Estado español sean promovidas también en las instituciones internacionales. Debatir hoy esta moción, dada la fecha, 11 de septiembre, conmemoración de la Diada de Cataluña, es motivo de una doble satisfacción. Hoy hace 30 años de aquel primer
11 de septiembre de 1977 y quedan lejos, por suerte, algunas de las reivindicaciones más deseadas de aquel momento: libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía. La libertad la hemos conquistado entre todos los demócratas de este país; la amnistía
formó parte de un clamor que traspasaba Cataluña y el Estatuto de Autonomía fue un instrumento en Cataluña que sirvió en una etapa y que ahora hemos adecuado con uno nuevo a la realidad de nuestro país después de treinta años. La defensa, pues, el
reconocimiento y la promoción de la lengua catalana y de todas las lenguas oficiales ha sido una constante en Iniciativa per Cataluña y también en Izquierda Unida. En consecuencia vamos a votar favorablemente la moción consecuencia de la
interpelación del Grupo de Esquerra Republicana por dos motivos. En primer lugar, porque refleja nuestra postura hasta hoy, que está recogida en el programa de las pasadas elecciones generales y que es casi idéntica a la propuesta que nos ha traído
Esquerra Republicana. En segundo lugar, porque es lo que hemos defendido ante el Parlamento Europeo a través de las propuestas de nuestro eurodiputado Raúl Romeva.
Dicho esto, quisiera resaltar que la señora ministra en su intervención, contestando a la interpelación del señor Tardà, hizo una exposición clara y didáctica de todos los pasos que se han dado en esta legislatura para mejorar el Estatuto de
las lenguas cooficiales españolas distintas al castellano en las instituciones y organismos de la Unión Europea. Es cierto -se ha dicho, nuestro grupo y personalmente esta diputada lo reconoce- que en esta legislatura se ha realizado un esfuerzo
importantísimo, pero ha sido -qué duda cabe- producto de la correlación de fuerzas que hemos tenido. Es un valor que se debe recordar en cada momento. Se ha reflexionado de verdad y quizá por primera vez se han realizado negociaciones y gestiones
para que en un plazo razonable se pudieran utilizar otras lenguas españolas en las intervenciones orales de las sesiones plenarias del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones. Para poder hacer esto hacía falta modificar el Reglamento
1/1958, que establece el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión. Esta modificación -como nadie ignora- requiere el acuerdo unánime de todos los Estados miembros, lo que hoy es una quimera, como todos sabemos. Tenemos garantizado
-también se ha dicho- el uso del catalán, en este caso en el Consejo y en el Comité de las Regiones, pero no en el Parlamento Europeo. Por esta razón, aun reconociendo que se ha hecho una parte de los deberes y del trabajo, queda todavía un reto
importantísimo por delante. Por eso apoyaríamos esta moción y también la enmienda que se ha presentado. De la misma manera, consideramos muy acertada y coherente la propuesta de que el programa Lingua, pieza fundamental de la promoción de las
lenguas, incluya el catalán, el euskera y el gallego. El programa Lingua solo incluye las lenguas oficiales y el luxemburgués, pero es verdad que acogiéndonos a los artículos 149 y 150 del Tratado se podría proponer que se incluyeran las lenguas
oficiales de nuestro Estado. Si se aprueba la enmienda que se presenta a la moción, tendrá que tener una traducción -si no será papel mojado, y de esto también seremos todos responsables- en los Presupuestos Generales del Estado que muy pronto
vamos a empezar a discutir. Si no se mantiene el compromiso de realizar una aportación importante para esta promoción, indudablemente habrá sido una moción más que se habrá aprobado, pero con la que no se avanzará. Lo vamos a hacer posible;
evidentemente, dependerá del grupo mayoritario, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, pero también dependerá de manera rotunda del resto de grupos que hoy estamos apoyando esta moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora García.
Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señorías, es para mí una satisfacción especial que en un día tan significativo como hoy, 11 de septiembre -como recordaba la señora García-, Día Nacional de Catalunya, cuando el país en estos
momentos está celebrando su Diada, tratemos en esta Cámara un tema tan importante como la pluralidad lingüística, las lenguas cooficiales en el Estado español, el catalán, el vasco y el gallego. Digo que es bueno que en un día como hoy hablemos de
una lengua como el catalán -el vasco y el gallego también, pero hablaré más del catalán porque es mi lengua- que es hablada en cuatro países de Europa, tres de la Unión Europea de la importancia de Francia, Italia y, por supuesto, de España. Es la
lengua oficial de un Estado independiente europeo como es Andorra; una lengua que pueden hablar siete millones de europeos y que, además demuestra su fuerza y su patrimonio en la próxima semana, la del 9 al 14 de octubre, ya que la literatura
catalana será la invitada en la feria del libro más importante del mundo, Frankfurt. En esta feria se podrá ver la literatura escrita por franceses que tiene como lengua instrumento para escribir el catalán; por italianos, por gente que vive en
L´Alguer, donde tienen unos grandes poetas y podrán verse libros escritos por italianos que utilizan como instrumento para crear el catalán; y evidentemente por andorranos y por catalanes, por españoles; incluso por españoles que viven en Méjico
pero que desde allí escriben en catalán. Este es un elemento que demuestra esta riqueza que compartimos todos y que es muy importante. En el fondo esta moción lo que viene a decir es que al pedir que se potencie esta lengua -como el vasco y el
gallego- en Europa, estamos garantizando que esta lengua estará viva en el presente y en el futuro. Esto es una riqueza del Estado español -que lo ha reconocido y está en su Constitución-, pero también una riqueza trabajada y reconocida por Europa,
que es lo que demanda esta moción.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apoyará claramente la moción. Hubiese apoyado la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y también hubiese apoyado la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Con gran satisfacción -y aunque se ha dicho, antes quiero reiterarlo-, quiero felicitar a la diputada señora Batet por el importante esfuerzo que ha hecho por recoger los elementos
relevantes que estaban en la propuesta y en la moción de Esquerra Republicana y presentar una enmienda que es asumida fácilmente por nuestra parte, porque reconoce elementos de gran relevancia, como es continuar trabajando en esta línea.
Señor Tardà, le informo de que estaremos encantados de reunirnos con el ministro de Asuntos Exteriores para seguir buscando vías para que estos elementos en los que se ha avanzando vayan más lejos y se llegue a lo que buscamos: el
reconocimiento del catalán, del vasco y del gallego como lenguas de la Unión Europea. Nos parece muy positivo que se potencie el programa de aprendizaje permanente y, por tanto, que Europa nos dote de recursos y compense a la Generalitat por el
esfuerzo que en los últimos veintisiete años ha venido haciendo la Generalitat de potenciar la lengua catalana en Francia. En este sentido, señora Batet, respeto absolutamente la soberanía francesa. Pero me he encontrado, cuando he estado en el
gobierno de la Generalitat, con que Francia me pedía que potenciara el francés en Cataluña, pero debemos de esforzarnos -y es lo que yo pido- para que Francia entienda que tiene que potenciar sus lenguas: el catalán, l'occità -que se habla al norte
de los Pirineos-, ya que son lenguas que Francia no potencia suficientemente, y creo que la Unión Europea, en función de esta necesidad de mantener vivo este patrimonio, debe esforzarse en hacerlo. Por tanto, debemos hacer este esfuerzo importante
y pedir que la Unión Europea potencie en todos sus países la firma de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias.
También es muy importante que el Estado español asuma en sus presupuestos generales una partida que compense el esfuerzo que se hace por los gobiernos vasco, gallego y sin duda catalán para potenciar sus lenguas en el exterior, que en el
fondo el único objetivo que tiene es garantizar su supervivencia en el futuro. Hemos heredado una lengua milenaria, que tiene siglos de vida, y nuestra obligación -igual que hacemos con cualquier tipo de patrimonio- es garantizar que para las
generaciones venideras esta lengua tenga la máxima viveza. Es nuestra obligación y creo que lo estamos consiguiendo entre todos -catalanes, vascos y gallegos- porque en estos momentos en España por supuesto que está garantizada su vida, pero hemos
de garantizarla también en Europa, para que haya más seguridad.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Vilajoana.
Tiene la palabra la señora Nadal por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, creo sinceramente -lo creo de verdad- que estamos ante un nuevo debate estéril; no digo que sea inútil porque para ustedes tiene alguna utilidad. Digo que tiene alguna utilidad porque de lo que se trata es de introducir en la
agenda política debates identitarios, con el fin de desviar la atención de los catalanes de las graves responsabilidades que tienen Esquerra Republicana y el Partido Socialista en el gran deterioro de la calidad de vida que estamos sufriendo los
ciudadanos de Cataluña; desviar la atención de los catalanes de apagones tercermundistas, del colapso de El Prat o del colapso de Renfe que sufrimos a diario los catalanes. Sinceramente el
debate es estéril, pero es un debate útil para quienes tienen responsabilidad de gobierno y no hacen frente a esa responsabilidad.
Si entramos en el contenido de la moción y releemos el debate de la interpelación veremos que se produjo una especie de baile de rigodón, de felicitaciones y de reconocimientos entre la señora ministra y el señor Tardà. Hoy se ha sumado a
esa especie de rigodón y de felicitaciones la señora Batet. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que las lenguas regionales no consiguen afianzarse en la Unión Europea por motivos, señor Tardà, de índole racional; motivos bien alejados de
esa política de gestos, de símbolos, de proclamas nacionalistas que, por cierto, son pagadas con cargo a los presupuestos generales que ustedes exigen al señor Zapatero, y de las que él tanto gusta. La realidad es, insisto, que si las lenguas
regionales no alcanzan un uso efectivo en Europa es porque la tendencia práctica, para no despilfarrar el dinero de los contribuyentes y para facilitar la comunicación, es racionalizar el número de lenguas. Si la propia Unión considera que existe
un problema lingüístico de suficiente calado como para añadir más complejidad al mismo, lo que se ha hecho, de facto, ha sido que solo inglés y francés sean lenguas de trabajo, con alemán, español e italiano en un segundo plano en la mecánica de las
instituciones de la Unión Europea.
Decía antes que hubo muchas felicitaciones pero, ¿cuál ha sido la realidad? Se ha hablado de la utilización en el Consejo o en el Comité pero, ¿cuál es la realidad? Europa ha contestado educadamente, ¿pero qué es lo que ha contestado
Europa? Europa ha contestado -de forma diplomática, si ustedes quieren- lo siguiente: si ustedes quieren catalán, vasco, gallego, muy bien, los documentos ustedes los traducen, ustedes los usan y ustedes los pagan, porque las prioridades
presupuestarias y de política lingüística de la Unión van en otra dirección, van hacia la construcción de una Europa que esté para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, no para albergar proclamas identitarias.
Quisiera hacer una referencia, aunque fuera breve, a una de las propuestas que siempre hace Esquerra Republicana, y que quedó muy clara en la sustanciación de la interpelación. El señor Tardà nos propone un modelo respecto a la presencia
del catalán -o de la oficialidad del catalán- en Europa, que es el siguiente, y que creo que no prestigia ni fortalece a la lengua catalana, sino al contrario, la debilita frente a los ciudadanos. Fíjese. Usted lo que propone es lo siguiente: un
diputado español que representa a España se dirige a otro diputado español que representa a España, y lo hace a través de un traductor español que está pagado, naturalmente, con los impuestos de los contribuyentes españoles.
Esto no fortalece la
lengua catalana, señor Tardà, al contrario: la debilita y la desprestigia.
Pero quiero referirme especialmente a la propuesta que se hace por parte de Esquerra Republicana -y que ha sido aceptada, por lo visto, por el Grupo Parlamentario Socialista- de priorizar en la agenda bilateral entre España y Francia la
modificación de la política lingüística francesa.
Señor Tardà, eso tendrá que ver con las prioridades de Esquerra, pero nada tiene que ver con las necesidades y prioridades de Cataluña. Las prioridades de Cataluña con Francia son la interconexión
eléctrica, a la que ustedes se oponen y tenemos resultados como el apagón; la conexión de la alta velocidad. Esas son las prioridades que tiene Cataluña con Francia. Esa puede ser su propia visión nacionalista del país, pero nada tiene que ver
con los intereses de Cataluña. Porque hoy ha subido usted a esta tribuna -termino enseguida, señora presidenta- y ha dicho -lo dijo también en la sustanciación de la interpelación-: Cataluña se gasta mucho dinero en las escoles bressols, en
enseñar catalán en Francia. Esa inversión la hace la Generalitat, señor Tardà. La hace cuando en Cataluña acabamos de empezar el curso escolar con 802 barracones. En Cataluña tenemos a los niños escolarizados en barracones, por lo que nos parece
un total sinsentido pedir recursos para financiar el gasto educativo en Francia, cuando en Cataluña se empieza el curso escolar con más de 800 barracones y con un deterioro de la calidad del sistema educativo. Por tanto, señorías, yo creo que no
puede haber una forma más sencilla ni más clara de decirlo: esa política solo se puede definir como una auténtica vergüenza.
Antes de terminar voy a decir solo una cosa, porque se ha repetido mucho y sencillamente no es verdad. Se ha dicho que es la primera vez que se han tomado medidas para que haya una proyección de la lengua catalana en el exterior. No es
verdad. La primera vez que se produjo fue con un gobierno de José María Aznar, a través de la creación del Instituto Ramon Llull.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Nadal.
Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, ya hemos comunicado que aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y la transaccional que hemos ofrecido para incluir los términos lengua gallega y lengua euskara en los puntos 1 y 2.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Tardà.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FRENAR LA SUBIDA DEL COSTE DE LA VIDA QUE VIENE PRODUCIÉNDOSE DESDE 2004. (Número de expediente 173/000208)
La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto 7 del orden del día, moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para frenar la subida del coste de la vida que viene produciéndose desde 2004. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez-Pujalte, por tiempo de siete minutos.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción es consecuencia de una interpelación que se celebró el 27 de junio. En aquel momento mi grupo manifestó su preocupación por la pérdida de calidad de vida de las familias, derivada del incremento del coste de las
hipotecas, de la subida de precios de elementos básicos, de la disminución de los salarios reales. Hoy, dos meses y un poco después de aquella interpelación, no podemos decir que la situación para las familias es mejor; más bien al contrario:
hoy, dos meses después, la situación para las familias es un poco peor. En aquel momento el señor Solbes -me imagino que hoy el señor Torres subirá a tribuna a decir lo mismo- me decía que el discurso del Partido Popular era muy negativo, que todo
iba fantásticamente bien, que las hipotecas no preocupaban. Eso lo ha repetido ahora la ministra de Vivienda y el señor Zapatero, después de la famosa foto. Seguro que a los dos que estaban en la foto -y a uno de ellos, el que iba en tirantes- las
hipotecas no les preocupan nada. No sé si a los millones de españoles que pagan cada mes les preocupa más que a ellos dos; yo creo que sí. Decía el señor Solbes que los salarios reales no disminuían, y ponía un ejemplo. Decía: señor
Martínez-Pujalte, no es que baje el salario, es que los que entran en el mercado laboral cobran menos. Era como una especie de resignación de que los nuevos empleos tenían que ser empleos precarios, empleos con salarios más bajos, empleos
mileuristas. Yo decía que eso no era normal. Mi grupo entiende que no es normal, como no lo es que España vaya perdiendo posiciones en términos de renta per cápita. Una cosa es que nuestro crecimiento sea alto, pero también es verdad que la
población aumenta. Es verdad que nosotros crecemos más que la media europea en términos globales, pero como la población crece más en España, la renta per cápita, no la renta per cápita global, que crece, sino la renta per cápita en términos
comparativos con el resto de los países no aumenta. Decía el señor Solbes: es verdad, ha bajado la renta per cápita en términos comparativos. Y la explicación era: ha bajado al 97,5 en el año 2006; sí, hemos bajado, porque el área euro ha
aumentado. Hombre, lógicamente; pero si no llegamos al cien por cien de la media comunitaria y encima perdemos posiciones, no hay que caer en la resignación. Habrá que hacer algo para seguir creciendo y creando empleo. Decía el señor Solbes que
el crecimiento iba como nunca, y el último trimestre ha empeorado en relación al trimestre anterior. Decía que el empleo iba mejor que nunca, y el dato de agosto en afiliados a la Seguridad Social ha sido el peor en los últimos veinte años.
Señorías, mi grupo cree que no hay que dramatizar y que hay que tomar medidas para hacer posible que el bienestar de las familias siga en aumento. Pero hace unos días, una editorial del periódico The Economist decía: si alguien afirma que
lo peor ha pasado, o es un imbécil o tiene una posición que cubrir. Yo, como no quiero insultar al Gobierno, creo honestamente que lo que está haciendo el Gobierno, y sobre todo con las declaraciones del señor Zapatero el otro día después de la
foto, es intentar negar la realidad, intentar que las familias no se den cuenta de que la situación es incierta, que hay nubes en el horizonte. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)Hay unos datos objetivos que lo
demuestran. La economía está frenándose. El crecimiento del último trimestre era peor que el crecimiento del trimestre anterior.
Hemos crecido un 0,8 o un 0,9 por ciento, pero si esto siguiera así, el crecimiento no sería del 4 por ciento, como
dice el señor Zapatero, sino menor. El último dato del paro registrado ha sido un mal dato, el peor agosto desde que hay serie histórica. El dato de afiliación a la Seguridad Social ha sido un mal dato, 250.000 afiliados menos, que son muchos: un
cuarto de millón.
Es cierto, tercer dato, que las hipotecas han subido y que les están subiendo a las familias. Les recomiendo, señorías, que oigan la radio por la mañana. Hay un anuncio en Cadena Dial, que no es sospechosa, que dice: ¿está usted ahogado?
Venga a reunificar sus créditos. Cuando eso lo ponen en un spot publicitario es porque las familias -no con las que el señor Zapatero se hace fotos para ver si le explican economía, con esas no; se ve que el señor Sevilla se quedó corto en las
clases, y ahora se ha buscado de profesor a un banquero y toma notas- (Risas.) saben que es cierto que las hipotecas van a peor, que están subiendo. Hay un problema de créditos en el mercado y el señor Torres lo conoce bien. Hay un problema y es
que los bancos no se prestan dinero entre ellos, y eso puede ocasionar un problema en los mercados financieros, y usted lo sabe, y eso puede repercutir en las familias. La construcción se está frenando y en los precios básicos se anuncian subidas
importantes.
¿Qué hay que hacer, señorías? No hay que negar la realidad. No hay peor situación que negar que hay problemas. Para arreglar los problemas hay que reconocer la realidad. La economía española, por falta de reformas en los últimos años,
hoy está en peor situación para afrontar los retos derivados de las incertidumbres económicas mundiales. Por eso nosotros planteamos medidas que vayan encaminadas a promover reformas, a que el presupuesto profundice más en la estabilidad, a que el
presupuesto no sea el pago de aritméticas parlamentarias como las que hemos escuchado en mociones anteriores, sino un presupuesto que incida en mejorar la capacidad económica de las familias y la capacidad de la economía española de competir.
Proponemos medidas en el mercado hipotecario para que los parados, los que caigan en paro no tengan una carencia en su hipoteca,
para que las hipotecas sean más flexibles, y para que las entidades financieras sean más transparentes con los que firman hipotecas. Pedimos, señorías, que se tomen medidas para que las economías familiares vayan mejor.
Mi grupo no quiere, con esta situación económica, pintar un cuadro catastrófico. Lo que decimos es que hay problemas, y que esos problemas se derivan de que ustedes han equivocado la agenda, que se han preocupado de lo que no se tenían que
preocupar, que han estado hablando durante mucho tiempo...
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Martínez-Pujalte, vaya terminando, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo. Y que han estado hablando mucho tiempo con terroristas, aunque ahora empiecen a hablar con banqueros.
(Rumores.-Protestas.) Lo que tienen que hacer, señoría, es plantear reformas que de verdad
mejoren el bienestar de la familia. Si de verdad ustedes están en esa línea, aprueben nuestra moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones interviene por un turno de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la diputada señora Muñoz de Diego.
La señora MUÑOZ DE DIEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiere indicar que la moción que presenta el Partido Popular, a su inicio, hace una descripción de la realidad que probablemente muchos
ciudadanos, aunque a alguno no le guste, podrán compartir. Mientras el Gobierno presenta exultante los datos macroeconómicos de la economía española, hoy muchas familias tienen más dificultades que antes en llegar a fin de mes. Hecha esta
observación, no compartimos, sin embargo, con el Partido Popular un análisis de esta realidad completamente sesgado, que comienza a partir del año 2004. Muchas de las críticas que hoy se pueden hacer al discurso de: La economía va mejor que nunca,
del señor Zapatero, podrían haberse aplicado en idéntica medida al: España va bien, del señor Aznar.
Nuestro grupo parlamentario, y lo sabe bien esta Cámara, ha criticado insistentemente el continuismo económico de este Gobierno. No compartimos el modelo de crecimiento basado en la construcción y el consumo, porque este modelo no da
estabilidad estructural a la economía del país, porque presenta déficit muy importantes en investigación más desarrollo, porque no diversifica la riqueza nacional y porque ha fracasado rotundamente en el quizá más noble objetivo de cualquier
política económica, que no es otro, a nuestro juicio, que conseguir la redistribución de la riqueza en épocas de bonanza. Desde nuestro punto de vista, hay datos que deberían preocupar también al Gobierno, datos como que el salario medio de los
españoles ha perdido cuatro puntos porcentuales, según la OCDE, y que en el mismo período, del año 1995 al 2006, los salarios han pasado de representar el 49 por ciento de la renta al 46 por ciento. También en ese período, de 1999 a 2006, los
beneficios netos de las empresas españolas han crecido un 73 por ciento, mucho más que la media de la Unión Europea, mientras que los salarios españoles han crecido mucho menos también que la media europea.
No puede haber ningún diputado o diputada en esta Cámara que no sienta enorme preocupación ante lo que ha ocurrido y ocurre en nuestro país con la vivienda. El precio de la vivienda se ha disparado, y es verdad que muchísimas familias
españolas están hoy extremadamente endeudadas para poder pagar lo que debería ser un derecho y no un artículo de lujo.
Tampoco los últimos datos de desempleo habrán dejado indiferente a ningún diputado o diputada de esta Cámara: 50.000 españoles
han ido a engrosar las listas del desempleo, y eso significa incertidumbre, angustia y tener un futuro muchísimo más incierto. Mientras tanto, nuestro país sigue manteniendo una brecha en gasto social respecto a la Unión Europea muy importante.
Señorías, con estos datos en la mano hay motivos para que se enciendan algunas alarmas. Sin ser catastrofistas, sí creemos que hay que reconocer la realidad, y pensamos que el Gobierno de España debe hacer un esfuerzo para cambiar la
dirección de la política económica, lo que ha denominado el Partido Popular como su herencia, esta herencia de política económica que trae también las consecuencias que antes hemos comentado. Si bien hemos hecho esta descripción, y en algunas
cuestiones se puede coincidir con algunas preocupaciones expuestas en la Cámara, tenemos que decir que discrepamos rotundamente con las medidas que propone el Partido Popular en su moción. No compartimos ninguna de ellas, porque todas han sido
ensayadas y no han dado resultados positivos para aquellos a quienes dicen defender: las clases populares y las familias que no llegan a fin de mes. Voy a comenzar por la que plantea el Partido Popular, que finalmente ha dejado de tener vigencia
porque el Gobierno decidió retirarla: la subida de las tarifas eléctricas. Es necesario hacer una política tarifaria que permita que haya un precio razonable para el gasto básico en energía, pero que penalice los gastos suntuarios, porque es
necesario hacer también una política económica diferente, que no esté basada en criterios medioambientales insostenibles, como hasta ahora.
Desafortunadamente, el Gobierno no ha llegado a analizar esa medida y la ha retirado, por lo que es un tema
pendiente.
Otras cuestiones que plantea el Grupo Popular tienen que ver con medidas fiscales. Ni la política de vivienda ni los problemas de vivienda de los españoles se pueden
solucionar con meras deducciones fiscales por la adquisición de una vivienda, sino que es necesaria una política pública ambiciosa, poner en marcha la Ley del Suelo, y es imprescindible luchar severamente contra la especulación. Tampoco
compartimos algunas de las medidas hipotecarias, que además creemos que se deben incluir en el proyecto de ley que se está debatiendo. Ahí mi grupo será ambicioso y presentará propuestas para reducir los costes de comisiones, los honorarios
notariales y registrales, y aumentar la transparencia y la seguridad. Y ahí también planteará mi grupo que es imprescindible -termino, señor presidente- que el sector financiero asuma una parte de la cuota de responsabilidad que le corresponde, por
animar en muchísimos casos el sobreendeudamiento de las familias, y abusar, entre otras cosas, de lo que ha sido la fórmula del interés variable.
Respecto a las otras rebajas fiscales que plantea en la moción el Grupo Popular es más de lo mismo. Ya se hizo aquí una reforma fiscal que ha dejado de ingresar o que va a permitir que se deje de ingresar por el Estado 6.000 millones de
euros, que serían los que permitirían...
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Debería ir terminando, señora diputada.
La señora MUÑOZ DE DIEGO: Termino, señor presidente.
Serían los que permitirían, entre otras razones, que hubiera mayor redistribución de la riqueza.
Por último, quiero señalar que todas las medidas que plantea el Grupo Popular solamente aumentarían los problemas. El Gobierno en todo caso debe dejar de mirar fundamentalmente a los datos macroeconómicos; debe pensar en las familias, en
los tipos de interés, en el empleo precario, debe pensar en la siniestralidad laboral, en el coste ambiental de esta política económica, y cambiar de dirección, porque hay datos que obligan a que algunas alarmas se enciendan. En este sentido, no
apoyaremos la moción del Grupo Popular, pero entendemos que este Gobierno debe hacer una profunda reflexión sobre la política económica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Inicio mi intervención anunciando que no vamos a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Popular, a pesar de estar conformes con algunas de las medidas que plantean en su propuesta. Compartimos algunos de los análisis, aunque confiamos
en la veracidad de las cifras macroeconómicas que nos presenta el Gobierno, que demuestran que la economía general del Estado tiene una buena salud, pero dicha buena salud, al menos aparente, no tiene paralelismo ni plasmación en la economía de las
familias y, si se me permiten decirlo, tiene mucho menos paralelismo si lo comparamos con la economía de muchas familias catalanas, que han visto cómo el IPC registrado en Cataluña en los últimos años ha aumentado por encima del IPC del Estado, y
que los salarios se han incrementado al mismo nivel que en el resto del Estado, es decir, muy por debajo de la inflación, lo que ha provocado que sean muchas las familias catalanas que actualmente viven en los umbrales de la pobreza. Esta situación
real de las familias y de las personas que las integran nada tiene que ver con los triunfalismos y con los resultados de las cifras macroeconómicas que nos presenta el Gobierno, que son las que preferentemente le deberían preocupar y las que debería
atender. No obstante, queremos hacer notar al Grupo Parlamentario Popular que la vida no empezó o se acabó, según como se mire, en marzo de 2004, sino que la situación que describe en su moción ya se producía con los gobiernos del Partido Popular,
sin que por aquel entonces se adoptasen las medidas oportunas, como las que se pretende que adopte el actual Gobierno mediante la moción consecuencia de la interpelación que ahora presenta. Más bien podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que
las reformas fiscales que ustedes emprendieron no iban precisamente en la línea de favorecer las economías familiares menos aventajadas, sino todo lo contrario. En ese sentido, afirmamos que, si bien el actual Gobierno acometió hace poco menos de
un año una reforma a fondo de las principales leyes tributarias, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre sociedades, que pretendía corregir algunas de las deficiencias de la reforma llevada a cabo por el Partido
Popular, la verdad es que fue una reforma tímida. Un ejemplo claro lo tenemos en las deducciones por alquiler de vivienda que nuestro grupo parlamentario propuso con enmiendas al articulado que fueron rechazadas por el Grupo Socialista. Es curioso
que la recién estrenada ministra de la Vivienda prometa -claro está en periodo preelectoral- beneficios fiscales al alquiler de vivienda, algo que hace tan solo unos meses el Partido Socialista se negó a incorporar en la reforma del IRPF. Es
curioso, unos quitan los beneficios fiscales al alquiler, otros no se atreven a incorporarlos de nuevo en la ley, y los dos se suman en una carrera justo ahora antes de las elecciones para ver quién es el más partidario de los beneficios fiscales al
alquiler para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda, que hasta la fecha les había importado más bien poco.
En todo caso, visto lo visto, nuestro grupo parlamentario insistirá mediante enmiendas al articulado de los próximos Presupuestos Generales del Estado en la introducción vía ley de estos beneficios fiscales.
Tendrán entonces los dos grupos
mayoritarios, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, la oportunidad de demostrar que dicen la verdad y que van en serio respecto a estas ayudas. También nos parece un brindis al sol proponer
mediante esta moción la adopción de medidas destinadas a reducir los costes de las personas obligadas por un préstamo hipotecario, a fin de que cualquier modificación, prórroga, constitución o subrogación sea menos gravosa para las personas
que soportan dichos créditos. Decimos esto porque actualmente está en tramitación el proyecto de ley de regulación del mercado hipotecario y, si bien este proyecto tiende a reducir los costes y las cargas para los ciudadanos que acceden a dicho
mercado, a nuestro parecer se producen avances de forma tímida y al Gobierno, como casi siempre, le ha faltado el valor para realizar una regulación a fondo y mucho más ambiciosa. Esperamos que en un breve espacio de tiempo este proyecto de ley
comience su tramitación en la Comisión de Economía y Hacienda y habrá tiempo para ver realmente la voluntad tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista de reducir los costes efectivos que supone para los ciudadanos la contratación de una
hipoteca. En este sentido, les invitamos a apoyar las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado, que van en esa dirección.
No compartimos en absoluto la propuesta del Grupo Popular de liberalización de los horarios comerciales ni el de la libertad en la instalación de establecimientos comerciales, que supondría un torpedo en la línea de flotación del pequeño
comercio, del comercio de proximidad y del comercio mayoritario en Cataluña y que daría paso a unos horarios devastadores por parte de las grandes superficies. No creemos que esta medida sirva para frenar el coste de vida de los ciudadanos, sino
para favorecer los grandes intereses económicos.
Por último, tampoco compartimos la idea de limitar el crecimiento del gasto público al crecimiento nominal del PIB, como nos propone el Grupo Popular. Por ello entenderá que no vayamos a dar apoyo a esta moción que presenta el Grupo
Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Puig.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha analizado atentamente la moción autoenmendada, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que pretende implementar una serie de medidas, en teoría para
luchar contra la inflación y que no afecte a las economías domésticas y familiares españolas. Uno leyéndola atentamente llega a dos conclusiones. En primer lugar, que lo que están haciendo en esta moción, en este caso el señor Martínez-Pujalte y
concretamente el Partido Popular, no es implementar medidas que vayan orientadas directamente a atajar la inflación, sino que están desarrollando, en pequeña escala, un programa electoral para las futuras elecciones, ya que en la misma uno puede
leer cantidad de medidas orientadas a futuras reformas fiscales, a aspectos relacionados con el mundo financiero, a modificaciones de la Ley Hipotecaria y uno puede llegar a la conclusión, aunque no es el caso -ya que uno conoce al señor
Martínez-Pujalte y también conoce al responsable del programa electoral del Partido Popular, don Joan Costa-, de que quizás el señor Martínez-Pujalte está intentando hacerle la competencia a don Joan Costa presentando aquí un programa electoral bis
del Partido Popular. Este es un aspecto que nos ha sorprendido en cierta medida.
También hemos podido apreciar en su intervención que quizá las últimas entrevistas en determinados medios de comunicación entre el presidente don José Luis Rodríguez Zapatero y otros personajes importantes del mundo financiero español les ha
cogido a contratiempo y uno podría llegar a la conclusión de que hay una especie de celitis, de celosía en esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, nosotros, objetivamente hablando, no la vamos a apoyar. Nos vamos a
abstener, aunque lógicamente con alguno de estos puntos que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular entendemos que podría existir cierta coincidencia.
A pesar de que también en algunos de los puntos detallados existen invasiones importantes de
las competencias autonómicas, como podría ser, por ejemplo, la exoneración o la bonificación fiscal que plantea el Grupo Parlamentario Popular para los actos jurídicos documentados, que son cuestiones propias de las comunidades autónomas.
Independientemente de que hayamos planteado cuál va a ser la posición de Convergència i Unió ante esta moción del Grupo Parlamentario Popular, también quisiéramos ante esta Cámara hacer una reflexión al Grupo Parlamentario Socialista, porque
la situación en la que se encuentra la economía española hoy es la que venía denunciando el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en los recientes debates presupuestarios, en el sentido de que la situación económica española no es la de
Alicia en el país de las mil maravillas, sino que estamos ante un momento expectante; que en determinados aspectos y en determinadas escalas de la economía real española los cambios que se están produciendo en la economía son bruscos y están
afectando en cierta medida a las economías más modestas; que la subida de los tipos de interés es verdad que afecta a las familias, a pesar de que uno, por las declaraciones de los diferentes dirigentes del Gobierno socialista español, puede llegar
a la conclusión de que no es así y, en algunos casos, afecta bruscamente a las economías modestas de las familias españolas. También uno podría llegar a la conclusión de que el cambio de ciclo económico se está produciendo, no está al llegar, como
a veces uno podría interpretar de las palabras del señor Solbes y de las palabras del señor presidente del Gobierno español, sino que ha llegado y hay que tocar el suelo con los pies. Hemos de estar alerta y hemos de tener una
posición activa, que es la que tendremos ante los presupuestos generales para el año 2008 y en otras iniciativas legislativas que vamos a plantear, en el sentido de ser activos y estar atentos intentando adelantarnos a los acontecimientos
para que, finalmente, la economía española, las familias españolas y el tejido industrial español no se resientan por un cambio de ciclo económico que ya lo tenemos a la puerta de la esquina.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.
Estamos ante la moción consecuencia de interpelación urgente, que presentó el Grupo Parlamentario Popular en el mes de junio, sobre las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para frenar la subida del coste de la vida que viene
produciéndose desde el año 2004. Hay una curiosidad en esta moción y es que ninguno de los puntos propuestos en junio está contemplado en esta especie de reconsideración que denominan técnica que ha presentado hoy el Grupo Popular como enmienda
técnica, pues habla de temas absolutamente diferentes, solo de temas financieros, y además no tiene prácticamente nada que ver con la intervención del señor Martínez-Pujalte. Con este escenario, necesitaría el tiempo total, cada uno de los cinco
minutos, para contestar a la moción de junio, a la moción que ha presentado esta tarde y a la intervención del señor Martínez-Pujalte de esta noche. Por lo tanto, haré una intervención rápida sobre cada uno de los temas.
La moción que presentaron en junio no se sostiene en cada uno de sus puntos. Piden retirar un decreto para no revisar las tarifas eléctricas domésticas al alza cuando realmente quedó claro que estas tarifas no subirían para los 23 millones
de hogares; piden mantener las deducciones fiscales en la vivienda cuando en la Ley 35/2006, de reforma fiscal, quedaron no solamente mantenidas sino incrementadas en múltiples supuestos; piden reducir los costes de la hipoteca por renovación y
subrogación cuando estos costes fueron ya modificados y reducidos en la Ley 2/1994, de la que tuve el honor de ser ponente; piden mejorar el poder adquisitivo mediante el aumento de las deducciones de renta cuando han sido ampliamente aumentadas;
piden que el gasto público no supere el crecimiento nominal del PIB cuando esta es una propuesta que lleva el Gobierno todos los años en la Ley de Presupuestos y también este año. Por lo tanto, cualquiera de los puntos está de sobra porque están
ampliamente cumplidos por el Gobierno.
La propuesta que han presentado esta tarde, referente exclusivamente al mercado hipotecario, resulta curiosa porque no se comprende -desde luego no es mejora técnica-, pues el mercado hipotecario español funciona adecuadamente con altos
niveles de competencia; prueba de ello es que entre enero de 2006 y junio de 2007 se han renegociado 260.000 hipotecas.
Lo curioso es que es una propuesta sumamente intervencionista, impropia del Partido Popular. Algunas de estas propuestas
tienen un claro componente de intromisión en el ámbito privado y además, curiosamente, podían tener un efecto nocivo sobre el mismo. No creo que el señor Martínez-Pujalte lo haya consultado con el sector. No parece que sea el mejor momento,
después de las turbulencias de Norteamérica, de jugar con el mercado hipotecario haciendo unas propuestas precipitadas que puedan poner en riesgo la confianza del sector.
Por último, el panorama negro que nos ha pintado forma parte del manual de instrucciones del Partido Popular, que ha pedido a todos sus diputados que todos los días digan que las cosas van mal, que estamos en una recesión y que los españoles
vamos a tener muchos problemas. Le recuerdo que la Comisión Europea ha modificado hoy a la baja una décima menos la previsión de crecimiento para la zona euro, pero -¡qué casualidad!- mantiene y confirma su previsión de crecimiento para la economía
española: 3,7 por ciento. ¡Qué casualidad! De nuevo una voz autorizada y ecuánime que les desmiente, que corrobora las palabras del presidente del Gobierno de que la economía española está hoy en perfectas condiciones para afrontar con éxito las
turbulencias económicas, y demuestra que ustedes están equivocados, que están augurando por intereses electorales el final de la bonanza económica y que lo hacen sin ningún rigor, volviéndose a equivocar. Cuando quieran las señorías del Partido
Popular, podemos comparar cómo estaba en el momento del cambio de Gobierno la economía española en cuanto a crecimiento -que estaba en desaceleración-, a empleo, a crecimiento de precios, a inversión de bienes de equipos y a cualquier variable, y
les demostraremos que estamos mucho mejor que antes del cambio de Gobierno.
Por último, y por no alargarme, respecto a las hipotecas, sabe usted que estamos tramitando la reforma de la Ley Hipotecaria. Los costes para una hipoteca media de 120.000 euros se van a reducir en un 80 por ciento.
Quiere decir que el
Gobierno presenta una batería de medidas, todas las que están a su alcance, porque es consciente de que muchas familias están sufriendo el encarecimiento del euríbor y por ello hará todo lo que esté en su mano para reducir este coste, pero lo que no
va a hacer es renunciar a la economía que tenemos, una economía brillante, la economía más brillante de la Unión Europea, ante la cual todos, hasta ustedes, deberían mostrarse satisfechos. No vale intentar echar al lado oscuro de la economía sus
previsiones. La Comisión Europea hoy confirma la fortaleza y solidez de la economía española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Torres.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar. Hay tres votaciones. En primer lugar, votación de la moción consecuencia de interpelaciones urgentes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el calendario de despliegue
del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Había sido presentada una enmienda transaccional y me indican que algunos oradores ya han señalado de antemano que no la aceptan. Si es así, entiendo que se votaría en los términos iniciales, más la
enmienda de Esquerra Republicana. ¿Es así? (El señor Jané i Guasch, pide la palabra.)
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, sería la moción en sus propios términos y, si Esquerra Republicana no se opone, añadiendo los términos de su enmienda número 3, que aceptaría desde un punto de vista global.
El señor PRESIDENTE: Eso es justo lo que acabo de decir.
Señorías, ¿es así o no es así? Si no, se vota en sus términos. Pregunto: teniendo en cuenta que hay grupos parlamentarios que no admiten la enmienda transaccional, ¿votamos la moción en sus términos o con el añadido de la enmienda de
Esquerra Republicana? ¿Sí o no? Díganme qué someto a votación.
El señor JANE I GUASCH: Señor presidente, se votaría la moción en sus propios términos más el añadido del punto 3 del Grupo de Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Jané, eso es lo que estoy diciendo.
(El señor Tardà i Coma pide la palabra.) Señor Tardà, dígame.
El señor TARDÀ I COMA: Desearía saber si acepta el contenido total de nuestra enmienda. No me ha quedado claro. (Varios señores diputados: No, no.)
El señor PRESIDENTE: No. Si usted se opone a que su enmienda se incorpore a la del señor Jané, se vota en sus términos y doy por cerrado este debate un poco absurdo.
Señor Jané, ¿admite en su totalidad la enmienda de Esquerra?
El señor JANÉ I GUASCH: No.
El señor PRESIDENTE: Entonces, señorías, se ha terminado este debate absurdo. Se vota la moción en sus términos.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el calendario de despliegue del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 16; en contra, 268; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la promoción de la lengua catalana fuera del Estado español y en instituciones internacionales. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo
parlamentario se opone a su tramitación? (Denegaciones.) La segunda enmienda presentada, la socialista, ¿la incorpora o no? (Asentimiento.) Si es así, se vota la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana más la enmienda
de adición del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 174; en contra, 116; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para frenar la subida del coste de la vida que viene produciéndose desde 2004. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 120; en contra, 159; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, hasta mañana a las dieciséis horas, se suspende la sesión.
Eran las nueve de la noche.